Gaceta Parlamentaria, año IX, número 1986, martes 11 de abril de 2006
Base de datos de dictámenes, Permite búsquedas de acuerdo con la comisión que
presenta, la legislación afectada y el estado del dictamen dentro del proceso legislativo

Dictámenes negativos Comunicaciones Actas Indicadores Convocatorias Invitaciones
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dictámenes negativos
DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A AGILIZAR, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA SUPRESIÓN DE LA VEDA DE AGUAS DE LA CUENCA DEL RÍO PAPALOAPAN

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, para que a través de la Comisión Nacional del Agua, agilice los tramites necesarios para la supresión de la veda de aguas de la cuenca del río Papaloapan, presentada por el C. diputado federal Gonzalo Ruiz Cerón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, turnada el 28 de abril de 2006. Lo anterior, en ejercicio del artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

La Comisión de Recursos Hidráulicos de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en el Pleno de esta Cámara de Diputados, el 28 de abril de 2006, los CC. secretarios de la misma, dieron cuenta al Pleno del punto de acuerdo que presentó el C. diputado federal Gonzalo Ruiz Cerón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. En esa misma fecha, el C. Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó dar el siguiente tramite: "Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos".

Tercero. Mediante sus propios conductos la Comisión de Recursos Hidráulicos dio cuenta a sus integrantes del contenido de esta proposición con punto de acuerdo.

Cuarto. El C. legislador propone el siguiente:

"Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de sus áreas correspondientes como es la Comisión Nacional del Agua, agilice los trámites necesarios para la supresión de la veda de aguas de la cuenca del río Papaloapan." Quinto. El 23 de julio de 1947, se publicó en el "Diario Oficial de la Federación" el acuerdo de la Secretaria de Recursos Hidráulicos mediante el cual se declaró vedado, por tiempo indefinido, el otorgamiento de concesiones para aprovechar las aguas del río Papaloapan y las de todos sus afluentes y subafluentes que constituyen su cuenca tributaria, desde sus orígenes dentro del estado de Oaxaca, hasta su desembocadura en el Golfo de México, estado de Veracruz, que en aquel momento se estableció para diseñar y construir las obras requeridas para el integral desarrollo de la extensión del país que incluía dicha cuenca del río Papaloapan, que abarcaba zonas muy ricas de ambos estados, que en aquel entonces contemplaba o preveía obras fundamentales como grandes presas de almacenamiento y de derivación, canales de riego y de drenaje, canales de fuerza, plantas hidroeléctricas, etcétera.

Sexto. Muchos de los objetivos que dieron lugar a dicha veda de aguas de la cuenca del río Papaloapan, a más de medio siglo, quedaron sin realizarse y en dicho tiempo sólo se concretó la construcción de una planta hidroeléctrica para la generación de energía, demandándose por el sector productivo agrícola de la región la supresión de dicha veda, para que se acceda a la posibilidad de utilizar en forma racional las aguas de la cuenca del río Papaloapan, necesarias para la producción agropecuaria segura y permanente, no en forma exclusivamente o mayormente de temporal con bajos rendimientos y prácticamente de subsistencia que no escapan de las sequías recurrentes que han agravado la situación de producción en la zona, en que la Gerencia Regional del Golfo Centro cuenta con el estudio técnico de disponibilidad y la manifestación de impacto regulatorio justificativo para la supresión de la veda, presentados al Consejo de Cuenca del río Papaloapan en coordinación con la Subdirección General Técnica. Con base en lo anteriormente señalado en los antecedentes, emitimos las siguientes:

Séptimo. Con fecha 9 de diciembre de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se dan a conocer los resultados del estudio técnico para la supresión de la veda de aguas superficiales y para la expedición del Reglamento de Control de la Explotación, uso o aprovechamiento en doce cuencas de la región hidrológica 28 río Papaloapan, por lo que con base en los anteriores antecedentes, emitimos las siguientes:

Consideraciones

Primero. La Comisión de Recursos Hidráulicos, con las atribuciones y facultades antes señaladas se abocó a dictaminar la proposición con punto de acuerdo referida.

Segundo. Que con fundamento en la fracción LXV del artículo 3o. de la Ley de Aguas Nacionales vigente, se establece que las zonas de veda son aquellas áreas específicas de las regiones hidrológicas, cuencas hidrológicas o acuíferos, en las cuales no se autorizan aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos legalmente y éstos se controlan mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro del agua en cantidad o calidad, por la afectación a la sustentabilidad hidrológica, o por el daño a cuerpos de agua superficiales o subterráneos.

Tercero. Muchas de las condiciones que dieron lugar a dicha veda de aguas de la cuenca del río Papaloapan, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 1947, hace más de medio siglo, han cambiado, ya que actualmente inclusive pueden propiciar frenar el desarrollo sustentable de la región de afluencia de dicha cuenca, por lo que tal disposición de veda de las aguas de la cuenca del río Papaloapan debería cancelarse, para que se acceda a la posibilidad de utilizar en forma racional e integral las aguas del río aquí señaladas, necesarias para la producción agropecuaria segura y permanente, no en forma exclusivamente o mayormente de temporal con bajos rendimientos y prácticamente de subsistencia que no escapan de las sequías recurrentes que han agravado la situación de producción en la zona, en que la Gerencia Regional del Golfo Centro cuenta con el estudio técnico de disponibilidad y la manifestación de impacto regulatorio justificativo para la supresión de la veda, presentados al Consejo de Cuenca del río Papaloapan en coordinación con la Subdirección General Técnica.

Cuarto. Toda vez que con fecha 9 de diciembre de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se dan a conocer los resultados del estudio técnico para la supresión de la veda de aguas superficiales y para la expedición del Reglamento de Control de la Explotación, Uso o Aprovechamiento en Doce Cuencas de la Región Hidrológica 28 Río Papaloapan, en este sentido, queda sin materia la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, para que a través de la Comisión Nacional del Agua, agilice los trámites necesarios para la supresión de la veda de aguas de la cuenca del río Papaloapan.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión Recursos Hidráulicos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, para que a través de la Comisión Nacional del Agua, agilice los trámites necesarios para la supresión de la veda de aguas de la cuenca del río Papaloapan, presentada por el diputado Gonzalo Ruiz Cerón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, turnada el 28 de abril de 2005.

Comisión de Recursos Hidráulicos, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 13 de diciembre de 2005.

Diputados: Fernando Ulises Adame de León (rúbrica), Presidente; Juan Carlos Núñez Armas (rúbrica), secretario; Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica), secretario; Jesús Humberto Martínez de la Cruz (rúbrica), secretario; Israel Tentory García (rúbrica), secretario; Miguel Ángel Rangel Ávila (rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Pascual Sígala Páez, Inelvo Moreno Álvarez, Beatriz Mojica Morga (rúbrica), Elpidio Tovar de la Cruz (rúbrica), Jacqueline G. Argüelles Guzmán (rúbrica), Gonzalo Rodríguez Anaya, Alberto Urcino Méndez Gálvez (rúbrica), Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), Alfredo Rodríguez y Pacheco, José Guadalupe Osuna Millán, Marco Antonio Gama Basarte, Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica), Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica), Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, Manuel E. Ovalle Araiza, Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Irma Guadalupe Moreno Ovalles (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres, José Rangel Espinosa (rúbrica), Jesús Zúñiga Romero (rúbrica), J. Miguel Luna Hernández.
 
 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, Y DE RECURSOS HIDRÁULICOS, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELACIONADA CON LAS ENTREGAS DE AGUA A ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EN EL MARCO DEL TRATADO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS AGUAS INTERNACIONALES DE LOS RÍOS COLORADO, TIJUANA Y BRAVO

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondientes a la LIX Legislatura, les fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo, en relación con las entregas de agua a los Estados Unidos de Norteamérica, en el marco del tratado para la distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, presentada por el C. diputado federal Jesús Humberto Martínez de la Cruz, a nombre de los diputados de los estados de Coahuila y Tamaulipas, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentada el 23 de octubre de 2003. Lo anterior, en ejercicio del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que sometió a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Las Comisiones Unidas de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 39 numeral 1, 45 numeral 6 incisos e), f) y numeral 7 aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 58, 60, 87 y 88 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo enviada, por lo que se somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente proyecto de dictamen:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en el Pleno de esta Cámara de Diputados, el 23 de octubre de 2003, los CC. secretarios de la misma, dieron cuenta al Pleno del punto de acuerdo que presentó el C. diputado Federal Jesús Humberto Martínez de la Cruz, a nombre de los diputados de los estados de Coahuila y Tamaulipas, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. En esa misma fecha, el C. Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Recursos Hidráulicos".

Tercero. El C. legislador propone lo siguiente:

"Primero. Se cite a comparecer ante las Comisiones de Agricultura y de Recursos Hidráulicos de esta Cámara de Diputados, al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al titular de la Comisión Nacional del Agua y al Comisionado Mexicano ante la Comisión Internacional de Límites y Aguas a objeto de analizar el estado actual y las perspectivas del problema;

Segundo. Se exhorte al Ejecutivo federal que incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2004, una partida de 630 millones de pesos para compensar las afectaciones generadas por el actual desequilibrio de la cuenca, o en su defecto que esta soberanía incluya la partida mencionada tal como ha sido necesario en años anteriores; y

 Tercero. Se promueva el establecimiento de un convenio permanente para atender las afectaciones que genere el cumplimiento del tratado descrito, en tanto se resuelve el problema de fondo."

Cuarto. Para regular la distribución de aguas internacionales, debido a la situación geográfica en que se encuentran los ríos y en el cual el Bravo es al mismo tiempo línea divisoria, los Gobiernos de México y Estados Unidos firmaron acuerdos hace 99 y 61 años respectivamente, el primero de los mencionados data del 21 de mayo de 1906, en que se firmó la "Convención para la equitativa distribución de las aguas del río Grande", que regula la entrega anual de agua para el Valle de Juárez, cuatro décadas más tarde, el 3 de febrero de 1944, signaron el "Tratado sobre distribución de aguas internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América", que regula las derivaciones del río Conchos al río Bravo y las derivaciones del río Colorado hacia Baja California.

Quinto. El Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América de 1944, estipula que los Estados Unidos de América deben entregar a México una cantidad anual fija de agua de 1,850 millones de metros cúbicos (mm3) proveniente del río Colorado, que en cada periodo de cinco años han entregado a México un total de 9,250 millones de metros cúbicos (mm3), mientras que México debe entregar a los Estados Unidos de América una cantidad de agua de 2,159 millones de metros cúbicos (mm3), proveniente del río Bravo y sus principales afluentes en ciclos de cinco años, que en los quinquenios comprendidos de 1992 a 1997 y en el de 1997 a septiembre de 2002 no cumplió y de que la situación en el sur del estado de Texas en ese momento manifestaban que era apremiante, en el que manejaban un balance de la situación con respecto al Río Bravo, según lo establecido por dicho Tratado Internacional, como sigue:

Sexto. Con fecha 16 de marzo de 2001, se levantó el Acta 307 celebrada en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en Washington, D. C., en que la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos, se reunió con representantes y funcionarios de alto nivel de los dos gobiernos, para considerar las medidas propuestas por el Gobierno de México en el cuarto año del actual ciclo de cinco años, para el cumplimiento parcial de la obligación estipulada en el inciso c), del apartado B del artículo 4, del Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, de fecha 3 de febrero de 1944, en los que en reunión previa celebrada el 16 de febrero de 2001, entre los mandatarios de ambos países, en San Cristóbal Guanajuato, dónde se formuló una solicitud de agua por un volumen de 740 Millones de metros cúbicos (Mm3) al 31 de julio de 2001, para reducir el déficit actual en las aportaciones de los tributarios mexicanos del río Bravo, en el que se aseguró que México pusiera a disposición de los Estados Unidos la cantidad de agua antes señalada, así como las medidas adicionales que llevaría acabo el Gobierno de México para estar en condiciones de cubrir dicho déficit de agua del ciclo anterior y comprometidos a prevenir que tengamos que encontrarnos nuevamente en una situación similar mas adelante, acta que entró en vigor una vez que se notificó su aprobación, con el desempeño siguiente:

Séptimo. Con fecha 28 de junio de 2002, la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos se reunió en Ciudad Juárez, para considerar las propuestas del Gobierno de México, respecto a la asignación a Estados Unidos de aguas del río Bravo durante el último año del ciclo actual de cinco años, en el marco del apartado B, del artículo 4, del Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, de fecha 3 de febrero de 1944, levantándose el Acta 308, recomendando los comisionados para su aprobación a los dos gobiernos, que la Comisión Internacional de Límites y Aguas, contabilizaría a favor de los Estados Unidos 111 Millones de metros cúbicos (Mm3) de las aguas almacenadas en las presas internacionales de La Amistad y Falcón, conjuntamente con la sección estadounidense, en que además instarían un proyecto de conservación, mantenimiento y obra hidráulica mediante financiamiento por instituciones internacionales para la conservación y mejor aprovechamiento del agua como medidas necesarias para asegurar su conducción hacia el río Bravo, así como la planeación y cooperación para el manejo de las sequías recurrentes y el manejo sustentable de esta cuenca por las autoridades de ambos países, acta que entró en vigor una vez que se notificó su aprobación.

Octavo. Con fecha 3 de julio de 2003, en El Paso Texas la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos se reunió levantando el Acta 309, para atender lo estipulado en la recomendación Núm. 2 del Acta 308 de dicha Comisión, intitulada "Asignación a Estados Unidos de aguas del Río Bravo durante el último año del ciclo actual", de fecha 28 de junio de 2002, en relativo a que la Comisión proveerá sus observaciones a los dos gobiernos y al Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), respecto a los volúmenes estimados de agua ahorrados con los proyectos emprendidos por el Gobierno de México para modernizar y tecnificar los distritos y unidades de riego en la cuenca del río Bravo, para hacerlos sustentables y sobre las medidas necesarias para asegurar la conducción de las aguas ahorradas hacia el río Bravo, cuyo costo sería por $40 millones de dólares constituido con las utilidades retenidas del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), que iniciarían en los tres distritos de riego del río Conchos, y una vez concluidos los procedimientos y aprobaciones del BDAN, se aplicarían en su totalidad a las obras del distrito de riego 005 de Delicias, certificadas por la Cocef el 17 de octubre de 2002, en que el estado de Chihuahua tiene el compromiso de aportar 309 Millones de metros cúbicos (Mm3) a través de los tres distritos del río Conchos y que también se acumula y se tiene que ceder a los Estados Unidos de América de la presa La Amistad en Coahuila y la Falcón en Tamaulipas, crisis también causada por los efectos de recurrentes sequías, en que surgió nuevamente una polémica ancestral, en que se argumenta que los tratados en materia de aguas internacionales no calcularon el pago de las cantidades diferenciadas de agua a ceder en tiempos de sequías que repercuten en la capacidad de disposición de agua bajo dichas circunstancias a los Estados Unidos de América, en que existen hoy, como antes, voces que se pronuncian por una revisión de los acuerdos.

Noveno. La realidad, sin embargo, es que nuestro país es beneficiado con los acuerdos, ya que México no tiene dónde almacenar más agua, pues sólo existe capacidad para captar el 1% de la precipitación pluvial en las presas de almacenamiento y los ríos que de manera natural conducen al Bravo el agua que no podemos retener, en que México recibe un volumen de aguas internacionales cuatro veces mayor al que se deriva hacia Estados Unidos de América, según el tratado firmado por ambos países en 1944, en el que sí existe una deuda de agua y como consecuencia deberá hacerse el pago correspondiente, sin embargo el problema de fondo en realidad es otro, toda vez que si se modificaran los tratados para ceder a Chihuahua un mayor volumen del recurso, en dicha entidad no existe la infraestructura para impedir los escurrimientos naturales de agua hacia el río Bravo, por el bajo volumen de almacenamiento en las presas de recolección al promedio de precipitación pluvial, o derivada hacia Sonora y Sinaloa, que en temporada de lluvia en abundancia, no hay forma de detener el caudal que corre hacia el río Bravo a través del principal afluente del río Conchos, de hecho las presas de dicho estado apenas tienen capacidad para almacenar tan sólo el 1% de lo que llueve en un año normal o de sequía. El resto se evapora o se filtra al subsuelo, entre tanto, el valle de Juárez es la zona más beneficiada en Chihuahua por los convenios internacionales, ya que cada año recibe 74 millones de metros cúbicos de aguas internacionales provenientes del río Bravo, a través de la Acequia Madre que cruza la ciudad, gracias a ello escapó de la sequía que enfrenta el resto del estado y su producción agrícola alcanzó una cifra récord el ciclo anterior, a pesar de que no cuenta con presas de almacenamiento de agua. Existen tres cuencas de aguas internacionales cuya distribución geográfica de los ríos Colorado, Bravo y Tijuana, la mayor parte de la superficie está del lado estadounidense, el río Colorado mide 643 mil 840 kilómetros cuadrados, de los cuales el 99.6% se localiza en Estados Unidos y el restante 0.4% en México. La distribución natural de la cuenca del río Bravo es la más equitativa entre los dos países, con el 43.3% de la superficie de 444 mil 560 kilómetros cuadrados en México y el resto 57.5% a los Estados Unidos de América, la cuenca más pequeña es la del río Tijuana que tiene una superficie de 4 mil 224 kilómetros cuadrados, de los que el 27.6% se encuentra en Estados Unidos y 72.4% en México.

Décimo. Con fecha 10 de marzo de 2005, en la ciudad de México, Distrito Federal, el titular del Ejecutivo federal, sostuvo una reunión bilateral con la secretaria de Estado del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, Condoleezza Rice, en la que se comprometió al pago del adeudo de 886 Millones de metros cúbicos (Mm3) de agua, después de complicadas negociaciones, que generaron en su momento una enorme controversia Internacional, en que el antecedente vigente que existe entre ambos países vecinos son del 21 de mayo de 1906, en que se firmó la "Convención para la equitativa distribución de las aguas del río Grande" y el "Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales" que data de 1944, independientemente de que las circunstancias y condiciones de la actualidad ya no son las que existían hace 99 y 61 años respectivamente y también los otros antecedentes que existen son las Actas 307, 308 y 309 que suscribieron ambos países, en la cual se preveía ahorrar y reservar volúmenes de agua mediante la modernización y mejora de la infraestructura de los distritos de riego del río Conchos y en que además se determinaron medidas para que se cediera o traspasara agua al río Bravo, también conocido como el río Grande, a efecto de cubrir con ello faltantes de pago de agua a los Estados Unidos de América. Así mismo, en el presente caso por la ineludible relación con el marco jurídico es de observarse la tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se reproduce en forma textual:

"Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: X, Noviembre de 1999
Tesis: P. LXXVII/99
Página: 46

Tratados internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución federal. Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión "... serán la Ley Suprema de toda la Unión ..." parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de "leyes constitucionales", y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al Presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de Jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que "las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados." No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro "Leyes federales y tratados internacionales. Tienen la misma jerarquía normativa"; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal.

Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de octubre en curso, aprobó, con el número LXXVII/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

Nota: Esta tesis abandona el criterio sustentado en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 60, octava época, diciembre de 1992, página 27, de rubro: "Leyes federales y tratados internacionales. Tienen la misma jerarquía normativa".

 Decimoprimero. Que en con fecha 23 de marzo de 2005, el titular del Ejecutivo federal, sostuvo una reunión de estado con George W. Bush, Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, en Texas, donde se acordaron formalmente los términos y la forma de pago del adeudo de agua de México a los Estados Unidos de Norteamérica, que quedaría cubierto en octubre de 2005, negociaciones en las que se acordó que se cubriría el déficit como sigue:

Decimosegundo. Mediante sus propios conductos la Comisión de Recursos Hidráulicos dio cuenta a sus integrantes del contenido de esta proposición con punto de acuerdo, el cual para fundamentar el presente dictamen lleva a cabo las siguientes:

Consideraciones

Primero. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Recursos Hidráulicos, con las atribuciones y facultades antes señaladas se abocó a dictaminar la proposición con punto de acuerdo referida.

Segundo. Que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el agua es catalogada como un recurso estratégico de prioridad y asunto de seguridad nacional, como también se establece en el artículo 7, fracción I, de la Ley de Aguas Nacionales actualmente vigente.

Tercero. Que en términos del Tratado para la Distribución de las Aguas Internacionales de los Ríos Colorado, Tijuana y Bravo, durante los ciclos 25 y 26 nuestro país acumuló un faltante de 1,722 millones de metros cúbicos en las entregas de agua comprometida con los Estados Unidos y que para reponer dicho faltante, el país se ha visto en la necesidad de tomar las aguas con las que se abastecen los usuarios de las subregiones hidrológicas del medio y bajo Bravo, afectando 215,000 hectáreas y la economía de más de 15 mil familias de agricultores de la región.

Cuarto. Que las entregas de agua referidas han generado la necesidad de emprender programas de apoyo para resarcir a los agricultores afectados, particularmente en el ciclo agrícola 2001-2002, en el que se tomaron 377 millones de metros cúbicos de las presas internacionales La Amistad y Falcón.

Quinto. Que esta soberanía se vio en la necesidad de autorizar una partida presupuestal de 460 millones de pesos para compensar las afectaciones por las entregas de dichos volúmenes, recursos que resultaron insuficientes y que ameritaron que la actual Legislatura, en punto de acuerdo de fecha 11 de septiembre anterior, solicitara al Ejecutivo recursos adicionales para el efecto.

Sexto. Que en el pasado ciclo hidrológico 2002-2003, nuevamente se entregaron a los Estados Unidos volúmenes por más de 300 millones de metros cúbicos de las presas internacionales Amistad y Falcón, lo que afectó la disponibilidad de agua para el próximo ciclo agrícola otoño-invierno 2003-2004.

Séptimo. Que pese a que el Ejecutivo federal, tal como se ratifica en la glosa entregada a esta soberanía en fecha anterior, se comprometiera a reglamentar la cuenca para un uso integral y proporcional de sus aguas, en el pasado ciclo agrícola, aún sin disponer del reglamento, se ejecutó una distribución no proporcional, lo que repercutió en la disponibilidad actual de agua en el medio y bajo Bravo, generando una afectación adicional a la ocasionada por las entregas de agua de las presas internacionales La Amistad y Falcón.

Octavo. Este delicado problema ha merecido la atención permanente del Poder Legislativo, debido a la naturaleza de esta controversia internacional que se ha suscitado con los Estados Unidos de Norteamérica.

Noveno. Se estima que 321 millones de metros cúbicos tomados de las presas Amistad y Falcón, más un volumen aproximado de 150 millones de metros cúbicos no trasvasado de la subregión río Conchos que obligó a la utilización de aguas de las cuencas del río Álamo y río San Juan, afectan en conjunto con más de 470 millones de metros cúbicos la disponibilidad de agua del próximo ciclo, que en términos de la restricción que esto generará sobre el Plan de Riegos en el presente ciclo agrícola, demandará de una asignación de recursos de 630 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2004.

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Recursos Hidráulicos, someten a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado Jesús Humberto Martínez de la Cruz, a nombre de los diputados de los estados de Coahuila y Tamaulipas, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, turnada el 23 de octubre de 2003.

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Recursos Hidráulicos, Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a los 5 días del mes de diciembre de 2005.

La Comisión de Relaciones Exteriores

Diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica), Presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica), Carlos Jiménez Macías (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), Jorge Martínez Ramos (rúbrica), secretarios; Homero Díaz Rodríguez (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), José Luis Flores Hernández (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Carlos Flores Rico, Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja, Humberto Cervantes Vega (rúbrica), José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Sami David David, Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas (rúbrica), Juan José García Ochoa (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Alejandro González Yáñez, Benito Chávez Montenegro (rúbrica), Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica), Guadalupe Morales Rubio (rúbrica), Sergio Penagos García (rúbrica), Cristina Portillo Ayala, Francisco Javier Saucedo Pérez (rúbrica), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica).

La Comisión de Recursos Hidráulicos

Diputados: Fernando Ulises Adame de León (rúbrica), Presidente; Juan Carlos Núñez Armas (rúbrica), Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica), Jesús Humberto Martínez de la Cruz (rúbrica), Israel Tentory García (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Rangel Ávila, José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Inelvo Moreno Álvarez, Beatriz Mojica Morga (rúbrica), Elpidio Tovar de la Cruz, Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, Gonzalo Rodríguez Anaya, Alberto Urcino Méndez Gálvez (rúbrica), Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), Alfredo Rodríguez y Pacheco, José Guadalupe Osuna Millán (rúbrica), Marco Antonio Gama Basarte, Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica), Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica), Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), Manuel Enrique Ovalle Araiza, Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Irma Guadalupe Moreno Ovalles (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres, José Rangel Espinosa (rúbrica), Jesús Zúñiga Romero (rúbrica), J. Miguel Luna Hernández.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A OPERAR, SIN LA INTERVENCIÓN DEL FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES, EL PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el veintitrés de marzo del presente año fue turnado, por la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, a esta Comisión, para su análisis y dictamen, el proyecto con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a que opere directamente, sin la intervención del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), el programa de vivienda rural.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 56, 60, 65, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo, la Comisión de Vivienda somete a la consideración de esta honorable asamblea el dictamen correspondiente al mencionado proyecto, para cuyo efecto se tomaron en consideración los siguientes:

Antecedentes

Primero.- En sesión celebrada ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el veinticinco del mes de febrero de dos mil cuatro, el diputado federal Rafael Galindo Jaime presentó, a nombre de él y del diputado federal Carlos Flores Rico, ambos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el proyecto con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a que opere directamente, sin la intervención del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), el programa de vivienda rural.

Segundo.- Con fecha veintitrés de marzo del dos mil cuatro, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, turnó a esta Comisión dicho proyecto para su análisis y dictamen.

Consideraciones

I. El exponente señala que el Programa de Vivienda Rural es parte de los compromisos establecidos el 28 de abril del año 2003 por el Gobierno Federal ante las organizaciones campesinas del país, dentro del marco de suscripción del Acuerdo Nacional para el Campo.

Hace partícipe a la asamblea de que el objetivo de dicho programa es apoyar la construcción, ampliación y mejoramiento de viviendas en el medio rural. Menciona que en el acuerdo se estableció, también, privilegiar el uso de materiales regionales y la aportación de mano de obra de los beneficiarios en las construcciones de las viviendas de tipo rural.

Al respecto, consideramos que dicho fin es lícito y que en ningún momento se dejaría de cumplir el acuerdo por el hecho de que el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) ejerza los recursos destinados a la implementación del Programa de Vivienda Rural, al contrario, se daría uniformidad a las acciones de gobierno y, con ello, se garantizaría el principio de seguridad jurídica a favor de los mexicanos ya que el decreto que establece el Fondo Nacional de Apoyo Económico a la Vivienda (Fonaevi), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio del 2003 establece que es obligación del Fonhapo hacerse cargo de todos los subsidios que se utilizarán para apoyar la construcción, autoconstrucción, mejoramiento y adquisición de las viviendas de las familias de menores ingresos.

II. Refiere, atinadamente, que los diputados de la LIX Legislatura, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del presente año, establecimos un presupuesto de 750 millones de pesos, lo que significa un incremento de 188 por ciento con relación a los recursos ejercidos el año anterior. Con este razonamiento estamos plenamente de acuerdo, y tan lo hemos estado que durante las negociaciones de dicho Presupuesto, la Comisión tuvo pláticas constantes y cercanas con las autoridades del Fonhapo y de la Secretaría de Desarrollo Social para que se le dieran más recursos a la vivienda de interés social, logrando, también, que el estatus del Fideicomiso pasara nuevamente a ser banca de primer piso.

Asimismo, el proponente señala que con el objeto de garantizar el cumplimiento de los objetivos de los programas que integran el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, se estableció, en el artículo décimo octavo del decreto, que los recursos asignados a éstos no podrán ser utilizados para fines distintos a los que marcan sus reglas de operación, ni traspasados a otras unidades administrativas de las secretarías responsables de su ejecución, o entre dependencias y entidades.

En este rubro, apuntamos que precisamente es en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para este año, el que establece que la obligación de aplicar el recurso es del Fonhapo, según se desprende del artículo 57 del decreto en mención:

Artículo 57. Los programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 "Desarrollo Social" se destinarán exclusivamente a la población en condiciones de pobreza y de marginación de acuerdo con los criterios oficiales dados a conocer por la Secretaría de Desarrollo Social, a través de acciones que promuevan el desarrollo integral de las personas, comunidades y familias, la generación de ingresos y de empleos, y el desarrollo local, urbano y regional, tomando en consideración los criterios que propongan las entidades federativas. Los recursos de dichos programas se ejercerán conforme a las reglas de operación emitidas y las demás disposiciones aplicables.

Para estos fines, el Ramo Administrativo 20 considera la siguiente estructura:

I. Los programas para el Desarrollo Local (Microrregiones), de Opciones Productivas; Hábitat; de Empleo Temporal; de Atención a Jornaleros Agrícolas; de Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales; y, de Iniciativa Ciudadana 3x1, y

II. Los programas de Vivienda Rural, a cargo del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Fonhapo; así como de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, SA de CV; de Abasto Rural y de Apoyo Alimentario, a cargo de Diconsa, SA de CV; de Desarrollo Humano Oportunidades; de Coinversión Social; del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Fonart; del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Inapam; y, del Fondo Nacional de Apoyo Económico a la Vivienda Fonaevi.

Se adicionan al Ramo 20 Desarrollo Social, 50 millones de pesos para el Programa Hábitat, los cuales deberán aplicarse, en partes iguales, a la conservación de las ciudades mexicanas declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO: Campeche, Ciudad de México, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlacotalpan, Zacatecas y eventualmente, San Luis Potosí. Los recursos aportados por la Federación serán de hasta 50% del monto de los proyectos, correspondiendo el 50% restante a la aportación local, ya sea estatal, municipal y de los sectores social y privado.

En los términos de los convenios de coordinación suscritos entre el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, y los gobiernos estatales, se impulsará el trabajo corresponsable en materia de superación de pobreza y marginación, y se promoverá el desarrollo humano, familiar, comunitario y productivo.

Este instrumento promoverá que las acciones y recursos dirigidos a la población en situación de pobreza se efectúen en un marco de coordinación de esfuerzos, manteniendo en todo momento el respeto a los órdenes de gobierno así como el fortalecimiento del respectivo Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal.

Derivado de este instrumento se suscribirán acuerdos y convenios de coordinación y anexos de ejecución en los que se establecerán: la distribución de los recursos de cada programa por región de acuerdo con sus condiciones de rezago, marginación y pobreza, indicando en lo posible la asignación correspondiente a cada municipio; las atribuciones y responsabilidades de la federación, estados y municipios y, las asignaciones presupuestarias de los órdenes de gobierno que concurran en sujeción a los programas concertados.

Una vez suscritos estos convenios, la Secretaría de Desarrollo Social deberá publicarlos en el Diario Oficial de la Federación, en un plazo no mayor de 10 días hábiles.

Con el objeto de fortalecer y coadyuvar en la visión integral de los programas para el Desarrollo Social, se promoverá la celebración de convenios, acuerdos o bases de coordinación interinstitucional entre las dependencias y entidades que participen en ellos, a fin de dar cumplimiento a los criterios establecidos en este decreto.

Con el propósito de fortalecer la Estrategia Nacional de Atención a Microrregiones, las dependencias y entidades que participen en ella, identificarán las acciones que se desarrollen en este ámbito de acción e informarán a la Secretaría de Desarrollo Social, dentro de los 20 días naturales posteriores a cada trimestre, los avances físicos y presupuestarios en el ejercicio de dichas acciones, a nivel de localidad.

Cuando la Secretaría, la Función Pública o la Secretaría de Desarrollo Social, en el ámbito de sus respectivas competencias, detecten faltas de comprobación, desviaciones, incumplimiento a los convenios o acuerdos, o incumplimiento en la entrega oportuna de información relativa a avances y metas alcanzadas, la Secretaría de Desarrollo Social, después de escuchar la opinión del gobierno estatal, podrá suspender la radicación de los recursos federales e inclusive solicitar su reintegro, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones aplicables.

Para el control de los recursos que se asignen a los estados, la Función Pública convendrá con los gobiernos estatales, los programas o las actividades que permitan garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables.

Los ejecutores de los programas deberán informar trimestralmente a las entidades federativas y a la Secretaría de Desarrollo Social los avances de ejecución físicos y financieros.

 Siendo coherentes, el señalar que los recursos sean administrados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) sería violentar una disposición expresa de esta soberanía, además, y en términos de lo señalado por el promovente, violentaría el transitorio décimo octavo del decreto que, a la letra, dice: Décimo Octavo. Los recursos asignados a los programas y componentes que integran el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, indicados en el anexo 17, no podrán ser utilizados para fines distintos a los que marcan sus reglas de operación, ni traspasados a otras unidades administrativas de las secretarías responsables de los programas, o entre dependencias y entidades.

Las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable deberán incorporar mecanismos que eficienten el gasto asociado a la entrega de los apoyos y los de operación para el seguimiento, supervisión y evaluación, de manera tal que se generen oportunidades para canalizar los recursos a través de una sola ventanilla gubernamental de gestión y entrega de recursos. Asimismo, se deberán identificar programas y componentes similares que operan diversas dependencias y entidades, a fin de que se resectoricen o se delimiten los alcances de cada uno de ellos.

Para efecto de lo anterior, la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, entregará a más tardar el primer día hábil de abril a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a las Comisiones Unidades del Sector Rural de la Cámara de Diputados, previa aprobación del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, el informe sobre los mecanismos instrumentados, conforme el párrafo anterior, así como los programas sujetos de alineación y resectorización, indicando la dependencia que los operará.

Adicionalmente, la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable entregará en el informe indicado en el párrafo anterior, la viabilidad de que:

a) Los recursos asignados en el Programa de Empleo Temporal correspondientes a las secretarías de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, sean administrados y ejecutados por esta última dependencia;

b) Los programas cuya población objetivo correspondan a mujeres, como en el caso de las secretarías de Economía, Desarrollo Social y Reforma Agraria, se consolidarán en esta última dependencia, y

c) Los programas de desarrollo regional que se encuentran en diversas secretarías, deberán sectorizarse en la de Desarrollo Social.

 En el informe se deberán establecer fechas límite para, en su caso, la realización y logro de estas actividades.

III. En su exposición, el ponente señala la existencia de reuniones sostenidas con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, en los que éstos manifestaron su intención de transferir los recursos del Programa de Vivienda Rural al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), situación que, dijo, "?preocupa a las organizaciones campesinas que concebimos este programa y lo concretamos en el Acuerdo Nacional para el Campo como un instrumento del Gobierno Federal para atender los severos problemas de vivienda que enfrenta la población del campo mexicano", siendo este argumento de poca contundencia en el convencimiento de quienes hoy dictaminamos el presente punto de acuerdo, considerando que la actitud adoptada por las autoridades de la Sedesol es la correcta, puesto que es en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de esta Cámara.

IV. Estamos convencidos de la contundencia jurídica, moral y social que tienen los razonamientos que los promoventes hacen en torno a la importancia de la vivienda en nuestro país. Por lo tanto creemos que es cierto:

1. El que la vivienda es indispensable para el desarrollo integral del ser humano, y que el carecer de una vivienda digna y segura es también una de las causas principales que orillan a los jóvenes de las comunidades rurales a emigrar a las zonas urbanas o hacia Estados Unidos de América.

2. Que las condiciones de la vivienda son fundamentales para el desarrollo armónico de la familia.

3. Que las condiciones económicas que privan en el campo mexicano han ocasionado que la población construya su vivienda en forma desordenada, sin los servicios elementales, con materiales precarios y sin respeto y protección al medio ambiente.

4. Que la vivienda de la mayoría de la población rural es insalubre, estrecha y carece en gran medida de los servicios básicos.

5. Que en el campo, la mayoría de la población es propietaria del terreno en el que tiene su vivienda, pero carece de recursos para ampliarla o mejorarla, por ello, la participación del gobierno en materia de vivienda rural es indispensable.

6. Que de acuerdo a las cifras oficiales, en el campo mexicano el 70 por ciento de la población se encuentra en condiciones de pobreza patrimonial, lo cual significa que sus ingresos le son insuficientes para satisfacer adecuadamente sus necesidades de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público.

 V. En lo que no estamos de acuerdo con los expositores, es en razón de querer atribuir a la Sedesol el manejo exclusivo de los recursos destinados al Programa de Vivienda Rural, ya que aún y cuando la facultad que le atribuye la fracción VI del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (que abajo se transcribe), esto no impide que la misma Secretaría delegue su facultad en un inferior, como lo es el Fonhapo, que es un órgano desconcentrado de dicha dependencia: Artículo 32. A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda;

II. Proyectar y coordinar, con la participación que corresponda a los gobiernos estatales y municipales, la planeación regional;

III. Coordinar las acciones que incidan en el combate a la pobreza fomentando un mejor nivel de vida, en lo que el Ejecutivo federal convenga con los gobiernos estatales y municipales, buscando en todo momento propiciar la simplificación de los procedimientos y el establecimiento de medidas de seguimiento y control;

IV. Elaborar los programas regionales y especiales que le señale el Ejecutivo Federal, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y municipales, así como autorizar las acciones e inversiones convenidas en el marco de lo dispuesto en la fracción II que antecede, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

V. Evaluar la aplicación de las transferencias de fondos en favor de estados y municipios, y de los sectores social y privado que se deriven de las acciones e inversiones convenidas, en los términos de las fracciones anteriores;

VI. Coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos de las áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales y, con la participación de los sectores social y privado;

VII. (Se deroga).

VIII. (Se deroga).

IX. Proyectar la distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, conjuntamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que corresponda, así como coordinar las acciones que el Ejecutivo federal convenga con los Ejecutivos estatales para la realización de acciones coincidentes en esta materia, con la participación de los sectores social y privado;

X. Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades;

XI. Elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de suelo urbano y el establecimiento de provisiones y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros de población, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los diversos grupos sociales;

XII. Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano, y apoyar su ejecución, con la participación de los gobiernos estatales y municipales, y los sectores social y privado;

XIII. Fomentar la organización de sociedades cooperativas de vivienda y materiales de construcción, en coordinación con las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía;

XIV. Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y urbano, así como para la vivienda, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes, de los gobiernos estatales y municipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales;

XV. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano, y el bienestar social, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado;

XVI. Asegurar la adecuada distribución, comercialización y abastecimiento de los productos de consumo básico de la población de escasos recursos, con la intervención que corresponde a la Secretaría de Economía así como a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; bajo principios que eviten el uso o aprovechamiento indebido y ajenos a los objetivos institucionales;

XVII. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

 Asimismo, analizando el texto del artículo que se transcribe, vemos que las fracciones X, XII, XIII y XIV también establecen ciertas atribuciones en materia de vivienda, mismas que no fueron mencionadas en el punto de acuerdo que se dictamina, y que se relacionan, de algún modo, con la vivienda de tipo rural. Lo anterior nos da a entender que no hubo un análisis profundo de la fundamentación del proyecto en estudio.

También, los proponentes mencionan que el objetivo fundamental del Fonhapo es otorgar crédito para vivienda destinado a la población de menores ingresos, el cuál debe ser pagado por los beneficiarios y que, con las disposiciones del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2001, se dota a esta institución de las atribuciones y facultades para operar como entidad financiera de segundo piso, canalizando sus recursos a través de organismos estatales de vivienda e instituciones financieras privadas.

En este sentido, los proponentes no hicieron una lectura completa del decreto de Presupuesto ya que, como se dijo con anterioridad, el Fonhapo vuelve a ser banca de primer piso según lo dispone el artículo 58 del Presupuesto:

Artículo 58. Los fideicomisos públicos de fomento, las instituciones nacionales de seguros, las sociedades nacionales de crédito y las demás entidades financieras, otorgarán su financiamiento o contratarán sus seguros, a través de las instituciones financieras privadas que asuman parcial o totalmente el riesgo de recuperación de estos créditos o la cobertura del siniestro.

Asimismo, se deberá prever que los recursos que se otorguen se canalicen a proyectos productivos que sean viables técnica y financieramente, con base en el dictamen y aprobación previa del comité integrado por las dependencias competentes en los sectores que se financien, así como, en su caso, prever esquemas de recuperación que aseguren la viabilidad financiera de estas instituciones.

Lo dispuesto en el párrafo primero no será aplicable a las operaciones siguientes:

I. Los avales y demás garantías, los cuales no podrán exceder del porcentaje del monto por principal y accesorios del financiamiento que determine el órgano de gobierno de la entidad respectiva, con la conformidad de la Secretaría;

II. La inversión accionaria y los créditos que se otorguen con la finalidad de constituirse como inversión accionaria;

III. Las operaciones realizadas por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC;

IV. Los financiamientos otorgados por Nacional Financiera, SNC, por un monto total igual al porcentaje que determine el órgano de gobierno con el consentimiento de la Secretaría, en el mes de enero, del total de los financiamientos estimados para el año 2004;

V. Los financiamientos otorgados por el Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC, por un monto igual al porcentaje que determine su órgano de gobierno con la conformidad de la Secretaría, en el mes de enero, del total de los financiamientos estimados para el año 2004;

VI. Los financiamientos otorgados por la Financiera Rural a los productores y a los intermediarios financieros rurales previstos en la Ley Orgánica de la Financiera Rural, distintos a las instituciones financieras señaladas en el párrafo primero del presente artículo;

VII. Los créditos otorgados por el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares y el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas en Solidaridad;

VIII. Las operaciones que correspondan a prestaciones de carácter laboral, otorgadas de manera general;

IX. Las operaciones realizadas con el Gobierno Federal, las entidades, las entidades federativas y los municipios;

X. Los financiamientos a proyectos de infraestructura y servicios públicos, que se deriven de concesiones, contratos de prestación de servicios, de obra pública, de vivienda y de parques industriales, permisos y autorizaciones de las autoridades federales, de las entidades federativas y municipios, así como de sus entidades paraestatales y paramunicipales, y

XI. Los financiamientos otorgados por el Fideicomiso de Fomento Minero serán hasta por un monto igual al porcentaje que determine su órgano de gobierno en el primer bimestre del año, mismo que no excederá del 10 por ciento del total de los financiamientos estimados para el año 2004. Dicho porcentaje podrá incrementarse hasta 30 por ciento del total de los financiamientos estimados para dicho año, según se establezca en los convenios de desempeño que al efecto se suscriban en los términos del artículo 29 de este decreto.

Los programas de financiamiento que se otorguen en condiciones de subsidio ofrecidos por los acreedores mencionados deberán sujetarse a las reglas de operación a que se refiere el artículo 55 de este decreto. Dichas reglas deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 53 de este Decreto.

 Señalan los proponentes que el Fonhapo otorga subsidios pero sólo en casos excepcionales y hasta un 80 por ciento del valor de la vivienda, situación que restringiría el acceso a los recursos a la población más pobre, quienes carecen incluso de pequeñas cantidades para destinarlas a mejorar o ampliar sus viviendas, o adquirir o construir una nueva.

En este sentido, y en el marco del Acuerdo Nacional para el Campo, vemos que entre los llamados "Acuerdos Básicos", dentro del rubro "A" ("Acciones Inmediatas"), no se señala crítica o censura alguna al Fonhapo, las que sí vierte en el improcedente punto de acuerdo que hoy se estudia:

26. Con objeto de apoyar la construcción, ampliación y mejoramiento de viviendas en el medio rural, se constituirá el Fondo Nacional de Vivienda Rural, el cual operará con base en las políticas y programas de la Conafovi y en coordinación con los organismos federales de vivienda.

27. La asignación de recursos por 260 MP se hará con estrictos criterios de equidad y se privilegiará el uso de los materiales regionales y la aportación de mano de obra de los beneficiarios. Las reglas específicas para la operación del referido Fondo, serán definidas en el seno de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo.

 VI. Todo lo señalado con antelación debe traer la siguiente conclusión: La Comisión de Vivienda de la LIX de la H. Cámara de Diputados no está contra los intereses agrarios nacionales, ni se niega a poner su mejor esfuerzo en la solución de los problemas del campo mexicano, sino todo lo contrario, estamos a favor de toda propuesta que traiga consigo el mejoramiento de la situación de los campesinos mexicanos, pero, también es obligatorio el señalar que la forma en que se planteó el proyecto de punto de acuerdo no fue el correcto, además de que su posible aprobación no iba a ayudar en nada la situación deprimente de ellos, sino todo lo contrario, ya que se dejaría un terrible antecedente de falta de apego a derecho en todo actuar de la autoridad que, ante todo, debe poner siempre a la ley en primer término y el permitir que se transfirieran fondos destinados a una entidad a una dependencia, y habiendo prohibición expresa en el Presupuesto de Egresos, que tiene rengo de ley, para ello, sería igual como si permitiéramos que la ley no fuera cumplida y de que reinara el caos y la mala administración que tanto afecta a los pueblos democráticos.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Vivienda sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Artículo Primero.- Se desecha el punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a que opere directamente, sin la intervención del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), el programa de vivienda rural, presentado por los legisladores en comento ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el veinticinco de febrero de dos mil cuatro

Artículo Segundo.- Hágase del conocimiento del Pleno de la honorable Cámara de Diputados.

Artículo Tercero.- Publíquese en la Gaceta parlamentaria.

Artículo Cuarto.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Salón de Comisiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a los veintiséis del mes de mayo de dos mil cuatro.

La Comisión de Vivienda

Diputados: Roberto Pedraza Martínez (rúbrica), Presidente; Jorge Carlos Obregón Serrano (rúbrica), secretario; Margarita Chávez Murguía (rúbrica), secretaria; Fernando de las Fuentes Hernández (rúbrica), secretario; Carlos Mireles Morales (rúbrica), secretario; Edgar Torres Baltazar (rúbrica), secretario; José Manuel Carrillo Rubio, Concepción Olivia Castañeda Ortiz, Jesús Ángel Díaz Ortega, Jorge Fernando Franco Vargas, Ady García López (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Armando Neyra Chávez, Óscar Martín Ramos Salinas, Abraham Velázquez Iribe, Alfonso Sánchez Hernández, José Juan Bárcenas González (rúbrica), Tatiana Clouthier Carrillo (rúbrica), Concepción Cruz García (rúbrica), Jaime del Conde Ugarte (rúbrica), Patricia Elisa Durán Reveles (rúbrica), Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica), Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, Juan García Costilla, Eliana García Laguna, Joel Padilla Peña, Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Lázaro Arias Martínez (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A INSTRUIR AL DIRECTOR GENERAL DEL INFONAVIT PARA QUE PROPONGA, ACUERDE E IMPLANTE UN PROGRAMA DE DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de la República a instruir al director general del Infonavit para que proponga, acuerde e implante un programa de desconcentración administrativa de dicho Instituto, misma que fue turnada el cinco de octubre del dos mil cuatro, a la Comisión de Vivienda para su estudio y dictamen.

Esta Comisión procedió a su análisis y estudio y con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los Diputados integrantes realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la proposición, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma resultado de lo cual se someter a consideración de esa honorable asamblea la presente resolución con base en los siguientes

I. Antecedentes

1. Con fecha cinco de octubre del dos mil cuatro, el diputado Pedro Ávila Nevárez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Presidente de la república a efecto de que instruyera al director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a que proponga, acuerde e implemente un programa de desconcentración administrativa del Instituto, con las siguientes finalidades.

a) Cambiar el régimen centralista en las funciones y estructura del Infonavit, para que ya no se incurra en perjuicio de la clase trabajadora.

b) Que se le dé al Infonavit una mejor y mayor estructura administrativa al interior de la República, para que al trabajador se le atienda como es debido en sus peticiones de vivienda, así como en la solución de sus problemas relacionados con las mismas.

c) Se pretende combatir la corrupción y el coyotaje al interior del Infonavit, así como con los sectores relacionados con el Instituto como los constructores y los sindicatos obreros.

d) Se busca, con esta medida de la desconcentración administrativa a nivel nacional, la simplificación administrativa, para que las tomas de decisiones relacionadas con las convocatorias para el financiamiento de la construcción de conjuntos habitacionales se adopten estatal o regionalmente con intervención de los funcionarios estatales del Instituto y de representantes de los estados y los municipios.

e) Indirectamente, se busca, con la desconcentración, el garantizar que las construcciones sean acordes con las construcciones climáticas y geográficas; con las costumbres y tradiciones del lugar; que se utilicen de manera óptima los materiales que se produzcan y se utilicen en el lugar.

f) Se pretende que, indirectamente, se abaraten de los costos en la construcción de vivienda por medio de la simplificación administrativa, así como una mejor adecuación de las viviendas a los requerimientos locales.

g) El régimen desconcentrado del Infonavit permitirá ajustar los proyectos al desarrollo urbano y estatal, debidamente integrados a las obras de infraestructura locales, dejando de ver fraccionamientos construidos en medio de la nada, sin infraestructura, comunicaciones y servicios, pero conforme al interés ilícito de constructores y funcionarios corruptos.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados dio el turno a esta dictaminadora a efecto de instrumentar el dictamen que permitirá su discusión, y en su caso su aprobación por el mismo Pleno, lo cual se hace después de una serie de estudios y análisis a la propuesta del Diputado Pedro Ávila Nevárez.

 II. Consideraciones I. Esta Comisión considera que la proposición del diputado Pedro Ávila Nevárez es meritoria y plausible, ya que las medidas concentradoras provocan una separación de la realidad y de los regionalismos que traen consigo su propia problemática y sus propias soluciones en materia de vivienda, pero que, en este caso, resulta sobradamente improcedente ya que actualmente el Infonavit ha tomado medidas al respecto como el que los trabajadores afiliados a esa Institución radicados en el interior de la República puedan realizar el mayor número de trámites en las delegaciones del Infonavit como un a medida de simplificación administrativa.

Además, para la toma de decisiones relacionadas con las convocatorias para el financiamiento de unidades habitacionales, se adopten con la debida y oportuna participación de los delegados estatales y municipales que correspondan, tomando en cuenta, también, las condiciones geográficas y climatológicas del lugar, las costumbres y tradiciones, los planes y proyectos de desarrollo urbano estatal, etcétera.

II. El problema de poder aprobar esta loable propuesta es la naturaleza misma del Instituto, que no atañe única y exclusivamente al Presidente de la República, sino a los tres sectores que componen a todo órgano emanado de los principios laborales del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo éstos el empresarial, el obrero y el gubernamental, y son éstos los que definirían su desconcentración y no propiamente el Ejecutivo federal.

III. Se dejan a salvo los derechos legislativos del proponente para que, en la vía de la iniciativa, proponga esa desconcentración, que, a los que dictaminan, nos parece una idea destacada y digna de tomar en cuenta.

 Dictamen

Artículo Primero.- Se desecha el punto de acuerdo para exhortar al Presidente de la República a instruir al director general del Infonavit para que proponga, acuerde e implante un programa de desconcentración administrativa del instituto, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentado el cinco de octubre de dos mil cuatro, en razón de que no es procedente la vía intentada.

Artículo Segundo.- Archívese como un asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de marzo del 2006.

La Comisión de Vivienda

Diputados: Roberto Pedraza Martínez (rúbrica), Presidente; Aldo Mauricio Martínez Hernández (rúbrica), secretario; Carlos Mireles Morales (rúbrica), secretario; Lázaro Arias Martínez (rúbrica); José Manuel Carrillo Rubio; Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica); Benjamín Fernando Hernández Bustamante (rúbrica); David Hernández Pérez; Armando Neyra Chávez (rúbrica); Oscar Martín Ramos Salinas; Alfonso Sánchez Hernández (rúbrica); Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica); Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica); José Javier Villacaña Jiménez (rúbrica); Margarita Chávez Murguía (rúbrica), secretaria; Jorge Carlos Obregón Serrano (rúbrica), secretario; José Juan Bárcenas González (rúbrica); Manuel Ignacio López Villarreal (rúbrica); Víctor Manuel Sánchez Hernández; Jaime del Conde Ugarte (rúbrica); Patricia Elisa Durán Reveles (rúbrica); Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica); Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo; Edgar Torres Baltazar, secretario; Daniel Ordóñez Hernández; Juan García Costilla; Cuauhtémoc Ochoa Fernández.
 

 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTITUIR EL 16 DE JUNIO COMO DÍA NACIONAL DEL FEDERALISMO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura le fue turnada, para su análisis y dictamen, proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo a fin de instaurar el 16 de junio como el Día Nacional del Federalismo.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso e) a g) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por lo artículos 58, 60, 65, 85, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

I. Con fecha diecinueve de octubre de dos mil cuatro, el diputado José Antonio Cabello Gil, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo a fin de instaurar el 16 de junio como el Día Nacional del Federalismo.

II. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición con punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen a la Comisión de Gobernación.

III. Con fecha 29 de marzo de 2006, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

 Establecidos los antecedentes, los miembros de la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

Consideraciones

I. El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina las características de nuestro régimen republicano:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta Ley Fundamental.

II. El federalismo se concibe como la idea política la cual, como se desprende del artículo 40 constitucional mencionado, tiene su base en el pacto entre las entidades, en las cuales se encuentran distribuidas las competencias respectivas que permiten el ejercicio del gobierno en un mismo territorio. Esta distribución de poderes se efectúa en diferentes ámbitos de competencia como lo es la esfera federal, la estatal y la municipal.

III. El proponente señala que el 16 de junio de 1823, la provincia de Guadalajara pasó a convertirse en el Estado Libre y Soberano de Jalisco, por lo que este territorio pasó a ser un verdadero baluarte del federalismo, además de ser uno de los mayores sustentos del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, aprobada el 23 de enero de 1824.

IV. Efectivamente, México vio su primera forma de organización política en el federalismo, los antecedentes inmediatos dentro del país obedecían a la proclamación de la Diputación Provincial para constituir a la Intendencia de Guadalajara como Estado Libre y Soberano de Jalisco al igual que otras provincias las cuales reclamaban dicha condición, tales fueron los casos de Zacatecas, donde se instaló, el 4 de abril de 1822, una Diputación Provincial y en octubre de 1823, su primer Congreso local constituyente; de Yucatán, donde Juan María Echeverri, el 15 de septiembre de 1821, proclamó la independencia de Yucatán y su adhesión espontánea a la nación mexicana y de Oaxaca, el cual declaró su condición como estado libre y soberano el 1 de julio de 1823.

V. De esta forma, se emitió el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, que posteriormente daría paso a la Constitución de octubre de 1824 y en donde se subrayaría la autonomía de los estados de la Federación, como una forma de superación del regionalismo heredado del antiguo régimen colonial español; de esta forma, se otorgaría a las entidades de las facultades, delegadas a través de los lineamientos establecidos por la Constitución, contra el centralismo político, hacendario y militar.

VI. Sin embargo, la historia constitucional de nuestro país demuestra que esta primera experiencia federalista carecía de una estructura fuerte: la desarticulación de las extensas provincias heredadas de la Colonia, la concentración del poder económico y político en unas pocas manos, la existencia del fuero militar y eclesiástico y la supresión de los poderes constituidos, provocaron el fracaso de este breve intento federalista para la nación mexicana.

VII. De ahí, la política y el gobierno de la joven nación se condujeron hacia la forma centralista de gobierno. Las Sietes Leyes Constitucionales de 1836 convirtieron a los estados soberanos en departamentos, a los Congresos locales en Juntas Departamentales y los gobernadores pasaron a ser funcionarios cuyo nombramiento dependía del Poder Ejecutivo, el cual vería limitado su poder por el Supremo Poder Conservador, una instancia con facultades extraordinarias que vigilaría los abusos y poder del titular del Ejecutivo.

VIII. Después de la guerra con Francia en 1838, un nuevo intento centralista trató de consolidarse a través de las Bases Orgánicas de 1843, las cuales vieron el fin del Supremo Poder Conservador. Los historiadores coinciden en señalar que este experimento de gobierno centralista fue capaz de dar a México los medios adecuados para su defensa, ante las amenazas de potencias extranjeras, y para traer paz y orden ante las constantes asonadas y pronunciamientos. Sin embargo, la inestabilidad del país provocó el fin de las Bases Orgánicas, por lo que se restableció la vigencia de la Constitución de 1824.

IX. Posteriormente, en la Constitución de 1857, se impuso el sistema federal que trató de reconciliar las tendencias hacia un gobierno central y el reconocimiento de los poderes de las diversas entidades que conformaban la Unión. Posteriormente, la Constitución de 1917 determinó que las partes integrantes de la Federación serían los estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Distrito Federal, Territorio de la Baja California y Territorio de Quintana Roo.

X. En esta consolidación de nuestro federalismo, los territorios de Baja California y de Quintana Roo vieron su transformación como estados soberanos en el siglo XX. En efecto, Baja California tuvo esta calidad mediante decreto del Presidente Miguel Alemán Valdés, de fecha 31 de diciembre de 1951; Baja California Sur y Quintana Roo se constituyeron como entidades de la Federación el 8 de octubre de 1974, por decreto del Presidente Luis Echeverría Álvarez.

 Resultando

1. De esta forma, la historia muestra que no sólo Jalisco tuvo este impulso federalista, sino también otras regiones como Yucatán, Zacatecas y Oaxaca, las cuales proclamaron este mismo sistema, pasando a ser estados de la Federación por la proclamación del Acta de la Federación Mexicana de 1824 y la Constitución federal de ese mismo año.

2. Que si bien la Constitución de 1824 fue el primer ensayo de sistema federalista que México intentó, sus postulados no fueron suficientes para consolidarlo, ya que el régimen político y de gobierno de México marchó de nuevo hacia un gobierno central que transformó a los estados federales en Departamentos o Provincias dependientes de un gobierno central.

3. Que la consolidación de nuestro sistema federal tuvo su primer intento a través de la Constitución de 1857; sin embargo, la integración total de los estados de la Federación como se conoce actualmente, se dio hasta el régimen de nuestra actual Constitución y por la transformación de los antiguos territorios de la Baja California y de Quintana Roo en estados integrantes de la Unión en los años de 1951 y 1974.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Acuerdo

Único.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a instituir la fecha del 16 de junio como el "Día Nacional del Federalismo", presentada por el diputado José Antonio Cabello Gil, el diecinueve de octubre de dos mil cuatro.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil seis.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; David Hernández Pérez (rúbrica), Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López, Jesús Porfirio González Schmal (rúbrica), José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios, Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez, Ana Luz Juárez Alejo (rúbrica), Ciro García Marín, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Federico Madrazo Rojas (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), Mario Alberto Zepahua Valencia.
 

 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHAN DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO POR LAS QUE SE DECLARAN CONMEMORACIONES DURANTE LOS AÑOS 2004, 2005 Y 2006

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, diversas proposiciones con punto de acuerdo por las que se declaran conmemoraciones durante los años 2004, 2005 y 2006.

Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) a g) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, siendo competente y habiendo analizado el contenido de las proposiciones con punto de acuerdo de referencia, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen en sentido negativo, basándonos en los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 4 de diciembre de 2003, el diputado Alfonso Nava Díaz, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo para que se declare 2004 "Año Nacional del Migrante Mexicano".

II. Con fecha 15 de diciembre de 2003, la diputada María del Carmen Mendoza Flores, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a declarar 2004 como "Año de la Familia".

III. Con fecha 14 de diciembre de 2004, el diputado José Luis Naranjo y Quintana, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal que declare 2006 "Año del 2006 Aniversario del Natalicio del Licenciado Benito Juárez García".

IV. Con fecha 28 de abril de 2006, el diputado el diputado Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó a nombre propio y de los diputados integrantes de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo, a fin de que se considere 2005 "Año de la Innovación y Calidad en la Vivienda".

V. Con fecha 2 de febrero de 2006, el diputado Jesús Martínez Álvarez, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar 2006 "Año de la Conmemoración del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez García".

VI. En todos los casos, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que las proposiciones arriba mencionadas fueran turnadas a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.

VII. El 29 de marzo de 2006, se presentó al Pleno de la Comisión de Gobernación, el proyecto de dictamen sobre el particular, siendo aprobado.

 Establecidos los antecedentes, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscribimos el presente dictamen, exponemos las siguientes

Consideraciones

1. Que las proposiciones con punto de acuerdo a las que se hace referencia en el presente dictamen se refieren a los años 2004, 2005 y 2006 por lo que su aprobación resultaría extemporánea.

2. Que por lo que hace a las proposiciones con punto de acuerdo relacionadas en los antecedentes III y V, el Congreso de la Unión ha emitido para este año, un decreto que tiene la finalidad de conmemorar los doscientos años del natalicio de don Benito Juárez García.

3. Que la senadora Yolanda Eugenia González Hernández, integrante del grupo parlamentario del PRI, presentó, en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del 6 de octubre de 2005 la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se declara el año 2006 como "Año del Bicentenario del Natalicio de Don Benito Juárez García".

4. Que el Senado de la República aprobó dicha iniciativa el 8 de noviembre de 2005 por 76 votos a favor, remitiéndolo a esta soberanía para los efectos del inciso a) del artículo 72 constitucional.

5. Que la minuta correspondiente fue recibida en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados el 10 de noviembre de 2005 y turnada a la Comisión de Gobernación, para su análisis y dictamen.

6. Que con fecha 14 de diciembre de 2005, la Comisión presentó al Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen respectivo, siendo aprobado en esa misma sesión por 339 votos en pro y 3 abstenciones, y turnándose al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

7. Que el decreto por el que se declara al año 2006 como "Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García", fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 29 de diciembre de 2005, entrando en vigor al día siguiente.

8. Que con la aprobación y entrada en vigor del decreto antes mencionado, se atiende la propuesta de los diputados José Luis Naranjo y Quintana y Jesús Martínez Álvarez.

 Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

Acuerdo

Primero.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo para que se declare el año 2004 como "Año Nacional del Migrante Mexicano", presentada por el diputado Alfonso Nava Díaz el 4 de diciembre de 2003, al resultar extemporánea su aprobación.

Segundo.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a declarar 2004 como "Año de la Familia", presentada por la diputada María del Carmen Mendoza Flores, el 15 de diciembre de 2003, al resultar extemporánea su aprobación.

Tercero.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal que declare 2006 "Año del 2006 Aniversario del Natalicio del Lic. Benito Juárez García", presentada por el diputado José Luis Naranjo y Quintana, el 14 de diciembre de 2004, al quedar sin materia en virtud de la publicación y entrada en vigor del decreto por el que se declara al año 2006 como "Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García".

Cuarto.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo, a fin de que se considere 2005 "Año de la Innovación y Calidad en la Vivienda", presentada por el diputado Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo, el 28 de abril de 2006, al resultar extemporánea su aprobación.

Quinto.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar 2006 "Año de la conmemoración del Bicentenario del natalicio de Benito Juárez García", presentada por el diputado Jesús Martínez Álvarez, el 2 de febrero de 2006, al quedar sin materia en virtud de la publicación y entrada en vigor del decreto por el que se declara al año 2006 como "Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García".

Sexto.- Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil seis.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; David Hernández Pérez (rúbrica), secretario; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), secretaria; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), secretaria; Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica en contra), secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López, Jesús González Schmal (rúbrica), José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios, Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez, Ana Luz Juárez Alejo (rúbrica), Ciro García Marín, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Federico Madrazo Rojas (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), Mario Alberto Zepahua Valencia (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SAGARPA A ESTABLECER EL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA RURAL INTEGRAL

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Alfredo Villegas Arreola, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el pasado 19 de enero de 2005, para que la Sagarpa, implemente el Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión de Agricultura y Ganadería corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes:

Antecedentes

El 19 de enero de 2005 el diputado Alfredo Villegas Arreola, presentó la proposición de punto de acuerdo para que la Sagarpa, implemente el Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral.

El 19 de enero de 2005, la Presidencia de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión turnó la mencionada proposición para su estudio y dictamen a las Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de las Comisiones dictaminadoras formulamos las siguientes

Consideraciones

Que el desarrollo económico social de nuestro país necesariamente tiene que resolver paralelamente el crecimiento del campo mexicano, el país no podrá ser viable mientras el campo se debata en la miseria y en la inanición productiva.

Que disponer de agua, capacitación y asistencia técnica es indispensable para lograr impactos productivos de los apoyos destinados de fomento. Maquinaria sin capacitación y asistencia es igual a chatarra; préstamos sin capacitación y asesoría es igual a cartera vencida.

Que los servicios de asistencia técnica se desmantelaron y no ha logrado establecerse modelos y sistemas que los sustituyan, el sistema de educación, investigación, extensión y asistencia técnica pública se encuentra desvinculada de los problemas de fomento y el mercado como solución fundamental del nuevo modelo no ha tenido capacidad para emplear a los profesionistas del sector.

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable impulsa el desarrollo del sector rural en el marco de un instrumento jurídico con visión de integralidad; ya que considera los aspectos de infraestructura, educación, financiamiento y comercialización que requiere el desarrollo del campo, además del apoyo tanto para las actividades agropecuarias como no agropecuarias.

Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable prevé la coordinación y la concurrencia de las diferentes dependencias y autoridades federales, estatales y municipales vinculadas con los diferentes aspectos de las actividades rurales a través de la Comisión Intersecretarial, la cual sienta las bases para crear instancias que permitan la participación de la sociedad en el diseño de las políticas para el campo, por conducto del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable; los Consejos Estatales para el Desarrollo Rural Sustentable; los Consejos Distritales para el Desarrollo Rural y los Consejos Municipales para el Desarrollo Rural incluyendo el tema de la sustentabilidad y uso racional de los recursos naturales.

Conclusiones

Primero: El 15 de mayo de 2002, la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable aprobó la constitución del Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, así como la instalación de 9 sistemas más establecidos en la misma ley.

Segundo: El 8 de octubre de 2003 se publicaron los Lineamientos Generales de Operación del Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral.

Por las consideraciones y conclusiones anteriormente expuestas, los integrantes de esta Comisión dictaminadora, hemos tenido a bien emitir la presente proposición con punto de acuerdo en sentido negativo por lo que sometemos a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados el presente dictamen en los siguientes términos:

Acuerdo

Único: Se desecha la proposición con punto de acuerdo que pretendía exhortar a la Sagarpa a que implemente el Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, toda vez que dicho servicio ya está operando por lo que está debidamente satisfecha la proposición.

La Comisión de Agricultura y Ganadería

Diputados: Cruz López Aguilar (rúbrica), Presidente; Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón, Edmundo Valencia Monterrubio (rúbrica), Diego Palmero Andrade, Antonio Mejía Haro (rúbrica), secretarios; Julián Nazar Morales, Lázaro Arias Martínez (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala, Heriberto Ortega Ramírez, Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica), Lamberto Díaz Nieblas, María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica), Rafael Galindo Jaime (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), José Irene Álvarez Ramos, Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica), Javier Castelo Parada (rúbrica), José María de la Vega Lárraga (rúbrica), Rocío Guzmán de Paz, Alberto Urcino Méndez Gálvez (rúbrica), Isidro Camarillo Zavala (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Valentín González Bautista, Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Víctor Suárez Carrera (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL A REVISAR DE MANERA INTEGRAL LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA MENORES EN EL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Honorable Asamblea:

Por acuerdo de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados de fecha 28 de abril de 2006, fue turnado a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y de Atención a Grupos Vulnerables para su análisis, estudio y dictamen correspondiente el siguiente:

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a efecto de que se lleve a cabo una revisión integral de los programas aplicados a los menores en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en razón de la preocupación que el maltrato infantil genera a nuestra sociedad y los daños irreversibles que casi siempre ocasiona en los niños.

Estas Comisiones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, numeral 6, incisos f y g, de la Ley Orgánica del Congreso General de los estados Unidos Mexicanos, 58, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen bajo los siguientes:

Antecedentes

Primero.- En sesión celebrada el 28 de abril de 2005, el diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario del Partido Convergencia, presentó la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Para exhortar al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a efecto de que se lleve a cabo una revisión integral de los programas aplicados a los menores en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en razón de la preocupación que el maltrato infantil genera en nuestra sociedad y los daños irreversibles que casi siempre ocasiona en los niños.

Establece que en México tenemos un grave problema que consiste en la necesidad de niñas y niños a gozar de sistemas de asistencia en razón de sufrir abandono por parte de sus padres.

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso turnar a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y de Atención a Grupos Vulnerables la proposición con punto de acuerdo referida.

3.- Con fecha 12 de julio d e 2005, la Comisión de Desarrollo Social declinó el turno de la proposición, quedando solamente la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables como dictaminadora de la presente proposición.

4.- Con fecha 20 de septiembre de 2005, los diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables aprobaron el dictamen en cuestión.

Consideraciones

1.- En concreto, el diputado promovente de esta proposición plantea exhortar al titular de la Secretaría de Desarrollo Social para que lleve a cabo una revisión integral de los programas aplicados a los menores en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en razón de la preocupación que el maltrato infantil genera en nuestra sociedad y los daños irreversibles que casi siempre ocasiona en los niños.

Ello, en razón de que, como establece en su exposición de motivos, en México tenemos un grave problema que consiste en la necesidad de niñas y niños a gozar de sistemas de asistencia en razón de sufrir abandono por parte de sus padres.

2.- En principio, los integrantes de la Comisión coincidimos con la palpable necesidad de realizar acciones a favor de la niñez mexicana, en las cuales se vea reflejado y se busque el respeto a sus derechos establecidos en ordenamientos entre los que se encuentra el propio artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Aunado a lo anterior, consideramos pertinente que esa labor y programas que desarrolla el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia se realicen de manera periódica con el objeto de eficientar la aplicación de recursos para los fines concebidos a ese sistema.

Porque entre otras cosas, existen obligaciones y mandamientos que importan la revisión constante, así como los resultados de las medidas que se adoptan en beneficio de la niñez mexicana.

Es preciso aclarar que la revisión a que se alude no es algo ajeno o desconocido para las entidades en cuestión, podemos mencionar algunas de estas revisiones establecidas legalmente y con carácter obligatorio, es el caso relativo a los informes de las medidas y progresos que se van alcanzando en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, mismos que se presentan a través del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, según lo dispone el artículo 44 de la propia convención, o las que se llevan a cabo al revisar los informes anuales que realizan tales entidades.

Además, es saludable realizar la revisión constante y crítica sobre los alcances de los programas con el propósito de tener una mayor cobertura y organización de recursos.

3.- Empero, los integrantes de esta Comisión estimamos que si bien el fondo y motivo de la presente proposición es justo y noble, no consideramos que la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a través de su respectiva entidad, sea el cauce adecuado legalmente y materialmente para llevar a cabo la revisión integral de los programas que se aplican a niñas, niños y adolescentes por parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Lo anterior obedece a dos causas principales, la primera legal y la segunda administrativa, coincidiendo las mismas en un principio de competencia de esta dependencia.

En cuanto al ámbito legal, debemos tomar en cuenta lo que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tratándose de las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social, mismas que se encuentran establecidas en el artículo 32 de dicha ley, y que a la letra y genéricamente su fracción primera nos menciona la competencia de tal entidad:

"Artículo 32.- A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda;"

 Es decir que la entidad denominada Secretaría de Desarrollo Social tiene entre sus atribuciones los aspectos relacionados con la política social del Estado, en cuanto a la erradicación de la pobreza, asentamientos humanos, desarrollo urbano y la vivienda.

En otras palabras, su labor consiste -desde la perspectiva del maltrato infantil- en atender, eliminar y erradicar sólo algunas de las condiciones señaladas por sociólogos, psicólogos, académicos y especialistas como las que dan origen al fenómeno social denominado maltrato infantil, es el caso de la pobreza, nivel de vida bajo, hacinamiento en las viviendas, entre otras, pero en ningún caso da tratamiento preventivo, de atención y rehabilitación a las niñas, niños y adolescentes que son víctimas de maltrato.

4.- Por su parte, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 28, que se refiere al derecho a la salud que tienen niñas, niños y adolescentes, menciona dentro del mismo la atención de ellos cuando sean objeto de violencia y maltrato infantil:

"Artículo 28

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud. Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán coordinados a fin de:

J. Establecer las medidas tendientes a que en los servicios de salud se detecten y atiendan de manera especial los casos de infantes y adolescentes víctimas o sujetos de violencia familiar."

 Por su parte, la Ley General de Salud establece en su artículo 3 como materia de salubridad general la asistencia social de acuerdo al siguiente texto: "Artículo 3o.- En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

XX. La asistencia social;"

 Según definición de la propia Ley de Asistencia Social, ésta debe entenderse como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

Ahora bien, derivado de esta definición, la propia Ley de Asistencia Social establece como sujetos de la misma a las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por maltrato o abuso, según lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, que establece:

"Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente:

I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por:

c) Maltrato o abuso;"

 Lo anterior nos lleva a concluir en primer término que el fenómeno del maltrato infantil que sufren y afectan a niñas niños y adolescentes debe ser visto dentro del orden de problemas de salubridad general, por encontrarse integrado dentro de la asistencia social, es decir, es una situación donde concurren un cúmulo de esfuerzos de la Federación y entidades federativas.

Asimismo, es necesario advertir que el organismo a que se refiere el proponente denominado Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia tiene su origen en la Ley General de Salud, que en su artículo 172 menciona:

"Artículo 172.- El Gobierno Federal contará con un organismo que tendrá entre sus objetivos la promoción de la asistencia social, prestación de servicios en ese campo y la realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables. Dicho organismo promoverá la interrelación sistemática de acciones que en el campo de la asistencia social lleven a cabo las instituciones públicas." En coordinación con ello, el artículo 27 de la ya citada ley de reciente creación denominada Ley de Asistencia Social, establece que "Artículo 27.- El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia es el organismo público descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propios, a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Salud." Por lo anterior, es de considerarse que la entidad correcta para llevar a cabo la revisión a que alude el punto de acuerdo debe ser la Secretaría de Salud en cuanto a los programas que desarrolla el órgano denominado Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, tratándose de maltrato infantil, pues tales situaciones son relativas a la materia de salubridad general, esto de acuerdo a las disposiciones ya mencionadas, entre las que destaca la Ley General d e Salud, más aún cuando la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 39 le otorga facultades a la entidad denominada Secretaría de Salud, para establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, en los siguientes términos: Artículo 39.- A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente; y coordinar los programas de servicios a la salud de la Administración Pública Federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen.

 Los integrantes de esta Comisión concluyen que, si bien es sano que dentro de cualquier organización, entidad, o dependencia exista la constante evaluación y revisión de programas y planes de trabajo, es preciso que ésta sea bajo los esquemas legales y por las autoridades competentes para el rubro de que se trate, siendo en particular competente la Secretaría de Salud para realizar una revisión integral de los programas aplicados a niñas, niños y adolescentes dentro del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, órgano encargado legalmente para la promoción de la asistencia social, prestación de servicios en ese campo y la realización de las demás acciones establecidas legalmente, tal como ha quedado fundamentado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración de este H. Pleno, para su discusión y votación, el siguiente:

Acuerdo

Primero.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a efecto de que se lleve a cabo una revisión integral de la ejecución de los programas de apoyo para menores en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.

Segundo.- Archívese el asunto como totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2005.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Diputados: Adriana González Furlong (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Bravo Carbajal (rúbrica), Laura Elena Martínez Rivera (rúbrica), Homero Ríos Murrieta (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), secretarios; Pablo Anaya Rivera, Gaspar Ávila Rodríguez (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), Emilio Badillo Ramírez (rúbrica), Virginia Yleana Baeza Estrella, Abraham Bagdadi Estrella (rúbrica), Álvaro Burgos Barrera, Florencio Collazo Gómez (rúbrica), Santiago Cortés Sandoval (rúbrica), María Mercedes Rojas Saldaña (rúbrica), Manuel González Reyes (rúbrica), María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica), Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), María Isabel Maya Pineda (rúbrica), Alfonso Moreno Morán (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Evangelina Pérez Zaragoza (rúbrica), Mayela Quiroga Tamez (rúbrica), Martha Leticia Rivera Cisneros (rúbrica), Benjamín Sagahón Medina, Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Norma Elizabeth Sotelo Ochoa (rúbrica), Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, POR EL QUE NO ES DE APROBARSE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA A APERCIBIR A LAS AUTORIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PARTICULARES A SUJETARSE A LA ESCALA DE EVALUACIÓN VIGENTE EN EL PAÍS

Honorable Asamblea

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a su consideración dictamen sobre proposición de punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaria de Educación Pública, para que aperciba a las autoridades de los centros educativos particulares se sujeten a la escala de evaluación vigente en el país.

Antecedentes

La proposición de mérito fue presentada a esta soberanía por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el día 13 de septiembre de 2005.

La Mesa Directiva lo turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, que a su vez la remitió a la Subcomisión de Educación Básica e Inicial para su estudio y análisis.

Como resultado de la revisión del documento, se acordó proponer que el punto de acuerdo sea dictaminado en sentido negativo. En consecuencia esta Comisión Dictaminadora procedió a preparar proyecto de dictamen, que fue aprobado por el pleno de la Comisión en reunión del día __ de __________ de 2005, por unanimidad de los miembros presentes.

Consideraciones

La proposición parte de recordar que la enseñanza en cualquier país del mundo es un factor importante en el desarrollo de un Estado, es por eso que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3, establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación.

Sin embargo esta labor por garantizar esta garantía individual a toda la población mexicana es complicada debido a la densidad demográfica del país, por lo que las autoridades en la materia han respondido a esta necesidad mediante el otorgamiento de permisos para que entes privados impartan los servicios educativos en todos los niveles académicos, debiendo observar los principios que dicta la Secretaria de Educación Pública y la Ley General de Educación.

Entre las normas vigentes que señalan obligaciones para los particulares autorizados a impartir educación, se localiza el acuerdo número 17, el cual establece que deberán emplear los procedimientos de evaluación del aprendizaje a los educandos en sus distintos tipos y modalidades en la educación básica, media, así como media superior bajo la supervisión de la Secretaría de Educación Pública.

Pese a lo anterior algunas instituciones particulares encargadas de impartir educación, han establecido sus propias formas de evaluación, sin tomar en cuenta la escala de calificaciones por la que se rige la Secretaría de Educación Pública, en la que un educando acreditará un ciclo, grado, materia, área de estudio o asignatura de acuerdo con el plan de estudios, cuando obtenga según lo ordenado en la escala de calificaciones la anotación de 6 o más; en tanto algunos colegios particulares reconocen como cifra mínima aprobatoria a partir de 8.

Estas instituciones están incumpliendo las normas y acuerdos emitidos por la autoridad competente, toda vez que dichas acciones carecen de sustento legal para establecer unilateralmente políticas discriminatorias del conocimiento adquirido por el alumnado.

Por lo anterior pareciera que la misión de los particulares autorizados para impartir educación estuviese enfocada a evitar que los alumnos acrediten las asignaturas con un índice mayor al que presenta exámenes extraordinarios, por lo tanto al exigirles la calificación mínima de 8, se reduce el número de acreditados y como consecuencia aumentan ilegalmente los ingresos de los particulares.

Consideraciones sobre la reforma a la proposición con punto de acuerdo

Al respecto, la proposición de mérito ha sido dictaminada en sentido negativo, en razón de que a pesar de que pudiera parecer una arbitrariedad por parte de los particulares autorizados para impartir educación, el hecho de exigir como calificación mínima aprobatoria a partir de 8, para esta Comisión dictaminadora, la medida no es una política discriminatoria, por el contrario, con ello se propicia una mejor educación para los jóvenes de nuestro país.

Al respecto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Primero.- No es de aprobarse la proposición de punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública, para que aperciba a las autoridades de los centros educativos particulares, se sujeten a la escala de evaluación vigente en el país, presentada por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, el 13 de septiembre de 2005.

Segundo.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los ___ días del mes de _____ de 2005.

Diputados: Salvador Pablo Martínez Della Rocca (rúbrica), Presidente, José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica), Consuelo Camarena Gómez (rúbrica), Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Humberto Francisco Filizola Haces (rúbrica), Juan Pérez Medina (rúbrica), secretarios, Tatiana Clouthier Carrillo (rúbrica), María Viola Corella Manzanilla (rúbrica), Norberto Enrique Corella Torres (rúbrica), Blanca Judith Díaz Delgado (rúbrica), Florentino Domínguez Ordóñez (rúbrica), Israel Raymundo Gallardo Sevilla, Iván García Solís (rúbrica), María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), José Ángel Ibáñez Montes, Moisés Jiménez Sánchez (rúbrica), José López Medina (rúbrica), Gerardo Montenegro Ibarra, Inti Muñoz Santini (rúbrica), Norma Violeta Dávila Salinas (rúbrica en contra), Óscar Martín Ramos Salinas, Sonia Rincón Chanona, Agustín Rodríguez Fuentes, Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez, Paulo José Luis Tapia Palacios (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A RECIBIR UNA COMISIÓN DE MAESTROS DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA ANEXA A LA NORMAL SUPERIOR, A FIN DE QUE LE SEAN PRESENTADAS PROPUESTAS DE REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

Honorable Asamblea

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LIX Legislatura federal de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en los artículo 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración dictamen sobre proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al titular de la Secretaría de Educación Pública, a que reciba a una comisión de maestros de la Comunidad Académica de la Escuela Secundaria Anexa a la Normal Superior, a fin de que le sean presentadas propuestas de reforma integral a la educación secundaria.

Metodología

I. El capítulo de "Antecedentes" da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo; del recibo de turno para la elaboración del dictamen respectivo; así como de los trabajos previos de la Comisión que otorga la opinión.

II. En el capítulo "contenido de la proposición con punto de acuerdo" se extracta la trascendencia de la propuesta en estudio.

III. El capítulo de "consideraciones sobre la proposición con punto de acuerdo", la Comisión enuncia los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que apoyan el resolutivo del dictamen.

 Antecedentes

La proposición de mérito fue presentada a esta soberanía por el diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario Partido de la Revolución Democrática, el día 21 de diciembre de 2005.

Una vez que se constató que la iniciativa cumple con los requisitos legales para ser aceptada a discusión, la Mesa Directiva la turnó a esta Comisión para su estudio y efectos conducentes a través del oficio D.G.P.L. 59-II-4-1909, que a su vez remitió a la Subcomisión de Educación Media Superior y Profesional Media para su estudio y análisis.

Como resultado de la revisión del documento, se acordó proponer que la proposición con punto de acuerdo sea dictaminado en sentido negativo. En consecuencia esta Comisión dictaminadora procedió a preparar proyecto de dictamen, que fue aprobado por el pleno de la Comisión en reunión del día 24 de febrero de 2006, por unanimidad de los miembros presentes.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

La proposición parte de recordar que la necesidad de plantear un nuevo modelo de educación secundaria en nuestro país ha sido preocupación reiterada por parte de sociedad y gobierno en los últimos años.

Con la intención de dar respuesta a esos problemas, el gobierno presentó en el año 2003, una propuesta de nuevo modelo, para ser puesto en marcha a partir del ciclo escolar 2004-2005. Lo que a su propio decir era una reforma integral de la educación secundaria (RIES). Mismo que generó oposición por parte de diversos sectores involucrados en la educación.

Que una de las carencias del proyecto es que en ningún momento se consideró una formación de los maestros para que ellos fueran el eje articulador del nuevo modelo pedagógico.

Que en virtud de que quedó claro para la opinión pública que el proyecto era inconsistente, se logró detener su puesta en marcha.

Lo cierto es que su proceso de discusión generó un cúmulo de propuestas y la recuperación de experiencias exitosas que se han dado en el sistema educativo nacional, a las autoridades educativas no les abren paso, no ya para mejorar ese proyecto, el cual difícilmente genera los consensos mínimos, sino para que se construya una alternativa que realmente apunte a resolver los problemas de ese nivel educativo.

En virtud de lo anterior la proposición con punto de acuerdo propone:

Texto que se propone

Único.- Se exhorta al secretario de Educación Pública a que reciba a una comisión de maestros de la comunidad académica de la Escuela Secundaria Anexa a la Normal Superior, a fin de que le sean presentadas propuestas de reforma integral a la educación secundaria. Consideraciones sobre la proposición con punto de acuerdo

Al respecto, la proposición de mérito fue discurrida por el pleno de esta Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y se llega a la conclusión de que no es materia de este Congreso, solicitar citas de ese tipo.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Primero.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al titular de la Secretaría de Educación Pública, a que reciba a una comisión de maestros de la comunidad académica de la Escuela Secundaria Anexa a la Normal Superior, a fin de que le sean presentadas propuestas de reforma integral a la educación secundaria, presentada por el diputado Iván García Solís, el 21 de diciembre de 2005.

Segundo.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, en México, DF, a los veinticuatro días del mes de febrero de 2006.

Diputados: Salvador Pablo Martínez Della Rocca (rúbrica), Presidente, José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica), Consuelo Camarena Gómez (rúbrica), Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Humberto Francisco Filizola Haces (rúbrica), Juan Pérez Medina, secretarios, Tatiana Clouthier Carrillo (rúbrica), María Viola Corella Manzanilla, Norberto Enrique Corella Torres (rúbrica), Blanca Judith Díaz Delgado (rúbrica), Florentino Domínguez Ordóñez, Myriam Arabian Couttolenc (rúbrica), Iván García Solís (rúbrica), María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), José Ángel Ibáñez Montes, Moisés Jiménez Sánchez (rúbrica), José López Medina (rúbrica), Gerardo Montenegro Ibarra, Inti Muñoz Santini (rúbrica), Norma Violeta Dávila Salinas, Óscar Martín Ramos Salinas, Sonia Rincón Chanona, Agustín Rodríguez Fuentes, Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez, Paulo José Luis Tapia Palacios, Lorena Torres Ramos (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SE DESE-CHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE SALUD A DISEÑAR E IMPLANTAR UNA CAMPAÑA NACIONAL DE CONCIENCIACIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CUYO OBJETIVO SERÁ EL SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE VENTILACIÓN ARTIFICIAL

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud, fue turnada para su estudio y posterior dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud a diseñar e implementar una campaña nacional de concientización, prevención y control de las cuyo objetivo sea el saneamiento y mantenimiento de ventilación artificial, presentada por la diputada Amalín Yabur Elías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de "antecedentes" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo en turno para la elaboración del dictamen respectivo, así como de los trabajos previos de la Comisión dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "contenido del punto de acuerdo" se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el capítulo de "consideraciones", la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen.

 I. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 28 de abril de 2006, la diputada Amalín Yabur Elías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud a diseñar e implementar una campaña nacional de concientización, prevención y control de las cuyo objetivo sea el saneamiento y mantenimiento de ventilación artificial.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, turnó el citado punto de acuerdo a esta Comisión de Salud, para su estudio y dictamen.

II. Contenido del punto de acuerdo

En su exposición de motivos, la diputada señala que los microorganismos se difunden en el aire en un espacio pequeño, permaneciendo en suspensión poco tiempo y que la mayor parte de los agentes patógenos se da de persona a persona por el contacto y la cercanía.

A esto añada que en recintos cerrados, los inyectores y extractores de aire se encuentran descuidados y constituyen una fuente de contaminantes, agentes patógenos, así como alergenos.

Aduce, también que el aire frío y los contaminantes químicos del aire acondicionado, por su efecto irritante, favorecen la actividad viral, la colonización microbiana y exacerban los cuadros asmáticos.

Por estas razones, propone exhortar al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud a diseñar e implementar una campaña nacional de concientización, prevención y control de las cuyo objetivo sea el saneamiento y mantenimiento de los sistemas de ventilación artificial, la cual deberá ser de carácter permanente a través de los medios masivos de comunicación; aunado a lo cual se exhorta a la Secretaría de Salud a considerar el gasto que dicha campaña implicaría en el Presupuesto de Egresos correspondiente.

III. Consideraciones

A. Las enfermedades respiratorias son enfermedades que afectan el aparato respiratorio. Pueden tener su origen en procesos infecciosos, mecánico-obstructivos y alérgicos.

B. Las causas infecciosas se asocian a microorganismos como virus: adenovirus, rhinovirus, influenza y parainfluenza; bacterias: M catarralis, S. pneumoniae y hongos: como el aspergillus, etc. Las de origen mecánico-obstructivo a exposición a contaminantes de la atmósfera y al hábito tabáquico, entre otros; y las de origen alérgico a una respuesta inmunológica a compuestos como el polen, polvo por citar unos ejemplos.

C. El clima frío favorece el desarrollo de infecciones respiratorias principalmente altas.

D. Además, son estas infecciones aparentemente banales las que de no recibir tratamiento y cuidados adecuados originan también infecciones de vías aéreas inferiores como las neumonías, neumonías complicadas y algunas otras como la bronquiolitis.

E. Dentro de las recomendaciones alimentarias se sugiere el consumo de cítricos los cuales son ricos en vitamina C, como jugo de naranja, mandarina, agua de limón, guayaba, los cuales disminuyen el riesgo de infección respiratoria, además de una dieta balanceada con cereales, verduras, proteínas de origen animal, leche, abundantes líquidos e infusiones frutales. La administración extra de vitamina A protege también de las infecciones virales.

F. Evitar los cambios bruscos de temperatura y arropar a los niños para evitar la exposición al frío es importante, hay que tener presente que los niños por su actividad y metabolismo pocas veces refieren tener frío y suelen negarse a usar ropa gruesa y estorbosa para sus actividades y juegos, pero aún así se deberá de insistir en usar suéter, chamarra y bufanda por las mañanas al salir a la escuela, la bufanda sobre todo deberá cubrir nariz y boca y respirar a través de la misma con la finalidad de "calentar" el aire que inhalan.

G. La Secretaría de Salud pone en marcha una campaña de prevención de enfermedades respiratorias que indica todas las recomendaciones señaladas, y que se renueva cada año en la temporada invernal, que es cuando se presenta un incremento en estas afecciones.

H. Una recomendación más es la indicación de la vacuna de la influenza, con la cual se logra la prevención de esta enfermedad, anteriormente el programa recomendaba la inmunización para niños pequeños y ancianos, actualmente se sabe que toda la población puede recibirla con lo que se controlaría la transmisión de la misma. La Secretaría de Salud ha dado especial importancia a la difusión de la campaña de vacunación contra la influenza, misma que ha presentado excelentes resultados.

I. La vacuna del neumococo es otra medida recomendable, que aunque no es exclusiva de esta época del año, el riesgo de padecer neumonías por este germen y que éstas se compliquen gravemente es muy alto, por lo que es importante ofrecer esta protección a los niños, principalmente.

J. Según estudios publicados por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Algunos irritantes y sustancias químicas pueden causar enfermedad pulmonar son: amoniaco, cadmio, cobalto, ácido clorhídrico, mercurio, níquel, ozono, dióxido de azufre, polvo de harina y grano, sales de platino, cedro, roble, arsénico, berilio, cromo, talco con fibras de asbesto, alquitranes, humo de tabaco, aluminio, radón, fundición de hierro y acero; asbesto, algodón (lino, cáñamo), sílice y el humo de soldadura entre otros. Cabe mencionar que este estudio refiere que las personas que están continuamente expuestas a estos irritantes o agentes son quienes pueden desarrollar este tipo de enfermedades, en este caso los afectados pueden ser algunos trabajadores expuestos a polvos como el asbesto, están en riesgo de desarrollar cáncer pulmonar Este riesgo se incrementa si el trabajador además fuma.

K. Aunado a lo anterior, cabe señalar que existe suficiente normatividad respecto a los sistemas de refrigeración y aire acondicionado, que además están destinadas a diferentes áreas de actividad, como por ejemplo:

Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.

Norma Oficial Mexicana NOM-011-ENER-2002, Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo central paquete o dividido. Límite, métodos de prueba y etiquetado.

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999. Instalaciones eléctricas (utilización).

Norma Oficial Mexicana NOM-CCAT-010-ECOL/1993, que establece las características del equipo y el procedimiento de medición para la verificación de los niveles de emisión de contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos.

Norma Oficial Mexicana NOM-093-SSA1-1994, bienes y servicios. Practicas de higiene y sanidad en la preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos.

L. De todo lo anterior se deduce que la reglamentación de sistemas de aire acondicionado, no sólo compete a la Secretaría de Salud aunado a lo anterior; creemos que la materia esta suficientemente reglamentada por diversas Normas que establecen parámetros claros para los diversos establecimientos que cuentan con estas instalaciones, sin contar a los automóviles que también tienen sistemas de estas características.

M. Por otra parte consideramos que la Secretaría de Salud ha cumplido con las campañas de difusión para prevenir las enfermedades respiratorias, entre cuyas principales causas no se destaca la existencia de sistemas de aire acondicionado, y sí por ejemplo, las bajas temperaturas, o la desnutrición, y la falta de vacunación contra enfermedades como la influenza, por lo que resulta evidente que la Secretaría destine sus recursos a la difusión de campañas de prevención destinadas a la mayor parte de la población, quienes sin duda carecen de sistemas de ventilación artificial o aire acondicionado.

 Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Salud, con las atribuciones que les confiere el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha el punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud a diseñar e implementar una campaña nacional de concientización, prevención y control de las cuyo objetivo sea el saneamiento y mantenimiento de ventilación artificial, presentada por la diputada Amalín Yabur Elías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 28 de abril de 2006.

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar, Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva, Gisela Juliana Lara Saldaña, Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), María Salomé Elyd Sáenz, Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás, Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández, María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka, Martha Lucía Mícher Camarena, Irma Sinforina Figueroa Romero (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica), María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).
 
 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MARINA, Y DE SALUD, POR EL QUE SE DETERMINA QUE NO ES PROCEDENTE EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE MARINA Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DE SU SECRETARÍA DE SALUD, A SUSCRIBIR UN CONVENIO A EFECTO DE QUE EL HOSPITAL NAVAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA PRESTE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN ABIERTA

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Marina, y de Salud de la LIX Legislatura de la Cámara de diputados del honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Francisco León Herrera, perteneciente al grupo parlamentario del Partido la Revolucionario Institucional, para exhortar a la Secretaría de Marina y al gobierno del estado de Tabasco a través de su Secretaría de Salud, para que suscriban un convenio a efecto de que el Hospital Naval ubicado en el municipio de Centla, preste servicios de salud a la población abierta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Marina, y de Salud previo estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo en comento, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen de acuerdo a los siguientes

Antecedentes

I.- En sesión celebrada el 19 de octubre de 2004, el diputado Francisco León Herrera perteneciente al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Marina y al gobierno del estado de Tabasco a través de su Secretaría de Salud, para que suscriban un convenio a efecto de que el Hospital Naval ubicado en el municipio de Centla, preste servicios de salud a la población abierta.

II.- Mediante oficio número D.G.P.L. 59-II-1-706 de fecha 19 de octubre de 2004, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, turnó a las Comisiones Unidas de Marina y de Salud la proposición con punto de acuerdo de referencia para su estudio y dictamen.

III.- En sesión celebrada el 29 de abril de 2004, el diputado Herrera León, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Marina a que realice los trámites correspondientes, con el propósito de que el Hospital Naval ubicado en el municipio de Centla, pase a formar parte del patrimonio del gobierno del estado de Tabasco y así pueda prestar servicios de salud a la población abierta, el cual fue dictaminado en sentido negativo toda vez que por su ubicación y el servicio médico que presta el citado nosocomio, tiene un valor estratégico, táctico y operacional para la Secretaría de Marina, y el prescindir del mismo traería como consecuencia que el personal que recibe atención sea trasladado al puerto de Veracruz o a la Ciudad de México, lo cual incrementaría significativamente los gastos de atención médica, costo de viáticos y de transporte de los pacientes y sus familiares y consecuentemente traería un impacto negativo al presupuesto asignado a dicha dependencia del Ejecutivo federal.

 Consideraciones 1. En términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

2. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco establece que los gobiernos estatal y municipal garantizará que los habitantes de los pueblos o comunidades indígenas tengan acceso en igualdad de condiciones a los servicios de salud.

3. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 apartado b fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Ley Orgánica de la Armada de México y 17 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Marina, es obligación de esta dependencia del Ejecutivo federal prestar los servicios médicos de calidad a su personal y derechohabientes.

4. En la Secretaría de Marina-Armada de México, el servicio médico naval esta integrado por cuatro escalones de atención médica, a saber, el primer escalón se constituye por las secciones sanitarias de los buques y unidades operativas, el segundo escalón se integra por los sanatorios navales, el tercer escalón son los hospitales regionales y el cuarto escalón es el Centro Médico Naval.

5. La ubicación y escalonamiento de los establecimientos de servicio médico naval obedece a cuestiones estratégicas, siendo estas las siguientes:

a) Racionalizar los recursos y facilitar su interacción;

b) Buscar que los pacientes sean atendidos en el lugar más cercano a su adscripción;

c) Que los establecimientos médicos navales cuando no cuenten con los medios necesarios para atender a un paciente, este sea canalizado al escalón inmediato superior.

6. El Hospital Naval de Frontera por su ubicación y el servicio médico que presta tiene un gran valor estratégico, táctico y operacional, funciona como hospital regional, tiene una capacidad de 21 camas censables, 4 médicos generales, 3 médicos odontólogos, 6 médicos especialistas, 6 enfermeros titulados y 14 auxiliares de enfermería.

7. La población que regularmente es atendida en el Hospital Naval de Frontera es de aproximadamente 1460 militares en servicio activo, 3441 derechohabientes, 49 militares en situación de retiro, 101 derechohabientes de retirados y 24 pensionados, lo que da un gran total de 5075 personas.

8. Resulta de suma importancia hacer notar que entre las Secretarías de Marina, de Defensa Nacional y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas existe un convenio de colaboración por el cual al personal de cualesquiera de los institutos armados o sus derechohabientes deberá brindársele atención médica en los establecimientos de sanidad de la Armada de México o del Ejército Mexicano cuando así lo requieran; por lo anterior el Hospital Naval de Centla, también brinda atención médica al personal del Ejército y sus derechohabientes que lo solicitan.

9. El Hospital Naval de Frontera funge también como hospital de concentración que da atención médica al personal naval y sus derechohabientes que son canalizados por los escalones de sanidad naval de la Tercera y Quinta Regiones Navales que comprenden Ciudad del Carmen, Lerma, Campeche, Yucalpeten, Isla Mujeres, Isla Cozumel y Chetumal, cuya población es de aproximadamente 3 903 militares en activo, 13 498 derechohabientes, 559 militares en situación de retiro, 1 378 derechohabientes de militares en situación de retiro, 121 pensionistas y 600 elementos pertenecientes a las Unidades de Superficie, Aeronavales y de Infantería de Marina que operan en el área de plataformas; lo que da un gran total de 25 134 personas potenciales de requerir servicio médico.

10. En el Hospital Naval de Frontera eventualmente se proporciona atención médica a personal civil no derechohabiente en los siguientes casos:

a) Cuando así lo requiera cualquier persona en tratándose de casos de urgencia, de conformidad con el derecho de protección a la salud prevista por la Constitución federal.

b) Durante la ejecución del Plan Marina de ayuda a la población civil en casos y zonas de desastre o emergencia.

c) A solicitud expresa de cualquier ciudadano mediante el pago de una cuota de recuperación.

11. El diputado Francisco Herrera León en su proposición indica que el municipio de Centla, cuenta con una población de más de 88 mil habitantes, los cuales requieren de atención médica y ante la falta de este servicio anualmente se realiza un promedio de 757 traslados al hospital de Villahermosa, lo cual representa un riesgo a la salud de la población y erogaciones adicionales tanto para la familia del paciente trasladado como para el gobierno del estado.

12. Ante el elevado número de personal civil que carece de atención médica en el municipio de Centla y el número de militares y derechohabientes que son atendidos en el Hospital Naval de Frontera, es evidente que este nosocomio no cuenta con las condiciones humanas y materiales necesarias para adquirir un compromiso de la trascendencia que propone el diputado Francisco Herrera León.

13. Es importante destacar que de acuerdo a la información publicada por la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de Tabasco, el Poder Ejecutivo de aquella entidad federativa invierte aproximadamente $10,287.4 millones de pesos en los rubros de educación y salud, esto es, invierte 2 de cada 3 pesos de que dispone, en los renglones fundamentales para el desarrollo, es decir, la salud y la educación.

14. El citado informe indica que para el ejercicio del 2004 fueron autorizados $ 2,761.6 millones para el apartado de salud; recursos que están destinados principalmente para la modernización de la red hospitalaria pública, la cual indican, es la más amplia del país.

15. En el segundo informe de actividades del secretario de Salud del estado de Tabasco atiende al 69% de la población, lo cual representa alrededor de 1 millón 394 mil habitantes, para lo cual se cuenta con una amplia infraestructura médica ubicada a todo lo largo y ancho del Estado. En todo el sector, se cuenta con 603 unidades médicas, de las cuales 505 corresponden a la Secretaría estatal del ramo, siendo estas 405 Centros de Salud, 13 hospitales de especialidades básicas, 2 hospitales de especialidades pediátricas y de salud mental y 3 unidades de apoyo; asimismo se mantienen en operación 82 unidades médicas móviles terrestres y acuáticas que prestan sus servicios en las comunidades más aisladas y dispersas.

16. Para el año 2003, el presupuesto asignado a la Secretaría de Salud del estado de Tabasco fue del orden de 2 mil 280 millones, 077 mil, 280 pesos, con 28 centavos, y adicionalmente se recibieron beneficios de parte del Gobierno Federal la cantidad de $96 millones 194 mil, 859 pesos con 93 centavos, a través de programas especiales como el programa "Oportunidades" y Seguro Popular, así como del Programa de Médicos Residentes y Pasantes en Servicio Social.

17. Los integrantes de las Comisiones Unidas de Marina y de Salud de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados estimamos que no es factible atender favorablemente la proposición presentada por el diputado Francisco Herrera León, en virtud de que el Hospital Naval de Frontera no cuenta con la capacidad e infraestructura necesaria para dar atención médica a los 5075 militares en activo, retirados, pensionados y derechohabientes, personas que atiende regularmente y los más de 88 mil habitantes del municipio de Centla, habida cuenta de la importante necesidad de atender la demanda de servicios de salud del personal naval en activo y en situación de retiro, así como a sus derechohabientes que se encuentran en la Tercera y Quinta Regiones Navales que comprenden ciudad del Carmen, Lerma, Campeche, Yucalpeten, Isla Mujeres, Isla Cozumel y Chetumal, toda vez que el nosocomio de referencia funge como hospital regional.

 Por lo expuesto y fundado, los integrantes de las Comisiones Unidas de Marina, y de Salud dictaminamos lo siguiente:

Único.- Tomando como base las argumentaciones expuestas en el apartado de consideraciones, no es procedente exhortar a la Secretaría de Marina y al gobierno del estado de Tabasco a través de su Secretaría de Salud, para que suscriban un convenio a efecto de que el Hospital Naval ubicado en el municipio de Centla, preste servicios de salud a la población abierta.

La Comisión de Marina

Diputados: Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), Ángel Pasta Muñuzuri (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), José Alberto Aguilar Iñárritu, Rogelio A. Flores Mejía (rúbrica), Baruch Alberto Barrera Zurita (rúbrica), Sofía Castro Ríos, Guillermo Velasco Rodríguez (rúbrica), Irma Figueroa Romero (rúbrica), Francisco Juan Ávila Camberos, Juan García Costilla, Rafael García Tinajero Pérez, Evaristo Corrales Macías (rúbrica), Homero Ríos Murrieta (rúbrica), Sergio Arturo Posadas Lara (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Rafael Moreno Cárdenas, Carlos Osvaldo Pano Becerra (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón, Rómulo Isael Salazar Macías (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Alfonso Sánchez Hernández (rúbrica), Salvador Vega Casillas, María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), Israel Tentory García (rúbrica), José Javier Villacaña Jiménez, María Concepción Fajardo Muñoz (rúbrica).

La Comisión de Salud

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva, Gisela Juliana Lara Saldaña, Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), María Salomé Elyd Sáenz, Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala, Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás, Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández, María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka, Martha Lucía Mícher Camarena, Irma Sinforina Figueroa Romero (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica), María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE SALUD, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA SEP, A LA SEDENA, AL IMSS, AL ISSSTE, A LA PGR Y AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A CUMPLIR LA NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-028-SSA2-1999, PARA LA PREVENCIÓN, EL TRATAMIENTO Y EL CONTROL DE LAS ADICCIONES

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio y posterior dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la SEP, a la Sedena, al IMSS, al ISSSTE, a la PGR y al Gobierno del Distrito Federal a cumplir la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-028-SSA2-1999, para la prevención, el tratamiento y el control de las adicciones, presentada por el diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de "antecedentes" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo en turno para la elaboración del dictamen respectivo, así como de los trabajos previos de la Comisión dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "contenido del punto de acuerdo" se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el capítulo de "consideraciones", la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen.

 I. Antecedentes.

En sesión celebrada por la H. Cámara de Diputados con fecha 8 de diciembre de 2005, el diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la SEP, a la Sedena, al IMSS, al ISSSTE, a la PGR y al Gobierno del Distrito Federal a cumplir la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-028-SSA2-1999, para la prevención, el tratamiento y el control de las adicciones.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la mencionada proposición a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido del punto de acuerdo.

En su exposición de motivos el diputado promovente hace evidente su preocupación por el uso y abuso de sustancias así como las adicciones al alcohol, el tabaco y otras drogas, lícitas o ilícitas, ya que constituyen un grave problema de salud pública y tienen además importantes consecuencias negativas que trascienden en el ámbito de la salud individual y repercuten en la familia y en la sociedad.

Afirma que entre los problemas asociados al consumo se pueden citar, para el caso del alcohol: el aumento alarmante de los accidentes de tránsito y conducta violenta, cirrosis hepática, diabetes mellitus, conducta sexual riesgosa, problemas psiquiátricos, alcoholismo y síndrome alcohólico-fetal. En el caso del tabaco: cáncer pulmonar y de otros órganos, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y problemas perinatales, entre otros. El uso y el abuso de otras drogas conllevan a la aparición de problemas psicosociales y psiquiátricos, enfermedades de transmisión sexual, criminalidad, lesiones por causa externa y muerte súbita, entre otros.

Es por ello, que requiere, exhorta y exige a las dependencias e instituciones del sector público mencionadas, para que den cumplimiento a la norma oficial mexicana PROY-NOM-028-SSA2-1999.

III. Consideraciones.

A. Los diputados integrantes de la Comisión de salud coincidimos con la preocupación del diputado promovente, ya que somos conscientes del incremento de las adicciones en nuestro país.

B. Según el Conadic (Consejo Nacional Contra las Adicciones) el abuso de alcohol, tabaco y drogas en nuestro país ha presentado un incremento desigual afectando en forma distinta a la población. Varía la proporción afectada, las normas sociales, los problemas que el abuso representa para el individuo, la familia y la sociedad, la percepción de ésta ante el problema y las alternativas de tratamiento.

C. Precisamente por estas razones, es que la Secretaría de Salud, con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3o., fracciones XIX, XX y XXI, 13, apartado A), fracción I, apartado B) fracción I y 133, fracción I de la Ley General de Salud; 3o., fracción XI, 38, fracción II, 40, fracción XI, 41, 43, 44, 45, 46 y 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 4o. del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica; 6o., fracción XVII y 34, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 28 y 33, fracciones I y II del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-028-SSA2-1999, para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, el 12 de abril de 2000.

D. El citado proyecto de norma oficial mexicana se publica con la finalidad de que los interesados, dentro de los siguientes 60 días naturales contados a partir de la fecha de su publicación, presenten sus comentarios ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades.

E. Así, y con fecha 18 de agosto de 2000, con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 47, fracciones I, II y III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 33 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 6o., fracción XVII y 34, fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la respuesta a los comentarios recibidos en relación al proyecto de norma referido.

F. Con fecha 15 de septiembre de 2000, fue Publicada en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación.

G. Derivado de lo anterior es evidente que el diputado promovente ignora que el proyecto de norma del cual exige cumplimiento, ya es una Norma Oficial Mexicana vigente, que fue publicada en septiembre de 2000.

H. Por otra parte resulta ilógico exigir el cumplimiento de un proyecto de norma, ya que, como su nombre lo indica es sólo un proyecto, y por lo mismo, se encuentra en elaboración, la finalidad, de publicarlo es precisamente recibir comentarios para su modificación y perfeccionamiento, mismos que fueron incluidos en el resultado final.

I. Asimismo, la proposición del diputado carece de sentido, ya que como lo mencionamos anteriormente, la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, ha sido publicada y está vigente, por que lo que es absurdo exigir a la Secretaría de Salud el cumplimiento de un proyecto, en lugar del cumplimiento de la norma en sí.

J. Comprendemos la preocupación del diputado respecto al incremento en el consumo de tabaco, alcohol y drogas; sin embargo resultaría irresponsable e ilógico aprobar la proposición en sus términos.

 Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Salud con las atribuciones que les otorgan los artículos 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a su consideración el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la SEP, a la Sedena, al IMSS, al ISSSTE, a la PGR y al Gobierno del Distrito Federal a cumplir la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-028-SSA2-1999, para la prevención, el tratamiento y el control de las adicciones, presentada por el diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 8 de diciembre de 2005.

La Comisión de Salud

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Rojas Toledo, María Salomé Elyd Sáenz (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás, Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández, María Angélica Díaz del Campo, Julio Boltvinik Kalinka, Martha Lucía Mícher Camarena, Irma Sinforina Figueroa Romero (rúbrica), José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica), María Angélica Ramírez Luna.
 
 







Comunicaciones
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Dip. Alfredo Villegas Arreola
Presidente de la Comisión de Comunicaciones
Edificio

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que reforma el artículo 2 de al Ley Federal de Cinematografía, presentada el 24 de agosto de 2005 en la Comisión Permanente y turnada a la Comisión de Comunicaciones.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía". México, DF, a 4 de octubre de 2005.

Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica)
Secretario

Dip. Patricia Garduño Morales (rúbrica)
Secretaria
 
 

Dip. Javier Orozco Gómez
Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía
Edificio

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que reforma el artículo 2 de al Ley Federal de Cinematografía, presentada el 24 de agosto de 2005 en la Comisión Permanente y turnada a la Comisión de Comunicaciones.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía". México, DF, a 4 de octubre de 2005.

Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica)
Secretario

Dip. Patricia Garduño Morales (rúbrica)
Secretaria
 
 

Dip. Francisco Javier Saucedo Pérez
Presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social
Edificio

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que reforma el artículo 33 y adiciona los artículos 33-A, 33-B, 33-C, 33-D, 33-E y 33-F de la Ley de Sociedades cooperativas, presentada el 22 de septiembre de 2005.

Se turna a las Comisiones unidas de Fomento Cooperativo y Economía Social, y de Hacienda y Crédito Público. México, DF, a 4 de octubre de 2005.

Dip. Patricia Garduño Morales (rúbrica)
Secretaria

Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica)
Secretario
 
 

Dip. Gustavo Madero Muñoz
Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público
Edificio

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que reforma el artículo 33 y adiciona los artículos 33-A, 33-B, 33-C, 33-D, 33-E y 33-F de la Ley de Sociedades cooperativas, presentada el 22 de septiembre de 2005.

Se turna a las Comisiones unidas de Fomento Cooperativo y Economía Social, y de Hacienda y Crédito Público. México, DF, a 4 de octubre de 2005.

Dip. Patricia Garduño Morales (rúbrica)
Secretaria

Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica)
Secretario
 
 

Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente de la Comisión de Seguridad Social
Edificio

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que reforma los artículos 8, 9, 142, 147, 150 y 180 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, presentada el 12 de septiembre de 2005.

Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Defensa Nacional, con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. México, DF, a 5 de septiembre de 2005.

Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica)
Secretario

Dip. Patricia Garduño Morales (rúbrica)
Secretaria
 
 

Dip. Guillermo Martínez Nolasco
Presidente de la Comisión de Defensa Nacional
Edificio

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que reforma los artículos 8, 9, 142, 147, 150 y 180 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, presentada el 12 de septiembre de 2005.

Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Defensa Nacional, con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. México, DF, a 5 de septiembre de 2005.

Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica)
Secretario

Dip. Patricia Garduño Morales (rúbrica)
Secretaria
 
 

Dip. Adriana González Furlong
Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
Edificio

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que reforma los artículos 8, 9, 142, 147, 150 y 180 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, presentada el 12 de septiembre de 2005.

Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Defensa Nacional, con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. México, DF, a 5 de septiembre de 2005.

Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica)
Secretario

Dip. Patricia Garduño Morales (rúbrica)
Secretaria
 
 

Dip. José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti
Presidente de la Comisión del Distrito Federal
Edificio

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 76 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 22 de septiembre de 2005.

Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y del Distrito Federal. México, DF, a 30 de septiembre de 2005.

Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica)
Secretario

Dip. Patricia Garduño Morales (rúbrica)
Secretaria
 
 

Dip. Francisco Cuauhtémoc Frías Castro
Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales
Edificio

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 76 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 22 de septiembre de 2005.

Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y del Distrito Federal. México, DF, a 30 de septiembre de 2005.

Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica)
Secretario

Dip. Patricia Garduño Morales (rúbrica)
Secretaria
 
 

Dip. Rebeca Godínez y Bravo
Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Edificio

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y de la Ley de la Política Federal Preventiva, presentada por la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés el 12 de abril de 2006.

Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad Pública, con opinión de las Comisiones Especial de la niñez, adolescencia y familias, y de Comunicaciones. México, DF, a 5 de octubre de 2005.

Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica)
Secretario

Dip. Patricia Garduño Morales (rúbrica)
Secretaria
 
 

Dip. Jorge Uscanga Escobar
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública
Edificio

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y de la Ley de la Política Federal Preventiva, presentada por la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés el 12 de abril de 2006.

Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad Pública, con opinión de las Comisiones Especial de la niñez, adolescencia y familias, y de Comunicaciones. México, DF, a 5 de octubre de 2005.

Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica)
Secretario

Dip. Patricia Garduño Morales (rúbrica)
Secretaria
 
 

Dip. Angélica de la Peña Gómez
Presidenta de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias
Edificio

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y de la Ley de la Política Federal Preventiva, presentada por la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés el 12 de abril de 2006.

Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad Pública, con opinión de las Comisiones Especial de la niñez, adolescencia y familias, y de Comunicaciones. México, DF, a 5 de octubre de 2005.

Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica)
Secretario

Dip. Patricia Garduño Morales (rúbrica)
Secretaria
 
 

Dip. Alfredo Villegas Arreola
Presidente de la Comisión de Comunicaciones
Edificio

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y de la Ley de la Política Federal Preventiva, presentada por la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés el 12 de abril de 2006.

Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de Seguridad Pública, con opinión de las Comisiones Especial de la niñez, adolescencia y familias, y de Comunicaciones. México, DF, a 5 de octubre de 2005.

Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica)
Secretario

Dip. Patricia Garduño Morales (rúbrica)
Secretaria
 
 

Dip. Angélica de la Peña Gómez
Presidenta de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias
Edificio

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que crea la Ley del Sistema de justicia Penal para Adolescentes, presentada por la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 14 de abril de 2006.

Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y Especial de la niñez, adolescencia y familias. México, DF, a 5 de octubre de 2005.

Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica)
Secretario

Dip. Patricia Garduño Morales (rúbrica)
Secretaria
 
 

Dip. Rebeca Godínez y Bravo
Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Edificio

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que crea la Ley del Sistema de justicia Penal para Adolescentes, presentada por la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 14 de abril de 2006.

Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y Especial de la niñez, adolescencia y familias. México, DF, a 5 de octubre de 2005.

Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica)
Secretario

Dip. Patricia Garduño Morales (rúbrica)
Secretaria
 
 

Dip. Adriana González Furlong
Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
Edificio

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que crea la Ley del Sistema de justicia Penal para Adolescentes, presentada por la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 14 de abril de 2006.

Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y Especial de la niñez, adolescencia y familias. México, DF, a 5 de octubre de 2005.

Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica)
Secretario

Dip. Patricia Garduño Morales (rúbrica)
Secretaria
 
 

Dip. Adriana González Furlong
Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
Edificio

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia, el día 24 de agosto de 2005.

Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión Especial de la niñez, adolescencia y familias. México, DF, a 5 de octubre de 2005.

Dip. Patricia Garduño Morales (rúbrica)
Secretaria

Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica)
Secretario
 
 

Dip. Angélica de la Peña Gómez
Presidenta de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias
Edificio

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia, el día 24 de agosto de 2005.

Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión Especial de la niñez, adolescencia y familias. México, DF, a 5 de octubre de 2005.

Dip. Patricia Garduño Morales (rúbrica)
Secretaria

Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica)
Secretario
 
 

Dip. Adriana González Furlong
Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
Edificio

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales (en materia de explotación sexual infantil), presentada por el diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el día 12 de septiembre de 2005.

Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de las Comisiones Especial de la niñez, adolescencia y familias, y de Atención a Grupos Vulnerables. México, DF, a 5 de octubre de 2005.

Dip. Patricia Garduño Morales (rúbrica)
Secretaria

Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica)
Secretario
 
 

Dip. Angélica de la Peña Gómez
Presidenta de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias
Edificio

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales (en materia de explotación sexual infantil), presentada por el diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el día 12 de septiembre de 2005.

Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de las Comisiones Especial de la niñez, adolescencia y familias, y de Atención a Grupos Vulnerables. México, DF, a 5 de octubre de 2005.

Dip. Patricia Garduño Morales (rúbrica)
Secretaria

Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica)
Secretario
 
 

Dip. Rebeca Godínez y Bravo
Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Edificio

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales (en materia de explotación sexual infantil), presentada por el diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el día 12 de septiembre de 2005.

Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de las Comisiones Especial de la niñez, adolescencia y familias, y de Atención a Grupos Vulnerables. México, DF, a 5 de octubre de 2005.

Dip. Patricia Garduño Morales (rúbrica)
Secretaria

Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica)
Secretario
 
 

Dip. Adriana González Furlong
Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
Edificio

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que reforma la fracción XI y adiciona una fracción XII del artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, presentada por el diputado José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el día 13 de septiembre de 2005.

Se turna a la Comisión de Salud, con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. México, DF, a 5 de octubre de 2005.

Dip. Patricia Garduño Morales (rúbrica)
Secretaria

Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica)
Secretario
 
 

Dip. José Ángel Córdova Villalobos
Presidente de la Comisión de Salud
Edificio

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el trámite dictado a la iniciativa que reforma la fracción XI y adiciona una fracción XII del artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, presentada por el diputado José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el día 13 de septiembre de 2005.

Se turna a la Comisión de Salud, con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. México, DF, a 5 de octubre de 2005.

Dip. Patricia Garduño Morales (rúbrica)
Secretaria

Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica)
Secretario
 
 






Actas
DE LA COMISIÓN DE SALUD, DE SU TRIGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN PLENARIA, EFECTUADA EL JUEVES 16 DE MARZO DE 2006

Con fundamento al acuerdo publicado el pasado 11 de octubre del presente en la Gaceta Parlamentaria número 1859, año VIII, la Comisión de Salud a efecto de dar cumplimiento al artículo 4 de dicho acuerdo, emite la siguiente acta correspondiente a la trigésima reunión plenaria, celebrada el día 16 de marzo de 2006 en el salón de protocolo.

a) Trigésima reunión plenaria, 16 de marzo de 2006.

Inicio: 10:50 horas.
Término: 13:30 horas.
Presidente: Diputado José Ángel Córdova Villalobos. Lista de asistentes

Orden del Día

1. Verificación de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y en caso, aprobación de las actas de la 28ª y 29ª reuniones plenarias.
4. Lectura y en su caso, aprobación de los anteproyectos de dictamen de los asuntos turnados a la Comisión de Salud y
5. Asuntos generales. En relación al punto número 2 del orden del día, el Presidente de la Comisión dio lectura al orden del día, aprobándose por unanimidad.

En relación al punto número 3 del orden del día, se dispensó la lectura de las actas ya que con anterioridad habían sido enviadas a los integrantes de la Comisión, aprobándose por unanimidad.

En relación al punto número 4 del orden del día se revisó el expediente 169/LIX, (creación del Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología) de la iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma la fracción XI, y se adiciona una fracción XII al artículo 5, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. El dictamen fue turnado a la 2ª Subcomisión, elaborando dictamen en sentido positivo. Al respecto el diputado Lucio Galileo Lastra Marín comentó que esta de acuerdo con la iniciativa pero que es importante que también se agregue el estudio del envejecimiento, por lo que en el texto del artículo 5, fracción XI, se agregó "y el estudio del envejecimiento", aprobándose por unanimidad.

Posteriormente se revisó el expediente 91/LIX (modificación del capítulo de sanciones de la Ley General de Salud), de la iniciativa que reforma los artículos 419, 420,421 y 422 y adiciona el artículo 421-Bis de la Ley General de Salud. Dicho dictamen se turnó a la 3ª Subcomisión, elaborando el dictamen en sentido positivo, al respecto el diputado Córdova Villalobos, dio a conocer que en el dictamen se omitieron las siguientes observaciones: En el artículo 421 de la iniciativa y dictamen, no se encuentran estipulados los artículos 277 y 277 Bis que son reformas importantes al tabaco en cuanto a sus sanciones, y que estos artículos existen en la Ley General de Salud vigente. Y en el caso del mismo artículo (421) del dictamen aprobado por la Tercera Subcomisión, no están estipulados los artículos 308 Bis, 309 y 309 Bis, que son reformas importantes referidas a la publicidad del tabaco, y también se encuentran en la ley vigente. Por lo anterior el Presidente de la Comisión solicitó su aprobación para incluirlo en dicho anteproyecto, aprobándose por unanimidad.

Posteriormente se revisó el expediente 170/LIX (denominación al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias), de la iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 5, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. El dictamen se turnó a la 3ª. Subcomisión, elaborando dictamen en sentido positivo, el cual se aprobó por unanimidad.

Posteriormente se revisó el expediente 24/LVIII (investigación y comercialización de productos transgénicos), al respecto el diputado José Ángel Córdova comentó que ésta es una iniciativa en la que la Comisión emitiría su opinión, ya que estaba en Comisiones Unidas con la Comisión de Economía, quien ya la dictaminó en sentido negativo y no espero la opinión de la Comisión de Salud. Comentó también que ya se aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados en sentido negativo, publicándose en la Gaceta Parlamentaria el día martes 29 de Noviembre de 2005.

Posteriormente se revisó el expediente 112/LIX (paternidad responsable) de la iniciativa de ley que adiciona en artículo 112 de la Ley General de Salud. El dictamen se turnó a la Primera Subcomisión elaborándolo en sentido positivo, quedando en el artículo 112, fracción III, las palabras "maternidad y paternidad responsables", aprobándose por unanimidad.

El diputado José Ángel Córdova Villalobos, Presidente de la Comisión, comentó que ya que en las reuniones plenarias convocadas con anterioridad no se había tenido quórum, se habían acumulado en el archivo legislativo varios asuntos que aún no eran revisados por las Subcomisiones. Al respecto propuso que en ese momento se revisarán los asuntos aunque no hubieran sido revisados por las Subcomisiones, aprobándose por unanimidad por el pleno de la Comisión.

Se revisó el expediente 145/LIX (punto de acuerdo para coordinar e implementar mejoras al sistema de dietas y alimentación de los internos que habitan los Cerezos), de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Seguridad Pública, y de Salud, a coordinar las medidas necesarias a efecto de que se revisen y se implementen mejoras al sistema de dietas y alimentación de los internos que habitan los centros federales de readaptación social. Al respecto el diputado Rafael García Tinajero comentó que era importante que se agregaran a los Cerezos de los estados de la República, por lo que el diputado Córdova propuso al pleno de la Comisión que se agregara la palabra "y a las entidades federativas" en el dictamen, aprobándose por unanimidad.

Posteriormente se revisó el expediente 181/LIX (incluir a los niños con enfermedad terminal en la Ley de Asistencia Social), de la iniciativa de ley que adiciona un inciso, a la fracción I, del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social. Dicho dictamen ya fue aprobado en sentido positivo por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, aprobándose por unanimidad por el pleno de la Comisión de Salud.

Se revisó el expediente 200/LIX, (programas para la atención etiológica de las adicciones), de la iniciativa de ley que adiciona los artículos 193 Bis, 193 Bis 2, y 193 Bis 3 de la Ley General de Salud, se elaboró el dictamen en sentido negativo por considerar que el Conadic ya considera en el artículo II del Reglamento Interior las políticas, estrategias y programas en materia de adicciones sin considerar la ludopatía como adicción toxicológica, aprobándose por el Pleno de la Comisión.

Posteriormente se revisó el expediente 207/LIX, del dictamen de la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y de Economía para que compañías refresqueras incluyan vitaminas y minerales en la elaboración de jugos o zumos de frutas naturales en todas sus presentaciones, el dictamen se turnó a las Comisiones de Salud y de Economía, se elaboró dictamen en sentido positivo, aprobado por unanimidad por el Pleno de la Comisión.

Se revisó el expediente 211/LIX, del dictamen de la proposición con punto de acuerdo para invitar y promover el otorgamiento del Distintivo "H" a los establecimientos que expenden o suministren alimentos y bebidas. El dictamen se turnó a las Comisiones Unidas de Salud, y de Turismo, esta última lo remitió a esta Comisión aprobado en sentido positivo. Se aprobó por unanimidad por la Comisión de Salud.

Posteriormente se revisó el expediente 212/LIX, de la proposición con punto de acuerdo para incluir a los infantes y adolescentes del país que padecen de cáncer, para que de manera urgente e inmediata se incorporen en el Seguro Popular, al respecto el diputado José Ángel Córdova señaló que el dictamen se elaboró en sentido negativo por considerar que ya está incluido en el Sistema Nacional de Protección Social en Salud y que al Instituto Nacional de Cancerología le fue asignado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2006 un presupuesto de $590,449,887.00. El dictamen se aprobó por unanimidad.

Se revisó el expediente 183/LIX, de la iniciativa de ley para incluir un Capítulo Tercero Bis para la investigación de enfermedades degenerativas, adicionando los artículos 115 Bis, 115 Ter y 115 Quater a la Ley General de Salud, al respecto el diputado José Ángel Córdova Villalobos, Presidente de la Comisión comentó que el dictamen fue elaborado en sentido negativo por considerar que el artículo 96 de la propia Ley General de Salud ya incluye la investigación para la salud, la prevención y control de los problemas de salud que se consideren prioritarios para la población. Dicho dictamen fue aprobado por unanimidad por el Pleno de la Comisión.

Se revisaron los dictámenes de los expedientes 206/LIX y 154/LIX de las iniciativas que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud para sancionar la dicotomía, al respecto los diputados asistentes emitieron su opinión al respecto, haciendo del conocimiento a los asistentes el diputado Rafael García Tinajero, que la propuesta del dictamen tiene relación con lo referente a las leyes mercantiles, por lo que es importante la opinión de la Comisión de Economía. Este último no se aprobó ya que se convocó un receso de una hora, y los diputados asistentes regresarían a la reunión para terminar de revisar los asuntos turnados a la Comisión. Se hizo rectificación de quórum no contando con el legal para seguir con la reunión.

El diputado Córdova comentó a los diputados presentes de la reunión, que se llevaría a cabo con el director del IMSS el día miércoles 22 de marzo a las 17:00 horas, haciendo extensiva la invitación.

Convocó a próxima reunión plenaria para el día 30 de marzo a las 10:00 horas.

Término de la reunión 13:30 horas.

Así lo acordaron:

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), Presidente; José J. Osorio Salcido (rúbrica), secretario; Cristina Díaz Salazar, secretaria; Pablo Anaya Rivera (rúbrica), secretario; Rafael García Tinajero (rúbrica), secretario.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores
DE LA ECONOMÍA MEXICANA Y LAS FINANZAS PÚBLICAS. CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
 
MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS MENSUALES
 
  2005 2006
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar
  Producción
  (variación porcentual anual)
IGAE 1 3.7  3.2  0.5  4.8  3.6  1.2 1.9 4.3 4.0 3.1 2.5 2.4 5.7 - -
Producción manufacturera 2 1.7  2.4 -5.3  5.7  2.7 -0.2 -2.0 1.7 1.1 2.4 3.0 1.8 6.3 - -
     
Tasa General de Desempleo Abierto (%) 3 4.1  3.8  3.6  3.7  3.3  3.6  4.0  3.7  3.7  3.6  3.0  2.8  3.5  3.6  -
Trabajadores asegurados en IMSS (miles) 4 12,577 12,689 12,711 12,802 12,824 12,847 12,897 12,951 13,080 13,222 13,335 13,185 13,222 13,345 -
Personal ocupado Ind. Manufacturera (var.% anual) -0.8  -1.5  -1.9 -1.3 -1.2 -1.3 -1.1 -0.8 0.0 -0.4 -0.5 0.1 0.0 - -
Productividad en la Ind. Manufacturera (var.% anual) 5 2.4  2.7  0.1 2.6 0.1 -1.8 0.1 0.6 0.1 2.5 0.8 -0.4 5.2 - -
Salario base de cotización al IMSS 6 166.2  166.4 165.1 164.3 167.1 166.7 167.9 166.7 165.2 164.1 164.0 163.4 - - -
Remuneraciones medias Ind. Manufacturera. (var. % anual) 7 -0.4  0.0  0.2 -1.8 0.1 1.3 -1.5 0.4 -0.8 0.6 1.3 -0.7 0.3 - -
  Inflación8
  (variación porcentual)
Mensual 0.0 0.3 0.5 0.4 -0.3 -0.1 0.4 0.1 0.4 0.2 0.7 0.6 0.6 0.2 0.1
Acumulada 0.0 0.3 0.8 1.1 0.9 0.8 1.2 1.3 1.7 2.0 2.7 3.3 0.6 0.7 0.9
Anual 4.5 4.3 4.4 4.6 4.6 4.3 4.5 3.9 3.5 3.1 2.9 3.3 3.9 3.7 3.4
  Sector Monetario y Financiero
Tipo de cambio (pesos por dólar, promedio) 9 11.3 11.1 11.1 11.1 11.0 10.8 10.7 10.7 10.8 10.8 10.7 10.6 10.5 10.5 10.7
Cetes 28 días (%) 8.6 9.2 9.4 9.6 9.8 9.6 9.6 9.6 9.2 8.9 8.7 8.2 7.9 7.6 7.4
Reservas Internacionales (mdd) 10 61,762 62,138 61,739 60,715 60,536 61,774 59,331 60,880 62,836 65,145 66,998 68,669 67,305 67,329 67,487
  Sector Externo
  (millones de dólares)
Balanza comercial 11 -1,136 -571 -178 -646 -2 -51 -697 -628 -313 -637 -1,508 -1,195 534 461 -
Exportaciones 14,136 15,414 17,338 17,368 18,272 17,970 16,401 19,508 18,325 19,203 20,372 19,406 19,205 18,837 -
Importaciones 15,272 15,985 17,516 18,013 18,270 18,022 17,098 20,136 18,638 19,840 21,880 20,601 18,672 18,376 -
  Petróleo
Precio mezcla mexicana (USD por barril) 31.7 32.8 38.0 39.8 39.6 44.1 45.7 50.4 51.4 48.2 42.3 44.62 50.3 48.5 -
Volumen de exportaciones (mbd) 1,818 1,898 1,856 1,781 1,841 1,796 1,714 1,766 1,677 1,908 1,909 1,848 2,052 1,968 -
  Finanzas Públicas
  (millones de pesos)
Balance Público 1,162 -675 25,917 26,101 20,368 -31,795 20,718 22,282 17,527 3,290 2,592 -114,989 11,354 13,097 -
Balance Presupuestario 6,497 306 25,576 24,251 17,410 -33,069 22,894 16,653 15,953 7,219 3,679 -112,881 14,434 10,878 -
Ingresos Presupuestarios 165,617 133,258 172,251 168,103 150,403 162,074 156,618 155,689 163,038 156,920 168,479 195,723 193,819 175,971 -
Gasto neto presupuestario 159,121 132,951 146,676 143,852 132,993 195,143 133,724 139,036 147,085 149,701 164,800 308,604 179,385 165,093 -
Balance No Presupuestario -5,335 -981 341 1,850 2,958 1,273 -2,176 5,629 1,573 -3,928 -1,087 -2,108 -3,080 2,219 -
Balance Público Primario 24,706 16,630 40,960 41,815 30,595 -2,029 44,067 41,428 33,764 14,030 10,819 -89,352 37,253 26,726 -
Deuda pública externa bruta (mdd) 81,232 80,150 79,268 77,224 75,657 75,525 75,315 74,544 73,946 72,813 71,962 71,675 74,857 72,221 -
Deuda interna bruta del Gobierno Federal 1,105,550 1,100,294 1,127,706 1,138,270 1,139,062 1,160,432 1,176,134 1,191,851 1,213,612 1,219,407 1,233,882 1,242,154 1,255,274 1,286,332 -
  Economía Internacional
Estados Unidos  
Índice de producción industrial 12 4.2 3.7 4.0 3.1 2.4 3.7 3.1 3.1 2.0 2.4 3.2 3.5 3.0 3.3 -
Inflación mensual (%) 0.1 0.4 0.6 0.5 -0.1 0.0 0.5 0.5 1.2 0.2 -0.6 -0.1 0.7 0.1 -
Inflación acumulada (%) 0.1 0.4 1.0 1.6 1.5 1.5 2.0 2.6 3.8 4.0 3.5 3.4 0.7 0.8 -
Balanza comercial (mdd) 13 -58,267 -60,114 -53,744 -57,618 -55,972 -59,129 -57,355 -58,462 -65,585 -67,836 -64,462 -65,074 -68,513 - -
Exportaciones (mdd) 102,121 101,307 102,724 105,610 105,589 105,738 106,672 108,400 105,940 107,372 109,185 111,562 114,371 - -
Importaciones (mdd) 160,388 161,421 156,468 163,228 161,561 164,867 164,027 166,862 171,525 175,208 173,647 176,636 182,884 - -
Tasa Prime Rate (promedio % anual) 5.3 5.5 5.6 5.8 6.0 6.0 6.3 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.3 7.5 7.5
Tasa Libor un mes (promedio % anual) 2.5 2.6 2.8 3.0 3.1 3.3 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.5 4.6 4.8
Euro (pesos por divisa) 14.6 14.5 14.7 14.3 13.9 13.1 12.9 13.1 13.2 13.0 12.6 12.5 12.8 12.5 12.9
Yen (divisa por peso) 9.3 9.4 9.4 9.6 9.7 10.0 10.5 10.3 10.3 10.6 11.1 11.1 10.9 11.2 10.9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatorias
DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

A su reunión de trabajo, que se realizará el martes 18 de abril, a las 11 horas, en la sala de juntas de la Comisión (edificio D, tercer piso).

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
4. Análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta levantada con motivo de la sesión anterior.
5. Exposición de servidores públicos de las Secretarías de Gobernación, de Marina, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con relación a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 48 constitucional (derecho insular).

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen negativo respecto de la iniciativa que reforma el inciso A), fracción VI, del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Abraham Bagdadi Estrella, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y la iniciativa para adicionar el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se establecen adiciones a diversas disposiciones de la Ley General de Educación, presentada por la diputada Susana Manzanares Córdova, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen negativo respecto de la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 3o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, 4, 8, 9, 12, 13, 37, 48, 51, 53, 54, 55, 65, 66 y 77 de la Ley General de Educación, presentada por el diputado Juan Manuel Vega Rayet, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (entrada, salida y estancia en territorio nacional de unidades militares de otros países y del Ejército mexicano).

9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 74, 79, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (entidad superior de fiscalización de la Federación).
10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen relativo a la reforma del artículo 99, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (impugnaciones de actos o resoluciones en materia electoral).

11. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen por el que se reforma el artículo 73, fracción XXIX-H (tribunales de lo contencioso admnistrativo).
12. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa por la que se propone reformar los artículos 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (proceso de reforma institucional).

13. Asuntos generales.
14. Clausura de la reunión.

 Atentamente
Dip. Francisco C. Frías Castro
Presidente
 

 

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

A la reunión de su Mesa Directiva, que se efectuará el martes 18 de abril, a las 15:30 horas, en el salón F del edificio G.

Atentamente
Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

A su vigésima cuarta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el martes 18 de abril, a las 16 horas, en la zona C del edificio G.

Atentamente
Dip. Claudia Ruiz Massieu Salinas
Presidenta
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE SALUD

A la cuadragésima reunión de su Mesa Directiva, que se efectuará el martes 18 de abril, a las 16 horas, en la sala de juntas de la Presidencia de la Comisión.

Orden del Día

1. Verificación de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Lectura y, en su caso, aprobación de los anteproyectos de dictamen de los asuntos turnados a la Comisión de Salud.
5. Asuntos generales. Atentamente
Dip. José Ángel Córdova Villalobos
Presidente
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL

A su vigésima quinta reunión plenaria, que se verificará el miércoles 19 de abril, a las 9 horas, en el salón E del edificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (dictamen a discusión y, en su caso, aprobación).
4. Dictamen de iniciativas que reforman diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular (dictamen a discusión y, en su caso, aprobación).
5. Asuntos generales. Atentamente
Dip. Francisco Javier Saucedo Pérez
Presidente
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE SALUD

A su trigésima tercera reunión plenaria, que se verificará el miércoles 19 de abril, a las 11 horas, en el salón de protocolo situado en el edificio A, planta baja.

Orden del Día

1. Verificación de quórum.
2 Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Lectura y, en su caso, aprobación de los anteproyectos de dictamen de los asuntos turnados a la Comisión de Salud.
5. Asuntos generales. Atentamente
Dip. José Ángel Córdova Villalobos
Presidente
 

 

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

A su reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 19 de abril, a las 15 horas, en la zona C del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Análisis y, en su caso, aprobación del acta de la reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Social celebrada el pasado 28 de febrero de 2006.
4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de diversos dictámenes.
5. Asuntos generales.
6. Clausura. Atentamente
Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente
 
 
 

DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

A la reunión de su Mesa Directiva, que se verificará el jueves 20 de abril, a las 9:30 horas, en la sala de juntas de la Comisión (edificio D, cuarto piso).

Orden del Día

1. Bienvenida.
2. Verificación de quórum.
3. Agenda Foro de reforma política del Distrito Federal.
4. Asuntos pendientes.
5. Clausura. Atentamente
Dip. José Agustín Ortiz Pinchetti
Presidente
 
 









Invitaciones
DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

A la decimoséptima Ofrenda del Día Mundial de Nuestra Madre Tierra, dentro del marco del Foro Permanente de Consulta Ciudadana, que se llevará a cabo del 17 al 21 de abril, de las 10 a las 14 y de las 16 a las 17 horas, en el auditorio sur, situado en el edificio A, segundo piso.

Atentamente
Dip. Jaime Miguel Moreno Garavilla
Presidente
 

 

DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

Al ciclo de mesas de discusión El Congreso a debate, organizado en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que se efectuarán el 19 y 26 de abril, y el 3 y 4 de mayo, en el salón Legisladores de la República, a las 11 horas.

Objetivo
Realizar un encuentro entre especialistas y actores políticos en el que se expongan y debatan ideas acerca del presente y futuro del Congreso mexicano.

Participantes
Especialistas en temas político-parlamentarios (politólogos, políticos, periodistas, abogados e historiadores).
Legisladores federales.

Atentamente
Dip. Iván García Solís
Presidente
 
 
 

DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN, GESTORÍA Y QUEJAS

Al Foro de información contra las adicciones, familia y juventud, que se inaugurará el martes 25 de abril, a las 10 horas, en el lobby del edificio E.

Atentamente
Dip. Alfonso Rodríguez Ochoa
Presidente
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL

A la exposición de maquinaria y equipo agrícola y forestal, que se llevará a cabo del martes 25 al jueves 27 de abril.

Atentamente
Dip. Miguel Luna Hernández
Presidente
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE SALUD

Al foro Responsabilidad en la atención médica, que se efectuará el miércoles 26 de abril, de las 9 a las 14 horas, en el auditorio del edificio E.

Atentamente
Dip. José Ángel Córdova Villalobos
Presidente
 

 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL CAMPO

Al Encuentro regional de evaluación del Acuerdo Nacional para el Campo, que se realizará el viernes 12 de mayo, en la ciudad de Mexicali, Baja California.

Atentamente
Dip. Rafael Galindo Jaime
Presidente