El suscrito, René Meza Cabrera, diputado federal en ejercicio, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta: proposición con Punto de Acuerdo, para pedir la inclusión del municipio Venustiano Carranza, Puebla, en la partida del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, de Petróleos Mexicanos, destinada a compensar a las comunidades con pozos extractores de petróleo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Los mantos de hidrocarburos que yacen en el subsuelo comprendido dentro de los limites del municipio denominado Venustiano Carranza del estado de Puebla, son los "veneros de Petróleo que le escrituró el Diablo", en remedo al famoso poema de Ramón López Velarde.
Así lo sienten los poblanos avecindados al municipio Venustiano Carranza, porque a pesar de que desde hace varios años, se perforaron pozos y se está extrayendo "crudo", principalmente para la exportación, hasta la fecha no han recibido ningún beneficio y sí todos los inconvenientes que padecen las zonas petroleras.
Efectivamente, aún no se ponen de acuerdo los técnicos, ingenieros petroleros, ecologistas y ambientalistas, acerca de si el petróleo es una bendición o una maldición, para las entidades federales productoras de este carburante.
La discrepancia estriba, en que para unos, los países productores de petróleo fueron privilegiados por la Naturaleza, porque este energético es el que mueve literalmente al mundo civilizado; los derivados de la petroquímica son incontables y su materia prima: el petróleo es el componente de objetos tan disímbolos como las cremas de belleza y las grasas para los motores, pasando por infinidad de artículos para el hogar y la oficina, que seria difícil enumerar. En contra, tenemos todos los inconvenientes de este mineral, desde sus emanaciones contaminantes, hasta su alto grado de siniestralidad y la codicia que despierta en las naciones, que llega hasta originar guerras con toda su cauda de devastación, muerte y sufrimientos.
Difícilmente hallaríamos el equilibrio entre los argumentos en favor de poseer petróleo y los en contra por las trágicas consecuencias de tenerlo.
Lo que sí podemos determinar es que la región que posea petróleo, deberá asumir los riesgos que conlleva su posesión; justo es pues, que también disfrute de los beneficios producidos por su comercialización.
Así lo han entendido los gobernantes y por ello desde ejercicios de egresos anteriores, se vienen incluyendo en las partidas correspondientes a la para estatal Petróleos Mexicanos, del Presupuesto de Egresos de la Federación, la destinada a distribuir ingresos provenientes de la venta del "crudo", entre los municipios de los estados de la República, con yacimientos petrolíferos.
Esta proposición tiene el exclusivo objetivo de llamar la atención de los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que con sentido de equidad distributiva, se le asigne al municipio Venustiano Carranza del estado de Puebla, la suma que le corresponda de acuerdo con el volumen de "crudo" que se extrae dentro del territorio bajo su jurisdicción, como ya se hace en otros estados del país.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de la honorable asamblea con carácter de urgente resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, incluya el municipio Venustiano Carranza, del estado de Puebla, en la partida que Petróleos Mexicanos ya tiene asignada a las comunidades en cuyos territorios existen pozos petroleros en explotación, señalándole la cantidad correspondiente al volumen de "crudo" extraído, en las mismas condiciones y porcentajes, a las localidades ya recompensadas en ejercicios anteriores, por ser de equidad y elemental justicia.
Sala de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2005.
Dip. René Meza Cabrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A CUMPLIR EL COMPROMISO
DE CONSTRUIR EL TRAMO CARRETERO AGUA PRIETA-BAVISPE, SONORA, ADQUIRIDO
EL 4 DE JUNIO DE 2004, EN EL MARCO DE LA INAUGURACIÓN DE LA PLANTA
TERMOELÉCTRICA CICLO-COMBINADO NACO-NOGALES Y COLOCACIÓN
DEL ARETE ELECTRÓNICO PARA EL GANADO, EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA,
A CARGO DEL DIPUTADO FERMÍN TRUJILLO FUENTES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura, Fermín Trujillo Fuentes, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.
Es por todos reconocido el hecho de que el desarrollo, progreso y estabilidad económica del país sólo se darán en la medida en que el sistema carretero nacional sea completo, eficiente y, sobre todo, funcional. Esto ocurre aquí como en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, John F. Kennedy, cuando se refería a la importancia de las carreteras en su país, decía: "No son nuestras riquezas las que harán nuestras carreteras; son nuestras carreteras las que harán nuestras riquezas".
Sin duda, la eficiencia de las vías de comunicación denota la eficacia del gobierno.
Al respecto, el 4 de junio de 2004, ante vecinos del municipio de Agua Prieta, Sonora, el titular del Poder Ejecutivo garantizó que antes de concluir su mandato construiría el tramo carretero Agua Prieta-Bavispe, Sonora, de 239.20 kilómetros.
En ese sentido, es importante resaltar que el gobierno del estado de Sonora incluyó esta obra entre los proyectos detonadores del programa carretero federal, que nos permitió asignar recursos por 20 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2005, lo cual ha sido reconocido por los sonorenses.
No tengo la menor duda de que el Gobierno Federal responderá y cumplirá su palabra y en el próximo proyecto de Egresos de la Federación se asignen recursos para realizar esta obra.
Como legisladores, es nuestra responsabilidad ser los garantes de los intereses de la ciudadanía y generar beneficios directos desde ésta, la máxima tribuna de la nación.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a cumplir el compromiso adquirido el 4 de junio de 2004 en el marco de la inauguración de la planta termoeléctrica ciclo-combinado Naco-Nogales y colocación del arete electrónico para el ganado, en la ciudad de Agua Prieta, Sonora, donde garantizó que antes de concluir su mandato construiría el tramo carretero Agua Prieta-Bavispe, Sonora.
Palacio legislativo, a 27 de septiembre de 2005
Dip. Fermín Trujillo Fuentes (rúbricas)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
A LAS AUTORIDADES DEL IMSS A ESTABLECER, CON CARÁCTER DE URGENTE,
MESAS DE DIÁLOGO CON LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CADA UNA DE
LAS REGIONES PRODUCTIVAS DEL PAÍS, A FIN DE ANALIZAR LAS REFORMAS
RECIENTES A LA LEY DE DICHO INSTITUTO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ
MARIO WONG PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
José Mario Wong Pérez, en mi carácter de diputado a la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, y como integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, a efecto de exhortar a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social a establecer, con el carácter de urgente, mesas de diálogo con los productores agropecuarios de cada una de las regiones productivas del país, a fin de que se analicen a fondo las reformas recientes a la ley de dicho instituto, para buscar alternativas que realmente coadyuven a lograr el impulso que el agro mexicano requiere, lo anterior, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado día 29 de abril del año en curso, apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación, Decreto por medio del cual se adiciona una fracción XIX al artículo 5-A, y los artículos 237-A, 237-b, 237-C y 237-D a la Ley del Seguro Social.
Dichas modificaciones lesionan la ya de por sí mermada economía del campo, pues contempla una serie de obligaciones para los productores agropecuarios, que de realizarse, conllevarían a incrementar algunas de las cuotas obrero-patronales hasta en un 500%.
Hay aspectos con los cuales, y de manera por demás evidente, los empleadores de los trabajadores estacionales del campo no aceptan, y lo toman como una imposición por parte de las autoridades, sin que haya mediado previamente una mesa de diálogo, de discusión y de análisis, ya que es el Instituto Mexicano del Seguro Social quién evade sus obligaciones, como por ejemplo, el tratar de suplir su falta de capacidad instalada para prestar los servicios de guardería y maternidad, los pretenden suplir con convenios de colaboración con los empleadores.
Asimismo, los empleadores no están de acuerdo en la solicitud del Instituto Mexicano del Seguro Social, para la elaboración del convenio que éste firmará con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, esta última, suspenda la entrega de subsidios, apoyos, o beneficios que, con cargo a su presupuesto, provengan del Presupuesto de Egresos de la Federación, a patrones del campo que no cumplan las disposiciones en materia de seguridad social establecidas en esta Ley, por ser un tema completamente diferente la Seguridad Social, de los apoyos que se reciben de esa Secretaría.
También es cierto que no se pretende dejar desprotegido a este grupo catalogado como vulnerable; por el contrario, lo que se pretende, y hay intención y voluntad de los empleadores, es buscar alternativas de solución, pero de manera bilateral, es decir, de manera conjunta, con diálogo sereno, constructivo, permanente, y que las soluciones no impliquen el sometimiento ni la imposición.
Creemos que más que imposiciones legales, se debe atender a la problemática específica de cada región productora del país. Cada una de ellas tiene características propias que la hacen diferente a todas las demás, y por lo mismo, existen otras alternativas para resolver los mismos problemas en beneficio de los trabajadores estacionales.
El objetivo final debe ser el constituir un esquema viable que beneficie a los trabajadores estacionales del campo, al Instituto Mexicano del Seguro Social, y que el patrón agrícola pueda cumplir fácil, desde el punto de vista administrativo y económico, con los compromisos establecidos de común acuerdo.
Al término de estas reuniones, cada uno de los delegados del IMSS en las Entidades Federativas en donde exista esta problemática relacionada con los trabajadores estacionales del campo, deberá tener facultad para aprobar el esquema de colaboración y cooperación correspondiente, así como las modificaciones que de común acuerdo con los productores, resulten beneficiosos para esa operación.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta Soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Solicítesele de la manera más atenta al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Dr. Santiago Levy, gire sus instrucciones a los Delegados de cada Entidad Federativa en donde exista contratación masiva de trabajadores estacionales del campo, y establecer de manera inmediata el diálogo necesario entre la Institución con las representaciones de productores, a fin de que se analicen a fondo las reformas recientes a la Ley de dicho Instituto, para buscar alternativas que realmente coadyuven a lograr el impulso que el agro mexicano requiere urgentemente. Los Delegados deberán tener facultad para aprobar el esquema de colaboración y cooperación correspondiente, que de común acuerdo con los productores, resulten beneficiosos para esa operación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil cinco.
Dip. José Mario Wong Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
QUE DENTRO DEL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN, MODIFICACIÓN
Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006 EXAMINE LA POSIBILIDAD
DE DESTINAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA CLÍNICA
DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO EN EL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, JALISCO,
A CARGO DE LA DIPUTADA MARISOL URREA CAMARENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
Quien suscribe, Marisol Urrea Camarena, Diputada por el Estado de Jalisco, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La mística de servicio del organismo público descentralizado Hospital Civil de Guadalajara tiene una historia de más de 200 años, se inició con la llegada a la Nueva España de un hombre de grandeza excepcional, un ser humano visionario que en vida supo interpretar el dolor humano: Fray Antonio Alcalde y Barriga.
Muchas fueron las acciones benéficas que realizó en Guadalajara, su preocupación por la salud de los pobladores guió sus pasos para la construcción, no sólo de iglesias, sino de un hospital llamado San Miguel de Belén, hoy conocido como Hospital Civil de Guadalajara.
Muchos han sido los cambios políticos, religiosos, económicos y sociales por los que ha atravesado el Hospital, sin embargo, con la finalidad de brindar servicios más dignos y de mayor calidad y calidez a los pacientes que menos tienen, la institución fue creciendo para dar respuesta a la demanda de atención.
Como resultado de lo anterior en 1988 se inauguró la Unidad denominada Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, hoy Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca.
El día 10 de abril de 1997 por decreto se crea el Organismo Público Descentralizado de la administración pública estatal, conformando dicho organismo por dos unidades hospitalarias: antiguo Hospital Civil de Guadalajara y nuevo Civil de Guadalajara.
La misión que tienen en conjunto este organismo es el de brindar servicios integrales de salud hospitalaria de segundo y tercer nivel, fundamentalmente a la población que no pertenece a ningún régimen de seguridad social, buscando en la prestación de servicios la generación de conocimientos y la formación de recursos humanos de excelencia en las ciencias de la salud. Siendo el caso que hoy en día brinda servicios integrales de salud a más del 55% de la población en Jalisco.
El Hospital Civil de Guadalajara es el segundo hospital de agudos más grande de América Latina por su capacidad instalada de 1801 camas y 5494 trabajadores. Cuenta con centro de referencia en trauma y cuidados intensivos, centro de referencia para atención del recién nacido prematuramente extrema, unidades especializadas en hemato-oncología pediátrica, unidad de transplante de médula ósea para la población infantil, único banco de órganos y tejidos en el occidente de México.
Los programas de alto impacto regional están enfocados a diversas áreas de la medicina como lo son: Centro de referencia de trauma y cuidados intensivos, transplante de córnea, corazón, hepático y riñón, atención cardiológico y cardioquirúrgica, atención obstétrica y de la adolescente embarazada, atención del enfermo renal, atención del adulto mayor, atención a pacientes con VIH, y atención de niños con cáncer.
Hoy en día en Jalisco, de las 10,373 mujeres en control prenatal atendidas en el período de 2004, se presentaron 3,468 (33.4%) embarazos en adolescentes. Dentro de la demanda de pacientes atendidas, presentaron riesgo de muerte por embarazo de alto riesgo como la preclampsia-eclampsia el 25% de las pacientes. La sobresaturación en la atención materno-infantil ha aumentado el riesgo de complicaciones en el momento de la atención.
Se puede definir un embarazo de alto riesgo como aquel en el que la mamá o el bebé presentan alguna alteración que tiene el potencial de poner en peligro la vida de ella, de él o la de ambos.
La identificación de los riesgos potenciales de un embarazo es una parte importante del cuidado previo al mismo. Algunas mujeres tienen más posibilidades de tener un embarazo de alto riesgo debido a sus antecedentes genéticos, trastornos médicos existentes, su estilo de vida o factores que pueden desarrollarse con el embarazo. Las condiciones de riesgo pueden ser de tres tipos:
2. Obstétricas, que se refieren a las complicaciones de embarazos previos.
3. De la exploración física o de las pruebas de laboratorio, en esta situación la mamá se siente bien y sólo el examen físico detallado que realiza el ginecólogo o los análisis que él ha solicitado revelan alguna alteración.
Las pacientes con embarazos de alto riesgo que están al cuidado de un equipo multidisciplinario reciben una atención de muy alta calidad y presentan, al igual que sus bebés, menos complicaciones que las que se encuentran al cuidado de un solo médico.
Por lo anterior, consideramos que la implementación de una clínica de embarazo de alto riesgo, evitaría las complicaciones de hasta 250 pacientes por mes, pero para ello es menester exhortar a las autoridades competentes a que se destine en el Presupuesto de Egresos del próximo año, recursos presupuestarios necesarios, ya que es un proyecto de gran importancia y de imperiosa necesidad para las mujeres jaliscienses y de los estados vecinos.
En Acción Nacional sabedores de la gran importancia del bien común y de la dignidad de las personas, compartimos la gran preocupación de los profesionales de la medicina y de la necesidad imperante de una clínica de tercer nivel que pueda ayudar a todas esas madres que con tanto cariño esperan esa personita que será el futuro de nuestra sociedad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de esta asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica que dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos 2006, analice la posibilidad de destinar los recursos presupuestarios necesarios para la creación de una clínica de embarazo de alto riesgo en el Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el 27 de septiembre de 2005.
Dip. Marisol Urrea Camarena (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN, JAVIER USABIAGA ARROYO, A REVISAR CON LA MAYOR
BREVEDAD LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS NOM-002-PESC-1993 Y NOM-009-PESC-1993
PARA REGULAR DE MANERA EQUILIBRADA LA ACTIVIDAD DE CAPTURA DE CAMARÓN
Y EVITAR DE ESA MANERA CUALQUIER CONFRONTACIÓN SOCIAL, A CARGO DEL
DIPUTADO ADRIÁN CHÁVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
El que suscribe, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes
Considerandos
El pasado 13 de septiembre fueron detenidos al menos 17 pescadores por 39 inspectores de la Comisión Nacional de Pesca y 260 efectivos de la Secretaría de Marina debido a que realizaron pesca de camarón desde el día 9. Con prepotencia se les decomisaron 20 embarcaciones y 1.4 toneladas del marisco.
Los pescadores detenidos tradicionalmente trabajan en esteros y bahías, donde la temporada de captura empezó el pasado 3 de septiembre, pero ante la escasa presencia de camarón se trasladaron a alta mar en busca de sustento para sus familias.
La veda para la captura de camarón en alta mar frente a las costas de Sinaloa concluyó el pasado 20 de septiembre. Durante el primer día de captura los efectivos de la Secretaría de Marina dispararon al aire para amedrentar a pescadores ribereños. Además los militares detuvieron a otros tres pescadores, quienes aseguraron que fueron agredidos y arrestados a pesar de tener todos sus documentos en orden ya que la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) otorgó permisos a unos 2 mil 500 cooperativistas.
Los pescadores ribereños han insistido en participar en la búsqueda del crustáceo en esa área, para que el apreciado recurso no beneficie sólo a los grandes empresarios del sector, los llamados armadores que cuentan con embarcaciones mayores. Las comunidades Las Aguamitas, Las Arenitas y Dautillos han denunciado los problemas que han tenido para que la Conapesca entregue permisos a los ribereños. También los pescadores ribereños han demandado reiteradamente a los gobiernos estatal y federal para que entreguen recursos para compensar las bajas capturas de camarón.
Desde la semana pasada en Sinaloa el problema de la veda ha provocado un escenario que prevé la posibilidad de un estallido social. El gobernador priísta Jesús Aguilar Padilla ha negado esta situación, declaraciones que no concuerdan con el operativo instrumentado por el secretario de Seguridad Pública estatal, Ernesto Cebreros Murillo, quien reconoció que para responder a la situación, agentes de la policía estatal preventiva se incorporaron a las labores de vigilancia en esteros y bahías.
Sin embargo, el presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Zona Centro, Julio César Angulo, previó un estallido social si los gobiernos federal y estatal no atienden la situación y entregan por lo menos los apoyos prometidos, como el subsidio al diesel.
Frente a esta grave situación los legisladores nos preocupa que se encuentren soluciones que apoyen a los que históricamente han sido menos beneficiados, los pequeños pescadores ribereños, quienes cada año enfrentan adeudos, bajas capturas de camarón y problemas con los grandes pescadores de alta mar.
También observamos la urgencia de trabajar sobre el marco jurídico. Como ustedes saben el instrumento normativo específico para la pesquería de camarón, es la Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1993 y sus modificaciones y apéndices normativos que datan de 1997 relativos a las redes suriperas, chinchorros de línea y dispositivos excluidores de tortugas. Las medidas reglamentarias actuales consideran la aplicación de vedas, restricción del esfuerzo y la reglamentación de artes de pesca. Por su parte, la Norma Oficial Mexicana NOM-009-PESC-1993, publicada en 1994, establece el procedimiento para determinar las épocas y zonas de veda para la captura de las diferentes especies de la flora y fauna acuáticas en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos.
Ambos instrumentos deben han perdido vigencia frente a situaciones que cambian aceleradamente, por ello es urgente revisarlos de acuerdo a las condiciones actuales, con criterios sustentados y sobretodo tomando en cuenta a la población de menos recursos que cada día se ve menos beneficiada por un recurso que nos pertenece a todos los mexicanos.
Esta Cámara, a través de la Comisión de Pesca, ha trabajado intensamente tanto en la legislación como en el presupuesto necesario para apoyar a todos los actores involucrados en la actividad piscícola. Sin embargo, el Ejecutivo poco ha hecho sobre las normas que rigen esta actividad. Cabe recordar que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1992) señala en su artículo 48 que "En casos de emergencia, la dependencia competente podrá elaborar directamente, aún sin haber mediado anteproyecto o proyecto y, en su caso, con la participación de las demás dependencias competentes, la norma oficial mexicana, misma que ordenará se publique en el Diario Oficial de la Federación con una vigencia máxima de seis meses". En la misma, en el artículo 51, se dice "... Las normas oficiales mexicanas deberán ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha de su entrada en vigor".
Por lo expuesto, con la petición de que sea considerada de obvia y urgente resolución, por la afectación y el estado de emergencia suscitado en Sinaloa, presento a esta honorable soberanía para su aprobación la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Único. Se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Javier Usabiaga Arroyo, a que se revisen con la mayor brevedad las Normas Oficiales Mexicanas NOM-002-PESC-1993 y NOM-009-PESC-1993 para regular de manera equilibrada la actividad de captura de camarón y evitar de esa manera cualquier confrontación social.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2005.
Dip. Adrián Chávez Ruiz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE ENVÍA UN ATENTO EXHORTO AL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
PARA QUE POR SU CONDUCTO SE HAGAN LLEGAR AL GOBIERNO DEL PRESIDENTE GEORGE
W. BUSH ALGUNAS CONSIDERACIONES RESPECTO A LA OFERTA DEL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE CUBA PARA PROPORCIONAR APOYO MÉDICO A LOS CIUDADANOS
DAMNIFICADOS POR LOS HURACANES KATRINA Y RITA EN LA CIUDAD
DE NUEVA ORLEANS Y ZONAS ALEDAÑAS, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS
MARTÍNEZ ÁLVAREZ, GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El que suscribe, diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Entre el 25 y el 29 de agosto, el huracán Katrina, así como a partir del 23 de septiembre, el huracán Rita, azotaron los territorios de Florida, Loussiana, Mississipi y Alabama, en el sureste de Estados Unidos, provocando cuantiosas pérdidas de vidas humanas y daños materiales, la magnitud del desastre ha sido evidenciado por los medios de comunicación que han dado cuenta de las difíciles circunstancias en las que sobreviven miles de familias, a la fecha, que aún no pudieron ser rescatadas y que hoy suman decenas de miles de damnificados.
Ante esta catástrofe, pueblos y gobiernos de muchas naciones, han manifestado su solidaridad con el pueblo estadounidense y se han propuesto hacer llegar, en la medida de sus posibilidades ayuda humanitaria para extender la mano a miles de familias que han sufrido la pérdida de sus seres queridos, de sus propiedades y subsisten en condiciones depauperadas donde la salubridad y la higiene están puestas en graves riesgos, sin posible control por parte de las autoridades y de los ciudadanos.
El pasado 30 de agosto, el Gobierno de la República de Cuba tomó la iniciativa de hacer llegar, a nombre del pueblo cubano, a través de la oficina de intereses de Estados Unidos en La Habana y de idéntica oficina de Cuba en Washington, un mensaje en el que se expresan las condolencias al pueblo y al gobierno de Estados Unidos, con motivo del huracán y se le ofrece ayuda en el área de atención de salud, de la que Cuba tiene un alto nivel de desempeño reconocido internacional mente.
Hasta ahora, el gobierno de Estados Unidos no ha dado una respuesta al ofrecimiento cubano, y es predecible que no lo haga, debido a los antecedentes de la relación entre ambos países.
A pesar de que esta relación se caracteriza por la tensión y los reclamos mutuos, es deseable que la unión americana acepte el apoyo brindado por la nación cubana, debido a que no sólo éste podría significar bases de acuerdo para el futuro, sino fundamentalmente, porque la necesidad del pueblo estadounidense es real y de grandes dimensiones. Especialmente en lo que se refiere a la demanda de médicos, y personal técnico especializado en número suficiente, para este tipo de desastres, cuya magnitud o resultados aún no ha sido posible determinar. Es de prever, lamentablemente, que una vez que los lugares afectados vuelvan a la normalidad, se presenten circunstancias, que atendidas de manera preventiva y oportuna pueden salvar un número considerable de vidas.
Decenas de miles de personas siguen atrapadas en sus casas, en vehículos, en sus lugares de trabajo, en condiciones de franca insalubridad, que se agravan conforme pasa el tiempo. El desastre afecta, sin duda, a toda la población de esa región de Estados Unidos, pero tienen sus víctimas más sentidas en la comunidad afroamericana y los trabajadores latinos y estadounidenses pobres que aún esperan ser rescatados y llevados a lugares seguros.
El pueblo de Estados Unidos requiere de toda la ayuda posible al alcance para poder ofrecer a esas comunidades una expectativa de vida, que a la vista la han perdido por la fuerza de la naturaleza. La República de Cuba ofrece a sus médicos. Salvo México, no existe una nación más próxima a la zona de desastres y capacitada adecuadamente con médicos y técnicos para atender a la contingencia.
Ante esta circunstancia que compete a la decisión de los dos países, no podemos permanecer indiferentes y esperar que tomen la decisión que estimen pertinente. Pero tratándose de vidas humanas, y siendo México amigo de ambos pueblos, Convergencia considera que esta H. Cámara de Diputados. Debe hacer un intento para lograr que el gobierno de Estados Unidos acepte el ofrecimiento del de Cuba.
Es tiempo de dar una oportunidad a la política humanitaria, desplazando las barreras ideológicas y políticas. La globalización también puede ser humanista, en estos momentos es fundamental para enfrentar los grandes retos que esta generación vive.
Es tiempo de darle una pauta a la razón y a la solidaridad.
Es tiempo de dar inicio al fin de los límites, de las fronteras, de los bloqueos. La política humanitaria puede iniciar una nueva etapa en las relaciones internacionales globales.
Por estas razones, me permito proponer respetuosamente al pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se envía al Congreso de los Estados Unidos de América un respetuoso exhorto con el fin de que esa soberanía sirva de amable interlocutor ante el gobierno del presidente George W. Bush, con el objeto de que considere la posibilidad de aceptar la ayuda humanitaria que ofrece el gobierno de Cuba, a través del envió de profesionales médicos que serían de gran utilidad en el proceso de restauración de las condiciones sanitarias, que prevalecen en el territorio asolado por los huracanes Katrina y Rita particularmente la ciudad de Nuevo Orleans y zonas aledañas. Estamos seguros de que este acto de buena voluntad puede dar inicio a una nueva etapa en las relaciones Internacionales globales, donde se privilegie el acercamiento de los vínculos humanos, más allá de las fronteras políticas y las diferencias Ideológicas de los gobiernos del orbe.
Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL QUE, A TRAVÉS DEL CONSEJO
NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER EN
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, ASÍ COMO AL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, SE EXTIENDA
Y APLIQUE DE MANERA INMEDIATA EL PROGRAMA DEL SEGURO POPULAR A LOS INFANTES
Y ADOLESCENTES DE LA REPÚBLICA MEXICANA QUE PADECEN DE CÁNCER
EN SUS DIFERENTES CARACTERÍSTICAS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ
MANUEL ABDALÁ DE LA FUENTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe diputado federal José Manuel Abdalá de la Fuente del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar se extienda y aplique de manera urgente e inmediata el Seguro Popular implementado por el gobierno Federal a través del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia así como el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud a los Infantes y Adolescentes de la República Mexicana que padecen de Cáncer en sus diferentes características, al amparo de los siguientes:
Considerandos
Que la Secretaría de Salud ha reconocido que el cáncer en infantes y adolescentes en México va en aumento ya que en la actualidad esta enfermedad es la segunda causa de muerte en el país.
Que en sólo 25 años la incidencia del cáncer de niños en México se cuadriplicó y pasó de mil doscientos a seis mil nuevos casos diagnosticados anualmente, datos proporcionados por el área de oncología pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría.
Que de los seis mil nuevos casos de los pequeños con cáncer que aparecen anualmente, solo el 25% recibe tratamiento, falleciendo al año cuatro mil niños sin derecho a la asistencia en la salud.
Que es necesario que el Seguro Popular se amplíe y se aplique no sólo a los de leucemia linfoblástica aguda, si no también a los que padecen de osteosarcoma, retinoblastoma, linfoma hodking, rabdomiosacorsoma, tumor cerebral, entre otros.
Que el pasado 24 de febrero de 2005 se aprobó el punto de acuerdo donde se solicita otorgar de manera gratuita el Seguro Popular a los infantes y adolescentes que padecen de cáncer en sus diferentes características y en especial a los de leucemia, sin embargo recibimos por parte del director general de Financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, un informe sobre la distribución financiera que realiza esta dependencia para atender únicamente los casos de leucemia linfoblástica aguda en algunos estados, encontrándonos que lo que solicitamos no ha sido aplicado, ya que no se está considerando dentro del programa de salud del seguro popular a los niños y adolescentes que presentan cáncer con otras características, como las antes mencionadas.
Sería saludable, así como el poder ejecutivo federal anunció el apoyo económico a personas de la tercera edad de mas bajos ingresos a partir del 1 de enero del 2006, también que el programa de salud del Seguro Popular cuente con los recursos económicos necesarios para que se aplique de manera urgente e inmediata la cobertura con los infantes y adolescentes que por desgracia padecen cáncer en sus diferentes características y que lamentablemente siguen aumentando el índice de mortandad en nuestro país, esto no puede esperar mas.
Por lo antes expuesto me permito solicitar a esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
Único: Se exhorta al gobierno Federal para que a través del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la infancia y la adolescencia así como al Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, se extienda y aplique de manera urgente e inmediata el Seguro Popular a los infantes y adolescentes de la República Mexicana que padecen cáncer en sus diferentes características.
Diputados: José Manuel Abdalá de
la Fuente (rúbrica), Homero Díaz Rodríguez (rúbrica),
María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Alfonso
González Ruiz (rúbrica), Óscar Bitar Haddad (rúbrica),
Gonzalo Rodríguez Anaya (rúbrica), Moisés Jiménez
Sánchez (rúbrica), Alejandro Saldaña Villaseñor
(rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Juan Manuel
Vega Rayet (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), José
Julián Sacramento Garza (rúbrica), Gonzalo Alemán
Migliolo (rúbrica), José María de la Vega Larraga
(rúbrica), Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica),
Humberto Francisco Filizola Haces (rúbrica), Jesús Antonio
Nader Nasrallah (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica),
Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Hugo Rodríguez
Díaz (rúbrica), Laura Reyes Retana Ramos (rúbrica),
Armando Leyson Castro (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo
(rúbrica), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica),
Erick Agustín Silva Santos (rúbrica), Gonzalo Guízar
Valladares (rúbrica), Alfonso Sánchez Hernández (rúbrica),
Filemón Primitivo Arcos Suárez Peredo (rúbrica), Jesús
Humberto Martínez de la Cruz (rúbrica), Sergio Arturo Posadas
Lara (rúbrica), Raúl Pompa Victoria (rúbrica), Pablo
Pavón Vinales (rúbrica), Cruz López Aguilar (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEMARNAT Y A LA SECRETARÍA DE SALUD A ESTABLECER
UNA NORMA OFICIAL MEXICANA QUE DETERMINE EL LÍMITE MÁXIMO
PERMISIBLE DE ÁCIDO SULFHÍDRICO (H2S) EN EL MEDIO AMBIENTE
PRODUCIDO POR LA EXTRACCIÓN DE VAPOR GEOTÉRMICO UTILIZADO
PARA GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA, A CARGO DEL DIPUTADO HIDALGO
CONTRERAS COVARRUBIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito C. diputado Hidalgo Contreras Covarrubias y diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición de punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
En la actualidad, nuestro país no cuenta con una norma oficial que determine la cantidad de ácido sulfhídrico (H2S) que pueda haber en el aire sin dañar o mermar la salud de los ciudadanos, su emisión se debe a diferentes procesos de producción y representa un elemento químico que en cantidades importantes tiende a contaminar el ambiente y a ser peligroso para el ser humano. La falta de dicha norma, impide monitorear de manera certera el funcionamiento de aquellas empresas que por su actividad se ven en la necesidad de liberar al ambiente dicho elemento.
Como caso particular queremos citar la extracción de vapor geotérmico utilizado para la generación de energía eléctrica; en este proceso se obtiene del subsuelo agua caliente de la cual se desprende dicho vapor haciendo trabajar turbinas que transforman la fuerza en energía. La composición química de este es: vapor de agua 98.5%, bióxido de carbono (CO2) y ácido sulfhídrico (H2S) 0.04%. Los óxidos de azufre son solubles en agua y al hidratarse dan lugar a la formación de ácidos sumamente agresivos, como el ácido sulfhídrico, estos se hidratan con la humedad de las mucosas conjuntival y respiratoria y constituyen un riesgo para la salud al producir irritación e inflamación aguda o crónica y suelen absorberse en las partículas suspendidas, lo que da lugar a un riesgo superior, puesto que su acción conjunta es sinérgica.
Las plantas que se dedican a la extracción de vapor geotérmico dependen generalmente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al ser operadas se obtiene un producto natural que al ser transformado se convierte en un beneficio para los ciudadanos, sin embargo, en dicho proceso de extracción se obtienen otros elementos químicos que tienen que ser tratados de manera cuidadosa para evitar daños al medio ambiente.
Las comunidades que se ubican alrededor de estas plantas pueden ser susceptibles de sufrir efectos negativos como por ejemplo problemas respiratorios, sin embargo no podemos establecer sanciones u observaciones a las empresas por el motivo de no existir información oficial sobre los límites permisibles de este elemento en el aire.
Los residentes que son vecinos a estas plantas generadoras de energía eléctrica han manifestado su preocupación de ser perjudicados en su entorno natural y en su salud por estos elementos químicos, sobretodo el ácido sulfhídrico (H2S) que queda en el aire que respiramos. Las autoridades encargadas de regular e inspeccionar que esto no suceda, se ven con la limitante de no contar con una norma oficial claramente establecida y fincada en análisis válidamente comprobados como verdaderos, por lo que no pueden sancionar o corregir estas irregularidades en caso de existir.
En recorridos hechos a algunas plantas geotermoeléctricas para conocer su funcionamiento, hemos comprobado que se aplican medidas de seguridad muy estrictas en el manejo de dichos químicos, pero al no contar en México con un norma especifica para el control del ácido sulfhídrico, toman como base las cantidades permisibles de otros países del mundo tratando de no superarlas y mantener su emisión bajo las reglas establecidas por ellos; esta vigilancia local es realizada mediante estaciones de monitoreo ubicadas en distintos puntos alrededor de las plantas.
Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud establece como límite permisible para el H2S de 100 partes por billón (ppb) promedio en 24 horas para funcionar sin dañar la salud del ser humano, según los resultados de los monitoreos en las plantas de nuestro país la cantidad no ha excedido esta cifra por lo que se considera como normal y dentro del margen. Aun así, no contamos con reglas acordes a las nuestras condiciones y que en el momento de que se rompan los parámetros que pudiéramos tener establecidos, puedan aplicarse sanciones y obligar a estas empresas a corregir el mal funcionamiento que presenten en detrimento de la salud de los vecinos a sus instalaciones.
En las regiones en que se cuenta con plantas geotermoeléctricas dependientes de la CFE existe la incertidumbre de que por si solas se estén regulando o supervisando, convirtiéndose en juez y parte al mismo tiempo. El motivo es que no existen los lineamientos que deben seguirse para evitar en el futuro un accidente que provoque contaminación del medio ambiente o afecte a mediano y largo plazo la salud de los habitantes. Mucho menos podemos exigir a alguna de-pendencia en este caso la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) o la Secretaria de Salud que apliquen inspecciones rigurosas y que en base a dicha norma, si existiera, informara del correcto funcionamiento o sancione a la empresa en caso de estar fallando en su proceso.
Por tales antecedentes y para garantizar el equilibrio del entorno natural y la salud de los ciudadanos, presentamos a esta H. Asamblea Legislativa para su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Que la Cámara de Diputados exhorte a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud para que establezcan una norma oficial que determine el límite máximo permisible de ácido sulfhídrico (H2S) en el medio ambiente, producido por la extracción de vapor geotérmico utilizado para la generación de energía eléctrica, con el fin de regular dicha emisión y garantizar un medio ambiente limpio y la buena salud de los habitantes que se ubican en los alrededores de las plantas generadoras de dichas emisiones.
Dado en el Salón de Sesiones, a los 27 días del mes de septiembre de 2005, Palacio Legislativo de San Lázaro, México DF.
Dip. Hidalgo Contreras Covarrubias (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA COMBATIR
LAS IMPORTACIONES IRREGULARES POR CONTRABANDO Y TRIANGULACIONES DE CHILE
SECO, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO MEJÍA HARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Los suscritos diputados y diputadas de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo los siguientes
Considerandos
El chile seco es uno de los cultivos más importantes de la agricultura de riego de los estados de la región centro norte, donde destacan por su liderazgo en la producción: Zacatecas que produce 35 mil toneladas anuales, San Luis Potosí con 17 mil toneladas, Chihuahua con 4 mil toneladas y Durango, Jalisco y Aguascalientes que producen cerca de 3 mil toneladas anuales, Guanajuato y Querétaro con 1 mil toneladas. La producción nacional de chile seco en promedio es de 66 mil toneladas, con un valor de la misma por el orden de los 2300 millones de pesos.
La superficie promedio sembrada de chile seco a nivel nacional en los últimos diez años es de 42 mil hectáreas, principalmente de las variedades mirasol, ancho, árbol, pasilla y puya.
La importancia del cultivo del chile seco radica en su elevada participación en el valor de la producción agrícola regional que en algunos estados como en Zacatecas representa el 25% del PIB agrícola.
Para destacar la importancia económica y social de este cultivo para los estados de la región centro norte, tomemos el ejemplo de Zacatecas, principal productor de fríjol del país, produce la tercera parte de este grano básico a nivel nacional, en 700 mil hectáreas, con un valor cercano a los 1800 millones de pesos. El chile seco genera una derrama económica similar o superior a la del frijol, pero para ello solo es necesario destinar el 5% de la superficie sembrada para el frijol.
Pero además el cultivo del chile seco en Zacatecas genera más de 5 millones de jornales, que se traducen en aproximadamente 750 millones de pesos para las familias campesinas. Las bondades de este cultivo también se repiten de manera proporcional en el resto de los estados productores de chile seco.
Sin embargo, este cultivo se encuentra fuertemente amenazado por los problemas de comercialización derivado de las importaciones indiscriminadas, irregulares y desleales. Las importaciones de chile seco de Perú, China, Estados Unidos y de Chile están afectando el precio de chile seco nacional, al grado que si no le ponemos atención este cultivo desaparecerá en tan sólo unos años.
De acuerdo al Banco de México de enero a abril del 2005, se han importado 17 mil toneladas de chile seco, es decir sólo en el primer cuatrimestre se ha importado una cantidad equivalente al 25% de la producción nacional, y estos datos son los oficiales, lo que se documenta, seguramente por contrabando ingresa una cantidad mucho mayor.
Incluso para pagar menos aranceles se importa chile seco entero, haciéndose pasar como chiles triturados para uso industrial, o se incurre en la subvaluación del precio facturado, esto es una competencia desleal y deshonesta. Perú para no pagar aranceles triangula buena parte de sus importaciones a través de Estados Unidos que está exento de pago de aranceles.
El problema se agrava cuando los comercializadores nacionales mezclan "revuelven" los chiles de Perú y China con los mexicanos, ya que los chiles de importación son más baratos, pero de menos calidad en cuanto a textura, sabor, olor y picante. Esta práctica afecta al chile mexicano en su calidad y preferencia por el consumidor.
Por todo lo anterior, la Comisión de Agricultura y Ganadería , el pasado 14 de septiembre celebró el Foro sobre Comercialización el Chile Seco con representantes de la Sagarpa, Economía, Aduanas, productores, comercializadores, industriales, académicos, investigadores, gobiernos locales y legisladores con el propósito de lograr el ordenamiento de la comercialización del chile seco y de sus importaciones indiscriminadas.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y por los acuerdos y conclusiones emanadas del foro referido, que demandan la participación inmediata del legislativo, se somete a la consideración de este pleno el siguiente:
Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
Solicitar al Ejecutivo Federal:
4.- El registro y protección de las variedades de chiles mexicanos ante el SNICS y otros organismos internacionales para evitar la biopiratería, que luego nos obligue pagar regalías por sembrar nuestras propias variedades.
5.- El establecimiento de aduanas específicas para las importaciones de chiles secos y la revisión del 100 % de las mismas (semáforo rojo permanente). Así como la acreditación de observadores por parte de los productores para la verificación de las importaciones.
6.- Conformación del padrón sectorial de importadores de chile seco.
7.- Frenar en lo inmediato las importaciones de chile seco y gestionar salvaguardas y barreras no arancelarias especialmente de tipo fitosanitarias y de calidad que protejan al productor nacional como lo hacen otros países.
8.- Desglosar las fracciones arancelarias de chiles secos.
9.- Crear un programa especial que atienda a este cultivo en aspectos de investigación de nuevas variedades con más tolerancia a plagas y enfermedades, mejores rendimientos unitarios, apoyos para la tecnificación del riego, transplantadoras, cosechadoras, deshidratadoras, infraestructura de acopio, almacenamiento, empaque e industrialización. Así como el apoyo en financiamiento para la comercialización y promoción comercial de los chiles nacionales.
Diputados: Antonio Mejía Haro (rúbrica),
Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica), Sergio Arturo Posadas
Lara (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), José
Luis Briones Briseño (rúbrica), Alfonso Juventino Nava Díaz
(rúbrica), Fernando Ulises Adame de León (rúbrica),
José Angel Ibáñez Montes (rúbrica), Pedro Ávila
Nevárez (rúbrica), Diego Palmero Andrade (rúbrica),
Javier Castelo Parada (rúbrica), José Luis Medina Lizalde
(rúbrica), José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), Cruz
López Aguilar (rúbrica), Rafael Galindo Jaime (rúbrica),
Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), J. Miguel
Luna Hernández (rúbrica), María Sara Rocha Medina
(rúbrica), Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica),
Martín Carrillo Guzmán (rúbrica), Arturo Nahle García
(rúbrica), Rafael Flores Mendoza (rúbrica), Rafael Candelas
Salinas (rúbrica), Ramón González González
(rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEMARNAT A RENDIR UN INFORME ACERCA DE LA POLÍTICA
QUE EL GOBIERNO FEDERAL ASUME RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
CHEVRON TEXACO EN LAS ISLAS CORONADO, BAJA CALIFORNIA, A CARGO DEL DIPUTADO
JORGE LEONEL SANDOVAL FIGUEROA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Leonel Sandoval Figueroa en mi carácter de diputado federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, interesado en la protección y conservación de los recursos naturales, en específico de las especies en peligro de extinción que enriquecen el patrimonio nacional, así como que las instituciones encargadas de su protección cumplan debidamente con sus obligaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a los siguientes
Considerandos
Las Islas Coronado en Baja California son consideradas como área natural protegida desde julio del año 2003, debido a que en este lugar existen por lo menos 12 especies de fauna amenazada o en peligro de extinción como el lobo marino, la foca pinta, el ratón venado, la salamandra delgada, el petrel de Leach, el cormorán de doble cresta y ahí se encuentra la mayor colonia de anidación en el mundo del mérgulo de Xantus, ave marina protegida en México y Estados Unidos de Norteamérica, incluida en la Norma 059 en la categoría de riesgo de extinción, además forma parte de la lista roja de especies amenazadas de la Unión Mundial de Conservación.
En lo referente a la realización de obras en áreas naturales protegidas como las Islas Coronado, la Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente en su artículo 28 establece que debe ser realizada una evaluación del impacto ambiental a través de un procedimiento que la secretaría del ramo debe instrumentar para establecer las condiciones a que se sujetará la realización de las obras que puedan causar desequilibrio ecológico con el objetivo de preservar los ecosistemas y evitar efectos negativos sobre el medio ambiente, sin que este se haya agotado.
Ahora bien, considerando que el establecimiento de las áreas naturales protegidas tiene por objeto salvaguardar la diversidad de los ecosistemas, así como asegurar la preservación de las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, endémicas y las que se encuentran sujetas a protección especial, resulta importante velar por la conservación de la fauna que habita en dicha región.
Siendo el caso, que sin importar lo anterior la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental autorizó el proyecto denominado terminal gas natural licuado "Chevron Texaco" mar adentro en Baja California sin que se haya agotado el análisis de los eventuales daños que este proyecto podría ocasionar a las Islas Coronado, como lo son las repercusiones a la ecología, las cuales no sólo serán en la operación del proyecto, sino también en su construcción, ya que se ocasionarán perturbaciones ambientales, habrá descargas de petróleo y una vez que la planta esté funcionando se esparcirán más de 700 mil litros de agua clorada diariamente, así como las luces que se utilicen en la planta afectarán las colonias de aves, ya que modificará su hábitat natural.
De esta manera las autoridades ambientales están pasando por alto las disposiciones que establece la ley en la materia, toda vez que se ha considerado únicamente la consecución de intereses económicos de unos cuantos, porque el proyecto contará con una inversión de 650 millones de dólares y solo habrá 115 empleos permanentes para la zona, por lo que los beneficios socioeconómicos de ningún modo son tangibles para este país.
Con estas acciones el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales solo denota el escaso compromiso que asume por cumplir sus obligaciones y ejercer las facultades para hacer valer la preservación de las áreas naturales protegidas que son patrimonio nacional.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Se realice una respetuosa exhortación al titular de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ing. José Luis Luege Tamargo, para que rinda un informe acerca de la política de Estado que el Gobierno Federal asume respecto a la construcción del proyecto "Chevron Texaco" en las Islas Coronado del estado de Baja California, cuyo territorio alberga diferentes especies de fauna en peligro de extinción y atenta contra la vida de estas especies.
Segundo.- Se mantenga informada a esta honorable Cámara sobre lo referente al punto anterior.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de septiembre de dos mil cinco.
Dip. Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA UN INFORME SOBRE EL
MANTENIMIENTO DEL CANAL LA COMPAÑÍA; Y A LA COMISIÓN
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTA SOBERANÍA, EL DESTINO
DE RECURSOS SUFICIENTES EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
DE 2006 PARA CONSTRUIR EL TÚNEL PROFUNDO DEL CANAL MENCIONADO EN
LA ZONA ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA SHEYLA
FABIOLA ARAGÓN CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Proposición con punto de acuerdo de la C. Sheyla Aragón Cortés, diputada federal por la quinta circunscripción del estado de México, que suscribe con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el cual solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre el mantenimiento del canal La Compañía y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara, destine recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 para la construcción del túnel profundo del canal mencionado en la zona oriente del estado de México, con base en la siguientes
Consideraciones
En la zona urbana, algunos de los principales problemas que se enfrentan son el rápido crecimiento de la población, la ampliación de la mancha urbana y la deficiencia de los servicios básicos, como drenaje, energía eléctrica, agua potable, transporte, entre otros.En los municipios del estado de México una porción importante de las aguas de escurrimiento son recogidas y conducidas por redes de alcantarillado. En 1999 el servicio de alcantarillado del estado cubría aproximadamente 72% de la población, esperándose que para el año 2010 pudiera alcanzar el 83% de la misma. De los 13.39 millones de habitantes del estado de México, 9.24 millones tienen drenaje sanitario a través de redes de atarjeas.
En toda la entidad se generan 32.26 m3/s de aguas residuales, de las cuales se trata 21% (5.46 m3/s) en 68 plantas distribuidas en diversos puntos del Estado. La capacidad de tratamiento es algo mayor (6.8 m3/s) debido a que dichas plantas no trabajan a capacidad máxima.
De acuerdo con los planes previstos en el marco del Proyecto de Saneamiento del Valle de México y los sistemas a construirse en el Alto Lerma (que son las zonas más pobladas del estado) se considera que del caudal de aguas residuales en el año 2005 (34.63 m3/s), se habrán de tratar unos 31.49 m3/s, lo cual constituye 91% del total.
Las aguas residuales de las zonas conurbadas y las aguas pluviales caídas en las cuencas son evacuadas por medio de un sistema de drenaje de gran complejidad. En 1992 el sistema estaba construido por 111.3 km de canales a cielo abierto, 42.65 km de ríos entubados, 6 km de túneles semiprofundos y 112.8 km de túneles profundos. Estas cifras se han continuado incrementando durante los últimos años expandiendo la capacidad de drenaje de la red.
Los principales canales y ductos del sistema localizados total o parcialmente en el Estado de México incluyen el Río de la Compañía, el Drenaje General del Valle, el Río de Los Remedios, el Gran Canal de Desagüe, el Emisor del Poniente, el Canal Castera, el río Cuautitlán y los sistemas de drenaje profundo y semiprofundo, además de otras obras y cursos menores.
El torrente pluvial de la Sierra Nevada da origen al Río de La Compañía que nace en la vertiente oeste del Iztaccíhuatl en un lugar llamado el "Peñol", lo constituyen pequeñas cuencas de escurrimiento que son de origen pluvial, localizado al norte del municipio de Chalco, durante la época de lluvia llega a tener de 4 a 5 metros de anchura y 1.5 metros de profundidad; baja hacia la planicie con dirección predominante hacia el norponiente hasta Texcoco; se conforma de varios afluentes como los ríos San Rafael, Santo Domingo y San Francisco. En la parte baja, a partir de la carretera a Chalco se le conoce también como Río Miraflores; cruza la Autopista México-Puebla y más adelante la Carretera Federal México-Puebla. En su parte baja cruza por el lecho del antiguo lago de Xochimilco-Chalco, sometido a hundimiento y agrietamiento. Por último, después de la Carretera Federal continua su escurrimiento hacia el ex vaso de Texcoco. En su trayectoria cruza con los municipios de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco. El Río es un canal que drena el sureste del Valle, tanto las aguas residuales de las zonas urbanas de Chalco, Amecameca y alrededores, como las tributarias provenientes de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Recibe aguas negras y pluviales de Ixtapaluca, Valle de Chalco, Chicoloapan, Chalco, La Paz, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, a través de cárcamos de rebombeo bajo responsabilidad de organismos descentralizados o de la Comisión del Agua del Estado de México, sirviendo además de límite natural entre los municipios de Chalco e Ixtapaluca. Las aguas ahí recogidas por una red de cursos naturales y canales, es conducida hacia el norte-noreste a través de este canal en la dirección del vaso de Texcoco.
El sistema de drenaje de los municipios conurbados de la zona oriente del estado de México tiene como eje de desagüe el río de La Compañía, sobre el cual descargan los canales y arroyos de las zonas urbanas e industriales que atraviesan las cabeceras municipales. Existen zonas habitacionales localizadas sobre cauces de escurrimientos pluviales lo que provoca un riesgo permanente y aunque se han hecho muchas acciones, como aumentar los bordos y represas, la cantidad de azolve que baja es excesiva y se terminan por saturar los cauces, provocando los desbordamientos. De no realizar las obras de desasolve, adecuación y mantenimiento de estos, continuarán de manera cíclica, las inundaciones en distintos puntos a lo largo de los municipios ya mencionados. Con esta tendencia se incrementarán los riesgos para la población.
La zona de mayor riesgo es la que se ubica en los cerros del Elefante donde en 2000 se registró una severa inundación y La Caldera, de La Paz, ya que se registran hundimientos del suelo de 40 centímetros anuales.
La presencia de algunos agravamientos no decretados durante las inspecciones rutinarias, ya sea porque fueron enmascaradas por el propio terreno o porque se genero súbitamente en esos días, ocasionan que al aumentar el nivel del río debido a las lluvias, se desborde produciendo la erosión del borde en una longitud de 15 m, además de daños en las latitudes interiores del canal en unos 700 m, lo cual provocó la interrupción del tránsito en la autopista México-Puebla y la inundación de las colonias vecinas de los municipios de Valle de Chalco, Chalco e Ixtapaluca.
En las últimas semanas en Valle de Chalco, según la Secretaría del Agua en el Estado de México, el cárcamo a cargo de Caminos y Puentes Federales (Capufe) dejó de funcionar, lo que causó la inundación de la autopista México - Puebla y 70 casas de San Isidro y Providencia. La Comisión Nacional del Agua (CNA) advirtió sobre la posibilidad de inundaciones a la orilla del río La Compañía en Valle de Chalco, si vuelve a fallar una de las 22 plantas de rebombeo que se ubican en siete municipios.
Cada año, los escurrimientos pluviales de los bosques que conforman la subcuenca del Río se convierten en 1.5 millones de metros cúbicos de azolve que van a parar al afluente, provocando desbordamientos e inundaciones en los siete municipios por los que corre el caudal. Al final el afluente descarga en el Gran Canal del Desagüe, el cual padece fracturas que causan inundaciones frecuentes de aguas negras.
La degradación ambiental de la zona genera 170 toneladas anuales de partículas suspendidas, generadas por la tala clandestina, los incendios, el sobrepastoreo o las prácticas agrícolas inadecuadas, contaminación que repercute en la zona metropolitana del Valle de México.
De acuerdo con las autoridades estatales, esta área verde es la más importante del Valle de México, pues por sus condiciones climatológicas es la que genera más lluvia, con más de 15 millones de metros cúbicos al año, lo que la convierte en la mayor fuente de recarga de acuíferos de la metrópoli.
Las acciones del gobierno del estado de México para rescatar el área contemplan la creación de zanjas para detener los escurrimientos; trabajos de terraceos y subsuelo para provocar la filtración de agua, y la siembra de 4 millones de árboles; además de la construcción de 300 presas de concreto en barrancas y cauces para detener los lodos que llegan al caudal.
Los apoyos gubernamentales en este sentido se reflejan en el Presupuesto de Egresos 2005 en el cual se otorgaron 400 millones de pesos para desazolvar y elevar los bordos del canal La Compañía.
Las líneas de acción señaladas en los Planes de Desarrollo Urbano de distintos municipios conurbados indican al respecto:
Tornar eficiente su funcionamiento.
Establecer las áreas de limpieza de cauces.
Mantenimiento de cauces y arroyos libres de obstrucción.
Desarrollo de obras de mejoramiento de la red de drenaje.
Se reubicarán los asentamientos existentes sobre
los cauces.
Se promoverán campañas de concienciación
para mantener libres de basura los cauces.
La Comisión Nacional del Agua ha registrado la aparición de grietas en el borde del Río La Compañía. Los hundimientos y agrietamientos parecen haberse acentuado, las soluciones que habían dado resultados satisfactorios anteriormente, paulatinamente resultan menos efectivas. Adicionalmente a inicios de septiembre emitió licitación pública para construir un túnel profundo de 20 kilómetros y que correrá paralelo al río La Compañía, con un megacárcamo para expulsar las aguas negras y pluviales de la región oriente del estado de México y así evitar los riesgos de inundación; con un costo estimado de mil millones de pesos.
En este orden de ideas, vemos con gran preocupación que, pese a que desde el 2003 se tiene previsto llevar a cabo la rectificación y el entubamiento del río de La Compañía, siguen presentándose situaciones como las antes mencionadas, razón por la que los exhorto a sumarse a esta petición, para beneficiar a los habitantes de la zona oriente del Estado de México, en un esfuerzo compartido de esta Cámara de Diputados, con las autoridades federales.
Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la prestación de los servicios públicos, como es el caso de la infraestructura hidráulica, debe atender a las necesidades fundamentales de los habitantes que forman el municipio, asegurando los niveles mínimos y suficientes para un desarrollo urbano sustentable y una vida digna para todos.
Por las consideraciones expuestas, someto a consideración de esta H. Cámara la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita atentamente al Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, que informe a esta soberanía sobre el estado de la rehabilitación, rectificación y construcción del túnel profundo del canal de La Compañía, el monto del gasto ejercido hasta el presente año para este efecto, y señalar las acciones restantes para la culminación de dicho proyecto.
Segundo. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que, dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, analice destinar los recursos necesarios para la construcción del túnel profundo del canal de La Compañía en el estado de México.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2005.
Dip. Sheyla Fabiola Aragón Cortés (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, AL SECRETARIO DE ENERGÍA Y AL TITULAR
DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA A QUE, CON LA MAYOR
BREVEDAD, SUSPENDAN LA FIRMA DE CONTRATOS PENDIENTES, LA CELEBRACIÓN
DE NUEVAS LICITACIONES Y EL OTORGAMIENTO DE CUALQUIER PERMISO ADICIONAL
A LOS YA OTORGADOS BAJO LA FIGURA DE PRODUCTOR INDEPENDIENTE DE ENERGÍA
ELÉCTRICA Y DE MANERA GRADUAL SE VAYAN LIQUIDANDO LOS CONTRATOS
HECHOS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y LOS PRODUCTORES INDEPENDIENTES, A CARGO
DE LA DIPUTADA ROSA MARÍA AVILÉS NÁJERA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 59, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La participación de los Productores Independientes de Electricidad (PIE) ha derivado en un encarecimiento de la energía eléctrica en México y en una dependencia de importación de gas natural, con lo que se desploman los argumentos gubernamentales emitidos en diversos momentos para validar los supuestos beneficios de una apertura a la inversión privada en el sector eléctrico.
En los hechos y a partir de las reformas introducidas en 1992 en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) que contradicen lo dispuesto en el artículo 27 constitucional y por tanto son inconstitucionales. A partir de 1997 se ha impulsado la presencia de importantes inversionistas extranjeros que bajo la categoría sobre todo de productores independientes o de empresas asociadas de autoabastecimiento violan la Constitución.
La figura jurídica privada más preocupante e importante es la de productor independiente: Se han concedido más de 17 permisos que suman cerca de 10 mil MW y representan cerca del 30% del parque de generación de CFE. Todos los permisionarios son filiales de empresas extranjeras. El capital español y el francés controlan el 43% y 20% de la capacidad otorgada respectivamente. Firmas canadienses, estadounidenses y japonesas se reparten el resto. De continuar la tendencia indicada por la Secretaría de Energía, en el año 2011 el sistema eléctrico nacional tendrá instalados 63,214 MW de los cuales alrededor de la mitad estarán en manos de empresas extranjeras operando bajo la figura de productor independiente.
Los costos unitarios de las plantas de los inversionistas extranjeros son 20 por ciento mayores a los que podría obtener la CFE. Solamente en 2004, la comisión ejerció 500 millones de dólares en pago de amortización de plantas generadoras, cubiertos a los Productores Independientes por la energía eléctrica comprada.
La apertura a la inversión privada en electricidad ha significado en este sexenio inversiones de los Productores Independientes por 5 mil millones de dólares para instalar 9 mil megavatios, equivalente a mil 250 millones de dólares anuales.
Los PIE han invertido sólo en tecnología de generación de energía eléctrica denominadas de ciclo combinado, que tienen bajos costos de inversión pero que utilizan como combustible primario al gas natural. Como el precio del gas natural se ha más que quintuplicado en lo que va del sexenio, al pasar de poco más de dos dólares a 11.30 dólares por BTU?s (Unidad Térmica Británica en que se mide el gas natural a nivel internacional). Por ello resulta más barato generar electricidad con plantas de carbón y combustóleo nacionales.
En febrero de 1999, Luis Téllez, entonces secretario de Energía, y Alfredo Elías Ayub, al presentar la propuesta de reforma eléctrica del presidente Ernesto Zedillo, anunciaron que la CFE requería 5 mil millones de dólares anuales para inversiones.
Afirmaban que el parque de generación era obsoleto, y que de no darse la privatización habría apagones. Seis años después no existe crisis de suministro, se requirieron solamente 2 mil 100 millones de dólares por año, y el sistema eléctrico creció para atender un incremento anual de la demanda de 6.5 por ciento, que no ocurrió.
Solamente el 10 por ciento de la capacidad de generación tiene más de 30 años, y existe sobreinversión, ya que se tiene más del 40 por ciento de capacidad de reserva en generación y en la red eléctrica, por lo que no se justifica una apertura a la inversión privada en este sector estratégico.
En comparación, en Estados Unidos 40 por ciento de la capacidad tiene más de 30 años, y en la revisión efectuada el año pasado a la CFE, la Auditoria Superior de la Federación (ASF), dictaminó que esta paraestatal genera los recursos financieros necesarios para hacer frente a sus necesidades de inversión.
Existe una solución más conveniente para México en desarrollo eléctrico. Respetando la Constitución, los PIE perderán interés en continuar produciendo electricidad para vendérsela a la CFE, porque no es tan buen negocio. Ellos podrían vender las plantas a la CFE, en su costo actual que es menor de 5 mil millones de dólares. La CFE obtendría un crédito al 7 por ciento de interés anual, y en 12 años se amortizarían las plantas, erogando lo mismo que actualmente está pagando a los PIE??.
Por ejemplo, en 2004 la CFE tuvo ingresos por 159 mil millones de pesos; gastó 124 mil millones, incluyendo combustibles, sueldos de trabajadores y jubilados, gastos de mantenimiento y de amortización de plantas de PIE.
De esta manera, obtuvo un remanente bruto de 35 mil millones de pesos, similar al de Pemex, el manejo de un pasivo laboral y depreciación de activos que no retornan a las inversiones de la CFE, hacen aparecer a esta paraestatal con finanzas críticas.
Enfatizamos la inconstitucionalidad de los Productores Independientes de Energía Eléctrica y afirmamos que el sector eléctrico nacional a través de CFE genera los suficientes recursos para sostener su desarrollo. Es absolutamente rentable, puede autofinanciar su crecimiento y satisfacer el aumento de las necesidades del país. La manera de garantizar la suficiencia financiera de las empresas es revisando su régimen fiscal, su estructura de tarifas y sus facultades para diversificar su oferta de servicios y no privatizando el sector eléctrico como reiteradamente se han empeñado los gobiernos de los últimos tres sexenios.
En virtud de lo anterior, someto a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- Que la honorable Cámara de Diputados, respetando en todo momento el principio de poderes, realice un exhorto al Ejecutivo federal que a través de la Secretaría de Energía, y ésta a su vez a través de la Comisión Reguladora de Energía suspenda la firma de contratos pendientes, la celebración de nuevas licitaciones y el otorgamiento de cualquier permiso adicional a los ya otorgados bajo la figura de Productor Independiente de Energía Eléctrica y de manera gradual, se vayan liquidando los contratos hechos por el Gobierno Federal y los productores independientes. No omito señalar que he presentado ante esta Soberanía un Decreto Interpretativo del párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de petróleo y carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, o de minerales radioactivos que refuerzan la solicitud hecha al Ejecutivo federal.
Palacio Legislativo, martes 27 de septiembre de 2005.
Dip. Rosa María Avilés Nájera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
A ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA FACILITAR EL TRASLADO DE LOS HERMANOS
HÉCTOR Y ANTONIO CEREZO CONTRERAS A UN RECLUSORIO DEL DISTRITO FEDERAL,
A CARGO DEL DIPUTADO INTI MUÑOZ SANTINI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito Inti Muñoz Santini, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 13 de agosto de 2001 en esta ciudad capital fueron detenidos y, posteriormente, torturados y encarcelados en el penal de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya de Juárez, Estado de México, los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras junto con los C. Sergio Galicia Max y Pablo Alvarado Flores, a raíz del estallido de petardos en algunas sucursales bancarias.
Organismos no gubernamentales como la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) se han pronunciado por la libertad de los hermanos Cerezo Contreras al señalar la ilegalidad de su detención, las irregularidades procesales y considerándolos como presos de conciencia.
A raíz de la ejecución en el penal de La Palma de Arturo Guzmán Loera (hermano del narcotraficante el Chapo Guzmán), la Secretaria de Seguridad Pública ordenó la ejecución de un operativo a todas luces inconstitucional al frente de 750 militares en dicho Centro Federal de Readaptación Social.
Aprovechando ésta situación, la Secretaria de Seguridad Pública autorizó el traslado y separación de los hermanos Héctor y Antonio Cerezo Contreras.
Héctor fue trasladado por la Policía Federal Preventiva y de la Agencia Federal de Investigaciones al Cefereso número 2 en Puente Grande, Jalisco, junto con Daniel Arizmendi López (El Mocha Orejas).
Antonio fue trasladado por la Policía Federal Preventiva y de la Agencia Federal de Investigaciones al Cefereso número 3 en Matamoros, Tamaulipas, nada más y nada menos que con el narcotraficante Miguel Ángel Caro Quintero.
Estos operativos dan la impresión de querer involucrar a éstos jóvenes universitarios con los peores delincuentes de este país, violentando con éste operativo sus derechos humanos así como la garantía otorgada por nuestra Carta Magna en su artículo 18 que señala que los sentenciados en los casos establecidos por la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios mas cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de readaptación social.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo a efecto de que se considere como de urgente u obvia resolución:
Punto se Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes, hace un exhorto al titular de la Secretaría de Seguridad Publica para en el ámbito de sus atribuciones adopte las medidas necesarias para facilitar el traslado a un reclusorio del Distrito Federal de los C. Héctor y Antonio Cerezo Contreras recluidos en el Cefereso número 2 en Puente Grande, Jalisco y en el Cefereso número 3 en Matamoros, Tamaulipas, respectivamente.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a los 27 días del mes de septiembre de 2005.
Dip. Inti Muñoz Santini (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEDENA A SUSPENDER LOS EFECTOS DE CUALQUIER PERMISO OTORGADO
EN RELACIÓN CON EXPLOSIVOS, EN TANTO NO EXISTA CLARIDAD EN TORNO
AL RESTO DE LAS REGULACIONES QUE DEBE CUMPLIR UNA EXPLOTACIÓN DE
ESTE TIPO Y, SOBRE TODO, MIENTRAS NO SE LLEGUE A UN PROCESO DE CONCERTACIÓN
ENTRE LOS POBLADORES QUE EVITE UN CONFLICTO SOCIAL Y JURÍDICO, A
CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR SUÁREZ CARRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Los que suscriben, legisladoras y legisladores de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a consideración al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Consideraciones
El pasado 21 de septiembre de 2005 la empresa canadiense Metallica Resources informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) renovó hasta el 31 de diciembre próximo el permiso anual de uso de explosivos a su subsidiaria Minera San Xavier (MSX), para utilizarlos en su proyecto de Cerro de San Pedro.
Nos sorprende y preocupa este cambio de apreciación de la Sedena en virtud que en diciembre del año pasado, informó que suspendía el permiso para usar explosivos porque la Minera había alterado la tranquilidad y el orden público de la cabecera municipal, lo que según la dependencia generó un "clima de tensión entre diversos grupos sociales que se oponen a las actividades de la empresa en el lugar".
El Comandante de la 12ª Zona Militar, General de Brigada Diplomado del Estado Mayor Jaime Cazares Lárraga, expresó a la Minera San Xavier mediante oficio No. 820 con fecha 11 de enero de 2004, la reiteración de la suspensión del permiso para el trámite de la compra, almacenamiento y consumo de material explosivo "hasta que la empresa no acredite fehacientemente que no existe afectación cultural histórica y al medio ambiente en el municipio."
Este conflicto que libran los pobladores y ejidatarios del Municipio de Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, en contra de una minera de capital canadiense y estadounidense perteneciente al consorcio Metallica Resources cobro relevancia en los medios de comunicación desde mediados de 2004. Integrados en el Frente Amplio Opositor los habitantes del Cerro de San Pedro luchan por la preservación del patrimonio histórico, cultural natural y ecológico de los potosinas y potosinos y, sobre todo, evitar el riesgo por severos daños a la salud de los miles de habitantes de ese municipio y de la propia capital potosina.
La situación data de 1997 cuando falsos ejidatarios de Cerro de San Pedro celebraron un contrato de arrendamiento por 15 años con la Minera San Xavier por una extensión superior a las 290 hectáreas de tierra. Los falsos ejidatarios no conformes con haber firmado el contrato, acordaron con Minera San Xavier realizar la venta de buena parte del pueblo, aprovechando que la Resolución Presidencial del Ejido señalaba a la Villa de San Pedro como parte del Ejido.
Los habitantes alarmados se inconformaron en la Audiencia del 21 de febrero del 2000. La Magistrada del Tribunal Unitario Agrario, Lic. Martha Leticia Grácida, encargada del caso, solicitó información acerca de los supuestos ejidatarios al Registro Nacional Agrario; esta instancia demostró el 15 de marzo del 2000, que los ejidatarios que realizaron el contrato de arrendamiento del Ejido Cerro de San Pedro con Minera San Xavier no contaban con la personalidad jurídica como ejidatarios.
Desde aquel entonces los pobladores de Cerro de San Pedro promovieron un Juicio de Garantías que les favoreció con el fallo del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito que el 17 de marzo de 2004 resolvió declarar nulos de pleno derecho los acuerdos tomados en las asambleas ejidales celebradas los días 17 de marzo de 1996 y 6 de febrero de 1997, incluyendo la elección de integrantes de los órganos de representación y vigilancia que se hicieron en la primera de las asambleas, así como la nulidad del contrato de arrendamiento que falsos ejidatarios celebraron con Minera San Xavier, SA de CV, el 11 de marzo de 1997.
Con la nulidad del contrato queda comprobado que Minera San Xavier despojó ilegalmente de sus tierras ejidales a los verdaderos ejidatarios y que deben restituírseles. En las 290 hectáreas en litigio se encuentra el tajo de la mina.
Como era de esperarse, ante el fallo emitido por el Tribunal Unitario Agrario la empresa y quienes suplantaron a los ejidatarios interpusieron tres juicios de amparo directo. Los proyectos de sentencia definitiva e irrevocable no se han presentado. La empresa comunico la semana pasada que estima que el fallo del TUA al respecto se emitirá a finales de octubre del presente.
A pesar de encontrase en proceso de litigio e impugnación y de la promoción de diversos amparos de los pobladores y legítimos ejidatarios, los gobiernos federal y estatal autorizaron diversas licencias y permisos como los emitidos por el Instituto Nacional de Ecología y la licencia estatal de uso de suelo otorgada por la entonces Secretaria de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas, así como las del INAH y de la Comisión Nacional del Agua para la extracción del vital líquido; todas ellas viciadas de nulidad pues las mismas se sustentan, fundamentan y motivan tomando en consideración la supuesta conformidad del núcleo agrario.
El permiso emitido por el Instituto Nacional de Ecología fue suspendido en sus efectos en virtud de que por su naturaleza implica despojo, cambio de situación jurídica y en si mismo la sustracción de la superficie del régimen jurídico ejidal por el juez tercero de Distrito en el Estado en el amparo 630/2004 con fecha 4 de junio de 2004. Asimismo, el Juez Segundo de Distrito le concede de la misma manera al ejido suspensión del plano de los actos reclamados en el amparo 564/004 para el efecto del que el ayuntamiento de Cerro de San Pedro no pueda otorgar ni renovar licencia de funcionamiento y construcción a la empresa Minera San Xavier.
En su comunicado de la semana pasada la compañía Metallica Resources señala que, recientemente, una corte federal mexicana revocó la anulación que obtuvo Pro San Luis Ecológico de parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Añadió que dicho juzgado devolvió el expediente a una instancia judicial menor. El presidente de la empresa, Richard Hall, calificó la decisión de la Sedena como un "logro significante" para Minera San Xavier, además agradeció a esa y otras dependencias federales y estatales por el respaldo que le han dado a la firma canadiense.
Es fundamental mencionar que el verdadero fondo del asunto es la naturaleza del proyecto minero que pretende explotar la zona mediante dos técnicas combinadas que son completamente depredadoras: tajo a cielo abierto y lixivación. La lixivación es un procedimiento que consiste en la aplicación de una solución de cianuro de sodio, que es sumamente tóxico, y que se emplea para la recuperación de oro y plata de minerales a través del uso de soluciones acuosas a las que se aplica tal sustancia tóxica para ello se tendrán que emplear 32 000 toneladas diarias de cianuro de sodio así como utilizar un millón 300 mil metros cúbicos de agua al año. El Tajo es una excavación a cielo abierto para obtener mineral, dejando un cráter de 1 kilómetro y 350 metros de profundidad que cubrirá una extensión de 67.7 hectáreas, resultado de la pulverización de 77 millones de toneladas de mineral de los cerros y el subsuelo de los poblados de La Zapatilla y Cerro de San Pedro, para lo que se tendrán que emplear 25 toneladas de explosivos diariamente para dejar un cráter de 1 kilómetro y 350 metros de profundidad.
Los diputados del grupo parlamentario del PRD presentamos a lo largo de 2004 diversos puntos de acuerdo alertando de la gravedad del problema que implica este tipo de explotación, además de la situación ilegal en la que esta actuando la empresa y sobretodo, previendo las fatales consecuencias en la población y del clima de rechazo que ha generado este proyecto.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter ante el pleno de esta Cámara de Diputados a nombre de legisladores suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD el siguiente:
Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución
Único.- Se exhorta respetuosamente a la Sedena suspenda los efectos de cualquier permiso otorgado en tanto no exista claridad en torno al resto de las regulaciones necesarias que debe cumplir una explotación de este tipo y sobretodo, mientras no se arribe a un proceso de concertación entre los pobladores que permita evitar un conflicto social y jurídico.
Dado en San Lázaro, a los 27 días del mes de septiembre de 2005.
Dip. Víctor Suárez Carrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL CONGRESO DE MICHOACÁN QUE DESIGNE EN SU PRESUPUESTO
DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 UNA PARTIDA A LA SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DESTINADA AL MANTENIMIENTO DE
LA CARRETERA TEPALCATEPEC-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES-AQUILA
Y DE ESTE PUNTO AL ENTRONQUE CON LA CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS-TECOMÁN,
EN ESE ESTADO, A CARGO DEL DIPUTADO INELVO MORENO ÁLVAREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal en la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable Asamblea punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
La zona de tierra caliente es una región importante del estado de Michoacán de Ocampo. En ella cuatro municipios, Apatzingán de la Constitución, Tepalcatepec, Coalcomán de Vázquez Pallares y Aquila están comunicados por carretera.
Esta carretera enfrenta en la actualidad una severa deficiencia en su mantenimiento lo que ha impactado en el estado de deterioro en que se encuentra, con grave perjuicio para quienes la transitan, así como el encarecimiento de los costos de transporte de mercancías y el incremento en el tiempo requerido para los desplazamientos. Todo lo cual está perjudicando las condiciones de competitividad de la producción, principalmente agropecuaria de la región así como las actividades de turismo.
La carretera tiene una característica particular que da pie al entorpecimiento de las actividades para su mantenimiento. El tramo que corre de Apatzingán a Tepalcatepec es carretera federal en tanto que el tramo Tepalcatepec a Coalcomán de Vázquez Pallares, de ahí hasta Aquila y de este punto al entronque con la carretera Lázaro Cárdenas-Tecomán (esta última población en el estado de Colima), es estatal. Por limitaciones presupuestales, el mantenimiento del tramo estatal ha sido deficiente.
Si se asignan recursos presupuestales del ejercicio fiscal del próximo año para dar mantenimiento al último tramo referido, habremos de dar un paso importante para conservar el buen estado de la infraestructura carretera de la Tierra Caliente de mi entidad, con ello mejorarán las condiciones de transporte, costo y tiempo de traslado de la producción de la región y sobre todo la seguridad y comodidad de las personas que transitan dicha carretera.
De realizarse la asignación presupuestal que proponemos, se beneficiará de manera directa a 185,942 personas, que son la población de los cuatro municipios mencionados además de una parte significativa de la producción agropecuaria y manufacturera que se produce en nuestra región de Tierra Caliente, así como el sector turístico, pues el acceso a las playas del Pacífico en el estado de Michoacán y Colima se vería altamente beneficiado.
Considerando lo señalado someto a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita atentamente al Congreso del estado de Michoacán tenga a bien asignar dentro del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2006 una partida presupuestal a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas destinada a proporcionar mantenimiento a la carretera Tepalcatepec-Coalcomán de Vázquez Pallares-Aquila y de este punto al entronque con la carretera Lázaro Cárdenas-Tecomán, en el estado de Michoacán.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 27 de septiembre de 2005.
Dip. Inelvo Moreno Álvarez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EN
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL
DE 2006 SE DESTINEN 300 MILLONES DE PESOS AL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA
PRODUCTIVA AGAVE-MEZCAL, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO MEJÍA HARO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado Antonio Mejía Haro, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes
Antecedentes
México es el lugar de origen y evolución del maguey, ha sido utilizado desde los primeros pobladores como alimento, bebidas como el mezcal, pulque y tequila, fibras y medicamentos. El maguey se ha reportado en América con 310 especies, de las cuales en México existen 272, por ello es considerado como el centro de origen.
De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-070-1994 el Mezcal es una bebida alcohólica regional obtenida por destilación y rectificación de mostos preparados directa y originalmente con los azúcares extraídos de las cabezas maduras de los agaves, previamente hidrolizados o cocidas, y sometidas a fermentación alcohólica con levaduras, cultivadas o no, siendo susceptible de ser enriquecido, para el caso del mezcal tipo II, con hasta 20% de otros carbohidratos en la preparación de dichos mostos. El mezcal es un líquido de olor y sabor sui géneris de acuerdo a su tipo, incoloro o ligeramente amarillento cuando es reposado o añejado en recipientes de madera de roble blanco o encino, o cuando se aboque sin reposarlo o añejarlo.
El mezcal se puede elaborar con los agaves de las siguientes especies: Angustifolia Haw, Esperrima jacobi, Weberi cela, Patatorum zucc, Salmiana Otto, Karwinskii y otras especies de agave, siempre y cuando no sean utilizadas como materia prima para otras bebidas con denominaciones de origen dentro del mismo estado.
El cumplimiento de la NOM establece que las materias primas e ingredientes deben ser de calidad sanitaria y deben aplicarse buenas técnicas higiénicas y de destilación que aseguren que el producto es apto para el consumo humano.
La denominación de origen mezcal comprende la totalidad de los estados de Durango, Guerrero, San Luis Potosí, Oaxaca y Zacatecas. Así como 11 municipios de Tamaulipas y uno de Guanajuato.
En el territorio de la denominación de origen mezcal se registran alrededor de 30 mil productores, con 50 mil hectáreas establecidas y 170 mil en poblaciones naturales, que generan 80 mil empleos e ingresos por el orden de los 700 millones de pesos.
En la zona protegida por la denominación de origen se cuenta con 631 fábricas donde la mayoría de ellas carece de tecnología moderna, obteniendo el mezcal de manera artesanal, mediante procesos ineficientes. La producción de mezcal está muy dispersa, en la práctica varios productores de mezcal abastecen una envasadora. Existen 80 envasadoras que manejan 130 marcas de mezcal, las cuales envasan alrededor de 14 millones de litros anuales.
Los costos de producción del cultivo del agave son altos. En un ciclo completo de 8 años varían entre 40 mil y 250 mil pesos la hectárea, de acuerdo a la zona que se trate, paquete tecnológico que se aplique y tipo de agave. La producción por hectárea es cercana a las 135 toneladas de materia prima y 17 mil litros de mezcal. Los costos de producción de mezcal a granel también varían en función del tamaño de la fábrica y del grado de tecnificación de la misma, en promedio es de 35 pesos por litro. Los rendimientos tienen que ver con la riqueza de azúcares del agave y del aprovechamiento de estos en los procesos de cocimiento, fermentación y destilación.
Considerandos
A partir de octubre de 2004, el Comercam, organismo de certificación autorizado por la Dirección General de Normas, de la Secretaría de Economía, para evaluar la conformidad de la NOM-070- Bebidas Alcohólicas, Mezcal Especificaciones, exige el certificado vigente en el envasado, etiquetado y comercialización del mezcal. Lo anterior incluye un esquema de prueba de laboratorio y la vigilancia en todo proceso de producción de mezcal hasta el envasado y comercialización, de lo contrario el producto no podrá comercializarse ni salir del país. El mezcal tiene un reconocimiento y aprecio por parte de consumidores europeos, asiáticos y estadounidenses y la certificación garantizará la calidad y origen del producto, para la comercialización nacional y exportación.
Actualmente la cadena productiva agave mezcal se encuentra en crisis, los productores de agave atraviesan por serios problemas de comercialización de su materia prima, ya que los precios se han desplomado hasta en menos de un peso por kilogramo, cuando en años anteriores estos eran hasta de 14 pesos. Mucho del agave no tiene salida de comercialización, ni se industrializa por la falta de capacidad instalada para éstos propósitos, por lo que el esfuerzo y la inversión de los productores corren el riesgo de perderse y que se abandone esta actividad.
La cadena productiva agave mezcal recibió por primera vez en su historia por iniciativa de los diputados y diputadas de ésta H. Cámara, recursos por 99 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2005. Como resultado de lo anterior se reconoce el sistema- producto maguey mezcalero. Asimismo, esto propició la elaboración de los diagnósticos y planes rectores en los estados comprendidos en la denominación de origen mezcal, de igual manera la conformación de los consejos y comités estatales del sistema producto y del consejo y comité nacional del mismo sistema producto. Esto ha permitido sentar las bases para el ordenamiento de la cadena productiva agave mezcal en concordancia con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. También se propició que en estados como Zacatecas y Durango ya se cuente con la certificación de predios ante el Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal (Comercam), como lo señala la NOM 070, lo que indudablemente garantizará que la bebida que se obtenga sea inocua y de alta calidad, lo que facilitará su comercialización en los mercados nacional e internacional.
Sin embargo, como resultado de los diagnósticos y de los planes rectores, los estados han presentado proyectos por el orden de los 400 millones de pesos, por lo que los 99 millones de pesos aprobados en el 2005 resultaron insuficientes para atender las necesidades de la cadena en la fase de agroindustria.
Por lo anterior se hace necesario que los diputados y diputadas aprobemos nuevamente recursos fiscales orientados a la agroindustria, certificación de fábricas, promoción y comercialización del mezcal.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración de esta H. soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: Que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2006, se destinen 300 millones de pesos al fortalecimiento de la cadena productiva agave mezcal en acciones de agroindustria, certificación de fábricas, promoción y comercialización del mezcal.
Palacio Legislativo, a 27 de septiembre de 2005.
Dip. Antonio Mejía Haro (rúbrica)
El pasado 11 de mayo de 2005 se presentó una iniciativa de ley para reformar el inciso c del artículo 116 constitucional, que consiste en que los tribunales o salas electorales se constituyan como órganos permanentes, cuyo presupuesto anual no será inferior al del ejercicio anterior durante el que se haya verificado un proceso electoral ordinario, así como también los nombramientos de los magistrados que los integren, y las condiciones del ejercicio de su desempeño, estarán sujetos a los requisitos y gozarán de las condiciones establecidos en los párrafos segundo, cuarto, quinto y sexto de la fracción III de este artículo para los miembros de los poderes judiciales.
Es importante resaltar que la formación y el funcionamiento de los tribunales electorales no son homogéneos, pues en su diseño influyen factores políticos, económicos y administrativos de las diferentes entidades federativas, y en la actualidad, en algunos estados, existen tribunales electorales que únicamente se integran durante los procesos electorales, y desaparecen, al concluir esos procesos, permaneciendo en funciones, en el mejor de los casos, sólo un Magistrado para realizar funciones administrativas, mientras que el resto retoman su actividad habitual en materias diversas a la electoral, lo que dificulta una verdadera especialización en la materia. También se advierte una gran disparidad en los sueldos de los empleados que integran los órganos jurisdiccionales de las diversas entidades, a pesar de que la responsabilidad que enfrentan es la misma.
Todo lo anterior enfatiza aún más la necesidad de igualar las condiciones necesarias para que los tribunales electorales tengan un desarrollo integral en su actividad.
A casi cinco meses de haberse turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación de la H. Cámara de Diputados dicha iniciativa no se ha dictaminado.
Por lo anteriormente expuesto se excita a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación de la H. Cámara de Diputados a dar celeridad a esta iniciativa, cuya importancia es vital.
A los 27 días del mes de septiembre de 2005.
Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica)