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Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 1, inciso b), del artículo 14 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la
Secretaría General
CONVOCA
A los diputados propietarios electos para integrar la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a recibir la credencial de identificación y acceso al Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, para la Sesión Constitutiva y a realizar los registros parlamentarios legales, conforme al siguiente procedimiento y calendario:
2. A los diputados electos por el principio de mayoría relativa:
a) Lunes 21 y martes 22 de agosto de 2006:
b) Miércoles 23 de agosto de 2006:
c) Jueves 24 de agosto de 2006:
3. A diputados electos por el principio de representación proporcional:
Con independencia del partido al que pertenezcan, los diputados electos por este principio serán atendidos por circunscripción plurinominal, en las siguientes fechas y horarios:
a) Viernes 25 de agosto de 2006:
Turno vespertino:
2ª Circunscripción 15:00 a 21:00 horas.
b) Sábado 26 de agosto de 2006:
Turno vespertino:
4ª Circunscripción 15:00 a 21:00 horas.
c) Domingo 27 de agosto de 2006:
4. Las credenciales de identificación y acceso serán elaboradas según las copias certificadas de las Constancias de Mayoría y Validez que acrediten a los diputados electos por el principio de mayoría relativa y de las copias certificadas de las Constancias de Asignación Proporcional, expedidas en los términos de la ley de la materia; así como de las notificaciones de las sentencias inatacables del órgano jurisdiccional electoral sobre los comicios de diputados, que obren en los archivos de la Secretaría General.
5. Para el trámite y entrega de credencial de identificación y acceso, el diputado propietario electo deberá identificarse con su Credencial de Elector, Cédula Profesional o Pasaporte.
6. Adicionalmente, para la integración del expediente personal, se solicita traer, en caso de contar con ella, la siguiente documentación:
c) Acta de Nacimiento;
d) Currículum Vitae (datos generales, nivel escolar,
experiencia académica, profesional, política);
e) Comprobante de domicilio;
f) Constancia del nivel máximo de estudios;
g) Cuestionario de datos personales requisitado (se recomienda llenarlo y enviarlo con anticipación a la fecha del trámite correspondiente).
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de agosto de 2006.
Atentamente
Guillermo Haro Bélchez (rúbrica)
Secretario General.
En cumplimiento del artículo 7 del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de fecha 10 de octubre del año 2005 venimos a presentar a consideración de esta honorable soberanía, el informe de actividades, que comprende del día 18 de marzo del año 2004, al 30 de agosto del año 2006, siendo el siguiente:
Antecedentes
2. En sesión celebrada el día 18 de marzo del año 2004, el Pleno de la honorable Cámara de Diputados, acordó la constitución de la Comisión Especial para el Campo, con el objeto de conocer la problemática del campo y, en particular, evaluar y dar seguimiento al Acuerdo Nacional para el Campo, en concurrencia y con pleno respeto de los ámbitos de competencia del Poder Ejecutivo federal y entidades federativas, así como analizar de manera integral el funcionamiento de instituciones que tengan como finalidad el otorgamiento de medidas que propicien que el campo mexicano, cuente con los apoyos indispensables que le permitan ser competitivo.
Para cumplir puntualmente con los objetivos que dieron origen a la constitución de la Comisión Especial para el Campo, se integró un amplio programa de trabajo, que consideró las actividades de la comisión, el procedimiento para la evaluación del Acuerdo Nacional para el Campo y la metodología de trabajo.
Con fecha 13 de abril del año 2004, se instaló la Comisión Especial para el Campo, quedando integrada por 20 diputados de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y de Convergencia.
Los trabajos encomendados a esta comisión, requirieron del apoyo técnico a través de la integración de un grupo plural e interdisciplinario, conformado por investigadores, académicos, dirigentes de organizaciones del sector social y privado, quienes han venido trabajando de forma honorífica y permanente, en el Consejo Técnico Coordinador de Evaluación, organismo que fue instalado formalmente el día 12 de agosto del año 2004, por el pleno de la comisión.
La mesa directiva de la comisión se reunió en 7 ocasiones durante el periodo que se informa, para programar las diversas actividades.
Por otra parte, se realizaron cuatro sesiones plenarias de la comisión para acordar y evaluar los trabajos encomendados por el Pleno de la H. Cámara de diputados.
Para conocer del cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, fueron invitados los funcionarios de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Economía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Reforma Agraria.
Con el propósito de coadyuvar a la difusión, análisis y evaluación del Acuerdo Nacional para el Campo, y escuchar los planteamientos y propuestas de los productores de los sectores social y privado, académicos, investigadores, diputados locales, y funcionarios federales y estatales, se llevaron a cabo tres foros regionales, en Metepec, estado de México; Atlixco, Puebla; y Hermosillo, Sonora. Con la participación total de 450 personas y el 15 de octubre del 2004, se realizó el taller nacional en las instalaciones de esta H. Cámara de diputados, con la asistencia de 170 representantes de los sectores de la sociedad rural.
El Consejo Técnico Coordinador de Evaluación, sesionó en tres ocasiones para integrar los elementos técnicos que permitieron sustentar el informe que se presentó a consideración del Pleno de la H. Cámara de diputados el día 9 de diciembre del año 2004.
Periodo del 1 de diciembre de 2004 al 15 de noviembre del 2005
En sesión plenaria de la comisión de fecha 1 de marzo del año 2005, se aprobó por unanimidad, el programa de trabajo de la comisión para el periodo que se informa.
En atención a lo anterior, la mesa directiva se reunió en nueve ocasiones en la sede de la comisión, para acordar los asuntos inherentes a la misma.
A convocatoria del presidente de la mesa directiva de la comisión, se realizaron cinco sesiones plenarias, en las que se discutieron y aprobaron un sin número de asuntos contenidos en las actas respectivas, destacando los trabajos para estructurar una nueva política de Estado para el campo mexicano, la modificación de la Ley Agraria, participación en la redacción de la Ley de Planeación y, principalmente, lo relacionado con el Presupuesto de Egresos de 2006, para el sector agropecuario.
A solicitud del presidente de la comisión, los funcionarios de las dependencias encargadas del cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, remitieron a la comisión los informes respectivos, que constituyen uno de los elementos para los trabajos de evaluación.
En cumplimiento al programa de trabajo, en este periodo se realizaron tres foros, en Saltillo, Coahuila; Culiacán, Sinaloa; y Villahermosa, Tabasco, registrando la participación de 800 productores de los sectores social y privado, académicos, investigadores, diputados locales, y funcionarios federales y estatales. Asimismo, los días 26 de abril y 26 de octubre del presente año, se llevaron a cabo, dos foros nacionales, teniendo como sede el Palacio Legislativo de San Lázaro, con la participación de 500 personalidades vinculadas con el campo mexicano.
Los integrantes del Consejo Técnico Coordinador de Evaluación, se reunieron en pleno en 17 ocasiones para discutir y analizar los temas relacionados con: "Comercio internacional", "Política estructural de fomento productivo", "Presupuestos", y "Política estructural de desarrollo social".
Las consideraciones que a continuación se describen fueron producto del apoyo técnico y de un intenso trabajo de representantes de 13 organizaciones sociales, 5 del sector privado, 8 centros de estudios, un representante del gobierno federal y la destacada participación de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario. En el Consejo Técnico Coordinador de Evaluación, más participación de los diversos sectores que participaron en los foros regionales, estatales y nacionales.
Evaluación del cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo
La situación del campo mexicano
A más de dos años de las movilizaciones campesinas y la firma del Acuerdo Nacional para el Campo, el 28 de abril de 2003, la situación del campo mexicano no ha tenido ningún avance significativo.
El acuerdo firmado por el presidente Vicente Fox Quesada con las organizaciones campesinas y productores rurales, estableció compromisos de corto, mediano y largo plazo, para modificar las condiciones estructurales que afectan a los productores agropecuarios y al conjunto de la sociedad.
Una política de Estado se debe evaluar por sus resultados para la nación en su conjunto. En este sentido, las organizaciones de productores y amplios sectores de la sociedad mexicana, coincidieron en que los problemas y causas que dieron origen a las movilizaciones campesinas, subsisten y se han agudizado.
La pérdida de empleos rurales y migración económica de miles de campesinos continúa, lo que representa cerca de dos millones de empleos perdidos en el sector rural desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Cada día muere más de un campesino en la búsqueda de trabajo en los Estados Unidos, debido a las medidas aplicadas por este país contra los migrantes mexicanos.
La importación de alimentos es cada vez mayor y el contrabando pone en peligro la soberanía alimentaria de la nación.
Esta situación es indigna para la nación, se planteó que se requiere actuar con decisión, rapidez y eficacia en varias cuestiones sustantivas para el desarrollo nacional.
Comercio internacional
Una de las principales demandas campesinas, que se comprometió a cumplir el gobierno federal, consignada en el numeral 48 del Acuerdo Nacional para el Campo, fue realizar las gestiones para llevar a cabo adiciones al Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Esta demanda se planteó como una de las más urgentes, en virtud de que Estados Unidos, lejos de disminuir los subsidios y apoyos a sus productores, los aumentaron en forma considerable a través de la Ley de Seguridad Agrícola e Inversión en 2002.
En cuanto al maíz y el frijol, numeral 50, no fueron excluidos del TLCAN como quedó pactado, ni se realizaron los estudios acordados para evaluar el impacto del tratado.
Como quedó establecido en el presente, es inaceptable que Estados Unidos incumpla de manera flagrante los compromisos firmados con México, en lo que se refiere a la exportación de los excedentes de azúcar mexicana, y que el gobierno mexicano no haya realizado las gestiones necesarias para obligar a este país a cumplir con sus compromisos internacionales.
México es una nación que ha suscrito la Convención Internacional de los Derechos Humanos, que incluye entre uno de sus mandatos, la obligación del Estado mexicano de garantizar la producción y acceso a los alimentos para toda la población, la cual se reconoce en el punto 3 de los principios rectores del acuerdo y queda claro que esta disposición no se ha cumplido.
En otras palabras, el gobierno federal tiene la obligación de respetar los derechos humanos y en particular el derecho a la alimentación de toda la población, los tratados de libre comercio deben subordinarse a los principios fundamentales del derecho a la vida digna de los mexicanos.
Política estructural de fomento productivo
Otro de los compromisos pactados en los numerales 3 y 7 del acuerdo, es establecer una política estructural de fomento productivo, con una perspectiva integral y de largo plazo.
La nación no se puede dar por satisfecha, hasta que la realidad productiva del campo haya sido modificada. Queda mucho por hacer. Entre las principales tareas por realizar se encuentran las siguientes:
No se tiene una estrategia de fomento productivo en función de la soberanía y seguridad agroalimentaria, incumpliendo con ello con varios preceptos del acuerdo y particularmente con lo establecido en su apartado "C", relativo al desarrollo económico.
No se han establecido acciones integrales de competitividad de las cadenas productivas, ante la presencia de productos importados y empresas transnacionales, que cada día ganan más presencia en el mercado nacional, principio rector 10 y numeral 220 del acuerdo.
No se tienen políticas para actuar ante los fenómenos de concentración económica, empresarial, tecnológica o de poder de mercado que se están generando en el país y en el mundo.
No se vigila el cumplimiento de las normas técnicas que aseguren el ingreso de productos que cumplan con requisitos técnicos y fitosanitarios que aseguren su calidad, inocuidad y sanidad, de acuerdo a lo pactado en los numerales 66 al 76.
Los productores no tienen certidumbre multianual sobre los precios de sus productos.
No se tiene un diagnóstico, previsiones y capacidad de actuar ante contingencias graves, alteraciones naturales, de mercado o de producción, tanto a nivel nacional como internacional, lo cual se comprometió en el numeral 119 del acuerdo.
La infraestructura de almacenamiento y transporte de los productos, numeral 149, encarecen y dificultan el acceso de los insumos agropecuarios a los consumidores domésticos e industriales.
No se ha organizado un verdadero sistema nacional de abasto, numerales 150 y 249, que integre a los productores nacionales.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Campo, a través del programa especial concurrente, es uno de los instrumentos más importantes de las políticas públicas.
Esta soberanía ha atendido el reclamo campesino y ciudadano por mayores recursos para esta actividad estratégica, que asegure el derecho a la alimentación y la soberanía agroalimentaria de la nación.
La reducción y los retrasos deliberados del ejercicio presupuestal por parte del gobierno federal, han agudizado la problemática del medio rural en general.
Los presupuestos aprobados se ejercen de manera discrecional por los tres ámbitos de la administración pública, el federal, el estatal y el municipal, en relación a las regiones y sectores a los que se dirigen los apoyos y las normas de operación de los programas para el campo, se diseñan para otorgar en forma selectiva los apoyos a los productores, favoreciendo a los empresarios del campo, la ejecución del gasto público no se diseña de acuerdo con las necesidades de los ciclos agrícolas.
Conforme a lo establecido en el principio rector número 5 y los numerales 14, 105, 121 y 122 entre otros, se debe dar más énfasis a la inversión, para aumentar las capacidades productivas de la nación. Entre otras cuestiones, se requieren mayores programas y recursos para infraestructura de comunicaciones, comercialización y conexiones logísticas, infraestructura hidroagrícola a nivel de cuenca, microcuenca y en las parcelas, información agrometeorológica, programas para la captación y almacenamiento de agua de lluvia para fines productivos y de consumo humano, producción de insumos genéticos, semillas, pies de cría, bancos de germoplasma, viveros, fertilizantes, maquinaria e implementos para la producción, provisión de energía y de sistemas de energía renovable, generación y transferencia de tecnología, entre otros.
Política estructural de desarrollo social
Los programas sociales de carácter compensatorio han tenido un énfasis importante en los últimos años. No obstante, es un hecho indudable que la pobreza que sufren grupos muy significativos de la sociedad rural y en particular las comunidades indígenas desde hace décadas, no ha registrado un cambio significativo.
Existen índices preocupantes del aumento de la desnutrición infantil y la mala nutrición de niños y adultos en las zonas rurales. Los alimentos de consumo tradicional están siendo, cada día, reemplazados por sopas preparadas y alimentos industrializados, lo cual ha impedido que se cumpla a cabalidad con lo dispuesto por el numeral 170.
Los programas de vivienda, numerales 26, 27 y 171, así como los de seguridad social para los adultos mayores, aún son de alcance limitado en relación a las necesidades de la sociedad rural.
La migración, desintegración familiar, pérdida de la identidad, el amor a la tierra, envejecimiento y femenización de la población rural, es una mas de las asignaturas pendientes por atender como se comprometió el gobierno federal en el apartado "D" del acuerdo.
Este mundo de necesidades y de libertad para transformarlas nos convoca a una acción decidida a favor de la dignidad de cada uno de los campesinos y de las comunidades rurales. Es el momento de rescatar la libertad de los mexicanos para su propio desarrollo económico. El futuro no puede consistir en la inercia acrítica e irresponsable ante estas realidades.
Es momento de diseñar de acciones éticas, responsables y congruentes con nuestra realidad, que tengan como propósito garantizar la dignidad de cada persona y de sus derechos humanos inalineables, así como asegurar la seguridad alimentaria de la nación.
Elaboración de la propuesta de opinión sobre el nteproyecto de iniciativa de Ley Federal Agraria
La iniciativa de Ley Federal Agraria se presentó ante la asamblea plenaria de la Cámara de Diputados el 12 de abril del 2005 y fue apoyada por diputados de todas las fracciones parlamentarias.
La Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados, por medio del oficio DGPL 59-II-5-1740, de fecha 13 de julio de 2005, comunicó a la Comisión Especial para el Campo que la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria fue turnada a esta comisión para que emita su opinión, destacando que esta iniciativa está sustentada en el trabajo que se desarrolló en el Consejo Nacional Consultivo del Sector Agrario (Conacosa) de la Secretaría de la Reforma Agraria, reconociendo el esfuerzo que se llevó a cabo para poder convocar, y coordinar, la participación de las organizaciones de productores del sector social y privado, y de las principales instituciones académicas del país.
Además de que la Comisión de Reforma Agraria elaboró un predictamen de Ley Agraria, el cual fue enviado a esta comisión e incorporado a los trabajos de análisis que se llevaron a cabo.
Actualmente se cuenta con una propuesta preliminar para la elaboración de la opinión sobre el anteproyecto de iniciativa de Ley Federal Agraria, en el cual se establecen observaciones de carácter general y específicas.
Conclusiones
Es de gran importancia la continuación de la Comisión Especial para el Campo hasta la conclusión de la LIX Legislatura, ya que los trabajos que ha venido realizando han permitido establecer un eje articulador entre las organizaciones de productores del sector social y privado, centros de educación, gobierno federal, gobiernos de los estados e investigadores para continuar con el seguimiento que se está dando a la implementación y cumplimiento de los mandatos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y al Acuerdo Nacional para el Campo, ambos como los principales instrumentos que se tienen para definir y proyectar los programas y acciones para campo mexicano.
Periodo del 1 de enero al 30 de agosto de 2006
En sesión plenaria de la comisión del mes de enero del año 2006, se aprobó por unanimidad, el programa de trabajo de la comisión para el periodo que se informa.
En atención a lo anterior, la mesa directiva se reunió en tres ocasiones en la sede de la comisión, para acordar los asuntos inherentes a la misma.
A convocatoria del presidente de la mesa directiva de la comisión, se convocaron tres sesiones plenarias, en las que se discutieron y aprobaron un sin número de asuntos contenidos en las actas respectivas. Aprobando la continuación del consejo técnico, el cual se integró por representantes de trece organizaciones sociales, cinco del sector privado, ocho centros de estudios, un representante del gobierno federal y la destacada participación de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario.
En el desarrollo de este programa destacan los trabajos realizados por el Consejo Técnico Coordinador para Estructurar una Nueva Política de Estado para el Campo Mexicano y los trabajos sobre la justificación de la renegociación del tratado de libre comercio y la exclusión del maíz y frijol de dicho tratado. Además se concluyó la propuesta de modificación de la Ley Agraria, la participación en la redacción de la Ley de Planeación y, todo lo relacionado con el seguimiento en la aplicación del Presupuesto de Egresos 2006, para el sector agropecuario.
En cumplimiento al programa de trabajo, en este periodo se realizó el Foro Regional de Análisis del Acuerdo Nacional para el Campo en Mexicali, Baja California, registrando la participación de 800 productores de los sectores social y privado, académicos, investigadores, diputados locales, y funcionarios federales y estatales. Asimismo, los días 1, 2 y 3 de agosto del presente año, se llevó a cabo un foro nacional, teniendo como sede el Palacio Legislativo de San Lázaro, con la participación de 800 personas representantes de organizaciones de productores del sector social y privado de nivel nacional y regional, así como representantes de organizaciones de productores de Estados Unidos y Canadá, además de representantes del sector académico y personalidades vinculadas con el campo mexicano.
Los integrantes del Consejo Técnico Coordinador de Evaluación, se han reunido en pleno en 21 ocasiones para discutir y analizar los temas relacionados con: "Comercio internacional", "Política estructural de fomento productivo", "Presupuestos", y "Política estructural de desarrollo social".
Las consideraciones que a continuación se describen son producto del intenso trabajo realizado por el Consejo Técnico Coordinador de Evaluación, más la participación de los diversos sectores que participaron en los foros regionales, estatales y nacionales.
Seguimiento general del cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo
Para este seguimiento se tomó como base la estructura de temas y numerales que tiene el propio Acuerdo Nacional para el Campo, y las opiniones de seguimiento se expresan en ese mismo orden y son las siguientes:
En los temas:
Se reconoce que en general se han tomado en cuenta algunos de los considerandos y principios rectores para atender algunos de los temas en particular, pero falta hacer un trabajo de integración que lleve a la definición de una política integral para el campo, que es lo que se acordó al firmar el Acuerdo Nacional para el Campo.
Hasta el momento no existe un responsable para llevar a cabo este trabajo. Queda claro que correspondería a la Comisión Intersecretarial en coordinación con el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural llevarlo a cabo.
El alcance de este trabajo nos llevaría a modificar y complementar el Capítulo Agropecuario del Plan Nacional de Desarrollo y los planes sectoriales de las dependencias que tienen que ver con el campo.
Capítulo IV. Acuerdo general
El cumplimiento de este capítulo especifica dos incisos:
En el cumplimiento de estos compromisos no se tiene ningún avance concreto, ni se ha formado un grupo de trabajo.
B. Soberanía alimentaria; en términos generales, para el cumplimiento de este acuerdo general se han llevado acciones sobre temas específicos, pero no se ha retomado este concepto de manera franca, es más se tiende a evitar su manejo en cualquiera de las acciones que se establecen para cumplir con los capítulos y numerales del acuerdo de manera integral. Es necesario retomar estos temas de carácter general de manera conjunta con los principios rectores, pues son el fundamento de la política agropecuaria que se requiere reconstruir y son la base para dar la forma, modalidad y proyección a todas las acciones que se lleven a cabo para cumplir con el acuerdo.
Capítulo V. Acuerdos básicos
A. Acciones inmediatas
En el 2003 sólo se revisaron 24 reglas de 47 que se habían cuantificado como materia de trabajo de este acuerdo. Se reconoce que se establecieron programas nuevos y se reforzaron otros, siendo estos programas los siguientes:
En 2004, 2005 y 2006 se llevaron a cabo algunas modificaciones a las reglas de operación de estos programas que no fueron consensadas con las organizaciones de productores, tales como; Fappa, Promusag, Adultos Mayores, Vivienda Rural y Fonaes.
Se dieron muchos problemas para la revisión de las reglas de los "programas nuevos" con Sedesol, en concreto con los programas de adultos mayores y vivienda rural, y también se tuvieron en la operación de estos programas, sobretodo por la fuerte tardanza que se tiene para iniciar el ejercicio presupuestal en estos años, que incluso puede llegar a ser en el mes de noviembre, e incluso con muchas organizaciones se inició en diciembre, y este retraso que se convierte en presión para que las organizaciones ejerzan a toda prisa y comprueben el ejercicio de estos presupuestos con toda clase de problemas, en donde las acusaciones de malversación de los recursos y de manejo político fueron mutuas entre las organizaciones y las secretarias de Estado responsables de estos presupuestos.
Los ajustes que la Sedesol ha planteado hacer a estas reglas de operación no fueron bien vistas por las organizaciones, además de que la responsable de esta dependencia insistió en que el Fonapho debía ser la instancia que operara el programa, pero queda claro que el Fonapho ha sido totalmente incapaz de operar este programa, incluso se dio el caso en que la SHCP había transferido estos recursos a otros programas debido a que Fonapho no había operado el programa.
Con la Secretaria de la Reforma Agraria se tienen problemas en la implementación del programa de "Conflictos Agrarios" con los avalúos que se presentan para la adquisición de los predios en cuestión y, por lo cual, el muy limitado ejercicio de esos recursos.
Destaca la sobredemanda que se ha presentado en los programas Fappa y Promusag, y los buenos resultados que presentan.
Con la Secretaría de Economía con el Fondo Nacional de Empresas Sociales (Fonaes) se suspendieron de manera unilateral las reuniones de análisis del programa y de quitas de su cartera vencida. Hay muchas quejas de las organizaciones de productores firmantes del acuerdo de cómo se aplicó el programa y en la aplicación de "cobros de intereses por adelantado".
Los recursos adicionales por excedentes del precio del petróleo, que fueron acordados con los gobernadores para ser invertidos en infraestructura rural no fueron aplicados en estos rubros. No se tienen los montos de lo invertido en 2004, 2005 y 2006.
En términos generales se vislumbra que se deben ajustar algunos lineamientos de las reglas de operación:
La aplicación del Procampo alterno, se ha realizado con fines políticos por parte del gobierno federal.
- En Sedesol no se revisó lo referente a adultos mayores y vivienda rural.
- Con la Secretaria de la Reforma Agraria se tienen problemas para ejecutar el programa de "Conflictos Agrarios" y revisar las reglas de los programas Fappa y Promusag.
- Con la Secretaría de Economía el programa Fonaes debe proceder a eliminar su cartera vencida. Y debe ajustar su normativa para no continuar aplicando "cobros de intereses por adelantado".
B. Comercio internacional (numeral del 4 al 81)
Se acordó llevar a cabo un estudio de los impactos del TLCAN en el sector agropecuario, para lo cual se formó el grupo técnico y se comisionó al Colegio de México como coordinador. Se presentó un resultado de la investigación, pero la forma en que se hizo está muy cuestionada, al igual que el resultado y conclusiones presentadas, de las organizaciones campesinas no aceptan los resultados de estudio por no corresponder a la realidad.
En la definición de la política de cupos de importación no se ha avanzado y hay inconformidad de todos los sectores en como se están asignando.
Se reconoce que el contrabando sigue siendo uno de los problemas que impactan de manera significativa en la economía rural.
En la defensa contra prácticas desleales de comercio y en lo referente a la inocuidad y calidad hay propuestas en la Comisión de Inocuidad del CMDRS pero no están consensadas, por lo cual no hay aplicación.
En lo referente a las negociaciones comerciales internacionales existe avance en la propuesta que elaboró el llamado G 23 en la reunión de Cancún, aunque nuestros negociadores no pretendían apoyarla y se vieron obligados por las circunstancias y la presión de las organizaciones.
En cooperación no hay ningún avance en las 8 acciones especificadas.
Por lo cual quedan como asuntos pendientes los siguientes:
- Hacer un plan emergente ante la apertura total del comercio
en el 2008.
- Definición y consenso de una política
de cupos de importación de los productos agropecuarios.
- Revisión del marco jurídico para el manejo y control aduanero y definición de acciones concretas para limitar el contrabando en todas sus formas.
- Aplicación de acciones concretas para la defensa
contra prácticas desleales.
- Exigir mayor claridad en las gestiones y planteamientos
que llevan a cabo nuestros representantes a estos foros.
- Exigir una mayor consulta con los representantes de
los sectores involucrados (organizaciones de productores).
- Exigir una postura más decidida y fuerte en
la negociación de las acciones de cooperación.
En general hay una atención parcial, los temas con los que tiene que ver son:
En el punto 4, con la SHCP se tienen muchos problemas para analizar los ejercicios de los programas para el desarrollo rural de las distintas secretarías. No se logró abrir el espacio para analizar las propuestas de Presupuesto para el 2004 y 2005 elaboradas por las organizaciones.
En el análisis del financiamiento al campo destacan las quejas sobre la operación de la Financiera Rural (aún se concentra el financiamiento en los productores orientados a los productos de exportación y comerciales). La poca disposición de Fira para abrir a los productores sus opciones de intermediarios financieros exitosos (agentes Procrea) y su actitud de favorecer a la banca comercial y a grandes productores privados que se presentan como intermediarios financieros (agentes parafinancieros). Destaca el exceso de recursos que maneja el Focir y los pobres resultados que presenta. El único programa de apoyo que presenta esquemas y resultados buenos es el de Firco, al grado que se puede recomendar que este esquema sea adoptado por el Fonaes y el Focir.
Para el cumplimiento de estos numerales es necesaria la orientación de estos programas hacia los sectores que requieran de estos apoyos, tanto en el sentido económico como en el sentido social; hace falta llevar a cabo la tipología de productores; hacer una propuesta de un sistema financiero rural integral.
En comercio hacer un planteamiento de una real administración de los derechos y obligaciones que contempla el TLCAN, pero más importante aún es reforzar y ordenar nuestro comercio externo e interno con el ajuste de la Ley de Comercio Exterior.
D. De desarrollo social del sector rural (numerales del 155 al 222)
En general hay una atención parcial, los temas con los que tiene que ver son:
Es necesario hacer un plan global e integral, que parta de un diagnostico único de las necesidades de servicios y de elementos para el desarrollo social y comunitario de las diversas regiones del país, que defina la gran problemática y establezca acciones con metas anuales para su atención, y su proyección en los años venideros, estableciendo las bases para el establecimiento de los presupuestos multianules para la atención específica de cada aspecto de la problemática. Lo mismo para lo relativo a los recursos naturales y la infraestructura física.
Es necesario reforzar y normar la participación de los representantes de la sociedad rural en los consejos de los estados y municipios
E. Modificaciones al marco legal (numerales del 223 al 240)
No hay avances significativos pues no se ha logrado establecer un acuerdo con la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados para que estas propuestas sean formalmente parte de la agenda legislativa y se le asigne una prioridad adecuada. Aunque existen avances en las comisiones respectivas.
Se debe establecer el acuerdo con la Cámara de Diputados, y con la Cámara de Senadores, para que las propuestas legislativas emanadas de este acuerdo, más las que se consideren pertinentes, sean consideradas como parte fundamental y prioritaria de la agenda legislativa, y sean calendarizadas para su atención.
Sin embargo, de las iniciativas que ya están en las cámaras destacan para su inmediata atención las siguientes:
F. Fortalecimiento institucional (numerales del 241 al 270)
No se ha llevado a cabo el reordenamiento y la alineación de los programas de gobierno, y tampoco se ha logrado la reordenación del presupuesto para el campo. El ordenamiento de la propiedad rural sigue en proceso.
El numeral sobre la gobernabilidad se puede considerar cumplido en general con lo comprometido en el ANC, con la atención que Segob le brindó a los procesos penales propuestos, pero se sigue teniendo poca atención a los problemas de cultivos de estupefacientes.
La divulgación del acuerdo aun sigue siendo limitada.
Es necesario establecer un plan general, en función al Plan Nacional de Desarrollo, que dé coherencia a los programas que tienen establecidos las diferentes secretarías que atienden al campo, así como los programas que han establecido los diferentes estados de la República.
El ordenamiento agrario debe ser concluido y debe establecerse un plan de organización y desarrollo de las comunidades y núcleos agrarios.
Se deben intensificar las acciones de divulgación del Acuerdo Nacional para el Campo.
3. Seguimiento y evaluación (numerales del 271 al 282).
Aunque la Comisión Intersecretarial debería implementar los compromisos del ANC, en términos generales esta comisión no toma en cuenta los acuerdos del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.
En cambio, el Congreso aprobó la creación de la Comisión Especial para el Campo, como una comisión de seguimiento del cumplimiento del ANC. Y también se creó en la Cámara de Diputados el Instituto de Evaluación e Información de Políticas de Desarrollo Rural Sustentable. Mientras que en el Senado está la propuesta para la creación de un consejo económico y social de estado.
Por otro lado, la Comisión de Seguimiento del ANC se instaló en el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS) el 30 de septiembre de 2003, y se acordó que la conformara el pleno del CMDRS. Tiene como pendiente hacer la evaluación del cumplimiento del ANC para lo cual conformó el Grupo Técnico de Seguimiento (Gtse).
Se debe establecer una real coordinación entre la Comisión Intersecretarial y el CMDRS.
Se debe establecer la coordinación entre la Comisión Especial para el Campo y las acciones de seguimiento que está desarrollando el CMDRS, e incluir al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.
Dar seguimiento al establecimiento del consejo económico y social de estado que se está conformando en el Senado.
Plazos específicos establecidos en el Acuerdo Nacional por el Campo
A. Plazos de los compromisos directos del Ejecutivo federal:
19 están considerados como acciones inmediatas
(definir sus reglas de operación)
Se rebasó lo previsto de 30 días, pero
ya se publicaron las reglas y están operando.
El numeral 41*
60 días, no se ha cumplido
El numeral 46 (presentar propuesta de presupuesto)
El mes de septiembre, no se atendió
El numeral 130 (operación de la f. Rural)
Se desfasó poco más de medio año,
y deja muchas dudas su operación
* Referente a realizar un estudio; en el segundo trimestre del año, para la incorporación del gas al programa de energía para el campo.
B. Plazos de los compromisos cuyo cumplimiento establece la participación de las organizaciones de productores o los firmantes del acuerdo.
56 compromisos que se encuentran en esta condición, pero los que tienen plazo establecido son los siguientes:
El numeral 18 (referente a la revisión de las reglas
de operación)
30 días, se cumplió con fuerte retraso
El numeral 20* (definición de programas especiales)
30 días, no cumplido
El numeral 241 (crear comisión y propuesta de reordenamiento
administrativo en materia de desarrollo rural)
90 días; no cumplido
El numeral 54 (política de cupos)
Los numerales 47, 49 y 229 **
Se hizo un estudio que no cubrió las expectativas
del Acuerdo Nacional para el Campo.
* Programas especiales: cañero, cafetalero, granos
básicos y oleaginosas, forestal y pecuario.
** 47. Evaluación del TLCAN; 49. Evaluación
de política de subsidios de EU; 229. Reformas estructurales para
crear la Ley Federal de Planeación.
Conclusiones del Foro Nacional
Pronunciamiento del Foro Nacional de Evaluación y Propuesta de Renegociación del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
El Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), no ha beneficiado a la gran mayoría de los campesinos y productores agropecuarios, forestales y pesqueros de nuestro país, y por el contrario ha ocasionado graves daños a nuestra capacidad productiva y economía familiar.
El Acuerdo Nacional para el Campo, suscrito por las organizaciones campesinas y el presidente de la República, establece los compromisos de evaluar de manera integral los efectos del TLCAN y farm bill, así como políticas de apoyo al sector referentes a cupos de importación, defensa contra las prácticas desleales de comercio, inocuidad y calidad, negociaciones comerciales internacionales y cooperación. Todo lo cual no ha sido cumplido.
Ante la cerrazón y la insensibilidad del gobierno federal, la Cámara de Diputados a través de las Comisiones Especial para el Campo, de Agricultura y Ganaderia, y del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, decidieron llevar a cabo este foro con la participacion de representates de organizaciones campesinas y de productores del sector social y privado, empresariales, de la Confederación Nacional de Gobernadores, Amsda, instituciones académicas y de investigación, instituciones estatales y legisladores federales y locales, acordaron discutir los impactos de la política agropecuaria nacional en relación con las políticas comerciales internacionales y su efecto en la seguridad y soberanía alimentaria.
Por unanimidad los participantes de este foro resolvimos denunciar los efectos negativos que el TLCAN ha ocasionado a los campesinos y pequeños productores de alimentos básicos y estratégicos de México, y que se manifiesta de la siguiente manera:
B. Está agravando la pérdida de soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional, y aumentando la dependencia alimentaria y la vulnerabilidad de los derechos humanos a la alimentación, y ha aumentado la importación de alimentos procesados provenientes de insumos subsidiados en sus países de origen.
C. Está provocando la exclusión y desplazamiento de los productores de los procesos productivos y de la parcela, con la consecuente pérdida de la tenencia de la tierra y el surgimiento del latifundio moderno.
D. Es causa de la migración, pérdida de población rural y vulneración de los derechos humanos.
E. Está contribuyendo a la concentración nacional y transnacional del capital rural, los apoyos fiscales y el acceso a los mercados.
F. Distorsiona los mercados agropecuarios, impone normas arancelarias y depredatorias de comercialización transnacional.
G. Afecta y depreda la biodiversidad, y controla y hace mala aplicación de la ingeniería genética por medio de las empresas trasnacionales.
H. Usurpa la propiedad intelectual patentable y el conocimiento tradicional.
2. Que se suspenda la apertura total pactada en el TLCAN para el año 2008, de manera especial para los productos maíz, frijol y leche en polvo.
3. Establecer la política agropecuaria en los términos que fue acordada en el Acuerdo Nacional para el Campo que responda a los intereses de los campesinos y pequeños productores de México, que son la gran mayoría, y que se refleje esta prioridad en el otorgamiento de presupuestos suficientes, crecientes y oportunos para el campo mexicano.
4. Dicha política agropecuaria debe responder al interés de recuperación de la seguridad y soberanía nacional mediante el fortalecimiento de la producción de los alimentos básicos y estratégicos que el país necesita.
5. Revisar y resarcir el marco jurídico nacional que ha sido vulnerado por la aplicación del TLCAN, en lo referente a ratificar que ningún ordenamiento podrá estar por encima de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en lo sucesivo la aprobación de tratados internacionales deberá hacerse con la aprobación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
6. Continuación de la Comisión Especial para el Campo como comisión ordinaria de la H. Cámara de Diputados.
7. Formar el Frente Nacional por la Defensa del Campo y la Seguridad y Soberanía Alimentaria, con el propósito fundamental de luchar por la renegociación del Capítulo Agropecuario del TLCAN y para dar continuidad y seguimiento a las políticas agropecuarias y ratificar el Acuerdo Nacional para el Campo, con las adecuaciones necesarias por el presidente de la República electo el 2 de julio del presente año.
8. Convocar a todos los actores de la sociedad rural a incorporarse y a participar en las diferentes acciones que este frente realizará en los ámbitos municipal, estatal y nacional, en función del programa de acción aprobado por este foro.
9. Que se declare el año 2007 como el Año del Campo Mexicano, revalorando la alta prioridad que tiene para la seguridad y soberanía agroalimentaria y la estabilidad social.
DE LA COMISIÓN ESPECIAL
PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS FONDOS DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS BRACEROS,
DE LABORES
Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, presenta su informe de trabajo, conforme a lo establecido en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de fecha 22 de noviembre de 2005 y publicado en la Gaceta Parlamentaria publicada con fecha 1 de diciembre de 2005 en la que:
El objeto de la comisión será la de dar seguimiento a los informes trimestrales que el Comité Técnico del Fideicomiso deberá entregar conforme lo establece el artículo sexto transitorio del decreto que crea al fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, así como servir de coadyuvante para que las entidades federativas y el Distrito Federal celebren con el fideicomiso, a la brevedad posible, los acuerdos de las aportaciones a las que se refiere la fracción II del artículo 4o.del citado decreto.
Segundo. La Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de acuerdo a sus ámbitos de competencia, realizará todos los esfuerzos necesarios para que los beneficiaros del fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos no sean objeto de prácticas tendientes a la obtención de beneficio ajenas a los objetivos del mencionado fideicomiso.
Tercero. La Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión contará con los apoyos humanos, materiales y financieros necesarios para cumplir con los objetivos previstos.
Cuarto. La Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión concluirá sus trabajos el 31 de agosto de 2006.
Quinto. Comuníquese a la Cámara de Senadores y a la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo federal.
Sexto. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
La historia de México a través de la migración mexicana hacia los Estados Unidos, y la demanda de mano de obra barata, se ha hecho permanente por décadas por nuestros paisanos que emigran en busca de progreso, mejores salarios y oportunidades de vida.
Hoy conocemos la historia del Programa Bracero a través de cientos de ex trabajadores mexicanos que aún viven y que estuvieron laborando en los campos de los Estados Unidos, a través del Convenio Binacional entre México y Estados Unidos de América (1942 y 1964).
Se sabe que miles de mexicanos laboraron en campos agrícolas americanos, dejando gran parte de su vida y sus familias, que aún así humillados y explotados se enfilaron en una ruta de apoyo y ayuda a un país vecino que estaba en guerra.
El convenio binacional estipulaba que se formaría un fondo de ahorro del 10 por ciento para garantizar el regreso de los mexicanos, estipulado en el artículo quinto de los contrato de 1942 a 1946; transfiriéndolos del Banco Wells Fargo al Banco de Crédito Rural, después a la desaparecida Banrural, siendo el descuento subsiguiente al 64 del empleador al trabajador directamente sin alguna transferencia bancaria.
La historia hoy es otra, nos encontramos a esos jóvenes de entonces, que hoy son personas de la tercera edad que motivados por alguna esperanza de que se les reconozca con una compensación económica, asisten a las diferentes dependencias de gobierno, o en su caso a las convocatorias de organizaciones de ex braceros que han surgido para canalizar estas demandas.
Esta Comisión Especial de braceros, en coordinación con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica en noviembre de 2004, ante el Pleno de la Cámara de Diputados se logró una partida especial de 298 millones y medio de pesos.
Asimismo el 21 de abril de este año, se aprobó por la honorable Cámara de Diputados, la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, ratificándolo el Senado de la República el 28 del mismo mes.
El 25 de mayo de 2005, la Presidencia de la República, decreta a través del Diario Oficial el Fideicomiso de Apoyo Social y el 27 de octubre se publican las Reglas de Operación del fondo de apoyo social.
Actualmente el comité técnico tiene la facultad de aplicar y establecer las reglas de operación y publicar las bases y procedimientos a través de los cuales se autoricen las aportaciones a otorgar.
Ante ello los diputados que integramos esta Comisión Especial de ex braceros, no renunciaremos a una historia que sigue presente, en reconocer a esos grandes hombres del campo y dar respuesta a un reclamo de justicia social.
Diputado Marco Antonio Gama Basarte
Presidente
Conformación e integración
La Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros se constituyó oficialmente el 17 de marzo de 2004, por el pleno de la honorable Cámara de Diputados y esta integrada por 21 diputados federales.
La Mesa Directiva esta integrada por:
Su objetivo es dar seguimiento en la recuperación de información necesaria acerca del destino de los fondos de depósito de los trabajadores mexicanos braceros entre los años de 1942 a 1964 en los campos agrícolas y ferroviarios en los Estados Unidos.
Trabajo legislativo
Se ha desarrollado y se mantiene un lazo de trabajo directo con el gobierno federal, los Congresos y ayuntamientos locales, así como las diferentes organizaciones de ex braceros de México, fomentando el interés por parte de esta Comisión Especial de Braceros, que es de buscar las alternativas que den resultados positivos y definitivos a los cientos de ex braceros en México.
Asimismo se han desarrollado reuniones de trabajo con dependencias que firmaron en su momento el acuerdo binacional entre México y los Estados Unidos de América, en los que estuvieron presentes el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la Secretaría de Gobernación, proponiendo bases y procedimientos para la entrega del apoyo social para los ex braceros mexicanos.
Reuniones de trabajo
Fecha: 20 de abril 2004.
Asimismo se han hecho giras de trabajo en el interior de la República Mexicana con los Congresos locales y organizaciones de ex braceros, para lograr una mayor fuente de información que ayude a buscar las alternativas en pro de los braceros, recorriendo los 31 estados y el Distrito Federal, así como para asistir a las invitaciones de comunidades y municipios que se encuentran lejos de la ciudad capital.
Iniciativas y puntos de acuerdo
Se recibieron iniciativas y puntos de acuerdo de los diferentes estados de:
Iniciativa
Dentro de los beneficios que se consideran, es compensar económicamente a los ex braceros, mediante el anteproyecto de ley que crea el fideicomiso que administrará el fondo de asistencia social para los trabajadores mexicanos braceros del periodo de 1942 a 1964.
Los beneficiarios serán los ex braceros, cónyuges, hijos o hijas, que hayan efectuado su registro en el padrón de la Secretaría de Gobernación.
La aportación de los recursos destinados al pago del apoyo a los ex braceros mexicanos, estará sujeto a la suscripción de los convenios que realice la fiduciaria en cumplimiento de los fines del fideicomiso creado por esta ley, con las aportaciones que realicen las entidades federativas y del Distrito Federal.
Requisitos
Acreditar haber sido trabajador ex bracero mexicano con los siguientes documentos originales
Ex bracero:
El 21 de abril de 2005, la honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, aprueba la iniciativa de ley que crea el fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
El 28 de abril de 2005 el Senado de la República, ratifica la iniciativa enviándola a la Presidencia de la República.
El 25 de mayo de 2005, la Presidencia de la República, decreta a través del Diario Oficial de la Federación, el Fideicomiso que habrá de compensar a los ex braceros mexicanos.
El 27 de octubre de 2005, se da a conocer las reglas de operación del fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social a ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
El 11 de noviembre del 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para que las personas registradas en el padrón de ex trabajadores migratorios mexicanos acudieran a las mesas receptoras de documentos, ubicadas en las representaciones de la Subsecretaría de Gobierno en cada entidad federativa.
El 26 de abril del 2006 es aprobada por la Cámara de Diputados, la iniciativa de reforma a la ley del fideicomiso del fondo de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos, la cual fue enviada al Senado de la Republica.
Para fines de las reglas de operación, y conforme al artículo tercero de dicho decreto, el 18 de octubre de 2005 se constituyo el comité técnico quien esta integrado por un funcionario de las siguientes dependencias:
Avalar el procedimiento a través del cual se reconocerán
a los beneficiarios.
Autorizar la celebración de actos, convenios y
demás actos jurídicos, así como aquellos que sean
necesarios.
Vigilar que los recursos que se aporten al fideicomiso
se destinen al cumplimiento de sus fines.
Proponer las modificaciones que se pretenden realizar
al fideicomiso.
La Comisión Especial de Braceros de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, consciente de que la gran mayoría de los ex trabajadores mexicanos braceros viven en los estados, se ha propuesto abrir oficinas de gobierno a través de las mesas receptoras instaladas en la Secretaría de Gobernación de cada entidad federativa.
La dependencia coordinadora a través de las mesas receptoras serán las encargadas de recibir, verificar, y cotejar la documentación correspondiente de los beneficiarios y generar el pago dispuesto por el comité técnico que determina el fideicomiso.
De acuerdo con los lineamientos publicados en el Diario Oficial, se señala que los beneficiarios deberán haber efectuado su registro en el padrón de la Secretaría de Gobernación, presentar de igual manera identificación que los acredite con la ciudadanía mexicana y documentos originales para demostrar que fueron trabajadores migratorios.
Se deberá exhibir el acta de defunción del ex trabajador en el caso de que otro beneficiario desee reclamar el apoyo, para lo cual se deberá presentar una identificación oficial, el acta de matrimonio en caso del cónyuge sobreviviente o acta de nacimiento en caso de hijos e hijas.
El importe del apoyo social que se entregará al beneficiado será por la cantidad de $38,000.00 (treinta y ocho mil pesos cero centavos).
Dando preferencia a:
Función de la Comisión Especial en relación con el fideicomiso de administración del Fondo de Apoyo Social
Conforme al mandato pleno dispuesto por la honorable Cámara de Diputados de dar seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros, y conforme a lo establecido en su artículo sexto transitorio del decreto por el cual se crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, de fecha 25 de mayo de 2005; la Comisión Especial de Braceros de la LIX Legislatura recibirá del comité técnico del fideicomiso, un informe trimestral sobre el avance de la gestión que permita conocer la situación financiera y determinar en su caso, la cantidad a presupuestar para el siguiente año.
Por ello y ante la situación que prevalecía meses atrás, hoy rendimos un informe de resultados reales, donde queda reflejada la voluntad política de quienes representamos esta Comisión Especial de Braceros y donde seguiremos buscando los mejores canales de interlocución y dialogo para hacer justicia a los miles de ex braceros mexicanos o a sus familias del periodo de 1942 a 1964.
Informe del fideicomiso de administración del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos
El primer informe fue enviado a esta Comisión Especial el pasado 18 de enero del 2006 en el cual los asuntos más relevantes son los siguientes:
Con fundamento en el artículo 5, fracción II, de la ley, el comité determinó el monto del apoyo social por la cantidad de $38,000.00 (treinta y ocho mil pesos cero centavos).
Con fecha 11 de noviembre del 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para que las personas registradas en el padrón de ex trabajadores migratorios mexicanos acudieran a las mesas receptoras de documentos, ubicadas en las representaciones de la subsecretaria de Gobierno en cada entidad federativa.
El 31 de diciembre las mesas receptoras atendieron 50 mil 433 ex braceros de los cuales 9 mil 176 fueron enviadas para su validación y se encuentran en tránsito a oficinas centrales 2 mil 830 expedientes.
El proceso de validación de documentos se inició el 16 de noviembre con un equipo de 7 personas en la subsecretaria de Gobierno. A este equipo se sumaron 7 funcionarios de la SHCP, quienes coadyuvaron en esta parte del proceso por un periodo de 15 días.
De los 50 mil 433 solicitantes del apoyo social se estima que 12 mil 6 cumplen con los requisitos y un aproximado de 25 mil 781 cuentan con documentos y número de folio de la Segob y 13 mil 972 presentan otro documento.
El comité técnico en sus diferentes sesiones, autorizó 6 relaciones de beneficiarios para otorgarles el apoyo social por un importe de 158 millones 100 mil pesos.
Al 31 de diciembre del 2005 se entregaron 35 millones 600 mil pesos que equivalen a 939 beneficiarios, distribuidos en diferentes estados de la República.
Respetando las fechas de la convocatoria, la Segob en sus 32 mesas receptoras al 10 de marzo de 2006 cerró la recepción de documentación, atendiendo a 222 mil 775 solicitantes del apoyo social, de los cuales se estima que 47 mil 749 cumplen con los requisitos y un aproximado de 140 mil 448 cuentan con documentos pero les falta el folio de la Segob y 34 mil 578 presentan otro documento.
El comité técnico en sus diferentes sesiones autorizó 11 relaciones de beneficiarios para otorgarles el apoyo social por un importe de 380 millones 700 mil pesos.
Al 31 de marzo de 2006 habían recibido el apoyo social 8 mil 238 beneficiarios ex trabajadores migratorios en diferentes estados, equivalente a 314 millones 754 mil pesos cero centavos.
La Segob a través de su unidad de enlace federal ha compilado y elaborado los listados para realizar la entrega del apoyo social, previa autorización del comité técnico, los cuales constan de 15 mil 795 beneficiarios, mismos que ya fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, con fechas 15, 23 y 27 de diciembre de 2005, 24 de enero, 10 de febrero, 24 de marzo, 7 y 28 de abril, 23 de mayo, 9 y 29 de junio de 2006. Es importante aclarar que, de los 15 mil 795 beneficiarios, 42 no reclamaron ante Telecom. su apoyo social dentro de los 120 días que marca el párrafo cuarto del numeral 6.3.3 de las reglas de operación del fideicomiso, motivo por el cual el recurso de dichos apoyos sociales se reintegró al fiduciario.
Hasta 30 de junio de 2006 fecha en que se celebró la última sesión del comité técnico habían recibido su apoyo social 14 mil 774 beneficiarios ex trabajadores migratorios en diferentes estados, equivalente a 561 millones 400 mil pesos.
Unión Binacional de Organizaciones de Trabajadores
ex Braceros 1942-1967 (que aglutina a 60 organizaciones en México).
Trabajadores de Campo Mexicano Canadiense Norteamericano.
Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos
de los Trabajadores Mexicanos Braceros.
Diputados: Marco Antonio Gama Basarte, presidente;
Valentín González Bautista, Mario Carlos Culebro Velasco,
José Isabel Trejo Reyes, secretarios.
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
SOCIAL, SEGUNDO SEMESTRAL DE ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO-AGOSTO
DE 2006
I. Introducción
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 45, numeral 6, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del "Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establecen los Lineamientos sobre el contenido y la forma que deberán observar las comisiones para la presentación de sus informes semestrales y el levantamiento de las actas de sus reuniones", aprobado el 11 de octubre de 2005, los diputados federales integrantes de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, presentamos el segundo informe semestral de actividades del tercer año de ejercicio de la Comisión de Seguridad Social de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, correspondiente al periodo marzo-agosto 2006.
II. Integrantes de la comisión
2.1. Diputadas y diputados
En el periodo que se informa, se registraron los siguientes cambios en la integración de la comisión: con fecha 18 de abril de 2006 el diputado Marco Antonio García Ayala (PRI) sustituyó al diputado Roberto Vega Galina (PRI) como secretario de la Comisión, quien causó baja como integrante; el 9 de marzo de 2006 causó alta como integrante la diputada María Eugenia Castillo Reyes (PAN) y baja en el mes de abril; el diputado Israel Raymundo Gallardo Sevilla (PAN) causó alta nuevamente en la comisión el mes de abril de 2006, y la diputada Karina Martínez Cantú (PRI) causó alta como integrante el 27 de abril del mismo año. Por lo anterior, la integración de la comisión al cierre del presente informe es la siguiente:
Diputados integrantes de la Junta Directiva
Francisco Javier Carrillo Soberón, Rafael García Tinajero Pérez, Agustín Rodríguez Fuentes, Rocío Sánchez Pérez, Emilio Serrano Jiménez.
Diputado integrante por el GPPT
Por acuerdo del Pleno de la Comisión del 30 de marzo de 2004, se aprobó la conformación de tres grupos de trabajo con el objeto de resolver los asuntos pendientes de la LVIII Legislatura y coadyuvar en la dictaminación y resolución de los asuntos recibidos durante el ejercicio de la LIX Legislatura, así como un grupo de trabajo para la atención de organizaciones sociales. Al cierre del presente informe estos grupos se integraron de la siguiente manera:
Grupo de Trabajo 1
III. Recursos humanos y financieros
Con base en el "Acuerdo sobre apoyo a Comisiones y Comités de la LIX Legislatura" emitido por el Comité de Administración el 2 de octubre de 2003 y al "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el Ejercicio de los Presupuestos Operativos Asignados a las Comisiones y Comités Legislativos" autorizados por la Junta de Coordinación Política, se informa que la comisión cuenta para el cumplimiento de sus actividades con los recursos humanos y financieros siguientes:
3.1. Recursos humanos
Personal técnico
Fondo Fijo. Es una cantidad de $8,390.31 mensuales, que se entrega al diputado presidente de la comisión conforme a las normas aprobadas por la LVII Legislatura. Dicho fondo se comprueba mensualmente con la firma del diputado presidente, de no comprobarse no se entrega el siguiente fondo. Al respecto, se informa que la Presidencia de la Comisión ha cumplido con sus respectivas comprobaciones ante la Dirección General de Finanzas en el periodo marzo-agosto 2006.
Gastos operativos. Estos gastos son una partida presupuestal anual asignada a las Comisiones y Comités, sujeta a las normas aprobadas por la LVII Legislatura y su comprobación se rige por lo establecido en los "Lineamientos para el ejercicio de los presupuestos operativos asignados a las comisiones y comités legislativos" aprobados por la presente legislatura. De acuerdo con la normatividad, dichos gastos podrán destinarse a la realización de foros, consultas o reuniones, siempre y cuando sean de carácter legislativo.
El presupuesto asignado a la Comisión para el periodo enero-agosto 2006 ascendió a $255,600.00, a razón de $31,950.00 mensuales. En dicho periodo se ejercieron recursos por el total presupuestado de $255,600.00 por los conceptos de edición de ponencias, corrección y cuidado de la edición; diseño tipográfico; elaboración de cuadros de texto, cuadros alfanuméricos, gráficas, esquemas y mapas; diagramación y formación; impresión, acabados y encajados de 5,000 ejemplares del libro titulado Sistemas estatales de pensiones, así como en la producción y grabación del CD interactivo titulado Sistemas estatales de pensiones / Legislación e información estadística de cual se produjeron 5 mil unidades. En la siguiente tabla se especifica el resumen de cuenta de la comisión al cierre de agosto 2006.
Resumen de la cuenta:
Adeudos 2006 -
Documentos en revisión -
Pendiente de comprobar -
Vales para alimentos, por la cantidad de $4,855.00 para el personal de la comisión que requiera laborar todo el día, por razones de carga de trabajo.
IV. Avances en el cumplimiento del programa anual de actividades de la comisión
En reunión extraordinaria celebrada el 14 de noviembre de 2005, se aprobó el programa anual de actividades del tercer año de ejercicio de la Comisión de Seguridad Social correspondiente al periodo septiembre 2005-agosto 2006.
En el periodo marzo-agosto 2006, esta Comisión tuvo los siguientes avances contenidos en su programa anual de actividades:
En sesión ordinaria celebrada el miércoles 26 de abril, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 y adiciona un párrafo al artículo 277-E de la Ley del Seguro Social, de la iniciativa presentada por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya (PRD); con el objeto de establecer una nueva cuota social por pensionado, a cargo del Estado, equivalente a la del Seguro de Enfermedades y Maternidad y del Seguro de Salud para la Familia, para fortalecer el financiamiento de los gastos médicos para pensionados y sus familiares, y adicionalmente, se faculta al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que, una vez establecidas el nivel de las reservas de los seguros de Riesgos de Trabajo e Invalidez y Vida al término del ejercicio fiscal anual, y que presenten excedentes para garantizar el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas del pago de beneficios y prestaciones de estos seguros, dichos excedentes, previo acuerdo del consejo técnico, puedan ser destinados para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios. La minuta correspondiente se turnó en la misma fecha a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
En sesión ordinaria celebrada el jueves 16 de marzo de 2006, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta que reforma los artículos 14, 18 y 10 transitorio del proyecto de decreto que expide la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, modificado por la Cámara de Senadores, con el objeto de cambiar el término "empleadores" por el de "patrones" para ser congruente con los términos usados en la Constitución y en la legislación laboral. El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 24 de abril de 2006.
En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el jueves 27 de abril de 2006, quedó de primera lectura el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 y 28-A; y deroga los artículos vigésimo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, y artículo noveno transitorio del decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2002, de la iniciativa presentada por los diputados Francisco Javier Saucedo Pérez y Agustín Miguel Alonso Raya (PRD); la reforma tiene por objeto que las sociedades cooperativas de producción y el Estado cubran de forma bipartita las cuotas y aportaciones previstas por el régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social, en los seguros de Enfermedades y Maternidad, de Invalidez y Vida, y de los ramos de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, tomando como base de cotización los anticipos a cuenta de rendimiento de la cooperativa.
En sesión ordinaria del martes 14 de marzo de 2006, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado Emilio Serrano Jiménez (PRD); para suprimir la obligación para el trabajador asegurado de interponer recurso de inconformidad cuando no estuviere conforme con la calificación que del accidente o enfermedad haga el IMSS de manera definitiva. La minuta correspondiente se turnó en la misma fecha a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
En sesión ordinaria celebrada el miércoles 26 de abril de 2006, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federal el 21 de diciembre de 1995, de la iniciativa presentada por el diputado Agustín Miguel Alonso Raya (PRD); para permitir que los asegurados que hayan cumplido los requisitos de edad y cotizaciones establecidos en la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 (60 o 65 años y un mínimo de 500 cotizaciones semanales), adquieran el derecho a disfrutar de una pensión y de los servicios médicos, sin que se les exija volver a cotizar en caso de haber dejado de pertenecer al régimen obligatorio. La minuta correspondiente se turnó en la misma fecha a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
En reunión plenaria ordinaria celebrada el 6 de junio de 2006, la Comisión de Seguridad Social aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 5-A, 27, 272, 277-A, 277-E y 277-F de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado Manuel Pérez Cárdenas (PAN); para actualizar los nombres del marco jurídico vigente, así como establecer acciones que mejoren la operación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) respecto a la celebración de contratos de obras públicas adquisiciones, arrendamientos y servicios.
2. Se editó el libro con las memorias del foro "Sistemas de seguridad social en los estados: problemática de los regímenes de pensiones", desarrollado los días 28 y 29 de julio de 2005, en Zacatecas, Zacatecas.
3. Se realizaron una reunión de comisiones unidas, dos reuniones plenarias ordinarias y dos reuniones de trabajo: una reunión de Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social con el licenciado Fernando Flores y Pérez, director general del IMSS; una reunión de trabajo de los diputados presidentes de las Comisiones de Seguridad Social y de Fomento Cooperativo y Economía Social con funcionarios del IMSS, y otra reunión de trabajo de los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Social con funcionarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
5.1. Junta directiva
En el periodo marzo-agosto 2006, la Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Social se reunió en dos ocasiones. Los acuerdos tomados en dichas reuniones fueron los siguientes:
Reunión 40. Abril 18, 2006
Acuerdos:
2. Se acuerda turnar al pleno de la comisión para su discusión y votación seis dictámenes elaborados por los grupos de trabajo 1, 2 y por la presidencia de la comisión, así como tres remitidos por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Dictamen en sentido negativo, a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Federal de Protección Social por Desempleo, presentada por el diputado Francisco Diego Aguilar (PRD), en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del miércoles 30 de marzo de 2005.
Dictamen parcialmente positivo, a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 107 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por el diputado Moisés Jiménez Sánchez (PRI), en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del jueves 31 de marzo de 2005.
Dictamen en sentido negativo, a la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 15, 40-E, 271 y 304 de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado Gustavo Moreno Ramos (PRI), en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del jueves 29 de abril de 2004.
Dictamen en sentido negativo, a la iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa (PRI), en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del martes 13 de septiembre de 2005.
Dictamen en sentido negativo, a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 22, 265, 272, 277 y 277-A de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa (PRI), en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del jueves 4 de octubre de 2005.
Dictamen en sentido positivo con modificaciones, a la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado Miguel Alonso Raya (PRD), en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del martes 10 de marzo de 2005.
Dictamen en sentido negativo, a la iniciativa que reforma el artículo 213 de la Ley del Seguro Social, presentada por los diputado José María Rivera Cabello y Manuel W. Orozco Garza (PAN), en sesión de la Comisión Permanente el 4 de febrero de 2003, correspondiente a la LVIII Legislatura.
Dictamen en sentido negativo, a la iniciativa que reforma el artículo 117 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por los diputados José María Rivera Cabello y Manuel W. Orozco Garza (PAN), el 4 de febrero de 2003, correspondiente a la LVIII Legislatura.
Dictamen en sentido negativo, a la iniciativa que adiciona un Título Séptimo y un Capítulo Único a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT), en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del martes 21 de septiembre de 2004.
Acuerdos:
2. Se aprueba la realización de una gira de trabajo internacional a Suiza y España, en el marco de las giras internacionales de trabajo que se incluyeron en los programas anuales de trabajo para el segundo y tercer año de ejercicio de la LIX Legislatura.
3. Se presentan los informes finales del Instituto del Infonavit, en relación a la problemática de acreditados de los estados de Veracruz y Puebla.
4. Se presenta el informe final del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) sobre la problemática de los retiros indebidos de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores afiliados al ISSSTE (SAR-ISSSTE 92).
En el periodo que se informa, la comisión celebró una reunión de comisiones unidas y dos reuniones plenarias ordinarias:
Reunión de Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social con el licenciado Fernando Flores y Pérez, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Marzo 22, 2006.
Asistencia: Miguel Alonso Raya (PRD), Roberto Javier Vega Galina (PRI), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (PRI), Manuel Pérez Cárdenas (PAN), Lucio Galileo Lastra Marín (PAN), Pablo Anaya Rivera (PRI), Jaime Fernández Saracho (PRI), Graciela Larios Rivas (PRI), Armando Neyra Chávez (PRI), Oscar Martín Ramos Salinas (PRI), María Eugenia Castillo Reyes (PAN), Miguel Ángel Llera Bello (PAN), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (PAN) y Rocío Sánchez Pérez (PRD).
Inasistencia: Marco Antonio García Ayala (PRI), Martín Carrillo Guzmán (PRI), Rogelio Rodríguez Javier (PRI), Roberto Colín Gamboa (PAN), Juan Francisco Molinar Horcasitas (PAN), Tomás Antonio Trueba Gracián (PAN), Agustín Rodríguez Fuentes (PRD), Francisco Javier Carrillo Soberón (PRD), Rafael García Tinajero Pérez (PRD), Emilio Serrano Jiménez (PRD).
Inasistencia justificada: David Hernández Pérez (PRI), Alfonso Rodríguez Ochoa (PRI), José Mario Wong Pérez (PRI), Gisela Juliana Lara Saldaña (PAN) y Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT).
Resumen de la reunión: La comparecencia del director general del IMSS se convocó para abordar el estado de diversos asuntos pendientes de dictaminación, sobre los que el instituto no había emitido las opiniones respectivas. Asimismo, se abordaron diversos aspectos relativos a servicios médicos, la evolución presupuestal del instituto así como su participación frente al siniestro de mina de carbón que se registró en el estado de Coahuila.
Vigésima primera reunión plenaria ordinaria. Abril 19, 2006.
Asistencia: Miguel Alonso Raya (PRD), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (PRI), Marco Antonio García Ayala (PRI), Manuel Pérez Cárdenas (PAN), Pablo Anaya Rivera (PRI), Martín Carrillo Guzmán (PRI), David Hernández Pérez (PRI), Graciela Larios Rivas (PRI), Armando Neyra Chávez (PRI), Alfonso Rodríguez Ochoa (PRI), Tomás Antonio Trueba Gracián (PAN), Francisco Javier Carrillo Soberón (PRD), Rafael García Tinajero Pérez (PRD), Rocío Sánchez Pérez (PRD), Emilio Serrano Jiménez (PRD), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT).
Inasistencia: Jaime Fernández Saracho (PRI), Oscar Martín Ramos Salinas (PRI), Rogelio Rodríguez Javier (PRI), José Mario Wong Pérez (PRI), Roberto Colín Gamboa (PAN), Gisela Juliana Lara Saldaña (PAN), Miguel Ángel Llera Bello (PAN), Juan Francisco Molinar Horcasitas (PAN), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (PAN), Agustín Rodríguez Fuentes (PRD), Roberto Javier Vega Galina.
Inasistencia Justificada: Lucio Galileo Lastra Marín (PAN), Israel Raymundo Gallardo Sevilla (PAN).
Acuerdos:
Votación: Miguel Alonso Raya (a favor), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (a favor), Marco Antonio García Ayala (a favor), Lucio Galileo Lastra Marín, Manuel Pérez Cárdenas (a favor), Pablo Anaya Rivera (a favor), Martín Carrillo Guzmán, Jaime Fernández Saracho, David Hernández Pérez (a favor), Graciela Larios Rivas (a favor), Armando Neyra Chávez, Oscar Martín Ramos Salinas, Rogelio Rodríguez Javier, Alfonso Rodríguez Ochoa (a favor), José Mario Wong Pérez, Roberto Colín Gamboa (a favor), Israel Raymundo Gallardo Sevilla, Gisela Juliana Lara Saldaña (a favor), Miguel Ángel Llera Bello (a favor), Juan Francisco Molinar Horcasitas, Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (a favor), Tomás Antonio Trueba Gracián (a favor), Francisco Javier Carrillo Soberón, Rafael García Tinajero Pérez (a favor), Agustín Rodríguez Fuentes, Rocío Sánchez Pérez (a favor), Emilio Serrano Jiménez (a favor), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (a favor), Roberto Javier Vega Galina.
2. Se aprueba el dictamen en sentido positivo, con modificaciones, a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 107 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por el diputado Moisés Jiménez Sánchez (PRI), en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del jueves 31 de marzo de 2005.
Votación: Miguel Alonso Raya (a favor), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (a favor), Marco Antonio García Ayala (a favor), Lucio Galileo Lastra Marín (a favor), Manuel Pérez Cárdenas (a favor), Pablo Anaya Rivera (a favor), Martín Carrillo Guzmán (a favor), Jaime Fernández Saracho, David Hernández Pérez (a favor), Graciela Larios Rivas (a favor), Armando Neyra Chávez, Oscar Martín Ramos Salinas, Rogelio Rodríguez Javier, Alfonso Rodríguez Ochoa (a favor), José Mario Wong Pérez, Roberto Colín Gamboa (a favor), Israel Raymundo Gallardo Sevilla, Gisela Juliana Lara Saldaña (a favor), Miguel Ángel Llera Bello (a favor), Juan Francisco Molinar Horcasitas, Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (a favor), Tomás Antonio Trueba Gracián (a favor), Francisco Javier Carrillo Soberón (a favor), Rafael García Tinajero Pérez (a favor), Agustín Rodríguez Fuentes (a favor), Rocío Sánchez Pérez (a favor), Emilio Serrano Jiménez (a favor), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (a favor), Roberto Javier Vega Galina (a favor).
3. Se aprueba el dictamen en sentido negativo a la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 15, 40 E, 271 y 304 de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado Gustavo Moreno Ramos (PRI), en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del jueves 29 de abril de 2004.
Votación: Miguel Alonso Raya (a favor), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (a favor), Marco Antonio García Ayala (a favor), Lucio Galileo Lastra Marín (a favor), Manuel Pérez Cárdenas (a favor), Pablo Anaya Rivera (a favor), Martín Carrillo Guzmán (a favor), Jaime Fernández Saracho, David Hernández Pérez (a favor), Graciela Larios Rivas (a favor), Armando Neyra Chávez, Oscar Martín Ramos Salinas, Rogelio Rodríguez Javier, Alfonso Rodríguez Ochoa (a favor), José Mario Wong Pérez, Roberto Colín Gamboa (a favor), Israel Raymundo Gallardo Sevilla, Gisela Juliana Lara Saldaña (a favor), Miguel Ángel Llera Bello (a favor), Juan Francisco Molinar Horcasitas, Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (a favor), Tomás Antonio Trueba Gracián (a favor), Francisco Javier Carrillo Soberón (a favor), Rafael García Tinajero Pérez (a favor), Agustín Rodríguez Fuentes (a favor), Rocío Sánchez Pérez (a favor), Emilio Serrano Jiménez (a favor), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (a favor), Roberto Javier Vega Galina (a favor).
4. Se aprueba el dictamen en sentido negativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa (PRI), en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del martes 13 de septiembre de 2005.
Votación: Miguel Alonso Raya (a favor), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (a favor), Marco Antonio García Ayala (a favor), Lucio Galileo Lastra Marín (a favor), Manuel Pérez Cárdenas (a favor), Pablo Anaya Rivera (a favor), Martín Carrillo Guzmán (a favor), Jaime Fernández Saracho, David Hernández Pérez (a favor), Graciela Larios Rivas (a favor), Armando Neyra Chávez, Oscar Martín Ramos Salinas, Rogelio Rodríguez Javier, Alfonso Rodríguez Ochoa (a favor), José Mario Wong Pérez, Roberto Colín Gamboa (a favor), Israel Raymundo Gallardo Sevilla, Gisela Juliana Lara Saldaña (a favor), Miguel Ángel Llera Bello (a favor), Juan Francisco Molinar Horcasitas, Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (a favor), Tomás Antonio Trueba Gracián (a favor), Francisco Javier Carrillo Soberón (a favor), Rafael García Tinajero Pérez (a favor), Agustín Rodríguez Fuentes (a favor), Rocío Sánchez Pérez (a favor), Emilio Serrano Jiménez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos (a favor), Roberto Javier Vega Galina (a favor).
5. Se aprueba el dictamen en sentido negativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 22, 265, 272, 277 y 277-A de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa (PRI), en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del jueves 4 de octubre de 2005.
Votación: Miguel Alonso Raya (a favor), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (a favor), Marco Antonio García Ayala (a favor), Lucio Galileo Lastra Marín (a favor), Manuel Pérez Cárdenas (a favor), Pablo Anaya Rivera (a favor), Martín Carrillo Guzmán (a favor), Jaime Fernández Saracho, David Hernández Pérez (a favor), Graciela Larios Rivas (a favor), Armando Neyra Chávez, Oscar Martín Ramos Salinas, Rogelio Rodríguez Javier, Alfonso Rodríguez Ochoa (a favor), José Mario Wong Pérez, Roberto Colín Gamboa (a favor), Israel Raymundo Gallardo Sevilla, Gisela Juliana Lara Saldaña (a favor), Miguel Ángel Llera Bello (a favor), Juan Francisco Molinar Horcasitas, Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (a favor), Tomás Antonio Trueba Gracián (a favor), Francisco Javier Carrillo Soberón (a favor), Rafael García Tinajero Pérez (a favor), Agustín Rodríguez Fuentes (a favor), Rocío Sánchez Pérez (a favor), Emilio Serrano Jiménez (a favor), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (a favor), Roberto Javier Vega Galina (a favor).
6. Se aprueba el dictamen en sentido positivo, con modificaciones, a la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado Miguel Alonso Raya (PRD), en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del martes 10 de marzo de 2005.
Votación: Miguel Alonso Raya (a favor), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (a favor), Marco Antonio García Ayala (a favor), Lucio Galileo Lastra Marín (a favor), Manuel Pérez Cárdenas (a favor), Pablo Anaya Rivera (a favor), Martín Carrillo Guzmán, Jaime Fernández Saracho, David Hernández Pérez (a favor), Graciela Larios Rivas (a favor), Armando Neyra Chávez, Oscar Martín Ramos Salinas (a favor), Rogelio Rodríguez Javier, Alfonso Rodríguez Ochoa (a favor), José Mario Wong Pérez, Roberto Colín Gamboa, Israel Raymundo Gallardo Sevilla, Gisela Juliana Lara Saldaña (a favor), Miguel Ángel Llera Bello (a favor), Juan Francisco Molinar Horcasitas, Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (a favor), Tomás Antonio Trueba Gracián (a favor), Francisco Javier Carrillo Soberón (a favor), Rafael García Tinajero Pérez (a favor), Agustín Rodríguez Fuentes (a favor), Rocío Sánchez Pérez (a favor), Emilio Serrano Jiménez (a favor), Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Roberto Javier Vega Galina (a favor).
Se aprueban, en sus términos, tres dictámenes remitidos por la Comisión de Trabajo y Previsión Social:
7. Dictamen en sentido negativo a la iniciativa que reforma el artículo 213 de la Ley del Seguro Social, presentada por los diputados José María Rivera Cabello y Manuel W. Orozco Garza (PAN), presentada en sesión de la Comisión Permanente el 4 de febrero de 2003, correspondiente a la LVIII Legislatura.
Votación: Miguel Alonso Raya (a favor), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (a favor), Marco Antonio García Ayala (a favor), Lucio Galileo Lastra Marín (a favor), Manuel Pérez Cárdenas (a favor), Pablo Anaya Rivera (a favor), Martín Carrillo Guzmán (a favor), Jaime Fernández Saracho, David Hernández Pérez (a favor), Graciela Larios Rivas (a favor), Armando Neyra Chávez, Oscar Martín Ramos Salinas, Rogelio Rodríguez Javier, Alfonso Rodríguez Ochoa (a favor), José Mario Wong Pérez, Roberto Colín Gamboa (a favor), Israel Raymundo Gallardo Sevilla, Gisela Juliana Lara Saldaña (a favor), Miguel Ángel Llera Bello (a favor), Juan Francisco Molinar Horcasitas, Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (a favor), Tomás Antonio Trueba Gracián, Francisco Javier Carrillo Soberón (a favor), Rafael García Tinajero Pérez (a favor), Agustín Rodríguez Fuentes (a favor), Rocío Sánchez Pérez (a favor), Emilio Serrano Jiménez (a favor), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (a favor), Roberto Javier Vega Galina (a favor).
8. Dictamen en sentido negativo a la iniciativa que reforma el artículo 117 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por el diputado Rubén Aguirre Ponce (PRD), el 29 de abril de 2003, correspondiente a la LVIII Legislatura.
Votación: Miguel Alonso Raya (a favor), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (a favor), Marco Antonio García Ayala (a favor), Lucio Galileo Lastra Marín (a favor), Manuel Pérez Cárdenas (a favor), Pablo Anaya Rivera (a favor), Martín Carrillo Guzmán (a favor), Jaime Fernández Saracho, David Hernández Pérez (a favor), Graciela Larios Rivas (a favor), Armando Neyra Chávez, Oscar Martín Ramos Salinas, Rogelio Rodríguez Javier, Alfonso Rodríguez Ochoa (a favor), José Mario Wong Pérez, Roberto Colín Gamboa (a favor), Israel Raymundo Gallardo Sevilla, Gisela Juliana Lara Saldaña (a favor), Miguel Ángel Llera Bello (a favor), Juan Francisco Molinar Horcasitas, Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (a favor), Tomás Antonio Trueba Gracián, Francisco Javier Carrillo Soberón (a favor), Rafael García Tinajero Pérez (a favor), Agustín Rodríguez Fuentes (a favor), Rocío Sánchez Pérez (a favor), Emilio Serrano Jiménez (a favor), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (a favor), Roberto Javier Vega Galina (a favor).
9. Dictamen en sentido negativo a la iniciativa que adiciona un Título Séptimo y un Capítulo Único a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT), en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del martes 21 de septiembre de 2004.
Votación: Miguel Alonso Raya (a favor), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (a favor), Marco Antonio García Ayala (a favor), Lucio Galileo Lastra Marín (a favor), Manuel Pérez Cárdenas (a favor), Pablo Anaya Rivera (a favor), Martín Carrillo Guzmán (a favor), Jaime Fernández Saracho, David Hernández Pérez (a favor), Graciela Larios Rivas (a favor), Armando Neyra Chávez, Oscar Martín Ramos Salinas, Rogelio Rodríguez Javier, Alfonso Rodríguez Ochoa (a favor), José Mario Wong Pérez, Roberto Colín Gamboa (a favor), Israel Raymundo Gallardo Sevilla, Gisela Juliana Lara Saldaña (a favor), Miguel Ángel Llera Bello (a favor), Juan Francisco Molinar Horcasitas, Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (a favor), Tomás Antonio Trueba Gracián, Francisco Javier Carrillo Soberón (a favor), Rafael García Tinajero Pérez (a favor), Agustín Rodríguez Fuentes (a favor), Rocío Sánchez Pérez (a favor), Emilio Serrano Jiménez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos (a favor), Roberto Javier Vega Galina (a favor).
Vigésima segunda reunión plenaria ordinaria. Junio 6, 2006.
Asistencia: Miguel Alonso Raya (PRD), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (PRI), Marco Antonio García Ayala (PRI), Manuel Pérez Cárdenas (PAN), Lucio Galileo Lastra Marín (PAN), Karina Martínez Cantú (PRI), Armando Neyra Chávez (PRI), Alfonso Rodríguez Ochoa (PRI) y Miguel Ángel Llera Bello (PAN).
Inasistencia: Jaime Fernández Saracho (PRI), Oscar Martín Ramos Salinas (PRI), Rogelio Rodríguez Javier (PRI), José Mario Wong Pérez (PRI), Roberto Colín Gamboa (PAN), Israel Raymundo Gallardo Sevilla (PAN), Gisela Juliana Lara Saldaña (PAN), Juan Francisco Molinar Horcasitas (PAN), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (PAN), Agustín Rodríguez Fuentes (PRD), Roberto Javier Vega Galina, Pablo Anaya Rivera (PRI), Martín Carrillo Guzmán (PRI), David Hernández Pérez (PRI), Francisco Javier Carrillo Soberón (PRD), Rafael García Tinajero Pérez (PRD), Rocío Sánchez Pérez (PRD), Emilio Serrano Jiménez (PRD), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT).
Inasistencia justificada: Graciela Larios Rivas (PRI), Tomás Antonio Trueba Gracián (PAN).
Acuerdos:
2. Se aprueba el dictamen, en sentido positivo, a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5 A, 27, 272, 277-A, 277-E y 277-F de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado Manuel Pérez Cárdenas (PAN) el 27 de abril de 2006.
Votación: Miguel Alonso Raya (a favor), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (a favor), Marco Antonio García Ayala (a favor), Lucio Galileo Lastra Marín (a favor), Manuel Pérez Cárdenas (a favor), Pablo Anaya Rivera, Martín Carrillo Guzmán, Jaime Fernández Saracho, Karina Martínez Cantú (a favor), David Hernández Pérez (a favor), Graciela Larios Rivas, Armando Neyra Chávez (a favor), Oscar Martín Ramos Salinas, Rogelio Rodríguez Javier (a favor), Alfonso Rodríguez Ochoa (a favor), José Mario Wong Pérez (a favor), Roberto Colín Gamboa (a favor), Israel Raymundo Gallardo Sevilla (a favor), Gisela Juliana Lara Saldaña (a favor), Miguel Ángel Llera Bello (a favor), Juan Francisco Molinar Horcasitas (a favor), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, Tomás Antonio Trueba Gracián (a favor), Francisco Javier Carrillo Soberón, Rafael García Tinajero Pérez, Agustín Rodríguez Fuentes, Rocío Sánchez Pérez, Emilio Serrano Jiménez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos (a favor).
5.3. Reuniones de trabajo con funcionarios de la administración pública federal
En el período en que se informa, se realizaron dos reuniones de trabajo con funcionarios de la administración pública federal, una con funcionarios del IMSS y otra con funcionarios del Infonavit:
Reunión de trabajo de los diputados presidentes de las Comisiones de Seguridad Social y de Fomento Cooperativo y Economía Social con funcionarios del IMSS. Abril 10, 2006.
Objetivo: Analizar la problemática que enfrentan las sociedades cooperativas de producción, en materia de afiliación y cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Resumen de la reunión: Los representantes de las sociedades cooperativas expusieron la problemática que enfrentan en materia de cotización al IMSS. En especial, destacaron la doble tributación de que son objeto, los efectos negativos que ha tenido la Ley del IMSS vigente desde julio de 1997, en comparación a la ley derogada, las características de las actividades y la periodicidad con se realizan y su distanciamiento de la normatividad vigente.
Reunión de Trabajo de diputados integrantes de la Comisión con funcionarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Mayo 2, 2006.
Objetivo: Buscar las mejores alternativas para solucionar los problemas de la unidad habitacional "Las Margaritas"en Puebla, Puebla; integrar una mesa de trabajo para tal efecto en la que participen autoridades del Infonavit, representantes de los condóminos y la diputada Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc, del Grupo Parlamentario del PAN.
Resumen de la reunión: Se propone retomar la metodología de trabajo de la mesa para atender la problemática de unidades habitacionales del Infonavit en el estado de Veracruz, por los favorables resultados que tuvo. La diputada Arabian propone integrar una agenda con los siguientes puntos: inventario de propiedades comunes; análisis y diagnóstico de esas instalaciones; y propuestas para regularizar y normalizar esos espacios. En la segunda reunión se presentaron los avances en el análisis de los regimenes de propiedad y se acordó citar a una tercera reunión para entregar este análisis y discutir, en su caso, algunas recomendaciones para abordar la problemática de las áreas comunes.
5.4. Asistencia
En cumplimiento del artículo 3, numeral 3 del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Cámara de Diputados, se informa la asistencia a las reuniones plenarias ordinarias y de comisiones unidas de la comisión, convocadas y que se llevaron a cabo en el período marzo-agosto de 2006 es la siguiente:
Estadísticamente, la asistencia promedio general a las reuniones plenarias ordinarias y de comisiones unidas de la Comisión de Seguridad Social (sin contar inasistencias justificadas) y que se llevaron a cabo fue de 44.7 por ciento.
La asistencia promedio por grupo Parlamentario en el periodo que se informa es la que se presenta en la siguiente tabla:
VI. Asuntos legislativos
6.1. Asuntos legislativos turnados a la Comisión de Seguridad Social de la LIX Legislatura, estado que guardan al cierre de agosto de 2006.
De la fecha de instalación de la Comisión de Seguridad Social el 14 de octubre de 2003 al cierre de agosto de 2006, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados le turnó 133 asuntos. Por tipo de asunto son: 1 dictamen proveniente de la LVIII Legislatura que no fue presentado al Pleno de la Cámara; 8 minutas; 56 iniciativas (una de las cuales cambio de turno por no ser materia de esta comisión, para totalizar 55 iniciativas); 24 proposiciones con punto de acuerdo; 5 excitativas; 14 acuerdos de Congresos locales, uno de los cuales cambio de turno por no ser materia de esta comisión, para totalizar 13 (2 de Chihuahua, 1 de Jalisco, 2 de Baja California Sur, 1 de Colima, 1 de Tamaulipas, 1 de Tlaxcala, 1 de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 1 de Durango, 1 de Querétaro, 1 de San Luis Potosí y 1 de Sinaloa ), y 27 informes (15 del IMSS, 5 de la Consar, 2 de la Secretaría de Salud, 1 del ISSSTE, y 4 de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a los ejercicios fiscales 2002, 2003 y 2004).
De los 27 informes turnados, 23 se remitieron para conocimiento y 4 relativos a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) 2002, 2003 y 2004, la comisión está obligada a formular opinión en materia de seguridad social a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Al respecto, se informa que la comisión emitió opinión de la CHPF 2001, informe que fue turnado a la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura.
Como se muestra en la siguiente tabla, sin considerar 23 informes remitidos sólo para conocimiento de la comisión, de un total de 110 asuntos turnados (100.0 por ciento), 49 (44.5 por ciento) fueron resueltos totalmente; 2 (1.8 por ciento) fueron resueltos pero la mesa directiva no los programó para ser sometidos al Pleno de la Cámara; 12 (10.9 por ciento) fueron resueltos en la Comisión de Seguridad Social pero quedó pendiente su trámite legislativo en otra u otras comisiones; 5 (4.5 por ciento) fueron resueltos en otra u otras comisiones pero quedó pendiente su trámite en la Comisión de Seguridad Social, y 42 (38.2 por ciento) quedaron pendientes de trámite.
De 55 iniciativas turnadas, 19 fueron presentadas por diputados del PR1; 19 por diputados del PRD; 4 por diputados PAN; 4 por diputados del PVEM; 3 por diputados de diferentes grupos parlamentarios; 2 por diputados del PT; 2 por Congresos locales (Jalisco y Zacatecas); una por Convergencia, y una por el titular del Poder Ejecutivo federal.
De 24 proposiciones con punto de acuerdo, 8 fueron presentadas por diputados del PRI; 8 por diputados del PAN; 5 por diputados del PRD; una por el PT; una por Convergencia, y una por diputados pertenecientes a distintos grupos parlamentarios.
Para un análisis más detallado de los asuntos que le fueron turnados a la Comisión de Seguridad Social y el estado que guardan al cierre de agosto de 2006, consultar el anexo de este informe.
6.2. Asuntos legislativos desahogados en el periodo marzo-agosto de 2006.
En el periodo marzo-agosto 2006, la Comisión de Seguridad Social desahogó los siguientes asuntos: 3 minutas, 17 iniciativas (dos correspondientes a la LVIII Legislatura), 4 proposiciones con punto de acuerdo, y 2 excitativas. La relación de estos asuntos y el estado que guardan es el siguiente:
6.2.1. Minutas
1. Minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 31 y Sexto Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Turno: Comisión de Seguridad Social, con opinión de las Comisiones de Defensa Nacional y de Marina, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del jueves 27 de noviembre de 2003.
Sinopsis: Propone que la integración del monto total del haber de retiro, compensación o de la pensión, sea la suma del haber de grado con que vayan a ser retirados o les hubiera correspondido en caso de retiro (fallecimiento), más el sobrehaber promedio, que corresponde a un 95 por ciento.
Es decir, el militar en situación de retiro que recibe haber de retiro y el pensionista (familiar del militar activo fallecido o del militar fallecido en situación de retiro) recibirían el mismo incremento, que se propone sea: el sobrehaber promedio de los porcentajes mínimos (60 por ciento) y máximos (130 por ciento), es decir, el 95 por ciento de incremento.
Nota: Según reforma publicada en el DOF del 9 de julio de 2003, el artículo 31 de la LISSFAM, establece que para integrar el monto del haber de retiro (jubilación en la legislación civil), se tomará como base el haber de grado (sueldo o salario en la legislación civil) con que vayan a ser retirados los militares y se adicionará a éste el 70 por ciento de dicho haber.
Asimismo, para la pensión que corresponde a los familiares de los militares que fallezcan en actos de servicio, como los que fallezcan en situación de retiro, se les incrementará un 60% al haber de grado con que hayan sido retirados.
El artículo sexto transitorio define la sustitución de la "ayuda para militares retirados" por el nuevo haber de retiro y nueva pensión establecida en el artículo 31 de la ley en mención.
Observaciones: Se recibieron las opiniones en sentido positivo de las Comisiones de Defensa Nacional y de Marina, los días 25 de marzo y 27 de abril de 2004, respectivamente.
En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el jueves 10 de noviembre de 2005, la mesa directiva remitió excitativa de la Cámara de Senadores para que se dictamine la minuta de referencia.
La junta directiva de la Comisión de Seguridad Social en su reunión celebrada el jueves 23 de febrero de 2006 determinó el dictamen en sentido negativo, aprobado por la comisión en su vigésima reunión plenaria ordinaria celebrada el 28 de febrero del mismo año.
Aprobado en votación económica el punto de acuerdo por el que se desecha la minuta, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del martes 14 de marzo de 2006. Se devuelve a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Estado actual: Resuelto.
Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Sinopsis: Propone que el incremento de la pensión garantizada por el estado, artículo 170 de la nueva Ley del Seguro Social (en los ramos de cesantía en edad avanzada, artículo 154, y de vejez, artículo 162, de la misma ley) se liquide de manera retroactiva al mes de enero del año en que se efectúe la actualización, y que dicha liquidación se prorratee durante los meses de febrero a diciembre del año de que se trate. Para lo cual, propone que el gobierno federal disponga lo necesario en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del año que corresponda, para proveer al IMSS de los recursos suficientes para realizar dichos pagos.
Observaciones: La junta directiva de la Comisión de Seguridad Social elaboró proyecto de dictamen en sentido positivo, cuya discusión y votación se acordó diferir hasta contar con las estimaciones del costo de la modificación, en reunión ordinaria de la comisión celebrada el miércoles 19 de abril de 2005. Dichas estimaciones fueron remitidas a esta Comisión de Seguridad Social por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Segob los días 30 de mayo, 5 de julio y 26 de septiembre de 2005.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público determinó el dictamen en sentido positivo, mismo que fue aprobado en su reunión celebrada el miércoles 28 de septiembre de 2005, y remitido a esta Comisión de Seguridad Social el jueves 29 del mismo mes, para su consideración. Analizado el dictamen en comento en la Comisión de Seguridad Social, en su décima octava reunión plenaria ordinaria celebrada el 12 de octubre de 2005, se acordó analizar la pertinencia de modificar el dictamen y someterlo nuevamente a consideración de la comisión en la siguiente reunión plenaria.
La Comisión de Seguridad Social, en reunión plenaria ordinaria celebrada el 12 de octubre de 2005, sometió a consideración el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, acordando remitir a los diputados integrantes dictamen alternativo de esta comisión y agendarlo en la próxima reunión ordinaria.
La Comisión de Seguridad Social, en su décima novena reunión plenaria ordinaria celebrada el 30 de noviembre de 2005, sometió a consideración un nuevo dictamen generalizando a todos los grupos de pensionados la actualización de sus pensiones de manera retroactiva al mes de enero de cada año, acordándose diferir su discusión y votación.
La junta directiva de la Comisión de Seguridad Social en su reunión celebrada el jueves 23 de febrero de 2006 determinó el dictamen en sentido negativo, aprobado por la Comisión en su vigésima reunión plenaria ordinaria celebrada el 28 de febrero del mismo año, y turnado el 3 de marzo a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social, para su consideración. La Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó el dictamen en sus términos en su reunión ordinaria del miércoles 20 de abril de 2006; el viernes 21 de abril se remitió el dictamen nuevamente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su consideración.
Estado actual: Resuelto en las Comisiones de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, quedó pendiente su trámite legislativo en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público.
Observaciones: Dictaminada en sentido positivo por las comisiones unidas el 9 de marzo de 2006.
Aprobado en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados en sesión ordinaria del jueves 16 de marzo de 2006, por 349 votos en pro, cero en contra y 3 abstenciones los artículos 14, 18 y 10 transitorio del proyecto de decreto que expide la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, modificados por la Cámara de Senadores. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 24 de abril de 2006.
Estado actual: Resuelto.
1. Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 15, 40-E, 271 y 304 de la Ley del Seguro Social.
Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Seguridad Social.
Sinopsis: Propone reducir la presión del Instituto Mexicano del Seguro Social hacia los patrones otorgando un plazo de 15 días hábiles para el pago de cuotas; prohibir embargos a ese sector por parte del instituto y reducir la multa por incumplimiento del rango de 30 a 50 por ciento.
Observaciones: El Grupo de Trabajo 1 de la Comisión de Seguridad Social determinó el dictamen en sentido negativo, aprobado por la comisión en su vigésima primera reunión plenaria ordinaria celebrada el miércoles 19 de abril de 2006, y remitido a la Comisión de Trabajo y Previsión Social que lo aprobó el 20 de abril del mismo año; remitido en la misma fecha a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para continuar con su trámite legislativo.
Aprobado en votación económica el punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el miércoles 26 de abril de 2006. Se archiva el expediente como asunto totalmente concluido.
Estado actual: Resuelto.
Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Sinopsis: Propone crear un programa seguro de desempleo para la protección de los empleados públicos.
Observaciones: La Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó el dictamen en sentido negativo en su reunión ordinaria celebrada el 16 de marzo de 2006, en la misma fecha remitió copia a la Comisión de Seguridad Social, para su consideración, que lo aprobó el miércoles 20 de abril del mismo año.
Aprobado en votación económica el punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el miércoles 26 de abril de 2006. Se archiva el expediente como asunto totalmente concluido.
Estado actual: Resuelto.
Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Sinopsis: La iniciativa tiene como objeto otorgar beneficios a patrones y demás sujetos obligados que sean omisos en el cumplimiento de cubrir cuotas al Seguro Social, considerando para este supuesto que el monto de la multa a que fueran acreedores no excederá del 40 por ciento y que además por pronto pago se reducirá otro 10 por ciento. Adicionalmente, propone descontar en un 50 por ciento el cobro de multas cuando el infractor sea un patrón de micro o pequeñas empresas. Por último, establece condiciones para que se le condonen multas al infractor.
Observaciones: El Grupo de Trabajo 2 de la Comisión de Seguridad Social determinó el dictamen en sentido negativo, que aprobado en reunión ordinaria de la comisión celebrada el martes 21 de junio de 2005, fue remitido el 23 de junio del mismo año a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su consideración. La Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó el dictamen en su reunión ordinaria celebrada el 16 de marzo de 2006.
Aprobado en votación económica el punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el jueves 30 de marzo de 2006. Se archiva el expediente como asunto totalmente concluido.
Estado actual: Resuelto.
Turno: Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Fomento Cooperativo y Economía Social.
Sinopsis: Propone restituir el régimen de aportación bipartita entre las sociedades cooperativas de producción y el estado previsto en la Ley del Seguro Social de 1973 (derogada el 30 de junio de 1997), de forma tal que las sociedades cooperativas de producción y el gobierno federal aporten, respectivamente, el 50 por ciento del total de las primas previstas para los seguros de Enfermedades y Maternidad; Invalidez y Vida; y de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.
Observaciones: Los diputados presidentes de las Comisiones de Seguridad Social y de Economía Social y Fomento Cooperativo, solicitaron reunión de trabajo con funcionarios del IMSS y con representantes de cooperativas del país para analizar con mayor detalle el contenido de la iniciativa. En la primera reunión celebrada el 29 de septiembre de 2005, se acordó establecer una mesa de trabajo cuyas reuniones se desarrollaron los días 13 y 27 de octubre de 2005.
La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social aprobó el dictamen en sentido positivo remitiéndolo a esta Comisión de Seguridad Social el 8 de diciembre de 2005 que, sometido a consideración en su reunión extraordinaria celebrada el 13 de diciembre del mismo año, acordó posponer la votación del dictamen para realizar un mayor análisis del mismo.
El 20 de abril de 2006, las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Fomento Cooperativo y Economía Social, aprobaron en dictamen en sentido positivo con modificaciones, para quedar como "dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 y 28-A; y deroga los artículos vigésimo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, y artículo noveno transitorio del decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2002", remitido a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el 26 de abril del mismo año para continuar con su trámite legislativo ante el Pleno.
Estado actual: Resuelto, quedó de primera lectura en la sesión de la Cámara de Diputados del jueves 27 de abril de 2006.
Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Sinopsis: La iniciativa propone equilibrar las primas de los seguros de Riesgos de Trabajo, e Invalidez y Vida, trasladando sus excedentes de operación al financiamiento de los Gastos Médicos a Pensionados. Adicionalmente se agrega una cuota social por pensionado, a cargo del estado, equivalente a la del Seguro de Enfermedades y Maternidad y del Seguro de Salud para la Familia.
Problemática del financiamiento de los Gastos Médicos a Pensionados (GMP). De acuerdo con las valuaciones actuariales del IMSS al 31 de diciembre de 2003, los GMP presentan un déficit a valor presente de 845 mil 445 millones de pesos de 2003, para un periodo de 50 años. Para alcanzar el equilibrio, se requeriría una cota de 4.2 por ciento sobre el salario base de cotización, en vez de la cuota actual de 1.5%. Esto lo convierte en el seguro con mayores problemas financieros del Régimen Ordinario.
Situación financiera de los otros seguros (RT e IV) y balanceo de primas. Sin embargo, las mismas valuaciones actuariales encontraron que las primas que equilibran ingresos y gastos (incluyendo costos administrativos, proporción en el financiamiento del RJP y otras prestaciones) tienen excedentes importantes: a) En el caso del Seguro de Invalidez y Vida, la prima de equilibrio es igual al 88 por ciento de la prima de ley; esto es 2.2 por ciento sobre el Salario Base de Cotización, en vez del 2.5 por ciento establecido en la Ley; b) en el caso del Seguro de Riesgos de Trabajo, de manera similar, la prima de equilibrio es igual al 83 por ciento de la prima de Ley; esto, dada la forma de cálculo de las primas que consideran la siniestralidad de las empresas, los riesgos y el costo de administración del seguro, implica pasar de una prima promedio de 1.96 por ciento sobre los salarios base de cotización a una de 1.6 por ciento; c) En ambos casos, se liberan recursos por 0.6 por ciento sobre el salario base de cotización, factibles de trasladar al financiamiento de los Gastos Médicos a Pensionados, que es el seguro que enfrenta mayor explosividad en el déficit. El traslado de este excedente, podría reducir en una tercera parte el déficit a valor presente de GMP y este año representaría más de 5 mil 500 millones de pesos a favor de GMP.
Cuota social. En 1995, con la nueva Ley del Seguro Social, se introdujo una cuota fija a cargo del Estado, por trabajador (en el Seguro de Enfermedades y Maternidad) o por familia (en el Seguro de Salud para la Familia) como parte del compromiso del Estado en la salud de los trabajadores y muestra de los principios de solidaridad y redistribución del sistema. Sin embargo, esta cuota no se contempló en el financiamiento de los Gastos Médicos a Pensionados: Dicha cuota, conocida como cuota social, representaría a) una aportación diaria del Estado por pensionado, igual al 13.9 por ciento del salario mínimo vigente en el DF, el 1º de julio de 1997, que se ha venido actualizando con la inflación (INPC). Actualmente dicha cuota sería igual a 6 pesos con 85 centavos, diarios por pensionado, y b) esta medida reduciría en un tercio el déficit estimado para GMP en el periodo de estimación a 50 años y en 2005 sería cercana a los 5 mil 800 millones de pesos.
Efectos esperados. En resumen y tomando como referencia las cifras de cierre de 2003 y 2004, estas reformas significarían más de 10 mil millones de pesos en ambos años, a favor del financiamiento de GMP. Para 2005, sería cercana a los 11 mil 300 millones de pesos:
Con esta sola medida se compensaría el déficit proyectado en estos años para GMP, haciendo posible la acumulación de reservas durante 25 años y retrasando los saldos deficitarios del seguro hasta después del año 2040.
Se reducirían en dos tercios los pasivos de GMP a valor presente.
No implicarían un desfinanciamiento de los seguros de RT e IV, dado que continuarían acumulando reservas, aunque a ritmos menores.
Observaciones: La junta directiva de la Comisión de Seguridad Social en su reunión del martes 18 de abril de 2006 determinó el dictamen en sentido positivo con modificaciones para quedar como "dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 y adiciona un párrafo al artículo 277-E de la Ley del Seguro Social", aprobado por la Comisión en su vigésima primera reunión plenaria ordinaria celebrada el miércoles 19 de abril de 2006, y remitido a la Comisión de Trabajo y Previsión Social lo aprobó el 20 de abril del mismo año, turnado en la misma fecha a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para continuar con su trámite legislativo.
Aprobado en la Cámara de Diputados con 337 votos en pro y 2 abstenciones, el miércoles 26 de abril de 2006. Turnado a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.
Estado actual: Resuelto.
Turno: Comisión de Seguridad Social.
Sinopsis: Propone otorgar la protección social por desempleo, misma que se refiere a la protección gubernamental de los individuos que han perdido ingresos por la imposibilidad de obtener un empleo conveniente.
Observaciones: El Grupo de Trabajo 2 de la Comisión de Seguridad Social determinó el dictamen en sentido negativo, aprobado por la comisión en su vigésima primera reunión plenaria ordinaria celebrada el martes 19 de abril 2006, y remitido en la misma fecha a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para continuar con su trámite legislativo.
Aprobado en votación económica el punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el martes 25 de abril de 2006. Se archiva el expediente como asunto totalmente concluido.
Estado actual: Resuelto.
Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Sinopsis: Propone que el Fovissste sea deudor solidario de los trabajadores que reciban créditos financiados con recursos distintos o cofinanciados entre el fondo, bancos, sociedades hipotecarias o particulares. Propone que todos los trabajadores tengan derecho a recibir del Fovissste, cada seis meses, un estado de cuenta desglosado a partir del momento en que reciban un crédito.
Observaciones: El Grupo de Trabajo 2 de la Comisión de Seguridad Social determinó el dictamen en sentido parcialmente positivo con modificaciones, aprobado por la comisión en su vigésima primera reunión plenaria ordinaria celebrada el miércoles 19 de abril de 2006, y remitido a la Comisión de Trabajo y Previsión Social que lo aprobó el 20 de abril del mismo año; remitido en la misma fecha a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para continuar con su trámite legislativo.
Aprobado en la Cámara de Diputados con 333 votos en pro y 1 abstención, el miércoles 26 de abril de 2006. Turnado a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.
Estado actual: Resuelto.
Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, Seguridad Social y Vivienda.
Sinopsis: Tiene por objeto establecer que los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción II del artículo 42 devenguen intereses sobre el saldo insoluto de los mismos, a una tasa del seis por ciento anual.
Observaciones: El Grupo de Trabajo 2 de la Comisión de Seguridad Social determinó el dictamen en sentido negativo, que, por acuerdo de la junta directiva de la comisión, en su reunión celebrada el 18 de abril del 2006, determinó mantenerlo pendiente hasta en tanto la Comisión de Vivienda emita el sentido de su dictamen.
Estado actual: Pendiente.
Nota: El expediente contiene proyecto de dictamen en sentido negativo de la Comisión de Seguridad Social.
Turno: Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.
Sinopsis: Tiene por objeto: a) que los hijos solteros del trabajador o del pensionista y los hijos del pensionista discapacitado, mayores de 18 años hasta los 25 años de edad, obtengan su derecho a los servicios médicos -en el primer caso- y a la pensión -en el segundo caso- comprobando únicamente que realizan estudios, suprimiendo el requisito vigente de comprobación de estudios "en planteles de nivel medio y superior oficiales o reconocidos y que no tengan trabajo remunerado"; b) adecuación para que los servicios médicos que el ISSSTE proporcione indirectamente sea "a través de centros de salud públicos y privados"; c) prolongar hasta la edad de 18 años el derecho a servicios de ginecología, ayuda de lactancia y canastilla de maternidad a las hijas solteras que dependen económicamente del trabajador o pensionista; d) actualizar la denominación de diversas secretarías de Estado; e) disminuir de 11 a 10 el número de miembros integrantes de la junta directiva del instituto, suprimiendo un miembro representante del Ejecutivo federal.
Nota: Por una parte, la actualización de las denominaciones de las secretarías de Estado está contemplado en el artículo quinto transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como en el artículo tercero transitorio de 1992 de la Ley del ISSSTE y, por otra parte, el artículo 5 del Estatuto Orgánico del ISSSTE, reformado el 27 de mayo de 1994, actualiza la denominación de las secretarías de Estado que participan con un miembro en la junta directiva del ISSSTE compuesta por 11 miembros.
Observaciones: El Grupo de Trabajo 1 de la Comisión de Seguridad Social determinó el dictamen en sentido negativo, aprobado por la Comisión en su vigésima primera reunión plenaria ordinaria celebrada el miércoles 19 de abril de 2006, y remitido a la Comisión de Trabajo y Previsión Social que lo aprobó el 20 de abril del mismo año; remitido en la misma fecha a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para continuar con su trámite legislativo.
Aprobado en votación económica el punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el miércoles 26 de abril de 2006. Se archiva el expediente como asunto totalmente concluido.
Estado actual: Resuelto.
Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Sinopsis: El propósito de la iniciativa es modificar la Ley del Seguro Social, porque imposibilita legalmente a las autoridades a observar las leyes a cabalidad debido a que la existencia de enunciados legislativos contradictorios lo que propicia el indebido ejercicio de la función pública.
Observaciones: El Grupo de Trabajo 1 de la Comisión de Seguridad Social determinó el dictamen en sentido negativo, aprobado por la comisión en su vigésima primera reunión plenaria ordinaria celebrada el miércoles 19 de abril de 2006, y remitido a la Comisión de Trabajo y Previsión Social que lo aprobó el 20 de abril del mismo año; remitido en la misma fecha a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para continuar con su trámite legislativo.
Aprobado en votación económica el punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el miércoles 26 de abril de 2006. Se archiva el expediente como asunto totalmente concluido.
Estado actual: Resuelto.
Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Sinopsis: La iniciativa tiene por objeto, que: a) la cuantía de las pensiones se aumenten anualmente en la misma fecha en que se aumentan a los trabajadores en activo, b) se otorgue a los jubilados y pensionados una gratificación anual según la cuota diaria de su pensión, c) se les otorgue el derecho a percibir las prestaciones en dinero que les sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo y, d) se aumente el monto de las cotizaciones para la jubilación hasta por una cantidad que no rebase los 25 días de salario mínimo general.
Observaciones: La junta directiva de la Comisión de Seguridad Social en su reunión celebrada el jueves 23 de febrero de 2006 determinó el dictamen en sentido negativo, aprobado por la comisión en su vigésima reunión plenaria ordinaria celebrada el 28 de febrero del mismo año, y remitido el 3 de marzo a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social, para su consideración. La Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó el dictamen en sus términos en su reunión ordinaria celebrada el 20 de abril de 2006, y remitido en la misma fecha a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su consideración.
Estado actual: Resuelto en las Comisiones de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, quedó pendiente su trámite legislativo en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Turno: Comisión de Seguridad Social.
Sinopsis: Propone suprimir la obligación para el trabajador asegurado de interponer recurso de inconformidad cuando no estuviere conforme con la calificación que del accidente o enfermedad haga el IMSS de manera definitiva.
Observaciones: La junta directiva de la comisión en su reunión celebrada el jueves 23 de febrero de 2006 determinó el dictamen en sentido positivo, aprobado por la comisión en su vigésima reunión plenaria ordinaria celebrada el 28 de febrero del mismo año.
Aprobado en lo general y en lo particular por 330 votos en pro, cero en contra y 4 abstenciones, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del martes 14 de marzo de 2006. Turnado a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
Estado actual: Resuelto.
Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.
Sinopsis: Propone reformar el artículo 151 de la LSS, para otorgar efectivamente los derechos consagrados en la seguridad social, al garantizar, entre otros, el derecho a la salud, la protección de los medios de subsistencia, y el otorgamiento de una pensión por Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. La adición permitirá que a los asegurados que hayan cumplido los requisitos de edad (65 años) y cotizaciones establecidos en la Ley del Seguro Social para acceder a una pensión, no se les exija volver a cotizar en caso de haber dejado de pertenecer al régimen obligatorio, pues resulta un requisito casi imposible para una persona adulta mayor el reincorporarse al mercado laboral formal.
Observaciones: La Comisión de Trabajo y Previsión Social determinó el dictamen en sentido positivo con modificaciones, para quedar como "dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federal el 21 de diciembre de 1995" aprobado en su reunión celebrada el jueves 20 de abril de 2006; la Comisión de Seguridad Social lo aprobó en la misma fecha.
Aprobado en la Cámara de Diputados con 331 votos en pro y 2 abstenciones, el miércoles 26 de abril de 2006. Turnado a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.
Estado actual: Resuelto.
Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social, y de Hacienda y Crédito Público.
Sinopsis: La iniciativa propone actualizar los nombres del marco jurídico vigente, así como establecer acciones que mejoren la operación del Instituto Mexicano del Seguro Social respecto a la celebración de contratos de obras públicas adquisiciones, arrendamientos y servicios.
Observaciones: La junta directiva de la Comisión de Seguridad Social, en reunión celebrada el 9 de mayo de 2006, determinó el dictamen en sentido positivo, aprobado en la vigésima segunda reunión ordinaria de la Comisión celebrada el 6 de junio de 2006.
Estado actual: Resuelto en la Comisión de Seguridad Social, quedó pendiente su trámite legislativo en las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público.
Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Sinopsis: Para que los créditos otorgados por el Infonavit en el periodo 30 de julio de 1987 al 24 de febrero de 1992, se consideren denominados en pesos en los términos de la ley vigente en ese momento.
Observaciones: El Grupo de Trabajo 1 de la Comisión de Seguridad Social de la LIX Legislatura determinó dictamen en sentido negativo, mismo que fue rechazado en reunión ordinaria de la comisión celebrada el martes 1º de marzo de 2005, acordando regresarlo al Grupo de Trabajo 1 para su reelaboración en sentido positivo e instalar una mesa de trabajo entre los diputados integrantes del grupo, diputados integrantes de la junta directiva de la comisión, funcionarios del Infonavit y acreditados del estado de Veracruz representados por el diputado Pablo Anaya Rivera (PRI).
Se llevaron a cabo 6 reuniones de trabajo los días 31 de marzo, 6 y 19 de abril, 3 de mayo, 14 de junio y 13 de julio de 2005.
El Instituto presentó un programa de apoyo y solución a la cartera clocada entre el 31 de julio de 1987 y el 24 de febrero de 1992 en algunos conjuntos habitacionales del estado de Veracruz, que precisó:
Los grupos identificados para separar su tratamiento.
Los mecanismos de tratamiento en cada caso.
Se presentó el análisis del valor de la
vivienda en relación al valor del crédito.
Se presentaron los grupos de trato específico
que se considerarían.
Se acordó realizar visitas a localidades del estado de Veracruz para dar atención directa a la temática de reestructuración de créditos y avanzar hacia la posibilidad de concretar acuerdos y la posible firma de los convenios resultantes.
El 13 de julio se realiza una reunión entre la Comisión de Seguridad Social, autoridades del Infonavit y representantes de los acreditados para conocer los avances del programa.
El 25 de octubre de 2005, los representantes de los acreditados, en oficio dirigido a la presidencia de esta comisión, comunican su decisión de rechazar la propuesta del instituto por considerarla poco realista y no estar apegada a derecho.
El 21 de noviembre de 2005, el Infonavit envía a esta Comisión el oficio número SGAC/098/2005, que contiene el informe final y 6 anexos, en los que se detalla la propuesta presentada por el instituto frente a la problemática referida y los avances alcanzados, mismo que se actualizó el 9 de mayo de 2006 en el oficio SGJ/034/2006.
Resultados alcanzados: Se dio atención a las demandas presentadas por la Alianza Estatal para la Defensa de los Derechohabientes del Infonavit CISEV Pensionados y Jubilados, AC.
Se realizaron cuatro reuniones de trabajo con los representantes de los conjuntos habitacionales.
Se estableció una reestructura del crédito especial para esos grupos, sin violentar preceptos legales y con ofertas realistas de solución, en condiciones de alto beneficio para el acreditado.
Se visitaron los municipios de Poza Rica, Cosoleacaque, Coatzacoalcos y Veracruz, para presentar de manera directa la propuesta de apoyo.
La mecánica de apoyo identificó dos grupos: los créditos formalizados en pesos (monetario) y administrados en veces salario mínimo (VSM); y los créditos formalizados en VSM y administrados en VSM. Asimismo, se contemplaron mecanismos de atención especializada y servicio de apoyo para grupos vulnerables.
Del total de casos registrados (582), al 9 de mayo se habían atendido 211 casos, destacando el caso de Poza Rica, donde se reestructuraron 178 de los 204 casos registrados. En el caso de la zona centro, Veracruz, se redujo el requerimiento de atención a 38 casos, 14 de los cuáles ya habían firmado el convenio. Mientras que en la zona sur, Cosoleacaque y Coatzacoalcos, se reporta que han seguido una estrategia de confrontación, aunque 19 de los 195 agremiados decidieron acogerse al programa de apoyo.
El martes 25 de abril de 2006, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social aprobaron el dictamen en sentido positivo, para quedar como "dictamen con proyecto de decreto que adiciona un artículo sexto transitorio al decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997"; dictamen remitido en la misma fecha a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo.
Estado actual: Resuelto en las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, quedó de primera lectura en la sesión de la Cámara de Diputados del jueves 27 de abril de 2006.
Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y Seguridad Social.
Observaciones: La Comisión de Trabajo y Previsión Social correspondiente a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, elaboró proyecto de dictamen en sentido negativo quien lo aprobó en reunión celebrada el 16 de marzo de 2006. Aprobado por la Comisión de Seguridad Social en su reunión ordinaria celebrada el miércoles 19 de abril de 2006.
Aprobado en votación económica el punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el miércoles 26 de abril de 2006. Se archiva el expediente como asunto totalmente concluido.
Estado actual: Resuelto.
Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y Seguridad Social.
Observaciones: La Comisión de Trabajo y Previsión Social correspondiente a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, elaboró proyecto de dictamen en sentido negativo quien lo aprobó en reunión celebrada el 16 de marzo de 2006. Aprobado por la Comisión de Seguridad Social en su reunión ordinaria celebrada el miércoles 19 de abril de 2006.
Aprobado en votación económica el punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el miércoles 26 de abril de 2006. Se archiva el expediente como asunto totalmente concluido.
Estado actual: Resuelto.
En razón de lo anterior, la Junta Directiva de la Comisión acordó solicitar opinión jurídica y financiera al IMSS sobre la iniciativa, misma que fue recibida. El jueves 4 de marzo de 2004, la junta directiva celebró reunión de trabajo con funcionarios de las direcciones de Finanzas y Jurídica del IMSS, para analizar las opiniones del Instituto respecto de la iniciativa. En reunión del jueves 18 de marzo de 2004, la junta directiva, acordó presentar ante el pleno de la comisión dictamen en sentido positivo. En reunión plenaria extraordinaria de la Comisión, celebrada el jueves 29 de abril de 2004, se acordó diferir su discusión y votación.
No obstante lo anterior, en acuerdo con el IMSS se logró que el consejo técnico del instituto, en su sesión celebrada el día 26 de abril de 2006, aprobara el acuerdo 178/2006 con el cual se autoriza durante el año 2006 los costos de las erogaciones derivadas de la asistencia obstétrica de las beneficiarias hijas menores de 16 años de edad, por un monto de 105.8 millones de pesos.
6.2.3 Proposiciones con punto de acuerdo
1. Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) respete los derechos humanos tanto de sus agremiados como de los derechohabientes de la institución.
Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Proposición: Primero. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social a que se abstenga de tomar represalias contra sus agremiados que decidieron trabajar el pasado primero de septiembre, respetando en todo momento sus derechos humanos. Segundo. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social a que cuando ejerza su derecho de expresión y manifestación no afecte el derecho de los derechohabientes del Instituto a recibir los servicios de salud de manera responsable, completa y segura.
Observaciones: El Grupo de Trabajo 3 de la Comisión de Seguridad Social determinó el dictamen en sentido negativo, que aprobado en reunión ordinaria de la Comisión celebrada el martes 21 de junio de 2005, fue remitido el 23 de junio del mismo año a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su consideración. La Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó el dictamen en su reunión ordinaria celebrada el 16 de marzo de 2006.
Aprobado en votación económica el punto de acuerdo por el que se desecha la proposición, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el martes 28 de marzo 2006.
Estado actual: Resuelto.
Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Proposición: Artículo Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que instruya al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, que le den prioridad al incremento del número de guarderías en las ciudades fronterizas del estado de Tamaulipas, conforme a la demanda del servicio en la región. Asimismo, que realicen las acciones de supervisión en todas las guarderías de dicha entidad en las que el instituto otorgue los servicios, a fin de que se cumplan cabalmente todas las normas de seguridad y calidad del servicio.
Observaciones: El Grupo de Trabajo 2 de la Comisión de Seguridad Social determinó el dictamen en sentido positivo, que aprobado en reunión ordinaria de la Comisión celebrada el martes 21 de junio de 2005, fue remitido el 23 de junio del mismo año a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su consideración. La Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó el dictamen en su reunión ordinaria celebrada el 16 de marzo de 2006.
Acuerdo: Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instruya al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a priorizar el incremento del número de guarderías en las ciudades fronterizas del estado de Tamaulipas, conforme a la demanda del servicio en la región, y para que fortalezca las acciones de supervisión en las guarderías de dicha entidad que presten el servicio a los derechohabientes del Seguro Social conforme a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, a fin de que se cumplan cabalmente todas las normas de seguridad y calidad en el servicio.
Aprobado en votación económica en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el jueves 30 de marzo de 2006.
Estado actual: Resuelto.
Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Observaciones: La junta directiva de la Comisión de Seguridad Social en su reunión celebrada el jueves 23 de febrero de 2006 determinó el dictamen en sentido positivo, aprobado por la comisión en su vigésima reunión plenaria ordinaria celebrada el 28 de febrero del mismo año, remitido el 3 de marzo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que lo aprobó el 20 de abril de 2006.
Aprobado en votación económica en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el martes 25 de abril de 2006.
Estado actual: Resuelto.
Turno: Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
Proposición: Primero. Que esta soberanía exhorte al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social a que se garantice que las unidades médicas bajo su responsabilidad, eleven su esmero, atención y profesionalismo y ética en el cuidado de sus derechohabientes. Segundo. Se exhorta al director regional del IMSS, doctor César Niebla Beltrán para que proporcione una explicación médica a la ciudadana Claudia Beltrán Cabanillas del trato clínico recibido. Tercero. Se proceda conforme a derecho contra los responsables de los lamentables hechos padecidos por la Sra. Claudia Beltrán Cabanillas y así evitar que otros pacientes transiten por la misma situación.
Observaciones: La junta directiva de la comisión en su reunión celebrada el jueves 23 de febrero de 2006 determinó el dictamen en sentido negativo, aprobado por la comisión en su vigésima reunión plenaria ordinaria celebrada el 28 de febrero del mismo año, y propuso que la mesa directiva gire un oficio al director general del IMSS, licenciado Fernando Flores, solicitándole que informe sobre el asunto planteado en la proposición.
Aprobado el punto de acuerdo por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el martes 28 de marzo 2006.
Estado actual: Resuelto.
1. Punto de acuerdo de la Cámara de Senadores por el que solicita se dictamine la minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 31 y sexto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Observaciones: En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del martes 14 de marzo de 2006, se aprobó en votación económica el punto de acuerdo por el que se desechó la minuta. Se archiva el expediente como asunto totalmente concluido.
Estado actual: Resuelto.
Turno: Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Estado actual: Resuelto.
A la Comisión de Seguridad Social le fueron remitidos 11 acuerdos de Congresos locales en los que se manifiestan en torno a una posible de reforma a la Ley del ISSSTE, particularmente, a su sistema de pensiones y jubilaciones. Dada la importancia del tema en la agenda nacional y en la vida de millones de trabajadores afiliados y derechohabientes del instituto, en este apartado damos cuenta de estos acuerdos y el estado que guardan al cierre de este informe:
1. Acuerdo del honorable Congreso del estado de Chihuahua, por el que se solicita al H. Congreso de la Unión, a no privatizar el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.
Turno: Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Acuerdo número 475/02 I.P.O. del Congreso del estado de Chihuahua, de fecha 20 de diciembre de 2002, mediante al cual se solicita al honorable Congreso de la Unión, a no privatizar el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.
Resolutivo: Mediante oficio de fecha 26 de enero de 2004 remitido al diputado Juan de Dios Castro Lozano, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, las Comisiones a las que fue turnado dicho asunto solicitaron informar al honorable Congreso del estado de Chihuahua, que después del análisis de los temas pendientes en el honorable Congreso de la Unión, no se tuvo conocimiento de iniciativa o minuta que tengan como fin reformar, adicionar o modificar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y que con ello se vulnere los derechos de seguridad social de los trabajadores. Dando por concluido el presente trámite.
Observaciones: Sobre este acuerdo, los diputados Omar Bazán Flores, Jesús Aguilar Bueno y Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del PRI, presentaron proposición con punto de acuerdo, con relación al punto de acuerdo de la Sexagésima Legislatura del Congreso del estado de Chihuahua, en torno a las posibles reformas a la ley del ISSSTE, que actualmente promueve el Ejecutivo federal, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el martes 30 de noviembre de 2004, turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Estado actual: Resuelto.
Turno: Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para su conocimiento.
Resolutivo: Mediante oficio de fecha 25 de mayo de 2005, remitido al diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, la Comisión de Seguridad Social solicitó informar al honorable Congreso del estado de Baja California Sur, primero, que después del análisis de los temas pendientes en el H. Congreso de la Unión, no se tuvo conocimiento de iniciativa o instrumento legislativo que tenga por objeto hacer modificaciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en consecuencia, en esta comisión no existe asunto en trámite al respecto; segundo, que en los programas anuales de la Comisión, las consideraciones y preocupaciones del Congreso del estado de Baja California Sur, están contempladas en los lineamientos que dirigen sus trabajos, y que todos los diputados integrantes de ella se comprometimos a observar.
Estado actual: Resuelto en la Comisión de Seguridad Social.
Turno: Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para su conocimiento.
Acuerdo: Primero. Solicitar, de manera respetuosa, al H. Congreso de la Unión, en especial a la Cámara de Senadores, que en el análisis del proyecto de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada en el Senado de la República el día 15 de diciembre del año próximo pasado, se consulte a los derechohabientes, sobre todo, convocando a participar a los diversos representantes de los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado. Segundo. Asimismo, solidarizarse con las legítimas demandas que en ese sentido han planteado los trabajadores que al servicio del Estado se encuentran jubilados y organizados en sus respectivos sindicatos.
Estado actual: Pendiente.
Acuerdo: Mediante el cual se gira una atenta exhortación al gobierno federal con pleno respeto a su marco de acción y competencia a efecto de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado mantenga su régimen de seguridad social con carácter solidario y colectivo, particularmente en el régimen de pensiones y jubilaciones, así como continúe en la búsqueda del consenso para dignificar los servicios y prestaciones a los derechohabientes del propio Instituto incluidos los jubilados y pensionados.
Artículo Primero. Se gira una atenta exhortación al gobierno federal a efecto de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al servicio del Estado mantenga su régimen jurídico y continúe con el estado actual de la seguridad social con carácter solidario y colectivo, particularmente en lo que se refiere al régimen de pensiones y jubilaciones, rechazando enérgicamente el sistema de cuentas individuales y buscando en el consenso con todos los actores involucrados los acuerdos de largo plazo que permitan a los trabajadores del Estado que cotizan para este instituto proveer por la jubilación los medios para un retiro en condiciones dignas con equidad y justicia social, a los pensionados y jubilados mejorarles gradualmente sus percepciones y a los derechohabientes los servicios y prestaciones de calidad que requieren. Artículo Segundo. Comuníquese al gobierno federal el presente punto de acuerdo por conducto de la Secretaría de Gobernación, a efecto de que sea canalizado, ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al servicio del Estado, para los efectos precisados en el presente acuerdo. Artículo Tercero. Hágase del conocimiento del honorable Congreso de la Unión por conducto de las Comisiones de Gobernación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Seguridad Social, así como a las legislaturas locales el presente punto de acuerdo.
Estado actual: Pendiente.
Turno: Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para su conocimiento.
Acuerdo: Primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción III, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los diputados integrantes de esta LVIII Legislatura local, nos permitimos exhortar al honorable Congreso de la Unión, para que previo análisis, discusión y antes de realizar la aprobación de una reforma que lesione los derechos de los trabajadores al servicio del Estado, reconsidere la responsabilidad solidaria de la clase trabajadora y del gobierno federal, para que el rescate del ISSSTE se haga sin omitir lo establecido en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo señalado en el artículo 177 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes; y al mismo tiempo buscar un mecanismo más eficiente que no vulnere o lesione los derechos de los 2.6 millones de trabajadores adheridos a ese sistema, evitando así el descontento social generalizado del sector dependiente de ese instituto. Segundo.- Los diputados integrantes de esta LVIII Legislatura local, exhortan a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que se sirvan pronunciar en el mismo sentido al presente acuerdo.
Estado actual: Pendiente.
Turno: Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para su conocimiento.
Acuerdo: Único. Se hace un atento exhorto al Presidente Vicente Fox Quesada, a los integrantes de las Cámaras de Diputados y de Senadores de la República y se rechace la iniciativa presentada por el senador Joel Ayala Almeida, que pretende modificar la Ley del ISSSTE; se cumpla con lo dispuesto en el artículo 123 constitucional y se dé cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 177 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Estado actual: Pendiente.
Turno: Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para su conocimiento.
Acuerdo: En sesión ordinaria del 27 de febrero de 2006, el honorable Congreso del Estado, aprobó el punto de acuerdo económico consistente en el siguiente resolutivo: Primero. La XI Legislatura al Congreso del estado de Baja California Sur, se manifiesta en contra de la reforma o creación de otra Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y solicita al Congreso de la Unión el rechazo de la misma. Segundo. La XI Legislatura al Congreso del estado de Baja California Sur, pide a las legislaturas estatales del país el respaldo a la solicitud hecha en el artículo anterior. Tercero. La XI Legislatura al Congreso del estado de Baja California Sur, ordena al oficial mayor de este poder legislativo, enviar el presente acuerdo al honorable Congreso de la Unión y a las legislaturas estatales con todo el cuerpo de la presente iniciativa.
Estado actual: Pendiente.
Turno: Comisión de Seguridad Social, para su conocimiento.
Sinopsis de los acuerdos:
Congreso del estado de Querétaro. "Único. Manifiesta su desacuerdo con la iniciativa de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, propuesta por el senador Joel Ayala Almeida, por considerar que afecta a los trabajadores".
Congreso del estado de Durango. "Único.- Se exhorte de manera respetuosa a las Cámara de Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión, para una vez iniciado el proceso de dictaminación de la reforma a la Ley del ISSSTE, se tomen en cuenta de manera amplia e incluyente a través de sus representantes sindicales las opiniones de los trabajadores al servicio del Estado y demás actores involucrados, a fin de alcanzar de manera consensada una reforma integral al sistema de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado y lograr que en dicha reforma se preserve el carácter social y solidario del ISSSTE y no se vean afectadas las prestaciones y derechos adquiridos por éstos".
Congreso del estado de San Luis Potosí. "?esta soberanía se pronuncia porque el honorable Congreso de la Unión, estudie y valore legislar en materia de seguridad social, particularmente, en lo que se refiere al régimen de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, con programas financiados con los presupuestos del estado y con carácter gratuito."
Estado actual: Pendientes.
Turno: Comisión de Seguridad Social.
Acuerdo: Primero. La LVIII Legislatura del Congreso del estado de Sinaloa eleva atento exhorto a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, mediante las comisiones parlamentarias relacionadas con la materia se implementen los mecanismos que tengan como objetivo verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y hacer factible el mayor beneficio para los trabajadores de la educación.
Estado actual: Pendiente.
En este apartado, dada su relevancia, destacamos las acciones relacionadas con 4 temas que abordó detalladamente la comisión y que se mantienen como expedientes abiertos, así como el relativo al acuerdo de la Cámara de Diputados para constituir un grupo de trabajo en relación con la mina Pasta de Conchos:
7.1. Problemática relacionada con retiros indebidos de cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores afiliados al ISSSTE (SAR-ISSSTE 92)
Antecedentes: Trabajadores de diversas dependencias en los estados de Coahuila y Durango presentaron documentación apócrifa (concesiones de pensión) antes los bancos para retirar recursos del SAR sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley del ISSSTE, estimulados por presuntos gestores que recibían a cambio una comisión por un supuesto servicio.
Tratamientos y avances: Esta situación fue denunciada por la presidencia de la Comisión de Seguridad Social y se solicitó a la Consar y al ISSSTE se informara al respecto, mediante oficio del 2 de diciembre de 2004.
Se recibieron respuestas a esta solicitud el 16 de diciembre de 2004, 6, 12, 13, 14 y 25 de enero, 16, 17 y 18 de febrero, 3 de marzo, 19 de mayo, 16 y 28 de junio y 3 de julio de 2005, así como un informe actualizado al 15 de mayo de 2006.
Para tratar esta problemática diputados integrantes de esta comisión sostuvieron dos reuniones con funcionarios del ISSSTE y de la Consar, los días 30 de marzo y 26 de octubre de 2005.
La Consar y el ISSSTE tomaron medidas en el sentido de fortalecer la normatividad en materia de retiros, dando por primera vez al ISSSTE la facultad de validar todas las solicitudes de retiro presentadas por los trabajadores ante la banca antes de efectuarse los retiros (reglas generales publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 28 de marzo de 2005).
De diciembre de 2004 a abril de 2005 se han revisado y validado 57 mil 763 solicitudes de retiro de recursos del SAR, resultando apócrifas 1 mil 476 de éstas.
Se encuentra operando un nuevo formato de concesión de pensión que contiene 10 medidas o elementos de seguridad para evitar su falsificación.
Se presentaron las denuncias correspondientes ante las delegaciones de la Procuraduría General de la República en los estados de Coahuila y Durango. Dichas averiguaciones previas se encuentran en integración e investigación, a efecto de que dicha institución ejercite acción penal ante el juez penal en turno.
7.2. Problemática de trabajadores acreditados del Infonavit en el estado de Veracruz.
Antecedentes: Con fecha 3 de diciembre de 2002, el diputado Eduardo Andrade Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo transitorio a la Ley del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, para que los créditos otorgados por éste en el periodo del 30 de julio de 1987 al 24 de febrero de 1992, se consideren denominados en pesos.
Con fecha 27 de marzo del año 2003, el diputado Adolfo Zamora Cruz del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó punto de acuerdo para derogar del artículo 29 fracción II de la Ley del Infonavit.
Ambos asuntos se incluyeron como prioridades del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación a los asuntos que quedaron pendientes de dictaminación por la comisión en la LVIII Legislatura.
El 1º de marzo de 2005, el pleno de la comisión desechó un proyecto de dictamen en sentido negativo a ambos asuntos y acordó realizar reuniones de trabajo con autoridades del Infonavit y representantes de los acreditados del estado de Veracruz, a fin de encontrar una vía de solución.
Tratamiento y avances: La primera reunión de trabajo se realizó el 31 de marzo de 2005, acordando que el instituto presentaría una propuesta para conocer la problemática que se enfrenta.
La segunda reunión se realizó el 6 de abril de 2005, alcanzando los siguientes acuerdos:
El instituto presentaría el análisis del valor de la vivienda en relación al valor del crédito.
El instituto presentaría propuesta de apoyos e iniciaría la regularización de los acreditados, siempre que se aceptara la propuesta. 20 por ciento al 29 de abril y 80 por ciento restante al 31 de mayo.
El instituto presentaría un plan de atención a aclaraciones para acreditados el 23 de mayo de 2005.
El instituto integraría una propuesta para los casos presentados por el diputado Pablo Anaya Rivera.
El 13 de julio de 2005, el instituto presentó un programa de apoyo y solución a la cartera clocada entre el 31 de julio de 1987 y el 24 de febrero de 1992 en algunos conjuntos habitacionales del estado de Veracruz, que precisó:
Se presentó el análisis del valor de la
vivienda en relación al valor del crédito.
Se presentaron los grupos de trato específico
que se considerarían.
El 13 de julio se realiza una reunión entre la Comisión de Seguridad Social, autoridades del Infonavit y representantes de los acreditados para conocer los avances del programa.
El 25 de octubre de 2005, los representantes de los acreditados, en oficio dirigido a la presidencia de esta comisión, comunican su decisión de rechazar la propuesta del Instituto por considerarla por realista y no estar apegada a derecho.
El 21 de noviembre de 2005, el Infonavit envía a esta Comisión el oficio número SGAC/098/2005, que contiene el informe final y 6 anexos, en los que se detalla la propuesta presentada por el instituto frente a la problemática referida y los avances alcanzados, mismo que se actualizó el 9 de mayo de 2006 en el oficio SGJ/034/2006.
Resultados alcanzados: Se dio atención a las demandas presentadas por la Alianza Estatal para la Defensa de los Derechohabientes del Infonavit CISEV Pensionados y Jubilados, AC.
Se estableció una reestructura del crédito especial para esos grupos, sin violentar preceptos legales y con ofertas realistas de solución, en condiciones de alto beneficio para el acreditado.
Se visitaron los municipios de Poza Rica, Cosoleacaque, Coatzacoalcos y Veracruz, para presentar de manera directa la propuesta de apoyo.
La mecánica de apoyo identificó dos grupos: los créditos formalizados en pesos (monetario) y administrados en veces salario mínimo (VSM); y los créditos formalizados en VSM y administrados en VSM. Asimismo, se contemplaron mecanismos de atención especializada y servicio de apoyo para grupos vulnerables.
Del total de casos registrados (582), al 9 de mayo se habían atendido 211 casos, destacando el caso de Poza Rica, donde se reestructuraron 178 de los 204 casos registrados. En el caso de la zona centro, Veracruz, se redujo el requerimiento de atención a 38 casos, 14 de los cuáles ya habían firmado el convenio. Mientras que en la zona sur, Cosoleacaque y Coatzacoalcos, se reporta que han seguido una estrategia de confrontación, aunque 19 de los 195 agremiados decidieron acogerse al programa de apoyo.
Antecedentes: Con fecha 14 de julio de 2004, el diputado Germán Martínez Cázares presentó a nombre de la diputada Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc (PAN), la proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al director del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores para que informe sobre la efectividad de la Ley del Infonavit en el conjunto habitacional "La Margarita" en Puebla, Puebla, y en general sobre los conjuntos habitacionales del país.
El punto de acuerdo propone crear una subcomisión especial de la Comisión de Seguridad Social para atender y dar solución a la problemática que viven diversos conjuntos habitacionales financiados por el Infonavit, particularmente el de La Margarita, en la ciudad de Puebla, Puebla.
Sobre el particular, la diputada promovente expone que entre los problemas referidos por los habitantes de dicha unidad, destacan que la administración de los locales comerciales comunes al conjunto es ajena a propietarios y vecinos; que hay construcciones privadas y enmallado en áreas comunes y de donación; y que hay venta a particulares de áreas del conjunto habitacional.
Con fecha 13 de septiembre de 2005, la diputada Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc (PAN) presentó proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del director general del Infonavit ante Comisiones Unidas de Vivienda y Seguridad Social para que informe el estado que guardan los conjuntos habitacionales que se construyeron con la llamada Línea 1.
Tratamiento y avances: En reunión de trabajo celebrada el martes 22 de noviembre de 2005, la mesa directiva de la Comisión de Seguridad Social acordó instalar una mesa de trabajo para atender las proposiciones antes planteadas, con base en el procedimiento seguido para la problemática de Veracruz, dados los buenos resultados que se alcanzaron. En dicha mesa participarían integrantes de la Comisión de Seguridad Social, la diputada promovente, representantes de los habitantes y autoridades del Infonavit. Dicho acuerdo fue ratificado por el pleno de la comisión en su reunión del 30 de noviembre de 2005.
El 6 de diciembre de 2005 se instaló la mesa de trabajo correspondiente, teniendo como resultado los siguientes acuerdos:
Propuestas de la diputada Arabian para iniciar el diagnóstico del problema: hacer un inventario de las propiedades comunes; hacer un análisis y diagnóstico de esas instalaciones; y realizar propuestas para regularizar y normalizar esos espacios.
El 13 de diciembre de 2005 se realizaría la siguiente reunión.
El 26 de enero de 2006 se realizó la segunda reunión de trabajo, en la que se presentaron los avances del diagnóstico elaborado por el Infonavit, con el auxilio del licenciado José Daniel Labardini Schettino, notario público número 86 del Distrito Federal.
El 9 de mayo de 2006, el subdirector general del Infonavit hizo llegar a la presidencia de la comisión el memorandum con el dictamen jurídico sobre la unidad habitacional La Margarita, de la ciudad de Puebla, Puebla, elaborado por el notario público.
7.4. Créditos cofinanciados Fovissste-Banca
Antecedentes: Con la intención de incrementar el número de acciones de crédito a favor de los derechohabientes del ISSSTE, a través de su fondo de vivienda, el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (Fovi) y la Asociación Mexicana de Bancos firmaron el 27 de agosto de 1990 un convenio para establecer un mecanismo de concertación para el desarrollo de programas de vivienda de interés social en beneficio de los trabajadores al servicio del Estado.
Como consecuencia de las crisis financiares que sufrió la economía nacional en los últimos años, los saldos de los créditos cofinanciados se incrementaron sustancialmente.
A diciembre de 2005, la cartera de créditos del programa de cofinanciamiento ascendía a 57 mil 661 acreditados con un saldo insoluto con valor de 4 mil 273 millones de pesos. Cabe señalar que pese a que el monto inicial prestado por los bancos fue de 2 mil millones de pesos, a la fecha se han pagado 6 mil 503 millones de pesos quedando por pagar el saldo insoluto mencionado.
Desde 1995, Fovissste vio como una alternativa adquirir a la banca comercial la parte de los créditos cofinanciados pero esto no se había realizado por la falta de un techo presupuestal para llevar a cabo la operación y por lo dispuesto en la Ley del ISSSTE que en su artículo 174 establecía que las aportaciones para vivienda eran consideradas patrimonio del instituto.
De concretarse la compra de cartera, el ISSSTE dejaría de pagar a las instituciones financieras 2 mil 488 millones de pesos.
El 29 de noviembre del mismo año, los diputados Miguel Alonso Raya (PRD), Concepción Castañeda Ortiz (PRI), Manuel Pérez Cárdenas y Lucio Galileo Lastra Marín (PAN), presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones I, III y IV del artículo 174 de la Ley del ISSSTE. La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados el 1 de diciembre de 2005 y remitida al Senado de la República, que a su vez lo devolvió con modificaciones el 10 de diciembre; aceptadas las modificaciones por el pleno el 14 del mismo mes, el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2006.
De acuerdo a un informe presentado por el ISSSTE a esta comisión el 30 de junio de 2006, el instituto ha llevado a cabo diversas reuniones de trabajo con las instituciones financieras cofinanciantes, a fin de negociar el precio de la compra de cartera considerando la posibilidad de quitas. Se espera con el término de estas negociaciones beneficiar a 1 mil 800 familias mediante un programa institucional que beneficie a los más de 57 mil trabajadores acreditados.
7.5. Grupo de Trabajo para conocer las condiciones laborales, de seguridad e higiene de la mina Pasta de Conchos, municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila
El 28 de febrero de 2006, la Junta de Coordinación Política presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se crea un grupo de trabajo de diputadas y diputados integrantes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social para conocer las condiciones laborales y de seguridad e higiene de la mina de carbón Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, proposición que fue aprobada por mayoría, con el siguiente encargo en concreto:
Segundo. El grupo de trabajo estará integrado por diez legisladores de los distintos grupos parlamentarios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. El grupo de trabajo presentará un informe, así como las recomendaciones que se desprendan de aquél, al pleno de esta honorable Cámara de Diputados.
En el informe de la comisión publicado en la Gaceta Parlamentaria del 13 de julio de 2006, se presentaron las siguientes conclusiones y recomendaciones:
Después de un análisis minucioso de la información recabada por este grupo de trabajo, así como de la información proporcionada por diferentes instancias del gobierno federal y de la propia empresa concesionaria de la mina unidad Pasta de Conchos, los diputados integrantes de este grupo de trabajo presentamos a esta soberanía las siguientes conclusiones:
2. En razón de lo anterior, tampoco se está en posibilidad de efectuar el deslinde de responsabilidades correspondiente.
Informe publicado: Gaceta Parlamentaria, año IX, número 2049, jueves 13 de julio de 2006.
VIII. Eventos
Se informa que la Comisión de Seguridad Social participó en la convocatoria del foro "La seguridad social en México: evaluación y desafíos a una década de la reforma de pensiones", organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, realizado el martes 14 de marzo de 2006 en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.
IX. Publicaciones
En el mes de agosto de 2006 se concluyeron los trabajos de edición, corrección y cuidado de la edición, diseño tipográfico, elaboración de cuadros de texto, cuadros alfanuméricos, gráficas, esquemas y mapas, diagramación y formación, impresión, acabados y encajados de 5 mil ejemplares del libro de la Comisión de Seguridad Social titulado Sistemas estatales de pensiones, así como la producción y grabación del disco compacto interactivo titulado Sistemas estatales de pensiones / Legislación e información estadística. El libro compila las ponencias y trabajos presentados en el foro nacional "Sistemas de seguridad social en los estados: problemática de los regímenes de pensiones", realizado en coordinación con el ISSSTEZAC y con el apoyo del gobierno del estado de Zacatecas, los días 28 y 29 de julio de 2005 en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas.
El libro fue presentado por los diputados integrantes de la junta directiva de la comisión en conferencia de prensa el lunes 21 de agosto de 2006 en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.
X. Gestoría
Como parte de las labores de representación, esta comisión atiende asuntos y solicitudes presentadas de forma individual y colectiva, cuando fundadamente se presume una desatención por parte de la autoridad a los derechos contemplados en la legislación de seguridad social.
De esa forma, la comisión se ha encargado de atender y asesorar a los solicitantes que lo han pedido, sin importar su filiación política o ideológica, así como dar seguimiento a los asuntos tramitados ante las instituciones públicas de salud y de seguridad social.
10.1. Gestiones individuales
Durante el periodo marzo al cierre de julio de 2006, por conducto de la oficina de la presidencia de la Comisión de Seguridad Social, se tramitaron y se les dio seguimiento a 183 solicitudes de gestión de carácter individual ante diversas instituciones.
Como se muestra en la tabla siguiente, 80 gestiones se tramitaron ante el IMSS; 56 ante el ISSSTE; 32 ante la Secretaría de Salud; una ante la Consar; 5 fueron solicitudes de asesoría a la Comisión de Seguridad Social, y 11 ante otras instituciones (Pemex, Juzgado No. 13 del Distrito Federal; Red de Transporte Público del DF, Junta Especial de Conciliación y Arbitraje No. 8 del DF, Gobierno del Distrito Federal, y Laboratorio Marck, SA de CV)
De las 80 gestiones solicitadas al IMSS, 41 procedieron, 6 no procedieron y 33 siguen en trámite. De las 56 gestiones ante el ISSSTE, 35 procedieron, 2 no procedieron y 19 se encuentran en trámite. En el caso de la Secretaría de Salud, de las 32 gestiones realizadas, 20 procedieron y 12 se encuentran en trámite. La gestión ante la Consar se encuentra en trámite, y del total de 11 gestiones ante otras instituciones, 3 procedieron, 4 no procedieron y 4 se encuentran en trámite.
10.2. Gestiones colectivas
Durante el periodo marzo al cierre de julio de 2006, se atendieron 16 gestiones presentadas por diversas organizaciones sociales: 2 se gestionaron ante el IMSS; 2 ante el ISSSTE; 9 solicitudes de asesoría a esta Comisión, una ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, una ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y una ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Las organizaciones atendidas son las siguientes: Asociación de Empleados Pensionados y Jubilados del Banco de Crédito Rural (1); Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados "3 de Julio", AC (1); Alianza Estatal para la Defensa de los Derechohabientes del Infonavit, estado de Veracruz (1); Trabajadores de la Clínica de Gineco-Obstetricia No. 4 del IMSS (1); Académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro (1); Coalición de Asociación de Jubilados y Pensionados del ISSSTE (2); Liga Mexicana de Béisbol (1); Liga Mexicana del Pacífico (1); Unión de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, Acapulco, Guerrero (1); Unión Regional de Trabajadores Pensionados y Jubilados del IMSS, Matamoros, Tamaulipas (1); Federación Regional de Jubilados, Viudas y Pensionados, AC, Valle de Orizaba, Veracruz (1); Trabajadores de la Industria Textil (1); Unión de Pensionados, Viudas y ex Trabajadores de la Industria Papelera, AC, Ixtaczoquitlán, Veracruz (1); Jubilados y Pensionados de diversas dependencias del ISSSTE (1), y Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (1).
XI. Transparencia
Durante la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, la Comisión de Seguridad Social mantuvo la decisión de informar puntualmente a los ciudadanos de su trabajo legislativo. El ejercicio transparente de su trabajo se asumió no sólo por acatamiento de la ley, sino también por la convicción de que el ejercicio de un cargo de elección popular obliga a informar puntualmente a los ciudadanos del desempeño de la responsabilidad conferida.
Es por eso que una de las primeras decisiones de esta Presidencia fue diseñar un sitio web de la comisión e integrar ahí toda la información relativa a los trabajos de la misma.
Así, la primera información colocada en la página fue la relación, con fotografía personal, de las diputadas y los diputados integrantes de la comisión, así como el marco jurídico que faculta las actividades de este órgano legislativo.
Se incluyeron los programas anuales de actividades, los informes semestrales de actividades de la comisión, y la relación de asuntos turnados por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a esta comisión (dictámenes, minutas, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, excitativas, informes de las dependencias de la Administración Pública Federal del ramo, memorial de particulares, contestación a puntos de acuerdo y otros) y el estado de cada uno de ellos; así como las opiniones que por ley está obligada la comisión emitir respecto de los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y los relativos a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Se integraron también los acuerdos emanados de la reuniones ordinarias y extraordinarias del pleno de la comisión; las versiones estenográficas de las comparecencias y reuniones de trabajo sostenidas con titulares y funcionarios de las distintas dependencias relacionadas con las actividades de la comisión, como el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM, el Infonavit, y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Consar.
Asimismo se incluyeron en el sitio web de la comisión los comunicados y las entrevistas del diputado presidente, Miguel Alonso Raya; los estudios y propuestas emanadas de la comisión, así como una galería fotográfica de algunos eventos.
Para integrar en la discusión de los temas de nuestra competencia a los sectores directamente involucrados, se crearon en la página de Internet espacios dedicados a la problemática de los sistemas de pensiones; las reformas a la Ley del Seguro Social, y al debate en torno a la propuesta del gobierno federal para reformar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Particularmente destaca el espacio dedicado a la discusión de las reformas a la Ley del Seguro Social, al que se integró la iniciativa, el dictamen y el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que reforma y adiciona los artículos 277-D y 286-K de la Ley del Seguro Social, así como la información en la que se sustentó la discusión.
Se abrió un espacio denominado "Reformas a la Ley del ISSSTE: El debate", que compiló la iniciativa con proyecto de decreto de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por el senador Joel Ayala Almeida el 15 de diciembre de 2005 en el Senado de la República; así como las opiniones y propuestas que sobre esta iniciativa han presentado los distintos actores interesados en el tema como los Congresos locales y diversas organizaciones sindicales y sociales, complementadas con un seguimiento periodístico del tema.
Otro aspecto relevante fue la difusión de la información que se presentó en la reunión de trabajo que el pleno de la Comisión sostuvo en Ixtapan de la Sal, estado de México, los días 24 y 25 de agosto de 2004, con los titulares del IMSS, del ISSSTE, funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y gobernadores de los estados de Nuevo León, estado de México y Guanajuato de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), a fin de analizar la situación que viven los principales institutos de seguridad social en México.
Otro aspecto informativo relevante fue la discusión en torno a los Presupuestos de Egresos de la Federación 2004, 2005 y 2006, particularmente, en los temas relacionados con los recursos asignados a la seguridad social: al IMSS, ISSSTE, ISSFAM, al Ramo 19 Aportaciones a la Seguridad Social, al Programa IMSS Oportunidades, y las propuestas de crear un fondo de apoyo extraordinario a universidades públicas y a los sistemas estatales de pensiones para apoyar el fortalecimiento de sus sistemas de pensiones y jubilaciones.
También se dieron a conocer puntualmente las opiniones de la Comisión de Seguridad Social sobre los informes de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal ejercicios 2001, 2002 y 2003.
De igual manera se promovieron los informes de trabajo que de acuerdo con la ley los titulares de las dependencias del ramo remitieron a la Cámara de Diputados, así como distintos análisis que el área de asesoría de la comisión elaboró de cada uno de los documentos y la postura del Pleno de la Comisión.
Para reforzar los trabajos de difusión y editorial que llevó a cabo la comisión, se difundieron en la página electrónica las memorias del "Seminario Internacional sobre Sistemas de Pensiones: Desafíos y Oportunidades", realizado los días 28 y 29 de noviembre de 2003, en el que participaron especialistas nacionales e internacionales para discutir el tema y del cual se derivó el libro titulado Sistemas de pensiones: desafíos y oportunidades. Se dispuso para estos mismos fines de consulta y reproducción otro libro de la Comisión titulado Actualidad y futuro de los sistemas de pensiones, que compila las ponencias del evento de la comisión con motivo de la presentación del libro arriba citado, que tuvo lugar en el Museo de Antropología de la Ciudad de México el 20 de abril de 2006.
Por último, cabe mencionar que se difundieron las conferencias magistrales y ponencias que se presentaron en el Foro "Sistemas de seguridad social en los estados: problemática de los regímenes de pensiones", organizado por la comisión los días 28 al 29 de julio de 2005 en la ciudad de Zacatecas, al que asistieron directores de los institutos y/o direcciones estatales de seguridad social y representantes de sindicatos estatales de trabajadores, a fin de analizar los problemas que enfrentan y conocer la experiencias de los sistemas reformados. Al respecto, se informa que con el cierre del presente informe, se deja en los inventarios de la comisión ejemplares del libro que compila los materiales de este foro bajo el titulo Sistemas estatales de pensiones, que incluye un disco compacto interactivo que contiene un anexo legislativo y estadístico titulado Sistemas estatales de pensiones/ legislación e información estadística.
Mesa Directiva de la Comisión de Seguridad Social
Diputado Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica)
Presidente
Diputada Concepción O. Castañeda Ortiz (rúbrica)
Secretaria
Diputado Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica)
Secretario
Diputado Marco Antonio García Ayala (rúbrica)
Secretario
Diputado Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica)
Secretario
Abreviaturas
Afore: Administradora de Fondos para el Retiro.
Amafore: Asociación Mexicana de Administradoras
de Fondos para el Retiro.
ANIESS: Asociación Nacional de Instituciones Estatales
de Seguridad Social, AC.
Banxico: Banco de México.
CIESS: Centro Interamericano de Estudios de la Seguridad
Social.
CHPF: Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Consar: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro.
CSS: Comisión de Seguridad Social de la Cámara
de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión.
Fovissste: Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.
Indetec: Instituto para el Desarrollo Técnico
de las Haciendas Públicas.
Infonavit: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores.
INPC: Índice Nacional de Precios al Consumidor.
ISSFAM: Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas Mexicanas.
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado.
Issstezac: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del estado de Zacatecas.
LSS 97: Ley del Seguro Social en vigor a partir del 1
de julio de 1997.
PAFEF: Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas.
PPEF: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
RCV: Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada
y vejez, comprendido en el régimen obligatorio de la Ley del Seguro
Social en vigor a partir del 1 de julio de 1997.
SAR-IMSS 92: Sistema de Ahorro para el Retiro de los
trabajadores afiliados al IMSS, en vigor hasta el 30 de junio de 1992.
SAR-ISSSTE 92: Sistema de Ahorro para el Retiro de los
trabajadores afiliados al ISSSTE, en vigor a partir del 27 de marzo de
1992.
SBC: Salario base de cotización, previsto por
la Ley del Seguro Social.
SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Segob: Secretaría de Gobernación.
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
Siefore: Sociedad de Inversión Especializada de
Fondos para el Retiro.
SMGDF: Salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal.
SNTE: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
SNTSS: Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro
Social.
STPS: Secretaría de Trabajo y Previsión
Social.
Anexo: Relación de asuntos turnados y estado que guardan a agosto 2006.