Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en mi calidad de diputado de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Someto a la consideración de este Pleno, el presente punto de acuerdo, mediante el cual, se exhorta a los CC. director general de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y secretario de la Reforma Agraria para que coordinen y realicen las acciones necesarias, a efecto, de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, atiendan de inmediato la resolución dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, relativa al ejido San Rafael, municipio de Contepec, estado de Michoacán; de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Uno de los asuntos que mayor controversia ha generado, en el ámbito agrario, es el relativo al procedimiento de expropiación de bienes ejidales o comunales.
El grave problema de la expropiación de bienes ejidales o comunales en México, tiene, entre otras expresiones, la que, dentro de este proceso, no se concibe la importancia de la relación que existe entre el campesino y su tierra; pues se considera a la tierra, sólo como un bien, dejando de ver que ese bien, constituye para los ejidatarios, su único patrimonio y el de su familia, su fuente de trabajo, y sobre todo, que está ligado indisolublemente con su forma de vida. Por ello, para los sujetos agrarios, la expropiación de sus tierras, resulta ser un verdadero despojo.
Hago referencia a este tema, porque tiene que ver con el asunto que vengo a plantear ante ustedes.
Ahora que tanto se habla de respeto al estado de derecho y del cumplimiento de las resoluciones del Poder Jurisdiccional, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de la Reforma Agraria, no ha realizado las acciones necesarias y suficientes, para que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, respete el patrimonio del Ejido San Rafael, municipio de Contepec en el estado de Michoacán.
El ejido de San Rafael, fue beneficiado en diciembre de 1984, por resolución presidencial que, por la vía de tercera ampliación, dotó al ejido con una superficie de cerca de 281 hectáreas. No obstante de reconocerse plenamente sus derechos sobre dicha superficie, hace más de 20 años la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, realizó trabajos de construcción de seis torres metálicas, para instalar cables de alta tensión, sobre la superficie perteneciente al ejido.
Ante esta situación, los representantes del ejido, integrantes del comisariado ejidal, instauraron, en julio de 2001, una demanda en contra de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, reclamando, el pago indemnizatorio por concepto de las afectaciones que esa empresa realizó en terrenos del ejido, así como el pago indemnizatorio por concepto de bienes distintos a la tierra.
El procedimiento culminó con una resolución, en la cual, el punto segundo, establece:
"Se ordena a la Secretaría de la Reforma Agraria que instaure el expediente de expropiación respecto a una superficie de cuatro hectáreas, cuarenta y cuatro áreas, y treinta y nueve centiáreas, que pertenece al ejido actor, y que por causas de utilidad pública, deberán de expropiarse a favor de la parte demandada, quien deberá de cubrir la indemnización."
No obstante de la resolución del órgano jurisdiccional agrario, de fecha 20 de marzo de 2003, y de las diversas gestiones realizadas por la Secretaría de la Reforma Agraria ante la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ésta no ha realizado las acciones encaminadas a cumplir con la sentencia, y respetar los derechos del ejido, los cuales hasta la fecha se siguen infringiendo.
Este tipo de situaciones, han sido recurrentes en el ámbito agrario; problemas como la falta de pago de las indemnizaciones por expropiaciones realizadas años atrás, vicios en el procedimiento de reversión, afectaciones a la tierra sin que medie indemnización, y el pago de indemnizaciones por un monto menor al valor real; son situaciones que a lo largo de muchos años han permitido el despojo del único patrimonio de los campesinos.
Por ello, también considero oportuno mencionar que, actualmente, la Comisión de Reforma Agraria de esta Cámara, trabaja en un proyecto de dictamen de Nueva "Ley Federal Agraria", en la cual, se regula el procedimiento expropiatorio desde una perspectiva de respeto a los derechos fundamentales de los sujetos agrarios.
En este contexto de la problemática agraria, es que solicito a este pleno, su consideración para el problema que a más de 20 años, enfrenta el Ejido "San Rafael, en el estado de Michoacán.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a los CC. director general de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y secretario de la Reforma Agraria para que coordinen y realicen las acciones necesarias, a efecto, de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, atiendan de inmediato la resolución dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, en el Juicio Agrario 465/2001; mediante la cual, "se ordena a la Secretaría de la Reforma Agraria que instaure el expediente de expropiación respecto a una superficie de cuatro hectáreas, cuarenta y cuatro áreas, treinta y nueve centiáreas, que pertenece al ejido San Rafael, y que por causas de utilidad pública, deberán de expropiarse a favor de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, quien deberá cubrir la indemnización".
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2005.
Dip. Margarito Fierros Tano (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A LIBERAR LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 ASIGNADOS
AL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS,
A CARGO DE LA DIPUTADA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Diva Hadamira Gastélum Bajo, diputada federal a la LIX Legislatura, en nombre propio y de las diputadas integrantes de la Comisión de Equidad y Género, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta H. soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a que libere los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 asignados al Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, con carácter de urgente resolución, con base en los siguientes
Considerandos
La controversia constitucional promovida por el Ejecutivo federal en contra del decreto de Presupuesto de la Federación 2005, aprobado por la Cámara de Diputados, ha provocado un retraso en el ejercicio del gasto público particularmente de los recursos asignados a programas sociales destinados al beneficio y desarrollo de las mujeres, entre otros.
La Comisión de Equidad y Género realizó un estudio comparativo del contenido de los Tomos PEF-2005, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lo que se refiere al análisis funcional programático económico de los montos asignados para el ejercicio fiscal del año en curso, correspondiente a los programas sociales para el avance de las mujeres.
En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado por el Ejecutivo Federal no fue contemplado el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas.
La incorporación en el PEF-2005 de una partida presupuestal para dicho programa por un monto de 96 millones de pesos, fue mediante la reasignación de recursos al Proequidad, los cuales deben de ser canalizados por el Inmujeres a las instancias de mujeres para su aplicación, tal como quedó establecido en el anexo 19, "Reasignación de gasto 2005", ramo 06, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Es obvio que si el programa no estaba previsto en el proyecto de Presupuesto, sólo mediante una reasignación podría integrarse en el PEF-2005; de tal manera, que en el anexo 19 relativo a las reasignaciones de gasto, el programa únicamente esta considerado en el ramo 06, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por ello, no existe en el PEF-2005 duplicidad de los recursos asignados al programa. Si bien, a efecto de expedir las reglas de operación correspondientes, el programa se refirió en el anexo 14, para que tales reglas las expidiera la Secretaría de Desarrollo Social, ninguno de los programas relacionados en dicho anexo, esta cuantificado en el mismo documento, ya que los recursos asignados a dichos programas están apartados del PEF-2005.
Así, la Secretaría de Hacienda y crédito Público radicó, cuando menos programáticamente, los 96 millones de pesos del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres, en el Inmujeres, para que éste los ejerza en "otras actividades", diversas del objetivo para el cual fueron asignados al Programa, que es el de elaborar un diagnostico de la violencia contra las Mujeres en las Entidades Federativas, por las Instancias de Mujeres.
De lo anterior, se concluye:
2. Los recursos presupuestados para el programa están radicados, cuando menos programáticamente en el Inmujeres.
3. Los mencionados recursos deben distribuirse, en partes iguales entre las 32 instancias de mujeres correspondientes a cada una de las entidades federativas, para que cumplan el objeto del programa consistente en: elaborar el diagnostico sobre la violencia contra las mujeres en el territorio de las entidades federativas a las que cada instancia pertenece.
4. La asignación de los 96 millones de pesos etiquetados para el programa, no han sido ejercidos debido a que no han sido ministrados los apoyos a las instancias destinatarias.
5. Es evidente que el retraso de estas ministraciones genera trastornos a las instancias de mujeres, causando el incumplimiento de sus objetivos y el subejercicio fiscal correspondiente al año 2005.
Único.- Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, Vicente Fox Quesada, a liberar y agilizar la ministración de recursos presupuestales asignados en el PEF-2005, al Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres, en las entidades federativas por el monto de 96 millones de pesos, para la elaboración del diagnóstico de la violencia contra las mujeres en cada uno de los estados y en el Distrito Federal
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre 2005.
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA
FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A ESTABLECER ACCIONES COORDINADAS
QUE POSIBILITEN A LOS CONNACIONALES QUE REGRESAN AL PAÍS POR EFECTO
DEL HURACÁN KATRINA LA INSCRIPCIÓN DE SUS HIJOS EN
ESCUELAS DE NIVELES BÁSICO Y MEDIO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARGARITA
CHÁVEZ MURGUÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quien suscribe, diputada federal de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública y las Secretarías de Educación de las entidades federativas instrumenten las acciones necesarias que faciliten a los connacionales, que por efecto de huracán Katrina están regresando al país, la inscripción de sus hijos en las escuelas de nivel básico y medio, al tenor de las siguientes
Consideraciones
2. El gobierno mexicano ha implementado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores el apoyo a los connacionales a través de consulados móviles, y asimismo ha enviado apoyo humano y material al vecino país.
3. Hemos detectado a través de nuestras oficinas de Enlace Ciudadano en Michoacán. que muchos de los connacionales, difícil de determinar la cantidad, ante la situación que prevalece en la zona afectada y habiendo perdido lo poco o mucho que tenían, están optando por regresar a nuestro país trayendo con ellos a la familia. Estas familias se están encontrando con dificultades para poder inscribir a los hijos en las escuelas por no contar con la documentación que acredite el nivel escolar que cursaban en Estados Unidos y que, obviamente en las circunstancias actuales, difícilmente podrán recuperar o serles proporcionada por las instancias oficiales norteamericanas en corto tiempo.
4. Si bien aún son pocos los casos detectados, considero que debe preverse y atenderse esta situación para que el apoyo que brindemos como país a nuestros hermanos en desgracia no se circunscriba a hacerlo en el exterior, sino que implementemos las condiciones necesarias al interior para facilitarles su regreso a nuestro país.
5. Por lo anterior es necesario que las autoridades educativas en la esfera nacional y local implementen las acciones necesarias, para que mediante una evaluación al alumno, se les permita el ingreso al nivel escolar que corresponda.
6. Asimismo, que dichas acciones contemplen otorgar una prórroga para la entrega de la documentación oficial que se requiera para sustentar su inscripción a la institución educativa de que se trate.
Punto de Acuerdo
Primero.- Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las Secretarías de Educación de las entidades federativas para que en forma coordinada implementen las acciones necesarias que facilite la inscripción escolar, en las instituciones de educación básica y media de los hijos de los mexicanos que por efecto del huracán Katrina estén regresando al país.
Segundo.- Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente sugiere a las autoridades educativas del país, que dichas acciones se implementen en forma inmediata y se establezca un periodo para su aplicación, de forma que no afecte al resto de los alumnos la inserción extemporánea de alumnos. Asimismo, se aconseja la aplicación de una evaluación para determinar el nivel escolar al que le corresponde ingresar al solicitante. Y finalmente, que se establezca, para estos casos, un tiempo adecuado para la entrega de la documentación oficial que sustente la inscripción del alumno.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 8 de septiembre de 2005.
Dip. Margarita Chávez Murguía (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE ACTUALICE
LOS REGISTROS DE TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES DE DIVERSOS MUNICIPIOS DE
MICHOACÁN PARA RECLASIFICAR LA TARIFA DE CONSUMO QUE SE LES APLICA,
A CARGO DEL DIPUTADO ISRAEL TENTORY GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
Como hemos podido atestiguar a lo largo de esta Legislatura, en México existen muchos asuntos energéticos que propician gran preocupación social, como el precio del gas natural y el gas licuado; los impuestos en combustibles o la insuficiencia en la producción de gasolinas. Estas preocupaciones reflejan la complejidad de una realidad que exige ser abordada con renovada visión y perspectiva, para tomar las decisiones que nos permitan transitar hacia un nuevo esquema de desarrollo que implique un nuevo patrón de consumo y, sobre todo, una nueva práctica social en este asunto delicado del uso de los energéticos. En particular, reviste una gran importancia, por sus implicaciones sociales, el tema del acceso a la energía eléctrica.
El consumo de energía eléctrica es un reconocido indicador de bienestar ya que da una idea del acceso a ciertos satisfactores que proporcionan un mayor confort a la vida cotidiana. En virtud de su nivel socioeconómico, México no se encuentra entre los mayores consumidores de energía eléctrica: Canadá y Estados Unidos, por ejemplo, disponen de nueve veces más de electricidad por persona. Sin pretender que nuestra sociedad deba adoptar estándares o modelos de vida de otras naciones; si pensamos que en México se puede y se debe proporcionar mayor bienestar a la población, poniendo a su alcance la electricidad a precios razonables.
En ese sentido, no podemos dejar de lado que, después del decreto sobre tarifas eléctricas del 7 de febrero de 2002, se ha desatado una polémica nacional sobre este tema, ya que los cambios en las tarifas implicaron, de golpe, un incremento de 27% en el precio promedio nacional por Kilowatt-hora; si bien hubo localidades como Monterrey, Mexicali, Hermosillo o Torreón, que se beneficiaron de una reclasificación tarifaría que les disminuyó la facturación eléctrica. De hecho, Hermosillo, San Luis Río Colorado y Ciudad Obregón, por citar un ejemplo, fueron reclasificadas de la tarifa 1E a la nueva tarifa 1F, que es más barata.
Ahora bien, la estructura tarifaría era y siguió siendo compleja después del Decreto en cuestión:
Hay tarifas de verano y de invierno.
En las tarifas de verano el tamaño de los bloques crece con la temperatura media de la localidad.
Hay una tarifa especial para altos consumos, con diferencias regionales. Esto hace que el precio final de la electricidad que paga un usuario dependa de dos factores: la tarifa, que se define en función del clima de la localidad en que vive; y su nivel de consumo, que responde al equipamiento y su uso.
En las localidades que afrontan condiciones climáticas extremas, los precios de las tarifas eléctricas domésticas tienen un gran impacto sobre la economía familiar. De tal suerte que el PRD propone que las tarifas deben considerarse como parte del paquete mínimo de satisfactores que una persona requiere para su plena inserción en la sociedad y deben ser equitativas y sustentadas en criterios técnicos, ambientales, económicos y sociales. Asimismo, se debe reafirmar el compromiso estatal de apoyar a las regiones y los sectores que realmente lo necesitan, con subsidios suficientes, claros y transparentes.
Es por ello que, como representante popular de una región del Estado de Michoacán, caracterizada por una conjunción desafortunada de condiciones climáticas y alta marginación social, y convencido de que antes que esperar a que se generen tensiones sociales por las dificultades para afrontar los cobros de energía eléctrica, se debe buscar aliviar en algo la precaria situación de los ciudadanos, someto a su consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a que actualice los registros de temperaturas medias mensuales y, con base en ello, considere la procedencia de aplicar una tarifa más barata en los municipios de Churumuco, Turicato, Nocupétaro, Carácuaro, Huetamo, San Lucas, Tiquicheo, Tuzantla y Susupuato.
Dip. Israel Tentory García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA QUE SE DIFUNDA EL RECONOCIMIENTO DE LA MATRÍCULA CONSULAR
COMO IDENTIFICACIÓN OFICIAL, A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA ELENA
MARTÍNEZ RIVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la de la voz, diputada Laura Elena Martínez Rivera, presento a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
Exposición de Motivos
El día 27 de abril del 2004, el Dip. Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del PRI, presentó la iniciativa que estableció la Matrícula Consular como documento probatorio de la nacionalidad mexicana; el día 5 de noviembre del mismo año, esta Cámara la aprobó; el 7 de diciembre de ese mismo año la Cámara revisora otorgó la aprobación, y, por fin, el día 12 de enero del presente año, se publico en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 3 de la Ley de Nacionalidad, atendiendo a una demanda largamente incumplida: otorgar rostro a millones de mexicanos y mexicanas indocumentados que residen en el extranjero.
Todos ellos enfrentan día a día los problemas de identificación ante las instancias en el extranjero que son necesarias, cuando se intenta la apertura de una cuenta bancaria, o enfrenta una emergencia médica o ante nuestras representaciones consulares.
En algunas instituciones bancarias y estados de la Unión Americana ya es reconocida; y es contradictorio e incongruente que en nuestro país no sea aún reconocida como identificación oficial por falta de una adecuada difusión de amplia cobertura, cuando el propio Gobierno Federal cobra por su emisión.
Es una pequeña reforma, pero grande en su impacto social para más de 4.8 millones de mexicanos y mexicanas, que tan solo en el periodo del año 2000 al 2005 la han obtenido, según datos del V Informe de Gobierno.
Los beneficios de esta valiosa reforma no se han concretado en virtud de la falta de una política de comunicación y difusión de las leyes. No se ha difundido la importancia que significa para el país esta reforma; se utiliza el tiempo oficial en promover la imagen de un individuo, no el beneficio colectivo. Se ha mantenido a los mexicanos y mexicanas desinformados de las reformas, que en beneficio de todos, se han realizado en el Congreso Mexicano.
Por lo anterior, presento a esta H. soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se solicita al Gobierno Federal notifique de inmediato, de manera amplia y pública, a todas las oficinas de la Administración Pública Federal, instituciones financieras y comerciales, así como a los gobiernos de los estados y sus dependencias, el reconocimiento a la Matrícula Consular como identificación oficial.
Se difunda y se publicite ampliamente a través de todos los medios de comunicación, y la utilización de los tiempos oficiales en los medios electrónicos, para este objetivo.
Asimismo, se coloquen, visiblemente, en los lugares donde se realice cualquier trámite de la Administración Pública Federal, institución financiera o comercial, los avisos necesarios para informar al público en general la aceptación de la Matrícula Consular como identificación oficial.
Palacio Legislativo de San Lázaro a los 12 días del mes de septiembre del año 2005.
Dip. Laura Martínez Rivera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SAGARPA A ESTUDIAR, MEDIANTE LA COMISIÓN NACIONAL
DE PESCA Y ACUACULTURA, LA FACTIBILIDAD DE ACONDICIONAR MÓDULOS
EN LOS MUELLES PARA LA VENTA DE PERMISOS INDIVIDUALES DE PESCA DEPORTIVO-RECREATIVA,
A CARGO DEL DIPUTADO RAÚL LEONEL PAREDES VEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El que suscribe, diputado federal, Raúl Leonel Paredes Vega, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; se permite poner a la consideración de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a los siguientes
Considerandos
La pesca deportiva actualmente se practica en cerca de 200 países y territorios según lo reportado por la FAO, sin embargo solo se tiene datos de capturas del 15% de ellos, quienes en suma reportaron 476 500 toneladas para la década de los noventa; y estimaciones conservadoras arrojan que el total de estas capturas podría ser del orden de 2 millones de toneladas con lo que se demuestran la importancia de esta actividad.
La pesca deportiva que por definición es la que se practica con fines de esparcimiento, con artes de pesca y características autorizadas por la Sagarpa (según lo establece el Reglamento de la Ley de Pesca vigente); es una actividad económica poco analizada y valorada y sin embargo es importante, ya que se genera una significativa derrama económica con la compra de equipo, demanda en servicios de hotelería, consumo de combustible y de alimentos, servicios turísticos, actividades de esparcimiento complementarias; tanto para el pescador como para su familia, sin mencionar que es una actividad que emplea artes de pesca poco impactantes al medio ambiente.
Por ello, es necesario fortalecerla en su condición de pesquería generadora de turismo, divisas, empleos y desarrollo regional, tanto en aguas marinas, como dulces, incluyendo todas las especies de peces posibles.
En México, esta actividad se practica en cerca de 44 puertos en ambos litorales, y en 50 sitios de embalses de aguas dirigida especialmente a 99 especies pesqueras, 80 marinas y 19 dulceacuícolas según lo reportado por la Conapesca.
Asimismo, se tiene conocimiento de que en el país existen poco más de 15 mil embarcaciones de pesca deportiva, de las cuales el 90% se dedica exclusivamente a esta actividad; el 60% de forma privada y el 20% para fines comerciales.
El 50% del total de la flota de pesca deportiva se encuentra localizada en el litoral del Pacífico, específicamente en Baja California, Baja California Sur y Guerrero, y la restante se distribuye en forma proporcional entre el litoral Golfo-Caribe en los estados de Quintana Roo y Veracruz y las entidades sin litoral que corresponde en su mayoría al estado de México y Nuevo León.
Por otro lado, se tiene el registro que ingresan en promedio 18,000 embarcaciones extranjeras anualmente y de ellas el 65% practican la actividad en el litoral del Pacífico; 11% en el litoral del Golfo Caribe; y el 23% en aguas continentales, y sin embargo, la infraestructura pesquero deportiva marítima se encuentra poco desarrollada, aunque se han hecho algunas inversiones para su mejora (en el 2004, se contaba con 28 marinas en operación, 3 en construcción y 7 en proyectos).
Por tipo de embarcación, el 80% son lanchas, la mayoría de 5 a 10.9 metros de eslora (55%) y con motor de 125 a 600 caballos de fuerza (hp) y sólo el 13% son yates o barcos.
Con lo que respecta a los recursos objetos de esta actividad, desde 1972, el entonces Departamento de Pesca en su Ley Federal para el Fomento de la Pesca (publicado en el Diario Oficial de la Federación del 25 de mayo de ese mismo año), adoptó medidas de regulación, protección y fomento de la pesca deportiva y reservó para su uso exclusivo al marlin, pez vela, sábalo, pez gallo y dorado, las cuales se han mantenido desde entonces, con base en las investigaciones del Instituto Nacional de la Pesca y quedando claramente establecido en la Ley de Pesca vigente (25 de junio de 1992), en su artículo 13, en donde señala la reserva de la franja de 50 millas para la práctica de la pesca deportiva, otorgando la posibilidad de realizar pesca de fomento; transfiriendo al Reglamento, la lista específica de las especies destinadas a este tipo de pesca (Capítulo V, artículos 83 al 97).
Por otro lado, esta actividad presenta la siguiente problemática:
Vacío jurídico en la normatividad que regula la expedición de permisos.
Escasa inspección y vigilancia.
Enfrentamientos continuos entre los individuos que viven
de la pesca deportiva y los que viven de la comercial por el uso de los
recursos.
Pesca ilegal de especies exclusivas para la pesca deportiva.
Pesca incidental consecuencia del uso de las artes de
pesca poco selectivas.
Sin embargo, existen otras áreas en el océano Pacífico en que especies como el pez vela se encuentra sub-explotado, y es conveniente que la Conapesca para este caso específico tome en cuenta los estudios realizados por el Centro Regional de Investigación Pesquera del Instituto Nacional de la Pesca a cargo del doctor René Macías, y valore la factibilidad de impulsar esta pesquería para el aprovechamiento de los pescadores que viven en esas zonas. Los resultados de estas investigaciones realizadas desde 1985 en el puerto de Manzanillo y en otros puertos del pacífico mexicano, indican un recurso sano, de rápido crecimiento, alta fecundidad, largos periodos de actividad reproductiva, extensa zona de reproducción y sometido actualmente a un bajo esfuerzo pesquero. La disminución de esfuerzo sobre estas especies se presenta después del establecimiento de la Zona Económica Exclusiva de México (ZEEM) en 1976 y de la conversión de la flota palangrera japonesa para la captura de "patudo".
En resumen, la pesca deportiva-recreativa es una actividad generadora de divisas y de empleos que actualmente se encuentra poco desarrollada y es conveniente que exista una conveniente proyección nacional e internacional de las bondades de la pesca deportiva mexicana; que se fomente una administración integral y sustentable, así como darle un fuerte impulso a proyectos de investigación biológica y de potencialidades de especies objeto de la pesca deportiva, disminuir la incidentalidad de estas especies con la adopción de artes de pesca selectivas y mejorar los esquemas para la distribución, venta y control de permisos.
Por lo anteriormente expuesto, el de la voz, propone a esta honorable soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que a través de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, habilite módulos para la venta de permisos individuales de pesca deportiva-recreativa en los principales muelles en donde se ubican las embarcaciones que se dedican a este tipo de captura y solicite las bitácoras de pesca a los permisionarios conforme a lo estipulado en el artículo 88 del Reglamento de la Ley de Pesca.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Marina, a que instrumente los operativos necesarios de vigilancia permanente en los principales puertos de la República Mexicana y verifiquen así el cumplimiento del artículo 13 de la Ley de Pesca y el 145 del Reglamento de la misma.
Dip. Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
A APLICAR CON LA MAYOR BREVEDAD EL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA ADQUISICIÓN
DE TERRENOS EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS PRIORITARIAS Y LA REALIZACIÓN
DE ESTUDIOS DESTINADOS A LA INCORPORACIÓN DE LAS COMUNIDADES A LOS
PROYECTOS DE DESARROLLO VINCULADOS CON LAS ZONAS DE MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS,
A CARGO DE LA DIPUTADA MARBELLA CASANOVA CALAM, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Los suscritos diputados, integrantes de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
A los poderes del Estado mexicano nos corresponde, entre otras responsabilidades, proteger los componentes fundacionales de nuestra nación; los legisladores mexicanos han contribuido a éste propósito desde épocas pasadas, estableciendo leyes, aprobando recursos y vigilando a las instituciones correspondientes en el cumplimiento de la normatividad establecida.
El patrimonio cultural de la nación que está protegido por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, es un buen ejemplo del esfuerzo de los mexicanos por preservar las raíces que dan sustento al presente y perfil a nuestro futuro.
Las culturas prehispánicas constituyen uno de los componentes principales de la identidad de los mexicanos, cuyos vestigios materiales son testimonio fehaciente del alto grado de desarrollo de las civilizaciones originarias y de sus fortalezas que prevalecen hasta nuestros días.
La incomprensión sobre el valor e importancia de proteger el patrimonio cultural de los mexicanos, ha causado serios conflictos y pérdidas irreparables en las últimas décadas, en centros históricos y zonas arqueológicas como en los casos de Guadalajara, Morelia, Tajín, Monte Albán y Teotihuacan entre otras. Situación que por ningún motivo debe repetirse.
La zona arqueológica de Chichén Itzá en Yucatán, vive actualmente un serio conflicto que se generó por décadas y que a partir de diciembre de 2004 se agudizó poniendo en riesgo su protección y violentando su carácter cultural, debido a la comercialización que al interior de la zona monumental están realizando dos partes; por un lado más de quinientos comerciantes y artesanos, algunos de ellos indígenas, quienes invadieron la zona en la fecha arriba señalada.
Por otra parte, miembros de la familia Barbachano están comercializando en la zona arqueológica, con el argumento de ser propietarios de los terrenos donde se asientan los vestigios arqueológicos; situación que el ministerio público consideró ilegal y cerró los espacios habilitados para el comercio; sin embargo los familiares afectados lograron reabrirlos respaldados por un amparo que ordenó la suspensión del cierre determinado por el Ministerio Público.
El conflicto que ya ha durado meses ha sido ampliamente reseñado en la prensa nacional y del estado de Yucatán, dando cuenta de las opiniones de los más diversos actores: los propios vendedores y artesanos, diputados y autoridades locales y federales, organismos civiles y comisiones legislativas entre otros.
Aunque existen posicionamientos que consideran antagónicos los requerimientos de empleo digno para los ciudadanos indígenas y no indígenas, frente a la protección del patrimonio cultural materializado en la zona arqueológica de Chichén Itzá, la mayoría de los actores involucrados no comparten dicha contradicción y han propuesto soluciones que con base en la normatividad vigente consideran tres puntos:
b) Que se proteja y conserve la zona arqueológica de Chichén Itzá tanto en su integridad arquitectónica, como en su carácter cultural y simbólico, reconocido internacionalmente desde 1988 y decretada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.
c) La construcción de un proyecto de desarrollo alrededor de la zona arqueológica, que al mismo tiempo que libere del comercio el interior de la zona, aporte la infraestructura y los servicios que se requieren para los visitantes, garantizando el respeto a las visuales y al carácter de esta Zona de Monumentos Maya.
Las diputadas y diputados de todos los partidos políticos, integrantes de la Comisión de Cultura estamos seguros de que la liberación de estos recursos será una contribución fundamental para superar el conflicto aquí descrito, por lo que en nuestra reunión plenaria del pasado 13 de septiembre acordamos de manera unánime, someter a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Que el honorable Pleno de la Cámara de Diputados exhorte al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, de manera urgente, entregue los recursos reasignados por esta Cámara de Diputados, contemplados en el Ramo 11 "Educación Pública" del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, referidos a la partida de $28,400,000.00 (veintiocho millones cuatrocientos mil pesos) para la adquisición de terrenos en zonas arqueológicas prioritarias y la de $12,600,000.00 (Doce millones seiscientos mil pesos) destinada a proyectos interdisciplinarios de incorporación de comunidades en zonas arqueológicas.
Dado en el Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, a los 20 días del mes de septiembre de 2005.
Dip. Marbella Casanova Calam (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES QUE INSTRUYA
DE INMEDIATO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO,
EN JALISCO, A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO CHÁVEZ DÁVALOS, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente propuesta de punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La carretera Guadalajara-Lagos de Moreno en el estado de Jalisco, es una de las carreteras más antiguas de la entidad y del país. En lo que corresponde al tramo Tlaquepaque-Zapotlanejo, en su momento fue una excelente vía de desahogo y acceso a la zona metropolitana de Guadalajara.
Sin embargo, por el crecimiento de la mancha urbana en la metrópoli esta superficie carretera ha venido siendo invadida por las actividades económicas y sociales propias de esta zona geográfica, pasando de ser una carretera a un permanente peligro para los habitantes empresarios y transeúntes, tanto peatonales como vehiculares dando un flujo vehicular de 10 kilómetros por hora afectando severamente las actividades cotidianas de esta importante área geográfica.
Ante tal problemática, de manera justificada los jaliscienses han venido demandando una ampliación en el cuerpo carretero que permita retornar a la figura de lo que es una carretera y les permita seguir con sus actividades empresariales y sociales.
Tomando este legítimo anhelo durante la aprobación presupuestal por parte de esta Cámara para el ejercicio fiscal 2005 se logró la aprobación de 90 millones de pesos para iniciar un primer tramo de ampliación, mismo que invariablemente debe ser ejercido en esta anualidad.
Cantidad que se encuentra autorizada y liberada por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debidamente registrada y transferida a la Delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Jalisco para su debido ejercicio en la obra.
Con esta seguridad presupuestal, diversas organizaciones sociales celebraron varias reuniones con la representación de la SCT y funcionarios de esta delegación establecieron públicamente el compromiso de iniciar la obra en los primeros días del mes de agosto próximo pasado para ser concluida este mismo año.
Sin embargo, esta obra aparece en el programa de inversiones de SCT con una meta de 7.3 kilómetros y un avance físico del 0 por ciento a esta fecha y cuya licitación ni siquiera se ha publicado.
Agravando lo anterior, en reunión de trabajo con representantes de la SCT en Jalisco, el día 26 de agosto pasado, informaron que aun se encuentran en espera del proyecto por parte de sus oficinas centrales y en posibilidades de iniciar los tramites administrativos de convocatoria y consecuente contratación.
Además de que según sus propias palabras este esperado proyecto es de 5.5 kilómetros, no de 7.3 como se asienta en el programa de inversiones citado, lo que refleja que al interior de la propia SCT, no saben, todavía, de que se trata esta inversión.
Así, la conclusión es simple, la SCT no tiene la más mínima idea de que está haciendo, hay contradicciones institucionales, retrasos burocráticos, desatención en sus obligaciones y ausencia plena de conciencia y compromiso para resolver las demandas sociales y ejercer presupuestos aprobados.
Por cierto, se debe remarcar, que en el Quinto Informe de Gobierno se resaltó que en la construcción de carreteras, en lo que va del sexenio se han invertido más de 85 mil millones de pesos, y obviamente a este monto, por favor réstenle los 90 millones citados.
Por lo anterior, y ante el severo retraso en la obra referida y por la grave afectación a la ciudadanía demandante, y en base a los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito en obvia y urgente resolución, se apruebe el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único: Solicítese al arquitecto Pedro Cerisola y Weber; secretario de Comunicaciones y Transportes, gire sus apreciables instrucciones aplique su atención personal a fin de que de inmediato se ejecute la obra carretera libre a Zapotlanejo, en el tramo comprometido por esa dependencia y descrito en el cuerpo del presente.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados. Ciudad de México, septiembre 20 de 2005.
Dip. Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA COMISIÓN FEDERAL
PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS QUE PROHÍBAN
LA COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE LA FÓRMULA
LÁCTEA INFANTIL ENFAMIL, PRODUCIDA POR EL LABORATORIO BRISTOL MAYERS
SQUIBB, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS TREVIÑO RODRÍGUEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Es suscrito diputado federal José Luis Treviño Rodríguez, integrante de la fracción parlamentaria de Acción Nacional en la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión en el ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55, fracción II, artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, expone ante el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, prohíban la comercialización, distribución y venta de la fórmula láctea infantil ENFAMIL, que produce el laboratorio Bristol Mayers Squibb, hasta que se realice un estudio completo y se demuestre que no afecta a la salud el consumo de esta formula láctea a los infantes mexicanos y se retiren del mercado nacional todas las latas ya caducas de este producto.
Antecedentes
En fecha reciente se hallaron en un formula láctea que se produce en Chihuahua, México, una bacteria de nombre Enterobacter Sakazakii, se encontraron indicios de esta bacteria en la fórmula láctea de nombre ENFAMIL, producida en México y exportada a la República de Argentina.
La bacteria Enterobacter Sakazakiii se encuentra en fórmulas de leche en polvo para recién nacidos, ingredientes lácteos deshidratados y de soya.
La bacteria puede ser encontrada en el medio ambiente, pero también en el intestino de animales.
En febrero de 2004 La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) convocaron conjuntamente a una reunión, de expertos, en Ginebra, Suiza, sobre la bacteria Enterobacter Sakazakii y otros microorganismos presentes preparados en polvo para lactantes.
Tras examinar la información científica disponible, la reunión de expertos llegó a la conclusión de que la contaminación intrínseca de los preparados en polvo para lactantes por Enterobacter sakazakii y Salmonella había sido la causa de infecciones y enfermedades en los lactantes, incluso algunas enfermedades graves que podían llevar a secuelas graves en el desarrollo y a la muerte.
No se ha establecido ninguna vinculación entre las enfermedades y otros microorganismos de los preparados en polvo para lactantes, aunque se considera admisible para otras enterobacteriáceas. Teniendo en cuenta la necesidad de proporcionar una alimentación inocua a todos los lactantes, E. sakazakii ha provocado enfermedades en todos los grupos de edades. De la distribución por edades de los casos notificados se deduce que los lactantes (menos de 1 año) están expuestos a un riesgo particular. Entre los lactantes, los que corren el mayor riesgo de infección por E. sakazakii son los recién nacidos (menos de 28 días), en particular los prematuros, con bajo peso al nacer o con inmunodepresión. También tienen riesgo los lactantes cuyas madres son VIH positivas, debido a que pueden requerir específicamente preparados para lactantes y pueden ser más susceptibles a la infección. Esto, junto con el bajo peso al nacer, puede ser motivo de especial preocupación en algunos países en desarrollo donde la proporción de tales lactantes es superior a la de los países desarrollados.
Es importante señalar que los preparados en polvo para lactantes que cumplen las normas actuales no son productos estériles y en ocasiones pueden contener patógenos.
La fórmula láctea ENFAMIL, producida en México, a través de una ejecutiva de la empresa, nos informó que es distinta la formula láctea mexicana de la que se preparó para la exportación, debido a la diversas normas y reglas de nutrición requiere cada país.
La fórmula láctea ENFAMIL la hemos encontrado en el mercado mexicano a su venta en su presentación de 360 gramos con fecha de fabricación de mayo 2003 y caducidad de mayo 2005, lo que convierte a este producto en un verdadero foco de atención tanto para el productor de la fórmula láctea, como para el distribuidor y para las autoridades por los riesgos sanitarios que puedan conllevar, sin embargo, por ser importante cuidar la salud de los mexicanos y sobre todo de la niñez, solicitamos se considere la siguiente:
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
Único.- Solicitar a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, prohíban la comercialización, distribución y venta de la fórmula láctea infantil ENFAMIL, que produce el laboratorio Bristol Mayers Squibb, hasta que se realice un estudio completo y se demuestre que no afecta a la salud el consumo de esta fórmula láctea a los infantes mexicanos, y se retiren del mercado nacional todas las latas ya caducas de este producto.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 20 de septiembre de 2005.
Dip. José Luis Treviño Rodríguez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
A CONSIDERAR EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 UN AUMENTO DEL PRESUPUESTO
FEDERAL, EN LOS RAMOS 33 Y 28, DESTINADO AL MUNICIPIO DE SUCHIATE, SOLICITANDO
UN INCREMENTO DE 100 POR CIENTO PARA SATISFACER CON MAYOR EFICACIA SUS
NECESIDADES, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a considerar en el ejercicio fiscal 2006 un aumento del Presupuesto federal, en los Ramos 33 y 28, destinado al municipio de Suchiate, solicitando un incremento de 100 por ciento para satisfacer con mayor eficacia sus necesidades, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del PRI
La suscrita, María Elena Orantes López, diputada federal de la quincuagésima novena Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La seguridad esta considerada como una necesidad básica de la persona o grupo humano, inalienable del hombre, de la sociedad y del Estado.
La falta de seguridad ciudadana ha pasado a ser en los últimos tiempos uno de los temas centrales de preocupación de los ciudadanos y por lo tanto, una de las cuestiones primordiales a resolver por los responsables de los distintos niveles de la Administración Publica, y una constante promesa política.
El interés de la población que hace referencia a la delincuencia ha aumentado bruscamente en los últimos años. Ya que la seguridad es una condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales puntos para configurar un proyecto de vida prometedor.
De tal modo que esta crisis de inseguridad y su correlativa necesidad de reforma, han conducido a que en ocasiones, desde los ámbitos de gobierno se formulen aparentes soluciones para actuar sobre los síntomas y no sobre las causas.
Los ayuntamientos como unidades autónomas del sistema político, han constituido punto central en la discusión de la Seguridad Ciudadana y en la elaboración de planes de prevención y control de la delincuencia en la escala local, ya que su ámbito de aplicación actúa sobre la base de su propio territorio. En la vida social y política, el municipio se encarga de la administración, ejerce el poder local como representante del Estado dentro de su jurisdicción beneficiado por la cercanía física y social que se establece con la ciudadanía, así como la mayor visibilidad de los factores que inciden en la inseguridad.
Es del conocimiento de todos nosotros que la inseguridad no es un caso aislado, por lo contrario cada vez se ve con más cotidianidad a pesar de la importancia que nos significa este rubro.
Con tales antecedentes considero oportuno exponer la situación que vive el Municipio de Suchiate ubicado al sur del Estado de Chiapas, punto estratégico y que debería estar considerado de gran importancia por su ubicación ya que es una ciudad fronteriza a la que concurre, y en la que radica gente de centro América en gran proporción, convirtiéndose en la puerta principal del Sur de nuestro país paso obligado de indocumentados , trafico ilegal de mercancía y estupefacientes; condiciones que complican la vida social de los Suchiatenses implicando la mencionada inseguridad en la región, eso solo a nivel local, pero no puede dejarse a un lado la repercusión que tiene a nivel nacional convertida en una frontera desprotegida abierta a todo tipo de agentes nocivos como lo son la inmigración, el narcotráfico, la delincuencia y demás tipos de trafico ilegal.
Por su parte el Gobierno Federal a través del Gobierno del Estado y el Congreso Local, distribuyen del Ramo 33 específicamente Fondo IV para el Municipio de Suchiate $8`355,260 de los cuales el 60% son asignados al rubro de la Seguridad, según los lineamientos operativos que marcan las dependencias normativas, lo que implica que $5?013,156 son asignados a la salvaguarda de los habitantes equivalente a una inversión de $111 pesos para el ejercicio fiscal del 2005 por habitante, tomando como base una población aproximada de 45,000 habitantes basados en la actualización de datos del censo poblacional INEGI 2000, cifras que demuestran la desproporcionalidad en cuanto a la aplicación de sus finanzas asignando mas del 50% a un solo rubro.
La población municipal asciende a 30,251 habitantes aproximadamente, de los cuales el 22 % mayores de 15 años es analfabeta, el 52% no tiene primaria completa, el 58% se encuentra en comunidades con menos de 5,000 habitantes y el 77 % tiene ingresos por debajo de los 2 salarios míninos, es de apreciarse que en el sector educativo y económico esta región esta en total desventaja en comparación con la frontera norte.
Un aspecto importante es la Salud, en el que 25 598 personas carecen de algún tipo de afiliación a instituciones de salud llámese ISSSTE o IMSS lo que equivale a tres cuartas partes de la población sin acceso a este servicio.
En cuanto a la cobertura de servicios, no es la excepción a la evidente desigualdad y marginación que sufren estos connacionales, ya que el 73% no cuenta con drenaje o agua entubada y el 35% no tiene electricidad o drenaje.
Cifras que revelan y confirman el alto grado de marginación con que esta catalogado el municipio, según datos que arroja el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal al año 2000.
Lo que hace inminente la necesidad de considerar un aumento de asignación presupuestaria al Municipio de Suchiate, mismo que a lo largo de la historia ha sufrido de inequidad y desproporcionalidad por cuestiones históricas, culturales y geográficas.
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado en observancia a lo establecido en el decreto del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2005, la ley de Coordinación Fiscal y demás aplicables, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: se exhorta a la SHCP, que dentro del próximo ejercicio fiscal 2006 se considere un aumento del presupuesto Federal en el Ramo 33 (fondo III y IV) y 28, destinado al municipio de Suchiate, para así poder sufragar con mayor eficiencia las necesidades del Municipio, cubriendo el déficit ya existente, solicitando un incremento del 100% sobre los techos financieros que actualmente recibe.
Segundo: se exhorta a la PGR se tomen medidas de solución y precautorias a la constante inseguridad e impunidad que se viven en esta frontera sur.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2005.
Dip. María Elena Orantes López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A SOLICITAR OFICIALMENTE AL GOBIERNO DE
AUSTRIA Y AL MUSEO DE ETNOLOGÍA DE ESE PAÍS A DEVOLVER AL
NUESTRO EL PENACHO DE MOCTEZUMA PARA PONERLO EN CUSTODIA DEL INSTITUTO
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE
TRIANA TENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Antecedentes
El penacho del emperador Moctezuma Xocoyotzin (1466-1520), es un Tocado de plumas de quetzal engarzadas en oro y piedras preciosas, actualmente se encuentra en el Museo de Etnología de Viena, en Austria, se supone que fue un signo del poder del emperador azteca, el penacho se encuentra clasificado dentro de la colección del museo: "Tesoros del México antiguo".
El penacho de Moctezuma es considerado con mucho, la reliquia más importante de México, que se encuentra fuera del territorio nacional y fuera del dominio de los mexicanos, por ello el gobierno de México ha intentado recuperarlo de manera infructuosa.
Por su parte el gobierno austriaco dice que intentar devolverlo es una empresa compleja, porque se trata de un bien con valor histórico y el Presidente del país no tiene facultades legales para devolverlo o entregarlo en donación, en cualquier caso, se necesita la autorización de diversos organismos de Austria y por lo mismo es aventurado en este momento intentarlo, pues en caso de fracasar, sería prácticamente imposible lograrlo después.
Durante la Segunda Guerra Mundial, alguien, que se considera fue un rico coleccionista, lo entregó al museo para evitar que fuera robado o destruido durante los azares de la guerra, entonces lo denominó "faldón de una cultura africana" sin embargo después de concluida la guerra, nunca se presentó a recuperarlo y cuando los especialistas tuvieron que incluirlo dentro de las colecciones del museo, se dieron cuenta que las plumas eran de quetzal, un ave exclusiva del continente americano, de Centroamérica y sin relación con África, así fue como después de comparar el faldón con algunos códices, lo catalogaron como el "Penacho de Moctezuma".
Los viajeros mexicanos pronto divulgaron que la corona del imperio azteca se encontraba en el museo y desde entonces han corrido diversas historias sobre como la familia de los Habsburgo la sustrajo de los tesoros de España y la entregó al gobierno austriaco.
Desde luego, algunos historiadores suspicaces consideran que no existió el "hombre rico" que entregó al museo de Viena el penacho creyéndolo un faldón y que en realidad, aprovechando este momento de grandes cambios en los museos del mundo, el gobierno austriaco decidió incorporar oficialmente el penacho al museo de etnología de Viena.
Desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial, el penacho es el tema principal de las relaciones entre los gobiernos mexicano y austriaco, debido a que sin importar las dudas que existen sobre la pertenencia del penacho al emperador azteca, es una reliquia con la que los mexicanos de hoy se identifican, en especial por la revaloración del pasado precolombino e incluso por la misma belleza de esta pieza.
Algunos mexicanos en lo particular han organizado diferentes manifestaciones para recuperar lo que consideran la parte más importante de su pasado indígena, de la cultura azteca, se han conseguido firmas de apoyo y se han dirigido cartas a los funcionarios de Austria, hubo quien vestido a la usanza de los sacerdotes aztecas bailó danzas rituales frente al museo solicitando la devolución de la reliquia mexica.
Los directores del Museo Etnológico de Viena han expresado de manera reiterada y unánime que "el Penacho pertenece a Austria y no lo devolverá bajo ninguna circunstancia".
El Presidente Vicente Fox Quezada recibió en Palacio Nacional en mayo de este año al doctor Heinz Fischer, Presidente Federal de la República de Austria, quien realizo una vista de Estado a nuestro país.
En el salón de recepciones de Palacio Nacional, ambos mandatarios ofrecieron una conferencia de prensa y ahí se le pregunto al presidente Austriaco sobre la posibilidad de que regrese el penacho de Moctezuma a México y manifestó a los medios de comunicación la declaración siguiente:
"Hay un texto que ya existe y yo no puedo hacer una profecía de cual vaya a ser el desenlace, yo creo que la parte mexicana también está consciente de que esto es un tema que no solo afecta a Austria, sino a la Europa entera y todos los museos de Europa se vean afectados por esta cuestión en el manejo y trato de objetos que provienen de culturas y países extranjeros... es una cuestión que debemos encarar y discutir" (sic)
La visita de Estado del Presidente Fischer a México es la primera que realiza un mandatario austriaco a Latinoamérica.
En México se puede ver la réplica del penacho en el Museo Nacional de Antropología, durante los debates concernientes al ingreso de Austria a la Comunidad Europea se discutió mucho sobre la identidad austriaca. En este contexto para un país como México el tema de la identidad nacional es todavía aún más complejo, sobretodo después de su ingreso al Tratado de Libre Comercio, con los Estados Unidos y Canadá y los constantes cambios y situaciones especiales causadas por la globalización.
El penacho es una pieza muy importante del Museo de Etnología de Austria, pero no aporta nada a su identidad austriaca, para México en cambio tiene una gran importancia pues es un símbolo de nuestra nación. Así que no hay punto de comparación ya que para los austriacos, me atrevería a decir, que el penacho no es más que un conjunto de bellas plumas.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al órgano Ejecutivo federal para que oficialmente haga la solicitud al gobierno de Austria y al Museo de Etnología de ese país de devolver a la nación mexicana el penacho de Moctezuma con la finalidad de ponerlo en custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 20 días del mes de septiembre de 2005.
Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEGOB Y A LA SHCP A PUBLICAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN
SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL FIDEICOMISO PARA EL PAGO DE BRACEROS, ASÍ
COMO A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTA
SOBERANÍA A DESTINAR UNA PARTIDA PRESUPUESTAL EN EL EJERCICIO FISCAL
DE 2006 A DICHO FIDEICOMISO, A CARGO DEL DIPUTADO ALFONSO NAVA DÍAZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
Todos los aquí presentes conocemos la lucha que han mantenido nuestros compañeros braceros por lograr que les sea devuelto lo que con muchos sacrificios lograron en un pasado y ahora en el presente, que a pesar de su avanzada edad siguen manifestándose en las calles con insistencia, arriesgando sin medir consecuencias hasta su integridad física, estos actos son justificados, ya para ellos, el tiempo, es una de sus principales prioridades.
En esta H. Cámara, en un acto solidario para dar una solución este problema que día con día iba en aumento, se logro aprobar por mayoría la Ley que crea el Fideicomiso para el Pago de una Compensación Económica para los Trabajadores Mexicanos Braceros Migratorios en los Estados Unidos de América del periodo 1942-1964, y destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2005 $298.5 millones de pesos para este fideicomiso.
En esta ley se establece que el fideicomiso contará con un Comité Técnico que estará integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias del Poder Ejecutivo Federal: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Función Pública, y este comité técnico será el encargado de emitir las reglas para el funcionamiento de dicho fideicomiso.
Desafortunadamente al parecer existe muy poca voluntad y sensibilidad política de parte del Ejecutivo y de cada una de estas dependencias para destinar lo presupuestado por la Cámara de Diputados para el año 2005 para este fideicomiso, ya que desde el 25 de mayo de 2005, esta publicado en Diario Oficial de la Federación el decreto que crea el fideicomiso y a la fecha no han podido emitir las reglas para comenzar a pagarles a los beneficiarios, argumentando no ponerse de acuerdo.
No les ha importado que día con día estas personas se manifiesten y exijan este pago, que reclamen que "ya no quieren mas atole con el PAN", que se enfermen y peor aun, que mueran en esta lucha.
No obstante con no agilizar el funcionamiento de este fideicomiso, el Presidente Vicente Fox, al parecer en un acto de revanchismo y de intolerancia por haberse manifestado en su rancho, en su paquete presupuestal para el 2006 no contempla ninguna aportación para este fideicomiso, lo que acrecienta su falta de voluntad de dar una solución a este tan delicado problema.
Con base en las anteriores consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito al Presidente de la mesa directiva ponga a consideración de esta asamblea para su urgente y obvia resolución el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Esta soberanía exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público a que se publiquen las reglas de operación para el funcionamiento del fideicomiso para el pago a ex braceros.
Segundo.- Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara de Diputados destine una partida presupuestal a dicho fideicomiso para el ejercicio fiscal de 2006.
Palacio legislativo de San Lázaro a 13 de septiembre de 2005.
Dip. Alfonso Nava Díaz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A NO DISMINUIR EL ARANCEL DE LAS IMPORTACIONES
DE PRODUCTOS DE ACERO, A CARGO DEL DIPUTADO ENRIQUE BURGOS GARCÍA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Enrique Burgos García, en mi carácter de diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, que se motiva en las siguientes consideraciones.
Urgente y obvia resolución
En el caso concreto resulta procedente calificar la presente proposición con punto de acuerdo tanto de urgente como de obvia resolución, toda vez que es inminente la publicación en los próximos días en el Diario Oficial de la Federación de un decreto del Ejecutivo en virtud del cual se determinará reducir considerablemente el arancel vigente a las importaciones de productos de acero a nuestro país.
En este sentido, considerando que por las razones que adelante se exponen la finalidad del presente punto de acuerdo es exhortar al Ejecutivo Federal a no disminuir dicho arancel hasta en tanto no se realice una evaluación profunda de las consecuencias y efectos de índole económico, laboral y social que tendría la citada medida, lo que consecuentemente implica la solicitud de no publicar el mencionado decreto en sus términos, en caso de efectuarse la publicación quedaría sin materia el presente punto de acuerdo.
Consideraciones
Representantes de diversas empresas pertenecientes a la industria siderúrgica nacional han acudido a expresarnos su preocupación, ya que en diversas reuniones celebradas con altos funcionarios de la Secretaría de Economía, se les ha informado que en cuestión de días el Ejecutivo publicará un Decreto en virtud del cual disminuirán una serie de aranceles, entre los que se encuentran aquellos aplicables a las importaciones de productos de acero.
Actualmente el arancel vigente para las importaciones de productos de acero es del 13% en promedio. La intención del Ejecutivo Federal es reducirlos a un 5%. Esta disminución es muy significativa y sus consecuencias, como se expone más adelante, inhibirían notablemente la planta productiva nacional con la correspondiente pérdida de empleos, disminución en la inversión y de recursos fiscales.
Desde finales de la década pasada y hasta el año de 2003 la industria del acero sufrió una delicada crisis a nivel mundial. En dicho periodo, la sobreproducción con capacidades instaladas ineficientes y apoyos mediante subsidios particularmente en países Asiáticos y de Europa del Este, ocasionaron un fuerte desplome en los precios. En nuestro país en esos años bajaron las ventas en el mercado nacional y las exportaciones.
Sin embargo, en los últimos años esta situación cambió drásticamente por el repunte de las principales economías en el mundo, aunado al impresionante desarrollo industrial de China, ya que este país asiático demandó alrededor del 30% de la producción mundial de acero, incrementando nuevamente la demanda de este producto, y por lo tanto, los precios en algunos productos alcanzaron hasta el 50% de aumento, sin embargo, actualmente los mercados del acero tienden a estabilizarse y a disminuir sus precios debido a que China se ha convertido en un exportador neto y busca colocar sus productos en los mismos mercados que México.
En este contexto, la industria del acero en México ha venido reposicionándose de la crisis de los noventa. En la actualidad es un sector que representa el 1.6% del Producto Interno Bruto (PIB) con un total de 125 mil millones de pesos, siendo el 7% del industrial y 10% de la industria manufacturera nacional. La planta productiva del acero genera 602 mil empleos directos e indirectos, y es una industria que determina diversas cadenas productivas, destacando la de la construcción y la automotriz, mismas que absorben respectivamente el 65% y 10.4% de la producción nacional.
Actualmente la industria nacional tiene capacidad suficiente para cubrir la demanda de estos y otros sectores; existen programas de fomento para sectores tales como electrodomésticos, automotriz, electrónica, etc., donde pueden importar sus insumos de acero con preferencias arancelarias.
No obstante, la industria siderúrgica nacional compite en condiciones desfavorables frente a otros productores de acero. Entre otras cuestiones, los altos costos de los insumos básicos como energía eléctrica, gas natural, hierro, coque y chatarra, encarecen el precio de los productos de acero nacionales que compiten en desigualdad de condiciones frente a las importaciones.
En este sentido, el repunte de la industria siderúrgica nacional obedeció a una cuestión coyuntural que comienza a revertirse en perjuicio de una planta productiva fundamental para el empleo y el desarrollo nacional.
En estas condiciones, justo cuando la industria acerera mexicana requiere del Gobierno Federal una actitud de solidaridad y corresponsabilidad para tomar las medidas que promuevan su competitividad en la arena internacional, se tiene conocimiento de que sin atender a las necesidades y retos de los productores de acero, se pretende disminuir el arancel a las importaciones de acero.
En caso de tomarse esta medida, los efectos inmediatos serán una contracción de más del 10% en las ventas, y las consecuencias a mediano y largo plazo serán el paulatino desmantelamiento de la planta productiva nacional, la perdida de miles de empleos, el desaliento en la inversión y la aniquilación del sector.
Por lo anterior, resulta procedente exhortar al Ejecutivo a mantener el arancel a las importaciones de acero hasta en tanto se ajusten los mercados internacionales y se evalúe a profundidad la conveniencia, en su caso, de tomar una medida de esta naturaleza en un sector que apenas repunta de una crisis en un escenario mundial dinámico y crecientemente competitivo, y cuyos efectos resultan condicionantes para diversas cadenas productivas.
En mérito a lo expuesto y fundado solicitamos:
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a no determinar disminución alguna al arancel actualmente aplicable a las importaciones de productos de acero, hasta en tanto no se realice una evaluación profunda de las consecuencias y efectos de índole económico, laboral y social que tendría esta medida para la industria siderúrgica nacional.
Segundo.- Se solicita al Ejecutivo Federal excluir del decreto arancelario que está por publicar, la reducción del arancel vigente a las importaciones de productos de acero.
Tercero.- Se remitan de inmediato los oficios correspondientes tanto al Presidente de la República como al Secretario de Economía.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día veinte de septiembre del año dos mil cinco.
Dip. Enrique Burgos García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA SEP, A LA SEDENA, AL IMSS,
AL ISSSTE, A LA PGR Y AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A CUMPLIR LA NORMA
OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-028-SSA2-1999, PARA LA PREVENCIÓN, EL
TRATAMIENTO Y EL CONTROL DE LAS ADICCIONES, A CARGO DEL DIPUTADO OMAR BAZÁN
FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LIX Legislatura, con lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente punto de acuerdo de pronta y obvia resolución, que propone a consideración de esta H. soberanía para que se exhorte a la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de la Defensa Nacional, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Servicios Sociales al Servicio de los Trabajadores del Estado, Procuraduría General de la República y Gobierno del Distrito Federal, a dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-028-SSA2-1999, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fechas 12 de abril y 18 de agosto de 2000.
Antecedentes
El uso y abuso de sustancias así como las adicciones al alcohol, el tabaco y otras drogas, lícitas o ilícitas, constituyen un grave problema de salud pública y tienen además importantes consecuencias negativas que trascienden en el ámbito de la salud individual y repercuten en la familia y en la sociedad.
Diversos estudios y sistemas de información y vigilancia, dan cuenta de las tendencias del uso y abuso de tales sustancias en nuestro país, lo que ha permitido establecer que el abuso de bebidas alcohólicas y el alcoholismo constituyen nuestra problemática más importante, seguida por el tabaquismo y el consumo de otras sustancias psicoactivas.
En el caso del alcohol, la población juvenil bebe a edades cada vez más tempranas, y su consumo excesivo repercute en los índices de morbi-mortalidad y en el costo social. En cuanto al tabaquismo, es innegable la asociación directa o indirecta del consumo del tabaco y sus productos, con graves padecimientos de alta letalidad, así como su impacto familiar, social y económico. En cuanto a la fármaco dependencia, tiene una dinámica diferente con las nuevas drogas, formas de uso y patrones de consumo que han aparecido recientemente, y se presenta de manera fundamental en zonas urbanas, con marcadas diferencias regionales. Además, el uso de unas sustancias aumenta el riesgo de consumo de otras.
Entre los problemas asociados al consumo se pueden citar, para el caso del alcohol: el aumento alarmante de los accidentes de tránsito y conducta violenta, cirrosis hepática, diabetes mellitus, conducta sexual riesgosa, problemas psiquiátricos, alcoholismo y síndrome alcohólico-fetal. En el caso del tabaco: cáncer pulmonar y de otros órganos, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y problemas peri natales, entre otros. El uso y el abuso de otras drogas conllevan a la aparición de problemas psicosociales y psiquiátricos, enfermedades de transmisión sexual, criminalidad, lesiones por causa externa y muerte súbita, entre otros.
El uso y abuso de sustancias adictivas, representan una preocupación creciente para el gobierno federal, el Congreso de la Unión, en particular esta H. Cámara de Diputados, las entidades federativas y la sociedad en general. Esta problemática nos obliga a exigir a la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de la Defensa Nacional, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Servicios Sociales al Servicio de los Trabajadores del Estado, Procuraduría General de la República y Gobierno del Distrito Federal, para que en cabal cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, arriba mencionada, den seguimiento a los convenios de colaboración, respecto a los programas de combate y prevención de las adicciones, celebrados con las instituciones, asociaciones y organizaciones públicos y privados, lo anterior, en atención al aumento alarmante de estos graves problemas de salud pública, que vemos registrados estadísticamente, por el Consejo Nacional para Atención de las Adicciones (Conadic) que reporta: Que existen en México seis millones de alcohólicos potenciales: cada uno afecta, por lo menos, a tres personas más, lo que nos da alrededor de 18 millones de personas afectadas. De 6 millones de alcohólicos: Casi la mitad tiene de 12 a 25 años. Cada año miles de adolescentes se unen a las filas del alcoholismo.
Casi la mitad ya con síntomas de cirrosis hepática. La cirrosis ocupa el primer lugar como causa de muertes entre los 25 y 44 años de edad. El alcoholismo es causa directa o indirecta de: Homicidios o delitos contra la integridad corporal. Accidentes de tránsito. Suicidios; la mitad de ellos en estado de ebriedad, Intoxicaciones, Retrasos mentales en el nacimiento, Divorcios y desintegración familiar. Es por ello, que se requiere, exhorta y exige a las dependencias e instituciones del sector público mencionadas, para que den cumplimiento a la norma oficial mexicana que nos ocupa y lleven campañas más agresivas de información a la sociedad sobre esta problemática y sobre todo, se avoquen a renovar, actualizar y desarrollar los convenios de cooperación y colaboración que tienen celebrados con las instituciones publicas y privadas que la propia Norma Oficial Mexicana menciona.
Único: Se exhorte a la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de la Defensa Nacional, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Servicios Sociales al Servicio de los Trabajadores del Estado, Procuraduría General de la República y Gobierno del Distrito Federal, a dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-028-SSA2-1999, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fechas 12 de abril y 18 de agosto de 2000.
A los 20 días del mes de septiembre de 2005.
Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN QUE
EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006,
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA TRASLADE DEL
RAMO 11 AL 25 LAS ASIGNACIONES SALARIALES DE LOS TRABAJADORES DEL COLEGIO
DE BACHILLERES, A CARGO DEL DIPUTADO OMAR BAZÁN FLORES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito Dip. Omar Bazán Flores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LIX legislatura, con lo dispuesto por el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, presento el siguiente punto de acuerdo para que el presupuesto de los Colegios de Bachilleres ya autorizado por el Congreso, pase del Ramo 11 al Ramo 25 y quede incorporada la nivelación salarial en el Presupuesto de Egresos 2006 y en los siguientes ejercicios.
Antecedentes
Me permito plantear ante esta H. soberanía el asunto relacionado con la solicitud que hicieron los directores generales de los Colegios de Bachilleres de los 26 estados de la República así como a los secretarios generales de los Sindicatos respectivamente para lograr la nivelación de los salarios de los trabajadores del Colegio de Bachilleres con los que percibe el personal adscrito a la DGETI (Dirección General de Educación Tecnológica Industrial), ya que en justicia corresponde a este personal esa nivelación dado que pertenecen al mismo nivel educativo y realizan actividades similares.
Esta Legislatura aprobó una partida de 229,000,000 (doscientos veintinueve millones de pesos M/N) para el programa de nivelación salarial, sin embargo quedó ubicada en el Ramo 11 lo que la hace no regularizable de tal manera que se aplicaría solo en este ejercicio.
Punto de Acuerdo
Único: Para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación a que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 en lo que corresponde a la nivelación salarial de los Colegios de Bachilleres que se estipula en el Ramo 11 pase al Ramo 25 y para que así quede incorporada la nivelación.
A los 20 días del mes de septiembre de 2005.
Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica)
El suscrito, Jorge Triana Tena, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, propone a esta Presidencia, formule excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público para que, de conformidad con el artículo 45, apartado 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dictamine acerca de la iniciativa que adiciona un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución en materia de reconducción presupuestal, en razón de los siguientes
Antecedentes
I.- En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 8 de marzo de 2005, presenté al Pleno de esta soberanía una iniciativa que adiciona un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución en materia de reconducción presupuestal.
II.- La iniciativa en comento fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público para su dictamen, mismo que a la fecha no ha sido presentado por lo que me presento ante esta soberanía para expresar las siguientes:
Consideraciones
Primero.- Fue a partir de la LVII legislatura del H. Congreso de la Unión cuando la Cámara de Diputados dejó de tener mayoría absoluta de un solo partido en la Cámara de Diputados. A partir de entonces, la conformación numérica de los grupos parlamentarios representados en este órgano legislativo ha conllevado a una reconformación de las relaciones y negociaciones interparlamentarias para la aprobación, entre otras muchas iniciativas, la del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Segundo.- Con el transcurso de los años, es cada vez mas es evidente la necesidad de realizar modificaciones constitucionales para adecuar el marco jurídico, de tal modo, que no se vuelvan a presentar situaciones que, en lugar de beneficiar, están perjudicando el desarrollo de la función del gobierno, como es el hecho de no tener un presupuesto en el tiempo marcado por la ley (hecho que ha acontecido ya en mas de una ocasión en los últimos cinco años).
Tercero.- Por ende, es de suma importancia que se establezca en la Constitución el procedimiento o mecanismo que ha de aplicarse para el supuesto de que no estuviera aprobado el Presupuesto de Egresos en el tiempo legal, a fin de generar certidumbre y claridad en el proceso económico del país.
Cuarto.- En efecto, debe impulsarse una reforma al proceso presupuestal en la Cámara que dé certidumbre, seguridad jurídica y promueva la estabilidad en los procesos de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como evitar la tensión política e institucional que cada fin de año se presenta en la aprobación de dicho instrumento, eliminando la incertidumbre en torno a una posible parálisis de las funciones del Estado.
Quinto.- Nuestro marco constitucional vigente necesita una renovación al procedimiento legal para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. La interpretación de los preceptos actuales que regulan este procedimiento deben ser vanguardistas, siempre y cuando pensemos en un México de progreso y que debe estar fundamentado, entre otras cosas, en finazas públicas transparentes y sanas, misas que, siguiendo los principios de división de poderes, sean justamente un equilibrio.
Sexto.- La función de la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos, además de ser legislativa, es sin duda una forma de control político (por la propia naturaleza de órgano representativo de los intereses populares). En términos jurídicos, el control, bajo sus diversas formas y facetas, tiene un contenido preciso: hacer efectivo el principio de limitación de poder, es decir, todos los medios de control que existen en un Estado de derecho tienen la finalidad de evitar abusos y fiscalizar la actividad de los gobernantes y de las instituciones de gobierno.
Séptimo.- En la actividad financiera, el control se puede definir como el proceso y efecto de fiscalización y revisión de la actividad económica del Estado, llevado a cabo por los órganos que constitucionalmente tienen asignadas esas tareas, con el objeto de que la actividad de la administración se desarrolle de conformidad con los principios constitucionales y legales de un Estado democrático.
Octavo.- Como lo acotan Guerrero y Valdés Palacio, son seis las causas que muestran la importancia del presupuesto y que tienen un carácter político, económico y social, y estas son las siguientes:
a) El presupuesto está compuesto por recursos que se extraen a la sociedad y representan cargas fiscales en grupos sociales. Se relaciona con el poder del Estado de meter la mano en los bolsillos y decidir sobre su asignación.
b) En esa decisión sobre cómo ha de distribuirse, el presupuesto revela las prioridades del gobierno y permite evaluarlo por medio del análisis de sus impactos, así como de la revisión - auditoría.
c) El presupuesto tiene un peso macroeconómico muy evidente en el crecimiento, el empleo, la inflación y la estabilidad. Las políticas de ingreso y de asignación del gasto público son elementos clave de la política económica: tienen impactos definitivos en el crecimiento de la economía y en el desarrollo social; son además, impactos de largo alcance. Con particular fuerza, en países en desarrollo como México, el presupuesto público estimula la acumulación de capital físico y la inversión en capital humano. Por ejemplo, políticas tributarias y políticas de gasto son instrumentos fundamentales para paliar la insuficiencia en el ahorro interno, absorber el costo de la deuda (interna y externa), contener el alza de precios, mantener la estabilidad macroeconómcia y redistribuir el ingreso mediante la reasignación de recursos y esfuerzos hacia programas sociales -educación, mejora en los servicios de salud, disminución de los grados de pobreza, provisión de seguridad pública, creación de infraestructura, desarrollo regional, alientos a la producción, entre otros.
d) El presupuesto tienen un evidente impacto en la economía y el desarrollo en su conjunto, pero también lo tiene en la vida de los habitantes del país; tiene un peso macroeconómico (distribución del ingreso, educación, servicios, oportunidades) con la asignación de recursos para prestar servicios que demanda la sociedad. Se pueden paliar las desigualdades a través de la política fiscal acordada en los órganos de representación popular y garantizar así un piso mínimo de bienestar para el conjunto de los ciudadanos.
e) Otro factor que le da gran importancia al presupuesto es el hecho de que constituye la sustancia del funcionamiento gubernamental: representa los recursos del Estado.
f) El presupuesto tiene una estrecha relación con la política (impacto político) y con el poder. La acción gubernamental repercute en forma determinante en la estructura política: la consolida, la erosiona, siempre la modifica. Las acciones gubernamentales debilitan o favorecen a grupos, regiones, sectores económicos, sociales, geográficos. Desde esta perspectiva, el presupuesto es parte clave de la política, pues asigna recursos.
Luego entonces, y dada la importancia social del presupuesto, y ante la presencia de una laguna jurídica constitucional, es que se hace indispensable buscar una solución al respecto para el caso de que al iniciar el año fiscal no estuvieran aprobados dichos proyectos, y evitar la parálisis estatal y la probable ingobernabilidad del Estado.
En este sentido, cabe acotar que en el derecho constitucional comparado se establecen varios mecanismos para garantizar la disponibilidad de un presupuesto al inicio de cada ejercicio fiscal, uno de ellos es materia de la presente iniciativa: el que se tenga por aprobado el presupuesto del Ejecutivo (mecanismo que se aplica en Chile y Bolivia).
Noveno.- La iniciativa pretende evitar que en la aprobación de los próximos presupuestos, la Cámara de Diputados recurra a la argucia del denominado "reloj parlamentario" para aprobarlo no cuando la Constitución lo marca, sino cuando sus "arreglos políticos" lo permitan. Y aún mas, para desincentivar tal acción -la de no aprobar el presupuesto en las fechas marcadas constitucionalmente-, se debe establecer en el texto constitucional que, si cumplida la fecha establecida como límite para aprobar el presupuesto, éste aún no ha sido aprobado, entre en vigor el presupuesto originalmente propuesto por el Ejecutivo, en una especie de afirmativa ficta, lo cual quedaría establecido en un nuevo cuarto párrafo de la fracción IV del artículo 74 constitucional.
Por lo expuesto y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a usted C. Presidente de la Mesa Directiva, atentamente solicito:
Único. En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público, para que formule el dictamen correspondiente a la iniciativa mencionada.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 20 días del mes de septiembre de 2005.
Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica)