HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Procurador Federal de Protección al Ambiente, para que instrumente medidas urgentes, a fin de evitar más daños ecológicos y proteger a la fauna y flora del lago de Guadalupe, del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, presentada por el Diputado Leonardo Álvarez Romo y suscrita por legisladores integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos: Verde Ecologista de México, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y de Convergencia.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:
ANTECEDENTES
1.- En sesión celebrada en fecha 22 de diciembre por la Comisión Permanente de la LIX Legislatura, se presentó al pleno del a Cámara de Diputados el Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Procurador Federal de Protección al Ambiente, para que instrumenten medidas urgentes, a fin de evitar más daños ecológicos y proteger a la Fauna y Flora del Lago de Guadalupe, del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Y se dictó el tramite de turno a esta Comisión.
2.- Se recibió oficio emitido por la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados de fecha 22 de diciembre de 2004, con anexo duplicado del expediente número 2516 que contiene la proposición con punto de acuerdo citada.
Tomando como base la información disponible los antecedentes citados, así como la propuesta en comento, estas Comisiones se abocaron su estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
En el Estado de México, se encuentra situada la cuenca del Lago de Guadalupe, la cual es una de las reservas ecológicas más grandes e importantes del Valle de México. A mediados de los años treinta, en esta se construyo la presa del Lago de Guadalupe y la importancia de este cuerpo acuático reside en que constituye un vaso regulador del equilibrio ecológico, cuya superficie total es de 350 hectáreas aproximadamente, aunque esta puede variar en época de lluvias.
Se encuentra al noroeste de la Ciudad de México y alberga un total de 111 especies de aves, de entre ellas pelícanos, aves migratorias y aves residentes; así como varias especies de peces.
Además de actuar como vaso regulador y de almacenamiento de agua de lluvia, cumple con la función ambiental de favorecer la creación de microclimas que ayudan a mejorar la calidad del aire y contribuye a la recarga de los acuíferos.
Actualmente el Gobierno del Estado de México, a través de su Secretaría de Ecología publicó en su pagina Web, que "....las condiciones originales del entorno ecológico de la región propiciaron el surgimiento de asentamientos humanos y con ello la afectación directa al embalse y ríos por la aportación de nutrientes, producto de las descargas de aguas residuales sin tratamiento. Esto originó la infestación de la presa con lirio acuático.
Ante la situación que presentaba el embalse en diciembre de 1996, el Gobierno del Estado de México; a través de la Secretaría de Ecología, implementó el Programa para el Control de Malezas Acuáticas en el Lago de Guadalupe.
Las actividades de saneamiento iniciarón en invierno ya que el embalse presentaba las condiciones ideales para combatir el crecimiento de las malezas acuáticas, tales como:
Maleza marchita.
Temperatura ambiente promedio de 14 oC.
Baja superficie de fotosíntesis.
Baja producción de lirio.
Vientos dominantes en dirección hacía la
cortina de la presa.
De diciembre de 1996 a octubre de 1997, se limpió de malezas acuáticas el 100% de la superficie del lago, aproximadamente 450 hectáreas, como resultado de las siguientes acciones:
Limpieza manual de 55 hectáreas de lirio en lugares de difícil acceso para la maquinaria. Se aprovechó la disminución del nivel de agua durante el periodo de estiaje.
Extracción mecánica de 40 mil toneladas de malezas acuáticas, lodo y basura, evitando la acumulación de material de azolve, la aportación de nutrientes y disminuyendo el riesgo de reproducción de lirio acuático.
Limpieza mecánica de 52 hectáreas de lirio y basura de la ribera sur del embalse utilizando traxcavos y tractores.
Transporte de 6,300 metros cúbicos de malezas y desechos a un sitio de disposición final.
En octubre de 1997 se realizó la transferencia del programa de mantenimiento del embalse al ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, con la finalidad de que se realicen actividades de vigilancia y limpieza permanente para evitar la presencia y reinfestación con lirio acuático.
Actualmente el embalse se encuentra 100% libre de malezas acuáticas y se continúan realizando trabajos de mantenimiento en el embalse"1
Sin embargo y a pesar de que el Gobierno del Estado de México, publicó que se encuentra 100% libre de malezas acuáticas, los medios de comunicación informan con regularidad, que no obstante de que el lago de Guadalupe es una de las reservas más importantes del Valle de México, se está convirtiendo en un tiradero clandestino de aguas negras.
La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha publicado en su pagina web, en las síntesis de prensa nacional de diversas fechas, extracciones de los principales medios de comunicación en relación con la problemática del Lago de Guadalupe:
"Alrededor de 1300 pelícanos americanos han arribado al Lago de Guadalupe en Cuautitlán Izcalli Estado de México, con este es el segundo año consecutivo en que estas aves provenientes del estado de Florida en EUA llegan a este lago mexiquense, se espera que en lo que resta de enero y febrero el número de pelícanos aumente considerablemente, lo preocupante de esta situación es el estado crítico en que se encuentra el Lago de Guadalupe pues en este lugar 5 municipios descargan aguas negras, lo que ha provocado que tan solo en el año 2004 hayan muerto más de 16 toneladas de peces por los residuos tóxicos que llegan a este lago. (FORMULA FREGOSO-RADIO FORMULA).
Ciento once especies de aves, algunas de las cuales llegan en invierno al Lago de Guadalupe, están en peligro, debido a que éste recibe aguas negras de cinco localidades de la zona norte del Valle de México. (FORMATO 21)
ECOCIDIO EN LAGO DE GUADALUPE.- En peligro de extinción se encuentra la flora y la fauna que alberga al Lago de Guadalupe, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, debido a la alta contaminación que presenta el embalse, sin que las autoridades locales hagan algo para salvarlo. (Cuestión, p. 6)"2
"EL LAGO DE GUADALUPE, RIESGO PARA PELÍCANOS.- Más de mil 500 pelícanos que llegaron procedentes de Estados Unidos y Canadá están en peligro de morir porque arribaron al Lago de Guadalupe, donde se encuentran aguas contaminadas, debido a que no han sido concluidos los 19 kilómetros de colectores de agua en la localidad de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. La directora de Ecología del municipio, Mónica Bulling, manifestó que las aves que han arribado a ese lecho lacustre, a la Laguna de La Piedad y al Espejo de los Lirios, llegaron desde finales de noviembre y se irán una vez que llegue la primavera, entre marzo y abril. (El Sol de Mediodía, p. 5)"3
"PELIGRAN PELÍCANOS QUE LLEGAN A ZONAS ACUÁTICAS DEL EDOMEX.- El Movimiento Ecologista Mexicano teme por la vida de más de 300 pelícanos americanos que han llegado al Lago de Guadalupe, la laguna de La Piedad y el Espejo de los Lirios, donde han muerto cientos de peces por la contaminación que generan drenajes procedentes de otros municipios. La fauna es desbastada por la contaminación ambiental que generan empresas y zonas habitacionales de los municipios Villa Nicolás Romero, Jilotzingo, Atizapán y Cuautitlán Izcalli, que canalizan los drenajes al Lago de Guadalupe. (El Sol de Mediodía, p. 5)"4
En el mismo sentido una investigación de Noticieros Televisa, reveló que "El Lago de Guadalupe, una de las reservas ecológicas más importantes del Valle de México, está convertido en un tiradero clandestino de aguas negras
CUAUTITLÁN IZCALLI, México, jul. 20, 2004.- Más de cuatro toneladas de peces muertos flotando entre la basura.
'Son tiraderos clandestinos sobre los mismos afluentes que obviamente en temporada de lluvia toda esta agua baja y viene a parar al Lago de Guadalupe', expresó Mónica Vulling, directora de Ecología del municipios de Cuautitlán Izcalli, estado de México.
Ubicado a sólo 20 kilómetros de la ciudad de México, en el municipio Cuautitlán Izcalli, el Lago de Guadalupe es una de las reservas ecológicas más grandes e importantes del Valle de México. Tiene una superficie mayor a 300 hectáreas de agua.
Este lugar, considerado como un paraíso de aves y de peces, se está convirtiendo en un gigantesco depósito de aguas negras y destrucción.
Aquí encontramos enormes descargas de aguas negras que provienen de los municipios de Cuautitlán, Nicolás Romero y Atizapán.
Esta agua se juntó con toneladas de basura que arrastran varios ríos del estado de México.
'Hay más de 6 mil 500 metros cúbicos de basura en tiraderos y sitios clandestinos a lo largo de los ríos', agregó Vulling.
Todo desemboca al Lago de Guadalupe, donde el pasado martes 1 de junio, murieron miles de carpas y truchas, algunas con estallamiento de víceras, a pesar de tener pocas horas de muertas.
'Hay una gran variedad de químicos que pueden originar esta situación', señaló Vulling.
La Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Cuautitlán Izcalli, analizó muestras de agua y peces muertos.
'Las lesiones se concentraron, principalmente, en el hígado. Las lesiones eran muy compatibles con presencia de agentes tóxicos, pueden ser por contaminación a través de cañerías, contaminación agrícola, por el uso de fertilizantes, pesticidas, también deshechos industriales', indicó Lucia García, investigadora de la FES-UNAM.
Representantes vecinales del Lago de Guadalupe dejaron al descubierto otra historia.
'Hay mucha gente que tiene sus negocios clandestinos en sus casas', aseguró Claris de Rodríguez, de la Asociación de Colonos de Lago de Guadalupe.
Negocios aledaños al lago que fabrican productos químicos y que de acuerdo a varias denuncias contribuyen a la contaminación del agua.
'Van varias veces que se da la muerte masiva de peces, los sacaron por toneladas, no es posible que las autoridades no tomen cartas en el asunto', comentó Rosalía Zuccoli, presidenta de la Asociación de Colonos Lago de Guadalupe.
Nos mostraron un suplemento de estos negocios clandestinos en la calle Campestre del Lago, número 4, donde vive un ingeniero químico.
'El señor Roberto Espinosa tiene atrás un laboratorio clandestino y tiene como 40 o 50 perros que supuestamente usa los orines de los perros para hacer cosas de limpieza y los vecinos, los colonos de aquí, dicen que los está vertiendo en el agua en la noche a la 1:00 o 2:00 de la madrugada', advirtió Claris de Rodríguez.
Desde la calle observamos varios tambos con capacidad de 200 litros en un garage del señor Roberto Espinosa quien en ese momento llegó a su casa.
Le dijimos que investigamos una denuncia vecinal en su contra, se negó a mostrarnos su casa, a través de una reja vimos decenas de perros que según nos dijo eran sus mascotas. Tampoco nos permitió grabar los tambos.
Roberto Espinosa negó que estuviera haciendo mal uso de los productos.
Yo tengo una carta de ecología firmada bajo protesta de decir la verdad en esos términos que yo no vierto nada al lago', aseguró Espinosa.
La carta fue dirigida al entonces director de Ecología de Cuautitlán Izcalli, Héctor Baldenero, quien a su vez, destinó la denuncia a los vecinos al informar en otro escrito que los productos químicos que fabrica el señor Roberto Espinosa no afectaban el medio ambiente. Productos como detergentes, desinfectantes y aromatizantes que de acuerdo a las normas ambientales son uno de los principales agentes que contaminan el aire, el agua y la tierra.
Aparte, esta persona, el señor Espinosa, es integrante del Consejo de Participación Ciudadana como cosa curiosa y parece que con eso no le hacen nada ni pasa nada', comentó Rosalía Zuccoli.
A pesar de la falta de apoyo, los vecinos buscaron más pruebas, grabaron un camión que descargaba productos químicos en los alrededores del Lago de Guadalupe. Lo siguieron y el camión con razón social ?Negociación Alvi se detuvo en la casa del señor Roberto Espinosa. Una mujer que aparentemente vigilaba la zona se percató de la cámara y fue corriendo a dar aviso.
Sin embargo, este video tampoco fue una prueba válida para las autoridades de Ecología.
La muerte de peces en el Lago de Guadalupe no es un hecho aislado, tan sólo en lo que va del 2004, han ocurrido varios ecocidios por contaminación en aguas mexicanas.
El 19 de enero, más de 100 delfines quedaron varados en una playa de Sonora. Según especialistas, la muerte se debió a un producto químico que arrojan narcotraficantes en el mar para iluminar rutas.
El 27 de enero, un derrame de combustible ocasionó la muerte de miles de peces en una laguna de Tabasco.
También, el 27 de enero, las descargas de aguas negras provocaron la muerte masiva de peces en parque ecológico de Aguascalientes.
El 29 de febrero, el río Atoyan en Oaxaca se convirtió
en otro lecho de muerte.
El 13 de abril, ocurrió otra tragedia ecológica
en una presa de Aguascalientes.
El 7 de mayo, miles de peces murieron en el río
Actopan en Veracruz.
El caso más reciente fue en el Lago de Guadalupe, Estado de México.
Ya se acabó todo esto, ya no es como antes', insistió Aurora González, vecina del Lago de Guadalupe.
Pero... ¿cuántas tragedias ambientales faltan?
'Es un asunto muy serio', reconoció José Luis Luege Tamargo, procurador federal de Protección al Ambiente (Profepa).
¿Cuántos mares, ríos y lagos se convertirán en cementerios de agua?
'Lamentablemente es la ausencia de una cultura del agua', concluyó Luege Tamargo.
El tiempo se agota, aún estamos a tiempo de forjar una mejor conciencia, aún estamos a tiempo de salvar nuestras aguas."5
Todo lo anterior revela, que efectivamente se han realizado trabajos para recuperar el Lago de Guadalupe, sin embargo no ha sido suficiente, es necesario continuar con los trabajos para llegar a cumplir con el informe del Gobierno del estado de México, y sanear al 100% tan importante fuente de vida.
"Al menos 112 millones de pesos se requieren para concluir los colectores marginales del lago de Guadalupe, con los cuales se evitaría el ingreso de drenajes provenientes de cinco municipios de la región, a este cuerpo de agua, detalló Mónica Vulling Garza, directora de Ecología municipal.
La funcionario explicó que entre 1994 y 1996 la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) construyó el colector norte del lago de Guadalupe, que consta de 8.11 kilómetros de longitud y tubería de 1.07 metros de diámetro, lo que permite transportar 1.21 metros cúbicos por segundo de aguas residuales.
Agregó que este colector disminuyó en 21 por ciento las descargas que recibía el lago de Guadalupe, lo que ayudó a la recuperación del embalse, donde ahora se observan aves migratorias, aunque la fragilidad del ecosistema es evidente, como hace poco se demostró con la muerte masiva de carpas por el avance de algas verdiazules.
Vulling Garza aseveró que en 1997 comenzó la construcción del colector sur, que quedó inconcluso; constará de 9.62 kilómetros de longitud, con un túnel de 2.29 kilómetros y capacidad para conducir 4.61 metros cúbicos por segundo, aunque a la fecha sólo hay 1.8 kilómetros de tubería.
En este sentido, aseveró que con este último colector se podría sanear en 90 por ciento el citado embalse, por lo que es prioritario terminar estas obras que garantizarían una mayor calidad del agua, toda vez que unas 30 mil personas habitan la subcuenca del lago, que se abastece de ríos que cruzan Isidro Fabela, Jilotzingo, Nicolás Romero, Atizapán y Cuautitlán Izcalli.
Vulling Garza advirtió que podría ocurrir otra mortandad de carpas mientras no se saneen de manera integral las aguas el lago de Guadalupe, aunque las alcaldías y el estado acordaron mayor control de las descargas, además de que se realizarán análisis al menos cuatro veces al año, para determinar las condiciones del ecosistema"6
Por lo anterior, esta Comisión, encontrando procedente la proposición presentada por el Diputado Leonardo Álvarez Romo y suscrita por legisladores integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos: Verde Ecologista de México, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y de Convergencia., y con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA LLEVE A CABO LOS MUESTREOS Y ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS DE AGUA RESIDUALES EN EL LAGO DE GUADALUPE, CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES ESTABLECIDOS PARA LOS PARÁMETROS SEÑALADOS EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-ECOL-1996, DEBIENDO REMITIR LOS RESULTADOS DE ESE ESTUDIO A ESTA SOBERANIÁ, Y EN CASO DE DETECTARSE VIOLACIONES A LA MISMA SE DÉ CONOCIMIENTO A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS SE INICIEN LAS INVESTIGACIONES NECESARIAS Y EN SU CASO AUDITORÍAS AMBIENTALES A EFECTO DE APLICAR LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY DE AGUAS NACIONALES Y SU REGLAMENTO, LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN Y DEMÁS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES.
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO (CAEM), A REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA TERMINAR LA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SUR DEL LAGO DE GUADALUPE, INICIADAS EN 1997 PARA LOGRAR SANEAR EL CITADO EMBALSE.
TERCERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (SHCP), A LA SECRETARÍA DE SALUD, AL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA) A VERIFICAR QUE LAS INSTALACIONES QUE SE UBICAN EN LA CALLE CAMPESTRE DEL LAGO, NUMERO 4 DE LA COLONIA LAGO DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO REFERIDO, CUENTAN CON LOS PERMISOS RESPECTIVOS DE USO DE SUELO Y DE REGISTRO ANTE SALUD Y ASÍ MISMO CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL Y FISCAL PARA PODER OPERAR COMO LABORATORIO DE PRODUCTOS QUIMICOS, INFORMANDO A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS RESULTADOS DE ÉSTAS INSPECCIONES. ASÍ MISMO, Y EN CASO DE ENCONTRAR ANOMALÍAS, INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A EFECTO DE CUMPLIMENTAR LOS ORDENAMINETOS JURÍDICOS APLICABLES.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los __ días del mes de _______ de dos mil cinco.
Notas:
1 Sitio web del Gobierno del Estado de México
http://www.edomexico.gob.mx/se/maleza.htm
2 Sitio web de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, área de Comunicación Social, 6 de enero
de 2005. http://www.semarnat.gob.mx/comunicacionsocial/s2005-01-06.shtml
3 Op. Cit., 7 de enero de 2005. http://www.semarnat.gob.mx/comunicacionsocial/s2005-01-07.shtml
4 Op. Cit., 3 de enero de 2005. http://www.semarnat.gob.mx/comunicacionsocial/s2005-01-03.shtml
5 Sitio web esmas.com. Leonardo Ferrera (reportero).
Fuente: Noticieros Televisa. http://www.esmas.com/noticierostelevisa/losreporteros/379022.html
6 Sitio web periodico El Universal. Juan Manuel Barrera
/Corresponsal. 20 de junio de 2004 http://www.eluniversal.com.mx/-pls/impreso/noticia.html?id_nota=60282&tabla=Ciudad
Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán
(rúbrica), Presidenta; Francisco J. Lara Arano (rúbrica),
secretario; Roberto A. Aguilar Hernández (rúbrica), secretario;
Carlos M. Rovirosa Ramírez (rúbrica), secretario; José
Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretario; Irene H. Blanco Becerra,
Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl R. Chavarría
Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario E.
Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica),
María G. García Velasco (rúbrica), Guillermo Tamborrel
Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo, Óscar Rodríguez
Cabrera, Julián Nazar Morales, Víctor Manuel Alcerreca Sánchez
(rúbrica), Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), Óscar
Félix Ochoa, Miguel Amezcua Alejo, Alfredo Bejos Nicolás
(rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica),
Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández
Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica),
Carlos Silva Valdés, María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica),
Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Adrián Chávez
Ruiz (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE QUE, EN EL ÁMBITO DE LAS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, REALICEN VISITAS DE INSPECCIÓN Y/O VERIFICACIÓN A LA EMPRESA FIEMEX, SA DE CV
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Comisión Nacional del Agua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que en el ámbito de las respectivas competencias, realicen visitas de inspección y/o verificación a la empresa Fiemex S.A. de C. V.; presentado por el Diputado Jaime Fernández Saracho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:
ANTECEDENTES
1.- Con fecha 19 de enero de 2005, el Diputado Jaime Fernández Saracho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con Punto de Acuerdo, para solicitar a la Comisión Nacional del Agua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que en el ámbito de las respectivas competencias, realicen visitas de inspección y/o verificación a la empresa Fiemex S.A. de C. V
2.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha acordó turnar la proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa para su análisis y dictamen, a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
3.- Tomando como base los elementos de información disponibles así como la propuesta multicitada, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
"Durante mucho tiempo se pensó que el agua era un recurso infinito de poca importancia y nunca se pensó que esta amenazaría con faltar algún día. Hoy en todas las partes del mundo el agua se convierte en el líquido más preciado y necesitado, ya que el hombre no valora el agua hasta el momento en que se agota la fuente de la misma, y esta amenaza con su agotamiento.
El agua no se puede cambiar por nada, y así ella se diferencia de toda materia prima y combustible, el agua se puede cambiar solamente por agua. Es insuficiente allá, donde su uso es intensivo y sin su control alguno, donde se ha enfermado (contaminado) y ha quedado inservible para su uso y para cumplir sus funciones fundamentales.
En el cuerpo de una persona, a veces la herida amenaza a la vida con la pérdida de sangre, pero la muerte llega solamente cuando la sangre pierde la capacidad de cumplir sus funciones vitales. De esta manera, podemos comparar el agua en nuestro planeta, por que el agua es la sangre de la tierra y sin ella no hay vida.
El gran aumento de la población, el desarrollo industrial, energético, agropecuario, terrestre y las necesidades domésticas son factores que han coincidido a que el agua sea considerada como una de las sustancias más complicadas y difíciles de obtener en un estado limpio, por eso tiene que ser procesada o potabilizada para que llegue a nuestros hogares.
Entonces, el agua aparece en la naturaleza, como uno de los componentes más importantes del medio geográfico. Así es considerado como uno de los recursos más importantes y ricos que nos brinda la naturaleza para el desarrollo y la economía nacional."1
Siendo el agua un recurso no renovable, debemos cuidarla y verificar que su uso y aprovechamiento vaya de acuerdo a la normatividad ambiental aplicable; en la exposición de motivos del punto de acuerdo que nos ocupa, el Diputado Jaime Fernández Saracho, informa "que habitantes de la zona y organizaciones ambientalistas le han externado su preocupación respecto a que "...la empresa denominada FIEMEX S.A. de C.V., con domicilio en Avenida Acueducto del Alto Lerma Número 14, Zona Industrial de Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, ha venido desde hace años utilizando agua de manera irregular en su proceso industrial, realizando las correspondientes descargas en forma indebida y transgrediendo diversas disposiciones ambientales, causándose con ello un grave e irreparable perjuicio comunitario. [agregando que le manifestaron] que han acudido en diversas ocasiones a las instancias locales, sin haber encontrado respuesta a su petición en cuanto a que las autoridades competentes verifiquen estas situaciones, y que por ello, recurrieron al suscrito [Diputado Jaime Fernández Saracho] para pedirle su intervención a efecto de que la Comisión Nacional del agua, a través de su gerencia en el Estado de México, y la procuraduría Federal del Protección al Ambiente, también por conducto de su representación en la citada entidad, lleven a cabo visitas de inspección y/o verificación a las instalaciones de la citada empresa, para constatar las condiciones de abasto y uso del agua, su descarga y, en general, su cumplimiento a las normas ambientales aplicables.
[Diputado Jaime Fernández Saracho] Que como representante popular hago mía la solicitud de estas organizaciones y ciudadanos que plantea una cuestión de interés para todos, y que resulta de obvia y urgente resolución si se considera, primero, que el cuidado del medio ambiente y en particular del agua es una cuestión prioritaria y, segundo, que cada día que pasa sin que se atiendan esta clase de cuestiones, se generan daños muchas veces irreversibles a las personas, particularmente a nuestros niños.
Que estimo además razonable el pedimento de la verificación y/o inspección, toda vez que no causa perjuicio a nadie y, eventualmente, se puede evitar que se generen importantes daños al medio ambiente "2
Por lo expuesto se concluye que es de suma importancia para todos los mexicanos, que nuestras autoridades lleven a cabo con regularidad visitas a todas las empresas para verificar el cumplimiento de las disposiciones ambientales, y poder garantizar un futuro limpio y saludable a las generaciones venideras, como una de las medidas mas importantes, la preventiva para evitar que se generen daños al ambiente.
Al respecto y en cuanto verificación la Comisión Nacional del Agua lleva a cabo muestreos y análisis de las descargas de aguas residuales, de manera periódica, con el objeto de verificar el cumplimiento de los límites máximos permisibles establecidos para los parámetros señalados en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, en caso de que de violaciones a la misma se sancionarán en los términos de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y demás ordenamientos jurídicos aplicables.
Por lo que esta Comisión dictaminadora presenta el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA LLEVE A CABO LOS MUESTREOS Y ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES REALIZADAS POR LA EMPRESA FIEMEX S.A. DE C.V., CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES ESTABLECIDOS PARA LOS PARÁMETROS SEÑALADOS EN LA NOM-001-ECOL-1996, REMITIENDO LOS RESULTADOS DE ESE ESTUDIO A ESTA SOBERANÍA; Y EN CASO DE DETECTARSE VIOLACIONES A LA MISMA SE DÉ CONOCIMIENTO A LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS SE APLIQUEN LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY DE AGUAS NACIONALES Y SU REGLAMENTO, LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN Y DEMÁS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los ______ días del mes de febrero de dos mil cinco.
Notas:
1 Pagina Web del Instituto de Acueductos y Alcantarillados
Nacionales. Panamá. http://www.idaan.gob.pa/pago.htm
2 Congreso de la Unión, Comisión Permanente,
Presidencia, Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Proposición
con punto de acuerdo presentada por el diputado Jaime Fernández
Saracho, considerandos foja 2.
Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán
(rúbrica), Presidenta; Francisco J. Lara Arano (rúbrica),
secretario; Roberto A. Aguilar Hernández (rúbrica), secretario;
Carlos M. Rovirosa Ramírez, secretario; José Luis Cabrera
Padilla (rúbrica), secretario; Irene H. Blanco Becerra, Raúl
Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl R. Chavarría Salas
(rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario E. Dávila
Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut, María G. García
Velasco (rúbrica), Guillermo Tamborrel Suárez, Bernardo Loera
Carrillo, Óscar Rodríguez Cabrera, Julián Nazar Morales,
Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), Roberto
A. Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa, Miguel
Amezcua Alejo, Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Jacobo Sánchez
López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica),
Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual
Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés, María
del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez
(rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTOS DE ACUERDO A FIN DE QUE SE EXHORTE A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR LA EMISIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS TÓXICOS, Y A RESARCIR EL DAÑO CAUSADO A LAS TIERRAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLAS Y A LA SALUD DE LOS RESIDENTES DEL VALLE DE MEXICALI, EMITIDOS POR LA PLANTA GEOTERMOELÉCTRICA CERRO PRIETO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para que se exhorte a la Comisión Federal de Electricidad, a tomar las medidas necesarias para evitar la emisión de elementos químicos tóxicos y a resarcir el daño causado a las tierras de producción agrícolas y a la salud de los residentes del Valle de Mexicali, emitidos por la planta geotermoeléctrica Cerro Prieto, presentada por el Diputado Hidalgo Contreras Covarrubias del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:
ANTECEDENTES
1.- El sesión celebrada en fecha 28 de febrero de 2005, por la Cámara de Diputados del Honorable congreso de la Unión, se presentó el Punto de Acuerdo para que se exhorte a la Comisión Federal de Electricidad, a tomar las medidas necesarias para evitar la emisión de elementos químicos tóxicos y a resarcir el daño causado a las tierras de producción agrícolas y a la salud de los residentes del Valle de Mexicali, emitidos por la planta geotermoelectrica Cerro Prieto. Y se dictó el tramite de turno a esta Comisión.
2.- Se recibió oficio emitido por la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados de fecha 28 de febrero de 2005 con anexo duplicado del expediente número 2716 que contiene la proposición con punto de acuerdo citada.
Tomando como base la información disponible los antecedentes citados, así como la propuesta en comento, esta Comisión se aboco a su estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
El Municipio de Mexicali es parte del Estado de Baja California, representa cerca del 18% de su superficie y 0.7% del país, esto es alrededor de 13,700 km2; su superficie supera a la que cubren individualmente los estados de Querétaro, Aguascalientes, Colima, Morelos, Tlaxcala y el Distrito Federal; su nombre se deriva del anagrama MEXI-co y CALI-fornia. Se encuentra ubicado al norte 32º 43?, al sur 30º 52?de latitud norte; al este 114º 42?y al oeste 115º 56?de longitud oeste, colindando al norte con Estados Unidos de América; al este con Estados Unidos de América, estado de Sonora y el Golfo de California; al sur con el Golfo de California y el municipio de Ensenada; al oeste con los municipios de Ensenada y Tecate y con Estados Unidos de América. (Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico, 1995. Inédito.)
"Los suelos predominantes en el valle de Mexicali son los llamados yermosoles y xerosoles, característicos de zonas áridas y semiáridas, pobres en materia orgánica, los cuales con agua de riego y fertilización adecuada son capaces de una elevada producción agrícola. Así, sólo el 62 por ciento de la superficie del valle es susceptible de explotación agrícola. El grado de mecanización agrícola es de los más avanzados en esta tecnología.
El uso del suelo es agrícola, industrial y turístico. El agrícola está concentrado en el Valle de Mexicali con más de 200 mil hectáreas de tierras fértiles, que está clasificado en los de alta productividad, mediana, baja y muy baja. El de mediana productividad ocupa el primer lugar en producción, le sigue el de alta productividad. El industrial se encuentra concentrado en la zona urbana, algunas empresas están ubicadas a lo largo de la vía del ferrocarril y por lo regular son industrias de transformación. El turístico está ubicado principalmente en el río Hardy y el puerto de San Felipe"1
Los principales ríos de la región son, el río Colorado, el río Hardy y el río Nuevo. El río Colorado, provee agua a México (Mexicali) y a siete estados en el occidente de los Estados Unidos - Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming. Embalses, canales y otras estructuras almacenan el agua del río para esta región sedienta, en Mexicali el destino de sus aguas son el distrito de riego número 14; dotación de agua potable para la ciudad de Mexicali, zonas urbanas del valle y la ciudad de Tijuana por medio del acueducto río Colorado-Tijuana. Las corrientes del río Hardy y río Nuevo, son provocadas por drenajes agrícolas de la región.
Inicialmente el desarrollo de Mexicali fue impulsado por la actividad agrícola; en este valle se practica la agricultura de riego, con una superficie de 340 hectareas, siendo sus principales cultivos el trigo, cebada, algodón, alfalfa, avena, ajonjolí, cártamo, sorgo forrajero, hortalizas, chile, cebolla, betabel, coliflor, jitomate, tomatillo, pepino col, rabanito, cilantro, lechuga, brócoli, calabaza, quelite y espárrago.
Alrededor del distrito de riego número 14, del Valle de Mexicali, se desarrolla la actividad ganadera en diferentes especies como son principalmente bovinos de engorda y lecheros, especies porcinas, aves de corral de engorda y de postura; así como pequeñas explotaciones de ovinos y caprinos.
En el ramo industrial las empresas más importantes son las de elaboración de productos alimenticios como son las pasteurizadoras de lácteos, embotelladoras, molinos de trigo, tortillerías y empacadoras de carne; seguidas de la industria maquiladora, la cual siendo Mexicali pionero en México en este ramo, está altamente desarrollada.
La industria eléctrica se ha desarrollado gracias a las características geológicas; Mexicali cuenta con una planta geotermoeléctrica que es suficiente para abastecer a todo el estado y además exportar este energético.
De la exposición de motivos del punto de acuerdo que nos ocupa se desprende que "la germoeléctrica Cerro Prieto, es una planta independiente de producción separada de la red central de suministro de la CFE, ubicada en tierras dedicadas a la agricultura y propicias para la generación de energía por el calor contenido en el subsuelo, estas condiciones hacen posible la producción de electricidad en gran cantidad."
"Desde hace varios años, productores agrícolas de ejidos cercanos a dicha empresa pública, han manifestado señalamientos de que sus cosechas han venido a la baja por el reducido rendimiento que se ha presentado en cada ciclo de cultivo buscando los motivos de este fenómeno contrario a los intereses de los ciudadanos de esta zona, se encontró que la geotermoelectrica Cerro Prieto en sus actividades diarias de producción, emite elementos químicos tóxicos como Litio, Cadmio, Arsénico, Ácido Sulfhídrico, Boro y Amoniaco, los cuales, son suficientes para evitar que las tierras produzcan normalmente.
Esta información ha obligado a estos productores a buscar una solución a su calamidad acudiendo a distintas dependencias para recibir la ayuda correspondiente y a la que tienen derecho.
Asimismo, se presume que algunos residentes han manifestado enfermedades respiratorias que son imputadas a las emisiones químicas de la planta, lo que es grave desde el punto de vista medico y legal por tener un alto grado de responsabilidad por parte de la Paraestatal en caso de ser verídico.
Consideramos urgente que las dependencias involucradas emitan un diagnostico o estudio real de esta situación y se proporcionen públicamente los resultados con el fin de aplicar una solución efectiva a la brevedad posible, creemos justo que la CFE deba cumplir con su obligación de mantener el equilibrio ecológico y preservar la salud de los ciudadanos.
Es paradójico que una empresa pública, propiedad de los mexicanos se niegue a escuchar un reclamo justo de ciudadanos quienes le expresan la necesidad de que se les consideren tarifas eléctricas acordes a las temperaturas mas altas del país en este municipio y que por otro lado, después de explotarlos de esa manera, les echen a perder sus tierras y deterioren su salud"2
Derivado de la información proporcionada en la exposición de motivos del punto de acuerdo que nos ocupa, asesores de esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realizaron en compañía del Ingeniero Carlos Castro gerente del distrito de Riego del Río Colorado, del presiente de la Asociación de Usuarios de riego Arnulfo Santiago Palacios así como de los representantes de los distintos distritos de riego y productores del Valle de Mexicali, visita a las inmediaciones de la planta geotérmica de cerro Prieto, para después realizar reunión de trabajo con los mismos, en donde expusieron la problemática narrada en párrafos anteriores, agregando que dicha problemática, presumen se ha dado desde hace aproximadamente diez años a la fecha; sin embargo al requerirles un informe o dictamen de parte de universidad, instituto o laboratorio que avale su dicho, manifestaron no tenerlo y que de los que se han realizado no se desprende contaminación alguna, así mismo al sugerirles que acudieran a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para investigar sus presunciones manifestaron ya haberlo realizado y de los estudios de la PROFEPA se corroboro que no existe contaminación por parte de la Geotermica, ya que de hecho la PROFEPA en 2002, entregó el certificado como industria limpia al campo geotérmico de cerro Prieto, donde opera la geotermoelectrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y que actualmente se encuentra en proceso de recertificación.
Oscar Hernández, vocero de la empresa en baja California, afirmó que "para recibir esos reconocimientos, la CFE es sometida constantemente a auditorías ambientales, mediante las cuales comprueba que cumple con toda la normatividad.
Integrantes del Consejo Ciudadano del Valle de Mexicali, denunciaron el miércoles que la geotermoeléctrica afecta tierras productivas y la salud de residentes de zona aledañas a esa planta.
Hernández sostuvo ayer que la CFE cumple con toda la normatividad, tanto ambiental como de procesos y calidad en sus instalaciones a lo larto y ancho del País.
Por sus procesos y calidad, agregó, la empresa obtuvo la certificación ISO 9001 y el ISO 1400 por cumplir con todos los requerimientos de las normas ambientales.
En el caso del campo geotérmico de Cerro Prieto para obtener la recertificación de industria limpia se realizó un diagnostico ambiental desde junio del 2004.
La verificación obtenida en el 2002, aseguró, se tramitó de manera voluntaria y mostró una copia certificada por un notario local de ese documento.
Sobre la presunta afectación a tierras productivas y la salud de residentes de zona aledañas a esa planta, comentó que trabajadores de la misma CFE viven en esos lugares.
Conviven con ellos y no han recibido quejas ni comentarios sobre efectos negativos en su salud o sus propiedades, por la operación de la Geotermoélectrica, sostuvo."3
Por otro la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, tiene la misión de:_ "Procurar la Justicia ambiental a través del estricto cumplimiento de la Ley, desterrando a la vez impunidad, corrupción, indolencia y vacíos de autoridad, haciendo partícipes de esta lucha a todos los sectores de la sociedad y a los tres niveles de gobierno, bajo los más puros principios de equidad y de justicia, bajo los objetivos estratégicos de:
Contener la destrucción de nuestros recursos naturales y revertir los procesos de deterioro ambiental.
Procurar el pleno acceso de la sociedad a la impartición de una justicia ambiental pronta y expedita.
Lograr la participación decidida, informada y responsable de los miembros de la sociedad y de sus organizaciones, en la vigilancia e inducción del cumplimiento de la ley ambiental.
Fortalecer la presencia de la Procuraduría y ampliar su cobertura territorial, con criterio federalista.
Construir una institución moderna y eficiente, bajo criterios de honestidad, transparencia y confiabilidad, transmitiendo así una nueva imagen a la sociedad; y para el logro de los objetivos mencionados, en el periodo 2001 -2006 la PROFEPA aplicará las estrategias institucionales siguientes:
Llevar a cabo la inspección y vigilancia del cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable a las actividades industriales y de servicios, y al aprovechamiento de los recursos naturales.
Fomentar esquemas y mecanismos voluntarios para el cumplimiento de la normatividad ambiental en las actividades industriales y de servicios y en el aprovechamiento de los recursos naturales."4
Por lo que, por todo anterior, y toda vez que la PROFEPA de manera permanente debe llevar a cabo la inspección y vigilancia del cumplimiento de la normatividad ambiental, esta Comisión, encuentra procedente la proposición presentada por el Diputado Hidalgo Contreras Covarrubias, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA), PARA QUE INSTRUMENTE MEDIDAS URGENTES Y VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN TORNO A LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS, Y AL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES, POR PARTE DE LA GEOTERMOELECTRICA CERRO PRIETO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE, EN EL VALLE DE MEXICALI.
SEGUNDO.- SE EHXORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE VERIFIQUE, EMITA Y HAGA LLEGAR A ESTA SOBERANÍA Y A LA PROFEPA UN DIAGNOSTICO PARA DETERMINAR SI LA OPERACIÓN DE LA PLANTA GEOTERMOELÉCTRICA DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) EN CERRO PRIETO, MEXICALI, CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA NOM-024-SSA1-1993 Y SI ALGUNO DE LOS ELEMENTOS O COMPUESTOS QUÍMICOS EMITIDOS POR LA GEOTERMOELÉCTRICA CERRO PRIETO TALES COMO EL LITIO, CADMIO, ARSÉNICO, ÁCIDO SULFHÍDRICO, BORO, AMONIACO Y SÍLICE RESIDUAL PUDIERAN ESTAS SEDIMENTADOS EN LAS TIERRAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLAS CONTIGUAS A DICHA PLANTA, O BIEN SE HAYAN DEPOSITADOS A CIELO ABIERTO.
Notas:
1 Pagina Web del Estado de Baja California. Enciclopedia
de los Municipios de México. Estado de Baja California. Mexicali.
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/bajacalifornia/municipios/02002a.htm
2 Congreso de la Unión, Comisión Permanente,
Presidencia, Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Proposición
con punto de acuerdo presentada por el Diputado Hidalgo Contreras Covarrubias,
exposición de motivos.
3 Gregorio aviles, reportero. La Crónica. Viernes
15 de abril del 2005, Mexicalli, B.C.
4 Pagina Web de la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente. Visión, misión y objetivo de la PROFEPA. http://www.profepa.gob.mx/seccion.asp?it_id=114&sec_id=17&com_id=0
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los __ días del mes de ________ de dos mil Cinco.
Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles
Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano
(rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica),
Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), José Luis
Cabrera Padilla (rúbrica), secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra,
Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría
Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario Ernesto
Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica),
María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo
Enrique Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera
Carrillo, Óscar Rodríguez Cabrera, Julián Nazar Morales,
Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), Roberto
Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa,
Miguel Amezcua Alejo, Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Jacobo
Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo
(rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica),
Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés,
María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Nancy Cárdenas
Sánchez (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SEMARNAT-2002, RELATIVA A LODOS BIOSÓLIDOS, ESPECIFICACIONES Y LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES Y DISPOSICIÓN FINAL, EN LA PLANTA DE PROMOTORA AMBIENTAL DEL SURESTE, SA DE CV (PASA)
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que verifique el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002, relativa a lodos biosolidos, especificaciones y limites máximos permisibles de contaminantes y disposición final, en la planta de la Promotora Ambiental del Sureste, S.A. de C.V. (PASA); presentado por el Diputado Leonardo Álvarez Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:
ANTECEDENTES
1. - Con fecha 19 de enero de 2005, el Diputado Leonardo Álvarez Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que verifique el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002, relativa a lodos biosolidos, especificaciones y limites máximos permisibles de contaminantes y disposición final, en la planta de la Promotora Ambiental del Sureste, S.A. de C.V. (PASA)
2.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha acordó turnar la proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa para su análisis y dictamen, a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
3. - Tomando como base los elementos de información disponibles así como la propuesta multicitada, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
De la exposición de motivos del punto que nos ocupa se advierte que la empresa Promotora Ambiental del Sureste, S. A. De C. V. (PASA), "ante su incapacidad para tratar las miles de toneladas de recortes de perforación base aceite en su planta de Loma de caballo optó por enterrar miles de metros cúbicos en unos terrenos particulares frente a su planta, lo que a largo plazo traerá graves consecuencias al manto freático de la zona.
Ubicada en la Ranchería Anacleto Canabal tercera sección dentro del corredor industrial Loma de Caballo, la empresa continúa enfrentando serios problemas sociales por la contaminación que mantiene desde hace cinco años en este núcleo poblacional.
PASA inicia sus labores en 1988 como OSCA de México, S. A. de C. V., con servicios mediante desorción térmica de recortes de perforación y suelos impregnados con aceite e hidrocarburos; esta fue la primer planta con equipo diseñado por la compañía On-Site México, subsidiaria de Evironmental Safeguard de Houston Texas y a partir del 99 OSCA es comprada por Alberto Garza y cambia a PASA.
PASA utiliza el método de la desorción térmica para tratar tierra contaminada con desechos peligrosos calentándola a una temperatura de 90° C a 540 ° C a fin de que los contaminantes, con su punto de ebullición bajo, se vaporicen, se conviertan en gases y por consiguiente se separen de la tierra. No obstante, obreros de la propia planta denunciaron, ante un periódico de circulación regional, que la empresa no cuenta con la capacidad para tratar las miles de toneladas que diariamente llegan a su planta de la región sur de PEP y de la región Marina por lo que optaron por enterrarlos.
En ese mismo medio, han comentado el temor de que los mantos de agua en el subsuelo de la zona se estén contaminando por el relleno del vaso regulador y de la laguna de la zona, solicitando la intervención de la autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), sin tener hasta la fecha respuesta.
Los obreros y habitantes de Anacleto Canabal aseguraron que PASA no cuenta con espacio para al almacenamiento y tratado correcto de los lodos porque está construyendo una planta de fluidos en la misma área, además de que ya se encuentran en negociaciones con el ayuntamiento de Centro para que ocupen un predio en la parte trasera de los hornos así como la concesión de la planta tratadora de basura.
Consideremos que en este mismo lugar y debido a semejante problema, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió hace casi un año la averiguación previa AP-002/2004-III, interpuesta en las oficinas de la delegación de la PGR Local por el Diputado Verde Ecologista Pascual Bellizia Rosique, quien preside la Comisión de Ecología de la LVIII Legislatura Estatal. En ésta señala que la empresa CARESA, que está manejando residuos de petróleos Mexicanos, se ampara con un permiso que les dio la SEDESPA para disponer residuos perforación base, no obstante no cumple con los términos y condiciones de autorización tirando residuos aceitosos, violando la Ley estatal del medio ambiente.
Ese mismo día, en compañía de un Servidor Público Federal, se confirmó que los camiones de la empresa Promotora Ambiental del sureste, descargan residuos petroleros sin que sean tratados anticipadamente, lo que comprueba el análisis de la empresa Estudios
Profesionales de Contaminación Ambiental de su presunta contaminación de la zona, sin medidas de prevención.
El Estudio Perimetral de Contaminantes en el Aire y Ambiente antes citado, realizado por la empresa Estudios Profesionales de Contaminación Ambiental, reveló que los desechos químicos que Promotora Ambiental del Sureste (PASA) vierte sobre el medio ambiente contienen altos componentes químicos que rebasan el valor permisible establecido en la NOM-024-SSA1-1993.
Dicho documento indica, en un muestreo perimetral de partículas suspendidas totales en el aire ambiente, realizado los días 24, 25, y 26 de abril del 2003, que dichas emisiones químicas rebasan el valor máximo permisible de exposición de 260 ug/m cúbicos establecido en la NOM-024-SSA1-1993"1
No solamente las denuncias han puesto al descubierto la actividad ilícita de dicha empresa, sino que también a través de diversos medios de comunicación se ha dado a conocer la manera irregular con la que opera la empresa Promotora Ambiental del sureste S.A. de C.V. al publicar :
Por la mañana de este miércoles policías preventivos detuvieron a 4 trabajadores de la empresa PASA que trataban de enterrar clandestinamente desechos tóxicos en una parcela de la ranchería Anacleto Canabal.
Por Redacción
Villahermosa, Tabasco 16:43 horas
Miercoles 02 de Marzo de 2005
La policía informó que se detuvo a Amado Ramos, Salomón Torres Pérez, José Alcudia Izquierdo y Víctor Manuel Escobar cuando del camión tipo góndola bajaban materiales tóxicos que trataban de enterrar en una parcela sin autorización alguna y sin las medidas de seguridad necesarias."2
La misma Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en su pagina Web en la sección Noticias de la República, publicó información al respecto, por lo que se presume que ya debiera estar enterada de la problemática que presenta
"PELIGRAN NIÑOS.- Más de 4 mil 500 habitantes de las rancherías Anacleto Canabal segunda y tercera sección, del municipio de Centro de Villahermosa Tabasco, exigieron a las autoridades de Semarnat y Profepa poner un freno a los entierros clandestinos de desechos peligrosos, que las empresas Promotora Ambiental del Sureste, CARESA y Servicios de Incineración de Desechos Hospitalarios, vienen realizando desde hace más de dos años. Maestros de las escuelas primarias "Isabel Pérez Rosado" y "Soledad Graciela Cruz", así como del jardín de niños "24 de Febrero", exigieron a las dependencias federales poner una solución a este problema, ya que ambas instituciones educativas se encuentran ubicadas a escasos metros del tiradero clandestino. (TABASCO HOY)."3
Es sumamente importante y de vital importancia que se verifique el funcionamiento de la multicitada empresa, ya que la SEMARNAT en su página web publicó, que dicha empresa está autorizada para alojar befenilos policlorados (BPC), o también llamados askareles, los cuales se han utilizado desde los años treinta como líquidos aislantes en transformadores donde se requiere una elevada resistencia al fuego y en capacitores por su alta permitividad; sin embargo, esta sustancia al ser liberada, causa efectos adversos inmediatos o retardados sobre el ambiente, por bioacumulación y/o efectos tóxicos sobre los sistemas bióticos.
En la actualidad, se ha detectado la presencia de ciertos isómeros de bifenilos policlorados dentro del medio ambiente tanto en agua, suelo, aire, así como en materiales orgánicos grasos de plantas y animales. Las investigaciones realizadas han demostrado que estos compuestos son extremadamente resistentes a la biodegradación y por su dispersidad, persistencia y acumulación en los ecosistemas se han catalogado como material tóxico ambiental.
Los países industrializados en los últimos 20 años han prohibido la fabricación, venta y uso de bifenilos policlorados y regular de manera estricta los que aún permanecen en uso, principalmente en equipo eléctrico.
México, en los años cuarenta, importó una gran cantidad de sustancias aislantes y equipo eléctrico proveniente de Estados Unidos y Europa; los cuales actualmente siguen operando, sin que hasta el momento se tenga un adecuado control sobre ellos y para sustentarlo se puede hacer mención de los contenedores que durante el año 2001 fueron "depositados" en diferentes puertos del país.
Desde de 1960 empezó la preocupación por estas sustancias, en 1966, después de más de treinta años de uso de los bifenilos policlorados, se dio a conocer, un estudio realizado en el mar Báltico, en donde se demostraba que esta sustancia estaba presente en todos los peces de la región y a partir de eso se supo que estos residuos tóxicos permanecen en los seres vivos a través del tiempo (a esta propiedad de acumulación se le denomina como bioacumulación), causando graves efectos a la salud como cáncer, afectaciones en el aparato reproductor, mutaciones genéticas, daños irreversibles en fetos, impedimento al desarrollo y crecimiento de las plantas.
Por todo lo anterior, diversos países y organismos internacionales suscribieron una serie de acuerdos para hacer frente a este enorme riesgo, siendo uno de los más importantes el Convenio de Basilea, el cual fue firmado y ratificado por 116 países (entre ellos México), mismo que entró en vigor el 15 de mayo de 1992. En dicho acuerdo, se prohíbe la manufactura importación, exportación y venta de BPC, así como de los productos, equipos y artículos que los contengan, controlar los usos actuales, su transporte, manejo y almacenamiento, además de acelerar los procesos necesarios para sustituirlos; fijar controles a los productos, artículos y equipos contaminados con dichas sustancias; disponer adecuadamente los desechos sólidos y líquidos que contengan niveles de BPC superiores a 50 partes por millón (ppm), así como aquellos materiales y equipos que los hayan contenido, y prohibir la incineración o la dilución deliberada de residuos que contengan la sustancia.
Sin embargo, México no cuenta con la infraestructura necesaria para dar el tratamiento que estas sustancias requieren, ya que todos los bifenilos policlorados y sus contenedores deben ser tratados de forma tal que no se atente contra la salud de la gente y el medio ambiente, de ahí que se les exporte a países que cuentan con la capacidad técnica para darles un tratamiento adecuado.
En México, existe legislación que regula el manejo de estos residuos como la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su reglamento y Normas Oficiales Mexicanas; en donde se establece el tratamiento, eliminación, almacenamiento, tratamiento del equipo, reclasificación y disposición final; sin embargo, no se ha llevado a cabo como lo establece la ley, y ahora enterados de que la Planta Promotora Ambiental del Sureste S.A. de C.V., tiene permiso para alojar dichos residuos y la misma presenta graves irregularidades en su funcionamiento, es claro que de no verificar e inspeccionar su actividad se pone en riesgo la salud pública y el medio ambiente.
Por lo que esta Comisión dictaminadora presenta el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA) A VERIFICAR, QUE LA OPERACIÓN DE LA PLANTA PROMOTORA AMBIENTAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., CUMPLE EN TODOS SUS PUNTOS CON LO ESTABLECIDO EN LAS NOM-024-SSA1-1993, NOM-004-SEMARNAT-2000 Y NOM-133-ECOL-2000, Y EN CASO DE ENCONTRAR DEFICIENCIAS O ANIMALÍAS INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES PARA SANCIONAR O EN SU CASO RETIRAR LOS PERMISOS DE ALOJAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS A ESTA COMPAÑÍA.
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES, Y EN SU CASO CONSIGNAR A LOS RESPONSABLES DE PRESUNTAMENTE DESECHAR LODOS RESIDUALES (TÓXICOS) Y ENTERRAR BIFENILOS POLICLORADOS, EN LOS TERRENOS CONTIGUOS DE LA PLANTA PROMOTORA AMBIENTAL DEL SURESTE S.A. DE C.V. (PASA).
TERCERO.- QUE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD, A TRAVÉS DE UNA INSTITUCIÓN ACADÉMICA DEBIDAMENTE ACREDITADA, REALICEN LAS INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS NECESARIOS, A FIN DE ESTABLECER LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN EXISTENTES EN LA PROMOTORA AMBIENTAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., UBICADA EN LA RANCHERÍA ANACLETO CANABAL, TERCERA SECCION DENTRO DEL CORREDOR INDUSTRIAL LOMA DE CABALLO, TABASCO, DONDE SE PRESUME SE ENCUENTRAN MATERIALES Y EQUIPOS QUE CONTENÍAN BPC, Y SE DETERMINE EL IMPACTÓ A LAS COMUNIDADES Y AL MEDIO AMBIENTE; ENTREGANDO LOS RESULTADOS DE LOS MISMOS A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
CUARTO.- SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA), PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES SOLICITE A LA EMPRESA PROMOTORA AMBIENTAL DEL SURESTE, S.A. DE C.V., LA REMEDIACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL Y DE SALUD CAUSADO EN LA LOCALIDAD A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SALUD DE LA POBLACIÓN Y DE UN PROGRAMA DE RESCATE AMBIENTAL, EL CUAL DEBERÁ SER CUBIERTO POR LA MISMA EMPRESA.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 28 días del mes de junio de dos mil cinco.
Notas:
1 Congreso de la Unión, Comisión Permanente,
Presidencia, Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Proposición
con punto de acuerdo presentada por los Diputados Erika Larregui Ángel,
Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán y Leonardo Álvarez
Romo, exposición de motivos fojas 1-4.
2 Sitio Web de la Revista Tabasco Hoy. Villa Hermosa
Tabasco. 02 marzo 2005 http://www.tabascohoy.com.mx/notas/notas.php?nid=72775
3 Sitio Web de la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente. Noticias de la Republica. http://www.profepa.gob.mx/seccion.asp?it_id=18&sec_id=101&com_id=0
Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán
(rúbrica), Presidenta; Francisco J. Lara Arano (rúbrica),
secretario; Roberto A. Aguilar Hernández (rúbrica), secretario;
Carlos M. Rovirosa Ramírez, secretario; José Luis Cabrera
Padilla (rúbrica), secretario; Irene H. Blanco Becerra, Raúl
Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl R. Chavarría Salas
(rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario E. Dávila
Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), María
G. García Velasco (rúbrica), Guillermo Tamborrel Suárez
(rúbrica), Bernardo Loera Carrillo, Óscar Rodríguez
Cabrera, Julián Nazar Morales, Víctor Manuel Alcerreca Sánchez
(rúbrica), Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), Óscar
Félix Ochoa, Miguel Amezcua Alejo, Alfredo Bejos Nicolás
(rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica),
Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández
Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica),
Carlos Silva Valdés, María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica),
Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Adrián Chávez
Ruiz (rúbrica).
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Atención a Grupos Vulnerables les fue turnada para su análisis y dictamen la iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar y su Reglamento, presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45, numeral 6, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 64, 87 y 88, para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas Comisiones son competentes para conocer de la iniciativa en cuestión y por lo tanto someten a la consideración del Pleno el presente dictamen, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
II. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la iniciativa en comento para su análisis y dictamen a la Comisión de Defensa Nacional.
III. En virtud de que la iniciativa contiene disposiciones que afectan directamente a las personas con discapacidad y por ser éste un tema de competencia directa de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a sugerencia de la Comisión de la Defensa Nacional se solicitó la correspondiente ampliación de turno, trámite que fue dictado por la Mesa Directiva con fecha 10 de junio de 2004.
IV. Con el fin de allegarse de los mayores elementos de análisis, que normaran su criterio sobre la iniciativa que les fuera turnada para su correspondiente análisis y dictamen, los CC. diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, realizaron los procesos de consulta y estudio de la misma, para lo cual se solicitaron observaciones en torno a la iniciativa, a instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, así como a diversas organizaciones de la sociedad civil.
V. Tomando como base las opiniones antes mencionadas, se elaboró un anteproyecto de dictamen, mismo que fue entregado con fecha 24 de febrero de 2005, a los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a efecto de que le hicieran comentarios y observaciones, con la finalidad de que fuesen considerados para la elaboración del dictamen correspondiente.
VI. Con fecha 16 de marzo de 2005 la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables se reunió para dictaminar sobre la iniciativa en cuestión.
1.- La iniciativa objeto del presente dictamen, propone reformas, adiciones y derogaciones a los artículos 10, 40, 41 y 48 de la Ley del Servicio Militar y a los artículos 1, 19, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 58, 107, 148, 251, 252, 253 y 254 del Reglamento de la Ley del Servicio Militar.
2.- Con la iniciativa se pretende:
b) Que la Secretaría de la Defensa Nacional realice los estudios respecto de las capacidades de la persona, a efecto de determinar la forma y lugar en que deberá realizarlo.
c) Establecer como concepto de discapacidad, la deficiencia física, mental o sensorial, de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.
d) Modificar el criterio de clasificación de los individuos registrados, en el actual Reglamento de la Ley del Servicio Militar se señala que esta clasificación se hará con base en su estado físico, la iniciativa pretende que esta clasificación se haga según las capacidades físicas, sensoriales y mentales de los registrados.
e) Cambiar del Reglamento vigente las categorías de clasificación de los individuos registrados, de útiles, útiles condicionales e inútiles, por aprobados, condicionales, liberados y adiciona una nueva categoría que es el voluntario, siendo este último la persona con discapacidad que desee realizar el servicio, en cuyo caso el médico deberá establecer sin prejuzgar, señalar, usar palabras o frases humillantes y respetando sobre todo su dignidad humana las capacidades con que cuenta a fin de determinar la forma y lugar en que habrá de prestar el servicio y estableciendo en el certificado médico la leyenda "voluntario".
f) Cambiar el término "inútil" por el de discapacidad o impedimento, por resultar humillante y discriminatorio.
g) Suprimir el requisito de cumplimiento de obligaciones militares o la exhibición de la Cartilla de Identificación para salir del país a personas con discapacidad.
4.- Para abundar en el tema durante el mes de noviembre de 2004, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, realizó Foros Regionales de Análisis de la Legislación sobre la materia de la Comisión, con objeto de establecer espacios de expresión y de opinión sobre el marco legislativo vigente, las políticas públicas y las opciones de desarrollo para los grupos vulnerables, así como propiciar el análisis y las propuestas sobre las iniciativas que sobre estos temas fueron turnadas para dictamen.
En este sentido la sociedad civil externó sus opiniones en el marco de los foros sobre la viabilidad de esta iniciativa.
5.- Derivado de las opiniones tanto de la administración pública, como de la sociedad civil, se desprende lo siguiente:
b) El Servicio Militar Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una obligación que todo mexicano tiene para la defensa de la patria.
c) El Servicio Militar es un mecanismo jurídico para reclutar a los integrantes de las Fuerzas Armadas, para poner en las reservas a todos los habitantes que sean aptos para el servicio de las armas y para cuando sea el caso, la movilización de cuantos contingentes sean necesarios para enfrentarse a cualquier peligro exterior y en el momento de ser requeridos, lleguen al servicio dispuestos y su capacitación sea más rápida y eficaz.
d) En consecuencia al establecer en la Ley del Servicio Militar y su Reglamento, las condiciones para que todo mexicano por nacimiento o naturalización preste su servicio militar, no tiene la finalidad de discriminar y mucho menos atentar contra la dignidad de las personas que por razón de su discapacidad les es imposible tomar las armas.
7.- El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española establece tres acepciones de la palabra "inútil":
1. adj. No útil. Aplicado a personas.
2. adj. Dicho de una persona: Que no puede trabajar
o moverse por impedimento físico.
3. adj. Dicho de una persona: Que no es apta para
el servicio militar.
La referida "inutilidad" no sólo se aplica a personas con discapacidad, también a personas que no son consideradas como tales, pero que por sus características físicas se ubican en la imposibilidad para el desempeño de las armas; específicamente los individuos con pie plano o los daltónicos.
8.- En la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, en sus artículos 4 y 5, se establecen el concepto de discriminación y los supuestos que no serán considerados como conductas discriminatorias, respectivamente:
..."
"Artículo 5 No se considerarán conductas discriminatorias las siguientes:
I. Las acciones legislativas, educativas o de políticas públicas positivas o compensatorias que sin afectar derechos de terceros establezcan tratos diferenciados con el objeto de promover la igualdad real de oportunidades;
II. Las distinciones basadas en capacidades o conocimientos especializados para desempeñar una actividad determinada;
III. La distinción establecida por las instituciones públicas de seguridad social entre sus asegurados y la población en general;
IV. En el ámbito educativo, los requisitos académicos, de evaluación y los límites por razón de edad;
V. Las que se establezcan como requisitos de ingreso o permanencia para el desempeño del servicio público y cualquier otro señalado en los ordenamientos legales;
VI. El trato diferenciado que en su beneficio reciba una persona que padezca alguna enfermedad mental;
VII. Las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que se hagan entre ciudadanos y no ciudadanos, y
VIII. En general, todas las que no tengan el propósito de anular o menoscabar los derechos, y libertades o la igualdad de oportunidades de las personas ni de atentar contra la dignidad humana."
"Artículo 31.- Son obligaciones de los mexicanos:
I.- Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria y secundaria, y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.
II.- Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar;
III.- Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior; y
IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."
Ley del Servicio Militar:
"Artículo 1 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, quienes lo prestarán en el Ejército o en la Armada, como soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes.
En caso de guerra internacional, el Servicio Militar también será obligatorio para los extranjeros, nacionales de los países cobeligerantes de México, que residan en la República.
A los extranjeros que deban prestar servicios militares en México, se les aplicarán, como si fueran mexicanos, todas las disposiciones de esta Ley y de sus Reglamentos, exceptuando lo estipulado o lo que pueda estipularse al respecto, en acuerdos o convenios internacionales."
9.- Otro aspecto que es de resaltar, es el relativo a las reformas propuestas en el Reglamento de la Ley del Servicio Militar, ya que el Congreso de la Unión carece de facultades para reformarlo toda vez que un reglamento pertenece a la esfera administrativa de competencia del Poder Ejecutivo federal, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 89 de la Carta Magna.
I.- Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia;
II. a XX. ...
Si las instalaciones de las Fuerzas Armadas podrían ser accesibles arquitectónicamente para recibir a personas en silla de ruedas.
Si en el caso de las personas sordas contarían con intérpretes de lenguaje de señas o bien el personal estaba capacitado en este sentido y cuenta con la sensibilización para este sector de la población.
Se preguntó también sobre los espacios en donde se podría realizar el servicio militar, ya que la labor de reforestación sería casi imposible en silla de ruedas y dar clases de alfabetización para el sordo no es sencillo. En consecuencia, habría que situar los espacios que serían dispuestos para el Servicio Militar de las personas con discapacidad.
Otro de los inconvenientes se refirió a la aplicación de la justicia militar, en relación a las personas que se encuentran en calidad de conscriptos, los cuales se obligan al cumplimiento de las normas castrenses dentro de las instalaciones militares.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Atención a Grupos Vulnerables acuerdan someter a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:
Acuerdo
Único.- No es de aprobarse la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar y su Reglamento, presentada por el Dip. Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 6 de abril de 2004.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dieciséis días del mes de marzo de dos mil cinco.
Por la Comisión de la Defensa Nacional
Diputados: Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Presidente; Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Fermín Trujillo Fuentes (rúbrica), Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Cristina Portillo Ayala (rúbrica), Juan Antonio Guajardo Anzaldúa (rúbrica), secretarios; José Alberto Aguilar Iñárritu, Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Florentino Domínguez Ordóñez (rúbrica), Abel Echeverría Pineda (rúbrica), José García Ortiz, Roberto Rafael Campa Cifrián (rúbrica), Lino Celaya Luría (rúbrica), Carlos Osvaldo Pano Becerra (rúbrica), María del Consuelo Rodríguez de Alba (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Julián Angulo Góngora (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez, Irene Herminia Blanco Becerra, Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Adriana González Carrillo, José Julián Sacramento Garza (rúbrica), Rubén Mendoza Ayala, Margarita Esther Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Socorro Díaz Palacios, Pablo Franco Hernández (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica voto en contra), Elpidio Tovar de la Cruz, Félix Adrián Fuentes Villalobos.
Por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
Diputados: Adriana González Furlong (rúbrica),
Presidenta; Francisco Javier Bravo Carbajal (rúbrica), Laura Elena
Martínez Rivera (rúbrica), Homero Ríos Murrieta (rúbrica),
Emilio Serrano Jiménez, secretarios; Pablo Anaya Rivera, Gaspar
Ávila Rodríguez, María Ávila Serna, Emilio
Badillo Ramírez, Virginia Yleana Baeza Estrella (rúbrica),
Abraham Bagdadi Estrella, Álvaro Burgos Barrera (rúbrica),
Florencio Collazo Gómez (rúbrica), Santiago Cortés
Sandoval (rúbrica), María Mercedes Rojas Saldaña (rúbrica),
Manuel González Reyes (rúbrica), María del Carmen
Izaguirre Francos (rúbrica abstención), Francisco Javier
Lara Arano (rúbrica), María Isabel Maya Pineda (rúbrica),
Alfonso Moreno Morán (rúbrica), José Luis Naranjo
y Quintana (rúbrica), Omar Ortega Álvarez, Martha Palafox
Gutiérrez (rúbrica), Evangelina Pérez Zaragoza (rúbrica),
Mayela Quiroga Tamez, Martha Leticia Rivera Cisneros (rúbrica),
Benjamín Sagahón Medina (rúbrica), Rocío Sánchez
Pérez (rúbrica), Norma Elizabeth Sotelo Ochoa (rúbrica),
Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez.
DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE NO SE APRUEBA LA INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL
Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto en los numerales 1, 2, fracción VII, y 3 del artículo 39; numeral 1 del artículo 40, numeral 6 incisos e), f) y g) y numeral 7 del artículo 45 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos, así como en los artículos 65, 66, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones en comento someten a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, bajo los siguientes.
Antecedentes
I.- Con fecha 16 de marzo del 2005 en sesión ordinaria le fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen, a la Comisión de Defensa Nacional, la iniciativa con proyecto de decreto que propone la reforma del artículo 56 de la Ley del Servicio Militar Nacional, suscrita por el diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
II.- En reunión plenaria de la Comisión citada, efectuada el 19 de abril del 2005, se sometió a estudio y análisis el presente dictamen bajo las siguientes
Consideraciones
I.- La iniciativa con proyecto de decreto que se analiza establece en el desarrollo de su exposición de motivos.
b. Que resulta imposible que después de tantos años de lucha las personas de capacidades diferentes, encontremos en ordenamientos legales y reglamentarios, expresiones denostativas fuera de todo contexto en nuestras leyes.
c. Que la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada el 9 de diciembre de 1975 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, referente a que el término "impedido" designa a toda persona incapacitada de subvenir por sí misma, en su totalidad o en parte, a las necesidades de una vida individual o social normal a consecuencia de una deficiencia, congénita o no, de sus facultades físicas o mentales.
d. Que el impedido debe ser protegido contra toda explotación, toda reglamentación o todo trato discriminatorio, abusivo o degradante.
e. Que el calificativo de inútil en ordenamientos legales, no se justifica en aras de una terminología militar.
f. Que deben cambiarse las formas, las costumbres y las ideas que tenemos respecto de las personas con capacidades diferentes, quienes deben ser consideradas siempre como útiles para la patria y la sociedad.
Todos los seres humanos somos imperfectos, en mayor o menor grado, cuestión que debe contemplar todo gobierno al definir el bienestar social del sector discapacitado, para la construcción de políticas públicas, ya que de ello dependerá que las acciones de gobierno respondan principalmente a las necesidades reales y prioritarias de los demandantes. El hecho de tener conciencia de este problema, es el primer paso para dar lugar a soluciones reales.
III.- La aplicación del término inútil en el ámbito militar no tiene una connotación humillante ni como fin denigrar la dignidad de las personas, sino que define específicamente el supuesto en el que se encuentran las personas con discapacidad frente al deber de cumplir con el servicio militar, lo que no las excluye de que sus capacidades sean aptas para el desempeño de otro tipo de actividades.
Cabe señalar que la instrucción militar de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 31 de la Carta Magna, es una obligación que todo mexicano está llamado a cumplir para coadyuvar a la defensa de la patria, por lo que no es un derecho susceptible de ejercerse o no.
Es también importante mencionar que la fracción II del artículo 5o. de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación establece que no es considerada una conducta discriminatoria. "Las distinciones basadas en capacidades o conocimientos especializados para desempeñar una actividad determinada".
Por último, en el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar, se otorga la facultad a la Secretaría de la Defensa Nacional para eximir del cumplimiento de este deber a quien esté imposibilitado para hacerlo por causas físicas, morales y sociales, previa comprobación de las mismas.
1. Adj. No útil. Aplicado a personas.
2. Adj. Dicho de una persona: Que no puede trabajar
o moverse por impedimento físico.
3. Adj. Dicho de una persona: Que no es apta
para el servicio militar."
La referida "inutilidad" no sólo se aplica a personas con discapacidad, también a las que no son consideradas como tales, pero que por sus características físicas se ubican en la imposibilidad para el desempeño de las armas; específicamente los individuos con pie plano o los daltónicos.
IV.- Por lo que respecta al artículo 56 del Servicio Militar, que a la letra dice:
Así mismo, el artículo en comento en ningún momento hace referencia a personas con capacidades diferentes, sino a personas que contando con todas sus capacidades, tanto físicas como mentales (individuos inscritos en las listas de los que deban de ser sorteados para servir al activo) actúan bajo circunstancias que traen como consecuencia un delito.
V.- La Comisión de Defensa Nacional, tomando en cuenta las consideraciones anteriores, estima que la sustitución del término "inutilice" por el de "incapacite" en el artículo 56 de la Ley del Servicio Militar, no presenta una reforma de fondo y confunde una incapacidad no provocada con una inutilización provocada, ya sea parcial o total, y que generalmente puede ser temporal, con objeto de sustraerse de la obligación constitucional.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Defensa Nacional acuerda presentar a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Resolutivo:
Único: Con base en el estudio y análisis expresado en las consideraciones del presente dictamen, se considera que no es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que propone la reforma del artículo 56 de la Ley del Servicio Militar Nacional turnada a la Comisión de Defensa Nacional el 16 de marzo del 2005. Túrnese al archivo como un asunto totalmente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2005.
Diputados: Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica),
Presidente; Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Fermín
Trujillo Fuentes (rúbrica), Fernando Antonio Guzmán Pérez
Peláez (rúbrica), Cristina Portillo Ayala (rúbrica),
Juan Antonio Guajardo Anzaldúa (rúbrica), secretarios; José
Alberto Aguilar Iñárritu, Jorge de Jesús Castillo
Cabrera (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Florentino
Domínguez Ordóñez (rúbrica), Abel Echeverría
Pineda (rúbrica), José García Ortiz, Roberto Rafael
Campa Cifrián (rúbrica), Lino Celaya Luría (rúbrica),
Carlos Osvaldo Pano Becerra (rúbrica), María del Consuelo
Rodríguez de Alba (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval Figueroa,
Julián Angulo Góngora (rúbrica), José Erandi
Bermúdez Méndez, Irene Herminia Blanco Becerra, Rodrigo Iván
Cortés Jiménez (rúbrica), Adriana González
Carrillo, José Julián Sacramento Garza (rúbrica),
Rubén Mendoza Ayala, Margarita Esther Zavala Gómez del Campo
(rúbrica), Socorro Díaz Palacios, Pablo Franco Hernández
(rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica voto
en contra), Elpidio Tovar de la Cruz, Félix Adrián Fuentes
Villalobos.
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL, Y DE GOBERNACIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE NO SE APRUEBA LA INICIATIVA QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 29 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 1O. DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS
HONORABLE ASAMBLEA:
Con fundamento en lo dispuesto en los numerales 1, 2 fracción VII y 3 del artículo 39; numeral 1 del artículo 40, numeral 6 incisos e), f) y g) y numeral 7 del artículo 45 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos, así como en los artículos 65, 66, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones en comento someten a consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
I.- En sesión celebrada el 23 de noviembre del 2004, por el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, fue presentada por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Defensa Nacional, para su estudio y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XV recorriendo las subsecuentes un dígito para quedar en XXI, al articulo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal y por el que se reforma la fracción I al artículo 1 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
II.- En reunión Plenaria de la Comisión de Defensa Nacional efectuada el 19 de abril del 2005, y de la Comisión de Gobernación, de fecha 20 de abril del mismo año, se sometió el presente Dictamen a su estudio y análisis bajo las siguientes:
VALORACIÓN DE LA INICIATIVA:
I.- La iniciativa con Proyecto de Decreto que se analiza establece principalmente en el desarrollo de su exposición de motivos que:
b) El propiciar la salud mediante los mecanismos que la tecnología nos brinda, coadyuva al desarrollo de la nación. El abasto suficiente de medicamentos básicos para atender las principales enfermedades que afectan a los mexicanos en su calidad y esperanza de vida es un asunto de seguridad nacional.
c) El gasto en medicamentos por parte del sector salud es enorme, y éste aumenta año con año. La inversión destinada por la federación a través de la Secretaría de Salud en desarrollo científico y tecnológico que tenga por objeto remediar la falta de medicamentos es importante, pero insuficiente, situando al país muy lejos de la autosuficiencia en medicamentos básicos.
d) El gobierno mexicano efectúa principalmente sus compras a través de licitación pública, mediante convocatoria. Ante el escenario de desabasto de medicinas en el sector salud, éste se ve orillado a comprarlas con carácter de urgencia sin previa licitación, ocasionando que aumente el costo de los materiales y suministros, y que se pierdan importantes recursos sin solucionar el problema de raíz.
e) Con la finalidad de atender a la población en situaciones de emergencia, donde se requiere de muchos medicamentos, existe el Plan DN-III-E aplicado por el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. Dicho plan implementado por de la Secretaria de la Defensa Nacional, se fundamenta en la tercera misión general que señala la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que es "Auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas".
f) El Plan DN-III-E se ha aplicado con éxito y se ha mejorado constantemente, actualizando la información con la que se cuenta e incorporando las experiencias que el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos han obtenido de los desastres más significativos. Este Plan es un ejemplo de cómo haciendo uso del Fondo de Recursos para Desastres Naturales, FONDEN, que aporta el Gobierno Federal y forma parte del presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión, ha permitido auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas.
g) Auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas en situaciones de emergencia o en el transitar de la vida cotidiana, exige contar con laboratorios de investigación y producción de medicamentos que tengan por objeto salvaguardar la salud del pueblo de México en todo momento. Para lograr que el elevado costo de los medicamentos disminuya sin afectar su calidad, es necesario invertir en investigación y producción de medicamentos básicos de consumo masivo.
h) El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos deben tener la facultad para investigar y producir los medicamentos que consideren necesarios para, en la medida de lo posible, mantener una sociedad sana, previniendo epidemias, combatiendo el bio-terrorismo y contribuyendo al desarrollo tecnológico del país, además de abastecer al IMSS, ISSSTE y el ISSFAM, con la intención de erradicar el desabasto de medicamentos en nuestro sistema de salud.
I.- El acceso a la salud es un derecho contemplado en los párrafos tercero y sexto del artículo 4o constitucional que el estado mexicano otorga a través de diferentes instituciones federales, estatales y municipales. En el caso particular, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, brindan servicios integrales de salud a sus derechohabientes y excepcionalmente a particulares que lo requieran y sólo mediante cuotas de recuperación.
La Secretaría de la Defensa Nacional cumple con una doble función: por un lado, defender la integridad, independencia y soberanía de la nación mexicana (función operativa) y por otro lado, auxiliar al Ejecutivo Federal como parte de la Administración Pública Federal (función administrativa).
Así, dicha Secretaría desarrolla parte de sus tareas fundamentales, a través de las siguientes líneas estratégicas:
Ejercer soberanía sobre nuestras fronteras.
Coadyuvar en el fortalecimiento de la identidad nacional.
Para esto, es fundamental que el paciente y/o consumidor de medicamentos, como un ser biológico, social, cultural y emocional, entienda cómo usarlos y reciba la medicación correcta que les sea suministrada.
A mayor abundamiento, dentro del Sistema Educativo Militar se ha dado especial atención a la realización de trabajos de desarrollo e investigación científica y tecnológica que abarcan líneas de investigación sobre:
El impulso que la investigación tiene en el desarrollo de nuevos y mejores medicamentos que aporten soluciones reales a las necesidades sanitarias del país, es fundamental, pero debe hacerse por aquellos actores que tengan la capacidad técnica, administrativa y económica necesaria.
III.- Para lograr que un medicamento llegue a las manos de un paciente, es necesario realizar una serie de actividades científicas y tecnológicas como son la investigación, diseño, síntesis, desarrollo, producción, control de calidad, fraccionamiento, envasado, esterilización, almacenamiento, conservación, distribución (cadena de frío), dispensación, administración, monitoreo de su uso y fármaco vigilancia.
Es importante señalar que para la investigación, desarrollo y producción de un sólo medicamento se requieren inversiones de millones de pesos, ya que los llamados medicamentos originales o innovadores desarrollados por los laboratorios farmacéuticos de investigación, aseguran dedicar un alto porcentaje de su presupuesto para innovar en soluciones en la salud y sobretodo que se respeten estándares internacionales de patente.
En México, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canaifarma) representa a más de una centena de laboratorios establecidos, por lo tanto, la realización de nuevas investigaciones en medicamentos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, resultaría poco rentable, teniendo en cuenta que otros producen y venden medicamentos a un precio bajo.
Cabe destacar que las empresas en general hacen un uso efectivo de los procesos administrativos y operacionales para lograr una fuerte posición de competencia en el mercado, por lo que de aceptarse la proposición en estudio causaría que los principales laboratorios de patente asentados en el país, retiraran sus inversiones, lo que se reflejaría en el desempleo directo e indirecto con el consecuente deterioro de una parte de la economía nacional. De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria de Investigación Farmacéutica, que agrupa a 28 empresas entre laboratorios y comercializadoras de medicamentos, dicho sector genera empleo directo a 30,000 personas.
IV.- Se estima que para desarrollar un medicamento se requiere de un proceso de alta complejidad, que suele tomar de 10 a 15 años, y una inversión de alrededor de 800 millones de dólares en ese periodo.
En este orden de ideas debemos tener presente dos argumentos: el primero en lo relativo a los "medicamentos genéricos intercambiables", que son los medicamentos que por haber expirado la patente que le daba exclusividad para producirlo a un laboratorio, pueden ser elaborados por diversos laboratorios, con las mismas características que el medicamento original (misma calidad y efectos terapéuticos) pero se expenden en las farmacias sólo con el nombre genérico del medicamento, es decir, el nombre de la sustancia activa y con un precio más económico.
El segundo, se refiere a "los medicamentos similares o equivalentes", que si bien contienen la misma sustancia activa que los originales, no poseen necesariamente los mismos efectos terapéuticos, ya que para ello intervienen otros factores como la biodisponibilidad (tolerabilidad sistémica) la forma farmacéutica y la vía de administración.
No existe una definición legal o farmacéutica de "medicamento similar". "Similar" es un término coloquial que se utiliza para explicar una semejanza o parecido con algo, pero la semejanza o equivalencia nunca será igual al original.
Los "similares" no cumplen con los mismos estándares de calidad ni pasan las mismas pruebas que los genéricos. Se parecen pero no son iguales a los medicamentos innovadores, por ello no tienen las propiedades adecuadas para curar ya que no cuentan con la misma biodisponibilidad y/o equivalencia.
La política de genéricos intercambiables está orientada a mejorar la calidad de los medicamentos en México, estableciendo controles de calidad de acuerdo con las normas internacionales, imprescindibles para garantizar la calidad con precios accesibles. Los genéricos intercambiables garantizan al consumidor que lo que se adquiere cumple las pruebas de bioequivalencia, lo que hoy no sucede con muchos medicamentos similares.
Lo anterior se relaciona con la iniciativa en estudio ya que en el remoto caso de que la actividad de investigación y producción de medicamentos fuera asignada a la Secretaría de la Defensa Nacional, ésta tendría que realizar sus propias investigaciones o producir medicamentos genéricos intercambiables, y así asegurar la calidad integral, absoluta e indudable de todos aquéllos que produjera.
La referida Secretaría tendría que investigar y producir sus propios medicamentos, ya que no podría apoyarse en la industria farmacéutica existente que investiga y desarrolla, por el hecho de que esta industria está protegida por lo estipulado en el párrafo noveno del artículo 28 de la Carta Magna, que otorga el derecho a gozar por tiempo determinado de la explotación exclusiva de los inventos.
V.- El hecho de proponer que la Secretaría de la Defensa Nacional se encargue de investigar y producir medicamentos que tengan por objeto salvaguardar en todo momento, la condición de salud del pueblo mexicano, es subestimar toda actividad que actualmente realizan tanto la Secretaría de Salud como la institución castrense en favor de la sociedad.
Cabe destacar que es evidente y consta a esta soberanía y a la sociedad, que el presupuesto asignado a la Secretaría de la Defensa Nacional no le ha permitido destinar recursos para cumplir en mejores condiciones las misiones que la nación le encomienda. Esta falta de recursos se refleja principalmente en su infraestructura como se ha visto en los presupuestos correspondientes de los años 2001, 2002, 2003 y 2004, de este último, el 84.34% corresponde al gasto corriente, y el restante se divide principalmente entre materiales, suministros y servicios generales, lo que ha impedido que la institución crezca y se desarrolle adecuadamente en beneficio de la sociedad en su conjunto.
Ahora bien, en caso de asignarle una encomienda más a la Secretaría de la Defensa Nacional, implicaría contemplar una partida especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que es incongruente, cuando al día de hoy el presupuesto de dicha Secretaría es insuficiente para cubrir 28 propuestas de inversión básica en materiales, suministros, servicios generales, adquisición y reparación de bienes muebles e inmuebles y obra pública, equivalente a mil millones de pesos.
En conclusión, se desprende que el escaso presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, y la inexistente infraestructura con que cuenta para que en materia de medicamentos pueda realizar investigación, diseño, síntesis, desarrollo, producción, control de calidad, fraccionamiento, envasado, esterilización, almacenamiento, conservación, distribución (cadena de frío), dispensación, administración, monitoreo de su uso y fármaco vigilancia, hacen poco factible la aplicación que propone la iniciativa en estudio.
Aunado a lo anterior, es necesario observar las circunstancias económicas por las que el país atraviesa y que han originado la reducción del presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin embargo, es conveniente señalar que cuando existan las condiciones óptimas en infraestructura y en materia económica, se podría considerar dicho asunto.
Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Gobernación, acuerdan presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
Resolutivo:
Único: Con base en el estudio y análisis expresado en las consideraciones del presente Dictamen, se considera que no es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XV recorriendo las subsecuentes un dígito para quedar en XXI, al articulo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal y por el que se reforma la fracción I al articulo 1de la Ley Orgánica del Ejercito y Fuerza Aérea, turnada el 23 de noviembre del 2004 a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Gobernación. Túrnese al archivo como un asunto totalmente concluido.
Por la Comisión de Defensa Nacional:
Diputados: Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica) Presidente; Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica) secretario; Fermín Trujillo Fuentes (rúbrica) secretario; Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica) secretario; Cristina Portillo Ayala (rúbrica) secretaria; Juan Antonio Guajardo Anzaldúa (rúbrica) secretario; José Alberto Aguilar Iñarritu, Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Florentino Domínguez Ordoñez (rúbrica), Abel Echeverría Pineda (rúbrica), José García Ortiz, Roberto Rafael Campa Cifrián (rúbrica), Lino Celeya Luria (rúbrica), Carlos Osvaldo Pano Becerra (rúbrica), María del Consuelo Rodríguez de Alba (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Julián Angulo Góngora (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Irene Herminia Blanco Becerra, Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Adriana González Carrillo, José Julián Sacramento Garza (rúbrica), Rubén Mendoza Ayala, Margarita Esther Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Socorro Díaz Palacios, Pablo Franco Hernández, Ana Lilia Guillén Quiroz, Elpidio Tovar de la Cruz, Félix Adrián Fuentes Villalobos.
Por la Comisión de Gobernación
Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Maximino Alejandro Fernández Ávila, Secretario; David Hernández Pérez (rúbrica), secretario; Miguelángel García-Domínguez, secretario; Claudia Ruiz Massieu Salinas secretaria, Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica) secretaria; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López (rúbrica), José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios, Luis Eduardo Espinosa Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales, Jesús Porfirio González Schmal (rúbrica), José González Morfín, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Federico Madrazo Rojas, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica en abstención), José Sigona Torres.
Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2005.
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE NO SE APRUEBA LA INICIATIVA QUE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 2O. DE LA LEY ORGÁNICA DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona un tercer párrafo al artículo 2° de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, presentada por los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar y Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Esta Comisión con fundamento en los artículos 39, 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen en sentido negativo, basándose en los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha veintitrés de junio de dos mil cuatro, los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar y Omar Ortega Álvarez, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en uso de la facultad que les confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentaron ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
2. Con esa misma fecha, veintitrés de junio de dos mil cuatro, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que la iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.
3. Con fecha 29 de septiembre de 2004, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen en sentido negativo.
Contenido de la iniciativa
1. Los iniciadores proponen una adición al artículo 2° de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública con el fin de que los ingresos, por concepto de productos, obtenidos por este organismo, sean puestos a disposición de la Secretaría de Salud para su aplicación en programas de asistencia social, en términos de lo dispuesto por la Ley General de Salud.
2. Expresan los iniciadores que la Lotería Nacional ha incurrido en diversas irregularidades en los donativos que ha realizado a diferentes organizaciones privadas de asistencia social.
3. En la exposición de motivos, los iniciadores señalan que entre las irregularidades más importantes destacan los donativos a organismos que tienen relación con familiares del Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, así como los otorgados a otras empresas, organizaciones y a grupos de índole religioso o de tendencia conservadora.
4. Entre los grupos y organizaciones involucrados que señalan los iniciadores se encuentran: Promoción y Acción Comunitaria, Asociación Mexicana de Diabetes en Guanajuato, Centros de Ayuda a la Mujer del Comité Nacional Provida, Fundación Interamericana Anáhuac para el Desarrollo Social, la Unión de Empresas para la Tecnología en la Educación (UNETE), Fideicomiso Ver Bien para Aprender Mejor, Fundación Mexicana para el Desarrollo y el Tecnológico de Monterrey.
5. La propuesta de adición, según los iniciadores, impediría la discrecionalidad del Ejecutivo para la disposición de los ingresos, de manera que la Lotería Nacional los entere a la Secretaría de Salud para apoyar los actos "que en materia de asistencia social se encuentra obligada a otorgar dicha dependencia del Ejecutivo federal."
Consideraciones
I.- La Administración Pública, para el desarrollo de sus actividades, será centralizada y paraestatal de acuerdo al artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas entidades serán creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo federal y contarán con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adoptaren, conforme al artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
II.- En este tenor, el artículo 1° de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública establece que esta institución es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con patrimonio y personalidad propios. Su objetivo es apoyar económicamente las actividades del Ejecutivo federal en materia de asistencia pública, según el artículo 2° de su misma Ley Orgánica:
(Octava época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación. Septiembre de 1999, P/J 83/99 p. 614.)
IV.- De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° del Reglamento Interior de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, son considerados ingresos de la entidad para la realización de la asistencia social:
Los premios y reintegros que correspondan a billetes de lotería que no se logren vender a terceros, salvo el premio mayor, el que se repartirá en la forma que determine en las bases específicas de cada tipo de sorteos.
Los premios y reintegros a los billetes emitidos que habiéndose vendido, no hayan sido cobrados por los tenedores de dichos billetes, una vez ocurrido el término descriptivo.
Artículo 13. Los ingresos que se recauden por parte de las dependencias o sus órganos administrativos desconcentrados por los diversos conceptos que establece la ley deberán enterarse a la Tesorería de la Federación y deberán reflejarse, cualquiera que sea su naturaleza, tanto en los registros de la propia Tesorería como en la cuenta de la Hacienda Pública Federal
Por lo tanto, los recursos de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, una vez sean deducidos el monto de los premios, reintegros y gastos de administración, así como los correspondientes a incrementar las reservas y las garantías de la institución, serán enterados a la Tesorería de la Federación para el cumplimiento de su destino específico, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2°, párrafo segundo, de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional así como en el artículo 4° de su Reglamento Interior:
Dichos recursos, una vez deducidos el monto de los premios, reintegros y gastos de administración, así como el importe que se asigne para formar e incrementar las reservas y garantías a que se refiero esta ley, serán enterados a la Tesorería de la Federación para el cumplimiento de su destino específico.
Artículo 4° (Reglamento Interior de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública)
Los recursos que en términos del artículo 2° de la Ley Orgánica de la Institución ésta deba enterar a la Tesorería de la Federación para el cumplimiento de su destino específico, serán remitidos a dicha Dependencia de conformidad con el procedimiento que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y demás disposiciones legales aplicables.
I. ...
II. ...
III. Fideicomisos
VIII.- A decir de los iniciantes que "entre las irregularidades más importantes destacan los donativos relacionados con la familia Fox, así como a empresarios que representan importantes organizaciones y grupos conservadores y religiosos, fundamentalmente a favor del fideicomiso Transforma México...", cabe mencionar que el órgano "Transforma México" es auxiliar y no beneficiario de los recursos de la Lotería Nacional destinados a asociaciones de asistencia social privadas, los recursos no se otorgan "fundamentalmente a favor de..." más bien el fideicomiso estudia el destino de los recursos enterados.
IX.- La distribución de recursos del fideicomiso está regulada por la supervisión del Comité de Vigilancia del cual forma parte la Tesorería de la Federación para verificar que los ingresos referidos se destinen al fin para que fueron autorizados, de acuerdo al artículo 13, párrafo V, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004. Si tienen un destino específico, en este caso el de asistencia pública, el mismo artículo 13, párrafo II de la ley en comento dice:
Tratándose de ingresos a que se refiere el párrafo que antecede que se destinen a un fin específico, deberán depositarse en una cuenta a nombre de la dependencia generadora de los ingresos, debidamente registrada ante la Tesorería de la Federación, a fin de que la propia Tesorería ejerza facultades para comprobar el cumplimiento del destino específico autorizado en los términos de esta ley...
XI.- Por lo que se refiere a la propuesta de los iniciantes para que la Lotería Nacional ponga a disposición de la Secretaría de Salud sus ingresos, la Ley General de Salud establece:
Asimismo, procurará destinar los apoyos necesarios a los programas de asistencia social, para fomentar la ampliación de los beneficios de su actividad, dando las normas para los mismos.
I. Establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general...
II. ...
III. Aplicar a la Asistencia Pública los fondos que le proporcionen la Lotería Nacional y los Pronósticos para la Asistencia Pública; y administrar el patrimonio de la Beneficencia Pública en el Distrito Federal, en los términos de las disposiciones aplicables, a fin de apoyar los programas de servicios de salud;...
IV. ...
Cuando las leyes destinen los fondos a un fin determinado y para ser aprovechados en actividades de la Administración Pública Federal, sólo podrá disponerse de ellos por aplicación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
XIV.- La competencia de la Secretaría de Salud está claramente delimitada por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Salud. En materia de Asistencia Social, pública o privada, la Secretaría conduce y establece las políticas nacionales y su aplicación; no capta ni dispone de los fondos que proporcione la Lotería Nacional.
XV.- Al atribuir a la Secretaría de Salud la facultad para captar los ingresos de la Lotería Nacional, se rompería con el principio de unidad presupuestal por el cual los fondos percibidos por las entidades de la Administración Pública Federal, se concentran en la Tesorería de la Federación para disponer de ellos por aplicación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
XVI.- Filialmente, de existir irregularidades en la aplicación de recursos públicos, nuestro sistema jurídico cuenta con las instancias competentes para delimitar las responsabilidades, ya sea a través de los Comités de Vigilancia donde forma parte la Tesorería de la Federación, de la Auditoría Superior de la Federación o de la Secretaría de la Función Pública y, en su caso al Ministerio Público, independientemente de los mecanismos de control con los que cliente la Secretaría de Salud.
Por lo anterior expuesto, los suscritos integrantes de la Comisión de Gobernación someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:
Acuerdo
Primero.- No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 2° de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
Segundo.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, DF, a los 29 días del mes de septiembre de dos mil cuatro.
Por la Comisión de Gobernación
Diputados: Julián Angulo Góngora
(rúbrica), Presidente; David Hernández Pérez (rúbrica),
secretario; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), secretaria;
Miguelángel García-Domínguez, secretario; Claudia
Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), secretaria; Maximino Alejandro Fernández
Ávila (rúbrica), secretario; José Porfirio Alarcón
Hernández (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica),
Fernando Álvarez Monje (rúbrica), José González
Morfín (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica),
Jesús González Schmal (rúbrica con adhesión
al voto particular del diputado Miguelángel García-Domínguez),
Pablo Bedolla López (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez
de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez
(rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica),
José Sigona Torres, Socorro Díaz Palacios (rúbrica
con adhesión al voto particular del diputado Miguelángel
García-Domínguez), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica),
Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica con adhesión
al voto particular del diputado Miguelángel García-Domínguez),
Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Gonzalo Moreno
Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica),
Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Daniel Ordóñez
Hernández, Sergio Vázquez García (rúbrica),
José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha
Medina (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano (rúbrica).
Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos voto particular al dictamen que en sentido negativo presenta la Comisión de Gobernación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona un tercer párrafo al artículo 2° de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
Con fecha veintitrés de junio de dos mil cuatro, los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar y Omar Ortega Álvarez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en uso de la facultad que les confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentaron ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública; misma que fue turnada a esta Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.
La Iniciativa en comento, que adiciona un tercer párrafo al artículo 2° de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, proponía que los ingresos, que por concepto de productos, obtenidos por este organismo, fueran puestos a disposición de la Secretaría de Salud para su aplicación en programas de asistencia social, en términos de lo dispuesto por la Ley General de Salud.
Es importante señalar que con dicha iniciativa se busca detener el manejo discrecional que el gobierno de la República, a través del fideicomiso Transforma México, estaba haciendo de los recursos públicos. Como todos saben, las irregularidades detectadas llevaron a la renuncia de la directora de la Lotería Nacional, Laura Valdez y al nombramiento de un nuevo Director, al diputado federal priísta Tomas Ruiz, en una alianza política del gobierno federal, con un sector del PRI; propenso a establecer acuerdos para limpiar posibles actos de corrupción o irregularidades en las que hubieren incurrido en su momento, la directora de la Lotenal.
A pesar de que públicamente se conocen los apoyos y los recursos que dicha funcionaria otorgó a asociaciones civiles vinculadas al gobierno federal, al presidente de la República, a asociaciones civiles denunciadas ya ante las autoridades correspondientes por el manejo que hicieron de los recursos públicos, como Provida; esta Comisión no se avocó a realizar un estudio y análisis detallado de la reforma y adición propuesta, con el fin de que el Ejecutivo Federal, vía los fideicomisos, deje de manejar discrecional mente los ingresos que capta la Lotería Nacional.
La Comisión de Gobernación no entró al fondo del asunto y en los considerandos que presenta para dictaminar en sentido negativo la Iniciativa de reforma, encontramos algunas inconsistencias.
1.- En el Considerando VII, en el que se señala que el 31 de agosto de 2001, el presidente de la República, Vicente Fox, anunció la creación del fideicomiso Público "Transforma México", de la Lotería Nacional, con el propósito de dar transparencia y eficiencia al destino de los recursos que se canalizan a obras altruistas a través de instituciones de asistencia social privadas"; fue esto precisamente lo que no se cumplió, el manejo transparente y eficaz, pues a todas luces se ha probado del manejo que se hizo de dichos recursos, un manejo totalmente discrecional, que favoreció a organizaciones que como Provida, han sido señaladas y denunciadas por el manejo que hicieron de los recursos públicos.
Aquí el gobierno federal tiene que asumir sus responsabilidades, pero el Poder Legislativo tiene que velar por que esto no vuelva a ocurrir, y aquí es donde se inscribía el propósito de dicha iniciativa, que los recursos se destinen a la asistencia pública y ya no más a fideicomisos que privilegien a asociaciones vinculadas al presidente de la República y a sus familias.
2.- En el considerando X, se afirma que los ingresos de la Lotería Nacional no son productos, sino ingresos que obtiene dicho ente en su calidad de organismo descentralizado.
Al respecto, resulta importante destacar que dichos ingresos son considerados "Productos" por la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, según el artículo 1°. Apartado A, Fracción V titulada "Productos", Numeral 2 "Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio privado", letra E "Utilidades", inciso b) "De la Lotería Nacional para la Asistencia Pública", por lo que lo señalado en este considerando es un absurdo.
3.- En el considerando XIII se señala que la facultad de la SSA se reduce ha establecer la distribución de los recursos, con lo cual estamos de acuerdo, porque la iniciativa dice únicamente que "los ingresos que por concepto de productos obtenga el organismo se pondrán a la disposición de la Secretaría de Salud para su aplicación en los programas de asistencia social...", sin que en ninguna parte se diga que lo hará directamente la SSA.
4.- En el considerando XIV se dice que la SSA sólo establece las políticas, pero "no capta ni dispone de los fondos que proporcione la Lotería Nacional", lo cual no es ningún impedimento para que lo hagamos con la reforma que se propone ya que no entraría en contradicción con la Ley General de Salud, y como consecuencia de la reforma, el Reglamento tendría que ser modificado.
5.- En el considerando XV se alude a que la propuesta rompe con el principio de "unidad presupuestal", lo cual es falso, porque el hecho de que algunos ingresos vayan atados a cierto gasto no impide que se aplique la Ley de la Tesorería de la Federación, porque es la ley especial aplicable a todo tipo de ingresos, y en ninguna parte de la Iniciativa se señala un procedimiento distinto al previsto en la Ley de la Tesorería de la Federación.
6.- En el considerando XVI se alude a la presunta existencia de irregularidades en la aplicación de los recursos públicos. Al respecto cabe señalar que fueron precisamente las irregularidades detectadas lo que desató toda la serie de aclaraciones, renuncias y remociones de funcionarios de la Lotería Nacional. Y que dicha Comisión no debió avocarse únicamente a las consideraciones, sino tomar en cuenta, la viabilidad de dicha Iniciativa.
La Comisión, con este considerando, se está convirtiendo en defensor del Ejecutivo Federal.
Al respecto, cabe reiterar que la propuesta, independientemente de lo que señala el considerando, pretende que los recursos obtenidos por la Lotería Nacional sean puestos a disposición de la Secretaría de Salud, con la finalidad de que no se vuelvan a presentar manejos discrecionales.
Por todas las consideraciones arriba señaladas, y en virtud de que priva entre los integrantes de la Comisión un ánimo de descalificar sin argumentos la iniciativa dictaminada, presentamos, este voto particular, con fundamento en lo establece el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos.
Estamos ciertos de que llegará el momento de que los legisladores que mantienen una mayoría en este órgano legislativo, voten las iniciativas de los legisladores, privilegiando la viabilidad jurídica y la argumentación política, y no se conviertan en simples protectores de las conductas irregulares de funcionarios del gobierno federal.
Suscriben este voto particular:
Diputados: Miguelángel García-Domínguez
(rúbrica), Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Socorro
Díaz Palacios (rúbrica), Jesús Porfirio González
Schmal (rúbrica, con mi respetuosa adhesión).
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Desarrollo Social de la Honorable Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que adiciona una fracción décima al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por el Diputado Enrique Guerrero Santana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con fundamento en los dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes
Antecedentes
En sesión celebrada el día 12 de abril de 2005, el Diputado Enrique Guerrero Santana presentó esta iniciativa y la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados la turnó en la misma fecha a la Comisión de Desarrollo Social para realizar el estudio y dictamen correspondiente.
A partir de estos antecedentes, la Comisión expone los siguientes
Considerandos
Primero.- Que la educación es parte fundamental en el buen desarrollo de la sociedad. Proporcionar una educación digna y de nivel a los niños y jóvenes es un instrumento eficaz para la erradicación o disminución de la marginación y la pobreza social.
Segundo.- Combatir el rezago cultural y educativo mediante políticas públicas encaminadas a mejorar la formación de la infancia y juventud es invertir en el futuro del país y mejorar las expectativas de superación a nivel personal de los educandos, que se integrarán en unos años a nuestra producción, material o intelectual.
Tercero.- La desnutrición infantil es un grave problema de salud pública que impacta a la sociedad al inhibir los niveles de aprendizaje de los niños y jóvenes, que salen de los planteles con una pobre educación que los colocará en posiciones desventajosas en el mercado laboral.
Cuarto.- El Informe del Banco Mundial Sobre la Pobreza en México, citado en la iniciativa en comento, expresa que México ha experimentado considerables avances en muchas dimensiones cuantificables del bienestar en las últimas décadas. Pero se anota que el progreso no ha sido uniforme entre los indicadores tomados en cuenta. Es grande y constante en salud; grande pero decreciente en educación y más variables con respecto a los ingresos luego de las crisis económicas de los ochenta y mediados de los noventa. La reducción del analfabetismo es ligeramente mejor, lo que refleja la expansión histórica de la educación básica, pero la matriculación secundaria no es mejor.
Quinto.- El efecto que la desnutrición tiene en los bajos rendimientos educativos es fundamental, además de ser un problema grave de salud pública, que afecta fundamentalmente a los menores de cinco años del medio rural.
Sexto.- Este impacto es duradero, puesto que el niño mal nutrido tiene una menor captación en el proceso de aprendizaje, lo cual se refleja en una menor capacitación, que lo pone en inferioridad de condiciones para su inserción social y productiva.
Séptimo.- La desnutrición es grave en los sectores rurales, fundamentalmente en las comunidades rurales e indígenas. El Instituto Mexicano del Seguro Social establece que los trastornos asociados a la desnutrición son responsables de un alto porcentaje de muertes infantiles.
Octavo.- La iniciativa que se estudia expresa una preocupación de orden social, dirigida a apoyar a los niños que concurren a la educación preescolar y primaria, en comunidades rurales en municipios en pobreza extrema y marginación, que carecen de los mínimos niveles de nutrición.
Noveno.- Se propone en la iniciativa, como elementos para la protección de la salud de los menores, que se instalen en los planteles educativos cocinas, comedores, lavamanos para quienes preparan desayunos y comidas, así como bebederos que provean de agua filtrada, todo lo cual ya es atendido en programas de gobierno educativos o de desarrollo, dado que por su nivel de particularidad no son objetos de la ley.
Décimo.- Además, la fracción V del mencionado artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, ya establece como prioritarios y de interés público "los programas y acciones públicas para asegurar la alimentación y nutrición materno-infantil", lo cual comprende, lo previsto en la iniciativa en comento.
Por lo expuesto, los legisladores integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, después de haber realizado el estudio y análisis de la iniciativa presentada, emiten el siguiente
Dictamen
Único.- Se desecha la iniciativa de adición de una fracción X al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, por considerarla redundante respecto a otras fracciones de la misma disposición.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de mayo de 2005.
Diputados: Beatriz Zavala Peniche (rúbrica),
Presidenta; Carlos Flores Rico (rúbrica), Sonia Rincón Chanona
(rúbrica), Armando Rangel Hernández (rúbrica), Julio
Boltvinik Kalinka, secretarios; Ubaldo Aguilar Flores (rúbrica),
Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Myriam de Lourdes
Arabian Couttolenc (rúbrica), Clara Marina Brugada Molina, Elpidio
Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos
(rúbrica), Rafael Flores Mendoza (rúbrica), Víctor
Flores Morales (rúbrica), Armando Leyson Castro (rúbrica),
José López Medina (rúbrica), Felipe Medina Santos,
María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica), Eugenio Mier y
Concha Campos, Gerardo Montenegro Ibarra, Gelacio Montiel Fuentes, Mario
Moreno Arcos (rúbrica), Juan Carlos Núñez Armas (rúbrica),
Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez
(rúbrica), Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica), Renato
Sandoval Franco (rúbrica), María Guadalupe Suárez
Ponce (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez
(rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez, Quintín Vázquez
García (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE NO SE APRUEBA LA INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 195 Y 199 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL
La Comisión Justicia y Derechos Humanos, de conformidad con las facultades que le confieren los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g) y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo Congreso General, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen de
La iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 195 y 199 del Código Penal Federal
Antecedentes
Primero.- En sesión celebrada el 2 de Junio de 2004 por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se recibió de la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 195 y 199 del Código Penal Federal.
Segundo.- La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, acordó se turnara, en fecha 2 de Junio de 2004, dicha iniciativa, a la Comisión Justicia y Derechos Humanos, con número de oficio CP2R1AE.-344
Tercero.- Los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la LIX Legislatura, procedieron al estudio de la iniciativa aludida, habiendo efectuado múltiples razonamientos sobre los conceptos que contenidos, por lo que, en consecuencia se exponen las siguientes:
Consideraciones
Primera.- Esta iniciativa expone que el uso de drogas en nuestro país es un problema muy grave que avanza diariamente. Con ello, el ser humano como parte integrante del Estado, cada día se ve mas debilitado debido a los efectos físicos, psicológicos y emocionales que producen el consumo de drogas, y este tipo de daños afecta a la familia, a la sociedad y al Estado.
Segunda.- Asimismo, se expone que debido a que es un problema de salud pública, se llega a la conclusión de que es necesario que de inmediato se adopten las medidas necesarias, que eviten el consumo de drogas por parte de la población, ya que una sociedad que permita el consumo indiscriminado de drogas, tarde o temprano se verá paralizada hasta desaparecer, debido a que sus personas ya no pueden actuar con voluntad y físicamente quedan impedidos para llevar a cabo las actividades más elementales.
Tercera.- La iniciativa en cuestión, propone que a fin de cambiar substancialmente la óptica de combate al narcotráfico, se debe penalizar también el consumo de drogas, y como ejemplo de ello, señala que en diversos textos legales de países como Francia, República Dominicana, Guinea Ecuatorial, entre otros, ya penaliza dicho consumo. Por otra parte, el narcotráfico, cada día encuentra nuevos métodos y técnicas para continuar con su desarrollo que hacen imposible la erradicación de este tipo de actividades ilícitas.
Cuarta.- Asimismo, se sostiene en la iniciativa, que el no penalizar el consumo de drogas se constituye un gran aliado de narcotráfico ya que es común que los verdaderos traficantes al menudeo, que llegan a ser capturados, argumentan ser fármaco-dependientes, y que no son consignados a un juez escudándose en este texto legal. Por ello se propone como solución que, a quien posea drogas, cuya venta al público esta prohibida, sin importar su cantidad, tendrá que ser consignado a un juez, quien les impondrá la sanción correspondiente. En este sentido, esta Comisión Dictaminadora estima inconveniente imponer una sanción de tipo penal a las personas que consumen este tipo de substancias, ya que, por una parte, las personas que son fármaco-dependientes, clínicamente padecen una enfermedad, que les obliga a ello y, por la otra, quienes son adictos a estupefacientes, necesitan más que ser sancionados penalmente, de una efectiva rehabilitación para que se integren a la sociedad, es por eso que lejos de imponerse sanciones de tipo penal, el Estado debe fortalecer los mecanismos y programas para evitar el consumo de estupefacientes.
Quinta.- En la iniciativa en cuestión, se propone la creación de prisiones especiales para las personas que consumen estupefacientes en donde además de cumplir una pena privativa de la libertad, sean rehabilitadas. En este sentido la Comisión de Justicia y Derechos Humanos considera, que serían excesivas las erogaciones del Estado para la creación de este tipo de espacios, ya que, para nadie es desconocido que, en la actualidad los centros de readaptación existentes, no son suficientes y en la mayoría de los casos, están excedidos en su capacidad y además se estima que, crear nuevos centros de readaptación, operen efectivos programas de prevención. Por otra parte, esta Comisión considera la necesidad de fortalecer las campañas en los medios de comunicación masivos, en donde se explique a la población, sobre los riesgos y consecuencias que están asociadas con el consumo de estupefacientes, ya que este tipo de medios llegan a todos los sectores de la población.
Sexta.- Esta Comisión Dictaminadora considera que la presente iniciativa aborda importantes aspectos sobre el tráfico y consumo de estupefacientes; sin embargo, también estima importante señalar que, la drogadicción al igual que el alcoholismo y otras adicciones, son enfermedades y que deben ser tratadas como tales, y que el penalizar el consumo de las substancias que las provocan, tendría consecuencias negativas para el entorno social. Reiteramos que la solución a éste y otros tantos problemas sociales, no estriba en la creación de nuevas figuras delictivas, sino en implementar eficaces mecanismos de la cultura de la prevención. Finalmente, no compartimos la propuesta de destinar el tres por ciento del total del presupuesto de Egresos de la Federación para la prevención, toda vez que, si bien es cierto que es un problema complejo y cuya solución es improrrogable, también lo es que resulta por demás elevada, debido a que actualmente se destinan importantes recursos en el combate al narcotráfico y que de igual manera, existen algunas campañas en los medios de comunicación que dan a conocer claramente los efectos nocivos para la salud y que el Estado debe atender, otros aspectos de la salud pública.
Por lo anterior, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, si bien coincide en que actualmente el consumo de psicotrópicos va en aumento, también considera que el sancionar penalmente el consumo de estupefacientes no tendría ningún efecto sobre la reducción en el consumo de este tipo de substancias. Por otra parte es importante señalar que el Estado realiza acciones que van encaminadas al combate efectivo del narcotráfico.
De tal forma, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, no aprueba el contenido de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 195 y 199 del Código Penal Federal por las razones antes mencionadas.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la H. Cámara de Diputados
Acuerda
Primero.- Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 195 Y 199 del Código Penal Federal.
Segundo.- Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y envíese el expediente de la presente iniciativa como asunto totalmente concluido al archivo de la oficina administradora correspondiente de esta H. Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a veintiuno de junio de dos mil cinco.
Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Diputados: Rebeca Godínez y Bravo, Presidenta
(rúbrica); Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), secretaria;
Amalín Yabur Elías (rúbrica), secretaria; Miguel Ángel
Llera Bello (rúbrica), secretario; Francisco Javier Valdéz
de Anda (rúbrica), secretario; Miguelángel García-Domínguez
(rúbrica), secretario; Félix Adrián Fuentes Villalobos,
secretario; María de Jesús Agruirre Maldonado (rúbrica),
Mario Carlos Culebro Velasco, José Luis García Mercado, Blanca
Estela Gómez Carmona (rúbrica), Martha Laguette Lardizábal
(rúbrica), Consuelo Muro Urista, Mayela María de Lourdes
Quiroga Tamez (rúbrica), María Sara Rocha Medina, Heliodoro
Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval
Figueroa, Bernardo Vega Carlos, Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica),
Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, Ernesto Herrera
Tovar, Sergio Penagos García, Leticia Socorro Userralde Gordillo
(rúbrica), Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Margarita
Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Francisco Diego Aguilar
(rúbrica), Angélica de la Peña Gómez (rúbrica),
Eliana García Laguna (rúbrica), Diana Rosalía Ladrón
de Guevara, Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE NO SE APRUEBA LA INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 294 Y 296 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y 194 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
Honorable Asamblea:
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de la:
Iniciativa que reforma los artículos 294 y 296 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales
Antecedentes
Primero.- En sesión celebrada en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en fecha 20 de Abril de 2004, el diputado Jorge A. Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 194 del Código Penal Federal y los artículos 294 y 296 del Código de Procedimientos Penales.
Segundo.- La Mesa Directiva, en esa misma fecha, mediante oficio número, D.G.P.L. 59-II-2-510, acordó se turnara a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos dicha iniciativa, la cual presenta este dictamen al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Primera.- Expone el autor de la iniciativa que la sociedad debe considerar de manera importante la atención prioritaria de los menores y sobre todo de aquellos que cuentan con cinco años o menos, se ha sido testigo de cómo se practica la violencia por parte de los adultos en contra de los menores de quienes tienen la responsabilidad de cuidar, sin importar su condición indefensa y su falta de capacidad de poder realizar la denuncia verbal de la agresión que sufren.
Segunda.- Que debemos evitar que se incremente la violencia hacia los menores, del abuso que se les comete a través de la explotación, debiéndonos fijar como meta que dichas conductas sean erradicadas por completo y sancionados con todo rigor por la ley a aquellos que perjudican gravemente a nuestros menores.
Tercera.- Que la importancia de la iniciativa radica que en pocos estados de la Federación se considera como grave el delito de lesiones a menores de edad, por lo que se trata de unificar el criterio e incluirlo dentro del Código Federal de Procedimientos Penales; asimismo establecer un nuevo tipo penal para proteger a los menores de cualquier agresión al imponer pena a la persona que se le haya depositado a un menor por tiempo determinado a causa de una relación laboral.
Cuarta.- Ahora bien la Comisión que hoy dictamina, considerando que la revisión y actualización de las normas jurídicas constituyen uno de los principales compromisos de este órgano legislativo, ha llevado a cabo el estudio y análisis de las reformas a los ordenamientos legales que se proponen, siendo de gran importancia la preocupación del diputado presentante de establecer el tipo penal para castigar a las personas que infieran lesiones a menores de edad que se les haya depositado por tiempo determinado a causa de una relación laboral.
Quinta.- La presente iniciativa pretende reformar los artículos 294 y 296 de Código Penal Federal, sin embargo, podemos ver en este texto legal que dichos artículos se encuentran derogados, en fechas 13 de enero de 1984 y 23 de diciembre de 1985, respectivamente, según publicación en el Diario Oficial de la Federación; por otra parte, debemos decir que reformar, significa cambiar un texto a las disposiciones ya existentes, lo que en el presente caso no podría aplicarse ya que los artículos propuestos para reformar se encuentran derogados, además la reformabilidad de las leyes de acuerdo a nuestra Constitución tiene un proceso legislativo, entendiéndose como tal: "la serie ordenada de actos que realizan los órganos de gobierno a fin de crear, aprobar o expedir una norma", así es, como en el inciso F del artículo 72 de la Constitución Federal dispone que en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.
Sexta.- Hemos dicho que es importante la preocupación de castigar a las personas que infieran lesiones a menores de edad que se les haya depositado por tiempo determinado a causa de una relación laboral, pero debemos tomar en consideración que nuestra legislación penal contempla en cuanto al delito de lesiones, que estas, deberán ser clasificadas de acuerdo a un certificado medico legal, para con ello poder adecuar la penalidad; en el presente caso, la conducta que se pretende tipificar de acuerdo a la forma y condiciones de realización es una lesión calificada por considerar que podría contener agravantes del delito, esto es, la premeditación, ventaja, alevosía y traición, por lo que al respecto aunado a la penalidad que le correspondería de acuerdo con su propia clasificación, resultaría aplicable lo que dispone el artículo 298 del propio Código Penal Federal que refiere: "Al responsable de una lesión calificada se le aumentará la sanción hasta el doble de la que corresponda por la lesión causada".
Por lo anteriormente expuesto, resulta improcedente la reforma que se propone a los artículos 294 y 296 del Código Penal Federal así como el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Por lo anterior la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la H. Cámara de Diputados somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente
Acuerdo
Primero.- Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 294 y 296 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Segundo.- Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y envíese el expediente de la presente iniciativa como asunto totalmente concluido al archivo de la oficina administradora correspondiente de esta H. Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro a veintiuno de junio de dos mil cinco.
Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Diputados: Rebeca Godínez y Bravo, Presidenta
(rúbrica); Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), secretaria;
Amalín Yabur Elías (rúbrica), secretaria; Miguel Ángel
Llera Bello (rúbrica), secretario; Francisco Javier Valdéz
de Anda (rúbrica), secretario; Miguelángel García-Domínguez
(rúbrica), secretario; Félix Adrián Fuentes Villalobos,
secretario; María de Jesús Agruirre Maldonado (rúbrica),
Mario Carlos Culebro Velasco, José Luis García Mercado, Blanca
Estela Gómez Carmona (rúbrica), Martha Laguette Lardizábal
(rúbrica), Consuelo Muro Urista, Mayela María de Lourdes
Quiroga Tamez (rúbrica), María Sara Rocha Medina, Heliodoro
Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Jorge Leonel Sandoval
Figueroa, Bernardo Vega Carlos, Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica),
Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, Ernesto Herrera
Tovar, Sergio Penagos García, Leticia Socorro Userralde Gordillo
(rúbrica), Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Margarita
Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Francisco Diego Aguilar
(rúbrica), Angélica de la Peña Gómez (rúbrica),
Eliana García Laguna (rúbrica), Diana Rosalía Ladrón
de Guevara, Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbrica).
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, Y DE CULTURA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE NO SE APRUEBA LA INICIATIVA QUE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO
Honorable Asamblea:
Las Comisiones Unidas de Educación y Servicios Educativos y de Cultura somete a su consideración Dictamen sobre la Iniciativa para Fomentar el uso del sistema de lectura braille en las bibliotecas, y el Proyecto de Decreto para reformar la fracción VIII del artículo 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de que se acompaña.
Antecedentes
La iniciativa que se dictamina fue presentada a este Pleno por el Dip. Raúl Piña Horta a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el día 22 de abril de 2004, y publicada en el número 1482 de la Gaceta Parlamentaria, habiéndole correspondido en número 413 en el orden consecutivo.
Una vez que la Mesa Directiva constató que la Iniciativa cumple con los requisitos para ser admitida a discusión y fue publicada en tiempo y forma en la Gaceta Parlamentaria, la turnó a estas Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura para los efectos conducentes.
La Junta Directiva de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos remitió la Iniciativa a la Subcomisión de Educación Básica e Inicial, que procedió a determinar las facultades del Congreso de la Unión para legislar en la materia, y determinó que la Constitución faculta al Congreso para hacerlo, por lo que se abocó desde luego a su estudio y análisis.
Al estudiar y analizar la Iniciativa, la Subcomisión encontró que el asunto y contenido de la Iniciativa, se encuentra contemplado de manera implícita en el propio artículo que se propone reformar.
Por tal razón la Subcomisión determinó proponer que la Iniciativa y el proyecto de Decreto sean desechados, y en consecuencia procedió a preparar un Proyecto de Dictamen en este sentido, que fue aprobado por el Pleno de la Comisión en reunión del día 18 de enero de 2005.
Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39 numerales 1°, 43, 44, 45 y de los demás relativos de la Ley Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta honorable asamblea el presente dictamen.
Consideraciones sobre la exposición de motivos y el proyecto de decreto
En su parte introductoria la exposición de motivos de la iniciativa, sin mucho provecho para el objetivo que se persigue, destaca que ha habido invidentes siempre en la historia de la humanidad, destaca el rol y contribuciones de algunos personajes invidentes e ilustra profusamente acerca de los esfuerzos históricos para su alfabetización por diferentes métodos, así como interesantes detalles anecdóticos de la figura de Luis Braille, inventor del sistema táctil que desde 1825 ha permitido, con diferentes áreas, referencias a las metodologías y enfoques, su utilización en niños y adultos.
Se señala, con razón, la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro tiene entre sus objetivos promover la producción, distribución, difusión y calidad del libro mexicano, y facilitar su acceso a toda la población, lo que incluye a los invidentes.
Sin embargo, señala la iniciativa, la Ley contempla el uso en las bibliotecas "? de técnicas de audición de texto que podrían generar retroceso en la alfabetización de invidentes, debido a la mayor facilidad de interpretar la verbalización sintética, en relación con el esfuerzo de la lectura táctil. Se puede considerar más ventajosa la inmediatez de los datos en audio, pero en la práctica; representaría a la larga la desalfabetización general de los invidentes debido a la inutilización del Braille? (y además) si contemplamos la posibilidad de que una persona invidente, también tuviera algún problema de audición; entonces las técnicas de audición de texto no le servirían de nada".
En función de lo anterior, se propone un proyecto de Decreto para reformar diversos artículos de Ley de Fomento de la Lectura y el Libro, como sigue:
Estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con la preocupación que motiva la Iniciativa, en lo que hace a la necesidad incorporar medios en las bibliotecas públicas para la atención de toda la población, con el objetivo de hacer accesible y general los derechos constitucionales de acceso a la educación y la cultura, que también establece la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.
Es criterio de estas Comisiones Dictaminadoras la obligación de que las bibliotecas cuenten con los recursos que hagan falta para atender a toda la población, independientemente de sus características y necesidades individuales.
El derecho y la obligación se encuentran establecidos en el Artículo 1o. de la Constitución, que en su párrafo primero establece que "En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozara de las garantías que otorga esta constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece", y señala en el primer párrafo del Artículo 3º que "Todo individuo tiene derecho a recibir educación. ...". Por su parte, la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro señala que este ordenamiento "?es de observancia general en toda la República; sus disposiciones son de orden público e interés social?", que tiene por objeto, entre otros "Fomentar y promover la lectura?", que sus disposiciones "?se aplicarán sin perjuicio de lo ordenado en la Ley de Imprenta, la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley General de Educación, la Ley General de Bibliotecas y sus respectivos reglamentos", mientras que en la propia Fracción VIII del artículo 10, que se propone reformar, se establece que una de las funciones del Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y del Libro será "apoyar acciones que favorezcan el acceso a los discapacitados a las bibliotecas y a las técnicas de audición de texto".
Establecido como está el derecho, es obligación de la autoridad educativa federal integrar el Consejo Nacional de Fomento a la Lectura y el Libro, y de éste tomar las medidas necesarias para hacerlo vigente.
Sin embargo, la generalidad del derecho es limitada en la puntualización contenida en la redacción actual del artículo que se propone reformar, cuando hace alusión a la técnica de audición de texto, creada y desarrollada coma un recurso más para dar acceso a los libros a discapacitados visuales y a personas sin discapacidad que no tienen hábitos de lectura.
De las anteriores consideraciones se concluye que:
La redacción actual de la Fracción VIII del Artículo 10, que se propone reformar, es restrictiva del derecho personas con diferentes discapacidades a las bibliotecas, y de la posibilidad de uso de otras técnicas y recursos para la atención de personas con discapacidad visual.
Hacemos propia la preocupación que motiva la Iniciativa y el Proyecto de Decreto motivo del presente Dictamen, señalando que en la legislación vigente se establece la obligación de atender con los medios necesarios a toda la población en lo que respecta a las oportunidades de acceso a la cultura y específicamente a los libros en las bibliotecas del país.
Tanto la redacción actual de la disposición que se pretende reformar y la reforma que se propone, se orientan a la atención de discapacitados visuales, con lo cual se restringe el sentido general que debe tener el derecho de toda persona a tener acceso a la lectura y el libro en las bibliotecas públicas del país, independiente de que padezca o no cualquier tipo de discapacidad.
Acuerdo
Primero.- No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, presentada por el Diputado Raúl Piña Horta, el 22 de abril de 2004.
Segundo.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Salón de Sesiones de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 18 de enero de 2005.
Por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: Salvador Pablo Martínez Della Rocca (rúbrica), Presidente; Juan Pérez Medina (rúbrica), Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica), Consuelo Camarena Gómez (rúbrica), Humberto Filizola Haces, José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), secretarios; María Viola Corella Manzanilla (rúbrica), Norberto Corella Torres (rúbrica), Blanca Judith Díaz Delgado (rúbrica), Tatiana Clouthier Carrillo (rúbrica), Florentino Domínguez Ordóñez (rúbrica), José López Medina (rúbrica), Israel Gallardo Sevilla (rúbrica), Iván García Solís, María Guadalupe García Velasco, Blanca Esthela Gómez Carmona, José Ángel Ibáñez Montes (rúbrica), Moisés Jiménez Sánchez, Alejandra Méndez Salorio, Gerardo Montenegro Ibarra, Inti Muñoz Santini, Óscar Pimentel González (rúbrica), Óscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Paulo José Luis Tapia Palacios, Lorena Torres Ramos.
Por la Comisión de Cultura
Diputados: Filemón Primitivo Arcos Suárez
Peredo (rúbrica), Presidente; José Antonio Cabello Gil (rúbrica),
María Elba Garfias Maldonado (rúbrica), Paulo José
Luis Tapia Palacios (rúbrica), Lilia Isabel Aragón del Rivero
(rúbrica), José Guillermo Aréchiga Santamaría
(rúbrica), Rafael Candelas Salinas, Marbella Casanova Calam (rúbrica),
Florencio Collazo Gómez, María Viola Corella Manzanilla (rúbrica),
Norberto Enrique Corella Torres (rúbrica), Abel Echeverría
Pineda, Blanca Eppen Canales (rúbrica), Rafael Flores Mendoza (rúbrica),
Patricia Flores Fuentes, Pablo Franco Hernández, Moisés Jiménez
Sánchez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica),
Germán Martínez Cázares, Martha Lucía Mícher
Camarena, Gustavo Moreno Ramos, Inti Muñoz Santini (rúbrica),
Alfonso Juventino Nava Díaz (rúbrica), Jesús María
Ramón Valdéz, Laura Reyes Retana Ramos (rúbrica),
Carla Rochín Nieto (rúbrica), Evelia Sandoval Urbán
(rúbrica), Bernardo Vega Carlos, Pablo Antonio Villanueva Ramírez
(rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE NO SE APRUEBA LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Juventud y Deporte de esta LIX Legislatura fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte, sometida a la consideración del Honorable Congreso de la Unión por el C. Diputado José Manuel Carrillo Rubio del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Esta Comisión, con fundamento en el artículo 73, fracción XXIX-J, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa descrita y somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de conformidad con los siguientes.
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada, el día veintidós de abril de dos mil cuatro, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados turnó la presente Iniciativa a esta Comisión para su estudio y dictamen.
Segundo. Los miembros integrantes de la Comisión del Deporte procedieron al estudio de la iniciativa presentada, efectuado múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en la iniciativa que se discute y tomando en consideración que:
2.- El 16 de abril del presente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de Ley General de Cultura Física y Deporte.
3.- El 8 de julio de 1997 los Presidentes de la Federaciones Nacionales de Deporte para Personas con discapacidad existentes en el país, fundaron el Comité Paralímpico Mexicano.
4.- El 3 de octubre de 2003 iniciaron las reuniones de trabajo entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Comité Paralímpico Mexicano resolviéndose en estas, el reconocimiento por escrito de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte hacia el Comité Paralímpico Mexicano para representar oficialmente a nuestro país ante el Comité Paralímpico Internacional, con derecho a voz y voto dentro de sus Asambleas Generales y la adhesión y reconocimiento del Comité Paralímpico como organismo del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte.
5.- El 24 de febrero de 2005 se celebro en las instalaciones de esta H. Cámara de Diputados el foro denominado "Desafíos del Marco Jurídico Mexicano para el Desarrollo del Deporte Adaptado".
Consideraciones
De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa el objeto de la misma es el de reconocer en el marco legal al Comité Paralímpico Mexicano, incluyendo a dicho organismo en el cuerpo de la Ley General de Cultura Física y Deporte a fin de obtener el otorgamiento de un presupuesto y el pleno reconocimiento de representar oficialmente a nuestro país ante el Comité Paralímpico Internacional.
De lo anteriormente mencionado, los miembros integrantes de esta Comisión que dictamina consideramos que la Ley General de Cultura Física y Deporte no puede facultar al Comité Paralímpico Mexicano, para llevar a cabo la serie de funciones contenidas en las fracciones que se pretende adicionar, en virtud de que dicho organismo carece en la actualidad de una estructura sólida, ya que no cuenta con una junta de miembros permanentes que le permitan contar con la participación no solo de cuatro federaciones de deportes para atletas con algún tipo de discapacidad, como a la fecha se tiene con voz y voto y una invitada, sino que sería conveniente contaran con la participación de otros organismos que en la actualidad promueven y fomentan el deporte para personas con algunas discapacidades como el DIF, IMSS, Medallistas Paralímpicos, atletas y diversas personalidades que permitan contar con un comisario y un órgano de vigilancia; ampliando y fortaleciendo con esto su estructura y no reducirla como a la fecha con un presidente, tesorero, secretario y un vocal, lo que limita su funcionalidad en estas personas.
Creemos como un acierto, el reconocimiento por escrito de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte hacia el Comité Paralímpico Mexicano para representar oficialmente a nuestro país ante el Comité Paralímpico Internacional, así como su adhesión y reconocimiento dentro del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, en tanto a nivel internacional el Comité Paralímpico Internacional, norme la estructura de los Comités Paralímpicos Nacionales como en la actualidad lo hace el Comité Olímpico Internacional con el Comité Olímpico Mexicano y contar con los elementos reglamentarios necesarios para reconocer a dicho organismo Paralímpico en el marco legal, lo cual hace necesario que el Comité Paralímpico Mexicano cuente con el respaldo de una Carta Paralímpica que norme la estructura del mismo con arreglo a los Estatutos del Comité Paralímpico Internacional.
Asimismo y tomando en consideración, la acepción de la palabra "deporte" que se define en la Ley General de Cultura Física y Deporte como "actividad institucionalizada y reglamentada, desarrollada en competiciones que tienen por objeto lograr el máximo rendimiento", se considera que la inclusión del término "deporte adaptado" el cual se propone en la iniciativa, es inadecuado toda vez que como se observa que la definición anteriormente citada, comprende en toda la extensión que el deporte es una actividad que puede ser practicada por cualquier persona, sin importar su edad, sexo, preferencia sexual, religión, etc.
De igual manera, en el artículo 47 de la misma ley se define al deporte en un término técnico, Por lo cual es favorable no circunscribir el término "deporte adaptado" en el ordenamiento, en virtud de que subsecuentemente pudiera facilitar la posibilidad de que otros estratos sociales, pudieran exigir su inclusión de un término espacial acorde a las características que distinguen a su grupo social.
Respecto a la modificación del artículo 10, donde se mencionan los diferentes organismos e instituciones públicos y privadas que integran el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, no esta considerada la figura del Comité Paralímpico Mexicano. No obstante, el artículo 9 expresa claramente que las Asociaciones Nacionales reconocidas por la Ley General de Cultura Física y Deporte, las cuales tienen como objetivo generar las acciones, financiamientos y programas necesarios para la coordinación, fomento, ejecución, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, forman parte del Sistema. Por consiguiente, la falta de expresión en el artículo 10, no excluye al Comité Paralímpico Mexicano.
Con base en los antecedentes y consideraciones expuestas, esta Comisión del Deporte emite las siguientes:
Conclusiones
I.- El Comité Paralímpico Mexicano al igual que en otros países es apoyado por el Gobierno Federal, para realizar algunas tareas que se requieran en la realización de los eventos de carácter internacional en los que participan sus atletas, tales como la inscripción y participación de los deportistas que representan a nuestro país en los Juegos Paralímpicos, Regionales, Continentales y Paralímpicos de multidiscapacidades, sin embargo esto no quiere decir que dicho Comité cuente con una organización debidamente estructurada.
II.- Es innecesario e incorrecto incluir en el cuerpo de la ley en estudio la definición de deporte adaptado, ya que de hacerlo se daría lugar a que el día de mañana los demás sectores de la sociedad exijan se incluya en la ley la definición del deporte de cada uno de estos.
III.- La Comisión que dictamina, integrada de manera plural con miembros de las diferentes fracciones parlamentarias representativas de esta LIX Legislatura, ha considerado no favorable la aprobación de la iniciativa en estudio.
Por lo anteriormente expuesto y como resultado del estudio y análisis de la iniciativa turnada a esta Comisión, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Acuerdo
Único.- No es de aprobarse la Iniciativa motivo del presente dictamen; archívese el expediente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de junio de 2005.
Diputados: José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica),
Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Jesús Zúñiga
Romero (rúbrica), Isaías Soriano López, María
Isabel Maya Pineda (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas
(rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), José Alfonso
Muñoz Muñoz (rúbrica), Sergio Chávez Dávalos
(rúbrica), Armando Leyson Castro (rúbrica), Gonzalo Guízar
Valladares (rúbrica), Ángel Paulino Canul Pacab, Irma Guadalupe
Moreno Ovalles (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez
(rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), José Francisco
Landero Gutiérrez (rúbrica), Rubén Maximiliano Alexander
Rábago (rúbrica), Regina Vázquez Saut, Rodolfo Esquivel
Landa (rúbrica), Verónica Pérez Herrera (rúbrica),
Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Marisol Urrea Camarena
(rúbrica), Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica), Gerardo
Ulloa Pérez (rúbrica), Yadira Serrano Crespo (rúbrica),
Reynaldo Francisco Valdés Manzo (rúbrica), Lizbeth Eugenia
Rosas Montero (rúbrica), Emiliano Ramos Hernández (rúbrica),
Jorge Roberto Ruiz Esparza Oruña.