• De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de trabajo, relativo al lapso 2003-2006.

 
• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de actividades correspondiente al segundo semestre del tercer año de labores de la LIX Legislatura.

 
• De la Comisión de Turismo, final de actividades correspondiente a la LIX Legislatura.

• De la Comisión de Seguridad Social, de su reunión de trabajo llevada a cabo el martes 6 de junio de 2006.

• De la Comisión de Participación Ciudadana, a la entrega de las memorias del parlamento Binomio derecho y política frente al desafío del 2006, que se llevará a cabo el jueves 17 de agosto, a las 11 horas.

 
• De la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada, a la presentación de su tercer y último informe sustantivo de actividades y de los resultados de la segunda etapa de investigación sobre violencia feminicida en 22 entidades federativas, que tendrá lugar el viernes 18 de agosto, a las 11 horas.

 
• De la Unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, al curso Archivos y clasificación de información, que se realizará hasta el viernes 18 de agosto, de las 11 a las 13 horas.

 
• De la Comisión Jurisdiccional, a la presentación de su informe final, que se llevará a cabo el viernes 18 de agosto, a las 14 horas.

 
• De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a la presentación de su informe final y otras publicaciones, que se realizará el martes 22 de agosto, a las 12 horas. Cambió de lugar.

 
• De la Comisión de la Función Pública, a la clausura y entrega de reconocimientos del diplomado Gestión integral de la función pública en México: profesionalización y transparencia, que se efectuarán el jueves 24 de agosto.

I. Presentación

Al presentar este informe, parto de la convicción de que los diputados estamos obligados a exponer frente a la nación las tareas que nos fueron encomendadas.

La redención de cuentas se circunscribe no sólo a justificar la forma de administrar los recursos sino a explicar nuestra actuación como representantes populares. Con este propósito, presento el informe de actividades que desarrollé como presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados.

Entre los muchos asuntos que atendimos destacan como relevantes para la nación los siguientes: la discusión del artículo 122 constitucional, que trata de la defensa del presupuesto para los servicios educativos del Distrito Federal; el asunto de la obligatoriedad de la educación preescolar; la posibilidad de que las universidades accedan a sus autogenerados; la difícil discusión del presupuesto educativo y la formación de un fondo de equidad para las universidades más rezagadas económicamente en el país; la regularización de las universidades privadas, para responder con calidad a las expectativas de los jóvenes que se educan en ellas; y, finalmente, la defensa de los derechos de las niñas y los niños, creando condiciones armoniosas, respetuosas y solidarias en el curso de su formación.

Frente a esos temas, como presidente de la Comisión de Educación expuse las reflexiones, los argumentos y el análisis de las cifras, de tal manera que el Pleno de la Cámara de Diputados tomara la mejor decisión con los mayores elementos posibles en beneficio del campo educativo. Pretendemos con ello que una de las aspiraciones más importantes sea que la LIX se recuerde como una legislatura educadora y civilizadora.

Desde la instalación de la comisión sostuve que debíamos trabajar de la mejor forma y que, para eso, era necesario que se antepusieran siempre los intereses de la nación a cualquier interés partidista.

La educación es un asunto prioritario para el país, pues entiendo que es el único eslabón para el avance nacional. Tenemos que hacer hasta lo imposible para mantener a las niñas y a los niños, y a las jóvenes y a los jóvenes en las aulas, es el único camino para que nuestro rezago sea corregido; hay que trabajar juntos para hacer comprender a nuestros gobiernos, el federal y los estatales, que cuanto menos atención pongamos a la educación estaremos fomentando un deterioro a la población que luego será muy difícil subsanar.

Uno de mis mayores deseos es que, desde el Poder Legislativo, ofrezcamos a México más posibilidades de educación y cultura.

En una carta que Albert Einstein escribió a Sigmund Freud le preguntó el porqué de la guerra, y la respuesta de Freud es extraordinaria: Si el hombre está en guerra es en razón de su propio instinto. Por eso, todo lo que impulse la cultura obra contra la guerra.

Porque no queremos guerra y sí educación nos encontramos en este esfuerzo pues, como dice Alejandro Báricco en su novela Seda, "hay seres humanos que llegan a la vida para asistir a ella; otros llegamos para vivirla".

Estamos trabajando para vivirla, y vivirla es, a mi entender, luchar por la educación, la ciencia, la tecnología, la cultura. Luchar por tener el país digno en el que siempre hemos soñado: un México justo, soberano, con salud, salarios dignos, sin emigrantes obligados, sin rechazados del bachillerato ni de las universidades y posgrados. Un México en el que un día la educación pública, laica, gratuita y de alta calidad sea obligatoria desde preescolar hasta posgrado; por todo esto, tenemos que seguir luchando.

Por desgracia, existen muchos problemas de analfabetismo en la república. Por ejemplo, en el estado de Jalisco, uno de los de mayor desarrollo, existen 6.4 por ciento de analfabetos. Y claro está que hay diferencias entre los distintos estados: en Chiapas, 30 por ciento de la población es analfabeto; en Guerrero, 21.5 por ciento, lo mismo que en Oaxaca. Son estados muy pobres, donde la falta de educación se traduce en aún más pobreza.

Desafortunadamente, México tiene problemas todavía mayores que los aquí planteados. De cada 100 niñas y niños que ingresan en la educación primaria, sólo 4 terminan los estudios de educación superior, y únicamente 0.4 por ciento lo hace en algún posgrado. Si seguimos por ese camino, 99.6 por ciento de los mexicanos nunca alcanzará el grado de maestría, y menos un doctorado.

Este crimen de lesa educación, de lesa cultura y, por tanto, de lesa humanidad no lo podemos permitir, opera en sentido inverso de la creación cultural pues va contra la razón humana, contra la civilización.

Con una población por arriba de los 100 millones de habitantes, México está produciendo mil 200 doctores al año. En cambio, en España, con 43 millones de habitantes, y aun después de remontar el oscurantismo de la dictadura franquista, hoy egresan entre 6 mil y 8 mil doctores anualmente.

En la población de jóvenes de entre 15 y 18 años, que deberían estar estudiando el bachillerato, 63 por ciento no está inscrito en el sistema de educación media superior. Solo en el Distrito Federal, que cuenta con los índices educativos menos malos -pues no me atrevo a calificarlos de buenos-, 50 por ciento de los jóvenes que entran en preparatoria deserta, presentándose este fenómeno antes de la conclusión del primer año.

Ésta no parece una política de rescate de cerebros, sino de liquidación. Del 50 por ciento de jóvenes que abandonan la escuela, seguramente muchos hoy serían intelectuales, artistas o científicos ampliamente calificados. Por ello, hay que dar a todos condiciones para que estudien y descubran sus habilidades y capacidades creativas, pues si se las frustramos, si les quitamos esa oportunidad, los obligamos -en el mejor de los casos- a una precoz adultez, incorporándolos al trabajo; o bien -en el peor-, a la marginalidad social. A eso llamamos "masacre cultural", y no queremos ningún tipo de masacre, mucho menos cultural; para defenderla, requerimos educación.

El poeta Antonio Machado dijo que sólo el necio confunde el valor con el precio; por eso, cuando hablamos de educación, cultura, ciencia y tecnología, hablamos de valores, y cuando exigimos mayores presupuestos para el ramo es porque cada peso tiene como destino la acción civilizatoria, porque cada peso para educación, cultura, ciencia y tecnología contiene valor, y por ello no se puede confundir el valor con el precio.

Conscientes del alto valor de la cultura, la Comisión de Educación, con el apoyo de la LIX Legislatura y con la participación de todos los grupos parlamentarios, logró reasignar 22 mil 500 millones de pesos para educación. Esos recursos, que estuvieron suspendidos por la controversia constitucional que presentó el presidente Vicente Fox Quesada, ahora se están liberando, gracias al diálogo y el entendimiento impulsado por el Legislativo de que la educación es un bien en el cual no podemos escatimar.

El Presupuesto que el Ejecutivo federal presentó en 2006 para su aprobación en la Cámara de Diputados no fue suficiente para atender los requerimientos de la educación: se asignaron 314 mil millones, que se tradujeron en un recorte de 17 mil millones de pesos.

Tan sólo en educación media superior hubo una reducción equivalente a 4 por ciento respecto al año anterior, y en el rubro correspondiente a ciencia y tecnología el recorte fue de 863.3 millones. En otras palabras, se trata de una reducción de 5.2 por ciento, en términos reales, para el ramo educativo.

Parafraseando a Antonio Machado:

Si bien es cierto que un pueblo no puede hacer realidad todos sus sueños, cada cosa que hacemos alguien antes la soñó. Nunca dejemos de soñar.

II. Lucha por un mayor presupuesto para la educación

Una de las prioridades que la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos estableció para dar inicio a los trabajos en la LIX Legislatura fue lograr un presupuesto educativo legal; es decir, que cumpliera la obligación de asignar recursos suficientes para alcanzar, en 2006, 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Con esta perspectiva, la comisión se empeñó en que se reasignaran mayores recursos para la educación.

A. Presupuesto de 2004

1. En el primer periodo de sesiones de la LIX Legislatura se logró una ampliación presupuestal de 5 mil 26 millones de pesos, que se distribuyeron de la siguiente manera (las cifras están expresadas en millones de pesos):

En los recursos reasignados al ámbito educativo destacó la creación del Fondo de Equidad, por 815 millones de pesos, para apoyar las universidades públicas más rezagadas. Las instituciones beneficiadas fueron las que mantenían un costo por alumno menor que la media nacional:

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 160 millones; Universidad Autónoma de Guerrero, 100 millones; Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 100 millones; Universidad Autónoma de Sinaloa, 220 millones; Universidad Autónoma de Tlaxcala, 23 millones; Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, 72 millones; Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 36 millones; Universidad Autónoma de Chiapas, 34 millones; y Universidad Autónoma del Estado de México, 70 millones.

3. Apoyo a la Cultura

Cabe destacar que en el Presupuesto de 2004, presentado por el Ejecutivo federal, no se asignaban montos para ninguna institución de cultura. De la ampliación de recursos conseguidos para la educación, se asignaron 85 millones de pesos para diversas instituciones educativas y culturales del país: ciudades patrimonio cultural, 40 millones; Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 10 millones; Radio Educación, 5 millones; Centro de Capacitación Cinematográfica, 10 millones; Museo Instituto Nacional de Bellas Artes, 10 millones; y Museo Nacional de Historia, 10 millones.

B. Presupuesto de 2005

Los recursos reasignados para el ejercicio presupuestal de este año destinados a la educación, cultura y deporte representaron un logro histórico, la mayor ampliación conseguida en la Cámara de Diputados: ascendió a 22 mil 500 millones de pesos. Esos recursos permitieron disminuir brechas en cobertura, acceso, equidad, calidad, inversión, gastos de operación y paquete salarial (incremento de los salarios del magisterio y creación de plazas), que registraban decrementos graves en la propuesta presupuestal del Ejecutivo federal.

1. El impacto de los recursos adicionales se tradujo en un incremento financiero sustancial en todos los niveles educativos:

4. Con los recursos reasignados también se dio prioridad a los sectores de alta marginación o vulnerabilidad -de acuerdo, en cada caso, con una perspectiva de género-, mediante acciones como las siguientes:

Lamentablemente, esa histórica ampliación de recursos para beneficiar la educación se vio empañada por la controversia presidencial para ejercer el Presupuesto de ese año. Considerando que no había razón para retener los recursos destinados a la educación, el 1 de septiembre de 2005, cuando el presidente Vicente Fox arribó a la Cámara de Diputados para rendir su quinto Informe de Gobierno, fui a su encuentro para solicitarle liberar los recursos destinados a la educación. Le expliqué que la aprobación de dichos recursos se había logrado por unanimidad y que los criterios para su aplicación eran transparentes, debido a que se había trabajado con distintas instituciones colegiadas, como la ANUIES, lo que daba sustento académico, técnico y financiero a la asignación de los recursos.

Dos semanas después, el licenciado Fox Quesada me recibió en Los Pinos para sostener una reunión y buscar los mecanismos para agilizar la entrega de esos recursos. Acudí a la reunión con diputados integrantes de la mesa directiva de la comisión, representando a cada uno de los grupos parlamentarios, con el doctor Octavio Paredes, presidente de la Academia Mexicana de las Ciencias, con el doctor Rafael López Castañares, secretario ejecutivo de la ANUIES, y con el rector de la Universidad de Guadalajara, licenciado Trinidad Padilla, con quien se trató en particular la construcción de la biblioteca de la Ciudad de Guadalajara, la segunda más grande del país.

Volvimos a exponer la necesidad de que fluyeran los recursos reasignados para educación, cultura y ciencia y tecnología; el Presidente se comprometió a intervenir para concretar dicha reasignación.

C. Presupuesto de 2006

A pesar del escenario previo a la contienda electoral, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos logró recursos adicionales por 15 mil 800 millones de pesos, cuya prioridad fue dar respuesta a problemáticas omitidas por el gobierno federal en su propuesta presupuestal.

1. Los recursos adicionales incrementaron el presupuesto de educación inicial en 2.9 por ciento; de educación básica, en 40.1 por ciento; de media superior, en 6.8 por ciento; y de educación superior, en 16.4 por ciento.

2. Lo anterior permitió

III. Defendiendo el presupuesto educativo de la Ciudad de México

El 12 de octubre de 2004, como parte de la ofensiva de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional contra el Gobierno del Distrito Federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa para quitar 9 mil millones de pesos al Distrito Federal de las participaciones en las contribuciones federales destinadas a la educación.

Presenté los argumentos, las cifras y el análisis que evidenciaban lo injusto e irracional de esta propuesta, y de cómo estaba muy lejos de representar una cuestión educativa o de justicia distributiva, pues más bien se trataba de una cuestión política destinada a golpear al Gobierno del Distrito Federal. Lo más lamentable de este propósito serían las consecuencias para las niñas y los niños y las y los jóvenes estudiantes del Distrito Federal, quienes verían seriamente afectadas sus condiciones de estudio.

1. Exposición en tribuna. El debate

a) No podemos, por ningún concepto, venir a decir mentiras.

Queremos resolver este problema. Pongamos la educación por delante y que se aplique al Distrito Federal la misma normatividad que se ha aplicado en todos los estados.

Diputado Francisco Barrio [en ese entonces coordinador del Grupo Parlamentario del PAN], si usted quiere que haya dinero para carreteras, para salud, para inversión, que haya buenos salarios, es muy fácil: no venga a decir que con el atraco que se quiere hacer al Distrito Federal usted va a resolver esos problemas.

¡Hable con su presidente, señor Barrio!

Aquí se trata de modificar las prioridades en política económica de su partido: del pago de la deuda interna, del pago de la deuda externa, del rescate bancario, del rescate carretero. Modifiquen las políticas económicas y prioricen educación, ciencia y tecnología, cultura; inversión en el campo y salud. Verá cómo habrá dinero para lo que usted quiere. Pero eso usted no se atreve a hacerlo, como tampoco se atreve a que se utilicen los excedentes petroleros para ciencia, educación y tecnología.

b) Compañeros diputados: tenemos los datos de cómo el Distrito Federal es la entidad que más aporta a los ingresos de la federación.

Sin embargo, es función del Ejecutivo, al recibir lo que el Distrito Federal da, decir: "de esta parte que da la entidad que más aporta, tanto va para educación".

No se vale querer cobrar dos veces. No se vale, por ningún concepto, dar un golpe a esta entidad, entre 8 y 9 mil millones de pesos -y tengo el dato exacto-; no se vale hacer lo que se quiere hacer. Esto violenta el pacto federal; vamos a ser la única entidad federativa donde los impuestos de los ciudadanos se van a repartir entre las entidades que más aportan, que ya les dije cuáles son. Obviamente, no está Chiapas, no está Guerrero, ni otros muchos estados.

Propongo de nuevo, diputado Emilio Chuayffet: retomemos sus palabras y vayamos a una reforma educativa, y entonces exijamos a los actores fundamentales lo que la ley señala, que se abra ¡ya! la mesa de descentralización de la educación para el Distrito Federal.

c) Venir con argumentos tan baratos... ¡de veras! Cuando se da dinero a los banqueros -que todo mundo aquí sabemos que son cantidades impresionantes, que llegan a representar 14 por ciento del PIB-, se les llena la boca diciendo: "rescate bancario", pero cuando se ayuda a la gente pobre, cuando se ayuda a los ancianos, dicen: "¡populista!" Si quieren un debate sobre populismo, vayan leyendo el libro de Octavio Iani y nos damos un agarrón, aunque me quedo con Carlos Monsiváis, que dice: el populismo es lo menos que un gobierno de esta naturaleza puede otorgar a su pueblo, no a los banqueros.

d) [En respuesta al diputado José Guadalupe Osuna Millán, del PAN] Tengo en las manos un documento -¡extraordinario!-, elaborado por Santiago Ibarra Estrada, que se llama El gasto educativo en el Distrito Federal. Me llama la atención que usted, como diputado del PAN, no lea los documentos extraordinarios que algunos investigadores del Partido Acción Nacional hacen. Si lo lee, encontrará cosas extraordinarias acerca de cómo los indicadores, delegación por delegación en el Distrito Federal, aumentaron el gasto en educación en más de 31 por ciento de 2000 a 2002. Los indicadores de la tasa de gasto en atención de la demanda para becas y apoyos, señor, fueron de 295 mil 550 pesos; sin duda, un aumento significativo. En los indicadores de matrícula subieron, delegación por delegación, de manera muy significativa; puede usted ver la página 35 del documento. En el gasto por alumno subimos, en los años mencionados, a 62 mil 652 pesos -página 38, para que lea el documento- en el Distrito Federal.

Y por último, para no seguir con esta discusión, lea el documento, porque un serio investigador de Acción Nacional, a quien felicito, dice que durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador, en el Distrito Federal se incrementó la inversión en educación en 85 por ciento... Hay que leer; antes que nada, hay que leer.

e) [En respuesta al diputado Rubén Alfredo Torres Zavala, del PAN] Lo que me da muchísima pena son los presupuestos que su Presidente nos manda para educación, para ciencia y tecnología. Se los doy de memoria, y eso debería dar pena a usted; ojalá aquí demuestre que le da pena cuando discutamos el Presupuesto de Egresos para educación.

Su señor presidente destina para cultura en este país 0.04 por ciento del PIB, cuando resulta que la UNESCO propone 1 por ciento.

Por eso, la vez pasada, señor diputado, decía a usted que como, dice Walter Benjamin, ahí donde la política se envilece, el primer encono es sobre la cultura. Y usted en lo particular, cada vez que escucha la palabra cultura no sé por qué se enoja, señor diputado.

El Distrito Federal aporta más de 50 por ciento para el gasto en salud; el estado de México no llega ni a 0.5 por ciento. ¿Qué les parecería que aplicáramos el mismo criterio del artículo 122 para salud, para que todo un bolón de estados dé al Distrito Federal porque aportamos mucho en salud? Eso no es un pacto federal; un pacto federal es apoyar con todo a las zonas más rezagadas, a los estados más rezagados sin necesidad de atracar al DF. No se vale.

Pido coherencia. Y pido que por la educación, por la cultura, por la ciencia y la tecnología, por la salud, por la inversión en el campo, diputados, por favor, cerremos filas y salgamos de aquí como una Cámara educadora, como un grupo de diputados que estamos luchando por la educación. Pero no violentemos el pacto federal quitando dinero al Distrito Federal para darlo a los estados más ricos.

f) Quiero terminar con algo que dice Juan Rulfo en El llano en llamas. Lo leo: No decimos lo que pensamos. Aquí hay muchos que van a votar y no quieren decir lo que verdaderamente piensan. Dice Juan Rulfo: Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar; uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo; uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera y se le reseca a uno la lengua hasta que acaban con el resuello.

Aquí así son las cosas, por eso a nadie da por platicar. Los invito a que platiquemos, a que expresemos lo que pensamos y a que tomemos una decisión a la altura que la nación requiere. Muchas gracias.

IV. Consultando a los actores de la educación

Desde la instalación de la comisión, indiqué ante los compañeros diputados que la integran la necesidad de promover la participación de los diferentes actores del proceso educativo en todas y cada una de las acciones referidas a la tarea de legislar.

Atendiendo a esa necesidad y con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, organizamos cinco eventos de consulta ciudadana, en los que participaron especialistas, maestros, padres de familia y autoridades educativas, así como organizaciones sindicales y civiles.

En esos encuentros se tuvo una asistencia de 3 mil personas aproximadamente y se presentaron 500 ponencias.

Las finalidades de esos foros fueron fundamentalmente dos: la primera, plantear y analizar los principales problemas educativos, sus elementos distintivos y factores determinantes para, como segunda finalidad, construir, de manera consensuada las propuestas legislativas ad hoc por presentar ante el Pleno de la Cámara de Diputados o las que, en su caso, sirvieran para ulteriores proposiciones.

Quiero resaltar que la diversidad y riqueza de temáticas y opiniones correspondieron a la expresión de las distintas circunstancias y necesidades de cada una de las regiones.

Presento las síntesis de los mencionados foros:

Al empeño por conseguir mayores recursos para la educación que se tradujeran en más planteles, mejores instalaciones, becas, mejores condiciones de trabajo para los maestros, se sumó la tarea de legislar con el propósito de avanzar en la mejora de los esquemas educativos, de enriquecer los contenidos de la enseñanza, de propiciar la integración, la convivencia y solidaridad entre alumnos, maestros y padres de familia y de consolidar la práctica de los derechos humanos en el espacio escolar.

Entre otras propuestas legislativas, se aprobaron las siguientes:

Educación básica

1. Facilitar las condiciones para que las niñas y los niños ejerzan el derecho a la educación.

a) Año calendario

El derecho a la educación básica es uno de los sólidos pilares que sostienen cualquier sociedad en el camino de la preparación. No obstante, hay disposiciones jurídicas en que desde edad temprana se les niega el acceso a esta garantía constitucional por supuestas razones especiales que, sin fundamento pedagógico suficiente, los orilla a permanecer en algunos de los tipos de educación básica, ya que para poder acceder a la educación primaria se tiene que observar el requisito de tener seis años cumplidos a la fecha de inicio del ciclo escolar correspondiente, borrando de un plumazo a las niñas y los niños que en fechas posteriores a ésa cumplan seis años, obligándolos a permanecer en preescolar un año más. El objetivo fundamental es apoyar a los padres y madres de familia en el logro del beneficio educativo de sus menores, así como para estos últimos en acceder a la instrucción básica necesaria para el desarrollo de sus conocimientos y destrezas, sin que sus garantías constitucionales les sean limitadas. Por ello, con esta reforma se pretende que la edad mínima para ingresar en la educación básica en el nivel preescolar sea de tres años, y para nivel primaria seis años, cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar, beneficiando con ello a todas las niñas y a los niños del país y también a las madres y a los padres de los menores porque es bien sabido que ésta es una demanda que año tras año se repite, sin contar con una solución definitiva.

Las bibliotecas públicas o privadas de cualquier nación tienen como misión acercar toda información a los ciudadanos, independientemente del origen étnico o nacional, del género, de la edad, de las capacidades diferentes, de la condición social, de las condiciones de salud, de sus creencias religiosas, de sus opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra condición o circunstancia social. No obstante, hay un tema donde las bibliotecas del país tienen aún pendientes: la atención de las personas que sufren alguna discapacidad. Por ello esta iniciativa, impulsada en la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, tiene como finalidad que cualquier tipo de biblioteca cuente con las condiciones mínimas que le permitan cumplir sus funciones adecuadamente y atender, en lo posible, a toda la gente que necesita el servicio, incluyendo -entre otros- los equipos de cómputo con tecnología adaptada, escritura e impresión en el sistema de escritura braille, ampliadores y lectores de texto, espacios adecuados y demás innovaciones tecnológicas.

Que el fomento de la lectura y el libro tiene gran importancia, no sólo para el proceso educativo sino también para la formación de ciudadanos que puedan ejercer a plenitud sus derechos de manera informada, por lo que en este sentido fue necesario y conveniente complementar lo ya dispuesto en la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, con el fin de promover una cultura de aprecio al libro y la lectura, y con ello convertir el fomento del libro y de la lectura en un objetivo de la educación impartida por el Estado y sus organismos descentralizados, entre otros.

Las condiciones del mundo actual hacen aconsejable y razonable incorporar el idioma inglés como segunda lengua en la población mexicana, siendo la educación formal el vehículo adecuado para lograr el propósito de su difusión y conocimiento. Por ello es aconsejable que esta materia sea incorporada en los planes y programas de estudio de preescolar y primaria en toda la república, beneficiando con ello a todas las niñas y los niños del país para que, desde edad temprana, tengan el dominio de una segunda lengua.

a) Educación sexual

Legislar para que la educación sexual se imparta desde el primer grado de preescolar es el principal objetivo para que las niñas y los niños puedan "conocer el desarrollo natural del cuerpo humano, así como los alcances y límites de la conducta sexual de los individuos", de manera paulatina, sistemática y apropiada, y así tratar de disminuir "los problemas que aquejan a muchas y muchos adolescentes que, sin estar en plena conciencia de las responsabilidades que implica el comportamiento sexual, se enfrentan a gran diversidad de problemáticas, como los embarazos en los adolescentes y la deserción escolar derivada de la maternidad y paternidad anticipadas", así como la proliferación de contagios enfermedades de transmisión sexual y VIH-sida. Para tener éxito, la educación sexual en las escuelas debe contar con el apoyo de los padres de familia y educadores con preparación especializada, y sería un instrumento fundamental en la lucha contra los ataques a la integridad de la infancia, como la prostitución infantil, el abuso sexual, la violación y la utilización de infantes en pornografía"

Es importante establecer en la ley los modelos educativos para modificar las conductas sociales y culturales de la mujer y el hombre, con el fin de eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos, educar a las niñas y a los niños del país a despertar la conciencia de que la violencia contra la mujer constituye una violación de sus derechos humanos; sensibilizar a niñas y a niños, a mujeres y a hombres acerca de los efectos negativos individuales y sociales de la violencia en la familia es enseñarles a comunicarse sin violencia para que formen en las sociedades valores que contribuyan a erradicar la violencia intrafamiliar porque una sociedad no sólo se forma en la escuela, pero sí es muy importante que ahí se inculquen conocimientos y valores que habrán de formar su conducta sobre la base de modelos aprendidos en todos los niveles educativos.

Es importante que en la educación haya programas preventivos sobre temas relacionados con la educación sexual, embarazo en adolescentes, adicciones, violencia de género y enfermedades de transmisión sexual, entre otros, así como brindar la posibilidad de evitar riesgos de contraer enfermedades y ser víctima de la violencia, el abuso y la explotación de todo tipo. La educación se imparte para que las niñas, los niños y los adolescentes estén enterados sobre los flagelos de la explotación sexual infantil. Por lo anterior es importante e ineludible que desde la ley se creen programas preventivos de temas relacionados con educación sexual, embarazo en adolescentes, adicciones, violencia de género, enfermedades de transmisión sexual y explotación sexual de niñas, de niños y de adolescentes. Asimismo, es obligación de quienes ejercen la patria potestad o la tutela proteger a las niñas, a los niños y a los adolescentes contra las conductas y los hechos relacionados con violencia, prostitución, pornografía o explotación sexual infantiles.

Crear disposiciones que prohíban violaciones del derecho de acceso a la educación de niñas y de niños con problemas de aprendizaje y conducta en el aula, o que su estancia en las escuelas se haga depender de tratamientos médicos sin que haya una justificación plena de los mismos son a todas luces actitudes que constituyen actos discriminatorios en el acceso a los servicios de educación contra niños con capacidades diferentes, ya que el rechazo o presión para ser atendidos por medios arriesgados provienen en parte por ignorancia sobre los mecanismos del trastorno, así como de laguna y falta de claridad en las disposiciones legales que norma la materia. Constituye la obligación de las autoridades educativas reglamentar las condiciones de diagnóstico y atención y que provean al sistema educativo nacional de infraestructura y personal competente para auxiliar a escuelas y maestros en la atención especializada que esta población merece, en cantidad suficiente, a la medida del crecimiento del problema, porque ninguna persona podrá ser sujeta a tortura, tratos crueles o inhumanos, o tratamientos degradantes, y la medicación de alumnos para el tratamiento de problemas de aprendizaje o conducta en el aula o la escuela lo es. Por ello, con esta reforma se pretende evitar que las escuelas expulsen a los niños a causa de problemas de aprendizaje o conducta, como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad; o bien, que se condicione la prestación del servicio educativo al sometimiento de un determinado tratamiento o consumo de medicamentos, como el Ritalín, o que se presione a los padres de familia para que acudan a clínicas o con médicos específicos que no sean oficiales para la atención del problema de conducta o aprendizaje.

Una de las tareas más importantes fue crear disposiciones que prohíban cualquier tipo de discriminación en los planteles escolares, reforzando los principios de igualdad frente a la ley y de no discriminación en el acceso a los servicios educativos de niñas y de niños con capacidades diferentes o portadores del VIH-sida. Asimismo, que desde el ámbito escolar se cumpla el derecho contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para remontar el desconocimiento por parte de niñas, de niños y de jóvenes sobre los efectos y riesgos de fenómenos como las adicciones, del ejercicio desinformado de la sexualidad, el sedentarismo y una alimentación deficiente, que cada día se generaliza más, aumentando el riesgo de enfermedades emergentes.

a) Obligación de llevar a cabo evaluaciones periódicas en todas las instituciones de educación superior, con la finalidad de que obtengan un certificado de calidad

Con esta reforma se pretendía establecer la obligación para las instituciones de educación superior de llevar a cabo evaluaciones periódicas, a fin de que obtengan una certificación, por medio de la cual se asegure a los usuarios de los servicios educativos la calidad de los planes y programas de estudio, así como introducir la evaluación como parte de los objetivos y la estructura del sistema educativo nacional. Por tal motivo, después de múltiples reuniones y foros y por considerar que de la dictaminación que realizara la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dependería el futuro académico de más de 500 mil jóvenes en el país, se decidió desecharla por existir diversas lagunas legales, ya que después de reconocer el problema se debe analizar y pensar muy bien la reforma que se va a proponer para no perjudicar con esta labor a los jóvenes estudiantes del país.

El cambio de la estructura demográfica y socioeconómica de la población permite que hoy día un número creciente de personas con interés de continuar estudios en el nivel profesional pueda hacerlo. Estas dos circunstancias obligan a modernizar el marco legal en que se desenvuelven los profesionistas de nuestra nación, así como las atribuciones y los mecanismos para ejercerlas, y con que la ley dota a las autoridades educativas y administrativas.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el servicio social es el que compromete a los jóvenes a devolver a la sociedad un beneficio por la oportunidad recibida de acceder a la educación. Asimismo, y a través de éste se debe encausar e impulsar el esfuerzo de los jóvenes como protagonistas activos de su desarrollo y el de sus comunidades, motivo por el cual se legisló en la materia para que se clarifiquen con ello las metas y los caminos del servicio social y se tomen en cuenta las características específicas de los prestadores, de los beneficiarios y de las regiones para lograr que las actividades tengan gran impacto social, además de un beneficio para los jóvenes porque ésta es una etapa en la que el estudiante vive un primer encuentro con la realidad, una primera experiencia de aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula, un espacio para confrontar la teoría con la práctica, en el marco del apoyo en el desarrollo de los que menos tienen.

La educación es un tema medular en la construcción de mejores oportunidades de desarrollo para la juventud mexicana. Por ello, durante este periodo legislativo he asumido plenamente la responsabilidad adquirida de proveer a todos los mexicanos de las condiciones y los ordenamientos legales necesarios que les permitan el acceso a una educación pública de calidad en todos los niveles. Con ello podrá obtenerse una mejor calidad de vida, al tener plena conciencia de que con la carencia de educación de calidad no sólo se cancela el futuro de los pueblos sino que también se destruye su memoria y se vive sin conciencia del presente. Por ello, y comprometidos a impulsar el desarrollo de los jóvenes mexicanos, se ha diseñado la presente reforma legal, que consiste en eximir del cobro de cuota alguna para obtener la cédula profesional y que este proceso pueda realizarse en cualquier estado de la República Mexicana, conforme al pacto federal. Con esto se pretende brindar a los egresados profesionales tranquilidad económica durante el inicio de su vida productiva y evitar el ejercicio de profesiones sin contar con la cédula respectiva.

a) Reconocimiento de las diversas culturas existentes en la nación a través de la lectura

El reconocimiento de los derechos y de la cultura indígenas significa el respeto de la libre determinación y autonomía de los pueblos y las comunidades indígenas, pero también -y no menos importante- implica responsabilidades explícitas e irrenunciables del Estado mexicano. La cultura ocupa un lugar fundamental, que se expresa como el derecho de los pueblos indígenas "a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad". Asimismo, la obligación de las autoridades federales, estatales y municipales es definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. De ahí la necesidad de reformar la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro que, sin duda, en el ámbito indígena adquirirá importancia creciente.

Hoy se inscribe con letras de oro en los muros de honor de este recinto el nombre de la universidad que dio origen, con José Vasconcelos, a la Secretaría de Educación Pública, expresión del compromiso educativo del Estado mexicano...

[...] Se reconoce la presencia de la universidad en la Constitución del México moderno a través de universitarios notables como don Antonio y don Alfonso Caso, Manuel Gómez Morín, Vicente Lombardo Toledano, Narciso Bassols, Alfonso Reyes, Jesús Silva Herzog, Rosario Castellanos, Heberto Castillo y Pablo González Casanova, entre otros.

Se hace también un justo homenaje a la universidad crítica de 1968, al movimiento estudiantil y a uno de los mexicanos más notables del siglo XX, el ingeniero don Javier Barros Sierra.

Es nacional la universidad porque se ocupa de los grandes temas y problemas de México, la Universidad Nacional Autónoma de México es nacional porque se ubica a lo largo y ancho del país. Es nacional por su peso moral y su tradición histórica, por su dimensión cultural y su presencia crítica. Se hace cargo de la formación de miles de profesionales, científicos y maestros; de la creación, recreación y difusión de la cultura; de la producción de nuevos conocimientos; de la investigación especializada y del desarrollo tecnológico...

[...] En sus muros guarda memoria de los grandes muralistas mexicanos y también de los grafitis de notables movimientos sociales. ¡Ay, Pepe, cómo me acuerdo de estas revueltas!

[...] Es en suma una gran institución, el proyecto cultural más importante de México y uno de los más grandes de América Latina. La UNAM también ha representado, con una gran dimensión ética, una posición universalista y solidaria en el ámbito internacional. Así acogió en sus aulas a lo más notable de la herida España republicana...

[...] Recibió en sus recintos a la intelectualidad del exilio latinoamericano expulsada por la irracionalidad militarista...

[...] La historia contemporánea de la universidad es una historia rica de acercamientos y desencuentros con el poder público. La distancia entre la universidad y los gobiernos posrevolucionarios dio lugar a la autonomía universitaria y a la libertad de cátedra, conceptos que hoy están profundamente arraigados en la educación superior pública del país, principios universitarios que hoy es necesario reivindicar y fortalecer frente a la amenaza de los procesos de mercantilización y privatización de la educación superior.

El reencuentro entre universidad y gobierno a fines de los años treinta se selló con el apoyo de los universitarios a la expropiación petrolera en 1938, con el establecimiento de la Ley Orgánica de 1944 y 1945, con la creación de la Ciudad Universitaria, en los años cincuenta.

Profundas luchas se abrieron en los años sesenta. Los universitarios se constituyeron al lado de maestros y estudiantes politécnicos y de muchas otras instituciones del país, como El Colegio de México, en la conciencia crítica de México, encabezando el anhelo democrático frente al autoritarismo y la violencia estatal.

El Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión pretendieron, por ello, ahogar la universidad, humillarla y mancillarla. Ocuparon el campus universitario con el ejército, el 18 de septiembre de 1968. Asesinaron y encarcelaron a estudiantes y profesores. Lecumberri se convirtió entonces en una extensión de las aulas y de los centros de investigación de la UNAM.

Desde esta tribuna, las voces oficiales agredieron y vilipendiaron al ingeniero Javier Barros Sierra, el más digno rector que ha tenido la Universidad Nacional Autónoma de México.

El poder público la ha intervenido en muchas ocasiones. Tres veces más han violado policías los recintos universitarios: en 1973, en 1977 y, más recientemente, en 2000. En más ocasiones se ha lesionado la autonomía de manera menos pública, más soterrada.

En otras más se le ha estrangulado por falta de recursos. No lo volveremos a permitir.

A pesar de todo, con distancia crítica y capacidad para discrepar a partir de la fuerza de la razón, la Universidad Nacional Autónoma de México ha servido de la mejor forma a nuestro país.

En 1929, el entonces secretario de Educación, Ezequiel Padilla, criticó frente a la Cámara de Diputados la autonomía universitaria. No entendió el entonces secretario el significado de la autonomía; no la han entendido muchos después de él.

La autonomía universitaria es la libertad que requiere para generar y transmitir conocimiento en lo que se funda su crítica, el desarrollo de la ciencia y de las humanidades con las que la universidad sirve a su pueblo.

La Universidad Nacional, epítome de la educación superior pública y gratuita de México, ha sido y seguirá siendo un espacio privilegiado de los debates y las acciones para la transformación profunda de nuestro país.

Al poner su nombre en letras de oro en este muro, honramos la universidad y a los estudiantes y a los profesores de todos los tiempos. Tomamos su nombre también para intentar resarcir los errores de este Congreso frente a la universidad, que constituye, a decir de Barros Sierra, el espejo del mejor México posible en cada instante.

Asumimos con ello un compromiso profundo y de respeto con la Universidad Nacional y con toda la educación pública de México.

Desde 1968, nuestra universidad ha luchado y sigue luchando por las libertades democráticas de México. Ponemos su nombre en letras de oro porque en nuestra universidad se hace ciencia, pero ante todo conciencia nacional.

¡Viva la Universidad Nacional Autónoma de México!

Decía Vasconcelos, cuando tomó posesión como secretario de Educación Pública: Los próximos combates de la revolución se darán en las aulas. Y durante el cardenismo, el sistema de educación nacional popular, no populista, nacional popular, llegó a su máxima expresión con la creación del Instituto Politécnico Nacional porque era necesaria una institución como el Poli para crear los ingenieros, los tecnólogos que el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, con un profundo contenido nacionalista, impulsó el presidente Lázaro Cárdenas.

El IPN nació con una mística nacionalista y popular; su función social principal era formar recursos humanos para el desarrollo, y el objeto fundamental de su acción formativa lo representaban las profesiones, subprofesiones y oficios de carácter técnico. El IPN era un organismo de Estado, y la educación era una suerte de educación planificada. La función que le atribuyó el Estado fue formar recursos humanos conforme a necesidades específicas del desarrollo industrial independiente del país.

En cuanto a su composición social, el instituto se nutrió de alumnos principalmente procedentes de sectores populares urbanos; para asegurar esa composición social, se le dotó, casi desde el principio de su existencia, con un sistema de asistencia social, no asistencialismo, asistencia social para estudiantes: becas, comedores, internados. En algunas escuelas, como la de Ingeniería Textil, estuvo condicionado a la comprobación, mediante carta del sindicato correspondiente, de que el alumno era un hijo de obrero.

En cuanto a la orientación social, sus profesionistas, la estructura curricular de las profesiones politécnicas fueron concebidas en abierta ruptura con el ejercicio liberal. Carreras como comercio y medicina, tradicionalmente liberales, fueron rediseñadas en función de necesidades sociales específicas y con una orientación de servicio al pueblo.

La medicina rural del IPN estaba orientada originalmente al servicio de las grandes masas desamparadas del campo; la carrera de comercio, por su parte, consideraba en su diseño la asistencia técnica para la organización y el funcionamiento de cooperativas populares. En el caso de ingeniería, es conocida su orientación para responder a las necesidades del desarrollo de la industria estatizada nacional.

Histórico, compañeros, cuando el general Cárdenas expropia el petróleo; los del imperio yanqui-inglés dejaron de vender tetraetilo de plomo a México para frustrar el proceso de nacionalización del petróleo. Histórico, que los ingenieros del Poli hicieran un mejor tetraetilo, más barato y de mejor calidad; y por eso se pudo consolidar el proceso de nacionalización del petróleo.

Ahora bien, por eso, por esa histórica lucha científica de los ingenieros del Poli... Pero el gran giro vino con Ávila Camacho: se empezó a reprivatizar no sólo el campo sino que se empezó a reprivatizar la educación. Se empezó a golpear con Ávila Camacho a las escuelas normales rurales; se empezó a golpear a las escuelas técnicas; luchas extraordinarias tuvieron que dar los politécnicos. Las próximas luchas serán en las aulas.

En 1942, Ávila Camacho dijo que el Poli no tenía ley orgánica y que, por tanto, los títulos del Poli no valían. Gran movilización de los estudiantes politécnicos y de los profesores del Politécnico, quienes hacen una gran marcha en la calle de Madero -y lo leo textual-: Hacen una gran marcha y en la esquina de Madero, a las 18:00 horas, es violentamente reprimida. Muere una compañera, de nombre Socorro Acosta, asesinada a hachazos por el cuerpo de bomberos.

Sin embargo -¡ojo!-, un grupo de diputados y de senadores, testigos presenciales de los hechos, declara que la agresión ha venido de parte de la policía y culpan al secretario de Educación, Bejar Vázquez, por haber ordenado el sangriento ataque al Politécnico; pero el Poli salió adelante.

Tuvieron que reconocerlo, tuvieron que aceptarlo, pero la ofensiva cesó. El director de la Concamin Honorato Carrasco declaró: "El Estado debe asumir el papel de gobernante y cerrar el Instituto Politécnico Nacional". Son palabras textuales de ese tipejo. Y empezó la ofensiva: huelgas en el 42, huelgas en el 50 y en 1956; todas las escuelas técnicas, todas las escuelas normales y el Instituto Politécnico Nacional se lanzan a una gran huelga nacional exigiendo mejor presupuesto, exigiendo dinero para becas, exigiendo dinero para los comedores, para los internados, para el Grupo de las Gaviotas; estudiantes que no tenían entrada en el internado por falta de cupo y por falta de recursos. Los estudiantes del Poli dejaban premeditadamente parte de su comida para que "las gaviotas" entraran y comieran. ¡Eso es el Poli!

El 23 de septiembre de 1956, a toque de corneta a las 5 de la mañana, el ejército entra, levanta a todos los muchachos, cierra el internado, cierra las becas y cierra los comedores; es un golpe al Poli. Sin embargo, el instituto se levantó, se fortaleció; y actualmente es el modelo más acabado, el mejor académicamente en el área de la educación superior tecnológica de este país, y diría que también de América Latina.

1967: Díaz Ordaz trata de cerrar la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar. ¿Quiénes dieron el apoyo para que no se les cerrara? Chapingo y el Instituto Politécnico Nacional; y se ganó la lucha: ¡no pudo cerrar la Escuela Hermanos Escobar, gracias al Politécnico Nacional!

El Politécnico, durante toda su historia, ha recogido las necesidades tecnológicas del país y ha respondido a la nación de esa manera. Pero no sólo eso: en 1968, el Politécnico recoge las demandas de libertades democráticas que la nación formulaba: que toda mexicana y mexicano tenga derecho a tener preferencias políticas, religiosas, partidarias, sexuales, libertad de expresión, libertad de manifestación, libertad de agrupación... Con la UNAM, el Poli, Chapingo, la Ibero, El Colegio de México, sale, brota, hace eclosión el movimiento del 68.

La participación del Politécnico fue histórica. El resultado lo conocemos: un 2 de octubre balean a miles y matan a miles de mexicanas y de mexicanos. Muchos profesores del Politécnico terminaron en la cárcel.

Sin embargo, volvimos a salir adelante. En ese histórico momento, cuando se inició el movimiento, por primera vez en la historia llegaron miles de estudiantes del Poli a la UNAM, a la marcha que encabezó Barros Sierra. Leo textualmente las palabras de Barros Sierra: Bienvenidos, compañeros, profesores y estudiantes del Politécnico, a la Universidad Nacional: ésta es su casa. Por primera vez se oyó el grito "¡Poli-Uni vencerán!"

Hoy, maestro Enrique Villa, así como en 1968, gritamos: "¡Poli y Uni vencerán!" Hoy, con letras de oro está el Poli y está la UNAM. Delante de usted volveremos a gritar: "¡Poli y Uni vencerán!" Y sacaremos adelante este país. Muchas gracias.
 
 

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL TERCER AÑO DE LABORES DE LA LIX LEGISLATURA

I. Introducción

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45, numeral 6, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que las comisiones tienen la tarea de rendir un informe semestral de sus actividades a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la Comisión de Hacienda y Crédito Público presenta el informe correspondiente al segundo semestre del tercer año de labores de la LIX Legislatura.

El documento refleja la dinámica que caracterizó los trabajos de la comisión a lo largo del periodo citado de la LIX Legislatura, particularmente en las materias fiscal y financiera, haciéndose manifiesta la valiosa participación de todos sus diputados miembros, quienes aportaron su experiencia y conocimientos para estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas, propuestas, así como los puntos de acuerdo que le fueron turnados, contribuyendo así a la reforma y actualización de la legislación en la materia fiscal y financiera adecuándola a la cambiante realidad económica y social del país.

II. Diputados integrantes de la comisión

En la Comisión de Hacienda y Crédito Público se refleja la pluralidad que caracteriza la honorable Cámara de Diputados; por grupo parlamentario la distribución de los integrantes es la siguiente:

Los diputados integrantes de la comisión son Gustavo Madero Muñoz, PAN, presidente; Francisco Suárez Dávila, PRI, secretario; Juan Carlos Pérez Góngora, PRI, secretario; José Felipe Puelles Espina, PAN, secretario; Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, sustituida María Dolores Padierna Luna, PRD, secretaria; Alejandro Agundis Arias, sustituido por Cuauhtémoc Ochoa Fernández, PVEM, secretario; Óscar González Yáñez, PT, secretario; Jesús Emilio Martínez Álvarez, Convergencia, secretario; José Arturo Alcántara Rojas, PRI; Marko Antonio Cortés Mendoza, PAN; José Luis Flores Hernández, PRI; Francisco Luis Monárrez Rincón, PRI; Juan Francisco Molinar Horcasitas, PAN; José Osuna Millán, PAN; Guillermo Huízar Carranza, PRD; Manuel Pérez Cárdenas, PAN; Alfonso Ramírez Cuéllar, PRD; Luis Antonio Ramírez Pineda, PRI; Javier Salinas Narváez, PRD; María Esther de Jesús Scherman Leaño, PRI; Miguel Ángel Toscano Velasco, PAN; José Trejo Reyes, PAN; Francisco Javier Valdéz de Anda, PAN; Jesús Vizcarra Calderón, sustituido por Irma Guadalupe Moreno Ovalles, PRI; Emilio Zebadúa González, PRD; José Alarcón Hernández, PRI; Mario Moreno Arcos, sustituido por Humberto Francisco Filizola Haces, PRI; Enrique Escalante Arceo, PRI; Ángel Buendía Tirado, PRI; José Adolfo Murat Macías, PRI.

III. Actividades de la comisión durante el segundo semestre del tercer año de labores de la LIX Legislatura

Durante el segundo semestre del tercer año de actividades, con duración del 1 de febrero al 10 de agosto de 2006, la Comisión de Hacienda y Crédito Público recibió de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados 167 iniciativas y 11 minutas de la Cámara de Senadores; asimismo, se turnaron 40 puntos de acuerdo y 76 documentos oficiales.

Por su parte, durante este periodo se sostuvieron 10 reuniones de trabajo, confirmándose con ello la constancia de las labores de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; en este periodo, la Comisión de Hacienda recibió 13 propuestas de distintos sectores gremiales de la contaduría pública y la abogacía, así como de otras organizaciones de la vida económica y académica, particularmente sobre aspectos fiscales.

Cumpliendo con su encomienda, la Comisión de Hacienda y Crédito Público dictaminó 55 iniciativas y 18 minutas, lo cual se reflejó en la emisión de 17 dictámenes durante el periodo.

IV. Resumen de dictámenes en materia financiera

a) Proyecto de decreto que reforma el artículo 99 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Por ello resultó imperante reformar el artículo en referencia, buscando establecer los términos y condiciones bajo los cuales resulta procedente la interposición del recurso de revisión, con lo cual se dará certidumbre jurídica a los interesados para interponer el recurso de revisión de que se trata, en los supuestos que determine el referido artículo 99, quedando como una opción que dicho recurso, se presente ante la Condusef, o bien, acudir ante la instancia que representa el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

b) Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal

La Sociedad Hipotecaria Federal tendrá como objeto impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda, mediante el otorgamiento de garantías destinadas a la construcción, adquisición y mejora de la vivienda de interés social, además del aumento de la capacidad productiva y el desarrollo tecnológico relacionados con la vivienda.

La Sociedad Hipotecaria Federal participará en la constitución o podrá invertir en el capital social de sociedades nacionales de seguros, especializadas en los seguros de riesgo de incumplimiento de los deudores de créditos hipotecarios o con garantía fiduciaria para la adquisición, ampliación, construcción o reparación de bienes inmuebles destinados a casa habitación, así como en los seguros de garantía financiera que cubran el pago por incumplimiento de los emisores de valores, títulos de crédito o documentos que sean objeto de oferta pública o de intermediación en mercados de valores, relacionados con dichos créditos.

Lo anterior permitirá a las subsidiarias donde invierta la Sociedad Hipotecaria Federal celebrar contratos de reaseguro, mantener las inversiones de reservas en términos que garanticen su apropiada liquidez y homologar las operaciones entre instituciones del sector público y privado, para facilitar así la aplicación de medidas de protección de los consumidores con la finalidad de que exista una sana competencia que permita el desarrollo adecuado de este tipo de productos, en beneficio de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda.

En cuanto a la integración del Consejo Directivo de la Sociedad Hipotecaria Federal, adquiere relevancia la incorporación como consejero de un subgobernador del Banco de México, lo que le confiere una mayor participación en ese órgano de gobierno al citado banco central y, por lo que se refiere a los consejeros independientes, se les dota de mayor participación, tomando en cuenta profesionistas con un perfil que sea idóneo para el desempeño de la administración y cuyos conocimientos y experiencia oriente de manera adecuada la marcha de la sociedad.

Con el propósito de incrementar el número de población beneficiada con sus programas se consideró conveniente la incorporación dentro de las entidades financieras con las que la sociedad intermedia sus recursos y productos, a las instituciones de banca de desarrollo, a las arrendadoras financieras, a las empresas de factoraje financiero, a las uniones de crédito, a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y a las sociedades financieras populares, las que, en su caso, podrán actuar por sí o como fiduciario y se reconoce la posibilidad de que la Sociedad Hipotecaria Federal invierta en el capital social de empresas que le presten servicios complementarios o auxiliares en la administración o en la realización de su objeto.

Asimismo, con el propósito de impulsar el mercado de bienes inmuebles destinados a casa habitación, la comisión consideró que al igual que los seguros de crédito a la vivienda, los seguros de garantía financiera no pagan el impuesto al valor agregado, a efecto de evitar que el citado gravamen repercuta en la tasa de interés que los intermediarios financieros pagan a sus inversionistas, siempre que los recursos provenientes de los valores, títulos de crédito o documentos, se utilicen para el financiamiento de créditos hipotecarios o con garantía fiduciaria para la adquisición, ampliación, construcción o reparación de bienes inmuebles, destinados a casa habitación. Lo anterior, con el propósito de que el fondeo de los intermediarios financieros se realice a menores tasas, disminuyendo con ello sus costos, repercutiendo con esto en menores tasas a sus acreditados.

c) Proyecto de decreto que reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y de la Ley de Protección al Ahorro Bancario

Lo anterior resulta importante toda vez que, a partir de 2005, el sistema financiero cuenta con un seguro de depósito limitado a cuatrocientas mil unidades de inversión por operación pasiva bancaria, lo que aumenta la necesidad de que las autoridades actúen oportunamente cuando se presenten situaciones de riesgo, a fin de evitar el retiro masivo de recursos de las instituciones generado por la percepción de inestabilidad en las mismas, así como de establecer un procedimiento que permita en su caso, una liquidación eficiente y ordenada.

La comisión consideró de importancia que el proceso de resolución fuera al mismo tiempo jurídica y operativamente sólido, ágil y oportuno, a fin de proteger al máximo los intereses del público ahorrador, evitar un deterioro innecesario de la institución y minimizar el impacto negativo sobre el resto del mercado y las instituciones que lo forman, así como las posibilidades de litigios e impugnaciones improcedentes que entorpezcan la atención de las autoridades financieras y deterioren la situación de la institución correspondiente.

La reforma actualiza las causas que prevé el régimen vigente para la revocación de las autorizaciones conferidas a las instituciones de banca múltiple para organizarse y operar con tal carácter. Con la actualización se conservan únicamente aquellas causales que implican una infracción grave por parte de dichas instituciones; lo anterior, en razón de que las causales de revocación en vigor, no son homogéneas en cuanto a la gravedad de la infracción. Además, algunas causales vigentes son ambiguas, han caído en desuso o den lugar a una excesiva discreción por parte de las autoridades.

Así, se establecieron dos causales de revocación adicionales a las que prevé el régimen vigente, que consisten, por una parte, en el incumplimiento por parte de alguna institución de banca múltiple a los requerimientos de capitalización y, por otra parte, en el incumplimiento de las obligaciones de pago a cargo de la institución, debido a problemas de iliquidez.

Por otra parte, se introdujo al marco jurídico actual un nuevo mecanismo alterno para aquellas instituciones de banca múltiple que incurran en un índice de capitalización inferior al mínimo exigido y se prevé que no podrán continuar en operación aquellas instituciones que incumplan con los requisitos mínimos de capitalización y no se acojan al régimen de operación condicionada, caso en el cual se procederá a revocar sus autorizaciones para organizarse y operar como institución de banca múltiple. Dicha revocación colocaría a la institución en estado de disolución y liquidación y, en este caso, corresponderá al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario actuar como liquidador.

También se establecieron dos métodos de resolución para las instituciones de banca múltiple que incurran en las causales de revocación; el primero implica la disolución y liquidación de la institución correspondiente, previa revocación de su autorización. En este caso, se llevarían a cabo diversas operaciones en protección del público usuario de los servicios de la institución de que se trate. Dichas operaciones podrán consistir en la constitución de una institución de banca múltiple especial, denominada comúnmente banco puente, es decir, un banco operado temporalmente para llevar a cabo la transparencia de activos y pasivos del banco en liquidación.

El segundo método sería a una resolución a banco abierto; es decir, aquélla que no implica la liquidación de la institución que presenta el problema financiero, salvo que se determine que resultaría menos costoso realizar una operación de transferencia de activos y pasivos a una institución constituida y operada por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

d) Proyecto de decreto por el cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones financieras y fiscales para crear las sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes)

La penetración de las sociedades financieras de objeto limitado (Sofoles) se refleja en los más de 10 millones de créditos otorgados a la fecha, de los cuales 450 mil corresponden a créditos hipotecarios, 5 millones de créditos automotrices, 3 millones de créditos a micro, pequeñas y medianas empresas, y 3 millones de créditos personales, muchos de los cuales son micro créditos.

Los miembros no perdieron de vista que el arrendamiento y el factoraje han estado restringidos a empresas autorizadas y supervisadas por las autoridades financieras con el objeto de promoverlas y diferenciar su regulación de aquella aplicable a la actividad bancaria que, hasta antes de 1990, era desempeñada solamente por empresas del Estado.

No obstante, se consideró que la regulación no ha cumplido con el propósito de fomentar el crecimiento de los sectores arrendador y de factoraje, más bien la sobrerregulación limita tanto su desarrollo como la innovación financiera y la competencia; además, los costos de tal regulación encarecen el crédito, no obstante que no existen intereses del público depositante que proteger.

En razón de lo anterior, es que se derogan las disposiciones aplicables a las operaciones de arrendamiento y factoraje financiero contempladas en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y se trasladan a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, refiriéndolas a operaciones de crédito celebradas entre particulares, con objeto de permitir que cualquier empresa mercantil se pueda fondear de los bancos o mediante ofertas públicas de valores y lleve a cabo operaciones de arrendamiento, factoraje y crédito a cualquier sector. Los beneficios redundarán en una mayor promoción del crédito, más competencia y, bajos costos de operación y, en consecuencia, menores tasas de interés para el usuario.

En apoyo, se otorgaría a tales empresas mercantiles las mismas ventajas, procesales y fiscales que tienen las entidades financieras, para lo cual se crea la figura de entidad financiera no regulada denominada sociedad financiera de objeto múltiple o Sofome, la cual se agregaría de la expresión entidad no regulada o ENR, y en caso de estar vinculadas con un banco, la expresión entidad regulada o ER.

Al respecto, para acceder a las ventajas mencionadas, la sociedad tendrá que establecer como su objeto social principal la realización de arrendamiento y/o crédito y/o factoraje sin captar depósitos del público; denominarse Sofome seguido de las siglas ENR o ER, dependiendo de si están o no vinculadas con un banco; y establecer su estatus regulatorio en sus contratos.

Las ventajas procesales de las que gozarían las Sofomes sería que los estados de cuenta certificados de las entidades financieras, incluyendo a las Sofoles, arrendadoras, y empresas de factoraje, tendrán el carácter de títulos ejecutivos, lo cual tendría como consecuencia que el juicio se substancie en la vía ejecutiva mercantil y no por la vía ordinaria mercantil y que las entidades financieras puedan ceder los derechos de créditos con garantía hipotecaria a otro intermediario sin necesidad de escritura pública ni de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad.

Por otro lado, cuando exista un vínculo patrimonial entre una Sofome y un banco o un grupo financiero que comprenda a un banco, o personas físicas que tengan control sobre un banco, la Sofome será considerada como "entidad regulada", señalando tal circunstancia en su denominación social, siendo aplicable la regulación correspondiente a los bancos, como actualmente se aplica la regulación a las Sofoles adquiridas por los bancos, lo que implica que tales Sofomes serán supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Aunado a lo anterior, se mantendrá el acceso al fondeo de instituciones financieras y emisiones públicas de deuda.

Resultó necesario también, adecuar el marco legal a efecto de que -no obstante que ni las Sofoles, arrendadoras y empresas de factoraje captan directamente recursos del público- las Sofomes estén sujetas a normas de lavado de dinero y sean supervisadas por el Servicio de Administración Tributaria y que a través de la Condusef se protejan y defiendan los derechos e intereses de los usuarios de arrendamiento, factoraje y otorgamiento de crédito que presten las Sofomes; en adición, será necesario precisar cuando puede convenirse la capitalización de intereses y permitir que los plazos de envío de estados de cuenta se puedan ajustar cuando se pactan pagos trimestrales, semestrales y anuales.

En adición, se permitirá que las sociedades extranjeras puedan invertir directamente en el capital de estas entidades sin tener que constituir una filial, sin perjuicio de que las sociedades extranjeras tengan la obligación de inscribirse en el Registro Público de Comercio.

e) Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor y reforma el Código de Comercio

Se considera que el crédito otorgado a las personas que acuden a las casas de empeño es caro, derivado de las altas tasas de interés y las condiciones gravosas que se establecen en los contratos respectivos; lo que genera un gran problema, ya que dichas personas se encuentran en una situación precaria que les obliga a celebrar los contratos en cualquier condición con tal de obtener recursos que les permitan hacer frente a sus necesidades.

De ahí que se haya considerado la necesidad de regular su funcionamiento con el objeto de evitar abusos a los usuarios de las personas de escasos recursos que no tiene acceso a otro tipo de crédito ya que es una opción de financiamiento rápida y aparentemente ventajosa.

Por lo anterior se convino en que las casas de empeño han venido operando en un vació legal y traído como resultado numerosas quejas de las personas que recurren a estos servicios, ya sea por incumplimiento en la entrega del bien, deterioro o pérdida del bien empeñado o por el cobro excesivo de intereses.

La reforma precisamente tiene por objetivo resolver este problema mediante el otorgamiento de facultades a la autoridad para supervisar y controlar las casas de empeño, mediante disposiciones legales que eviten la injusta afectación o pérdida del patrimonio de personas que recurren a estos servicios.

Al respecto se convino en que la actividad realizada por las casas de empeño es de naturaleza mercantil y, por tanto, debe de estar excluida del marco financiero y por ello, estiman adecuado el esquema de regular las casas de empeño bajo el marco de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Tal facultad actualmente está conferida a la Procuraduría Federal del Consumidor, por lo cual se consideró conveniente reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de establecer dentro de las facultades de la procuraduría la relativa a registrar a las casas de empeño.

Destacan la importancia del dictamen, toda vez que sujetar a las casas de empeño a un efectivo control por parte de la autoridad otorgará mayor seguridad jurídica para los usuarios de las mismas, además de que incorpora una herramienta eficaz para combatir la prestación informal de este tipo de servicios que, en muchos de los casos, cae en el agiotismo y la usura.

Asimismo, se consideró conveniente establecer como obligación a cargo de los proveedores que informen el monto de la tasa de interés anualizada sobre saldos insolutos a fin de propiciar la transparencia, la competencia y la protección de los intereses del consumidor.

f) Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito

Se adiciona como causal de revocación de la autorización que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a una institución de banca múltiple para organizarse y operar como tal, la reincidencia en la realización de operaciones prohibidas o en el incumplimiento a las acciones preventivas y correctivas ordenadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el objeto de sancionar de manera consistente la realización reiterada de conductas especialmente graves y se establece la obligación de las instituciones de banca múltiple y demás entidades financieras reguladas por el mencionado ordenamiento, de cumplir con las disposiciones generales de carácter prudencial que emita la autoridad financiera, así como la demás normatividad que, en el ámbito de su competencia, emita el Banco de México, con el propósito de fortalecer el carácter obligatorio de estas disposiciones.

Además, se adiciona como prohibición celebrar operaciones de fideicomiso cuyo objeto sea administrar sumas de dinero que aporten periódicamente grupos de consumidores integrados mediante sistemas de comercialización, destinados a la adquisición de determinados bienes o servicios, previstos en la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de adecuar el marco jurídico aplicable a instituciones de crédito con la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor publicada el 4 de febrero de 2004.

Se contempla un mecanismo de actualización del monto de las multas cuando éstas no se paguen dentro de los quince días hábiles siguientes al de su notificación. Asimismo, como incentivos al pago oportuno de las multas se prevé la aplicación de descuentos. Adicionalmente, se determinan con precisión los elementos a considerar en la imposición de sanciones.

Se adiciona la facultad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, de acuerdo con los lineamientos que fije su Junta de Gobierno, se haga del conocimiento del público las sanciones impuestas, cuando éstas hayan quedado firmes o sean cosa juzgada, con el propósito de difundir información en beneficio de intereses del público.

Por lo que respecta a medios de impugnación, atendiendo a la necesidad de un marco jurídico que provea de certeza y seguridad jurídica a las entidades y demás personas reguladas por la ley y que garantice una efectiva impartición de justicia, se amplían los supuestos en que se puede promover el recurso de revocación, tales como autorizaciones y modificaciones a los contratos de adhesión, así como la suspensión de la ejecución en materia de multas administrativas.

En el capítulo de delitos se incluye la sanción de prisión para aquellas personas que por sí, a través de otra persona, o por medio de nombres comerciales se ostenten frente al público como intermediario o entidad financiera, sin contar con la respectiva autorización para constituirse, funcionar, organizarse u operar con tal carácter; así como para los consejeros, funcionarios o empleados o quienes intervengan directamente en el otorgamiento de un crédito, cuando proporcionen o permitan que se incluyan datos falsos en los documentos, informes y demás documentación que deba presentarse y se propone sancionar a quienes destruyan u ordenen destruir total o parcialmente los sistemas, registros contables o la documentación soporte de éstos, con anterioridad al vencimiento de los plazos legales de conservación o bien, la información, documentos o archivos, con el propósito de impedir u obstruir los actos de supervisión de la autoridad financiera.

Se sancionará con prisión a aquél que, habiendo sido removido, suspendido o inhabilitado, continúe desempeñando las funciones respecto de las cuales se le impusieron tales sanciones o bien, ocupe un empleo, cargo o comisión dentro del sistema financiero mexicano, a pesar de encontrarse suspendido o inhabilitado y se disminuyen las penas a un tercio cuando se acredite haber reparado el daño o resarcido el perjuicio ocasionado.

Además, se faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para solicitar la comparecencia de funcionarios, empleados o cualquier persona que pueda contribuir a que ésta se allegue de los elementos de juicio necesarios para verificar el cumplimiento de la ley, así como para emplear, a discreción, medios de apremio y, si ello fuera insuficiente, para solicitar a la autoridad competente proceda contra el rebelde por desobediencia a un mandato legítimo de la misma.

g) Proyecto de decreto por el que se establecen los mecanismos para concluir el proceso de desincorporación, mediante disolución y liquidación, de Financiera Nacional Azucarera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo

Cabe señalar que la deuda de Financiera Nacional Azucarera, SNC (Finasa), ha sido contratada en términos del artículo 2o. de la Ley de Ingresos de a Federación para los ejercicios fiscales de 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, teniendo su impacto al momento de la contratación de la misma, contando con el respaldo del gobierno federal; en términos de dicho ordenamiento, al 31 de diciembre de 2005 esas obligaciones ascendieron a 11 mil 825 millones de pesos.

Es decir, el proceso de desincorporación, mediante disolución y liquidación, de Finasa ha derivado en costos para la Federación. En razón de lo anterior, se coincidió en la necesidad de adoptar las medidas tendientes a concluir dicho proceso de desincorporación e instrumentar los términos mediante los cuales los activos netos remanentes de dicha institución que se estima ascienden a mil 600 millones de pesos puedan ser recuperados, sin que ello implique la creación y el sostenimiento de nuevas estructuras jurídicas y administrativas.

La administración de pasivos de la liquidación de Finasa implicaba costos adicionales cuando, por otro lado, su solventación no tenía viabilidad y el acreedor era el propio gobierno federal, por lo que se estimó que, con objeto de apoyar las actividades que lleven a concluir el proceso de liquidación, resultaba conveniente cancelar los activos registrados a favor del gobierno federal y a cargo de dicha institución o de su liquidador, en relación a dicho proceso, sin contraprestación ni reclamación alguna exigibles a éstos y con cargo a los resultados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, resulta pertinente destacar que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes se desempeña como liquidador tanto de Finasa como de las Sociedades Nacionales de Crédito que integraban al sistema Banrural, por lo que se generará una mayor eficiencia administrativa y obtención de ahorros importantes.

Al respecto, se estableció a través del sistema Banrural un mecanismo eficiente de recuperación de los activos remanentes de Financiera Nacional Azucarera, ya que dicho sistema conserva aún una estructura administrativa y jurídica dedicada a la recuperación de cartera, con lo que se estableció en apoyo del sector rural, un mecanismo eficiente e integral de recuperación de la cartera agropecuaria, a través de una sola ventanilla, lo cual redundará en un menor costo financiero, en beneficio de las finanzas públicas.

h) Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley general de Títulos y Operaciones de Crédito y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

A la par de ello, también se comete fraude mediante la clonación cibernética. Con la información de los tarjetahabientes se realizan retiros de efectivo o transacciones financieras sin conocimiento de los titulares de los plásticos. Este además va más allá de la afectación económica a personas, negocios o instituciones emisoras, pues los delincuentes tienen acceso a información confidencial tal como los niveles, lugares de consumo o los movimientos financieros de los tarjetahabientes, convirtiéndolos en víctimas potenciales para futuros secuestros.

La autoridad no podía permanecer ajena a las conductas delictivas en perjuicio de los tarjetahabientes, las empresas comerciales e instituciones de crédito, a través de la falsificación de tarjetas de crédito, débito y otros instrumentos de pago; de ahí la imperiosa necesidad de legislar en esta materia. Actualmente existen a nivel nacional más de cuarenta millones de mexicanos que son víctimas potenciales de este tipo de delito.

La reforma considera que resulta necesario que se contemple a nivel federal este tipo de delitos en todas sus modalidades, a fin de prever que las autoridades consignen a los sujetos que cometan estos actos ilícitos y se brinde certidumbre jurídica a las empresas y a las familias mexicanas cuyas actividades están relacionadas con el uso de tarjetas.

Por otro lado, se consideró necesario tipificar el delito de falsificación y uso indebido de tarjetas e instrumentos para el pago de bienes y servicios a nivel federal, y tipificarlo como un delito especial en la Ley de Instituciones de Crédito, así como en el Código Penal Federal y clasificarlo como grave en el Código Federal del Procedimientos Penales, por la gran afectación a la sociedad, y con el fin de que los delincuentes, no gocen del beneficio constitucional de salir libres bajo fianza. El motivo de incluir el delito en dichas legislaciones tiene como propósito que se tipifiquen los delitos y actos ilícitos cometidos con tarjetas de crédito, débito y de servicios, cheques y medios electrónicos de pago emitidos por instituciones de crédito y por entidades comerciales no bancarias.

Las reformas tienen el firme propósito de que se tipifiquen los delitos que se cometen con tarjetas de crédito, débito y de servicios emitidos por instituciones de crédito y entidades comerciales, y así se otorgue confianza y seguridad jurídica a los usuarios de estos instrumentos de pago.

i) Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Se adecua la denominación de la ley citada, modificando el término braceros por el de migratorios, así como determinando el periodo en el que laboraron los beneficiarios de este ordenamiento, para cubrir los años 1942-1964. Asimismo, con el propósito de que ninguno de los trabajadores migratorios citados quede excluido de los beneficios de la Ley y considerando que el Registro actual de la Secretaría de Gobernación es una de las principales razones que imposibilitan el acceso al beneficio social, reconociendo otro tipo de documentos, como el Social Security, derivado del contrato de trabajo del Programa Bracero durante los años 1942-1964 y constancia expedida por la Secretaría de Gobernación que contenga el número de contrato (forma 5-E).

Asimismo, a efecto de no afectar el patrimonio del fideicomiso citado, limitando el número de apoyos sociales que se otorgan a los beneficiarios, la que dictamina considera eliminar lo relativo a la publicación en dos diarios de amplia circulación local en la entidad federativa de que se trate, durante dos días consecutivos, por el alto gasto que esto representa.

V. Resumen de dictámenes en materia fiscal

a) Proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo de la fracción XXII del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Presentado por el diputado Gustavo Madero Muñoz y dictaminada el 22 de marzo de 2006.

Se permite la deducción de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados en existencia, que por deterioro u otras causas hubieran perdido su valor, a fin de canalizarlos a las instituciones -autorizadas para recibir donativos deducibles- dedicadas a atender necesidades básicas en materia de alimentación, vestido, vivienda y salud.

En tal virtud, se amplía el universo de productos susceptibles de donación señalados en el primer párrafo de la fracción XXII del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como que además de las necesidades de alimentación, atiendan también las necesidades básicas relativas al vestido, la vivienda y a la salud, con lo cual se logrará extender el tipo de productos que podrían ser susceptibles de donación, en beneficio de los sectores que así lo necesiten.

b) Proyecto de decreto que deroga el artículo 31, fracción III, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Lo anterior, en razón de que la disposición resultaba ineficiente para reducir el robo de combustible que actualmente se presenta al interior de Petróleos Mexicanos (Pemex), en virtud de que sólo el 20 por ciento del combustible que se consume en el país se deduce de impuestos y por lo tanto, este sería el único volumen de combustible que se pagaría utilizando medios electrónicos, además de que no se cuenta con la infraestructura necesaria en las estaciones de servicio de Pemex para realizar los pagos a través de los medios que se sugieren en la medida, lo que coarta el derecho de los contribuyentes a deducir los consumos de combustibles.

c) Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de Ley del Impuesto al Valor Agregado y Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Como se sabe, en los últimos años las tasas que gravan la renta de las empresas y las personas físicas han ido a la baja. Actualmente, México registra la tercera tasa más baja de América Latina con el 29 por ciento; pero un impuesto bajo no será una carga menor para el contribuyente si las leyes y la actitud de la autoridad fiscal no se adaptan a los nuevos tiempos.

Por lo anterior, se consideró necesario adecuar diversos ordenamientos fiscales para precisar una serie de categorías y conceptos que otorguen seguridad jurídica al contribuyente y permitan que la función recaudatoria se realice aplicando criterios que no den lugar a confusiones e interpretaciones que alienten la evasión y elusión fiscales.

Entre los conceptos relevantes que se hizo necesario precisar en la norma fiscal está el que corresponde a la residencia del contribuyente persona física en el territorio nacional; al respecto se señaló que no pierden su condición de residentes aquellas personas de nacionalidad mexicana que acrediten su nueva residencia fiscal en un país o territorio en donde sus ingresos no estén sujetos a un régimen fiscal preferente en términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Lo anterior no será aplicable cuando el país en el que se acredite la nueva residencia fiscal tenga celebrado acuerdo de intercambio de información tributaria; al mismo tiempo, se habrán de considerar residentes las personas morales que hayan establecido en México la administración o sede principal de su negocio.

En el mismo orden de ideas y con el objeto de combatir el comercio informal y establecer un marco normativo acorde para que la autoridad fiscal emprenda acciones efectivas para combatir la evasión, se modifica el concepto de domicilio fiscal, para que en caso de que los contribuyentes no lo manifiesten o hayan manifestado uno distinto al que realmente corresponda, la autoridad podrá practicar diligencias en cualquier lugar en el que el contribuyente realice sus actividades o en el lugar que se considere su domicilio.

Al respecto, se introdujo la casa habitación como domicilio fiscal residual, sólo en el supuesto de que las personas físicas que realicen actividades o presten servicios personales independientes no cuenten con un local donde realizar sus funciones. Al efecto, la autoridad fiscal comunicará al contribuyente en su casa habitación, que cuenta con un plazo de 5 días para acreditar que su domicilio está ubicado efectivamente en donde esté el asiento principal de sus actividades o el local utilizado para desempeñar sus actividades.

La disposición anterior, obedece a una práctica reconocida y efectiva para combatir la evasión y busca alentar que las personas se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes y constituirá una de las medidas eficaces en el combate a la evasión de Impuesto sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, que en nuestro país alcanza un 50 por ciento de lo que se recauda en cada impuesto.

En otro aspecto, y para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, se autorizó a las organizaciones que agrupen a contribuyentes para que en nombre de éstos presenten declaraciones, avisos y documentos que exijan las disposiciones fiscales; además, con el propósito de ampliar el padrón de contribuyentes, se estableció que, aun cuando las personas físicas no realicen actividades económicas, puedan obtener su Registro Federal de Contribuyentes.

La comisión consideró necesario establecer una presunción sobre los depósitos distintos a los declarados por los ingresos de la actividad normal de las personas físicas y que éstas podrán demostrar en cualquier caso que corresponden a ingresos exentos o que ya pagaron el impuesto correspondiente.

El supuesto normativo previsto en el artículo 107 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se amplía a aquellas personas que no estén inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, así como a considerar como erogaciones para los efectos del artículo en cita los depósitos en las cuentas bancarias de los contribuyentes, con la finalidad de ampliar la base y el padrón de contribuyentes, y hacer extensiva la hipótesis normativa a las personas no inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes.

En tales circunstancias, se consideró necesario modificar el ordenamiento en cita con el objeto de ampliar el sujeto pasivo del supuesto normativo a aquellas personas físicas que no estén inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes y ampliar el concepto de erogaciones previsto en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 107 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Lo anterior, con el propósito de ampliar la base, el padrón de contribuyentes y combatir la conducta de las personas físicas que, al realizar el presupuesto generador de la hipótesis normativa, deciden eludir el contenido de la norma.

Es importante destacar que esta presunción sólo podrá aplicarse mediante el ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad y, la sola circunstancia de que existan depósitos en las cuentas bancarias de los contribuyentes, no origina en automático la determinación presuntiva de ingresos, ya que es indispensable, para considerarlos como ingresos, que se verifique su origen a través de una auditoría por parte de la autoridad fiscal en la que el contribuyente podrá aportar los elementos que desvirtúen o expliquen la procedencia de los mismos y, en su caso, acreditar la exención de pago a que se encuentren sujetos.

En relación con las visitas llamadas innominadas para actos de Comercio Exterior, es decir, cuando no se cita el nombre específico del visitado, la jurisprudencia prevé la constitucionalidad de dichas visitas, tratándose de comercio exterior y vehículos de procedencia extranjera en tránsito; los mismos argumentos se aplican a los supuestos en que los contribuyentes no registrados o estando inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes proporcionen datos falsos o incorrectos.

En materia de medios de defensa, se contempla que las violaciones cometidas antes del remate sólo se podrán impugnar hasta la publicación de la convocatoria y dentro de los 10 días siguientes y se reduce de 45 a 20 días, el plazo para ampliar el recurso cuando el contribuyente desconozca el acto administrativo y se reducirá de cuatro a tres meses el plazo para cumplimentar la resolución favorable al contribuyente emitida en el recurso de revocación.

En otro aspecto y considerando los vicios formales en los actos de fiscalización que inciden en los juicios de nulidad, se estimó procedente la eliminación del oficio de ampliación y mantener como plazo máximo para las visitas domiciliarias 12 meses; en el caso de contribuyentes del sistema financiero también se elimina el oficio de ampliación manteniéndose en 18 meses como plazo máximo.

Acorde con los principios de economía procesal, se permitirá que en materia de recuperación de cartera, la autoridad pueda declarar la prescripción de créditos fiscales y elimine la segunda almoneda en el procedimiento de remate, y se elimine la obligación de que los bienes que se adjudique el fisco, sean por el valor que corresponda para la almoneda, pasando a ser el valor de avalúo el que se tome en cuenta; asimismo, se mejora el procedimiento para la recepción, control y administración de los bienes adjudicados a favor del fisco federal, en cuyo caso, el valor de la adjudicación será del 60 por ciento del valor de avalúo.

Respecto a las notificaciones, éstas se podrán realizar por vía electrónica, lo cual dará seguridad al contribuyente, quien obtendrá una respuesta en menor tiempo; asimismo, para lograr una mayor rapidez en los procedimientos, las notificaciones de la autoridad surtirán sus efectos al día hábil siguiente en que sean practicadas.

Por otro lado, para disminuir los altos costos que implica para la autoridad realizar notificaciones por edictos, éstas únicamente se realizarán en los casos de fallecimiento del contribuyente, cuando no se conozca al representante de la sucesión; además, las notificaciones de los actos administrativos las podrán realizar agentes externos, debidamente habilitados; es decir, se podrá acudir al uso de la infraestructura de empresas especializadas, obteniendo mayor rapidez, simplificación administrativa y reducción de costos en los envíos.

Tanto en los ámbitos civil y mercantil como en el administrativo, la firma electrónica avanzada ha demostrado ser un instrumento eficaz para vincular la expresión de voluntad de una persona determinada con el contenido de un documento electrónico.

Al efecto, el contribuyente podrá, mediante el acceso a la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, verificar la autenticidad tanto del documento impreso y firmado electrónicamente como la identidad del funcionario que emitió y firmó el acto.

Se establecen además los lineamientos que permitan al contribuyente cubrir los adeudos fiscales a plazos en la modalidad de diferido, y con ello facilitar el pago de los mismos, facultando al Servicio de Administración Tributaría para señalar los casos en que puede dispensarse la garantía, medida con la que se agilizará el trámite y reconocerá a los contribuyentes cumplidos.

Ahora bien, la presencia de la autoridad en el domicilio fiscal del contribuyente es mayor para aquellos contribuyentes no obligados a dictaminar, toda vez que para los dictaminados, la autoridad está obligada a iniciar el acto de comprobación con la revisión del dictamen al Contador Público Registrado, lo cual puede durar varios meses, antes de proceder a revisar directamente al contribuyente en su domicilio fiscal; por lo anterior y considerando que la revisión a los contribuyentes que dictaminan es más compleja, se propone la eliminación de la notificación al contribuyente cuando la autoridad revise el dictamen, a fin de mantener el periodo de ejercicio de facultades y evitar que éste lapso se reduzca.

Asimismo, se consideró necesario sustituir la responsabilidad solidaria de los directores generales y presidentes de los consejos de administración en la presentación de declaraciones y avisos, para lo cual, cualquiera que sea la denominación del órgano que vigile la operación de las personas morales éste deberá presentar un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo en el ejercicio anterior, el cual, de no presentarse, hará lugar a sanciones e infracciones.

Asimismo, para los contribuyentes que estén obligados al pago del Impuesto al Valor Agregado, se establece la obligación de proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales, la información sobre la retención del impuesto. Para los contribuyentes obligados al pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se establece la obligación de proporcionar información sobre los equipos en donde se realice almacenaje y contenedores de bebidas alcohólicas y se crea el padrón de contribuyentes de bebidas alcohólicas.

Las modificaciones al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, apoyarán con ordenamientos jurídicos la moderna administración tributaria que requiere el país; por lo anterior, los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público solicitan por mi conducto la aprobación de este dictamen.

d) Proyecto de decreto que expide la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

Respecto a las observaciones que el Ejecutivo federal realizó al capítulo de las sanciones, en el artículo 28, las comisiones dictaminadoras coincidieron en la necesidad de precisar los supuestos de procedencia de las mismas y establecer de manera clara, el objeto de las sanciones.

Debe considerarse que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 no contempla las erogaciones que la creación y el funcionamiento de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Por ello, en el artículo segundo transitorio se incorpora la obligación para el Ejecutivo federal quien deberá prever los recursos para la creación y funcionamiento de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

VI. Resumen de dictámenes en diversas materias

a) Proyecto de decreto que expide la Ley para el Fomento a la Innovación y al Desarrollo de Empresas de Base Tecnológica

La innovación, resultado de los esfuerzos en materia de investigación y desarrollo experimental, es un factor cada vez más importante para participar con éxito en los mercados nacionales y extranjeros, y aunque desde hace 10 años el gasto en investigación y desarrollo ha registrado tasas de crecimiento real, en el año 2006 el gasto público federal apenas alcanzará el 0.33 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto, cifra menor al promedio registrado por los países con los que México tiene más relaciones comerciales.

Esta ley generará una política de fomento para un sector de la actividad económica clave para el futuro de la nación. En este sentido, se busca establecer las bases que permitan inducir y coordinar esfuerzos que hasta ahora han permanecido dispersos, aislados y al margen de apoyos significativos.

La ley pone los instrumentos de fomento federales en manos de los estados e integra a éstos últimos como agentes activos en la formulación de la política nacional en la materia y se busca generar garantías para el buen manejo de los instrumentos de política que la federación le confiará a los estados.

La estructura de la ley está organizada alrededor de cinco capítulos, cada uno de los cuáles desarrolla las aportaciones fundamentales de la iniciativa. El primero de ellos establece el objeto de la ley, señala a la Secretaría de Economía como la autoridad encargada de la aplicación de la misma y enuncia los objetivos particulares.

El capítulo segundo determina que la política nacional en materia de fomento a la innovación y al desarrollo de empresas y actividades de base tecnológica se establecerá mediante un programa especial, que tendrá como horizonte de largo plazo para sus objetivos y estrategias un período de 12 años, pero las metas y acciones específicas que contemple se ajustarán a los tres y seis años inmediatos. Asimismo, se contempla que la evaluación de las políticas se realizara cada tres años, con el fin de hacer los ajustes conducentes para alcanzar los objetivos definidos, o para reconsiderarlos si se juzga necesario. En este programa especial se definirán los sectores prioritarios para el desarrollo nacional a partir de sus impactos potenciales en el desempeño competitivo y el desarrollo de la economía nacional, en el ámbito de la innovación y del desarrollo de empresas y actividades de base tecnológica.

El tercer capítulo plantea que los mecanismos e instrumentos de apoyo de la ley estarán condicionados a la firma de un Convenio con la Secretaría de Economía en el que se establecerán los montos de aportación y los compromisos de las partes. En todos los casos, para que se reciban los apoyos contemplados en la ley, deberán presentar un programa que refleje la vocación y madurez regional de la entidad y establezca las acciones, metas y compromisos que serán alcanzados, esto para el caso de las entidades federativas; y un proyecto de innovación y desarrollo tecnológico que establezca las acciones, metas y compromisos establecidos en el programa especial, en el caso de las empresas, ello con el fin de que las actividades que realicen se orienten a los sectores designados como prioritarios en el programa especial.

El cuarto capítulo crea el Fideicomiso para el Fomento a la Innovación y al Desarrollo de Empresas y Actividades de Base Tecnológica, el cual tiene por objeto canalizar los recursos financieros para una estrategia nacional de largo y mediano plazos, así como facilitar la programación multianual de los distintos programas y proyectos y propiciar el desarrollo de las empresas y actividades de base tecnológica, el desarrollo de los sectores prioritarios y, la aplicación comercial de conocimientos científicos y tecnológicos. Este fideicomiso contará con un consejo técnico que será la instancia exclusiva para aprobar solicitudes, designar beneficiarios y emitir recomendaciones para la asignación y operación del mismo.

Con el fin de otorgar sentido federalista y participativo a la política de fomento a la innovación y al desarrollo de empresas y actividades de base tecnológica el capítulo quinto crea el Consejo Consultivo para la Innovación y el Desarrollo Tecnológico, el cual lo integrarán el Secretario de Economía, los representantes de las entidades federativas, del Distrito Federal y los municipios, cuando hayan suscrito convenios de coordinación regionales, y los representantes de los organismos o instancias responsables o ejecutoras de los sectores prioritarios, el cual participará en la elaboración y la evaluación del Programa Especial, así como en la evaluación de los convenios de coordinación regionales y sectoriales, y aprobará los lineamientos, mecanismos y procedimientos de participación que establezca la Secretaría de Economía para estos propósitos.

Anexo I

Asuntos de la LIX Legislatura dictaminados en el segundo semestre del tercer año de labores

La Comisión de Turismo se instaló el día 14 de octubre del 2003.

Las y los diputados integrantes de la comisión -14 del PRI, 9 del PAN, 6 del PRD y 1 del PVEM- fueron

Mesa directiva: Francisco Xavier López Mena, presidente, del GPPAN; Nancy Cárdenas Sánchez, del GPPRD; Rómulo Cárdenas Vélez del GPPAN; María Concepción Fajardo Muñoz, del GPPRI; y Pedro Gustavo Cabrera Rivero, del GPPRI, secretarios. Los siguientes diputados, previamente a su solicitud de licencia, integraron también la mesa directiva: Félix González Canto, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Amalín Yabur Elías y María Mercedes Rojas Saldaña, del GPPRI.

Integrantes

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional: Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja, Evaristo Corrales Macías, Rodolfo Esquivel Landa, Janette Ovando Reazola, Raúl Leonel Paredes Vega, Pablo A. Villanueva Ramírez, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles y Alejandro Higuera Osuna hasta que solicitó licencia.

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: Gonzalo Alemán Migliolo, Álvaro Burgos Barrera, Omar Bazán Flores, Oscar Bitar Haddad, Francisco Javier Bravo Carbajal, Guillermo del Valle Reyes, Gonzalo Guizar Valladares, Benjamín Hernández Bustamante, J. Jesús Lomelí Rosas, Margarita Martínez López, Raúl José Mejía González y Guillermo Zorrilla Fernández. Previamente a su solicitud de licencia, integraron la comisión: Enrique Ariel Escalante Arceo, Jorge Fernando Franco Vargas, Imelda Megarejo Fukutake, Heriberto Enrique Ortega Ramírez y Wintilo Vega Murillo.

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: Rafael Candelas Salinas, Irma S. Figueroa Romero, Francisco Mora Ciprés, María Guadalupe Morales Rubio y Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Previamente a su solicitud de licencia también integraron la comisión: Narciso Agúndez Montaño, Carlos Álvarez Reyes, Beatriz Mojica Morga, Pascual Sigala Páez y Zeferino Torreblanca Galindo.

Del Partido Verde Ecologista de México: Guillermo Velasco Rodríguez y Raúl Piña Horta, hasta que solicitó licencia.

Una vez instalada la comisión, se elaboró el programa de trabajo para los tres años de legislatura, estableciendo objetivos generales, líneas de acción y división de funciones a través de la creación de tres subcomisiones y dos grupos de trabajo, que se aprobaron el 12 noviembre de 2003 durante la segunda reunión plenaria.

Las subcomisiones se integraron con quienes -de manera voluntaria- decidieron participar. Se nombró a un coordinador por cada una, recayendo tal responsabilidad en los siguientes legisladores:

Se llevaron a cabo 38 foros: Ecoturismo y turismo de aventura en México; Incentivos fiscales en el turismo; Análisis de la ley seca en días de elecciones federales; 20 foros de consulta nacional sobre la Ley de Juegos con Apuestas y Sorteos y 14 foros de consulta nacional sobre una nueva Ley de Turismo.

La comisión efectuó 76 visitas de trabajo en diferentes estados de la república.

Iniciativas y puntos de acuerdo

Durante la legislatura se dictaminaron siete iniciativas, una minuta y trece puntos de acuerdo.

Iniciativas dictaminadas (7)

Iniciativas (16)

Del pleno

Se realizaron 19 reuniones de trabajo con diputados, asesores y empresarios del sector con las siguientes fechas:

Regulación y Facilitación Turística

De conformidad con el artículo 7o., numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Turismo recibió la comparecencia del licenciado Rodolfo Elizondo Torres, secretario de Turismo, en dos ocasiones, el 26 de octubre de 2004 y el 8 de septiembre de 2005, con el objeto de llevar a cabo el análisis del cuarto y quinto Informe de Gobierno del Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada.

Reuniones con el secretario de Turismo

Durante la LIX Legislatura la Comisión de Turismo realizó los siguientes 4 foros:

Siendo las diez horas del 6 de junio de 2006, el diputado presidente, Miguel Alonso Raya, da inicio a la vigésima segunda reunión plenaria ordinaria de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, habiendo un quórum inicial de nueve diputados y con la asistencia que se describe a continuación.

Asistencias

Diputados: Miguel Alonso Raya (PRD), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (PRI), Marco Antonio García Ayala (PRI), Manuel Pérez Cárdenas (PAN), Lucio Galileo Lastra Marín (PAN), Karina Martínez Cantú (PRI), Armando Neyra Chávez (PRI), Alfonso Rodríguez Ochoa (PRI), Miguel Ángel Llera Bello (PAN).

Inasistencias

Diputados: Jaime Fernández Saracho (PRI), Óscar Martín Ramos Salinas (PRI), Rogelio Rodríguez Javier (PRI), José Mario Wong Pérez (PRI), Roberto Colín Gamboa (PAN), Israel Raymundo Gallardo Sevilla (PAN), Gisela Juliana Lara Saldaña (PAN), Juan Francisco Molinar Horcasitas (PAN), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (PAN), Agustín Rodríguez Fuentes (PRD), Roberto Javier Vega Galina, Pablo Anaya Rivera (PRI), Martín Carrillo Guzmán (PRI), David Hernández Pérez (PRI), Francisco Javier Carrillo Soberón (PRD), Rafael García Tinajero Pérez (PRD), Rocío Sánchez Pérez (PRD), Emilio Serrano Jiménez (PRD), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT).

Inasistencias justificadas

Diputados: Graciela Larios Rivas (PRI), Tomás Antonio Trueba Gracián (PAN).

El diputado presidente pone a consideración del pleno el orden del día de la reunión.
Aprobado por mayoría en votación económica.

El diputado presidente pone a consideración del pleno el acta de la vigésima primera reunión plenaria ordinaria, celebrada el 19 de abril de 2006.
Aprobada por mayoría en votación económica.

Como cuarto punto del orden del día, el diputado presidente pone a consideración del pleno el informe semestral de actividades de la comisión correspondiente al periodo septiembre de 2005-febrero de 2006.
Aprobado por mayoría en votación económica.

El diputado presidente pone a consideración del pleno el dictamen, en sentido positivo, sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5 A, 27, 272, 277 A, 277 E y 277 F de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado Manuel Pérez Cárdenas (PAN) el 27 de abril de 2006. No habiendo intervenciones al respecto, se somete a votación.

Votación

Diputados: Miguel Alonso Raya (a favor), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (a favor), Marco Antonio García Ayala (a favor), Lucio Galileo Lastra Marín (a favor), Manuel Pérez Cárdenas (a favor), Pablo Anaya Rivera, Martín Carrillo Guzmán, Jaime Fernández Saracho, Karina Martínez Cantú (a favor), David Hernández Pérez (a favor), Graciela Larios Rivas, Armando Neyra Chávez (a favor), Óscar Martín Ramos Salinas, Rogelio Rodríguez Javier (a favor), Alfonso Rodríguez Ochoa (a favor), José Mario Wong Pérez (a favor), Roberto Colín Gamboa (a favor), Israel Raymundo Gallardo Sevilla (a favor), Gisela Juliana Lara Saldaña (a favor), Miguel Ángel Llera Bello (a favor), Juan Francisco Molinar Horcasitas (a favor), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, Tomás Antonio Trueba Gracián (a favor), Francisco Javier Carrillo Soberón, Rafael García Tinajero Pérez, Agustín Rodríguez Fuentes, Rocío Sánchez Pérez, Emilio Serrano Jiménez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos (a favor).

El diputado presidente informa de los asuntos turnados a la comisión.

Finalmente, como parte de los asuntos generales, se acuerda solicitar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que se convoque a servidores públicos de dicho organismo a reunión de trabajo a fin de abordar el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2004. De forma similar, se acuerda realizar una reunión de trabajo con funcionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para conocer los resultados de la problemática de los retiros indebidos de las cuentas individuales correspondientes al SAR-ISSSTE 92, así como de la compra de cartera a la banca comercial de créditos cofinanciados.

No habiendo quien haga uso de la palabra para algún asunto adicional, el diputado presidente anuncia que se han agotado los asuntos en cartera y da por concluida la sesión, siendo las dieciséis horas con treinta minutos. Firman al calce por la Mesa Directiva.

Diputados: Agustín Miguel Alonso Raya, presidente; Concepción Olivia Castañeda Ortiz, Marco Antonio García Ayala, Lucio Galileo Lastra Marín, Manuel Pérez Cárdenas, secretarios (rúbricas).

Lista de asistencia

Reunión ordinaria
6 de junio de 2006

Diputados: Miguel Alonso Raya (rúbrica), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Pablo Anaya Rivera, Martín Carrillo Guzmán, Jaime Fernández Saracho, Karina Martínez Cantú (rúbrica), David Hernández Pérez, Graciela Larios Rivas (inasistencia justificada), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Óscar Martín Ramos Salinas, Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier, José Mario Wong Pérez, Roberto Colín Gamboa, Israel Raymundo Gallardo Sevilla, Gisela Juliana Lara Saldaña, Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas, Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, Tomás Antonio Trueba Gracián (inasistencia justificada), Francisco Javier Carrillo Soberón, Rafael García Tinajero Pérez, Agustín Rodríguez Fuentes, Rocío Sánchez Pérez, Emilio Serrano Jiménez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos.
 
 

A la entrega de las memorias del parlamento Binomio derecho y política frente al desafío del 2006, que se llevará a cabo el jueves 17 de agosto, a las 11 horas, en el aula Jus Semper Loquitur, de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Atentamente
Diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla
Presidente
 
 
 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA CONOCER Y DAR SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON LOS FEMINICIDIOS EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA VINCULADA

A la presentación de su tercer y último informe sustantivo de actividades y de los resultados de la segunda etapa de investigación sobre violencia feminicida en 22 entidades federativas, que tendrá lugar el viernes 18 de agosto, a las 11 horas, en los salones C y D del edificio G.

Atentamente
Diputada Marcela Lagarde y de los Ríos
Presidenta
 
 
 

DE LA UNIDAD DE ENLACE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Al curso Archivos y clasificación de información, que se realizará hasta el viernes 18 de agosto, de las 11 a las 13 horas, en el auditorio norte del edificio A, segundo nivel, como parte de los trabajos para la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información.

Atentamente
Licenciado Juan Felipe Ávila Reyes
Director de la Unidad
 
 
 

DE LA COMISIÓN JURISDICCIONAL

A la presentación de su informe final, que se llevará a cabo el viernes 18 de agosto, a las 14 horas, en salón por confirmar.

Orden del Día

 

DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

A la presentación de su informe final y otras publicaciones, que se realizará el martes 22 de agosto, a las 12 horas, en el hotel Holliday Inn, plaza Dalí, situado en avenida viaducto Río de la Piedad, número 260, entre Francisco del Paso y Congreso de la Unión (salón por confirmar).

Atentamente
Diputado Iván García Solís
Presidente
 

 

DE LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

A la clausura y entrega de reconocimientos del diplomado Gestión integral de la función pública en México: profesionalización y transparencia, que se efectuarán el jueves 24 de agosto.

Atentamente
Diputado Víctor Hugo Islas Hernández
Presidente