Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Guillermo Velasco Rodríguez, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se tenga a bien someter a la consideración del Pleno la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Desde hace años, fenómenos naturales reiterados, debidos principalmente a diversos fenómenos climáticos, han ocasionado devastación y miseria en el territorio nacional.
Tal es el caso por los daños en al menos siete municipios de la costa de Chiapas que han dejado las lluvias de los recientes días, y causando daños en la zona costera chiapaneca en donde se aplica el Plan DN III por lo cual fue necesario proporcionar albergue en 11 refugios temporales a 405 familias afectadas.
Asimismo, los daños que las intensas lluvias de las últimas 24 horas en la costa de Chiapas, obligaron a las autoridades de Protección Civil a decretar alerta en esa región. Además desalojaron al menos a un centenar de familias por los desbordamientos de ríos en Tapachula, Huehuetán, Villa Comaltitlán, Mapastepec.
Según las autoridades de Protección Civil de Tapachula, se produjeron encharcamientos en los poblados de San Nicolás Lagartero y en el ejido Álvaro Obregón, así como un derrumbe en la carretera que conduce al ejido El Edén, en la zona alta de dicho municipio, lo que mantiene incomunicadas al resto de los poblados de esa zona.
En el municipio de Huixtla, el desbordamiento del río del mismo nombre obligó al desalojo de varias familias asentadas en las márgenes. En la colonia Belisario Domínguez una vivienda se derrumbó, por lo que un menor resultó lesionado. Las autoridades reportaron que en el tramo carretero Huixtla-Motozintla, en la Sierra Madre chiapaneca, parte de un cerro se desgajó, dejando incomunicadas varias comunidades.
Se conoce también que las lluvias provocaron el derrumbe de dos puentes, deslaves carreteros y aislaron comunidades de los municipios de Villa Comaltitlán, Tapachula, Mapastec, Pijijiapan, Motozintla y Villa Comaltitlán.
Las aguas derribaron un puente sobre la carretera Mapastec- Sesecapa, donde la comunicación está interrumpida; en Pijijiapan el colapso del puente El Novillero interrumpe el paso vehicular, mientras que cuadrillas de obras públicas despejan ocho derrumbes que se presentaron en la ruta Huixtla - Motozintla.
El desbordamiento de los afluentes San Luis y San Nicolás en Mapastec obligó al desalojo de ocho comunidades, mientras que el río Huehuetán de ese mismo municipio afectó decenas de habitantes de tres barrios.
En la región un millar de personas reciben albergue en 11 refugios temporales, donde personal militar, de la Cruz Roja y Protección Civil les proporcionan alimentos, asistencia médica, colchas y cobertores.
La Dirección de Coordinación Municipal y Sectorial de la Subsecretaría de Protección Civil precisó que en Pijijiapan se atienden a 200 personas; Mazatán, 300; Mapastec, 300 y la Comaltitlán otras 300.
En su reporte preliminar, las autoridades de Protección Civil señalan que las actividades preventivas continuarán en la región, ante el probable aumento de los cauces de los ríos Chalacas y Villacomaltitlán, en el municipio de este mismo nombre, así como el cauce El Novillero que cruza Mapastepec y Pijijipan.
Asimismo, consideramos necesario que las diversas áreas de la administración publica federal y estatal coordinen la ayuda necesaria para nuestros hermanos en desgracia, sobre todo, por que esa ayuda puede satisfacer la necesidad de muchas comunidades y ser crucial para la supervivencia de los chiapanecos.
Los miembros del Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos que la mejor prevención contra este tipo de desastres implica acciones de protección, y restauración de nuestro patrimonio ecológico.
Por todo lo anterior, es que solicitamos al Pleno de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que se acuerde:
Primero.- Solicitamos que a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la declaratoria de emergencia para la zona afectada, los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, se canalicen con premura, a fin de poder atender con mayor efectividad y prontitud la grave situación que enfrentan nuestros compatriotas.
Segundo.- Que el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación aplique lo que establece la fracción XXIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,1 para minimizar los efectos por las lluvias suscitadas en Chiapas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 29 días del mes de septiembre de 2005.
Nota:
1 Conducir y poner en ejecución, en coordinación
con las autoridades de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal,
con los gobiernos municipales, y con las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, las políticas y programas
de protección civil del Ejecutivo, en el marco del Sistema Nacional
de Protección Civil, para la prevención, auxilio, recuperación
y apoyo a la población en situaciones de desastre y concertar con
instituciones y organismos de los sectores privado y social, las acciones
conducentes al mismo objetivo.
Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica),
coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Luis Antonio González
Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier
Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles
Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo,
Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes
Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra
Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier
Orozco Gómez, Guillermo Velasco Rodríguez.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD, EN COORDINACIÓN CON
LA SEMARNAT, AL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y A LOS GOBIERNOS
DE LOS ESTADOS DE ZACATECAS, MICHOACÁN, JALISCO, QUERÉTARO,
GUANAJUATO, BAJA CALIFORNIA, SONORA, CHIHUAHUA, COAHUILA, NUEVO LEÓN
Y TAMAULIPAS A IMPLANTAR UN PROGRAMA PERMANENTE DE VERIFICACIÓN
VEHICULAR, A CARGO DEL DIPUTADO GUILLERMO VELASCO RODRÍGUEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Jacqueline Argüelles Guzmán y Guillermo Velasco Rodríguez, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Los contaminantes del aire tienen distinto potencial para producir daño a nuestra salud, lo cual depende de sus propiedades físicas y químicas, de la dosis que inhalamos, del tiempo y frecuencia de exposición, y de las características de la población expuesta. El ozono y las partículas suspendidas son los contaminantes que tienen mayor importancia, tanto por los efectos potenciales en la salud, como por la frecuencia con la que exceden las normas de calidad del aire para la protección a la salud1.
La contaminación del aire está relacionada con serios trastornos a la salud entre los que destacan:
La disminución de la capacidad respiratoria,
El aumento de ataques de asma,
El incremento de casos de enfermedades cardiacas, y
El aumento en la frecuencia de cánceres pulmonares.
El nivel de riesgo individual está determinado por diversos factores que incluyen: la predisposición genética, la edad, estado nutricional, presencia y severidad de condiciones cardiacas y respiratorias, y el uso de medicamentos; así como la actividad y el lugar de trabajo. Por ello, generalmente la población más marginada y menos favorecida es la que tiene los riesgos más elevados.
Recordemos también que dentro de este segmento social, los que tienen el mayor riesgo a la exposición de contaminantes son los niños menores de 5 años y las personas de la tercera edad (mayores de 65 años).
A la fecha, los efectos más estudiados en relación con la exposición aguda a los contaminantes atmosféricos son los cambios en la función pulmonar, el aumento de síntomas respiratorios y la mortalidad. Varias investigaciones describen un incremento en la mortalidad total (no incluye muertes accidentales) asociada con la exposición a partículas, ozono y sulfatos, lo cual ocurre principalmente en individuos con padecimientos cardiovasculares y/o respiratorios. El incremento de la mortalidad en estos grupos ocurre entre uno y cinco días después de una exposición peligrosa.
La morbilidad también está asociada con la exposición aguda a los contaminantes. Las enfermedades del tracto respiratorio superior e inferior, bronquitis, neumonía y enfermedades pulmonares obstructivas, son un ejemplo de la morbilidad asociada a la exposición aguda.
Reflexionemos que de acuerdo a numerosos estudios internacionales se ha demostrado que la contaminación generada por la combustión interna de los vehículos automotores es responsable de al menos el 40 por ciento de la contaminación al ambiente. Donde los vehículos automotores que usan gasolina como combustible generan varios contaminantes, como el monóxido de carbono (CO) y los hidrocarburos no quemados (HC). Dichos contaminantes se producen por la deficiente e incompleta combustión alimentada al interior de los cilindros, teniendo su origen en los sistemas mecánicos y eléctricos del motor.
Debido a que la emisión de estos gases produce deterioro en la calidad del aire, es necesario controlar dichas emisiones para no afectar la salud pública de los mexicanos y proteger a la población más sensible.
No obstante lo anterior, y de una manera poco responsable, el 22 de agosto de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, el cual permite la entrada de vehículos usados del vecino país del norte. El problema radica en que los autos que pretenden legalizar oscilan entre 10 a 15 años de antigüedad, mismos que contaminan hasta 60 por ciento más que los modelos recientes2. Esto representa "un paso hacia atrás" en materia de protección ambiental y en políticas de salud pública. Debido a la publicación de este decreto la calidad del aire de las ciudades en las que circulan dichos automóviles tendría un grave impacto negativo por dicha acción.
Aun cuando el Ejecutivo federal no esté interesado en la calidad del aire de los centros urbanos y del país en general, existen esfuerzos locales que buscan controlar la emisión de gases contaminantes generada por vehículos automotores. Un claro ejemplo es el esfuerzo conjunto entre el Distrito Federal y el estado de México con el cuál se ha establecido un programa de verificación vehicular en la Zona Metropolitana del Valle de México. Lo anterior en atención a que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) prevé que para controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, todas las emisiones deberán observar las normas técnicas ecológicas en las que se determinen los niveles máximos permisibles de emisión e inmisión por contaminantes y por fuente de contaminación, a fin de asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico.
Gracias a este programa se ha podido controlar la contaminación vehicular y prevenir el incremento en el deterioro ambiental en la capital del país. Al contar con un programa permanente de verificación vehicular, se limita la circulación de aquellos vehículos que no cumplen con las normas ambientales vigentes y se protege la salud pública de los habitantes.
Lamentablemente no existen otros estados de la República en donde se apliquen estos controles de manera permanente, aún cuando tienen pésima calidad de aire y marcados impactos en la salud pública, particularmente en las urbes de Monterrey, Guadalajara, Mexicali y Tijuana. Dicha problemática ambiental se verá agravada aún más con el alto índice de importación y legalización de los viejos autos importados y podrá ocasionar que la anterior lista se agreguen nuevos centro de población, especialmente en Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Guanajuato y los estados de la frontera norte.
Por lo anteriormente expuesto, como integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a su consideración la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta a los gobiernos de los estados de Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Guanajuato Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, para que en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente y el Instituto Nacional de Ecología, implementen un programa permanente de verificación vehicular en sus estados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 29 días del mes de septiembre de 2005.
Notas:
1 NOM-020-SSA1-1993 y NOM-025-SSA1-1993.
2 Dato obtenido de la Secretaría de Medio Ambiente
del Gobierno del Distrito Federal.
Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán,
Guillermo Velasco Rodríguez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A CANALIZAR RECURSOS AL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ PARA IMPLANTAR PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DE LUCHA
CONTRA EL DENGUE, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS BRIONES BRISEÑO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El dengue es la infección vírica transmitida por artrópodos más común y extendida del mundo.
Existen cuatro serotipos víricos bien diferenciados, cada uno de ellos capaz de producir un amplio espectro de signos y síntomas que caracterizan la fiebre dengue, desde infecciones subclínicas, pasando por una afección debilitante que remite espontáneamente y tiene síntomas parecidos a los de la gripe, hasta una enfermedad grave conocida como fiebre hemorrágica dengue.
En ausencia de atención hospitalaria apropiada, esta última puede producir choque clínico y la muerte en menos de 24 horas.
Ante la confirmación de algunos casos de dengue hemorrágico en territorio potosino, los cuales han sido importados de otros estados, el apoyo en estos momentos es urgente, debido a las condiciones climáticas de las últimas semanas.
Las lluvias, combinadas con las altas temperaturas y la humedad, convierten a la Huasteca y zona media en blanco fácil para la incubación de insectos portadores del dengue.
Este preocupante panorama, se ve agravado si recordamos que no existen vacunas contra esta enfermedad, ni medicamentos específicos que actúen contra el virus y es por ello, que las únicas medidas útiles contra la diseminación de este padecimiento, son las que se llevan a cabo contra el mosquito que lo transmite.
Debido a esa presencia es inminente acelerar medidas precautorias para evitar que los registros se propaguen y afecten a los municipios del estado.
Además debemos reconocer que, en la Conferencia Internacional sobre el Dengue y la Fiebre Hemorrágica Dengue celebrada en Chiang Mai, Tailandia, del 20 al 24 de noviembre de 2000, más de 700 especialistas de 41 países recomendaron que todos los países expuestos a la transmisión del virus del dengue elaboren y pongan en práctica programas sostenibles de prevención y control. Instando a los estados miembros: a que promuevan un mayor compromiso y la adquisición de más recursos humanos y de otro tipo para mejorar y hacer sostenibles las actividades de prevención y control; y a que fomenten y fortalezcan la capacidad de los sistemas de salud, incluidos los laboratorios de diagnóstico, para el tratamiento, la vigilancia, la prevención y el control de la fiebre dengue y la fiebre hemorrágica dengue.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte al titular del Ejecutivo federal, para que instruya al secretario de Salud, a efecto de que se canalicen en forma urgente al estado de San Luis Potosí, los recursos necesarios para la implementación de programas preventivos de lucha contra la fiebre hemorrágica dengue.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de septiembre de 2005.
Dip. José Luis Briones Briseño (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEDESOL A FORMULAR Y EXPEDIR O, EN SU CASO, ACTUALIZAR
LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS QUE GARANTICEN LA HABITABILIDAD, CALIDAD
Y SEGURIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE VIVIENDA Y SUS ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN,
ASÍ COMO VIGILAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE TALES DIRECTRICES,
A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL GONZÁLEZ REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito diputado federal Manuel González Reyes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de realizar un atento exhorto a la Secretaria de Desarrollo Social para que en estricto cumplimiento de sus atribuciones, formule y expida -o en su caso actualice las vigentes- Normas Oficiales Mexicanas, necesarias para garantizar las condiciones y características de habitabilidad, calidad y seguridad para los diferentes tipos de vivienda y de sus etapas de construcción; así como, vigilar el estricto cumplimiento de las mismas.
Consideraciones
El tema de la vivienda en nuestro país tiene profundas raíces históricas, desde que la Constitución de 1917 plasmó en su artículo 4º, párrafo XI, que toda familia tiene derecho a disfrutar vivienda digna y decorosa.
Asimismo menciona que la ley respectiva, establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. El derecho a la vivienda es una conquista social consagrada en nuestra Carta Magna que refleja la lucha histórica de nuestro pueblo para mejorar constantemente su nivel y calidad de vida.
La vivienda se incorporó dentro del Plan Nacional de Desarrollo en dos apartados: en el capítulo de Desarrollo Social y Humano, como parte del objetivo rector que promueve mejorar el bienestar de los mexicanos y en el capítulo de Desarrollo Económico como parte de los objetivos de crecimiento con calidad, en materia de solidez macroeconómica y competitividad. Mismo que tiene como finalidad implementar los compromisos y los lineamientos del gobierno expresados en objetivos claros y estrategias concretas.
En la legislación mexicana, la Ley Federal de Vivienda, establece disposiciones generales respecto a este tema, misma que señala en su capítulo V, artículo 38, las acciones para la producción y mejoramiento de la vivienda que llevan a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que se sujetaran a las normas de diseño, tecnología de la construcción, uso y aprovechamiento; asimismo establece que dichas normas fomentarán la participación de la población beneficiada en la producción y mejoramiento de su vivienda y tendrán por objeto elevar la calidad de las edificaciones.
Estas normas deben considerar, también, espacios exteriores e interiores y elementos funcionales de la vivienda y de sus servicios, la tipificación y el desarrollo de prototipos constructivos considerando distintas zonas del país y las modalidades habitacionales.
La Ley Federal sobre Metrología y Normalización señala las obligaciones de las dependencias, -como lo es, el caso de la Secretaría de Desarrollo Social y que compete en el tema- a contribuir a la integración del Programa Nacional de Normalización con las propuestas de normas oficiales mexicanas, ejerciendo sus respectivas atribuciones de las dependencias a quienes corresponde la regularización o control del producto, servicio, método, proceso o instalación, actividad o materia a normalizarse.
La Comisión Nacional de Vivienda presentó en el 2002, un documento que describe los avances logrados en la instrumentación de la nueva política de vivienda en México. Ahí reconoce el regazo habitacional que existe en nuestro país, mismo que deriva de tres aspectos: el déficit habitacional generado por las familias que no tienen casa independiente, las casas que necesitan sustituirse por haber alcanzado su máxima vida útil y las viviendas que requieren reparación o mejora. Así la distribución del rezago, al año 2000 para la Conafovi se manifiestó de la siguiente manera: ampliación o reparación 2,480,000; hogares sin casa (déficit) 750,000; y sustitución 1,055,000.
Según datos de la Conavi, en la tendencia demográfica actual, se estima que para el año 2030 en nuestro país habrá 128.9 millones de habitantes en casi 46 millones de hogares, de los cuales 23 millones serán nuevos hogares.
Anterior a esto, de 2002 a junio de 2005, la Procuraduría Federal del Consumidor ha recibido más de 20 mil quejas en materia de vivienda, las cuales alcanzan un monto de reclamación de mil 325 millones de pesos. Dentro de las quejas más comunes documentadas en México, son: los defectos en instalaciones e impermeabilización y defectos de estructura.
Y por lo anteriormente expuesto someto a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que en estricto cumplimiento de sus atribuciones, formule y expida -o en su caso actualice las vigentes- Normas Oficiales Mexicanas necesarias para garantizar las condiciones y características de habitabilidad, calidad y seguridad para los diferentes tipos de vivienda y de sus etapas de construcción; así como, vigilar el estricto cumplimiento de las mismas.
Dip. Manuel González Reyes (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL, A LA SRE, A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Y A LAS AUTORIDADES CULTURALES DEL PAÍS A SUSCRIBIR EN LAS REUNIONES
DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO LA RATIFICACIÓN DE
LA CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LOS
CONTENIDOS CULTURALES Y LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS, A CARGO DEL
DIPUTADO INTI MUÑOZ SANTINI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado Inti Muñoz Santini, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La primacía cultural de las naciones esta siendo amenazada por la negociación de acuerdos sobre comercio de servicios en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y en los ámbitos regional y bilateral. Estos acuerdos subordinan directa o indirectamente las políticas culturales a las reglas del comercio, de tal suerte que el derecho de los gobiernos de adoptar o mantener políticas para la defensa y promoción del medio cultural y de la diversidad cultural se ve restringido. Esto ha propiciado la desaparición de lenguas, culturas; la destrucción de sitios y monumentos culturales y el control monopólico de los bienes y servicios culturales. Por todo lo anterior, la UNESCO ha propuesto la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, como mecanismo internacional que revierta los efectos nocivos de la imposición de los intereses económicos de las multinacionales en contra de la diversidad cultural.
Particularmente la OMC informó a la UNESCO sobre su postura oficial en la última reunión en junio. La preocupación central de esta consulta ha estribado en la posibilidad de que las competencias de los ministros de cultura respecto a la Convención y en general respecto a las políticas culturales sean socavadas por las discusiones de tipo comercial que se libran el seno de la OMC. Como lo ha señalado la Red Internacional para la Diversidad Cultural, organismo integrado por representantes de 71 países: "Es de la mayor importancia que la postura adoptada por los ministros de comercio y por los representantes en Ginebra ante la OMC sea determinada por consideraciones del orden de las políticas culturales y que los gobiernos tomen posturas coherentes entre sí en sus discusiones, tanto en la UNESCO como en la OMC".
En la última reunión la discusión se centró principalmente en el artículo 20 que se refiere a la relación de la Convención con otros tratados: la mutua dependencia y complementariedad de éstos con la Convención; su fortalecimiento y mutua relación, los cuales en su interpretación y aplicación deberán considerar los contenidos de la Convención y su no subordinación a ninguno de éstos, en especial los tratados comerciales. La próxima Conferencia General de la UNESCO en octubre del año en curso, será el espacio en que se acordará y discutirá definitivamente la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.
Para México la diversidad cultural forma parte sustancial de sus intereses económicos y sociales. La identidad nacional, pluricultural, pluriétnica, multilingüe debe preservarse por medio de políticas culturales es-pecíficas y efectivas que tiendan al restablecimiento de la primacía de la cultura por encima de las dinámicas comerciales. Algunas de estas políticas consisten en: reservar el derecho soberano del Estado mexicano para emprender las acciones que considere apropiadas para preservar, promover e incrementar la diversidad cultural; contrarrestar la influencia negativa de los actores transnacionales dominantes, tanto de la industria del entretenimiento como en las políticas comerciales de cualquier otra índole; garantizar que la diversidad cultural sea preservada ante los retos que representan los veloces cambios en la tecnología; desarrollar políticas precisas para la convergencia, la erosión de las distinciones entre el contenido y el soporte y la creciente concentración de propiedad en la producción y distribución de contenidos culturales; establecer medidas para que los bienes y servicios culturales no sean considerados como simples mercancías con valor económico, aunque se reconozca su valor dual y se aproveche su potencial económico en beneficio del desarrollo social nacional; se desarrollen medidas para promover la diversidad cultural, mismas que no deben violar los principios de derechos establecidos en el ámbito internacional; reconocer la necesidad de un mayor equilibrio en el intercambio internacional de productos y servicios culturales; el Estado mexicano debe garantizar que la sociedad civil esté plenamente implicada en el proceso de promover y preservar la diversidad cultural.
Además de la significación cultural, las resoluciones de la Convención guardan un significado económico. La cultura aporta a la economía mexicana, según investigaciones recientes, del 6.7% del PIB, por lo que de las resoluciones de la Convención depende gran parte de la economía nacional. Es indispensable anteponer este interés, y reconocer el carácter dual de la cultura: como fuente de la identidad nacional, como portadora de un enorme capital, de los más importantes en el mundo; y como generadora de productos, bienes y servicios que tienen un valor económico, mismo que debe ponerse de lado de las empresas, colectividades, agrupaciones laborales, individuos e instituciones nacionales. Desde esta soberanía exhortamos a nuestras autoridades de cultura y economía a negociar el contenido de la Convención privilegiando el interés de México y no el de las potencias comerciales como Estados Unidos, Japón e Israel que controlan el mercado de las industrias culturales en el mundo. La posición de nuestro país debe, tanto por razones culturales como económicas, sin disparidad posible al considerar a la cultura como elemento sustancial de desarrollo social y humano, por lo que la ratificación de la "Convención sobre la protección de la diversidad de los contenidos culturales y las expresiones artísticas" debe ser en apego estricto en que fue aprobada en la reunión intergubernamental de la UNESCO el pasado mes de mayo.
Por las razones antes expuestas presento el siguiente
Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
Único: Solicitamos de manera respetuosa a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Economía y a las autoridades culturales del país representantes en las instancias internacionales, a que expresen en las reuniones de la OMC una postura firme y única en apoyo de la Convención sobre la protección de la diversidad de los contenidos culturales y las expresiones artísticas, y de sus contenidos, en particular el artículo 20 en su integridad. Así mismo exhortamos al gobierno federal, en especial a la Secretaría de Economía trabaje en una posición única con las autoridades culturales nacionales de la SEP y de Conaculta, en la UNESCO, en la cual se reconozca a la cultura como elemento sustancial de desarrollo social y humano, por lo que la ratificación de la "Convención sobre la protección de la diversidad de los contenidos culturales y las expresiones artísticas" debe ser en apego estricto en que fue aprobada en la reunión intergubernamental de la UNESCO el pasado mes de mayo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2005.
Dip. Inti Muñoz Santini (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A RECUPERAR EL MURAL FRATERNIDAD,
DEL PINTOR MEXICANO RUFINO TAMAYO, SITUADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, EN NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El que suscribe, diputado Jesús Martínez Álvarez del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes consideraciones
Considerandos
Por décadas, el edificio sede de la Organización de las Naciones Unidas, ubicado en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, ha sido hogar de las expresiones políticas, sociales y culturales más destacadas de las últimas décadas. Entre dichas expresiones, Naciones Unidas ha venido acumulando obras artísticas, que forman parte del patrimonio cultural universal de diversos países y de la autoría de grandes artistas mundiales, mismas que son expuestas permanentemente en sus instalaciones.
Destaca particularmente, un largo mural, cuyas medidas son cuatro por nueve metros, elaborado en óleo y acrílico sobre tela. Esta pieza denominada "Fraternidad" se ubica en las áreas generales del monumental edificio. Esta pieza es obra del artista mexicano Rufino Tamayo, quien la elaboró en 1968 para ser expuesta en el pabellón mexicano de la Feria Internacional de San Antonio, Texas.
Tras cumplir con su exhibición original, la pieza fue donada a Naciones Unidas en 1972 para ser testigo de la historia global desde el vestíbulo de ese edificio. La obra describe entre los rojos, azules y amarillos que hizo propios Tamayo, un grupo de figuras que se acompañan en una gran fogata, uniendo sus manos como si se formara una cadena universal de voluntades que es, en esencia, el espíritu de la organización internacional.
Desafortunadamente, una obra de esa envergadura no ha sido cuidada adecuadamente, actualmente y desde hace varios años, la obra ha sido afectada por el paso del tiempo y por el evidente descuido en el que la institución que tiene a su responsabilidad la pieza la ha enfrentado. En estas fechas y, durante los festejos del 60 aniversario de la ONU, la obra de Tamayo sirve de respaldo para una exposición temporal que la oculta y la daña, por el constante manejo de objetos y atriles que, sin ninguna precaución, evidencian el daño que poco a poco ha afectado a este invaluable objeto que es patrimonio universal, pero antes que nada, patrimonio de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos.
¿Cómo puede Naciones Unidas velar por el patrimonio universal que está ubicado en el resto de los países, cuando aquel que ha sido depositado a su encargo no es salvaguardado con dignidad? El patrimonio cultural testifica la experiencia humana y sus aspiraciones; es una experiencia compartida que se ofrece a cada ser humano para descubrir como propio un caudal de conocimiento que hasta entonces no le es propio. Su valor más importante es la diversidad, con el propósito de unir a los diversos pueblos del mundo a través del diálogo y el entendimiento, en vez de separarlos.
Abandonar las piezas que han sido depositadas con plena confianza por parte de una nación obliga a ésta a asumir la responsabilidad que le otorga que velar por su patrimonio, antes que el paso del tiempo y la desidia hagan inevitable e incorregible la destrucción de una pieza única del arte mexicano.
México es una nación que se ha destacado por vigilar el estado que guardan sus valores culturales, particularmente artísticos, arqueológicos y arquitectónicos. Ha dado la luz, para ello, a instancias como la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural, que obedece a la necesidad de fortalecer y apoyar las acciones para preservación, conocimiento y difusión del patrimonio arquitectónico y artístico. Como órgano de consulta y apoyo, la Comisión colabora con los institutos competentes en la realización de programas nacionales de conservación del patrimonio cultural del país; elabora diversos catálogos e inventarios de zonas de monumentos y de bienes muebles e inmuebles históricos y artísticos, como instrumento de apoyo para orientar las tareas que realiza la sociedad civil integrada en Comisiones.
Contando con instrumentos de esta naturaleza, y a la luz de la grave depredación que afecta a nuestro patrimonio, es menester del gobierno mexicano recuperar y proteger esta valiosa obra del caudal de nuestra patria. El mural "Fraternidad", ante el evidente desprecio que las oficinas administrativas de Naciones Unidas, responsables de su seguridad, resguardo y mantenimiento, han hecho de ella, esta obra debe regresar a nuestro territorio para ser restaurada adecuadamente y puesta a exhibir públicamente nuevamente para así disfrutar del innegable valor del legado pictórico que representa para los mexicanos la obra del maestro oaxaqueño Rufino Tamayo.
Por estas razones, propongo al Pleno de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- La LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados exhorta al Gobierno Federal para recuperar oficialmente el mural "Fraternidad", del pintor mexicano Rufino Tamayo, buscando recuperar y preservar una obra del patrimonio cultural universal, que se encuentra en franco deterioro en las instalaciones de la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, EU. Este exhorto impone al gobierno mexicano usar a la diplomacia como el más valioso instrumento para la concertación y la defensa de nuestros valores fundamentales.
Palacio Legislativo a 28 de septiembre de 2005.
Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
QUE CONSIDERE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2006
RECURSOS PARA CREAR EN ALGÚN HOSPITAL DE BAJA CALIFORNIA SUR UNA
UNIDAD DE CARDIOLOGÍA, A CARGO DEL DIPUTADO ISIDRO CAMARILLO ZAVALA
El suscrito, diputado federal Isidro Camarillo Zavala, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el articulo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la cantidad de seis millones de pesos, para crear dentro de uno de los hospitales del estado de Baja California Sur, una unidad de Cardiología, bajo las siguientes:
Consideraciones
En las últimas décadas en nuestro país, se ha observado una transición epidemiológica que nos acerca a la patología de los países más desarrollados del planeta, la cual consiste en una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y degenerativas, enfermedades cardiovasculares y neoplasias, lo cual se suma por supuesto a una mayor expectativa de vida que hoy es de 75 años de edad y que provocará que hacia el año 2030 el 40% de la población en México, sea de la tercera edad.
En Baja California Sur, de conformidad con el último censo se cuenta con una población de 424 mil habitantes, de los cuales el 58.9% cuenta con algún servicio de salud como derechohabiente y el resto es atendido por el estado, ya sea a través del seguro popular o en los hospitales de la Secretaría de Salud.
De acuerdo con las cifras publicadas por el INEGI, la causa principal de muerte en el estado de Baja California Sur fue la enfermedad cardiovascular, especialmente el infarto al miocardio, siendo el grupo más afectado el de mayores de 60 años, pero sin dejar de anotar que afecta también a jóvenes en edad económicamente activa, ocasionando un alto costo social y personal.
En todo el mundo la investigación científica en el contexto de la cardiopatía isquémica, ya sea en el desarrollo de nuevas terapias medicamentosas, y en el uso y aplicación de nuevas tecnologías ha contribuido para una notable disminución en el mortalidad por la enfermedad cadiovascular, sobre todo por el uso de recursos terapéuticos adecuados, de instalación rápida y efectiva y el uso de procedimientos intervencionistas, logrando además de reducir la mortalidad, una mejor calidad de vida para los enfermos una vez egresados de las unidades hospitalarias.
En el caso de Baja California Sur, ninguna de las instituciones que otorgan servicios de salud, ya sea el IMSS, ISSSTE, Pemex, Marina o las que atienden a población abierta cuenta con un servicio especializado en atención de cardiología, por lo cual todos los habitantes del estado que llegan a padecer algún problema de este tipo deben ser canalizados a otros estados de la República, lo que provoca gastos elevados para las instituciones de salud, para los pacientes y sus familiares, pérdida de vidas humanas, importantes secuelas de invalidez para los sobrevivientes y una mayor repercusión negativa en la economía del estado.
Como ejemplo, en las unidades médicas del estado sólo se realiza un tratamiento especializado de la trombolisis, a base de estreptoquinasa, y la realización de un electrocardiograma, los pacientes del IMSS, el ISSSTE o cualquier otra institución con derechohabientes serán traslados en las 72 o 96 horas siguientes a la enfermedad cardiovascular ya sea a Sonora, Jalisco o la Ciudad de México, por lo que la mortalidad por infartos es superior en Baja California Sur que en el resto del país, ya que no se cuenta con ningún centro especializado en todo el estado.
En el estado, podría instalarse a un relativo bajo costo de tan sólo seis millones de pesos una moderna y especializada unidad de cardiología, en el Hospital Juan María de Salvatierra de la Secretaría de Salud, la cual no solamente ayudaría en la salud de todos loa habitantes, sino que un corto plazo a través de convenios con el IMSS, ISSSTE, Pemex y otras instituciones que hoy gastan enormes recursos en el poco oportuno traslado de sus pacientes a otros estados y que además reduciría la morbimortalidad por enfermedad cardiovascular.
Es preciso mencionar que esta petición se ha hecho por años tanto a la federación como a los anteriores gobiernos del estado, quienes han hecho caso omiso a los justos reclamos del pueblo sudcaliforniano, por lo que hoy me sumo a favor de la salud de todos los habitantes de mi estado, por la importancia que reviste este asunto.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y en ejercicio de las facultades constitucionales, el suscrito diputado federal a la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados someto ante esta Soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Solicito a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de ésta H. Cámara de Diputados se contemple la inclusión de seis millones de pesos más, destinados a la creación de una unidad especializada de cardiología dentro de uno de sus hospitales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintisiete días del mes de septiembre de 2005.
Dip. Isidro Camarillo Zavala (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
A LOS TITULARES DE LOS EJECUTIVOS FEDERAL, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
Y DE LOS MUNICIPIOS, Y DE LAS DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO
FEDERAL, ASÍ COMO A LOS PRESIDENTES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO,
DE LOS CONGRESOS LOCALES Y DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL,
A DAR RESOLUCIONES A LOS ACUERDOS DEL TERCER PARLAMENTO DE LAS NIÑAS
Y LOS NIÑOS DE MÉXICO, SUSCRITA POR DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LAS COMISIONES DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, Y ESPECIAL DE
LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIAS
Las diputadas y los diputados que suscriben la presente, integrantes de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, por lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar a los Titulares del Poder Ejecutivo Federal, de las entidades federativas y de los municipios y delegaciones políticas del Distrito Federal, y a los presidentes de los órganos de gobierno de los congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a dar resolución a los acuerdos del Tercer Parlamento de las Niñas y los Niños de México.
Antecedentes
El pasado mes de mayo, del 23 al 27, se celebró en la Cámara de Diputados, el Tercer Parlamento de las Niñas y los Niños de México, en cuya organización participaron las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, de Participación Ciudadana y Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias de la Cámara de Diputados y las Comisiones de Derechos Humanos y de Desarrollo Social del Senado de la República, ambas cámaras del H. Congreso de la Unión, en coadyuvancia con la Secretaría de Educación Pública, del Instituto Federal Electoral, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
Este ejercicio de los derechos de la infancia se ha venido realizando durante tres años consecutivos, en cumplimiento al Punto de Acuerdo del 30 de abril de 2002 que le da origen. En esta ocasión, como en sus versiones anteriores, el principal objetivo fue el ofrecer a la niñez mexicana espacios políticos con las condiciones físicas y logísticas apropiadas para que ejerciten sus derechos de participación, libertad de expresión, reunión y aporte de soluciones a los asuntos que son de su incumbencia, fomentando así, la construcción de la ciudadanía de las personas que aún no cumplen los 18 años de edad.
En la versión 2005 del parlamento infantil, y gracias a un extraordinario esfuerzo conjunto de todas las instituciones y organismos mencionados, además de los gobiernos estatales, se lograron importantes avances sustantivos en los ámbitos logísticos y conceptuales.
En su primera etapa y a partir de la gran disposición mostrada por la Secretaría de Educación Pública en la organización de este mecanismo, se logró una convocatoria que reflejó la diversidad cultural, social y étnica de la República Mexicana. El Tercer Parlamento de las Niñas y los Niños de México, tuvo una mayor participación por parte de las escuelas primarias públicas y privadas, así como de los cursos comunitarios del CONAFE, con una respuesta de más de 10,000 escuelas, a través de sus alumnas y alumnos representantes. Este número duplica la participación lograda en el Segundo Parlamento de las Niñas y los Niños de México.
En la segunda etapa, el Instituto Federal Electoral vigiló y dio fe de la elección de las y los legisladores infantiles, representantes de los 300 distritos electorales federales.
Por primera vez, la organización de la discusión en las comisiones legislativas se dio bajo tres ejes temáticos: mi familia y yo; mi escuela y yo; y mi comunidad y yo, ampliando así, la posibilidad de discusión infantil a los temas que verdaderamente les preocupan.
Derivado de este tercer parlamento infantil, las niñas y los niños legisladores tomaron importantes acuerdos que conciernen a las diferentes esferas y niveles de gobierno, por lo que la Cámara de Diputados, a través de su Junta de Coordinación Política, realizó la impresión de un folleto alusivo que contiene los acuerdos a los que llegaron las y los legisladores infantiles en las veinte comisiones legislativas, ratificando la encomienda al señor Secretario General de esta Cámara de Diputados para el envío respectivo.
Como respuesta a la formalidad y propiedad con la que las y los legisladores infantiles asumieron su encargo y dada la importancia y trascendencia que tiene cada uno de estos acuerdos, es nuestro deber solicitar el compromiso por parte de los diferentes niveles de gobierno y de la sociedad, para el seguimiento y resolución de los mismos a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a sus respectivas facultades.
Por lo antes expuesto:
Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno, el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:
Único.- Se exhorta respetuosamente a los
titulares del Poder Ejecutivo federal, de las entidades federativas y de
los municipios y delegaciones políticas del Distrito Federal, y
a los presidentes de los órganos de gobierno de los congresos locales
y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a dar seguimiento y
resolución a los acuerdos del Tercer Parlamento de las Niñas
y los Niños de México, realizado del 23 al 27 de mayo de
2005, en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
considerándolos en sus planes de gobierno y en la definición
de las políticas públicas, de acuerdo a las facultades que
tienen conferidas cada institución y nivel de gobierno.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SAGARPA A FORTALECER LAS POLÍTICAS DE AUMENTO DE
LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL SORGO, MEDIANTE EL IMPULSO DE
POLÍTICAS DE ASISTENCIA TÉCNICA E INVESTIGACIÓN, LA
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS QUE INCENTIVEN A LOS PRODUCTORES, LA CANALIZACIÓN
DE MAYORES RECURSOS A SUBSIDIOS Y EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS BLANDOS
A ESA INDUSTRIA, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER GALVÁN GUERRERO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Javier Galván Guerrero diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 58, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 34 incisos a) y b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
El sorgo en México, es el segundo cultivo cíclico más importante, después del maíz, el cual es indispensable para la preparación de alimentos balanceados, que son la base para la producción de aves, ganado, vacuno y porcino.
El sorgo se encuentra libre de arancel para los países firmantes del TLCAN, además que ya no cuenta con precio de garantía, sino de concertación.
La productividad por hectárea cosechada en Estados Unidos, principal importador, es superior a la de México, lo que explica que se tengan precios nacionales poco competitivos en relación con los internacionales.
A pesar de esta situación, en los últimos años ha venido incrementándose la superficie y el volumen de producción; sin embargo, el consumo nacional aumentó en mayor proporción pasando de 6.26 a 10.97 millones de ton. durante el periodo 1995 a 2000 al incremento en la producción en ese mismo periodo, lo que refleja una insuficiencia para atender la demanda nacional y explica el crecimiento de las importaciones. La diferencia entre la producción y consumo nacional debe de ser más equitativa aumentando la producción, la cual puede crecer con el apoyo de políticas agrícolas y económicas.
Siendo la ganadería el sector mas perjudicado, gradual y gravemente por la falta de mejores decisiones políticas, en esta materia y la falta de un proyecto integral. Que beneficie tanto a agricultores como a ganaderos y así lograr un punto de equilibrio justo para todos.
Por lo anterior, y con el fin de lograr satisfacer la demanda nacional y reducir las importaciones de este importante cultivo, se pone a consideración de esta honorable soberanía los siguientes puntos de acuerdo.
Artículo Primero: Exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (Sagarpa), para que impulse políticas de asistencia técnica he investigación, para mejorar el proceso de producción y lograr un mejor aprovechamiento de los paquetes tecnológicos existentes.
Analizando los mecanismos para que toda esta asistencia llegue a los productores de forma accesible y estos tengan la facilidad de aplicarlos de una manera mas simple,
Con la finalidad de eficientar y modernizar sus sistemas de producción y todo esto se refleje en mejores costos para todos los involucrados en este sector.
Artículo Segundo: Exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (Sagarpa), a canalizar mayores recursos para el otorgamiento de subsidios y créditos oportunos a los distintos niveles de productores, con tasas de interés preferenciales.
Con el propósito de que realicen los proceso de cultivo y cosecha en los tiempos establecidos, y no incrementen sus costos de producción, en beneficio de los consumidores.
Artículo Tercero: Exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (Sagarpa), a crear programas que apoyen tanto, financieramente como técnicamente a productores de sorgo, incentivando mediante estímulos aplicados a su productividad, calidad e historial agrícola-productivo.
Estos apoyos deberán llegar a los distintos niveles de productores, todo esto con la finalidad de motivar y eficientar la productividad en el cultivo y la producción de este importante y vital insumo agrícola-ganadero.
Dado este en el salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro a, 27 de septiembre de 2005
Dip. Javier Galván Guerrero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2006 SE INCREMENTE
SIGNIFICATIVAMENTE LA PARTIDA DESTINADA A LA COMPRA DE LIBROS PARA LAS
BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES, A CARGO DE LA DIPUTADA CARLA ROCHÍN
NIETO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la que suscribe, diputada federal Carla Rochín Nieto, del Partido Acción Nacional, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo a fin de que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006 se considere un incremento de, por lo menos el 100% , respecto del año anterior, a la compra de libros para las bibliotecas públicas municipales que integran la Red Nacional de Bibliotecas, con el fin de apoyar materialmente el fomento a la lectura entre todos los mexicanos , de conformidad con las siguientes consideraciones:
No obstante, nuestro país dista mucho de haber alcanzado los niveles de desarrollo humano de que gozan el resto de los países que forman parte de dicha organización.
Algunos datos para sustentar este dicho son los siguientes:
1.-Según el censo del 2000, nuestro porcentaje de analfabetismo se ubica en un 9%, el cual puede parecer bajo pero, comparado con el de países como EU, Canadá, Alemania, Australia y Japón (todos miembros de la OCDE), cuya tasa es del 0.0%, es todavía muy alto. Además, de los mexicanos "alfabetizados", 39 millones son analfabetas funcionales.
2.- Según el último informe anual titulado "Panorama de la educación 2004", el 70% de los jóvenes de entre los 20 y 24 años tienen un nivel igual o inferior al primer año de secundaria, el cual es el nivel más bajo de la OCDE.
3.- En lo referente a hábitos de lectura, México ocupa el lugar 106 de 107 países estudiados por la UNESCO, no obstante que se gastan millones de pesos cada año en lectura de comics y revistas de espectáculos. Por lo que el asunto no es si nuestra población invierte o no minutos cada día en la lectura, sino qué está leyendo. Estas publicaciones populares implican un nivel de lenguaje y pensamiento muy limitado, el cual no ayuda al desarrollo intelectual.
4.- En los estudios de evaluación de niveles de desempeño realizados entre los jóvenes de 15 años sobre niveles de lectura, matemáticas y ciencias (2003), México se mantiene en el nivel más bajo entre los países miembros de la OCDE. De entre un total de 41 países que se incluyeron en el estudio, se ubicó entre los lugares 37 y 38 en lectura. Y al comparar los resultados respecto del realizado en 2000, inclusive se observó un descenso en el desempeño en matemáticas y lectura, Mientras que Canadá, ha mantenido un papel muy destacado en evaluaciones internacionales sobre comprensión lectora. Es de destacarse que dedica el 48% del tiempo en la educación primaria a la enseñanza de la lengua nacional, es decir, a la lectura y escritura.
5.- No obstante que, el propio Presidente Fox afirmó que el comercio con Canadá ha aumentado 288 por ciento en los últimos 10 años, razón por la cual ya es el quinto socio comercial de esa nación y que las inversiones canadienses en nuestro país superan los 5 mil millones de dólares (La Jornada, 29 de abril 2005); resulta muy evidente que nuestro país no ha logrado reducir la distancia existente entre el tamaño de nuestra economía y el nivel cultural de la población.
No es posible que económicamente México esté entre los primeros lugares del mundo y en nivel de lectura, ocupe el penúltimo.
II.-El Programa Nacional de Cultura 2001-2004 afirma que: "La lectura es un componente definitivo de la educación y del desarrollo humano" pero, hasta el momento, en nuestro país no existe el hábito de la lectura. Estudios recientes realizados entre estudiantes mexicanos, revelan que, precisamente, gran parte de los problemas que tienen para su desempeño escolar en general se debe a que no tienen una habilidad lectora comprensiva, es decir, el estudiante mexicano no comprende lo que lee porque no ha desarrollado dicha habilidad. Naturalmente esto lo lleva a fracasar tanto en matemáticas (al no entender qué se le pide en lo problemas), como en historia, geografía, biología, etc., pues solamente intenta entender al pie de la letra lo que dicen los libros; ya que no sabe resumir ni guardar en su mente la esencia de lo que lee.
Aprender a leer y escribir comprensivamente es una herramienta indispensable para que el individuo llegue a ser una persona crítica y reflexiva. Por lo que es muy importante poner mayor énfasis tanto en la enseñanza formal de la lectura como en la formación del hábito de la lectura con actividades extraescolares.
III.- En general, son pocos los hogares mexicanos que cuentan con libros, por lo que los lugares idóneos para acercar a los niños, jóvenes y gente de todas las edades a la lectura como medio para acceder al conocimiento, lo constituyen las bibliotecas públicas y de manera primordial las municipales que se encuentran en la mayor parte del territorio nacional.
IV.- Que la meta propuesta por esta H. Cámara de Diputados es alcanzar el 1% del PIB para cultura, conforme a las recomendaciones de la UNESCO, misma que, no obstante los logros obtenidos por la Comisión de Cultura de la presente Legislatura, dista mucho de ser alcanzada.
V.- Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, y dentro del presupuesto total para cultura (Clave 06, dentro del Ramo 11, Educación) se destinaron a la compra de libros para la Red Nacional de Bibliotecas 15 millones de pesos, para las 6810 bibliotecas públicas municipales distribuidas en todo el país, lo cual es, a todas luces, insuficiente para mantener actualizado el acervo de todas y cada una de las mismas.
VI.- Como Presidenta de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas y como integrante de la Comisión de Cultura de esta H. Cámara de Diputados, es mi obligación velar porque los recursos de la Federación se utilicen de manera útil y productiva para el cabal desarrollo de todos los mexicanos.
Proposición con punto de Acuerdo
Artículo Único.- Para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2006, analice la posibilidad de destinar los recursos presupuestarios necesarios a fin de que la cantidad asignada al fortalecimiento del acervo bibliográfico de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas sea incrementada significativamente con respecto a del ejercicio fiscal del año 2005. Dichos recursos deberán garantizar que todas y cada una de las bibliotecas que integran la red cuenten con la cantidad y variedad de libros suficientes para cubrir las necesidades de la población que atienden.
La cantidad asignada deberá quedar debidamente desagregada en el presupuesto aprobado.
Dip. Carla Rochín Nieto (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
ESTA SOBERANÍA MANIFIESTA CONDOLENCIAS A LA FAMILIA DEL LICENCIADO
ROGELIO ZARAZÚA ORTEGA, ASESINADO EL PASADO 16 DE SEPTIEMBRE EN
MORELIA, MICHOACÁN; Y SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL
A INICIAR UN PROCESO DE DISCUSIÓN SOBRE EL MARCO CONCEPTUAL Y LAS
ESTRATEGIAS QUE SUSTENTAN LA LUCHA DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA, EN PARTICULAR EL NARCOTRÁFICO, A CARGO DEL DIPUTADO
RAFAEL GARCÍA TINAJERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito legislador de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, Rafael García Tinajero Pérez, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Hace pocos días, el pasado 16 de septiembre, fue asesinado en Morelia, Rogelio Zarazua Ortega, director de Seguridad Pública del estado de Michoacán.
El crimen se realizó a plena luz del día, en uno de los restaurantes más concurridos de la ciudad; ante su esposa, Guadalupe Sánchez, exdiputada federal y actual subsecretaria de gobernación en el estado y vocera en la entidad del programa México Seguro; por un comando integrado por al menos 6 sicarios que actuaron con gran precisión. Pocos dudan que el asesinato fue ordenado y perpetrado por la delincuencia organizada y que su objetivo, además de la eliminación física del funcionario, fue intimidar a aquellos que en Michoacán tienen la encomienda social de combatirla.
Uno de los objetivos de esta proposición es que la Cámara de Diputados exprese un mensaje de solidaridad a la familia de Rogelio Zarazua, al Gobierno de Michoacán y a la sociedad michoacana.
Desafortunadamente el crimen que hoy nos ocupa no es el primero y seguramente tampoco será el último que se cometa dentro del contexto de la lucha que libra el Estado mexicano contra el crimen organizado, esto nos obliga a realizar una reflexión atinada y oportuna sobre el fenómeno del narcotráfico y sobre la eficacia de las políticas antidrogas y el marco conceptual que las sustenta. Reevaluar las premisas bajo las que nuestro país ha hecho frente a este problema así como las consecuencias que el propio narcotráfico y sobre todo el modo en que se le combate generan en la salud pública, el bienestar social, la gobernabilidad, la solidez de las instituciones e inclusive la propia seguridad nacional.
El narcotráfico es hoy en día, una de las actividades comerciales más lucrativas del mundo. Las estimaciones con las que contamos sobre la venta de drogas ilícitas alcanzan los 400 mil millones de dólares anuales. El narcotráfico ha sabido y podido globalizar sus operaciones. Los narcos han acumulado poder y recursos que en muchos casos superan la capacidad de las naciones y de las instituciones creadas para combatirlos. Su capacidad económica corrompe y vulnera a la sociedad y al estado mediante el uso de la violencia. Sin ser organizaciones que pretendan la destrucción del gobierno o el Estado, es más requieren de su existencia para hacer rentable su negocio, procuran debilitarlo e infiltrarlo.
La distinción entre países consumidores y países productores se ha desvanecido. Las drogas son una empresa demasiado rentable y los costos de las perdidas derivadas de la erradicación o el aseguramiento son minúsculos comparados con los márgenes de ganancias. El valor real del mercado se encuentra en las cadenas de distribución, mientras nos se ataque estas, no se afectaran los intereses del narco. Las políticas encaminadas a desarticular los grandes carteles solo han conseguido atomizar estas organizaciones y crear los denominados cartelitos.
Estas son solo algunas consideraciones que sirven para poner de manifiesto que la guerra contra la droga, bajo las premisas que la sustentan actualmente, es una guerra pérdida y lo único que obtendremos si proseguimos el camino por el que hoy vamos serán más muertos, más viudas y huérfanos, mayor descomposición de nuestro tejido social, corrupción, infiltración y debilitamiento del aparato del Estado.
El médico, al elaborar el diagnóstico de una enfermedad prescribe el tratamiento que juzga adecuado, pero si este no da resultado es un imperativo replantear tratamiento y diagnóstico. Es lo que debemos hacer urgentemente por que el tratamiento que estamos dando al problema de las drogas no esta funcionando.
Por eso exhortamos al ejecutivo a iniciar un proceso de revisión del marco conceptual que sustenta la lucha contra las drogas, a revisar los mecanismos de cooperación internacional, el marco legal que la sustenta e inclusive a pensar si no seria conveniente la despenalización de muchas de las sustancias hoy prohibidas.
Hagámoslo ya, antes de pasar por lo que ya otras naciones han sufrido.
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- La H. Cámara de Diputados manifiesta sus condolencias a la familia del lic. Rogelio Zarazua Ortega asesinado el pasado 16 de septiembre, en Morelia, Michoacán y expresa su solidaridad al gobierno estatal y a toda la sociedad michoacana.
Segundo.- Así mismo se exhorta al titular del ejecutivo a iniciar un proceso de discusión sobre el marco conceptual y las estrategias que sustentan la lucha del estado mexicano contra la delincuencia organizada en particular al narcotráfico
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2005
Dip. Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SSP A ESTABLECER LOS RUBROS SOBRE LOS CUALES
SE REALIZARÁ UNA INVERSIÓN DESTINADA AL CONTROL INTERNO Y
A LA VIGILANCIA DE CENTROS PENITENCIARIOS, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN FERNANDO
PERDOMO BUENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El que suscribe, diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:
Consideraciones
Se reconoce el esfuerzo que realizan nuestras instituciones públicas para resolver la problemática de los distintos penales en nuestro país.
Sin embargo, al encontrarnos frente a uno de los problemas más serios en materia de readaptación social, estimamos conveniente el apoyo interdisciplinario de los Poderes de la Unión, sin que se pretenda invadir la esfera de competencia que le corresponde a la administración pública federal.
Sabemos que próximamente se tiene destinada una partida presupuestal relevante para garantizar la seguridad en penales importantes del país, como es el caso de los penales de La Palma y Puente Grande.
En mérito de lo anterior, se estima importante que se tenga certeza de los rubros en los cuales se erogará la inversión aludida, ya que ello podrá ser un punto importante de partida para el perfeccionamiento del sistema penitenciario mexicano.
Por todo lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Encargado de la Secretaría de Seguridad Pública para que determine los mecanismos sobre los cuales se realizará una inversión de sesenta millones de pesos para el control y seguridad interna de diversos centros penitenciarios en la República Mexicana.
Palacio Legislativo a 27 de septiembre de 2005.
Dip. Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EVALUAR SI LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA
OPORTUNIDADES SON COMPATIBLES Y COMPLEMENTARIOS CON LOS CORRESPONDIENTES
AL DE LICONSA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO CABELLO GIL, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado José Antonio Cabello Gil, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Ejecutivo Federal a evaluar la factibilidad de que la vertiente alimentaria del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Oportunidades) pueda ser compatible y complementario con el Programa de Abasto Social de Leche (Liconsa), al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
I.- El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece que la política de desarrollo social y humano tiene como objetivos rectores el mejorar los niveles de educación y de bienestar de los mexicanos; acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades; impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y de iniciativa individual y colectiva; fortalecer la cohesión y el capital sociales; lograr un desarrollo social y humano en armonía con la naturaleza, así como ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la confianza ciudadana en las instituciones.
El propio Plan, señala que es responsabilidad del Estado, ante la complejidad del problema social, fijar las prioridades de la acción pública en el desarrollo social y humano en un horizonte de largo plazo que dé congruencia a las decisiones e iniciativas que se adopten en el mediano y corto plazo, considerando que alcanzar la cobertura total en educación, erradicar el analfabetismo, garantizar la cobertura universal de los servicios de salud, equilibrar el desarrollo económico y social con el respeto y cuidado del medio ambiente, mejorar el nivel de vida y superar la pobreza extrema, son retos que requieren la aplicación de una política integral de desarrollo social y humano, así como una vigorosa participación de la sociedad.
II.- En el marco de una visión de largo plazo, de la mejoría en las condiciones de vida de la población, de la atención a grupos excluidos y marginados, y de la promoción de un desarrollo territorial equilibrado, el Programa de Desarrollo Social 2001-2006, Superación de la pobreza: una tarea Contigo, asume como objetivos reducir la pobreza extrema, revertir las condiciones de desnutrición, generar igualdad de oportunidades para los grupos más pobres y vulnerables, apoyar el desarrollo de las capacidades de las personas en condición de pobreza y fortalecer el tejido social a través de fomentar la participación y el desarrollo comunitario.
Contigo implica también un pacto de corresponsabilidad que se desea establecer con la sociedad. No expresa voluntades individuales y decisiones centralistas, sino esfuerzos conjuntos en donde las personas son partícipes de su propio desarrollo. Contigo propone una estrategia con responsabilidades compartidas y una política social subsidiaria y no asistencialista. Así mismo, propone una política integral en donde el ciudadano tiene acceso a la información que le permite saber con certeza que los recursos públicos se administran con responsabilidad, transparencia y eficiencia.
III.- Los objetivos, estrategias, líneas de acción se basan en las vertientes de oportunidad, capacidad, seguridad, patrimonio y equidad que resumen los enfoques Contigo más importantes para la superación de la pobreza. A través del enfoque multidimensional de la política social se busca corregir brechas injustas entre la población y a la vez reconocer y responder a las diferencias entre las personas, las familias, las comunidades y las regiones.
Oportunidades para todos implica que todas las mexicanas y mexicanos, sin distinción de ningún tipo, puedan acceder por igual a mejores condiciones de vida a través de su propia iniciativa en un ambiente económico y social propicio para ello.
El desarrollo de capacidades supone el aprendizaje y aprovechamiento de habilidades para que las personas y las familias puedan elegir entre opciones de vida, para hacer y para ser. Este concepto a su vez implica que para alcanzar todas sus capacidades, un ser humano debe satisfacer un conjunto de necesidades básicas: estar bien nutrido, gozar de buena salud, tener una vivienda digna, tener la posibilidad de escapar de la morbilidad evitable y de la mortalidad prematura y tener acceso a la educación básica, y gozar de libertades de pensamiento y trabajo, entre otras.
Ambos conceptos, oportunidad y capacidad, implican la promoción de condiciones de igualdad entre los mexicanos. Cerrar brechas y abatir rezagos plantea el reto de alcanzar la equidad y el trato justo para igualar las oportunidades de acceso a una vida digna.
La faceta de seguridad apunta a que todos los mexicanos podrán acceder a instituciones sociales, políticas y administrativas ante circunstancias que atenten contra su desarrollo humano y social; en particular, podrán contar con protección contra fenómenos cambiantes que pueden afectar negativamente sus capacidades o su patrimonio. Además, de ofrecer la seguridad de respuesta de las instituciones que garantiza que el gobierno federal tendrá capacidad de atender a la población junto con una red social integral y flexible. Esta red social debe construir soluciones específicas para las complejas causas y consecuencias de la pobreza, considerando la imprescindible necesidad de adaptarse a las diversas dimensiones de la pobreza. Esquemas rígidos tienen poca utilidad para enfrentar los problemas concretos.
IV.- La nueva visión de la política social busca alejarse de una perspectiva asistencialista mediante el fomento de acciones y medidas que permitan a la población en condiciones de pobreza valerse por sus propios medios. Se parte del reconocimiento de que para superar la pobreza, la política social debe ser integral e incluyente y debe prevenir y atender las causas de la pobreza por encima de los efectos de la misma. Si bien existen sectores sociales cuya situación requiere de asistencia, el reto consiste en que ésta sea subsidiaria y transitoria para reducir de forma significativa el grado de dependencia de los grupos vulnerables.
Los esquemas de corresponsabilidad y planeación participativa serán el principio fundamental de las acciones de política social, con las que se busca fortalecer las capacidades comunitarias, familiares y personales y, consecuentemente, erradicar la dependencia.
V.- Los cuatro objetivos del Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006, Superación de la pobreza: una tarea Contigo, se desprenden de la visión que orienta a la Secretaría de Desarrollo Social y abarcan en su conjunto los logros fundamentales que busca la política social a través de las estrategias específicas y líneas de acción descritas en detalle más adelante. Los objetivos constituyen el qué de la política de desarrollo social, representan el punto de arribo del esfuerzo que se realiza, y estarán siempre presentes en el diseño y ejecución de las políticas públicas que implemente el gobierno federal.
El primer objetivo, reducir la pobreza extrema, pretende que ningún mexicano o mexicana tenga que vivir sin poder satisfacer sus necesidades básicas y sin gozar de una vida digna que les permita contribuir a su bienestar y al desarrollo humano, social y económico del país.
El segundo objetivo, generar igualdad de oportunidades para los grupos más pobres y vulnerables, aspira a que cada mexicana y mexicano tenga acceso real a oportunidades para que, mediante su propio esfuerzo, alcance un mejor nivel de bienestar.
El tercer objetivo, apoyar el desarrollo de las capacidades de las personas en condición de pobreza, tiene como finalidad que cada mexicana y mexicano disponga de un conjunto mínimo de capacidades para acceder plenamente a las oportunidades para alcanzar y mantener un nivel de vida con calidad y dignidad.
Y el cuarto objetivo, fortalecer el tejido social, fomentando la participación y el desarrollo comunitario, pretende que se fortalezca la cohesión entre los diferentes grupos de la sociedad, así como ampliar los mecanismos para fomentar las iniciativas de las comunidades y las organizaciones de la sociedad orientadas a la superación de la pobreza y la marginación.
VI.- El Programa de Abasto Social de Leche (Liconsa) tiene como finalidad abastecer leche de la más alta calidad a precio preferencial a la población en condición de pobreza que habiten en zonas marginadas urbanas, semiurbanas y rurales, a través de una red de puntos de atención bajo el esquema de abasto comunitario autorizados por Liconsa o lecherías ubicadas en todo el país.
Los beneficiarios de este programa son los hogares en condiciones de pobreza con niñas y niños de 6 meses hasta 12 años de edad, mujeres en periodo de gestación o lactancia, mujeres adolescentes de 12 a 15 años, mujeres de 45 a 59 años de edad, enfermos crónicos y/o discapacitados mayores de 12 años y adultos de 60 o más años, que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos que justifiquen su condición.
Según datos proporcionados por la propia Secretaría de Desarrollo Social para abril de 2005 se tenían un total de 5 millones 828 mil 102 beneficiarios individuales, pertenecientes a 3 millones 16 mil 608 familias, las cuales son atendidas por 9008 puntos de distribución. Para ello, Liconsa distribuye diariamente más de 3 millones 300 mil litros de leche en mil 816 municipios. Para llevar la leche a los más de 3 millones de hogares mexicanos, la institución cuenta con 33 programas de Abasto Social.
En un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública señala que en 2004 alrededor de 370 mil niños que consumieron durante 6 meses la leche fortificada Liconsa redujo sustancialmente sus problemas de anemia. Asimismo, durante el último año cerca de 51 mil niños entre 12 y 30 meses que consumieron esta leche superaron totalmente su condición de anémicos.
De acuerdo con los resultados de este estudio, se redujo la anemia en 44 por ciento de los niños entre 12 y 24 meses de edad que consumieron la leche fortificada durante 6 meses en condiciones controladas, es decir vigilando su consumo.
VII.- El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Oportunidades) es un programa del Ejecutivo Federal inserto en la vertiente de desarrollo social y humano que promueve, en el marco de una política social integral, acciones intersectoriales para la educación, la salud y la alimentación de las familias que viven en condiciones de pobreza extrema.
Para contribuir a la construcción del Sistema Nacional de Desarrollo Social, así como al logro de los objetivos planteados por la Ley General de Desarrollo Social, el Programa reconoce los derechos que su población beneficiaria tiene al desarrollo social, la educación, la salud, la alimentación y los relativos a la no discriminación.
Oportunidades tiene como objetivo apoyar a las familias que viven en condición de pobreza extrema con el fin de potenciar las capacidades de sus miembros y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar, a través del mejoramiento de opciones en educación, salud y alimentación, además de contribuir a la vinculación con nuevos servicios y programas de desarrollo que propicien el mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas y calidad de vida.
Con la ampliación de la cobertura, el programa ha tenido beneficios evidentes para millones de familias. Sólo en el año 2004, Oportunidades benefició a más de 3 millones y medio de familias, lo cual significa mejorar las condiciones de vida de 25 millones de mexicanos. Los resultados positivos de Oportunidades para reducir las brechas de desigualdad han tenido un amplio reconocimiento en el ámbito internacional -respaldado por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- por lo que es actualmente considerado un modelo de política social exitosa que puede ser replicado en otros países.
En los principales logros de Oportunidades en 2004 se destacan la reducción de 17% en la deserción escolar en áreas rurales y casi 10% en zonas urbanas, respecto a datos de 1997, así como disminución en 13% de la reprobación escolar en zonas rurales y más de 20% en urbanas. Un incremento de 24% en la matricula escolar registrada antes de comenzar con Oportunidades en secundarias rurales, respecto de 1997. En zonas urbanas el incremento fue de 4%. El aumento de 85% en el número de jóvenes que ingresaron a bachillerato en áreas rurales y de 10% en urbanas en el ciclo escolar 2002-2003, respecto de los alumnos inscritos en el ciclo escolar del año anterior. Adicionalmente, también es posible destacar el 47% de incremento en la matricula escolar registrada en el 2º año de bachillerato. Y una disminución de 11% en la tasa de mortalidad materna y de 2% en la mortalidad infantil.
VIII.- En las reglas de operación de Liconsa, para el año 2005, se establece que no podrán ser beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, los hogares de localidades, que reciben apoyos alimentarios de otros programas de Gobierno Federal, incluyendo el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y el Programa de Apoyo Alimentario.
Asimismo, en las reglas de operación del programa de Oportunidades se determina que se deberán de considerar los "mecanismos para asegurar la complementariedad de acciones con otros programas; para aprovechar la información y el padrón del programa para focalizar otros subsidios complementarios y no duplicados, y para definir la transición de beneficiarios de otros programas federales que otorgan subsidios con el mismo objetivo para evitar duplicidad". En todos los casos, las familias que estén siendo beneficiadas por otros programas sociales y sean transferidos al padrón del Programa Oportunidades, deberán cumplir con los criterios de identificación de beneficiarios y requisitos de este último. Estos no podrán recibir los apoyos del Programa de Abasto Social de Leche.
Este mismo principio, aunque en un nivel más general, se establece en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, Ejercicio Fiscal 2005. Específicamente su artículo 50 menciona que "los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad, oportunidad y temporalidad". Y este mismo decreto, en su artículo 52, fracción V, establece que "con el objeto de coadyuvar a una visión integral de los programas? las dependencias y entidades que participen en dichos programas, promoverán la celebración de convenios o acuerdos interinstitucionales con el fin de fortalecer la coordinación, evitar duplicidad en la consecución de los objetivos de los programas?"
IX.- Es decir, lo anterior significa que a pesar de todos los beneficios que ambos programas han aportado en la sociedad mexicana y que se habla de una integralidad de los programas sociales, que sí se presenta en el sentido de otorgar beneficios en los diferentes niveles de la vida comunitaria e individual. Pero esta integralidad, en el ámbito del reforzamiento de beneficios para poblaciones con vulnerabilidades específicas, no se presenta; por lo cual la normativa actual hace que tanto Liconsa como Oportunidades integren un paquete de beneficios que son mutuamente excluyentes para una misma población objetivo.
La normativa niega la posibilidad de que hogares con características especificas (mujeres jefes de hogar solteras, jefes de hogar desempleados, hogares en comunidades geográficamente aisladas, hogares con un gran número de miembros menores de edad, jefes de hogar con alguna discapacidad, entre otros) que las hace aún más vulnerables, sin mencionar su condición de extrema pobreza, ante situaciones sociales, económicas y de carácter natural, léase desastres naturales.
La norma se integró para un segmento de la población abstracto y excluyente (o son pobres extremos o no lo son) y si lo son, pues todos tienen las mismas características; sin embargo, ello niega la diversidad real que existe aún entre el propio segmento de la población diagnosticado como de "extrema pobreza".
Al reconocer los puntos comunes de las cuestiones sociales, no deberían pasarse por alto las especificidades propias de cada tipo de situación específica. Sin embargo, el buscar soluciones comunes a problemas compartidos bien podría suponer una negación de las diferencias contextuales subyacentes y una asfixia de la acción específica basada en las necesidades. Hay que tener cuidado de no imponer soluciones "universales" a problemas que son intrínsecamente especiales y evitar amoldar las iniciativas especificas a enfoques homogeneizados y determinados. De hecho, es preciso integrar una flexibilización en la norma, un equilibrio delicado que acepte lo universal al tiempo que reconoce y protege lo específico. Esta cuestión es esencial en el debate acerca de la manera de difundir y duplicar políticas y prácticas sociales.
X.- Nuestro sistema de políticas sociales está en franco desarrollo y ha afrontado a lo largo de las últimas dos décadas una serie de recortes presupuestarios, una lucha por la profesionalización y jerarquización del personal, y una lucha por abordar de manera integral la protección social de los mexicanos en situación de pobreza extrema.
Pero también, en este proceso, la población, tanto incluida como excluida de los beneficios de las políticas sociales, advierten todavía una rigidez a la hora de acceder a cualquier servicio o beneficio. Cada vez hay más normas y cada programa nuevo es más rígido que el anterior, lo que a nuestro entender da cuenta que desde quienes arman esto programas se sospecha cada vez mas del que pretende acceder como legitimo beneficiario a algún programa social. Es decir, el pobre se convierte en sospechoso de ser justamente, portador de pobreza. Un ejemplo de esto se observa en programas sociales en donde si un beneficiario solicita un aumento en sus beneficios por causas de vulnerabilidad especiales, ante ello se le estigmatiza como delincuente, insolidario, etc., independientemente de las necesidades que tenga.
Es interesante pensar en quién es el que estigmatiza, el que pone el rótulo de "delincuente" al que pretende ser beneficiario de dos tipos de programas sociales. Porque si es el que se hace cargo de la distribución, entonces hay que inmediatamente ligarlo a los intereses que representa.
¿Cómo caracterizamos hoy a la población destinataria del beneficio social? ¿Podemos decir que la situación actual los ubica en una relación más clientelar que hace un tiempo atrás? Vemos que existe todavía conflicto y tensión al interior de la propia población beneficiaria. Por lo que vemos hasta ahora este problema se dirige hacia el interior del sector que padece la situación, produciendo mayor conflicto entre los beneficiarios. Hay grupos en una comunidad que ejercen violencia social sobre otros grupos más débiles.
Hoy la población beneficiaria reacciona asumiendo el estigma y reacomodándose con mayor disciplinamiento a las exigencias, algunas veces ridículas, de la tecnocracia de la política social. Hoy esta población está esperando incluirse en las propuestas sociales que está prometiendo el gobierno, con confección del registro único de beneficiarios en donde la gente se anota donde puede.
La gente pide útiles escolares, comida, capacitación para el trabajo y no mucho más. Es decir que hoy hay mucho más control social efectivo, porque la gente sólo pide lo que sabe que el gobierno puede ofrecer. Ahí es donde se traduce el disciplinamiento. Es cierto que se dificulta hoy día mucho más trabajar desde ahí, aunque paradójicamente resulte más necesario que nunca.
Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta H. Soberanía, la siguiente
Proposición con punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de las dependencias y entidades correspondientes evalúe la factibilidad de que los beneficios que otorgan en apoyo a la alimentación y nutrición a través del Programa de Abasto Social de Leche (Liconsa) y El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Oportunidades), pudieran ser compatibles y complementarios, de tal manera que dichos programas sean convergentes en una población objetivo.
Segundo.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las adecuaciones correspondientes a las reglas de operación el Programa de Abasto Social de Leche (Liconsa) y El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Oportunidades) a efecto de que los beneficiarios de alguno de estos programas, no sea excluido de los beneficios del otro programa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 27 de septiembre de 2005.
Dip. José Antonio Cabello Gil (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN
DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS QUE MODIFIQUE EL ACUERDO SOBRE LA ELABORACIÓN
DEL ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES, LAS DISCUSIONES DE LOS DICTÁMENES
Y LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE VOTACIÓN,
CON OBJETO DE AGOTAR TODOS LOS APARTADOS ESTABLECIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA,
A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL GARCÍA TINAJERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito legislador de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, emitió en octubre de 2003 un acuerdo con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para dictar las resoluciones económicas relativas a su régimen interior.
En dicho acuerdo se señala que las normas vigentes en relación al orden del día de las sesiones, discusiones y votaciones se encuentran dispersas en el Marco Jurídico que rige la vida interna da la Cámara de Diputados, lo que dificulta su manejo y pone en evidencia la necesidad de sistematizar un ordenamiento específico, que les dé unidad y les dote de sentido para facilitar la eficacia de su aplicación.
Por tal motivo el acuerdo se elaboró con el objeto de "interpretar, integrar y complementar el marco jurídico que rige la vida interna de la Cámara de Diputados" en lo relativo a las instancias, criterios y mecanismos que deben de seguirse para la formulación, integración y desahogo del orden del día de las sesiones, así como los procedimientos para las discusiones y las votaciones.
En el apartado sobre "De la integración del Orden del Día" se señala que la Mesa Directiva integrará los asuntos a desahogar durante las sesiones, de acuerdo al siguiente orden:
Este punto resulta sumamente sustantivo, pues deja ver con claridad que de común acuerdo, no se violenta ningún ordenamiento jurídico si se solicita establecer nuevos tiempos específicos para estar en posibilidad de agotar todos los apartados en el orden del día. Esta experiencia se asumió en los trabajos de la Comisión Permanente próxima anterior con un resultado excelente. Pues independientemente de los asuntos a tratar en tribuna se fijó un tiempo específico para el debate parlamentario.
El objetivo principal fue no abrumar la presentación de temas en la tribuna, sin menoscabo de que cada uno de ellos son turnados, discutidos, modificados y aprobados o desechados en la comisión correspondiente, para así contribuir a establecer la discusión de la agenda política como un apartado primordial.
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Se solicita a la Conferencia para la Direccion y Programacion de los Trabajos Legislativos, modifique el acuerdo sobre la elaboración del orden del día de las sesiones con el propósito de agotar todos los apartados establecidos en el orden del día.
Segundo.- Los grupos parlamentarios presentaran una propuesta que fije tiempos para la presentación de temas en tribuna con el objetivo de estar en posibilidad de cumplir el primer punto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre.
Dip. Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE
ESTA SOBERANÍA SE SUME A LA INICIATIVA, DE CIUDADANOS DE TODO EL
PAÍS, PARA QUE LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 2005 SEA OTORGADA
POST MÓRTEM AL PERIODISTA FRANCISCO HUERTA, FALLECIDO EL 27 DE ENERO
DEL PRESENTE AÑO, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS GONZÁLEZ
SCHMAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El que suscribe diputado federal Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, Partido Político, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme alsiguiente:
Considerando
A ningún legislador mexicano, después del fatídico suceso de octubre de 1913, cuando el usurpador Victoriano Huerta mandó cegar la vida del senador Belisario Domínguez a causa de su discurso en defensa de la dignidad de la Nación, puede serle indiferente el testimonio de mexicanos de esa cauda de virtudes patrióticas que son los que en realidad han mantenido enhiesta la Honorabilidad que con su letra inicial siempre preside la denominación Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y Congreso de la Unión.
El próximo 7 de octubre, la H. Cámara de Senadores como su propia ley lo señala, rendirá el homenaje anual de gratitud al ilustre mártir de la democracia y la verdad Belisario Domínguez, otorgando la medalla con su nombre a un mexicano de alta distinción que en alguna de sus aportaciones al bien de México, haya dado seguimiento a la obra y a las aspiraciones patrióticas del senador chiapaneco.
Es con este motivo que un grupo de ciudadanos que siguieron la trayectoria de Francisco (Paco) Huerta en décadas de periodismo radiofónico, han considerado digno de recibir esa presea a quien con denuedo, inteligencia y compromiso con el bien de México dejó un testimonio vivo de transformación del periodismo radiofónico anquilosado entonces por el personalísimo y la unilateralidad en la transmisión frente a un receptor pasivo, para invertir el orden y en ejercicio de la democracia participativa, darle al pueblo el micrófono para crear una opinión pública verdadera y perceptible.
No dudamos que éste fue un elemento central para que, en concurrencia con otros esfuerzos, la ciudadanía cobrara conciencia de que no sólo en la emisión del sufragio su papel es decisivo, sino lo es todavía más, en la vida diaria, generando opinión pública, crítica sana, fundada, con nombre y apellido, y alentando las acciones de gobierno que deveras correspondan al servicio y a la atención de responsabilidades de la autoridad elegida y legítima.
Paco Huerta le dio a la radio su verdadero valor ciudadano y democrático. Su reciedumbre reconocida incluso en otras partes de América Latina donde era invitado frecuentemente y donde fue considerado el precursor de la escuela del periodismo civil, que ha sido adoptada ya en diversos países de nuestra lengua.
Pudo sortear varios atentados a su vida en la tenaz lucha por la libertad de expresión y la reconducción de la radio hacia un servicio democrático. Sobrevivió al primer embate que lo fue el intentar envenenarlo en una gira presidencial internacional en tiempos de López Portillo; su persistencia tenaz lo llevó a tener que cambiar de estaciones de radio para transmitir su programa Voz Pública. Temor o intimidación a los concesionarios, lo llevaron con su equipo a una difícil situación económica y personal. Se sobrepuso a todas las contingencias y sin embargo los intereses de los beneficiarios propietarios de las estaciones de radio, fueron al final los que, con las presiones y amagos, vencieron a su sensible corazón para precipitar su muerte. Fue en suma un visionario luchador de la libertad de expresión no sólo para unos cuantos sino para todos los ciudadanos. Por eso vivió y murió cautivo de los intereses de los concesionarios que así como lo amaban para obtener raiting, lo permutaban al rato para ganarse la complacencia del poder político cuando la aguda voz pública calaba en la conciencia nacional contra el abuso del poder.
En estos momentos en que México requiere revivir y actualizar sus valores republicanos y estaremos en breves días atentos a evocar los que nos legó Belisario Domínguez, que no se doblegó ante la fuerza y las seducciones del poder, ofreciendo hasta su vida por la dignidad de México; será también obligado acto de justicia reconocer que Paco Huerta es de esa estirpe de patriotas que no cejan hasta el final por lograr que el beneficio del pueblo sea en la política, la única finalidad del poder. Por lo anterior, se presenta el siguiente:
Punto de Acuerdo
Que la Cámara de Diputados se sume a la iniciativa de diversos ciudadanos de todo el país que solicitan que la Medalla Belisario Domínguez 2005, sea otorgada postmorten al periodista Francisco (Paco) Huerta, fallecido el día 27 de enero del presente año.
Palacio Legislativo, a 28 de septiembre de 2005.
Dip. Jesús González Schmal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA
PGJDF AGILICE LA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS EN EL CASO
DE LA C. NADIA ERNESTINA ZEPEDA MOLINA, FINQUE RESPONSABILIDADES CONTRA
LOS FUNCIONARIOS QUE INCURRIERON EN VIOLACIONES Y SE REPARE ADECUADAMENTE
EL DAÑO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARCELA LAGARDE Y DE LOS RÍOS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita diputada de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El 23 de enero del 2003 Nadia Ernestina Zepeda Molina, de 18 años de edad, estudiante del CCH plantel oriente de la UNAM, fue detenida de manera arbitraria por más de 20 policías encapuchados e integrantes del extinto Grupo Sagitario de la Secretaría de Seguridad Pública de Distrito Federal.
Durante la detención Nadia fue golpeada y en el trayecto fue abusada y violada sexualmente por los policías del Grupo Sagitario, José Fernando Juárez Ramos, Guillermo Flores Hernández y Pascual Cruz Castillo, mismos que después la acusaron de comercializar con cocaína que ellos mismos le sembraron.
Después de casi dos años que duró el proceso penal fue sentenciada a 5 años de prisión. Por información del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, se documentaron múltiples violaciones al debido proceso legal perpetradas por las instancias de procuración y administración de justicia.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) realizó una investigación sobre este caso, la cual evidenció la negativa de la Secretaría de Seguridad Pública de proporcionarle la información que le solicitó respecto a los policías denunciados. La CDHDF emitió una conciliación en el caso de Nadia Ernestina Zepeda Molina. Sin embargo, la propia CDHDF llevó a cabo una recomendación general 6/2004 a la SSP con referencia a la actuación de los operativos de seguridad, aunque esta recomendación no retoma el caso de Nadia si habla sobre el Grupo Sagitario, mismo que la atacó. En esta recomendación, la CDHDF establece que las formas de actuación de estos operativos se basan se basan en prácticas de abuso de poder como el uso de golpes, las detenciones arbitrarias y el abuso sexual, entre otras.
Actualmente, se encuentran abiertas las averiguaciones previas FSP/BT2/824/04-02 y FSP/BT2/824/04-03/D1 en contra de los policías aprehensores en la Fiscalía Especial de Delitos Sexuales y en la Fiscalía Central para Servidores Públicos, mismas que se abrieron de oficio después de la intervención de la Subprocuraduría de Derechos Humanos del Distrito Federal. Sin embargo, hasta ahora no se ha consignado a los responsables.
La conducta de los policías de la Secretaría de Seguridad Pública y la falta de respuesta eficaz por parte de las instancias de procuración y administración de justicia son manifestaciones de la violencia institucional que padecemos las mujeres por parte del Estado. Por ello, se debe contextualizar este caso como una forma de violencia de género a las que somos sometidas las mujeres en México: la falta de acceso a la justicia pronta, expedita e imparcial.
En el mes de agosto del presente año se otorgó a Nadia el beneficio de la libertad anticipada, el cual interpretamos como un reconocimiento tácito de su inocencia. Sin embargo, hasta ahora, no se ha juzgado a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, de la serie de arbitrariedades e injusticias cometidas contra ella y sus familiares.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución:
Primero.- Exigimos a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que consigne a las autoridades judiciales correspondientes las averiguaciones previas FSP/BT2/824/04-02 y FSP/BT2/824/04-03/D1 a fin de que se sancione eficazmente a los policías José Fernando Juárez Ramos, Guillermo Flores Hernández y Pascual Cruz Castillo.
Segundo.- Después de sancionar a los responsables, es necesario que se de a Nadia el reconocimiento oficial de su inocencia y la anulación de todos los antecedentes penales.
Tercero.- Exigimos que el Estado garantice la reparación del daño integral ocasionado a Nadia y a sus familiares.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2005.
Dip. Marcela Lagarde y de los Ríos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR A LA CIUDADANÍA QUE LA
REFORMA ENERGÉTICA NO ESTÁ AÚN EN ESTA SOBERANÍA
Y ACLARAR, ADEMÁS, QUE LOS INTEGRANTES DE LA LIX LEGISLATURA DE
LA CÁMARA DE DIPUTADOS NO LA HAN DETENIDO O RECHAZADO, A CARGO DEL
DIPUTADO JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El que suscribe, Diputado Federal Juan Fernando Perdomo Bueno, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal, suspenda las declaraciones, y toda campaña mediática que informar a la ciudadanía que el Congreso de la Unión, y en particular esta Honorable Cámara de Diputados, es responsable de retrasar la Reforma Energética; sobre la siguiente:
Exposición de Motivos
Desde el inicio de su administración el Ejecutivo Federal, ha referido que México necesita grandes reformas estructurales.
El 21 de agosto del año 2002, el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobernación envió mediante oficio No. SEL/041/02, a los Secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 5 iniciativas de reformas constitucionales y legales en materia de Energía Eléctrica, las cuales a continuación enlisto:
2) Decreto por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
3) Decreto por el que se reforma, adicionan, y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.
4) Ley Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad.
5) Ley Orgánica del Centro Nacional de Control de Energía.
Si bien es cierto que el sector eléctrico del país de reformas que le permitan responder alas a las cambiantes condiciones estructurales y a las necesidades de la Nación, a fin de garantizar su desarrollo presente y futuro; también lo es, que la actual administración no ha presentado una reforma integral que permita que la modernización del sector energético, consensuada con los grupos sociales interesados, ni con el legislativo, que permita impulsar el desarrollo económico, social y sustentable que el país requiere.
Una verdadera Reforma del Sector Energético tendría que ser por fuerza integral y que guarde un equilibrio entre las necesidades de participación de la iniciativa privada y la responsabilidad de los intereses del conjunto de la sociedad que es propia del Estado de y de los cuales es garante este cuerpo legislativo.
Por ello, la campaña mediática que inició el Ejecutivo Federal, en torno al retraso y/o negativa por parte de los integrantes de la LIX Legislatura de esta H. Cámara de Diputados, ha dado como resultado que la ciudadanía piense que las grandes reformas que el país necesita, (como lo anuncio el Presidente de la República desde el inicio de su administración) han sido detenidas por el Poder Legislativo,
Tal afirmación es falsa. Nosotros no tenemos conocimiento, ni nos ha sido turnada a los integrantes de la Comisión de Energía, esa gran reforma energética que anunció el Presidente de la República
A falta de una iniciativa integral por parte del Ejecutivo la Comisión de Energía ha elaborado una agenda energética completa que incluye los temas de: Régimen Fiscal de Pemex, Ley de Energías Renovables, modificación a las estructuras y leyes orgánicas de CFE y Pemex, así como su autonomía de gestión, entre otros.
Como un ejemplo de la falta de compromiso del Ejecutivo con el sector energético se da el abandono del cargo de Secretario de Energía por parte de Fernando Elizondo, con tan solo 15 meses de ocupar el puesto y sin que haya cumplido con la tarea de una verdadera reforma integral. Deja pendientes como el régimen fiscal de Pemex vetado y sin dar información a los diputados sobre los excedentes petroleros en los últimos meses y la canalización de los recursos generados.
Invito a todos los Diputados para que juntos analicemos estas propuestas que está haciendo la Comisión de Energía y cuanto antes aprobemos las reformas que necesita el país, no al gusto del Ejecutivo sino en ejercicio de nuestra responsabilidad con la ciudadanía, y con nuestro trabajo mostremos a la sociedad quién está deteniendo las reformas, por ello me permito proponer el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Que el Ejecutivo Federal, informe a la ciudadanía a través de su campaña mediática que la Reforma Energética no esta aún en poder de esta H. Cámara de Diputados; además que aclare que los integrantes de la LIX Legislatura de esta H. Cámara de Diputados no han detenido y/o rechazado la Gran Reforma Energética.
Dip. Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEMARNAT A PUBLICAR LOS PLANES, LOS PROGRAMAS, LOS RESULTADOS
Y EL GRADO DE AVANCE CORRESPONDIENTES AL DETERIORO ECOLÓGICO DE
LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS, EN VERACRUZ, A CARGO DEL DIPUTADO
MARCELO HERRERA HERBERT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los grandes avances de industrialización del mundo, en los que México no puede ser la excepción, han llevado a la agonía de los espacios naturales con que contamos; la reserva de Los Tuxtlas, el caso que hoy nos ocupa, fue decretado como área natural protegida de competencia federal el 23 de noviembre de 1998, bajo la inteligencia de evitar su gradual destrucción, sin embargo, los muchos y diferentes problemas generados por el hombre tales como la agricultura, el crecimiento poblacional, la cacería furtiva, la deforestación, la contaminación de cuerpos de agua, y sin lugar a dudas por la inadecuada y torpe aplicación de políticas en materia ecológica, han dado como resultado que gran parte de esa área sea consumida día con día.
Los Tuxtlas, es un área "protegida" que se encuentra sometida a una intensa presión derivada del gran número de habitantes en la región. Dentro de los límites del área protegida viven 25,447 habitantes de tres municipios en la sierra de Santa Marta.
Esta Reserva, representa un ecosistema clave constituyendo el área de mayor importancia en la región para la captación de agua de lluvia, y la principal fuente proveedora de agua para ciudades importantes de los alrededores tales como Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, San Andrés Tuxtla y Catemaco.
Los Tuxtlas es una de las reservas mejor estudiadas en Latinoamérica, pero también es una de las áreas protegidas donde mejor, desgraciadamente, se han documentado los procesos de deforestación de las selvas tropicales. A pesar de los múltiples estudios y trabajos de investigación por instituciones académicas y programas gubernamentales de desarrollo social para la región, no se ha podido detener el avance de la deforestación, tráfico de especies silvestres y grave contaminación de cuerpos de agua. Las actividades agrícolas y ganaderas en la región han causado la pérdida de cobertura forestal en más del 85% de la original. Las amenazas mencionadas ponen en serio riesgo la integridad biológica de la reserva, por lo que se considera altamente amenazada. Sin embargo, a partir de 1998 cuando se decretó la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, el gobierno implementó una serie de programas y acciones para promover proyectos de desarrollo que no dañaran el medio ambiente, todo esto desde luego, sin resultados positivos.
Los graves problemas que enfrenta esta maravilla natural, pueden corregirse implementando políticas públicas que favorezcan el desarrollo de las comunidades bajo un esquema de desarrollo sustentable, dicho esto, ya que resulta que la principal causa de deforestación, es el cambio de uso de suelo para convertirlo en potreros o campos de cultivo. Esa práctica ha sido fomentada por todos los niveles de gobierno, que sólo han visto los bosques y las selvas como terrenos ociosos, sin poder entender sus múltiples beneficios ni su carácter vital. Mas aun, la deforestación propicia una fatal disminución en la captación de agua a escala incluso nacional, por si fuera poco, rompe con su equilibrio, lo cual representa una grave amenaza en los cambios climáticos.
Otro factor que atenta contra los bosques y selvas, es la tala ilegal, un problema grave en nuestro país pues se estima que el 70% del mercado nacional de madera, tiene procedencia ilegal. La marginación que por décadas se ha padecido en el campo, la falta de oportunidades laborales así como la nula cultura ecológica para el buen aprovechamiento de bosques y selvas, han privilegiando la tala indiscriminada, en el mayor de los casos para su venta ilegal, según datos de Greenpeace, el 82 por ciento de la deforestación se debe a esa causa.
Señoras y Señores Legisladores, la enorme importancia biológica y los servicios ambientales que brinda la reserva de Los Tuxtlas a las poblaciones humanas de la región, al parecer no han sido argumentos lo suficientemente sólidos como para impulsar políticas de desarrollo sustentable que permitan frenar el avance del deterioro sobre los bosques y las selvas.
Ahora los mexicanos tenemos la responsabilidad de ser observadores del cumplimiento de los compromisos adquiridos por la presente administración. En 1998, como ya se mencionó, se dieron una serie de avances y logros al decretar la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, así como iniciar programas de ordenamiento ecológico, expropiación de tierras y desarrollo de proyectos productivos alternativos que deben seguir siendo apoyados y auditados.
En Los Tuxtlas, a pesar que se ha perdido más del 85% de la superficie original de la región aún quedan áreas de gran importancia biológica, como tres zonas núcleo que cuentan con cerca de 30.000 ha de selvas conservadas, además de un gran número de fragmentos de selva de suma importancia. La región de Los Tuxtlas representa uno de los sitios con las más altas precipitaciones anuales del país, entre 1.700 mm en la época de secas de marzo a mayo, y 4.700 mm en la época de lluvias de junio a febrero. Este hecho como la captación de agua de lluvia, el control del arrastre de suelo, regulación del clima, mantener temperaturas estables, la filtración y purificación del agua, son algunos de los servicios ambientales que proporcionan los bosques y selvas de la Sierra de Los Tuxtlas.
Compañeras y Compañeros Diputados, por lo anteriormente expuesto, y dado que existe una seria preocupación de la sociedad por cuidar de esta Reserva de la Biosfera de "Los Tuxtlas", es necesario conocer de manera detallada, las medidas que se están tomando para revertir la destrucción de la riqueza natural de la misma. Por ello, someto a esta Soberanía la aprobación de la siguiente:
Proposición con punto de Acuerdo
Único. Se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se publique a la brevedad posible los planes y programas, así como los resultados y grado de avance con relación a la problemática de deterioro ecológico que presenta la reserva de la Biosfera de "Los Tuxtlas", en el estado de Veracruz.
Dip. Marcelo Herrera Herbert (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO DE GUERRERO Y A LA SEP A ESTABLECER UNA MESA DE
DIÁLOGO CON LOS EGRESADOS NORMALISTAS DE DICHA ENTIDAD, SUSCRITA
POR LOS DIPUTADOS EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ Y ADRIÁN
CHÁVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El estado de Guerrero es una de las entidades federativas que mantiene un fuerte retraso social incluyendo entre sus principales problemáticas la pobreza y la desnutrición de miles de habitantes. Para muestra, de acuerdo a datos de la SEDESOL 40% de su población se encuentra en condiciones de extrema pobreza.
Del mismo modo, coexisten realidades profundamente disímiles entre municipios con un fuerte impulso económico gracias al turismo, como Acapulco o Zihuatanejo y aquellos como Metlatónoc considerado de los más pobres del país.
De acuerdo a estudios diversos, ocupa uno de los primeros lugares en analfabetismo y atraso educativo a nivel nacional, y existen comunidades indígenas donde más del 70% de su población mayor de 15 años son analfabetas y el 40% de los niños en edad escolar no asisten a la escuela.
De esa forma, vemos de forma clara una relación entre pobreza y educación que tiene que comenzar a revertirse.
A pesar de este contexto, se encuentran cerradas 300 escuelas públicas por falta de maestros y saturación de alumnos en las aulas, entre otras causas, lo cual resulta contrastante con el hecho de que cerca de 680 egresados de las distintas normales del estado, no tengan la posibilidad de ingresar al sistema educativo local.
Los 698 egresados normalistas del estado de Guerrero de las diferentes licenciaturas están en la plena disposición de ir a las comunidades más apartadas del estado a educar a la niñez y brindar sus conocimientos a esas comunidades indígenas y campesinas que desde hace muchos años se encuentran en la ignorancia y en el atraso social.
Con la descripción de los antecedentes que tiene esta justa demanda el exigir otorgamiento de plazas de educación básica para los egresados de las Normales Públicas del estado de Guerrero, queda claro que puede ser la solución a la demanda educativa que tienen las comunidades y nos queda claro también que la educación pública no debe permitirse que se convierta en un privilegio de clase, si no que debe seguirse manteniendo como un derecho de todos los seres humanos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la siguiente:
Proposición con punto de Acuerdo
Primero.- De conformidad con el pacto federal, se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Guerrero y al gobierno federal a entablar una mesa de diálogo con los egresados de las normales rurales y públicas.
Segundo.- De conformidad con el pacto federal, se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Guerrero y a la Secretaria de Educación Publica federal a implementar un proyecto educativo emergente a fin de resolver el atraso educativo en las comunidades indígenas y campesinas del estado de Guerrero.
Diputados: Emiliano V. Ramos Hernández,
Adrián Chávez Ruiz (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS LEGISLATIVOS Y EJECUTIVOS FEDERALES Y ESTATALES A PROMOVER
ACCIONES EN FAVOR DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES,
A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA LUCÍA MÍCHER CAMARENA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición de punto de acuerdo base en las siguientes
Consideraciones
El 28 de septiembre es, desde 1990 el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en América Latina de cada mil mujeres 30 se realizan abortos inseguros cada año, 4.2 millones en total; y de ellas, 5 mil mueren por esta causa, lo que representa el 21% del total de las muertes ligadas a la maternidad.
En México, no se cuenta con cifras precisas y actualizadas sobre el número de abortos inducidos debido a la práctica clandestina de los mismos. Las estimaciones oscilan entre 200 mil (CONAPO) y 600 mil (Instituto Allan Guttmacher, Nueva York) al año. Las complicaciones del aborto representan la cuarta causa de mortalidad en las mujeres.
El artículo cuarto constitucional consagra el derecho de las personas a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos y el derecho a la salud por lo tanto el derecho a decidir, es constitucional y no un asunto de mujeres y hombres irresponsables, sino comprometidas y comprometidos con el pleno goce del derecho de los derechos sexuales y reproductivos.
La penalización del aborto no disminuye el número de mujeres que recurren a esta práctica como una decisión difícil y extrema, tampoco provoca la aplicación de las sanciones establecidas, ya que en la mayoría de los casos no se denuncia. Lo que sí se logra con la penalización es la persecución del Estado hacia una decisión que corresponde al ámbito íntimo e individual de las mujeres, la inseguridad e incluso la corrupción de quienes realizan clandestinamente los procedimientos y de quienes persiguen la práctica ilegal. El Estado, lejos de garantizar el precepto constitucional, lo obstaculiza.
La prohibición genera el "mercado negro", prohibir el aborto solamente lo vuelve clandestino. La penalización del aborto aumenta los riesgos para la salud y la vida de las mujeres porque nadie controla las condiciones higiénicas del lugar donde se realiza ni los conocimientos médicos de las personas que lo practican.
Ninguna ley debe poner en riesgo la salud y la vida de las personas. Cuando la ley afecta la vida de las personas, como la que prohíbe el aborto, la ley se debe modificar.
El aborto es un problema de salud pública y no un problema criminal. La práctica clandestina pone en riesgo la integridad y la vida de miles de mujeres, muertes por abortos mal practicados, esterilidad como secuela, complicaciones graves que consumen la mayor parte de los recursos públicos destinados a la salud sexual y reproductiva, sólo por debajo de los partos atendidos. No existe sin embargo, ninguna contraindicación médica para practicar un aborto durante las primeras 12 semanas de la gestación si se tienen las condiciones adecuadas.
En este sentido, estamos enfrentando un problema de salud pública no con base en los conocimientos de la medicina, sino con base en los dogmas religiosos. La intención de las agrupaciones religiosas es y ha sido siempre la promoción de conductas y decisiones personales acordes con una visión única del bien y del mal. La aceptación o la negación de cada precepto religioso es un asunto de conciencia individual, no una cuestión de Estado. La obligación del Estado es permitir la libertad de conducta y de conciencia y en este caso la de velar por la salud de la población. Permitir el dominio de los dogmas ha conducido siempre al autoritarismo. Por eso este país optó en el siglo XIX por un Estado laico que reivindica el respeto al derecho ajeno como el camino hacia la paz.
En nuestro país el aborto no se castiga en siete circunstancias, atendiendo a razones médicas, legales y sociales: cuando el embarazo es producto de una violación (en 32 estados), cuando implica riesgo de muerte para la mujer (en 27 estados), cuando existen evidencias de malformaciones genéticas graves del producto de la gestación (en 13 estados), cuando existe peligro para la salud de la mujer (en 9 estados), por inseminación artificial no consentida (en 8 estados), por aborto imprudencial (en 29 estados) y por razones socioeconómicas (en un estado). En estas siete causales hemos logrado superar los dogmas que invaden la esfera legislativa. Sin embargo, aún en estos casos, la despenalización no implica de parte del Estado, la garantía para las mujeres de recibir atención médica digna y eficiente. Sólo los ordenamientos del Distrito Federal obligan a los servicios públicos de salud a realizar el procedimiento en tiempo y forma y a respetar la decisión de las mujeres en los casos autorizados por la Ley.
Si bien reconocemos la soberanía de cada estado en materia de legislación penal, las y los legisladores de todo el país estamos obligados a reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y sobre su maternidad, y a revisar los ordenamientos penales que impiden la realización de este derecho y que establecen condiciones desiguales para casos similares en la república.
La Plataforma de Acción de Beijing insta a los gobiernos a reconocer y a afrontar las consecuencias que tienen para la salud los abortos peligrosos, por ser una cuestión de gran importancia para la salud pública y recomienda considerar la posibilidad de revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que han tenido abortos ilegales.
En la Cumbre Mundial celebrada hace apenas unos días en Nueva York, todos los países integrantes de la ONU, aprobaron por unanimidad en su Declaración final, garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva, como continuación del compromiso adquirido en la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo, realizara en El Cairo, en 1993.
Para quienes desconocen algunos documentos que rigen el actuar de quienes somos católicas y católicos, valdría la pena recordar que el Derecho Canónico reconoce el aborto como un asunto muy complejo que no puede castigarse sólo porque sí, sino que en muchos casos se ha convertido en un recurso de muchas mujeres, quienes por necesidad han recurrido a él para lo que ahí se define como un mal mayor.
El aborto es una decisión difícil y compleja que debe prevenirse pero no prohibirse. Se previene incrementando el acceso de la población a las campañas de salud sexual y a los avances en materia de anticoncepción. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Nadie puede obligar a una mujer a tener o a no tener un hijo o una hija. La libertad de elegir y el ejercicio de la libertad de conciencia, es el fundamento de un estado democrático.
Por lo anteriormente expuesto pongo a su consideración la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión acuerda promover la revisión de la legislación federal con el objeto de garantizar el acceso a los servicios de salud en los casos de interrupción legal del embarazo y a destinar recursos suficientes a los programas de atención médica dirigidos a las mujeres y a los servicios de salud sexual y reproductiva.
Segundo. Exhorta a las Legislaturas de las entidades federativas a revisar integralmente el marco jurídico penal y sanitario con el objeto de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva y a eliminar las acciones punitivas en contra de las mujeres que optan por la interrupción del embarazo en las primeras semanas de la gestación.
Tercero. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a garantizar el goce pleno de los derechos sexuales y reproductivos a través de programas y políticas públicas que permitan el acceso a todos los métodos anticonceptivos y a promover la educación sexual entre la población.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2005.
Dip. Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica)
Federico Madrazo Rojas, diputado federal, en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, propone a esta Presidencia que formule excitativa a las Comisiones de Energía, de Gobernación, de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública para que, de conformidad con el artículo 45, apartado 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dictamine con relación a la minuta enviada por la Colegisladora con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.
Antecedentes
En sesión del 10 de abril de 2003, el H. Senado de la República aprobó el dictamen que reforma y adiciona la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, y reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, con voto aprobatorio de 62 senadores, 1 en contra y 27 abstenciones.
La minuta fue enviada a esta H. soberanía ese día y, en sesión del 14 de abril de 2003, fue turnada a las Comisiones de Energía, de Gobernación, de Seguridad Pública, y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Consideraciones
El costo de la energía eléctrica en nuestro país resulta injusto en la mayoría de las entidades federativas, lacerando la economía familiar y restando competitividad a las empresas. Por ello resulta indispensable realizar reformas a las leyes en la materia para adecuarlas a un esquema jurídico que permita establecer tarifas eléctricas justas.
La minuta enviada por la H. Cámara de Senadores a esta soberanía contempla reformas fundamentales de estas leyes, que incorporan factores reales para calcular la tarifa de energía eléctrica apropiada, mismas que, de forma resumida, a continuación se mencionan:
c) Posibilidad de cobro mensual del servicio, en
lugar del actual, bimensual;
d) Eliminación de la tarifa DAC ("de alto
consumo");
e) Ampliación, de seis a ocho meses, del horario de verano en zonas de clima extremoso;
f) Establecer la tarifa PC ("padrón de consumo") para beneficio de jubilados y pensionados, también aplicada a zonas indígenas y municipios rurales marginados;
g) No a la aplicación de la tarifa 2 (comercial) en zonas urbanas marginadas donde las familias posean en los hogares algún micro o pequeño negocio; y
h) Reclasificación tarifaria a partir del factor "índice de calor", compuesto de la combinación de la temperatura y humedad, presentes principalmente en zonas costeras y estados del sur-sureste de la República.
Además, abre el camino a la creación de un sistema transparente y actualizado para el cálculo justo de las tarifas eléctricas. En caso de aprobarse por la H. Cámara de Diputados la minuta de referencia, se ha pronosticado que se reducirían las tarifas de energía eléctrica entre 40 y 60 por ciento en su costo, beneficiando por lo menos a 20 estados de nuestro país.
Para ejemplificar en un caso concreto: en el estado de Tabasco, la temperatura promedio es de 28° C, de acuerdo con la zonificación vigente, con un máximo de 44° C y un mínimo de 18° C, lo que equivale a una estación de verano de 12 meses y, según el acuerdo para las tarifas, el subsidio se incrementa en el verano, considerado éste como los seis meses más calurosos del año. La humedad relativa es de 80 por ciento, lo que equivale, en un ambiente seco, a 4.7° C adicionales de temperatura. Por tanto, si tomamos la temperatura promedio de 28° C y le sumamos los 4.7° C generados por el factor humedad, tenemos una temperatura promedio de 32.7° C. Esta medición real podría ser jurídicamente sustentada con las reformas propuestas contenidas en la minuta, que crean el índice de calor mencionado con anterioridad.
Actualmente, la tarifa para esa entidad federativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2002, es la 1-C. Esta tarifa se aplica a la zona sur, con temperatura media mínima en verano de 30° C, incongruente con el estado de Tabasco, que tiene una temperatura media de 32.7° C si consideramos el factor humedad. Además, durante el presente año se registraron en los meses más calurosos temperaturas de hasta 44° C, manteniéndose así durante el día y la noche.
La preocupación por la búsqueda de tarifas eléctricas justas se extiende a lo largo del país. En esta representación popular se han presentado, sólo durante la LIX legislatura, las siguientes proposiciones:
El 4 de diciembre de ese año, la diputada federal Amalín Yabur Elías, con la firma de apoyo de más de 56 diputados federales, pertenecientes a las seis fracciones parlamentarias que integran esta honorable representación popular, presentó una proposición con punto de acuerdo;
Tan sólo unos días después, el 15 de diciembre, el diputado Inelvo Moreno Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo;
El 23 de marzo de 2004, el diputado Jorge Castillo Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo;
El 1 de abril de ese año, el diputado federal Jorge Castillo Cabrera, integrante del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo;
Cuatro días después, el 5 de abril, el diputado federal Juan Perdomo Bueno, del Partido de Convergencia por la Democracia, apoyado con las firmas de los diputados federales Luis Maldonado Venegas y Jesús González Schmal, presentó una proposición con punto de acuerdo;
El 6 de abril de 2004, la diputada federal Amalín Yabur Elías, con la firma de apoyo de 46 diputados federales y en representación de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa;
El 13 de abril de 2004, el diputado Gerardo Ulloa Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo;
El 20 de abril de ese mismo año, la diputada federal Irma Figueroa Romero, del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo; y
El miércoles 19 de mayo de 2004, el diputado José Manuel Abdala de la Fuente, del Partido Revolucionario Institucional, a través de su compañero de bancada, el diputado Carlos Flores Rico, presentó ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo.
De acuerdo con las prácticas parlamentarias, el paso óptimo sería discutir en el Pleno de esta soberanía las reformas aprobadas por la Cámara de Senadores. Estamos a mitad del proceso parlamentario para que este reclamo social, de dimensión nacional, culmine su tránsito por el Parlamento, en caso de dictaminarse la minuta enviada por la Colegisladora.
En suma, por lo anteriormente fundado y motivado, y habiéndose agotado el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el artículo 21, fracciones III y XVI, del mismo ordenamiento, solicito a usted respetuosamente, C. Presidente de la Mesa Directiva:
Único. Se sirva excitar y envíe el presente documento a las Comisiones de Energía, de Gobernación, de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, minuta con proyecto de decreto enviado por el Senado de la República en materia de tarifas eléctricas, y sean presentadas al Pleno de la honorable Cámara de Diputados en este periodo ordinario de sesiones.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, al vigésimo noveno día del mes de septiembre de 2005.
Dip. Federico Madrazo Rojas (rúbrica)
A LAS COMISIONES DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, Y DE SEGURIDAD PÚBLICA, A SOLICITUD DEL DIPUTADO FERNANDO
ANTONIO GUZMÁN PÉREZ PELÁEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, en su calidad de diputado federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promueve ante esta soberanía la presente excitativa, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El día 29 de septiembre del 2004, el suscrito presentó en esta alta tribuna iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante la cual se propone adicionar un párrafo al artículo 13 de esta Ley, para crear dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública una Comisión para el estudio especializado de las incidencias delictivas y publicar mensualmente la estadística nacional respectiva, toda vez que la realidad nos ha demostrado que los índices delictivos en este país no han sido un reflejo confiable de la realidad, no sólo por las mencionadas cifras negras que aluden a la cantidad de delitos que no se denuncian, sino además por la falta de lineamientos, de seriedad y de veracidad de las propias autoridades para emitir informes estadísticos acordes con la realidad que en materia delictiva vive nuestro país. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública.
Asimismo, el día 23 de noviembre del 2004 presenté iniciativa de decreto por el que se adicionan los artículos 41 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 225 del Código Penal Federal, para establecer la creación de una base nacional de datos relativa a órdenes de aprehensión, de consulta inmediata obligatoria para autoridades ministeriales y policiales cuando alguna persona sea puesta a su disposición, así como para las propias instituciones de seguridad pública federal, estatales y municipales, respecto de los elementos que admitan en sus corporaciones.
Una vez consultada esta base de datos, si se encontrare una orden de aprehensión pendiente en contra de la persona puesta a su disposición, el servidor público tendrá la obligación de notificar de manera inmediata y con pleno respeto a los términos constitucionales, lo conducente a las autoridades competentes para proceder a su ejecución. Esta iniciativa también comprende las sanciones correspondientes para quien incumpla la obligación de consultar esta base y para quien habiéndola consultado dejare en libertad a una persona que tuviere una orden de aprehensión en su contra pendiente de cumplimentar, sin notificar oportunamente esta situación a las autoridades competentes. Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos.
Consideraciones
Para dar cumplimiento a la obligación del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y siendo responsables con la ciudadanía que reclama cada vez con más firmeza acciones claras y eficaces en el combate de la delincuencia, resulta impostergable una mejor coordinación de las diversas autoridades competentes dentro del Sistema.
Para poder atender satisfactoriamente el problema que entraña la inseguridad en nuestro país requerimos, en principio, conocer con claridad la realidad que enfrentamos para que, una vez que contemos con información confiable podamos todas las instancias de gobierno diseñar las estrategias y mecanismos más adecuados para el combate a la inseguridad y al crimen.
En materia de persecución de delitos y particularmente en tratándose de alcanzar mejores resultados en la detención de los delincuentes, para cumplir con tales objetivos, es imprescindible integrar una base de datos en la que se registren las órdenes de aprehensión giradas, ejecutadas y pendientes, cuya consulta sea materialmente posible y procesalmente obligatoria para los Ministerios Públicos en los ámbitos federal y local, siempre que se tenga un detenido, con la finalidad de incrementar significativamente la ejecución de órdenes de aprehensión y que por falta de la debida coordinación no se han cumplimentado, lo que implica que esos delincuentes estén libres y muy probablemente cometiendo otros crímenes.
En virtud del legitimo y generalizado reclamo social el Consejo Nacional de Seguridad Pública llevó a cabo su XIX reunión el día 22 de agosto de 2005, reunión en cuyo marco se alcanzó el Acuerdo Nacional por un México Seguro que se suma a otros que ya están en marcha en materia de seguridad para establecer metas de corto, mediano y largo plazos en la materia. Dentro de los acuerdos alcanzados destacan los siguientes:
2º Programar y ejecutar al menos 20 operativos conjuntos de combate a la delincuencia de carácter estatal, regional o municipal, con la participación de fuerzas de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, basados en diagnósticos criminales.
Con relación a este acuerdo, resulta verdaderamente oportuno y responsable que esta Cámara de Diputados haga lo propio al dictaminar la iniciativa que propone la creación de la Comisión para el Estudio Especializado de las Incidencias Delictivas y publicar mensualmente la estadística nacional respectiva.
4º Se interconectarán las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de los Grupos de Coordinación Especializada a todas las policías preventivas e investigadoras del país, para su utilización en las tareas de seguridad.
El objeto de la iniciativa que propone la creación de una base nacional de datos relativa a órdenes de aprehensión, de consulta inmediata obligatoria para autoridades ministeriales y policiales cuando alguna persona sea puesta a su disposición, así como para las propias instituciones de seguridad pública federal, estatales y municipales, respecto de los elementos que admitan en sus corporaciones, coincide con el acuerdo antes citado. Por lo que es necesario excitar a las Comisiones correspondientes a fin de dictaminarla en breve término.
Compañeros legisladores, la seguridad es una responsabilidad compartida de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la Unión, es de imperiosa necesidad que esta Cámara de Diputados se ocupe de realizar lo que le compete, es decir, llevar a cabo las adecuaciones legales pertinentes que permitan que el Ejecutivo lleve a cabo las acciones obligadas y necesariamente eficaces para combatir la situación de inseguridad y delincuencia que vivimos en la actualidad.
Por lo antes expuesto y fundado, solicito a la Presidencia dé trámite inmediato a la siguiente proposición:
Único.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sírvase enviar la presente excitativa a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y a la de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados para que se lleve a cabo el procedimiento de análisis y discusión de las iniciativas en comento, con objeto de que los proyectos de dictámenes correspondientes sean presentados a este Pleno, para dar cumplimiento, a la obligación legislativa que nos ha sido conferida en esta materia.
Palacio Legislativo, a 29 de septiembre de 2005.
Dip. Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez
(rúbrica)
A LAS COMISIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL, Y DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, A SOLICITUD DE LAS DIPUTADAS
MARCELA LAGARDE Y DE LOS RÍOS Y ANGÉLICA DE LA PEÑA
GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Las suscritas, diputadas Angélica de la Peña Gómez y Marcela Lagarde y de los Ríos, integrantes del grupo parlamentario del PRD a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, respetuosamente le solicitamos que, en uso de la facultad que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite en nombre de la Cámara, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Atención a Grupos Vulnerables, a que presenten dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la suscrita diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, y por la diputada Cristina Portillo Ayala, en la sesión de la Cámara de Diputados el día 16 de julio de 2004, así como de la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Trabajo, en relación con el trabajo de personas mayores de 14 y menores de 18 años, presentada por la suscrita diputada Angélica de la Peña Gómez, en la sesión de la Cámara de Diputados el día 28 de septiembre del 2004, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Primero. Con fecha 16 de julio de 2004 se presentó ante el Pleno de esta Cámara una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para introducir de forma transversal la perspectiva de género en la legislación laboral.
Segundo. Que dicha iniciativa fue turnada para su dictamen a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sin que a la fecha se haya producido éste.
Tercero. Con fecha 28 de septiembre del 2004 se presentó ante el Pleno de esta Cámara una iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Trabajo, en relación con el trabajo de personas mayores de 14 y menores de 18 años.
Cuarto. Que dicha iniciativa fue turnada para su dictamen a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Atención a Grupos Vulnerables, sin que a la fecha se haya producido éste.
Consideraciones
Primera.- El Presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las Comisiones a nombre de la Cámara a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, y si no fuere suficiente, la emplazará para día determinado y, si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.
Segunda.- Hemos estado esperando la reforma integral a la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, los tiempos apremian y estas reformas se precisan urgentes, toda vez que los grupos menos favorecidos, en este caso las y los adolescentes y las mujeres que trabajan, particularmente las trabajadoras del hogar, requieren ser protegidas y protegidos, independientemente a la reforma integral.
Es importante destacar que éstas iniciativas, no afectan de manera alguna los temas que se encuentran "politizados" en la reforma integral, por lo que sería plausible atender estas demandas sociales.
Tercera.- Es el caso, que el día 16 de julio de 2004 la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo para introducir de forma transversal la perspectiva de género en la legislación laboral.
Esta reforma es de suma importancia, toda vez que deben incluirse en la legislación laboral, los principios de no discriminación, igualdad de derechos, equidad entre los géneros y respeto a la dignidad humana.
Estos principios deben permear nuestra normatividad para lograr que las leyes laborales concurran y garanticen plenamente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Requerimos introducirlos transversalmente en la Ley Federal del Trabajo reconociendo las desigualdades entre trabajadoras y trabajadores, reforzando las políticas incluyentes y las medidas afirmativas reconocidas por los organismos internacionales como uno de los mecanismos que compensan y revierten los efectos de la discriminación laboral a la que se enfrentan las mujeres.
Cuarta.- Es de señalarse que han transcurrido 439 días, es decir, más de catorce meses y la Comisión referida, no ha presentado al Pleno de esta Cámara, el dictamen respectivo, incumpliendo así con lo establecido por el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece cinco días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, y si no fuere suficiente, la emplazara para día determinado y, sí ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.
Quinta.- Es el caso, que el día 28 de septiembre del 2004 la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Atención a Grupos Vulnerables, la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Trabajo, en relación con el trabajo de personas mayores de 14 y menores de 18 años.
Esta reforma es de suma importancia, toda vez que es urgente la necesidad de prohibir el trabajo de personas menores de 18 años en las peores formas de trabajo y de vigilar la correcta observación de las condiciones del trabajo de personas mayores de 14 años y menores de 18 en las labores que por su naturaleza puedan desarrollar.
Sexta.- Respecto de la segunda iniciativa en comento, han transcurrido 364 días, es decir, doce meses y las Comisiones referidas, no han presentado al Pleno de esta Cámara, el dictamen respectivo, incumpliendo así con lo establecido por el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece cinco días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, y si no fuere suficiente, la emplazara para día determinado y, sí ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.
Señor Presidente: por todo lo anteriormente expuesto, le solicitamos de la manera más atenta lo siguiente:
Excitativa
Único.- Excite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Atención a Grupos Vulnerables a que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, presentada por las diputadas Marcela Lagarde y de los Ríos y Cristina Portillo Ayala, así como a la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Trabajo, en relación con el trabajo de personas mayores de 14 y menores de 18 años, presentada por la diputada Angélica de la Peña Gómez en términos del Reglamento, emplazándolas para un día determinado y, si ni así se presentare el dictamen, proponga a la Cámara que pase a otra comisión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre del 2005.
Diputadas: Angélica de la Peña Gómez
(rúbrica), Marcela Lagarde y de los Ríos (rúbrica).