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DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA
DE DIPUTADOS, A LA PRIMERA SESIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO
DE LA LIX LEGISLATURA
Que reforma el numeral 2 del artículo 178 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Con punto de acuerdo, sobre la muerte del mexicano Ismael Segura Méndez.
Honorable Asamblea:
A la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen respectivo la proposición con punto de acuerdo suscrita por las diputadas Blanca Gámez Gutiérrez, Adriana González Carrillo y Guadalupe Suárez Ponce, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que la Comisión Permanente celebra las candidaturas de mujeres en el mundo.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo I, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Segunda Comisión que suscriben sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 18 de enero de 2006, las diputadas Blanca Gámez Gutiérrez, Adriana González Carrillo y Guadalupe Suárez Ponce presentaron una proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente celebra las candidaturas de mujeres en el mundo.
En la misma sesión, la Presidencia acordó que se turnara la proposición a la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
Los suscritos, diputados y senadores integrantes de la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procedimos a la elaboración del presente dictamen, con base en las siguientes
Consideraciones
En un significativo reporte, de junio pasado, del Comité para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se hace mención a que aún persiste la subrepresentación de las mujeres en los cargos de elección popular.
En términos de representación popular por la vía electoral, la situación de la mujer en el mundo, en general, sigue siendo muy precaria. Según información reciente de la Unión Interparlamentaria (septiembre, 2004), existen 6,388 mujeres parlamentarias en todo el mundo, contra 34,911 hombres en funciones parlamentarias; esto es, que la participación total de las mujeres en todo el orbe es de 15.5% únicamente.
La transición democrática en México ha considerado, sin duda, a las mujeres y como muestra basta la comparación entre el promedio de representación de las mujeres en las Cámaras bajas en Europa con el de México. La LIX Legislatura de la Cámara de Diputados tiene una importante representación femenina de 114 legisladoras, lo cual representa más del 22% del total de legisladores. En el listado europeo, México se ubicaría por encima de países como Italia, Francia, Irlanda, Hungría, Reino Unido, Portugal y otros que no consiguen esa representación femenina.
Este aumento ocurre luego de que en México se aplica una ley de cuotas a favor de la equidad de género que impide a los partidos políticos otorgar más allá del 70% de candidaturas a aspirantes del mismo sexo. Por tanto, esta Legislatura es la de mayor participación femenina en la historia de México, pues representa el máximo alcanzado, luego del 17% logrado en la LVIII Legislatura.
El debate entre si las cuotas convienen o no al menos ha ayudado a pensar en las mujeres como profesional y políticamente capaces de ocupar puestos de elección popular y ha advertido a la población del problema de iniquidad que enfrentan las mujeres en el acceso a su plena participación política.
La aceptación que hoy existe en América Latina en torno a las cuotas de género encuentra reflejo en encuestas realizadas en varios países de Latinoamérica, entre ellos México, las cuales revelan que dos terceras partes de la población considera que las cuotas son, en general, benéficas para el continente.
Aunado a esto, la mayor parte de la opinión pública de la región, el 57% (encuesta Gallup e Inter-American Dialogue, 2002), apoya la idea de que se incremente la presencia de mujeres en cargos públicos, puesto que consideran que las mujeres son más honestas, capaces y eficientes para manejar adecuadamente los asuntos públicos, ya sea en materia económica, de educación, salud, lucha contra la corrupción, combate a la pobreza o protección del medio ambiente.
El derecho a voto de la mujer en América Latina llegó de manera dispar. En Argentina se consiguió, tras largas luchas, en 1947. En Brasil se obtuvo la facultad de votar a las mujeres en 1932, mismo año en que Costa Rica la implementó. En Guatemala sólo se otorgó este derecho en 1945 a las mujeres que sabían leer y escribir. No fue sino hasta 1965 que el voto femenino se extendió también a las analfabetas. En el caso mexicano, sin embargo, es bien sabido que en el año de 1953 las mujeres ejercieron por primera vez su derecho al voto.
Actualmente, a pesar de que aún queda mucho por hacer en materia de participación femenina en los cargos políticos, el momento histórico favorece a las mujeres de nuestra región.
Latinoamérica afronta 2006 como el año de las elecciones presidenciales en Chile, Haití, Costa Rica, Perú, Colombia, Venezuela, México y Nicaragua. Parlamentarias en la mayoría de las citadas y en El Salvador y República Dominicana. Dentro de estas elecciones presidenciales. Se destacan la presencia de mujeres candidatas en Chile y Perú.
Michelle Bachelet, candidata electa a la Presidencia de la República de Chile por la Concertación por la Democracia; Lourdes Flores Nano, candidata a la Presidencia de la República del Perú por el Partido Unidad Nacional; Laura Chinchilla, quien aspira a la Vicepresidencia de Costa Rica por el Partido Liberación Nacional; Ángela Merkel, canciller alemana, y Ellen Johnson Sirleaf, primera mandataria de Liberia, son el claro ejemplo de que las mujeres tienen el talento y la capacidad para contender a tan altos cargos.
Por ejemplo, Laura Chinchilla candidata a la Vicepresidencia de Costa Rica, tiene una amplia trayectoria política, pues ha fungido como investigadora, diputada y ex ministra de Seguridad de dicha nación. Igualmente, Lourdes Flores Nano, candidata a la Presidencia del Perú, fue regidora de la municipalidad de Lima y diputada en varias ocasiones.
La transformación democrática es inexorable, pues hoy en día las mujeres sin necesidad de valerse de recursos familiares o afectivos, sino por su propia trayectoria y el excelente desempeño de sus encargos, han logrado alcanzar las más altas representaciones de su país.
Tales designaciones para las candidaturas anteriormente mencionadas son motivo de celebrar, ya que como conquista democrática y de equidad, las mujeres finalmente comienzan a posicionarse como una opción política real en pos de un mundo más incluyente, justo y plural. Las mujeres tenemos derecho de acceder a los puestos de toma de decisión en virtud de que dichas determinaciones traen sus consecuencias por igual en hombres y mujeres; por tanto, resulta indispensable que el género femenino cuente con la representación que se merece.
En razón de lo anterior, los suscritos, integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión celebra las candidaturas de mujeres a las Presidencias de sus países en Latinoamérica y en el mundo, por considerar tales como una conquista democrática, justa y equitativa en el reconocimiento pleno de los derechos políticos de las mujeres.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su beneplácito por el triunfo de Michelle Bachelet en la elección a la Presidencia de la República de Chile, país con el que sostenemos una alianza estratégica.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los partidos políticos a que continúen impulsando los cambios que permitan la promoción de una mayor participación política de la mujer.
Salón de Comisiones del H. Congreso de la Unión.- México, DF, a 25 de enero de 2006.
La Segunda Comisión
Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Dip. Sofía Castro Ríos (rúbrica), Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, secretarios; Dip. Julián Nazar Morales, Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Sen. José Alberto Castro Castro (rúbrica), Sen. José Antonio Aguilar Bodegas, Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Gloria Lavara Mejía.
(Aprobado; comuníquese. Enero 25 de 2006.)
DE LA SEGUNDA COMISIÓN, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y RESPONSABILIDAD, INVESTIGUE A FONDO LA FALSIFICACIÓN DE TÍTULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PROFESIONALES
Honorable Asamblea:
A la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen respectivo, la proposición con punto de acuerdo suscrita por los diputados Inti Muñoz Santini, Salvador Pablo Martínez Della Rocca e Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que la Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en el ámbito de su competencia y responsabilidad, investigue a fondo la falsificación de títulos y certificados de estudios profesionales.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Segunda Comisión que suscriben, sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 18 de enero de 2006, los diputados Inti Muñoz Santini, Salvador Pablo Martínez Della Rocca e Iván García Solís, presentaron una proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en el ámbito de su competencia y responsabilidad, investigue a fondo la falsificación de títulos y certificados de estudios profesionales.
En la misma sesión, la Presidencia acordó se turnara la proposición a la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
Los suscritos, diputados y senadores integrantes de la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, procedimos a la elaboración del presente dictamen con base en las siguientes
Consideraciones
La semana pasada, la falsificación de títulos y certificados profesionales de estudios volvió a ventilarse ante la opinión pública, cuando la Secretaría de Educación Pública admitió la existencia al interior de esta dependencia de mafias dedicadas a la venta de documentos apócrifos y que por ese motivo ha presentado ante la Procuraduría General de la República 2 mil 10 denuncias de 2002 a la fecha.
Lo sorprendente del caso, es que autoridades de la SEP reconozcan estar perfectamente enteradas del mercado negro de documentación falsa y de la existencia de una red de falsificadores que ha venido operando en los tres últimos años y continúe haciéndolo hasta la fecha. Cabe preguntar, entonces, ¿qué ha hecho la autoridad educativa para impedirlo o desbaratar esa red de falsificadores?
El propio vocero de la dependencia, David Torres, declaró en un noticiero radiofónico que han detectado a personas que dentro de las mismas oficinas de la dependencia negocian la expedición de títulos de instituciones públicas y privadas.
Adicionalmente, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que en los últimos cinco años ha detectado mil 53 documentos apócrifos y presentado igual número de demandas ante las autoridades penales correspondientes.
A partir de la información publicada en diversos diarios nacionales, se puede establecer que la falsificación de títulos y certificados de estudios va en aumento y ha alcanzado dimensiones graves, pues hasta se ofrecía vía Internet el "paquete académico" completo.
Es decir, la venta del título de licenciatura incluía el de preparatoria o bachillerato, carta de examen profesional, certificado de estudios, historial académico, liberación del servicio social y hasta la credencial de la institución educativa.
Esto puede hacer presumir o establecer sospecha fundada que la red de falsificadores opera en contubernio con servidores públicos de la SEP o de otras dependencias educativas, pues la elaboración de los diversos documentos previos a la obtención de un título o certificado y la expedición de los mismo, requieren información contenida en las bases de datos o en los sistemas informáticos de las dependencias e instituciones educativas.
Si bien es cierto que los vendedores de títulos falsos excluían los de medicina y los de aquellas profesiones que ponen en riesgo la salud humana, tampoco se puede descartar que no hayan vendido documentos de esas profesiones o de otras que ponen en peligro el patrimonio o la integridad física de la población como son las de contaduría, ingeniería, arquitectura, piloto aviador, abogado, etcétera.
Y aún cuando los títulos falsos detectados corresponden en su mayoría al nivel de bachillerato, se han dado casos de títulos profesionales de otros niveles, particularmente de licenciatura y hasta postgrado.
La falsificación de documentos en general es un delito sancionado en el Código Penal Federal con prisión y multa económica, pero tratándose de documentos públicos, como es el caso que nos ocupa, las penas son más severas. El artículo 243 de ese ordenamiento penal señala que se castigará con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa. Y si el falsificador es un servidor público la pena de que se trate, se aumentará hasta en una mitad más.
Es de destacar que la falsificación de títulos y certificados de estudios además de ser un delito, tiene un efecto colateral negativo como es la afectación o el perjuicio que causa a la sociedad, al Estado o a un tercero, así como a la reputación de las instituciones de educación y a ésta misma.
Es cierto que los avances de la tecnología hacen más practicable la producción de documentos apócrifos, pero también es cierto que la tecnología ofrece herramientas para establecer medidas más seguras para evitar ese problema.
Al respecto, autoridades de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional explicaron la confiabilidad de la expedición de sus títulos, toda vez que tienen diversos candados para evitar su falsificación y anunciaron que redoblarán las medidas de seguridad en la emisión de documentación académica.
En ese sentido, también proponemos exhortar a las autoridades educativas estatales y a las instituciones educativas de los distintos niveles coadyuven a evitar la proliferación de títulos y certificados falsos, ya se han realizado investigaciones de los documentos que emiten o reciben, así como a adoptar medidas que garanticen la autenticidad de los mismos.
Por lo anterior, los suscritos, integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que, en el ámbito de su competencia y responsabilidad, investigue a fondo la falsificación de títulos y certificados de estudios profesionales y de cualquier otra documentación académica que se presume ha sido expedida a través de la Dirección General de Profesiones y, en su caso, proceda penalmente en consecuencia de existir servidores públicos involucrados con la red de falsificadores.
Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita a las autoridades educativas estatales y a las instituciones educativas de los distintos niveles a investigar, en el ámbito de su competencia, la falsificación de títulos y certificados profesionales de estudios y, en su caso, presentar las denuncias ante las autoridades penales correspondientes.
Tercero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a que la Secretaría de Educación Pública, las autoridades educativas estatales y las instituciones educativas refuercen las medidas de seguridad para evitar la falsificación de títulos y certificados de estudios profesionales o de cualquier otra documentación académica.
Salón de Comisiones del H. Congreso de la Unión. México, DF, a 25 de enero de 2006.
Segunda Comisión
Sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), Presidente; Dip. Sofía Castro Ríos (rúbrica), secretaria; Sen. Héctor Guillermo Osuna Jaime, secretario; Integrantes: Dip. Julián Nazar Morales, Dip. Lorenzo Miguel Lucero Palma, Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Sen. José Alberto Castro Castro (rúbrica), Sen. José Antonio Aguilar Bodegas, Sen. Susana Stephenson Pérez (rúbrica), Sen. Francisco Fernández de Cevallos y Urueta, Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica), Sen. Rafael Melgoza Radillo, Sen. Gloria Lavara Mejía.
(Aprobado; comuníquese. Enero 25 de 2006.)
DE LA TERCERA COMISIÓN, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA NUEVAMENTE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LICENCIADO VICENTE FOX QUESADA, A QUE, CON LA MAYOR BREVEDAD, INFORME A ESTA REPRESENTACIÓN NACIONAL ACERCA DE LOS PLANES Y PROYECTOS REQUERIDOS PARA LA RÁPIDA RECUPERACIÓN DE LA INDUSTRIA PETROLERA NACIONAL, QUE LE FUERON SOLICITADOS DESDE EL PASADO 13 DE OCTUBRE DE 2005
Honorable Asamblea:
La Tercera Comisión de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente
Dictamen de la proposición con punto de acuerdo para que el C. Presidente de la República, licenciado Vicente Fox, envíe a esta representación popular la información solicitada el 13 de octubre del 2005, por la Junta de Coordinación Política de esta H. Cámara de Diputados, acerca de planes y proyectos para la rápida recuperación de la industria petrolera nacional.
Antecedentes
Primero.- Con fecha 13 de octubre de 2005, el diputado Francisco Rojas Gutiérrez, a nombre de diversos diputados, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al C. Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, a enviar los planes y proyectos relativos a la rápida recuperación de la industria petrolera nacional.
Segundo.- En esa misma fecha, la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, hizo suya la citada proposición con punto de acuerdo; misma que fue sometida y aprobada en sus términos por el Pleno y enviada el mismo día al titular del Ejecutivo Federal para su pronta respuesta.
Tercero.- Sin embargo, al no recibirse ninguna contestación al punto de acuerdo referido, el pasado 18 de enero del 2006, el diputado Francisco Rojas Gutiérrez y el diputado Víctor Alcerreca Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron al Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo para que el C. Presidente de la República, licenciado Vicente Fox, envíe a esta representación popular la información solicitada el 13 de octubre del 2005, por la Junta de Coordinación Política de esta H. Cámara de Diputados, acerca de planes y proyectos para la rápida recuperación de la industria petrolera nacional.
Cuarto.- Los integrantes de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de la LIX Legislatura, procedieron al estudio del punto de acuerdo aludido, habiendo efectuado múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en el proyecto que se discute, los cuales se exponen en las siguientes
Consideraciones
Primera.- El punto de acuerdo de fecha 13 de octubre de 2005, enviado por la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados al Presidente de la República Mexicana, señalaba lo siguiente:
1. Reponer al patrimonio de Pemex que ha continuado disminuyendo durante la presente administración y que actualmente significa el 3.4% de su activo, lo que representa en la práctica una quiebra técnica.
2. Asumir la deuda en que hicieron incurrir a Pemex a través de los Pidiregas para financiar el gasto público y que asciende a más de 50 mil millones de dólares.
3. Complementar el nuevo régimen fiscal, dado que el paquete presentado por el Congreso, es apenas un primer paso.
4. Conciliar con el Congreso un ajuste al marco regulatorio para darle autonomía de gestión a la empresa paraestatal.
5. Presentar planes y proyectos a fin de aumentar aceleradamente nuestras reservas que, en su periodo han caído 26%, mediante exploración en aguas profundas y rehabilitación de campos maduros o abandonados.
6. Presentar de inmediato el proyecto de una nueva refinería con capacidad para refinar nuestros crudos pesados y que se podría financiar con el déficit comercial de productos petrolíferos de un sólo año (2,900 millones de dólares en 2004).
7. Anunciar qué planes existen para conciliar las necesidades de gas de la industria eléctrica y las capacidades presentes y futuras que tiene Pemex para explorar y explotar ese combustible.
8. Remitir el programa de ahorro de energía y de uso de fuentes alternas.
9. Detallar en qué consiste la política de precios del sector energético y explicar de qué manera se ordenará y racionalizará la política de subsidios, cuyo control y destino no está claro.
10. Explicar en qué consiste la política de precios de exportación y por qué no se ha aprovechado el cierre de refinerías en la costa del golfo de México para dar mantenimiento a instalaciones marítimas, en lugar de seguir acumulando inventarios o tener que ofrecer descuentos adicionales al precio de crudo.
11. Explicar meticulosamente los planes inmediatos de mantenimiento de la red de ductos.
12. Referir qué proyectos existen sobre la rehabilitación, transformación e inversión en los complejos petroquímicos."
Segunda.- Por su parte, en la proposición con punto de acuerdo de fecha 18 de enero de 2006, presentada en el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, destaca la siguiente argumentación:
Las iniciativas de decreto que reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional en materia de gas natural no asociado al petróleo y de decreto que reforma y adiciona la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, que el Ejecutivo envió a esta Cámara de Diputados el día 20 de septiembre de 2005, apuntan al desmantelamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Transitar de un régimen de exclusividad a uno prioritario, donde concurran los sectores público, social y privado en la realización de las actividades de gas natural no asociado al petróleo, implica perder de vista la necesidad de capitalizar a la empresa paraestatal y auspiciar un cambio de fondo en su régimen fiscal, de efectuar las modificaciones necesarias al marco legal a fin de que ella alcance la autonomía de gestión y darle la posibilidad de que obtenga la tecnología que requiere para su desarrollo.
En la medida en que Pemex siga siendo contemplado por el Gobierno Federal como si tratase de un organismo recaudatorio, las ineficiencias y rezagos se irán acumulando. No es la incorporación del sector privado la solución para incrementar la exploración y explotación del gas natural no asociado al petróleo. El régimen de concesiones y asignaciones que se proponen, evade contemplar una verdadera reforma energética que fortalezca a la industria petrolera nacional.
Si el gobierno no mejora su capacidad recaudatoria y lleva a cabo las modificaciones fiscales que le permitan aumentar considerablemente sus ingresos tributarios, se estará mermando la posibilidad de contar en el futuro con la soberanía energética que es el objetivo fundamental de Pemex para poder crecer y desarrollarse a un ritmo que asegure mejor calidad de vida para la mayoría de la población.
Habrá que preguntarse porqué a pesar de los altos precios del petróleo -Pemex- necesita de la inversión privada para llevar a cabo sus actividades de exploración, explotación, mantenimiento de la red de ductos, transformación a petrolíferos y a petroquímicos de alta calidad y bajo costo; dónde están los miles de millones adicionales a lo presupuestado; qué se ha hecho con el dinero que genera la empresa paraestatal más importante del país. Ahora se pretende calificar a la industria petrolera nacional de ineficiente, sin tomar en cuenta que ha sido la columna vertebral de la economía mexicana en los últimos años. Lo razonable es fortalecer las finanzas de Pemex y otorgarle autonomía de gestión, pero por lo que vemos se camina en sentido contrario, porque en las Iniciativas enviadas se le atribuye a la Secretaría de Energía la facultad de asignar o licitar las concesiones a los particulares que pretendan invertir en la actividad que dejaría de ser exclusiva de Pemex.
Señor Presidente, por qué no se propone una reforma energética a fondo, que fortalezca al Estado y a la paraestatal, que asegure la salud financiera de Pemex y le permita al organismo desarrollar todo su potencia1. Se nos quiere hacer creer que reformas como las que contienen las iniciativas que usted envió el pasado mes de septiembre corrigen insuficiencias de Pemex: Hay que entrarle a fondo a la reforma energética sin que ello implique la destrucción de los activos que son propiedad de la nación. Pemex genera un considerable volumen de riqueza para el país. El gobierno ha desaprovechado los cuantiosos recursos excedentes que les ha entregado la actividad petrolera. Dónde está la infraestructura que debió construirse con los miles de millones de dólares generados en exceso. Dónde están las actividades productivas que debieron impulsarse. Es preciso frenar ya el apetito de funcionarios e inversionistas que tienen en la mira al petróleo. Las reformas deben ir por otro lado, señor Presidente.
De otra manera, no es explicable el lamentable estado en que esta administración ha mantenido a Pemex. El costo de la operación subió considerablemente, lo que mal habla de lo acertado de la planeación y de la eficacia de sus directivos.
Nunca como ahora Pemex ha mantenido recursos para la inversión, aún cuando éstos sean de deuda; sin embargo, en las reservas van en caída libre, sin ningún proyecto importante que contemple la perforación en aguas profundas en aquellas zonas en donde hay casi la seguridad de encontrar mantos importantes. Los directivos de Pemex se han lamentado de lo alarmante de la disminución de la reserva, pero no se ha actuado en consecuencia, pues probablemente ha habido incapacidad para el ejercicio presupuestal y para la planeación y desarrollo de proyectos que permitan la recuperación de los niveles de reserva que aceleradamente hemos perdido.
Por otra parte, el fracaso en los proyectos para exploración y explotación de gas no asociado al petróleo, hacen pensar que su gobierno no ha podido canalizar los recursos necesarios a esa importante tarea y no ha sido capaz de instrumentar proyectos con recursos propios. Cada día dependemos más del gas importado, habida cuenta de que no se expande la producción de gas no asociado y aumenta considerablemente la demanda doméstica y la de los generadores independientes de energía eléctrica que ya aportan, en plantas de ciclo combinado, casi la tercera parte de la electricidad que consumimos. Lejos de enfrentar el problema a través de la reorganización de esta actividad en el organismo, ahora el gobierno desea continuar el desmantelamiento de Pemex, mediante asignaciones y concesiones a particulares para acabar con la exclusividad que la Constitución confiere al organismo para realizar esas tareas.
Las iniciativas enviadas el pasado día 20 de septiembre del 2005, son un intento más que no sabemos si atribuirlo a la mala fe, el dolo o la miopía de los directivos de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de Energía y de sus asesores más cercanos de la Presidencia de la República.
El punto de acuerdo al que me he referido contiene lo siguiente:
3. Complementar el nuevo régimen fiscal, dado que
el paquete presentado por el Congreso es apenas un primer paso.
4. Conciliar con el Congreso un ajuste al marco regulatorio
para darle autonomía de gestión a la empresa paraestatal.
5. Presentar planes y proyectos a fin de aumentar aceleradamente
nuestras reservas mediante exploración en aguas profundas.
6. Presentar de inmediato el proyecto de una nueva refinería
con capacidad para refinar nuestros crudos pesados.
7. Anunciar qué planes existen para conciliar las necesidades de gas de la industria eléctrica y las capacidades presentes y futuras que tiene Pemex para explorar y explotar ese combustible.
8. Explicar meticulosamente los planes inmediatos de mantenimiento
de la red de ductos.
9. Referir qué proyectos existen sobre la rehabilitación,
transformación e inversión en los complejos petroquímicos.
10. Exponer los proyectos de la paraestatal sobre la remediación
de suelos y conservación del medio ambiente en zonas petroleras.
11. Justificar el exceso de trabajadores de confianza
en Pemex y el aumento de los costos de operación.
12. Exhibir proyecto sobre el mejoramiento del servicio médico de los trabajadores de Pemex, así como los tiempos de sus diversas fases.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta nuevamente al C. Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, para que a la brevedad informe a esta representación nacional los planes y proyectos requeridos para la rápida recuperación de la industria petrolera nacional y que le fueron solicitados desde el pasado 13 de octubre de 2005.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a veinticinco de enero de dos mil seis.
Tercera Comisión
Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Presidente; Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), secretarios; Dip. Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica) Dip. Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica), Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina, Sen. José Adalberto Castro Castro, Sen. Héctor Larios Córdova, Sen. Carlos Manuel Villalobos Organista (rúbrica), Dip. Renato Sandoval Franco (rúbrica), Dip. José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Dip. Iván García Solís (rúbrica), Dip. Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Dip. Joel Padilla Peña.
(Aprobado; comuníquese. Enero 25 de 2006.)
DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE ECONOMÍA
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo el punto de acuerdo presentado por el senador Rafael Melgoza Radillo, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar la comparecencia del titular de la Secretaría de Economía.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
I. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 4 de enero de 2006, el senador Rafael Melgoza Radillo presentó una proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del secretario de Economía.
II. La propuesta de referencia fue turnada a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
III. Con fecha 24 de enero del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, con base en las siguientes
Consideraciones
Primero. Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:
Único. Se cita a comparecer al secretario de Economía para que informe los resultados de la Cumbre de Hong Kong sobre la Ronda de Negociaciones Comerciales Multilaterales de la OMC.
Segundo. El que suscribe la proposición con punto de acuerdo considera los siguientes aspectos:
2. Que llegaron a acuerdos para proseguir la liberalización del comercio internacional en productos agropecuarios, industriales y servicios, así como para establecer nuevas reglas en materia de antidumping, subsidios y acuerdos comerciales regionales.
3. Que entre los acuerdos más relevantes se concretó un pacto para la eliminación simultánea de todas las formas (directas e indirectas) de subsidios a la exportación agrícola a completar a finales de 2013. El compromiso prevé eliminar progresivamente los subsidios, de modo que en 2011 se logre realizar una parte "sustancial" del desmantelamiento. Con esos efectos, durante el próximo mes de abril se negociará la forma específica en que se habrá de aplicar dicho pacto.
4. Que los países en desarrollo, una vez más, han visto frustradas sus expectativas para que los países desarrollados reduzcan las barreras a la importación de productos como azúcar, algodón, plátano y textiles que exportan y, en cambio, han tenido que acelerar la liberalización de servicios como las telecomunicaciones.
5. Que aun cuando las rondas de negociación de la OMC son procesos muy dilatados, constituyen ejercicios efectivamente globales, donde las concesiones que se reciben y otorgan influyen directamente en el nivel de vida de la población de cada una de las partes contratantes, pues el comercio internacional explica, hoy día, gran parte de la dinámica productiva, de empleo y consumo de cada nación.
6. Que dentro de los objetivos de cada ronda de negociación se colocan de manera destacada la equidad, la transparencia y el trato especial y diferenciado para los países de menor desarrollo. Sin embargo, la experiencia muestra que ocurre todo lo contrario y predomina el interés de los protagonistas de mayor tamaño.
7. Que la diversidad de intereses es, además de compleja, muy intensa, como lo expresa la permanente rivalidad entre la Unión Europea y los Estados Unidos; de ambos con China o la India e incluso entre los llamados países en desarrollo, donde algunas naciones de África difieren de Brasil, Argentina o México. Es un proceso dilatado donde la habilidad de los negociadores depende en gran medida de la visión estratégica (o incluso ideológica) que siga cada país en materia de política comercial.
8. Que la importancia de este proceso multilateral de negociación puede ser más cercana si se recuerda que la Ronda Uruguay, concluida a principios de los años noventa, sirvió de escenario para establecer los márgenes y rangos de las concesiones que posteriormente fueron plasmadas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y en los demás acuerdos comerciales que ha firmado nuestro país.
9. Que hoy, como al inicio de los años noventa, los medios de comunicación han dado a conocer los términos generales de los acuerdos obtenidos de las negociaciones multilaterales, pero aún no hay un análisis a fondo de la estrategia que han seguido nuestros representantes, ni de las repercusiones que finalmente tendrá el país.
10. Que debe tomarse en cuenta que una de las áreas que fueron objeto central de la negociación es la del comercio de productos agropecuarios que, desde el punto de vista social, es extraordinariamente sensible para México. Más aún si se observa que los periodos de liberalización acordados en Hong Kong se cruzan con los plazos consignados en el TLCAN y que tendrán graves repercusiones para los productores nacionales.
11. Que por las razones expuestas en los numerales anteriores, el grupo parlamentario del PRD considera de una gran importancia que, a la mayor brevedad, el señor secretario Sergio García de Alba, quien encabezó la delegación que participó en esta Cumbre, venga a esta Comisión Permanente a presentar un informe pormenorizado de los resultados en cada uno de los temas, así como del proceso y los plazos de aplicación.
La dictaminadora considera controvertible el numeral nueve del considerando en comento, en virtud de que los objetivos seguidos por la delegación mexicana, encabezada por el titular de la Secretaría de Economía, fueron
2. Impulsar la postura para que los países desarrollados realicen reducciones al apoyo que brindan a la producción agrícola y los subsidios a las exportaciones de ese sector.
3. Lograr el respaldo de lo anterior a través de la presencia y participación del Grupo de los 20 (G-20) en el tema agrícola, que es prioritario para avanzar en la liberación del comercio mundial.
4. Sostener reuniones bilaterales de trabajo con ministros de distintos países.
Esta Comisión considera que se lograron llegar a acuerdos importantes sobre los avances en los principales temas de la Ronda de Doha, incluido el tema agrícola, conforme al texto ministerial elaborado al concluir la conferencia de Hong Kong. Asimismo, considera como óptima la participación de la delegación mexicana en dicho evento.
Del mismo modo, la dictaminadora considera solicitar un informe previo de los avances y perspectivas de las negociaciones en el tema agrícola dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio, y sus efectos en los distintos acuerdos comerciales que México mantiene con otros países o bloques comerciales.
Concluimos así los integrantes que una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Economía es viable, previo informe enviado a esta soberanía para dialogar sobre los resultados de la Conferencia Ministerial, particularmente en el tema agropecuario y sus repercusiones a la producción nacional en estos momentos.
Con base en lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta atentamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, a enviar un informe al Congreso de la Unión sobre la participación de la delegación mexicana en la Sexta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, Hong Kong 2005.
Segundo. Se invita al titular de la Secretaría de Economía a celebrar una reunión de trabajo con la Comisión Permanente sobre el tema señalado en el resolutivo anterior y previo cumplimiento del mismo.
Salón de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 20 días del mes de enero del año dos mil seis.
Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Presidente; Sen. David Jiménez González (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), Secretarios; Dip. Rebeca Godínez Bravo (rúbrica), Sen. Héctor Larios Córdova, Dip. Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica), Sen. Carlos Manuel Villalobos Organista (rúbrica), Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Dip. Rento Sandoval Franco (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina, Dip. José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Sen. José Adalberto Castro Castro, Dip. Iván García Solís, Dip. Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Dip. Joel Padilla Peña.
(Aprobado; comuníquese. Enero 25 de 2006.)
DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A PRORROGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006, MEDIANTE LA INCORPORACIÓN EN LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL CORRESPONDIENTE A ESTE AÑO, LA APLICACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Honorable Asamblea:
La Tercera Comisión de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen de la
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través de resolución miscelánea fiscal 2006, se conceda prórroga al 31 de diciembre de 2006 para la aplicación de lo dispuesto en la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Antecedentes
Primero. Con fecha 18 de enero de 2006, la diputada Rebeca Godínez y Bravo, a nombre de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, ambas del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó al Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo en los términos mencionados.
Segundo. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión acordó el siguiente trámite: "Túrnese a la Tercera Comisión de esta Comisión Permanente", para su estudio y dictamen.
Tercero. Los integrantes de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de la LIX Legislatura procedieron al estudio del punto de acuerdo aludido, habiendo efectuado múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en el proyecto que se discute, los cuales se exponen en las siguientes
Consideraciones
Primera. El punto de acuerdo en estudio propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorte al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través de resolución miscelánea fiscal 2006, se conceda prórroga al 31 de diciembre de 2006 para la aplicación de lo dispuesto en la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, referente a la deducibilidad en la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres.
Segunda. Señala la autora de la proposición con punto de acuerdo que el decreto mediante el cual se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2004, determina que para efectos de deducibilidad del consumo de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres sólo podrá efectuarse mediante el pago de cheque nominativo del contribuyente, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de servicios o con monederos electrónicos.
El propósito de dicha reforma, cabe recordar, es combatir la venta ilegal de combustible para el uso de transporte marítimo, aéreo, y fortalecer la recaudación en beneficio del erario federal, así como proporcionar seguridad al contribuyente para comprobar sus gastos en estos insumos, para efectos fiscales.
También se señala en la proposición con punto de acuerdo en comento que dicha medida no tuvo aplicabilidad en razón de que las estaciones gasolineras no contaban con la infraestructura suficiente para realizar los cobros.
Por tanto, fue a través de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2005, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2005, que se concedió prórroga para que tal disposición entrara en vigor el 1 de diciembre de 2005.
Tercera. En días recientes se ha hecho del conocimiento público que los expendios de combustible aún no cuentan en su totalidad con la infraestructura para recibir los pagos mediante los medios financieros que la ley exige a quienes pretenden hacer deducibles sus consumos de combustibles.
Por tal motivo, a consideración de la promovente del punto de acuerdo, debe concederse una nueva prórroga al 31 de diciembre de 2006 para dar cumplimiento a la citada reforma.
Cuarta. Por su parte, los diputados integrantes de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión coinciden con la autora de la proposición con punto de acuerdo en la necesidad de ampliar el plazo para la entrada en vigor del decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en razón de que no puede existir eficacia en la ley si no existen los insumos suficientes que proporcionen certeza y seguridad jurídica a los contribuyentes.
En este sentido, el decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2004 (véanse páginas 80 y 115 del DOF de referencia) señala lo siguiente:
I. a II. ...
III. ...
Tratándose del consumo de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el pago deberá efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, a través de los monederos electrónicos a que se refiere el párrafo anterior, aun cuando dichos consumos no excedan el monto de $2,000.00."
Aquí radica la importancia de la emisión por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2005 y sus Anexos 1, 4, 7 y 11, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de agosto de 2005. Dicha resolución señala en el artículo quinto transitorio lo siguiente (véase página 16 del DOF de referencia):
A partir del 1 de diciembre de 2005, el pago por concepto de consumos de combustible a que se refiere el párrafo anterior deberá realizarse mediante los medios establecidos en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 31 de la Ley del ISR".
Finalmente, cabe señalar que dicha facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encuentra establecida en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, 14, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, y 3o., fracción XX, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgue, mediante la incorporación en la resolución miscelánea fiscal para el año 2006, una prórroga al 31 de diciembre de 2006 para la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a veinticinco de enero de dos mil seis.
Dip. Federico Döring Casar (rúbrica), Presidente; David Jiménez González (rúbrica), Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica), secretarios; Dip. Rebeca Godínez Bravo (rúbrica), Dip. Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica), Dip. Enrique Burgos García (rúbrica), Sen. Óscar Cantón Zetina, Sen. José Adalberto Castro Castro, Sen. Héctor Larios Córdova, Sen. Carlos Manuel Villalobos Organista (rúbrica), Dip. Rento Sandoval Franco (rúbrica), Dip. José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Dip. Iván García Solís (rúbrica), Dip. Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Dip. Joel Padilla Peña.
(Aprobado; comuníquese. Enero 25 de 2006.)
DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, POR EL CUAL SE INFORMA QUE FUE CONTESTADA LA PETICIÓN DEL PROPONENTE Y DESAHOGADA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES LA REVISIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y TÚNELES DE TERRITORIO MEXICANO E INFORME A LA CÁMARA DE DIPUTADOS SOBRE LAS NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL DISEÑO, LAS CARACTERÍSTICAS Y LA CALIDAD DE LOS METALES
Honorable Asamblea:
La Comisión de Transportes perteneciente a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39 fracción XXXVI, y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60 párrafo primero, 65, 85, 88, 89 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone a consideración de esta asamblea el siguiente
Dictamen
1. Antecedentes
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la revisión de carreteras, puentes, túneles de territorio mexicano e informe a esta Cámara de Diputados, sobre las normas específicas para el diseño, las características y la calidad de los metales; presentada por el diputado federal Ángel Pasta Muñuzuri, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, presentada el 9 de noviembre del 2004.
2. Contenido de la proposición
Se deben de normar las relaciones de la Secretaría con las personas físicas o morales que contraten la ejecución de obras públicas y los servicios relacionados con ellas, a fin de que en la selección y aplicación de los criterios y procedimientos para realizar los proyectos de ejecución, supervisión, aseguramiento de calidad, operación e impacto ambiental de la infraestructura durante la construcción y conservación de la carretera.
b) La modernización, mantenimiento y conservación de las carreteras federales del territorio nacional, deben ser prioridad para garantizar la movilización de personas y las mercancías mediante caminos modernos y seguros que permitan disminuir los tiempos de recorrido, los costos de operación y la frecuencia de accidentes carreteros.
Los tramos carreteros federales, así como los de las entidades federativas, juegan un papel fundamental en el transporte para las personas, la circulación y la distribución de bienes y servicios; por lo que es necesario planear la modernización de esas carreteras para que aporten nuevas oportunidades de crecimiento entre las regiones, y que permitan coadyuvar en el desarrollo económico y social de los estados de referencia.
Es necesario continuar saldando el adeudo histórico de infraestructura, lo que significa fortalecer el sistema de comunicación carretero, que beneficia a todo el país.
3. Consideraciones
El 25% por ciento de la longitud de la red federal soporta tránsitos diarios de más de 6,000 vehículos y el 21% tiene problemas de capacidad para atender sus tránsitos en condiciones óptimas de seguridad y economía, ya que durante los últimos 10 años los pasajeros transportados por carretera se han incrementado en un 40.3% y la carga en un 24.9%. Asimismo las cargas autorizadas de los vehículos han crecido de manera importante, al pasar de 34 toneladas en 1960 a 66.5 en 1997.
En los últimos 10 años, se ha venido mejorando el estado físico de la red federal de carreteras con una longitud aproximada de 42,000 km, pasando del 43% de su longitud en aceptables condiciones, a un 66% a finales de 2001 y un 70% para fines de 2002.
B. Ahora bien, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de su Dirección General de Conservación de Carreteras, aplica a lo largo de toda la infraestructura carretera nacional, métodos de evaluación que a través del uso de dos modelos de gestión le permiten determinar de forma sistemática, los trabajos de conservación requeridos en las carreteras y los puentes del país. Estos sistemas son el SISTER (Sistema de Simulación de Estrategias de Mantenimiento Carretero por sus siglas en francés) y el Sipumex (Sistema de Puentes de México).
El Sistema de Simulación de Estrategias de Mantenimiento Carretero (SISTER), es un modelo que simula la evolución del estado físico de las carreteras a partir de la ejecución de determinadas obras, y para su aplicación necesariamente se debe conocer el estado físico de la red federal, lo cual se logra a partir de un inventario de daños que se realizan de manera anual por el personal de los Centros SCT durante los meses de noviembre y diciembre. Éste sistema consiste esencialmente en considerar en su conjunto a la red vial por administrar, a partir de un banco de datos, definiendo una estrategia óptima de mantenimiento a partir de simulaciones de las consecuencias de varias alternativas de inversión o de diferentes obras a realizar, lo que otorga la posibilidad de evaluar técnica y económicamente cada una de estas propuestas; además de permitir conocer la evolución del estado físico de la red de conformidad con las asignaciones y estrategias autorizadas, como la tendencia y el tiempo de recuperación de la red a niveles internacionales (50% bueno y 50% en aceptable estado), con las asignaciones requeridas a corto y largo plazo según la estrategia y el período de evaluación escogido.
C. Por lo referente a la calidad en los puentes del país, la responsabilidad de su supervisión, se encuentra igualmente a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de su Dirección General de Conservación de Carreteras; la cual tiene a su cargo la atención de los 6,850 puentes de la red federal de carreteras libres de peaje.
La programación de atención y conservación oportuna de los puentes del país, se lleva a cabo a través del Sistema de Puentes de México (Sipumex), el cual cuenta con una base de datos a manera de inventario, donde se encuentran registrados todos los puentes, así como sus características geométricas y sus estructurales básicas, además de su ubicación, y los materiales de que están construidos, su estado físico y los datos de tránsito de la capacidad de los vehículos que soportan. Las inspecciones, se llevan a cabo por personal certificado de los Centros SCT, los cuales realizan supervisiones físicas e inspecciones visuales de los puentes que lo ameriten de acuerdo a la programación que se tenga en cuenta, actualizando así la base de datos central; la cual se localiza en la Dirección General de Conservación de Carreteras; estas supervisiones se realizan en promedio cada dos años para cada uno de los puentes, con lo cual se puede detectar los deterioros y las deficiencias que pueden estar siendo causadas por un diseño inadecuado o por la aplicación de un procedimiento de construcción que no sea el correcto para la estructura.
Con el Sistema de Puentes Mexicanos, se ha logrado reducir las probabilidades de que se colapse alguna estructura por causas ajenas a emergencia hidrometeorológicas o sísmicas. La manera en que se da el seguimiento a la conservación y funcionamiento de la infraestructura de los puentes, es a través de la calificación que se toma de una tabla que va de 0 a 5, donde 0 significa que el puente se encuentra en óptimas condiciones de operación y 5, alerta sobre la condición crítica de la estructura, lo que permite la obtención de los parámetros a través de los cuales se identifique a los puentes que requieren prioridad, originando con esto el Programa de Estudios y Proyectos de Puentes, el cual se realiza al cada año, así como el nombrado Programa de Reconstrucción de Puentes.
D. Ahora bien, corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la construcción y conservación de los caminos y puentes, así como la promoción en la aplicación de los conocimientos del desarrollo tecnológico en materia de comunicaciones y transportes; incluyendo a éstos las llamadas vías generales de comunicación, tal y como se desprende de lo establecido por las fracciones XXI, XXII y XXIV del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el contenido de las fracciones I y II del artículo 3, 40 y 117 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Que la planeación y formulación de las políticas para los caminos y puentes, así como su construcción y conservación, es competencia expresa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual, tiene en todo momento la obligación de especificar las características técnicas y las especificaciones de los caminos y los puentes de nuestra República; así como la supervisión y la conservación de éstos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 5 fracciones I, II y V, así como del artículo 22, ambos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
Acuerdo
Primero.- En virtud de los razonamientos expuestos en el cuerpo del presente dictamen; y de acuerdo con la información enviada a ésta Comisión de Transportes por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, exponemos su contenido en el capítulo denominado "consideraciones" del presente documento, se considera tener por contestada la petición hecha por el legislador proponente, así como desahogada la proposición con punto de acuerdo.
Segundo.- En consecuencia, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
Dado en la Sala de Sesiones de la Comisión de Transportes. H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Poder Legislativo de la Unión; a los 24 días del mes de febrero del año 2005.
Por la Comisión de Transportes
Diputados: Francisco Juan Ávila Camberos
(rúbrica), Presidente; Renato Sandoval Franco (rúbrica),
secretario; José Carmen Arturo Alcántara Rojas (rúbrica),
secretario; José Rubén Figueroa Smutny (rúbrica),
secretario; Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), secretario; Baruch
Alberto Barrera Zurita (rúbrica), Sebastián Calderón
Centeno (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva
(rúbrica), Diego Palmero Andrade (rúbrica), Alfredo Fernández
Moreno (rúbrica), José Orlando Pérez Moguel, Salvador
Vega Casillas (rúbrica), María Angélica Díaz
del Campo (rúbrica), Valentín González Bautista, Inelvo
Moreno Álvarez (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica),
Roger David Alcocer García (rúbrica), Humberto Cervantes
Vega, Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Felipe Medina Santos
(rúbrica), Eviel Pérez Magaña, Rómulo Isael
Salazar Macías (rúbrica), Adrián Villagómez
García (rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica),
Fernando Espino Arévalo.
DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE NO ES FACTIBLE LA PETICIÓN CONTENIDA EN LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A TRANSFERIR LA CARRETERA ESCÉNICA TIJUANA-ENSENADA AL GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA
Honorable Asamblea:
La Comisión de Transportes perteneciente a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39 fracción XXXVI, y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60 párrafo primero, 65, 85, 88, 89 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone a consideración de esta asamblea el siguiente
Dictamen
1. Antecedentes
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal a que transfiera la carretera escénica Tijuana-Ensenada al gobierno del estado de Baja California; presentada por el diputado federal Norberto Corella Torres, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, el día 19 de octubre del 2004.
2. Contenido de la proposición
Las cuales, comunican a los principales centros de producción y turísticos del estado, con los demás estados del norte pacífico y del centro de la República, además de acercar la estabilidad de intercambio comercial con el estado de California, en los Estados Unidos.
Señala que la vía de acceso más importante es la carretera escénica Tijuana-Ensenada, misma que fue inaugurada el 23 de abril de 1967; siendo la única que facilita el traslado de visitantes al estado, convirtiendo parte de éste en un "corredor turístico".
3. Consideraciones
Para el caso del estado de Baja California y debido a que su ubicación geográfica lo contempla entre una de las entidades más alejadas de la capital del país, su actividad económica se concentra en la parte norte de la franja fronteriza, situación que provoca que su vida económica dependa en gran medida de la relación comercial que mantiene con el estado de California, parte integrante de la Federación de los Estados Unidos de Norteamérica. Su importante afluente turística, la riqueza de sus recursos naturales y su característica de su territorio como uno de los "pasos obligados" de las afluentes migratorias, le da características distintas a la mayoría de los estados.
b) El estado de Baja California cuenta con un una infraestructura diversa, conformada en su mayoría por aduanas, parques industriales (lo que le sitúa como la entidad con el mayor número de parques industriales en el país), plantas generadoras de energía y una termoeléctrica; las cuales se comunican entre sí con sus cinco municipios a través de los poco más de once mil kilómetros de su red carretera, además de que la transportación por estas importantísimas vías generales de comunicación; son en este estado como en el resto de la República el principal medio para el movimiento de carga y de pasajeros.
Una de las vías generales de comunicación por tierra más importantes en el estado de Baja California, es la denominada carretera escénica Tijuana-Ensenada, que además se sitúa entre las cinco más importantes a nivel nacional dentro del sistema de carreteras de cuota no concesionadas de la República, y como la única fuera de la zona centro del país.
Es significativo el aforo vehicular registrado en esta carretera escénica Tijuana-Ensenada, el cual registró durante el año 2001 un total de 10.49 millones de vehículos, y para el periodo comprendido de octubre de 2002 a julio de 2003 registró nueve millones 631 mil 431 vehículos, cifra que se vio incrementada en un 13.5% con respecto al periodo octubre 2001 a julio 2002, aumento que representa poco más de un millón de vehículos.
c) Ahora bien, la rectoría del desarrollo nacional es competencia fundamental del Estado mexicano, el cual a través de sus organismos representativos y competentes, deben garantizar que este desarrollo sea de manera integral y sustentable.
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que corresponderá a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la formulación y la conducción de las políticas y programas para el desarrollo del transporte y de las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país, además de la construcción y conservación de los caminos y los puentes federales e internacionales, de acuerdo al otorgamiento de concesiones o permisos que haga al efecto, tal y como se desprende del contenido de las fracciones I, XXI, XXII y XXIV del artículo 36 de la ley citada.
Que de los diversos razonamientos vertidos con anterioridad en el cuerpo del presente dictamen, se confirma la estimación de señalar como órgano de administración pública responsable y competente; legalmente facultado para otorgar concesiones para la conservación, mantenimiento y explotación de una vía general de comunicación por tierra, a la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes dependiente del Poder Ejecutivo de la Unión.
d) Ahora bien, con fecha 5 de octubre del presente año, acudió ante ésta Comisión el jefe de la Unidad de Autopistas de Cuota dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; ingeniero Óscar de Buen Richkarday, con el objeto de explicar los detalles de los argumentos antes expuestos en la exposición de motivos de la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa.
Acuerdo
Primero.- En virtud de los razonamientos expuesto en el cuerpo del presente dictamen, y de conformidad a la información enviada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a ésta soberanía en la cual se establece que no es factible la transferencia "en virtud de que esta autopista se halla concesionada al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, institución financiera en el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas. Esta resolución ya fue hecha del conocimiento del C. diputado Francisco Rueda Gómez, Presidente del Congreso del estado de Baja California".
Dado en la Sala de Sesiones de la Comisión de Transportes. H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Poder Legislativo de la Unión; a los 7 días del mes de septiembre del año 2005.
Por la Comisión de Transportes
Diputados: Francisco Juan Ávila Camberos
(rúbrica), Presidente; Renato Sandoval Franco (rúbrica),
secretario; José Carmen Arturo Alcántara Rojas (rúbrica),
secretario; José Rubén Figueroa Smutny (rúbrica),
secretario; Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), secretario; Baruch
Alberto Barrera Zurita (rúbrica), Sebastián Calderón
Centeno, Alfredo Fernández Moreno (rúbrica), María
del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Diego Palmero Andrade
(rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (rúbrica),
Salvador Vega Casillas, María Angélica Díaz del Campo
(rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica),
Inelvo Moreno Álvarez, Juan Pérez Medina (rúbrica),
Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Roger David Alcocer García
(rúbrica), Humberto Cervantes Vega, Francisco Grajales Palacios
(rúbrica), Felipe Medina Santos (rúbrica), Gonzalo Moreno
Arévalo (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier, Rómulo
Isael Salazar Macías (rúbrica), Erick Agustín Silva
Santos (rúbrica), Adrián Villagómez García
(rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica),
José Javier Villacaña Jiménez (rúbrica), Gustavo
Zanatta Gasperín (rúbrica), Fernando Espino Arévalo.
DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE HA SIDO DESAHOGADA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LAS CARRETERAS CONCESIONADAS
Honorable Asamblea:
La Comisión de Transportes perteneciente a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39 fracción XXXVI, y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60 párrafo primero, 65, 85, 88, 89 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone a consideración de esta asamblea el siguiente:
Dictamen
1. Antecedentes
A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente que contiene la proposición con punto de acuerdo relativo a las carreteras concesionadas; presentada por el diputado federal Rogelio Rueda Sánchez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, el día 19 de octubre del 2004.
2. Contenido de la proposición
Se señala que el presupuesto del Fideicomiso 1936, no se encuentra regulado por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, ni por la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación; por lo que su revisión y la autorización de los programas corresponde exclusivamente a su Comité Técnico, y no al H. Congreso de la Unión.
b) La autoridad del Fideicomiso 1936 es el denominado Comité Técnico, el cual es el encargado de tomar las decisiones financieras, operativas y técnicas de los caminos y puentes que pertenecen a esta red carretera.
Al año el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas, recaba por concepto de ingresos de peaje, una suma estimada en $16,000 dieciséis mil millones de pesos anualmente, de los cuales, se destina el 30% treinta por ciento de estos ingresos para el mantenimiento y operación de los tramos carreteros, y el 70% setenta por ciento restante, para el pago de las obligaciones contraídas.
c) La deuda del Fideicomiso 1936 actualmente asciende a más de 157,000,000 ciento cincuenta y siete millones de pesos; de los cuales ciento tres millones corresponden a aspectos de infraestructura carretera y el resto corresponde a requerimientos de ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que de acuerdo a las proyecciones financieras y a los flujos que por ingresos se recaban en los tramos carreteros, la deuda será amortizada en su totalidad en un plazo de alrededor de siete años.
El Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), tiene la función de solventar las obligaciones derivadas del rescate, así como la de pagar la indemnización de los ex concesionarios; y el Banco Nacional de Obras y servicios Públicos, es el operador directo para la conservación de los tramos carreteros rescatados, utilizando los recursos del mismo FARAC.
B. En julio de 1996 el Gobierno Federal rescató por causas de interés público las concesiones que se habían otorgado respecto de las carreteras y puentes, a empresas particulares; las cuales no habían podido cumplir con los compromisos pactados con el gobierno.
Durante la construcción las vías generales de comunicación por tierra concesionadas, los costos de construcción de las obras se incrementaron de manera acelerada, al mismo tiempo que el aforo vehicular proyectado, fue menor al que se pretendía como fuente de recursos para recuperar sus inversiones; situación que trajo como consecuencia el que las empresas privadas no pudieran solventar los problemas de operación y mantenimiento de las carreteras, aunado a la amortización de los créditos bancarios.
C. El Gobierno Federal compró a estas empresas sus activos carreteros, adquiriendo montos equivalentes al 40% cuarenta por ciento de su valor a través de los denominados "pagarés de indemnización carretera", pagaderos a cinco, diez y hasta quince años.
Es así como se crea un fideicomiso de carácter público no paraestatal, que administrara los recursos provenientes de los tramos rescatados; al miso tiempo que cubriera la indemnización a los ex concesionarios afectados; emitiendo títulos de crédito para solventar las indemnizaciones y estableciendo un esquema de administración de los caminos y puentes mediante la participación del sector privado.
D. La facultad de vigilancia en las actividades financieras de este fideicomiso público no paraestatal, se cierne única y exclusivamente a una "revisión" que hace al efecto el fiduciario Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC; de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; situación que limita la esfera de atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación, con el objeto de supervisar los programas y el cumplimientos de este Fideicomiso 1936.
La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, establece que es a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al organismo que le compete el otorgamiento de las concesiones de las vías generales de comunicación por tierra, estableciendo además, que será esta misma Secretaría de Estado la encargada de vigilar el cumplimiento de las mismas y resolver sobre su revocación o terminación; además de imponerle la obligación de vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, y los servicios auxiliares de los tramos concesionados cumplan con los aspectos técnicos y normativos, determinado las características y especificaciones técnicas de los caminos y puentes.
Acuerdo
Único.- En reunión mensual de esta Comisión de fecha 5 de octubre del año en curso, el ingeniero Óscar de Buen Richkarday, jefe de la Unidad de Autopistas de Cuota dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informó acerca de la petición de dar por terminada de manera anticipada las concesiones de las autopistas del Fideicomiso 1936, de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) y transferirla al organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe); desahogándose el presente punto de acuerdo.
Dado en la Sala de Sesiones de la Comisión de Transportes. H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Poder Legislativo de la Unión; a los 7 días del mes de septiembre del año 2005.
Por la Comisión de Transportes
Diputados: Francisco Juan Ávila Camberos
(rúbrica), Presidente; Renato Sandoval Franco (rúbrica),
secretario; José Carmen Arturo Alcántara Rojas (rúbrica),
secretario; José Rubén Figueroa Smutny (rúbrica),
secretario; Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), secretario; Baruch
Alberto Barrera Zurita (rúbrica), Sebastián Calderón
Centeno, Alfredo Fernández Moreno (rúbrica), María
del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Diego Palmero Andrade
(rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (rúbrica),
Salvador Vega Casillas, María Angélica Díaz del Campo
(rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica),
Inelvo Moreno Álvarez, Juan Pérez Medina (rúbrica),
Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Roger David Alcocer García
(rúbrica), Humberto Cervantes Vega, Francisco Grajales Palacios
(rúbrica), Felipe Medina Santos (rúbrica), Gonzalo Moreno
Arévalo (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier, Rómulo
Isael Salazar Macías, Erick Agustín Silva Santos (rúbrica),
Adrián Villagómez García (rúbrica), Mario Alberto
Rafael Zepahua Valencia (rúbrica), José Javier Villacaña
Jiménez (rúbrica), Gustavo Zanatta Gasperín (rúbrica),
Fernando Espino Arévalo.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), por conducto de la Comisión Nacional del Agua (CNA), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que informen sobre la tala inmoderada, nulas acciones de reforestación y poda drástica realizada en el municipio de Jiménez, Chihuahua.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numeral 1; y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento, por lo que se somete a la consideración de la honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones.
Antecedentes
1. En sesión celebrada el día 31 de marzo de 2005, el diputado Jesús Aguilar Bueno, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), por conducto de la Comisión Nacional del Agua (CNA), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que informen sobre la tala inmoderada, nulas acciones de reforestación y poda drástica realizada en el municipio de Jiménez, Chihuahua.
2. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha, acordó turnar la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa para su análisis y dictamen a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
3. Tomando como base los elementos de información disponibles, así como la propuesta multicitada, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes
Considerandos
1. Ciudad Jiménez, Chihuahua, se encuentra ubicado en la latitud 27°08?, longitud 104°55?, a una altitud de 1,380 metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte con Camargo, al este con Coahuila, al sur con Durango y al oeste con Allende y López. El municipio tiene una superficie de 11,074.14 kilómetros cuadrados. Dentro de su orografía encontramos que es un territorio generalmente plano, queda comprendido entre la cuenca del río Florido y el límite con Coahuila; existen muchas serranías aisladas entre sí, que se levantan en medio de áridas y extensas llanuras, entre las más notables se encuentran las de Almagre, Carneros, Chupaderos, Olanes, Los Reyes, Los Remedios, El Diablo, San Francisco, San Vicente, Cordereño, Urías, El Berrendo y Sierra Mojada, en el lindero con Coahuila. (Información obtenida de la enciclopedia consultada, de nombre De los municipios de México, en el apartado del estado de Chihuahua.)
2. El punto de acuerdo a dictaminar señala, entre otros puntos, que la ribera del río Florido se ve afectada por la tala de árboles, y también se menciona que se están plantando árboles de nogales por parte de un particular sin contar con un programa aparente; se aclara que dentro de la legislación de la Comisión Nacional del Agua no se contempla dentro de sus funciones la inspección y vigilancia que se solicitan, así como tampoco es facultad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
El único organismo que se encuentra facultado para inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas ambientales es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
3. Cabe hacer mención que esta Comisión, en fecha 5 de abril del año en curso, solicitó al delegado de la Semarnat, ingeniero José Cándido Treviño Fernández, y al delegado de la Profepa, licenciado José Mario Sánchez Soledad, de dicha entidad, un informe sobre la problemática de la tala inmoderada de la región.
4. Con fecha 30 de mayo del año en curso se recibió en esta Comisión respuesta por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en la cual se informa que, efectivamente, existen algunas denuncias respecto a la tala de árboles que se está llevando a cabo por parte del ayuntamiento de Jiménez dentro de la circunscripción territorial del centro de la población de esa ciudad y se determinó que la Profepa y la Semarnat no son competentes para actuar dentro de la zona señalada, ya que es competencia municipal el autorizar podas o derribos de arbolado dentro de esa zona.
Asimismo, aclara que no se trata de terrenos forestales o preferentemente forestales que, de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, son los considerados de competencia federal, así como tampoco las especies afectadas están bajo la protección de alguna norma oficial mexicana.
5. Ahora bien, por lo que respecta al tema forestal y los planes de manejo que se tengan contemplados, éstos son competencia de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la cual es un organismo público descentralizado cuyo objeto y función principal son desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas, y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable.
6. A la Comisión Nacional Forestal (Conafor) se le solicitó información al respecto, la cual dio contestación mediante oficio número GR-VI/145/2005, de fecha 12 de julio del año en curso, en la cual se aclara a esta Comisión que durante la administración 1998-2001 se realizó una poda severa en la calzada y calles cercanas al centro de la ciudad, ya que los árboles se caracterizaban por ser muy viejos, de gran altura y en su mayoría tenían muchas ramas muertas, aunado al gran problema de sequía que se enfrentó en la zona.
La poda consistió en eliminar de los árboles las ramas muertas, buscando el rejuvenecimiento de los mismos, y en el caso de los árboles muertos se extrajeron completos, incluyendo la raíz.
El mismo procedimiento se aplicó al margen del río Florido.
7. La Comisión Nacional Forestal (Conafor) informa que a través del Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (Procoref), en el año 2004 se apoyó la reforestación con fines de conservación de suelos en diversos ejidos del ecosistema forestal semiárido del municipio para la revegetación de 1,530 hectáreas. En el año 2005 no han definido la superficie a apoyar en virtud de que los recursos que se otorgan para esta actividad se encuentran en proceso de análisis y asignación por parte del Comité Operativo Estatal del programa en mención.
La autoridad municipal informa que a la fecha se han plantado 204 árboles de diversas especies, como son palmas, pinos, lilas y moros, entre otros.
8. Aunado a lo anterior, de conformidad con el Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votaciones, en su artículo duodécimo, aprobado el 7 de octubre del año 2003, el cual en su segundo párrafo dice: "... de igual forma, no constituye objeto de una proposición la solicitud de información a una dependencia gubernamental...", por lo que no se considera viable el presente punto de acuerdo.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen con
Punto de Acuerdo
Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), por conducto de la Comisión Nacional del Agua (CNA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que informen sobre la tala inmoderada, nulas acciones de reforestación y poda drástica realizada en el municipio de Jiménez, Chihuahua, presentada por el diputado Jesús Aguilar Bueno, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en fecha 31 de marzo de 2005.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de septiembre de dos mil cinco.
Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Maria Guadalupe García Velasco, Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo, Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio, Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica).
Integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería que firman el dictamen, en sentido negativo, de la proposición con punto de acuerdo que pretendía que la Sagarpa, la Comisión Nacional del Agua, la Semarnat y la Profepa eviten la tala clandestina de áreas forestales en Jiménez, Chihuahua
Diputados: Cruz López Aguilar (rúbrica),
Presidente; Juan Manuel Dávalos Padilla, Gonzalo Ruiz Cerón
(rúbrica), Edmundo Valencia Monterrubio (rúbrica), Diego
Palmero Andrade (rúbrica), Antonio Mejía Haro, secretarios;
Julián Nazar Morales (rúbrica), Lázaro Arias Martínez
(rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Gaspar Ávila
Rodríguez, Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica),
Lamberto Díaz Nieblas, María Hilaria Domínguez Arvizu
(rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Esteban
Valenzuela García (rúbrica), Rafael Galindo Jaime, Roger
David Alcocer García (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica),
José Irene Álvarez Ramos (rúbrica), Mario Ernesto
Dávila Aranda (rúbrica), Javier Castelo Parada, José
María de la Vega Lárraga (rúbrica), Rocío Guzmán
de Paz, Alberto Urcino Méndez Gálvez (rúbrica), Isidro
Camarillo Zavala (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica),
Valentín González Bautista, Marcelo Herrera Herbert (rúbrica),
Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Víctor Suárez Carrera.
DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A CONSIDERAR Y PONER EN VOTACIÓN LA PROPUESTA DE REGLAMENTO PARA EL USO Y SERVICIO DEL VESTÍBULO Y DEL PATIO PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias le fue turnada la proposición con punto de acuerdo enunciada en el encabezado de este documento, que presentó el diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias tuvo a bien elaborar el presente dictamen, de conformidad con lo siguiente:
I. Antecedentes
B) Dicha iniciativa se publicó en la Gaceta Parlamentaria No. 1623-I, del jueves 11 de noviembre de 2004.
C) La Presidencia de la Cámara determinó: "Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias".
La proposición con punto de acuerdo sugiere crear un nuevo ordenamiento para normar las actividades que "directa o indirectamente estén relacionadas con los eventos y las actividades que se realizan tanto en el vestíbulo como en el patio central del edificio principal de la Cámara de Diputados";1 su validez espacial sería el recinto de la Cámara de Diputados, su validez material sería administrativa, la aplicación personal se referiría a todos aquellos que aspiren a exponer o manifestar arte, artesanías, ciencia, tecnología y cultura en el vestíbulo y la plaza central de la Cámara.
La propuesta se basa en los siguientes argumentos, conforme a las consideraciones del punto de acuerdo:
El patio central de la Cámara de Diputados es un punto de exposición, promoción y difusión de las diversas creaciones artesanales de nuestro país.
La carencia de una normatividad para el uso de estos espacios impide el adecuado control de estos eventos, por lo que pueden presentarse situaciones irregulares que van desde exposiciones con venta sin beneficios para la Cámara de Diputados, como uso de materiales potencialmente peligrosos o alteraciones del orden.
B) Compete a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias emitir dictamen a esta propuesta, conforme a lo que dispone el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
C) La Comisión que dictamina considera que el problema planteado efectivamente es una situación irregular que requiere atención y, por tanto, la propuesta parte de un diagnóstico válido.
D) La dictaminadora considera también que una modificación legal como la propuesta por el autor efectivamente constituye un instrumento útil y adecuado para atender el problema planteado y, además, es una facultad de esta Cámara; por tanto, considera la propuesta como viable.
E) No obstante lo anterior, esta Comisión sabe que con fecha 1 de julio de 2005 se publicó en la Gaceta Parlamentaria No. 1765, del miércoles 1 de julio de 2005, el "Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establecen los lineamientos para la realización de exposiciones artísticas y muestras artesanales en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro", que fue aprobado por la propia Junta en su sesión del 20 de junio de 2005, según consta en el acta correspondiente.
El acuerdo tiene el mismo objetivo y ámbitos de aplicación planteados por el presente, e incluso reproduce en su texto varios de los preceptos propuestos por la presente propuesta, por lo que no dudamos que se haya incluido parte de esta propuesta en el acuerdo referido.
F) Tal normatividad, en su artículo primero transitorio, expresa que "los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Parlamentaria", en razón de lo cual se trata de un ordenamiento vigente a la fecha.
A la luz del análisis realizado y en razón de que el problema planteado ha sido atendido por la vía de la creación de una norma de carácter administrativo y no reglamentario, que recoge las inquietudes y propuestas vertidas por el autor, dejando sin materia de estudio, análisis y dictamen a esta Comisión, se propone a esta soberanía el siguiente
Acuerdo
Único: Se tiene por desechada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a considerar y poner en votación la propuesta de Reglamento para el Uso y Servicio del Vestíbulo y del Patio Principal del Edificio de la Cámara de Diputados.
Nota:
1 Proposición con punto de acuerdo por el que
se exhorta a considerar y poner en votación la propuesta de Reglamento
para el Uso y Servicio del Vestíbulo y del Patio Principal del Edificio
de la Cámara de Diputados, consideración sexta.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en septiembre del año dos mil cinco.
Diputados: Iván García Solís
(rúbrica), Presidente; Raúl José Mejía González
(rúbrica), Adrián Víctor Hugo Islas Hernández
(rúbrica), Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica),
secretarios; Sergio Álvarez Mata, Federico Barbosa Gutiérrez
(rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Sami David
David (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica),
Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), José González
Morfín, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Rafael Sánchez Pérez
(rúbrica), Salvador Sánchez Vázquez, Pedro Vázquez
González.
DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA QUE INSTRUYA A LA REPRESENTACIÓN DE MÉXICO ANTE LA ONU PARA QUE EN EL PRÓXIMO PLENO DE LA ASAMBLEA RECONSIDERE EL VOTO EMITIDO EL 18 DE FEBRERO DE ESTE AÑO EN EL COMITÉ DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA CLONACIÓN DE SERES HUMANOS CON FINES REPRODUCTIVOS
El pasado 28 de abril de 2005, a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita al Presidente de la República que instruya a la representación de México ante la ONU para que en el próximo Pleno de la Asamblea reconsidere el voto emitido el 18 de febrero de este año en el comité de la Comité de la Convención Internacional contra la Clonación de Seres Humanos con Fines Reproductivos, presentada por el diputado federal Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Los diputados federales, integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente acuerdo por las siguientes
Consideraciones
Quienes suscribimos, consideramos que la presente proposición con punto de acuerdo ha quedado sin materia, toda vez que el voto de referencia no puede ser reconsiderado en virtud de las facultades del Ejecutivo federal en materia de política exterior de acuerdo con lo establecido por la fracción X del artículo 89 constitucional.
De manera adicional, es importante mencionar que hubo previamente a tal votación un acuerdo unánime, dentro del comité ad hoc respectivo de la Sexta Comisión de la Asamblea General de la ONU, en torno a la necesidad de elaborar un convenio para prohibir, especialmente, la clonación humana con fines de reproducción que incluía, entre otros, un acuerdo para que este convenio tenga por objeto prohibir otros tipos de clonación humana. Adicionalmente, fue manifestándose en el seno de la Asamblea General la tendencia de impulsar un proyecto de resolución por consenso que permitiera negociar un instrumento universal y efectivo en la práctica.
Un cuarto elemento a considerar es que, un consenso entre los grupos representados ante el comité ad hoc, fue que la elaboración de un instrumento universal no puede partir de la imposición de criterios de unos Estados sobre otros, en materia de clonación terapéutica sino que debe ser respetuoso de la legislación, adoptada someramente por cada uno. Y por quinto y último elemento, resulta importante destacar que una vez agotada la fase de debate y posicionamiento, se inició un proceso de consulta entre los países y el Presidente de la Sexta Comisión se dio a la tarea de impulsar personalmente un proyecto de resolución de consenso. Misma que emanó de acuerdos previos que vigilaron el cumplimiento de estos cuatro principios, recogidos en la resolución a que hace referencia esta proposición.
El Gobierno de México, según sustentó el canciller de México, rechazó en estas y en votaciones subsecuentes, la clonación humana con fines reproductivos y se manifestó contrario a la clonación terapéutica que utiliza embriones humanos. Sin menoscabo de lo anterior, se consideró fundamental que la futura convención debiera prohibir de manera absoluta la clonación reproductiva y estableciera al mismo tiempo criterios para que los estados regulen eficazmente otros tipos de clonación en su legislación nacional, sujetándolos a controles estrictos o incluso, si así lo decide su sociedad, prohibiendo.
De elaborarse una convención internacional es fundamental que ésta defina y delimite los aspectos éticos, jurídicos y científicos de la clonación terapéutica. Sin embargo, independientemente de la existencia de un instrumento internacional, el Gobierno de México coincidió en que el tema también debe ser objeto de la legislación de cada país.
Los tratados internacionales tocan los aspectos generales y una vez ratificados, requieren de leyes que permitan su incorporación al orden jurídico de las naciones, lo que facilita su instrumentación y observancia.
En tal virtud, la representación de México ante las Naciones Unidas votó el pasado 8 de marzo de 2005 a favor de la Declaración sobre la Clonación Humana, que llama a prohibir esa práctica en todas sus formas, "en la medida en que sean incompatibles con la dignidad y la protección de la vida".
La declaración, resultado de un debate iniciado en el 2001, fue aprobada por la Asamblea General de la ONU por 84 votos a favor, 34 en contra y 37 abstenciones. Dicha declaración, establece que los Estados miembros habrán de adoptar todas las medidas necesarias para proteger adecuadamente la vida humana en la aplicación de las ciencias biológicas.
Asimismo, señala que se habrán de adoptar además las medidas necesarias a fin de prohibir la aplicación de las técnicas de ingeniería genética que pueda ser contraria a la dignidad humana. Los países se comprometen a "promulgar y aplicar sin demora" legislaciones nacionales para poner en práctica esos preceptos.
En octubre del 2004, en vísperas de que la Comisión de Asuntos Jurídicos de la ONU abordara el tema, el gobierno mexicano se pronunció en contra de la clonación humana con fines reproductivos y de la clonación terapéutico a partir de embriones humanos. Sin embargo, se manifestó "a favor de la investigación y la clonación terapéutica que utiliza ?células madre? del cordón umbilical y de tejidos adultos".
En ese momento existían dos proyectos de declaración: uno presentado por un grupo de países encabezado por Costa Rica, y avalado por EU, que planteaba prohibir cualquier tipo de clonación de células humanas; y otro presentado por un grupo de países encabezado por Bélgica, que proponía prohibir sólo la clonación reproductiva y deja a cada Estado la decisión sobre la clonación terapéutica.
La Asamblea General de la ONU aprobó por ello un proyecto alterno que planteaba prohibir la clonación humana en todas sus formas, "en la medida en que sean incompatibles con la dignidad y la protección de la vida".
Luego de la votación en la ONU, la Cancillería señaló que México se guió por la necesidad de alcanzar un consenso en un tema de interés mundial, que asegurara el respeto a la dignidad humana en la aplicación de la ciencia.
De acuerdo con un boletín de la ONU, el representante alterno de México ante la ONU, Juan Manuel Gómez Robledo, aseguró que si bien algunas delegaciones prefirieron no ceder en su posición, ello no impidió que muchas de sus preocupaciones quedaran incluidas en el texto final de la declaración.
Desde 2001 se analiza en la ONU la posibilidad de elaborar un instrumento internacional en materia de clonación. Ante la complejidad de tema y la división existente, los avances en el tema fueron lentos y no encontraron un consenso.
El pasado mes de diciembre, y al no haber llegado a un acuerdo sobre la posibilidad de elaborar un tratado internacional en la materia, la 590 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (AGONU) decidió convocar a un grupo de trabajo abierto a todos los Estados con el mandato de elaborar una declaración política sobre el tema.
Esta decisión es el resultado de una propuesta de compromiso presentada por Italia, que en noviembre de 2004 distribuyó un proyecto de declaración política como alternativa para salir del impasse en el que se encontraba la discusión. Por su alcance, la idea de una declaración política representó un enfoque completamente diferente al de una Convención. Para entonces resultaba evidente la imposibilidad de negociar un instrumento jurídicamente vinculante en Naciones Unidas, pues no existía ni siquiera el mínimo consenso sobre su eventual ámbito de aplicación (Costa Rica y otros países pretendían una convención que prohibiese todo tipo de clonación, mientras que otro grupo encabezado por Bélgica buscaba que el eventual tratado se limitara a prohibir la clonación con fines de reproducción, dejando a los Estados la libertad de regular en su legislación nacional la clonación con fines terapéuticos).
El grupo de trabajo se reunió los días 14, 15 y 18 de febrero del presente año y adoptó, por 71 votos a favor -México incluido-, 35 en contra y 43 abstenciones, una declaración política que otorga a los Estados la flexibilidad suficiente para que en el marco de su legislación nacional se definan cuales son las formas de clonación humana incompatibles con la dignidad humana y la protección de la vida humana.
Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía el siguiente
Acuerdo
Único.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita al Presidente de la República que instruya a la representación de México ante la ONU para que en el próximo Pleno de la Asamblea reconsidere el voto emitido el 18 de febrero de este año en el comité de la convención internacional contra la clonación de seres humanos con fines reproductivos, presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2005.
Diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica),
Presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica), secretario;
Carlos Jiménez Macías (rúbrica), secretario; Arturo
Robles Aguilar (rúbrica), secretario; Jorge Martínez Ramos,
secretario; integrantes: Rodrigo Iván Cortés Jiménez,
Ángel Juan Alonso Díaz Caneja, Humberto Cervantes Vega (rúbrica),
José Alberto Aguilar Iñarritu (rúbrica), Sami David
David (rúbrica), Homero Díaz Rodríguez (rúbrica),
José Luis Flores Hernández (rúbrica), Rogelio Alejandro
Flores Mejía (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica),
Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Fernando Alberto
García Cuevas (rúbrica), Juan José García Ochoa
(rúbrica), Isidro Ruiz Argaiz, Alejandro González Yáñez,
Benito Chávez Montenegro (rúbrica), Leticia Gutiérrez
Corona (rúbrica), Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica),
Guadalupe Morales Rubio (rúbrica), Sergio Penagos García
(rúbrica), Cristina Portillo Ayala (rúbrica), Francisco Saucedo
Pérez, Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (rúbrica),
Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica).
A la reunión de trabajo que sostendrá con el secretario de la Función Pública, licenciado Eduardo Romero Ramos, el lunes 30 de enero, a las 9 horas, en el salón B del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
A su reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 1 de febrero, a las 15 horas, en el salón B del edificio G.
Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente
DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A la reunión de su Mesa Directiva, que se efectuará el miércoles 1 de febrero, a las 15 horas, en el salón A del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL
A la reunión de su Mesa Directiva, que se verificará el miércoles 8 de febrero, a las 9 horas, en las oficinas de la Comisión.
Atentamente
Dip. Miguel Luna Hernández
Presidente
Al foro de ciencia y tecnología Hombres y mujeres emprendedores, que se inaugurará el miércoles 1 de febrero, a las 10 horas, en la zona C del edificio G. A partir de las 11 horas, en las mesas de trabajo se abordarán los siguientes temas:
Atentamente
Dip. Alfonso Rodríguez Ochoa
Presidente