Honorable Asamblea:
Las Comisiones que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a la Honorable Asamblea el siguiente:
DICTAMEN
Antecedentes
A las Comisiones Unidas de Gobernación, Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Relaciones Exteriores, les fue turnada el 8 de Diciembre de 2005 la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a permitir la participación de organizaciones civiles en el proceso de repatriación voluntaria, a cargo de la Diputada Ruth Hernández Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN.
Consideraciones
Se consideran como repatriados todos aquellos mexicanos, en situación vulnerable o no, que vuelven a territorio nacional, independientemente de si es de manera voluntaria o como resultado de la intervención directa de una autoridad extranjera.
Durante mucho tiempo, una gran cantidad de repatriados por intervención de autoridades extranjeras, principalmente estadounidenses, llegaban en condiciones realmente penosas. Frecuentemente se violaban sus derechos humanos y se cometían maltratos por la falta de revisión del proceso. Afortunadamente, esta situación ha ido cambiando paulatinamente gracias a un largo proceso de negociación diplomático. Una serie de acuerdos en los últimos 12 años nos han llevado a un convenio de Repatriación Voluntaria en donde por primera vez tenemos un marco binacional para dar un trato digno a los migrantes repatriados. Este acuerdo, representa los elementos básicos sobre los que debemos construir un mecanismo permanente de acción binacional, en donde se agreguen candados que garanticen el funcionamiento a largo plazo. Veamos brevemente el camino recorrido de estas negociaciones para reconocer los retos que aun nos faltan.
Los primeros resultados de esta negociación se dieron en 1993 cuando ambas naciones suscribieron un Acuerdo de Colaboración sobre la Problemática del Menor en la Frontera. Aunque éste convenio brindó algunas bases que se retomarían más tarde, en realidad no existían lineamientos definidos para realizar los procesos de repatriación y estos se ejecutaban sin notificación previa a la autoridad migratoria mexicana y sin plena certeza de que los repatriados fueran nacionales mexicanos.
En 1995, durante la reunión del Grupo de Trabajo sobre Migración y Asuntos Consulares de la Comisión Binacional México-Estados Unidos, se acordó formalizar acuerdos locales para la repatriación segura y ordenada a la frontera de nacionales mexicanos indocumentados. Por primera vez, se pactó que como parte del proceso de repatriación se debía contemplar la nacionalidad e identidad de los repatriados, los lugares y horas de la repatriación, la presencia de funcionarios mexicanos de migración en el punto de entrega y aspectos adicionales de interés local. Igualmente, se acordó que los procedimientos se realizarían con pleno respeto a los derechos humanos de los nacionales mexicanos. Además, se acordó incrementar la comunicación y la cooperación a fin de mejorar el sistema de elaboración de estadísticas relacionado con la repatriación de personas.
Dos años después, en el marco del Grupo de Trabajo de la XIV Comisión Binacional se avanzó nuevamente. Se acordó establecer un subgrupo en el marco del Grupo de Trabajo sobre Migración y Asuntos Consulares para trabajar en un convenio para establecer un adecuado proceso de repatriación. El Subgrupo sobre Repatriaciones Seguras y Ordenadas se reunió a principios de agosto de 1997, en Washington, DC para acordar los principios generales y criterios específicos para la repatriación, estos sirvieron de marco de referencia para la elaboración de "Arreglos Locales de Repatriación" a lo largo de la frontera en 16 puntos específicos. Durante 6 años, estos arreglos fue el único marco de colaboración en la materia.
Debido al elevado número de fallecimientos de nacionales mexicanos registrado en la zona fronteriza en los últimos años, en particular en la frontera Sonora-Arizona, además de otras razones, del 8 al 30 septiembre de 2003, la Border Patrol instrumentó unilateralmente el operativo llamado "Repatriaciones laterales", que consistió en la deportación de mexicanos arrestados en Arizona en puntos fronterizos en Texas. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los objetivos del programa eran reducir flujos migratorios en el corredor Naco-Douglas y en la zona oeste del desierto de Arizona; disminuir el número de fallecimientos; y combatir a las bandas de traficantes de migrantes. Durante el funcionamiento de ese programa se detectaron irregularidades que violaban lo establecido en los Acuerdos para la Repatriación Segura y Ordenada de Mexicanos, tales como: separación de familias; esposar a los repatriados durante los traslados; la repatriación de grupos numerosos de migrantes; fallas en la notificación consular; repatriaciones en horarios inadecuados; repatriación de menores; repatriación de extranjeros y quejas por falta de alimentación.
La unilateralidad y arbitrariedad de estas medidas, impulsaron nuevamente las negociaciones bilaterales para buscar un convenio que satisficiera a las partes. Así, se sentaron nuevamente en la mesa de negociaciones y para febrero de 2004, suscribieron el Memorándum de Entendimiento sobre la Repatriación Segura, Ordenada, Digna y Humana de Nacionales Mexicanos. Al fin se llego a un marco que establecía los siguientes criterios de repatriación:
b) se verificara la nacionalidad de los repatriados;
c) repatriar, en forma individual, únicamente a mayores de 18 años;
d) repatriar a todos los migrantes de una familia en un mismo evento;
e) gozar de buen estado de salud y no trasladar a las nacionales mexicanas que se encuentren en estado de gravidez;
f) notificar oportunamente al Consulado de México correspondiente sobre la detención de connacionales y, previo al evento de una deportación, entregar al consulado las listas de los nacionales mexicanos que serán repatriados, y
g) coordinar adecuadamente las repatriaciones de grupos de connacionales definiendo horarios y frecuencia de las mismas.
El mismo año, y con el objeto de impulsar el acuerdo, se llevó a cabo un Programa Piloto de Repatriaciones Voluntarias al Interior, entre el 12 de julio y el 30 de septiembre. Con este programa, se realizaron 151 vuelos, de los cuales 125 arribaron a la Ciudad de México y 26 a la Ciudad de Guadalajara y fueron repatriados de forma voluntaria poco más de 14,067 connacionales. A su llegada a México, los participantes abordaban autobuses para ser transportados a un punto cercano a su lugar de origen.
En teoría, todos estos eventos se dieron en un marco pacífico y dentro del esquema de cooperación convenido. Sin embargo, hay reportes de diversos sectores y de los mismos migrantes que entraron dentro del programa que si existieron ciertas irregularidades. Primero, se menciona que no fue estrictamente un programa voluntario. A pesar de la negativa de algunos esos migrantes, fueron obligados a participar en el programa. Las autoridades norteamericanas no presentaron las listas de los repatriados o las presentaron con irregularidades o fuera de tiempo. Cuando fueron trasladados, no necesariamente fueron dejados en un punto cercano de su lugar de origen. Hubo migrantes que fueron llevados a Guadalajara cuando su destino era la Cd. de México. Y cuando fueron aprendidos y en el proceso de repatriación, el trato en algunos casos no respeto el convenio de dignidad del migrante. Algunos menores fueron repatriados sin su familia. Se encontraron centroamericanos que fueron repatriados a México. La oferta del programa resulto insuficiente en algunos casos.
Al mismo tiempo, a lo largo de toda la frontera, se continuaron realizado eventos de repatriación dentro del Programa de Repatriación Segura y Ordenada de Nacionales Mexicanos que procede a partir de los acuerdos locales que mencionamos anteriormente. En estos casos también existieron irregularidades referentes al traslado de migrantes sin el previo aviso de las autoridades mexicanas o con el aviso prematuro. Listas igualmente incompletas o erradas. Separación de familias. Traslado de mujeres en horarios nocturnos y a puntos en donde se pone en riesgo su seguridad, entre otros.
Estos casos de irregularidades, nos deben hacer voltear hacia lo que esta sucediendo en el marco de estos acuerdos. Si bien es cierto que ya hemos avanzado bastante, y que vamos en el camino correcto, es necesario que estipulemos medidas que contribuyan a avanzar aún más. Es explicita la voluntad de las autoridades migratorias estadounidenses y las mexicanas de crear un marco para las repatriaciones realmente ordenado. Sin embargo, también es explicito que la buena voluntad de las partes diplomáticas no bastan. Es en el campo, con las autoridades que realizan en realidad este trabajo, en donde aun falta por avanzar. Muchas veces por cuestiones culturales o idiosincrasias o por meros errores técnicos se realizan actos u omisiones que violan los derechos de los migrantes o que fracturan los acuerdos convenidos. Es en la práctica en donde se tiene que concentrar el siguiente paso para profesionalizar ese sistema de repatriación, evitando a toda costa la violación de los derechos o el trato indigno de los migrantes. Por este motivo, además de la plena transparencia en la operación de estos procesos, debemos permitir que algunos grupos bien organizados y profesionalizados para el apoyo al migrante, puedan participar como observadores del proceso.
Un país realmente democrático y con plena transparencia en sus actos debe permitir que la sociedad civil bien organizada pueda observar los procedimientos de repatriación para que ninguno de los acuerdos sean omitidos ya sea intencionalmente o por error. Estos grupos que defienden y apoyan el respeto de los derechos de los migrantes contribuirían a establecer un mecanismo realmente eficiente en el proceso. Serían un mediador imparcial que como observador velaría por que no existieran irregularidades que dañaran a los mexicanos que regresan por esas vías y garantizarían la continuidad de este programa aun ante los cambios de gobierno de ambos países.
Por supuesto, son las autoridades de México y Estados Unidos quienes deben establecer las reglas para esta participación. Estas deben garantizar que los observadores tengan acceso a la información necesaria para cumplir con sus objetivos y sobre todo que puedan estar en todos los momentos que se consideren clave dentro de los procesos de repatriación, tanto en los puntos de entrega/recepción en la frontera como en los puntos de entrega/recepción al interior del país. Todo esto, a partir de los acuerdos que se establezcan para los siguientes años.
Por estas razones, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, esta propuesta que pretende contribuir en la búsqueda de un marco mas favorable para los repatriados, y procura contribuir a que hagamos un proceso más transparente, eficiente y digno en los procesos de repatriación ya acordados y que operan este año nuevamente.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Asamblea, el siguiente:
Acuerdo
ÚNICO.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en el marco del Programa de Repatriación Segura y Ordenada de Nacionales Mexicanos y el Programa de Repatriación Voluntaria al Interior, negocien un acuerdo con sus contrapartes de los Estados Unidos de América, para permitir la participación como "observadores del proceso de repatriación" a organizaciones civiles que brindan apoyo humanitario a los migrantes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2006.
Por la Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica), presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica), secretario; Carlos Jiménez Macías (rúbrica), secretario; Arturo Robles Aguilar (rúbrica), secretario; Jorge Martínez Ramos (rúbrica), secretario; Rodrigo Iván Cortés Jiménez, Rolando García Alonso (rúbrica), Humberto Cervantes Vega (rúbrica), José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Homero Díaz Rodríguez (rúbrica), José Luis Flores Hernández (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Carlos Flores Rico, Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas (rúbrica), Juan José García Ochoa (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Alejandro González Yáñez, Benito Chávez Montenegro (rúbrica), Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica), Guadalupe Morales Rubio, Sergio Penagos García (rúbrica), Cristina Portillo Ayala, Francisco Saucedo Pérez (rúbrica), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (rúbrica), Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica).
Por la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios
Diputados: Juan Antonio Guajardo Anzaldúa (rúbrica), presidente; Emilio Badillo Ramírez, secretario; Jaime Fernández Saracho (rúbrica), secretario; Ruth Trinidad Hernández Martínez (rúbrica), secretaria; Rosa María Avilés Nájera (rúbrica), secretaria; Roberto Pedraza Martínez (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández, Francisco Mora Ciprés (rúbrica), Laura Elena Martínez Rivera (rúbrica), Julio César Córdova Martínez, Ana Lilia Guillén Quiroz, Ricardo Rodríguez Rocha, Juan Manuel Vega Rayet, Blanca Judith Díaz Delgado (rúbrica), Francisco Herrera León, Homero Ríos Murrieta (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), María Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica), Gabriela Miranda Campero López Malo (rúbrica), Marco Antonio Gama Basarte (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Enrique Torres Cuadros (rúbrica), José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), Elpidio Tovar de la Cruz, Jesús Zúñiga Romero, Reynaldo Francisco Valdés Manzo, Isabel Carmelina Cruz Silva.
Por la Comisión de Gobernación
Diputados: Julián Angulo
Góngora (rúbrica), presidente; David Hernández Pérez
(rúbrica), secretario; Yolanda Guadalupe Valladares Valle, secretaria;
Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), secretario;
Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretario; José
Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), René
Arce Islas, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán
Flores, Pablo Bedolla López (rúbrica), Jesús González
Schmal (rúbrica), José Luis Briones Briseño, Socorro
Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez
(rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza,
Ana Luz Juárez Alejo (rúbrica), Pablo Alejo López
Núñez (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco,
Federico Madrazo Rojas, Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica),
Consuelo Muro Urista, Sergio Penagos García (rúbrica), Claudia
Ruiz Massieu Salinas, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica),
José Sigona Torres (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano,
José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Hugo Rodríguez
Díaz (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica),
Mario Alberto Zepahua Valencia (rúbrica).
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, Y DE EQUIDAD Y GÉNERO, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, A LOS GOBIERNOS ESTATALES, MUNICIPALES Y DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A TRABAJAR EN UNA AGENDA COMÚN Y A REALIZAR LAS ACCIONES RELATIVA A LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
HONORABLE ASAMBLEA:
A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Equidad y Género de la LIX Legislatura les fue turnado para su estudio, análisis y dictamen Proposición con punto de Acuerdo para exhortar a las Legislaturas Locales, a los gobiernos de los Estados y a los gobiernos municipales, a que realicen acciones para conocer, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Estas Comisiones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) a g) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes:
ANTECEDENTES
II. En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha Proposición con punto de Acuerdo fuera turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Equidad y Género para su estudio y dictamen.
Establecidos los antecedentes, los miembros de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Equidad y Género de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:
CONSIDERACIONES
2. La Diputada proponente menciona que México es parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención Belem Do Pará". Dichas Convenciones, buscan alternativas para la solución de los problemas de discriminación y de violación a los derechos humanos de las mujeres.
3. Asimismo, la Diputada Zavala Gómez del Campo menciona que el combate a la violencia contra las mujeres es un área prioritaria del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROEQUIDAD) y de los sistemas estatales y municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, los cuales atienden a las mujeres víctimas de la violencia, a través de las 32 Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia.
4. Por último, la Diputada proponente hace hincapié en la importancia que tiene la elaboración de una agenda común entre los organismos encargados de la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de la violencia. Asimismo, la Diputada cree indispensable que las Legislaturas Locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, expidan o actualicen sus ordenamientos jurídicos relativos a esta problemática.
5. Que en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, se han creado Comisiones e impulsado iniciativas con el fin de incluir la perspectiva de género en la legislación vigente y erradicar la violencia contra las mujeres, los cuales se citan a continuación:
a) Comisión de Equidad y Género, la cual existe en ambas Cámaras.
b) Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana, y a la Procuración de Justicia Vinculada; instalada en la Cámara de Diputados.
c) Comisión Especial que dará seguimiento a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, instalada en la Cámara de Senadores.
d) Parlamento de Mujeres de México, la cual se realiza anualmente en la Cámara de Diputados.
6. Que desde el año 2005, el Senado de la República ha trabajado para emitir y aprobar leyes, con el fin de crear el sistema nacional para asistir y proteger a las mujeres de la violencia, e impulsar la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, las cuales son:
a) Ley General que crea el Sistema Nacional de Prevención, Protección y Asistencia de la Violencia Contra la Mujer.
b) Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.
7. Por otra parte, las entidades federativas que cuentan con una Ley que previene y sanciona la violencia contra la mujer y la familia son:
Campeche: Ley de Prevención y Atención de
la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Campeche.
Coahuila: La Ley de Prevención, Asistencia y Atención
de la Violencia Familiar.
Colima: Ley para la Prevención y Atención
a la Violencia Intrafamiliar.
Chiapas: Ley de Prevención, Asistencia y Atención
Integral de la Violencia Familiar del Estado de Chiapas.
Chihuahua: Artículo 300 Bis al 300 Ter del Código
Civil y del artículo 190 al 190 Ter del Código Penal.
Distrito Federal: Ley de Asistencia y Prevención
de la Violencia Familiar.
Durango: Ley para la Asistencia, Atención y Prevención
de la Violencia Intrafamiliar.
Guanajuato: Ley de Atención a la Violencia Intrafamiliar
en el Estado de Guanajuato.
Guerrero: Ley de Asistencia y Prevención de la
Violencia Intrafamiliar del Estado de Guerrero.
Hidalgo: Artículo 243 Bis al 243 Ter del Código
Penal.
Jalisco: Ley de Prevención y Atención de
la Violencia Intrafamiliar en el Estado de Jalisco.
México: Ley para la Prevención de la Violencia
Familiar en el Estado de México.
Michoacán: Ley para la Atención y Prevención
de la Violencia Familiar en el Estado de Michoacán de Ocampo.
Morelos: Ley de Prevención y Asistencia Contra
la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Morelos.
Nayarit: Ley de Prevención, Asistencia y Atención
de la Violencia Familiar para el Estado de Nayarit.
Nuevo León: Artículo 287 Bis al 287 Bis
3 del Código Penal.
Oaxaca: Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia
Intrafamiliar para el Estado de Oaxaca.
Puebla: Ley de Prevención, Atención y Sanción
de la Violencia Familiar para el Estado de Puebla.
Querétaro: Ley que Atiende, Previene y Sanciona
la Violencia Intrafamiliar en el Estado de Querétaro.
Quintana Roo: Ley de Asistencia y Prevención de
la Violencia Intrafamiliar del Estado de Quintana Roo.
San Luis Potosí: Ley de Prevención y Atención
de la Violencia Intrafamiliar o Doméstica del Estado de San Luis
Potosí.
Sinaloa: Ley para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar
del Estado de Sinaloa.
Sonora: Ley de Prevención y Atención de
la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Sonora.
Tabasco: Ley para la Prevención y Tratamiento
de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Tabasco.
Tamaulipas: Ley de Prevención, Atención
y Asistencia de la Violencia Intrafamiliar.
Tlaxcala: Ley de Prevención, Asistencia y Tratamiento
de la Violencia Intrafamiliar del Estado de Tlaxcala.
Veracruz: Ley de Asistencia y Prevención de la
Violencia Familiar en el Estado de Veracruz.
Yucatán: Artículo 228 al 230 del Código
Penal.
Zacatecas: Ley para Prevenir y Atender la Violencia Familiar
en el Estado de Zacatecas.
8. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, estos no han sido suficientes ya que de acuerdo a los últimos datos obtenidos en la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de México 2004 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el 46.55% de las mujeres encuestadas sufrieron algún tipo de violencia y 5 de cada 10 mujeres reconoce que ha sufrido violencia a manos de su pareja, por lo que nuestro país tiene uno de los más altos índices de agresiones contra la población femenina.
9. Que es necesaria una reforma integral del sistema jurídico para obligar a las instituciones de salud, educativas y judiciales, entre otras, a hacer efectivos los criterios contenidos en las diversas Convenciones de Derechos Humanos a favor de las mujeres y que han sido aprobados y ratificados por México.
10. Estas Comisiones dictaminadoras comparten la propuesta de la Diputada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo con el fin de establecer una agenda común entre instituciones civiles y de gobierno para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, así como la creación y fortalecimiento de leyes locales que prevengan y sancionen la violencia cometida contra las mujeres.
11. Sin embargo, no son procedentes las siguientes propuestas: de que en un año se tengan compromisos puntuales entre los órganos mencionados, ya que la finalidad es trabajar coordinadamente y lo más antes posible para contrarrestar la problemática en comento; y de que se proceda a la asignación de recursos para dichos fines, ya que cada órgano de gobierno contempla una partida presupuestaria que cubre las prioridades de su agenda.
ACUERDO
PRIMERO.- La Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, así como a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para trabajar en una agenda común con el objetivo de formular las medidas relativas a la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres.
SEGUNDO.- La Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los gobiernos de los estados, al gobierno del Distrito Federal y a los gobiernos municipales para que, en el marco de su competencia, realicen las acciones conducentes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, mediante la promoción de políticas públicas y la expedición y actualización de los ordenamientos legales en la materia.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil seis.
Por la Comisión de Gobernación
Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), presidente; David Hernández Pérez (rúbrica), secretario; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), secretaria; Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), René Arce Islas (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), José Luis Briones Briseño, Socorro Díaz Palacios, Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Ana Luz Juárez Alejo (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Federico Madrazo Rojas, Gonzalo Moreno Arévalo, Consuelo Muro Urista (rúbrica), Sergio Penagos García (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), Mario Alberto Zepahua Valencia (rúbrica).
Por la Comisión de Equidad y Género
Diputados: Diva Hadamira Gastélum
Bajo (rúbrica), presidenta; Margarita Martínez López,
secretaria; Norma Elizabeth Sotelo Ochoa (rúbrica), secretaria;
Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), secretaria;
Blanca Eppen Canales (rúbrica), secretaria; Ángel Paulino
Canul Pacab (rúbrica), María Hilaria Domínguez Arvizu
(rúbrica), Miriam M. Muñoz Vargas, Gema Isabel Martínez
López (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica),
María Elena Orantes López (rúbrica), Esthela de Jesús
Ponce Beltrán, María del Consuelo Rodríguez de Alba
(rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Concepción
Cruz García (rúbrica), Patricia Flores Fuentes, Gisela J.
Lara Saldaña, María Angélica Ramírez Luna,
Evangelina Pérez Zaragoza, Martha Leticia Rivera Cisneros, Janette
Ovando Reazola (rúbrica), María Beatriz Zavala Peniche, Martha
Laguette Lardizabal, Marbella Casanova Calam (rúbrica), Angélica
de la Peña Gómez (rúbrica), Dolores del Carmen Gutiérrez
Zurita (rúbrica), María Marcela Lagarde y de los Ríos
(rúbrica), Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica), María
Ávila Serna (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, POR EL QUE SE CONSIDERA PROCEDENTE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA SUBCOMISIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y PROFESIONAL MEDIA, A TRAVÉS DE LA PRESIDENCIA DE ESA COMISIÓN SOLICITE A LA ANUIES, A LA UNAM Y A LA FIMPES UN ESTUDIO DE LAS CONDICIONES, TIPOS DE CARRERAS Y PROFESIONES, Y DE LOS RECURSOS Y VIABILIDAD PARA EMPRENDER UN PROGRAMA DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN NUESTRO PAÍS A PARTIR DE 2006
Honorable Asamblea:
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LIX Legislatura Federal de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6, inciso e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración Dictamen sobre la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, integre una Subcomisión que estudie las condiciones, los tipos de carrera y profesiones, recursos y viabilidad para emprender un programa de expansión del sistema de educación superior en nuestro país a partir del año 2006.
Metodología
II. En el capítulo "Contenido de la proposición con punto de acuerdo" se extracta la trascendencia de la propuesta en estudio.
III. El capítulo de "Consideraciones sobre la proposición con punto de acuerdo", la Comisión enuncia los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que apoyan el resolutivo del dictamen.
La proposición de mérito fue presentada a esta Soberanía por la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática, el día 04 de noviembre de 2005.
Una vez que se constato que la iniciativa cumple con los requisitos legales para ser aceptada a discusión, la Mesa Directiva la turnó a esta Comisión para su estudio y efectos conducentes a través del oficio D.G.P.L. 59-II-4-1736, que a su vez remitió a la Subcomisión de Educación Media Superior y Profesional Medio para su estudio y análisis.
Como resultado de la revisión del documento, se acordó proponer que la proposición con punto de acuerdo sea dictaminado en sentido positivo con modificaciones. En consecuencia esta Comisión Dictaminadora procedió a preparar Proyecto de Dictamen, que fue aprobado por el Pleno de la Comisión en reunión del día 24 de febrero de 2006, por unanimidad de los miembros presentes.
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
La Proposición parte de recordar que la sustentabilidad del desarrollo económico está asociado directamente a la velocidad y a la continuidad del proceso de expansión educativo. Esa relación directa se establece a partir de dos vías de transmisión. La expansión educativa aumenta la productividad del trabajo, contribuyendo al crecimiento económico, y la disminución de la pobreza; promueve una mayor igualdad y movilidad social, en la medida en que la condición de "Activo transferible" hace de la educación, un activo que permite la acumulación de capital. Además debemos observar que la educación es un activo que puede ser reproducido y generalmente es ofrecido a la población por medio de la esfera pública.
Que en la sociedad mexicana los rezagos absolutos y relativos, en la escolaridad de la población explica, de modo significativo, la intensa desigualdad en la distribución del ingreso.
Que en los últimos treinta años el crecimiento del sistema de educación superior en México ha quedado rezagado de las necesidades esenciales que impone la dinámica económica de hoy y del futuro. Buscar generar un programa inmediato y de largo plazo para abatir dicho rezago, precisando el tipo de profesionista que requerirá el México del año 2050, es una tarea que esta soberanía se puede proponer formular.
En virtud de lo anterior la Proposición con punto de acuerdo propone:
CONSIDERACIONES SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
Al respecto, la proposición de merito es de relevancia sustancial ya que al realizar los estudios necesarios para saber de las condiciones tipos y recursos destinados a las carreras o profesiones en nuestro país hará que la sociedad mexicana evite los rezagos educativos.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de la Honorable Asamblea, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA SUBCOMISIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y PROFESIONAL MEDIO A TRAVÉS DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACÓN PÚBLICA SOUCITARA A LA ANUIES, UNAM Y FIMPES UN ESTUDIO DE LAS CONDICIONES, TIPOS DE CARRERAS Y PROFESIONES, LOS RECURSOS y VIABIUDAD PARA EMPRENDER UN PROGRAMA DE EXPANSION DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN NUESTRO PAÍS A PARTIR DEL AÑO 2006.
Único. - SE CONSIDERA PROCEDENTE LA PROPOSÍCIÓN CON PUNTO DE ACUERDO para que la Subcomisión de Educación Media Superior y Profesional Medio a través de la Presidencia de la Comisión de Educación Publica solicitara a la ANUIES, UNAM y FIMPES un estudio de las condiciones, tipos de carreras y profesiones, los recursos y viabilidad para emprender un programa de expansión del sistema de educación superior en nuestro país a partir del año 2006, presentada por la Dip. Dolores Padierna Luna, el 04 de noviembre de 2005.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión de Educación Pública y Servidos Educativos, Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, en México, DF, a los veinticuatro días del mes de febrero de 2006.
Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: Salvador Pablo
Martínez Della Rocca (rúbrica), Presidente; José Guillermo
Aréchiga Santamaría (rúbrica), Consuelo Camarena Gómez
(rúbrica), Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica),
Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Humberto Francisco Filizola Haces (rúbrica),
Juan Pérez Medina, secretarios; Tatiana Clouthier Carrillo (rúbrica),
María Viola Corella Manzanilla, Norberto Enrique Corella Torres
(rúbrica), Blanca Judith Díaz Delgado (rúbrica), Florentino
Domínguez Ordóñez (rúbrica), Myriam de Lourdes
Arabian Couttolenc (rúbrica), Iván García Solís
(rúbrica), María Guadalupe García Velasco (rúbrica),
Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), José Ángel
Ibáñez Montes, Moisés Jiménez Sánchez
(rúbrica), José López Medina (rúbrica), Gerardo
Montenegro Ibarra, Inti Muñoz Santini (rúbrica), Norma Violeta
Dávila Salinas, Óscar Martín Ramos Salinas, Sonia
Rincón Chanona, Agustín Rodríguez Fuentes, Alfonso
Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez,
Paulo José Luis Tapia Palacios, Lorena Torres Ramos (rúbrica).
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, Y DE SALUD, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL Y AL EJECUTIVO DE AGUASCALIENTES A APLICAR LAS MEDIDAS DE CORRECCIÓN Y SANCIÓN A LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE SEGURO POPULAR EN DICHA ENTIDAD
HONORABLE ASAMBLEA:
En la sesión celebrada 13 de Septiembre de 2005, le fue turnada a las Comisiones Unidas de Salud y Gobernación, para su estudio y dictamen, el Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud federal, y al Gobernador del estado de Aguascalientes, para que se tomen las medidas correspondientes de corrección y sanción a los funcionarios involucrados en irregularidades detectadas por órganos internos de control de la entidad en el programa de Seguro Popular de Salud, presentado por la Diputada María del Consuelo Rodríguez de Alba, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Los integrantes las Comisiones dictaminadoras, con fundamento en los artículos 39 numerales 1° y 3°, 43, 44, 45, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen mismo que se realiza bajo la siguiente:
METODOLOGÍA
Las Comisiones encargadas del análisis y dictamen del Punto de Acuerdo mencionado anteriormente, desarrollan su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:
II. En al capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reformas y adiciones en estudio, así mismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones dictaminadoras expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del Punto de Acuerdo en análisis.
El 28 de Abril de 2005 la Diputada María del Consuelo Rodríguez de Alba, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaria de Salud federal, y al Gobernador del estado de Aguascalientes, para que se tomen las medidas correspondientes de corrección y sanción a los funcionarios involucrados en irregularidades detectadas por órganos internos de control de la entidad en el programa de Seguro Popular de Salud.
II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO
El Punto de Acuerdo objeto del presente dictamen pretenden exhortar a la Secretaria de Salud y al Gobernador del estado de Aguascalientes, para que se tomen las medidas correspondientes de corrección y sanción a los funcionarios involucrados en irregularidades detectadas por órganos internos de control de la entidad en el programa de Seguro Popular de Salud.
III. CONSIDERACIONES
A. La salud es parte fundamental del buen desarrollo humano integral. Sabemos que el Estado ha propiciado distintas acciones y programas que han beneficiado a la salud de la población mexicana, como lo es el Programa del Seguro Popular de Salud el cual ha beneficiado principalmente a las clases más desprotegidas y de escasos recursos económicos.
Este Programa ha sido uno de los programas innovadores para nuestro país y que se presume de que es un "programa estrella" de la Administración Federal.
B. Como bien sabemos dicho Programas se creó en el 2001, con un periodo de prueba en cinco estados: Aguascalientes, Campeche, Colima, Jalisco y Tabasco.
Para el 2002 el programa afilio a 296 mil familias en 20 entidades federativas, para el 2003, se incorporaron al programa de 2 estados y se afiliaron 614 mil familias.
C. Sin embargo datos proporcionados por la Secretaría de salud la cobertura para el 2004 se realizo en 30 entidades federativas y beneficia a 1.6 millones de familias.
En Aguascalientes, estado pionero de implementación de este Programa, funcionarios del Instituto de Salud se jactan de haber incorporado a 65 mil familias y pretenden incrementar la filiación, en corto tiempo a 88 mil familias.
Sin embargo revisiones realizadas por la Contraloría estatal de la entidad federativa ya mencionada, detectan una serie de irregularidades en la implementación del Programa del Seguro popular, consistentes en que las familias de escasos recursos que presuntamente se incorporaban automáticamente, por normatividad, nunca fueron avisadas de los servicios a lo que podrían acceder, lo cual implica que su afiliación solo fue nominal, para inflar ficticiamente las estadísticas, sin recibir nunca los servicios y beneficios a los que tenían derecho y por lo mismo se presume que se gastaron los recursos financieros destinados a dicho programa.
D. Por lo anteriormente expuesto dichas comisiones consideran viable dicho punto de acuerdo.
ACUERDO
Único. Se exhorta Secretaría de Salud Federal y al Ejecutivo del estado de Aguascalientes para que se tomen las medidas correspondientes de corrección y sanción a los funcionarios involucrados en irregularidades detectadas por los órganos internos de control de la entidad en el Programa de Seguro Popular de Salud de la Secretaria de Salud del estado de Aguascalientes.
Por la Comisión de Salud
Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera, Cristina Díaz Salazar, Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo, María Salomé Elyd Sáenz (rúbrica), Guadalupe Mendívil Morales, Marco Antonio García Ayala, Jaime Fernández Caracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo, Julio Boltvinik Kalinka, Martha Lucía Mícher Camarena, Irma S. Figueroa Romero, José Luis Naranjo y Quintana, Guillermo Velasco Rodríguez (rúbrica), María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).
Por la Comisión de Gobernación
Diputados: Julián Angulo
Góngora (rúbrica), presidente; David Hernández Pérez
(rúbrica), secretario; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica),
secretaria; Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica),
secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretario;
José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica),
René Arce Islas (rúbrica), Fernando Álvarez Monje
(rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla
López (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica),
José Luis Briones Briseño, Socorro Díaz Palacios,
Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Héctor Humberto
Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Ana Luz Juárez Alejo
(rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica),
Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Federico Madrazo Rojas,
Gonzalo Moreno Arévalo, Consuelo Muro Urista (rúbrica), Sergio
Penagos García (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas, Margarita
Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres
(rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano (rúbrica),
José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Hugo Rodríguez
Díaz (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica),
Mario Alberto Zepahua Valencia (rúbrica).
HONORABLE ASAMBLEA
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LIX legislatura Federal de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en los artículo 39 y 45 numeral 6, Inciso el y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración Dictamen sobre la Proposición con Punto de Acuerdo para que la SEP establezca programas y acciones para detectar y canalizar niños con TDAH.
METODOLOGÍA
I. El capítulo de "ANTECEDENTES" da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo; del recibo de turno para la elaboración? del dictamen respectivo; así como de los trabajos previos de la Comisión que otorga la opinión:
II. En el capítulo "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO" se extracta la trascendencia de la propuesta en estudio.
III. El capítulo de "CONSIDERACIONES SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO", la Comisión en un da los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que apoyan el resolutivo del dictamen.
ANTECEDENTES
La proposición de merito fue presentada a esta Soberanía por la Dip. Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario Partido Verde Ecologista de México, el día ,31 de marzo de 2005.
Una vez que se constato que cumple con los requisitos legales para ser aceptada a discusión, la Mesa. Directiva la turnó a esta Comisión para su estudio y efectos conducentes a través del oficio D.G.P.L. 59-II-3-1442, que a su vez remitió a la Subcomisión de, Educación Básica e Inicial para su estudio y análisis.
Como resultado de la revisión del documento, se acordó proponer que la Proposición con Punto de Acuerdo sea dictaminada en sentido negativo. En consecuencia Comisión Dictaminadora procedió a preparar Proyecto de Dictamen, que fue aprobado por el Pleno de la Comisión en reunión del día 24 de febrero de 2006, por unanimidad de los miembros presentes.
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
La Proposición parte de recordar que en la medida que el personal se encuentre capacitado e instruido para detectar problemas con el TDA/H, se podrá evitar una población infantil menospreciada, prejuiciado y señalada por ignorancia o ineptitud de quienes, conviven con ellos, alimentando con esto el espíritu de igualdad entre todos los educandos, haciendo a. un lado la discriminación por padecer una enfermedad de la cual no tuvieron elección de aceptar o desechas.
En virtud de lo anterior la Proposición con punto de acuerdo propone:
Texto que se propone
Proposición con Punto de Acuerdo para que la Secretaría de Educación Pública en ejercido de sus atribuciones, establezca en los diferentes niveles de enseñanza básica los programas y acciones orientados a detectar y canalizar adecuadamente a niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, para quedar como sigue:
Primero.- Que la Secretaría de Educación Pública establezca programas permanentes en todas las escuelas del nivel básico de enseñanza, a efecto de que exista una instancia con personal especializado que pueda detectar, orientar, canalizar y atender estudiantes con problemas del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.
Segundo.- Que la Secretaría de Educación Pública implemente programas de capacitación para todos los maestros de educación básica a efectos de que cuenten con los conocimientos que les permitan detectar y canalizar a niños con problemas de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.
Tercero.- Que la Secretaría de Educación Pública determine lo conducente para que en las escuelas particulares de nivel básico de educación se implementen las medidas referidas en los puntos primero y segundo.
Cuarto.- Que la Secretaría de Educación Pública realice las acciones necesarias para establecer un sistema estadístico que nos permita conocer a detalle los principales problemas de salud mental que enfrentan los estudiantes del nivel básico de enseñanza, del Sistema Educativo Nacional.
Quinto.- Que la Secretaría de Educación pública en ejercicio de sus atribuciones realice lo propio, a efecto de que por ningún motivo se restrinja o condicione en las escuelas públicas o privadas del Sistema Educativo Nacional el acceso o permanencia de los alumnos que padezcan el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.
CONSIDERACIONES SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
Al respecto, esta Comisión Dictaminadora considera que en el punto primero se da por sentada la existencia inequívoca del TDAH, y que éste tiene una etiología y sintomatología detectables y unívocas, cosa que está en .contradicción con muy diversas opiniones y documentos de dependencias de salud nacionales y extranjeras, así como diversos organismos Internacionales y asociaciones médicas y científicas.
En los puntos segundo y tercero, se pide la implementación de medidas escolares que han sido rechazadas y prohibidas en la legislación de diversos países, y señalada mente en la legislación de 48 de los 50 estados de la Unión Americana (donde surgió esta tendencia) y en al menos un estado de la República Mexicana, en virtud de los resultados desastrosos y muchas veces trágicos que este tipo de medidas ha tenido.
En el punto cuarto se solicita que la SEP implemente medidas de seguimiento estadístico de enfermedades mentales en la educación básica, dando por sentado que el TDAH, sería ya no un trastorno, sino una enfermedad mental propiamente dicha, lo que contradice abiertamente las mas calificadas opiniones de asociaciones médicas y científicas e incluso de la propia Secretaría de Salud.
En el punto quinto se solicita se prohíba la negación de servicios educativos a quienes padezcan está presunta enfermedad, prohibición que ya existe de manera explícita e implícita en la Constitución, en la ley reglamentos y demás normas en la materia para todos los mexicanos.
El contenido del documento contradice posiciones adoptadas en la materia por la Comisión Dictaminadora.
Por lo que en nuestra opinión el contenido del punto de acuerdo carece de toda base sólida de sustentación y contradice posiciones anteriores de la Comisión en la materia.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Comisión dictaminadora comparte la preocupación que motivan las Proposiciones, por lo que somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:
ACUERDO
Primero.- Se Desecha la Proposición con Punto de Acuerdo para que la Secretaria de Educación Pública en ejercicio de sus atribuciones, establezca en los diferentes niveles de enseñanza básica los programas y acciones orientados a detectar y canalizar adecuadamente a niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, presentada por el Dip. Fernando Espino Arévalo, el día 31 de marzo de 2005.
Segundo.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, en México DF a los veinticuatro días del mes de febrero de 2006.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: Salvador Pablo
Martínez Della Rocca (rúbrica), Presidente; José Guillermo
Aréchiga Santamaría (rúbrica), Consuelo Camarena Gómez
(rúbrica), Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica),
Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Humberto Francisco Filizola
Haces (rúbrica), Juan Pérez Medina (rúbrica), secretarios;
Tatiana Clouthier Carrillo (rúbrica), José Francisco Landero
Gutiérrez, Norberto Enrique Corella Torres (rúbrica), Blanca
Judith Díaz Delgado (rúbrica), Florentino Domínguez
Ordóñez, Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc (rúbrica),
Iván García Solís (rúbrica), María Guadalupe
García Velasco (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona,
José Ángel Ibáñez Montes, Moisés Jiménez
Sánchez (rúbrica), José López Medina (rúbrica),
Gerardo Montenegro Ibarra, Inti Muñoz Santini (rúbrica),
Norma Violeta Dávila Salinas (rúbrica), Óscar Martín
Ramos Salinas, Sonia Rincón Chanona, Agustín Rodríguez
Fuentes (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa, Rocío
Sánchez Pérez (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITAR QUE COMPAREZCA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, LICENCIADO REYES TAMEZ GUERRA, ANTE ESA COMISIÓN Y LA DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, A FIN DE QUE INFORME SOBRE EL PROCESO DE LICITACIÓN Y ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO, ASÍ COMO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ENCICLOMEDIA Y LA FUENTE DE RECURSOS QUE SE EJERCERÁN EL PRÓXIMO AÑO PARA ESTE PLAN
HONORABLE ASAMBLEA
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LIX Legislatura Federal de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en los artículo 39 y 45 numeral 6, inciso e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración Dictamen sobre la Proposición con Punto de Acuerdo para que comparezca el Secretario de Educación Publica para informar sobre el programa enciclomedia.
METODOLOGIA
I. El capítulo de "ANTECEDENTES" da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo; del recibo de turno para la elaboración del dictamen respectivo; así como de los trabajos previos de la Comisión que otorga la opinión.
II. En el capítulo "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO" se extracta la trascendencia de la propuesta en estudio.
III. El capítulo de "CONSIDERACIONES SOBRE LA PROPOSIÓN CON PUNTO DE ACUERDO", la Comisión enuncia los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que apoyan el resolutivo del dictamen.
ANTECEDENTES
La proposición de mérito fue presentada a esta Soberanía por el Dip. José Adolfo Murat Macías, del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional, el día 14 de diciembre de 2004.
Una vez que se constato que cumple con los requisitos legales para ser aceptada a discusión, la Mesa Directiva la turnó a esta Comisión para su estudio y efectos conducentes a través del oficio D.G.P.L 59-II-3-1154, que a su vez remitió a la Subcomisión de Educación Básica e Inicial para su estudio y análisis.
Como resultado de la revisión del documento, se acordó proponer que la Proposición con Punto de Acuerdo sea dictaminada en sentido negativo. En consecuencia esta Comisión Dictaminadora procedió a preparar Proyecto de Dictamen, que fue aprobado por el Pleno de la Comisión en reunión del día 24 de febrero de 2006, por unanimidad de los miembros presentes.
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
La Proposición parte de recordar que el programa de enciclomedia es por medio del cual la Secretaría de Educación Pública prevé instalar en aulas de quinto y sexto grado de primaria, equipo de cómputo, que incluye aulas de estudio con computadoras, proyector, muebles para computadora, impresora, fuente de poder y un pizarrón interactivo.
En virtud de lo anterior la Proposición con punto de acuerdo propone:
Texto que se propone:
Único. Solicitar que comparezca el titular de Educación Pública Lic. Reyes Tamez Guerra ante las comisiones unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para que informe del proceso en que se encuentra la licitación y entrega de mobiliario y equipo de cómputo así como la ejecución del programa denominado Enciclomedia y la fuente de recursos que se ejercerán el próximo año para este programa.
CONSIDERACIONES SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
Al respecto, esta Comisión Dictaminadora considera que esta proposición se encuentra ya sin materia, dado que las autoridades educativas han comparecido y respondido a los cuestionamientos en la materia a que se refiere.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Comisión dictaminadora comparte la preocupación que motivan las Proposiciones, por lo que somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:
ACUERDO
Primero.- Se Desecha la Proposición con Punto de Acuerdo para Solicitar que comparezca el titular de Educación Pública Lic. Reyes Tamez Guerra ante las comisiones unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para que informe del proceso en que se encuentra la licitación y entrega de mobiliario y equipo de cómputo así como la ejecución del programa denominado Enciclomedia y la fuente de recursos que se ejercerán el próximo año para este programa, presentada por el Dip. José Adolfo Murat Macías, el día 14 de diciembre de 2004.
Segundo.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, en. México DF a los veinticuatro días del mes de febrero de 2006.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: Salvador Pablo
Martínez Della Rocca (rúbrica), Presidente; José Guillermo
Aréchiga Santamaría (rúbrica), Consuelo Camarena Gómez
(rúbrica), Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica),
Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Humberto Francisco Filizola
Haces (rúbrica), Juan Pérez Medina (rúbrica), secretarios;
Tatiana Clouthier Carrillo (rúbrica), José Francisco Landero
Gutiérrez, Norberto Enrique Corella Torres (rúbrica), Blanca
Judith Díaz Delgado (rúbrica), Florentino Domínguez
Ordóñez, Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc (rúbrica),
Iván García Solís (rúbrica), María Guadalupe
García Velasco (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona,
José Ángel Ibáñez Montes, Moisés Jiménez
Sánchez (rúbrica), José López Medina (rúbrica),
Gerardo Montenegro Ibarra, Inti Muñoz Santini (rúbrica),
Norma Violeta Dávila Salinas (rúbrica), Óscar Martín
Ramos Salinas, Sonia Rincón Chanona, Agustín Rodríguez
Fuentes (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa, Rocío
Sánchez Pérez (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL QUE SE DESAPRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL CONGRESO DE VERACRUZ A CUMPLIR LOS PRECEPTOS DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO EN MATERIA DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión correspondiente a la LIX Legislatura, le. fue turnada para su estudio y dictamen, la PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL CONGRESO DE VERACRUZ, A CUMPLIR LOS PRECEPTOS DE LA CONSTITICIÓN DEL ESTADO EN MATERIA DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, MEDIANTE LA EXPEDICIÓN DE UNA LEY ESPECÍFICA O REFORMANDO LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA, presentada y suscrita por la diputada María del Carmen Escudero Fabre, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
En virtud de lo anterior, esta Comisión de Participación Ciudadana, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f ), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 57,60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen.
ANTECEDENTES
1.- En sesión celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados el 9 de febrero del 2006, los CC Secretarios de la misma dieron cuenta de la propuesta referida, dictándose el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Participación Ciudadana"
2.- La proposición con punto de acuerdo fue remitida a la Comisión de Participación Ciudadana de la H. Cámara de Diputados, mediante oficio D:G:P:L: 59-II-4-2060.
Materia de la Proposición
En la exposición de motivos de la Proposición con Punto de Acuerdo, destacan, entre otros, los siguientes argumentos:
1.- Que las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en diversas ocasiones han presentado proposiciones e iniciativas con el ánimo de enriquecer la participación ciudadana de nuestro país, y que aún falta delinear ordenamientos en esta materia en algunos estados de la República.
2.- La proponente advierte de manera textual que "una de las Entidades Federativas que más ha avanzado en este tenor, es Coahuila, impulsores de la normatividad local en participación ciudadana, los avances que dicho Estado ha dado cuenta, han sido significativos para el resto del país, aún hace falta mucho por investigar y muchas teorías por demostrar en el ámbito de la participación ciudadana. Como bien sabemos la parte medular de la federación son los Estados, de tal forma que debemos empezar por legislar en Leyes y Reglamentos del ámbito local que nos ayude y facilite la Legislación Federal.
3.- Apunta la diputada Escudero Fabre, que en el estado de Veracruz del cual es originaria, "no se ha avanzado en el tema de la participación ciudadana" y que por .ello se propone hacer un llamado respetuoso para que los integrantes del Congreso Local busquen los caminos jurídicos adecuados y legislar a favor de la sociedad veracruzana.
CONSIDERANDOS
1.- La Comisión Dictaminadora aprecia la voluntad de la proponente a favor de la participación ciudadana, pues en efecto, ésta constituye el basamento de la democracia.
2.- Independientemente de esa voluntad encomiable que se comparte, los integrantes de esta Comisión, luego de analizar ampliamente su propuesta , considera que no es de aprobarse, en virtud, entre otras causas, de que las cámaras del Congreso de la Unión, carece de las facultades constitucionales expresas para hacer exhortaciones a los congresos locales.
3.- Sucede, por otra parte, que existe la Ley de Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular del Estado de Veracruz, la que por lo menos parcialmente, responde a las inquietudes de la diputada Escudero Fabre.
4.- La legislación de la materia en el estado de Veracruz, es posible que resulte insuficiente e insatisfactoria, pero ésta puede ser perfeccionada mediante iniciativas elaboradas y promovidas por los legisladores locales, comenzando por los que pertenecen al partido en el milita la proponente.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana de la H. Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen desaprobatorio:
ARTÍCULO ÚNICO.- SE DESAPRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, A CUMPLIR CON LOS PRECEPTOS DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO, EN MATERIA DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, MEDIANTE LA EXPEDICIÓN DE UNA LEY ESPECÍFICA O REFORMANDO LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA.
La Comisión de Participación Ciudadana
Diputados: Jaime Miguel Moreno
Garavilla, Presidente (rúbrica); Juan Bustillos Montalvo, secretario
(rúbrica); María del Carmen Izaguirre Francos, secretaria
(rúbrica); María Angélica Ramírez Luna, secretaria;
Susana Guillermina Manzanares Córdova, secretaria; Francisco Javier
Alvarado Villazón (rúbrica); Virginia Yleana Baeza Estrella
(rúbrica); José Luis Briones Briseño (rúbrica);
Oscar Bitar Hadad; María del Carmen Escudero Fabre; Santiago Cortés
Sandoval; María Elba Garfias Maldonado (rúbrica); Diva Hadamira
Gastélum Bajo (rúbrica); Magdalena Adriana González
Furlong (rúbrica); José Julio González Garza; Belisario
Iram Herrera Solís; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica);
Marco Antonio Gutiérrez Romero (rúbrica); María del
Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica); Omar Ortega Álvarez
(rúbrica); Emiliano Vladimir Ramos Hernández (rúbrica);
Jesús Tolentino Román Bojórquez; Ofelia Ruíz
Vega (rúbrica); Norma Patricia Saucedo Moreno (rúbrica);
Rosario Sáenz López (rúbrica); Fermín Trujillo
Fuentes (rúbrica); Leticia Socorro Userralde Gordillo.
DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RECONSIDERAR SU POSTURA FRENTE AL APOYO ECONÓMICO QUE OFRECIÓ EL GOBIERNO ESPAÑOL A LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS AFECTADOS POR LA TORMENTA STAN
Honorable Asamblea:
La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 Y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a la Honorable Asamblea el siguiente:
DICTAMEN
Antecedentes
A la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, le fue turnado el pasado 8 de Diciembre de 2005 para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se Exhorta al Ejecutivo Federal a reconsiderar su postura frente al apoyo económico que ofreció el Gobierno español a los países centroamericanos afectados por la tormenta "Stan", presentada por el Diputado Benjamín Fernando Hernández Bustamante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Consideraciones
Como todos sabemos, el Huracán Stan fue la decimoctava tormenta tropical y el décimo huracán de la temporada de huracanes del Océano Atlántico en el año 2005 Stan fue la segunda tormenta "S" desde que el sistema de denominaciones de huracanes comenzó, el otro fue la tormenta tropical Sebastien de 1995. Fue una tormenta relativamente fuerte que, mientras se estableció como huracán de Categoría 1 durante un corto período de tiempo, causó inundaciones y desprendimientos en los países centroamericanos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua además del sur de México durante 105 días 3, 4 y 5 de octubre de 2005. Ha ocasionado por lo menos 1,620 muertes, un número similar al producido por el Huracán Katrina, y hay aun muchos más desaparecidos.
Los territorios más afectados fueron Guatemala y El Salvador, países en los que se produjeron el mayor número de fallecidos, y donde decenas de comunidades y pueblos quedaron completamente aislados.
En Guatemala, donde el 75% del territorio se ha visto afectado, una de las principales ciudades afectadas fue Santiago Atitlán, un importante destino turístico donde un grave corrimiento de tierra produjo decenas de víctimas. También una aldea situada en la falda del volcán Tacana fue arrasada por un alud de lodo y rocas.
En México el desbordamiento de un río en Tapachula, en el estado de Chiapas, arrasó 2,500 viviendas.
La mayor parte de los 100,000 habitantes de la región de la Sierra de los Tuxtlas, en la Costa del Golfo, fueron evacuados de sus casas, e incidentes tales como inundaciones, fuertes vientos (que arrancaron árboles y tejados de las casas) fueron reportados desde las áreas costera s de Veracruz, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y Coatzalcoalcos, así como la capital del estado Xalapa, situada en el interior. Las fuerzas armadas de México evacuaron a los habitantes de alrededor de una docena de pueblos en la llanura costera, entre ellos el Lugar Patrimonio de la Humanidad Tlacotalpan en el oeste y el complejo turístico de Catemaco en el este.
A medida que el sistema progresaba hada la Sierra Madre del Sur al oeste del Istmo de Tehuantepec, los estados de Oaxaca y Chiapas fueron afectados por lluvias torrenciales. Áreas de Chiapas cercanas a la frontera con Guatemala fueron golpeadas duramente, en particular en la ciudad costera y fronteriza de Tapachula, donde el desbordamiento de un río causó grandes daños incluyendo la destrucción de todos los puentes de acceso a la ciudad, la cual quedó únicamente accesible por aire.
En efecto, como lo señala la proposición, el gobierno español ofreció una ayuda de 65 millones de dólares a los países centroamericanos afectados por la tormenta Stan, misma que fue muy bien recibida por los gobiernos de El Salvador y Guatemala.
En el caso de México, el presidente Fox y el canciller Derbez, en aquellos momentos participantes de la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, aclararon que el gobierno mexicano agradeció el gesto pero solicitó no tomar parte del Fondo de ayuda y destinatario íntegramente a Guatemala y El salvador.
Este acto, antes de constituir, como Señala la proposición, "pleno desconocimiento del tema" fue una decisión congruente con el hecho de que Guatemala y El Salvador fueron los países más afectados por este fenómeno y, al mismo tiempo, los que menos recursos disponibles cuentan para hacerle frente a este y otros tipos de desastres naturales.
La capacidad del gobierno mexicano en la aplicación del Plan DN-III y otros programas de contingencia ante este tipo de catástrofes ha probado su eficacia y al día de hoy podemos advertir que las labores de reconstrucción caminan aceleradamente.
No obstante, el presidente Fox insistió durante la Cumbre Iberoamericana en la necesidad de conformar una estructura, no sólo financiera sino también de especialistas, para proporcionarse de inmediato ante cualquier situación similar.
Por último, y en referencia directa a la forma en que está redactado el resolutivo, cabe señalar que indeseable exhortar al Ejecutivo Federal a reconsiderar su postura "?frente al apoyo económico que ofreció el Gobierno español a los países centroamericanos afectados por la tormenta Stan" toda vez que el gobierno mexicano vio tan de buen agrado esta ayuda que decidió que fuese íntegra a sus vecinos de Centroamérica.
No obstante, aún si entendemos, como creemos es el espíritu de la proposición, que la propuesta es que el gobierno de México reconsidere su postura frente al apoyo económico que ofreció España a nuestro país, hay motivos suficientes para argumentar que la solidaridad de México con sus hermanos centroamericanos atiende mejor los intereses nacionales que la aceptación de una ayuda económica, que aunque muy valiosa y de agradecerse, puede ser solventada de manera autónoma por el Estado mexicano.
Si lo anteriormente expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores, somete a la Consideración de la Honorable Asamblea el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se Exhorta al Ejecutivo Federal a reconsiderar su postura frente al apoyo económico que ofreció el Gobierno español a los países centroamericanos afectados por la tormenta "Stan", presentada por el Diputado Benjamín Fernando Hernández Bustamante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 8 de Diciembre de 2005.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de Abril de 2006
La Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Adriana González
Carrillo (rúbrica), Presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre
(rúbrica), secretario; Carlos Jiménez Macías (rúbrica),
secretario; Arturo Robles Aguilar (rúbrica), secretario; Jorge Martínez
Ramos (rúbrica), secretario; Rodrigo Iván Cortés Jiménez
(rúbrica), Rolando García Alonso (rúbrica), Humberto
Cervantes Vega (rúbrica), José Alberto Aguilar Iñarritu
(rúbrica), Sami David David (rúbrica), Homero Díaz
Rodríguez (rúbrica), José Luis Flores Hernández
(rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica),
Carlos Flores Rico, Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica),
Fernando Alberto García Cuevas (rúbrica), Juan José
García Ochoa (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz, Alejandro González
Yáñez, Benito Chávez Montenegro (rúbrica),
Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Guadalupe Suárez
Ponce (rúbrica), Guadalupe Morales Rubio, Sergio Penagos García
(rúbrica), Cristina Portillo Ayala, Francisco Saucedo Pérez
(rúbrica), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (rúbrica),
Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A DECLARAR EL 29 DE SEPTIEMBRE COMO DÍA NACIONAL DEL TRABAJADOR MIGRANTE
Honorable Asamblea:
La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a la Honorable Asamblea el siguiente:
DICTAMEN
Antecedentes
A la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, le fue turnado el pasado 30 de Noviembre de 2004 para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de. Acuerdo para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Gobernación a declarar el 29 de Septiembre como Día Nacional del Trabajador Migrante, a cargo del Diputado Alfonso Nava Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI.
Consideraciones
El 28 de Septiembre de 2004, un grupo importante de Diputados Federales de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión propusieron que el día 29 de septiembre fuese declarado el Día Nacional del Trabajador Migrante en homenaje a miles de trabajadores mexicanos que laboraron en la construcción de las vías ferroviarias y en la agricultura en el territorio de los Estados Unidos de América, y que fue el 29 de septiembre de 1942 cuando llegaron los primeros 1500 trabajadores braceros a la ciudad de Stockton, en el estado de California, procedentes de la Ciudad de México para trabajar en los campos de siembra y recolección de remolacha, ya fue así como el Congreso de California en septiembre de 2002 declaró la fecha del 29 de septiembre en honor a estos trabajadores migrantes como el Día Internacional del Bracero, reconocidos como soldados de la producción y que hoy estos soldados de la producción ingresan a su país de origen más de 20 mil millones de dólares como remesas y que nadie niega que están aliviando la pobreza extrema y la falta de empleo que prevalece en nuestro país.
El Punto de Acuerdo declarado como de Urgente u Obvia resolución durante la Sesión del referido día, fue el del Diputado Margarito Fierros Tano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, denominado "Proposición con Punto de Acuerdo para que la Cámara de Diputados se pronuncie porque el Titular del Poder Ejecutivo Federal, instituya el "Día Nacional del Bracero".
Dentro de la discusión de dicho punto de acuerdo, participó el propio Diputado Alfonso Nava, quien apoyó la propuesta en cuestión.
Por los argumentos vertidos, es por los que se desecha la Proposición que nos ocupa, ya que existe por determinación de esta Soberanía un día en el que se conmemora al Trabajador Migrante.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores, somete a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Gobernación a declarar el 29 de Septiembre como Día Nacional del Trabajador Migrante, presentada por el Diputado Alfonso Nava Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 30 de Noviembre de 2004.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de Abril de 2006.
La Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Adriana González
Carrillo (rúbrica), Presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre
(rúbrica), secretario; Carlos Jiménez Macías (rúbrica),
secretario; Arturo Robles Aguilar (rúbrica), secretario; Jorge Martínez
Ramos (rúbrica), secretario; Rodrigo Iván Cortés Jiménez
(rúbrica), Rolando García Alonso (rúbrica), Humberto
Cervantes Vega (rúbrica), José Alberto Aguilar Iñarritu
(rúbrica), Sami David David (rúbrica), Homero Díaz
Rodríguez (rúbrica), José Luis Flores Hernández
(rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica),
Carlos Flores Rico, Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica),
Fernando Alberto García Cuevas (rúbrica), Juan José
García Ochoa (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz, Alejandro González
Yáñez, Benito Chávez Montenegro (rúbrica),
Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Guadalupe Suárez
Ponce (rúbrica), Guadalupe Morales Rubio, Sergio Penagos García
(rúbrica), Cristina Portillo Ayala, Francisco Saucedo Pérez
(rúbrica), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (rúbrica),
Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica).
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD, DE ECONOMÍA, Y DE TURISMO, POR EL QUE NO ES DE APROBARSE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LAS SECRETARÍAS DE SALUD, Y DE TURISMO A DISEÑAR E IMPLANTAR PROGRAMAS CONJUNTOS DE DIFUSIÓN, PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y MEJORAMIENTO DE LA SALUD DE LOS VISITANTES EN LOS CENTROS TURÍSTICOS DEL PAÍS
HONORABLE ASAMBLEA:
A las Comisiones Unidas de Salud, de Economía y de Turismo de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión les fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Oscar Bitar Haddad, integrante del Grupo Parlamentario del Partido. Revolucionario Institucional, por el que se propone que la Honorable Cámara de Diputados exhorte a las Secretarías de Salud, de Economía y de Turismo a diseñar e implantar programas conjuntos en difusión, prevención, vigilancia y mejoramiento de la salud en los centros turísticos del país.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 40 primer párrafo, 45 numeral 6 incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
DICTAMEN
I. Del Proceso Legislativo.
A) En sesión celebrada el cinco de abril del año 2005, por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el diputado Óscar Bitar Haddad integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó punto de acuerdo por el que propone que la Honorable Cámara de Diputados exhorte a las Secretarías de Salud, de Economía y de Turismo a diseñar e implantar programas conjuntos de difusión prevención, vigilancia y mejoramiento de la salud en los centros turísticos del país.
B) En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados determinó turnar la Propuesta citada a las Comisiones Unidas de Salud, de Economía y de Turismo para su estudio y dictamen correspondiente, mediante el oficio número D.G.P.L. 59-II-4-1360.
C) En sesión de las Comisiones Unidas de Salud, de Economía y de Turismo, luego de la recepción formal del asunto en estudio, se presentó a la consideración de su Pleno un proyecto de dictamen, mismo que previo su análisis y discusión no es de aprobarse, ordenándose se comunicara de inmediato esta resolución a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
II. Valoración de la Proposición con Punto de Acuerdo.
En la propuesta en estudio, el diputado proponente afirma que el turismo y la salud son dos conceptos estrechamente relacionados; ambos inciden directamente en la economía. Actualmente, en México se conoce el enorme potencial que ofrece el turismo a su economía. Sin embargo, muy poco se sabe acerca de los efectos que es capaz de producir en la salud de quienes habitan las zonas consideradas turísticas, así como sobre las repercusiones de la salud en el turismo. Desde la perspectiva del bienestar social durante las temporadas de alta incidencia turística la vida de las ciudades que constituyen destinos importantes, llega a verse alterada por una gran variedad de factores.
Al respecto, el diputado proponente indica que el turismo afecta a la población de las ciudades cuando los servicios médicos necesarios para el paseante no se prevén y planean como parte de la infraestructura de esta industria. En estos casos, la demanda por parte de los visitantes se convierte en una sobrecarga para las instalaciones y recursos existentes, generalmente limitados.
De manera clara el proponente expresa que en este nivel es necesario establecer mecanismos, políticas públicas e instancias de coordinación entre los sectores vinculados con la salud y el turismo, para realizar actividades específicas que incorporen esquemas de corresponsabilidad, así como un replanteamiento en la planeación y presupuestación del sector.
Concluye el diputado Óscar Bitar que por lo expuesto en la Proposición que presentó a consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, "propone exhortar al Ejecutivo Federal para que instruya a las Secretarías de Salud, de Economía y de Turismo, a fin de que se diseñen e implementen programas conjuntos de difusión prevención, vigilancia y mejoramiento de la salud de los visitantes, en los centros turísticos del país".
Las Comisiones Unidas de Salud, de Economía y de Turismo de esta Honorable Cámara de Diputados previo el análisis detallado y profundo que realizaron, incluso durante la referida sesión, concluimos que no es de aprobarse dicho proyecto toda vez que de las valoraciones y consideraciones del diputado proponente:
2. Los avances en materia económica, de aportación al Producto Interno Bruto (PIB) a los que se hizo referencia en la proposición, son derivados de las políticas, acciones, promoción y difusión de los destinos turísticos en sus diversas modalidades de tipos de turismo que ofrece el país, dan como resultado los incrementos en la captación de divisas por turistas extranjeros que visitan nuestro país y por los turistas nacionales. Estas políticas y acciones son implementadas, vigiladas y operadas por la Secretaría de Turismo Federal y las Secretarías de Turismo Estatal, cuando es el caso, con una estrecha vinculación con los prestadores de servicios turísticos.
4. En los recientes fenómenos naturales quedo demostrado que la atención al turista fue proporcionada de manera oportuna salvaguardando su integridad física y por tanto su salud.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se someten a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados los siguientes:
Resolutivos:
ÚNICO.- Por las argumentaciones y fundamentos expuestos no es de aprobarse la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Óscar Bitar Haddad del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que propone que la Honorable Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo Federal para que instruya a las Secretarias de Salud y de Turismo, a fin de que se diseñen e implementen programas conjuntos de difusión, prevención, vigilancia y mejoramiento de la salud de los visitantes, en los centros turísticos del país.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil cinco.
La Comisión de Turismo
Diputados: Francisco Xavier
López Mena (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez
(rúbrica), Rómulo Cárdenas Vélez (rúbrica),
María Concepción Fajardo Muñoz (rúbrica), María
Mercedes Rojas Saldaña (rúbrica), Gonzalo Alemán Migliolo
(rúbrica), Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja (rúbrica),
Rafael Candelas Salinas (rúbrica), Evaristo Corrales Macías
(rúbrica), Omar Bazán Flores, Oscar Bitar Haddad (rúbrica),
Francisco Javier Bravo Carvajal (rúbrica), Guillermo del Valle Reyes,
Rodolfo Esquivel Landa (rúbrica), Irma S. Figueroa Romero (rúbrica),
Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), Benjamín Hernández
Bustamante, J. Jesús Lomelí Rosas, Margarita Martínez
López (rúbrica), Raúl José Mejía González
(rúbrica), Beatriz Mojica Morga, Francisco Mora Ciprés (rúbrica),
María Guadalupe Morales Rubio, Heriberto Ortega Ramírez,
Janette Ovando Reazola (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE SALUD, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS QUE PROHÍBAN LA COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE LA FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL ENFAMIL, QUE PRODUCE EL LABORATORIO BRISTOL MYERS SQUIBB
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Salud, le fue turnada Proposición con Punto de Acuerdo, presentado por el Diputado Federal José Luis Treviño Rodríguez, integrante de la fracción parlamentaria de Acción Nacional para solicitar a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la prohibición de la comercialización, distribución y venta de la fórmula láctea infantil ENFAMIL, que produce el laboratorio Bristol Myers Squibb, hasta que se realizara un estudio completo y se demostrara que ésta no afecta a la salud de los infantes mexicanos y se retiren del mercado nacional todas las latas ya caducas de este producto.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el dictamen relativo al Punto de Acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo la siguiente:
METODOLOGÍA
I.- En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo en turno para la elaboración del dictamen respectivo, así como de los trabajos previos de la Comisión dictaminadora.
II.- En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO" se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.
III.- En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 10 de Noviembre de 2005 fue turnado a la Comisión de Salud de la LIX Legislatura, el expediente, referente a la Proposición con Punto de Acuerdo, para prohibir la comercialización, distribución y venta de la fórmula láctea infantil ENFAMIL, que produce el laboratorio Bristol Myers Squibb.
II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO
En la exposición de motivos que presentó el Diputado se hace mención que la bacteria Enterobacter Sakazakiii se encuentra en el medio ambiente y en el intestino de animales y que presuntamente podía encontrarse también en fórmulas de leche en polvo para recién nacidos, ingredientes lácteos deshidratados y de soya.
Refiere el Diputado que en febrero de 2004 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) convocaron conjuntamente a una reunión de expertos, en Ginebra, Suiza, sobre la bacteria Enterobacter Sakazakiii y otros microorganismos presentes preparados en polvo para lactantes.
Al respecto, señala el Diputado, que en la República de Argentina presuntamente se encontraron trazas de la bacteria señalada .en una lata de ENFAMIL producida en Chihuahua, México.
Refirió asimismo el Diputado que voceros de la empresa Bristol-Myers Squibb cuando fueron consultados sobre el caso reiteraron la calidad y seguridad del producto y señalaron que la formulación utilizada en México es distinta a la utilizada en el mercado argentino. Ello en respuesta alas diversas normas y reglas de nutrición que cada país requiere.
III. CONSIDERACIONES
A. Avocada la Comisión al estudio de la misma, para su atención y respuesta, se desprende que, de la investigación realizada y en análisis a la legalidad para conocer y resolver del asunto planteado, resulta conveniente analizar lo que a continuación se señala.
B. La Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios de fa Secretaria de Salud, realizó visita de verificación sanitaria a la empresa productora, ubicada en fa ciudad de Delicias, Chihuahua. La visita a la empresa productora se realizó el 29 de agosto de 2005, por parte de verificadores especializados de instituciones federales y estatales, habiendo constatado que cumplió en su totalidad con las buenas prácticas sanitarias de fabricación de los productos.
C. La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Chihuahua también realizó muestreos y análisis del producto y los resultados arrojaron la ausencia de microorganismos patógenos.
D. Ambas autoridades refieren en un documento remitido a la Comisión de Salud, que no existe evidencia de que las fórmulas lácteas Enfamil o Enfagrow presenten riesgo para la salud de la población infantil.
E. Asimismo se constató que la fórmula Enfamil exportada a Argentina, no es la misma que se comercializa en México, en virtud de que los requerimientos nutricionales de los infantes son diferentes en cada uno de los países en donde se comercializa el producto.
F. Las autoridades sanitarias Argentinas reportaron el caso de un niño que tuvo una enfermedad gastrointestinal después de consumir la fórmula. Sin embargo, no se ha logrado tener evidencia de que el consumo de esa leche esté asociado con el padecimiento y tampoco existe reporte de ningún otro caso similar. En México estas fórmulas lácteas existen en el comercio desde hace más de 50 años, sin que se tenga notificación alguna de casos de intoxicación.
G. Finalmente la Secretaría de Salud asegura que los productos Enfamil y Enfagrow no representan riesgos para la salud de la población infantil y recomienda que, antes de que se consuman, se verifique la fecha de caducidad. Asimismo se señala que cualquier fórmula infantil es segura en la medida en que su preparación siga estrictamente las indicaciones de la etiqueta, entre las que se encuentran: lavarse las manos antes de la preparación de la fórmula, utilizar agua hervida, esterilizar mamilas, chupones y cucharas para la preparación. Asimismo, en caso de que la mezcla no se emplee inmediatamente, ésta deberá refrigerarse y no consumirse después de 24 horas de su preparación.
H. Igualmente se solicitó información del proceso que realiza Bristol Myers Squibb para el manejo y control de calidad, haciendo del conocimiento de esta Comisión Dictaminadora que la materia prima para la elaboración del producto lácteo, inicialmente se revisa de manera visual, verificando fecha de liberación, daños de empaques y limpieza.
I. Del mismo modo, Bristol-Myers Squibb demostró que en sus procesos de manufactura aplica estrictos controles microbiológicos, organolépticos y fisicoquímicos que han hecho acreedora a la compañía para obtener la certificación de buenas prácticas de manufactura otorgadas por las autoridades sanitarias mexicanas. Asimismo la compañía cuenta con los métodos de análisis de producto del Codex y el método de vigilancia de la FDA.
J. Para estos efectos, asimismo la empresa proporcionó la siguiente documentación sobre sus procesos de seguridad alimentaría:
Master Batch Record (MBR) (Documento maestro de fabricación, el cual indica el proceso de fabricación del producto Enfamil Premium 1, así como todos los puntos de controles utilizados en su fabricación basados en los Sistemas de Calidad de Buenas Practicas de Manufactura (BPM) y Análisis de Peligros y Puntos Críticos (HACCP)
Copia de la carátula y puntos principales del Manual de Buenas Practicas de .Manufactura de MJN Planta Delicias
Acta del memorándum de la COFEPRIS donde se indica el número de muestras tomadas en la Planta Delicias
ACUERDO
Único. Se desecha la Proposición con punto de Acuerdo, presentado por el Diputado Federal José Luis Treviño Rodríguez, el 10 de Noviembre de 2005.
La Comisión de Salud
Diputados: José Ángel
Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido
(rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), María Cristina
Díaz Salazar, Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica),
Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María
del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara
Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica),
Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo,
María Salomé Elyd Sáenz (rúbrica), Guadalupe
Mendivil M., Marco Antonio García Ayala, Jaime Fernández
Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica),
Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Isaías Soriano López,
Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez,
Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega
Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica),
María Angélica Díaz del Campo, Julio Boltvinik Kalinka,
Martha Lucía Mícher Camarena, Irma Sinforina Figueroa Romero,
José Luis Naranjo y Quintana, Raúl Piña Horta, María
Angélica Ramírez Luna (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN DE VIVIENDA QUE INTEGRE UNA SUBCOMISIÓN ENCARGADA DE ANALIZAR Y CUANTIFICAR EL DÉFICIT DE VIVIENDA EN MÉXICO
HONORABLE ASAMBLEA:
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Diputada María de los Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Vivienda la integración de una subcomisión cuya finalidad sea analizar y cuantificar las diferentes dimensiones del déficit de vivienda en México, la cual fue turnada a la Comisión de Vivienda de esta H. Cámara de Diputados para su estudio y posterior análisis.
Esta Comisión procedió a su análisis y estudio y con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 Y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los Diputados integrantes realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la proposición, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma, resultado de lo cual se someter a consideración de esa Honorable Asamblea la presente resolución con base en los siguientes:
I. Antecedentes
1. Con fecha diez de noviembre del año dos mil cinco, ante el Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la Diputada María de los Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Vivienda la integración de una subcomisión cuya finalidad sea analizar y cuantificar las diferentes dimensiones del déficit de vivienda en México.
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados turnó la referida proposición a la Comisión de Vivienda para su análisis y dictaminación.
3. Esta Comisión abocada al estudio de dicha proposición procede a analizar los puntos fundamentales en los que se sustenta la proposición con punto de acuerdo que se propone, siendo éstos:
b) Refiere que los intentos por dimensionar el incremento a la existencia de casas y que buscan superar la insuficiencia de vivienda, dan como resultado que el número de construcciones haya variado del millón hasta los 5 millones de unidades. Señala, además que más que dudas sobre la dimensión del déficit. Esta disparidad dificulta el monitoreo del mismo, tanto por el tiempo, como por el mapeo de su distribución espacial.
c) Apunta que han sido diversas las evaluaciones de la efectividad de las políticas públicas que buscan resolver el problema de la calidad y suficiencia de vivienda como la propia cuantificación del mercado potencial tanto a nivel nacional como por regiones.
d) Afirma que es necesario establecer una metodología capaz de dar luz sobre la evolución temporal y la distribución espacial del déficit habitacional mexicano, ya sea por su importancia en el ámbito de las políticas de carácter social, bien debido a su relevancia de carácter macroeconómico para los agentes privados que trabajan en la oferta de unidades habitacionales o bien, por último, frente a la importancia macroeconómica de las inversiones en construcción civil, dentro de las cuales es fundamental el segmento de vivienda.
e) Indica que una gran parte de la discusión en tomo a la cuestión del déficit de vivienda se relaciona con las diferencias metodológicas existentes entre las diversas alternativas para cuantificar el problema, lo cual, señala, parece ser una cuestión académica, cuando no lo es. Por lo mismo propone que el definir con claridad la naturaleza del déficit, lo que llevará a tomar partido por una alternativa de solución.
En este sentido, menciona que si el déficit es de gran magnitud, en consecuencia la respuesta se debe dar de manera expansiva bajo un sistema de vivienda social, de calidad, con todos los servicios necesarios y que pueda ser pagada al costo sin fines de lucro, sin tasa de interés, con las facilidades de plazo y pagos. Además, con esta cuestión de método, se trata de que el presupuesto público atine en la solución de las necesidades de la población más apremiantes, más aún si se trata de un derecho consagrado en la Constitución como la vivienda.
f) Afirma que la política de vivienda que sigue el Gobierno Federal consiste en el otorgamiento de créditos puente en condiciones de pago muy pesadas y con tasas de interés lucrativas que impiden el acceso a la vivienda a los sectores populares, dejándole al Estado el solucionar el déficit habitacional existente en el país.
g) Señala que si el déficit cuantificado arroja evidencia de un rezago, se deberán tomar decisiones que tienen que ver con la colocación de recursos sólo para remodelación, ampliación o bien mejora de la vivienda que permita mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias mexicanas, por lo que los gobiernos federal y estatales se obligan a garantizar mejores condiciones de vida de la población, haciendo de la vivienda un derecho universal que excluya a los pobres.
h) Advierte que para evitar la discrecionalidad, sobre todo con el objeto de realizar un mapeo y seguimiento temporal de la escasez de vivienda, sería estimado establecer una metodología que permita calcular el déficit de vivienda en México, la cual considere, al menos, tres elementos: i) rusticidad de las estructuras físicas de las viviendas, en virtud de la depreciación o utilización de materiales improvisados o no durables; ii) el grado de "inadecuación" de algunas unidades habitacionales que, derivado de sus características físicas y funcionales, lleve a que sean utilizadas como domicilios solo en forma esporádica o improvisada, y iii) la cohabitación. Esto es, la existencia de más de una familia por domicilio.
i) Dice que la política actual de fomento a la vivienda en México conduce a una solución a sectores de ingresos medios y altos, excluyendo a las familias de bajos ingresos que lamentablemente son la inmensa mayoría dada la concentración del ingreso, además de que dicha política no ha destinado el suficiente presupuesto a su mantenimiento, lo que provocará que en el largo plazo las familias tendrán el problema de obsolescencia de sus viviendas.
j) Por último, menciona que es necesario decir que el déficit de vivienda en México no es un problema exclusivo de los grandes centros urbanos sino que se da en las zonas de bajos ingresos. Señala que el mayor déficit se concentra más en la población más pobre, por lo que esta cuestión debe ser estudiada adecuadamente con fines de realizar una política de vivienda progresista, para lo cual, se deben llevar a cabo los estudios necesarios que permitan dimensionar de manera completa el déficit de vivienda y que tengan, por resultado, un programa habitacional que otorgue créditos para viviendas nuevas a sectores de bajos ingresos además de créditos para mantenimiento y remodelación.
I. Esta Comisión considera que la proposición de la Diputada María de los Dolores Padierna Luna tiene un buen propósito y busca poder obtener mejores cuentas y estudios más precisos respecto del déficit de la vivienda en México.
II. Consideramos, por los términos en que está planteada la proposición, que resulta inviable, toda vez que ya existen, en nuestro país, los estudios y cuantificaciones del rezago y las necesidades habitacionales. La propia Comisión de Vivienda llevó a cabo seis foros regionales en las ciudades de Pachuca, Morelia, Tuxtla Gutiérrez, León, Saltillo y Chihuahua con el propósito de conocer la situación, opiniones y propuestas de actores de todo el país, participando 651 personas que representaron a los sectores que inciden en el financiamiento, y producción de vivienda, estudian el fenómeno habitacional o trabajan desde la sociedad civil apoyando procesos de vivienda.
III. También es improcedente ya que la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI) es la instancia del Gobierno Federal responsable de definir los mecanismos para instrumentar la política nacional de vivienda y coordinar su ejecución, y es la que ha definido una metodología congruente con las a. recomendaciones internacionales para calcular el rezago habitaciones y ha realizado la cuantificación del mismo.
IV. Respecto de la propuesta de que la Comisión de Vivienda emprenda un estudio sobre los mecanismos legales que permitan establecer como política de Estado un programa de vivienda para el otorgamiento anual de al menos 500,000 viviendas para familias con ingresos menores a cuatro salarios mínimos y el otorgamiento de créditos para mantenimiento y remodelación de casas habitación, cabe señalar que en el ámbito legislativo el mecanismo legal es precisamente la Ley, sin embargo, las cuestiones programáticas no se llevan al rango de ley, pues la problemática social que se pretende atender es muy dinámica, además de ser una atribución natural del Poder Ejecutivo más que del Poder Legislativo.
V. Por último, es importante destacar que en la Ley de Vivienda que está pendiente de ser aprobada por el Congreso de la Unión, se atiende a todos los tipos y modalidades de vivienda por lo que se considera que la problemática planteada se resolverá por la nueva Ley en ciernes.
DICTAMEN
ARTÍCULO PRIMERO.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Vivienda la integración de una subcomisión cuya finalidad sea analizar y cuantificar las diferentes dimensiones del déficit de vivienda en México, presentada por la Diputada María de los Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
DADO EN EL SALÓN DE COMISIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, DISTRITO FEDERAL, A LOS 20 DÍAS EL MES DE. ABRIL DEL 2006.
La Comisión de Vivienda
Diputados: Roberto
Pedraza Martínez (rúbrica), Presidente; Aldo Mauricio Martínez
Hernández (rúbrica), secretario; Carlos Mireles Morales (rúbrica),
secretario; Lázaro Arias Martínez (rúbrica); José
Manuel Carrillo Rubio; Concepción Olivia Castañeda Ortiz
(rúbrica); Benjamín Fernando Hernández Bustamante;
David Hernández Pérez (rúbrica); Armando Neyra Chávez;
Óscar Martín Ramos Salinas (rúbrica); Alfonso Sánchez
Hernández (rúbrica); Marcelo Tecolapa Tixteco; Rosa Hilda
Valenzuela Rodelo (rúbrica); José Javier Villacaña
Jiménez; Margarita Chávez Murgía (rúbrica),
secretaria; Jorge Carlos Obregón Serrano (rúbrica), secretario;
José Juan Bárcenas González; Manuel Ignacio López
Villarreal (rúbrica); Jaime del Conde Ugarte (rúbrica); Patricia
Elisa Durán Reveles (rúbrica); Felipe de Jesús Díaz
González (rúbrica); Francisco Isaías Lemus Muñoz
Ledo (rúbrica); Édgar Torres Baltazar, secretario; Daniel
Ordóñez Hernández; Juan García Costilla; Cuauhtémoc
Ochoa Fernández; Concepción Cruz García (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL LA CÁMARA DE DIPUTADOS SE PRONUNCIA EN FAVOR DE LA REGIONALIZACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA
HONORABLE ASAMBLEA:
Con fundamento en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por el articulo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Diputado Jesús Ángel Díaz Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados se pronuncia en favor de la regionalización de las reglas de operación de los programas de vivienda vigentes, misma que fue turnada, a la Comisión de Vivienda para su estudio y dictamen.
Esta Comisión procedió al análisis y estudio de dicha iniciativa y con base en las facultades que les confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los Diputados Integrantes de la Comisión que dictamina realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la proposición con punto de acuerdo de referencia, tendiendo, como resultado, el presente dictamen que se someta a consideración de esta Honorable Asamblea con base en los siguientes:
I. Antecedentes
1. Con fecha quince de diciembre del año dos mil tres, el diputado Jesús Ángel Díaz Ortega, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó proposición con punto de acuerdo por el qué la Cámara de Diputados se pronuncia en favor de la regionalización de las reglas de operación de los programas de vivienda vigentes.
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados dio el turno a esta dictaminadora a efecto da Instrumentar el dictamen que permitirá su discusión, y en su caso su aprobación por el mismo Pleno, lo cual se hace después de una serie de estudios y análisis a la proposición con punto de acuerdo presentada por el Diputado Jesús Ángel Díaz Ortega.
3. Que el proponente hizo, en el cuerpo de su puntada acuerdo las siguientes consideraciones:
b) Patentiza la importancia que la vivienda tiene para el desarrollo económico, social y urbano de la población; pero hace la observación de que las necesidades nacionales son tan apremiantes que se acentúan en las diversas regiones donde se presentan características y problemáticas diferenciadas que son bien conocidas por las entidades estatales de vivienda.
c) Apunta que lo arriba señalado da la razón al punto de acuerdo que se estudia, el cual intenta explicar las necesidades habitacionales y trata de sensibilizar a esta Soberanía sobre la petición de apoyar propuestas que brinden la oportunidad de dar consecución al ideal constitucional en materia habitacional.
d) Refiere que la normatividad de todo programa gubernamental debe ser un punto nodal para el buen desarrollo de los mismos y que no se puede permitir que un satisfactor esencial, como la vivienda, degenere en un derecho privativo de un grupo de la población por criterios funcionales de programas que contemplan valoraciones cuantitativas que no representan las condiciones e idiosincrasias genuinas de las diversas regiones de nuestro país.
e) Por ello, apunta que, en aras de la justicia distributiva, los desiguales no deben ser tratados con criterios estandarizados, lo que implica concluir sobre la necesidad de revisar las reglas de Operación de los programas de vivienda para ser ajustadas a las necesidades regionales del país, ya que son necesarias propuestas concretas y concisas que requieren un apoyo sustancial en pro del desarrollo nacional.
f) Menciona que la mayor parte de la población económicamente activa está conformada por familias cuyo promedio de ingresos les imposibilita contar con los recursos suficientes para aportar un ahorro previo en el programa, por lo que, en los programas federales en materia de vivienda deben considerarse los índices de marginación de las micra regiones para determinar el monto de la aportación del beneficiario o incluso su anulación.
g) Por último, señala que uno de los problemas que limitan la adquisición de reservas territoriales para el desarrollo de vivienda es la escasez de predios privados y con certeza jurídica por lo que regionalizando las reglas de operación de los organismos nacionales de vivienda se simplificarían los trámites para la desincorporación de tierra social a propiedad privada.
1. Esta Comisión considera que la proposición con punto de acuerdo presentada por el Diputado Jesús Ángel Díaz ortega es improcedente. en primer término. porque la proposición es para solicitar que la Cámara de Diputados se pronuncie a favor de la regionalización de las reglas de operación de los programas de vivienda sin embargo dicho pronunciamiento no tendría mayor efecto pues corresponde al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos de los otros ámbitos de gobierno la facultad de reglamentar y dictar las disposiciones necesarias para atender sus responsabilidades, en todo caso el planteamiento debió haber sido para exhortar al Ejecutivo Federal a que a través de las dependencias responsables en la materia, emita reglas de operación regionales para que las mismas atiendan las diversas características y problemáticas que presentan las diversas regiones del país.
2. En segundo término, porque recientemente se ha mandado al Senado de la República una minuta que contiene una nueva Ley de Vivienda que recoge el tema del punto de acuerdo con amplitud, determinándose en los lineamientos de la Política Nacional de Vivienda que se deberá promover una distribución y atención equilibrada de las acciones de vivienda en todo el territorio nacional, considerando las necesidades y condiciones locales es y regionales, así como los distintos tipos y modalidades del proceso .habitacional además de promover que los proyectos urbanos y arquitectónicos de vivienda, así como sus procesos productivos y la utilización de materiales se adecuen a los rasgos culturales y locales para procurar su Identidad y diversidad.
3. Además, en dicha minuta de Ley de Vivienda se establece que el Ejecutivo Federal mediante acuerdos y convenios con las diversas entidades y dependencias de la Administración Pública Federal fomentará el desarrollo de sistemas constructivos mejorados y modulados, acordes a los patrones culturales y el entorno bioclimático de las regiones, razones todas por las que la subcomisión dictaminadora considera que se encuentra suficientemente atendido el punto de acuerdo.
4. Por todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión considera no aprobar. la proposición que hace el Diputado Jesús Ángel Díaz Ortega.
DICTAMEN
ARTÍCULO PRIMERO.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados se pronuncia en favor de la regionalización de las reglas de operación de los programas de vivienda vigentes presentada por el Diputado Jesús Ángel Díaz Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, misma que fue turnada el quince de diciembre del año dos mil tres, a la Comisión de Vivienda para su estudio y dictamen según las consideraciones que anteceden.
ARTÍCULO SEGUNDO. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Dado en el Salón de Comisiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal a los 6 días del mes de abril del 2006.
La Comisión de Vivienda
Diputados: Roberto Pedraza
Martínez (rúbrica), Presidente; Aldo Mauricio Martínez
Hernández (rúbrica), secretario; Carlos Mireles Morales (rúbrica),
secretario; Lázaro Arias Martínez (rúbrica); José
Manuel Carrillo Rubio (rúbrica); Concepción Olivia Castañeda
Ortiz (rúbrica); Benjamín Fernando Hernández Bustamante
(rúbrica); David Hernández Pérez (rúbrica);
Armando Neyra Chávez; Óscar Martín Ramos Salinas;
Alfonso Sánchez Hernández (rúbrica); Marcelo Tecolapa
Tixteco; Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica); José Javier
Villacaña Jiménez; Margarita Chávez Murgía
(rúbrica), secretaria; Jorge Carlos Obregón Serrano (rúbrica),
secretario; José Juan Bárcenas González (rúbrica);
Manuel Ignacio López Villarreal; Jaime del Conde Ugarte; Patricia
Elisa Durán Reveles (rúbrica); Felipe de Jesús Díaz
González (rúbrica); Francisco Isaías Lemus Muñoz
Ledo (rúbrica); Édgar Torres Baltazar, secretario; Daniel
Ordóñez Hernández; Juan García Costilla; Joel
Padilla Peña; Cuauhtémoc Ochoa Fernández; Concepción
Cruz García (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, POR EL QUE NO SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA AL GOBERNADOR DE NUEVO LEÓN QUE DEJE DE INTERVENIR EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS CIUDADANOS Y SE EXHORTA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A ANALIZAR EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL PRESENTADO EN CONTRA DEL CONGRESO LOCAL POR LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS ELECTORALES
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura le fue turnado para su estudio, análisis y dictamen Proposición con punto de Acuerdo para solicitar al Gobernador del Estado de Nuevo León, deje de intervenir en los procesos de integración de los órganos ciudadanos y exhortar al TRIFE para que analice el juicio de revisión constitucional, presentado en contra del Congreso Local por la designación de Magistrados Electorales.
Estas Comisiones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) a g) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Con fecha 8 de diciembre de. 2005, la Diputada Tatiana Clouthier Carrillo, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados .del H. Congreso de la Unión, Proposición con punto de Acuerdo para solicitar al Gobernador del Estado de Nuevo León, deje de intervenir en los procesos de integración de los órganos ciudadanos y. exhortar al TRIFE, para que analice el juicio de revisión constitucional, presentado en contra del Congreso Local por la designación de Magistrados Electorales.
2. En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha Proposición con punto de Acuerdo fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.
Establecidos los antecedentes, los miembros de la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:
CONSIDERACIONES
1. A consideración de la Diputada Tatiana Clouthier Carrillo la historia de México nos muestra que las leyes protegían y dejaban inmune a la hegemonía de un partido, haciendo nugatoria toda posibilidad de pluralismo y de crecimiento nacional.
2. La Diputada Clouthier Carrillo expresa que en la actualidad las leyes son ultrajadas por un grupo de la actual Legislatura de Nuevo León, ya que han designado a los magistrados del Tribunal Electoral local a la medida de las necesidades de un partido que sigue buscando más poder a toda costa en detrimento de las instituciones que tanto han costado a la sociedad.
3. Por último la Diputada Clouthier Carrillo pide la revisión del marco de ilegalidad por el cual se han designado a dichos magistrados, ya que el Presidente es hermano de dos Directores de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Además, un notario público, que era un delegado del Ejecutivo, ahora es magistrado numerario del órgano electoral.
4. Por ilegalidad debemos entender todo lo que no está fundado y motivado por el derecho en vigor, todo lo que no esté sujeto a la Ley, es decir, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales que carezcan del sustento estricto de una norma legal.
5. Que el artículo 1°, párrafo segundo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, establece categóricamente que la Procuraduría General de Justicia forma parte de la Administración Pública Central. Asimismo, el artículo 3°, párrafo tercero de la Ley en comento, faculta al Ejecutivo del Estado para remover libremente a los titulares de la Administración Pública Central y Paraestatal.
6. En este sentido, constitucionalmente se faculta al Gobernador del Estado Nuevo León para designar y remover libremente al Procurador General de Justicia local, asimismo, éste último, de acuerdo al artículo 27 fracción VII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, tiene facultades no delegables en lo relativo a nombramientos, movimientos de personal y terminación de los efectos de los nombramientos.
7. Por otra parte, el artículo 44 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, menciona que el Tribunal Electoral local es un organismo independiente con autonomía funcional y presupuestal el cual de acuerdo al artículo 63, fracción XLVI, de la misma Ley, se integrará por los Magistrados designados por el Congreso del Estado. Por lo que la designación es una facultad legitima, fundada y protegida por un marco de legalidad institucional.
8. Que las sanciones por actos ilegales de las autoridades del Estado de Nuevo León se encuentran normadas por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, que de acuerdo a su artículo 2° y al artículo 105 de la Constitución Política local, los servidores públicos sujetos a los juicios y sanciones de la Ley en comento son:
Los ciudadanos que conformen los organismos electorales, los que fueren designados para Integrar el Tribunal Electoral a que se refiere la Ley Electoral y los Comisionados de la Comisión de Acceso a la Información Pública, estarán con motivo del desempeño de su encargo, sujetos a las responsabilidades de los servidores públicos a que se refieren este articulo y las leyes reglamentarias."
10. Por tales razones esta Comisión dictaminadora no comparte las consideraciones formuladas por la Diputada Tatiana Clouthier Carrillo, orientadas a solicitar al Gobernador del Estado de Nuevo León deje de intervenir en los procesos de integración de los órganos ciudadanos y de exhortar al TRIFE para que analice el juicio de revisión constitucional, presentado en contra del Congreso Local por la designación de Magistrados Electorales, en virtud de que no se encuentran motivos fundados para hacerlo, además de que el Estado cuenta con la legislación necesaria para castigar y sancionar a los servidores públicos cuando éstos incurran en una responsabilidad en la materia.
Por lo expuesto anteriormente, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LIX legislatura someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente punto de:
ACUERDO
PRIMERO.- No se aprueba la Proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita al Gobernador del Estado de Nuevo. León, deje de intervenir en los procesos de integración de los órganos ciudadanos y exhortar al TRIFE, para que analice el juicio de revisión constitucional, presentado en contra del Congreso Local por la designación de Magistrados Electorales, presentada por la Diputada Tatiana Clouthier Carrillo el 8 de diciembre de 2005.
SEGUNDO.- Archívese este expediente como asunto concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a los veinticuatro días del mes de abril de dos mil seis.
La Comisión de Gobernación
Diputados: Julián Angulo
Góngora (rúbrica), Presidente; David Hernández Pérez
(rúbrica), Secretario; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica),
Secretaria; Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica),
Secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila, Secretario;
José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica),
René Arce Islas (rúbrica), Fernando Álvarez Monje
(rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla
López (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica),
José Luis Briones Briseño, Socorro Díaz Palacios,
Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Héctor Humberto
Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Ana Luz Juárez Alejo
(rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica),
Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Federico Madrazo Rojas,
Gonzalo Moreno Arévalo, Consuelo Muro Urista (rúbrica), Sergio
Penagos García (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica),
Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José
Sigona Torres (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano (rúbrica),
José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Hugo Rodríguez
Díaz (rúbrica), Sergio Vázquez García, Mario
Alberto Zepahua Valencia (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, POR EL QUE NO SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE LE SOLICITA LA CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN ENCARGADA DE DICTAMINAR LAS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO RELACIONADAS CON LOS ASUNTOS RELIGIOSOS DE NUESTRO PAÍS
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura le fue turnado para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se crea en el interior de la Comisión de Gobernación, una subcomisión encargada de dictaminar iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo relacionadas con los asuntos religiosos de nuestro país.
Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) a g) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 60, 87, 88 Y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, siendo competente y habiendo analizado el contenido de la Proposición con punto de Acuerdo referida, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes:
ANTECEDENTES
I. Con fecha 7 de marzo de 2006, el diputado Tomás Cruz Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, la Proposición con punto de Acuerdo, por el que se crea en el interior de la Comisión de Gobernación, una Subcomisión encargada de dictaminar las Iniciativas y Proposiciones con punto de Acuerdo relacionadas con los asuntos religiosos de nuestro país.
II. En esa misma fecha se dispuso que dicha Proposición con punto de Acuerdo, fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.
Establecidos los antecedentes, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes:
CONSIDERACIONES
2. Asimismo esta Comisión de Gobernación reconoce que se han presentado por los diversos grupos parlamentarios iniciativas relacionadas con la materia religiosa tendentes a proporcionar a todos los gobernados un marco jurídico que garantice el derecho fundamental de la libertad religiosa y el marco con el cual se deberán regir las relaciones entre el Estado e Iglesia.
3. No obstante lo anterior durante esta LIX Legislatura la Comisión de Gobernación, a través de la subcomisión de gobierno, ha realizado el estudio de los asuntos relativos a temas religiosos, sin que se hubiere considerado necesaria la creación de una subcomisión encargada de dictaminar Iniciativas y Proposiciones con punto de Acuerdo relacionadas con los asuntos religiosos en nuestro país, en razón de que esta cuenta con los elementos técnicos, materiales y humanos para realizar dichos estudios.
4. Asimismo en virtud de que esta Legislatura se encuentra en el último mes y periodo ordinario de sesiones de su ejercicio, esta Comisión de Gobernación, considera que no es viable la propuesta para crear un Subcomisión encargada de dictaminar Iniciativas y proposiciones con punto de Acuerdo relacionadas con los asuntos religiosos de nuestro país.
ACUERDO
PRIMERO.- No es de aprobarse la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se crea en el interior de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, una Subcomisión encargada de dictaminar las Iniciativas y Proposiciones con Punto de Acuerdo relacionadas con los asuntos religiosos de nuestro país.
SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF a veinticuatro días del mes de abril de dos mil seis.
La Comisión de Gobernación
Diputados: Julián Angulo
Góngora (rúbrica), Presidente; David Hernández Pérez
(rúbrica), Secretario; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica),
Secretaria; Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica),
Secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila, Secretario;
José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica),
René Arce Islas (rúbrica), Fernando Álvarez Monje
(rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla
López (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica),
José Luis Briones Briseño, Socorro Díaz Palacios,
Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Héctor Humberto
Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Ana Luz Juárez Alejo
(rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica),
Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Federico Madrazo Rojas,
Gonzalo Moreno Arévalo, Consuelo Muro Urista (rúbrica), Sergio
Penagos García (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas, Margarita
Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres
(rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano (rúbrica),
José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Hugo Rodríguez
Díaz (rúbrica), Sergio Vázquez García, Mario
Alberto Zepahua Valencia (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A PRESENTAR AL CONGRESO DE LA UNIÓN EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
HONORABLE ASAMBLEA:
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la UX Legislatura Federal de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 39 Y 45 numeral 6, inciso e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el. Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración Dictamen sobre la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal, presente al Congreso de la Unión el Proyecto de Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional.
METODOLOGÍA
I. El capítulo de "ANTECEDENTES" da constancia del trámite. De inicio del proceso legislativo; del recibo de turno para la elaboración del dictamen respectivo; así como de los trabajos previos de la Comisión que otorga la opinión.
II. En el capítulo "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO" se extracta la trascendencia de la propuesta en estudio.
III. El capítulo de "CONSIDERACIONES SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO", la Comisión enuncia los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que apoyan el resolutivo del dictamen.
ANTECEDENTES
La Proposición de mérito fue presentada a esta Soberanía por el Dip. Edgar Torres Baltazar, del Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática, el día 15 de diciembre de 2003.
Una vez que se constato que la iniciativa cumple con los requisitos legales para ser aceptada a discusión, la Mesa Directiva la turnó a esta Comisión para su estudio y efectos conducentes a través del oficio D.G.P.L. 59-II-5-255, que a su vez remitió a la Subcomisión de Educación Superior y Posgrado para su estudio y análisis.
Como resultado de la revisión del documento, se acordó proponer que la Proposición con Punto de Acuerdo sea dictaminado en sentido negativo. En consecuencia esta Comisión Dictaminadora procedió a preparar Proyecto de Dictamen, que fue aprobado por el Pleno de la Comisión en reunión del día 24 de febrero de 2006, por unanimidad de los miembros presentes.
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
El Instituto Politécnico Nacional es, una de las instituciones públicas más importantes de su genero en el país, lo cual se refleja en la calidad de la formación que ofrece en educación media superior, superior y posgrado; y por su contribución significativa en el desarrollo de la investigación científica y tecnológica de frontera, así como en la generación y difusión de conocimientos.
La ciencia, la investigación, la educación y la cultura no pueden progresar si se encuentran restringidas o bajo tutela. Por lo que estas actividades, esencialmente de educación superior, deben estar al cuidado de quienes se dedican a ellas; esto es, los profesores, los investigadores y los estudiantes.
En virtud de lo anterior la Proposición con punto de acuerdo propone:
Texto que se propone
Primero.- Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a presentar ante el Congreso de la Unión el proyecto de Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, que le fue presentado por las autoridades del Instituto y así iniciar el proceso legislativo correspondiente.
Segundo.- Comuníquese al titular del Ejecutivo Federal para su conocimiento.
CONSIDERACIONES SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
Al respecto, la Subcomisión de Educación Superior y Posgrado, la cual tuvo conocimiento respecto de los procesos ya existentes de transformación estructural, que incluye reformas en los ámbitos académico, técnico-administrativo y jurídico, con la participación conjunta de autoridades, profesores, investigadores, estudiantes y trabajadores.
Se analizaron y ponderaron los principios señalados como componentes estructurales en la redacción de la Ley Orgánica del Colegio de Postgraduados como son la Autonomía, el Objetivo Institucional, su Pertinencia social, la creación de un modelo de desarrollo sustentable y la estructuración de sus órganos de gobierno y el espíritu como entidad educativa angular para el desarrollo rural nacional, además de pugnar por la calidad, innovación y certificación de la institución.
La Subcomisión que conoce del asunto, convocó a diversas reuniones con directivos, representantes sindicales y grupos del cuerpo docente del Instituto Politécnico Nacional, los cuales tienen opiniones diversas en cuanto a la creación de la Ley Orgánica, que si bien tiene un génesis dentro de la misma institución, no está consensuada en sus términos, por lo que existe un fuerte sector que repudia su presentación ante ésta H. Cámara de Diputados.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:
ACUERDO
Primero.- Se Desecha la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal, presente al Congreso de la Unión el Proyecto de Ley Orgánica del instituto Politécnico Nacional, presentada por el Dip. Edgar Torres Baltazar, el día 15 de diciembre de 2003.
Segundo.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión de Educación Pública y Servidos Educativos, Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, en México DF a los veinticuatro días del mes de febrero de 2006.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: Salvador Pablo
Martínez Della Rocca (rúbrica), Presidente; José Guillermo
Aréchiga Santamaría, Consuelo Camarena Gómez (rúbrica),
Felipe de Jesús Díaz González, Francisco Amadeo Espinosa
Ramos, Humberto Francisco Filizola Haces (rúbrica), Juan Pérez
Medina (rúbrica), secretarios; Tatiana Clouthier Carrillo (rúbrica),
María Viola Corella Manzanilla, Norberto Enrique Corella Torres
(rúbrica), Blanca Judith Díaz Delgado (rúbrica), Florentino
Domínguez Ordóñez (rúbrica), Myriam de Lourdes
Arabian Couttolenc (rúbrica), Iván García Solís,
María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Blanca Estela
Gómez Carmona (rúbrica), José Ángel Ibáñez
Montes (rúbrica), Moisés Jiménez Sánchez, José
López Medina (rúbrica), Gerardo Montenegro Ibarra, Inti Muñoz
Santini (rúbrica), Norma Violeta Dávila Salinas (rúbrica),
Óscar Martín Ramos Salinas, Sonia Rincón Chanona,
Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), Alfonso Rodríguez
Ochoa (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez, Paulo
José Luis Tapia Palacios, Lorena Torres Ramos (rúbrica),
José Francisco Landero Gutiérrez (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE SALUD, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR PARA QUE SE ADOPTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE DETENER EL CIERRE DEL HOSPITAL JUÁREZ DEL CENTRO
HONORABLE ASAMBLEA:
En sesión celebrada el 28 de abril de 2005, le fue turnada a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir para que se adopten las medidas necesarias a efecto de detener el cierre del Hospital Juárez del Centro, presentada por el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1° y 3°, 43, 44, 45 numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen mismo que se realiza bajo la siguiente:
METODOLOGÍA
La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:
En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo, así como de los trabajos previos de la Comisión.
En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO", se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.
En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen.
I. ANTECEDENTES.
El 28 de Abril de 2005 el Diputado Emilio Serrano Jiménez, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Punto de Acuerdo para que se adopten las medidas necesarias a efecto de que detenga el cierre del Hospital Juárez del centro.
En la misma fecha fue turnada dicha Proposición a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su respectivo estudio y dictamen.
II. CONTENIDO.
El Punto de Acuerdo objeto del presente dictamen pretenden exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya y se adopten las medidas necesarias a efecto de que detenga el cierre del Hospital Juárez del centro.
El diputado proponente menciona en su exposición de motivos se ha mandado por parte del ejecutivo federal el cierre definitivo del Hospital Juárez del centro, menciona que al realizarse esto excluiría automáticamente de la promoción de la salud, a cientos de usuarios que acuden a este centro hospitalario y que son personas con un perfil económico bajísimo. Asimismo menciona que los propios empleados del Hospital Juárez del Centro, desconocían el atentado que se fraguaba en contra suya y de los usuarios y fue hasta el día 6 de abril del presente año que tuvieron accesos a diversos documentos expedidos desde el año pasado, en donde se menciona que el inmueble lo ocuparía la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
También dice que en su lectura, en ninguna parte de dicho documentos hace alusión a problemas de tipo estructural y de construcción pero sí indica los pasos a seguir para apoderarse de dichos predios ocupados actualmente por el ya mencionado Hospital, la Comisión Nacional de Bioética y la Capilla de San Pablo.
Comenta que en el último documento leído se da la instrucción del desalojo del inmueble, sin argumentar las fallas estructurales a causa del sismo de 1985 y sin informar al director del Hospital ni a los usuarios de lo esto.
Menciona que resulta fácil expresar que los enfermos y pacientes de este hospital pueden ser atendidos en otros centros sanitarios cercanos al hospital pero la calidad es tan abrumadora que termina por imponerse y no cabría tal posibilidad.
III. CONSIDERACIONES.
A. El derecho a la salud es una de las más importantes prerrogativas de las personas no sólo porque constituye un valor fundamental para su desarrollo sino porque además, dignifica al hombre. El artículo 4º de nuestra Constitución Política consagra dicho derecho y determina, para tal efecto, que el Estado tiene la obligación de establecer las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud a través de sus leyes, igualmente, indica en forma particular que los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de salud.
B. Atendiendo a su petición de ver la posibilidad de intervenir y analizar el asunto del Hospital Juárez del Centro de México DF, y realizar un diagnóstico al respecto, si es o no viable y ver la posibilidad de que éste Hospital no sea cerrado, con los argumentos dados por propia voz de los colaboradores y comitiva que asistió a esta Comisión de Salud en la cual se resumen los siguientes puntos:
2.- Que existe la posibilidad, que estas instalaciones sirvan para una guardería así como un asilo para adultos mayores únicamente para el personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya que de ser así, no cabría dicha posibilidad ya que para ello se necesitaría mas espacio como, espacio libre para esparcimiento, área verde, es decir el tipo de infraestructura que de debe tener para instalar este tipo de instituciones, las cueles no cuenta actualmente dicho hospital.
3.- Que en días anteriores han puesto dentro de las instalaciones un stand en el cual se está reubicando al personal.
4.- Que el desalojo, por parte de la autoridad competente es para la restauración del propio hospital.
5.- Que si se realizará este desalojo habría un impacto social que afectaría a más de 60 mil personas al año que en promedio es la cantidad de gente que se atiende en esta institución.
C.- Es importante señalar que de acuerdo con el dictamen de Seguridad Estructural efectuado, el hospital Juárez del Centro no sólo no tiene condiciones estructurales para operar con seguridad, debido a daños que provocaron en el edifico los sismos de 1985, además de su problema de productividad, por lo que su cierre estuvo en entre dicho.
D. Entendemos la preocupación manifestada en la Iniciativa, sin embargo creemos que la restauración o reestructuración de dicho Hospital, permitirá una atención mas adecuada.
Por lo que respecta a la posibilidad de que estuviera planeado proporcionar dicho inmueble para el personal de la SCJN, es prudente señalar que no tenemos documento oficial que permita suponerlo.
E. Por otro lado, enfatizamos que en Comunicado de Prensa No. 677 con fecha del 30 de noviembre de 2005, la Secretaría de Salud informó que el hospital Juárez del Centro no cerraba.
El documento precisa que de acuerdo con la actualización hecha ese año (2005) del Dictamen de Seguridad Estructural, el inmueble no cumplía con los niveles de seguridad que marca el Reglamento de Constitución en el Distrito Federal y existía riesgo de colapso.
Por lo anterior y con el fin de garantizar la integridad física de usuarios y trabajadores del mencionado centro de salud, según el propio comunicado, la Secretaría se vio obligada a llevar acciones para solventar, en el corto plazo, la problemática estructural del hospital. Fue así como se tomó la decisión de demoler las instalaciones y construir una nueva Unidad de Alta Especialidad del Hospital Juárez Centro que se espera concluir, una vez iniciada la obra, en diez meses, con una inversión de aproximadamente 60 millones de pesos.
Por .otro lado, para no suspender el servido que se otorga en el Hospital Juárez del Centro, se proyectó la construcción de doce consultorios en el estacionamiento de este nosocomio.
F. Cabe señalar que de acuerdo con el Presupuesto aprobado por esta H. Cámara de Diputados para el ejercido de 2005, en el rubro de Programas y Proyectos de Inversión en el Ramo 12, existe et apoyo para el Desarrollo del Hospital Juárez del Centro, DF, en la descripción se plasma; Unidad hospitalaria conformada por 7 cuerpos que varían en antigüedad, en el tipo de programa se señala; que es de Mantenimiento, y en el costo total se aprobó la cantidad de $4,727,008, por lo que en efecto esta unidad hospitalaria se programo para inversión en su mantenimiento.
Por otro lado cabe señalar que al hospital Juárez se le asignaron $534,630,285, a esto se adiciona que en el Programa Especial para un Auténtico Federalismo por parte de la Secretaría de Gobernación se menciona la desincorporación del Hospital Juárez del Centro de la Secretaría de Salud, para integrarlo al hospital Juárez de México como parte de su estructura operativa, con el objetivo de proporcionar servicios de atención médica especializada y auxiliares de diagnóstico y tratamiento.
Dado que no sólo no procedió el cierre del hospital Juárez del Centro, sino que además ya se efectúan labores para su adecuado funcionamiento, consideramos innecesaria la Proposición con Punto de acuerdo materia de este dictamen.
Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Salud, ponemos a consideración el siguiente:
ACUERDO.
Único.- Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir para que se adopten las medidas necesarias a efecto de detener el cierre del Hospital Juárez del Centro, presentada por el diputado Emilio Serrano Jiménez, el 28 de abril de 2005.
La Comisión de Salud
Diputados: José Ángel
Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido
(rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), María Cristina
Díaz Salazar, Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica),
Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María
del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara
Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica),
Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo,
María Salomé Elyd Sáenz (rúbrica), Guadalupe
Mendivil M., Marco Antonio García Ayala, Jaime Fernández
Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica),
Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Isaías Soriano López,
Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, Martha Palafox Gutiérrez, Martín
Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José
Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María
Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik
Kalinka, Martha Lucía Mícher Camarena, Irma Sinforina Figueroa
Romero, José Luis Naranjo y Quintana, Raúl Piña Horta,
María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS, POR EL QUE NO ES DE APROBARSE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A CUMPLIR EL ACUERDO APROBADO POR EL CONSEJO TÉCNICO DE LA CUENCA LERMA-CHAPALA DE NOVIEMBRE DE 2002
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, fue turnada, para su estudio y dictamen Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, a nombre de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que se exhorte al Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional del Agua, a que cumplan en sus términos con el Acuerdo Pactado en la Reunión del Consejo Técnico de la Cuenca Lerma-Chapala, del mes de noviembre de 2002, para realizar el trasvase de 280 millones de metros cúbicos de agua al Lago de Chapala.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 40 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 60, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
DICTAMEN
I. Antecedentes
Primero. En sesión celebrada el 21 de octubre de 2003, el diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionaria Institucional, en nombre de integrantes de su grupo parlamentario, presentó Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional del Agua a cumplir en sus términos con el Acuerdo Pactado en la Reunión del Consejo Técnico de la Cuenca Lerma-Chapala, del mes de noviembre de 2002, por el que se especificó que el trasvase al Lago de Chapala sería por la cantidad de 280 millones de metros cúbicos de agua.
Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ordenó turnar tal proposición a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su estudio y dictamen.
Tercero. Mediante consultas con los integrantes de la Comisión, se determinó analizar la propuesta y emitir el dictamen que correspondiere al cumplimiento del Acuerdo del Consejo Técnico de la Cuenca Lerma-Chapala, motivo de la Proposición mencionada.
II. Análisis del contenido de la proposición
En la proposición analizada, el diputado ponente señala que
"Su principal alimentador de agua es el río Lerma, que ha dejado de aportar importantes caudales debido principalmente a la, sobreexplotación del recurso hídrico.
"Dada la importancia de la cuenca y del propio lago de Chapala, anteriores gobiernos de Jalisco vislumbraron la trascendencia de su conservación definitiva y gestionaron ante el Ejecutivo federal la firma de acuerdos que preservaran el lago de Chapala.
"En los acuerdos de referencia se establecieron las bases que lograrían una distribución justa y equitativa de los aprovechamientos hidráulicos, así como el saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala; preservarían la calidad de agua y su saneamiento; y eficientarían el uso del agua y, por supuesto, el manejo y la conservación de cuencas y corrientes.
Atento a lo anterior, la Comisión que actúa procedió a imponerse del avance, en el cumplimiento del Acuerdo de mérito, habiendo encontrado que:
1. Con base en el acuerdo tomado por el Consejo Técnico de la Cuenca Lerma Chapala en el mes de noviembre de 2002, la Comisión Nacional del Agua ordenó el trasvase de presas de los Estados de Guanajuato y Michoacán al Lago de Chapala, el cual dio inicio en el mes de noviembre de 2003.
2. Productores agrícolas de los distritos de riego 011 y 85 de Guanajuato, y parte del distrito 087 de Michoacán, promovieron un amparo en contra de la resolución de la Comisión Nacional del Agua, el cual les fue negado en definitiva en el mes de agosto de 2004.
3. El trasvase producto del Acuerdo de mérito, que había iniciado en el mes de noviembre de 2003, concluyó en el mes de enero de 2004.
La Comisión de Recursos Hidráulicos de esta Cámara de Diputados, con base en el resultado de la revisión practicada a la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, concluye que no es de aceptarse en razón de que dicha proposición carece ya de materia y, en este sentido, no puede aprobar un punto de acuerdo que autorice a esta Cámara de Diputados a exhortar al Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional del Agua a cumplir el diverso que ha sido ya cumplido.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente:
Resolutivo:
PRIMERO. Con base en los argumentos expuestos, no es de aprobarse la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, a nombre de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para que se exhorte al Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional del Agua a cumplir el Acuerdo aprobado por el Consejo Técnico de la Cuenca Lerma Chapala, del mes de noviembre de 2002.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil seis.
La Comisión de Recursos Hidráulicos
Diputados: Fernando Ulises
Adame de León (rúbrica), Presidente; José Orlando
Pérez Moguel, Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica),
Jesús Humberto Martínez de la Cruz (rúbrica), Israel
Tentory García (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel
Rangel Ávila, Juan Carlos Núñez Armas (rúbrica),
Pascual Sigala Páez (rúbrica), Inelvo Moreno Álvarez
(rúbrica), Beatriz Mojica Morga (rúbrica), Elpidio Tovar
de la Cruz (rúbrica), Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán
(rúbrica), Gonzalo Rodríguez Anaya (rúbrica), Alberto
Urcino Méndez Gálvez (rúbrica), Miguel Sierra Zúñiga
(rúbrica), Alfredo Rodríguez y Pacheco (rúbrica),
José Guadalupe Osuna Millán, Marco Antonio Gama Basarte (rúbrica),
Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica), Juan Manuel Dávalos
Padilla (rúbrica), Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica),
Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, Manuel Enrique Ovalle Araiza, Roberto
Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Irma Guadalupe Moreno
Ovalles (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica),
José Rangel Espinosa (rúbrica), Jesús Zúñiga
Romero (rúbrica), J. Miguel Luna Hernández (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA CREAR UNA SUBCOMISIÓN ESPECIAL DENTRO DE ESTA COMISIÓN PARA ESTUDIAR Y CONFERIR AL COLEGIO DE POSGRADUADOS LA CALIDAD DE ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
HONORABLE ASAMBLEA
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LIX Legislatura Federal de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en los artículo 39 y 45 numeral 6, inciso e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración Dictamen sobre la Proposición con Punto de Acuerdo para que la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, forme una subcomisión para estudiar y proponer que al Colegio de posgraduados le sea conferida la calidad de organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
METODOLOGÍA
I. El capítulo de "ANTECEDENTES" da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo; del recibo de turno para la elaboración del dictamen respectivo; así como de los trabajos previos de la Comisión que otorga la opinión.
II.. En el capítulo "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO" se extracta la trascendencia de la propuesta en estudio.
III. El capítulo de "CONSIDERACIONES SOBRE LAPROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO", la Comisión enuncia los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que apoyan el resolutivo del dictamen.
ANTECEDENTES
La proposición de mérito fue presentada a esta Soberanía por el Dip. Horacio Duarte Olivares, del Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática, el día 15 de diciembre de 2003, misma que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria numero 1410.
Una vez que se constató que la proposición cumple con los requisitos legales para ser aceptada a discusión, la Mesa Directiva la turnó a esta Comisión para su estudio y efectos conducentes a través del oficio D.G.P.L. 59-II-4-242, que a su vez remitió a la Subcomisión de Educación Superior y Posgrado para su estudio y análisis.
Como resultado de la revisión del documento, se acordó proponer que la Proposición con Punto de Acuerdo sea dictaminado en sentido negativo. En consecuencia esta Comisión Dictaminadora procedió a preparar Proyecto de Dictamen, que fue aprobado por el Pleno de la Comisión en reunión del día 24 de febrero de 2006, por unanimidad de los miembros presentes.
CONTENIDO DE LA PROPOSIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
La Proposición parte de proponer que al Colegio de Postgraduados le sea conferida la calidad de organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, mediante la creación de una Ley Orgánica, dado que el país y en particular el campo mexicano se encuentra en crisis económica, social, ecológica y cultural y una institución con tal perfil, al ser fortalecida mediante un cuerpo legal que le dé certeza jurídica y delimitación de atribuciones puede contribuir al desarrollo del Agro Nacional.
Que se reconocen los logros del Colegio de Postgraduados, como el reconocimiento de ser un Centro Público de Investigaciones mediante la formalización de un convenio de desempeño firmado por los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el CONACYT.
Que los principios estructurales en la redacción de la Ley Orgánica, del Colegio de Postgraduados son la Autonomía, el Objetivo, su Pertinencia social, la creación de un modelo de desarrollo sustentable y la estructuración de sus órganos de gobierno y el espíritu como entidad educativa angular para el desarrollo rural nacional, además de pugnar por la calidad, innovación y certificación de la institución.
En virtud de lo anterior la Proposición con punto de acuerdo propone:
Texto que se propone:
Primero.- Que a efecto de que le sea conferido al Colegio de Postgraduados, la calidad de Organismo público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía en su régimen interior en todo lo concerniente a sus aspectos académicos, técnicos, de gobierno, administrativos y manejo de su patrimonio, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados forme una subcomisión o grupo de trabajo para tal fin.
Segundo.- Que la subcomisión o grupo de trabajo además, de requerir la información pertinente, se entreviste con las autoridades competentes, así como con miembros de la comunidad del Colegio de Postgraduados, y presente al seno de la Comisión una propuesta de iniciativa de Ley Orgánica para tal institución académica.
CONSIDERACIONES SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
Al respecto y una vez turnado el Punto de Acuerdo de mérito a la Comisión y Subcomisión competentes, se convocaron diversas reuniones con directivos y grupos del cuerpo docente del Colegio de Postgraduados, los cuales tienen visiones diversas en cuanto a la creación de la Ley Orgánica y varios de sus puntos esenciales como la autonomía y la especialización en investigación y la normatividad referente al plantel docente y de investigadores.
Las autoridades formales y un grupo de docentes e investigadores rechazan la creación de una Ley Orgánica con las características señaladas en el texto del Punto de Acuerdo ha dictaminar, mientras que otros grupo de investigadores han manifestado su deseo de que dicha Ley es aprobada por este H. Congreso.
Se solicitaron opiniones externas al Colegio de Postgraduados como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SAGARPA y CONACYT, quienes señalan diversos factores de discusión para la viabilidad del proyecto, sin manifestarse concretamente por la creación del cuerpo normativo citado.
La Subcomisión de Educación Superior y Postgrado, escuchó a todos los interesados, sin que exista un consenso para la creación de una Ley Orgánica del Colegio de Posgraduados.
Se reconoce la calidad e importancia del Colegio de Postgraduados en la investigación agrícola nacional y en la formación de expertos y docentes en pro del campo, que fortalecen al Agro Mexicano y contribuyen al desarrollo de la Nación.
En virtud del respeto que guarda ésta Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos la autonomía de las instituciones Educativas Nacionales, y toda vez que no existe consenso al interior del Colegio de Postgraduados en cuanto a la creación de una Ley Orgánica, se opta por no presentar el proyecto de la misma en tanto no haya acuerdos en los diferentes sectores de la propia Institución.
Se invita al cuerpo directivo, al cuerpo de investigadores y docentes del Colegio de Postgraduados a dirimir sus diferencias y crear una propuesta consensuada que en su caso pueda ser presentada antes, ésta Soberanía, para la resolución parlamentaria correspondiente en respeto a la autonomía del colegio y apegada a todo Derecho.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:
ACUERDO
Primero. SE DESECHA la creación de una subcomisión especial dentro de ésta Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, toda vez que el estudio del tópico tratado es competencia de la Subcomisión de Educación Superior y Posgrado y se considera inflación institucional la creación del grupo de estudio planteado, además de tener la capacidad de conocer y resolver del asunto con la composición institucional ya existente.
Segundo.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, en México, DF, a los veinticuatro días del mes de febrero de 2006.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: Salvador Pablo
Martínez Della Rocca (rúbrica), Presidente; José Guillermo
Aréchiga Santamaría, Consuelo Camarena Gómez, Felipe
de Jesús Díaz González, Francisco Amadeo Espinosa
Ramos, Humberto Francisco Filizola Haces (rúbrica), Juan Pérez
Medina (rúbrica), secretarios; Tatiana Clouthier Carrillo (rúbrica),
María Viola Corella Manzanilla, Norberto Enrique Corella Torres
(rúbrica), Blanca Judith Díaz Delgado (rúbrica), Florentino
Domínguez Ordóñez (rúbrica), Myriam de Lourdes
Arabian Couttolenc (rúbrica), Iván García Solís,
María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Blanca Estela
Gómez Carmona (rúbrica), José Ángel Ibáñez
Montes (rúbrica), Moisés Jiménez Sánchez, José
López Medina (rúbrica), Gerardo Montenegro Ibarra, Inti Muñoz
Santini (rúbrica), Norma Violeta Dávila Salinas (rúbrica),
Óscar Martín Ramos Salinas, Sonia Rincón Chanona,
Agustín Rodríguez Fuentes, Alfonso Rodríguez Ochoa
(rúbrica), Rocío Sánchez Pérez, Paulo José
Luis Tapia Palacios, Lorena Torres Ramos (rúbrica), José
Francisco Landero Gutiérrez (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, POR EL QUE NO SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES QUE REVOQUE LA CONCESIÓN A LA EMPRESA GENESSE & WYOMING PARA OPERAR EL FERROCARRIL CHIAPAS-MAYAB; SIN EMBARGO, HACE UN ATENTO EXHORTO A DICHA SECRETARÍA Y A LAS DE GOBERNACIÓN, Y DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL PARA QUE JUNTO CON LAS AUTORIDADES ESTATALES, Y MUNICIPALES EMPRENDAN LAS ACCIONES QUE IMPIDAN LA COMISIÓN DE DELITOS EN ESE MEDIO DE TRANSPORTE, Y SE EXHORTA A LA EMPRESA GENESSE & WYOMING A COLABORAR ESTRECHAMENTE CON LAS AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
HONORABLE ASAMBLEA
La Comisión de Transportes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39 fracción XXXVII, 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 60 párrafo primero, 65, 85, 88, 89 Y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; proponemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:
DICTAMEN
1. ANTECEDENTES
A la Comisión de Transportes le fue turnado por la Mesa Directiva de ésta Cámara, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente que contiene la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOUCITA A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES QUE CANCELE LA CONCESIÓN OTORGADA A LA EMPRESA GENESSE & WYOMING PARA OPERAR EL FERROCARRIL CHIAPAS-MAYAS, POR LA VIOLACIÓN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES POR LOS QUE FUE OTORGADA LA MISMA, presentada por el Diputado Federal CARLOS OSVALDO PANO BECERRA, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, en sesión de fecha 8 de diciembre del 2005.
Los integrantes de esta Comisión de Transportes, se abocaron al análisis de la proposición descrita, con la finalidad de emitir el correspondiente DICTAMEN, al tenor del siguiente:
2. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN
a). El contenido de la propuesta señala que el ferrocarril Chiapas-Mayab es una de las tres empresas que actualmente manejan toda la red ferroviaria mexicana, a través de la cual, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se mueve el 15% por ciento de la carga nacional. Es la única ferroviaria que opera en México beneficiada con préstamos del Banco Mundial y entre sus principales clientes se encuentran Petróleos Mexicanos y Cemex.
En la entrega de la concesión de esta empresa no solo se comprometió a cumplir con los ordenamientos referente a la seguridad, sino además se comprometió a realizar una serie de inversiones, entre otras, en mantenimiento de las vías. Esto no solo no se ha cumplido, sino que existe un rechazo por parte de la empresa cuando las autoridades estatales le han solicitado el cumplimiento, por lo que consideran que es motivo suficiente para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cancele la autorización para operar el tren.
b). El promovente establece que precisamente por incumplir las normas de seguridad estipuladas en la concesión, la compañía Chiapas-Mayab es investigada como promotora, cómplice y encubridora de los múltiples delitos, asaltos, violaciones, homicidios y mutilaciones que ocurren en el interior de los vagones, amparada en la negligencia y omisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en la corrupción de las autoridades de la Procuraduría General de la República y trabajadores del Instituto Nacional de Migración.
En la estación ferroviaria Chapas-Mayab, en Tapachula, Chiapas; los indocumentados, en su mayoría centroamericanos, abordan el tren precedentes de la fronteriza Ciudad Hidalgo, y en donde los maquinistas cobran un pago informal por viajar, según señalan los mismos indocumentados.
Esta parte del país, se considera el territorio de la bestia, para algunos de esperanza, para quienes ahí habitamos, del terror. Hay que tener valor para transitar por esta zona, que se ha convertido en la más violenta de este Estado fronterizo, tierra de nadie y donde día a día se cometen todo tipo de ilícitos, donde las bandas denominadas "Barrio 18" y "MS-13" ó "MS" (Herencia de la "Mara Salvatrucha" en territorio mexicano) se disputan a muerte el control.
c). El pasado 28 de septiembre por un recorrido de Ciudad Hidalgo a Oaxaca, se registro en un furgón un enfrentamiento entre jefes de pandillas, el líder de una de las bandas fue degollado en el techo del vagón y luego le asestaron dos tiros. Esto fue suficiente para que autoridades estatales aseguraran veintidós vagones de la empresa Chipas-Mayab, integrar averiguación previa y presionar a la empresa que al parecer no ha cumplido con lo referente a las normas de seguridad.
El flujo de indocumentados en esta zona se ha incrementado espontáneamente debido a la ausencia total de vigilancia sobre el tren, lo que motiva a los indocumentados abordarlo para viajar hacia Estados Unidos, y a los delincuentes a cometer todo tipo de ilícitos. La conjunta "Anti-Mara" de los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala; provocó en México, el conflicto que hoy se vive en la frontera sur, las distintas bandas encontraron en el Soconusco el terreno ideal para sus operaciones. No se sabe cuantos centroamericanos pandilleros o indocumentados cruzan a diario la frontera, pero la mayoría no logra salir de Chiapas, zona de deportación del Instituto Nacional de Migración.
3. CONSIDERACIONES
A. Que con fecha 26 de agosto del año de 1999, el titular del poder ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgó a la empresa "Compañía de Ferrocarriles Chiapas y Mayab SA de CV" el título de concesión para operar y explotar las vías generales de comunicaciones ferroviarias Chiapas y Mayab, así tomo para prestar en ellas el servido público de transporte ferroviario de carga.
Derivado de este título de concesión otorgado a favor de la empresa de ferrocarriles Chiapas y Mayab, en uso de sus atribuciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorizó al concesionario, a prestar el servicio público de transporte ferroviario de carga, por lo que éste, cuenta con permiso que le otorgó la propia Secretaría, con el objeto de transportar materiales y residuos peligrosos, lo anterior, fue otorgado en términos de lo previsto en el contenido del artículo 42 de, la Ley Reglamentaria del Servido Ferroviario, y no para compra, almacenamiento y consumo de explosivos.
B. El mantenimiento y. rehabilitación a las vías ferroviarias Chiapas y Mayab, a los compromisos de inversión, el concesionario ha dado cumplimiento a los mismos, en términos de lo dispuesto en el, correspondiente título de concesión que le fue otorgado; así como por lo establecido en la Ley Reglamentaria del Servido Ferroviario y en el Reglamento del Servido Ferroviario.
Por lo que respecta a los hechos ilícitos ocurridos en vagones del concesionario, éste ha formulado ya la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, sin que se haya a la fecha recibido, por parte del concesionario, comunicación alguna por parte de la Procuraduría General de la República, ni de alguna otra autoridad; respecto de la posible comisión de hechos, presumibles como conductas delictivas, que hayan sido cometidos por el concesionario.
C. De conformidad a lo anteriormente expuesto, se considera que el concesionario no ha incurrido en conducta alguna presumible de revocación, por la cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en uso de sus facultades y atribuciones, retire el titulo de concesión para operar y explotar las vías generales de comunicaciones ferroviarias Chiapas y Mayab, a la empresa "Compañía de Ferrocarriles Chiapas y Mayab SA de CV".
Siendo lo anterior, y en virtud que de conformidad a lo dispuesto por la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión Ordinaria de Dictamen Legislativo, se ha creado por acuerdo del pleno de ésta Cámara, con el objeto de que se contribuya al desahogo del trabajo legislativo en esta materia; sin establecer en las leyes aplicables el carácter de investigadora o persecutora de la posible comisión de actos que puedan tener una naturaleza ilícita, sino concretándose exclusivamente a la elaboración de dictámenes, informes, opiniones y resoluciones; que contribuyen a cumplir las funciones constitucionales y legales del Honorable Congreso de la Unión.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Transportes de la LIX Legislatura, del H. Congreso de la Unión, de manera conjunta convenimos en proponer a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO - Esta Comisión de Transportes, no encontró causales suficientes para solicitarle a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la revocación de la concesión otorgada, a la empresa Genesse & Wyoming para operar el Ferrocarril Chiapas-Mayab, misma que solicitó, el C. Diputado Federal Carlos Osvaldo Pano Becerra. Sin embargo, hace un atento exhorto a las Secretarias de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación, y a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para que conjuntamente con las autoridades estatales, y municipales, instrumenten las acciones respectivas que impidan la comisión de delitos en ese medio de transporte. Se exhorta a la empresa Genesse & Wyoming para que con el mismo fin, colabore estrechamente con las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Dado en la Sala de Sesiones de la Comisión de Transportes. H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Poder Legislativo de la Unión; a los 5 días del mes de abril del año 2006.
La Comisión de Transportes
Diputados: Francisco Juan
Ávila Camberos (rúbrica), Presidente; Renato Sandoval Franco
(rúbrica), José Carmen Arturo Alcántara Rojas (rúbrica),
José Rubén Figueroa Smutny (rúbrica), Gelacio Montiel
Fuentes, secretarios; Baruch Alberto Barrera Zurita, Sebastián Calderón
Centeno (rúbrica), Alfredo Fernández Moreno (rúbrica),
María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Diego
Palmero Andrade (rúbrica), José Orlando Pérez Moguel
(rúbrica), Salvador Vega Casillas, María Angélica
Díaz del Campo (rúbrica), Edith Guillén Zárate,
Valentín González Bautista (rúbrica), Inelvo Moreno
Álvarez (rúbrica), Juan Pérez Medina (rúbrica),
Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Roger David Alcocer García
(rúbrica), Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Francisco Grajales
Palacios, Felipe Medina Santos (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo
(rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier, Rómulo Isael
Salazar Macías (rúbrica), Érick Agustín Silva
Santos, José Javier Villacaña Jiménez, Adrián
Villagómez García (rúbrica), Gustavo Zanatta Gasperín
(rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia (rúbrica),
Fernando Espino Arévalo (rúbrica).