• De la Secretaría General, a los diputados propietarios electos a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, a recibir la credencial de identificación y acceso al salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro para la sesión constitutiva.

• De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, final de actividades.

 
• De la Comisión Especial de Ganadería, final de actividades, correspondiente a la LIX Legislatura.

 
• De la Comisión Especial para la Reforma del Estado, final de actividades.

 
• De la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de actividades durante la LIX Legislatura.

• De la Comisión de la Función Pública, a la clausura y entrega de reconocimientos del diplomado Gestión integral de la función pública en México: profesionalización y transparencia, que se efectuarán el jueves 24 de agosto.

Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 1, inciso b), del artículo 14 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la

Secretaría General

CONVOCA

A los diputados propietarios electos para integrar la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a recibir la credencial de identificación y acceso al Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, para la Sesión Constitutiva y a realizar los registros parlamentarios legales, conforme al siguiente procedimiento y calendario:

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de agosto de 2006.

Atentamente
Guillermo Haro Bélchez (rúbrica)
Secretario General.
 
 

Memoria de la labor legislativa de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social durante la LIX Legislatura del Congreso de la Unión

Presentación

En el presente documento se exponen las principales actividades legislativas desarrolladas por la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social (CFCyES) durante la LIX Legislatura del Congreso de la Unión (2003-2006), actividades que se inscriben como parte de un proyecto legislativo que procuró reinvidicar y hacer valer la naturaleza eminentemente social de las cooperativas y la imperiosa necesidad que existe, en la coyuntura actual, de que el Estado mexicano, sin vulnerar la autonomía de gestión de las sociedades cooperativas, se comprometa verdaderamente en su impulso y promoción, otorgándoles un papel destacado en el proceso de desarrollo económico y social de nuestro país.

Para su presentación, el documento se ha organizado en cinco apartados en los que se aborda la siguiente temática. En el primer apartado, se presenta un bosquejo general de la evolución histórica de la legislación cooperativa en México, desde sus primeras manifestaciones en el último cuarto del siglo pasado hasta la época actual, tomando como eje de análisis los cambios ocurridos tanto en la definición de la naturaleza jurídica de las sociedades cooperativas como en el patrón dominante del sistema de relaciones Estado-Sociedades cooperativas, tratando de confirmar, de este modo, la tesis de la involución jurídica en México, la cual ha ido desde una posición de reconocimiento implícito de la naturaleza social de las cooperativas y del compromiso real del Estado en su promoción, si bien matizado con intereses de control y subordinación política, hasta una posición de franca mercantilización de las cooperativas y de total abandono del estado en su responsabilidad de promoción y apoyo.

Lo anterior, permite establecer el contexto jurídico, económico, político y social en el que la CFCyES de la LIX Legislatura inicio sus trabajos, sirviendo de marco de referencia para la definición de la misión y los objetivos estratégicos que guiaron la labor legislativa de la Comisión a lo largo de esta legislatura, todo lo cual se aborda en el segundo apartado de esta memoria.

Los resultados concretos, en términos de iniciativas legislativas elaboradas y promovidas se expone en el tercer apartado, en tanto que el cuarto apartado presenta algunas de las actividades colaterales desarrolladas por la Comisión en áreas relativas a la difusión de la cultura cooperativa, de la asesoría técnica y de la vinculación con el movimiento cooperativo organizado a nivel nacional e internacional.

El quinto y último apartado contiene un balance general del trabajo legislativo realizado y expone algunos de los retos y oportunidades que tendrá la próxima Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, así como algunas tareas que quedan pendientes de desahogar.

Finalmente, se incluyen nueve anexos en los que se presenta de manera sintetizada, parte de la información y las actividades referidas en el presente documento.

I. Antecedentes de la legislación cooperativa en México y contexto en que inicia actividades la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión

Como es sabido, la primer cooperativa mexicana fue fundada en 1873 entre el gremio de sastres de la Ciudad de México. A partir de ese momento, diversos sectores sociales empezaron a reconocer las virtudes del cooperativismo y a participar activamente promoviendo la creación de diferentes sociedades cooperativas. Todo este impulso social determinaría que el propio gobierno federal, en tiempos de la dictadura de don Porfirio Díaz, se convenciera de la necesidad de otorgar reconocimiento jurídico al cooperativismo, debatiéndose ampliamente acerca de la naturaleza jurídica de la sociedad cooperativa y resolviendo, el legislador, finalmente, incluir un capítulo referente a ellas en el Código de Comercio de 1889, siendo el primer ordenamiento jurídico que, de manera expresa, hizo referencia a este tipo de entidades asociativas como parte de las diferentes sociedades mercantiles con reconocimiento jurídico en el país.

Aquella resolución del Legislador, se explica, en parte, debido a la debilidad y falta de integración del sector cooperativo mexicano, así como producto de la falta de experiencia legislativa en la materia, por lo que atendiendo a un criterio estrictamente pragmático e instrumental, la decisión más lógica y sencilla consistió en catalogarlas como una modalidad más de sociedad mercantil.

De esta manera, se consumó lo que diferentes ideólogos del movimiento cooperativo mexicano, especialmente el licenciado Antonio Salinas Puente, denominan "El pecado original" de la legislación cooperativa mexicana, pecado original que después de 166 años no ha sido posible "conjurar" a pesar de la larga lucha histórica del movimiento cooperativo mexicano en pro de su reconocimiento como empresa social, cuyos momentos más decisivos describiremos a continuación.

Entre los principales avances en esta vertiente, podemos destacar, en primer lugar, un decreto aprobado en 1913 por la Cámara de Diputados del estado de Jalisco, mediante el cual se reglamentaba el funcionamiento de las cajas populares de ahorro y préstamo, creadas al estilo del modelo alemán Raiffeisen en diversos estados del occidente de México.

En segundo lugar, debe destacarse que en el Congreso Constituyente de 1917, el Legislador no olvidó a las cooperativas, haciendo mención de ellas en los artículos 28 y 123 de la Constitución General de la República, aún vigentes y que en términos generales establecen que no constituyen monopolios las sociedades cooperativas de productores que, en defensa de sus intereses, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan y que serán consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores en plazos determinados, respectivamente.

Finalmente en 1932, el Congreso del estado de Yucatán, haciendo caso omiso a las disposiciones del Código de Comercio y atendiendo al carácter social de las cooperativas emitió la Ley de Sociedades Cooperativas civiles para dicho estado.

En este mismo orden de ideas, conviene hacer referencia a otro hecho histórico que se desarrolló de manera simultánea a los anteriores relatos y que tiene que ver con la emisión de la primer Ley General de Sociedades Cooperativas en 1927. Dicho acontecimiento ocurrió después de un viaje por Europa, en el que el presidente de la República, general Plutarco Elías Calles, pudo constatar el éxito de las cooperativas de consumo en Inglaterra, el de las cooperativas de producción en Francia y el de las cooperativas de ahorro y crédito de Alemania; a su regreso a México, decidió enviar un proyecto de Ley de Sociedades Cooperativas al Congreso de la Unión, el cual fue aprobado por unanimidad. Con ello el Movimiento Cooperativo Mexicano al fin, tuvo su primera ley. Sin embargo, dicha ley al derivarse del Código de Comercio vigente en esos años, tuvo un defecto doble, en primer lugar, representó una especie de copia de la legislación europea y, en segundo lugar, impuso un tratamiento cuasi mercantil a las sociedades cooperativas.

El marcado contenido y orientación mercantil de la Ley de Cooperativas de 1927, provocó un gran malestar al seno del movimiento cooperativo mexicano, generándose diversas expresiones de protesta e inquietud, entre las que puede destacarse la celebración en 1929, de un Congreso Nacional de Cooperativas en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, el cual contó con la presencia del presidente de la República, Emilio Portes Gil. Cabe destacar que entre los resolutivos de dicho Congreso se incluyó la solicitud de derogación de la Ley de 1927, para ser sustituida por otra más ortodoxa que no se contrapusiera a los principios universales del cooperativismo y reivindicara la naturaleza social de las cooperativas.

Atendiendo a la petición mencionada, el presidente de la República en turno (general Abelardo L. Rodríguez) reconociendo que el Congreso de la Unión carecía de facultades para legislar directamente en materia de cooperativas, sin apelar para ello a su adscripción al Código de Comercio, pidió facultades extraordinarias al Congreso de la Unión para dictar una nueva Ley de Cooperativas, las cuales le fueron concedidas el 6 de enero de 1933, con objeto de poder expedir la Ley General de Sociedades Cooperativas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1933, corrigiendo muchos de los defectos que -por haber sido la primera en su tipo-, presentaba la de 1927.

No obstante lo anterior, al año siguiente, al expedirse la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), cuyo artículo transitorio cuarto derogó el Título Segundo del Libro Segundo del Código de Comercio de 1889, las sociedades cooperativas quedaron comprendidas en las siguientes disposiciones: "Artículo 1°.- Esta Ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles...VI. Sociedades Cooperativas"; y "Artículo 212. Las sociedades cooperativas se regirán por su legislación especial".

Como puede apreciarse, esta última disposición (artículo 212 de la LGSM), supondría que la cooperativa, sin dejar de ser una modalidad de sociedad mercantil tendría una ley especial, hecho que fue interpretado de diversas maneras, para algunos se trataba de un reconocimiento tácito en el sentido de que, como parte de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las Sociedades Cooperativas, sólo cabían enunciativamente y que, por consiguiente, era preciso darles un tratamiento especial mediante el cual se procuraría abundar en su definición como empresas sociales, en tanto que para otros, la necesidad de elaborar una ley especial de cooperativas sería interpretada como una especie de mandato para otorgarle a la Ley de Cooperativas un carácter meramente reglamentario, teniendo como telón de fondo las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, lo cual generó y ha generado a la fecha una gran incertidumbre en torno a la verdadera naturaleza jurídica de las cooperativas.

Durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas (1934-1940), como parte de la política de masas del gobierno federal, se crearon gran número de cooperativas de consumo y de producción tanto en el medio rural como en las ciudades más importantes, convirtiéndose el cooperativismo, por primera vez en la historia, en un fenómeno económico y social con verdadera influencia macroeconómica, razón por la cual en 1938, se dictó una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas que anuló a la anterior. Esta nueva ley, otorgó a la sociedad cooperativa un sentido eminentemente clasista, siendo reconocida como una forma de organización social propia de individuos de la clase trabajadora. Al mismo tiempo, consagró la tutela del Estado sobre el cooperativismo como una forma de garantizar su desarrollo y expansión a lo largo y ancho del territorio nacional. En este contexto, el espejismo del intervencionismo estatal, acompañado de un discurso nacionalista y de acciones de gobierno típicamente populistas, llevaron a dejar en un segundo plano, la vieja pugna entre el mercantilismo a ultranza y la defensa del carácter social de las cooperativas en relación a la definición de la naturaleza jurídica de las sociedades cooperativas que había marcado el debate a lo largo de la década de los años veinte y principios de los treinta.

Sin embargo, a diferencia del enorme impulso experimentado durante el régimen Cardenista, durante las décadas de los cuarenta, cincuenta y sesenta, el desarrollo del cooperativismo dejó de ser estimulado por el Estado y sólo volvió a cobrar nuevo auge durante el mandato presidencial de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), sexenio durante el cual el cooperativismo volvió a ser fomentado por el gobierno federal como parte de la estrategia del Estado neopopulista, destinado a refuncionalizar determinados factores de la producción y como un mecanismo de control y mediatización de los movimientos populares.

Durante los años ochentas, ya en pleno viraje hacia el modelo neoliberal basado en el libre mercado, la apertura comercial indiscriminada, la desregulación estatal y la creciente privatización de la economía, de nuevo se abandonó a su suerte al movimiento cooperativo, si bien, en ciertas circunstancias se le siguió utilizando como fuerza social en apoyo al sistema de partido de Estado, siendo en el marco de este nuevo paradigma neoliberal y en el ocaso del sistema autoritario de "partido casi único" en el que se inscribe la promulgación de la cuarta Ley General de Sociedades Cooperativas expedida el 2 de agosto de 1994.

Pero a pesar de lo avasallador o apabullante que ha sido la imposición del modelo neoliberal en todas las esferas de la vida social, económica y política del país, un hecho que no podemos pasar por alto es que en febrero de 1983, como parte del componente social, no autoritario, del antiguo régimen político, se produjo la reforma del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciéndose de manera inequívoca que la economía nacional se sustenta en la participación de tres tipos de empresas claramente diferenciadas y delimitadas, adscritas a los sectores público, privado y social. Este último conformado, entre otras figuras asociativas, por: "ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria y exclusivamente a los trabajadores y en general, todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios" y cuya finalidad consiste en satisfacer las necesidades comunes de sus asociados.

Por su parte, las empresas del sector privado se entienden formadas por inversionistas individuales que colocan sus recursos en diversas actividades económicas con el objeto de obtener una ganancia legítima, como contrapartida por el riesgo que supone invertir capital en un mercado abierto y competitivo.

A su vez, las empresas del sector público se reconocen como propiedad de la nación, normalmente concentradas en sectores económicos estratégicos y cuya actividad empresarial se enfoca a promover el bien común y a mantener el equilibrio económico general.

En términos generales, puede afirmarse que desde el punto de vista jurídico, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 constitucional anteriormente comentado, la diferencia sustancial entre una empresa del sector público y una empresa del sector social está suficientemente delimitada o clarificada y no requeriría, por tanto, mayores precisiones.

Cosa distinta sucede, al momento de intentar esclarecer las diferencias de naturaleza y fines, entre las empresas del sector privado y las empresas del sector social. En la práctica, se ha venido imponiendo un proceso de mercantilización o desnaturalización de las empresas sociales, desconociendo sus fines solidarios y distributivos de la riqueza en contraposición a la naturaleza mercantil de la empresa privada típica o sociedad anónima por acciones, concentrada en la obtención de la mayor rentabilidad posible de sus inversiones, motivo por el cual el debate relativo a la definición de la naturaleza jurídica de las cooperativas se mantiene en la actualidad, constituyendo uno de los temas que generan mayor polarización al seno del movimiento cooperativo organizado de nuestro país, debido a las consecuencias prácticas que se derivan del predominio de una u otra concepción.

Retomando la exposición de la evolución histórica de la legislación cooperativa en México, un capítulo especial corresponde a la lucha que han desplegado las cooperativas de ahorro y préstamo en pro de una ley auténticamente cooperativista que les dé amparo jurídico y reconozca sus invaluables aportaciones en el combate a la pobreza extrema que aflige a importantes segmentos de la sociedad mexicana.

En este marco, aunque hoy en día pudiera parecer absolutamente inverosímil, lo cierto es que producto, principalmente, de los prejuicios de la política paternalista otrora dominante en las altas esferas del poder político de nuestro país, se estimó que las actividades financieras únicamente podrían ser desempeñadas con eficiencia y transparencia por las empresas de los sectores público y privado. Las entidades asociativas del sector social de la economía eran catalogadas como menores de edad y por ello el Estado emanado de la Revolución se echó a cuestas la enorme responsabilidad de tutelarlas y de guiarlas por un sendero que garantizara su crecimiento y consolidación empresarial.

Atendiendo a esta lógica, la Ley General de Sociedades Cooperativas de 1938 prohibió la constitución legal de sociedades cooperativas dedicadas a prestar el servicio de ahorro y préstamo entre sus socios.

Esta absurda restricción provocó que nuestro país se rezagara varias décadas en materia de legislación cooperativa y en particular en lo relativo a la regulación de las actividades de los organismos financieros con vocación social.

Sin embargo, años más tarde, la corrupción, al corroer hasta la médula al sistema estatal de banca de desarrollo, por un lado y el afán desmedido de especulación al alejar definitivamente a las instituciones financieras privadas de los sectores sociales con menores recursos económicos, por el otro, dejaron libre el terreno para que, a partir de la necesidad de contar con oportunidades de financiamiento acordes a las capacidades de pago de la población asentada en las zonas rurales y semiurbanas del país, se ensayarán, al margen de toda legislación, diversos mecanismos de ahorro y préstamo basados en la ayuda mutua, entre los cuales el esfuerzo de las Cajas Populares, creadas en 1951, ocupa un lugar destacado.

De este modo transcurrieron cuarenta años en los que a contracorriente el movimiento de las Cajas Populares se desarrolló y extendió por toda la geografía nacional.

El escaso interés que la autoridad había manifestado, hasta finales de los años ochenta, por regular el funcionamiento de la Cajas Populares, hizo pensar a muchos que esta situación se mantendría siempre igual, por ello cuando en 1991 dio inicio formalmente la discusión para la reforma de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LOAAC) para, como lo expresaba en su exposición de motivos, dar cobertura legal a las Cajas Populares, la perplejidad y la falta de perspectivas claras se apoderó del movimiento. Muy pronto resultó evidente que el movimiento no estaba preparado para enfrentar esta ofensiva. No solamente carecía de un proyecto legislativo propio, sino que fue incapaz de consensar una posición única frente a la reforma legislativa en ciernes, produciéndose el rompimiento de su unidad orgánica y la imposición de una figura jurídica de carácter mercantil: la Sociedad de Ahorro y Préstamo (SAP).

Sin embargo, el carácter altamente restrictivo de la nueva regulación generó que la inmensa mayoría de las cooperativas de ahorro y préstamo del país no pudieran cumplir con los requisitos de registro, por lo cual, a pesar de la existencia de más de 200 solicitudes de registro, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público únicamente otorgó 20 autorizaciones, provocándose una gran malestar y confusión al interior del movimiento cajista de ahorro y préstamo del país.

En esas circunstancias de incertidumbre jurídica se hallaban las cajas populares cuando, de manera inesperada, se produjo la reforma de la Ley General de Sociedades Cooperativas en 1994, reforma que estableció la posibilidad de que las cooperativas pudieran dedicarse a cualquier actividad económica lícita, incluida la prestación del servicio de ahorro y préstamo, dejando en manos de las autoridades financieras la responsabilidad de elaborar y emitir las reglas administrativas a las que deberían sujetar sus operaciones financieras.

Empero, si bien la reforma de la Ley General de Sociedades Cooperativas establecía el marco de referencia para que se avanzara en la definición del marco regulatorio específico de las nuevas cooperativas de ahorro y préstamo, al no acatar la autoridad financiera, la obligación legal de emitir las reglas operativas correspondientes; en la practica, la figura de Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo (SCAP) quedó muy endeble desde el punto de vista jurídico, circunstancia que, fue aprovechada por empresarios privados para simular la figura de cooperativa de ahorro y préstamo, lo cual les permitió amasar grandes fortunas, cometer diversos ilícitos, incluido fraude y deteriorar la imagen pública del sector cooperativo de ahorro y préstamo en general.

En estas condiciones, justo después de 10 años de vigencia de la Ley que dio origen a las SAP´s y cuando esta figura asociativa estaba sumida en una profunda crisis de carácter irreversible, las autoridades financieras concluían, el 30 de abril de 2001, un fugaz proceso que dio origen a la denominada Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP), una ley cuyo espíritu y características principales resultaban tan coincidentes con la ley de SAP´s, que bien podría afirmarse que se trataba de un segundo intento, más amplio y agresivo, de imposición de un orden jurídico contrario a los intereses sectoriales de las cooperativas de ahorro y préstamo.

De este modo, el 4 de junio de 2001, fue promulgada la LACP, consumándose así la imposición de un precepto legal que no es de naturaleza cooperativa o solidaria, sino todo lo contrario. En efecto, al analizar las principales características del ordenamiento jurídico publicado en el Diario Oficial de la Federación podemos advertir que se trata de una ley restrictiva, corporativa, excesivamente cara, mercantilista, elitista, discriminatoria, concentradora del poder en pocas manos y anticonstitucional.

La imposición de la LACP aparecía como la punta de lanza del proyecto legislativo, coincidente con el modelo neoliberal en boga, que se afanaba con todos los medios a su alcance por imponer un tratamiento jurídico mercantil a las sociedades cooperativas, golpeando de esta forma, a su sector mayoritario y con mayores posibilidades de expansión en el corto plazo: el sector cooperativo de ahorro y préstamo.

En consecuencia, a finales del año 2003, momento en el que se instaló la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, resultaba evidente que a contrapelo de los establecido en el artículo 25 de nuestra Carta Magna, que de manera inequívoca postula que la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social de la economía, en la práctica, se observaba que la inmensa mayoría de las reformas legislativas, así como las políticas públicas de los distintos ordenes de gobierno, se encaminaban a facilitar la expansión y consolidación de las empresas del sector privado, tanto nacional como extranjero, en las distintas ramas de la actividad económica, incluidas aquellas de carácter estratégico que la Constitución de la República reserva para su explotación exclusiva por las empresas del sector público.

De manera análoga, la disposición contenida en la recomendación 193 de la OIT (junio del 2002), suscrita por nuestro país, en el sentido de que toda sociedad equilibrada precisa la existencia de sectores públicos y privados fuertes, a la par de un fuerte sector social, era letra muerta. En los hechos lo que se observaba era que las empresas del sector social, sin protección alguna, eran sometidas a una competencia despiadada en el mercado abierto, sin estímulos ni apoyos de ninguna índole, lo cual provocaba su ruina y desaparición constante, aumentando con ello la pobreza y marginación de amplios sectores de la población.

Visto así, en materia de legislación cooperativa, bien podría concluirse que nuestro país, en las últimas tres décadas, había sido presa de un proceso de involución jurídica mediante el cual se han venido reduciendo al mínimo o de plano se han eliminado los componentes sociales de la Constitución Mexicana. A título de ejemplo pueden citarse las siguientes reformas legislativas. En 1974, se reformó la Ley Federal de Pesca, liquidando la concesión exclusiva que las cooperativas pesqueras tenían para la captura de siete especies altamente comerciales, iniciándose un proceso de privatización creciente de la actividad pesquera que ha terminado por convertir en trabajadores de empresas transnacionales a los socios de las cooperativas de pescadores. En julio de 1977, se reformó la Ley del Seguro Social, sustituyendo el sistema de cotización bipartita de las cooperativas de producción por un injusto y discriminatorio sistema tripartita a través del cual las cooperativas cotizan por sus socios-trabajadores, como empresa y como patrón, en tanto que las empresas del sector privado sólo lo hacen por sus socios y como patrones. En 1999, se eliminó el sistema simplificado de cotización del impuesto sobre la renta, ubicando a las cooperativas de producción en el régimen general de cotización, exactamente igual que cualquier empresa lucrativa.

En suma, la involución jurídica y el sesgo antisocial y privatizador de las políticas públicas descritos anteriormente, representaban los dos componentes fundamentales que distinguían el contexto legislativo, económico y social en el que se instaló la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.

II. Marco conceptual, misión y objetivos estratégicos que orientaron la labor legislativa de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social durante la LIX legislatura del Congreso de la Unión

Considerando el entorno económico y social anteriormente esbozado y la involución jurídica que ha sufrido el cooperativismo en nuestro país, la concepción general relativa al carácter y al papel que le correspondía jugar a la labor legislativa en materia de cooperativas durante la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, partió de considerar que toda ley se configura como la expresión de una voluntad colectiva, es decir, como un producto social originado como resultado de la convivencia humana y que se traduce en el establecimiento de un conjunto de disposiciones normativas para regular las relaciones entre las personas, vincular sus intereses y evitar el caos y el desorden. En este sentido, la ley establece un procedimiento específico para la atención de un determinado problema social, tratándose de una solución aceptada voluntariamente por sus destinatarios, quienes se obligan a acatar sus disposiciones so pena de sufrir la sanción correspondiente.

Bajo este tenor, la legislación destinada a las cooperativas, por tratarse de la regulación de un sector económico y social con características propias, no se circunscribe al establecimiento de un determinado orden normativo, sino que contiene implícita o explícitamente una determinada concepción acerca del cooperativismo y de su papel en el desarrollo nacional. En sentido estricto, si de lo que se trata es de respetar la singularidad de las cooperativas como forma sui generis de ser y hacer empresa, la labor legislativa en la materia debería enfocarse a elaborar leyes de carácter orgánico que tendrían en cuenta las características de los sujetos destinatarios de las mismas y no de leyes de tipo instrumental o normativas, abocadas exclusivamente a regular una determinada actividad económica, social, política o cultural, independientemente de quienes, cómo y para que la realicen.

Por consiguiente, lo que está en juego en la promulgación de una ley de cooperativas de nueva creación o que pretenda reemplazar a otra anterior, es ni más ni menos que el proyecto de desarrollo cooperativo que deberá impulsarse durante el periodo de su vigencia.

Lo anterior no significa que sobredimensionemos la influencia de la legislación como marco de la organización y como condición sine quo non del funcionamiento eficiente de las cooperativas. Es claro que la legislación por si sola no puede crear las cooperativas ni reemplazar la iniciativa de sus asociados y dirigentes, pero es también evidente la importancia que ésta reviste para la creación de un ambiente propicio para el desarrollo del sector cooperativo.

Si se echa un rápido vistazo a la experiencia reciente de América Latina en la definición del marco jurídico de las cooperativas puede observarse que durante el periodo comprendido entre la década de los años treinta y los años ochenta, como tendencia general, la legislación cooperativa latinoamericana le otorgó al Estado un papel protagónico y determinante en el surgimiento, consolidación y expansión de las cooperativas, lo cual se tradujo en disposiciones fuertemente intervencionistas y en una gran discrecionalidad para la actuación del Estado. Todo ello resultaba congruente con la concepción imperante en el sentido de que las cooperativas debían cumplir un importante papel como instrumentos de promoción de los sectores más vulnerables de la sociedad, por lo cual eran consideradas como verdaderos auxiliares de la política social del Estado.

A partir de los años ochenta del siglo pasado, la nueva corriente de política económica que desvincula al Estado de intervenir en la economía, dejando que ésta desarrolle su actividad basada en sus propias fuerzas, determinó también que cesarán las políticas de apoyo y fomento de las cooperativas que se venían ejecutando. En algunos países se eliminaron disposiciones promocionales en tanto que se mantuvieron las exigencias de carácter intervencionista. Incluso hay casos en que cambió fundamentalmente la actitud del Estado hacia las cooperativas sin que se modificara la legislación, de tal manera que subsiste formalmente una legislación de fomento pero se realiza una política pública diferente.

En los albores del siglo veintiuno, con el agotamiento del modelo neoliberal, se está produciendo una fuerte disputa en torno al contenido y la orientación de la nueva legislación que es necesario dictar en materia de cooperativas. En términos generales, el debate se ha centrado alrededor de dos temas básicos, a saber: a) la definición de la naturaleza jurídica de las cooperativas y b) el sistema de relaciones que debe establecerse entre el Estado y las cooperativas.

Todo ello influido por una serie de transformaciones que han ocurrido en el panorama internacional y que se traducen en diversas presiones para que la legislación nacional se adapte a las exigencias de la globalización de la economía.¹

En base a lo anterior, resulta imperativo indicar, aunque sea de manera general, algunos principios o parámetros que caracterizan el trabajo legislativo en materia de cooperativas y que lo distinguen respecto a la labor legislativa en otras materias.

En este sentido conviene distinguir, de entrada, que una cosa es que existan leyes destinadas a las cooperativas y otra, muy diferente, es la existencia de una ley de naturaleza eminentemente cooperativa. En tal virtud, una ley que se precie de ser cooperativista, sólo lo puede ser en la medida en que sus disposiciones normativas reflejen fielmente los principios, valores y prácticas asociativas y empresariales propias de las cooperativas y faciliten su desarrollo y expansión como sector económico y social. En razón de lo anterior, la legislación cooperativa debe verse como una expresión más de la cultura económica de las cooperativas y no como algo ajeno, contradictorio o contrapuesto con los fines supremos que el cooperativismo como movimiento social, de cobertura internacional y de esencia profundamente humanista, debe perseguir.

Por ello se comete un gran error cuando al legislar en materia cooperativa se procede por el camino fácil de la simple copia de la legislación que se aplica a otras figuras asociativas, particularmente a las figuras mercantiles, vicio en el que se ha incurrido con bastante frecuencia en los últimos 30 años, en diferentes países del subcontinente latinoamericano, incluido México.

Tampoco es aconsejable, trasladar mecánicamente la legislación cooperativa de otros países, aunque en dichas latitudes el cooperativismo exhiba una gran fortaleza económica y social. Definitivamente, las condiciones históricas, económicas, políticas, demográficas y sociales de cada país son distintas y también lo son las condiciones en que se desenvuelve el cooperativismo, por lo que sus necesidades, aspiraciones y demandas pueden ser radicalmente diferentes.

Así, encontramos que en la legislación cooperativa de los países altamente desarrollados normalmente se promueve la necesidad de la competencia abierta y la no sujeción o dependencia de las cooperativas respecto del Estado, todo lo cual se justifica en virtud del grado de desarrollo alcanzado por las empresas cooperativas, cuyo posicionamiento en el mercado les permite competir directamente con las empresas de los sectores público y privado sin ningún tipo de salvaguarda.

En cambio, en nuestros país, el escaso desarrollo del movimiento cooperativo se explica, en buena medida, como producto del abandono del que han sido objeto por parte de las políticas públicas y como resultado de la existencia de un entorno económico y político absolutamente desfavorable al surgimiento y consolidación de las cooperativas por lo que, al margen de nuestros deseos personales, las condiciones objetivas en que surgen y se desarrollan las cooperativas determina que la ley en la materia deba distinguirse por un fuerte sesgo hacia el fomento y la protección.

Bajo esta premisa, lo que la experiencia histórica enseña es que el mejor camino para legislar en materia de cooperativas, en el entendido de la formulación de leyes que se distingan por su indiscutible naturaleza cooperativista y que logren efectivamente recuperar las experiencias exitosas de dichas empresas sociales, no es otro que el de hacerlo con el concurso de los directamente afectados, esto es, con la participación de los cooperativistas a través de sus organismos de integración y representación. De esta suerte, no se puede acertar a emitir una legislación adecuada a las cooperativas, si no se conoce su doctrina filosófica y si se desconocen sus prácticas asociativas y empresariales, así como los factores clave de los que ha dependido su éxito como empresas no lucrativas y como asociaciones democráticas y solidarias. Todo lo cual sólo puede lograrse en estrecho contacto con las cooperativas, haciendo un esfuerzo por conocerlas desde adentro y desarrollando una especial sensibilidad para identificar sus necesidades reales, así como sus limitantes y potencialidades.

Atendiendo a la concepción general enunciada líneas arriba, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, durante la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados 2003-2006, se propuso como tarea fundamental la de legislar en materia de cooperativismo y economía social, con el propósito de dotar a la sociedad mexicana de una marco legal que impulse y estimule el desarrollo del movimiento cooperativo nacional y de todas las formas de organización y propiedad social, para lograr la satisfacción de las necesidades socioeconómicas de los cooperativistas y de la comunidad en general, mediante una justa y equitativa distribución de la riqueza entre quienes la producen.

Con base en las disposiciones del artículo 25 constitucional y de la Ley General de Sociedades Cooperativas, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social asumió como mandato el brindar seguridad jurídica y promover el desarrollo y bienestar de cada uno de los actores que interactúan dentro del sector social de la economía en México.

En este marco, la labor de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, se orientó a fortalecer el espacio del sector social de la economía mexicana, considerando que ésta, se encuentra en condiciones vulnerables como producto de un entorno externo notoriamente desfavorable, asumiendo como misión: dotar a la sociedad mexicana de un marco jurídico que, como lo establece nuestra Carta Magna, permita el establecimiento de mecanismos que faciliten la organización y expansión de la actividad económica de las organizaciones y empresas que forman parte del sector social de la economía, en igualdad de condiciones y prerrogativas a las que se otorgan a las empresas de los sectores público y privado, de tal forma que el cooperativismo y la economía social adquieran una auténtica presencia macroeconómica y una influencia considerable en los ámbitos social y cultural, posicionándose en la agenda nacional como un sector integrado capaz de contribuir eficazmente al desarrollo económico y social del país.

Asimismo, la Comisión adoptó los siguientes objetivos estratégicos:

III. Iniciativas legislativas impulsadas y sus resultados

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, quedó legalmente integrada en sesión del Pleno de la H. Cámara de Diputados celebrada el 30 de septiembre de 2003. La instalación formal de la Comisión, se produjo el 9 de octubre de 2003, quedando integrada por 30 diputados de los siguientes grupos parlamentarios: 14 del PRI; 9 del PAN; 6 del PRD y 1 del PVEM. (Véase anexo 1)

En el transcurso de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, el Pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social (CFCyES) realizó 25 reuniones ordinarias con quórum legal y tres reuniones más, que al no contar con quórum, se realizaron como reuniones informativas.

Por su parte la Junta Directiva de la Comisión, para darle seguimiento a los acuerdos del Pleno, se reunió en 14 ocasiones.

Con base en lo anterior, la CFCyES realizó una intensa labor legislativa que, visto en números absolutos se tradujo en la elaboración y promoción de un total de 36 iniciativas legislativas, de las cuales 14 son dictámenes de iniciativas de ley; 7 dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo; 4 dictámenes de memoriales de particulares; 3 opiniones a dictámenes de iniciativas de ley, y 4 son acuerdos internos. A ello hay que sumarle, una iniciativa de reforma legislativa y tres proposiciones con punto de acuerdo elaboradas y aprobadas en sesiones ordinarias del Pleno de la CFCyES, respecto a las cuales, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, no nos concedió ampliación de turno ni nos solicito la emisión de opinión alguna. (Véase anexo 2)

Cabe destacar que prácticamente todas las iniciativas legislativas elaboradas por la CFCyES o aquellas que le fueron turnadas por la presidencia de la Mesa Directiva fueron dictaminadas, en tiempo y forma, por la Comisión.

Empero, de las iniciativas legislativas elaboradas, solamente cinco concluyeron su trámite legislativo completo, siendo publicadas en el Diario Oficial de la Federación, por lo cual, hoy en día, tiene carácter de ley vigente. 17 más, fueron aprobadas o desechadas por el Pleno de la Cámara de Diputados y al no requerir la aprobación de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, prácticamente concluyeron su trámite legislativo. En cambio, 2 lograron concluir su proceso legislativo al interior de la Cámara de Diputados y fueron turnadas al Senado de la República para los efectos constitucionales correspondientes. El resto, 12 iniciativas aún no concluyen su proceso legislativo al interior de la Cámara de Diputados.

Ahora bien, a efectos de conocer el estado en el que se encuentra el trámite legislativo de cada una de las iniciativas legislativas elaboradas o turnadas a la CFCyES y con el propósito de comprender mejor el objeto de las mismas, hemos considerado pertinente agruparlas alrededor de los siguientes temas: 1) Iniciativas relacionadas con el entorno constitucional del sector social de la economía y el cooperativismo y con la definición de la naturaleza jurídica de la sociedad cooperativa; 2) Iniciativas relativas a la Ley General de Sociedades Cooperativas; 3) Iniciativas vinculadas al sector cooperativo de ahorro y préstamo; 4) Iniciativas en las que se aborda la problemática de ahorradores defraudados; 5) Iniciativas orientadas a disminuir la carga impositiva que soportan las sociedades cooperativas; 6) Iniciativas que buscan incidir en la definición de políticas públicas de fomento cooperativo y, 7) Iniciativas destinadas a la defensa de los intereses gremiales y asociativos del cooperativismo mexicano. Veamos a continuación las iniciativas legislativas comprendidas en cada uno de estos temas y el estado que guarda su proceso legislativo.

1. Iniciativas relacionadas con el entorno constitucional del sector social de la economía y el cooperativismo y con la definición de la naturaleza jurídica de la sociedad cooperativa

En este rubro destaca la elaboración de dos iniciativas de reforma legislativa. La primera de ellas se refiere a la adición de la fracción XXIX-N al artículo 73 constitucional con el objeto de establecer la facultad expresa del Congreso de la Unión para legislar en materia de cooperativismo, al tiempo que establece la facultad concurrente de los gobiernos de los estados y municipios para dictar leyes o reglamentos relativas al fomento cooperativo, todo lo cual queda enmarcado en un proceso de auténtica federalización de la legislación cooperativa mexicana.

El proceso legislativo de esta iniciativa de reforma constitucional dio inicio en la sesión celebrada el 24 de noviembre de 2005 por el Pleno de la Cámara de Diputados, fecha en la que el diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, a nombre de diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXIX-N al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen con opinión de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Atendiendo a dicho mandato, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, durante su vigésima tercera sesión plenaria ordinaria, de fecha 1 de marzo de 2006, emitió su opinión favorable a la iniciativa en cuestión.

Por su parte, la Comisión de Puntos Constitucionales, en sesión plenaria ordinaria, celebrada el 5 de abril del 2006, existiendo el quórum reglamentario, aprobó el dictamen correspondiente.

Finalmente, el Pleno de la H. Cámara de Diputados en su sesión ordinaria de fecha 26 de abril de 2006 aprobó el dictamen de mérito con 306 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones, siendo turnado a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales correspondientes.

La segunda iniciativa relativa a la definición de la naturaleza jurídica de la sociedad cooperativa tiene por objeto derogar la fracción VI del artículo primero y el artículo 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para con ello conjurar el "pecado original de la legislación cooperativa en México", deslindando a las sociedades cooperativas de su adscripción a dicho ordenamiento jurídico que, no solamente les es ajeno, sino absolutamente contrapuesto.

Bajo este tenor, con fecha 24 de noviembre de 2005, el diputado Francisco Saucedo Pérez, presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, a nombre de diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la citada iniciativa, en esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva turnó la iniciativa, para su estudio y dictamen, a la Comisión de Economía.

Al día siguiente, la presidencia de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social solicitó ampliación de turno para participar en el estudio y dictamen de la iniciativa de mérito, siendo concedida la ampliación de turno con fecha 30 de noviembre de 2005.

En tal virtud, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, durante su vigésima tercera sesión plenaria ordinaria, celebrada el día 1 de marzo de 2006 aprobó el dictamen correspondiente a la referida iniciativa de ley, siendo turnado a la Comisión de Economía, a efecto de darle continuidad al trámite legislativo conducente. Lamentablemente la Comisión de Economía no alcanzó a dictaminar la iniciativa en comento, por lo cual el dictamen respectivo quedó pendiente para su desahogo durante la próxima Legislatura del Congreso de la Unión.

Finalmente, en lo que se refiere al marco constitucional del cooperativismo en México, cabe destacar que la CFCyES desplegó igualmente una importante labor de coadyuvancia con la Comisión de Desarrollo Social de la H. Cámara de Senadores, a fin de impulsar la elaboración y aprobación del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 25 Constitucional en lo referente al Sector Social de la Economía, una iniciativa legislativa aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en abril de 1999 (LVII Legislatura del Congreso de la Unión) y que la CFCyES de la presente Legislatura consideró como estratégica en la medida en que con su aprobación, no sólo se lograría dar identidad y sentido de pertenencia al amplio y abigarrado mundo de la economía social en México, sino que, al tratarse de una ley marco y reglamentaria del artículo 25 de la Constitución General de la República, permitiría que sus disposiciones y normas jurídicas adquiriesen preeminencia sobre diversos ordenamientos de carácter particular o especial ya existentes o que pudieran dictarse en un futuro. Desafortunadamente, la elaboración del referido dictamen no pudo avanzar por diferentes circunstancias, quedando como una asignatura pendiente que puede ser retomada por la CFCyES de la próxima Legislatura.

2. Iniciativas relacionadas con la actualización de la Ley General de Sociedades Cooperativas

En este campo de la actividad legislativa, fue particularmente notoria la lucha entre dos grandes proyectos o concepciones del cooperativismo y su papel en el desarrollo económico y social de nuestro país, confrontándose uno y otro, a través de sendas iniciativas, de abrogación de la LGSC de 1994 y su sustitución por una nueva Ley de Sociedades Cooperativas, la primera, y de reforma integral a la LGSC de 1994, la segunda. Veamos enseguida de que manera se saldó esta confrontación ideológica durante la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.

La concepción del cooperativismo que pretende otorgarle un tratamiento meramente mercantil a las sociedades cooperativas, deslindando la responsabilidad del Estado en su promoción y defensa se expresó en el impulso del dictamen de Comisiones Unidas de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Gobernación relativo a la minuta del Senado de la República que contiene la iniciativa de decreto mediante el que se expide la Ley de Sociedades Cooperativas y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

La iniciativa de origen fue aprobada en sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el 28 de abril de 2003 (LVIII Legislatura del Congreso de la Unión), siendo remitida a la Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales.

El 29 de abril de 2003, la Cámara de Senadores recibió la minuta con proyecto de decreto que en esa fecha fue turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Fomento Económico; de Gobernación; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Primera. Las citadas comisiones elaboraron el dictamen correspondiente que fue aprobado por el Pleno de la H. Cámara de Senadores en su sesión ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2004, remitiéndose la minuta respectiva a la Cámara de Diputados.

Al iniciarse el primer período ordinario de sesiones del segundo año legislativo, el 1 de febrero de 2005, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados turnó para su estudio y dictamen la minuta de referencia a las Comisiones Unidas de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Gobernación, iniciándose, al interior de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, formalmente el proceso de elaboración del dictamen respectivo el día 4 de octubre, a través de la realización de diversas reuniones de trabajo programadas a tal efecto.

De esta suerte, el 7 de diciembre de 2005, durante la vigésima tercera sesión plenaria de la Comisión (segunda convocatoria) se presentó un anteproyecto de dictamen; sin embargo, debido a la falta de quórum no pudo efectuarse la discusión respectiva.

Por su parte, el proyecto legislativo que busca reivindicar el carácter social de las cooperativas y garantizar el compromiso del Estado mexicano en su promoción y defensa, cobró forma el 23 de febrero de 2006, cuando el diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, a nombre de 12 diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, y de Convergencia, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, siendo turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Unidas de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Con estos antecedentes, el 19 de abril de 2006, el Pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, adoptó dos resoluciones fundamentales: En primer lugar, resolvió desechar la minuta del Senado de la República y, como consecuencia de lo anterior, aprobó el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, saldando de este modo la discusión de uno de los temas más controvertidos a lo largo de esta Legislatura.

Ahora bien, cabe destacar que de manera complementaria, e inscritas en la perspectiva del cooperativismo social, durante la LIX Legislatura del Congreso de la Unión se dictaminaron dos iniciativas de reforma parcial a la LGSC.

La primera de ellas fue presentada por el diputado Marcos Morales Torres al Pleno de la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2004, pretende de reformar los artículos 12, 32, 89, 90, 92 y 93 de la LGSC con el propósito de que los titulares de los Órganos Adminstrativos del Distrito Federal sean reconocidos como fedatarios de las actas constitutivas de las sociedades cooperativas que se constituyan en dicha entidad federativa. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, turnó la citada iniciativa a la CFCyES para su estudio y dictamen.

De este modo, con fecha 26 de mayo de 2004, durante su séptima reunión ordinaria, el Pleno de la CFCyES aprobó por mayoría el dictamen respectivo.

Finalmente, con fecha 2 de septiembre de 2004, el Pleno de la H. Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen presentado por la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, remitiéndose como minuta al Senado de la República para el trámite legislativo correspondiente, siendo turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos.

Sin embargo, el Senado de la República, en su carácter de Cámara revisora, en su sesión plenaria de fecha 14 de abril de 2005, desechó el dictamen en comento bajo el argumento de que el objeto de la citada iniciativa de reforma legislativa ya estaba incluido en el dictamen de la iniciativa por la que se expide la Ley de Sociedades Cooperativas y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

En tal virtud, el 19 de abril de 2005, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó el expediente correspondiente a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social para su estudio y dictamen.

Considerando el resultado anterior y luego de un período de análisis al seno de la Comisión, se resolvió elaborar un nuevo dictamen que reivindica el espíritu original de la citada iniciativa, siendo aprobado por la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, durante su vigésima sesión plenaria, celebrada el 28 de septiembre de 2005. La aprobación de este dictamen por el Pleno de la H. Cámara de Diputados se produjo el día 20 de octubre de 2005, devolviéndose el expediente respectivo a la Cámara de Senadores, la cual no volvió a ocuparse de este tema durante la parte final de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.

La segunda iniciativa de reforma parcial a la LGSC, es un acuerdo económico del Congreso local del estado de Jalisco mediante el que se solicita que, como parte de la reforma de la LGSC, sean incorporadas las cooperativas escolares de educación básica en sus diversas modalidades.

El citado acuerdo económico fue turnado a la CFCyES el día 4 de febrero del 2004. A partir de ese momento se inició el proceso de estudio y análisis, elaborándose un proyecto de dictamen que fue aprobado por unanimidad de votos en sesión ordinaria del Pleno de la comisión de fecha 25 de febrero del 2004.

El punto de acuerdo aprobado incluyó dos resoluciones básicas. En primer lugar, se consideró pertinente la recomendación emitida por la quincuagésima sexta legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en el sentido de incorporar la figura de cooperativas escolares al dictamen que reforma la Ley General de Sociedades Cooperativas.

En segundo lugar, se acordó exhortar al Senado de la República, en particular a la Comisión de Fomento Económico, a fin de establecer mecanismos de coordinación con la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados, con el propósito de agilizar la elaboración del dictamen respectivo de la iniciativa de reformas a la Ley General de Sociedades Cooperativas. Sin embargo, a la postre, ninguna de estas dos recomendaciones fueron atendidas adecuadamente.

3. Iniciativas vinculadas al marco regulatorio del sector cooperativo de ahorro y préstamo

El encono y la confrontación existente al interior del sector cooperativo de ahorro y préstamo de nuestro país, surgido desde el año 2001 a raíz de la aprobación por parte del Congreso de la Unión de la llamada Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP), impactó sensiblemente la labor de la CFCyES durante la LIX Legislatura, generándose igualmente dos grandes posiciones; por un lado, aquella que reconoce en la LACP un avance significativo en el proceso de regulación y ordenamiento del sector y una oportunidad para fortalecer su expansión y crecimiento a lo largo y ancho de la geografía nacional y que, en consecuencia, estima que la LACP no requiere mas que cambios de forma que le permitan responder de mejor manera a la urgente necesidad de evitar la comisión de posibles fraudes o quebrantos que pongan en duda la credibilidad de los organismos financieros con vocación social del país.

Por otro lado, sin dejar de reconocer que la LACP puede representar una oportunidad de desarrollo para algunas cooperativas de gran tamaño y fortaleza financiera, una segunda posición, considera que la mayoría de las cooperativas de ahorro y préstamo de dimensión pequeña y mediana no pueden cumplir con los requisitos exigidos por la LACP para su formalización, amén de que dicho ordenamiento lesiona gravemente la naturaleza social de este tipo de cooperativas al considerarlas como simples intermediarios financieros, por lo cual asume como prioritaria la regulación de las cooperativas de ahorro y préstamo, a través de un capítulo especial en la LGSC. Cabe destacar, asimismo, que esta segunda posición no es contraria, en términos generales, a las diversas iniciativas que buscan facilitar el acceso voluntario de las cooperativas a la LACP.

El otro nivel de la confrontación ideológica se dio en torno al papel que debe desempeñar el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) en la perspectiva de apoyar el fortalecimiento administrativo, técnico y financiero de las cooperativas de ahorro y préstamo, decantándose dicho debate ideológico en torno a dos grandes posiciones que se sintetizan en apoyar o rechazar la iniciativa de "socialización", privatización de dicha institución de banca de desarrollo.

No obstante, un hecho en el que vale la pena reparar es que, a pesar de las grandes diferencias de concepción que afloraron respecto al tratamiento legislativo que debería dársele tanto a la LACP como a la Ley Orgánica del Bansefi, también existieron iniciativas de reforma en torno a las que fue posible avanzar por la vía del consenso. Dichas iniciativas fueron básicamente las siguientes.

En primer lugar, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año fiscal 2004 se incluyera una partida especial destinada a establecer un mecanismo de apoyo para la transición de organismos de financiamiento popular hacia la LACP y la supervisión auxiliar, radicado en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).

El propósito general de esta iniciativa legislativa consistía en apoyar la integración de los organismos financieros populares a la supervisión auxiliar considerada en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, toda vez que se reconocía que la transición en curso estaba afectando al conjunto de organismos de base que no estaban en condiciones de soportar los altos costos inflingidos por las estructuras societarias e instancias de supervisión necesarias, por lo que únicamente un número limitado de entidades con volúmenes relevantes de activos podrían absorber todos los gastos relativos.

Por ello se propuso incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 una partida especial por un monto de 150 millones de pesos que se distribuirían de la siguiente manera: 100 millones para subsidiar la supervisión auxiliar y apoyar la creación del Fondo de Protección de Depósitos y 50 millones para capacitación, desarrollo humano y profesionalización del sector.

Lamentablemente, esta proposición con punto de acuerdo, a pesar de haber sido formalmente entregada en las oficinas de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el día 27 de diciembre del 2003, no mereció el estudio y dictamen correspondiente, siendo desechada por el Pleno de los diputados en su sesión del 29 de diciembre de 2003.

La segunda iniciativa directamente vinculada al sector cooperativo de ahorro y préstamo, en la que se trabajó por la vía del consenso, fue la iniciativa que reforma los artículos 44, 45 y 46 de la LACP, presentada por el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, a nombre de diversos legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecológista de México y que, con fecha 2 de septiembre de 2004, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados turnó, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Unidas de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Hacienda y Crédito Público.

Con referencia a dicha iniciativa de reforma, cabe subrayar que su objeto principal consistía en aumentar el porcentaje de acciones que una persona física o moral pudiese adquirir del capital social de una Sociedad Financiera Popular.

Una vez analizada la iniciativa en cuestión, las comisiones unidas anteriormente citadas, con fecha 8 de diciembre de 2004, resolvieron reformar únicamente el artículo 46 de la LACP para quedar como sigue: "Las personas que adquieran o se les haya transmitido la propiedad de acciones de una Sociedad Financiera Popular, por más del dos por ciento del capital social de la entidad, no podrán recibir créditos de la misma, pero sí podrán acceder a las demás operaciones o servicios de la entidad. Las personas morales que posean hasta el diez por ciento del capital de la Sociedad Financiera Popular y que cuenten con más de cincuenta socios, podrán recibir créditos, previo acuerdo de las dos terceras partes del Consejo de Administración".

El dictamen de esta iniciativa fue aprobada en sus términos por ambas Cámaras del Congreso de la Unión en el transcurso del mes de abril de 2005, siendo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2005.

La tercer iniciativa, que mereció el consenso de los diputados integrantes de la CFCyES, fue aquella que con fecha 29 de septiembre de 2004, el diputado Luis Antonio González Roldán, a nombre de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados y mediante la que se adiciona el inciso e) de la fracción III del artículo 19 de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, siendo turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Atendiendo a dicha encomienda, el duodécimo Pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, celebrado el 17 de noviembre de 2004, aprobó por unanimidad de votos una propuesta de opinión, previamente elaborada por la Junta Directiva de la Comisión, mediante la cual se apoya el objetivo principal de la iniciativa que consiste básicamente en impedir que las personas que hayan estado relacionadas con el proceso de desincorporación y el rescate bancario del país, puedan convertirse en consejeros independientes del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, siendo remitida dicha opinión a la Comisión de Hacienda y Crédito Público con fecha 8 de diciembre de 2004.

El consenso hasta entonces existente empezó a perderse a finales del año 2004, cuando durante el segundo período ordinario de sesiones del segundo año legislativo y con fecha 21 de octubre de 2004, el diputado José Juan Bárcenas González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una primer iniciativa de decreto para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Sin embargo, antes que dicha iniciativa pudiera avanzar en su proceso legislativo, con fecha 13 de diciembre de 2004, el Pleno de la H. Cámara de Diputados aprobó la minuta de la iniciativa de decreto, remitida por el Senado de la República a la Cámara de Diputados, mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), elaborada por los senadores Héctor Larios Santillán y Genaro Borrego Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente.

Cabe destacar que en la citada sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, el diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, al no prosperar su solicitud de turno a comisión para dictaminar la iniciativa de decreto presentada por los senadores Larios Santillán y Borrego Estrada, presentó una propuesta de moción suspensiva con el objeto de llevar a cabo una reforma integral de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Lamentablemente, dicha propuesta de moción suspensiva no fue aprobada por esta soberanía, abriéndose el camino para la aprobación, por mayoría, de la iniciativa de decreto elaborada por los senadores Larios Santillán y Borrego Estrada.

Frente a esta circunstancia, el diputado José Juan Barcenas González, con fecha 2 de febrero de 2005, presentó una nueva iniciativa de decreto mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, siendo turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Hacienda y Crédito Público.

Con fecha 22 de febrero de 2005, el Pleno de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, aprobó un dictamen relativo a los dos iniciativas de decreto presentadas por el diputado José Juan Bárcenas González, dictamen que fue enviado a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social para su discusión en la XV sesión plenaria ordinaria que tuvo verificativo el día 9 de marzo de 2005. En dicha sesión, el diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, a nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, señaló una serie de objeciones y observaciones al citado dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público las cuales se expresaron por escrito mediante un voto particular. No obstante lo anterior, el dictamen de referencia fue aprobado por mayoría de los diputados presentes en la XV sesión plenaria de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Finalmente, en la sesión del Pleno de los diputados de fecha 31 de marzo de 2005, el dictamen aludido fue aprobado por mayoría.

Al mes siguiente, el 26 de abril, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen en sus términos, motivo por el cual, el 26 de mayo de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la citada reforma legislativa que, entre otras cosas, concede una prórroga condicionada hasta el 1 de enero de 2008 a las entidades que por medio de un acuerdo de asamblea general decidan sujetarse a las disposiciones de la LACP y suscriban un convenio de supervisión con alguna de las federaciones autorizadas.

Sin embargo, con la aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto presentada por el diputado José Juan Barcenas González, la lucha en el terreno legislativo entre las dos posiciones anteriormente indicadas no concluyó, sino que continúo alrededor de otros proyectos legislativos.

En este marco, durante el siguiente periodo ordinario de sesiones, el 22 de septiembre de 2005, la diputada Minerva Hernández Ramos presentó al Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 y adiciona los artículos 33-A, 33-B, 33-C, 33-D, 33-E y 33-F de la Ley General de Sociedades Cooperativas con el objeto de establecer un mecanismo especial para la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y préstamo bajo las disposiciones de la LGSC. En esa misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social".

El 28 de septiembre, la Comisión de Hacienda y Crédito Público solicitó ampliación de turno, solicitud que propició que la Mesa Directiva, con fecha 4 de octubre de 2005, modificara el turno de la citada iniciativa, turnándose, en consecuencia, a las Comisiones Unidas de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Hacienda y Crédito Público.

Sin embargo, la Mesa Directiva no publicó en la Gaceta Parlamentaria dicha modificación de turno, lo cual provocó que las citadas comisiones trabajaran de forma separada en la elaboración del dictamen respectivo.

De este modo, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, durante su XXIV sesión plenaria ordinaria, celebrada el 22 de marzo de 2006, emitió un dictamen favorable, el cual fue remitido a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a fin de continuar con el trámite legislativo respectivo.

Bajo este entendido, el 20 de abril de 2006, el Pleno de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con la asistencia del diputado Francisco Saucedo Pérez, presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, abordo la discusión del dictamen en cuestión sin llegar a establecer un acuerdo definitivo respecto a su aprobación o desechamiento.

Sin duda alguna, la LACP ha sido una de las leyes que mayor polémica y controversia han generado en los últimos años, al grado tal que previo a su entrada en vigor ha sido objeto de numerosas reformas parciales. En este sentido, vale advertir que, en lo que se refiere exclusivamente a la actividad legislativa de la Cámara de Diputados, la LACP, durante el último período ordinario de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, mereció la elaboración de un primer paquete de cinco iniciativas de reforma parcial, cuyo objeto y trámite legislativo se detallan a continuación.

La primer iniciativa de reforma parcial, elaborada por el diputado Víctor Suárez Carrera, fue presentada ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados el día 2 de diciembre de 2004 y consiste en adicionar un artículo 9 Bis, a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, siendo turnada, en esa misma fecha, por la presidencia de la Mesa Directiva, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social.

El propósito principal de la iniciativa de referencia es el de establecer un régimen especial para la constitución, operación y funcionamiento de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que se creen en un futuro en el medio rural, bajo los lineamientos establecidos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Un año después, con fecha 15 de diciembre de 2005, el diputado José Juan Bárcenas González, presentó las iniciativas con proyecto de decreto que reforma las fracciones II y III del artículo 4 bis y adiciona el artículo 4 bis 1; que adiciona el párrafo cuarto al artículo 116 y, que adiciona un penúltimo y antepenúltimo párrafo a la fracción V del artículo octavo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005, todas de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, siendo turnadas por la presidencia de la Mesa Directiva, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social.

El común denominador de todas estas iniciativas de reforma legislativa es facilitar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley de Ahorro y Crédito Popular para el registro legal de las entidades financieras populares, tanto en el campo como en la ciudad.

Por último, el diputado Joel Padilla Peña, en representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 12 y el artículo 15 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular con la finalidad de fomentar la cultura del ahorro, siendo turnada por la presidencia de la Mesa Directiva, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social.

En razón de lo anterior, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, durante su vigésima quinta sesión plenaria ordinaria, de fecha 19 de abril de 2006, aprobó en sentido positivo el dictamen acumulativo de las cinco iniciativas de ley anteriormente indicadas, remitiendo el expediente correspondiente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para el desahogo definitivo del proceso legislativo conducente; sin embargo, la Comisión de Hacienda y Crédito Público no alcanzó a discutir el dictamen, quedando como una asignatura pendiente para la próxima Legislatura.

Pero la labor legislativa vinculada al sector cooperativo de ahorro y préstamo no concluyó ahí. En la recta final de la LIX Legislatura, la Presidencia de la CFCyES impulsó la aprobación en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de dos proposiciones con punto de acuerdo en las que se ponen de manifiesto las enormes dificultades que un buen número de entidades financieras solidarias, entre ellas las cooperativas, estaban enfrentando para poder cumplir con los requisitos exigidos para su regulación en los términos de la LACP.

Bajo esta perspectiva, el 14 de junio de 2006, el diputado Francisco Saucedo Pérez, presidente de la CFCyES presentó en el Pleno de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a evitar el surgimiento de un nuevo conflicto con las Cajas de Ahorro Popular, derivado de la imposibilidad práctica a la que se enfrentan, muchas de ellas, para su regularización formal, bajo los cánones establecidos en la LACP, la cual fue turnada, para su estudio y dictamen a la Tercera Comisión de Trabajo.

Posteriormente, con fecha 20 de junio, la Tercera Comisión de Trabajo aprobó el dictamen relativo a la citada proposición con punto de acuerdo, dictamen que, a su vez, fue aprobado, en votación económica, por el Pleno de la Comisión Permanente en su sesión ordinaria de fecha 21 de junio de 2006. Mediante la aprobación de la referida proposición con punto de acuerdo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la SHCP, por conducto de la CNBV, en los términos del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presente un informe que contenga las acciones y trámites realizados para la regularización de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, dentro de los plazos concedidos para el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente, incluyendo los datos de los casos regularizados, así como los casos en que se negó la regularización o se ordenó la suspensión de actividades a las entidades citadas.

El resolutivo puntualiza que "el informe deberá incluir las reglas y procedimientos para la práctica de las visitas domiciliarias que se practiquen a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, las prevenciones implementadas para su estricto cumplimiento y registro de garantías, y las medidas que se estén adoptando o vayan a adoptar para proteger, evitar poner en riesgo o que se perjudiquen los recursos de los ahorradores que depositaron su confianza en Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, que se constituyeron de conformidad a la Ley General de Sociedades Cooperativas".

La segunda proposición con punto de acuerdo fue igualmente presentada al Pleno de la Comisión Permanente por el diputado Francisco Saucedo Pérez el día 14 de junio, siendo turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión de Trabajo Tercera. Su objeto consiste en exhortar al titular del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), licenciado Javier Gavito Mohar, a que cumpla estrictamente con el objeto determinado por la ley en la materia y se abstenga de generar acciones y declaraciones públicas para alentar la venta vía privatización del Bansefi. De manera análoga, en la exposición de motivos, se le exhorta a que se abstenga de interferir en la vida interna de las cooperativas de ahorro y préstamo, asumiendo facultades que no le competen y ejerciendo una presión constante tendiente a que las cooperativas de ahorro y préstamo adopten la LACP.

4. Iniciativas en las que se aborda la problemática de ahorradores defraudados

Este tema incluye todo un paquete de iniciativas legislativas cuya aprobación y seguimiento permitió resolver la problemática de ahorradores defraudados, de la llamada primera y segunda etapas que comprende ahorradores con depósitos de hasta 190 mil pesos, la primera etapa y hasta 240 mil, la segunda etapa, siendo importante aclarar que de los depósitos de los ahorradores sólo se ha resarcido el 70% en ambas etapas, en prácticamente todo el país, con excepción de los estados de Guanajuato y Querétaro (segunda etapa) por las razones que a continuación se explican. Las iniciativas legislativas se presentan en el orden cronológico de su presentación y aprobación.

La primera iniciativa data del primero de febrero de 2004, fecha en la que la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados turnó el memorial de particulares elaborado por el licenciado Bernardino Lavín Flores a través del cual solicita que la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación audite a las 25 sociedades cooperativas que fueron administradas por Cirilo Ocampo Verdugo y que durante los años 2000 y 2001 cometieron fraude en contra de sus socios o clientes.

Después de analizar la solicitud del promovente, con fecha 26 de mayo de 2004, el Pleno de la Comisión adoptó acuerdo interno relativo al citado memorial de particulares indicando que la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación no es competente para auditar a las citadas cajas de ahorro, dicho acuerdo interno, mediante oficio de fecha 6 de julio, fue remitido por la presidencia de la Comisión a la Mesa Directiva de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados para su atención y trámite conforme a la normatividad aplicable.

La segunda iniciativa se refiere igualmente a un memorial de particulares formulado por el Consejo Nacional de Ahorradores del estado de Jalisco mediante el cual solicitan que la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la H. Cámara de Diputados integre una Comisión Especial de investigación y trabajo que coadyuve a la solución del problema que aqueja a alrededor de 4 mil afectados de 7 cajas de ahorro popular con domicilio social en el estado de Jalisco. Dicho instrumento legislativo fue turnado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para su estudio y dictamen, el 20 de febrero de 2004.

En tal virtud y con la intención de obtener información confiable para la adopción del acuerdo respectivo, se realizaron las siguientes actividades: se envió oficio al comisionado del Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago), licenciado Guillermo Barnes García solicitándole información relativa al monto que habrá de aportar el gobierno del estado de Jalisco correspondiente al ejercicio fiscal 2004; cuántas sociedades de ahorro han sido auditadas en dicho estado; el número de ahorradores que se les ha pagado y cuantos de ellos faltan por cubrir.

Con este mismo propósito, el 5 de marzo del 2004, se realizó una reunión de trabajo con representantes del Consejo Nacional de Ahorradores del estado de Jalisco con el objeto de conocer de viva voz la problemática que afecta a los citados ahorradores defraudados y valorar las alternativas de solución que ellos están planteando.

Con todos estos elementos, se elaboró un anteproyecto de acuerdo interno que la Junta Directiva de la Comisión, en su sesión del día 15 de marzo, resolvió someter a la consideración de todos los integrantes de la misma para su enriquecimiento y corrección, en su caso.

Realizada la consulta de referencia, el Pleno de la Comisión en su sesión de fecha 31 de marzo adoptó el siguiente acuerdo: Constituir un grupo de trabajo integrado por los diputados Alfredo Rodríguez y Pacheco, David Ferreyra Martínez y César Amín González Orantes, con el objeto de investigar la problemática que aqueja a los ahorradores defraudados del estado de Jalisco, debiendo rendir un informe a la Junta Directiva de la Comisión en un término máximo de 25 días naturales para que sobre esta base el pleno determine si es procedente o no exhortar al titular del Ejecutivo local del estado de Jalisco a efecto de que tome las medidas necesarias para que se autorice el pago a ahorradores defraudados en términos de la Ley del Fideicomiso Pago.

El 26 de mayo de 2004, el grupo de trabajo rindió su informe ante el Pleno de la Comisión, mediante el cual detalló las reuniones de trabajo que sostuvo con diferentes actores sociales e instituciones del estado de Jalisco durante el periodo comprendido entre el 2 y el 4 de mayo de 2004.

Con fecha 16 de junio de 2004, el Pleno de la Comisión aprobó el dictamen con punto de acuerdo relativo al memorial de particulares formulado por el Consejo Nacional de Ahorradores del estado de Jalisco.

Finalmente, con fecha 6 de julio de 2004, la presidencia de la Comisión remitió a la Mesa Directiva de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados el dictamen respectivo, para su atención y seguimiento, de acuerdo a la normatividad aplicable.

El 12 de julio de 2005, nuevamente la Mesa Directiva de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, un tercer memorial de particulares suscrito por el licenciado José Luis Sánchez Martínez, secretario general del Consejo Nacional de Ahorradores, a través del cual solicita que se investigue la problemática que afecta a ahorradores defraudados de los estados de Michoacán, Morelos, Querétaro, Durango, Oaxaca y Guanajuato.

En correspondencia con lo anterior, el 28 de julio, el Pleno de la Comisión resolvió constituir un grupo de trabajo plural para investigar la problemática que afecta a los ahorradores defraudados de los seis estados de la República anteriormente indicados.

A partir del mes de agosto, diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social iniciaron un proceso de investigación durante el cual visitaron a las organizaciones de ahorradores defraudados, a los titulares del poder ejecutivo de cada entidad federativa y a los respectivos Congresos locales.

Finalmente, el 19 de noviembre de 2004, durante su duodécima sesión plenaria ordinaria, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social aprobó proposición con punto de acuerdo mediante la cual la H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los H. Congresos locales de los estados de Oaxaca, Durango, Michoacán, Querétaro, Guanajuato y Morelos, a efecto de que revisen, ajusten e incluyan una partida especialmente etiquetada en el Presupuesto de Egresos correspondiente al año fiscal 2005, con el objeto de liberar recursos para el pago de mil 500 ahorradores defraudados. En este mismo sentido, la H. Cámara de Diputados exhorta a los gobernadores de dichas entidades federativas para efecto de que formalicen los convenios autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso Pago.

La cuarta iniciativa legislativa, a diferencia de las tres anteriores -que, como se observa, tienen que ver con el Fideicomiso Pago- se refiere al Fideicomiso Cajas de Ahorro (Ficah), fideicomiso privado creado con el objeto de administrar los bienes expropiados a José Cirilo Ocampo Verdugo. De acuerdo con lo anterior, con fecha 26 de enero de 2005, durante su XIV reunión plenaria, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, aprobó una proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, mediante la cual la H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al auditor superior de la Federación a efecto de que realice una auditoria de los recursos federales que ejerció el Fideicomiso Cajas de Ahorro (Ficah) desde el año dos mil, así como los 16 millones de pesos que el Fideicomiso Pago le aportó con cargo a su patrimonio en el año 2004.

Cabe destacar que la citada proposición con punto de acuerdo fue presentada y aprobada, en sus términos, en la sesión del Pleno de la H. Cámara de Diputados de fecha 1 de marzo de 2005, siendo remitida por el presidente de la Comisión de Vigilancia, diputado Salvador Sánchez Vázquez, con fecha 10 de marzo de 2005, a la Auditoría Superior de la Federación, para que dicha entidad, en ejercicio de la autonomía técnica y de gestión que la ley le confiere, determine lo conducente.

Al respecto conviene precisar que, a pesar de diversas gestiones y acciones de seguimiento del citado punto de acuerdo, la auditoría solicitada al Ficah, no se ejecutó en el transcurso de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.

Ahora bien, retomando el recuento del trabajo legislativo realizado en torno al Fideicomiso Pago, es menester indicar que los exhortos contenidos en las proposiciones con punto de acuerdo anteriormente comentadas no fueron acatadas por los CC. Gobernadores de los estados de Jalisco, Morelos, Oaxaca, Guanajuato y Querétaro por lo cual fue necesario adoptar dos acuerdos internos tendientes a garantizar el cabal cumplimiento de los exhortos de los multicitados puntos de acuerdo.

En tal sentido, con fecha 25 de mayo de 2005, el Pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social adoptó el siguiente acuerdo interno: constituir un grupo de trabajo especial integrado por diputadas y/o diputados de cada grupo parlamentario que forman parte de esta comisión y su equipo técnico, con el objeto de llevar a cabo diferentes reuniones de trabajo con el C. Gobernador constitucional del estado de Jalisco; diputados integrantes del honorable Congreso del estado de Jalisco y con el licenciado Guillermo Barnes García, comisionado del Fideicomiso Pago, a fin de buscar una salida negociada al problema que aqueja a ahorradores defraudados de dicha entidad federativa.

Más tarde, el 4 de julio de 2005, los CC. diputados: Alfredo Rodríguez y Pacheco y Francisco Saucedo Pérez, rindieron el informe correspondiente ante el Pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

El segundo acuerdo interno se adoptó el 28 de septiembre de 2005, fecha en la que el Pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social resolvió constituir un grupo de trabajo especial con el objeto de que se trasladen a los estados de Guanajuato, Querétaro, Morelos y Oaxaca para sostener diversas reuniones de trabajo con diputados locales y servidores públicos de dichas entidades federativas, a efecto de buscar una solución inmediata a la problemática de los ahorradores defraudados y puedan éstos resarcir sus ahorros mediante la suscripción de los convenios respectivos con el Fideicomiso Pago.

Cabe precisar que el citado grupo de trabajo, finalmente no se trasladó al estado de Oaxaca, debido a la suscripción, por parte del gobierno del estado, del respectivo convenio de coordinación con el Fideicomiso Pago.

En consecuencia, los días 28 de noviembre, 12 de diciembre y 19 de diciembre de 2005, el diputado Francisco Saucedo Pérez, a nombre del grupo de trabajo, rindió el informe correspondiente a los estados de Guanajuato, Morelos y Querétaro, respectivamente.

Una vez rendido el informe correspondiente al Grupo de Trabajo Especial que se trasladó a los estados de Guanajuato, Morelos y Querétaro para buscar una solución negociada a la problemática que aqueja a ahorradores defraudados de dichos estados de la República, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con fecha 25 de enero de 2006, resolvió elaborar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a los gobernadores de los estados de Querétaro y Guanajuato, a efecto de que suscribieran los respectivos convenios de coordinación y estuvieran en posibilidades de cumplir con lo establecido por la ley que crea el Fideicomiso Pago.

La citada proposición con punto de acuerdo fue aprobada por el Pleno de la H. Cámara de Diputados el día 21 de febrero de 2006, siendo comunicada oficialmente a los CC. Gobernadores anteriormente indicados.

Asimismo, es importante señalar que el citado punto de acuerdo no incluyó el exhorto respectivo al gobernador del estado de Morelos, debido a que funcionarios del gobierno del estado informaron, tanto a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social como a la Mesa Directiva del Congreso estatal que el gobernador suscribiría el convenio de coordinación en virtud de que se contaba con disponibilidad de recursos para el pago a ahorradores defraudados de la entidad; cosa que sólo se concretó hasta el mes de julio de 2006.

Lamentablemente, en el caso de los estados de Querétaro y Guanajuato, por información de los ahorradores se sabe que los CC. Gobernadores no han cumplido dicho compromiso, negándose reiteradamente a suscribir el convenio respectivo con el Fideicomiso Pago.

En suma, como se indicó al inicio del tratamiento de las iniciativas legislativas referidas a la problemática de ahorradores defraudados, el balance final arroja que únicamente los estados de Guanajuato y Querétaro no suscribieron el acuerdo respectivo con el Fideicomiso Pago, por lo que el problema de ahorradores defraudados en dichas entidades federativas sigue latente.

5. Iniciativas orientadas a disminuir la carga impositiva que soportan las sociedades cooperativas

En este campo, la labor legislativa de la CFCyES fue igualmente abundante, elaborándose en total tres iniciativas de reforma legislativa, cuyo objeto y trámite legislativo se explican a continuación.

La primera iniciativa se refiere al proyecto de decreto que adiciona un capítulo VII-A al Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta; debiéndose aclarar que la propuesta original contenía otro decreto. En efecto, el 21 de octubre de 2004, el diputado Luis Francisco Monárrez Rincón, secretario de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, a nombre de 77 diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo y de Convergencia, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adicionaba diversas disposiciones al Código Fiscal de la Federación, al Código Penal Federal y a la Ley del Impuesto sobre la Renta, siendo turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Unidas de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Hacienda y Crédito Público.

En relación al proceso de dictamen de la citada iniciativa, cabe destacar que la Comisión de Hacienda y Crédito Público en su sesión plenaria de fecha 22 de febrero de 2005 aprobó un dictamen mediante el cual introdujo tres modificaciones básicas al texto inicial de la iniciativa. En primer lugar, no estimó conveniente el establecimiento de un título especial en la Ley del Impuesto sobre la Renta para calcular y enterar el Impuesto sobre la Renta correspondiente a las sociedades cooperativas de producción, por lo cual propuso que simplemente se agregara un capítulo VII-A, con los mismos fines.

En segundo lugar, no consideró adecuado que se tipificara el delito de simulación de cooperativas, debido a que, en su opinión, éste ya está considerado en el Código Fiscal de la Federación; en consecuencia, rechazó las reformas propuestas a la fracción VIII del artículo 95 del Código Fiscal de la Federación y al artículo 389-BIS-A del Código Penal Federal.

En tercer lugar, acordaron limitar el beneficio de la tasa preferencial de 20% en el pago del Impuesto sobre la Renta, exclusivamente a aquellas sociedades cooperativas de producción cuyos ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubiesen excedido el tope de veinte millones de pesos.

Respecto a dichas propuestas de modificación, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social en su XV sesión plenaria de fecha 9 de marzo de 2005, resolvió aceptar las dos primeras. En relación con la tercera objeción, consideró que no era adecuado condicionar en modo alguno el acceso a la tasa preferencial del 20% en el pago del Impuesto sobre la Renta, razón por la cual no solamente se manifestó en contra del tope de los veinte millones de pesos como ingresos en el ejercicio inmediato anterior, sino también en contra de imponer la generación de un 5% de puestos de trabajo de socios trabajadores en el ejercicio inmediato interior, como condición para beneficiarse de la citada tasa preferencial.

Como medida de solución a las discrepancias anteriormente señaladas, el XV pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social acordó celebrar una reunión de trabajo de las Juntas Directivas de ambas comisiones dictaminadoras y dispuso la realización de diversas deliberaciones y consultas de orden técnico, al término de las cuales los CC. diputados: Francisco Javier Saucedo Pérez, Luis Francisco Monárrez Rincón y José Juan Bárcenas González, presidente y secretarios de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, respectivamente, presentaron ante esta soberanía adiciones a la iniciativa de decreto que adiciona el título III-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la fracción VIII del artículo 95 del Código Fiscal de la Federación y el artículo 389-Bis-A del Código Penal Federal con la intención de precisar y establecer reglas más claras para que en la iniciativa, no se convirtieran las imprecisiones en fuentes de evasión fiscal, haciéndose necesario el establecimiento de normas encaminadas a perfeccionar los artículos presentados originalmente ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados.

En esta misma fecha, el C. Presidente de la Mesa Directiva turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social, para su estudio y dictamen.

Sobre esta base, con fecha 8 de abril de 2005, el Pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social aprobó por unanimidad el dictamen de referencia, haciendo lo propio la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 9 de abril de 2005.

Continuando con el trámite correspondiente, el día 15 de abril de 2005, el Pleno de la H. Cámara de Diputados aprobó por mayoría el citado dictamen, siendo remitido para sus efectos constitucionales a la H. Cámara de Senadores.

Finalmente, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores analizaron la minuta y elaboraron el dictamen correspondiente, mismo que fue sometido al Pleno de la H. Cámara de Senadores en su sesión ordinaria de fecha 12 de septiembre de 2005, siendo aprobado por mayoría y turnado al Ejecutivo federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación, lo cual se produjo el día 8 de diciembre de 2005, entrando en vigor a partir del primero de enero de 2006.

Con la promulgación de esta reforma de ley, las cooperativas de producción podrán reinvertir buena parte de sus excedentes en activos fijos, mejorando de este modo la productividad y competitividad de la empresa cooperativa a nivel nacional.

La segunda iniciativa de política fiscal se refiere al proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. El trámite legislativo de dicha iniciativa de reforma dio inicio en la sesión del Pleno de la Cámara de diputados de fecha 1 de marzo de 2005, cuando los CC. diputados Francisco Javier Saucedo Pérez y Miguel Alonso Raya, presidentes de las Comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Seguridad Social, respectivamente, presentaron la iniciativa de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social con el objeto de reestablecer el sistema de cotización bipartita que disfrutaron las sociedades cooperativas de producción de nuestro país hasta el mes de julio de 1997. En esa misma sesión, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Fomento Cooperativo y Economía Social.

A partir del mes de septiembre de 2005 y hasta abril de 2006, se realizaron diversas reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como con representantes del sector cooperativo mexicano, con la finalidad de analizar y perfeccionar el contenido de la iniciativa de ley en comento, estableciéndose una mesa de concertación permanente.

Cabe destacar que en dichas reuniones de trabajo, las autoridades del IMSS también se comprometieron a analizar los problemas de orden técnico o administrativo que se hubieren presentado entre las cooperativas y el Instituto, desahogándose diversos problemas de este tipo en el transcurso de dichos meses.

Bajo este tenor, con fecha 30 de noviembre de 2005, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social aprobó por unanimidad el dictamen de la citada iniciativa de Ley.

Por su parte, la Comisión de Seguridad Social, en sesión ordinaria de fecha 25 de abril de 2006, aprobó el dictamen de mérito.

De este modo, en la sesión del Pleno de la H. Cámara de Diputados, correspondiente al día 27 de abril de 2006, última de la LIX Legislatura, se le dispenso la primera y segunda lecturas; sin embargo, por razones de tiempo, ya no alcanzó a someterse a la consideración de los CC. diputados.

La tercer y última iniciativa relativa a la carga fiscal que soportan las cooperativas, vio la luz el 10 de noviembre de 2005, fecha en la que el diputado Israel Tentory García, a nombre de diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social presentó ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto mediante el que se adiciona la fracción VIII al artículo 10 de la Ley Federal de Competencia, a fin de tipificar como práctica monopólica y discriminatoria hacia las cooperativas, la concesión exclusiva para la venta de productos o la prestación de servicios en ferias y exposiciones por parte de los gobiernos estatales y municipales, siendo turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva, para su estudio y dictamen, a la Comisión de Economía, sin que esta Comisión alcanzará a emitir el dictamen correspondiente.

6. Iniciativas que buscan incidir en la definición de políticas públicas de fomento cooperativo

Habida cuenta de la ausencia casi total de políticas públicas de fomento cooperativo por parte de los tres órdenes de gobierno, desde el ámbito legislativo, a través de la CFCyES, se procuró incidir en la definición de políticas públicas de fomento y promoción del cooperativismo mexicano. Este esfuerzo, si bien se concentró principalmente en la aprobación de una reforma integral de la LGSC, anteriormente comentada, en la que se incluye una capítulo especial de fomento cooperativo que, entre otras cosas, considera la creación del Registro Nacional Cooperativo, de la Dirección Nacional de Fomento Cooperativo y de un Fondo Nacional de Apoyo al Cooperativismo, también tuvo su expresión a través de sendas reformas al marco fiscal de las cooperativas, indicadas en el apartado anterior.

Pero, visto de manera más específica, el interés por incidir en la definición de políticas públicas de fomento cooperativo se concretó básicamente en tres tipos de iniciativas legislativas que estuvieron encaminadas a actualizar la estadística del sector cooperativo en nuestro país, a promover la creación de un programa especial de financiamiento a las cooperativas y a fortalecer el componente relativo a la educación cooperativa en el sistema educativo nacional. En mérito de lo antes expuesto, se elaboraron e impulsaron las siguientes iniciativas legislativas.

Con el objeto de actualizar la estadística del sector cooperativo en México y, a partir de ello, poder definir diferentes políticas de apoyo y promoción, con fecha 24 de noviembre de 2004 el diputado Israel Tentory García, integrante de la CFCyES presentó ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo, de obvia y urgente resolución, mediante la cual solicita que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática realizará un censo de cooperativas durante el año 2005 con el objetivo de conocer el número y las características de las cooperativas existentes en nuestro país, siendo turnado por la Mesa Directiva, para su estudio y dictamen, a la Comisión de Economía, sin que dicha instancia legislativa emitiera el dictamen correspondiente.

Por otra parte, motivados por el interés de revertir el abandono sistemático al que han estado sujetas las cooperativas en México en los últimos treinta años la CFCyES planteó, primero en forma de proposición con punto de acuerdo (año 2003) y luego como acuerdos internos (años 2004 y 2005), la creación de un Fondo Nacional de Financiamiento Cooperativo.

En este mismo tenor, y con la intención de hacer asimilable dicha iniciativa, se propuso que el fondo fuera administrado por el Fonaes de la Secretaría de Economía, evitando así el crecimiento innecesario de la burocracia administrativa; que sus recursos se destinarán exclusivamente a capital de inversión, a través de créditos para proyectos productivos a bajas tasas de interés, y que, en todos los casos, los créditos concedidos, fueran recuperables.

Ante el nulo avance en el desahogo de esta iniciativa, el monto solicitado para dicho fin fue igualmente disminuyendo de mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año fiscal 2004, a 500 millones de pesos para el año fiscal 2005 y a solamente 100 millones de pesos para el año fiscal 2006.

Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos empeñados en el cumplimiento de este propósito, no fue posible lograr su inclusión en los dictámenes del Presupuesto de Egresos de la Federación para los años fiscales 2004, 2005 y 2006, elaborados por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ni se obtuvo nunca una respuesta por escrito a dicha solicitud.

Por último, con la finalidad de incluir en los valores de la educación en México el de la educación en los valores de la solidaridad y la responsabilidad por medio de la educación cooperativa, el diputado José Juan Bárcenas González presentó la iniciativa que adiciona la fracción XIII del artículo 7 y la fracción XI del artículo 14 de la Ley General de Educación, misma que con fecha 27 de abril de 2004, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados turnó a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Fomento Cooperativo y Economía Social, respectivamente, para su estudio y dictamen.

Posteriormente, con fecha 26 de mayo de 2004, durante su séptima sesión plenaria ordinaria, el Pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social aprobó por unanimidad el dictamen presentado por la presidencia y aprobado en la reunión de la Junta Directiva del 17 de mayo de 2004.

Por su parte, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos durante el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo aprobó el dictamen en sus términos.

De esta suerte, en sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados, de fecha 9 de diciembre de 2004, el dictamen fue aprobado por unanimidad, siendo enviado como minuta a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales correspondientes.

Finalmente, el día 2 de junio de 2006, se publicó el decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación.

7. Iniciativas tendientes a la defensa de los intereses gremiales y asociativos del cooperativismo mexicano

Debido a las circunstancias propias de la problemática que afectó a las cooperativas de nuestro país durante la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, las iniciativas elaboradas para la defensa de los intereses generales del cooperativismo mexicano, se concretaron en el apoyo, por una parte, a la lucha desarrollada por las cooperativas Trabajadores de Pascual, en contra de la expropiación de los terrenos en los que tienen instaladas sus plantas industriales de la ciudad de México y, por la otra, la lucha de los trabajadores cooperativistas de "Editora de Periódicos SCL", conocida como cooperativa del periódico La Prensa, para la reapertura de su empresa en forma de sociedad cooperativa.

Es importante mencionar igualmente que a la CFCyES, le fue turnada una proposición con punto de acuerdo referente a la disputa en torno a las concesiones de permisos de circulación que sostenía la cooperativa radio taxímetros de Yucatán con el gobierno del estado, la cual fue dictaminada en sentido negativo por estimar que se trataba de un problema de jurisdicción local, respecto del cual el Poder Legislativo federal carecía de facultades de intervención.

En lo que atañe a la lucha de la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, en un primer momento, el Pleno de la Comisión en su sesión ordinaria celebrada el día 23 de junio de 2004, mediante la aprobación de una proposición con punto de acuerdo, de obvia y urgente resolución, estimó conveniente dar un reconocimiento a la lucha que por más de dos décadas han sostenido los trabajadores de la "Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual, SCL", en virtud de haber demostrado capacidad y compromiso para administrar su empresa de acuerdo con los principios y valores del cooperativismo universal.

Asimismo la Comisión consideró indispensable solidarizarse con los trabajadores de la sociedad cooperativa en cuestión, por cuanto hace al procedimiento radicado ante el Poder Judicial de la Federación, ya que si la autoridad revisora confirma la sentencia dictada por el A quo, en la que se concede el amparo y protección de la justicia federal a un particular, quedarían sin empleo más de mil 200 trabajadores y el polo de desarrollo regional que se da en el Distrito Federal, Hidalgo, Querétaro y Michoacán, se vería gravemente afectado.

El punto de acuerdo señala que la H. Cámara de Diputados se solidariza con los trabajadores de la "Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual, SLC" y que apela al Poder Judicial de la Federación para que emita sentencia favorable apegada a la verdad de los hechos históricos y a la justicia.

Dicho punto de acuerdo fue aprobado en sus términos por el Pleno de la H. Cámara de Diputados en su sesión correspondiente al 19 de octubre de 2004 y remitida para su conocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); sin embargo, un año después, el 17 de noviembre de 2005, con diez votos a favor y uno en contra, el Pleno de la SCJN emitió una resolución negativa a los intereses de los socios de la Cooperativa Trabajadores de Pascual, por lo que se hizo necesario redoblar el apoyo y la solidaridad hacia dicha cooperativa, en este sentido, se promovió la elaboración de una nueva proposición con punto de acuerdo suscrita, en esta ocasión, por la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados.

En lo relativo al apoyo solidario a los trabajadores del periódico La Prensa, vale resaltar que con fecha 26 de enero de 2005, durante la XIV sesión plenaria de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social se aprobó una proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, mediante la cual la honorable Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de la Unión se solidariza con los trabajadores cooperativistas de "Editora de Periódicos, SCL", conocida como cooperativa del periódico "La Prensa", quienes ganaron en primera instancia una litis para recuperar el control administrativo y los inmuebles de dicha empresa social y apela a que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en segunda instancia, emita sentencia favorable apegada a la verdad de los hechos históricos, a la equidad y la justicia social.

Dicha proposición con punto de acuerdo fue aprobada, en sus términos, en la sesión del Pleno de los Diputados de fecha 1 de marzo de 2005.

IV. Otras actividades colaterales

Entre las principales actividades de apoyo y complemento a la labor legislativa de la CFCyES, podemos destacar las siguientes.

1. Participación como fundadores y promotores de la Red de Parlamentarios Americanos Comprometidos con el Cooperativismo y en el impulso para la formación de la Red Mexicana

Durante la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, los diputados integrantes de la CFCyES participaron en el Primer Encuentro de Legisladores convocado por la ACI-Américas, el cual se celebró en el mes de octubre de 2003 en la ciudad de San Juan de Puerto Rico, convirtiéndose en fundadores de la Red de Parlamentarios Americanos Comprometidos con el Cooperativismo.

Posteriormente, durante el mes de noviembre de 2004, diputados integrantes de la CFCyES nuevamente participaron en el Segundo Encuentro de Parlamentarios Americanos Comprometidos con el Cooperativismo, el cual tuvo verificativo en Buenos Aires, Argentina, asumiendo el compromiso de organizar en la ciudad de México el tercer encuentro de la Red.

En base a dicho acuerdo, los días 14 y 15 de julio de 2005, se celebró en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro el Tercer Encuentro de la Red de Parlamentarios Americanos Comprometidos con el Cooperativismo. A dicho evento interparlamentario asistieron un total de 42 parlamentarios (de los cuales 4 son senadores y 38 diputados federales), procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, República Dominicana y Paraguay.

Entre los acuerdos más importantes emanados del Tercer Encuentro de Parlamentarios Americanos Comprometidos con el Cooperativismo sobresale la constitución de la Comisión Coordinadora de Parlamentarios y Parlamentarias comprometido(a)s con el cooperativismo, integrada por un parlamentario en representación de cada una de las siguientes regiones del continente americano: Región Norte, Región de Centro América y el Caribe, Región Andina y Región Cono Sur, Comisión Coordinadora a la cual también se suma un representante de la ACI-Américas y que se encargará de darle seguimiento a los acuerdos asumidos y preparar el Cuarto Encuentro de Parlamentarios Americanos comprometidos con el Cooperativismo.

Finalmente conviene subrayar que los parlamentarios reunidos con ocasión de este tercer encuentro suscribieron la llamada: "Declaración de México para la unidad y el desarrollo del movimiento cooperativo a nivel continental", documento de gran trascendencia programática y que contiene importantes elementos de una estrategia política para el movimiento cooperativo a nivel del continente americano, por cuya trascendencia e importancia, se anexa al presente documento. (Véase anexo 3)

En igual sentido vale la pena señalar que previo a la inauguración del Tercer Encuentro de la Red de Parlamentarios Americanos Comprometidos con el Cooperativismo, se realizó una reunión de trabajo convocada por la CFCyES en la que participaron diputados locales provenientes de los Congresos de los estados de Michoacán, Morelos y Distrito Federal, manifestando el interés de los asistentes por avanzar en la formación de una Red Mexicana de Parlamentarios Comprometidos con el Cooperativismo y asumiendo la sede de una segunda reunión de trabajo, el Congreso local de Michoacán. Desafortunadamente no fue posible darle continuidad a esta importante actividad de coordinación interparlamentaria, lo que explica que la Red Mexicana no haya podido constituirse formalmente en el transcurso de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.

Fiel a los compromisos adquiridos al interior de la Red, nuevamente una delegación de diputados integrantes de la CFCyES participaron en el Cuarto Encuentro de la Red de Parlamentarios Americanos Comprometidos con el Cooperativismo, celebrado en la ciudad de Lima, Perú, del 17 al 21 de julio de 2006.

Finalmente en lo que se refiere a la proyección del trabajo legislativo de la CFCyES en el escenario internacional, vale destacar que se buscó conocer de manera directa la experiencia de diferentes países en la regulación del sector cooperativo y de la economía solidaria, por lo cual, además de los viajes al extranjero realizados para participar en los Encuentros de la Red de Parlamentarios Americanos comprometidos con el Cooperativismo, se efectuaron dos giras de trabajo, la primera de ellas a la ciudad de La Habana, Cuba y, la segunda, al Complejo Cooperativo de Mondragón, España y a las ciudades de Munich y Colonia, en coordinación con la Confederación de Cooperativas Alemanas. (Véase anexo 9)

2. Vinculación estrecha con las diferentes expresiones del movimiento cooperativo nacional

Durante el período que comprendió la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, los ciudadanos diputados integrantes de la CFCyES participaron en un total de 89 eventos de alcance estatal, regional y nacional, en diversos estados de la República, incluido el Distrito Federal, eventos que van desde visitas a los centros de producción, acopio, distribución y prestación de bienes y servicios, así como a las oficinas administrativas y las instalaciones sociales, culturales, educativas y deportivas de cooperativas de base y organismos de integración; pasando por la participación en asambleas generales anuales ordinarias y extraordinarias y la inauguración de edificios y unidades productivas, e incluyendo la asistencia y participación en foros, coloquios y congresos de distinta índole organizados por las más variadas expresiones del movimiento cooperativo nacional.

Gracias a la participación en dichos eventos, se fortalecieron los lazos de vinculación y colaboración con diferentes cooperativas de base y organismos de integración de segundo y tercer grado, así como con autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal, proyectando de este modo la imagen de la Comisión y de la Cámara de Diputados en dichos espacios y recabando información y propuestas de interés para la elaboración de las distintas iniciativas y dictámenes legislativos.

Por su parte, la CFCyES, por cuenta propia o en coordinación con diversas instituciones públicas y organizaciones representativas del sector cooperativo mexicano, organizó un total de 7 foros de consulta, en los que se abordaron diferentes temas y en los que participaron poco menos de mil personas. (Véase anexo 7)

Con el objeto de establecer un mecanismo de consulta permanente con el Movimiento Cooperativo Nacional, así como con instituciones del gobierno federal, académicos, líderes históricos del cooperativismo mexicano y representantes de organizaciones del cooperativismo internacional con representación en nuestro país, la CFCyES, durante la LIX Legislatura le dio continuidad a la existencia del Consejo Consultivo de la Comisión el cual se instaló formalmente el día 28 de enero de 2004, efectuando, en promedio, una reunión plenaria anual.

Mención especial, merece la firma del Convenio de Colaboración con la Confederación Nacional Cooperativa de Actividades Diversas de la República Mexicana, firmado por la Junta Directiva de la Comisión el día 25 de agosto de 2004, cuyo contenido y alcances se detallan en el anexo 4.

Finalmente con la intención de apoyar los procesos de articulación e integración del movimiento cooperativo mexicano, la CFCyES realizó diferentes gestiones ante las autoridades correspondientes a fin de que se facilitaran las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro para la celebración de reuniones de trabajo y la organización de eventos de diversa naturaleza, organizados por distintas expresiones del movimiento cooperativo nacional.

3. Difusión de la cultura cooperativa

Posicionar al Movimiento Cooperativo en la agenda nacional constituyó uno de los objetivos estratégicos de la CFCyES. En tal virtud, la Comisión realizó importantes esfuerzos en el ámbito de la difusión de la cultura cooperativa a través de diversas actividades, entre las que destacan: a) La transmisión del programa radiofónico "Voces Cooperativas", lanzado al aire el 19 de enero de 2004 y que logró una continuidad de transmisión, de dos horas semanales, durante toda la Legislatura. La mayor parte del tiempo se transmitió a través de la señal de Radio Chapultepec, 560 de AM, aunque también de manera temporal, durante un breve periodo, se transmitió por la 1440 de AM, "La reina del hogar"; b) Apoyo a la transmisión del programa radiofónico "El sustento del hombre" por medio de la página de Internet www.sinbarreras.com.mx ; c) La publicación de la serie "Cuadernos Cooperativos y de Economía Social" en la que se publicaron textos cortos de autores nacionales e internacionales, abarcando una amplia gama de temas de interés para el movimiento cooperativo. El número de títulos publicados fue de 21, alcanzando un tiraje conjunto de 44 mil 500 ejemplares que se distribuyeron en forma gratuita entre todos aquellos que los solicitaron, sin distinción alguna. (Véase anexo 5); d) La publicación de la serie "Estudios Cooperativos, la cual comprendió la coedición de dos libros y dos folletos con un tiraje acumulado de 17 mil 800 ejemplares. Las organizaciones e instituciones con las cuales se realizó la coedición de los textos incluidos en esta colección fueron el Consejo Cooperativo y de Economía Solidaria del estado de Querétaro, la Sociedad Cooperativa Acatl, la Universidad Autónoma Chapingo y el Fondo Nacional de Empresas Sociales de la Secretaría de Economía (Véase anexo 6); e) Elaboración de una página web de la Comisión en la que se incluyó información diversa como directorios de cooperativas, eventos nacionales e internacionales, iniciativas y dictámenes legislativos, documentos de análisis y estudio del sector cooperativo, los tres planes de trabajo anuales y los cinco informes semestrales rendidos por la CFCyES, todos las publicaciones incluidas en las series "Cuadernos Cooperativos y de Economía Social" y "Estudios Cooperativos", etcétera. De igual manera, se instalaron diversos enlaces (links) con destacadas organizaciones cooperativas e instituciones relacionadas con el cooperativismo y la economía social a nivel nacional e internacional y, f) La realización de diversas entrevistas periodísticas y radiofónicas, la impresión de tripticos, folletos, volantes y posters de distinto tipo.

4. Cursos de formación, capacitación, asesoría técnica y gestión de asuntos diversos

Con el objeto de coadyuvar en los procesos de formación y capacitación de recursos humanos para el desarrollo del Movimiento Cooperativo Nacional, la CFCyES desplegó una importante labor tanto en el área de formación y capacitación, a través de la organización de diferentes cursos, seminarios y diplomados, como en la asesoría técnica y en el acompañamiento en la gestión de diversos asuntos de interés de las cooperativas y empresas sociales del país.

En lo relativo a la organización de cursos de formación y capacitación cooperativa, la CFCyES organizó por cuenta propia o conjuntamente con instituciones educativas y de gobierno u organizaciones representativas del Movimiento Cooperativo Nacional un total de 10 actividades de formación y capacitación de las cuales dos fueron cursos, dos presentaciones de libros, dos seminarios, dos diplomados, un laboratorio organizacional y una mesa redonda. Dichas actividades fueron impartidas o coordinadas por expertos en el mundo de las cooperativas y la economía social, provenientes de distintos países del continente americano, incluido nuestro país. En los cursos participaron un total de 654 personas, entre cooperativistas y dirigentes de organizaciones sociales, funcionarios públicos, asesores y asistentes parlamentarios, estudiantes y profesores universitarios y público en general. (Véase anexo 8).

Las acciones de asesoría y gestión de asuntos diversos se ofrecieron tanto a grupos en proceso de constitución de una figura asociativa legal como a organizaciones sociales y cooperativas ya constituidas. En número sumaron un total de 61 y se efectuaron tanto en la Ciudad de México como en diferentes entidades federativas del país.

V. Balance general y perspectivas para la LX Legislatura del Congreso de la Unión

Si se considera la cantidad y la calidad de las actividades legislativas y de apoyo legislativo realizadas, puede concluirse, sin temor a equivocarse, que la CFCyES durante la LIX Legislatura del Congreso de la Unión cumplió de manera general con los objetivos estratégicos planteados, logrando detener el proceso de involución jurídica que se venía imponiendo en contra del cooperativismo y la economía social en nuestro país y empujando, al mismo tiempo, la definición de políticas públicas de fomento cooperativo, particularmente en las áreas de política fiscal y de reconocimiento de la cultura cooperativa como un componente fundamental de los valores que deben guiar la educación en México.

Sin embargo, el mérito por dichos resultados no sólo corresponde a los CC. legisladores, sino también a las organizaciones representativas del movimiento cooperativo nacional. En efecto, el trabajo de la CFCyES durante la presente Legislatura puede dividirse en dos grandes etapas. La primera de ellas transcurre desde su instalación formal en octubre de 2003 hasta el mes de noviembre de 2005, mientras que la segunda etapa se inscribe en el periodo que va de noviembre de 2005 a agosto de 2006.

El parteaguas entre una y otra etapa, está definido por la movilización realizada el día 22 de noviembre de 2005 en las instalaciones de la Cámara de Diputados por diversos contingentes del movimiento cooperativo, entre los que destacan: la Alianza Cooperativista Nacional, la Coordinadora Cooperativa del Valle de México, la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual y el Nuevo Movimiento Cooperativo y Solidario, cuyas demandas principales giraban en torno al rechazo total a la aprobación de la minuta del Senado por el que se expide la Ley de Sociedades Cooperativas y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la LACP, apoyo al dictamen por el que se reforma el artículo 33 y se adicionan los artículos del 33-A al 33-F de la Ley General de Sociedades Cooperativas y repudio total a la resolución de la SCJN mediante la que se desconoce el decreto expropiatorio emitido por el gobierno de la Ciudad de México y se ordena la devolución de los terrenos en los que se hayan instaladas las plantas industriales de la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual a su antigua propietaria.

El citado plantón, congregó a poco más de tres mil personas y se prolongó durante prácticamente todo el día; en el inter, una comisión representativa de los manifestantes ingresó al Palacio Legislativo de San Lázaro en donde sostuvo diversas reuniones de trabajo en las que expuso sus demandas ante distintas instancias legislativas, tales como la Junta de Coordinación Política, la Presidencia de la Mesa Directiva y los grupos parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional.

Al cabo de dicha jornada de lucha, el logro más importante se tradujo en una mayor sensibilización de los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, lo cual prácticamente se expresó en una modificación en la correlación de fuerzas al interior de la CFCyES entre las dos grandes posiciones o concepciones descritas a lo largo de este documento.

A partir de ese momento, la productividad legislativa de la CFCyES se incrementó notoriamente en la perspectiva de la concepción social del cooperativismo, desechándose la minuta del Senado de la República por la que se expide la Ley de Sociedades Cooperativas y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la LACP y aprobándose los siguientes dictámenes: con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la LGSC; con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 y se adicionan los artículos del 33-A al 33-F; acumulativo de cinco iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la LACP; con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción VI del artículo primero y el artículo 212 de la LGSM. Sumado a lo anterior, se incrementó el trabajo en comisiones unidas, logrando elaborar y presentar ante el Pleno de la Cámara de Diputados los dictámenes relativos a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el que se adiciona la fracción XXIX-N al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la iniciativa de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.

Este aliento favorable se mantuvo vivo hasta el final de la Legislatura, gracias a la constante movilización de las organizaciones cooperativas anteriormente indicadas, resultando particularmente destacada la realización de un nuevo plantón el día 7 de diciembre de 2005 en las instalaciones de la CNBV. En este segundo plantón participaron cerca de 5 mil personas, el grueso del contingente estuvo integrado por socios y directivos de las cooperativas afiliadas a Alcona. Siguiendo esta misma línea, a finales del año 2005 y principios del 2006, se realizaron diversas movilizaciones en los estados de Tlaxcala, Oaxaca y Guanajuato.

Atento a lo expuesto, a la nueva CFCyES de la LX Legislatura del Congreso de la Unión le queda pendiente la enorme tarea de darle continuidad al desarrollo del proyecto social y autogestivo del cooperativismo y la economía social, pasando a la ofensiva con un paquete legislativo más amplio e integral que, de manera meramente enunciativa, podría considerar los siguientes ejes de acción.

1. Incorporación explícita al proyecto de desarrollo nacional del cooperativismo y la economía social y federalización de la actividad legislativa en materia cooperativa mediante sendas reformas al texto constitucional

Lo anterior puede lograrse, por una parte, coadyuvando en la elaboración del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 25 Constitucional en lo Referente al Sector Social de la Economía, cuya minuta se haya en poder del Senado de la República, o bien elaborando una nueva iniciativa de reforma constitucional.

Por otra parte, deberá impulsarse, con toda energía, la aprobación del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-N al artículo 73 constitucional, tanto en el Senado de la República como en la mayoría de los Congresos locales del país.

2. Actualización de la LGSC

En este campo de la actividad legislativa existen igualmente dos posibles alternativas, la primera sería impulsar la aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LGSC de 1994 y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, o en su defecto, desarrollar, en coordinación con los organismos de integración cooperativa de segundo y tercer grado, un nuevo proceso de consulta y discusión que derive en la expedición de una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas.

3. Pugnar por el respeto irrestricto al carácter social de la figura de sociedad cooperativa

Para lograr este propósito, es menester conjurar, de una vez por todas, el pecado original de la legislación cooperativa en México, lo cual se traduce en vigilar que la Comisión de Economía emita el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción VI del artículo primero y el artículo 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

4. Detener el proceso de mercantilización y privatización de las finanzas populares en México

Dicho propósito puede lograrse mediante el impulso de tres iniciativas de reforma legislativa. La primera de ellas estaría relacionada con una reforma integral de la LACP, con el objeto de excluir a las Sociedades Financieras Populares de dicho precepto legal, eliminar los componentes mercantiles y bancarios de la ley, disminuir los requisitos de acceso y sostenimiento, reducir el protagonismo y las facultades excesivas de las federaciones, ampliar las atribuciones de las confederaciones, garantizar la responsabilidad social del Estado mexicano y otorgarle nuevas funciones al Fondo de Depósitos, entre otras reformas necesarias.

La segunda iniciativa de reforma legislativa estaría centrada en la reforma integral de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros con la finalidad de otorgarle mayor capacidad de decisión a los organismos representativos del sector cooperativo de ahorro y préstamo, establecer un mecanismo de transición para su transferencia o conversión en un banco cooperativo y eliminar sus actuales funciones de captación de ahorro y colocación de crédito para que no siga siendo una competencia desleal para el sector.

La tercera iniciativa legislativa estaría orientada a la creación de un Sistema Financiero Rural con la participación de todos aquellos organismos financieros solidarios que actúan en el medio rural del país, recuperando la experiencia acumulada e innovando en tecnologías de intermediación financiera adaptadas a las condiciones del campo mexicano. De esta forma, se daría cabal cumplimiento al mandato establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Cabe apuntar que las anteriores reformas legislativas no excluyen ni se contraponen con la urgente necesidad de crear un capítulo especial en la LGSC para la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y préstamo de vínculo cerrado o exclusivo, tarea que deberá ser atendida como parte del segundo eje de acción legislativa señalado anteriormente.

Con esta misma finalidad, es fundamental darle continuidad a diversas gestiones que se han venido realizando desde finales del año 2005 con las autoridades financieras del país al más alto nivel. Las dos últimas reuniones de trabajo se celebraron los días 9 y 17 de agosto de 2006. En la primera de ellas participaron los CC. diputados Francisco Saucedo Pérez e Isidoro Ruiz Argaiz, en representación de la H. Cámara de Diputados, en tanto que por parte del gobierno federal participó el licenciado Jonathan Davis Arzac, presidente de la CNBV y su equipo de colaboradores. En la segunda reunión de trabajo, además de los diputados federales señalados anteriormente, estuvieron presentes el licenciado Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda y Crédito Público, el licenciado Alonso García Tamez, subsecretario de Ingresos de la SHCP, el licenciado Javier Gavito Mohar, director ejecutivo del Bansefi y el doctor Guillermo Zamarripa Escamilla, titular de la Unidad de Banca y Ahorro de la SHCP. En ambas reuniones de trabajo privó un ambiente de colaboración para la búsqueda de soluciones legales y legislativas a la problemática derivada de la imposibilidad de que un buen número de cooperativas de ahorro y préstamo del país puedan cumplir con los requisitos exigidos por la LACP para su formalización legal, por lo cual se acordó continuar explorando distintas alternativas de solución a través de diversas reuniones de trabajo en las que participarán representantes de las cooperativas de ahorro y préstamo que no pueden ni desean cumplir con la LACP; las autoridades financieras, representadas por el doctor Guillermo Zamarripa Escamilla, titular de la Unidad de Banca y Ahorro de la SHCP y, los nuevos legisladores de la CFCyES de la LX Legislatura del Congreso de la Unión.

5. Iniciativas de política pública y fiscal

Lo ideal sería lograr que en las leyes macro, reglamentaria del artículo 25 constitucional y LGSC, estuviera incluido un capítulo especial dedicado al fomento cooperativo y de la economía social; pero, en tanto esto no sea posible o se requiera adecuar la legislación a dichos propósitos, sería recomendable, impulsar tres iniciativas legislativas concretas. En primer lugar, elaborar una iniciativa de ley para la constitución de un Fondo Nacional de Financiamiento Cooperativo; en segundo lugar, concluir el proceso de aprobación del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y, en tercer lugar, elaborar una iniciativa de Ley para la creación de un Sistema Nacional de Educación y Capacitación Cooperativa.

6. Continuar ejerciendo la más irrestricta defensa de los intereses gremiales y asociativos del cooperativismo y la economía social en nuestro país

En este tenor, hacia el futuro inmediato, se avizora la continuidad de los siguientes problemas sociales: a) La problemática relativa a ahorradores defraudados en los estados de Guanajuato y Querétaro; b) La disputa por la posesión legal de los terrenos en que se hayan instaladas las plantas industriales de la Cooperativa Pascual, y c) La lucha por un marco jurídico que respete la naturaleza social y la finalidad solidaria y distributiva de la riqueza de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo del país.

Estos y otros problemas sociales, que pudieran surgir en el transcurso de la próxima Legislatura, requerirán de una solución o un apoyo legislativo que la nueva CFCyES debe estar atenta a responder con sensibilidad y eficiencia.

Sin embargo, es importante tener presente que el éxito de cualquier iniciativa legislativa depende en buena medida del respaldo y la legitimidad que tenga al seno del movimiento cooperativo organizado, por ello recomendamos ampliamente darle continuidad a todos los procesos de interlocución con el movimiento cooperativo que van desde las visitas a sus oficinas y centros de producción y prestación de servicios, pasando por la asistencia a sus asambleas generales y demás eventos internos, hasta la formalización de convenios de colaboración con las más diversas expresiones del movimiento cooperativo organizado.

En esta misma perspectiva, resulta fundamental la permanencia del espacio del Consejo Consultivo de la CFCyES, dándole una mayor continuidad a sus reuniones plenarias y organizando áreas o secciones especializadas de trabajo por temas o regiones geográficas.

Finalmente vale la pena señalar que, en la medida en que no exista una institución del gobierno federal que actúe como contraparte institucional del Movimiento Cooperativo Nacional, la CFCyES deberá seguir asumiendo algunas tareas de apoyo técnico en los campos de la asesoría y la capacitación, de la difusión de la cultura cooperativa y de la gestión de asuntos diversos. En este sentido, sería recomendable darle continuidad a las series "Cuadernos Cooperativos y de Economía Social" y "Estudios Cooperativos", segunda época, así como al programa radiofónico "Voces Cooperativas" Esto último, evidentemente, con un nuevo formato o presentación que supere la calidad de lo realizado durante la LIX Legislatura.

Dip. Francisco Javier Saucedo Pérez (rúbrica)

Notas:
1 Entre dichas presiones del contexto internacional cabe destacar a últimas fechas, por una parte los llamados Acuerdos de Basilea II y, por otra, la reformulación de las normas internacionales de contabilidad (NIIF*s) Todo lo cual supone que todos aquellos países que decidan incorporar dichos cambios deberán realizar los ajustes correspondientes al marco jurídico en general y a la ley de Cooperativas, en particular.
 
 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE GANADERÍA, FINAL DE ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE A LA LIX LEGISLATURA

Palacio Legislativo, agosto de 2006

I. Antecedentes

El sector ganadero en México es un sector económicamente relevante al generar ingresos para muchas familias, empleos directos e indirectos, y al ser el principal proveedor de proteína animal para la alimentación de la población mexicana.

Existen cifras que a continuación reflejan la situación actual de la ganadería en México. Estas cifras muestran que los tres subsectores más importantes de la ganadería son: bovino, porcino y avícola.

Ganado bovino

Se estima que actualmente el país cuenta con un hato ganadero de

Las cifras indican que en los últimos diez años el hato ganadero bovino, se ha reducido en más del 35% y entre las causas de esta reducción tenemos:

Como se observa en la tabla, en todos estos años salvo en 1995 la balanza comercial de importaciones y exportaciones de carne de bovino fue deficitaria para México.

Cabe señalar que aún cuando el consumo per cápita de carne de bovino en el país se ha mantenido constante, el consumo de carne mexicana ha disminuido al ser sustituido por las importaciones.

Sector porcino

La firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Norteamérica ha impactado de manera importante al sector porcícola.

Se calcula que en el periodo de 1995 a 2003, el incremento de las importaciones de cárnicos de cerdo fue de más del 600% pasando de 30 mil toneladas de carne de cerdo en 1995, a 233 mil toneladas en 2003 y para el caso de pierna de cerdo las importaciones se han incrementado hasta en un 2,100%, pasando de 15 mil toneladas a 163 mil toneladas.

Es necesario señalar que un importante porcentaje de estas importaciones, no cumplían con las normas de calidad en su país de origen y por ello fueron vendidas a muy bajo precio a los importadores mexicanos, por lo que esta carne compite en forma desleal con la carne que produce el productor nacional, además poner en riesgo la salud de los mexicanos.

Desgraciadamente, se ha corroborado que Senasica de la Sagarpa, no verifica lo que entra al país, argumentando que no cuenta con la infraestructura y recursos humanos suficientes para hacerlo, lo que ha convertido a México en un nicho de mercado para productos no aceptados en otros países.

Sector avícola

En 1994 se firma el TLCAN con Estados Unidos y Canadá y en 2003 desaparecen totalmente las cuotas y aranceles para carne de ave.

No obstante la apertura comercial, la planta avícola nacional productora de carne de pollo presentó de 1990 a 2002 un crecimiento contínuo en donde de producirse 945,350 toneladas en 1990, para 2002 se produjeron 2,187,936 toneladas. Lo que representó un crecimiento acumulado de 116.1%, ocupando el más alto en el sector pecuario.

Es interesante resaltar que en la participación de producción total de carnes en México, en 1995 la carne de bovino participó con el 26%, la de porcino con 17%, la de ovino caprino con 1.5% y la de aves con el 28%, y para el año 2002, la participación de producción de carne de pollo se incrementó a 31.5%, la de res bajó a 21.8%, la de cerdo bajó a 15.7% y la de ovino caprinos bajó a 1.1%.

El incremento de la participación de carne avícola se puede explicar por:

Bachoco, Pilgrims Pride y Tyson, configurando un mercado oligopólico. Desgraciadamente esto ha generado que los otros productores hayan ido desapareciendo.

Aún cuando el subsector avícola ha crecido, tenemos que reconocer que este crecimiento se debe a la inversión de transnacionales que se han apropiado del mercado nacional, desplazando al mediano y pequeño productor sobretodo

Por otra parte el incremento en las importaciones y el contrabando técnico de deshechos de ave, pastas de ave, pollo en salmuera, y preparaciones de ave, se han incrementado en más del 100%, generando mayor competencia desleal para los pequeños y medianos productores.

Es importante mencionar que los productores de ovinos y caprinos, los lecheros y los productores avícolas, representaron también una importante preocupación para la Comisión Especial de Ganadería y que por ello se trabajó en diversos temas con la finalidad de apoyarlos y fortalecerlos.

Políticas y tendencias de la ganadería nacional

Para entender el desarrollo de la ganadería a lo largo de los últimos años se debe tener presente que este sector ha evolucionado condicionado por políticas de globalización, como se observa en los datos presentados.

En este contexto desde hace veinte años, el sector agropecuario mexicano, se somete a la normatividad del "GATT" hoy Organización Mundial del Comercio "OMC", y a la firma de diversos acuerdos y tratados comerciales que involucran a 35 países, en donde el 90% del comercio exterior mexicano se realiza con los Estados Unidos de Norteamérica.

Al abrirse el mercado nacional a la competencia internacional, los productores del sector ganadero, se han visto obligados a competir con los de otros países, pero desgraciadamente en la mayoría de los casos en condiciones de desventaja.

En los últimos diez años el NAFTA, y las condiciones climáticas han generado los siguientes cambios:

Mejorar la calidad de nuestros productos y darles valor agregado, son condiciones para poder competir tanto en el mercado nacional, como en el internacional. Pero para obtener productos competitivos, es indispensable contar con materia prima de primera calidad, es por ello que la sanidad animal es tan importante y en consecuencia debe trabajarse muy en serio en este rubro.

Solo basta, ver las restricciones de movilización de ganado mexicano en territorio mexicano, impuestas por los norteamericanos, y aceptadas por nuestras autoridades sanitarias, mismas que han dejando sin materia prima a los engordadores nacionales de los estados del norte principalmente.

Es prioritario acabar con estas prácticas de presión por parte de los norteamericanos.

Nuestros rastros, sobre todo los de tipo inspección federal en los que se han invertido muchos recursos, deben poder contar con materia prima para poder seguir trabajando.

Por todo lo expuesto es que la Cámara de Diputados al entender la relevancia del sector y su problemática, aprueba instalar, el 24 de marzo de 2004, la Comisión Especial de Ganadería, conformada por diputados de todas las fracciones parlamentarias.

El trabajo de la Comisión surge de reconocer y entender el problema que enfrentan los productores nacionales, no sólo por las consecuencias nocivas que ha tenido la apertura comercial, que permite la importación de productos de países que subsidian fuertemente a su sector productivo, sino además, por todas las trampas tendidas por algunos importadores, para evadir el pago de aranceles y evitar el cumplimiento de reglas no arancelarias, así como por la falta de políticas gubernamentales adecuadas para dar mayor oportunidad a los productores de ser más competitivos.

Para realizar su trabajo y compenetrarse en los temas de relevancia del sector ganadero, la Comisión realizó múltiples reuniones ordinarias, extraordinarias, y de trabajo. Desde un inicio se llevaron a cabo visitas y foros a todas las regiones ganaderas de la República Mexicana, en donde se conocieron de cerca las necesidades reales y específicas del sector.

Se hicieron reformas a diversas leyes mismas que se mencionan más adelante en este informe.

Siendo una las principales reformas, las que se hicieron a la Ley Federal de Sanidad Animal mismas que se aprobaron por unanimidad en esta Cámara pero que desgraciadamente por intereses ajenos al sector se desecharon. Por ello, es necesario que la nueva Comisión de Ganadería, retome este tema.

Es importante señalar que el Senado envió a esta Cámara una iniciativa que se encuentra actualmente para dictamen en la Comisión de Agricultura y Ganadería, desgraciadamente esta propuesta favorece principalmente los intereses muy específicos de la industria y las importaciones, por lo que los nuevos diputados que integren la nueva Comisión de Agricultura y Ganadería deberán ser muy cuidadosos al revisar esta ley y en nuestra opinión no es conveniente que se apruebe, ya que tal como esta propuesta, abre las fronteras indiscriminadamente a muchos productos, al reconocer el sistema norteamericano, y al olvidarse de preservar la salud del consumidor al dejar fuera de competencia a la Secretaría de Salud, y al ignorar la existencia de los rastros municipales y de la problemática que estos representan.

II. Reuniones ordinarias

Primera reunión ordinaria, 24 de marzo de 2004

En la primera reunión ordinaria se instala la Comisión Especial de Ganadería, en la misma se nombra al diputado Gonzalo Alemán Migliolo de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, como presidente de la Comisión Especial de Ganadería, asimismo, se nombran como secretarios de la Comisión, al diputado Ernesto Dávila Aranda del PAN, al diputado José Maria de la Vega Lárraga del PAN, a la diputada Consuelo Rodríguez de Alba del PRI, al diputado Cesar Amín González Orantes del PRI y al diputado Reynaldo Valdés Manzo del PRD y se hace entrega de la propuesta del plan de trabajo.

Segunda reunión ordinaria, 6 de abril de 2004

Se acuerda aprobar una reforma a la Ley Federal de Sanidad Animal estableciendo que la verificación de los productos cárnicos y subproductos, sólo podrá realizarse en los puntos de entrada en franja fronteriza cuando se trate de importaciones por vía terrestre o en los puertos de entrada cuando se trate de importaciones vía aérea o marítima. Esta reforma generó conflictos de interpretación por parte de la autoridad respecto a la importación de animales vivos, por lo que con el fin de resolver el problema se presentó una iniciativa que reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Sanidad Animal, que establece que los animales vivos deberán seguir siendo verificados o inspeccionados en territorio extranjero.

En la segunda reunión ordinaria se invita a que los integrantes de la Comisión, presenten sus comentarios de la propuesta del plan de trabajo.

Se informa sobre la reunión del presidente de la Comisión con la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado.

Tercera reunión ordinaria, 13 de abril de 2004

En esta reunión se discutieron las diversas propuestas de plan de trabajo presentadas por los diputados integrantes de la Comisión Especial de Ganadería, quedando definido el mismo.

Se establecieron acuerdos para llevar a cabo reuniones de trabajo con diversos funcionarios del gobierno federal relacionados con la ganadería y su problemática.

Se propone la creación de subcomisiones, para trabajar sobre temas específicos, se aprueba la creación de las subcomisiones, mismas que quedan integradas.

Se propone la primera gira de trabajo al estado de Chihuahua.

El diputado Alemán presenta la publicación del decreto en el cual se aprueban modificaciones al impuesto a la melaza utilizada para alimentar ganado, quedando este producto exento del pago del impuesto.

Cuarta reunión ordinaria, 29 de abril de 2004

Reunión de trabajo con el coordinador general de Ganadería de la Sagarpa el doctor José Luis Gallardo Nieto, con la finalidad de coordinar acciones entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.

Uno de los principales temas abordados en esta reunión, fue el de frenar la utilización indebida de beetagonistas en la engorda de ganado. Por lo que en esta reunión se acordó hacer las reformas pertinentes a la Ley Federal de Sanidad Animal respecto a la utilización, venta, traslado y almacenaje de productos betaanálogos de tal forma que estas acciones se penalicen cuando no cuenten con la autorización oficial de la Secretaría de Salud y cuando se utilicen para la engorda de ganado.

Se recibió de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos una iniciativa, para adicionar y reformar el Código Penal Federal, a efecto de tipificar como delito grave el uso de beetagonistas en la engorda de animales sobre la que esta Comisión se pronunció favorablemente. Cabe señalar que este es otro de los temas de importancia que deberá retomar la nueva Comisión, ya que las iniciativas quedaron congeladas en el Senado. Se habló de programas de apoyo a la ganadería y las reglas de operación de los mismos.

Quinta reunión ordinaria, 6 de julio de 2004

Se hace entrega del primer informe de actividades.

Se hace una exposición sobre las giras de trabajo al estado de Chihuahua y a los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Se conforma la Subcomisión de Leche presidida por el diputado José Luis Treviño, cabe señalar que es subcomisión que realmente funcionó debido a que el sector lechero requirió de mucha atención.

Se trató el tema de la utilización en México de subproductos de leche que se utilizan como alimento para animales en todo el mundo y la necesidad de hacer algo para evitarlo.

Se propone gira en Estados Unidos de Norteamérica para visitar plantas de sacrificio y empaque y a la vez reunirse con funcionarios y legisladores estadounidenses relacionados con el sector.

Se habló de la necesidad de hacer reformas a la Ley de Amparo, para evitar prácticas de contrabando técnico.

Sexta reunión ordinaria, 19 de agosto de 2004

En esta reunión ordinaria los diputados discutieron las propuestas de reformas que se podrían presentar en el periodo ordinario de sesiones.

Se presentó un proyecto de apoyos al sector para incluirse en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2005.

Séptima reunión ordinaria, 14 de octubre de 2004

En esta reunión se discutieron varias iniciativas:

Se analizó el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el ejercicio fiscal 2005 correspondiente a los programas ganaderos.

Análisis de la controversia constitucional emitida por el Ejecutivo y su afectación a los programas ganaderos.

Se discute acerca de la publicación de las reglas de operación de los diversos programas.

Se comenta que la Subsecretaría de Ingresos mediante regla miscelánea evade el cobro del derecho por inspección y verificación de productos y subproductos cárnicos para consumo humano establecido en el artículo 85-A de Ley Federal de Derechos y se acuerda que tanto el subsecretario de Ingresos como el director en jefe de Senasica, comparezcan para explicar la no aplicación de la ley.

Propuesta de trabajo para el periodo ordinario, giras y foros.

Novena reunión ordinaria, 15 de febrero de 2005

Se discutió la agenda de actividades de la Comisión para el periodo del primer semestre de 2005. Se habló de los diversos programas de apoyo para el sector ganadero apoyados en el Presupuesto de Egresos para 2005 y de las reglas de operación de los mismos.

Se hace la presentación de programas instituidos en Fira con la presencia del director general de Fira, el licenciado Francisco Meré Palafox.

Décima reunión ordinaria, 22 de febrero de 2005

A esta reunión se invitaron funcionarios de Firco, Pymes y a productores del sector pecuario, para conocer los criterios que se aplican para acceder a los recursos de los diversos programas de apoyo dirigidos a los ganaderos.

Undécima reunión ordinaria, 12 de septiembre de 2005

Se revisó el estatus que guardan los trabajos de la Comisión, y se discutió la importancia de desatorar cabildear aquellos que no habían prosperado.

Se hace entrega del informe de trabajo y propuestas legislativas para presentarse en el periodo ordinario.

Duodécima reunión ordinaria, 20 de septiembre de 2005

Se discutió la conformación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2006, referente a los programas ganaderos.

Decimotercera reunión ordinaria, 6 de diciembre de 2005

Lectura y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos para los programas de apoyo destinados a la ganadería para el ejercicio fiscal de 2006, mismo que se fue entregado a la Comisión de Presupuesto.

Se emitieron opiniones para establecer estrategias para que el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2006 se ejerciera conforme al espíritu del legislador

Comentario

Cabe señalar que de las reuniones ordinarias, se desprendieron infinidad de reuniones de trabajo que no se encuentran documentadas.

(Ver anexo 1 relacionado con las reuniones ordinarias de la Comisión Especial de Ganadería, al que se le anexan las actas y orden del día de la reunión correspondiente)

III. Reuniones de trabajo

1. Desayuno con periodistas estadounidenses del sector ganadero, 11 de mayo de 2004

En este desayuno los diputados de la Comisión expresaron su inconformidad del trato que dan los inspectores sanitarios de los Estados Unidos a las exportaciones mexicanas, al establecer miles de trabas y cobros.

Derivado de este desayuno un grupo de diputados de la Comisión, fueron invitados a visitar plantas de sacrificio y empaque en la Unión Americana, por parte de la US Meat Export Federation (promotora del consumo de carne importada en México).

2. Mesa redonda con el Canal del Congreso, 6 de julio de 2004

Con la finalidad de dar a conocer al público en general de las actividades de la Comisión Especial de Ganadería, se llevó a cabo un programa de televisión, en el que participaron diversos integrantes de la Comisión Especial de Ganadería y en donde se trataron temas relevantes relacionados con el sector pecuario. Entre los que se habló de las importaciones de productos pecuarios para consumo humano y de la forma en que las autoridades federales mexicanas, realizan la vigilancia de estas importaciones.

3. Reunión de trabajo con el doctor Javier Trujillo Arriaga director en jefe de Senasica, 6 de julio de 2004

Al terminar la 5ª reunión ordinaria se lleva a cabo una reunión de trabajo con diversos funcionarios federales, con la finalidad de tratar el tema de contrabando de productos pecuarios y la falta de control por parte de las autoridades federales sanitarias (Senasica).

A esta reunión asistieron: el licenciado Alfonso Torres Cabello de Aduanas, el doctor Javier Trujillo Arriaga director en jefe de Senasica, y los diputados integrantes de la Comisión, así como productores del sector pecuario.

Como resultado de la reunión se logró que en colaboración con la Administración General de Aduanas, se restringieran el número de puntos de entrada al país por los que se pueden importar productos y subproductos cárnicos, de 48 a 14 aduanas.

En la reunión se discutió el mecanismo de contrabando técnico a través de amparos y los diputados apoyaron el reformar la Ley de Amparo para evitar que este instrumento se utilice para no cumplir con el pago de aranceles y las restricciones no arancelarias. La propuesta se encuentra congelada en la Comisión de Honor y Justicia.

Con el doctor Javier Trujillo, director en jefe de Senasica, se discutió la reforma a la Ley Federal de Sanidad Animal aprobada por esta Legislatura, respecto a que los productos de origen animal que se importan a México señalando que deben ser revisados en los puntos de entrada en la franja fronteriza y que de tratarse de importaciones vía aérea o marítima en los aeropuertos o puertos de entrada, con la finalidad de tener un mayor control.

Asimismo, para evitar malas interpretaciones de la ley, se acordó modificar la reforma para que en el caso de animales vivos la revisión se haga primero en el extranjero y luego en los puntos de entrada a territorio nacional, con la finalidad de evitar riesgos sanitarios.

A Senasica se le señaló que no realiza su trabajo de inspección en el momento de la importación, ya que lo único que revisa son documentos.

4. Reunión de trabajo con diversas organizaciones ganaderas, 6 de septiembre de 2004

En esta reunión se hizo un análisis integral de la Ley Federal de Sanidad Animal, y las organizaciones hicieron propuestas para reformas a la ley.

5. Reunión de trabajo con integrantes del Sistema Producto Leche, 28 de septiembre de 2004

Se trabajó en la propuesta para la reforma al artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos, con la finalidad de establecer certidumbre en el precio de la leche y de los cupos de importación que otorgaría la Secretaría de Economía a la industria privada y a Liconsa. Se estableció el programa de compra de leche al productor nacional por parte de Liconsa y un subsidio al precio de la leche nacional.

6. Reunión de trabajo de los diputados de la Comisión Especial de Ganadería, 5 de octubre de 2004

En esta reunión se revisó y analizó la propuesta de iniciativa del artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos, así como reformas a la Ley Federal de Sanidad Animal y a la Ley de Amparo.

7. Reunión de trabajo, 7 octubre de 2004

Con la finalidad de analizar el proyecto de Presupuesto de Egresos para el sector ganadero, se llevó a cabo una reunión extraordinaria a la que asistieron representantes de diversas agrupaciones de ganaderos del país.

8. Reunión de trabajo con el secretario de la Sagarpa, Javier Usabiaga Arroyo, 27 de octubre de 2004

La reunión con el Secretario tuvo como finalidad, platicar del Presupuesto de Egresos para 2005 destinado a la ganadería, de tal forma que el Secretario conociera el espíritu del legislador y entendiera la razón por la cual se busca apoyar los programas propuestos.

9. Reunión de trabajo con la Confederación de Porcicultores Mexicanos, 24 de noviembre de 2004

La Unión Nacional de Porcicultores solicitó el apoyo de los legisladores, respecto a la demanda de dumping desechada por parte de la Secretaría de Economía y solicitaron se les considerara con apoyos en el Presupuesto de Egresos.

10. Reunión extraordinaria de trabajo con el subsecretario de Ingresos de la SHCP, licenciado Rubén Aguirre Pagburn, y con el director en jefe de Senasica, Javier Trujillo Arriaga, 16 de febrero de 2005

Se llamó a comparecer al licenciado Rubén Aguirre Pagburn y al doctor Javier Trujillo Arriaga de Senasica, para cuestionarlos respecto al por qué no se ha cobrado el derecho por la verificación de productos y animales que se importan a México, de acuerdo al derecho establecido en el artículo 85-A de la Ley Federal de Derechos, mismo que fue propuesto por la Comisión Especial de Ganadería y que se aprobó tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.

A la reunión asistieron productores de todas las ramas de la ganadería.

11. Reunión de trabajo con la Administración General de Aduanas, 7 de marzo de 2005

En esta reunión Aduanas expuso los avances en la investigación de contrabando de carne, al estado de Nuevo León. Asimismo se trató el tema de contrabando técnico, y de la importancia de la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo para evitar esta práctica por parte de los contrabandistas.

Se trató el tema de contrabando de carne de ovino, que entra a México, triangulada y con precios por debajo del costo de producción.

12. Reunión de trabajo con Aserca, 8 de marzo de 2005

A esta reunión asistieron funcionarios de Aserca quienes explicaron los programas que operan.

Los diputados solicitaron a esta instancia una mayor participación, y que se ejerzan los programas de apoyo aprobados en el Presupuesto como son el de repoblamiento del hato, el lechero, el Propor, el de ovinos y caprinos y el apícola.

13. Reunión de trabajo con Liconsa, 8 de marzo de 2005

Se le solicitó a Liconsa la construcción de diversos centros de acopio en entidades productoras de leche para que esta dependencia pueda adquirir la leche de los productores del sector social.

Se habló de los resultados en los precios que se estaban pagando al productor, como consecuencia del precio que Liconsa paga, como consecuencia de lo establecido en el articulo 6° transitorio de la Ley de Ingresos.

14. Reunión de trabajo con el director en jefe de Senasica, 11 de mayo de 2005

Reunión de trabajo con el doctor Javier Trujillo y engordadores de ganado, de Ameg, para discutir el problema de la prohibición de la movilización de ganado en México, impuesta por autoridades sanitarias de Norteamérica, solicitando se resuelva esta situación.

15. Reunión de trabajo con Ameg, 23 de mayo de 2005

La reunión se llevó a cabo con la finalidad de trabajar en los programas de apoyo para 2006. La Ameg presentó sus propuestas y también se discutió la problemática de la prohibición de la movilización de ganado.

16. Reunión de trabajo con porcicultores, 24 de mayo de 2005

Se llevó a cabo una reunión de trabajo con porcicultores para buscar la forma de apoyarlos tanto en el Presupuesto de Egresos para 2006, como en sus problemas de prácticas comerciales desleales.

17. Reunión de trabajo con ganaderos lecheros, 25 de mayo de 2005

Los lecheros dieron su opinión respecto a los apoyos que deberían darse en el ejercicio fiscal de 2006.

Solicitaron modificaciones al artículo 6° transitorio de la Ley de Ingresos.

18. Reunión de trabajo con apicultores, 26 de mayo de 2005

Los apicultores solicitaron mayores apoyos para su rama de producción, y señalaron que se debe legislar respecto a la adulteración de la miel.

19. Reunión de trabajo de la Comisión Especial de Ganadería, 30 de mayo de 2005

La reunión tuvo como finalidad buscar la forma de desatorar las reformas a la Ley Federal de Sanidad Animal que se aprobaron en la Cámara de Diputados y que tiene atoradas el Senado.

20. Reunión de trabajo con el secretario técnico de Agricultura y Ganadería del Senado, 1 de junio de 2005

Se llevó a cabo una reunión de trabajo con el secretario técnico de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado con la finalidad de desatorar las reformas a la Ley Federal de Sanidad Animal, aprobadas en la Cámara de Diputados, pero desgraciadamente no se obtuvo nada.

21. Reunión de trabajo para recepción de proyectos de los gobiernos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León para el Presupuesto 2006, 6 de junio de 2005

El diputado Alemán Migliolo como parte de su trabajo legislativo asistió a la reunión de trabajo.

22. Reunión de trabajo con avicultores del estado de Jalisco, 7 de junio de 2005

Se platicó de un proyecto de valor agregado y se les explicó a que recursos pueden acceder. Opinaron respecto a los apoyos para el sector avícola.

23. Reunión de trabajo con la Cofepris de la Secretaría de Salud, 8 de junio de 2005

El comisionado Ernesto Enríquez Rubio, presentó las funciones de la Cofepris, y los diputados de la Comisión Especial de Ganadería, así como productores del sector lechero, solicitaron su apoyo respecto a productos importados que no cumplen con normas de salud.

24. Reunión de trabajo con ovino y caprinocultores, 9 de junio de 2005

Solicitaron apoyo de la Comisión para conseguir recursos para proyectos integrales de ovinos.

25. Reunión de trabajo con productores de leche de Tabasco, 10 de junio de 2005

Los productores lecheros solicitaron el apoyo de la Comisión por estar en una situación crítica debido a los bajos precios de la leche y a la falta de financiamiento.

26. Reunión de trabajo con porcicultores de Sonora y funcionarios de la Secretaría de Economía, 27 de junio de 2005

En esta reunión se buscó destrabar problemas para la exportación de productos mexicanos, con la Secretaría de Economía.

27. Reunión de trabajo con la Ameg, 29 de septiembre de 2005.

La reunión tuvo la finalidad de discutir los riesgos de la apertura a las importaciones de carne con hueso, aprobada por parte de la Sagarpa.

28. Reunión con la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, 11 de noviembre

Se trataron los temas de interés del sector, y el Presupuesto para 2006.

29. Reunión con el secretario de la Sagarpa, Francisco Mayorga Castañeda, 18 de enero de 2006

Se platicó de la situación de los porcicultores, de la crisis de los lecheros, de la imposibilidad de llevar ganado para engorda a las praderas del norte, y del Presupuesto de Egresos entre otras cosas.

30. Reunión con el presidente de la Ameg Juan Barrio, 2 de febrero de 2006

Se habló del problema de la movilización de ganado en territorio nacional.

31. Reunión de trabajo con los subsecretarios de Economía y de la Sagarpa, 14 de febrero de 2006

Reunión para tratar la problemática del sector lechero, derivada de los sobrecupos de importación de leche en polvo otorgados por Economía, y de los altos volúmenes de preparaciones alimenticias y lácteas que se importan.

32. Reunión de trabajo con el secretario de la Sagarpa, Francisco Mayorga Castañeda, 21 de febrero 2006

Se trató tema de movilización de ganado, importación de carne con hueso y la problemática de los lecheros.

33. Reunión de trabajo con los productores lecheros de todas las regiones lecheras del país, 8 de mayo de 2006

Reunión para buscar solución a la problemática de los productores de leche del país. Se redactó un pliego petitorio dirigido al Presidente de la República.

IV. Foros, giras y congresos

1. Primer foro ganadero de la Comisión Especial de Ganadería, y gira de trabajo en el estado de Chihuahua. 17 y 18 de mayo de 2004

En esta gira de trabajo se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los diversos funcionarios estatales, incluyendo al gobernador del estado. Se visitaron las instalaciones de la Unión Ganadera de Chihuahua. Se visitaron los corrales cuarentenarios para exportación. Se visitaron las plantas procesadoras de leche de los menonitas. Se visitó la Aduana de Juárez en donde se observó la operación de funcionarios de Aduanas y de Senasica.

Acuerdos de esta gira

Destinar en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio de 2005 recursos para proyectos de infraestructura para dar valor agregado y poder exportar carne en lugar de exportar becerros. Asimismo el que se destinaran en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio de 2005 recursos para un programa de repoblamiento del hato ganadero y de retención de vientres y destinar en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio de 2005 recursos para infraestructura lechera.

Se hicieron observaciones sobre el contrabando técnico y la importación indiscriminada de productos cárnicos, poniendo énfasis en la nula verificación por parte de Senasica.

2. Foro regional con productores lecheros del estado de Jalisco, 21 de mayo de 2004

En este foro los productores presentaron su problemática a los diputados integrantes de la Comisión, señalando la crisis que ya desde 2004 presentaban por los bajos precios que recibían por su producto debido a los grandes volúmenes de importaciones de leche en polvo y de formulas lácteas y preparaciones alimenticias, por lo que solicitaron apoyos para el sector.

En respuesta los diputados de la Comisión Especial de Ganadería, trabajamos en el sexto transitorio de la Ley de Ingresos para el 2005, en donde asignaron recursos para que Liconsa comprara 350,000 litros de leche de producción nacional, y se estableció una fórmula que da como resultado un precio de referencia de $3.60 por litro, además de asignar un recurso para el precio objetivo de la leche que debía de entregar Aserca.

3. Gira de trabajo y foro regional de los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, 26 de mayo de 2004

4. Foro sobre la situación de carne de cerdo en México, organizado por la Universidad de Texas, 1° de junio de 2004

Los porcicultores mexicanos expresaron su desacuerdo por la actuación de las autoridades de la Secretaría de Economía al permitir la entrada de productos de cerdo a precios de dumping. Por lo que solicitaron la intervención de los legisladores.

5. LXVII asamblea general ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, 3 y 4 de junio de 2004, celebrada en Mazatlán, Sinaloa.

Asistieron los diputados a la toma de posesión de la nueva mesa directiva y del nuevo presidente, Oswaldo Cházaro Montalvo.

6. Gira en los Estados Unidos de América, del 27 al 2 de julio de 2004

Un grupo de diputados integrantes de la Comisión Especial de Ganadería, visita al país del norte y se reúne con funcionarios del Usda, y otros funcionarios del gobierno norteamericano, para tratar temas relacionados con la sanidad zoosanitaria, y hablar de las trabas que impone el gobierno norteamericano a los exportadores mexicanos. Se llevaron a cabo visitas a diversas plantas de sacrificio y empaque para conocer la forma en que se realiza el proceso de matanza dado el riesgo de la encefalopatía espongiforme.

Se visitó la Bolsa de Valores de Chicago en donde se llevó a cabo una reunión en donde se habló de futuros de comodities.

En Washington se llevó a cabo una reunión de trabajo con legisladores del citado país en donde se trató el tema de los productos pecuarios, y de los riesgos sanitarios, así como de barreras no arancelarias impuestas por los norteamericanos a los productos mexicanos. También se visitaron ranchos de engorda y porcícolas.

7. Foro nacional lechero, 15 de julio de 2004

Ante las múltiples demandas de atención del sector lechero, la Comisión Especial de Ganadería en coordinación con la Comisión de Agricultura y Ganadería organizaron un Foro Nacional Lechero, mismo que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados en el que se ventiló la problemática del sector lechero. La Comisión Especial de Ganadería presentó una propuesta de soluciones de corto y mediano plazo.

Asimismo se acordó implementar a través del artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos un precio objetivo para la leche, de asignar una partida en el Presupuesto de Egresos para el 2005 para un programa de repoblación del hato lechero, así como para un programa de apoyo a la infraestructura lechera.

8. Reunión de trabajo en la Unión Ganadera Regional del norte del estado de Chiapas, 5 de agosto de 2004

En esta reunión los productores manifestaron que uno de sus principales problemas es el estatus zoosanitario de la región y solicitaron apoyo para las campañas de barrido de brucela y tuberculosis, para poder erradicar este problema. En la reunión se insistió mucho en que se deben fortalecer las campañas zoosanitarias.

9. Congreso Nacional de Buiatría, del 11 al 14 de agosto de 2004

Dicho foro se realizó en la ciudad de Morelia, Michoacán; y asistimos varios diputados integrantes de esta Comisión Especial de Ganadería.

En este congreso participaron médicos especialistas de ganado bovino.

10. Gira de trabajo y foro ganadero realizado con la Unión Ganadera del Oriente de Yucatán, 20 y 21 de agosto de 2004

Un grupo de diputados visitaron las zonas ganaderas del estado de Yucatán principalmente en Tizimín, en donde se llevó a cabo un foro ganadero tratando la problemática de la región.

Se visitaron plantas de proceso y rastros TIF, además de visitarse corrales de ganado lechero del sector social.

11. Tercer Encuentro Nacional de Porcicultura, del 22 al 25 de septiembre de 2004

Este encuentro se llevó a cabo en Mérida, Yucatán y asistió un grupo de diputados de la Comisión.

12. Foro regional ganadero en el estado de Sonora, 8 y 9 de octubre

En el foro los productores de ganado bovino presentaron su problemática. También se llevó a cabo una reunión con porcicultores que se quejaron de las trabas que ponen los Estados Unidos a las exportaciones mexicanas.

Los apicultores, presentaron su problemática y solicitaron recursos de apoyo a través del presupuesto.

13. Foro regional ganadero en el estado de Jalisco, 22 de octubre de 2004

Los ganaderos de ganado bovino del estado de Jalisco enfatizaron la importancia de que en el Presupuesto se contara con un programa de apoyo para repoblación del hato ganadero.

Al foro asistieron también los productores lecheros de la región, quienes externaron tener muchos problemas en la comercialización de la leche.

14. Reunión nacional de investigadores de la problemática económica pecuaria realizada en la Universidad Autónoma Chapingo, 4 y 5 de noviembre de 2004

Los diputados asistimos con la finalidad de conocer la opinión de los especialistas e investigadores.

15. Foro lechero en San Luis Potosí, 26 de noviembre de 2004

La Comisión Especial de Ganadería llevó a cabo un foro lechero con la Asociación Nacional de Lecheros del estado de San Luis Potosí, en donde los productores presentaron su problemática y propuestas para el Presupuesto de Egresos de 2005.

En esta reunión los lecheros insistieron en la necesidad de que se estableciera un precio objetivo para la leche y que se frenaran las importaciones de fórmulas lácteas y preparaciones alimenticias.

16. Foro estatal ganadero en el estado de Oaxaca, 11 de febrero de 2005

Este foro se llevó a cabo en coordinación con el estado de Oaxaca y las uniones ganaderas de la región. Los productores de todas las ramas ganaderas externaron su problemática.

17. Foro ganadero en el estado de Aguascalientes, 18 de febrero de 2005

En este foro los diputados, hablamos con los productores de los diversos programas aprobados en el Presupuesto de Egresos para el sector ganadero.

18. Foro estatal del estado de Campeche, 25 de febrero de 2005

Al foro asistieron productores de bovino, apicultores y porcicultores y se les habló de los programas de apoyo aprobados en el Presupuesto de Egresos de 2005 y de cómo acceder a los mismos. Los productores por su parte expusieron su problemática.

19. Foro estatal del estado de Michoacán, 8 de abril de 2005

Se dieron a conocer los programas de apoyo para ganadería. Al foro asistieron apicultores, porcicultores, ovinocaprinocultores, ganaderos lecheros y de carne de bovino.

20. Foro ganadero, con miras a un mundo globalizado, realizado en el Palacio Legislativo, México, DF, 12 de abril de 2005

A este foro asistieron ganaderos de todas las ramas y la US Meat Export Federation. Se habló de la importancia de dar valor agregado a los productos pecuarios para de esta forma poder posicionarlos en el mercado internacional, de cómo acceder a los mercados internacionales, y se abordó el tema de la importancia de la sanidad. Se trajeron especialistas que hablaron de los diversos cortes de carne y de su importancia para la comercialización. Adicionalmente, se trató el tema de los rastros en México.

21. Foro regional ganadero del estado de Tamaulipas, 27 y 28 de abril de 2005

En este foro se presentaron al gobierno estatal proyectos regionales muy específicos para ser apoyados. Se trató la problemática ganadera de la región. Se habló de los programas de apoyo, aprobados para ganadería en el Presupuesto de 2005.

22. Asamblea Nacional de Apicultores, 29 y 30 de abril de 2005, celebrada en el Palacio Legislativo, México, DF

Se llevó a cabo la Asamblea Nacional de Apicultores, en la Cámara de Diputados, donde se expuso la problemática del sector y donde se habló de la necesidad de apoyar al sector a través de más presupuesto.

23. Asamblea General de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, 2, 3 y 4 de junio de 2005, celebrada en Manzanillo, Colima

Asistimos a la asamblea varios diputados integrantes de la Comisión.

24. Foro técnico en la ciudad de Chihuahua, 15 de junio de 2005

La finalidad del foro fue a través de especialistas hablar de posibilidades de valor agregado, también se habló de métodos de comercialización.

25. Foro técnico en la ciudad de Aguascalientes, 17 de junio de 2005

La finalidad del foro fue a través de especialistas hablar de posibilidades de valor agregado, también se habló de métodos de comercialización. Adicionalmente se trató el tema del Presupuesto.

26. Foro ganadero en Tabasco, 11 de junio de 2005, realizado en Villahermosa

Se llevó a cabo importante foro ganadero en el que participaron todas las ramas ganaderas y los diputados integrantes de la Comisión.

Se discutió el tema del Presupuesto y del acceso a los programas de apoyo.

27. Foro técnico en la ciudad de Chihuahua, 15 de junio de 2005

La finalidad del foro fue de a través de especialistas hablar de posibilidades de valor agregado, también se habló de métodos de comercialización.

28. Foro técnico en la ciudad de Aguascalientes, 17 de junio de 2005

La finalidad del foro fue de a través de especialistas hablar de posibilidades de valor agregado, también se habló de métodos de comercialización. Adicionalmente se trató el tema del Presupuesto

29. Foro técnico Villahermosa, Tabasco, para tratar el tema de valor agregado y Presupuesto para 2006, 24 de junio de 2005

En este foro, se habló de las posibilidades de financiamiento que existen en Fira para los diversos sectores agropecuarios.

31. Asamblea anual ordinaria de la Ameg, 8 de septiembre de 2005

Participación de los diputados integrantes de la Comisión Especial de Ganadería.

32. Gira con la Unión Ganadera Regional de Catazajá del norte de Chiapas, 9 de septiembre de 2005

Los productores solicitaron más recursos para campañas zoosanitarias.

33. Asamblea Nacional de Apicultores, 26 y 27 de marzo de 2006, celebrada en el Palacio Legislativo, México, DF

Se realiza en el Palacio Legislativo, la Asamblea Nacional de Apicultores a la que asisten productores de todo el país.

(Ver anexo 3 relacionado con información de los diversos foros)

V. Iniciativas y reformas legislativas

Desde el inicio de la gestión de la Comisión Especial de Ganadería, una de las principales preocupaciones fue buscar los mecanismos para evitar la indiscriminada introducción de productos y subproductos de origen animal a México, sin la debida supervisión por parte de las autoridades correspondientes.

Se pudo comprobar que Senasica realiza un trabajo que deja mucho que desear respecto al tema de la verificación e inspección de productos y subproductos de origen animal que se introducen a México. Por lo que se trabajó en reformas a la Ley Federal de Sanidad Animal, a la Ley de Amparo y a la Ley Federal de Derechos de tal forma que reforzaran el trabajo de las autoridades.

Cambios a diversas disposiciones

1. Reforma a la Ley Federal de Derechos, 30 de agosto de 2004

A raíz de las quejas de las diversas organizaciones ganaderas respecto a la falta de control por parte de las autoridades aduaneras y sanitarias en la entrada de productos y subproductos de origen animal destinados al consumo humano, la Comisión Especial de Ganadería, realiza durante 2004, una serie de visitas a diversos puntos de entrada de estos productos al país, con el fin de constatar los hechos.

Con este fin, un grupo de diputados de todas las fracciones partidistas, visita las aduanas de Ciudad Juárez, Reynosa, Nuevo Laredo y Colombia y con ello se constató que la Senasica, quien es la responsable de la verificación zoosanitaria, no realiza la revisión física de lo que se importa, y que solamente realiza una revisión documental aleatoria muy deficiente.

Asimismo, se visitaron bodegas y plantas de proceso en el extranjero, en donde se comprobó que el trabajo de verificación de Senasica es ineficiente o nulo. Cabe señalar que Senasica tiene autorizadas más de 2000 plantas de proceso de productos cárnicos en los Estados Unidos, esto sin haber estado en ellos verificando que cumplan con las reglas mínimas de sanidad.

Para mejorar el control de lo que se importa a territorio nacional, se hizo una reforma al artículo 44 de la Ley Federal de Sanidad Animal mismo que salió publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 16 de junio de 2004, esta modificación establece que los productos y subproductos de origen animal deben verificarse en los puntos de entrada al país ubicados en frontera cuando la importación es por vía terrestre, así como en aeropuertos y puertos marítimos cuando este sea el punto de entrada, eliminando la posibilidad de continuar haciéndolo en el interior del territorio nacional. Ya que se comprobó que una vez que el producto se encuentra en el interior del territorio nacional rara vez se verifica y cuando presenta algún problema ya no es posible retornarlo al extranjero.

Para fortalecer lo anterior, se solicitó a la Administración de Aduanas que se restringieran los puntos de entrada de productos cárnicos de más de 40 aduanas a 14.

Posteriormente se llevó a cabo una reunión de trabajo con Senasica para tratar lo relativo a la deficiente o nula verificación que realiza y la dependencia justificó su ineficiencia argumentando que no cuenta con infraestructura ni recursos suficientes para hacer dicha verificación.

Los diputados preocupados por la entrada indiscriminada de productos y subproductos de origen animal, por la entrada de leche contaminada, así como de productos cárnicos sin verificación, decidimos incorporar el cobro de un derecho por la verificación por un monto de $290 por tonelada de producto o subproducto animal, así como un cobro de $50.00 pesos por cabeza de bovino y $12.50 por animal de las otras especies.

Esto por la verificación física de las importaciones, cobro similar al que realizan nuestros socios comerciales.

De esta forma se da como destino específico del cobro del derecho a la infraestructura de Senasica y para la contratación de personal para adecuar los puntos de verificación.

En el mes de noviembre se aprueba por unanimidad en la Cámara de Diputados, el cobro de dicho derecho y la iniciativa es enviada a la Cámara de Senadores en donde también fue aprobado el cobro del derecho.

Inmediatamente Sigma y Canilec, comenzaron un fuerte trabajo de cabildeo para que dicho cobro se eliminara, Sigma es la principal importadora de productos cárnicos al país, y Canilec representa principalmente los intereses de Lala y Nestlé.

Senasica, trata de convencer a los diputados para dar marcha atrás al derecho y dicho derecho se publica el día 1° de diciembre de 2004 para entrar en vigor el día 1° de enero de 2005.

La presión de las empresas continúa y la SHCP, publica el día 28 de diciembre de 2004 una regla de facilidades administrativas en donde menciona que la SHCP no cobrará el derecho cuando se haya presentado el certificado de importación emitido por la Senasica.

Cabe aclarar que el cobro del certificado mencionado es de $100 dólares sin importar la cantidad de producto importada, y es un acto administrativo distinto al de la verificación física de los productos.

Para no equivocarnos los legisladores corroboramos los cobros que hacen en los Estados Unidos y ellos cobran un derecho por el certificado de importación como otro derecho que va relacionado a la verificación física del producto a importarse. Cabe señalar que adicionalmente emitieron una ley de bioterrorismo que complica aún más exportar productos a ese país.

El derecho por verificación no contraviene los tratados, y podría considerarse como una ley espejo de lo que hacen nuestros socios.

Artículo 85-A de la Ley Federal de Derechos

Cuando se trata de derechos por servicios, el cumplimiento de los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad debe ser analizado desde una perspectiva distinta a la de los impuestos, porque ambas contribuciones tienen diferente naturaleza.

De acuerdo con las fracciones I y IV del artículo 2º del Código Fiscal de la Federación, los impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de los derechos, aportaciones de seguridad social y aportaciones de mejoras, mientras que los derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el estado en sus funciones de derecho público.

Para la determinación de las tasas de un impuesto, debe tomarse en consideración la capacidad contributiva de los obligados a su pago, quienes deben recibir un mismo trato, lo que implica que las normas tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos de gravamen que se ubiquen en una situación diversa.

Para la fijación de las cuotas por concepto de derechos, ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.

En las relatadas circunstancias y atendiendo al texto del artículo 85-A de la Ley Federal de Derechos que nos ocupa, es evidente que el citado artículo está ajustado a los principios constitucionales de proporcionalidad y de equidad, cuando establece que por los servicios de verificación, inspección, control y vigilancia sanitaria relativos a la importación de animales, sus productos o subproductos, se pagarán los derechos respectivos aplicando diversas cuotas, en función del número de cabezas o del tonelaje de las mercancías examinadas, ya que el despliegue técnico requerido por el personal oficial encargado de la prestación de dichos servicios difiere a partir de la magnitud de cada embarque y, por ende, el costo que para el Estado representa, lo que incide directamente en el valor de los servicios prestados y motiva la necesaria correlación entre éste y el monto de las cuotas.

No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que la fracción VI del artículo 86-A de la ley en cita, establezca que se pagará una cuota de $1,250.00 por la expedición de cada certificado zoosanitario internacional para la importación de animales vivos, sus productos y subproductos, toda vez que certificación y verificación son actos administrativos distintos.

En efecto, las fracciones III y XVIII del artículo 3º de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización señalan que la certificación es el procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o servicio se ajusta a las normas o lineamientos o recomendaciones de organismos dedicados a la normalización nacionales o internacionales, mientras que la verificación es la constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio, o examen de documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un momento determinado.

Por su parte, en la Ley Federal de Sanidad Animal se regula la expedición de los certificados zoosanitarios en los artículos 21, 24 y 25, mientras que la verificación está normada por los artículos 44 a 48 de la misma ley.

Ahora bien, atento al hecho de que las contribuciones que nos ocupan se relacionan con mercancías de importación, es importante señalar que éstas se ajustan a los compromisos adquiridos por México en los acuerdos y tratados comerciales signados en la última década.

Esto es así, porque aunque nuestro país se obligó en dichos instrumentos internacionales a no incrementar ningún arancel aduanero vigente, ni adoptar ningún arancel nuevo sobre bienes originarios de los otros países signatarios, no menos cierto es que quedan exceptuados de dicha prohibición cualquier derecho u otro cargo relacionado con la importación, según puede apreciarse, por mencionar dos ejemplos destacados, en los artículos 318 inciso c) del Tratado de Libre Comercio para América del Norte o en el artículo 3 inciso 8) subinciso c) de la decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones relacionadas con el Comercio celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea.

Es importante enfatizar que el establecimiento de derechos a los servicios públicos relacionados con la importación, está sujeto al único requisito de que las cuotas establecidas sean proporcionales al costo de los servicios prestados, sin que exista la obligación de que tales derechos sean correlativos de los establecidos para mercancías similares que sean objeto de actos de comercio en el mercado nacional de cada país signatario, es decir, el principio de trato nacional no incide sobre su existencia o monto.

Acorde a lo anterior, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América fue autorizado por el Congreso de ese país para cobrar diversas cuotas.

No debe perderse de vista que el artículo 86-H de la Ley Federal de Derechos establece que los ingresos que se obtengan por la recaudación de derechos a que se refiere la Sección de Sanidad Fitopecuaria se destinarán al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, para el mejoramiento, conservación y mantenimiento de dichos servicios, así como para el combate y erradicación de contingencias fitozoosanitarias no contempladas en los programas autorizados.

Así, en el ejercicio fiscal de 2005 el organismo de referencia podría haber dispuesto de hasta novecientos millones de pesos para construir en territorio nacional las instalaciones necesarias para llevar a cabo las labores de inspección que le confiere la ley de la materia, conforme se aprecia en el siguiente cuadro:

2. Reforma a la Ley de Amparo, 28 de octubre de 2004

Iniciativa que reforma la Ley de Amparo

En la actualidad y ante la apertura económica que ha sufrido el mercado nacional a productos originarios y provenientes de otros países, se observa que una enorme cantidad de bienes entran al territorio nacional, causando una afectación al fisco federal y a los sectores productivos nacionales, ello ya que se han venido realizando importaciones de mercancías al territorio nacional, sin efectuar el correspondiente pago de contribuciones al comercio exterior, cuotas compensatorias o evadiendo el cumplimiento de diversas normas relacionadas con regulaciones y restricciones no arancelarias, y tal situación se refleja entre otras áreas, en productos tales como la manzana; el fríjol; el azúcar; el maíz; industrias metálicas básicas; sustancias químicas derivadas del petróleo, productos de caucho y plásticos; textiles, prendas de vestir e industria del cuero; productos metálicos, maquinaria y equipo; industria de la madera y sus derivados; alimentos, bebidas, tabaco; productos minerales no metálicos, petróleo y sus derivados, carbón; minería, etc. En este contexto debe señalarse que las diversas reformas llevadas a cabo en la legislación de la materia, han permitido combatir estas situaciones, sin embargo, y entre otros aspectos es necesario tener en cuenta, que surge como una necesidad propia de la situación actual, actualizar la Ley de Amparo a las circunstancias antes descritas que vive nuestro país respecto a las importaciones de bienes extranjeros, así como en su caso controlar la salida del país de mercancías cuya importancia, naturaleza o protección son reguladas en la legislación nacional; en este contexto es menester considerar que en la Ley de Amparo se prevé que las autoridades deben acatar los mandamientos judiciales que en su caso suspenden la ejecución o aplicación de aranceles y/o cuotas compensatorias, cuando se concede la suspensión en el juicio de amparo.

En este sentido se ha observado que existen casos en los cuales se utiliza al juicio de amparo, como un medio legal para evitar en diversas situaciones el pago de las contribuciones, cuotas compensatorias, por ello, se hace necesario adecuar y actualizar la referida Ley de Amparo, a fin de que el fisco federal se encuentre en posibilidad de poder exigir el pago de los ingresos fiscales correspondientes, así como en su caso exigir el cumplimiento de normas relacionadas con regulaciones y restricciones no arancelarias, sin afectar los derechos de los quejosos que acudan al propio juicio de garantías, para ello se propone modificar el texto de los artículos 124 y 135 de la Ley de Amparo vigente, con la finalidad de actualizarlos a las circunstancias de la producción nacional y de la propia estabilidad económica del país, así como en su oportunidad ayudar al fomento del desarrollo del mismo, en sectores tales como: el de industrias metálicas básicas; sustancias químicas derivadas del petróleo y productos de caucho; textiles, prendas de vestir e industria del cuero; productos metálicos, maquinaria y equipo; agropecuarios, silvicultura y pesca; industrias manufactureras; alimentos, bebidas y tabaco; industria de la madera y productos de madera; productos minerales no metálicos derivados del petróleo y minería.

En el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente se regulan los requisitos legales necesarios para otorgar la suspensión en el amparo, sin embargo, de un análisis efectuado al requisito previsto en la fracción II del artículo en comento, consistente en que la suspensión no debe generar perjuicio al interés social, ni se deben contravenir disposiciones de orden público, bajo este contexto se desprende que existe una laguna normativa, puesto que actualmente la realidad arroja que existe un gran flujo de mercancías prohibidas que entran y salen del territorio nacional, o bien que incumplen con diversas normas relacionadas con regulaciones y restricciones no arancelarias previstas en la ley, y en razón de tales circunstancias y ante la necesidad de evitar la omisión en el pago de los ingresos fiscales, así como ante la situación de evitar que se evada el cumplimiento de las normas respectivas, ante ese contexto surge la necesidad de actualizar y adecuar la Ley de Amparo, a fin de que responda a las circunstancias de interés social y de orden público, respecto del ingreso al país de mercancías que pretenden evadir el pago de las contribuciones, aprovechamientos, así como que omitan cumplir con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias, con excepción del caso de las cuotas compensatorias, las cuales se vinculan con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Amparo.

El artículo 135 de la Ley de Amparo regula que podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado contra el cobro de contribuciones, siempre y cuando se efectúe el depósito de la cantidad que se cobra ante la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o municipio que corresponda, sin embargo, y no obstante lo señalado en este precepto legal, en el caso se estima que la actual redacción del artículo no contempla otros rubros de ingresos fiscales importantes tales como los aprovechamientos y las multas, los cuales debido a su importancia y trascendencia deben ser regulados en el marco del propio artículo en comento, y asimismo se estima que un cambio de la redacción del artículo 135 de la ley en comento ayudará a generar mayor certeza jurídica para conceder la suspensión del acto reclamado, precisando la forma en que deberá efectuarse el depósito de la cantidad requerida por la autoridad fiscal. Para ello se estima que el actual párrafo segundo del artículo 135 de la Ley de Amparo vigente deberá ser derogado.

Por las anteriores consideraciones, se presenta a consideración de esta H. Asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 124 y 135 de la Ley de Amparo, para quedar como siguen:

Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:

I. Que la solicite el agraviado.

II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

Se considerará, entre otros casos, que si se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes, se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; se permita el incumplimiento de las órdenes militares;

Se permita el ingreso al país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las normas oficiales mexicanas; se afecte la producción nacional; y

Que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

El juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio."

"Artículo 135. Cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o municipio que corresponda, depósito que tendrá que cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, asegurando con ello el interés fiscal. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable podrá hacer efectivos los depósitos.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cabe mencionar que esta reforma se encuentra estancada en la Comisión de Justicia.

3. Reforma a la Ley Federal de Sanidad Animal, 24 de febrero de 2005

Dictamen de la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal

Reforma de la Ley Federal de Sanidad Animal

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente cuatro iniciativas que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, presentadas por Diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, así como por el H. Congreso del Estado de Jalisco.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65,66,85,88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a la Comisión de Agricultura y Ganadería le corresponde dictaminar las diversas Iniciativas de Ley a partir de los siguientes:

Antecedentes

El 5 de octubre de 2004, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a esta Comisión de Agricultura y Ganadería una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, enviada por el H. Congreso del Estado de Jalisco, para su correspondiente estudio, análisis y dictamen.

El 26 de octubre de 2004, el Diputado Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del partido Acción Nacional, presentó una Iniciativa que reforma, adiciona, y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Agricultura y Ganadería para su estudio, análisis y dictamen.

El 9 de noviembre de 2004, el Diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una Iniciativa que reforma, adiciona, y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Agricultura y Ganadería para su estudio, análisis y dictamen.

El 9 de diciembre de 2004, el Diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una Iniciativa que reforma, adiciona, y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Agricultura y Ganadería para su estudio, análisis y dictamen.

Consideraciones

Que la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta en forma exclusiva al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre salubridad general en el país.

Que en diversas normas oficiales mexicanas, el Ejecutivo Federal ha establecido especificaciones para la construcción y equipamiento de los establecimientos para el sacrificio de animales y para la industrialización de los productos de origen animal y regulaciones para su conservación y el óptimo control de la higiene.

Que es de interés colectivo proteger la salud del consumidor a través del control de la sanidad, calidad e inocuidad de los alimentos.

Que las normas oficiales mexicanas en sanidad animal y salud pública deben actualizarse constantemente de acuerdo con los avances tecnológicos y científicos en la materia con el fin de que sus regulaciones garanticen que los agentes económicos relacionados con las actividades de sacrificio de animales, preparación, industrialización, distribución y comercialización de alimentos de origen animal manejen estos productos adecuadamente para la salvaguarda de la salud pública y de la sanidad animal.

Que derivado de la entrada en vigor de los acuerdos de libre comercio, procede del extranjero una cantidad altamente significativa y creciente de alimentos de origen animal por lo que es necesario asegurarse que estos productos de importación cumplen con los mismos requisitos de sanidad, calidad e inocuidad que se exigen a los correspondientes de producción nacional.

Que es necesario establecer una adecuada coordinación entre las diversas dependencias del Ejecutivo Federal para asegurar una verificación sanitaria que garantice la sanidad, inocuidad y calidad de los animales y de los alimentos y productos de origen animal para consumo humano, para la salvaguarda de la salud pública y de la sanidad animal en el país.

Que es imperativo que la inspección sanitaria- veterinaria de animales vivos para su importación se realice en el país de origen con el fin de evitar introducir enfermedades y plagas al territorio nacional.

Que los Rastros Tipo Inspección Federal ubicados en el territorio nacional están sujetos a estándares internacionales de regulación sanitaria que garantizan la sanidad, calidad e inocuidad de los productos elaborados en los mismos.

Que existen medicamentos, plaguicidas y promotores del crecimiento que se administran a los animales destinados al consumo humano cuya presencia o residuos está limitada cuantitativamente o prohibida en los alimentos derivados de dichos animales, en la Ley Federal de Sanidad Animal y en las normas oficiales mexicanas para la protección de la salud pública y que no obstante se siguen usando indebidamente por lo que es necesario que se prevean penalizaciones severas para los que violan las disposiciones correspondientes.

Que en las reformas a los artículos 24 de la Ley Federal de Sanidad Animal y 86-H de la Ley Federal de Derechos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los días 12 de junio de 2000 y 30 de diciembre de 2002, respectivamente, se estableció el destino específico de los ingresos que la Federación obtenga por recaudación de derechos para el mejoramiento, conservación y mantenimiento de los servicios de sanidad fitopecuaria, la operación del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal, las campañas zoosanitarias y el control cuarentenario, lo que permitirá tener a disposición de las autoridades competentes en la materia, recursos presupuestales que se deben de aprovechar principalmente en la construcción de la infraestructura de los puntos de verificación e inspección zoosanitaria para importación y el mejoramiento de las instalaciones o equipamiento de los rastros municipales. Por lo que la SAGARPA, deberá solicitar oportuna y eficazmente estos recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para su debida aplicación.

Con base en los antecedentes y consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de esta Comisión, hemos tenido a bien dictaminar la presente iniciativa en sentido afirmativo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal

Artículo Único. Se reforman los artículos 2, párrafos treinta y dos y cincuenta y nueve; 8, párrafo primero; 11; 20; 28, párrafo primero; 34, párrafo primero; 44; 60; 63 y se adiciona el artículo 2, con los párrafos sesenta y dos y sesenta y tres y el artículo 64 a la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como sigue:

Artículo 2. ....

Párrafo segundo a párrafo treinta y uno ....

ARTÍCULO 11. Las medidas zoosanitarias, tienen por objeto, prevenir, controlar y erradicar enfermedades y plagas así como reducir y eliminar residuos de los animales que puedan afectar la salud pública y animal

ARTICULO 20. Las plantas de sacrificio de animales serán de dos tipos:

ARTÍCULO 34. Para la aplicación de cuarentenas de productos, subproductos animales, productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios para uso en animales, la Secretaría tomará las muestras correspondientes, sujetándose, en lo conducente, a lo establecido por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

ARTÍCULO 44. La Secretaría deberá inspeccionar y verificar, en cualquier tiempo y lugar, en los puntos de verificación e inspección zoosanitaria dentro del territorio nacional, de acuerdo con lo ordenado en la presente ley, el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas. En la inteligencia de que tratándose de las importaciones de productos y subproductos de origen animal, estas mercancías deberán verificarse en los puntos de verificación e inspección zoosanitaria para importación ubicados en la franja fronteriza o en los puertos aéreos y marítimos de entrada.

En la importación de estas mercancías, una vez elaborado el pedimento y efectuado el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias determinadas por el interesado, se presentarán las mercancías ante la autoridad aduanera con el pedimento, el certificado zoosanitario internacional o el expedido por el país de procedencia, los comprobantes de pago de los derechos causados por la verificación zoosanitaria y la expedición del certificado zoosanitario, así como la documentación que acredite el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, y se activará el mecanismo de selección automatizada establecido por la Ley Aduanera que determinará si debe practicarse el reconocimiento aduanero de las mismas. En caso afirmativo, además del reconocimiento que debe llevar a cabo la autoridad aduanera, el personal oficial de la Secretaría también verificará, ante quien presente las mercancías en el recinto fiscal, si éstas cumplen con los requisitos establecidos en la hoja de requisitos zoosanitarios y en las normas oficiales mexicanas en materia zoosanitaria y expedirá el certificado zoosanitario que establecen estas normas.

Con excepción de las mercancías verificadas por la Secretaría en el interior del recinto fiscal, todos los productos y subproductos de origen animal deberán ser presentados en el punto de verificación e inspección zoosanitaria para importación autorizado por la Secretaría, con el propósito de que se verifique si cumplen con los requerimientos establecidos en la hoja de requisitos zoosanitarios y en las normas oficiales mexicanas emitidas por la Secretaría y, en su caso, se expida el certificado zoosanitario que establecen dichas normas. Ningún embarque de estas mercancías podrá salir de la franja fronteriza o del puerto de entrada aéreo o marítimo, sin que esté amparado por un certificado zoosanitario expedido por la Secretaría.

Artículo 60. Contra las resoluciones dictadas por la Secretaría con fundamento en esta Ley, Normas Oficiales Mexicanas en la materia y disposiciones que de ella emanen, el interesado podrá promover, a su elección, el recurso de revisión establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

La ejecución de la resolución impugnada podrá suspenderse bajo los mismos términos y condiciones que establecen la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o el Código Fiscal de la Federación, respectivamente.

ARTÍCULO 63. Al que introduzca al territorio nacional o dentro de este, transporte o comercie con animales vivos, sus productos o subproductos, que hayan sido alimentados con una sustancia cuyo uso esté prohibido para tal fin en las disposiciones legales aplicables o en las normas oficiales mexicanas emitidas por la Secretaría, teniendo conocimiento de cualquiera de esos hechos, se le impondrá una pena de cuatro a ocho años de prisión y multa de quinientos hasta tres mil veces el salario mínimo vigente en la zona económica en que se llevó a cabo el hecho y en caso de reincidencia se duplicará la pena y la multa.

ARTÍCULO 64. Al que sin autorización de las autoridades sanitarias competentes o contraviniendo los términos en que ésta haya sido concedida, importe, posea, transporte, almacene, comercialice o en general realice actos con cualquier sustancia cuyo uso esté prohibido para alimentación de animales en las disposiciones legales aplicables o en las normas oficiales mexicanas emitidas por la Secretaría, se le impondrá una pena de cuatro a ocho años de prisión y multa de quinientas hasta tres mil veces el salario mínimo vigente en la zona económica en que se llevó a cabo el hecho y en caso de reincidencia se duplicará la pena y la multa, siempre y cuando esos actos sean con la finalidad de adicionarlas a los alimentos o bebidas de animales cuyos productos o subproductos estén destinados al consumo humano.

Se presumirá que existe esa finalidad, cuando las sustancias a que se refiere este artículo se encuentren en el interior de establecimientos dedicados a la producción animal o a la fabricación y expendio de alimentos para ganado.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Los propietarios, concesionarios, permisionarios o usuarios de los rastros municipales deberán adecuar las instalaciones de dichos establecimientos, conforme a los requisitos establecidos para rastros registrados en el punto 4 de la NOM-008-ZOO-1994 ESPECIFICACIONES ZOOSANITARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PARA EL SACRIFICIO DE ANIMALES Y LOS DEDICADOS A LA INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS, en el entendido de que los plazos de cumplimiento establecidos en dicho punto empezarán a correr, para rastros municipales, a partir del día siguiente al en que entre en vigor este Decreto.

Este dictamen se aprobó el 22 de febrero de 2005 con 340 votos a favor, y publicado en la Gaceta Parlamentaria de ese mismo día.

4. Reformas al sexto transitorio de la Ley de Ingresos, respecto a los cupos de importación de leche, noviembre de 2005

Sexto. Las regulaciones en materia de importación, producción y comercialización de maíz, leche y frijol serán las siguientes:

IV. Disposiciones en materia de leche

A. Importación de leche

Se enlistan los puntos de acuerdo de mayor relevancia para el sector ganadero

1. 2 de octubre de 2003.

Los suscritos, diputados federales Reynaldo Valdés Manzo, José Luis Treviño Rodríguez, Mario Ernesto Dávila Aranda, Ramón González González, José María de la Vega Lárraga y Gonzalo Alemán Migliolo, integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, y Revolucionario Institucional, así como integrantes de la Comisión Especial de Ganadería, en la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II, artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55 y 59, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exponemos ante esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, solicitando la intervención de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública para que se audite exhaustivamente la actuación del Senasica en cuestiones de verificación de los productos y subproductos de origen animal que se importan a territorio nacional, ya que los diputados de la Comisión Especial de Ganadería hemos constatado negligencia en esta función, hecho que pone en grave riesgo la salud de la población que consume dichos productos y al hato ganadero nacional.

Adicionalmente los diputados integrantes de la Comisión Especial de Ganadería nos pronunciamos en contra de la decisión de la Sagarpa de abrir nuevamente la frontera a la importación de carne con hueso por el riesgo que se corre de que esté infectada con la enfermedad de la encefalopatía espongiforme, mejor conocida como mal de las vacas locas.

Antecedentes

Desde el día en que se instaló la Comisión Especial de Ganadería, una de las principales quejas presentadas por los diversos grupos de productores ha sido la deficiente verificación de los productos y subproductos de origen animal para consumo humano que se importan a México.

Ante estas quejas los diputados integrantes de la Comisión Especial de Ganadería visitamos diversas aduanas y constatamos la casi nula verificación de mercancías, ya que el Senasica se concreta a verificar documentos, mismos que se entregan al importador, sin verificar que la mercancía cumpla con todas las normas de calidad e inocuidad que se exigen en todos los países socios.

Cuando mucho se realiza en alguno de los embarques, una inspección oligoléptica, que no es más que una revisión visual, en donde a ojo de buen cubero el Senasica determina si existe fiebre aviar, encefalopatía espongiforme, etcétera; el argumento de la dependencia para no realizar la verificación cabalmente, es que por una parte confía sin en las plantas certificadas de Estados Unidos, sin conocerlas y por la otra la falta de recursos para realizar esta tan importante inspección.

Cabe aclarar, que los diputados aprobamos el cobro de un derecho por concepto de verificación, cuyos recursos recaudados tienen como destino específico, dotar de recursos al Senasica para que pueda hacer bien su trabajo, esto adicional al presupuesto que cada año se le asigna.

Pero la realidad es que aparentemente continúa sin verificar las mercancías y sin cobrar el derecho, la razón de por qué no se hace, es algo que la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública deberán investigar.

El daño económico y el daño a la salud de las personas, en el caso de que entre a México alguna de las enfermedades mencionadas, sería infinito.

Si a esto agregamos que por razones comerciales y no sanitarias, la Sagarpa cedió a la presión de abrir la frontera a las importaciones de carne con hueso, tal como lo declaró el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y el periódico Reforma en la sección de negocios del día 27 de febrero del 2006, el riesgo al que nos enfrentamos es muy alto; si los funcionarios son irresponsables, los diputados no podemos serlo, por lo que exigimos que se cierren las fronteras a estas importaciones.

Por lo antes expuesto y fundado, acudimos a esta H. asamblea, y nos permitimos presentar la siguiente proposición con

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución

Único: Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar que la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública evalúen el trabajo del Senasica en su responsabilidad de verificar e inspeccionar los productos y subproductos de origen animal que se importan a México, tal como se establece en la Ley Federal de Sanidad Animal.

Que la Auditoría Superior de la Federación informe a esta soberanía sobre las investigaciones que se solicitaron se hicieran a la Subsecretaría de Ingresos respecto del cobro del derecho establecido en el artículo 85-A de la Ley Federal de Derechos. Ya que de no estarse cobrando se está causando un grave daño al patrimonio nacional.

Y que se vuelvan a cerrar de inmediato las importaciones de carne con hueso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2006.

14. Marzo de 2006

El suscrito diputado federal Mario Ernesto Dávila Aranda, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional y secretario de la Comisión Especial de Ganadería, de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en el ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II, artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55 y 59 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, expone ante esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que los recursos federales asignados en el Presupuesto de Egresos de 2006, al Programa Ganadero Progan, sean entregados a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, ya que esta dependencia argumenta que no ha podido ejercer el recurso mencionado debido a que la Secretaría de Hacienda no ha entregado el recurso.

Antecedentes

En los últimos diez años, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el consumo de carne mexicana en México ha sido sustituido en un 40 por ciento por carne proveniente de los Estados Unidos de América.

El sector ganadero en México es un sector que genera una gran cantidad de empleo tanto directo como indirecto, y produce alimentos de calidad para los mexicanos.

La miopía y falta de sensibilidad de las autoridades encargadas de negociar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, dejaron desde un inicio completamente descobijado a este importante sector.

Como consecuencia de esto, muchos mexicanos que trabajaban en la ganadería, han tenido que cambiar de actividad, y otros han migrado al país vecino en donde como todos sabemos se les persigue y trata mal.

Las políticas gubernamentales deberían enfocarse en generar empleos y nichos de desarrollo en lugar de desmantelarlos.

Como una respuesta a la tan crítica situación por la que ha venido pasando este sector, se creó el programa ganadero Progan cuyo objetivo es fomentar la productividad de las actividades de la ganadería extensiva, con base en el incremento de la actividad forrajera de las tierras de pastoreo, derivado del mejoramiento de la cobertura vegetal y de la incorporación de prácticas tecnológicas, que buscan impactar en la rentabilidad de las unidades de producción, así como establecer la identificación del ganado bovino de manera individual y permanente, para su control y rastreo.

Este programa impulsa la mejora en la cubierta vegetal de los terrenos de pastoreo, el incremento de su productividad forrajera, mediante buenas prácticas de manejo y la adopción de tecnologías. Además de instrumentar y aplicar el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (Siniiga), con el objeto de llevar a cabo acciones de registros productivos, sanidad, control de movilización y rastreo para esquemas de inocuidad alimentaria y como apoyo al combate del abigeato.

Los apoyos del Progan van dirigidos a los productores que presentan proyectos en tierras ejidales, comunales, de sociedades mercantiles o civiles, de pequeñas propiedades, todas dedicadas a la actividad ganadera extensiva bovina. El programa apoya hasta un máximo de 300 vientres en edad reproductiva por beneficiario elegible. El apoyo total es de $1800.00 pesos por vientre bovino en edad reproductiva, distribuido en cuatro años.

A pesar de los problemas del Progan, y considerando que es un programa exitoso para todo tipo de productores (ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios), las solicitudes de fortalecimiento del Programa han sido planteadas y autorizadas en los últimos tres Presupuestos de Egresos por esta Cámara de Diputados.

El fortalecimiento del programa es la solicitud más demandada por las diversas organizaciones ganaderas del país. El Progan en el año 2006 debería de atender alrededor de 120 mil solicitudes que representan aproximadamente 2 millones 700 mil vientres para el segundo apoyo y 3 millones un mil de vientres para el tercer apoyo, es decir deberá cubrir alrededor de 5 millones 700 mil vientres.

Cabe señalar que la demanda de los productores es cada vez más sentida y se requiere de manera urgente atender esta rama de producción. No es posible que habiendo transcurrido cinco meses de 2006 el Ejecutivo ya sea por irresponsabilidad de la Secretaría de Hacienda o de la Secretaría de Agricultura, los productores no cuenten con un recurso que les permite invertir y sostener su actividad.

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución

Único.- Solicito a esta soberanía se apruebe este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a entregar los recursos aprobados para el Programa Ganadero de 2006 a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. O que en su caso la Sagarpa de ya contar con los recursos nos informe a quien los ha entregado.

15. 28 de febrero de 2006

Los suscritos, diputados federales Mario Ernesto Dávila Aranda,José Luis Treviño Rodríguez, Ramón González González, José María de la Vega Lárraga, Reynaldo Valdés Manzo, Gonzalo Alemán Migliolo y Cruz López Aguilar, integrantes de las fracciones parlamentarias de Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Revolucionario Institucional, así como de la Comisión Especial de Ganadería, en la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55 y 59, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de Estados Unidos Mexicanos, exponemos ante esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Para solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública para que auditen e investiguen exhaustivamente a la Secretaría de Economía en el rubro del otorgamiento de cupos y sobrecupos de importación de leche en polvo, leche fluida y piernas de cerdo, y para que se investigue la razón por la cual esa secretaría desechó el dictamen de dumping a favor de los porcicultores mexicanos favoreciendo a los productores norteamericanos.

Antecedentes

La Comisión Especial de Ganadería ha recibido en reiteradas ocasiones denuncias por parte de las diversas organizaciones ganaderas, de decisiones tomadas por la Secretaría de Economía, con las que se ha lesionado la actividad económica de estos productores.

En la reunión de trabajo de las Comisiones de Agricultura y Ganadería y la Especial de Ganadería, del día 14 de febrero del año en curso, con la subsecretaria de Comercio Interior, Rocío Ruiz Chávez, responsable de otorgar los cupos y sobrecupos de importación, cuando se trató el tema del otorgamiento del cupo extraordinario de importación de leche en polvo de 30 mil toneladas, en el mes de diciembre de 2005, acción que ha dado como resultado que los productores nacionales de leche no puedan vender su producto, aun cuando en esta época del año escasea, la subsecretaria Rocío Ruiz señaló que el cupo se otorgó por error.

Los diputados integrantes de la Comisión Especial de Ganadería no concebimos ni creemos que una subsecretaria que tiene 40 años como funcionaria pública cometa este tipo de errores.

Por lo antes expuesto y fundado, acudimos a esta honorable asamblea y no permitimos presentar la siguiente

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución

Único: Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar que la Auditoría Superior de la Federación audite exhaustivamente a la Secretaría de Economía en el rubro de otorgamiento de cupos de importación de leche en polvo, leche fluida, así como la intervención de la Secretaría de la Función Pública para que investigue la actuación de los funcionarios correspondientes.

Asimismo, solicitamos a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública que investiguen si existe algún problema de corrupción en la decisión de la Secretaría de Economía de desechar el dictamen de dumping de las importaciones de pierna de cerdo, favorable al sector porcicultor mexicano.

16. 24 de mayo de 2006

La suscrita diputada federal, Consuelo Rodríguez de Alba, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y secretaria de la Comisión Especial de Ganadería, de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en el ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II, artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55 y 59 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, expone ante esta honorable Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para que se exhorte a las Secretarías de Economía y a la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación; con el fin de que atiendan el reclamo de los productores de leche del país, prohibiendo temporalmente y hasta que se equilibre el mercado nacional, las importaciones de leche en todas sus modalidades, y la importación de preparaciones alimenticias y fórmulas lácteas, ya que por ser productos de deshecho en sus países de origen, ingresan al país a precios muy por debajo de los costos de producción de la leche, generando competencia desleal para el lechero mexicano, mismos que al ser utilizados por la industria para la elaboración de yogurts, quesos, bebidas, y hasta supuestas leches, pero que de ninguna manera cumplen con las condiciones nutricionales de la misma, pero al ser más baratos las amas de casa los adquieren pensando que están comprando un producto de calidad para alimentar a sus niños, siendo que con este tipo de alimentos no están recibiendo la alimentación adecuada.

Considerandos

Existen datos por parte de la Secretaría de Economía en donde señalan que México es un país deficitario en la producción de leche, pero es de señalarse, que la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación no cuenta con un padrón de productores de leche, ni con el inventario del total de cabezas de ganado lechero, y menos con un dato fidedigno de la producción lechera en el país.

Con esto quiero dejar en duda los datos que proporciona la Secretaria de Economía, ya que esta secretaría los obtiene de la industria, y con esos datos establece los porcentajes del déficit de la producción nacional.

Otro aspecto relevante es que en los Estados Unidos, principal exportador de leche en polvo y derivados de este producto a México, los productores de ese país reciben altos subsidios directos e indirectos, que hacen que sus costos de producción queden muy por debajo de los nuestros y que con ello puedan ofrecer sus excedentes de leche en polvo y derivados lácteos a precios muy bajos que se pueden considerar de dumping.

Originalmente fue el programa social de Liconsa el único que podía beneficiarse de los cupos de importación, por tratarse de un programa que da atención al sector social. Es por esto que a nadie se le ha ocurrido llevar a cabo una demanda de dumping.

En estos momentos y desde que inicia el año 2006, el sector lechero nacional, específicamente los pequeños y medianos productores se encuentran en una grave crisis debido a que la industria no les quiere comprar su producto, o si lo compra les paga un precio muy bajo, de menos de dos pesos el litro de leche entera, y a nosotros los consumidores finales nos venden a más de nueve pesos el litro de leche, litro que contiene únicamente 33 por ciento de leche pura y lo demás es agua cuando mejor nos va.

Lo mas extraño es que habiendo un supuesto déficit del que tanto habla la Secretaría de Economía, los productores mexicanos no pueden vender su leche y la están tirando en sus localidades.

La razón de la crisis es atribuible a la irresponsabilidad de la Secretaria de Economía, quien es la responsable de otorgar los cupos de importación a la industria, y que la autoridad que en diciembre de 2005 autorizó, la importación de 43,794 toneladas de leche en polvo, adicionales a los que ya había autorizado de acuerdo a lo establecido en el artículo 6° transitorio de la Ley de Ingresos.

Otro elemento que contribuyó a la crisis fue que en el segundo periodo de 2005, a las preparaciones alimenticias y fórmulas lácteas, que utiliza la industria por baratas como sustituto de leche, y por que no pagaban arancel de importación, la Secretaría de Economía, decide fijar un arancel provisional del 30 por ciento, pero dos meses antes de hacerlo, dio aviso a la industria, provocando que la industria se prepara importando grandes cantidades de estos productos.

Estas dos acciones, dieron como resultado que desde principios de 2006 y en lo que va del año, periodo en que por razones de clima, baja la producción de leche en México, ninguna de las industrias que producen leche, quesos, mantequillas, margarinas, yogurts, y bebidas lácteas, compren la leche a los lecheros mexicanos, ya que al haber llenado sus inventarios con leche en polvo y preparaciones alimenticias y lácteas importadas y subsidiadas, no requieren de la leche mexicana.

Se debe dejar claro que la actividad lechera en México representa la segunda en importancia dentro del subsector ganadero nacional y una de las principales fuentes de suministro de proteína animal en el país.

No podemos permitir que sectores productores de alimentos y generadores de empleo como es el de la ganadería lechera desaparezcan por caprichos o ineficiencias de algunas dependencias.

Por lo antes expuesto y fundado, acudimos a esta honorable asamblea, y nos permitimos presentar la siguiente

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución

Único. Solicitar a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, para que exhorte al Ejecutivo federal, para que las Secretarías de Economía y la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación; atiendan el reclamo de los productores de leche del país, prohibiendo temporalmente y hasta que se equilibre el mercado nacional, las importaciones de leche en todas sus modalidades, y la importación de preparaciones alimenticias y fórmulas lácteas, ya que por ser productos subsidiados o de deshecho en sus países de origen, ingresan al país a precios muy por debajo de los costos de producción, generando competencia desleal para el lechero mexicano, al utilizarlos la industria para la elaboración de yogurts, quesos, bebidas, y hasta supuestas leches, pero que de ninguna manera cumplen con las condiciones nutricionales de la misma, pero por ser más baratos las amas de casa los adquieren pensando que están comprando un producto de calidad para alimentar a sus niños.

(Ver anexo 4 referente a los puntos de acuerdo)

VII. Presupuestos logrados por la Comisión Especial de Ganadería para el Sector Ganadero

Para el presupuesto del ejercicio de 2006, entre otras cosas y por la importancia que tiene el rubro de sanidad estamos proponiendo asignar mayores montos a las campañas sanitarias y al mejoramiento genético y centros de investigación. En donde la participación de ustedes los médicos veterinarios es muy importante.

En la propuesta del gobierno federal de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2006 para el campo, sufrió una fuerte disminución.

Cabe mencionar que para ganadería la propuesta presentaba menos de 500 millones de pesos.

Los diputados de la Comisión especial de ganadería trabajamos en incrementar el monto y se logró lo que a continuación se presenta, lográndose un presupuesto de 3 mil 54 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2006.

Tanto el presupuesto para ganadería para el ejercicio de 2005 como el de 2006, son presupuestos que se consideran históricamente extraordinarios por los montos asignados por los diputados.

VIII. Gestión, pendientes y asuntos relevantes

Gestión

Una de las tareas importantes de los legisladores es la de apoyar a los ciudadanos frente a las diversas instancias de gobierno, con la finalidad de facilitar que se resuelvan problemas específicos. Por ello la gestión es una parte importante del trabajo.

A continuación se mencionan algunas de las gestiones realizadas por la Comisión Especial de Ganadería.

Pendientes y asuntos relevantes

Las propuestas son resultado del trabajo de consulta, investigación y análisis previo, en donde se ha tomado principalmente en cuenta la opinión de las organizaciones y asociaciones de productores y expertos en la materia.

1. Se solicite al Senado dictamine las reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley Federal de Sanidad Animal aprobados por unanimidad en la Cámara de Diputados se destrabe.

En estas reformas se establece que:

1. Seguimiento de la implementación del Programa para Pequeños Productores de Leche, en coordinación con las autoridades del Fonaes.

Justificación

Una de las principales preocupaciones de los diputados de la Comisión Especial de Ganadería es la de evitar que las pequeñas lecherías sigan desapareciendo por recibir precios muy por debajo de los costos de producción de su leche. Existen diversas razones por las cuales los productores de leche del sector social no han podido acceder a los diversos programas de apoyo aprobados por esta honorable Cámara.

Es importante señalar que México no es autosuficiente en el abasto de leche para su consumo interno por lo que se tienen que importar grandes volúmenes de leche. Pero esto se ha convertido en un círculo vicioso entre otras cosas debido a que en los últimos años las importaciones de leche a precios subsidiados, han ido desplazando la producción de nacional, en muchos casos los ganaderos lecheros han preferido sacrificar sus animales que seguir vendiendo leche a un precio muy bajo.

Los diputados de la Comisión Especial de Ganadería hemos trabajado en coordinación con los lecheros buscando esquemas que mejoren la situación y aún cuando gracias a las modificaciones que se realizaron en esta Legislatura, para que Liconsa compre un mayor volumen de leche al productor nacional pagándole un mejor precio.

Muchos productores pequeños no han podido acceder a este beneficio, debido a que carecen de la infraestructura adecuada para tener la calidad que requiere Liconsa, o en su caso los acopiadores y comercializadores han sido los que finalmente se quedan con el beneficio.

Por ello, en el Presupuesto de 2006 se asignaron 200 millones de pesos que se asignarán a través de Fonaes a un programa integral de apoyo dirigido específicamente a los ganaderos pequeños.

Una de las tareas de la Comisión Especial de Ganadería será dar seguimiento a dicho programa de tal forma que sean realmente los productores del sector social los que se beneficien del mismo. Para ello, se organizó un grupo de trabajo, de funcionarios de Fonaes y diputados de la Comisión Especial, que irá dando, paso a paso, seguimiento a la evolución del programa lechero.

2. Apoyo y gestión, para el sector porcícola nacional

Justificación

El sector porcicultor es una de las principales preocupaciones de los diputados de la Comisión Especial de Ganadería, ya que en los últimos años y como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, la porcicultura nacional, ha sufrido un grave daño provocado por los cuantiosos volúmenes de importaciones de carne de cerdo mismos que en los últimos años se han incrementado en 500 por ciento, y que ingresan a México con precios muy por debajo de los costos de producción en su país de origen.

Esta competencia desleal ha originado que en México se haya sustituido el consumo de carne de cerdo nacional por carne de cerdo de origen de los Estados Unidos de Norteamérica, generando con ello la pérdida de muchos empleos e ingreso para nuestros productores, así como el desmantelamiento de granjas de pequeños y medianos productores mexicanos y en muchos casos la migración de los mismo en busca de empleo a los Estados Unidos. Por su parte, el sector porcícola ha buscado a través de las instancias correspondientes, acceder a los mecanismos de defensa previstos en las diversas leyes, lo que le ha representado importantes gastos. La petición de investigación antidumping de carne de cerdo promovida en 2003 por los porcicultores nacionales, no prosperó por falta de voluntad política por parte de los funcionarios de la Secretaría de Economía, al ceder ante la presión presentada por los grandes importadores de estos productos, así como a la presión del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.

En 2004 en atención a la recomendación de la Secretaría de Economía, se inició la investigación de antidumping contra las importaciones de pierna de cerdo, pero de manera sorpresiva; aún cuando el dictamen resultó favorable a los productores mexicanos, la dependencia antes mencionada y por las mismas razones ya mencionadas, publicó una resolución preliminar negativa, dando por terminada la investigación. Es importante señalar, que la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo presentado por un servidor y otro presentado por el diputado Mario Ernesto Dávila Aranda, del grupo parlamentario del PAN, exhortando al Secretario de Economía a publicar una resolución provisional con una cuota compensatoria para las importaciones de pierna de cerdo procedentes de los Estados Unidos de América.

Ante los hechos antes descritos, la Comisión Especial de Ganadería, presentó ante la Comisión Permanente el día 25 de enero del presente año, un nuevo punto de acuerdo en apoyo a este sector. Los diputados de la comisión consideramos que tenemos que seguir apoyando a los porcicultores nacionales, por lo que organizamos en coordinación con la Asociación Nacional de Porcicultores Mexicanos un grupo de trabajo que buscará todas las estrategias posibles para apoyarlos.

3. Seguimiento y apoyo a los engordadores de ganado con el programa aprobado para el Presupuesto de 2006, denominado Ganadería por Contrato Engorda TIF.

Justificación

En diversas reuniones llevadas a cabo con la Asociación Mexicana de Ganado Bovino, una de sus principales solicitudes era que se apoyara un programa para ganadería por contrato engorda TIF, de tal forma que se pudiera fortalecer este importante eslabón de la cadena de carne.

La competencia que enfrentan los engordadores mexicanos frente a la carne proveniente de los Estados Unidos, nos exige apoyarlos de tal forma que puedan competir con sus productos tanto interna como externamente. Por ello se propuso por esta Comisión Especial y se aprobó en el Presupuesto para el 2006 una partida de apoyo.

Aún así, y basándonos en la experiencia de 2005 respecto al ejercicio de los programas aprobados por esta soberanía, observamos que el Ejecutivo en muchas ocasiones hace lo que quiere con los recursos y los desvía a rubros diferentes de los destinados.

Por ello los diputados de esta Comisión de Ganadería tenemos prevista como una de nuestras principales vigilar y dar seguimiento al ejercicio adecuado de los programas de apoyo, de tal forma que en este ejercicio de 2006 los recursos se apliquen en los rubros para lo que fueron aprobados.

En este sentido ya nos reunimos con los productores y atendimos diversas reuniones de trabajo con el Ejecutivo federal.

Los diputados integrantes de la Comisión Especial de Ganadería, de la LIX Legislatura consideramos que aún cuando se trabajó con empeño y responsabilidad, sin colores ni partidos, pensando únicamente en lo que es mejor para México, se requiere seguir trabajando intensamente en el tema, toda vez que todavía hay mucho por hacer en apoyo al sector pecuario de este país.

Por ello dejamos este informe como una referencia para los diputados de la LX Legislatura que se interesen por temas del campo.

Creemos que el interés por engrandecer a México, debe ser lo que impulse el trabajo de todos aquellos que se interesen por el campo.

Sinceramente
Diputado Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica)
Presidente de la Comisión Especial de Ganadería
 
 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA REFORMA DEL ESTADO, FINAL DE ACTIVIDADES

Antecedentes

El 11 de noviembre de 2003 fue turnada a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo para que se reinstale a la brevedad posible la Comisión Especial de la Reforma del Estado, presentada por el diputado Manuel Velasco Coello, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Junta de Coordinación Política consideró oportuno que la LIX Legislatura retomara las tareas iniciadas en la anterior legislatura, teniendo en cuenta que los grupos parlamentarios han expresado su voluntad de participar activamente en los trabajos y análisis de los temas que se involucran con la reforma del Estado proponiendo al Pleno la constitución de la comisión.

Marco Jurídico

El artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos otorga al Pleno la facultad de acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico; y en términos del artículo 34, numeral 1, inciso c), del mismo ordenamiento, a la Junta de Coordinación Política corresponde proponer al Pleno la integración de las comisiones.

Acuerdo de creación

El 19 de marzo de 2004, se publicó en la Gaceta Parlamentaria el acuerdo por el que se constituye la Comisión Especial para la Reforma del Estado cuyo funcionamiento estaba acordado hasta el 30 de abril de 2006.

El objeto de la comisión es organizar las bases para promover un diálogo político nacional sobre la Reforma del Estado, a partir de la consideración del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados como el espacio institucional en el que deben confluir las opiniones provenientes de los diferentes órdenes de gobierno, grupos, partidos, sectores, organismos, instituciones diversas del país, así como de ciudadanos en lo particular, para conformar los acuerdos que sirvan de base para los proyectos, iniciativas y dictámenes legislativos procedentes que deban conocer y aprobar en su caso las comisiones competentes y el Pleno de la Cámara.

Desde su instalación, la Junta de Coordinación Política estableció que la Presidencia de esta Comisión Especial para la Reforma del Estado debía ser rotativa, misma que fue presidida en los periodos y por los diputados que se mencionan a continuación:

La Comisión está integrada por veintidós miembros propuestos por los grupos parlamentarios y contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y seis secretarios.

Integración de la Comisión

Mesa Directiva

Leonardo Álvarez Romo, presidente, GPPVEM; Jorge Triana Tena, secretario, GPPAN; José Alberto Aguilar Iñárritu, secretario, GPPRI, Socorro Díaz Palacios, secretaria, GPPRD; Alejandro González Yáñez, secretario, GPPT; Luis Maldonado Venegas, secretario, GP Convergencia.

Integrantes

Rene Arce Islas, GPPRD; Enrique Burgos García, GPPRI; Víctor Manuel Camacho Solís, GPPRD; Humberto Cervantes Vega (licencia), GPPRI; Tatiana Clouthier Carrillo, sin partido; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, GPPAN; Carlos Flores Rico, GPPRI; Fernando Alberto García Cuevas, GPPRI; Laura Reyes Retana Ramos, sin partido; Claudia Ruiz Massieu Salinas, GPPRI; María Esther de Jesús Scherman Leaño, GPPRI; Francisco Javier Valdés de Anda, GPPAN; Alfredo Villegas Arreola, GPPRI; Emilio Zebadúa González, GPPRD; Ernesto Herrera Tovar, GPPAN; Manuel Enrique Ovalle Araiza, GPPAN.

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al acuerdo octavo por el que se constituye la Comisión Especial para la Reforma del Estado y acuerdo segundo por el que se amplía la vigencia de esta Comisión Especial para la Reforma del Estado, muy atentamente me permito presentar ante la Mesa Directiva de la LIX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados el informe final de los trabajos realizados al 31 de julio del 2006.

I. En el periodo comprendido del 1º de abril al 30 de noviembre de 2004, esta comisión presidida por el diputado Víctor Manuel Camacho Solís del Partido de la Revolución Democrática realizó las siguientes actividades:

Durante este periodo no le fue turnada ninguna iniciativa, minuta o proposición con punto de acuerdo a esta Comisión.

En virtud de que se tomó posesión de la Comisión una vez terminado el segundo período de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LIX Legislatura y de que la mayoría de los diputados se encontraban en sus respectivos estados por las campañas electorales; aunado a que se solicitó integrar el informe final de esta comisión hasta el 31 de julio del año en curso, no hubo margen de maniobra para realizar las convocatorias para las reuniones de trabajo así como realizar las actividades deseadas por esta presidencia, sin embargo, durante el periodo de encargo de esta presidencia se realizaron las siguientes actividades:

DE LA COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE ACTIVIDADES DURANTE LA LIX LEGISLATURA

Presentación

El Congreso de la Unión, para cumplir con su función de informar a la sociedad mexicana sobre las actividades del Poder Legislativo, creó el Canal de Televisión del Congreso de la Unión, estableciendo en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada el 30 de agosto de 1999, que para su conducción debía integrarse una Comisión constituida de manera plural y paritaria: la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, el 18 de mayo de 2005 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Reglamento del Canal de Televisión se establece que el órgano rector del Canal será la Comisión Bicamaral, la cual será la responsable de conducir las actividades del Canal.

Esta comisión cumpliendo con el mandato de la Ley Orgánica del Congreso General y del Reglamento ha presentado Informes de los años legislativos de la LIX Legislatura, en esta ocasión, presenta un informe de las principales actividades de ambas legislaturas, correspondiente al período que abarca del 1 de septiembre de 2003 al 31 de agosto de 2006. Para una consulta más amplia de algún tema se puede acudir a la Secretaría Técnica de esta Comisión o consultar la página web www.senado.gob.mx.

El informe correspondiente al Canal del Congreso incluido en esta memoria se reporta del 1 de septiembre de 2003 al 31 de mayo de 2006, en algunos rubros se ofrece información proyectada al 31 de agosto de 2006.

El Canal del Congreso fue concebido como un medio de comunicación del Poder Legislativo, de servicio público, que tiene como función primordial, la de ser instrumento para la difusión de las actividades legislativas, a través de las cuales, el Congreso de la Unión cumple con las funciones que la Constitución le encomienda. Asimismo, este órgano de información contribuye a analizar y discutir pública y ampliamente los problemas de la realidad nacional y de interés ciudadano, vinculados con la actividad legislativa.

Para cumplir con esta encomienda, la Comisión Bicamaral, órgano rector del Canal del Congreso, ha trabajado intensamente desde su integración en la realización de múltiples gestiones, elaboración de documentos rectores así como actividades diversas, mismas que a continuación se reseñan.

Integrantes LIX Legislatura

Mesa directiva 2004-2005

Senador Eric Luis Rubio Barthell, presidente; diputada Norma P. Saucedo Moreno, secretaria; diputado José Luis Medina Lizalde, secretario; senador Raymundo Cárdenas Hernández, diputada Lilia Isabel Aragón del Rivero, senador Felipe de Jesús Vicencio Álvarez.

Mesa directiva 2005-2006

diputado José Luis Medina Lizalde, presidente; senador Javier Corral Jurado, secretario; senador Eric Luis Rubio Barthell, secretario; diputada Norma Patricia Saucedo Moreno, senador Raymundo Cárdenas Hernández, diputada Lilia Isabel Aragón del Rivero.

Leticia Araceli Salas Torres, secretaria técnica.

I. De la Comisión Bicamaral

I.1. Instalación

La Comisión Bicamaral en la LIX Legislatura quedó formalmente instalada el 21 de abril de 2004 y estuvo integrada, al igual que en la LVIII Legislatura, por tres senadores y tres diputados de los grupos parlamentarios con mayor número de representantes en el Congreso.

A continuación se señalan los legisladores que integraron esta Comisión Bicamaral en la LIX Legislatura, así como los senadores que la integraron en parte de la LVIII y LIX Legislaturas:

Con fundamento en el artículo 132, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General, los legisladores integrantes de esta Comisión aprobaron, el 25 de mayo de 2004, una modificación a la Política Interna número 1 (ver II.3), la cual estableció la designación de una mesa directiva y la rotación entre fracciones parlamentarias y entre Cámaras en todos sus cargos, lo anterior a fin de ser consecuentes con la pluralidad en la integración de las comisiones y subrayar el carácter bicamaral de esta comisión.3

Con base en lo anterior, el 21 de octubre de 2004, mediante el acuerdo número CB/LIX/015, la Comisión Bicamaral eligió a su primera mesa directiva y designó al senador Eric Luis Rubio Barthell como presidente, y a los diputados Norma Patricia Saucedo Moreno y José Luis Medina Lizalde, como secretarios, por el periodo del 21 de octubre del 2004 al 21 de octubre de 2005.⁴

Terminado el año correspondiente a la primera Mesa Directiva, el 31 de octubre de 2005, mediante el acuerdo número CB/LIX/138, la Comisión Bicamaral eligió a la directiva que conduciría las tareas de la comisión durante la última etapa de la LIX Legislatura. Con fundamento en la norma establecida para este efecto, se designó presidente al diputado José Luis Medina Lizalde, y secretarios a los senadores Eric Luis Rubio Barthell y Javier Corral Jurado, por el periodo del 1 de noviembre de 2005 al 31 de agosto de 2006.⁵

I.3. Sesiones y acuerdos⁶

Desde el 21 de abril de 2004, fecha de su instalación en la LIX Legislatura, la Comisión Bicamaral sesionó en 33 ocasiones, y tomó 156 acuerdos.

Una vez electa la primera Mesa Directiva de la Comisión en la LIX Legislatura, en octubre de 2004, sus integrantes consideraron urgente tomar decisiones y dictar líneas de trabajo sobre varios asuntos del Canal, y planear a corto plazo, la realización de nuevos proyectos, por lo que resolvieron sesionar semanalmente. Así de octubre de 2004 al 28 de febrero de 2005 sesionaron en 13 ocasiones.

Los 157 acuerdos tomados en las 33 sesiones de trabajo fueron relativos a los siguientes rubros:

Asimismo, de marzo de 2004 a febrero de 2005, se realizaron once reuniones adicionales, mediante la modalidad de trabajo en subcomisión, para abordar diferentes temas entre los que destacan la transmisión del IV Informe del titular del Poder Ejecutivo federal, la definición del procedimiento y bases para la elección del director del Canal del Congreso, así como reuniones dedicadas al análisis y discusión del proyecto de Reglamento del Canal.

De la misma forma para atender el acuerdo número CB/LIX/132, de fecha 12 de octubre de 2005, a partir del cual los legisladores instruyeron a la Secretaría Técnica para que coordinara la elaboración de un estudio completo sobre la figura jurídica que debía adoptar el Canal del Congreso para mejorar su operación en beneficio del cumplimiento cabal de sus objetivos, se realizaron 4 reuniones en subcomisión (1°, 9 diciembre de 2005 y, 15 y 23 de marzo de 2006).

Derivado de los diversos acuerdos, la Comisión Bicamaral realizó reuniones y estableció líneas de trabajo con funcionarios de: la Secretaría General de Servicios Administrativos de la Cámara de Senadores, Secretaría General de la Cámara de Diputados, con las consultorías jurídicas de ambas cámaras, la Comisión de Administración del Senado de la República, el Comité de Administración de la Cámara de Diputados y las Coordinaciones de Comunicación Social de las colegisladoras.

Asimismo, durante la LIX Legislatura, la Comisión Bicamaral y el Canal del Congreso de manera conjunta o independiente han realizado sesiones de trabajo con instituciones u organismos externos a fin de establecer relaciones de colaboración con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Federal Electoral, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), TV UNAM, la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales, Canal Once, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones, los honorables Congresos de los estados, el Colegio de México y con la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, de manera interna con el Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República.

En los apartados IV. Convenios de colaboración y IX.2. Producción y Programación se hace referencia al contenido de los convenios firmados o relaciones de colaboración establecidos con esas instituciones.

I.4. Puntos de acuerdo atendidos

Turnados

Noticiero especializado. Cámara de Diputados, Mesa Directiva, LIX Legislatura D.G. P. L. 59-1I-5-842.

Serie de televisión Frente a las cámaras. Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la honorable Cámara de Diputados, 15/03/05.

Actualmente la Comisión Bicamaral y el Canal del Congreso se regulan por:

Marco Jurídico General

Marco normativo específico

El 31 de agosto de 1999 se aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en su Título Quinto, artículos 131, 132 y 133 se norman las tareas de la Comisión Bicamaral y del Canal del Congreso, y a la letra señalan:

Esta Comisión proyectó como una de sus tareas fundamentales el dotar al Canal del Congreso y a la propia comisión, de certidumbre jurídica, a través de una iniciativa de decreto que regulara sus actividades y operación.

II.2.1. Proceso

Los integrantes de la Comisión Bicamaral colaboraron estrechamente con las Comisiones dictaminadoras en la Cámara de Senadores, a saber, Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, y presentaron diversas observaciones y propuestas al proyecto de decreto del Reglamento. Las Comisiones Unidas resolvieron presentar una nueva iniciativa, en la que recogieron importantes aportes de la colegisladora, incorporaron facultades importantes para la Comisión Bicamaral como órgano rector y establecieron responsabilidades para el titular de la Dirección del Canal, sólo por mencionar algunas aportaciones.

Las Comisiones Unidas presentaron su dictamen ante el pleno de la Cámara de Senadores, el 9 de diciembre de 2004, siendo aprobado por unanimidad. La Minuta correspondiente fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su estudio y dictamen, el 14 de diciembre del mismo año.

Fue hasta el 26 de abril de 2005 que la Comisión temática presentó su dictamen al pleno de la Cámara de Diputados; el 28 de abril de ese mismo año se sometió a votación de la asamblea, y se aprobó por 321 votos y 3 abstenciones. Finalmente el 18 de mayo de 2005, el Reglamento se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

Los antecedentes de dicha iniciativa son:

La Política Interna número 1 constituye el segundo antecedente para normar la actuación de la Comisión Bicamaral, el primero fue el documento denominado "Reglas básicas de funcionamiento de la Comisión Bicamaral".

Iniciada la LIX Legislatura, el 25 de mayo de 2004, los integrantes de la Comisión Bicamaral resolvieron modificar el artículo 4, a fin de establecer una Mesa Directiva y la rotación entre fracciones parlamentarias y entre Cámaras en todos sus cargos.

Ahora bien, el contenido de esta Política Interna, pasó a formar parte del Capítulo IV del Reglamento del Canal de Televisión a partir del 28 de abril de 2005, fecha en que fue aprobado ese ordenamiento, (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2005).

II.4. Política Interna número 2. Manual de operación y transmisiones

La Comisión Bicamaral, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132, incisos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos tiene la facultad de establecer políticas internas de orden general.

Así, la Comisión Bicamaral se abocó al análisis y modificación de algunos artículos del Manual de operación y transmisiones del Canal de Televisión del Congreso de la Unión. Este manual tiene por objeto regular la operación y las transmisiones, y los criterios generales de programación del Canal.

Los cambios introducidos se relacionan con la información de contexto que los reporteros deben brindar durante la grabación o transmisión de una sesión plenaria, sesión de comisión o cualquier evento a transmitir.

La dirección de cámaras deberá ponderar la intervención en tribuna de los legisladores, y de manera simultánea a las tomas que se realizan de los salones de plenos de ambas cámaras, se deberán exponer las actividades legislativas que de manera paralela se desarrollan en los recintos parlamentarios, a fin de que el televidente tenga una visión general de la vida parlamentaria.

Esta comisión consciente de que la calidad de la imagen del Canal está relacionada con la organización de las actividades legislativas, cursos, diplomados, foros y en general cualquier evento, solicitó a los organizadores de dichos eventos, a través del Canal del Congreso, el uso de recursos tecnológicos y didácticos, según sea el caso, para hacer más atractiva la pantalla.

Asimismo, introdujo reglas de transmisión para dotar al Canal de lineamientos generales para la toma de decisiones ante sucesos imprevisibles, lo cual clarifica su conducción, asegura la apertura informativa, la oportunidad periodística y la pluralidad y objetividad de sus transmisiones.

II.5. Política Interna número 3. Lineamientos Editoriales. Noticias del Congreso

Lineamientos editoriales. Noticias del Congreso, es una guía para los legisladores y trabajadores del Canal del Congreso, para cumplir con los objetivos y principios que rigen el Canal, como son el de informar a la sociedad mexicana bajo los principios de la veracidad, imparcialidad, ética, pluralidad, equidad y oportunidad. Esta política interna fue aprobada mediante el acuerdo número CB/LIX/134, de fecha 12 de octubre de 2005.

Los lineamientos fueron editados en un cuadernillo por el área de impresiones y publicaciones digitales del Senado de la República, con un tiraje de mil ejemplares, para ser distribuidos también en la LX Legislatura.

II.6. Política Interna número 4. Guía del usuario

Para apoyar y facilitar a los usuarios de los servicios que otorga el Canal del Congreso, en el proceso de solicitud y atención de los mismos se editó la Guía del usuario, la cual será de gran utilidad para nuestros compañeros legisladores de la LX Legislatura. Esta política interna fue aprobada mediante el acuerdo número CB/LIX/134, de fecha 12 de octubre de 2005.

Esta guía fue editada por el Área de impresiones y publicaciones digitales del Senado de la República, con un tiraje de mil ejemplares, para ser distribuidos también en la LX Legislatura.

II.7. Manuales

En este periodo la Comisión Bicamaral logró avances muy significativos en el ámbito administrativo del Canal del Congreso al obtener los consensos necesarios para aprobar documentos vitales para la operación y normatividad interna del Canal, mismos que serán de gran utilidad para su status actual y futuro, como son:

Organigramas de la Dirección General, Dirección de Producción y Programación, Dirección de Información y Noticias, Dirección de Administración y Planeación y Dirección de Ingeniería y Operaciones. Acuerdo número CB/LIX/117, aprobados el 22 de junio de 2005.

II.8. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso General

Además de lo anterior, la Comisión Bicamaral consciente de la necesidad de dotar al Canal del Congreso de una figura jurídica para coadyuvar a su manejo eficaz y eficiente, el 12 de octubre de 2005, dictó el siguiente acuerdo:

Siguiendo con el empeño de incrementar la cobertura del Canal, la Comisión Bicamaral de la LIX Legislatura, continuó con la distribución de decodificadores adquiridos por el Congreso de la Unión, así del año 1999 al 2004 se entregaron un total de 270 de estos equipos, que permiten recibir la señal del Canal del Congreso en igual número de sistemas de televisión por cable del país, sumados a los concesionarios que transmiten la señal con equipos de su propiedad, sobre los cuales se informa en el siguiente punto.

Durante 2005 y 2006 no se adquirió ningún equipo, sin embargo de acuerdo a la base de datos actualizada a junio de 2006, existe la petición de 46 concesionarios de televisión por cable para que les sea asignado un equipo decodificador.

La LX Legislatura deberá de contemplar la adquisición de equipos necesarios para alentar la ampliación de la cobertura del Canal del Congreso, considerando que canales públicos como el Canal 22 les entregan los equipos sin costo alguno a estos mismos concesionarios, con la única finalidad de facilitar y estimular que retransmitan su señal.

En esta Legislatura el Canal del Congreso continuó transmitiendo a través de la televisión restringida vía satélite SKY y a través del Canal 25 de la red Edusat, en esta última a partir de mayo del 2004.

Del 15 de abril de 2001 al 10 de junio de 2005, el Canal del Congreso se trasmitió a través de Direct TV por el canal 220. Las transmisiones por esta vía se suspendieron dada la cancelación de operaciones en México de esa empresa.

III.1. Sistemas de televisión por cable

La Comisión Bicamaral ha mantenido una estrecha relación de colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable (Canitec) para ampliar la cobertura del Canal del Congreso en todo el país. Si bien, en cada periodo que se informa, se puede documentar la incorporación de nuevos concesionarios a nuestro padrón, también es cierto que la propia industria manifiesta un crecimiento en sus afiliados, lo que constantemente implica nuevos retos para incorporarlos a la transmisión de la señal del Canal.

En el informe de la Comisión Bicamaral del tercer año de la LVIII Legislatura, septiembre 2002-agosto 2003, se reportó que el universo de sistemas de televisión por cable era de 649, de los cuales 519 transmitían el Canal.

Al cierre de la LIX legislatura, se cuenta con un universo de 792 sistemas de televisión por cable, lo que representa un crecimiento de la industria del 22 por ciento con respecto de la LVIII Legislatura en la que se contaba con 649 sistemas identificados.

A junio de 2006, 658 sistemas de cable transmiten la señal del Canal del Congreso, lo hacen 139 sistemas más respecto del cierre de la LVIII Legislatura, es decir, la cobertura se amplió en un 26.78 por ciento.

Finalmente, al cierre de la LIX legislatura, el 59.9 por ciento, es decir 394 sistemas de cable transmiten la señal del Canal con decodificador propio, lo que representa un crecimiento de 4.9 por ciento con respecto de la LVIII legislatura en la que sólo 264 concesionarios transmitían con decodificador propio.

Así, podemos señalar que en la LIX Legislatura:

El crecimiento en la cobertura del Canal del Congreso fue de un 26.78 por ciento en la transmisión por los sistemas de televisión por cable.

Cabe hacer notar que la actualización de la base de datos se deriva fundamentalmente de la asistencia a las expoconvenciones organizadas por la Canitec, por medio de las llamadas telefónicas, correos electrónicos y fax de los concesionarios, para recibir asesoría y darse de alta ante Contel:

Con base en el padrón con el que cuenta la Comisión Bicamaral se puede afirmar que el Canal del Congreso se transmite en las plazas de los Sistemas de Televisión por Cable más importantes del país.

El apéndice del anexo II, contiene gráficas en las que se observan diversos tratamientos de la información. A continuación se señalan algunos elementos de los mismos:

RPT's y extensiones que transmiten la señal del Canal del Congreso (datos absolutos)

Comparativo de las RPT por entidad y aquellas que transmiten la señal del Canal del Congreso (datos absolutos)

III.1.1. Decodificadores adquiridos

El Senado de la República, mediante concurso de licitación número SEN/DGRMSG/L016/2003, adquirió 10 decodificadores, mismos que fueron entregados a la Comisión Bicamaral en enero de 2004, su distribución entre los concesionarios de televisión por cable se finalizó el 8 de septiembre del 2004, lo anterior a fin de continuar ampliando la cobertura del Canal del Congreso en el país (ver anexo II).

Los criterios utilizados para la selección de los cableoperadores fueron los siguientes:

La documentación legal que da soporte a los 265 Contratos de Comodato se encuentran bajo resguardo de las Direcciones Jurídicas de ambas Cámaras, y en la Secretaría Técnica de la Comisión Bicamaral se cuenta con la base de datos de los concesionarios que transmiten con decodificador entregado por la Cámara de Diputados o por la Cámara de Senadores.

III.2. Audiencia potencial del Canal del Congreso

A continuación se ofrece un cuadro de la audiencia potencial en los sistemas de televisión restringidos que transmiten el Canal del Congreso.

Televisión restringida: Sistemas de cable

Fuentes:

Para el año 2006, se tienen 4 millones 101 mil 243 de suscriptores, lo que representa una audiencia potencial de 17 millones 703 mil 005, es decir, en este año hubo una disminución del 3 por ciento en el número de suscriptores y del 11 por ciento en la audiencia potencial.

Por otra parte, cabe destacar que el Canal del Congreso inició transmisiones, a partir de junio de 2004, por la Red Edusat de la Secretaría de Educación Pública. La Red Edusat cuenta en total con 35 mil 675 receptores en toda la República Mexicana, 14 mil de ellos se encuentran instalados en las telesecundarias, y el resto se encuentran ubicados en universidades, normales, secretarías de Estado e instituciones públicas.

IV. Convenios de colaboración

Otra línea de trabajo impulsada por esta comisión legislativa fue la de establecer relaciones de colaboración con organismos públicos y privados a fin de cumplir con el mandato establecido en el Reglamento del Canal del Congreso, es decir además de reseñar la actividad legislativa y parlamentaria del Congreso de la Unión, coadyuvar de manera más activa en la difusión de contenidos de interés público.

IV.1. Canitec

Si bien desde el nacimiento del Canal del Congreso, la Comisión Bicamaral estableció relaciones de colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable, Canitec, es hasta la LIX Legislatura que la Comisión Bicamaral impulsó la firma de un Convenio General de Colaboración entre el Congreso de la Unión y la Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable, mismo que se firmó el 16 de marzo de 2005.

Este convenio tiene por objeto colaborar entre las partes, a fin de impulsar una cultura de educación cívica, a partir de una promoción más amplia e intensa del Canal del Congreso, a través de las redes públicas de telecomunicaciones por cable; así como fortalecer el proyecto del portal Cableducación que se difunde vía Internet, mediante la generación de nuevos contenidos tanto para el portal, como para el canal por cable denominado Aprende TV.

Para el cumplimiento del objeto de este convenio la Canitec se comprometió a:

Con base en el acuerdo CB/LVIII/051 emitido por la Comisión Bicamaral, el 16 de abril de 2001, se resolvió ofrecer a los Congresos Estatales la posibilidad de participar en la serie 32 Congresos y una Asamblea Legislativa, para brindar al público televidente un conocimiento más amplio de la riqueza del trabajo legislativo que existe a lo largo y ancho del país.

En el inciso j), artículo 5, del Reglamento del Canal de Televisión se señala la obligación del Canal del Congreso de contribuir a difundir la actividad legislativa y parlamentaria de los órganos legislativos de las entidades federativas, por ello la Comisión Bicamaral promovió entre todos los Congresos Estatales la producción de un programa mensual sobre las labores legislativas locales, para su transmisión a través del Canal del Congreso en un espacio denominado 32 Congresos y una Asamblea Legislativa. Esta serie se transmite los lunes a las 22:00 horas y los sábados a las 11:00 horas.

En el apartado IX.2. Producción y Programación se reporta la participación de los Congresos Estatales respecto del número de programas que han enviado para su transmisión.

IV.3. Parlamento Centroamericano

Por su ubicación geoestratégica, los países centroamericanos son de vital importancia para México, no sólo por los lazos políticos y económicos que nos unen sino por la historia compartida, un mismo origen étnico y una cultura común de profundas raíces indígenas y del mestizaje colonial. Por lo anterior, el senador Eric Rubio Barthell, Presidente en funciones de la Comisión Bicamaral, en representación de la Comisión Bicamaral acudió a Guatemala a firmar el Acuerdo de Colaboración con el Parlamento Centroamericano, Parlacen, el 29 de septiembre de 2005.

Este acuerdo tiene como finalidad difundir los procesos de integración y ampliar la cooperación entre los países Centroamericanos y del Caribe, a través del Canal del Congreso. Este instrumento cobra una significativa relevancia, por los asuntos y problemáticas comunes que ocupan a la región, y sobre los cuales este órgano regional emite diversos instrumentos legales y resolutivos, que a partir de la firma de este acuerdo se difunden a través del Canal del Congreso.

Como lo contempla el acuerdo, el espacio del Canal del Congreso, Noticias del Congreso, ha trabajado en la cobertura y difusión de los temas relacionados con las actividades del Parlamento Centroamericano.

Para ello, se realizaron entrevistas a legisladores miembros del Parlamento y se han producido diversas notas informativas transmitidas en Noticias del Congreso. Asimismo, el noticiario del Canal del Congreso ha sido un buen espacio para difundir los boletines emitidos por el Parlacen.

Además, a la par de estas acciones, se produjeron promocionales del Parlacen transmitiéndose 835 impactos de julio de 2005 a febrero de 2006.

IV.4. Instituto Federal Electoral

Como lo señala el convenio firmado: "Contribuir al fortalecimiento educativo y cultural que requiere el avance del país y fomentar el desarrollo de la cultura cívica y política en la sociedad; con énfasis en la población infantil y juvenil" es otra de las funciones importantes del Canal del Congreso, por lo que como Comisión Bicamaral se impulsaron varias tareas.

Para atender el desarrollo de la cultura cívica y política se promovió con el Instituto Federal Electoral y con las mesas directivas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores la firma de un Convenio de Colaboración, la cual se llevó a cabo el 25 de abril de 2006, con la presencia del Presidente del Consejo General del IFE, doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, los Presidentes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, diputada Marcela González Salas y Petricioli y senador Enrique Jackson Ramírez, y los integrantes de esta Comisión Bicamaral.

El objeto de ese Convenio consiste en el establecimiento de las bases y mecanismos operativos entre las partes para coordinar la ejecución de diversas estrategias y actividades dirigidas al fortalecimiento de la educación cívica; a la realización de proyectos de producción específicos; transmisión de las sesiones plenarias del Consejo General, divulgación de cursos, seminarios, mesas redondas y otros eventos de vinculación académica; así como para el intercambio de información especializada dirigidos a la difusión de la cultura democrática.

Las sesiones del Congreso General del IFE son grabadas por ese Instituto y se transmiten en vivo o de manera diferida de acuerdo a la propuesta que realice el Canal del Congreso a la Comisión Bicamaral, dando prioridad en todo momento a las sesiones plenarias de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Comisión Permanente o cualquier otro evento relevante para el Congreso de la Unión.

El 2 de mayo de 2006 se llevó a cabo la transmisión de la primera sesión del Instituto Federal Electoral, misma que fue retransmitida el 7 de mayo. Además de esa primera sesión, a junio de 2006 se han transmitido tres sesiones, dos de las cuales también fueron retransmitidas en una ocasión, para sumar un total de 26 horas y 50 minutos de cobertura.

Por otra parte de mayo a junio de 2006 se han transmitido siete promocionales a lo largo de la continuidad de la programación.

V. Reingeniería administrativa del Canal del Congreso

En el contexto de un análisis de la operación del Canal, la Comisión Bicamaral tomó el acuerdo de solicitar al Secretario General de la Cámara de Diputados y al Secretario de Servicios Administrativos de la Cámara de Senadores, así como a las Consultorías Jurídicas de ambas cámaras, elaborar un estudio sobre la organización actual de los recursos humanos, administrativos y financieros del Canal, establecer una figura jurídica-administrativa propia para el Canal que le permitiera contar con un control administrativo único, y por tanto con una normatividad aplicable y válida para ambas Cámaras.

La operación actual provoca retrasos en la operación administrativa, desigualdad salarial y prestaciones diferentes entre los trabajadores adscritos a una Cámara u a otra, aplicación de normas diferentes para procedimientos iguales, y por tanto demoras en la operación del Canal del Congreso.

En este sentido, y como ya se señaló en los apartados I.3 y II.8 se analizó la alternativa de constituir al Canal como un órgano desconcentrado del Congreso de la Unión, con autonomía de gestión presupuestal y técnica para ejercer las facultades que se le estarían delegando.

Por otra parte, la Comisión Bicamaral instruyó al Canal del Congreso para actualizar los manuales de organización, procedimientos, perfil de puestos, y presentar una propuesta de organigrama acorde con las nuevas tareas encomendadas al Canal. Todos estos documentos, después de varios meses de trabajo y de sesiones de la Comisión Bicamaral, fueron aprobados el 12 de octubre de 2005.

La Comisión Bicamaral y el Canal del Congreso deberán realizar las gestiones necesarias para realizar ajustes importantes a fin de resolver problemas como los siguientes:

VI. Presupuesto 2003-2006

VII. Tiempos fiscales, Senado de la República

La Mesa Directiva del Senado de la República, es el órgano de gobierno que autoriza el contenido y la producción de los promocionales que se transmiten a través de los Tiempos fiscales. La transmisión de campañas de radio y televisión a través de esos tiempos asignados al Estado se inició el 1 de marzo de 2004.

La Coordinación de Comunicación Social del Senado de la República es la instancia responsable de producir las campañas a transmitirse por los tiempos fiscales y la Comisión Bicamaral en enlace con esa Coordinación es la instancia responsable de gestionar y operar el uso de los Tiempos Fiscales ante la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Federal "por el que se autoriza a la SHCP a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto", de fecha 10 de octubre de 2002 y de acuerdo al artículo correspondiente al Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año.⁷

Con base en lo anterior, le corresponden al Senado de la República 5 impactos diarios de 30 segundos en cada una de las estaciones de Televisión y 10 impactos diarios de 30 segundos en cada una de las estaciones de Radio.

De marzo de 2004 a junio de 2006 la Comisión Bicamaral fue la responsable de reproducir y distribuir 15 versiones de promocionales de televisión con un total de 2 millones 512 mil 70 impactos y 10 versiones de promocionales de Radio con un total de 9 millones 378 mil 80 impactos, de la campaña denominada En el Senado de la República, damos resultados. Estos promocionales se transmitieron por el Canal del Congreso, además de en 451 estaciones de televisión y mil 207 estaciones de radio, en todo el país.

Televisoras que transmiten los promocionales por tiempos fiscales

Cobertura en el distrito federal y en República Mexicana

Observación:

Cobertura en el distrito federal y en República Mexicana

El Canal del Congreso inició sus transmisiones, de manera experimental, el 18 de marzo de 1998, con la transmisión de las sesiones plenarias de ambas Cámaras y las sesiones de la Comisión Permanente y algunas comparecencias de Secretarios de Estado ante los plenos y ante comisiones, estos contenidos prevalecieron hasta el 29 de agosto de 2000.

El 29 de agosto de 2000 se iniciaron formalmente las transmisiones del Canal del Congreso con la protesta constitucional de los legisladores de la LVIII Legislatura. A partir de esta fecha el Canal aumentó gradualmente sus horas y días de transmisión, hasta lograr hacerlo de lunes a viernes y posteriormente, a partir del 21 de abril de 2001, incrementó sus horas de transmisión sustancialmente al ampliar su horario al aire hasta las 12 p.m. (inicialmente sólo de las 10:00 a.m. a las 10:00 p.m.), y extender los días de transmisión a los sábados y domingos.

A partir de este rubro se informa sobre el periodo correspondiente del 1 de septiembre de 2003 al 31 de mayo de 2006 (en algunos puntos se pudo realizar una proyección al 31 de agosto de 2006).

IX.1. Desarrollo de la infraestructura técnica

Desde los inicios del Canal del Congreso hasta el año de 2006, el objetivo principal del área de Ingeniería ha sido el de utilizar los recursos técnicos y humanos para el desarrollo, crecimiento y optimización de las grabaciones y transmisiones.

Para lograrlo se resolvieron paulatinamente varios problemas que se presentaron en cada cámara legislativa.

Con los nuevos equipos de última generación, se logró la independencia de espacios y equipos técnicos pertenecientes a Comunicación Social de ambas Cámaras, así como el mejoramiento de la calidad de la señal.

La diferencia de formatos de grabación existente entre Cámaras, se resolvió con la unificación de máquinas videograbadoras digitales de formato SX. Transmitiendo el material grabado desde cualquier punto enlazado con el control maestro.

La independencia del control maestro de las cabinas de producción, hizo posible la revisión de la calidad de las transmisiones y un mejor control en la recopilación de los tiempos y estadísticas de transmisión, desahogando el trabajo cotidiano de las cabinas de producción.

El cableado instalado en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y la torre El Caballito ha facilitado la cobertura de los trabajos legislativos, haciéndolos mas oportunos y con una mejor calidad en audio y video.

Con la infraestructura técnica actual, se tiene instalado el control maestro con un 100 por ciento de equipo digital, el Senado de la República al 90 por ciento y la Cámara de Diputados al 80 por ciento. Es posible que para el año 2007, se cumpla el proceso de digitalización del Canal, mejorando la calidad de la imagen y cumpliendo con los estándares que rigen nuestro sistema de televisión.

Para Noticias del Congreso se asignaron dos cámaras profesionales de disco óptico, consolas de audio digitales, iluminación portátil, micrófonos inalámbricos, así como un editor no lineal para posproducción, a fin de lograr mayor eficiencia en el proceso de edición y la eliminación de la cinta tradicional por un formato de última generación.

El reto a corto plazo es la adquisición de un sistema automatizado de digitalización, administración, catalogación y archivo de material videográfico y actualización de los enlaces de fibra óptica existentes.

A continuación se puntualizan las acciones desarrolladas en el ámbito de la infraestructura técnica del 2003 al 2006:

2003

IX.2. Producción y programación⁸

A continuación se presenta una gráfica que muestra la distribución de tiempos de transmisión total por tipo de contenido, septiembre de 2003-mayo de 2006.

En el periodo del 1 de septiembre de 2003 al 31 de mayo de 2006, correspondiente a la LIX Legislatura, el Canal del Congreso transmitió un total de 15 mil 710 horas con 56 minutos y 45 segundos, de las cuales el 38 por ciento fueron programas del Senado de la República, el 43 por ciento de la Cámara de Diputados, el 10 por ciento programas de ambas cámaras y el restante 9 por ciento correspondió a otros programas.¹⁰

IX.2.1. Contenido y tipo de transmisiones

Para efecto de mostrar un panorama total de los contenidos y tipo de transmisiones del Canal del Congreso desde su primera emisión en agosto del 2000 al mes de mayo de 2006, a continuación se presenta una gráfica que refiere la distribución del total de horas:

Del total de horas transmitidas de agosto del 2000 a mayo de 2006, el 26 por ciento corresponde a la transmisión de sesiones; el 31 por ciento a la de comisiones; el 29 por ciento refleja la de otros programas; la destinada a otras instituciones representa el 9 por ciento, la de comparecencias el 4 por ciento y finalmente la de grupos parlamentarios el 1 por ciento.

Por otra parte, de las 15 mil 710 horas con 56 minutos y 45 segundos de transmisiones que ha tenido el Canal del Congreso de septiembre de 2003 a mayo de 2006, el 13 por ciento equivalente a 2 mil 117 horas con 54 minutos y 36 segundos, corresponde a la transmisión de programas en vivo, el 34 por ciento equivalente a 5 mil 325 horas con 47 minutos y 24 segundos, representa la emisión total de programas diferidos, y el restante 53 por ciento, equivalente a 8 mil 267 horas con 14 minutos y 45 segundos corresponde a los programas retransmitidos.

Cabe destacar que el pasado 19 de enero de 2005, esta Comisión resolvió adecuar, a partir del 1 de febrero de 2005, las transmisiones diferidas por el Canal del Congreso de las sesiones plenarias de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Los martes se difería la sesión plenaria de la Cámara de Senadores y los jueves la sesión plenaria de la Cámara de Diputados, lo anterior hacía imposible establecer franjas de programación fija, para programar y anunciar con anticipación al televidente la oferta programática del Canal.

Por otra parte, La Comisión conjuntamente con la Dirección del Canal analizó las alternativas convenientes, tanto para la difusión de las actividades legislativas como para la difusión de la programación del Canal para los televidentes y resolvió, para el caso de la transmisión diferida de las sesiones plenarias, programarlas los miércoles y los viernes a las 10 a.m.

Dictándose el siguiente acuerdo:

Acuerdo número CB/LIX/067. A partir del 1° de febrero de 2005, fecha de inicio del segundo periodo ordinario de sesiones, del segundo año de ejercicio de la LIX Legislatura, las transmisiones de las sesiones del honorable Pleno de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores se transmiten de conformidad con los siguientes horarios y días:

El establecimiento de franjas de programación, permitió la inserción de nuevos programas y series de producción propia y/o externa, que coadyuvaran al cumplimiento de los objetivos y funciones del Canal del Congreso.

IX.2.2. Transmisión las 24 horas

Continuando con las acciones que impactaron la programación en el periodo que se informa, cabe destacar el acuerdo CB/LIX/133 de fecha 12 de octubre de 2005, mediante el cual la Comisión Bicamaral resolvió ampliar la transmisión del Canal del Congreso las 24 horas del día.

Las transmisiones las 24 horas del día dieron inicio el pasado 1 de noviembre de 2005. Lo anterior permite poner a disposición del público televidente las sesiones plenarias de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de la Comisión Permanente, así como sesiones de Comisiones y series de producción propia y externa, que de manera previa a la fecha citada, sólo se podían sintonizar en horarios matutinos o diurnos.

Los criterios establecidos por el Canal del Congreso para dar cumplimiento a este fin son los siguientes:

Series de televisión de producción propia

A continuación se reseñan las series de televisión producidas o coproducidas por el Canal del Congreso en el período que se informa.

Resumen Legislativo. Se transmitió, en una primera etapa, al final de cada una de las sesiones del segundo período de la Comisión Permanente del primer año de ejercicio de la LVIII Legislatura, dando inicio el 14 de junio de 2001.

En una segunda etapa, Resumen Legislativo se transmitió desde el mes de septiembre de 2001 hasta diciembre de 2003 los viernes de cada semana sumando un total de 115 emisiones en el periodo referido.

Mesa de Diálogo. Es una serie de televisión inicialmente concebida por los legisladores integrantes de la Comisión Bicamaral para darle voz a las diferentes posturas que existían sobre la minuta con proyecto de decreto que reformaba la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones, octubre de 2005.

Esta serie inició sus transmisiones al aire a partir del 1 de febrero de 2006, y en su primera etapa se realizaron 5 programas especiales dedicados al tema anteriormente señalado, sin embargo dada la aceptación de este espacio de debate legislativo, y a que el propio acuerdo número CB/LIX/148, mediante el cual fue autorizado la realización de esos programas especiales, contemplaba una nueva serie que abordara las principales leyes aprobadas o propuestas por el Poder Legislativo, se decidió continuar con su realización, bajo la conducción del periodista Javier Solórzano. Esta serie está auspiciada por el Senado de la República.

Así, semana a semana se abordan los temas legislativos de coyuntura para el propio Poder Legislativo y de interés para el país, de esta forma del 1 febrero al 31 de agosto de 2006 se han producido 26 programas.

La primera encuesta realizada en el país sobre el conocimiento de los mexicanos sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que está contenida en Cultura de la Constitución Mexicana. Una encuesta nacional de actitudes, percepciones y valores, demuestra un escaso conocimiento de la Ley Fundamental entre la población.

Por otra parte la Comisión Bicamaral resolvió mediante el acuerdo número

CB/LIX/042 de fecha 8 de diciembre de 2004, realizar una serie de programas que muestren como funciona el Congreso y elaborar cápsulas de divulgación sobre cultura legislativa.

En atención a ello el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en colaboración con el Canal del Congreso, convinieron producir la serie de televisión Vive la Constitución, la cual tiene como meta difundir la cultura de la Ley Fundamental al mayor número de personas, ajustando el contenido de cada programa a las necesidades pedagógicas de mensajes a población abierta. Esta es una serie que consta de 20 programas y está auspiciada por el Senado de la República, la primera transmisión se realizó el 1 de mayo de 2006.

Por otra parte, el Canal del Congreso ha establecido relaciones de colaboración con Instituciones externas para apoyar la divulgación cultural y la promoción de una cultura ciudadana. En este contexto se ubican las siguientes series de televisión:

TV Revista del Consumidor

La Comisión Bicamaral tomó el acuerdo número CB/LIX/123, a partir del cual, desde de diciembre de 2005, convocó a todos los gobiernos estatales para contribuir a promover la identidad cultural del país a partir de la enorme riqueza de las actividades económicas y los aspectos culturales que se desarrollan en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal.

Para lo cual se produjo un espacio denominado Acércate a México. Hasta la fecha han enviado programas de televisión los estados de Tabasco, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Chiapas, Guanajuato, Aguascalientes y Michoacán.

Producción: Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILCE.

Sinopsis: Serie documental que aborda la vida de las comunidades indígenas mediante experiencias particulares y propositivas sobre algún tema específico como proyectos productivos, organización, salud, lengua, cultura, migración, entre otros. Esta serie, producida por el ILCE, forma parte del Proyecto México Multicultural.

Mención aparte, merecen las tareas de planeación y diseño del programa informativo Noticias del Congreso.

Por una parte, las noticias difundidas por los medios electrónicos respecto de la labor del Congreso de la Unión, salvo honrosas excepciones, es acotada. Hay una banalización constante de las actividades de los legisladores; en la jerarquización de la noticia se le concede más importancia a los hechos anecdóticos y aislados que suceden en las sesiones plenarias que a las propuestas legislativas de trascendencia para el país.

El Congreso se encontraba inerme ante el manejo noticioso de los medios masivos de información y sometido a la selección de los temas "relevantes" del debate parlamentario, en ocasiones alevosa y animada por intereses particulares, lo que en nada coadyuva a la formación de una opinión pública informada.

Ante este panorama, el diputado José Luis Medina Lizalde, en su calidad de Secretario de la Mesa Directiva de ésta Comisión, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, el 23 de septiembre de 2004, una proposición con punto de acuerdo para que el Canal del Congreso contara con un noticiario especializado en materia legislativa.

Por otra parte, y después de varias sesiones de debate sobre la pertinencia de un espacio que informara a la ciudadanía sobre las actividades legislativas, esta Comisión Bicamaral, órgano rector del Canal, decidió que era necesario ampliar la labor del Canal, inaugurar una nueva etapa, generar contenidos que acercaran a los ciudadanos al trabajo legislativo, a través de una propuesta que incluyera los recursos de los géneros periodísticos, la nota informativa, la crónica, el reportaje, la entrevista, entre otros, y se reseñara el cúmulo y diversidad de actividades que desempeñamos día a día.

Con la creación del espacio informativo Noticias del Congreso la Comisión Bicamaral dio respuesta al punto de acuerdo propuesto por el diputado Medina, y dictó los Acuerdos número -CB/LIX/091 y número -CB/LIX/092, de fechas 2 y 9 de febrero de 2005, mediante los cuales se acordó su salida al aire y la promoción que debía realizarse para su difusión.

Asimismo, la Comisión Bicamaral sesionó en otras tantas ocasiones¹² para establecer los principios rectores que guiaran la labor informativa del personal responsable de la realización de Noticias del Congreso señalados en el Reglamento del Canal y en los Lineamientos Editoriales. Noticias del Congreso documentos referidos en el apartado II. Normatividad, como son la imparcialidad, objetividad, veracidad, ética, pluralidad, equidad y oportunidad, con pleno respeto a la libertad de expresión y al pluralismo político.

El martes 15 de febrero de 2005 salió al aire la primera emisión de Noticias del Congreso, desde aquel entonces hasta la fecha se transmite de 20:00 a 21:00 horas. Las emisiones de retransmisión se han modificado: del 15 de febrero de 2005 al 3 de junio de 2006 se retransmitió de 8:00 a 9:00 horas; del 5 de junio de 2006 a mayo del mismo año se retransmite de las 6:00 a las 7:00 horas; y a partir del 1 de noviembre de 2005 se retransmite también a las 24:00 horas.

A la fecha se han logrado mantener de manera ininterrumpida un total de 340 emisiones de Noticias del Congreso, con un promedio diario de más de 50 minutos netos de información, que se traducen entre 25 y 35 notas en cada emisión. A pesar de los periodos de receso o vacaciones ha sido posible mantener una emisión diaria con información destacada, excepto en el periodo vacacional de Semana Santa, en el que la emisión se redujo a 30 minutos de información.

Noticias del Congreso ha presentado, a través de cápsulas y cortinillas, contenidos para explicar al público televidente algunos términos legislativos a través de una sección denominada "Glosario", así como evocar hechos históricos en la sección "Efemérides". No obstante, estas secciones salieron del aire en el mes de mayo de 2005, debido a que el Área de información y noticias del Canal sufrió una reestructuración de personal, que impactó en la producción de esas secciones.

Posteriormente se crearon nuevas secciones como "El sillón del autor"¹³ realizada en convenio con la Comisión de Bibliotecas de la Cámara de Diputados y Miguel Ángel Porrúa Editor, en la que se reseñan textos relacionados con el ámbito político, económico y social; "La voz de los Congresos" en la que se informa de las principales actividades legislativas y parlamentarias que se desarrollan en los Congresos locales, coadyuvando así a la cultura política, cívica y legislativa de los ciudadanos.

Otras secciones que se mantienen al aire son "Resumen de la semana", que reseña la actividad en las colegisladoras y Comisiones en la recta final producida en la Cámara de Diputados a través del área de Comunicación Social, en la que se entrevista a los Presidentes de las Comisiones, sobre las tareas desarrolladas y avances legislativos de su comisión.

Los legisladores integrantes de esta Comisión legislativa, a partir de un punto de acuerdo enviado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de fecha 12 de octubre de 2005, y convencidos de que el Estado debe ampliar el acceso al servicio de la radio y la televisión a todos los mexicanos, en particular a los sectores marginados como es el caso de la comunidad de discapacitados auditivos, apoyó a través del Canal del Congreso el inicio, el 11 de enero de 2006, de un resumen informativo diario en Noticias del Congreso, con la traducción simultánea a la lengua de señas mexicana dirigido a la comunidad de discapacitados auditivos (resuelto mediante el Acuerdo número  CB/LIX/136, de fecha 26 de octubre de 2005).

También, este espacio informativo se propuso mantener un estrecho vínculo con la sociedad a través de una sección denominada "Pulso ciudadano", que se retroalimenta por medio de las llamadas telefónicas, correo electrónico y sondeos de opinión.

Por otra parte, la Comisión Bicamaral, en colaboración con el Comité de Comunicación de la Cámara de Diputados y con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM llevó a cabo del 6 de mayo al 4 de junio de 2005, un "Curso superior en periodismo legislativo", único en su género, el cual contó con la participación de periodistas que han dedicado muchas de sus entregas diarias a lo acontecido en el Congreso. Lo anterior con el objetivo de abundar en la capacitación del personal del Canal del Congreso y del público en general interesado en la materia parlamentaria.

Noticias del Congreso se deberá consolidar como un enlace entre el Congreso de la Unión y los ciudadanos, y como un espacio informativo comprometido con el objetivo de informar de manera amplia y plural a la ciudadanía.

A continuación se presenta un cuadro que refleja la participación de legisladores por grupo parlamentario en Noticias del Congreso, lo cual tiene relación directa con la participación en tribuna, actividades desarrolladas y pronunciamientos emitidos por los grupos parlamentarios.

IX.2.5. Producción de promocionales

Por otra parte, el Canal del Congreso mantiene una producción permanente de promocionales, realizando al año aproximadamente 40 versiones, sobre:

LIX Legislatura

Fue hasta el 1° de septiembre de 2003 que por primera ocasión, no fue un medio externo sino el Canal del Congreso, el que tuvo a su cargo la producción y transmisión en su totalidad de una señal libre internacional a través de la cual se difundió el inicio del primer período ordinario de sesiones de la LIX Legislatura y el tercer Informe de actividades del titular del Poder Ejecutivo Federal ("acuerdo CB/LVIII/074. El Canal del Congreso producirá y transmitirá en su totalidad la ceremonia de instalación de la LIX Legislatura y el 3er. Informe del titular del Poder Ejecutivo federal, por realizarse el próximo 1 de septiembre", de fecha 4 de agosto de 2003).

De esta manera, el Congreso de la Unión generó a partir de esta etapa y de forma más consolidada, una visión propia sobre el quehacer legislativo, estableciendo relaciones de colaboración y autonomía respecto al Poder Ejecutivo.

El Canal del Congreso ha transmitido en vivo y en forma diferida, multiplicidad de eventos, entre ellos: reuniones interparlamentarias realizadas en México y en otros países, foros nacionales o binacionales organizados por la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores con sede en el Distrito Federal o en distintos puntos de la República Mexicana y en el extranjero, los Parlamentos de las Mujeres y de los Niños y las Niñas de México, seminarios nacionales e internacionales, videoconferencias internacionales con otros Congresos, sesiones solemnes con motivo de visitas de primeros ministros y presidentes de diversos países del orbe, seminarios y diplomados organizados por ambas Cámaras en coordinación con instituciones externas de gran prestigio académico, y todas las comparecencias de los funcionarios de Poder Ejecutivo federal y del Poder Judicial de la Federación, así como reuniones con organismos no gubernamentales y organizaciones privadas.

En anexo IV se puede consultar por año los eventos más significativos transmitidos por el Canal del Congreso.

Cabe resaltar que el cúmulo de eventos transmitidos refleja particularmente la multiplicidad de temas que se abordan en las cámaras, prácticamente ningún tema de interés económico, político o social queda sin abordarse, ya sea a nivel regional, nacional e internacional. Los temas tratados en estos foros en algunos casos son coyunturales y en otros muchos, por su importancia social, trascienden el tiempo.

Otro aspecto importante es que en estos eventos, se abre una ventana a través del Canal del Congreso, a la participación de diversas organizaciones no gubernamentales, sindicatos, académicos, instituciones privadas, instituciones gubernamentales, agrupaciones políticas y grupos de la más diversa índole, así como a los ciudadanos que acuden a éstos y que sin cortapisas expresan sus opiniones. Al igual que las sesiones de comisiones, los eventos se transmiten sin cortes ni ediciones.

IX.3. Página web

En enero de 2001, se puso en marcha un proyecto por etapas para el funcionamiento y diseño de la página Web del Canal, se puso a disposición de la ciudadanía un correo electrónico. Desde enero de 2001 a junio de 2006 la página Web ha recibido 637,864 visitas, con un promedio de visitas diarias de 322.

La estructura de la página mantuvo como principales secciones información sobre la Comisión Bicamaral y el Canal del Congreso, su programación, notas y entrevistas sobre el diario acontecer del Poder Legislativo, enlaces con la Cámara de Diputados y de Senadores, así como sitios de interés e hipervínculos, es decir, ligas con otras instituciones.

Dado que las sesiones plenarias de los períodos ordinarios y de la Comisión Permanente, se transmitían por Internet en una página web privada, Congreso on line, con deficiente calidad en la imagen y corriendo el programa a una velocidad inadecuada, la Dirección General de Recursos Materiales del Senado solicitó la asesoría técnica y operativa de esta Comisión para participar en la convocatoria de licitación de este servicio y en el dictamen del mismo, a fin de que las sesiones plenarias de la Cámara de Senadores se transmita a través de la página web del propio Senado. De la misma manera se logró que este servicio tenga un link con la página web del Canal del Congreso, y que la señal con nuestro logotipo sea la que aparezca en Internet.

Desde el 20 de agosto de 2002, en período de prueba, se ofreció a los usuarios de Internet las sesiones del Senado a través de la página web, www.canaldelcongreso.gob.mx y a través de la página del senado, www.senado.gob.mx.

A partir del 3 de septiembre de 2002, a través de la página del Senado, www.senado.gob.mx, con la primera sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, se inició la transmisión de manera regular de las sesiones de esa Cámara. Asimismo, se inició la emisión en tiempo real de la programación íntegra del Canal del Congreso a través de la página web www.canaldelcongreso.gob.mx. Actualmente la página web del Canal se encuentra en proceso de reestructuración.

IX.4. Premios recibidos

4 Acuerdo número CB/LIX/015. Para integrar la Mesa Directiva de la Comisión Bicamaral, se designa como presidente de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión al senador Eric Rubio Barthell, representante del Partido Revolucionario Institucional, por el periodo que abarca del 21 octubre de 2004 al 21 de octubre de 2005.
Como secretarios de la mesa directiva fungirán la diputada Norma Patricia Saucedo Moreno, representante del Partido Acción Nacional, y el diputado José Luis Medina Lizalde, representante del Partido de la Revolución Democrática, por el periodo que abarca del 21 octubre de 2004 al 21 de octubre de 2005.

5 Acuerdo número CB/LIX/138.- Para integrar la Mesa Directiva de la Comisión Bicamaral, se designa como presidente de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión al diputado José Luis Medina Lizalde, representante del Partido de la Revolución Democrática, por el periodo que abarca del 1 de noviembre de 2005 al 31 de agosto de 2006.
Como secretarios de la Mesa Directiva fungirán el senador Eric Luis Rubio Barthell, representante del Partido Revolucionario Institucional y el senador Javier Corral Jurado, representante del Partido Acción Nacional, por el periodo que abarca del 1 de noviembre de 2005 al 31 de agosto de 2006.
Lo anterior a fin de ser consecuentes con la pluralidad en la integración de las Comisiones y subrayar el carácter bicamaral de esta Comisión. (continúa en página 2).
La Mesa Directiva entrante se compromete a dar cabal cumplimiento a las políticas internas de orden general, acuerdos y normas específicas emitidas por la Comisión Bicamaral y vigilar que en todo momento se informe a la sociedad mexicana bajo los principios de objetividad, veracidad, ética, pluralidad, equidad, suficiencia, oportunidad y con pleno respeto a los derechos fundamentales.
Este acuerdo deberá ser comunicado por escrito a las Mesas Directivas de ambas Cámaras.

6 Ver en anexo I "Consecutivo de Acuerdos de la Comisión Bicamaral LVIII y LIX Legislaturas".
7 2004. Artículo 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2005.
2005. Artículo 32 del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2006, publicado en el DOF el 22 de diciembre de 2005.

8 Ver el anexo III. Los datos que se proporcionan en este apartado son proporcionados por el Canal del Congreso, a través de sus informes.
9 Consultar el anexo III.
10 Consultar cuadro "Origen de programas transmitidos por el Canal del Congreso" en el anexo III.
11 Los horarios de transmisión de las series se han modificado de acuerdo a los ajustes en la carta de programación; en este apartado se reportan los horarios actualizados a junio de 2006.
12 Consultar el apartado I.3. y el anexo I, los acuerdos dictados sobre "Noticias del Congreso".
13 En el anexo III se pueden consultar los temas transmitidos en Noticias del Congreso en la sección "El sillón del autor".
14 Consultar "Transmisión de eventos especiales 2000-2006", en el anexo IV.

Anexos I a IV   
 
 

A la clausura y entrega de reconocimientos del diplomado Gestión integral de la función pública en México: profesionalización y transparencia, que se efectuarán el jueves 24 de agosto.

Atentamente
Diputado Víctor Hugo Islas Hernández
Presidente