La suscrita, diputada federal Maki Esther Ortiz Domínguez, en ejercicio, de esta la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual solicita a las distintas autoridades responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia en la frontera.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19, señala que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado por dar opiniones, investigar o recibir información, además del derecho de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Asimismo, este derecho se encuentra garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 6 y 7. En donde el Estado mexicano está obligado a garantizar la libertad de expresión de cualquier ciudadano mexicano y muy especialmente el de los comunicadores.
Hemos observado en los últimos años cómo las condiciones de seguridad de Tamaulipas y sobre todo de la frontera se han deteriorado. Leímos lo del ataque con armas y granadas al periódico El Mañana, de Nuevo Laredo, y estas noticias no sólo nos lastiman sino que nos agravian como ciudadanos del Estado mexicano y sobre todo como tamaulipecos. Noticias como ésta son la regla y no la excepción en nuestro estado. La delincuencia organizada y el narcotráfico han provocado un fenómeno de autocensura en los medios. Esto evita la cobertura activa de estos temas como una forma de supervivencia y autoprotección.
Exigimos a las autoridades, mano firme y la garantía de que nuestra vida diaria y nuestro trabajo, cualquiera que sea, pueda desarrollarse en un ambiente de tranquilidad y paz.
Por lo anteriormente expuesto, presentamos el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Se solicita a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas que garantice las condiciones necesarias de seguridad de los habitantes de aquel estado. Asimismo a las Procuradurías Generales de Justicia de los estados de nuestra frontera norte que, en el ámbito de sus competencias, colaboren a garantizar la seguridad de sus respectivas entidades federativas.
Segundo.- Se solicita al ciudadano gobernador del estado de Tamaulipas que colabore, en el ámbito de sus atribuciones, a generar las condiciones de seguridad pública necesarias para la convivencia social.
Tercero.- Se solicita al secretario de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas que se sirva tomar las medidas necesarias a efecto de controlar la situación de desbordada inseguridad que impera en el estado.
Cuarto.- Se solicita al presidente municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que dentro del ámbito de su competencia garantice la seguridad pública de los habitantes, y
Quinto.- Se solicita a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Seguridad Pública que de manera solidaria continúe apoyando las labores de las autoridades locales en el estado de Tamaulipas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2006.
Dip. Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, CON RELACIÓN
AL CASO DEL CIUDADANO SUSUMU AZANO MORITORI Y LA EMPRESA DISEÑO
E IMPRESIONES, SA DE CV, A CARGO DEL DIPUTADO HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Hugo Rodríguez Díaz, miembro de la actual LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de las facultades y atribuciones señaladas en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables, presenta esta proposición de punto de acuerdo en relación con el caso del C. Susumu Azano Moritori y la empresa Diseño e Impresiones, SA de CV, acorde a las siguientes
Consideraciones
Primero.- Con fecha 6 de octubre de 2005, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de esta Cámara de Diputados el proyecto de punto de acuerdo presentado por el suscrito a fin de exhortar al Ejecutivo del gobierno del estado de Jalisco que se abstuviera de invitar a licitaciones estatales a una empresa y una persona de quienes se manejó información en el sentido que la empresa fue responsable de problemas técnicos encontrados en placas vehiculares de Jalisco.
Segundo.- Sin embargo, desde entonces he recibido información que es inconsistente con datos que originaron el proyecto de punto de acuerdo de referencia en los siguientes puntos centrales:
2.- Si bien es cierto que en el caso jurídico que se menciona existió, no ha sido posible determinar si en él existe sentencia firme que haya concluido señalando responsabilidad, absolviendo o sobreseyendo.
3.- No se ha podido determinar si los problemas técnicos y defectos en las placas vehiculares de la licitación que el proyecto de punto de acuerdo en comento fue responsabilidad o no de la empresa ganadora de la licitación de referencia.
Con base en lo dispuesto por los anteriores argumentos, pongo a consideración para su discusión y aprobación por esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- Con relación al proyecto de punto de acuerdo propuesto por el diputado Hugo Rodríguez Díaz y publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión con fecha 6 de octubre de 2005, ya que los datos que originaron el proyecto en mención son inconsistentes, se hacen las aclaraciones que aparecen en las consideraciones de este nuevo proyecto a fin de evitar una injusticia o un mal concepto en la imagen de la persona de Susumu Azano Moritori y la empresa Diseño e Impresos de Seguridad, SA de CV, las cuales se dejan a salvo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, en la fecha de su presentación.
Dip. Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SCT A REALIZAR UN PROYECTO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE Y DESARROLLO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, A CARGO DEL DIPUTADO
ÁNGEL PASTA MUÑUZURI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, Ángel Pasta Muñuzuri, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de la Cámara Diputados proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
El istmo de Tehuantepec es un corredor intermodal que cuenta con gran potencial de desarrollo y el mayor impacto social en la región.
Con el presente punto de acuerdo expongo que es necesario desarrollar e impulsar un sistema moderno de transporte de mercancías, integrado y multimodal, que fomente las actividades productivas de la región, y actúe como centro de producción, recepción y distribución de insumos y productos.
En la práctica de este proyecto se debe tener cuidado en la asignación de la inversión pública y privada, ya que con ello fortaleceremos la conectividad de la infraestructura de transporte en el istmo.
No se deben pasar por alto los acuerdos con las empresas navieras, con la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con los gobiernos estatales y los municipales, estos dos últimos para su debida promoción y apoyo del proyecto.
La Secretaría de Comunicaciones y Trasportes deberá hacer un estudio minucioso del proyecto, ya que debemos tener en la práctica mayor utilización de la capacidad de la infraestructura de transporte, debemos también contar con un sistema de información promocional.
Requeriremos el apoyo total de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que necesitaremos incentivos fiscales que consideren el establecimiento de nuevas industrias en el corredor transístmico, también un establecimiento de un corredor In Bond, que incluya el libre tránsito de mercancías en el corredor transístmico, sin revisiones aduanales, de igual forma, el transporte de mercancías en el corredor transístmico entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, sin el pago de impuestos por importación, y por supuesto de la aprobación de las asignaciones presupuestales requeridas para la consolidación del presente proyecto.
Si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realiza adecuadamente el proyecto, se generarán empleos y gran derrama económica, se favorecerá la integración de cadenas productivas, se apoyará el desarrollo de infraestructura industrial y urbana del sistema de ciudades, y se apoyarán las exportaciones; tendremos, además de todos los beneficios mencionados, alta participación de inversión de la iniciativa privada y social.
Por lo expuesto y con apoyo en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se propone a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que realice un estudio en materia de infraestructura de transporte y desarrollo del istmo de Tehuantepec, con la finalidad de fortalecer la competitividad entre las diferentes infraestructuras y servicios de transporte.
Segundo. Informe la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes a esta soberanía de las inversiones, de 2000 a 2005, de proyectos portuarios, ferroviarios y carreteros, donde contenga datos del istmo de Tehuantepec.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2006.
Dip. Ángel Pasta Muñuzuri (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO,
LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA Y LA PROCURADURÍA AGRARIA,
ATIENDAN LO RELACIONADO CON EL JUICIO DE LA PÉRDIDA DE HECTÁREAS
DE LA SUPERFICIE ORIGINAL DEL EJIDO "HOYO DEL AIRE", LOCALIZADO EN EL MINICIPIO
TARETAN, EN EL ESTADO MICHOACÁN, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS HERNÁN
SILVA VALDÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
2. Con este mismo propósito, la Procuraduría Agraria tiene como competencia y obligación: prevenir y denunciar ante la autoridad competente, las violaciones de las leyes agrarias para hacer respetar el derecho de sus defendidos, e instar a las autoridades agrarias al desempeño de las funciones a su cargo, y emitir las recomendaciones que considere pertinentes,
3. Por estas razones, la Procuraduría Agraria está obligada a denunciar el incumplimiento de las obligaciones, y responsabilidades de los funcionarios agrarios o de los empleados de la administración de justicia agraria, e investigar y denunciar los casos en los que se presuma la existencia de prácticas de acaparamiento o concentración de tierras, en extensiones mayores a las permitidas por la ley,
4. Igualmente, está obligada, a asesorar y representar a los agentes agrarios en sus trámites y gestiones, para obtener la regularización y titulación de sus derechos agrarios ante las autoridades administrativas o judiciales que corresponda,
5. Teniendo por obligación principalísima, asumir la defensa de los derechos de los sujetos agrarios, auxiliando a los actores para formular su demanda por escrito y darle el debido seguimiento hasta lograr una solución de las controversias suscitadas, apegada a estricto derecho,
6. Corresponde asimismo a la Procuraduría Agraria estudiar y proponer medidas encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica en el campo, actuando en todo momento como factor de equilibrio en las nuevas relaciones sociales y económicas entre los núcleos agrarios, el Estado y los particulares,
7. Por otra parte, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, PROCEDE, debe atender, voluntaria y gratuitamente y, a solicitud de parte, la libre decisión campesina de delimitación, destino y asignación de sus tierras,- y lo debe hacer con estricto respeto a la voluntad de los núcleos agrarios ejidatarios y comuneros, manifestada en sus asambleas, con la presencia de un fedatario público y con apego al marco jurídico-técnico establecido-,
8. Su objetivo principal es dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra a través de la entrega de certificados parcelarios y/o certificados de derechos de uso común, o ambos, así como de los títulos de solares, en favor de los individuos con derechos que integran los núcleos agrarios que así lo aprueben y soliciten,
9. Asimismo, promover entre los campesinos, garantizando la propiedad social, acciones orientadas al cuidado, conservación y mantenimiento de lo que legalmente es suyo, así como alentar la explotación racional de los recursos naturales, y fomentar el reconocimiento y respeto mutuo de la propiedad ajena, sobre una base de tenencia de la tierra plenamente definida,
10. Siendo las instituciones directamente responsables de su ejecución, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la Procuraduría Agraria (PA), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Registro Agrario Nacional (RAN) y otras diversas dependencias concurrentes de los tres ámbitos de gobierno, así como profesionistas privados tales como los fedatarios públicos y, de manera fundamental, los campesinos, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares PROCEDE debe constituir el instrumento idóneo básico e insustituible para llevar a cabo la regularización de la propiedad social, con el propósito de proteger y consolidar los derechos sociales de los campesinos mexicanos y sus familias, y así, otorgar certidumbre jurídica a la propiedad social y estimular la asociación productiva.
11. En consecuencia, los Tribunales Agrarios, tanto los Unitarios como el Superior, deben otorgar pleno valor probatorio a la Certificaciones de Derechos que este programa emita, pues siendo un documento público hace prueba plena.
12. En Michoacán, tanto el Tribunal Unitario Agrario Distrito XIX como la Procuraduría Agraria Delegación Michoacán, han actuado sistemáticamente de manera defectuosa, en particular en la solución de los conflictos tipificados como "focos rojos" y han permitido, con su ineficiente actuación, que controversias simples se eleven a esta peligrosa categoría,
13. En particular en el Municipio de Taretan, Michoacán, circunscrito al Noveno Distrito Electoral Federal, el Ejido "Hoyo del Aire" promovió JUICIO 202/98 sobre RESTITUCIÓN de 100-00-00 cien hectáreas, contra sedicente pequeño propietario que, indebidamente invadió, obteniendo un resolutivo absurdo y alejado absolutamente de la justicia de hecho, tanto como la de derecho.
14. En este caso, pese a la encomienda formal escrita que el ejido "Hoyo del Aire" hizo a la autoridad procuradora, ésta lo abandonó a su suerte irresponsablemente, pues nunca estuvo atenta a los términos y plazos procesales, ni se inconformó en tiempo y forma con la sentencia, perdiendo el núcleo agrario, tanto el recurso de revisión como, en su oportunidad, la protección del Juicio de Amparo.
15. Fundado en lo anterior, el 20 veinte de Octubre de 2004, el ejido "Hoyo del Aire" presentó QUEJA ADMINISTRATIVA en contra del personal de la Procuraduría Agraria Delegación Michoacán, en particular en contra del abogado asignado a la Residencia Uruapan, jurisdicción a la que corresponde el núcleo agrario quejoso, promoción a la que se dio número de registro 312/2004, y que a la fecha, inexplicablemente, no se ha sido resuelta.
16. Por su parte el Tribunal Unitario Agrario Distrito XIX, resolvió a favor de la actora, pero desechando la documental pública, representada por las certificaciones del PROCEDE y aceptando, sólo parcialmente, los peritajes que demostraban la invasión de la superficie tenida, desde siempre, como parte del núcleo agrario.
17. Este resolutivo reintegra al Ejido sólo 70-00-00 setenta hectáreas de las 100-00-00 cien hectáreas reclamadas en restitución, lo que representa una pérdida, de 30-00-00 hectáreas de la superficie original del núcleo agrario en cita.
18. En consecuencia, ambas autoridades son responsables, de la pérdida de superficie mencionada, pero lo es mayoritariamente la Procuraduría Agraria, por la irresponsabilidad y negligencia con las que atendió la encomienda que le fue dada, omitiendo utilizar las atribuciones e incumpliendo con las obligaciones que la Ley Agraria le tiene perfectamente ordenadas, tanto como el Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, específicamente en sus numerales 2o., 4o., 5o. y 19.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. Se exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo Federal para que en el marco de sus atribuciones y facultades, (1) solicite al Tribunal Superior Agrario y en particular al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Judicial XIX, actúen, con irrestricto apego al marco jurídico en vigor y con vistas a tornar realidad la justicia agraria para la que fueron concebidos; (2) reabra el viciado juicio cuya resolución lesiona severamente, no sólo al Ejido "Hoyo del Aire", del Municipio de Taretan, sino al elemental sentido de justicia, para que de su revisión se desprenda la justicia social que se espera de esta Institución.
SEGUNDO. En igual forma, a que ordene a la Secretaría de la Reforma Agraria, indemnice, en su caso, al Ejido "Hoyo del Aire", por los daños y perjuicios consistentes en la pérdida de más de 30-00-00 treinta hectáreas de su superficie original, ocasionados por la irresponsabilidad y negligencia de este organismo Procurador de Justicia Agraria.
TERCERO. Asimismo, a que se asegure de que la Procuraduría Agraria, cumpla cabalmente, con el mandato que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Ley Agraria, le ha impuesto en la prosecución de la justicia agraria, en particular para que la Delegación en Michoacán de este organismo público descentralizado, tenga un desempeño no sólo eficaz, sino honorable.
CUARTO. Y, a que instruya al Procurador Agrario para que, por conducto de la Dirección General de Quejas y Denuncias, dé inmediata solución, a la queja administrativa 312/2004 promovida, por dicho Ejido agraviado, contra del personal de la Delegación de esa Procuraduría en Michoacán.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 9 días del mes de febrero del año dos mil seis.
Dip. Carlos Silva Valdés (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL CONSEJERO PRESIDENTE DEL IFE A RENDIR UN INFORME ACERCA DE
LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL TRANSCURRIR LA VIGENCIA DEL ACUERDO DENOMINADO
"TREGUA ELECTORAL NAVIDEÑA", A CARGO DEL DIPUTADO JORGE LEONEL SANDOVAL
FIGUEROA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, interesado en que la democracia en nuestro país se consolide con transparencia y legalidad con rumbo al proceso electoral del 2006, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a los siguientes
Considerandos
En la democracia política del México actual, los partidos políticos juegan un papel fundamental, ya que a través de la historia de nuestro país han tratado de integrar a la mayor parte de la sociedad a través de sus principios ideológicos con el propósito de unificar al pueblo.
En este contexto, los partidos políticos que forman parte del sistema político mexicano o de la llamada caja negra de la teoría sistémica de David Easton, en la que los insumos o exigencias y necesidades de la sociedad se denominan imputs que dan la razón de ser al sistema político y se traduce en los productos, decisiones y acciones que se denominan outputs propiciando la retroalimentación del entorno reflejado en nuevas necesidades.
Los partidos políticos, conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre y secreto, por lo que los partidos políticos nacionales tienen derecho a participar en las elecciones.
Para la debida participación de los partidos en el proceso electoral es necesario brindar las condiciones políticas que generen una atmósfera social de imparcialidad por parte de las autoridades que se encuentran concluyendo el periodo de sus funciones y es a través del órgano público autónomo Instituto Federal Electoral que se regula la legalidad de los procedimientos implícitos en la sucesión de los cargos de elección popular.
Un caso de medidas dictadas por el Instituto Federal Electoral para garantizar el debido ejercicio de la democracia en México lo constituye el acuerdo dictado por el consejero presidente, doctor Luis Carlos Ugalde, a través del cual en ejercicio de sus atribuciones decretó establecer una tregua electoral que comprendía del 11 de diciembre de 2005 al 18 de enero de 2006, en la que los partidos políticos y sus candidatos aspirantes a la Presidencia de la República, suspenderían las campañas durante ese periodo.
Las limitantes consistieron en abstenerse de difundir mensajes publicitarios, mítines, realizar giras de trabajo, reuniones públicas, transmitir propaganda en prensa, radio y televisión, por considerar que al efectuarse esta suspensión de actividades proselitistas se favorecería a las condiciones que la sociedad demanda para brindar un clima de equidad que garantice a los partidos políticos el comienzo de las campañas de manera formal hasta el 19 de enero del presente año.
A su vez el Instituto Federal Electoral apercibió a los partidos políticos para que en caso de violar estas medidas se les sancionará, no obstante que este acuerdo denominado "Tregua navideña electoral" obedece a una determinación del Consejo General del organismo público autónomo y no así a una norma dictada por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, agregando el doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez que se estudia la posibilidad de castigar a los institutos políticos cuyos militantes sean funcionarios públicos y realicen actividades de proselitismo en el periodo referido, claro es fundando esta medida en criterios del propio instituto electoral y no así en derecho vigente.
Durante dicho periodo la sociedad dio cuenta de la efectividad o ineficacia del acuerdo de la tregua navideña, sin embargo el Instituto Federal Electoral es el órgano legitimado para dar a conocer a la población las cifras, las estadísticas, los casos y en su oportunidad el éxito o bien el fracaso del citado acuerdo con la finalidad de transparentar con base a la legalidad el debido cumplimiento de las medidas políticas adoptadas por el organismo constitucional facultado para dictar resoluciones de esa naturaleza aún sin contar con la legitimación que la ley brinda a un instituto para actuar en el modo que se conduce por conducto de su titular y consejero presidente, doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez.
Por tales consideraciones es que hago un llamado a esta asamblea de la Comisión Permanente para que se exhorte al Instituto Federal Electoral a informar públicamente a la sociedad sobre los resultados del acuerdo denominado "Tregua navideña electoral", a fin de que se ilustre la magnitud de sus bondades o bien de su ineficacia, así como las sanciones que al efecto resolvió aplicar conforme a derecho con la finalidad de brindar a la ciudadanía el animo de convicción de credibilidad en las instituciones políticas y sus representantes para beneficio del sistema electoral mexicano.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Que se realice una atenta y respetuosa exhortación al consejero presidente del Instituto Federal Electoral, doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, para que se sirva rendir un informe acerca de los resultados de legalidad y equidad obtenidos al transcurrir la vigencia del acuerdo denominado "Tregua navideña electoral", comprendido del 11 de diciembre de 2005 al 18 de enero de 2006.
Segundo.- Se mantenga informada a esta honorable Cámara sobre lo referente al punto anterior.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del mes de febrero de dos mil seis.
Dip. Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO AL
DERRAME DE COMBUSTÓLEO EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS,
MICHOACÁN, EL 25 DE ENERO DE 2006, A CARGO DEL DIPUTADO ADRIÁN
CHÁVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 25 de enero del presente año, en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se dio una fuga de combustóleo, en este caso generado por labores de trasvase del buque tanque Tolteca, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex), provocando el derrame de más de 15,000 litros de combustóleo. El material tenía como destino la empresa Mittal Steel. A la fecha, las aguas marinas del puerto muestran la presencia del combustible en toda su superficie y en la bocana por donde acceden los barcos. En el recorrido que hicieron diversas autoridades en la dársena portuaria se comprobó que la recuperación fue de 150 barriles de combustóleo, y que el derrame se debió a una avería en la válvula de la tubería del muelle.
Las consecuencias del derrame se percibían en otros puntos distantes del lugar del accidente, siguiendo la corriente casi imperceptible del río hacia el canal de navegación, que se observa en las orillas donde algunos arbustos muestran la costra negra de chapopote, la cual dimensiona el alcance de la descarga. Esto es lo que se observa en la superficie, pues se considera que en el fondo marino existe combustóleo, que no se puede rescatar.
Adicionalmente, en las labores de recuperación del material derramado, al parecer se usó una barrera angosta y con ello no se logró contener el derrame fuera de la barrera, por lo que quedó fuera de control. A este combustóleo se le adicionó un material que favorece que el combustóleo o chapopote se concentre en forma granulada para que se precipite al fondo marino, por lo que debe verificarse que su aglutinación no llegue a convertirse en una nueva carga contaminante para la flora y fauna marinas.
Sobre lo acontecido, la Secretaría de Marina-Armada de México hizo llegar un comunicado, en donde se destaca: "Aceptando que se procedió a la ejecución del plan local de contingencia para prevenir y controlar derrames de hidrocarburos u otras sustancias nocivas al mar, efectuando estos trabajos en conjunto Capitanía del Puerto, Secretaría de Marina, Apilac y Pemex; y, por el sector privado, Mittal Steel y Cobalsa, agregando que continuarán esos trabajos de limpieza hasta terminar de limpiar el área afectada. Concluyendo que los daños fueron mínimos, quedando limpias las aguas del recinto portuario y de la costa en la desembocadura del río Balsas".
En el informe de la jefa del Departamento de Ecología Municipal de Lázaro Cárdenas se asienta que la Profepa acudió el día de los hechos para inspeccionar, y considerar que la empresa responsable de los daños es Corporación del Balsas (Cobalsa), que se supone es una empresa que representa tanto a Sicartsa como a Mittal Steel en las maniobras portuarias. Esta empresa recibirá un resolutivo de la Profepa en el transcurso de una semana, teniendo la parte responsable otra semana para responder y en alrededor de tres a cuatro semanas se tendrían resultados del estudio de daños por parte de un empresa experta en la materia y contratada por la propia empresa responsable, Cobalsa.
Cabe destacar que no es la primera vez que esto acontece en las costas mexicanas y en específico en las del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, generando problemas ecológicos muy graves para la zona, y en específico para la población que vive a las orillas.
Debemos hacer notar que esta comunidad se mantiene en gran medida de la pesca, pero con problemas de contaminación que afectan los recursos pesqueros se genera un problema enorme, pues el nivel de ingresos de los pescadores se ve mermado, aumentando los riesgos de salud en la población involucrada.
A esto, es importante mencionar que existen por parte de la ciudadanía de Lázaro Cárdenas reclamos de poco apoyo por las instituciones responsables. Con ello se cultiva un conflicto social, a lo cual se debe dar atención inmediata.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que verifique el debido cumplimiento de la normatividad ambiental por Pemex y demás empresas involucradas con relación al derrame de combustóleo del 27 de enero en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Asimismo, para que la Semarnat coordine que se instrumenten medidas correctivas con relación al grave deterioro ambiental de la zona, así como las acciones encaminadas a reparar los perjuicios causados y a aportar los recursos necesarios para subsanar el quebranto económico causado a los pescadores del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Segundo. Se integre un grupo de trabajo con diputados y diputadas de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Comisión de Pesca de la H. Cámara de Diputados para visitar la zona afectada, con objeto de conocer directamente los daños causados y los mecanismos de solución a la problemática referida.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2006.
Dip. Adrián Chávez Ruiz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR
LA RECLASIFICACIÓN DE LA TARIFA ELÉCTRICA DE LA 1D A 1E,
PARA EL CONSUMO DE USO DOMÉSTICO EN LA CIUDAD DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS,
A CARGO DEL DIPUTADO ÉRICK AGUSTÍN SILVA SANTOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Érick A. Silva Santos, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a adoptar las medidas necesarias a efecto de reclasificar la tarifa eléctrica en la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, para el consumo de uso doméstico de la 1D a la 1E, al tenor de los siguientes
Considerandos
Las demandas más sentidas y reiteradas de la sociedad, y sobre todo de quienes habitamos en zonas extremadamente cálidas del país, ha sido la solicitud de tarifas eléctricas más bajas, especialmente cuando el intenso calor nos obliga a utilizar aparatos eléctricos, que representan 80 por ciento del consumo eléctrico total, como es el caso de la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, donde el clima extremoso en la temporada de verano oscila entre 35 y 40 grados centígrados.
Sabemos y entendemos los rezagos en tarifas acumulados por años, y de los altos costos de mantenimiento de las fuentes que generan electricidad. Pero no aceptamos los supuestos beneficios para las zonas cálidas, toda vez que en el norte del país la mayoría de las regiones son de clima extremo, o muy fríos o extremadamente cálidos, sin embargo, el costo por el servicio eléctrico es cada vez más caro e incosteable.
La decisión del Gobierno Federal de reducir el subsidio a las tarifas domésticas, tal como se estableció en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2002, dio como resultado un nuevo incremento de las tarifas eléctricas, sobre todo en las regiones más cálidas de nuestro estado.
El rango de consumo medio de energía eléctrica requerido para proporcionar las condiciones razonables de comodidad que demandan las necesidades de la vida moderna, necesidades que están presentes en los hogares al margen de que se cuente o no, con débiles ingresos y, por tanto, la elevación en el costo de facturación de energía eléctrica ha erosionado las economías familiares de la mayor parte de la población a lo largo de los últimos años.
Tal elevación afectó severamente a un segmento de la población con incrementos en la facturación del orden de 100 por ciento, introdujo una estructura tarifaria sumamente complicada, inicua y falta de lógica, ya que una pequeña variación en el consumo de energía da lugar a cambios desproporcionados en la facturación.
La situación anterior es particularmente grave para los usuarios que habitamos localidades con climas extremosos, que obligan a un mayor consumo de energía eléctrica, situación reconocida desde el año de 1973, en que la CFE estableció la primera tarifa estacional (1A). En estos casos, las tarifas estacionales, establecidas después en el acuerdo de febrero de 2002, además de presentar cargos elevados, los incrementos respecto a los cargos anteriores fueron mayores en temporada de verano que en temporada fuera de verano, apartándose del criterio aplicado en los acuerdos anteriores referentes a tarifas estacionales de "brindar protección a los usuarios que habitamos en localidades que afrontan condiciones climáticas particularmente altas".
Un reconocimiento implícito de que un tratamiento equitativo es reconocer las diferencias climáticas que implican mayor consumo de energía eléctrica lo representa el hecho de que la clasificación actual de tarifas estacionales para servicio doméstico considera menores cargos a temperaturas ambientales mayores porque a mayor temperatura, también se requiere mayor consumo de electricidad.
En H. Matamoros, Tamaulipas, contamos actualmente con la tarifa 1D, la cual se asigna a ciudades con temperatura media mínima en verano de 31 grados centígrados cuyo limite por mes es de 1000 kilovatios hora. Y solicitamos la tarifa 1E, asignada a ciudades cuya temperatura media mínima en verano es de 32 grados centígrados, pero con la diferencia de que el limite de consumo por mes es de 2000 kilovatios hora. Por ello solicitamos dicha reclasificación, por ser un solo grado de temperatura la diferencia. Además, dicha tarifa 1E está establecida en ciudades muy cercanas a Matamoros, como es el caso de Río Bravo y Reynosa, Tamaulipas.
Por citar un ejemplo: durante los meses de julio y agosto de cada año tenemos una temperatura promedio por arriba de 40 grados centígrados y una humedad relativa promedio de 70 por ciento; esto eleva considerablemente la temperatura registrada. Las condiciones climáticas nos hacen consumir más electricidad por habitante que en zonas templadas.
En la sociedad matamorense es manifiesta la preocupación bimestral que sufrimos a causa de la alta tarifa eléctrica existente. En este sentido, debemos tomar en cuenta que a muchas familias matamorenses se les hace algunas veces imposible solventar su consumo energético, toda vez que la facturación es demasiado alta. En ocasiones tienen que definir: comprar el medicamento para el hijo enfermo, pagar la educación de los hijos o, más aun, dar de comer a la familia o pagar el recibo de la luz.
Por lo anterior, me permito poner a la alta consideración de este honorable Pleno el siguiente punto de acuerdo, de urgente resolución:
Primero. La honorable Cámara de Diputados se pronuncia en favor de reclasificar las tarifas eléctricas de la ciudad de H. Matamoros Tamaulipas, para el consumo de uso doméstico, de la 1D a la 1E.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta al jefe del Poder Ejecutivo federal a que, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, y de Economía a efecto de que, con fundamento en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, proceda a la reclasificación de las tarifas de electricidad para uso doméstico en la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas.
Dip. Érick A. Silva Santos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A
INVESTIGAR LA INCLUSIÓN DE 600 SERVIDORES PÚBLICOS EN LOS
TRES NIVELES DE GOBIERNO COMO BENEFICIARIOS EN EL PADRÓN DEL PROGRAMA
OPORTUNIDADES EN MICHOACÁN, A CARGO DE LA DIPUTADA CRISTINA PORTILLO
AYALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada federal Cristina Portillo Ayala, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En días pasados, el coordinador del programa Oportunidades en el estado de Michoacán, David Niño Zavala, denunció públicamente que durante los últimos tres años la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social favoreció a seiscientos servidores públicos de los tres niveles de gobierno, al incluirlos ilegalmente en el programa Oportunidades.
La inclusión indebida de los seiscientos servidores públicos en el padrón del programa se detectó, según el funcionario, al realizar por primera vez una revisión "a fondo" de los expedientes de seis mil beneficiarios y efectuar la confronta con los padrones del ISSSTE.
Estos hechos son sumamente graves y exigen una investigación profunda. No sólo porque implican actos y omisiones violatorios de los principios legalidad, honradez y eficacia que rigen en el servicio público y que, como consecuencia, demandan ser sancionados.
Sino sobre todo, porque hacen evidente la ineficacia de las reglas de operación del programa Oportunidades, para evitar la utilización y desvío de recursos públicos del desarrollo social como instrumentos de captación de votos o de apoyo político-electoral.
Durante toda su gestión, la ex titular de la Sedesol, Josefina Vázquez Mota se comprometió a fortalecer las acciones de blindaje para garantizar que ningún programa fuera utilizado con fines electorales.
Una de estas medidas consistió precisamente en invertir suficientes recursos para garantizar padrones de beneficiarios transparentes y confiables.
En este rubro, durante dos mil seis, la Coordinación Nacional del programa Oportunidades ejercerá más de ochocientos millones de pesos sólo para levantar encuestas y realizar el proceso de recertificación; es decir, comprobar que los beneficiarios de Oportunidades siguen siendo pobres.
Entonces, cómo explicar que al revisar un pequeño universo de seis mil expedientes en el estado de Michoacán, se descubrieran ilegalmente incluidos a seiscientos servidores públicos y dado de baja a un total de cuatro mil doscientas familias que no cumplían con las características del programa.
La respuesta es evidente, manipulación del padrón de beneficiarios del programa Oportunidades de acuerdo con preferencias o fines políticos.
Y hoy existe el riesgo inminente de que la administración de Vicente Fox utilice estos padrones de beneficiarios de los programas sociales federales para apoyar las campañas de los candidatos de su partido político.
O que desde su nueva posición de coordinadora de campaña, Josefina Vázquez Mota, utilice información confidencial de la Sedesol para favorecer a la candidatura de Felipe Calderón.
Los programas sociales y su blindaje deben ir más allá de las instituciones, de un proceso sexenal, de un equipo, de un gabinete o de un titular, porque de ellos depende el acceso del pueblo de México al desarrollo social. Y como representantes populares, los diputados tenemos la obligación de estar atentos a cualquier tipo de desviaciones que se dé al respecto.
La razón es que cada vez son más sofisticados los mecanismos de compra y coacción del voto, los métodos de operación de algunos partidos políticos y el uso o desviación de esos recursos públicos.
En vista de las consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que investigue la posible comisión de delitos y responsabilidades administrativas por la inclusión ilegal de seiscientos servidores públicos de los tres niveles de gobierno, como beneficiarios, en el padrón del programa Oportunidades en el estado de Michoacán.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión instruye a la Comisión de Vigilancia a que solicite a la Auditoría Superior de la Federación la realización de una auditoría a la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, para que verifique la existencia o no de errores de inclusión dentro del padrón del programa Oportunidades a nivel nacional, como los detectados en el estado de Michoacán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del mes de febrero de dos mil seis.
Dip. Cristina Portillo Ayala (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A LIBERAR LOS RECURSOS APROBADOS EN EL
EJERCICIO FISCAL DE 2005 EN EL RAMO CARRETERO PARA COAHUILA, Y HACER OPORTUNA
ENTREGA DE LOS CORRESPONDIENTES A 2006, A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA ELENA
MARTÍNEZ RIVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la de la voz, diputada Laura Elena Martínez Rivera, del grupo parlamentario del PRI, presenta a esta H. soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución.
Exposición de Motivos
La infraestructura carretera es sin duda uno de los pilares del desarrollo del país; ha sido tema de los debates y negociaciones principales que año con año hacemos los diputados, y compromiso prioritario de todos lo gobiernos estatales.
El Gobierno Federal ha anunciado durante los cinco años de su función el proyecto carretero estratégico, el cual impacta la mayor parte del territorio nacional, en el que participan los estados de la Federación, el sector social y el privado, y otros sectores estratégicos de nuestra nación.
Sin embargo, año con año hemos constatado la pérdida presupuestal de inversión federal en este ramo, a pesar de los discursos e imágenes mediáticos del Ejecutivo federal. En el proyecto de Presupuesto 2006, para construcción y modernización de carreteras el Ejecutivo federal propuso 4 mil 877.2 millones de pesos, y la Cámara de Diputados le adicionó 7 mil 611.6 millones; y para carreteras rurales y alimentadoras el Ejecutivo federal propuso mil 255.6 y esta soberanía le asignó 5 mil 601.6 millones más.
Se ha mantenido una política de retención desde el Presupuesto de 2004, el cual en los primeros seis meses sólo se había ejercido en el ramo de construcción de carreteras 29 por ciento del presupuesto aprobado. Para el Presupuesto de 2005, en el periodo enero-agosto se había ejercido sólo 46 por ciento -datos de la propia Secretaría.
El 14 de julio de 2004, todos los miembros de la Comisión de Comunicaciones de la H. Cámara de Diputados presentaron un punto de acuerdo a esta soberanía para que se ejerciera con oportunidad el presupuesto carretero de 2004, ya que se observaba un subejercicio en el ramo. Para el ejercicio presupuestal de 2005, se mantienen retenidos cerca de 4 mil millones de pesos por el Ejecutivo federal.
Mi estado, Coahuila, que participa en el programa carretero estratégico, no ha recibido en la totalidad los recursos para el tramo correspondiente de la carretera Zacatecas-Saltillo, aprobados en 2005. Por ello se hace necesario exigir al Ejecutivo federal que, más allá de su proselitismo partidista, se ocupe de terminar aquello en lo que nos hemos comprometido todos, el Poder Legislativo, los gobiernos estatales y el Ejecutivo federal.
Por lo anterior presento el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a la inmediata liberación de los recursos aprobados y comprometidos para el ejercicio fiscal de 2005 en el ramo carretero, y a la oportuna entrega de aquellos para el ejercicio fiscal de 2006, del estado de Coahuila.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2006.
Dip. Laura Elena Martínez Rivera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL
COMERCIO INFORMAL Y AMBULANTAJE EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO,
METRO, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados federales e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En lo que va del sexenio, la situación económica de las familias mexicanas ha venido mermando con el fracaso del sistema económico neoliberal. Ante esa realidad y por la falta de empleos remunerados y la pérdida de los mismos, miles de personas se han visto en la necesidad de sumarse a las filas del comercio informal para poder de alguna manera subsistir y subsanar las necesidades primordiales de sus familias.
Tal es el caso de una comerciante en el Metro, doña Refugio, quien fue jubilada por accidente y actualmente tiene 58 años de edad, la cual no conseguido trabajo desde hace varios años y actualmente compra dulces de producción mexicana para venderlos en los vagones del Metro y así poder llevar algunos pesos extra a su casa. Pero en días pasados, con la aplicación de la Ley de Cultura Cívica, fue detenida y retirada de una estación del Metro. Lo grave resultó que en su detención hubo abuso de autoridad, uso desmedido de la fuerza, y vejación de sus derechos humanos y constitucionales. Ese trato impera con la policía que labora en el Metro. Cabe destacar que ella no vende piratería, ni productos ilegales: vende productos nacionales.
Si bien es cierto que la ley prohíbe el ambulantaje en el Metro, la misma no permite la violación de los derechos humanos y constitucionales. El objetivo de la ley es prevenir y castigar los delitos, pero no puede haber una homologación entre asaltantes y vendedores, no debe haber una criminalización de la pobreza en nuestro país.
Por lo anterior consideramos los siguientes argumentos:
2. Que los pocos empleos que se generan en nuestra sociedad son por lo común pésimamente remunerados, y que se ha venido perdiendo el poder adquisitivo de la clase trabajadora de manera alarmante a partir de 1978.
3. Que en estas circunstancias, muchísimas familias han tenido que recurrir al comercio en pequeña escala (entre otros lugares, en las redes del Metro) para poder generar un ingreso digno para que sus familias puedan subsistir.
4. Que si bien dicha acción corresponde a una falta administrativa, es inadmisible que pueda ser tratada como un delito y perseguida en la forma en que actualmente se realiza, ya que el Estado debe aceptar su corresponsabilidad al ser incapaz de ofertar alternativas de otra naturaleza a las familias que así se ven obligadas a subsistir.
5. Que en el marco de la agudización de la persecución de quienes ejercen el comercio en el Sistema de Transporte Colectivo, Metro, se han violentado los derechos humanos y las garantías individuales de quienes ejercen esta labor, generando un caldo de cultivo que en cualquier momento puede derivar en enfrentamientos de proporciones peligrosas.
Primero. Conforme al Pacto Federal y total respeto de la división de poderes, se exhorte al Gobierno del Distrito Federal a que gire las instrucciones pertinentes para que las sanciones correspondientes a quienes ejercen el comercio en el STC Metro sean realizadas con apego a derecho y en estricta vigilancia del respeto de los derechos humanos y las garantías individuales de quienes ejercen esta labor.
Segundo. Se exhorte al Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa para que de inmediato se entable una mesa de negociación y acuerdos con los representantes de las agrupaciones que ejercen el comercio en el SCT Metro, a razón de que se puedan lograr algunos acuerdos mínimos que tiendan a resolver y, en su caso, regularizar este conflicto latente.
Palacio legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2006.
Diputados: Emiliano Ramos Hernández (rúbrica),
Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Inti Muñoz Santini
(rúbrica), Eliana García Laguna, Alfonso Ramírez Cuéllar.
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL ATAQUE
A PESCADORES POR MARINOS EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN, A
CARGO DEL DIPUTADO ADRIÁN CHÁVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, diputado federal e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones.
La problemática del sector pesquero cada día es más grave, la falta de apoyos de los gobiernos federal, estatal y municipal lleva consigo que miles de familias se encuentren en la extrema pobreza, sin posibilidades de salir adelante.
Conforme el Estado fue abandonando su papel de rector de la economía, eliminó de sus prioridades la atención a la pesca: cerró el banco de fomento cooperativo, vendió las plantas procesadoras de productos del mar, su comercializadora nacional, desapareció la Secretaría de Pesca. Esto denota el constante golpeteo y la agresión directa contra las comunidades pesqueras, que desde hace 20 años no han recibido apoyo alguno, lo cual obliga a la manifestación de la inconformidad; es intolerable que las comunidades luchen por mejorar sus condiciones de vida y el estado solamente da respuestas negativas.
En días pasados elementos de la Secretaría de Marina de México estuvieron a punto de originar una tragedia al confundir a cuatro pescadores de Yucatán con narcotraficantes, por lo que dispararon varias ráfagas de R-15 e incluso perforaron el motor y diversos puntos de una embarcación civil.
Cabe hacer notar que el personal naval vestía ropa de civil y sólo uno portaba el uniforme reglamentario.
Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del arrecife conocido como Alacranes, en la zona correspondiente a Isla Pérez, al norte del litoral de Yucatán, frente a las costas del municipio de Progreso.
Los trabajadores del mar, originarios de la comisaría de Chicxulub Puerto, denunciaron ante el Ministerio Público federal que, sin advertencia y sin identificación, los que resultaron ser marinos navales se presentaron en una lancha rápida y comenzaron a disparar contra el barco pesquero, además de los disparos y una persecución en mar abierto, una vez emparejados, los marinos embistieron a los pescadores y finalmente realizaron el abordaje, para después someterlos y con golpes e injurias llevarlos "arrestados", privándolos ilegalmente de su libertad durante más de cinco horas, hasta liberarlos luego de confirmar que no cometieron ningún delito.
En la detención hubo una clara violación a los derechos humanos y a las garantías constitucionales.
Resulta muy grave que además hayan sido presentados ante el Instituto Nacional de Migración como cubanos por la falta de identificaciones, a lo cual las autoridades del Instituto Nacional de Migración declararon: cito textualmente "Cómo van a ser cubanos si se ve que son mayas".
El comandante de la V Región Naval Militar Martín Fernández Setina, argumentó que la embarcación sí tiene impactos de bala pero no coinciden con los usados por ellos, y nuevamente cito textualmente "si la lancha tiene agujeros ellos se los hicieron", lo cual demuestra la serie de incongruencias e incoherencias en las declaraciones de los responsables de la detección, por que de haber sido cierto hubieran sido procesados por la potación ilegal de armas, ya que los impactos son de R-15, arma de uso exclusivo del ejercito, y no existen evidencias de intercambio de disparos.
Por lo anterior someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Conforme al Pacto Federal y total respeto a la división de poderes se exhorte al gabinete de geguridad nacional aclare la situación sobre dicho incidente y procure actuar con mesura y prudencia en estos casos.
Segundo.- Se exhorte a la Procuraduría General de la República a iniciar una investigación a fondo sobre lo acontecido, y deslinde responsabilidades contra los autores de la detención, a fin de reparar el daño causado contra el patrimonio de los afectados.
Tercero.- Se exhorte al Ejecutivo federal a implementar programas sociales y proyectos productivos, que permitan resolver la problemática de las comunidades pesqueras en las costas mexicanas.
Dip. Adrián Chávez Ruiz
El que suscribe, Omar Bazán Flores, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracciones III y XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente de esta Presidencia tenga a bien formular una primera excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Publico al tenor de las siguientes
Consideraciones
2.- Señalando esta misma la problemática suscitada a raíz de la crisis de 1994, en la cual miles de familias que habían adquirido una casa habitación mediante crédito hipotecario u obtenido un préstamo dando como garantía su casa, sufrieron un incremento en las tasas de la deuda contratada, por lo que se vieron imposibilitados para cubrir los pagos del principal y de los intereses.
3.- Hago mención que dichos inmuebles son trasladados al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes por mandato de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes, el cual procede a su enajenación a través de licitaciones, subastas o remates; sin embargo, por razones de eficiencia mercadotécnica, el SAE ha optado, en la mayoría de los casos, por ofertar los bienes en paquete, lo que impide que los propietarios originales oferten para recuperar su propiedad.
4.- Por otro lado, hago hincapié en la importancia que implica otorgar derecho de preferencia a quienes perdieron su casa habitación o su empresa durante la crisis bancaria de 1995, ya que esta medida les permitirá recuperar su patrimonio, máxime si se considera que la vivienda es uno de los bienes más preciados de la persona y su familia.
A los 9 días del mes de febrero de 2006.
Dip. Omar Bazán Flores