Los suscritos, diputados Ricardo Alegre Bojórquez y José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable Cámara la presente proposición de punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
En el año 2002 la Agencia Sueca para Alimentos difundió los resultados de una investigación enfocada a medir las concentraciones de la sustancia acrilamida en los alimentos y sus potenciales efectos en la salud de quienes los consumen. Los investigadores encontraron altas concentraciones de esta sustancia en alimentos ricos en carbohidratos sometidos a procesos de freído o cocción a temperaturas elevadas.
Lo alarmante del estudio fue que a partir de ciertos experimentos se descubrió que la acrilamida en ratas y ratones produce ciertos tipos de cáncer. Igualmente, se tiene demostrado que en animales y humanos ciertas dosis de la sustancia acrilamida son tóxicos para el sistema nervioso central.
Tales descubrimientos llevaron tanto a la agencia como a asociaciones de consumidores a establecer una relación peligrosa para la salud humana. Es decir, diversos alimentos que reúnen las características de ser cocinados a altas temperaturas como papas fritas, cereales, galletas entre muchos otros, de los cuales una proporción considerable es preparada en casa, por su alto contenido de acrilamida pueden causar ciertos tipos de cáncer.
Ello motivó a que la Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas asumieran la preocupación y llevaran a cabo una consulta con expertos en junio de 2002. De dicha consulta se corroboraron algunas de las afirmaciones de la investigación sueca, aún cuando no se logró la suficiente evidencia para determinar cómo se produce la acrilamida en los alimentos ni los efectos cancerígenos de la sustancia en el ser humano.
A pesar de ello, es un hecho que la alerta está encendida, lo que ha llevado a las instancias sanitarias internacionales y de diversos países, como la FDA de Estados Unidos, a profundizar en las investigaciones para despejar dudas sobre los efectos de la presencia de acrilamida en alimentos de consumo humano.
Las organizaciones pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas han continuado la labor de recolectar y compartir información y estudios por medio de la Red Internacional sobre la Acrilamida en los Alimentos. En la reunión del Comité de Expertos sobre Sustancias en Alimentos, celebrada en Roma durante febrero de 2005, se concluyó sobre la acrilamida que todavía no se cuenta con la evidencia suficiente sobre sus efectos genotóxicos y cancerígenos. No obstante, ya recomiendan continuar con los esfuerzos de las autoridades y la industria para reducir los niveles de la sustancia en los alimentos.
En este contexto, es importante que en nuestro país se dé un esfuerzo similar en torno a tener claridad y certidumbre sobre los riesgos que tienen para la salud humana tanto los métodos de cocinado de alimentos como los alimentos mismos que en gran medida forman parte de la dieta de la población mexicana.
Conforme al párrafo tercero del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado debe garantizar la protección de la sociedad frente a potenciales riesgos a la salud ocasionados por el uso y consumo de alimentos, bebidas, insumos para la salud, factores ambientales y en general productos de uso y consumo humano.
El Título Décimo Segundo de la Ley General de Salud, denominado "Control Sanitario de Productos y Servicios y de su Importación y Exportación", faculta a la Secretaría de Salud para emitir las normas oficiales mexicanas a que deberá sujetarse el proceso, uso, importación, exportación, aplicación, disposición final y publicidad de los productos antes mencionados, así como sobre los establecimientos relativos.
En virtud de dicha facultad, el presente punto de acuerdo pretende que la Secretaría de Salud forme grupos de trabajo o comisiones especializadas que le permitan allegarse de elementos y profundizar en el estudio de los procesos, contenidos y efectos de sustancias sobre las que existe sospecha de causar daños a la salud humana, como el caso de la acrilamida.
Asimismo, considerando que los hallazgos que surjan de investigaciones y estudios rigurosos se plasmen en normas técnicas y/o lineamientos dictados por las autoridades sanitarias competentes, se establece en su momento la obligación de que las etiquetas y contraetiquetas de alimentos y bebidas no alcohólicas adviertan sobre el contenido y cantidades de sustancias que puedan resultar dañinas para la salud de quien las consume.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero: La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud para que, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, evalúe e informe a esta soberanía sobre el riesgo que representa para la salud humana las concentraciones de la sustancia acrilamida en productos alimenticios.
Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Salud para que, con base en los resultados de la investigación sobre la acrilamida en alimentos a que hace referencia el punto anterior, valore la posibilidad de iniciar el proceso de emisión de una Norma Oficial Mexicana que regule el contenido de dicha sustancia en productos alimenticios.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 23 días del mes de febrero de 2006.
Dip. Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA VERDAD SOBRE LOS SUCESOS ACAECIDOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 2 DE OCTUBRE DE 1968 Y 10 DE JUNIO DE 1971, A CARGO DEL DIPUTADO RENÉ MEZA CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito René Meza Cabrera, diputado federal en ejercicio, miembro de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, que integra la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa de Decreto para Crear la Comisión de la Verdad, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Transcurrían los primeros años de la segunda mitad del siglo pasado, cuando en Europa y principalmente en Francia y de manera especial en su capital París, se suscitaron una serie de hechos violentos de índole estudiantil y laboral.
Aún no se ha precisado si lo que acontecía en Europa, tuvo relación con los sucesos de 1968 y 1971, en que en la Ciudad de México, originaron muerte, heridos, destrucción y detenciones de la mayoría de los dirigentes de estos movimientos también con raíces estudiantiles.
A pesar de la profusión de publicaciones y entrevistas referentes a los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971; no se ha establecido con exactitud, si los movimientos estudiantiles ocurridos en la ciudad de México, fueron reflejo, imitación o sólo coincidencia con los conflictos obrero-estudiantiles, que afrontaron las autoridades francesas en el mes de mayo y subsiguientes del 68.
Sabemos que en nuestra ciudad capital, el día 26 de julio de 1968, se enfrentaron los estudiantes de la escuela Vocacional 2 y la Preparatoria cercana al jardín de la Ciudadela, convirtiendo en campo de batalla las calles aledañas, lapidando una de las escuelas de la zona y causando daños a varios automóviles estacionados en las calles, por el intercambio de pedradas y diversos proyectiles.
Esta reyerta entre dos grupos de estudiantes, sin mayor importancia, fue brutalmente reprimida por una agrupación policíaca denominada "Granaderos" dependientes del entonces Departamento del Distrito Federal.
Este hecho a pesar del abusivo comportamiento de la autoridad policial, no debió trascender más allá de una amonestación a los estudiantes y arresto a los elementos policíacos, dado que no se produjeron consecuencias irreparables.
Sin embargo, el suceso inicial de poca importancia, cada día que transcurría, se fue complicando con diversas demostraciones de descontento estudiantil, hasta llegar el paro total de actividades docentes en los planteles dependientes de la Universidad Nacional Autónoma de México y después también del Instituto Politécnico Nacional, integrándose un Comité Nacional de Huelga, que formuló un pliego petitorio de condiciones, difícil de aceptar y atender por parte del Gobierno.
El conflicto lejos de atenuarse se incrementó hasta llegar el aciago día 2 de octubre de 1968, cuyo resultado en muertos, heridos, detenidos y desaparecidos, todavía no se cuantifica a pesar del tiempo transcurrido.
A sólo dos años y meses del fatal 2 de octubre de 1968; la Ciudad de México volvió a ser escenario de otra represión estudiantil, también con móviles, participaciones e intervenciones, aún no esclarecidos satisfactoriamente por la protagónica actuación de un grupo paramilitar conocido como "Halcones", que originaron el llamado jueves de "Corpus Sangriento" o "Halconazo"
Estos hechos violentos y reprobados desde su perpetración por la sociedad mexicana, deben ser aclarados completamente, para que conocida la verdad, pasen a ser efemérides de nuestra Historia y no motivo de actos vandálicos, con el pretexto de conmemorar cada aniversario que se cumple en las fechas ya señaladas.
Considero que los procedimientos empleados hasta la fecha para esclarecer lo ocurrido y en su caso, sancionar a los responsables de los actos que lastimaron y que aún resiente la comunidad, no han sido los adecuados, puesto que lo esencial que debemos conocer, es la verdad íntegra desde el inicio hasta su fin en los sucesos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971.
Para el efecto, me permito proponer a esta honorable Asamblea, la creación de una Comisión de la Verdad, que se aboque a indagar con ánimo sereno, imparcialidad y objetividad, los sucesos que aún inquietan a la sociedad mexicana.
Propongo la creación de una Comisión Especial integrada por diputados de los 6 partidos políticos nacionales, que conforman la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que convoquen a historiadores, escritores, cronistas, sobrevivientes y toda persona que tenga y quiera aportar documentos, datos, testimonios y pruebas que contribuyan a esclarecer la verdad de los hechos antes mencionados.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 39 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 71 y 169 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente decreto.
Único. Se crea la Comisión Especial de la Verdad, acerca de los sucesos acaecidos en la Ciudad de México, Distrito Federal, los días 2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971, de conformidad con las siguientes bases:
2. La comisión especial estará integrada por dos diputados de cada uno de los partidos políticos nacionales que integran la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
3. Los diputados que integren la Comisión, serán designados por sus respectivos coordinadores políticos, y entre ellos mismos, nombrarán a un presidente, un secretario y un tesorero y el método que emplearán para realizar su cometido.
4. La Secretaría General, con acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva, proveerá los fondos y demás elementos que requiera la Comisión para cumplir con su encargo.
5. La Comisión especial, convocará a los historiadores, escritores, cronistas, periodistas, profesionistas, sobrevivientes y toda persona que desee participar con la aportación de documentos, testimonios y pruebas idóneas al conocimiento de los hechos objeto del presente Decreto.
6. La Comisión formulará un Informe que será entregado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el mes de agosto del presente año, con el tiempo suficiente para su aprobación, antes de que concluya el periodo constitucional de la actual Legislatura.
7. El Informe aprobado por la Comisión Permanente, pasará a ser parte de la historia oficial de los Estados Unidos Mexicanos.
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados. México, DF, a 23 de febrero de 2006.
Dip. René Meza Cabrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PROPORCIONAR INFORMACIÓN Y ESTABLECER UN PROGRAMA EXTRAORDINARIO EN MATERIA DE ENSEÑANZA AMBIENTAL EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, A CARGO DEL DIPUTADO NORBERTO ENRIQUE CORELLA TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, somete a la consideración de la H. Cámara de Diputados punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a que proporcione información respecto a cuántas escuelas y cuántos docentes de nivel básico han recibido satisfactoriamente de parte del Programa Nacional de Actualización Permanente los cursos de educación ambiental, y exhortar también a que se realice un programa extraordinario para las escuelas y los docentes que no lo han recibido, con fundamento en las siguientes
Consideraciones
La educación ambiental se establece como una disciplina cuyos objetivos son "generar una conciencia clara de la independencia económica, social y ambiental y proveer a cada ser humano con las oportunidades para adquirir conocimientos, valores y actitudes que le permitan modificar sus patrones de comportamiento para proteger y mejorar su ambiente".
De acuerdo con la propia definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación Ambiental, esta educación permite reconocer valores y conceptos para crear habilidades y actitudes necesarias para comprender y apreciar la relación natural y social entre el hombre y su medio biofísico circundante, al tiempo que le da posibilidades de crear normas y códigos de comportamiento para lograr el mejoramiento de la calidad ambiental. La educación ambiental se considera en sí misma un medio de acción, que exige de las personas una actitud orientada a tomar decisiones que eviten, disminuyan o resuelvan los problemas ambientales.
Para encontrar una vida en armonía con el ambiente, lo primero que debe realizarse es obtener una población consciente de su pertenencia al todo que la rodea. Se debe educar a las personas desde la infancia para que aprendan el cuidado necesario para no malgastar los recursos del planeta, para no ensuciar su entorno y para convivir con su vecino.
A partir del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 1986, se instó a las dependencias y a las entidades de la Administración Pública Federal a crear instrumentos técnicos, jurídicos y administrativos que permitan llevar a cabo acciones y programas dirigidos a preservar el ambiente. Destacan, en materia de educación ambiental, los artículos quinto, sexto y séptimo de dicho decreto, donde se instruye a las Secretarías de Educación Pública, de Salud, y de Desarrollo Urbano y Ecología para que, en el marco de sus atribuciones, pongan en marcha acciones de educación y capacitación destinadas hacia los distintos sectores de la sociedad.
Como parte de la reforma de los planes y programas de estudio de la educación básica que iniciaba en 1993, se incorporaron en diversas asignaturas contenidos relativos a la protección y al cuidado del ambiente. Se busca reconocer que la escuela debe ejercer su acción para atender, desde su ámbito de competencia, problemas sociales en los cuales la actitud personal es básica para encontrar soluciones.
La Secretaría de Educación Publica estableció cursos como parte de un convenio de colaboración suscrito entre dicha Secretaría y la de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, para fomentar la educación ambiental en los niveles de educación básica. Se elaboraron manuales respondiendo al propósito de ofrecer orientaciones para la asesoría del curso de actualización de la educación ambiental, de tal forma que el profesorado de educación básica en servicio, al concluir satisfactoriamente el curso, cuente con las herramientas necesarias que le permitan incorporar la educación ambiental a su práctica docente.
No obstante, aún no se logra que los docentes en todas las escuelas de nivel básico cumplan dicho curso y, en consecuencia, no se están cumpliendo los objetivos de los planes elaborados por las autoridades educativas y las ambientales. Con el objetivo de que se cumpla con la mayor brevedad la aplicación de los programas de educación ambiental se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Secretaría de Educación Pública presente un informe detallado de la relación de planteles de educación básica que han cumplido las metas del programa de educación ambiental, detallando el número y la proporción de los docentes que han recibido la capacitación necesaria para incluir los temas de educación ambiental en las asignaturas que imparten.
Segundo. Que la Secretaría de Educación Pública establezca un programa extraordinario para asegurar que la totalidad de los docentes reciba la capacitación necesaria para incluir el tema de la educación ambiental en las asignaturas que imparte al inicio del ciclo escolar 2006-2007.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2006.
Dip. Norberto Enrique Corella Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA ASF A AUDITAR LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FONDO PARA ATENDER A LA POBLACIÓN RURAL AFECTADA POR CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS, A CARGO DE LA SAGARPA, EJERCIDOS EN 2005 Y LO QUE VA DE 2006, ESPECÍFICAMENTE RESPECTO AL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito Emiliano Vladimir Ramos Hernández, diputado a la LIX legislatura integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de los siguientes
Considerandos
1. Como es conocido por todos el 18 de julio de 2005 el huracán Emily azotó la península de Yucatán, luego lo haría Wilma en octubre. En ambos casos, el municipio rural de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo sufrió pérdidas en casi toda la tierra cultivada, lesionando gravemente la economía de los ejidatarios afectados que suman los ocho mil, con 7,980 hectáreas afectadas.
2. En consecuencia, las autoridades locales comenzaron los trámites necesarios para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación incluyera a los productores afectados en el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC). El Comité Agropecuario Estatal de Evaluación de Daños (CAEED) respectivo se instaló el día 16 de noviembre de 2005, fecha que marca el comienzo del cómputo de los 30 días hábiles previstos por las reglas de operación como límite para la entrega de los apoyos.
3. Tras el resto de los trámites de rigor, el Comité Técnico Nacional del FAPRACC mediante el acuerdo CTN/FAPRACC/01/15E-05/12/05, fechado el 5 de diciembre del 2005, aprobó entre otras, una erogación de 6.4 millones de pesos, 4.5 de los cuales son aportaciones federales. El monto restante, de acuerdo con las reglas de operación del Fondo, serían aportados por el Gobierno del estado. Este apoyo atendería los daños de 7,980 hectáreas siniestradas en el municipio. Dos días después se firmó el anexo técnico, documento indispensable para la instrumentación del Fondo.
4. El 16 de enero pasado fue depositada la participación federal correspondiente y el gobierno estatal hizo lo propio, según sus propios reportes a la Sagarpa, el día 27 de enero.
5. Pese a que la entrega final de los recursos es entera responsabilidad de la administración estatal, ésta ha sido postergada una y otra vez a lo largo de los pasados días, pese a que ya venció el plazo reglamentario para hacerlo e incluso ha pretendido pagarlos en especie, supuesto nunca previsto en las reglas de operación y aceptado por los afectados a instancias del mismo gobierno estatal.
6. El día 15 de febrero, se presentaron en las oficinas de Sagarpa representantes de todos los 80 ejidos afectados, así como el presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, diputados locales y el signatario, quienes fuimos recibidos por funcionarios de este órgano federal. En esta reunión los funcionarios de Sagarpa se deslindaron del manejo de los recursos del FAPRACC posterior al depósito correspondiente a la participación federal. Como fue ampliamente demostrada por las autoridades de la Secretaría, no hay motivo legal, técnico o administrativo alguno que sea de su conocimiento, que justifique el retraso en la entrega de los apoyos a los productores. El Gobierno estatal tampoco ha manifestado impedimento alguno para entregar los recursos.
7. No es claro el porqué el Gobierno de Quintana Roo ha incurrido en esta irregularidad y falta de transparencia. Lo que sí es claro es que los productores siguen desamparados y en una situación cada vez más insostenible. Por lo pronto, esta actitud injustificable, despectiva, carente de ética y contraria a las responsabilidades elementales de cualquier gobierno, despierta toda una serie de dudas sobre el manejo de estos recursos que insisto ya deberían estar en manos de sus destinatarios. Es urgente que el Gobernador entregue los recursos a la brevedad, so pena de empeorar la ya difícil situación de los campesinos, que carecen de otros medios de subsistencia que el producto de la tierra.
8. Todo esto consta en la documentación anexa a la presente, específicamente en la minuta de la reunión mencionada en el numeral anterior.
Por lo anterior, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que instruya a la Auditoría Superior de la Federación para que a su vez, ésta audite el ejercicio de los recursos del programa denominado Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC), a cargo de la Sagarpa, ejercido en el año 2005 y lo que va de este, en el estado de Quintana Roo y específicamente en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.
Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Quintana Roo a que sin mayor dilación, entregue los recursos del FAPRACC a sus destinatarios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero de 2006.
Dip. Emiliano Vladimir Ramos Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA QUE FINQUE RESPONSABILIDADES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE NIEGUEN A CUBRIR A LOS TRABAJADORES LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO QUE SEÑALA EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Juan Fernando Perdomo Bueno, diputado federal de la LIX Legislatura del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de la Función Pública finque las responsabilidades que corresponda a los servidores públicos del Gobierno Federal que se nieguen, en un plazo máximo de treinta días hábiles a partir de la dictaminación de la presente proposición, a cubrir a los trabajadores los requerimientos de pago efectuados por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en base a las siguientes
Consideraciones
Es una realidad que vive todo trabajador al servicio del Estado que, cuando tiene la necesidad de demandar al Gobierno Federal en su calidad de patrón, transcurre un tiempo promedio de tres años entre la presentación de la demanda, la substanciación del procedimiento y la emisión del laudo, para que, en caso de que éste le sea favorable, aún tenga que esperar varios meses más para que el laudo se confirme por un Tribunal Colegiado en materia de Trabajo.
Pero el vía crucis del trabajador no termina ahí, notificada la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene que fijar fecha y hora para hacer el requerimiento a la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal para que dé cumplimiento al laudo, lo que implica varias semanas más, y llegado el día en que el actuario asignado solicite a la parte demandada el cumplimiento, en caso de que el representante legal o persona con quien se efectúe la diligencia se niegue, se hará acreedora a la imposición de una multa de mil pesos únicamente.
Lo anterior implica que el trabajador vuelva a solicitar al Tribunal una nueva fecha y hora para que se repita el procedimiento descrito y así pueden pasar, semanas, meses y años, para que el Gobierno de la República cumpla con un laudo adverso.
Si los mexicanos aspiramos a forjar una sociedad mas justa, debemos pugnar porque el gobierno sea el primero en cumplir con las obligaciones jurídicas que les imponen los tribunales legalmente constituidos, puesto que el no hacerlo genera incertidumbre e inseguridad jurídica.
Tenemos claro, por otra parte, que la Ley de Amparo exime al Estado de presentar las mismas garantías que se le exigen a los particulares, lo que es violatorio de nuestro régimen constitucional, lo que hace aún más injusta la situación para aquellos trabajadores al servicio del Estado que interponen alguna controversia en materia laboral.
Por lo expuesto, compañeras y compañeros legisladores, es que someto a la consideración de ustedes la presente proposición, con el ánimo de encontrar eco en las demás fracciones parlamentarias representadas en la Cámara de Diputados a fin de obtener el consenso necesario para su dictaminación positiva, lo cual redundará sin lugar a dudas en una administración de justicia pronta y expedita.
Derivado de lo anteriormente manifestado, se presenta la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- Que la Secretaría de la Función Pública finque las responsabilidades que corresponda a los servidores públicos del Gobierno Federal que se nieguen, en un plazo máximo de treinta días hábiles a partir de la dictaminación de la presente proposición, a cubrir a los trabajadores los requerimientos de pago efectuados por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2006.
Dip. Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y A LA ASF A AUDITAR LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA EMPRENDEDORES CON DISCAPACIDAD, A FIN DE DESLINDAR RESPONSABILIDADES SOBRE POSIBLES ACTOS ILÍCITOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada Martha Palafaox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, fracción primera, y 59 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Parece que en la administración del Presidente Fox ha habido un empeño casi denodado por institucionalizar la corrupción en nuestro país. Por fortuna va de salida sino capaz y lo logra. No ha dejado para la imaginación absolutamente nada, vamos, ni siquiera las personas con discapacidad.
En México se estiman casi 10 millones de personas que integran este sector de la población y la atención a ellas prácticamente ha estado ausente en este sexenio. Lo poco que se podría decir que se estaba haciendo, el fantasma de la corrupción aparece como una constante. Ya no es la Lotería Nacional y los fideicomisos espurios como Transforma México al servicio de fundaciones como Vamos México, ni el Fondo de Desastres Naturales, ni los escándalos de los hijos de familia presidencial, ni los miles de bienes decomisados transferidos a Los Pinos por la Dirección General de Aduanas, sólo por mencionar los más conocidos; sino ahora se trata de un programa denominado Emprendedores con Discapacidad, que de manera sorpresiva es manejado por una asociación civil denominada Fundación Ayuda Ecodis. Es decir, dinero del erario público que es manejado por una asociación privada. El monto de dinero público que maneja esta fundación es de 40 millones de pesos.
Dicho programa es dirigido y administrado por un funcionario público, el titular del Consejo Nacional para la Personas con Discapacidad. Es decir, un funcionario público al servicio de una fundación, igualito como en la Lotería Nacional.
Todavía más, aquella persona que por suerte logra entrar a dicho programa, tiene derecho a un crédito en Banco Azteca por 5 mil pesos, a una modesta tasa de ¡72%¡ anual (1.5% semanal). Qué manera tan noble de apoyar esta gente.
El 7 de septiembre del 2005, durante la instalación del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, dijo el Presidente Fox: "el pasado 2 de septiembre se aprobó la operación de Emprendedores con Discapacidad para impulsar de desarrollo de opciones productivas y de negocios para personas con discapacidad... el Gobierno Federal invertirá, en este programa, más de 40 millones de pesos contribuyendo a generar 6 mil empleos en 18 sociedades cooperativas..."
Previamente, el 25 de abril, ya el Presidente había anunciado la puesta en marcha del programa denominado Ecodis-Programa Emprendedores con Discapacidad, donde se reconoce la Fundación Ecodis, señalando que promueve un modelo coordinado con empresas nacionales que comprende varias áreas de negocios, entre las que se cuentan: Desarrollo de tiendas Ecodis; moto repartidores productos Ecodis; venta directa de productos de catálogo, servicios básicos; venta de productos Ecodis en centros comerciales; y puestos de venta de comida rápida Ecodis.
El vocero del programa, Víctor Hugo Flores Higuera, quien dobletea como funcionario público y coordinador del programa en la Fundación Ecodis, dijo oficialmente que Ecodis, Emprendedores con Discapacidad (ya no Programa Emprendedores con Discapacidad), conformará 28 empresas cooperativas, dando como resultado 12 mil 400 beneficiarios. Esto representa para el Gobierno Federal una inversión globalizada de 88.68 millones de pesos... Las empresa que conforman esta alianza empresarial son muchas pero podemos contar con Bancomer, Unefon, Price Shoes, Vicky Form, Big Cola, Multipack, Ilusión, Shell, Bardall, Michelline, Mazapán la Rosa, Mega Gel".
Recientemente algunos de los que han denunciado todo esto fueron citados en un domicilio particular, donde les fue entregado un nuevo comunicado, acompañado de una guía para el llenado del formato de Credimax, y un formato de solicitud de crédito con el logotipo de Banco Azteca. Ahí se les comunicó la exigencia de firmar su solicitud de crédito si es que pretendían permanecer inscritos en el Programa, de lo contrario serían dados de baja.
De acuerdo con este último comunicado, ahora el programa ya no se denomina Emprendedores con Discapacidad, ni Ecodis- Programa Emprendedores con Discapcidad, sino Súper 100 E-Codis.
Todo esto presume una actitud lamentable del Gobierno Federal hacia las personas con discapacidad, siendo utilizadas para fines personales, abusando de ellas, lo cual resulta deleznable.
Es por ello que, ante el cúmulo de incongruencias, de trafico de influencia, violaciones a la Ley Federal de los Servidores Públicos, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, entre otras, someto a consideración de este honorable Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
1. Se exhorte a la Secretaría de la Función Pública para que, en uso de sus atribuciones, inicie una auditoría integral a las Secretarías involucradas en este programa (Sedesol, Economía, Salud entre otras) incluyendo a la oficina de la Presidencia de la República.
2. Se solicita la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para que, en uso de sus atribuciones, determine si el uso y aplicación de dinero del erario público en el Programa Emprendedores con Discapacidad, es correcto.
3. A la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le solicitamos su opinión respecto a los llamados microcréditos destinados a los interesados de este programa, en especial el presumible cobro de la tasa de 1.5% semanal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero del 2006.
Dip. Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LOS GOBIERNOS DEL SURESTE MEXICANO A REVISAR EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL HURACÁN STAN, A CARGO DE LA DIPUTADA PATRICIA ELISA DURÁN REVELES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Patricia Elisa Durán Reveles, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Los desastres naturales son alteraciones intensas del ambiente, causadas por un suceso natural o generado por el hombre, que exceden la capacidad de responsabilidad de la comunidad afectada.
Los efectos de los desastres naturales pueden amplificarse debido a una mala planificación de asentamientos humanos, falta de medidas de seguridad, planes de emergencia y sistemas de alerta temprana.
Por ello, el impacto de los fenómenos naturales difícilmente es previsible. En nuestro país se tiene gran experiencia en el manejo de desastres. Sin embargo, en algunos casos nos empeñamos en repetir la misma historia: esperar el acontecimiento y después actuar.
En la pasada temporada de huracanes, una zona importante del sureste mexicano resultó afectada de forma dramática en la infraestructura. Con ello, la población de diversos estados vio gravemente dañados su patrimonio y su calidad de vida. A cuatro meses de lo acontecido, vemos con preocupación que importantes localidades del sureste mexicano aún se encuentran en franco deterioro y la ayuda obligada por parte de las autoridades correspondientes está lejos de satisfacer las necesidades más urgentes de gran parte de los ciudadanos afectados.
A pesar de la implementación de diversos programas enmarcados en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006 y de la instrucción presidencial de ofrecer los apoyos necesarios, como resultado del huracán Stan se puede constatar el atraso en los trabajos de reconstrucción en diversas localidades y la marginación que la población afectada por este fenómeno natural aún sufre.
En gran medida, los daños causados se registraron en asentamientos irregulares permitidos por las autoridades locales y provocados por las zonas de marginación y pobreza de miles de familias, lo que evidencia que no se están cumpliendo la ley federal y la local en la materia, el Programa Nacional ni el Plan de Desarrollo Urbano de los estados.
Esta situación ha derivado en que en las zonas afectadas se obligue a la población a mantenerse en el mismo lugar identificado como zona de alto riesgo, lo que pone en mayor peligro su integridad física y los pocos bienes que aún conservan, como se ha hecho del conocimiento de la opinión pública en recientes días a través de un noticiario de cobertura nacional. Por ello es necesario recordar que deben tomarse en cuenta las características orográficas de las zonas dañadas y no permitir nuevos asentamientos en zonas consideradas de riesgo.
Ante esta situación es imprescindible que los tres niveles de gobierno se comprometan a cumplir los instrumentos jurídicos y las políticas establecidas para atender con urgencia a los habitantes de las zonas afectadas por los recientes fenómenos naturales, así como no seguir permitiendo la presencia de los afectados en dichas zonas y desarrollar una cultura preventiva en el marco del Programa de Desastres Naturales en Zonas Urbanas y Rurales.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Desa-rrollo Social, a la Comisión Nacional del Agua y a los gobiernos de los estados del sureste mexicano a fin de que se lleve a cabo una revisión del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el huracán Stan; asimismo, eviten nuevos asentamientos en zonas de riesgo e incrementen las acciones de protección civil y desarrollen una cultura de prevención de desastres naturales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2006.
Dip. Patricia Elisa Durán Reveles (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS SECRETARIOS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE TURISMO, Y AL DIRECTOR DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO A ACLARAR LA INFORMACIÓN RESPECTO DEL GASTO PROGRAMADO Y DEL EJERCIDO POR ESTE CONSEJO EN 2005, A CARGO DEL DIPUTADO INELVO MORENO ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El turismo se ha mantenido como la tercera fuente de divisas para la economía nacional, sólo por debajo de los ingresos petroleros y las remesas provenientes del extranjero.
La importancia de la actividad turística en el país es el resultado de una serie de acciones realizadas por los distintos agentes e instituciones vinculadas al ramo, entre ellas esta el Consejo de Promoción Turística de México, como organismo auxiliar de la Secretaría de Turismo en materia de promoción turística nacional e internacional.
El Consejo de Promoción Turística de México tiene entre sus objetivos el coadyuvar en el diseño de los planes, programas, estrategias y prioridades en materia de promoción turística, además de proporcionar, información turística especializada a los turistas nacionales y extranjeros que pretendan visitar los destinos y atractivos del país.
El Consejo de Promoción Turística de México, tiene un patrimonio que se integra a partir de aportaciones contenidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y de las asignadas por los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, así como las entidades paraestatales y las que efectúen los particulares. Además, de los recursos propios y los que obtiene por la aplicación del Derecho de No Inmigrante (DNI), el cual se cobra a los turistas internacionales cuando ingresan al país.
En particular, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, la H. Cámara de Diputados asignó al Consejo de Promoción Turística de México un monto de 274 millones 578 mil 890 pesos. Sin embargo, en los Anexos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, correspondiente al cuarto trimestre del 2005, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público informa que el Consejo de Promoción Turística de México recibió una adecuación presupuestaria hasta por 792.5 millones de pesos, lo que representa una variación del 288.6 por ciento con relación al original autorizado.
Lo anterior, se relaciona con las declaraciones del subdirector general de Mercadotecnia del Consejo de Promoción Turística de México, el pasado 13 de febrero, en el sentido que dicho organismo "no recibió ni un solo peso, de los 792.5 millones de pesos" que se señalan en el Informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En tal virtud, es fundamental que tanto el director del Consejo de Promoción Turística de México, así como las Secretarías de Turismo y de Hacienda y Crédito Público, aclaren estas diferencias y el destino de dichos recursos. Por lo que me permito proponer el siguiente:
Punto de Acuerdo
único.- Se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público, al secretario de Turismo y al director del Consejo de Promoción Turística de México, para que aclaren el origen y destino de los recursos adicionales asignados a dicho organismo, considerando que en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2005 se establecen adecuaciones presupuestales por un monto de 792.5 millones de pesos que representan el 288.6 % con relación al presupuesto original aprobado al Consejo por esta H. Cámara de Diputados.
Dip. Inelvo Morales Álvarez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A NO INTERVENIR EN EL PROCESO FEDERAL ELECTORAL DE 2006, A CARGO DEL DIPUTADO LINO CELAYA LURÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Lino Celaya Luría, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Presidente de la República a que deje de violar los artículos 41, fracción III, y 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al estar interviniendo en el proceso electoral federal de 2006, y cumpla el principio de imparcialidad que rige la materia, así como al Instituto Federal Electoral para que asuma las atribuciones constitucionales y legales que den cumplimiento a los fines y principios que lo rigen, conforme a los siguientes
Antecedentes
El proceso electoral en nuestro país ha sufrido grandes y muy necesarios cambios en las últimas décadas del siglo XX, los cuales comenzaron cuando el entonces secretario de Gobernación, don Jesús Reyes Heroles, en el año de 1977 promovió la llamada "reforma política" para dar cauce legal e institucional al movimiento de 1968 con las modificaciones respectivas y la creación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, ya que hasta entonces el proceso electoral estaba a cargo del Poder Ejecutivo federal, mediante la Comisión Federal Electoral, que dependía de la Secretaría de Gobernación.
Para el año de 1990, tras los reclamos de legitimidad y certeza del proceso electoral de 1988, se creó a través de una reforma político-electoral constitucional el Instituto Federal Electoral, disponiendo así que la organización de las elecciones federales sería una función estatal que se ejercería por los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, con la participación de los partidos políticos nacionales y de los ciudadanos; asimismo, sería un organismo publico dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, y sujeto a los principios rectores de certeza, legalidad, imparcialidad y profesionalismo.
En el año de 1993 se promovió otra reforma constitucional-electoral mediante la cual al Tribunal Federal Electoral se le dotaba de autonomía y sería entonces la máxima autoridad jurisdiccional electoral, al ser competente para resolver en forma definitiva e inatacable las controversias en la materia, al acabar con el sistema de autocalificación política. Asimismo, la organización electoral continuaría siendo garantizada por los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como por los partidos políticos y los ciudadanos.
La cuarta reforma constitucional-electoral, del 19 de abril de 1994, repitió el mismo modelo anterior.
La quinta reforma constitucional-electoral, del 27 de agosto de 1996, que se presentó de manera conjunta por el Presidente de la República (entonces priísta) y los dirigentes de los diferentes grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión, fue una de las reformas más trascendentes en la materia porque ciudadanizó el Instituto Federal Electoral, es decir, tuvo que salir de la organización electoral el Poder Ejecutivo federal (Secretaria de Gobernación) para fortalecer el principio de imparcialidad de la contienda, pudiendo entonces hablar de una autonomía plena del IFE. Ahora, su integración está constituida sólo por el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos. Asimismo, el Instituto Federal Electoral se regiría por sus principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, siendo independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño.
Consideraciones
Que de conformidad con nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo; que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal; y que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, que se dividen para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Y que no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, porque entonces hablaríamos de una monarquía, como las que se propiciaron en el siglo XIX con la invasión extranjera que trajeron los grupos conservadores como el de Zamora, Michoacán, y que nos gobernaron antes de la Independencia nacional de 1810.
Que de acuerdo con el artículo 41 constitucional, la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante bases entre las cuales se establece que "la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realizará a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral... en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores... El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño".
Que durante el inicio de vida del IFE, en el periodo 1991-1994, había cumplido su misión organizando unas elecciones imparciales. No obstante, las condiciones de la competencia habían sido marcadamente asimétricas, con lo cual se inyectaban altas dosis de irritación en la contienda, según lo dicho por José Woldenberg, presidente del IFE (1996-2003), quien también señaló: "Con la reforma electoral de 1996, el gobierno, los partidos políticos y el Poder Legislativo decidieron dar una vuelta de tuerca definitiva diseñando un Consejo General del Instituto en el que ya no tuviera cabida el Gobierno Federal. En el nuevo diseño se desterraba al secretario de Gobernación como presidente del Consejo. En dicha reforma también se modificaron las normas tendentes a construir un terreno más equitativo para la competencia".
Que en similares términos se pronunció quien fuera el primer director general del IFE y, posteriormente, secretario de Gobernación, que tuvo a su cargo la instrumentación de la reforma constitucional de 1996: me refiero a nuestro actual coordinador del grupo parlamentario del PRI, licenciado Emilio Chuayffet Chemor, quien dijo:
"La ciudadanización del IFE culminó con la salida del Poder Ejecutivo, en la persona del secretario de Gobernación, del Consejo General. He leído, en los años posteriores a la reforma, inexactitudes generadas por la manía de construir la historia de adelante para atrás, reescribiendo los hechos para que sean lo que uno quiere y no lo que fueron. Se ha dicho que la salida del secretario de Gobernación fue una reivindicación política de las fuerzas opositoras del momento. Ésa es una verdad a medias.
"La reforma de 1986 conformó una Comisión Federal Electoral de tal manera abultada, que dio la impresión de estar totalmente sometida al gobierno. Por eso se hizo patente el reclamo general de plantear un órgano independiente, imparcial y objetivo para desarrollar los procesos comiciales.
"Y entonces se discutió el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Don Fernando Gutiérrez Barrios ofreció que el Gobierno Federal, en la persona del secretario de Gobernación, quedara fuera de la organización de los comicios. El Partido Acción Nacional se negó rotundamente, aduciendo que las funciones del secretario eran un instrumento irrenunciable para el manejo de los asuntos electorales y la solución de los conflictos políticos derivados de aquéllos.
"Años más tarde, el 12 de febrero de 1996, al pronunciar una conferencia en el Colegio de la Defensa Nacional, subrayé la intención formulada a la mesa de la reforma política de excluir al secretario de Gobernación y a cualquier autoridad gubernamental de la estructura electoral.
"Paradojas de la vida: en 1996 mi propuesta fue José Woldenberg. Después de varios turnos de discusión de nombres, él sería el primer presidente del IFE reformado. Estoy seguro de que todos los integrantes de la mesa de trabajo celebramos siempre esa decisión... Evoco también una noche en Toluca, cuando escogí la figura de Juárez para presidir la gran explanada del Instituto y decidí la inscripción de una frase suya que me pareció pertinente: la democracia es el destino de la humanidad futura; la libertad, su indestructible arma; la perfección posible, el fin donde se dirige".
En el mismo orden de ideas, el ex rector de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, el doctor Jorge Carpizo, secretario de Gobernación y Presidente del Consejo General del IFE en 1994, ha señalado: "Contemplo con preocupación que a pesar de los problemas que se enfrentaron en las elecciones federales de 2000, ni los partidos políticos ni los Poderes Ejecutivo y Legislativo han sido capaces de ponerse de acuerdo para darles un cauce que asegure a la sociedad la transparencia de los próximos comicios federales de 2006".
Que el actual Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, protestó guardar y hacer guardar la Constitución Política y las leyes que de ella emanen, en los términos del artículo 87 constitucional. Sin embargo, esto no se ha reflejado en los hechos, violando con ello el principio de imparcialidad que debe regir los procesos electorales, tal y como él mismo exigió en su momento al ex Presidente Ernesto Zedillo para que marcara su "sana distancia".
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de la H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a que deje de violar los artículos 41, fracción III, y 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al estar interviniendo en el proceso electoral federal de 2006, y cumpla el principio de imparcialidad que rige la materia, así como al Instituto Federal Electoral para que asuma las atribuciones constitucionales y legales que den cumplimiento a los fines y principios que lo rigen.
Dip. Lino Celaya Luría (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR AL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA QUE INVESTIGUE LOS EXCESOS EN EL DESEMPEÑO EN QUE HA INCURRIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO EN TORNO A LA VENTA DE LA CARTERA VENCIDA DE LOS EX TRABAJADORES DE FINANCIERA NACIONAL AZUCARERA, SNC, Y BANRURAL, SNC, A CARGO DE LA DIPUTADA SOFÍA CASTRO RÍOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada Sofía Castro Ríos, integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, fracción I, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente
Exposición de Motivos
La pérdida del patrimonio de un trabajador por el abuso en las funciones y la insensibilidad de más de un funcionario público son características de este gobierno. No importa que se violen los derechos de un empleado ganados durante años. Es el caso del director general de Servicios de Administración y Enajenación de Bienes, Luis Miguel Álvarez Alonso, que haciendo caso omiso de los acuerdos de la Secretaría de Hacienda y la opinión de la H. Cámara de Diputados en torno a la liquidación de Financiera Nacional Azucarera, SNC (Fina), y Banrural, SNC.
Este proceso de liquidación de Fina, SNC, que inició en agosto del año 2000, con el dictamen de la entonces "Comisión Intersecretarial de Desincorporación" contemplaba entre otras cosas, 40 ingenios con saldos en cartera de 15 mil 253 millones de pesos, el 98.8% estaba documentado en Udi. De estos, 12 mil 577 millones correspondían a cartera vigente y 2 mil 576 millones a cartera vencida.
También se incorporaban el costo de la jubilación de empleados, así como la liquidación de otros.
Los ahora ex empleados de Fina, SNC, y Banrural, SNC, actualmente en proceso de liquidación, han elevado su indignación y preocupación por la arbitraria e ilegal decisión de la Dirección de Administración y Enajenación de Bienes del sector Público (SAE) de vender la cartera de créditos, que ex empleados tienen con esas instituciones financieras, a una empresa particular denominada Monetización de Activos, SRL de CV, poniendo en riesgo el patrimonio de centenas de sus familias.
Los adeudos contraídos por estos ex empleados se derivan de las prestaciones laborales que les otorgaban estas instituciones para la adquisición de bienes inmuebles u otros bienes muebles, los cuales quedaban como garantía de dicho préstamo.
A partir de este proceso de liquidación de las instituciones, también se liquidó a la planta laboral. No obstante la falta de empleos, pese a su experiencia, les ha sido difícil conseguirlo, lo que ha ocasionado que no cumplen con el pago de sus créditos, situación que les ha hecho caer en "cartera vencida".
No obstante, de acuerdo con el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito, se señala que "las instituciones de crédito sólo podrán ceder o descontar su cartera con el Banco de México u otras instituciones de crédito o con los fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá, mediante reglas de carácter general, autorizar excepciones a este artículo. Hasta donde se sabe la CNBV no autorizó ninguna cesión de la cartera de los ex empleados de Fina, SNC, y Banrural, SNC.
El director general del SAE y ex director del Fideicomiso de Liquidación (Fideliq) no avisó antes a los ex empleados y menos notificó el derecho de preferencia del tanto, para ver si los ex empleados podían cubrir su adeudo, no obstante que previamente habían formulado una propuesta para ese fin.
Por ello, resulta sospechoso que incluso esta cartera se haya vendido a un precio mucho menor al que habían propuesto los ex empleados.
Se sabe que en promedio cada uno de los créditos de Fina, SNC, se vendió en la cantidad de 15 mil pesos en una cartera que incluye 190 créditos hipotecarios, con la garantía del inmueble (casa habitación) a un precio ponderado de 500 mil pesos. Es decir, la Cartera se vendió en poco menos de 3 millones de pesos, con un valor de casi 100 millones de pesos.
Esta es una práctica, misma a la que la familia presidencial, como lo hemos documentado, no es ajena. Parece que el camino lo han aprendido muy bien, no importando que miles de familias pierdan su patrimonio familiar por estas actitudes no exentas de corrupción.
Por lo anterior es que someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
1. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario de la Función Pública para que investigue los excesos en el desempeño de las funciones en que ha incurrido el director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y se audite la sospechosa venta de la cartera vencida de los ex empleados de Banrural, SNC, y Financiera Nacional Azucarera, SNC.
2. Solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores su opinión a fin de determinar si en la venta de la cartera vencida de los ex empleados de Banrural, SNC, y Financiera Nacional Azucarera, SNC, se violó o no la normatividad expresa en el artículo 93 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero del 2006.
Dip. Sofía Castro Ríos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA MERCEDES ROJAS SALDAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada María Mercedes Rojas Saldaña, con fundamento en el numeral 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se permite someter al Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.
La Ley General de las Personas con Discapacidad significó un avance trascendente en la lucha que desde hace décadas realizan las personas con discapacidad de nuestro país por hacer efectivos sus derechos en un entorno social que los discrimina y excluye, toda vez que promueve la equidad, justicia social, equiparación de oportunidades, reconocimiento de las diferencias, dignidad, integración, respeto y accesibilidad. No obstante, este ordenamiento no ha tenido aplicación práctica, debido a que a la fecha no se ha expedido el reglamento correspondiente, a pesar de lo ordenado en el artículo quinto transitorio de esta ley, que estipula que la expedición del mismo deberá realizarse dentro de los 180 días contados a partir de su entrada en vigor.
El artículo 89, fracción I, de nuestra Carta Magna establece una de las facultades y obligaciones del Presidente de la República, que es el de promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mandamiento constitucional al que se ha hecho caso omiso, toda vez que esta ley entró en vigor desde el 21 de abril del año 2005. Esto quiere decir que el reglamento debió expedirse, a más tardar, en octubre de 2005; consecuentemente, los afectados son las personas con discapacidad de nuestro país.
De acuerdo con la doctrina jurídica, reglamento es un conjunto de reglas, normas, principios o pautas que rigen una actividad. La expresión, por lo usual, se reserva a un cuerpo normativo de carácter jurídico y aparece en la pirámide jurídica debajo de la ley.
Dentro de los requisitos teóricos, encontramos que el reglamento a) es un acto unilateral emitido por la autoridad administrativa; b) crea normas jurídicas generales; c) debe tener permanencia y vigencia generales; d) es de rango inferior a la ley y está subordinado a ésta; y e) aunque es un acto unilateral de autoridad, obliga a la misma.
En el derecho mexicano, donde todas las actividades regulables jurídicamente están reservadas a la ley, el reglamento sólo puede desarrollar el contenido de ésta.
De lo anterior se desprende que la finalidad del reglamento es permitir llegar al detalle de las situaciones contempladas en el orden normativo superior (la ley) y que reglamentar las leyes es un acto orgánico y formalmente administrativo, cuya emisión corresponde al Jefe del Ejecutivo, en el marco de sus facultades indelegables.
En el caso que nos ocupa, la Ley General de las Personas con Discapacidad no ha tenido su debida reglamentación, lo que impide su aplicación y representa un retroceso en los logros alcanzados por las personas con discapacidad, grupo vulnerable de nuestro país que enfrenta olvido, omisión y abandono en una sociedad que no termina de entender la importancia de su integración y equiparación de oportunidades, resultando urgente que el Ejecutivo federal cumpla su obligación constitucional y obedezca lo ordenado en el artículo transitorio citado, el cual ha transcurrido en exceso el término establecido.
Por lo expuesto y fundado, la diputación federal oaxaqueña del grupo parlamentario del PRI somete a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte al Ejecutivo federal a cumplir la facultad que le confiere la fracción I del artículo 89 de nuestra Carta Magna, en virtud de lo ordenado en el artículo quinto transitorio de la Ley General de las Personas con Discapacidad, y expida el Reglamento de la ley, toda vez que el término de 180 días, contados a partir de la expedición de la misma, ha transcurrido en exceso.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2006.
Dip. María Mercedes Rojas Saldaña (rúbrica)
Los suscritos, diputados federales del estado de Coahuila, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por este conducto solicitamos a la Presidencia de esta H. Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 45 y 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 21 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Energía para que se dictamine sobre la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, en materia del gas grisú de las minas de carbón.
Antecedentes
Con fecha 6 de diciembre de 2005, se presentó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, respecto del aprovechamiento del gas grisú, a cargo del diputado Aldo Mauricio Martínez Hernández, y suscrita por todos los diputados federales del estado de Coahuila, que fue turnada a la Comisión de Energía, para su valoración, estudio y dictamen.
Desde hace décadas, dentro de la industria minera en nuestro país se vienen aprovechando los derivados inherentes al carbón mineral, es inaplazable regularizar en esta reforma, a través de los cambios propuestos a la Ley Minera, el uso racional y aprovechamiento de dichos derivados del carbón mineral, y más específicamente el metano que se encuentra absorbido y que se libera a la atmósfera con la explotación del carbón mineral.
Las empresas mineras tienen un alto costo por concepto de desgasificación de las minas de carbón, lo cual limita el desarrollo de esta importante actividad y el equilibrio de la participación para los trabajadores. La desgasificación del metano de carbón mineral también conocido como gas grisú, debe hacerse con mucha antelación a la explotación del carbón mineral para no poner en riesgo la vida de los trabajadores mineros.
Consideraciones
La exploración y explotación de carbón mineral trae consigo la liberación de gas metano en cantidades elevadas por encontrarse dicho gas contenido y absorbido al carbón mineral, la liberación de gas metano no asociado al aceite mineral crudo, o gas grisú, por su alto grado de toxicidad y flamabilidad, forzosamente debe ser ventilado de manera continua, de tal modo que garantice la calidad del aire dentro de la mina para proteger la integridad física de los trabajadores. De 1889 al año 2000 han fallecido más de 1,500 trabajadores en minas carboníferas de Coahuila por accidentes causados por explosiones relacionados con el gas grisú de las minas de carbón mineral. Pese a que el gas grisú es menos denso que el aire, la ventilación eficiente dentro de una mina requiere hacer uso de bombas de aspirado que dirijan al gas por tuberías hasta una línea de colectores que finalmente lo liberen a la superficie, ya que de lo contrario la inhalación del mismo por el personal minero tendría consecuencias letales.
Este gas tóxico y altamente flamable es también dañino a la atmósfera, ya que el metano ocupa el segundo lugar en contribución al efecto invernadero debido a que es 21 veces más efectivo que el bióxido de carbono en contener el calor terrestre. Sin embargo, también el gas metano es altamente energético y puede ser utilizado tanto para la generación eléctrica y la propulsión de vehículos y motores, como para hornos industriales y estufas caseras. Debemos buscar el mejor aprovechamiento del gas grisú que conforme a la regulación vigente obliga a los concesionarios mineros a ventear dicho energético.
México depende cada vez más de importaciones de gas natural del extranjero, pudiendo reducir dichas importaciones simplemente evitando el desperdicio del gas grisú, que es un combustible mineral gaseoso sustituto del gas natural. El Plan Sectorial de Energía 2000-2006 y el Plan Nacional de Desarrollo establecen como objetivos elevar y extender la competitividad del país y mantener la diversidad en la utilización de fuentes generadoras de energía, así como promover el uso sustentable de los recursos naturales. También se establece en el punto 10 del Plan Sectorial de Energía que "el sector buscará proteger, conservar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales y el medio ambiente".
México cuenta con una Ley Minera que aunque no contempla expresamente dentro de las sustancias concesibles la exploración y explotación del gas grisú, es aplicable a las concesiones mineras. Por tanto, y no obstante que el artículo 4, fracción IX, de dicha Ley establece que el Ejecutivo federal, mediante decreto, podrá determinar los minerales o sustancias sujetas a la aplicación de la Ley Minera, se propone reformar la Ley Minera para incluir la regulación expresa al gas grisú. Lo anterior está debidamente sustentado en que la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo no es aplicable al gas grisú, ya que éste no está asociado al aceite mineral crudo.
Sin embargo, el venteo del gas grisú conlleva un grave problema ambiental, ya que el metano ocupa el segundo lugar en contribución al efecto invernadero, debido a que es veinte veces más efectivo que el bióxido de carbono en contener el calor terrestre. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América reconoce esta problemática.
México está obligado a reducir emisiones de efecto invernadero conforme al Protocolo de Kyoto, firmado en Japón el 11 de diciembre de 1997 y aprobado por la Cámara de Senadores el 29 de abril de 2000, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de 2000, el cual entró en vigor el 16 febrero de 2005.
En virtud de lo antes expuesto, es necesario llevar a cabo estas reformas urgentes a la Ley Minera para evitar el desperdicio económico de un recurso no renovable, evitar el venteo de metano que contamina y contribuye al efecto invernadero y evitar más pérdidas humanas por la falta de desgasificación adecuada de las minas de carbón mineral.
Tal es el caso del accidente sucedido el pasado domingo 20 de febrero, en la mina 8, en San Juan de Sabinas, la cual es una más de la serie de tragedias que han enlutado a la región carbonífera, mismas que siguen presentándose por los altos índices de acumulación de gas metano y gas grisú en la extracción del carbón.
No se puede seguir deteniendo el desarrollo nacional al seguir desperdiciando recursos no renovables de vital importancia, contribuyendo al cambio climático y exponiendo la vida e integridad física de los trabajadores.
Por lo anteriormente expuesto solicito a esta Presidencia, lo siguiente:
Único:- una vez que ha transcurrido el término previsto en el inciso g) del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite, remitiendo el presente documento, a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, a fin de que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa que se identifica en esta excitativa.
Palacio Legislativo a 23 de febrero de 2006.
Diputados: Jesús María Ramón
Valdez (rúbrica), Laura Martínez Rivera (rúbrica),
Norma Violeta Dávila Salinas, Jesús Zúñiga
Romero, Aldo Mauricio Martínez Hernández, Ricardo Rodríguez
Rocha.
Los símbolos nacionales de un país son los documentos fehacientes de identidad de los habitantes. Son las raíces y razones socioculturales que los unen. Suelen detonarse en el alma colectiva desde la cuna de cada uno. Puede considerarse hasta cierto punto su amor y respeto a esos símbolos de índole genética.
Para el grupo parlamentario de Convergencia, es vital en estos momentos de coyuntura político-electoral que estamos viviendo que cada día se renueve más ese sentimiento de identificación de nuestros valores patrios.
Uno de esos símbolos, quizá el más fácil de reconocer, es el lábaro patrio. La Bandera Mexicana es punto de conmoción y nostalgia en cualquier lugar donde nos encontremos. Sus colores y configuración están insertados en la historia, y va en el imaginario popular llevarla de muchas maneras.
Por ello, en este día -24 de febrero- dedicado a su homenaje es motivo de júbilo porque estamos obligados a rememorar su presencia en todos los ámbitos de la vida sociopolítica de la República.
El Día de la Bandera significa en los territorios escolares el refuerzo de la soberanía nacional. Recientemente fue vulnerada de manera flagrante, cuando se aplicó a rajatabla una ley extraterritorial extranjera en suelo mexicano, como fue el suceso antisoberano del hotel Sheraton María Isabel.
Por ello, para nosotros, responsables de velar porque en todos los niveles de relación nacional e internacional sean respetados por propios y extranjeros los símbolos que representan el suelo de la patria y su extensión, estén donde estén, hacemos un llamado a todos los maestros ponderados de México, particularmente los de la educación básica, para que enaltezcan y expliquen los profundos significados del respeto y amor de estos símbolos de la patria mexicana.
La Bandera, el Himno y el Escudo Nacionales son las huellas históricas que evocan todos los esfuerzos, sacrificios y hazañas que nos legaron nuestros antepasados. Honrar la Bandera de México es deber insoslayable para todos nosotros. Por eso, el grupo parlamentario la trae a esta tribuna del Poder Legislativo con la finalidad de que hagamos un brevísimo alto en el camino, y cada uno echemos atrás la memoria de nuestras aulas del jardín de niños y de las escuelas primaria y secundaria.
Inculquemos a nuestros hijos y nietos ese amor que se lleva en la sangre, y que tantas emociones nos provoca su despliegue cuando hemos tenido la fortuna de verla izar en el extranjero.
Hoy, el grupo parlamentario de Convergencia llama a todos los integrantes de la Cámara de Diputados, de esta LIX Legislatura, para que honremos nuestro lábaro patrio.
Y, al mismo tiempo que escuchemos los acordes del Himno Nacional, entendamos por qué ha sido tan aleccionadora la vida y la obra de Benito Juárez, a quien este año del bicentenario de su natalicio nos permite reconocer, una vez más, que fue el artífice de la segunda declaración de Independencia, y quien supo llevar con honor la banda presidencial, que nunca delegó en manos espurias.
El grupo parlamentario de Convergencia rinde junto a sus iguales este sencillo homenaje de evocación precisamente en la víspera del Día de la Bandera.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2006.
Dip. Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica)