2. En relación con el apartado c) del numeral I del artículo 9 de la ley en comento, se incorporó el concepto de fuego anular a los cartuchos que pueden disparar los rifles en virtud de que pueden considerarse como los de más bajo poder, y pueden realizar un menor daño de lo contrario se pueden presentar confusiones importantes sí únicamente se señala como calibre .22, dado que existen rifles de mayor poder del calibre .22 de fuego central, como sería el caso de los calibres nominales .22 Hornet, o el .22-250 Remington.

3. Respecto al inciso d), se incorporó el concepto gauge que es la medida que se utiliza para determinar el calibre de las escopetas se puede entender por gauge, como ya lo define el artículo 3 de esta ley, como la medida con que se establece el calibre de las escopetas, que corresponde al diámetro expresado en la cantidad de esferas que completan el peso de una libra inglesa de plomo (453.6 gramos).

4. Se incorpora un inciso e) al numeral 1 de este artículo para agregar un catalogo de las armas denominadas de avancarga que no se encuentran consideradas ni en la actual ley, ni en el proyecto nuevo, pero que en México existen muchos de estos artefactos de este tipo que en las condiciones que se encuentra el proyecto en comento no se podrían encuadrar ni en las armas de uso permitido ni en las de uso exclusivo, en mi posición deben ser considerados en la nueva ley, como armas permitidas dado con no tienen un significativo poder, porque utilizan la anticuada pólvora negra.

5. Respecto a la fracción 1 del inciso C) del numeral primero del artículo 9 se equipara el calibre .30" al calibre 7.62 mm, en virtud de que este calibre es de la misma familia de los calibres .30" del sistema inglés de medidas, considerando que al convertir .30 centésimas de pulgada a milímetros, con ello se evitaran confusiones. Como los sería incluir calibres no permitidos como el 7.62 x 39 mm (para los fusiles del tipo AK-47), del 7.62 x 51 mm, el cual es denominado en el sistema inglés como .308 Winchester (para rifles de acción de cerrojo, semiautomáticos y automáticos, como el G-3 del Ejército Mexicano), también existe el calibre nominal 7.52 x 63 mm el cual es denominado en el sistema inglés como .30-06 Springfield.

6. Respecto a la fracción b), inciso D), del numeral 4 que se refiere a las armas autorizadas para las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia se propone disminuir la longitud del cañón de las escopetas, puesto que para los efectos tácticos y operativos de las corporaciones de seguridad pública y de procuración de justicia resulta más conveniente contar con escopetas de mayor más corto 18", por la facilidad de maniobras y para evitar que en los operativos estratégicos de las policías. Además, en la actualidad la mayoría de las corporaciones de seguridad en México cuentan con escopetas que no sobrepasan las 21 pulgadas de longitud de cañón que resultan las más convenientes para su trabajo operativo disminuir su tamaño.

7. En relación a las municiones que el presente artículo considera como exclusivo del Ejército, en este apartado se eliminó el concepto de expansivos, puesto que las balas con estas características son indispensables en la caza puesto que con ellas se pretende garantizar que el animal o pieza de caza sufra lo menos posible y que no escape del tirador mal herida buscando que la muerta sea inmediata, dado que las balas expansivas tienen la función de generar heridas más severas y liberar la mayor cantidad de su energía cinética.

8. Finalmente se propone en todos los casos que se tomen los calibres como nomínales mismo que se refiere como lo señala el artículo 3 fracción XIX del proyecto en comento, a la aproximación del diámetro de las balas y la longitud de los cascos, lo cual evitara la interpretación discrecional por parte del Ministerio Público en lo relativo a la consignación por los delitos de posesión bien si el arma se encuadra dentro de las permitidas para los ciudadanos o bien exclusivas para el Ejército.

A) Las que pueden poseer los particulares para su seguridad y legítima defensa, son:

e. Armas de avancarga, conocidas en el ámbito rural como pisponeras, chispones o chispetas, con sistema de ignición simple, que emplean carga de pólvora negra y que disparan proyectil único o múltiple.

Excepto las pistolas y revólveres del calibre nominal .357" Mágnum, las escopetas con cañón de longitud inferior a 635 mm o las de diámetro superior al 12 Gauge.

B. Para fines deportivos o recreativos:

C. Además de las armas anteriores, podrán autorizarse las siguientes de uso exclusivo para las Fuerzas Armadas:

C. Para actividades industriales:

D. Para corporaciones de seguridad pública y de procuración de justicia:

E. Para empresas de seguridad privada:

II. Armas y municiones de uso exclusivo para las Fuerzas Armadas.

A) Armas:

B) Municiones.

2. La obligación de las autoridades de reducir los riesgos que afecten el sustento y la infraestructura social y económica de la población y los recursos naturales;

3. La participación social en todos los órdenes de ejecución para crear comunidades capaces de resistir a los desastres mediante una acción solidaria, y

4. La reducción de las pérdidas económicas y sociales causadas por los desastres.

II. Sistema nacional, al Sistema Nacional de Protección Civil;

III. Consejo Nacional, al Consejo Nacional de Protección Civil;

IV. Programa Nacional, al Programa Nacional de Protección Civil;

V. Secretaría, a la Secretaría de Gobernación;

VI. Comité Nacional de Emergencias, al Comité Nacional de Emergencias de Protección Civil, que es el órgano encargado de la coordinación de acciones y toma de decisiones en situaciones de emergencia y desastre, con motivo de la presencia de fenómenos perturbadores;

VII. Centro Nacional de Prevención de Desastres, al organismo descentralizado del Gobierno Federal que tiene como finalidad generar información, recursos y medios para la prevención de fenómenos destructivos y el alertamiento de la población civil ante su inminencia, a través acciones de investigación, estudio, análisis, monitoreo, capacitación y divulgación;

VIII. Norma Oficial, a la Norma Oficial Mexicana;

IX. Brigadas Institucionales o del Programa Interno, a los grupos de personas que desarrollan de manera continua actividades de prevención, auxilio y recuperación, de acuerdo con lo que establece el programa de protección civil de un inmueble, y que se encuentran incluidos en el acta de instalación de la unidad interna de protección civil del propio inmueble;

X. Unidad interna de protección civil, al órgano responsable de elaborar, instrumentar, supervisar y evaluar el programa interno de protección civil que se implemente en los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de una dependencia, institución o entidad perteneciente a los sectores público, privado y social;

XI. Emergencia, a la situación anormal generada por la inminencia o la presencia de un fenómeno perturbador, que requiere atención inmediata;

XII. Desastre, a los efectos destructivos que produce un fenómeno perturbador sobre las personas y los bienes de la población civil, dañando la estructura social y los sistemas productivos y de subsistencia, e impidiendo el cumplimiento normal de las actividades esenciales de la sociedad;

XIII. Zona de desastre, a un espacio temporal y geográficamente determinado por declaración formal de autoridad competente, emitida en el sentido de que hacia su interior se ha producido un daño de tal relevancia que impide la realización normal de las actividades sociales y económicas de la población;

XIV. Fenómenos perturbadores, a aquellos acontecimientos que pueden llegar a producir situaciones de riesgo, emergencia o desastre. También se los conoce como agentes de desastre y pueden ser, según su origen, naturales o antropogénicos. Son de origen natural, los geológicos e hidrometeorológicos, y de origen antropogénico, los químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos y socio-organizativos;

XV. Peligro, a la probabilidad de que se produzca un fenómeno perturbador potencialmente destructivo, de intensidad variable y recurrente en sitios y tiempos determinados;

XVI. Sistemas expuestos, a las comunidades humanas, bienes, infraestructura, instalaciones y redes de servicios, así como el medio ambiente, que son susceptibles de verse afectados o dañados por uno o varios fenómenos perturbadores;

XVII. Vulnerabilidad, a la suceptibilidad de los sistemas expuestos a ser afectados o dañados;

XVIII. Riesgo, a la probabilidad de que se produzca un daño en un sistema expuesto;

XIX. Atlas Nacional de Riesgos, al sistema integral de información que expone y analiza las probabilidades de que se produzcan desastres a nivel nacional, estatal y municipal, cuyo objetivo es evaluar el riesgo mediante el análisis espacial y temporal del fenómeno pereturbador, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los sistemas afectables. Este sistema cuenta con bases de datos, sistemas de información geográfica y herramientas para el análisis y la simulación de escenarios, así como para la estimación de pérdidas por desastres.

II. Promover y facilitar la participación de los diversos sectores y grupos de la sociedad en acciones de protección civil;

III. Incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos necesarios para financiar las acciones de protección civil, precisando los montos que para la prevención, el auxilio y la recuperación sean necesarios, así como determinar sobre el uso y destino de los mismos, con arreglo a lo previsto en las disposiciones de la materia;

IV. Emitir declaratoria de emergencia o de desastre, en los términos del capítulo del título de esta ley, y

V. Promover la adquisición de seguros que, ante la eventualidad de un desastre de gran magnitud, permitan cubrir la totalidad de los daños ocasionados.

II. Prevención;

III. Inmediatez en la prestación de auxilio y entrega de recursos;

IV. Subsidiariedad, complementariedad y proporcionalidad en las funciones asignadas a las instancias del Gobierno, y

V. Control, eficacia, racionalidad y transparencia en la administración de los recursos.

II. Auxilio, y

III. Recuperación.

2. Si el apoyo estatal o del Distrito Federal resultara insuficiente, se solicitará el apoyo de la instancia federal, quien prestará de inmediato su atención y asistencia con base en las previsiones establecidas en los programas, convenios y demás normas jurídicas aplicables.

3. Las instancias municipales o delegacionales no podrán acudir ante la instancia federal si previamente no han solicitado el apoyo de las instancias estatales o del Distrito Federal.

4. Las dependencias y entidades federales serán las instancias responsables de atender los daños ocasionados por un fenómeno perturbador en el patrimonio de la federación y, en su caso, de coadyuvar con los gobiernos de las entidades federativas.

5. La coordinación de acciones en materia de protección civil se realizará con base en los convenios que al efecto celebre la Federación, a través de la Secretaría, con cada una de las entidades federativas.

6. Las fuerzas armadas participarán en la atención de situaciones extraordinarias que requieran acciones inmediatas de protección civil dentro de cualquiera de los niveles de gobierno, coordinándose con sus autoridades y realizando las tareas que les competen, aun cuando no se haya declarado un estado de desastre.

7. Esta ley, el Presupuesto de Egresos de la Federación, el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa de Protección Civil, así como las demás disposiciones reglamentarias y administrativas en la materia, regularán los medios, las formalidades y los requisitos a que debe sujetarse el acceso y el uso de los recursos financieros destinados a la prevención, auxilio y recuperación de desastres, los cuales se administrarán a través de fondos.

2. El Sistema Nacional está integrado por el Presidente de la República, por el Consejo Nacional, por las dependencias y entidades de la administración pública federal, por el Comité Nacional de Emergencias, por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, por representantes de los sectores privado y social, y por representantes de los sistemas de protección civil de los estados, de los municipios, del Distrito Federal y de sus delegaciones.

3. Los medios de comunicación masiva, electrónicos y gráficos, forman parte del Sistema Nacional y participan con arreglo a los convenios que se concreten sobre el particular con las autoridades, orientando y difundiendo oportuna y verazmente información sobre protección civil, particularmente en materia de prevención y de cultura de autoprotección.

4. El Presidente de la República, los gobernadores de los estados, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, los presidentes municipales y los delegados, son los responsables de integrar y operar los sistemas y programas de protección civil en sus respectivos ámbitos de competencia. Los cuatro últimos instalarán con esta finalidad un Consejo de Protección Civil para cada entidad federativa y unidades de la materia para estados, municipios, regiones, Distrito Federal y delegaciones.

5. Para informar el debate y las decisiones sobre la materia, el Sistema Nacional se apoyará en los diversos comités científicos asesores integrados por investigadores y especialistas en el estudio del comportamiento de los fenómenos perturbadores.

II. Verificar los avances en el cumplimiento del Programa Nacional;

III. Proponer políticas y estrategias para el desarrollo de programas internos y especiales de protección civil;

IV. Instalar y presidir el Comité Nacional de Emergencias;

V. Instalar y operar el Centro Nacional de Comunicaciones de Protección Civil;

VI. Instalar y operar el Centro Nacional de Operaciones de Protección Civil;

VII. Crear las instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de carácter técnico operativo, de servicios y logística, que permitan prevenir y atender los efectos de un desastre;

VIII. Suscribir convenios en materia de protección civil, en los ámbitos nacional e internacional, a fin de establecer nexos de coordinación con las autoridades competentes en la materia;

IX. Emitir las declaratorias de emergencia y de desastre;

X. Promover la integración de fondos estatales para la prevención y atención de desastres;

XI. Coordinar el acceso a los recursos del Fondo para la Prevención de Desastres;

XII. Coordinar el acceso a los recursos del Fideicomiso para la Prevención de Destastres;

XIII. Suscribir convenios de colaboración administrativa con las entidades federativas en materia de prevención y atención de emergencias y desastres;

XIV. Participar en la evaluación y cuantificación de los daños cuando así lo determinen las disposiciones específicas aplicables;

XV. Solicitar recursos del Fondo de Prevención de Desastres y del Fondo de Desastres, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo II;

XVI. Manejar el Fondo Revolvente para la adquisición de suministros de auxilio en situaciones de emergencia;

XVII. Proponer la adquisición de equipo especializado de transporte, de comunicación, alertamiento y atención de desastres con cargo al Fondo de Desastres o al Fondo de Prevención de Desastres;

XVIII. Coordinar en términos de la legislación aplicable, los trabajos para el discernimiento y entrega del Premio Nacional de Protección Civil;

XIX. Emitir las normas oficiales mexicanas en materia de protección civil;

XX. Coordinar la elaboración del Programa Nacional;

XXI. Elaborar y mantener actualizado el manual de organización y operación del Sistema Nacional, y

XXII. Las demás que la ley le señale o que le asignen el Presidente de la República y el Consejo Nacional.

II. Fomentar la participación comprometida y corresponsable de todos los sectores de la sociedad, en la formulación y ejecución de los programas destinados a satisfacer las necesidades de protección civil en el territorio nacional;

III. Convocar, coordinar y armonizar, con pleno respeto a sus respectivas soberanías, la participación de las entidades federativas y, por conducto de éstas, de los municipios y de los diversos grupos sociales locales organizados, en la definición y ejecución de las acciones que se convenga realizar en materia de protección civil;

IV. Fijar, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los criterios para el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de protección civil, así como las modalidades de cooperación con otros países:

V. Promover el estudio, la investigación y la capacitación en materia de protección civil, identificando sus problemas y tendencias y proponiendo las normas y programas que permitan su solución, así como la ampliación del conocimiento sobre los elementos básicos del Sistema Nacional y el fortalecimiento de su estructura;

VI. Promover la generación, desarrollo y consolidación de una cultura nacional de protección civil;

VII. Gestionar ante las autoridades correspondientes la incorporación de la materia de protección civil en el sistema educativo nacional;

VIII. Evaluar anualmente el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional, y

IX. Las demás atribuciones afines a éstas que le encomiende el titular del Ejecutivo federal.

2. Serán invitados con carácter permanente representantes de las organizaciones de la sociedad civil, de los medios de comunicación social y del sector empresarial, quienes serán convocados a través de invitación que formule el secretario ejecutivo.

3. Asimismo, podrán ser convocados a las sesiones del Consejo Nacional, por invitación del pleno del Consejo o del secretario ejecutivo, representantes de los organismos, entidades y agrupaciones de carácter público, privado y social, así como de los sectores académico y profesional.

1. Por instrucciones del Presidente de la república, presidir las sesiones del Consejo nacional;
2. Presentar a la consideración del Consejo nacional el informe del avance del programa nacional de protección civil;

3. Llevar a cabo la ejecución del Programa Nacional en los distintos ámbitos de la Administración Pública;
4. Concertar con los Poderes Legislativo y Judicial de la Unión, así como con las autoridades estatales y del Distrito Federal y con las organizaciones voluntarias, privadas y sociales, el cumplimiento del Programa Nacional;

5. Proporcionar a la población la información que se genere en materia de protección civil, y
6. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional.

II. Corresponde al secretario técnico:

1. Suplir al secretario ejecutivo en sus ausencias;
2. Elaborar y someter a la consideración del secretario ejecutivo, el proyecto de calendario de sesiones del Consejo Nacional;

3. Formular el orden del día de cada sesión y someterlo a la consideración del secretario ejecutivo;
4. Convocar por escrito a los miembros del Consejo nacional a indicación del secretario ejecutivo, para la celebración de sesiones;

5. Coordinar previa consulta con los sectores sociales, la elaboración del proyecto de Programa Nacional y someterlo a consideración del secretario ejecutivo;

6. Coordinar la realización de los trabajos específico y acciones que determine el Consejo Nacional, y
7. Las demás funciones que le sean encomendadas.

2. En cada uno de los municipios y delegaciones del Distrito Federal, se creará y funcionará un consejo como órgano consultivo en materia de planeación y de coordinación de acciones de los sectores público, privado y social, en el ámbito de su competencia.

3. Los Consejos de los municipios y delegaciones del Distrito Federal se organizarán en lo conducente de manera similar a los Consejos de las entidades federativas y tendrán las funciones relativas, para hacer posible la coordinación y realizar los fines de la protección civil en sus ámbitos de competencia.

2. El Comité estará presidido por el Presidente de la República o el secretario de Gobernación y tendrá las siguientes atribuciones:

I. Analizar la situación de emergencia o desastre que afecte al país, a fin de evaluar el alcance del impacto y formular las recomendaciones necesarias para proteger a la población, sus bienes y su entorno;

II. Determinar las medidas urgentes que deben ponerse en práctica para hacer frente a la situación, así como los recursos indispensables para ello;

III. Proveer los medios materiales y financieros necesarios para las acciones de auxilio, recuperación y reconstrucción;

IV. Vigilar el cumplimiento de las acciones acordadas y dar seguimiento a la situación de emergencia o desastre, hasta que ésta haya sido superada, y

V. Emitir boletines y comunicados conjuntos hacia los medios de comunicación y público en general.

3. El Comité será convocado para sesionar en forma extraordinaria por el Presidente de la República o el secretario de Gobernación cuando se presenten situaciones extremas de emergencia o desastre, o cuando la probabilidad de afectación por un fenómeno perturbador sea muy alta, poniendo en inminente riesgo a grandes núcleos de población e infraestructura del país.

4. Los esquemas de coordinación de este Comité serán precisados en el reglamento de esta ley.

2. Los programas de protección civil estatales, del Distrito Federal, municipales y delegacionales, deberán elaborarse de conformidad con las líneas generales que establezca el Programa Nacional.

3. La Secretaría, en su carácter de coordinadora ejecutiva del Sistema Nacional, podrá convocar a las instituciones públicas, privadas, sociales y académicas cuya participación considere apropiada para la elaboración de los programas especiales.

4. En los rubros de bienestar social de los programas nacional, sectoriales, institucionales y regionales de gobierno, se concederá a la inscripción de la protección civil un carácter prioritario.

5. Las dependencias y autoridades competentes incorporarán a los programas de vivienda, alimentación, salud, educación, ecología, desarrollo urbano y rural, deporte, juventud, equidad de género, accesibilidad a personas con capacidades diferentes, y otros derivados del Plan Nacional de Desarrollo, capítulos específicos reservados a la protección civil, enmarcados en una política de coordinación de acciones.

I. Se identifiquen riesgos específicos que puedan afectar de manera grave a la población, y

II. Se trate de grupos específicos que, debido a su condición física o social, sean considerados vulnerables para efectos de la protección civil.

2. Los programas especiales de protección civil, deberán contener por lo menos los rubros siguientes:

I. Subprograma de prevención;
II. Subprograma de auxilio, y
III. Subprograma de recuperación.

3. Deberán asimismo apegarse para su implementación, a la Norma Oficial que emita la Secretaría.

2. El contenido y las especificaciones de este tipo de programas, se precisarán en el reglamento de esta ley o en la Norma Oficial que al efecto expida la Secretaría.

2. La Comisión Consultiva se integrará con miembros del sector académico, dirigentes de agrupaciones de profesionales, dirigentes sociales y políticos, representantes del sector privado, grupos voluntarios y especialistas en comunicación social.

3. Los integrantes de la Comisión Consultiva serán designados y nombrados por el titular de la Secretaría.

2. Para que un grupo voluntario pueda ser reconocido por la autoridad, deberá obtener su registro como tal ante la instancia correspondiente.

3. Los grupos voluntarios cuyo ámbito de actuación sea todo el territorio nacional tramitarán su registro ante la Secretaría.

4. Los grupos voluntarios estatales, regionales, del Distrito Federal, municipales y delegacionales, lo harán en la forma y términos que establezca la legislación local respectiva.

5. Con el registro local, los grupos señalados en el numeral anterior podrán incorporarse al registro nacional, una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos que al respecto establezcan el reglamento de esta ley y la norma oficial respectiva.

6. La Secretaría informará a los municipios, delegaciones y entidades federativas sobre el registro de estos últimos grupos.

7. Para la obtención del registro como grupo voluntario ante la autoridad de Protección Civil que corresponda, los interesados podrán realizar el trámite gratuito cumpliendo con los requisitos que al efecto se establezcan en la norma oficial que para el caso emita la Secretaría.

8. Son derechos y obligaciones de los grupos voluntarios:

I. Asumir los derechos y obligaciones del reconocimiento oficial una vez obtenido su registro;

II. Recibir reconocimientos por acciones realizadas en beneficio de la población, en los términos y condiciones que fijen las disposiciones aplicables;

III. Contar con un directorio actualizado de sus miembros;
IV. Cooperar en la difusión de la cultura de protección civil;

V. Comunicar a las autoridades de protección civil la presencia de una situación de probable o inminente riesgo;
VI. Coordinarse bajo el mando de las autoridades en caso de riesgo, emergencia o desastre;

VII. Abstenerse de solicitar o recibir contraprestación alguna de las personas a quienes hayan prestado ayuda, en situaciones de riesgo, emergencia o desastre;

VIII. Refrendar anualmente su registro, mediante la renovación de créditos respecto de los requisitos que prevengan los ordenamientos aplicables;

IX. Utilizar para el servicio que presten sólo vehículos debidamente registrados ante las autoridades administrativas correspondientes y con las características técnicas que al efecto señalen las normas oficiales aplicables, y

X. Participar en todas aquellas actividades del Programa Nacional que estén en posibilidad de realizar.

2. La Secretaría promoverá y coordinará el funcionamiento de la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios.

3. Las personas que deseen desempeñar labores de rescate y auxilio deberán constituirse, preferentemente, en grupos voluntarios o integrarse a los ya registrados a fin de recibir información y capacitación para realizar en forma coordinada las acciones de protección civil.

I. La capacitación recíproca, el alertamiento y la difusión ante situaciones de emergencia o desastre;
II. Su incorporación en la elaboración de planes, programas y recomendaciones, y
III. Su participación en el diseño y transmisión de información pública sobre protección civil.

2. Corresponde a la Secretaría dictar lineamientos generales y diseñar formas para inducir y conducir en el ambiente social la formación de una cultura de protección civil.

II. La realización de eventos de capacitación de carácter masivo a nivel federal y local, a los cuales se procurará llevar conocimientos básicos que permitan el aprendizaje de conductas de autoprotección, al mayor número posible de personas;

III. La ejecución de simulacros en los lugares de mayor afluencia de público, principalmente en oficinas públicas, planteles educativos, conjuntos habitacionales, edificios privados e instalaciones industriales, comerciales y de servicios;

IV. La formulación y promoción de campañas de difusión masiva y de comunicación social, con temas específicos de protección civil y relativos a cada ámbito geográfico al que vayan dirigidas, poniendo énfasis en las medidas de prevención y autoprotección, en los tres niveles de gobierno;

V. El apoyo para el diseño y la diseminación de materiales impresos y audiovisuales que promuevan la cultura de la prevención y la autoprotección;

VI. La constitución de los acervos de información técnica y científica sobre fenómenos perturbadores que afecten o puedan afectar a la población, y que permitan a ésta un conocimiento más concreto y profundo sobre aquellos, así como la forma de enfrentarlos en caso de ser necesario;

VII. El establecimiento de programas educativos y de difusión, dirigidos a toda la población, que le permita conocer los mecanismos de ayuda en caso de emergencia, así como la manera en que los ciudadanos pueden colaborar en ellos, y

VIII. La distribución masiva del Plan Familiar de Protección Civil así como de aquellos programas especiales relacionados con fenómenos específicos identificados en las entidades federativas, municipios y delegaciones del Distrito Federal.

b) El Capítulo IV del Título Tercero cambia su nombre de "De las zonas de atención prioritaria" a "De las áreas y zonas de atención prioritaria" para reflejar la introducción del nuevo concepto.

c) El Capítulo V del Título Tercero cambia su nombre de "Del fomento al sector social de la economía" a "Del fomento a la economía popular", también para reflejar el cambio conceptual introducido. El concepto de economía popular se define en la fracción XXVIII del artículo 2.

d) El Capítulo VI del Título Tercero cambia su nombre de "De la definición y medición de la pobreza" a "De las mediciones de la pobreza y del riesgo de pobreza", para reflejar, por una parte, el hecho que las definiciones de pobreza y de riesgo de pobreza han sido establecidas en las fracciones III y IV del artículo 2, y por otra parte para reflejar la introducción del concepto de riesgo de pobreza.

e) El Capítulo IV del Título Cuarto cambia su nombre de "De la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social" a "Del Gabinete de Desarrollo Social", reflejando el cambio antes comentado.

II. Establecer los derechos y las obligaciones de los sujetos del desarrollo social.

III. Estipular las obligaciones para el desarrollo social de los tres órdenes de Gobierno, las instituciones responsables, sus facultades y obligaciones.

IV. Definir los principios, los criterios generales, las modalidades básicas de intervención y los compromisos ineludibles del Estado al precisar los componentes obligatorios de cada una de estas modalidades, así como las reglas básicas de los apoyos, servicios y bienes que deberá proporcionar el Estado en cada uno de dichos componentes.

V. Regular la planeación, programación y presupuestación del desarrollo social.

VI. Establecer las condiciones básicas del financiamiento y el gasto que garanticen el desarrollo social.

VII. Fundar el Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que participan los gobiernos de los municipios y delegaciones, de las entidades federativas, y el federal, estableciendo los mecanismos institucionales para garantizar la coordinación, la colaboración y la concertación tanto entre los tres órdenes de gobierno como entre los sectores del gobierno federal.

VIII. Determinar la competencia de los gobiernos de los municipios y delegaciones, de las entidades federativas y del gobierno federal en materia de desarrollo social, así como las bases para la concertación de acciones con los sectores social y privado.

IX. Definir los indicadores básicos y los procedimientos mínimos para llevar a cabo la medición de la pobreza y del riesgo de pobreza, así como el uso de estos indicadores para determinar la población objetivo de los programas focalizados.

IX. Desarrollar intensivamente la economía popular.

X. Establecer, y definir las bases de su organización, la institución que normará y llevará a cabo la medición de la pobreza y del riesgo de pobreza, la evaluación de la política nacional de desarrollo social, y la identificación de las áreas y zonas de atención prioritaria.

XI. Regular y garantizar el otorgamiento de los bienes y la prestación de los servicios a que tiene derecho la población.

XII. Determinar las bases y organizar la participación social y privada en el desarrollo social.

XIII. Establecer instrumentos de control social y de acceso a la justicia en materia de desarrollo social.

II. Política de desarrollo social. Conjunto sistemático de fines y medios de carácter económico y social, a cargo de los tres órdenes de gobierno con la participación social y privada, y que comprende, entre otros elementos, objetivos y metas a diferentes plazos, instrumentos, medidas, proyectos, programas y recursos, responsables y participantes, cuyo propósito más amplio es la consecución del desarrollo social.

III. Pobreza: Condición de hogares y sus miembros que, en un periodo dado,no alcanzan un nivel de vida digno y suficiente. Operativamente se identifica la pobreza cuando se obtiene un residuo positivo al restar de la unidad, en los términos del artículo 36 de esta ley, el índice del nivel de vida integrado del hogar. A este residuo se le denomina brecha o intensidad de pobreza del hogar y expresa la gravedad de las carencias. A todos los integrantes de un hogar se les atribuye la condición e intensidad de la pobreza del hogar del cual forman parte.

IV. Riesgo de pobreza: Condición de hogares y personas altamente vulnerables a riesgos cuya realización puede llevarlos a la pobreza o a aumentar la intensidad de la misma, tal como ésta se define en la fracción VIII de este artículo.

V. Medición de la pobreza. Comprende dos tareas: la de identificar a los hogares y personas que viven en la pobreza, y las operaciones destinadas a obtener las medidas agregadas de pobreza definidas en la fracción VIII de este artículo.

VI. Medidas agregadas de pobreza. Formulaciones matemáticas que expresan, para grupos sociales amplios, para la población de unidades territoriales, de unidades político administrativas, o del país en su conjunto, la prevalencia y gravedad del problema de la pobreza, y que se construyen a partir del número de hogares y personas que se encuentran en dicha situación y la intensidad de la pobreza referida en la fracción V de este artículo.

VII. Incidencia de la pobreza de un conjunto de hogares. Es la medida agregada de pobreza más sencilla y expresa la proporción de personas respecto al total de la población del conjunto de hogares bajo estudio, que se encuentran en condición de pobreza. Como la unidad de observación e identificación es el hogar, todos sus integrantes adquieren la condición de pobreza cuando viven en un hogar identificado como tal.

VIII. Intensidad de la pobreza o brecha de pobreza de un conjunto de hogares. Medida agregada de pobreza que es igual a la media ponderada de la intensidad o brecha de pobreza de los hogares que forman el conjunto, usando como ponderador de la brecha de cada hogar su número de integrantes. Por tanto, es igual también a la media simple de las brechas de los individuos del conjunto de hogares.

IX. Incidencia equivalente de la pobreza de un conjunto de hogares. Es una medida agregada de pobreza que se obtiene multiplicando la incidencia por la intensidad de la pobreza de dicho conjunto. Esta medida agregada permite ordenar adecuadamente unidades geográficas de más a menos pobreza.

X. Medición del riesgo de pobreza. Tarea que tiene dos fases: a) identifica a hogares y personas que se ubican en los términos de la definición de la fracción IV de este artículo; y b) clasifica a los hogares así identificados en varias categorías según su grado de vulnerabilidad ante los riesgos de pobreza.

XI. Gasto social: Las asignaciones presupuestarias destinadas a educación; salud y seguridad social; desarrollo regional, urbanización, vivienda, agua potable, alcantarillado y en general infraestructura social; asistencia social; lucha contra la pobreza; empleo, fomento a la economía popular; alimentación y abasto social; y las aportaciones federales a los estados y municipios comprendidas en los fondos I, II, III, V y VI del ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, reglamentados en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

XII. Programas y políticas universales. Los orientados a toda la población o bien a una fracción de ella que cumpla con un criterio distinto al de pobreza o riesgo de pobreza, como edad o sexo, condición de dependencia, salud, capacidad, asistencia escolar.

XIII. Autofocalización. Decisión libre de personas, hogares o grupos sociales, de acogerse o no a los beneficios de programas y políticas universales o no focalizados.

XIV. Políticas y programas focalizados. Los que utilizan los mecanismos de focalización territorial o focalización individual definidos en las dos siguientes fracciones de este artículo para definir a su población objetivo.

XV. Focalización territorial. Selección, por parte de la autoridad competente, de localidades, comunidades, barrios o cualquier otra unidad territorial, para que todos sus habitantes integren la población objetivo de alguna política o programa, con base en la aplicación de criterios de elegibilidad asociados a la pobreza o al riesgo de pobreza de sus habitantes.

XVI. Focalización individual. Selección, por parte de la autoridad competente, de hogares o personas para integrar la población objetivo con base en criterios de elegibilidad asociados a su pobreza o riesgo de pobreza.

XVII. Población objetivo. Núcleos de población, comunidades, áreas territoriales, hogares y personas a los que están dirigidos los programas y políticas focalizados.

XVIII. Padrones: Relaciones de la población objetivo atendida en un periodo dado por las políticas y los programas focalizados.

XIX. Personas dependientes. Aquellas que, por su edad o condición, carecen de autonomía para definir propósitos y actuar en consecuencia para alcanzarlos, y por ello requieren ayuda y cuidados especiales.

XX. Política de desarrollo social. La política nacional de desarrollo social.

XXI. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo de Desarrollo Social;

XXII. Consejo Nacional: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;

XXIII. Comisión Nacional: Comisión Nacional de Desarrollo Social;

XXIV. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal;

XXV. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Desarrollo Social;

XXVI. Organizaciones: Agrupaciones civiles y sociales, legalmente constituidas, en las que participan personas o grupos sociales con el propósito de realizar actividades relacionadas con el desarrollo social; y

XXVII. Entidades federativas. El Distrito Federal y los 31 Estados de la República.

XXVIII. Economía popular. Las actividades de producción y comercialización de bienes o prestación de servicios generadoras de ingresos monetarios o no monetarios, llevadas a cabo por unidades económicas familiares, organizaciones asociativas o cooperativas, o microempresas, orientadas no al lucro sino a proveer los recursos económicos necesarios para la satisfacción de las necesidades de sus miembros y sus dependientes, cuando ninguno de sus integrantes tiene acumulada una masa de riqueza que les permita sobrevivir a ellos y sus dependientes por períodos significativos sin un esfuerzo continuado de trabajo.

XXIX. Ingreso corriente total del hogar. Es la suma del ingreso corriente monetario y del ingreso corriente no monetario del hogar. No incluye las llamadas percepciones de capital que son, por ejemplo, las recibidas por la venta de bienes muebles e inmuebles de consumo básico constituyentes del patrimonio del hogar; las disposiciones o retiros del capital invertido en cuentas bancarias, cajas de ahorro, o tandas; los financiamientos recibidos, ni los pagos recibidos por préstamos otorgados a terceros.

XXX. Ingreso corriente monetario del hogar. Es la suma de las percepciones en efectivo provenientes, de manera no limitativa, de las siguientes fuentes: a) la remuneración al trabajo, lo que incluye sueldos, salarios, jornales, pago por horas extra, comisiones, propinas, pago a destajo, aguinaldo, gratificaciones, premios y recompensas adicionales, primas vacacionales, reparto de utilidades y otras prestaciones en efectivo; b) renta empresarial, percepciones en efectivo provenientes de una empresa o negocio propiedad de algún miembro del hogar; c) cooperativas; d) renta de la propiedad, lo que incluye percepciones por alquiler de tierras, terrenos e inmuebles, intereses, dividendos, regalías provenientes de marcas y patentes, derechos de autor, y otras de naturaleza similar; e) transferencias, entre las que se incluyen jubilaciones, pensiones, indemnizaciones por despido, becas, donativos institucionales, y el saldo neto de los donativos recibidos de, menos los otorgados a, otros hogares.

XXXI. Ingreso corriente no monetario del hogar. Estimaciones de los valores de mercado de los bienes y servicios a los que los miembros del hogar hayan tenido acceso en especie provenientes de las siguientes fuentes: a) autoconsumo de bienes y servicios producidos o comercializados por el hogar; b) pago en especie en el trabajo; c) donativos en especie provenientes de instituciones; d) saldo neto de los donativos en especie recibidos de, menos los otorgados en especie, a otros hogares.

XXXII. Activos básicos y no básicos del hogar. Los activos básicos del hogar están formados por los bienes muebles e inmuebles, de los cuales el hogar es propietario o poseedor a título no oneroso, y que le permiten a éste satisfacer sus necesidades básicas. Todos los demás activos son no básicos.

XXXIII. Salario mínimo vigente. El salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

XXXIV. Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

XXXV. Delegaciones. Las Delegaciones Políticas del Distrito Federal.

II. Igualdad: Constituye un objetivo central del desarrollo social y se expresa en la mejora continua de la distribución de la riqueza, el ingreso, la propiedad y el acceso al conjunto de los bienes y servicios proveídos por los tres órdenes de gobierno, entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales.

III. Justicia distributiva: Aplicación equitativa de la política y los programas de desarrollo social, otorgando prioridad a las necesidades de los grupos, hogares y personas en situación de pobreza o en riesgo de pobreza, para disminuir la desigualdad social y garantizar que toda persona participe en el desarrollo social.

IV. Equidad de género: Plena igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, eliminación de toda forma de desigualdad, exclusión o subordinación basada en roles de género, y una nueva relación de convivencia social entre mujeres y hombres desprovista de dominación, estigmatización y sexismo.

V. Equidad social: Superación de toda forma de desigualdad, exclusión, discriminación o subordinación social basada en roles de género, edad, características físicas, pertenencia étnica, preferencia sexual, origen nacional, creencias y prácticas religiosas, condición social, o cualquier otra.

VI. Equidad de oportunidades de gestión productiva: acceso efectivo a medios de financiamiento para la realización de actividades productivas de generación de ingresos para todos que así lo quieran o necesiten.

VII. Libertad: Capacidad de las personas para elegir los medios para su desarrollo personal así como para participar en el desarrollo social.

VIII. Solidaridad: Colaboración entre personas, grupos sociales y órdenes de gobierno, basada en el desarrollo y aceptación de responsabilidad por los otros.

IX. Integralidad: Articulación y complementariedad de programas y acciones que conjunten los diferentes beneficios sociales, en el marco de la política nacional de desarrollo social.

X. Territorialidad: Planeación y ejecución de la política social desde un enfoque socio-espacial que permite que en el ámbito territorial confluyan, se articulen y complementen las diferentes políticas y los programas y donde se incorpora la gestión del territorio como componente del desarrollo social y de la articulación de éste con las políticas de desarrollo urbano.

XI. Participación social: Derecho de las personas, grupos sociales y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social.

XII. Sustentabilidad: Preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, para mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.

XIII. Respeto y compromiso con la diversidad: Reconocimiento y respeto de la diversidad en términos de origen étnico, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, para superar toda condición de discriminación, promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias, y atender la diversidad de necesidades en el diseño de políticas y programas de desarrollo social.

XIV. Pluralidad: Esta Ley no establece un modelo social único. Los gobiernos que se sucedan en los periodos que establecen las normas aplicables en los tres órdenes de gobierno, deberán combinar las tres modalidades básicas de política de desarrollo social a que se refiere el artículo 9 de esta ley, pero tienen plena libertad de variar los énfasis relativos de acuerdo con la voluntad popular que representen.

XV. Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades: Reconocimiento en el marco constitucional a las formas internas de convivencia y de organización; ámbito de aplicación de sus propios sistemas normativos; elección de sus autoridades o representantes; medios para preservar y enriquecer sus lenguas y cultura; medios para conservar y mejorar su hábitat; acceso preferente a sus recursos naturales; elección de representantes ante los ayuntamientos y acceso pleno a la jurisdicción del Estado.

XVI. Transparencia: La información relativa a todas las etapas del ciclo de las políticas de desarrollo social es pública con pleno respeto a la privacidad de los datos personales y a la prohibición del uso político-partidista, confesional o comercial de la información en los términos de las leyes en la materia. Las autoridades del país garantizarán que la información gubernamental sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz.

XVII. Eficacia y eficiencia: Obligación de la autoridad de ejecutar los programas sociales de manera austera, con el menor costo administrativo, la mayor celeridad y los mejores resultados e impacto.

XVIII. Respeto. Actitud republicana de vocación de servicio, respeto y reconocimiento de los derechos que estimule el proceso de construcción de ciudadanía de todos los habitantes.

XIX. Enfoque preventivo-compensatorio. La política para superar la pobreza se despliega tanto para prevenir la caída en la pobreza como para lograr la salida sostenible de los hogares y personas que se encuentran en ella.

XX. Servicios y bienes de primera calidad para todos y todas. Toda la población tiene derecho a bienes y servicios de calidad, rechazándose como inaceptable el otorgamiento, sobre bases permanentes, de servicios de segunda clase a la población en pobreza.

II. Superación sostenible de la pobreza, orientada al cumplimiento del derecho estipulado en el artículo 8 de esta ley.

III. Protección contra el riesgo de pobreza.

II. Tener acceso a toda la información de la política y de los programas, en particular a sus reglas de operación, recursos y cobertura.

III. Garantía de reserva y privacidad de la información personal que, en su caso, hayan proporcionado.

IV. Presentar recursos de revisión, denuncias y quejas ante las instancias correspondientes en relación con la aplicación de esta ley.

V. Recibir los servicios, bienes y prestaciones de los programas conforme a sus reglas de operación, salvo que les sean suspendidos por resolución administrativa o judicial debidamente fundada y motivada y le haya sido comunicado debidamente al menos con 60 días de anticipación.

VI. Mantener la derechohabiencia y el acceso efectivo a los programas de desarrollo social universales y a los de focalización individual cuando cambie de domicilio, y adquirir la derechohabiencia de los programas focalizados territorialmente que operen en su nuevo domicilio.

VII. Presentar solicitud de inclusión en los programas a los que considere tener derecho y cuya normatividad así lo requiera.

VIII. Participar en la formulación, ejecución y evaluación de la política y los programas de desarrollo social.

IX. Proporcionar de manera veraz la información demográfica y socioeconómica que les sea requerida por las autoridades y que esté estipulada en la normatividad correspondiente.

X. Cumplir la normatividad de los programas de desarrollo social.

II. Constituirse en mecanismo nodal para la articulación virtuosa entre la política económica y la social y para evitar la subordinación de la segunda a la primera.

III. Un desarrollo económico incluyente, sostenido y sustentable, que genere los empleos dignos y bien remunerados suficientes para alcanzar el pleno empleo, que eleve el ingreso de los hogares, y que disminuya la desigualdad de su distribución.

IV. El desarrollo de un Estado de Bienestar que haga efectiva la responsabilidad social del Estado y que, aunado a lo señalado en las fracciones II y III de este artículo, haga posible el cumplimiento de lo señalado en la fracción I.

V. Fortalecer el desarrollo regional equilibrado y sustentable.

VI. Garantizar formas de participación social en la formulación, instrumentación, ejecución, control y evaluación de la política de desarrollo social.

a) Educación pública gratuita, desde los tres grados de preescolar hasta la educación media superior y sus equivalentes en la educación técnica.

b) Educación pública gratuita de adultos orientada a eliminar los rezagos educativos en alfabetización, primaria y secundaria, así como a mejorar las capacidades de la población para el trabajo.

c) Programas de salud pública que incluyen, entre otros, prevención y control de enfermedades transmisibles, vigilancia nutricional, lucha contra la contaminación del suelo, agua y aire, educación para la salud, control de alimentos y medicamentos.

d) Servicios de atención primaria, secundaria y terciaria de la salud, incluyendo rehabilitación, sin restricciones de cobertura de riesgos, e incluyendo medicamentos y tratamientos, para la población no derechohabiente de la seguridad social, sin desembolso alguno del derechohabiente a cambio del servicio y los medicamentos recibidos, pero sujeto a una cuota periódica igual para todas las personas, sin distinción de sexo, edad o condición de salud, que por su bajo monto y forma de pago no se constituya en barrera de acceso, para evitar lo cual también se establecen las exenciones previstas en la fracción II inciso e) de este artículo.

e) Pensión universal para todos los adultos mayores de 70 años que no reciban pensión de otra fuente, equivalente a 0.5 salarios mínimos vigentes mensuales.

f) Acceso universal al crédito para la vivienda digna a plazos de hasta 30 años y a tasas de interés no mayores al costo promedio de captación de la banca más dos puntos.

g) Política de infraestructura social y de prestación de servicios que permita el acceso universal a los servicios básicos de agua entubada dentro de la vivienda, drenaje o equivalente de buena calidad, electricidad, y recolección de basura o apoyo para su adecuada eliminación.

h) Política orientada al desarrollo de las necesidades y las capacidades socialmente relevantes, que comprende la socialización universal de conocimientos y habilidades relacionados, entre otros aspectos, con la producción y la comercialización, la vida cotidiana y el consumo, la educación de los menores y las responsabilidades parentales, la sexualidad, la organización comunitaria y asociativa, la vida cívica y política, y con el acervo cultural y científico.

i) Política económica de estímulo al crecimiento económico y a la generación de empleos dignos y bien remunerados.

j) Política salarial orientada a la recuperación sostenida del nivel medio de salarios que el país logró alcanzar a finales del decenio de los años setenta del siglo veinte, así como a garantizar que el salario mínimo cumpla con lo prescrito en el segundo párrafo de la fracción VI del apartado A del artículo 123 constitucional, aunada a una fiscalización rigurosa que impida el pago de salarios inferiores al mínimo.

k) Política orientada a garantizar a los hogares monoparentales con menores, y biparentales con menores en los cuales ambos miembros de la pareja trabajen, acceso gratuito a centros de cuidado y desarrollo infantil durante las horas y días hábiles.

l) Fomento a la economía popular en los términos del Capítulo V del Título Tercero de esta ley.

m) Fomento al desarrollo regional equilibrado y sustentable, otorgándole preferencia a las zonas de atención prioritaria estipuladas en el Capítulo IV de este Título.

n) Política de ampliación de la seguridad social orientada a alcanzar su cobertura universal, la cual también forma parte de la modalidad básica de intervención definida en la fracción III del artículo 9 de esta ley.

II. Respecto de la modalidad básica de superación sostenible de la pobreza, los siguientes son componentes obligatorios:

a) Asistencia social para brindar protección, albergue, manutención, atención a la salud y cuidados tanto a los menores como a los adultos dependientes sin protección familiar.

b) Apoyo directo a la satisfacción de la necesidad alimentaria, orientada a asegurar la nutrición adecuada de toda la población. Este apoyo directo será complementario de las becas de manutención estipuladas en el inciso e) de esta fracción, por lo cual sólo recibirán el apoyo completo que se estipula a continuación, los hogares en los cuales ningún miembro esté recibiendo becas de manutención y recibirán la mitad de dicho apoyo los hogares en los cuales únicamente un integrante esté recibiendo beca de manutención. El apoyo estipulado en este inciso se asignará combinando la focalización territorial con la focalización individual de la siguiente manera. La focalización territorial definida en este inciso y en los incisos e) g) h) e i) de esta fracción, se basa en la definición de áreas de atención prioritaria y en la clasificación de dichas áreas en ultra alta pobreza, muy alta pobreza y alta pobreza, según los niveles relativos de incidencia equivalente de la pobreza y del riesgo de pobreza establecidos en el artículo 29 de esta ley. A los hogares ubicados en áreas de atención prioritaria se les otorgará apoyo alimentario equivalente a: 0.15 salarios mínimos mensuales por cada integrante del hogar si viven en áreas de atención prioritaria de ultra pobreza, 0.12 salarios mínimos mensuales por cada integrante del hogar si viven en áreas de atención prioritaria de muy alta pobreza, y 0.10 salarios mínimos vigentes mensuales por cada integrante del hogar si viven en áreas de atención prioritaria de alta pobreza. En el resto del país se utilizará la focalización individual, otorgándose los siguientes montos como apoyo alimentario: 0.15 salarios mínimos vigentes mensuales por cada integrante a los hogares en condiciones de pobreza indigente y en alto riesgo de pobreza; 0.12 salarios mínimos vigentes mensuales a los que pertenezcan a un hogar en condiciones de pobreza indigente y bajo riesgo de pobreza o a un hogar en pobreza no indigente y alto riesgo de pobreza; y 0.10 salarios mínimos vigentes mensuales a los que pertenezcan a hogares en pobreza no indigente y bajo riesgo de pobreza.

c) Garantía de abasto social de alimentos y de otros productos básicos a precios accesibles.

d) Libros de texto, útiles y uniformes escolares gratuitos para todas las personas inscritas en los programas educativos públicos señalados en los incisos a) y b) de la fracción I de este artículo, así como alimentos escolares gratuitos de acuerdo a los horarios escolares, y uniformes gratuitos, para las inscritas en los programas educativos públicos señalados en el inciso a) de dicha fracción.

e) A los estudiantes inscritos en los programas educativos públicos a que se refiere el inciso a) de la fracción I de este artículo, se les otorgarán becas de manutención mensuales. A los inscritos en dicho programas educativos y que vivan en áreas de atención prioritaria, se les otorgarán becas de manutención mensuales equivalentes a: 0.30 salarios mínimos mensuales si viven en áreas de atención prioritaria de ultra alta pobreza, 0.25 salarios mínimos mensuales si viven en áreas de atención prioritaria de muy alta pobreza, y 0.20 salarios mínimos vigentes mensuales si viven en áreas de atención prioritaria de alta pobreza. En el resto del país se utilizará la focalización individual, otorgándose los siguientes montos como becas de manutención a los inscritos en dichos programas: 0.30 salarios mínimos vigentes mensuales a los que pertenezcan a un hogar en condiciones de pobreza indigente y en alto riesgo de pobreza; 0.25 salarios mínimos a los que pertenezcan a un hogar en condiciones de pobreza indigente y bajo riesgo de pobreza o a un hogar en pobreza no indigente y alto riesgo de pobreza; y 0.20 salarios mínimos a los que pertenezcan a hogares en pobreza no indigente y bajo riesgo de pobreza.

f) La población en edad escolar que habita en localidades sin acceso cercano a instalaciones escolares será atendida en los niveles educativos mencionados en el inciso a) de la fracción I de este artículo, mediante albergues escolares situados cerca de las instalaciones escolares. Estos albergues proveerán gratuitamente de alojamiento, alimentación y estímulos educativos y culturales adecuados en los días escolares; en estos casos no recibirán las becas a las que se refiere el inciso anterior, pero todos ellos recibirán un estipendio mensual para su transporte que será igual a la octava parte de un salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal. El reglamento de esta ley especificará el criterio de acceso cercano para la aplicación de este derecho.

g) Exención de las siguientes proporciones de la cuota a que se refiere el inciso d) de la fracción I de este artículo: el 100 por ciento a todas las personas que vivan en áreas de atención prioritaria de ultra pobreza; 70 por ciento a todas las personas que vivan en áreas de atención prioritaria de muy alta pobreza; y 50 por ciento a las que vivan en áreas de atención prioritaria de alta pobreza. En el resto del país se utilizará la focalización individual, otorgándose las siguientes proporciones de exención de dicha cuota: 100 por ciento a las personas que pertenezcan a un hogar en condiciones de pobreza indigente y en alto riesgo de pobreza; 70 por ciento a los que pertenezcan a un hogar en condiciones de pobreza indigente y bajo riesgo de pobreza o a un hogar en pobreza no indigente y alto riesgo de pobreza; y 50 por ciento a los que pertenezcan a hogares en pobreza no indigente y bajo riesgo de pobreza.

h) Subsidio de las siguientes proporciones del costo de una vivienda digna a todos aquellos hogares que carezcan de ella en los términos definidos en el inciso d), fracción III, del artículo 37 de esta ley: 40 por ciento a todos los hogares que carezcan de una vivienda digna y vivan en áreas de atención prioritaria de ultra alta pobreza; 30 por ciento a todos los hogares que carezcan de una vivienda digna y vivan en áreas de atención prioritaria de muy alta pobreza; y 20 por ciento a todos los hogares que carezcan de una vivienda digna y vivan en áreas de atención prioritaria de alta pobreza; en el resto del país, a los hogares que carezcan de una vivienda digna se les otorgarán las siguientes proporciones de subsidio: 40 por ciento a los hogares en condiciones de pobreza indigente y alto riesgo de pobreza, del 30 por ciento a los hogares en condiciones de pobreza indigente y bajo riesgo de pobreza o en condiciones de pobreza no indigente y alto riesgo de pobreza, y 20 por ciento a los que vivan en condiciones de pobreza no indigente y bajo riesgo de pobreza. El reglamento de esta ley definirá el procedimiento para calcular el costo de una vivienda digna en los términos del inciso d) fracción III del artículo 37 de esta ley, que debe servir de base para el cálculo del subsidio y los procedimientos administrativos para hacer efectivo este subsidio.

i) Beca de manutención mensual a las personas con alguna discapacidad inhabilitante para el trabajo y el estudio, que cuenten con protección familiar y carezcan de una pensión por incapacidad de la seguridad social, equivalente a: 0.5 salarios mínimos mensuales vigentes para las que vivan en áreas de atención prioritaria de ultra alta pobreza; 0.40 salarios mínimos mensuales vigentes a las que vivan en áreas de atención prioritaria de alta pobreza; y 0.30 salarios mínimos vigentes para las que vivan el áreas de atención prioritaria de alta pobreza; en el resto del país: 0.5 salarios mínimos mensuales vigentes para las que sean integrantes de hogares en condición de pobreza indigente y alto riesgo de pobreza, 0.40 salarios mínimos mensuales para las personas que sean integrantes de hogares en pobreza indigente y bajo riesgo de pobreza o en pobreza no indigente y alto riesgo de pobreza, y 0.30 salarios mínimos mensuales vigentes para las que sean integrantes de hogares en pobreza no indigente y bajo riesgo de pobreza. Las personas con alguna discapacidad que, sin embargo, les permita trabajar o estudiar, y que no cuenten con una pensión de la seguridad social, y formen parte de hogares en cualquiera de las condiciones territoriales o de pobreza especificada en este inciso, recibirán como apoyo para prótesis y transporte, 0.20 salarios mínimos mensuales vigentes en el Distrito Federal.

III. La modalidad básica de protección contra los riesgos de pobreza, al igual que la definida en la fracción I de este artículo, supone un enfoque preventivo de la pobreza. Se orientará a toda la población pero otorgará prioridad a la que es altamente vulnerable a dichos riesgos. En ella, además de la seguridad social que es su componente central, y que ha sido incluido en la fracción I de este artículo, son obligatorios los siguientes componentes:

a) Promoción del acceso de todas las personas adultas al ahorro y al crédito.

b) Protección del patrimonio familiar. Como parte de este componente, se promoverán los seguros contra riesgos naturales de las viviendas, la generalización de los testamentos registrados ante notario, y la reubicación de los barrios y comunidades o el reforzamiento preventivo de las viviendas, situados en circunstancias de alta vulnerabilidad ante desastres naturales.

c) Promoción de los seguros de vida.

d) Política económica y social en relación con las actividades económicas que, por su naturaleza, generan empleos transitorios o estacionales, como la agricultura, la construcción y el turismo, orientada a evitar que quien pague el costo de la inestabilidad y la estacionalidad sean los trabajadores asalariados y, mediante los mecanismos más adecuados, redistribuir socialmente este costo de manera más equitativa.

e) Política de fiscalización para erradicar las prácticas empresariales de contratación temporal de trabajadores con el propósito es eludir los pagos de la seguridad social, el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) y otras prestaciones laborales.

II. Estará orientado a las tres modalidades básicas definidas en el artículo 9 y a los componentes señalados en el artículo 14.

III. Se basará en lineamientos generales de austeridad, de eficacia y eficiencia, y de cantidad y calidad en la prestación de los servicios sociales.

IV. Para impulsar la coordinación y con ello optimizar el uso de los recursos, se celebrarán convenios de desarrollo social entre entidades federativas y el gobierno federal. Estos convenios constituirán el instrumento único de concurrencia entre los gobiernos federal y de las entidades federativas, para dar cumplimiento, en cada ejercicio presupuestal, a los proyectos y programas en materia de desarrollo social. Los convenios de desarrollo social suscritos por las partes deberán ser publicados, a más tardar el 1 de febrero, en el Diario Oficial de la Federación, así como en el periódico oficial de la correspondiente entidad federativa. Los convenios de desarrollo social tendrán carácter contractual, serán obligatorios para las partes y su cumplimiento será exigible ante las autoridades jurisdiccionales. Para precisar los compromisos adquiridos por las partes signatarias o entre éstas y terceros, se añadirán los anexos de ejecución que resulten necesarios. El incumplimiento de dichos compromisos, incluido su retraso temporal, se sujetará a las sanciones establecidas en esta ley y a las demás disposiciones jurídicas federales aplicables. Los convenios de desarrollo social tendrán por objeto convenir:

a) La complementariedad y congruencia de los proyectos y programas de desarrollo social de las entidades federativas, de los municipios y delegaciones, con los programas federales en la materia;

b) Los proyectos y programas que se ejecutarán de manera concurrente con financiamiento proveniente del gobierno federal y de las entidades federativas y/o de los municipios o delegaciones;

c) Las condiciones para el ejercicio y seguimiento de los proyectos y programas financiados con recursos provenientes de las aportaciones federales de los fondos I, II, III, V y VI del ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, regulados en la Ley de Coordinación Fiscal;

d) Los mecanismos, plazos y condiciones para informar al Gabinete de Desarrollo Social y a cada una de las dependencias o entidades federales involucradas en la materia, sobre los avances físicos y financieros de los proyectos y programas convenidos;

e) Los mecanismos, recursos y responsables de la evaluación de resultados de los proyectos y programas convenidos;

II. Establecer estímulos fiscales para promover actividades productivas generadoras de empleo.

III. Generar programas de apoyo, financiamiento y diversificación a las actividades productivas regionales.

IV. Desarrollar obras de infraestructura social necesarias para asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos para el desarrollo social.

V. Focalizar los mayores esfuerzos y recursos a las zonas de atención prioritaria.

b) Recursos fiscales no recuperables podrán destinarse a las labores de identificación de oportunidades de inversión, diseño de proyectos, capacitación, asistencia técnica, apoyo legal y las demás que establezca el reglamento de la presente Ley. La Secretaría y los órganos responsables de los gobiernos de las entidades federativas, en su caso, constituirán agentes promotores de la economía popular, los que podrán formarse con personal propio o apoyando, con recursos fiscales, a organizaciones independientes que reúnan los requisitos para tal actividad, según lo establezca el reglamento de la presente ley.

c) El sector público federal, por sí mismo o en asociación con uno o más gobiernos de las entidades federativas, podrá crear y operar intermediarios financieros, y constituir fondos de crédito para captar ahorros y otorgar créditos a los sectores populares. En el otorgamiento de dichos créditos las garantías podrán ser la palabra, la solidaridad grupal y la solidez del proyecto productivo. Cuando se canalicen para este fin recursos captados del público, se establecerán los fondos de garantía para seguridad de los ahorradores.

d) El gobierno federal, y los gobiernos de las entidades federativas podrán aportar recursos fiscales o recursos provenientes de otras fuentes como capital de riesgo para darle viabilidad durante los primeros años a las empresas de economía popular, y retirarlo cuando deje de ser necesario. El reglamento de esta ley estipulará los criterios aplicables.

e) El gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas podrán destinar recursos para apoyar a personas, familias y organizaciones sociales cuyo objeto sea el financiamiento de proyectos de la economía popular.

f) El gobierno federal y, en su caso, los gobiernos de las entidades federativas, estimularán, apoyarán y regularán, esto último a través de la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, la operación de cajas de ahorro, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de consumo, y otros mecanismos similares que faciliten el ahorro de los sectores populares así como la asignación de dichos fondos para mejorar las condiciones productivas y de vida de dichos grupos. Los mecanismos financieros del sector público podrán concurrir con mecanismos financieros similares de la sociedad civil para financiar conjuntamente proyectos productivos populares. El reglamento de esta ley estipulará los criterios y requisitos para que esto pueda ocurrir.

g) En el financiamiento a los grupos populares, las instituciones del sector público a que se refieren los incisos precedentes, podrán otorgar créditos que involucren, además de las actividades productivas, construcción de vivienda, instalaciones colectivas, vialidades, almacenes y similares. En el financiamiento de proyectos productivos que involucren construcción de vivienda y otra infraestructura barrial o comunitaria, podrán concurrir los organismos financieros de la vivienda y los de las actividades económicas populares a que se refiere este capítulo, mediante los convenios y contratos que fuesen necesarios.

h) Los organismos de financiamiento de la vivienda quedan facultados, por esta ley, a financiar proyectos productivos en los que también se involucre la construcción de vivienda, por lo cual quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a ésta.

i) El gobierno federal promoverá la oferta de servicios de aseguramiento de la producción popular y de sus instalaciones y activos. En tanto la oferta privada sea insuficiente o excluya a los productores populares, impulsará la oferta pública de estos servicios. En los proyectos productivos que financie, se incluirán los seguros necesarios.

j) Los organismos financieros que opere el sector público de la federación y de las entidades federativas, recibirán apoyo fiscal para sus gastos administrativos, por lo cual prestarán a las actividades económicas populares a una tasa de interés igual a su costo de fondeo.

II. Tanto las mediciones de las condiciones de pobreza como las de riesgo de pobreza reguladas en este capítulo comprenden los dos tipos de mediciones que se enuncian a continuación, cuya realización compete a organismos distintos y que se llevan a cabo con propósitos diferentes:

a) Mediciones orientadas a conocer la evolución de ambas condiciones en el país, por regiones, entidades federativas, municipios, medio rural y urbano, o cualquier otro corte territorial o de grupos de la población, como elemento fundamental para la evaluación tanto del desarrollo general del país como de la política de desarrollo social y, a partir de ella, de su rediseño. Para fines de esta ley, este tipo de mediciones se denominan mediciones genéricas y respecto de ellas, y en el ámbito de las atribuciones de la administración pública federal, competen de manera exclusiva al Consejo Nacional de Evaluación tanto la definición de las metodologías aplicables como la realización de las mediciones en los términos que establece el artículo 37 de esta ley.

b) Mediciones orientadas a identificar la población objetivo de las políticas y programas focalizados que utilizan la focalización individual de manera exclusiva o combinada con la focalización territorial, en los términos de las fracciones XIV, XV, XVI y XVII del artículo 2 de esta ley. Para los fines de esta ley, este tipo de mediciones se denominan mediciones particulares y su realización compete a las dependencias y entidades ejecutoras de estas políticas y programas en los tres órdenes de gobierno, las cuales aplicarán, de manera obligatoria, las metodologías que determine el Consejo Nacional de Evaluación. La focalización territorial se basará, en todos los casos, en las áreas de atención prioritaria identificadas por el Consejo Nacional de Evaluación en los términos del artículo 29 de esta ley.

III. Tanto para las mediciones genéricas como para las particulares de la condición de pobreza se utilizará la misma metodología, que será definida por el Consejo Nacional de Evaluación considerando, al menos, las siguientes dimensiones, normas, variables e indicadores del nivel de vida, utilizando como unidad de observación e identificación el hogar:

a) Acceso a recursos económicos suficientes para que el hogar adquiera los satisfactores requeridos para satisfacer las necesidades humanas no cubiertas en las siguientes fracciones de este artículo y que son, al menos, las siguientes: alimentación, incluyendo no sólo las bebidas y los alimentos crudos sino también el combustible y los implementos para cocinarlos y para consumirlos; materiales, implementos y equipos para la higiene personal y de la vivienda, y para el cuidado del vestuario personal y de la ropa de casa; vestido, calzado y accesorios, incluyendo cortinas, blancos y otra ropa de casa; transporte, teléfono doméstico y pago del servicio eléctrico; recreación y cultura; impuesto predial, pago del servicio de agua y gastos legales; y cuidados personales. La variable que se utilizará para esta dimensión es el ingreso corriente disponible del hogar para atender, al menos, las necesidades identificadas en este inciso. Para obtener este ingreso corriente disponible se restará del ingreso corriente total del hogar, que incluye el ingreso corriente monetario y no monetario, los gastos del hogar en las dimensiones enumeradas en los incisos b) c) d) y g) de este artículo. El indicador de suficiencia en esta dimensión se obtiene al comparar el ingreso corriente disponible del hogar con el cálculo de los requerimientos de ingresos, mismos que se constituyen en el umbral de la dimensión y que se conoce como línea de pobreza. Este umbral se calcula para cada hogar, para al menos las necesidades definidas en este párrafo, según su tamaño y estructura de edades y sexos, y debe reflejar no sólo las crecientes necesidades asociadas al número de miembros del hogar, sino también la diversa magnitud de éstas según la estructura específica de edades y sexos y las economías de escala asociadas al número de miembros de los hogares. El indicador de suficiencia de los ingresos será resultado de dividir, para cada hogar, su ingreso corriente disponible entre su línea específica de pobreza.

b) Adecuación del nivel educativo promedio del hogar. Para las personas de 18 y más años, la norma educativa que se utilizará es la de secundaria completa. Para los menores a esta edad y de 3 años o más, las normas se ajustarán a la secuencia razonable de avance en el proceso educativo. Las variables que se utilizarán en esta dimensión son las de grados de educación aprobados y, para la población en edad escolar, también la asistencia escolar. El indicador de adecuación se construye en dos pasos: en primer lugar, se construye el indicador de logro de cada miembro del hogar mayor de 3 años, como el cociente de la suma de los grados aprobados por la persona y la variable dicotómica de asistencia escolar, entre la suma de los valores normativos o umbrales de los grados aprobados y de la asistencia escolar para su edad. En segundo lugar, se obtendrá la adecuación del nivel educativo del hogar como el promedio simple de los indicadores de adecuación de todos sus miembros.

c) Adecuación del acceso a los servicios de salud de los miembros del hogar y promedio de éste. La norma de adecuación será, en este caso, la atención integral, sin exclusiones de enfermedades o intervenciones, en los niveles primario, secundario y terciario de atención a la salud, incluyendo rehabilitación y odontología. La condición de cada miembro del hogar se configurará considerando las siguientes vías alternativas de acceso a servicios de salud: la titularidad de acceso a los servicios de salud de la seguridad social, el acceso a otros servicios públicos de salud, prestaciones laborales en la materia, y la capacidad económica del hogar para sufragar esta dimensión vía seguros y servicios privados, tomando en cuenta que esta dimensión no está incluida en la línea de pobreza definida en el inciso a) de esta fracción. Los indicadores individuales se obtendrán al contrastar la valoración de la condición de cada individuo según la vía dominante de acceso a los servicios de salud, con la norma de adecuación señalada. El indicador del hogar se obtendrá como promedio de los indicadores de cada individuo.

d) Adecuación de la vivienda. El indicador de adecuación de la vivienda se construirá como el producto del indicador de adecuación de los materiales de la vivienda y el de adecuación de sus espacios. Las normas para el primero de estos indicadores son materiales estructuralmente sólidos, protectores de las inclemencias del clima, de buen comportamiento térmico, y de limpieza fácil. Las normas de espacio para cualquier hogar con dos personas o más son contar con los siguientes espacios: cocina de uso exclusivo para cocinar, cuarto de baño, un dormitorio por cada dos personas y un cuarto multiuso (estancia, comedor, estudio) por cada cuatro personas. Las normas de espacio para los hogares unipersonales son contar con cuarto de baño y un cuarto multiuso. Las variables del primer indicador son los materiales de pisos, muros y techos, y del segundo, el número y tipo de los cuartos de la vivienda, las cuales al ser contrastadas con las normas en ambas dimensiones permiten calcular el indicador.

e) Adecuación sanitaria y de desechos de la vivienda. Las normas de esta dimensión son agua entubada en el interior de la vivienda; drenaje conectado a red pública o a fosa séptica u otro equivalente de calidad; excusado con conexión de agua o equivalente de calidad; y disposición adecuada de basura. En cada hogar se contrastará la solución con la que cuenta en cada uno de estos servicios con la norma para valorar su situación y obtener su indicador parcial. El indicador de la dimensión se construirá como la media ponderada de los indicadores de cada servicio.

f) Adecuación del acceso a otros servicios básicos de la vivienda. Los servicios de la vivienda incluidos en esta dimensión como norma son electricidad, teléfono doméstico y energía adecuada para cocinar. En los dos primeros casos, el indicador es dicotómico: cuenta o no cuenta con el servicio. En el tercer caso, la norma es que el hogar cocine con un combustible de buen poder calorífico que no requiera trabajo adicional de recolección. El indicador será la media ponderada de los tres indicadores.

g) Adecuación del equipamiento básico de la vivienda. La norma requiere que todos los hogares cuenten con radio, reproductor de música o audio, televisor, refrigerador, lavadora, licuadora y calentador de agua o boiler. En cada hogar se contrastará el equipamiento disponible contra la norma para calcular el indicador de la dimensión.

h) Adecuación del tiempo libre disponible en el hogar. Las normas de esta dimensión son: los adultos disponibles, es decir aquellos que no sean mayores de 70 años ni estén impedidos para hacerlo, pueden emplear 48 horas a la semana para la suma de trabajo doméstico, que incluye cuidado de menores, enfermos y ancianos, y trabajo extradoméstico. Los menores en edad escolar no pueden ocuparse en ninguno de estos dos tipos de trabajo, pero quienes estudien niveles posteriores a la secundaria, pueden emplear hasta 20 horas a la semana para la suma de ambos tipos de trabajo. En cada hogar se calculan, con base en estas normas, las horas semanales disponibles para ambas actividades y, en función de su tamaño, edades de sus miembros y disponibilidad de equipo ahorrador de trabajo doméstico, se calcula un requerimiento de horas semanales de trabajo doméstico. La suma de este requerimiento y las horas que los miembros del hogar dedican al trabajo extradoméstico, se divide entre las horas semanales disponibles en el hogar para obtener el indicador de exceso de trabajo que es un indicador inverso de adecuación del tiempo libre.

IV. Para cada una de las dimensiones enumeradas en la fracción III de este artículo se construirán dos índices parciales, ambos expresados en una escala métrica: uno del nivel de vida alcanzado por cada hogar y uno de su brecha de pobreza. Para ello, tanto las normas de la dimensión como el indicador de logro del hogar, estipulados en la fracción III de este artículo, se expresarán en un índice normativo métrico. Cuando la variable original no sea métrica, se adjudicará un valor métrico a cada una de las soluciones según el bienestar al que da lugar. Para minimizar el grado de error al llevar a cabo estas adjudicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación organizará paneles de expertos que ayudarán a tal adjudicación. El cociente que resulta al dividir el indicador del logro del hogar entre el índice normativo, y que expresará la situación relativa del hogar respecto a dichas normas en cada dimensión, será su índice parcial del nivel de vida. El índice de la brecha de pobreza, positivo cuando hay carencia y negativo o igual a cero cuando hay suficiencia, será el residuo que se obtiene al restar de la unidad el índice del nivel de vida. Las normas definidas en la fracción III se basan en la legislación nacional, en los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos ratificados por el país, y en las normas definidas por las agencias sectoriales de la Organización de las Naciones Unidas. Cuando se cumplen, permiten alcanzar un nivel de vida digno y suficiente en la dimensión respectiva. La combinación de estos índices parciales, utilizando un sistema de ponderadores cuya suma sea igual a la unidad, resultará en el índice integrado del nivel de vida de cada hogar y en su índice integrado de brecha de pobreza, respectivamente. Los ponderadores deben reflejar la participación de cada dimensión parcial en el costo total de satisfacción al nivel de las normas. Es decir, cada índice parcial será ponderado por su participación en dicho costo. Para calcular los costos involucrados, el Consejo Nacional de Evaluación llevará a cabo los estudios necesarios con el apoyo de todos los integrantes del gabinete de Desarrollo Social. Los hogares cuya brecha integrada de pobreza sea positiva serán identificados como hogares en condición de pobreza, como lo serán cada uno de sus integrantes. Los hogares pobres, y sus integrantes, serán clasificados en dos categorías según el valor de su brecha positiva: hogares en pobreza indigente, cuando la brecha entre el índice integrado del nivel de vida y el conjunto integrado de normas sea igual o mayor que 0.5; y hogares en pobreza no indigente cuando dicha brecha sea menor a 0.5.

V. Tanto para las mediciones genéricas como para las particulares del riesgo de pobreza se utilizará la misma metodología, que será definida por el Consejo Nacional de Evaluación considerando, al menos, las siguientes dimensiones, normas, variables e indicadores del riesgo de pobreza:

a) Adecuación del acceso a la seguridad social. Esta dimensión se refiere a los seguros, distintos al de salud, incluidos en la seguridad social, asociados a la continuidad del ingreso ante la realización de riesgos como enfermedad, incapacidad, vejez, viudez y orfandad. La norma de esta dimensión es que todos los miembros y todo el ingreso corriente del hogar estén protegidos por la seguridad social. Los hogares sujetos a menor riesgo de pobreza, por lo que hace a este indicador, serán considerados aquellos en los cuales una proporción mayor del ingreso corriente del hogar esté asegurado por la seguridad social, y en los cuales el cociente entre la suma de integrantes asegurados y derechohabientes, respecto al total de integrantes, sea más cercano a la unidad.

b) Margen de seguridad del nivel de ingresos del hogar. Mientras más cercano al nivel de la línea de pobreza se encuentre el ingreso del hogar, tanto mayor será su riesgo de pobreza, puesto que una fluctuación menor a la baja en éste bastará para sumir al hogar en la pobreza.

c) Estabilidad del ingreso corriente del hogar. Mientras menos estable sea el flujo de los ingresos del hogar, mayor será su riesgo de pobreza.

d) Margen de protección provisto por los activos no básicos del hogar. Ante la interrupción o baja del flujo de ingresos de un hogar, éste puede mantener un nivel de vida digno y suficiente en la medida en la que pueda financiar su consumo corriente con base en el desahorro, es decir consumiendo una parte de los activos no básicos que haya acumulado. De acuerdo con la definición de activos básicos establecida en el artículo 2 de esta ley, éstos no pueden cumplir con esta función.

e) Margen de protección provisto por la capacidad de endeudamiento del hogar. De manera similar a lo señalado en el inciso anterior, un hogar puede mantener su nivel de vida si su capacidad de endeudamiento no ha sido agotada.

f) Riesgo de pobreza originado en el endeudamiento del hogar. Como contrapartida de la protección que el endeudamiento puede brindar, los hogares endeudados incurren en mayores riesgos de pobreza, porque su propio patrimonio puede ser puesto en riesgo cuando las fluctuaciones en su ingreso corriente o en las tasas de interés, les impiden continuar dándole servicio a su deuda.

g) Riesgo de pobreza originado por gastos catastróficos de salud en el hogar. Ante enfermedades que requieren tratamientos o cirugías costosas, los hogares no protegidos en materia de salud, pueden verse empujados a la pobreza o incluso a perder su patrimonio.

h) Margen de protección provisto por seguros adquiridos en el mercado. Grado de protección provisto por seguros de vida, de protección ante enfermedades e incapacidades, de protección del patrimonio y de la producción, y otros que el hogar haya adquirido mercantilmente o a través de prestaciones laborales.

VI. A partir, al menos, de los indicadores estipulados en la fracción anterior, el Consejo Nacional de Evaluación desarrollará una metodología de medición del riesgo de pobreza que, en la medida en que sean aplicables, seguirá los lineamientos metodológicos establecidos para la condición de pobreza en las fracciones III y IV de este artículo. Dicha metodología deberá permitir clasificar a los hogares, primero en los que se encuentran en riesgo de pobreza y los que no se encuentran en ella, y a los que están en riesgo de pobreza clasificarlos en al menos dos categorías: en alto riesgo de pobreza y en bajo riesgo de pobreza, según el grado de vulnerabilidad ante los riesgos de pobreza. Puesto que las mediciones del riesgo de pobreza están mucho menos desarrolladas en el mundo que las de pobreza, en el caso que el Consejo Nacional de Evaluación no lograse establecer una escala métrica que permita medir la intensidad de este riesgo con una escala de números cardinales, lo que haría imposible calcular la incidencia equivalente del riesgo de pobreza con fórmulas similares a la señalada para la incidencia equivalente de la pobreza, optara por el siguiente procedimiento simplificado. Se definirá, en dicho caso, la incidencia equivalente del riesgo de pobreza como la media ponderada entre la incidencia del alto riesgo de pobreza y el bajo riesgo de pobreza, ponderando la primera con 0.67 y la segunda con 0.33.

VII. La visión integral de las condiciones de vida de cada hogar estará dada tanto por su condición de pobreza como de riesgo de pobreza. De la combinación de ambas se deriva una tipología de hogares formada por cuatro grupos y los subgrupos en que ellos puedan desagregarse: a) hogares en condición y en riesgo de pobreza; b) hogares en condición de pobreza pero no en riesgo de pobreza; c) hogares en riesgo de pobreza pero no en condición de pobreza; y d) hogares que no están en ninguna de las dos condiciones. En las mediciones de pobreza a las que se refiere el artículo 37 de esta ley, el Consejo Nacional de Evaluación considerará ambas condiciones y asegurará que cada hogar quede ubicado en ambas dimensiones.

II. Movilizar y regular la colaboración entre las dependencias y entidades de la administración pública federal en la formulación, ejecución e instrumentación de programas, acciones e inversiones en materia de desarrollo social.

III. Promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, acciones e inversiones de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, con los objetivos, estrategias y prioridades de la política nacional de desarrollo social.

IV. Fomentar la participación de las personas, familias y organizaciones y, en general, de los sectores social y privado en el desarrollo social.

V. Coordinar las acciones orientadas a la consecución de los objetivos, estrategias y prioridades de la política nacional de desarrollo social.

VI. Impulsar la desconcentración y descentralización de los recursos y acciones para el desarrollo social, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del pacto federal.

VII. Vigilar el cumplimiento de acciones, convenios, compromisos y destino del gasto.

II. Formular el Programa Nacional de Desarrollo Social, el Programa Nacional Anual de Desarrollo Social y los componentes de desarrollo social del Presupuesto de Egresos de la Federación, los cuales tendrán un carácter intersectorial, económico y social, que involucrará a la mayor parte de la administración pública federal en la vertiente obligatoria, a los gobiernos de las entidades federativas, municipios y delegaciones en la vertiente convenida, y a los sectores social y privado en al vertiente concertada.

III. Proponer a los gobiernos de las entidades federativas, municipios y delegaciones, en el seno de la Comisión Nacional, las reglas de su participación en la formulación del Programa Nacional de Desarrollo Social en las tres vertientes.

IV. La Secretaría formulará los programas especiales en la materia que el Gabinete de Desarrollo Social acuerde.

V. Diseñar los programas y apoyos federales para las zonas de atención prioritaria con amplia participación de entidades federativas, municipios y delegaciones, y una vez formulados someterlos a la aprobación de la Comisión Nacional.

V. Celebrar convenios con entidades federativas, municipios, así como con organizaciones civiles y privadas, para la instrumentación de las vertientes convenida y concertada de los programas relacionados con el desarrollo social.

VI. Diseñar los criterios de ejecución anual del Programa en los ámbitos de competencia de cada una de las dependencias y entidades de la administración pública federal participantes y darles seguimiento, a través de la Secretaría, para asegurar su cabal ejecución.

VII. Formular los mecanismos de participación de la sociedad en la elaboración, ejecución y evaluación de la política de desarrollo social y someterlos a al aprobación de la Comisión Nacional.

VIII. Crear y regular, a través de la autoridad competente, instrumentos de financiamiento en materia de desarrollo social.

IX. Realizar evaluaciones de la política nacional de desarrollo social a través del Consejo Nacional de Evaluación, institución que informará a la sociedad de manera amplia sobre los resultados de dichas evaluaciones anualmente.

X. Promover, con la intervención de los gobiernos de las entidades federativas respectivas, la participación de los municipios y delegaciones en el diseño y ejecución de los programas de desarrollo social.

XI. Informar ampliamente y con precisión, a la población en general, y en el caso de las políticas y programas focalizados a su población objetivo, tal como se establece en el artículo 66 de esta ley sobre las políticas y los programas en marcha.

XII. Vigilar el cumplimiento de programas, acciones, convenios, compromiso y gastos comprometidos por los tres órdenes de gobierno utilizando recursos federales en todo el territorio nacional, dar a conocer públicamente cualquier desviación y, en su caso, presentar las denuncias administrativas o judiciales que correspondan.

XIII. Las demás que le señale esta ley, su reglamento y otras disposiciones aplicables.

II. Convenir acciones y programas sociales con el gobierno federal.

III. Convenir acciones y programas sociales con los gobiernos de sus municipios y delegaciones políticas.

IV. Concertar acciones con organizaciones en materia de desarrollo social.

V. Fomentar y conducir la organización y participación ciudadana en los programas de desarrollo social;

VI. Ejercer los fondos y recursos federales descentralizados o convenidos en materia social, en los términos de las leyes respectivas; así como informar a la Secretaría sobre el avance y resultados generados con los mismos;

VII. Informar ampliamente y con precisión a la población en general y, en el caso de las políticas y programas focalizados a su población objetivo, tal como se establece en el artículo 66 de esta ley, sobre las políticas y los programas en marcha.

VIII. Vigilar el cumplimiento de programas, acciones, convenios, compromisos y el destino del gasto comprometidos por los tres órdenes de gobierno en el territorio de la entidad federativa y dar a conocer públicamente cualquier desviación y, en su caso, presentar las denuncias administrativas o judiciales que correspondan.

IX. Las demás que le señala la ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables.

II. Coordinar, con el gobierno de su entidad federativa, la ejecución de los programas de desarrollo social.

III. Coordinar acciones con municipios y delegaciones de su propia entidad, en materia de desarrollo social.

IV. Coordinar acciones de desarrollo social con municipios de otras entidades federativas, con la aprobación de las legislaturas correspondientes.

V. Ejercer los fondos y recursos federales descentralizados o convenidos en materia de desarrollo social en los términos de las leyes respectivas; así como informar a la Secretaría, a través de los gobiernos estatales y del Distrito Federal, sobre el avance y resultados de esas acciones.

VI. Concertar y llevar a cabo acciones con los sectores social y privado en materia de desarrollo social.

VII. Establecer mecanismos para incluir la participación social organizada en los programas y acciones de desarrollo social.

VIII. Informar ampliamente a la sociedad sobre las acciones en torno al desarrollo social que llevan a cabo los tres órdenes de gobierno en el territorio del municipio o delegación, en los términos del artículo 66 de esta ley.

IX. Vigilar el cumplimiento de programas, acciones, convenios, compromisos y el destino del gasto comprometidos por los tres órdenes de gobierno en el territorio del municipio o delegación y dar a conocer públicamente cualquier desviación y, en su caso, presentar las denuncias administrativas o judiciales que correspondan.

X. Las demás que le señala la ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables.

II. Los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno del Distrito Federal como titulares y los titulares de las dependencias responsables del desarrollo social como suplentes.

III. Tres representantes de cada una de las asociaciones nacionales de autoridades municipales legalmente reconocidas.

IV. Los legisladores integrantes de las mesas directivas de las comisiones de Desarrollo Social de las Cámaras de Diputados y de Senadores.

V. Podrán ser invitados a participar en reuniones específicas, los titulares de otras entidades, dependencias, organismos y organizaciones, los que tendrán derecho a voz.

II. Aprobar la vertiente concertada del Programa Nacional de Desarrollo Social, del Programa Anual de Desarrollo Social y del anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que someta su consideración el Gabinete de Desarrollo Social y expresar su opinión sobre las vertientes obligatoria y convenida.

III. Aprobar la definición de las zonas de atención prioritaria que someta su consideración el Consejo Nacional de Evaluación.

IV. Aprobar, a propuesta del Gabinete de Desarrollo Social, los planteamientos que sobre los programas y apoyos federales para las zonas de atención prioritaria dicho gabinete prevea incluir en el Programa de Nacional Desarrollo Social, el Programa Anual de Desarrollo Social y el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

V. Aprobar la propuesta de reglas que deban regir la participación social que les presente el Gabinete de Desarrollo Social por conducto de la Secretaría.

VI. Aprobar los criterios que, para la formulación de los convenios de desarrollo social someta a su consideración el Gabinete de Desarrollo Social a través de la Secretaría.

VII. Proponer políticas de desarrollo social.

VIII. Proponer criterios para la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y programas de desarrollo social en los diferentes ámbitos geográficos y político administrativos.

IX. Proponer políticas y programas regionales de desarrollo social que involucran a dos o más entidades federativas o parte de ellas.

X. Proponer mecanismos alternativos de financiamiento y criterios de distribución de recursos federales para el desarrollo social de las entidades federativas.

XI. Promover el intercambio de experiencias en materia de desarrollo social y de superación de la pobreza.

XII. Revisar el marco normativo del desarrollo social y, en su caso, proponer y promover modificaciones ante las instancias competentes.

XIII. Proponer acciones de capacitación para servidores públicos de los tres órdenes de gobierno en aspectos relacionados con el desarrollo social.

XIV. Crear grupos de trabajo por temas o regiones para la atención de asuntos específicos.

XV. Sugerir las actividades que estime necesarias y convenientes para el funcionamiento adecuado del Sistema Nacional.

XVI. Las demás que le señale esta ley.

II. Definir los componentes de desarrollo social que deban formar parte del anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación;

III. Dar seguimiento a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo por lo que se refiere al desarrollo social, del Programa Nacional de Desarrollo Social y del Programa Anual de Desarrollo Social, así como de los programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales en la materia y al componente de desarrollo social del Presupuesto de Egresos de la Federación;

IV. Recomendar y vigilar la puesta en práctica, por parte de la Secretaría y de las demás dependencias y entidades participantes, de mecanismos para garantizar la correspondencia entre la política nacional de desarrollo social, con la de las entidades federativas, municipios y delegaciones.

V. Elaborar los criterios para la formulación de los convenios de desarrollo social y someterlos, a través de la Secretaría, a la consideración de la Comisión Nacional. Los convenios de desarrollo social serán firmados por el Presidente de la República y el gobernador o jefe de gobierno respectivo, así como por todos los integrantes del Gabinete de Desarrollo Social y, en las entidades federativas, por los servidores públicos que determine el gobernador o jefe de gobierno respectivo.

II. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de la política nacional de desarrollo social.

III. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones en el seguimiento, operación y evaluación de la política nacional de desarrollo social.

IV. Proponer al Gabinete de Desarrollo Social los temas que por su importancia ameriten ser sometidos a consulta pública y supervisar dichas consultas.

V. Proponer y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros, en el desarrollo social.

VI. Proponer la realización de estudios e investigaciones en la materia y supervisar su realización.

VII. Solicitar a las dependencias y entidades responsables de la formulación y ejecución de la política de desarrollo social información sobre los programas y acciones que éstas realizan, información que no les podrá ser negada.

VIII. Recomendar la realización de auditorías a programas prioritarios cuando existan causas que lo ameriten y conocer sus resultados.

IX. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo federal, entidades federativas, municipios y organizaciones, para la instrumentación de los programas relacionados con el desarrollo social.

X. Informar a la opinión pública sobre los aspectos de interés general relativos a la política nacional de desarrollo social.
XI. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones.

XII. Expedir su reglamento interno.
XIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

II. Los actos, hechos u omisiones denunciados.
III. Los datos que permitan identificar a la presunta autoridad infractora.
IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.

II. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los programas de desarrollo social conforme a la ley y a las reglas de operación;

III. Emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución de los recursos públicos.

IV. Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la aplicación y ejecución de los programas.

V. Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan llevar a fincar responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas sociales.

II. Revisar periódicamente el funcionamiento general de los instrumentos, medidas, proyectos, programas, recursos, y los demás elementos que conforman dicha política en los términos de la fracción II del artículo 2 de esta ley;

III. Identificar los problemas relacionados con lo señalado en las dos fracciones anteriores y los factores que los explican;

IV. Identificar la necesidad de corregir, modificar, adicionar, reducir, reorientar o suspender total o parcialmente los instrumentos, medidas, proyectos, programas, recursos, y cualquier otro elemento de la política de desarrollo social; y

V. Emitir las recomendaciones que se deriven de las actividades llevadas a cabo en los términos de las fracciones anteriores.

II. Establecer las metodologías para las mediciones genéricas y particulares de la pobreza y del riesgo de pobreza, en los términos del artículo 36 de esta ley, y llevar a cabo las mediciones genéricas de la pobreza y del riesgo de pobreza en los términos del artículo 37 de esta ley, garantizando la independencia, transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.

III. Determinar las áreas de atención prioritaria y las zonas de atención prioritaria, en los términos de los artículos 29 y 30 de esta ley.

II. Desvíen o malversen los fondos o recursos destinados a actividades de desarrollo social;

III. Nieguen, condicionen o retrasen sin causa justificada la canalización de subsidios, el acceso a los bienes o a la prestación de los servicios garantizados en la presente ley;

IV. Violen o alteren la normatividad de los programas con la finalidad de favorecer a personas u organizaciones sin derecho a recibir beneficios;

V. Usen la información de los programas y beneficiarios para fines contrarios a los que establece la ley.

VI. Las demás que establezca la presente ley.