La suscrita, diputada del grupo parlamentario de Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, a efecto de exhortar a las autoridades sanitarias del estado de Tamaulipas para que de manera urgente fortalezcan las acciones de prevención y control a fin de erradicar el brote de dengue clásico y hemorrágico que se ha desatado en la Jurisdicción Sanitaria número II con sede en Tampico, con base en los siguientes
Considerandos
El dengue es una enfermedad trasmitida por mosquitos y producida por arbovirus de la familia Flaviviridae, que tiene cuatro serotipos. Su trascendencia radica en que produce brotes explosivos de formas clásicas, con brotes simultáneos de formas hemorrágicas o de choque grave en menor cantidad.
Se trasmite a través de la picadura de mosquitos infectantes, principalmente el Aedes aegypti. Éstos se infectan cuando pican a una persona enferma de Dengue, luego lo trasmiten cuando pican a otros seres humanos.
Durante la actual temporada de lluvias el estado de Tamaulipas ha experimentado fuertes precipitaciones, así como, el paso del huracán Emily y la tormenta tropical Gert, eventos que han provocado severas inundaciones. Esta situación ha sido propicia para que abunden los criaderos de los mosquitos transmisores del dengue.
A consecuencia de lo anterior, el número de casos de dengue clásico y hemorrágico se ha disparado en el estado. Hasta el reporte de la semana 34 del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, en el 2005 se han registrado 628 casos del tipo clásico y 139 del hemorrágico cifras por demás superiores a las acumuladas el año pasado de 7 y 1 respectivamente. Incluso, se sospecha de que ya han ocurrido decesos por esta causa.
El artículo 134 de la Ley General de Salud obliga a la Secretaría de Salud Federal y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia a realizar actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las enfermedades transmisibles entre las que se encuentra el dengue.
Sabemos que actualmente las autoridades sanitarias estatales y federales realizan acciones para combatir al mosquito transmisor de esta enfermedad, principalmente a través de la aplicación de operativos de fumigación y concienciación a la población para que eviten los recipientes de agua que sirven de criaderos de mosquitos.
No obstante, la magnitud del brote de dengue que ha alcanzado a Tamaulipas y a zonas circundantes de Veracruz y San Luis Potosí hace indispensable poner más énfasis en la contención de este problema de salud.
Con base en lo expuesto, someto a la consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud y a las autoridades sanitarias del estado de Tamaulipas para que de manera urgente fortalezcan las acciones de prevención y control a fin de erradicar el brote de dengue clásico y hemorrágico que afecta a la entidad, particularmente a la Jurisdicción Sanitaria número II con sede en Tampico.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2005.
Dip. Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CREAR
LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A CARGO
DEL DIPUTADO VÍCTOR HUGO ISLAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El que suscribe, diputado federal Víctor Hugo Islas Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo para proponer la creación de la Comisión de la Función Pública, con base en los siguientes
Considerandos
El Poder Legislativo Mexicano ha fortalecido su autonomía y capacidad de decisión, ejerciendo con mayor vigor las funciones que le corresponden. De esta manera, la actividad legislativa es más profusa, resaltando el hecho de que, a diferencia de años pasados, la pluralidad democrática del país permite que la proporción de proyectos legislativos que presentan los legisladores, con relación a los del Poder Ejecutivo, han variado su correlación, de manera radical. En legislaturas pasadas, los porcentajes de presentación de iniciativas eran hasta más del 90% para el Ejecutivo y, hoy día, los legisladores federales y congresos locales, en los términos dispuestos por el artículo 71 de la Constitución Política, tenemos el mayor porcentaje de elaboración y presentación de propuestas de reforma constitucional, modificación de leyes secundarias y proposiciones vinculadas a temas coyunturales de la mayor importancia para todos los mexicanos.
El nuevo activismo del Congreso deviene en un mejor equilibrio entre los poderes, en una representación más fidedigna de la voluntad ciudadana y en la consolidación del camino democrático que hemos elegido los mexicanos, edificando durante más de un siglo instituciones y procedimientos deliberantes, participativos y sustentados en la Soberanía Popular.
Esta es la era del Poder Legislativo. De acuerdo con los datos de Freedom House, en el año 2000 el 63% de los gobiernos nacionales, en el mundo, fueron electos mediante el sufragio universal. La victoria de la democracia se constata si comparamos este dato, con el hecho de que en 1950 solo 30% de los gobiernos se elegían por esta vía, que es la esencia misma del Estado social y del sistema democrático.
No obstante, creemos que el avance cuantitativo y las condiciones del entorno democrático de las instituciones parlamentarias, no bastan para que el parlamento este a la altura de las condiciones sociales y económicas y de la eficacia de las respuestas legales y políticas que la sociedad demanda a sus múltiples y cambiantes problemas. Si no se propicia una evolución rápida hacia la profesionalización y sistematización de los procedimientos y funciones legislativas, podría darse lugar al desencanto social con la democracia, toda vez que las expectativas puestas en la revitalización del Legislativo son muy amplias, pero también legítimas.
Entre los aspectos fortalecidos en la función parlamentaria, encontramos una creciente influencia en la formulación de las políticas públicas. En la realidad, la tarea de legislar ya no es la única función de los congresos. A la tarea de hacer leyes se agregan las de control, fiscalización y supervisión del Poder Ejecutivo; el debate de los grandes temas nacionales; la apertura a distintas corrientes de opinión y la constitución de una arena para el diálogo y los acuerdos políticos nacionales. Todas ellas fortalecen las prácticas y valores democráticos.
En ese sentido, la ciudadanía espera que el Congreso sea una piedra angular en el logro de un gobierno más honesto y transparente, así como en el alcance de objetivos de gran dimensión que se han soslayado tradicionalmente, como la profesionalización del servicio público; la simplificación administrativa; la desregulación; un enfoque humano en la administración pública; la actualización del sistema de compras y de obras públicas gubernamentales; la flexibilización de los mecanismos de coordinación intergubernamental; los mecanismos de corresponsabilidad, coinversión y concesión hacia los particulares; la delegación de responsabilidades; la descentralización de decisiones, responsabilidades y recursos, entre muchas otras.
Vivimos tiempos, en los cuales la administración pública no puede ser una caja cerrada. Es necesario impulsar mecanismos que la hagan más eficiente, eficaz, oportuna y que justifique adecuadamente el gasto que hace de los impuestos de todos los ciudadanos. Es decir, transitamos hacia una comprensión, operación y evaluación permanente de la función pública, diferenciándola claramente de las funciones social y privada.
La comprensión del nuevo esquema administrativo, político y social, es importante para ajustar los procedimientos de carácter legislativo a las nuevas necesidades. Al hacerlo, el Poder Legislativo gana en confianza social, lo que permite que la sociedad se interese más por los asuntos públicos, que se fortalezca la comunicación, el ejercicio de los derechos y la exigencia de las obligaciones en la vida pública. Por ello, debemos trabajar en esquemas nuevos de control de la función pública, que superen el mero espíritu financiero, para profundizar en la manera como podemos contribuir a un más amplio servicio público.
Como las diputadas y diputados saben, en el pasado, la función de control estaba acotada a la mera fiscalización de recursos públicos. Su evolución, a través de la creación de la Ley de Auditoria Superior de la Federación, especializó esta tarea.
Sin embargo, en la actualidad no existe una comisión que conozca los demás aspectos, que son numerosos cuantitativa y cualitativamente de la función pública, aún cuando el artículo 39 de la Ley Orgánica establece que debe haber una competencia correlativa entre las dependencias federales y las comisiones, incluso a partir de su denominación.
Por ello, a fin de que todas las áreas señaladas no queden sujetas a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, estimamos que es conveniente crear en este cuerpo legislativo una Comisión Especial de la Función Pública, que desarrolle los temas señalados, desde una perspectiva de verdadera modernización de la administración pública. Esta aportación de la LIX Legislatura al enriquecimiento de las funciones legislativas podría llevar, más adelante, a darle permanencia a través de la modificación de la Ley Orgánica.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se propone la creación de la Comisión de la Función Pública, para adecuar la estructura de comisiones de la Cámara a los ramos de la administración pública, dirigida al ámbito de control y modernización administrativa. Tendrá el carácter de especial y se integrará conforme a lo dispuesto para las comisiones ordinarias y especiales, por la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo, a 12 de septiembre de 2005.
Dip. Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SCT A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS O PROYECTADAS
PARA ASEGURAR LA PERMANENCIA, CONFIDENCIALIDAD Y SOBERANÍA DE LAS
REDES SATELITALES GUBERNAMENTALES QUE SE TIENEN EN LAS BANDAS DE FRECUENCIA
C, KU Y L, A CARGO DE LA DIPUTADA SHEYLA FABIOLA ARAGÓN CORTÉS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Proposición con punto de acuerdo que suscribe Sheyla Fabiola Aragón Cortés, diputada del estado de México por la quinta circunscripción de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos; 58 Y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; relativo a la explotación de las comunicaciones vía satélite.
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, la diversidad en las telecomunicaciones ha alcanzado importancia estratégica por considerársele servicios básicos para la sociedad; actualmente la tecnología ha coadyuvado en el crecimiento de las comunicaciones alrededor del mundo, y a fomentar el crecimiento económico de los países. Prácticamente el desarrollo es inexistente si con él no avanza la tecnología y con ella, su disponibilidad a la población.
El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes para este sexenio señala que la comunicación vía satélite es uno de los pilares que sustentan el desarrollo de las telecomunicaciones ya que hace posible ofrecer servicios de tecnología de punta que lo mismo apoyan el crecimiento económico y la integración nacional, como la provisión de servicios de carácter social y de seguridad nacional.
Sin embargo, persisten severos rezagos en su infraestructura, distribución geográfica y disponibilidad. En el combate a estos problemas se debe de explotar al máximo todos los recursos técnicos, tecnológicos y profesionales, revisar las tarifas de los servicios ofrecidos para lograr un incremento en el número de usuarios beneficiados, y trabajar estrechamente con la Unión Internacional de Telecomunicaciones en las asignaciones de posiciones orbitales para satisfacer a la industria satelital.
Con la desincorporación en 1995 del sistema satelital mexicano, la explotación de esta vía de comunicación quedó en su mayor parte en manos de particulares, conservando el gobierno federal el 25 por ciento más el 7 por ciento de la capacidad total del sistema para prestar servicios sociales y de seguridad nacional, el subsistema de banda L para comunicaciones móviles y rurales satelitales, y la operación y explotación de los telepuertos. Con ello nació la empresa Satélites Mexicanos (Satmex), de participación estatal minoritaria, a la cual Telecomunicaciones de México (Telecomm), le transfirió los activos, el personal y los contratos para la prestación del servicio fijo.
Actualmente la misión de Telecomm en las comunicaciones vía satélite, es instalar, conservar, desarrollar y explotar una red de estaciones terrenas y un sistema de radiocomunicación para prestar servicios públicos de conducción de señales y arrendar circuitos dedicados para redes privadas por satélite.
Telecomm ha apoyado el desarrollo del programa de Telefonía rural a cargo de la SCT, mediante la instalación de más de 20.045 terminales con tecnología satelital, para lo cual utiliza las bandas de frecuencia Ku y L del satélite Solidaridad 2, el 73.8 % de ellas utilizadas para servicios de voz y el resto para datos en poblaciones de entre 100 y 500 habitantes, ubicadas en lugares de difícil acceso y carentes de algún otro medio de comunicación y para los servicios móviles satelitales en apoyo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ha instalado terminales en vehículos terrestres, aviones y embarcaciones, aparte de las de sus propias redes de servicio fijo, que utilizan la capacidad satelital reservada al Estado. Del mismo modo participa en la Red de Educación por Satélite (Edusat), beneficiando a 1.2 millones de estudiantes en el último año.
En la comunicación vía satélite los subsistemas más utilizados, son la banda C y la banda Ku, pues son mundialmente consideradas como comerciales.
El incremento en la demanda se servicios móviles de voz y datos por satélite y el hecho de disponer de un solo transpondedor generan el requerimiento de asegurar y ampliar la capacidad en banda L únicamente provista por un solo satélite mexicano (Solidaridad 2), cuya vida útil es de 4 años más.
Tomando en cuenta que el aprovechamiento del espectro de banda L del cual goza México es limitado, aún con la reciente concesión otorgada para explotar la posición orbital 77° Oeste, es necesario realizar las acciones necesarias que fortalezcan un recurso mediante el cual se fomenta el crecimiento de las comunicaciones como es el incremento de estaciones terrenas transmisoras. De esta forma coadyuvamos en la incorporación de México a la sociedad de la información e incrementando la tasa de teledensidad.
Por su parte la inversión nacional privada también es importante para que se continué desarrollando la industria satelital en nuestro país por lo que se requiere la exploración de nuevos capitales que incentiven este sector, tomando en cuenta los problemas financieros de la compañía Satmex, el fin de la vida programada del satélite Solidaridad 2 en el año 2008 y las recientes fallas en el satélite Satmex V.
Lo anterior obliga a asegurar la continuidad, confidencialidad y soberanía de los servicios gubernamentales que se prestan actualmente a través de la reserva del Estado en los satélites de Satmex.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar sobre los proyectos y acciones realizadas para asegurar la permanencia, confidencialidad y soberanía de las redes satelitales gubernamentales que se tienen en las bandas de frecuencia C, Ku y L.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a los 12 días del mes de septiembre de 2005.
Dip. Sheyla Fabiola Aragón Cortés (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DOCTOR REYES
TAMEZ GUERRA, ASÍ COMO A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ Y DEL CONALEP, A REINSTALAR A LOS PROFESORES DE
ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DESPEDIDOS INJUSTAMENTE, A RESPETAR SU
DERECHO A LA LIBRE SINDICALIZACIÓN Y A INICIAR PROCEDIMIENTO DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OTRA ÍNDOLE CONTRA LOS SERVIDORES
PÚBLICOS QUE RESULTEN IMPLICADOS, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN PÉREZ
MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Consideraciones
2.- Y bien, desde hace ocho años los profesores del Conalep del estado de San Luis Potosí iniciaron un movimiento en la defensa de sus derechos laborales ya que se les mantiene en un estado de absoluto pisoteamiento de los mismos, ya que se les obliga a firmar contratos de prestación de servicios profesionales de carácter civil, renovables de manera semestral, bajo el falso argumento de que no son trabajadores, privándoseles en consecuencia de todas sus prestaciones que en derecho les corresponden incluida la prestación médica y, en general su acceso a la seguridad social; asimismo se les exige la entrega de las llamadas "cartas de procedencia laboral" para delegar en otro supuesto patrón la responsabilidad derivada de la prestación de sus servicios.
3.- La lucha de estos trabajadores obtuvo un significativo triunfo cuando el primero de enero del año 2005 la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de aquella entidad otorgó el registro y toma de nota a su Sindicato Académico de Trabajadores y Trabajadoras de Conalep. Aunque las autoridades de este Colegio se inconforman contra la determinación de esta Junta, tanto el Juzgado Segundo de Distrito como el revisor el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito les negaron el amparo de la justicia federal.
4.- Sin embargo días después, en abierta violación a nuestra Carte Magna, a la Ley Federal del Trabajo y a los más mínimos derechos humanos laborales, y hasta a la lógica las autoridades de Conalep solicitan y la misma Junta Local de Conciliación y Arbitraje concede la cancelación del registro al Sindicato Académico de Trabajadores y Trabajadoras de Conalep bajo la argucia inadmisible de que estos profesores no prestan un servicio personal subordinado a esta Institución. Desde luego, todo este juicio sumarísimo se hizo en abierto contubernio con el Gobierno del estado que encabeza Marcelo de los Santos Fraga.
5.- Y es así como los profesores del Colegio de Educación Profesional Técnica en el estado de San Luis Potosí, producto de una grosera chicana jurídica y un uso abusivo del poder, se encuentran cercados en un estado de discriminación laboral al pretender negárseles el carácter laboral a la relación jurídica que mantienen con este Colegio, y siendo víctimas de una artera intromisión en el derecho a la libertad sindical que consagra nuestra Constitución federal y la normative laboral.
6.- Por otra parte, surge la fundada inquietud de que los recursos presupuestales que debieran estar destinados al pago de las prestaciones de estos trabajadores, estén siendo desviados a otros fines.
7:- Finalinente refiero, que en algunos estados del país ya fueron reconocidos los sindicatos académicos de los profesores de Conalep y tienen ya celebrados contratos colectivos de trabajo; concretamente esto ha sucedido en Sonora, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Baja California. En el resto del país los profesores de Conalep padecen, como en San Luis Potosí, las condiciones de semiesclavitud ya señaladas.
8.- Si esto es intolerable en cualquier empresa o entidad, lo es aún más en el seno de una institución educativa que no puede separar la calidad de su enseñanza del respeto a los derechos básicos de sus profesores y, que en un acto de mínima coherencia debe comenzar dando ejemplo de legalidad, tolerancia y humanismo.
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorte al secretario de Educación Pública doctor Reyes Tamez Guerra y, a la Junta Directiva Nacional del Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep), para que intervenga ante el director del Conalep del estado de San Luis Potosí, el técnico José Antonio Chávez Vargas, con el objeto de que en el marco de sus respectivas atribuciones procedan a reinstalar de manera inmediata a los 38 profesores que fueron despedidos injustificamente de este Colegio, con motivo de su lucha constitucional para el registro de su sindicato. Exhortándoles al propio tiempo para que a todos los profesores del Conalep del estado de San Luis Potosí se les reconozca su carácter de trabajadores y se les restituya de manera retroactiva el pago de todas y cada una de sus prestaciones, incluidas las de seguridad social.
Segundo.- Se exhorte al secretario de Educación Pública doctor Reyes Tamez Guerra, a la Junta Directiva Nacional del Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep), al gobernador del estado de San Luis Potosí Marcelo de los Santos Fraga, al director del Conalep del estado de San Luis Potosí, el técnico José Antonio Chávez Vargas, al secretario del Trabajo del estado licenciado Jorge Ricardo Domínguez Casanova y al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje licenciado Fabio Antonio Leura a respetar el derecho constitucional de libre sindicalización en favor de los profesores de Conalep del estado de San Luis Potosí, evitando entrometerse de cualquier manera en la vida sindical de los mismos. Por lo que en respeto a la decision de las autoridades de amparo procedan a reconocer el registro a favor del Sindicato Académico de Trabajadores y Trabajadoras del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí.
Tercero.- Se exhorte al secretario de la Función Pública para que de conformidad a sus facultades de atracción gire las apreciables instrucciones con el objeto de que se inicien los procesos de responsabilidades en contra de los servidores públicos que omitieron o realizaron conductas contrarias a la legalidad, imparcialidad y honradez, a que estaban obligados tanto respecto al derecho constitucional de libre sindicalización de estos trabajadores, como por el presunto daño patrimonial causado a la entidad al realizar despidos injustificados en detrimento del presupuesto que le fue asignado y, posible desvio de recursos. Incluidas las acciones penales en su caso.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2005
Dip. Juan Pérez Medina (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE
QUE EL EJECUTIVO FEDERAL LIBERE LOS RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO FRONTERIZO EL CEIBO, EN TABASCO, SUSCRITA
POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL SUR-SURESTE
El suscrito, Ángel Alonso Díaz-Caneja, diputado federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre de la Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y dar Seguimiento a los Proyectos de Desarrollo Regional relacionados con la Región Sur-Sureste de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con base a las siguientes
Consideraciones
Primero. Que históricamente la región Sur-Sureste de nuestro país, ha presentado rezagos sociales que mantienen en condiciones de atraso a poco más de una cuarta parte de la población nacional, sobre todo en niveles bajos de educación, salud, infraestructura y empleo.
Segundo. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía nacional y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.
Tercero. Que en ese sentido el Poder Legislativo Federal derivado de la necesidad de atender la problemática de la región Sur-Sureste del país, estableció en el anexo 21 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005, destinar recursos fiscales al puerto fronterizo El Ceibo.
Cuarto. Que el proyecto del Ceibo inicio formalmente su construcción en el año de 2004 con una inversión inicial de 30 millones de pesos y para el presente ejercicio fiscal se tienen autorizados 60 millones de pesos; mismos recursos que fueron recortados a la Secretaría de la Función Pública destinados al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Afectando crucialmente un proyecto que se encuentra en proceso de construcción y que por su ubicación adquiere una relevancia de seguridad nacional.
Quinto. Que la importancia de destinar estos recursos al estado de Tabasco para la ejecución del proyecto del Puerto Fronterizo "El Ceibo" dará solución a la problemática causada por la falta de regulación de flujos migratorios y de mercancías que actualmente no se atienden; lo que significa tener presencia de autoridades federales en el sitio, cubriendo los siguientes ámbitos.
Migratorio: Evitando el tráfico ilegal de personas, así como los flujos migratorios procedentes de Centroamérica, que impactan la zona con actividades de índice delictivo y de seguridad pública.
Fiscal: Evitar la introducción y comercialización de productos y artículos de baja calidad, sin la regulación fiscal correspondiente, que propicia una competencia desleal con los productores mexicanos.
Sanitario: A fin de que no se propaguen enfermedades dentro del estado y amenacen con avanzar hacia el interior del país, donde se provocarían daños incalculables, entre otras causas por el resurgimiento de enfermedades ya controladas y/o erradicadas.
Turístico: Fortalecimiento e impulso al turismo ligado al mundo Maya, al crear una base de circuitos nuevos que vinculen a la zona de Tabasco y Chiapas con la Región del Petén en Guatemala.
Seguridad nacional: Actualmente se presenta un cruce de mercancías, armas y sustancias ilícitas por la falta de autoridades.
Compromiso binacional: Existe el compromiso con el Gobierno de Guatemala de tomar acciones inmediatas a fin de establecer autoridades en el sitio.
Sexto. Que de no terminarse la construcción del Puerto Fronterizo el Ceibo en el Estado de Tabasco agravaría la problemática al presentarse un incremento sustancial de indocumentados por esta frontera, por lo que resulta prioritario para el país ejercer los recursos públicos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005.
Por las consideraciones antes expuestas, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración y aprobación de esta Honorable Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que en ejercicio de la representación nacional que ostentamos las diputadas y los diputados federales, y por las anteriores consideraciones, resulta pertinente, se le comunique y se le exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a la Secretaría de la Función Pública den cumplimiento a lo establecido en el anexo 19, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, especialmente a los recursos que corresponden a la construcción y conclusión del Puerto Fronterizo el Ceibo en el Estado de Tabasco.
Segundo. Túrnese para su estudio y dictamen este punto de acuerdo a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Población, frontera y Asuntos Migratorios de la H. Cámara de Diputados.
Tercero. Solicitamos que el presente punto de acuerdo se turne de urgente y obvia resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2005.
Diputados: Ángel Alonso Díaz-Caneja
(rúbrica), Presidente; Francisco Herrera León (rúbrica),
Jesús Vázquez González (rúbrica), Francisco
Chavarría Valdeolivar (rúbrica), secretarios; Rogelio Rodríguez
Javier, Juan Antonio Gordillo Reyes, Belizario Iram Herrera Solís,
Roger David Alcocer García (rúbrica), Guillermo Zorrilla
Fernández (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica),
Ubaldo Aguilar Flores, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Alfredo
Rodríguez y Pacheco (rúbrica), Ángel Pasta Muñuzuri
(rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José
Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Rosa María Avilés
Nájera (rúbrica), Abraham Bagdadi Estrella, Juan García
Costilla, Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Jesús
Martínez Álvarez.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DOCTOR REYES
TAMEZ GUERRA, A APERCIBIR A LAS AUTORIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PARTICULARES
DE QUE SE SUJETEN A LA ESCALA DE EVALUACIÓN VIGENTE EN EL PAÍS,
A CARGO DEL DIPUTADO JORGE LEONEL SANDOVAL FIGUEROA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, interesado en que los particulares autorizados a impartir educación en México cumplan con las normas establecidas en la conducción de los programas vigentes, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base a los siguientes
Considerandos
La enseñanza en cualquier país del mundo es un factor importante en el desarrollo de un Estado, es por eso que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3, establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación.
Sin embargo, esta labor por garantizar esta garantía individual a toda la población mexicana es complicada debido a la densidad demográfica del país, por lo que las autoridades en la materia han respondido a esta necesidad mediante el otorgamiento de permisos para que entes privados impartan los servicios educativos en todos los niveles académicos, debiendo observar los principios que dicta la Secretaria de Educación Pública y la Ley General de Educación.
Entre las normas vigentes que señalan obligaciones para los particulares autorizados a impartir educación, se localiza el Acuerdo número 17, el cual establece que deberán emplear los procedimientos de evaluación del aprendizaje a los educandos en sus distintos tipos y modalidades en la educación básica, media, así como media superior bajo la supervisión de la Secretaría de Educación Pública.
Pese a lo anterior algunas instituciones particulares encargadas de impartir educación, han establecido sus propias formas de evaluación, sin tomar en cuenta la escala de calificaciones por la que se rige la Secretaría de Educación Pública, en la que un educando acreditará un ciclo, grado, materia, área de estudio o asignatura de acuerdo con el plan de estudios, cuando obtenga según lo ordenado en la escala de calificaciones la anotación de 6 o más; en tanto algunos colegios particulares reconocen como cifra mínima probatoria a partir de 8.
Estas instituciones están incumpliendo las normas y acuerdos emitidos por la autoridad competente, toda vez que dichas acciones carecen de sustento legal para establecer unilateralmente políticas discriminatorias del conocimiento adquirido por el alumnado, habida cuenta que en muchas ocasiones las escuelas particulares imponen la calificación conforme al cabal cumplimiento que se haya dado a una política ajena a la evaluación del conocimiento adquirido por el educando.
La actividad académica debe ser considerada una labor institucional especializada, que cumple con la función de formar, fomentar e instruir conocimientos, valores y tradiciones nacionales; sin embargo los particulares lejos de ver a sus recintos educativos bajo esta política, se han polarizado con un fin lucrativo, ya que cobran por realizar los exámenes correspondientes para acreditar el curso con tarifas que por su cuantía más que funcionar como una contraprestación evidentemente se ha convertido en un mecanismo de abuso del interés de las comunidades por consolidar su formación académica.
Por lo anterior pareciera que la misión de los particulares autorizados para impartir educación estuviese enfocada a evitar que los alumnos acrediten las asignaturas con un índice mayor al que presenta exámenes extraordinarios, por lo tanto al exigirles la calificación mínima de 8, se reduce el número de acreditados y como consecuencia aumentan ilegalmente los ingresos de los particulares.
Por otro lado, la reducida matricula que se tiene en las instituciones públicas limita el acceso de estudiantes a los recintos oficiales, ante tal circunstancia la población toma como alternativa las opciones que ofrecen los particulares para la formación académica de los mexicanos, lo cual de ningún modo denota economías familiares con recursos abundantes, ni mucho menos les implica que su desembolso garantizará contar con futuros mejores profesionistas.
Los particulares pueden impartir educación en todos sus tipos y modalidades, siempre que se obtenga previamente, la autorización expresa del Estado, así como seguir los lineamientos establecidos, para lo cual en este caso concreto la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, dentro de la cual hay una Dirección General de Acreditación Incorporación y Revalidación, siendo cuyo titular el licenciado Ignacio Villagordoa Mesa tiene la encomienda de resolver las irregularidades que se generen sobre el particular, sin embargo hasta ahora no han dado solución ante los casos de incumplimiento a las normas que se les exigen a los particulares responsables de la impartición de la educación en México.
Para nuestro país es importante dirigirse bajo principios de legalidad y hacer que las normas se cumplan, pero cobra mayor importancia cuando los centros encargados de formar a los mexicanos son precisamente quienes incumplen las disposiciones emanadas por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por tal motivo es que hago un llamado a esta honorable asamblea para que juntos tomemos en consideración que el elemento esencial del progreso de la sociedad estriba en la educación, por ende no existe justificación alguna para mantener condenada a la comunidad de estudiantes de toda la república a satisfacer criterios caprichosos y estos viéndose obligados a satisfacerlos con la finalidad de evitar frustrar sus metas de vida, por tal motivo es que el presente punto de acuerdo no sólo se solidariza con los intereses de la población, sino alenta la consolidación de la excelencia académica a través del estricto cumplimiento de las normas vigentes.
Por lo anteriormente expuesto se desprende el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Se solicita a esta honorable asamblea se sirva realizar una atento exhorto al titular de la Secretaría de Educación Publica, doctor Reyes Taméz Guerra, para que aperciba a las autoridades de los centros educativos particulares se sujeten a la escala de evaluación vigente en el país.
Segundo.- Que se mantenga informada a esta soberanía sobre los avances de la dictaminación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a
los 12 días del mes de septiembre de dos mil cinco.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A REFORMAR LOS
ARTÍCULOS 2317 Y 2320 DEL CÓDIGO CIVIL DE SU COMPETENCIA
A EFECTO DE FACILITAR A UN MAYOR NÚMERO DE HABITANTES LA ADQUISICIÓN
DE UNA VIVIENDA DIGNA, A CARGO DEL DIPUTADO EDMUNDO GREGORIO VALENCIA MONTERRUBIO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe diputado federal, Edmundo Valencia Monterrubio integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que analice la posibilidad de reformar los artículos 2317 y 2320 del Código Civil para el Distrito Federal, a efecto de facilitar la adquisición de una vivienda digna a un mayor número de habitantes, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como producto de las facultades para legislar que corresponden a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 25 de mayo de 2000, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Decreto por el que se derogaron, reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal.
Dentro de las reformas publicadas en el decreto, se encuentra la que modifica los tres últimos párrafos del artículo 2317, sustituir el nombre de Departamento del Distrito Federal por el de Gobierno del Distrito Federal no así actualizando el establecido tope máximo de trescientos sesenta y cinco veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, para que las enajenaciones de bienes inmuebles cuyo valor de avalúo no exceda de dicho tope, puedan:
Otorgarse en documento privado firmado por los contratantes ante dos testigos cuyas firmas se ratifiquen ante Notario, Juez competente o Registro Público de la Propiedad, aplicando la misma cantidad.
Otorgarse en documento privado, sin los requisitos de testigos o de ratificación de firmas, para el caso de los contratos por los que el Gobierno del Distrito Federal enajene terrenos o casas para la constitución del patrimonio familiar o para personas de escasos recursos económicos.
Otorgarse en las mismas condiciones a que se refiere el párrafo anterior, para el caso de los programas de regularización de la tenencia de la tierra que realice el Gobierno del Distrito Federal sobre inmuebles de propiedad particular.
El espíritu del legislador al llevar a cabo dicha reforma, era considerar el derecho de propiedad como un medio para cumplir una verdadera función social, simplificando las formalidades en la enajenación, para facilitar a los más desprotegidos la adquisición de una vivienda digna; sin embargo, la cantidad que se establece como base de aplicación no ha sido actualizada con relación al costo actual de las viviendas.
En este sentido, la reforma que se sugiere se funda en la necesidad de ajustar el contenido de la citada disposición, a la realidad económica del país, puesto que hoy en día no existe propiedad alguna cuyo valor sea de 17,082.00 pesos (diecisiete mil ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), que es la cantidad que representa 365 veces el salario mínimo general vigente diario en el Distrito Federal.
Por lo anterior se propone reformar el artículo en comento, a efecto de cambiar la citada cantidad por la de quince salarios mínimos anuales vigentes en el Distrito Federal, con el propósito de otorgar a los compradores, mayores ventajas al momento de enajenar un bien inmueble, con base a la suma de dinero que resulte del avalúo realizado al bien de que se trate.
Finalmente, él último párrafo del citado artículo establece que para el caso de los contratos por los que el Gobierno del DF enajene terrenos o casas para la constitución del patrimonio familiar o para personas de escasos recursos económicos, o que se otorguen con motivo de programas de regularización de la tenencia de la tierra que realice el mismo gobierno local, dichos actos se podrán otorgar en protocolo abierto especial, sin embargo, mediante decreto publicado en la gaceta oficial del DF el 28 de marzo de 2000, se abrogó la Ley del Notariado para el DF de 1980, que preveía la figura del protocolo abierto especial (artículo 43), sin que la nueva ley de la materia determinara figura similar o sustitutiva, por lo que el llamado protocolo abierto especial ya no es parte de los supuestos normativos de la nueva Ley del Notariado, por lo tanto, constituye un error de concordancia el hecho de que en el articulo 2317 del Código Civil del Distrito Federal se aluda a ese protocolo hoy inexistente.
En consecuencia, se estima oportuna una reforma al artículo 2320 de dicho Código, ya que su aplicación se realizará en relación con la modificación del numeral 2317.
Por lo anterior, y en virtud de las consideraciones expuestas me permito presentar al Pleno de esta Soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que revise, y en su caso, analice la posibilidad de reformar las disposiciones referentes a la compraventa de vivienda estipuladas en el Código Civil del Distrito Federal, con el propósito de aumentar el tope máximo del valor de las viviendas establecidos en el artículo 2317 y su correlativo artículo 2320, a una cantidad actualizada y acorde con el valor vigente que presentan hoy en día ésta clase de viviendas, con el objeto de garantizar que las enajenaciones sobre inmuebles de interés social puedan otorgarse en documento privado, así como también los contratos en los que el Gobierno del Distrito Federal enajene terrenos o casas para la constitución del patrimonio familiar o para personas de escasos recursos económicos, y en los casos de programas de regularización de la tenencia de la tierra, previéndose en todo momento, la inscripción de los referidos actos ante el Registro Público de la Propiedad, con la finalidad de abaratar los gastos tendientes a otorgar seguridad jurídica respecto a la propiedad inmobiliaria de interés social en el Distrito Federal.
Dado el Palacio Legislativo de San Lázaro a 12 de septiembre de 2005.
Dip. Edmundo Gregorio Valencia Monterrubio (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA PROFEPA QUE VERIFIQUE E INSPECCIONE LAS INSTALACIONES
DE LA PLANTA DE PEMEX SATÉLITE ORIENTE, A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE
MORALES RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Ma. Guadalupe Morales Rubio, diputada por el IX Distrito electoral de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este órgano colegiado, la proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que practique una verificación e inspección a las instalaciones de la planta de Pemex Satélite Oriente, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de actividades riesgosas y que salvaguarden la integridad física de los vecinos de la zona, bajo las siguientes
Consideraciones
1.-Los fenómenos destructivos no conocen límites políticos y pueden presentarse en cualquier delegación o municipio de esta zona metropolitana, sucesos como fuga, derrame, incendio y explosión.
2.- Que entre 1990 y 1997 se presentaron en el Distrito Federal 160 eventos en los que se involucran sustancias químicas.
3.- Otro elemento que favorece la existencia de zonas de riesgo en esta Ciudad es la Falla de San Andrés, la cual es susceptible se afectar con movimientos telúricos al Distrito Federal como sucedió en 1957 y 1985. La delegación Venustiano Carranza se encuentra en la zona de mayor grado de vulnerabilidad debido a las características del suelo de material arcilloso y fondo lacustre.
4.- Que la terminal de almacenamiento y distribución de Pemex Satélite Oriente que se encuentra ubicada en la colonia Granjas México a un costado del Palacio de los Deportes colindando con las colonias Jardín Balbuena y Magdalena Mixhuca, del Distrito que me honro en representar. Esta estación maneja un volumen de almacenamiento diario de 13 millones de litros de gasolina y 8 millones de litros de diesel y es alimentada por la terminal de Azcapotzalco por dos poliductos, los cuales salen por un poliducto con destino a Cuernavaca , y en caso de una explosión se estima que el radio de daños severos a partir del punto de siniestro es de al menos 30 metros.
5.- Que de conformidad con el artículo 5º, fracción VI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEGEEPA) corresponde realizar actos de verificación e inspección sobre el cumplimiento de la normatividad en materia de actividades altamente riesgosa a la Procuraduría Federal y de Protección al Ambiente; entendiéndose como accidente de alto riesgo, una explosión, incendio fuga o derrame súbito que resulte de un proceso en el curso de las actividades en los que intervengan uno o varios materiales o sustancias peligrosas y que supongan en peligro grave para la población, el ambiente y los ecosistemas.
6.- En tal virtud, y por la tranquilidad y seguridad de los habitantes de la zona de Venustiano Carranza y de Iztacalco en el Distrito Federal, es importante una inspección verificación a la planta de Pemex Satélite Oriente, garantizando que la presencia de una planta de Pemex no genera riesgo para sus vidas, sus inmuebles y el entorno ecológico.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que practique una verificación e inspección a las instalaciones de la planta de Pemex Satélite Oriente, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de actividades riesgosas y que salvaguarden la integridad física de los vecinos de la zona.
Recinto Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de septiembre de 2005.
Dip. Guadalupe Morales Rubio (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA DIRIGIR
UN EXTRAÑAMIENTO Y EXHORTAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MÉRIDA,
YUCATÁN, A CONDUCIRSE CON RESPETO A LA INVESTIDURA DE LOS REPRESENTANTES
POPULARES, AUTORIDADES ELECTAS Y CIUDADANOS EN GENERAL, EVITANDO MEDIDAS
REPRESIVAS, A CARGO DE LA DIPUTADA IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita diputada de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, para dirigir un extrañamiento y exhortar al presidente municipal de Mérida, Yucatán, a conducirse con respeto a la investidura de los representantes populares, autoridades electas y ciudadanos en general, evitando medidas represivas innecesarias, bajo las siguientes
Consideraciones
En el municipio de Mérida, Yucatán, el pasado 26 de agosto del año en curso, policías municipales bajo las órdenes del director de Gobernación Luis Pérez Orozco, desalojaron por la fuerza a dos locatarias de una sección del Mercado Municipal "Lucas de Gálvez", agrediendo en ese operativo a los diputados locales Licenciados Jorge Carlos Ramírez Marín y Rolando Rodrigo Zapata Bello, así como al regidor del Municipio de Mérida Licenciado Víctor Manuel Sánchez Álvarez.
La presencia de los representantes populares y del regidor meridano en el acto fue motivada por una petición de las locatarias afectadas, quienes les solicitaron interceder ante la autoridad municipal para que les permitieran poner a buen resguardo sus pertenencias y mercancías antes de proceder al desalojo, petición que no sólo era posible de atender sino que constituye un deber de toda autoridad que se precie de respetar los más elementales derechos humanos.
Ante los razonamientos de los diputados y el regidor priístas, quienes en ningún momento hablaron de suspender el desalojo sino de dar oportunidad a las locatarias de poner a buen resguardo sus bienes, los elementos de la policía municipal, con el visto bueno del director de Gobernación del Municipio de Mérida, habiendo identificado plenamente a los diputados y al regidor, procedieron a golpearlos y a maniatarlos.
Siendo esta salvaje represión de ninguna manera justificada ante ciudadano alguno que no infrinja la ley, menos lo es para con representantes populares, a quienes protege el fuero que la Constitución consagra, precisamente como garantía en el cumplimiento de su labor representativa.
A consecuencia del ataque, resultó severamente lesionado el regidor del aAyuntamiento de Mérida, licenciado Víctor Manuel Sánchez Álvarez, quien tuvo que ser atendido en una clínica de la ciudad luego de la artera agresión y a la fecha se encuentra en recuperación, aunque con secuelas por los golpes recibidos.
No es éste un incidente aislado, ya que en junio de este mismo año, la autoridad municipal de Mérida envió a elementos de la policía municipal a reprimir y desalojar por la fuerza a unos 100 locatarios del mercado "Lucas de Gálvez", todos con concesiones legales, a pesar de que aún estaba en proceso un litigio al respecto. La acción represiva, en la que resultaron golpeadas varias locatarias, así como esposas e hijas de locatarios, fue severamente reprobada por las cámaras empresariales y por representantes de la sociedad civil de Yucatán.
Ya en agosto de 2003, luego de un fallido intento de "reordenación" de las rutas del transporte urbano de pasajeros en el Municipio de Mérida, una manifestación de cientos de ciudadanos que exigían una pronta solución al problema generado por el propio ayuntamiento al cambiar abruptamente los paraderos de autobuses, fue violentamente disuelta por elementos de las policías municipal y estatal, que incluso utilizaron gases lacrimógenos, en un hecho inédito en la historia de Yucatán.
Este tipo de agresiones contra ciudadanos y contra autoridades con fuero constitucional no pueden ser desatendidas por esta representación popular, pues constituyen los indicios del totalitarismo y de la violencia que vulneran el estado de derecho y la correcta conducción de los asuntos públicos.
Compañeras y compañeros legisladores, por las consideraciones antes expuestas, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Diríjase un extrañamiento al presidente municipal de Mérida, Yucatán, ingeniero Manuel Fuentes Alcocer, por las agresiones realizadas por la Policía Municipal de esa localidad a los ciudadanos diputados licenciados Jorge Carlos Ramírez Marín y Rolando Rodrigo Zapata Bello, y al regidor Víctor Manuel Sánchez Álvarez, los dos primeros con fuero constitucional.
Segundo.- Exhorto al presidente municipal de Mérida, Yucatán, ingeniero Manuel Fuentes Alcocer, que en adelante se conduzca con respeto a la investidura de los representantes populares, autoridades electas y ciudadanos en general, evitando medidas represivas a todas luces innecesarias.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de septiembre de 2005.
Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS A AUMENTAR LA
SEGURIDAD EN LA ZONA FRONTERIZA ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA E INVESTIGAR
LAS CAUSAS DE LOS ASESINATOS DE MUJERES OCURRIDOS EN FECHAS RECIENTES EN
LA LOCALIDAD DE CIUDAD HIDALGO, CHIAPAS, A CARGO DE LA DIPUTADA BLANCA
GÁMEZ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quien suscribe, Blanca Gámez Gutiérrez, diputada federal de la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal y al gobierno del estado de Chiapas a aumentar la seguridad en la zona fronteriza entre México y Guatemala e iniciar una investigación para determinar las causas de los asesinatos de mujeres que en recientes fechas se han verificado en la localidad de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas, en virtud de las siguientes
Consideraciones
Por su situación geográfica, México cumple tres papeles estratégicos en la migración internacional: ser país que envía, ser país receptor y ser país de tránsito. Aunque pocas veces se ha reparado en este hecho, desde el río Suchiate que separa a Guatemala y a Chiapas, hasta el río Bravo que separa a México de Estados Unidos, se ha vuelto más frecuente el paso de migrantes documentados o indocumentados provenientes de otras naciones que intentan llegar a territorio estadounidense.
La frontera sur de México es la línea que separa la región centroamericana de México y Norteamérica, y por lo tanto, tiene una gran importancia en términos económicos y sociales para los países de la región que aportan grandes contingentes de migrantes como Guatemala, Honduras y El Salvador, y en menor medida para países como Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
No obstante lo anterior, es de considerarse también que bandas de tratantes de blancas y secuestradores que asesinan a sus víctimas operan impunemente en la frontera sur, sembrando terror entre la población y las mismas autoridades civiles, quienes, desesperadas, lanzaron el pasado 8 de agosto un llamado a los gobiernos federal y de la entidad exigiendo que se refuerce la seguridad en la línea divisoria entre México y Guatemala donde en lo que va del año han desaparecido al menos 10 mujeres.
Una investigación realizada por un prestigiado diario del estado de Chiapas, revela que la población de la zona fronteriza vive en la zozobra y los padres de familia tienen el temor fundado de que sus hijas, menores de edad, nunca regresen a sus casas.
La cantidad de niñas y mujeres que han sido plagiadas en los últimos siete meses preocupa e indigna a la población pues la mayoría son agredidas sexualmente y, como la última de ellas, Martha Mesa Constantino de 34 años de edad, aparecen muertas en las aguas del río Suchiate.
La capacidad de la policía municipal y de otras organizaciones policiacas que operan en el municipio de Ciudad Hidalgo, Chiapas, es muy poca pues apenas suman 60 elementos que vigilan en dos turnos.
Es indudable que la seguridad debe ser un asunto prioritario para la frontera sur y sus flujos migratorios irregulares. En general la inseguridad de la frontera es un tema que debe llamar la atención tanto de las autoridades federales como estatales. No obstante, los asesinatos de mujeres que están perpetrándose en la zona deben también llamar la atención de las autoridades de todos los niveles de gobierno y exigen una respuesta contundente en materia de acciones de prevención y erradicación de la violencia de género y los feminicidios en la localidad a que hace referencia esta proposición.
Si bien existen diversas proposiciones con punto de acuerdo al respecto de la seguridad en la frontera sur de nuestro país, es de especial importancia combatir la violencia contra la mujer y sumar esfuerzos para la prevención de conductas delictivas tan graves e indignantes como lo es el feminicidio.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal y al gobierno del estado de Chiapas a aumentar la seguridad en la zona fronteriza entre México y Guatemala e iniciar una investigación para determinar las causas de los asesinatos de mujeres que en recientes fechas se han verificado en la localidad de Ciudad Hidalgo en el estado de Chiapas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2005.
Dip. Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN LA INSTALACIÓN
DE UN MÓDULO DE REVISIÓN E INSPECCIÓN EN LA TERMINAL
DE AUTOBUSES DE ORIENTE (TAPO), CON EL FIN DE PREVENIR LA LLEGADA DE LOS
INMIGRANTES CENTROAMERICANOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DELICTIVA
CONOCIDA COMO MARA SALVATRUCHA, A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE MORALES
RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Ma. Guadalupe Morales Rubio, diputada a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este órgano colegiado, la Proposición con Punto de acuerdo por el cual se solicita al Instituto Nacional de Migración la instalación de un módulo de revisión e inspección en la Terminal de Autobuses de Oriente (Tapo) con el fin de prevenir la llegada de los inmigrantes centroamericanos miembros de la organización delictiva conocida como la Mara Salvatrucha, bajo las siguientes
Consideraciones
Como todos sabemos, el fenómeno de los Maras Salvatruchas, se ha convertido en un problema de migración violenta y de seguridad nacional para nuestro país. La situación es cada vez más preocupante al considerar que por la frontera sur de México en los últimos años ingresaron entre 10 y 15 mil maras hacia nuestro territorio.
Los Maras han traspasando nuestras fronteras y están contaminando a nuestra sociedad, a nuestra juventud. Las cifras reflejan un alto grado de imitación por parte de nuestros compatriotas. Durante el periodo 2003-2004 tan sólo en Chiapas han sido detenidos 365 pandilleros pertenecientes a células de esta organización, y de estos, el 70 por ciento de los detenidos resultó ser de origen mexicano; el 30 por ciento restante resultó proveniente del Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala.
Durante la visita que realizamos como grupo de trabajo de Seguridad Hemisférica de esta Cámara de Diputados a las oficinas del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos de América, en la ciudad de Washington, nos dieron a conocer que el asunto de las Maras Salvatruchas, está siendo considerado como un asunto de Seguridad Nacional y nos trasmitieron su preocupación por el crecimiento de esta problemática.
Soy representante popular del distrito noveno electoral en cuyo territorio se encuentra asentada la Terminal Central de Autobuses de Oriente (Tapo), puerta de ingreso al Distrito Federal de todas aquellas personas procedentes de las entidades del sur del país y que a causa de la vulnerabilidad de aquella frontera, logran llegar miembros de las Maras hasta esta Ciudad de México.
Por ello solicito del Instituto Nacional de Migración, la instalación de un módulo en la terminal conocida como la Tapo en esta ciudad, para que frene el avance al centro y norte del país de este violento fenómeno migratorio. El Instituto Nacional de Migración tiene por objeto facilitar los flujos de personas que favorezcan el desarrollo económico, social y cultural del país, así como coadyuvar de manera efectiva en la salvaguarda de la seguridad y soberanía nacional, y nosotros tenemos el deber de combatir y evitar la imitación de este fenómeno por parte de nuestros connacionales tomando las medidas que sean necesarias.
Por lo anterior, se somete a consideración de este pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Se solicita al Instituto Nacional de Migración la instalación de un módulo de revisión e inspección en la Terminal Central de Autobuses de Oriente (Tapo) con el fin de prevenir la llegada de los inmigrantes centroamericanos miembros de la organización delictiva conocida como Mara Salvatrucha.
Recinto Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de septiembre de 2005
Dip. Guadalupe Morales Rubio (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A ACTUALIZAR EL DECRETO
POR EL QUE SE SUJETÓ EL GAS LICUADO DE PETRÓLEO A PRECIOS
MÍNIMOS DE VENTA DE PRIMERA MANO Y DE VENTA A USUARIOS FINALES,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE FEBRERO
DE 2003, A CARGO DEL DIPUTADO GONZALO MORENO ARÉVALO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Gonzalo Moreno Arévalo, integrante de esta LIX Legislatura de la Cámara de Diputados al honorable Congreso de la Unión y miembro de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a actualizar el Decreto por el que se sujetó el gas licuado de petróleo a precios mínimos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2003, acorde a la siguiente
Exposición de Motivos
Es un hecho que ninguno de los miembros de esta legislatura podrá negar que la economía familiar se ha visto afectada por los altos precios que el consumo indispensable de gas licuado de petróleo ha alcanzado en la actualidad.
Una de las pruebas sobre este hecho notorio es el Decreto publicado por el titular del Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la Federación del 27 de febrero de 2003 en el cual señalaba, entre otros considerandos que (cito):
"...... durante la vigencia de los decretos publicados el 12 de marzo y el 5 de septiembre de 2001, así como el 4 de septiembre de 2002, el precio máximo de venta a usuarios finales del gas licuado de petróleo ha quedado controlado lo que ha generado beneficios sensibles a la economía de las familias mexicanas?"
"........ la situación de incertidumbre en los mercados de los energéticos trae como resultado un incremento en el precio del gas licuado de petróleo, por lo que hace necesario moderar el efecto de la volatilidad del precio de este producto a favor de los consumidores".
Ahora bien, si bien es cierto que el Decreto del 27 de febrero de 2003 ayudó a las economías familiares al controlar el alto precio del gas licuado del petróleo, también lo es que esa ayuda solo fue temporal puesto que ese decreto tuvo por vigencia hasta el 31 de agosto de 2003, esto es, solo tuvo vigor durante aproximadamente 6 meses, lo que disminuyó su efecto positivo en las economías familiares.
No obstante el efecto positivo del decreto en las economías familiares, éste no ha sido actualizado por el Ejecutivo Federal como en su oportunidad se actualizaron los decretos de 12 de marzo con el del 5 de septiembre de 2001, este con el del 4 de septiembre de 2002 y éste último con el Decreto del 27 de febrero de 2003.
En esas condiciones, al quedar sin vigencia este último, los precios del gas licuado del petróleo se han disparado a precios que atacan las economías familiares por lo caro que es el consumo de este producto, indispensable para cualquiera de los hogares mexicanos, situación que ha hecho que los proveedores tengan un mercado seguro que no puede sino consumirlo a precios que, ya sea por el mercado internacional o por los intereses de algunos de estos proveedores, marcan un producto caro y que daña la economía familiar mexicana.
Luego, tomando en cuenta las mismas consideraciones que el Ejecutivo Federal tuvo por base para dictar el Decreto del 27 de febrero de 2003, lo correcto es exhortarlo por esta vía a fin que, en uso de las facultades que el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos le otorgan, actualice el decreto en mención, obsoleto y rebasado por los altos precios del producto, a fin que los precios del gas licuado del petróleo no aumente en precios mayores que el mismo aumento que la inflación nacional nos marca conforme los propios indicadores que se publican en el Diario Oficial de la Federación por el Banco de México.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito, diputado federal Gonzalo Moreno Arévalo presento ante esta soberanía la siguiente proposición con el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Primero.- Se exhorta al C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Vicente Fox Quesada, a actualizar el Decreto por el cual se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de febrero de 2003, tomando como punto de alza de precios la inflación nacional conforme nos lo marcan los propios indicadores que se publican en el Diario Oficial de la Federación por el Banco de México.
Por ser este un hecho notorio que afecta a las economías familiares de nuestro país, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que esta proposición con punto de acuerdo sea aprobado por esta soberanía como de urgente u obvia resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, en la fecha de su presentación.
Dip. Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR, MEDIANTE LA EMBAJADA DE MÉXICO
EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, LAS GESTIONES NECESARIAS PARA OBTENER
Y COMPARTIR CON LAS AUTORIDADES ESTATALES Y LAS MUNICIPALES DE LOS ESTADOS
FRONTERIZOS EL PADRÓN QUE IDENTIFICA A LOS CONNACIONALES DEPORTADOS
QUE HAN COMPURGADO SENTENCIAS POR DELITOS GRAVES EN ESE PAÍS, A
CARGO DE LA DIPUTADA BLANCA GÁMEZ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
Quien suscribe, Blanca Gámez Gutiérrez, diputada federal de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Embajada de México en Estados Unidos, a hacer las gestiones necesarias a fin de obtener y compartir con las autoridades estatales y municipales de los estados fronterizos el padrón que identifica a aquellos connacionales deportados que han compurgado sentencias por delitos graves en los Estados Unidos de América en virtud de las siguientes:
Consideraciones
En fechas recientes, autoridades migratorias y la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua han manifestado que carecen de algún tipo de padrón que identifique a aquellos connacionales deportados que han compurgado sentencias por delitos graves, como homicidio o violación sexual, en Estados Unidos.
De acuerdo con declaraciones de Julieta Nuñez, delegada del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, la única instancia que tiene esa información es la agregaduría de la Procuraduría General de la República en los Consulados Mexicanos pero sólo en los casos en que los paisanos tienen cuentas pendientes con las leyes mexicanas.
Es por ello que se hace indispensable que las autoridades de la Unión Americana den aviso al Gobierno Federal y a las procuradurías estatales acerca de los delincuentes sexuales repatriados.
De acuerdo con informes de la oficina de aplicación de la ley de inmigración y aduanas de los Estados Unidos, en El Paso han sido deportados a México más de 90 individuos arrestados por delitos sexuales en los últimos dos años, desde que se implementó un operativo denominado Depredador.
La gran mayoría de estas detenciones incluyen a connacionales que residen de manera legal o indocumentada en Estados Unidos, mismos que son deportados a México una vez cumplidas sus sentencias en el vecino país del norte. Para nuestro país resulta de la mayor importancia contar con estos datos en virtud de que con ellos se pueden tener elementos para iniciar investigaciones que puedan ayudar a resolver casos de violaciones o, peor aún, casos de feminicidios como los que aquejan a los estados fronterizos.
Adicionalmente, si las autoridades federales y estatales de procuración de justicia contaran con ese listado, se les podría aplicar una marca personal que impida que su reincidencia de este lado de la frontera.
La necesidad de obtener esta información se justifica debido a las cifras que dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, que afirma que el 40 por ciento de los violadores o agresores sexuales que son arrestados al mes por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, reinciden en la comisión de los mismos delitos.
A este reclamo también se han unido tanto organismos no gubernamentales como la iniciativa privada y las iglesias, instituciones que han manifestado la necesidad de una mayor coordinación de los gobiernos de México y Estados Unidos en materia de deportaciones.
En efecto, en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, los jefes de Estado de Estados Unidos, México y Canadá acordaron el desarrollo e implementación de un enfoque común en materia de seguridad, a fin de proteger a América del Norte. Mientras tanto, en las últimas semanas, se ha venido señalando por parte de las autoridades estadounidenses su preocupación por el que juzgan es un aumento de la violencia en la frontera.
Creemos que es la cooperación la única vía para enfrentar la inseguridad en la frontera y por tanto que compartir la información sobre los agresores sexuales que deportarán las autoridades estadounidenses a México será de gran importancia para mejorar la seguridad, la prevención de delitos y la impartición de justicia en la zona. Para el caso concreto de los feminicidios sería de enorme utilidad, pues hay que recordar que uno de los presuntos agresores de la menor Airis Estrella Enríquez Pando, había sido detenido en Estados Unidos por la comisión de delitos sexuales.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Embajada de México en Estados Unidos, a hacer las gestiones necesarias a fin de obtener y compartir con las autoridades estatales y municipales de los estados fronterizos el padrón que identifica a aquellos connacionales deportados que han compurgado sentencias por delitos graves en los Estados Unidos de América.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Embajada de México en Estados Unidos, a hacer las gestiones necesarias para que el gobierno de los Estados Unidos de América informe con suficiente antelación, tanto a la Procuraduría General de la República como a las Procuradurías de los estados fronterizos, la fecha y los datos generales de las deportaciones que efectúen de mexicanos que hayan compurgado sentencias por delitos graves en Estados Unidos aún si no tienen cuentas pendientes con la justicia mexicana.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2005.
Dip. Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE
CREAR UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN
DE PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN,
A CARGO DE LA DIPUTADA BEATRIZ MOJICA MORGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículos 23, numeral 1, inciso f), 42, numeral 1, 43, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 78, 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la alta consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para crear la comisión especial para fortalecer la protección a periodistas, medios de comunicación y la libertad de expresión, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Grave y difícil es el momento que vive nuestro país en la era de la alternancia política, en la que se nos dice que la crítica y las libertades plenas son "bienvenidas", y se nos habla de la vigencia del estado de derecho, así como de la impunidad extirpada.
Grave y de zozobra porque no se puede negar que hoy el principal problema que aqueja a la sociedad mexicana es, sin lugar a duda, la inseguridad que campea a lo largo y ancho del país.
Paradójico es el momento porque ahora que el país logró la alternancia en el gobierno y se supone estamos en una democracia plena, se ha recrudecido un fenómeno que debe ser de preocupación nacional: las agresiones a periodistas y medios de comunicación, que van desde las amenazas, las desapariciones, hasta los asesinatos, lo que implica la inhibición de la libertad de expresión y de imprenta, derechos consagrados en los artículos 6° y 7° de nuestra Carta Magna.
Los ataques contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en México son cada vez más frecuentes, lo cual resulta preocupante. Las cifras son contundentes: en este sexenio se tiene registro de 214 quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Tan sólo en los últimos 18 meses se tiene conocimiento de siete homicidios y en 2005 de 54 quejas relacionadas con ataques a los derechos humanos y a la libertad de expresión. Cabe señalar que en la administración de Ernesto Zedillo se tuvo un registro de 157 casos y en la anterior a ésta se registraron 88 casos.1
En el ámbito internacional las cifras se dispararán aún más, ya que mientras en Afganistán, Pakistán, Palestina, Kosovo y Colombia (naciones con fuertes conflictos bélicos) ha habido de 2004 a la fecha dos asesinatos por país, en México hay registro de siete homicidios de comunicadores, incluyendo un desaparecido.
Si bien se ha ampliado el disfrute de la libertad de expresión, lo que no se tiene es garantía para ejercerla plenamente, pues del año 2000 a la fecha se elevó el número y la gravedad de los ataques y agresiones registradas a periodistas, y se diversificaron los riesgos de los comunicadores por parte del crimen organizado ante la complacencia de gobiernos local y federal.
Es tal la gravedad que la CNDH y la organización Reporteros Sin Fronteras han señalado en sus últimos informes que 2005 es considerado en México como el "año negro para los periodistas", ya que observan con preocupación "un clima adverso que afecta el pleno derecho de los comunicadores para realizar su labor con seguridad".2
Es imperativo mencionar que la mayoría de las agresiones a comunicadores obedecen a la omisión en las actuaciones de algunos funcionarios formados en la cultura del nulo respeto a las instituciones, las leyes y los derechos humanos.
Los ataques a periodistas se han incrementado y son cada vez más frecuentes y pareciera que las autoridades no pueden cumplir con su obligación de preservar la seguridad y las garantías al gremio, especialmente cuando les resultan incómodos.
La libertad de expresión debe coexistir con la seguridad y con un marco jurídico adecuado a las actuales circunstancias, porque de lo contrario la libertad de exteriorizar lo que se piensa puede quedar afectada considerablemente, pero sobre todo el acceso a la información al que toda la población tiene derecho.
La libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de la ONU, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de los Principios sobre la Libertad de Expresión, así como en otros instrumentos internacionales.
Que señalan, entre otras cosas, que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental; por lo tanto la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación debe estar prohibida por la ley.
A su vez, la Declaración de los Principios sobre la Libertad de Expresión señala que "todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes, archivos personales y profesionales, y que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión".
Por ello es "deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".3
Por otra parte, el relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, Anbyi Ligabo, ha señalado que en México las agresiones a periodistas se han dado en la mayoría de los casos por investigar asuntos relacionados con la corrupción e irregularidades en el ejercicio de la gestión pública.
Además, ha instado a los gobiernos a "aplicar las medidas necesarias para reformar las practicas vigentes y adoptar acciones para la promoción y protección de la libertad de opinión y expresión".4
La agresión en las diversas modalidades a los periodistas rompe el vínculo de la comunicación entre las autoridades y la población que tiene el derecho a ser informada, por ello se convierte en un serio problema social que tiene que ser resuelto a la brevedad, si se busca una democracia plena.
En esa disyuntiva, es necesario conjuntar esfuerzos entre todos los órdenes y poderes del Estado mexicano para tomar medidas que erradiquen los vicios que ponen en peligro la integridad física y la vida de los comunicadores y sus familias, así como la libertad de expresar otras ideas u opiniones.
De ahí la importancia de la disposición de este Poder Legislativo de tomar cartas en el asunto y considerar como urgente la creación, dentro de las facultades del Congreso de la Unión, de una Comisión Especial que de seguimiento a las agresiones a periodistas y a los medios de comunicación, con el propósito de contar con información confiable para tomar medidas y proponer las reformas legislativas conducentes.
La nueva instancia legislativa realizaría múltiples acciones de coadyuvancia y tendría las facultades de allegarse la información que considere pertinente para dar seguimiento a las agresiones, a fin de que estas no queden impunes y elaborar materiales para adecuar las leyes que norman la libertad de expresión en México para fomentar una cultura de respeto y tolerancia.
El Estado tiene la responsabilidad y la obligación internacional de proteger a los periodistas y a los medios de comunicación contra ataques, intimidaciones y amenazas, que buscan inhibir las informaciones generadas por los comunicadores para que estas no lleguen a su destinatario y, por ende, no reciban el debate público que merecen.
El Poder Legislativo tiene que convertirse en el garante de la libertad de expresión consagrada en la Constitución y lo mínimo que podemos hacer como representantes populares es crear instancias legislativas de vigilancia y coadyuvancia para dar garantías plenas a los mexicanos.
Por las consideraciones antes señaladas y con fundamento en los artículos 34, inciso c), 42 y 43, numerales 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración y aprobación del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial para Fortalecer la Protección a Periodistas, Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LIX Legislatura.
El objeto de la Comisión Especial será el que se deriva de su denominación.
La Comisión Especial atenderá las proposiciones que en materia de fortalecimiento de la libertad de expresión y no agresión a periodistas y medios de comunicación se presenten ante esta soberanía.
Esta Comisión Especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones establecen la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas.
Contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Segundo.- La Comisión Especial estará integrada por 12 legisladores, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al Pleno de la Cámara de Diputados.
Tercero.- La Comisión Especial podrá solicitar a todas las oficinas o archivos de la Nación toda la información y documentos que estime pertinente para el desempeño de sus funciones.
Asimismo, podrán entrevistarse con todos aquellos servidores públicos federales, estatales y municipales que sean necesarios, así como con los titulares de los organismos protectores de derechos humanos del país e internacionales, a efecto de intercambiar puntos de vista en relación al objeto de la Comisión Especial.
Cuarto.- La Comisión Especial deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Notas
1 Fuente: CNDH; Boletín DGCS/076/05.
2 Fuente: CNDH. Informe Anual 2005 y Reporteros Sin Fronteras.
Informe Anual 2005.
3 Declaración de Principios sobre Libertad de
Expresión de la CIDH.
4 Fuente: Oficina del Alto Comisionado de la ONU para
los Derechos Humanos; Informe del Relator Especial sobre el Derecho a Libertad
de Opinión y Expresión. 17/12/04.
Dip. Beatriz Mojica Morga (rúbrica)
Uno de los graves problemas que vive nuestro país
es la falta de diagnósticos bien elaborados, claros y objetivos
que permitan conocer las deficiencias e insuficiencias que presentan determinadas
regiones -sobre todo las mas pobres y marginadas- y la manera propositiva
para enfrentar y superar estos rezagos, en muchas ocasiones milenarios.
El estado de Tlaxcala con sus poco más de 4 mil
kilómetros cuadrados, una participación en el PIB del 0.5%,
con una población cercana a los un millón 100 mil habitantes,
se dice que es la entidad mejor comunicada del país.
Con poco más de 2, 470 Kilómetros de infraestructura
carretera, que incluye 260 kilómetros de red federal de carreteras
principales pavimentadas; 1,020 kilómetros de red federal secundaria
pavimentada y 1,190 kilómetros de caminos rurales revestidos, la
entidad presenta municipios que por su falta de comunicación, sobre
todo en infraestructura carretera muestran rezagos, todos ellos superables,
si se contara con ella.
Esto es producto de solo pensar en las obras de relumbrón,
que sólo busca el efecto mediático, a falta de estudios realizados
que diagnostiquen la realidad que se vive a diario esas regiones.
El municipio de Altzayanca, ubicado al oriente de la entidad,
es uno de los mas grandes y olvidado de los gobiernos tlaxcaltecas.
Fundado en 1871 (hace 134 años), ha mantenido una
relación de amistad y cooperación permanentes, con el municipio
de Libres del estado de Puebla.
Son 16 kilómetros que separan a la cabecera municipal
de Atzayanca con Libres; y sin embargo las diferencias en oportunidades
de desarrollo y desigualad social contrastan notablemente.
Por ejemplo el municipio de Altzayanca jamás ha
sido considerado como una opción para crear nuevas empresas generadoras
de empleo; lo mismo sucede en la formación y capacitación
de profesionales, toda vez que no cuenta algún centro de enseñanza
de educación superior. Esto provoca la emigración de los
jóvenes a otras zonas del estado y del país que buscan mayor
preparación y mejores oportunidades de vida.
Cabe mencionar que una de las industrias o agroindustrias
que tuvieron mucho auge en la región y que constituyó el
sustento de miles de familias fue la producción de pulque. Hoy esta
industria (trabajada de manera artesanal) está prácticamente
extinguida, situación que agudiza la pobreza de miles de paisanos.
Por eso es importante encontrar nuevas maneras de aprovechar
los recursos de la región como:
- Aprovechar la riqueza forestal de la zona, que ya esta
en proceso, así como los programas de ecoturismo, que por falta
de vías de comunicación no se ha desarrollado.
- Desarrollar la fruticultura es otra de las opciones
que tiene este municipio, a través de la producción de durazno
de alta calidad que registra una amplia demanda en Puebla y Veracruz, vía
Teziutlán.
- Aprovechar recursos naturales como: la cantera rosa
y gris, piedra para cimientos y muros de apariencia natural y laja para
la decoración de muros, son otros de los productos que tienen una
alta demanda en la industria de la construcción en los estados mencionados. Actualmente se hace un recorrido de 65 kilómetros
de la cabecera de Altzayanca a Libres. La ventaja en tiempo y oportunidad
es obvia al contar con una vía de 16 kilómetros nada más.
Es por ello que a esta región de mi estado le es
urgente la construcción una carretera moderna que enlace a Altzayanca
con el municipio de Libres y de ahí a los demás estados de
esta región del país. El costo de construcción de
la carretera de casi 16 kilómetros (7.1 kilómetros de Tlaxcala
y 8.6 de puebla) es de $48 millones (de acuerdo al proyecto de factibilidad
que se anexa), que incluye: pavimentación, construcción de
puente, otras obras diversas y gastos indirectos.
Es inconcebible que se cancele la posibilidad del desarrollo
de la región de Altzayanca y no se aprovechen los recursos y las
ventajas comparativos que posee y sobretodo se anule la posibilidad de
mejorar las condiciones de vida de la población, por no contar con
infraestructura mínima, como la que hoy demanda la autoridad municipal.
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo
58, fracción I del Reglamento General para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en mi calidad de
diputada federal del grupo parlamentario del PRI es que vengo ante esta
honorable Asamblea a solicitar la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo
I. Que la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes incluya
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2006 una partida
especial por un monto de $48 millones, a fin de destinarlas a la construcción
y pavimentación de la carretera, en el tramo Altzayanca, Tlaxcala-
Libres, Puebla.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre
del 2005.
Dip. Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica)
La suscrita Janette Ovando Reazola, diputada federal en
la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, con fundamento en los numerales 58, 59 y 60 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
comparezco a solicitar se turne a las Comisiones correspondientes la siguiente
proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara a que dentro
del análisis del Presupuesto 2006 asigne recursos adicionales por
270 millones de pesos para la construcción de un hospital de segundo
nivel, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que
cubra el déficit de centros de salud que padece esta región
del estado. Para lo cual hago las siguientes
Consideraciones
La vida es el bien más preciado de la persona humana,
y la salud, es primordial para su preservación y dignificación.
La salud es definida como la ausencia de padecimientos de naturaleza biopsicosocial,
la salud es necesaria para la potencialización de la persona. Si
bien, el gobierno mexicano ha realizado esfuerzos para ampliar el acceso
de la población a los servicios de salud con la implementación
de programas y con la publicación en el Diario Oficial de la Federación
el 15 de mayo del 2003 del decreto por el que se crea el Seguro Popular,
que ha significado el avance mas significativo en materia de salud desde
la creación del Instituto Mexicano de Seguridad Social; con este
seguro se pretende beneficiar a los mexicanos que no cuentan con ningún
servicio de seguridad social; el gobierno federal ha demostrado su conciencia
del rezago que arrastra el país en servicios médicos públicos.
El derecho a la salud esta contenido en el artículo
cuarto constitucional; dicho ordenamiento obliga a la Federación,
estados y municipios a garantizar la salud y en particular el acceso a
los servicios de salud de la población en general; para permitir
el desarrollo armónico de las facultades y potencialidades de la
persona humana. Los legisladores mexicanos conscientes de la problemática,
reformaron la Constitución en 1983 la reforma fue publicada el 3
de febrero de 1983, con la finalidad de introducir un tercer párrafo
al artículo 4 de la Constitución y de esta manera elevar
el derecho a la salud a nivel constitucional.
Algunos de los objetivos que se persiguieron con la adición
fueron:
Prolongar y mejorar la calidad de vida en todos nuestros
sectores sociales, con especial atención a los grupos más
débiles y vulnerables;
Fomentar la solidaridad y la responsabilidad entre la
población para la preservación de la salud;
Brindar servicios de salud que satisfagan eficazmente
las necesidades de la población en esta materia; Elevar la calidad y los servicios de Salud implica erogaciones
al Estado que está obligado a garantizar la protección de
este derecho, no obstante, no se puede exigir su cumplimiento más
allá de los limites materiales, y de los recursos con los que cuenta
el propio Estado. Lo anterior no ha sido obstáculo para la aprobación
de una serie de programas en materia de Salud, que si bien en un principio
han significado un mayor gasto para el Erario de la Nación, se han
convertido en una inversión en la salud de sus gobernados. Como
se suele decir "la salud no tiene precio" no podemos dejar de atender la
salud de los más necesitados.
La zona de los Altos de Chiapas ha sufrido uno de los
más graves rezagos en materia de servicios de salud; debido en gran
medida, a la indiferencia que mostraron durante muchos años los
tres niveles de gobierno. No podemos dejar de señalar que las administraciones
federal y estatal actuales, han tratado de acabar con este rezago; lo cierto
es que aún falta mucho.
Los resultados del XII Censo General de Población
y Vivienda del año 2000, reportan una población total en
el país de 97,361,711 mexicanos, de los cuales 3,920,515 son chiapanecos,
se trata de la 8ª. entidad federativa más poblada de la República,
con el 4.03% de la población total, y con el 7º lugar respecto
a densidad poblacional, con una cifra 53 habitantes por kilómetro
cuadrado, cuando la media nacional es de 50.
Datos del mismo censo muestran que la población
de Chiapas solo creció en 3,920,515 habitantes, lo que es alentador
a los programas de planificación familiar y control demográfico,
que están cumpliendo con su finalidad al frenar el desmesurado crecimiento
demográfico que registraba con anterioridad esta entidad federativa.
Resulta de gran relevancia el hecho que según datos
del censo del año 2000 Chiapas ocupa el lugar 17 en relación
a población en localidades con más de 10,000 habitantes.
El mismo documento menciona que el 54.45% de nuestra población (2,134,800
de nuestros 3,920,515 habitantes), se ubica en localidades con menos de
2500 habitantes, cuando la media nacional es de 25.32%, superado únicamente
por Oaxaca con el 55.32%. Lo anterior es claramente descriptivo de la distribución
poblacional del Estado de Chiapas la cual se encuentra ampliamente dispersa
en su territorio, lo que dificulta prestarle servicios básicos como
agua potable, drenaje, luz y salud entre otros.
Ocupa el 9º lugar respecto a las entidades con mayor
número de viviendas en el país. Sin embargo en el mismo documento,
nuestro promedio de ocupantes por vivienda, es de 4.85, cuando la media
nacional es de 4.42, superado solo por Tlaxcala con 4.92 y Guanajuato con
5.02.
En 21 municipios chiapanecos el promedio de ocupantes
por vivienda rebasa 5.5. Trece de los cuales se encuentran situados en
la zona de los Altos de Chiapas, estos son:
Francisco León, Chapultenango, Amatán, Ixtapangajoya.
Pueblo Nuevo Solistahuacán, Huitiupán, Tila, Tumbalá,
Tenejapa, Oxchuc, Huixtán, Totolapa y Las Margaritas.
Por otro lado, si bien el estado no se destaca por su
industrialización, si cuenta con una de las mayores riquezas nacionales.
Sus reservas petroleras, el 25% de las aguas superficiales del país,
el 33% de los ríos de México; genera el 45% del suministro
eléctrico nacional.
La Selva Lacandona es otro de los grandes tesoros con
los que cuenta el estado, se trata de una de las últimas selvas
tropicales en el hemisferio norte, con 600,000 hectáreas, en donde
se albergan el 60% de las especies mexicanas de árboles tropicales,
3,500 especies de plantas, 1,157 de invertebrados y más de 500 vertebrados
conocidos. En realidad aún se desconoce gran parte de la enorme
biodiversidad Chiapaneca. (Diagnóstico de los pueblos indígenas
de Chiapas http:/www.sedesol.gob.mx/perfiles/estatal/chiapas/07_economia.
html). Por lo que representa uno de los sitios con mayor diversidad ecológica
de México, gracias a sus nueve regiones fisiográficas.
El estado se encuentra dividido en nueve regiones, a saber:
Soconusco, Istmo-Costa, Frailesca, Sierra, Centro, Fronteriza, Norte, Altos
y Selva. Dentro de éstas, debe esclarecerse que aunque en su conjunto
la población chiapaneca presenta los mayores índices de marginación
de México, existen diferencias regionales que definen diversos niveles
de bienestar. Así pues, las regiones Soconusco y la de Istmo-Costa,
pueden considerarse de un alto nivel productivo que conlleva mejores niveles
de bienestar, por contar con suelos planos, profundos y fértiles,
con grandes fincas de cafeto, plátano, cacao, frutales, etc., en
tanto que en las regiones de Los Altos, Fronteriza, Norte y Sierra, ocupadas
por asentamientos indígenas, dominan suelos de topografía
accidentada, con delgada capa vegetal, propios para plantaciones de cafeto,
uso forestal o reservas ecológicas, con prácticas tradicionales
de agricultura, poco mecanizadas, con niveles de alta marginación.
El Centro de Información y Análisis de Chiapas
(CIACH ) en su reporte "Para entender Chiapas. Chiapas en Cifras.", señala
lo siguiente:
En 1990, el 38.8% de la población agrícola
percibió ingresos de menos de medio salario mínimo, el 36.6%
percibió más del 50% pero menos de un salario mínimo.
Hasta 1996 Chiapas estaba considerada como una entidad
dentro de la zona "C", por lo que el salario mínimo fue de 19.05,
el más bajo del país.
El 66.74% de la población sufre de desnutrición,
ocupando el primer lugar a nivel nacional. Tapachula
12,297
Ocosingo
10,941
Las Margaritas
8,725
San Cristóbal L.C.
8,235
Comitán
6,460
Tila
5,365
El número de muertes por infecciones intestinales
es de 152.2 por cada 100,000 habitantes, comparada con 38 en el resto del
país.
Ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cuanto al número
de mujeres fallecidas por complicaciones del parto.
1er. lugar en tuberculosis pulmonar, con tasa de 47.47
por 100,000 hab.
2o. lugar en paratifoidea y otras salmonelosis, con tasa
de 616.27 por 100,00 hab.
2o. lugar en paludismo por p. falciparum, con tasa de
0.28 por 100,000 hab.
2o. lugar en síndrome coqueluchoide, con tasa de
1.50 por 100,000 hab.
3er. lugar en tracoma, con tasa de 0.10 por 100,000 hab.
7o. lugar en amibiasis intestinal, con tasa de 2984.30
por 100,000 hab.
Por otro lado, 58 de sus municipios son considerados Municipios
Indígenas; de acuerdo al criterio adoptado por el Instituto Nacional
Indigenista (INI), que clasifica así, a los municipios en los cuales
el 30% de su población habla alguna lengua indígena. En 19
de estos municipios el 90% de sus pobladores habla una lengua indígena,
estos son: El Bosque, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó,
Chilón, Huixtán, Larrainzar, entre otros.
La riqueza de los recursos naturales con los que cuenta
el Estado contrastan con la extrema pobreza en que vive gran parte de su
población; muestra de lo anterior son las siguientes cifras reportadas
por el CIACH.
Primer lugar en la producción de energía
hidroeléctrica, aportando el 55% de la producción nacional
total.
Mantos petroleros ricos, con pozos en producción
que superan holgadamente la producción promedio de pozos estadounidenses
y canadienses. Es por lo anteriormente descrito que se hace necesaria
la construcción de un hospital de segundo nivel, en la ciudad de
San Cristóbal de las Casas, Chiapas; que alivie el déficit
que sufre la zona de los Altos de Chiapas. El hospital que se pretende
construir es de primer nivel y contaría con una capacidad de 70
camas en una superficie de 500m2 (355) un presupuesto de la federación
de 300 millones de pesos (250) para su construcción y equipamiento.
El Gobierno estatal (mediante acuerdo entre los dos gobiernos
federal y estatal) se encargaría de la administración del
hospital. De esta forma el Gobierno del estado sufragaría los gastos
de manutención y funcionamiento del hospital.
San Cristóbal es una ciudad del estado de Chiapas
donde concurren una serie de poblaciones con población, en su gran
mayoría indígena que no cuentan con ningún servicio
de seguridad social y que los centros hospitalarios con los que cuenta
la citada ciudad no cuentan con la capacidad técnica y logística
para atender a la creciente población que solicita la atención
medica. Hoy día muchos de los enfermos que llegan a los centros
públicos de salud en San Cristóbal, son enviados a hospitales
de Tuxtla Gutiérrez ya sea por que no se cuenta con el instrumental
medico para atender los padecimientos del enfermo o peor aun, por que no
hay camas disponibles para cubrir las necesidades de la región de
los Altos.
San Cristóbal de las Casas es una ciudad ubicada
en los Altos de Chiapas, con una población mayor a los 120,000 habitantes;
es un polo de turismo ecológico que requiere de servicios de salud.
Además de ser un centro urbano donde confluyen una serie de comunidades
que requieren de servicios médicos por lo que la ciudad de San Cristóbal
de las Casas no sería la única población en resultar
beneficiada con la construcción de la multicitada clínica,
también se verían beneficiados una veintena de poblados como
son: Amatenango; El Bosque; Chalchihuitán; Chamula; Chanal; Chenalhó;
Chilón; Huixtán; Huitiupán; San Andrés Larráinzar;
Mitontic; Oxchuc; Pantelhó; Simojovel; Sitalá; Tenejapa;
Teopisca; Yajalón y Zinacantán., entre otros, que a excepción
de alguno, ninguno cuenta -ya no digamos con clínicas- con unidades
médicas familiares.
Los beneficios que traería la construcción
del hospital de segundo nivel en esta ciudad serían considerables,
sin dejar de mencionar el avance que significaría en la reducción
del rezago en déficit en servicios de salud que padece el estado
de Chiapas y en especial esta zona de los Altos del estado.
Compañeros los conmino a no hacer oídos
sordos de las exigencias de nuestro pueblo, en especial de las provenientes
de nuestros indígenas, que son nuestras raíces, y que viven
en situación vulnerable -económica, política y social-
por lo que requieren de nuestra intervención para hacerse oír.
Hoy piden nuestra intervención para dotarlos de un hospital de segundo
nivel, que representa una cantidad ínfima para el Presupuesto de
la Federación que estaremos aprobando para el año próximo;
pero para ellos representará, en muchos de los casos, su único
medio para acceder a servicios de salud dignos de la persona humana.
La petición de la construcción del hospital
es de todos los ciudadanos de esta zona de Chiapas, que vemos con gran
tristeza y desesperación que los hospitales existentes, desafortunadamente
no cuentan ni con el número de camas que requiere esta población
ni con el instrumental medico requerido para su funcionamiento.
De ser beneficiados para la construcción del mencionado
hospital, estaremos combatiendo la desigualdad social que ha sido la causa
de los descontentos sociales y la violencia que ha vivido esta zona en
el pasado.
Por lo anteriormente señalado comparece ante esta
honorable soberanía a presentar la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo
Único.- Exhortar a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara que dentro
del análisis del Presupuesto 2006 asigne dentro de su presupuesto
del ejercicio 2006, recursos adicionales por 270 millones de pesos para
la construcción de un hospital de segundo nivel, en la ciudad de
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Dip. Janette Ovando Reazola (rúbrica)
La salud y el derecho a la salud de todos los mexicanos,
es un binomio indisoluble que tiene que ver con la vida y la calidad de
vida de nuestra población
Tlaxcala, con sus casi un millón 100 mil habitantes
y una extensión territorial de 4,037 Kilómetros cuadrados
(la entidad mas pequeña territorialmente después del Distrito
Federal), con una participación del 0.5% del Producto Interno Bruto
Nacional, nos ofrece un cuadro dramático en materia de prestación
del servicio de salud.
La entidad, enclavada en grandes urbes del país
como la Ciudad de México a 120 minutos y Puebla capital a 40 minutos,
constituyen para los tlaxcaltecas el principal espacio para la atención
médica y mas cuando de urgencias se trata.
Esto nos coloca en una situación de vulnerabilidad
y desventaja, en especial para la gente pobre, sobre todo de poblaciones
alejadas como Tequexquitla, Terrenate, Emiliano Zapata, Tlaxco, Altzayanca,
entre muchas otras.
Si la Constitución General de la República,
en su artículo 4° señala que el acceso a la salud y a
mejores condiciones de vida es un derecho de todos los mexicanos, Tlaxcala
no tiene porque quedar fuera de este derecho.
Solo unos datos para mostrar la situación, lamentable,
en que se encuentra la prestación de este servicio en nuestro estado.
Ocupamos el 29° lugar en unidades médicas:
hospitales el último lugar (32°) y unidades de consulta externa
el 28°; en recursos materiales el penúltimo lugar, que incluye
camas censables, consultorios, laboratorios de análisis clínicos;
en personal médico el 29°, de los cuales ocupamos el penúltimo
lugar en médicos especialistas: en consultas externas el 29°
y el último lugar en urgencias y medicina especializada.
Por si esto fuera poco, no contamos con un solo hospital
certificado, pero, eso si, somos de los estados que mas partos realiza
(proporcionalmente) por cesárea, siendo en los privados de casi
57% equivalente al promedio nacional, sin contar con un solo hospital certificado
del sector salud para ello.
Esto explica, en parte, el porque enfermedades del llamado
"rezago epidemiológico" todavía permanezcan de manera importante
en la entidad. Por ejemplo, en Tlaxcala se mueren casi 6 niños menores
a un año de cada cien mil, cuando el promedio nacional es de tres.
Pero Tlaxcala también presenta indicadores preocupantes
en esta nueva "transición epidemiológica" que estamos viviendo.
En diabetes, de cada 100 mil, anualmente se mueren en nuestra entidad por
causa de esta enfermedad casi 100 hombres y 92 mujeres, cuando el promedio
nacional no es mayor a 80; en cirrosis hepática 79, cuando el promedio
nacional es de 60.
La procuración de la salud, compañeras y
compañeros legisladores, es un asunto de Estado. Así la ha
concebido nuestro país desde hace más de 62 años.
Por ello es lamentable que todavía se den estos hechos de excepción,
que atentan en contra de la salud y la vida de millones de mexicanos.
Tlaxcala no debe, no puede permanecer al margen de las
políticas de salud pública del Gobierno Federal. De acuerdo
al documento de Salud: México 2004, que publicó la Secretaría
de la Salud, Tlaxcala hace un gran esfuerzo para superar estos rezagos.
Por ejemplo, mientras a nivel nacional se destina el 3% del PIB a inversión
en salud, Tlaxcala destina el 4.3%; del rubro de gasto público total,
17.4% se destina a la salud, en Tlaxcala representa el 22.3%. Sin embargo,
mientras que en el país el 82% del gasto en salud es federal y el
17.4% corresponde a los estados; en Tlaxcala el 96 del gasto en salud es
federal y solo el 4% es estatal.
Es cierto, no somos una entidad que genere tantos recursos
para que le sea atractiva la federación, pero si los necesarios
para ser autosuficientes, si avanzáramos en un verdadero federalismo
fiscal.
Por ello recurrimos a la Federación, para solicitarle
una partida especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación
para el 2006, a fin de llevar a cabo la construcción de un hospital
certificado en el municipio de Huamantla.
El hospital que hoy existe tiene décadas de prestar
servicio con el mismo equipo sin haber sido modernizado o por lo menos
sustituido algunos.
De los 433 nosocomios con que cuenta la Secretaria de
la Salud, el 30% (alrededor de 130 son certificados). Ninguno de estos
se ubica en Tlaxcala.
Por lo
anterior y con fundamento en el artículo 58, fracción I del
Reglamento General para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados
Unidos Mexicanos y en mi calidad de diputada federal del grupo parlamentario
del PRI, es que vengo ante esta honorable Asamblea a solicitar la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo
I. Que en la Secretaría de Salud se incluya en
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2006 una partida
especial por un monto de 70 millones de pesos, destinados a la construcción
de un hospital de especialidades (certificado) en el municipio de Huamantla,
en el estado de Tlaxcala.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 12 de septiembre
del 2005.
Dip. Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica)
El que suscribe Juan Barcenas González, diputado
federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante
de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
me permito someter a la consideración de esta soberanía el
siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primero.- La Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, en la fracción XXVI del artículo
27 señala que a la Secretaría de Gobernación le corresponde:
"Fijar el calendario oficial".
Segundo.- El Reglamento Interior de la Secretaría
de Gobernación, en la fracción IX del artículo 19
señala que la atribución de la Dirección General de
Desarrollo Político de dicha Secretaría tendrá la
atribución de: "Definir, editar y difundir el Calendario Cívico
de Conmemoraciones".
Tercero.- El Reglamento Interior de la Secretaría
de Gobernación, en la fracción XXX del artículo 25
señala que la Dirección General de Radio, Televisión
y Cinematografía de dicha Secretaría tendrá la atribución
de: "Supervisar la cobertura y producción para la televisión
de los programas informativos relacionados con las actividades del titular
del Poder Ejecutivo Federal y sus dependencias, así como los correspondientes
a los actos que señala el Calendario Cívico de Conmemoración.
Cuarto.- En 1923 el Comité Ejecutivo de
la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) recomendó conmemorar
un día internacional de las cooperativas. El 16 de diciembre de
1992 la Asamblea General de la ONU (Naciones Unidas), a través de
la resolución 47/90, proclamó la necesidad de realizar un
"Día Internacional de las Cooperativas" a partir de julio de 1995,
en conmemoración al centenario de la creación de la Alianza
Cooperativa Internacional (ACI) (grupo que reúne organizaciones
cooperativas de 100 países que cuentan con un total de 700 millones
de miembros).
Quinto.- Una sociedad cooperativa es una organización
social autónoma integrada por personas unidas voluntariamente con
base en intereses comunes para beneficio de todos. La consigna es el espíritu
de hermandad e igualdad entre sus miembros, donde todos tienen los mismos
deberes y derechos.
Sexto.- En la actualidad las sociedades cooperativas
desempeñan una importante labor en nuestro país, desde los
diferentes sectores de su quehacer económico y social: transporte,
turismo, agropecuario, pesca, cajas de ahorro y préstamo, producción
industrial, consumo, servicios y actividades diversas; promoviendo la competitividad,
la productividad y la calidad en las actividades que las mismas desarrollan;
así como la promoción a la participación social más
activa con criterios de equidad, lo anterior en beneficio de sus respectivos
socios y las comunidades, zonas y regiones en donde se desenvuelven. Mención
aparte, es la contribución en la generación de empleos.
Séptimo.- La celebración del "Día
Nacional del Cooperativismo" se proyecta como un motivo para impulsar en
la población nacional la importancia, desarrollo histórico
y proyección del cooperativismo en el impulso de la economía
del país, principalmente la de los pequeños productores agropecuarios,
los pequeños ahorradores y la pequeña y mediana industria.
Por ello, en cada celebración de ese día deberemos promover
conferencias, talleres y foros de divulgación y capacitación
sobre los temas del cooperativismo, como la forma más positiva de
recordar y enaltecer el "Día Nacional del Cooperativismo".
Octavo.- Me queda la convicción de que al
celebrar un "Día Nacional del Cooperativismo" estaríamos
reconociendo a las instituciones, grupos y personas del sector cooperativo
de este país, que durante décadas de trabajo arduo han tenido
la capacidad de alcanzar un nivel de rentabilidad que no sólo beneficie
a sus socios, sino a la mejora de la calidad de vida y el desarrollo económico
de la comunidad a la que pertenecen, y de nuestra patria.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración
de esta honorable Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: En el marco de la división
de poderes, esta Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría
de Gobernación que incluya el primer sábado del mes de julio
en el Calendario Cívico de Conmemoraciones, como el "Día
Nacional del Cooperativismo".
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre
de 2005.
Dip. Juan Bárcenas González (rúbrica)
El suscrito diputado federal integrante del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad en lo dispuesto
en los artículos 55, fracción II, y 58 del Reglamento Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración
de esta soberanía la presente propuesta de punto de acuerdo con
base en la siguiente:
Exposición de Motivos
Como es públicamente conocido en el amanecer del
día primero de agosto de este año, en un lugar conocido como
"El Carril" del municipio de Tonalá, Jalisco, se suscitaron una
serie de hechos delictivos en los cuales fallecieron cuatro personas y
varias resultaron heridas.
Por información periodística, estas pérdidas
se debieron a la utilización de granadas de fragmentación
y a la presencia de personas fuertemente armadas y con visos de enfrentamiento
entre grupos de narcotraficantes, totalmente ajenos al municipio de Tonalá.
Es decir, los hechos tanto de armas como de narcotráfico,
caen de manera plena bajo la responsabilidad de la Procuraduría
General de la Republica.
Sin embargo a los pocos días de los eventos, el
Procurador Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, señaló
que había policías municipales de Tonalá, custodiando
a los narcotraficantes, pero olvidó decir los comos y los porqués.
En ningún momento informó, porque había
gente con granadas, con armas de alto poder, con todas las señales
de delincuencia organizada, no recordó señalar donde estaban
sus investigadores y por qué circulaban sin problemas esta gente
armada.
En todo caso, si los policías estaban o no "cuidando"
a los narcotraficantes, el Procurador tiene la obligación de investigar
y no andarlo divulgando, en otras palabras, callar y trabajar y no andar
buscando la nota periodística para favorecer su imagen pública.
El Procurador no debió publicar, porque eso es
evidenciar líneas de investigación, que por mandato legal
está obligado a reservar hasta en tanto se detengan a los culpables.
Se debe resaltar que dentro de la legislación vigente
encontramos claros ejemplos de la reserva que debe prevalecer dentro de
los procedimientos indagatorios tendientes a la persecución de los
delitos.
Así, el artículo 180 del Código
Federal de Procedimientos Penales establece, entre otras disposiciones
las de que la información y documentos obtenidos en los procesos
indagatorios sólo podrán ser utilizados en la investigación
y para efectos del proceso penal, debiéndose guardar la más
estricta confidencialidad.
Al servidor público que quebrante la reserva
de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que
obran en la averiguación, se le sujetará al procedimiento
de responsabilidad administrativa y penal, según corresponda.
La propia Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la Republica establece en la fracción XII del artículo
54 que: Son obligaciones de los Agentes del Ministerio Público de
la Federación, de los Agentes de la Policía Federal Investigadora
y de los Peritos, Preservar el secreto de los asuntos que por razón
del desempeño de su función conozcan.
Finalmente, la fracción III del artículo
14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental define que: "También se considerará
como información reservada, Las averiguaciones previas".
Atendiendo la fundamentación legal referida, hay
que valorar si el propio Procurador cayó en violaciones a la ley,
que se supone él es el primer garante en materia federal.
Por lo anterior, y ante la gravedad de los hechos y la
actuación del Procurador General de la Republica, y en base a los
artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito en obvia y urgente resolución,
se apruebe el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Solicítese al Lic. Daniel
Francisco Cabeza de Vaca Hernández; Procurador General de la Republica,
que en el desarrollo de su actuación como Titular de la instancia
referida ajuste su proceder al marco institucional y jurídico aplicable
y en su caso, de ser ello procedente, establezca los contactos necesarios
y pertinentes a través de los medios oficiales con el Presidente
Municipal de Tonalá, Jalisco.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados.
Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2005.
Dip. Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica)
El que suscribe, diputado José Antonio Cabello
Gil, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional
de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción
II del artículo 71 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos
56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta
soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante
el cual se exhorta a las instituciones del sector público de salud
integradas en el Consejo de Salubridad General, a que se cumpla cabalmente
las disposiciones relativas al abasto de medicamentos del cuadro básico
para primer nivel de atención y del catálogo para segundo
y tercer nivel de atención del grupo terapéutico número
20, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
II.- La misma ley en su artículo 28 establece
que, para los efectos del artículo 27, habrá un Cuadro Básico
de Insumos para el primer nivel de atención médica y un Catálogo
de Insumos para el segundo y tercer nivel, elaborados por el Consejo de
Salubridad General a los cuales se ajustarán las instituciones públicas
del Sistema Nacional de Salud, y en los que se agruparán, caracterizarán
y codificarán los insumos para la salud.
III.- El artículo 29, de la ley en comento,
establece que la Secretaría de Salud determinará del Cuadro
Básico de Insumos del Sector Salud la lista de medicamentos y otros
insumos esenciales para la salud, y garantizará su existencia
permanente y disponibilidad a la población que los requiera,
en coordinación con las autoridades competentes. Para que se cumpla
lo anterior, el artículo 30 de la misma ley dictamina que la Secretaría
de Salud apoyará a las dependencias competentes en la vigilancia
de los establecimientos de los sectores público, social y privado
dedicados al expendio de medicamentos y a la provisión de insumos
para su elaboración.
IV.- La aplicación del Cuadro Básico
y Catálogo de Insumos en la Administración Pública
Federal, ha permitido contar con un sistema único de clasificación
y codificación de insumos para la salud, lo cual ha contribuido
a homogeneizar las políticas de adquisición de las instituciones
públicas federales del Sistema Nacional de Salud. Dichos insumos
para la salud son un componente esencial de la atención a la salud,
por lo que es necesario garantizar su efectividad y seguridad, su abasto
eficiente y oportuno, su prescripción racional y su venta a un costo
razonable.
V.- Mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 9 de junio de 1983, se instituyó el cuadro
básico de insumos y se creó la Comisión Interinstitucional
del Cuadro Básico de Insumos, como grupo de trabajo del Consejo
de Salubridad General, encargada de introducir las modificaciones que oportunamente
requiriera dicho cuadro y se previó la formación de comités
específicos dedicados a cada uno de los distintos tipos de insumos.
El llamado Comité de Medicamentos está constituido
por representantes de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano
del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia y de la Secretaría de la Defensa Nacional, bajo la
coordinación de la Secretaria del Consejo de Salubridad General
y Presidenta de la Comisión Interinstitucional.
VI.- El Programa Nacional de Salud 2001-2006, planteó
la democratización de la salud, decisión que permite disponer
de un sistema de salud que haga posible que todos los hombres y todas las
mujeres tengan la oportunidad de desarrollar al máximo sus potencialidades.
Alcanzar un sistema como el propuesto, ha significado tres retos: la equidad,
la calidad y la protección financiera en el marco de un sistema
de salud que garantice el acceso universal a servicios integrales y de
alta calidad.
El reto de la calidad entendida como el grado en que los
servicios mejoran los niveles de salud de manera congruente con las normas
profesionales y los valores de los pacientes, se atendió desde el
principio de la actual administración con la Cruzada Nacional por
la Calidad de los Servicios de Salud. Para enfrentar el reto de la protección
financiera se llevó a cabo el cambio de mayor trascendencia que
se ha dado en la época moderna de nuestro sistema de salud, la reforma
de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de
2003, que entró en vigor el 1º de enero de 2004.
Es así que los Cuadros Básicos y Catálogos
de Insumos del Sector Salud son un instrumento fundamental en la política
de adquisición de insumos, sobre todo ahora con el nuevo sistema
de salud integrado por tres seguros públicos de salud, el del IMSS,
el del ISSSTE y el Seguro Popular del Sistema de Protección Social
en Salud, que significa la atención médica integral incluyendo
el acceso a medicamentos en forma gratuita, ya que son un componente esencial
de la atención de la salud.
VII.- Sin embargo, en últimas fechas se
han alzado las voces de muchísimos ciudadanos y organizaciones no
gubernamentales sobre el desabasto de los medicamentos incluidos en el
cuadro básico, pero particularmente resalta el caso de los medicamentos
del cuadro básico para primer nivel de atención y del catálogo
para segundo y tercer nivel de atención del grupo terapéutico
número 20 referente a la Psiquiatría. El organismo no gubernamental
llamado "Voz Pro Salud Mental", y que tiene presencia a nivel nacional,
ha hecho muchos llamamientos a las autoridades correspondientes sobre este
aspecto y sin muchos resultados favorables.
VIII.- Debemos tener presente que, de acuerdo a
cifras estadísticas oficiales, la salud mental en México
recibe únicamente el 0.85% del presupuesto de salud, cuando la Organización
Mundial de la Salud recomienda a los gobiernos de las países el
destinar al menos un 10%. En México, según la Secretaría
de Salud, existen al menos 15 millones de personas que tienen alguna enfermedad
mental.
Tanto el Programa de Acción en Salud Mental 2001-2006
como la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica,
han diagnosticado que en México las principales enfermedades mentales,
por su incidencia, son la depresión (del 7 al 10% de la población),
el trastorno bipolar (1.6% de la población), la esquizofrenia (1%
de la población), el trastorno por déficit de atención
e hiperactividad, conocido como TDAH (entre el 5% de los niños de
6 a 16 años), y más de 500,000 adultos mayores de 65 años
son potencialmente susceptibles de padecer demencia.
IX.- A este segmento de la población se
les debe de asegurar el acceso a los medicamentos integrado en el Cuadro
Básico para primer nivel de atención y del catálogo
para segundo y tercer nivel de atención del grupo terapéutico
número 20. Asimismo, se debe poner especial atención al acceso
a medicamentos de última generación y que reciban un tratamiento
adecuado que les permita la reintegración y una vida digna.
X.- Desde un punto de vista, el Estado tiene el
privilegio de influir de manera directa en la salud y en la calidad de
vida de las personas, mediante el otorgamiento de medicamentos seguros,
eficaces y accesibles, y también con su participación activa
en los planes y políticas nacionales en materia de salud. En el
legislativo apoyamos los proyectos en materia de salud que permitan satisfacer
la demanda de la población a través del otorgamiento de medicamentos
seguros, eficaces y disponibles, en una estructura operativa sustentable
que asegure la permanencia y el perfeccionamiento de dicho esfuerzo. Y
ello por que el desarrollo que todos deseamos para México requiere
evidentemente de una población saludable que permita superar los
desafíos sociales y productivos de hoy y de mañana. Por ello,
el impulso a la salud con calidad, constituye la prioridad más elevada
de nuestro país. Proposición con Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta en lo general a las instituciones
del sector público de salud integradas en el Consejo de Salubridad
General, a que se cumpla cabalmente las disposiciones relativas al abasto
de medicamentos del cuadro básico para primer nivel de atención
y del catálogo para segundo y tercer nivel de atención, de
acuerdo a las disposiciones de los artículo 27, 28, 29 y 30 de la
Ley General de Salud.
Segundo.- Se exhorta en forma especial a las instituciones
del sector público de salud integradas en el Consejo de Salubridad
General, a que se cumpla cabalmente las disposiciones relativas al abasto
de medicamentos del cuadro básico para primer nivel de atención
y del catálogo para segundo y tercer nivel de atención del
grupo terapéutico número 20, de acuerdo a las disposiciones
de los artículo 27, 28, 29 y 30 de la Ley General de Salud.
Tercero.- Se exhorta al Consejo de Salubridad General,
a través de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico
de Insumos, a que se redoblen los esfuerzos y las acciones tendientes a
enriquecer y mantener actualizados los insumos integrados en cuadro básico
del primer nivel de atención médica, y el Catálogo
de Insumos del segundo y tercer nivel, de acuerdo a los avances de la ciencia
y la tecnología en medicina. Tal y como lo marca el artículo
3 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del
Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de septiembre
de 2005.
Dip. José Antonio Cabello Gil (rúbrica)
El que suscribe, diputado federal Víctor Hugo Islas
Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados,
con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a
la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición
con punto de acuerdo para proponer la integración de una partida
específica de apoyo a las entidades federativas que poseen en su
territorio pozos y complejos petroleros, con cargo a los excedentes derivados
de la venta de hidrocarburos al exterior, con base en los siguientes
Considerandos
En las últimas dos décadas y media se ha
vivido un proceso de revisión y replanteamiento del esquema federal
de nuestro país. En él han sido protagonistas los gobiernos
de las entidades federativas y de los ayuntamientos, a fin de hacer realidad
las disposiciones constitucionales de los artículos 40, 115 y 122
de la Constitución Política, que definen un avanzado esquema
descentralizado y de coordinación entre sujetos paritarios, mismos
que en la realidad se sustituyeron durante un largo periodo por una férrea
centralización.
Las reformas impulsadas en el año de 1982 representaron
un avance jurídico de reconocimiento a los gobiernos locales, pero
que no trascendieron en el fortalecimiento verdadero de estos ámbitos
territoriales de gobierno, sino hasta el año de 1989, en donde se
empezaron a establecer programas de generación de infraestructura
y de combate a la pobreza que tuvieron como columna vertebral a las regiones
del país.
Hasta 1998 se logra legalizar como parte de la recaudación
federal no participable al Ramo 33, asegurando el traspaso a los gobiernos
locales de importantes recursos para atender crecientemente las obligaciones
que le señala la propia Carta Magna. En 1999 se reforma el artículo
115 Constitucional, para reconocer al Ayuntamiento como órgano de
gobierno, toda vez que desde el inicio de la Guerra de Independencia de
ese año, es decir por 189 años, fue considerado un ente auxiliar
administrativo del gobierno central.
A pesar de estas reformas, la proporción de ingresos
fiscales continúa siendo claramente favorable a la Federación,
cuya apropiación del ingreso nacional se sitúa en el orden
del 95% del total de los ingresos públicos. Con motivo de la situación
favorable del mercado del petróleo, desde hace poco se estableció
que una parte de los ingresos excedentes de su venta al exterior se canalizara
a diversos fondos, destinándose el Fondo de Inversión en
Infraestructura en los Estados, constituido por el 25% de la diferencia
entre el precio proyectado y el precio real alcanzado, a las entidades,
para generar obras de infraestructura, etiquetadas para carreteras, sistemas
de agua potable y alcantarillado, educación y salud, fundamentalmente.
El alivio que estos recursos han representado para las
debilitadas finanzas estatales, que han tenido que absorber rápidamente
servicios educativos y de salud, entre otros, a partir de su descentralización,
se han establecido de manera uniforme, sin considerar las diferencias territoriales
y de productividad petrolera que, tomando en consideración la alta
siniestralidad de las instalaciones petroleras, no compensan los daños
ecológicos, habitacionales, productivos, sociales y especialmente
humanos en las entidades federativas, que poseen pozos petroleros y refinerías
importantes.
Es cierto que enfrentamos el reto de reformar el régimen
fiscal de Petróleos Mexicanos, a la luz de favorecer su expansión
sostenida en el largo plazo, generar recursos para el financiamiento de
los programas públicos y, a la vez, liberarlos para que invierta
en más infraestructura propia, así como en la conservación
y mantenimiento de sus instalaciones, que acusan un serio déficit
de más de 20 años.
Estos problemas se han reflejado en la ocurrencia de un
importante número de accidentes en las instalaciones de Pemex, catalogados
como verdaderos desastres y con un fuerte impacto, muchas veces en varios
kilómetros a la redonda de los sitios en que acontecen sin dejar
de considerar que, más allá de las indemnizaciones, la recuperación
de infraestructura y de la fertilidad del suelo, el saneamiento ambiental
y la reintegración de la vida de las comunidades, puede llevar un
largo periodo de tiempo, que no se compensa con el esquema actual de indemnizaciones
y apoyos.
En este año han ocurrido varios desastres importantes,
en lugares como Veracruz, Tabasco y, recientemente, en Francisco Zeta Mena,
en la sierra norte del estado de Puebla.
Por lo anterior, presento esta proposición, con
la finalidad de que, con un sentido de justicia federalista, se establezca
un mecanismo para que se compense a las entidades federativas que presentan
más riesgos de siniestros petroleros, por el número de instalaciones
existentes en su territorio, con recursos adicionales que les permitan
enfrentar de inmediato y en el largo plazo, los efectos de tales desastres.
La propuesta consiste en establecer en el Presupuesto
de Egresos para el año 2006, una disposición, por la cual,
un porcentaje de dichos recursos se distribuyan conforme al riesgo de siniestralidad
o bien por la cuantía del equipamiento petrolero existente, para
fortalecer a las Entidades señaladas ante los riesgos naturales,
a la infraestructura y a la vida de sus habitantes.
En el año 2006 se prevé una perspectiva
positiva en los mercados petroleros, por lo que consideramos que nuestra
propuesta además de justa, redistributiva y federalista, es plenamente
viable. Por ello, solicito la aprobación de esta honorable Asamblea
para que, en su momento, se integre en el decreto de Presupuesto aprobado
para el año 2006.
Punto de Acuerdo
Único.- Se solicita la asignación
de recursos adicionales, derivados de los excedentes petroleros, para las
entidades federativas que presentan un mayor riesgo de siniestralidad,
por existir en su territorio pozos petroleros y complejos petroquímicos,
a efecto de que puedan enfrentar la atención a la población
damnificada, la recuperación de la riqueza del suelo, la rehabilitación
de infraestructura y de viviendas, así como dar seguimiento a estas
acciones en el mediano y largo plazos. Para ello, se establecerá
una formula específica en el Presupuesto de Egresos de la Federación
para el año 2006.
Palacio Legislativo, a 12 de septiembre de 2005.
Dip. Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica)
El que suscribe Juan Barcenas González, Diputado
Federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante
de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
me permito someter a la consideración de esta soberanía el
siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primero. La Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, en la fracción XXVI del artículo
27 señala que a la Secretaría de Gobernación le corresponde
"fijar el calendario oficial".
Segundo. El Reglamento Interior de la Secretaría
de Gobernación, en la fracción IX del artículo 19
señala que la atribución de la Dirección General de
Desarrollo Político de dicha Secretaría tendrá la
atribución de: "Definir, editar y difundir el Calendario Cívico
de Conmemoraciones".
Tercero. El Reglamento Interior de la Secretaria
de Gobernación, en la fracción XXX del artículo 25
señala que la Dirección General de Radio, Televisión
y Cinematografía de dicha Secretaría tendrá la atribución
de: "Supervisar la cobertura y producción para la televisión
de los programas informativos relacionados con las actividades del titular
del Poder Ejecutivo Federal y sus dependencias, así como los correspondientes
a los actos que señala el Calendario Cívico de Conmemoración.
Cuarto. Desde sus inicios, la sociedad tlaxcalteca
se ha caracterizado por mostrar una notable cohesión y homogeneidad,
debido, entre otras causas, a que tuvo su origen en un grupo indígena
muy definido, el cual también integró la parte medular de
su desarrollo posterior. Este núcleo social reconfiguró y
consolidó su diferenciación a raíz de su constante
lucha por sostener su autonomía frente al señorío
tenochca -especialmente durante el gobierno de Moctezuma Xocoyotzin- y
luego por mantener vigentes los privilegios exclusivos que le concediera
la Corona española durante la etapa virreinal.
Quinto. La población tlaxcalteca comenzó
a reducirse tras los enfrentamientos con los españoles y después
con su participación en la toma de Tenochtitlan y en las expediciones,
descubrimientos y conquistas organizadas por los capitanes españoles,
de las cuales muchos ya no regresaron. Otro factor que influyó en
el abatimiento de la población fue la colonización de la
Gran Chichimeca en 1591, lo que implicó por disposición del
Virrey Luis de Velasco II, la salida de cuatrocientas familias a colonizar,
pacificar y culturizar algunas zonas de los actuales estados de San Luis
Potosí, Jalisco, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila.
Sexto. Finalmente, el 6 de julio de 1591, después
de reunirse en el pequeño valle del convento Franciscano de Nuestra
Señora de las Nieves, salieron 100 carretas con poco más
de 900 personas, entre hombres, mujeres y niños, de los cuatro señoríos:
Tepeticpac, Ocotelulco, Quiahuixtlán y Tizatlán. Este hecho
ha marcado la historia de México y Tlaxcala, por lo que cada año
se recuerda con una magna escenificación y diversos eventos culturales.
Hecho que me anima como orgulloso tlaxcalteca a solicitar sea incluida
esta fecha en el calendario cívico de conmemoraciones.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración
de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. En el marco de la división
de poderes, la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría
de Gobernación que incluya la fecha del 6 julio en el Calendario
Cívico de Conmemoraciones, como el "Día cuando 400 familias
tlaxcaltecas salieron hacia el norte del país para apoyar su colonización".
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre
de 2005.
Dip. Juan Bárcenas González (rúbrica)
El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura, integrante
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento
en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración
de esta H. asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo,
al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hago uso de esta tribuna para solicitar su apoyo, a efecto
de que esta representación popular tome medidas urgentes ante un
problema muy importante que afecta a la salud pública; Tamaulipas
se encuentra en estado de alerta al haber detectado que en lo que va de
este año, se han confirmado 1,371 casos de dengue clásico
y 345 de hemorrágico.
Y se tiene la estimación que a la fecha existan
6,288 casos probables de dengue clásico y 1,143 de dengue hemorrágico,
que comparados con los tres casos de dengue clásico de 2004, presentan
un crecimiento exponencial.
De acuerdo con la Secretaría de Salud del gobierno
del estado, los índices se encuentran en niveles de alarma y emergencia
en la mayor parte de las jurisdicciones.
Las lluvias producidas por el huracán Emily
han favorecido las condiciones de brotes por este padecimiento.
Por ello es imperativo establecer en la región,
un plan de emergencia para la atención de pacientes por dengue hemorrágico,
así como fortalecer la vigilancia epidemiológica para controlarlo.
Para prevenirlo es necesario llevar a cabo una campaña
de información y sensibilización a la población.
Asimismo, se requiere controlar la reproducción
de larvas, y llevar a cabo acciones de nebulización sobre todo en
poblaciones en donde existe un mayor riesgo.
Se debe implementar un operativo emergente de atención
médica estableciendo planes de atención hospitalaria en cada
unidad del sector salud.
Quiero señalar que el gobierno del estado, encabezado
por el ingeniero Eugenio Hernández Flores, está realizando
un gran esfuerzo tanto en trabajo como en aportación de recursos
para llevar a cabo las acciones necesarias ya mencionadas, pero desgraciadamente
el estado de Tamaulipas no cuenta con recursos suficientes, por ello pido
a la Presidencia que le otorgue a esta proposición el carácter
de urgente y obvia resolución y solicito su compromiso con la defensa
de la salud de los mexicanos, aprobando el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Esta H. Cámara de Diputados,
exhorta a la Secretaría de Salud, a través de la Cofepris,
a que considere coordinar con las autoridades correspondientes del estado
de Tamaulipas, un operativo de emergencia para coadyuvar en la solución
de este grave problema de salud y evitar que se extienda a otras regiones
del país.
Solicito a la Mesa Directiva que se publique este documento
íntegramente en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
Dip. Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica)
El suscrito, diputado Norberto Enrique Corella Torres
a la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, presento ante esta asamblea el siguiente punto de acuerdo,
por el que se solicita que la Secretaría de Salud presente ante
las comisiones correspondientes de esta Cámara de Diputados, un
informe sobre los contenidos de los programas y actividades de educación
en materia de combate a la obesidad infantil basado en las siguientes:
Consideraciones
Para el grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional luchar por el bienestar humano es una premisa ineludible. Pero
para el buen desarrollo y desempeño de cualquier ser humano, es
indispensable contar con una salud que le permita su realización
como ser. Es en este entendido, que gozar de salud plena es una prioridad
para cualquier nación de la que parta su desarrollo sustentado en
su propia población, más aun, en aquellos quienes representan
el futuro de esta, los niños. Desafortunada y alarmantemente, es
cada vez más común encontrar en distintos medios de comunicación,
prensa escrita y medios electrónicos, el tema de la obesidad infantil,
no solo a nivel nacional si no más allá de nuestras fronteras.
Información publicada por la misma UNICEF, indica
que países como los Estados Unidos, el Reino Unido, China, Kuwait,
Arabia Saudita entre otros, enfrentan problemas en una adecuada nutrición,
que contribuye y propicia la obesidad infantil, fenómeno creciente
principalmente en las zonas urbanas.
La atención que se le da a la obesidad infantil
debe incrementarse, ya que es una verdadera enfermedad la cual, sin control,
eleva el riesgo de que se torne como grave, por lo que la prevención
se vuelve la mejor herramienta para su combate.
En nuestro país distintos sectores han coincidido
en que una vida sedentaria, combinada con desórdenes alimenticios
y dietas enriquecidas, convertidas en exceso de calorías, las cuales
no alcanzan a ser quemadas por la actividad misma de la persona, así
como factores genéticos, económicos, y de una cada vez mayor
inactividad física, han sido un gran detonante del problema, que
contribuye a que se disparen estos indicies preocupantemente. Inclusive
en palabras del mismo secretario de salud, el seis por ciento de niños
menores de 6 años a nivel nacional, padecen de obesidad infantil,
porcentaje que lejos de disminuir va en aumento.
Existen algunas personas que persisten en la idea de que
un niño obeso, es sinónimo de salud, y que al paso del tiempo,
con su crecimiento, dejará de serlo. Sin embargo estas ideas están
equivocadas, ya que en realidad los niños obesos corren un mayor
riesgo de padecer obesidad en su edad adulta, más aquellos niños
que la padecen entre los 6 y los 12 años.
La obesidad no es otra cosa sino el producto y consecuencia
de alteraciones en el metabolismo caracterizada por un aumento desproporcionado
de grasa en el cuerpo, en este caso, el de un niño, el cual se enfrenta
a una cadena de eventos cuya consecuencia es la obesidad. Es decir, una
dieta que supera en exceso los nutrimentos de ingesta diaria, se traducen
en grasa y, combinada con una vida cada vez mas sedentaria, producto de
problemas de inseguridad, urbanización, y el pasar mucho tiempo
frente a un televisor o computadora, contribuyen a una disminución
en la actividad física, trayendo consigo consecuencias como el hipotiroidismo,
depresión, obesidad en edad adulta, hipercolesterolemia, hiperinulinemia,
enfermedades cardiacas y diabetes, entre otros muchos padecimientos relacionados
con la obesidad.
Al inicio de esta legislatura, durante el primer periodo
de sesiones ordinarias de la H. Cámara de Diputados, se aprobó
la reforma a la fracción II del artículo 115 de la Ley General
de Salud. Esta reforma aprobada por unanimidad por los partidos políticos
con representación en esta Cámara, demuestra la preocupación,
interés y reconocimiento de este problema de salud pública,
por ello, hoy es necesario dar más pasos en ese sentido.
La reforma señalada tiene como objeto concientizar
a la población sobre este problema de salud pública, y que
sea desde las mismas políticas educativas, que programas de prevención,
sean implementados con la finalidad de revertir esta tendencia desfavorable
en la salud de nuestra niñez. Desde la misma escuela, en que la
formación de los hábitos se desarrollan, es donde más
se debe intensificar la atención a este problema.
No obstante, esta Cámara aún tiene la obligación
de supervisar que las dependencias encargadas de ejecutar los programas,
y actividades en materia educativa para la prevención, tratamiento
y control de la obesidad, cumplan con su finalidad de conformidad al espíritu
de esta disposición legal. Por lo anteriormente dicho es que considero
indispensable que la Secretaría de Salud presente un informe ante
las comisiones correspondientes de la Cámara, para que los legisladores
podamos conocer los contenidos y alcances de dichos programas, así
como la planeación que se está desarrollando para su puesta
en práctica. De esta forma, tendremos la oportunidad de hacer llegar
las propuestas que consideremos pertinentes, siempre con un ánimo
de respeto y colaboración con la actuación de los servidores
públicos, pero sin dejar pasar más tiempo, durante el cual
el problema se agudiza y aumenta.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración
de ésta H. Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se solicita que la Secretaría
de Salud presente ante las comisiones de Salud y de Educación Pública
y Servicios Educativos de esta Cámara de Diputados, un informe sobre
los contenidos de los programas y actividades para la prevención,
tratamiento y control de la obesidad infantil.
Palacio Legislativo de San Lázaro a los 12
días del mes de septiembre de 2005.
Dip. Norberto Enrique Corella Torres (rúbrica)
El suscrito, C. Francisco Javier Bravo Carbajal, en su
carácter de diputado integrante de la LIX Legislatura del Congreso
de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos
71, fracción II, 73, fracción X, y demás relativos
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
se permite presentar a consideración de esta honorable asamblea
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
mediante el cual, respetuoso de la división de los Poderes de la
Unión y de su autonomía, se hace un atento exhorto a los
titulares de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco,
de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Jalisco
y de las dependencias municipales encargadas de la seguridad pública
a efecto de que entreguen los fondos del Foseg destinados a pago de dotación
complementaria para los trabajadores del área de seguridad pública,
sin reducciones en perjuicio de los trabajadores. Lo anterior, de conformidad
con la siguiente
Exposición de Motivos
II. Por ello, el adicionado artículo 54
Bis de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco
y sus Municipios establece la posibilidad de que servidores públicos
que no tengan la condición de titulares, mandos superiores y directores
puedan recibir compensaciones o estímulos, siempre y cuando se colmen
las siguientes reglas:
a) Los estímulos o compensaciones deben ser equitativos
a las categorías y niveles existentes en las plantillas de servidores
públicos de cada dependencia o entidad. Los incentivos o compensaciones
que se entreguen a los servidores públicos en ningún caso
pueden ser superiores al salario mensual que perciban.
c) Las autoridades deben sujetar la entrega de los estímulos
o compensaciones exclusivamente como incentivo a la puntualidad, asistencia,
productividad o cualquier otro criterio o condición de similar naturaleza
establecido expresamente en los reglamentos aplicables.
d) La entrega de las compensaciones o estímulos
se realizará exclusivamente una vez por año.
e) El pago de estos beneficios debe registrarse en el
recibo de nómina del servidor público que corresponda.
f) La información relativa a los criterios y procedimientos
para la asignación de compensaciones o estímulos, así
como los nombres de los servidores públicos merecedores de ellos,
debe publicarse en los medios oficiales de divulgación correspondientes
a cada autoridad.
III. Desde luego, esta adición se realizó
con la clara intención de establecer la posibilidad de que dichos
servidores accedan a prestaciones de esta naturaleza, pero siempre que
se cumplan reglas claras al respecto. Sin embargo, la redacción
actual de este dispositivo genera situaciones de conflicto jurídico
para el cumplimiento del Programa de Dotaciones Complementarias que el
gobierno del estado de Jalisco tiene instrumentado en el marco del Sistema
Nacional de Seguridad Pública en coordinación con el Gobierno
Federal. Lo anterior, en virtud de lo siguiente:
IV. A partir de 1998 y a la fecha, el gobierno
de estado de Jalisco ha celebrado convenios de coordinación en materia
de seguridad pública con el Gobierno Federal en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, así como
en los diversos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, y 4, 11
y demás relativos y aplicables de la Ley General que Establece las
Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
para el cumplimiento de las acciones y ejes que ha determinado el Consejo
Nacional de Seguridad Pública, aportando cada una de las partes
recursos para el cumplimiento de dichos fines.
V. Uno de los ejes que a partir de ese año,
en el marco del Programa Nacional de Seguridad Pública, ha determinado
el Consejo Nacional de Seguridad Pública es el de profesionalización,
cuyo propósito fundamental consiste en la instrumentación
de acciones tendentes a lograr la capacitación, el desarrollo, la
evaluación permanente y la mejora continua en el personal operativo
de los elementos operativos de las corporaciones de seguridad pública
del estado de Jalisco.
VI. Los convenios a que se ha hecho referencia
y la determinación de los ejes que integran el Programa Nacional
de Seguridad Pública son normados desde el punto de vista sustantivo
por lo establecido en la Ley General que Establece las Bases de Coordinación
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la que en lo conducente
dispone en su numeral 1, el ámbito competencial en todo el territorio
nacional y el carácter de ley marco en dicha materia y cuyo objeto
central consiste en establecer las bases de coordinación entre la
Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, para
la integración y el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, siendo sus disposiciones de orden público e interés
social.
VII. Aunado a lo anterior, el gobierno de Jalisco
constituye una de las instancias de coordinación en el Consejo Nacional
de Seguridad Pública, atento a lo que dispone el arábigo
12 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
VIII. En este sentido, el numeral 9, fracción
III, de la ley antes referida establece que las autoridades federales,
estatales y municipales deberán coordinarse para establecer lineamientos,
políticas y criterios que permitan la profesionalización
de los elementos de las corporaciones de seguridad pública. Ello
viene a reiterarse en lo establecido en el articulo 10, fracciones I y
II, de la citada ley, que enuncian la necesidad de que las autoridades
de los tres órdenes de gobierno establezcan un sistema de ingreso,
permanencia, promoción, disciplinario, estímulos y recompensas
en las corporaciones de seguridad pública. Y, por último,
en los artículos 23 y 24 se dispone que la carrera policial es el
elemento básico para la formación de los integrantes de las
instituciones policiales y comprenderá los requisitos y procedimientos
de selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento,
desarrollo, actualización, permanencia, promoción y separación
del servicio y su evaluación e implementación tiene el carácter
de obligatorio y permanente en todo el territorio nacional y de manera
coordinada, a través de un servicio nacional de apoyo que homologue
procedimientos y busque la equivalencia de los contenidos mínimos
de los planes y programas para la formación de los integrantes de
las instituciones policiales.
IX. La dignificación de las corporaciones
policiales será considerada por las legislaciones federal, estatales
y del Distrito Federal, acorde con la calidad y riesgo de la función
y las posibilidades de cada entidad.
X. Ahora bien, el artículo 45 de la Ley
Coordinación Fiscal establece que los recursos que las entidades
federativas reciban con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública (FASP) prevista en la fracción VII del artículo
25 de la misma ley, denominado como Ramo 33, sólo podrán
destinarse a los fines que en el primero de los numerales se describen
y en lo que destaca para el planteamiento que aquí se formula, para
complementar las dotaciones de agentes del Ministerio Público, peritos,
policías judiciales o sus equivalentes de las Procuradurías
de Justicia de los estados y del Distrito Federal, de los policías
preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores.
XI. Según lo establecido en líneas
precedentes, el gobierno del estado en los diversos convenios que en el
marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha suscrito con
el Gobierno Federal, estableció el Programas de Dotaciones Complementarias
dentro del Eje de Profesionalización, cuyo otorgamiento tiene como
finalidad estimular el desempeño del personal operativo en activo
que haya participado en los programas de capacitación, apoyando
la búsqueda de la excelencia en la calidad de su desempeño
y profesionalización; considerándose que a partir de esa
motivación económica, el personal que la reciba permanecerá
en sus cargos contribuyendo al establecimiento civil de carrera en materia
de seguridad pública.
XII. Cabe señalar que dichas dotaciones
complementarias sólo se otorgan a los elementos operativos que se
encuentren en la hipótesis del numeral 45 de la Ley de Coordinación
Fiscal que presten servicios como elementos operativos en la Secretaría
de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social,
la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría
de Vialidad y Transporte y los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses, siempre que colmen los requisitos previstos en el anexo técnico
respectivo, que constituye el instrumento jurídico emanado de dichos
convenios y que norma el Programa de Dotaciones Complementarias y además
que les hayan sido aplicadas las siguientes evaluaciones:
XIII. Debe establecerse que sólo se
aluden a dependencias de la administración Pública Estatal
en virtud de que el fondo de origen de los recursos constituye un apoyo
exclusivo para las entidades federativas y distinto al fondo para el fortalecimiento
de los municipios previsto por el artículo 25, en su fracción
IV, y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal.
XIV. Cabe señalar que las reglas para el
otorgamiento de las dotaciones complementarias pueden variar en virtud
de que anualmente las partes que intervienen en los convenios de Coordinación
en la materia precisan las normas al respecto en función de las
prioridades y necesidades existentes.
XV. Es el caso de que en el estado de Jalisco,
las normas para el otorgamiento de las dotaciones complementarias presenten
una gran similitud con las reglas que ahora establece el artículo
54 Bis de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco
y sus Municipios, pues las mismas se otorga atendiendo el principio de
equidad dependiendo de las categorías y niveles existentes en la
dependencias aludidas, se otorgan con el propósito de estimular
el desempeño, la puntualidad y otros factores que abonen a la profesionalización
y la debida prestación de los servicios y además están
condicionados al cumplimiento de reglas generales y claras; todo lo anterior
pese a que las reformas del mencionado artículo son posteriores
a la entrega del estímulo, que desde el año de 1998 mil novecientos
noventa y ocho se ha otorgado; sin embargo el caso que genera el planteamiento
formulado es el siguiente:
XVI. El artículo 46 párrafo segundo
de la Ley de Coordinación Fiscal dispone que los recursos que las
entidades federativas reciban de entre otros fondos, el de Aportaciones
para la Seguridad Pública, deben ser ejercidos y administrados por
lo dispuesto en la leyes locales, es el caso que el artículo 54
Bis de la Ley para los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios,
pese a que el Programa de Dotaciones Complementarias es de carácter
federal y el fondo a través del cual se canalizan los recursos para
su otorgamiento es un Fideicomiso Público denominado "Fondo de Seguridad
Pública del Estado de Jalisco", por su siglas Foseg, podría
incidir y limitar el cumplimiento del programa aludido en virtud de lo
siguiente:
XVII. Las dotaciones complementarias en el estado
de Jalisco, como ocurre en diversas entidades federativas, se otorgan más
de una ocasión al año, concretamente una cada semestre, y
su importe supera en algunos casos el importe de un mes del salario de
quien lo recibe, no coincidiendo lo anterior con lo ordenado con la ley
estatal citada en su dispositivo 54 Bis; por ello resulta necesario y justificado
para continuar con el cumplimiento del citado programa una adición
al último numeral citado, que posibilite hacer excepción,
para que en el caso de los elementos operativos en el marco del Programa
de Dotaciones Complementarias, continúen recibiendo las mismas de
conformidad a lo establecido en la reglas emanadas de los convenios de
coordinación de seguridad pública que se tengan celebrados
o que se celebren por parte del gobierno del estado de Jalisco con el Gobierno
Federal.
XVIII. El caso de excepción que se plantea
en el párrafo anterior no surge en forma infundada, ni pretende
contrariar el propósito equitativo, justo y honesto del artículo
54 Bis en comento, sino que se plantea la posibilidad de continuar con
la entrega de las dotaciones complementarias, ya que en el caso de observar
las reglas del numeral antes mencionado, podría implicar una aplicación
en forma retroactiva de una ley en perjuicio del gobernado, en contravención
al primer párrafo del artículo 14 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, además se trata
de un estímulo que se ha reiterado año con año, a
partir de 1998 a la fecha, y por último es congruente con diversas
consideraciones jurídicas que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y los Tribunales Federales han establecido en la tesis de
Jurisprudencia con los rubros "Seguridad Pública del Estado de
Jalisco. De los conflictos suscitados con motivo de la prestación
de los servicios de sus agentes corresponde conocer, por afinidad, al tribunal
de lo administrativo" y "competencia para conocer de los conflictos planteados
contra la dependencia relativa por un policía municipal en el estado
de Jalisco, con motivo de la prestación de servicios. corresponde
por afinidad al Tribunal Administrativo de esa entidad federativa", que
al respecto se han emitido y las que en forma reiterada mencionan que las
relaciones de los elementos operativos integrantes de cuerpos policíacos,
como trabajadores y las corporaciones como patrones, deben normarse por
las disposiciones jurídicas de sus reglamentos y demás ordenamientos
aplicables; en ese sentido es clara la intención de los Tribunales
Federales, que en el ejercicio de su facultad de interpretación
de la norma, determinen que dichas relaciones se normen en un contexto
jurídico especial, dado la condición sui géneris que
priva en la actividad policíaca, cuya condición de riesgo
permanente de entrega de la seguridad personal por la seguridad de la comunidad,
constituyen la constante para hacer posible la conservación de la
paz pública y el orden social. El 17 de junio de 1998, el Gobierno Federal y los gobiernos
estatales, suscribieron el Convenio de Coordinación para realizar
acciones en torno al Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000,
en el cual se acordó la constitución de un Fideicomiso Estatal
para la Distribución de Fondos (Foseg) mismo que quedó formalizado
con fecha 4 de septiembre de 1998, al igual que en los demás estados
de la República y el Distrito Federal.
Año con año se firman convenios de coordinación
similares y son normados por anexos técnicos, mismos que se firman
por funcionarios federales y estatales.
El Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública es la
entidad gubernamental encargada de poner en estado de resolución
y en estricto apego a la normatividad del Ejecutivo estatal, los acuerdos
emanados del Comité Técnico, con la finalidad de capacitar,
equipar, dotar de infraestructura y dignificar las instalaciones de las
entidades encargadas de la prevención, procuración y administración
de justicia en el estado.
En algunos estados como en el caso del estado de Jalisco,
parte de los fondos de ese fideicomiso se utilizan para dignificar la actividad
de los servidores públicos del estado de Jalisco, esto a través
de la implementación de estímulos económicos para
aquellos trabajadores del área de seguridad pública cuyo
sueldo es realmente bajo para las obligaciones y responsabilidades propias
del cargo.
Es de señalarse y destacarse que estos fondos son
compartidos con aportaciones estatales y federales, y buscan la unificación
de todas las entidades, en cuanto a capacidad técnica, humana y
de percepciones económicas, sin embargo cabe señalar que
en el estado de Jalisco está ocurriendo una situación grave
que considero debemos atender.
Cabe señalar que recientemente en el estado de
Jalisco, se aprobaron diversas reformas a la legislación de los
Servidores Públicos del estado de Jalisco, que buscaban limitar
el otorgamiento de bonos, estímulos económicos o compensaciones
desproporcionados en atención a algunos abusos que se dieron por
parte de funcionarios públicos de alto nivel, sin embargo las reformas
citadas fueron de tal generalidad que restringieron estas situaciones en
todos los casos, lo cual, de inicio vemos con buenos ojos, sin embargo,
cabe señalar que estas disposiciones en su aplicación, han
generado una serie de arbitrariedades laborales que causan preocupación.
Una de ellas es el hecho de que con esta legislación
se está impidiendo indebidamente a los trabajadores del área
de la seguridad pública, que gocen de la prestación a que
nos hemos referido, es decir de los fondos que les venían asignando
a través del Foseg, lo que evidentemente es un error, pues de entrada
las autoridades que han aplicado estos fondos, no han considerado que los
mismos, al provenir del presupuesto federal, no son regulados por la normatividad
del estado de Jalisco, sino en todo caso por las reglas de coordinación
establecidas en los convenios suscritos expresamente para estos efectos.
Se tiene conocimiento de la aplicación errónea
de esta legislación estatal en relación con trabajadores
de la Procuraduría General del estado y de la Secretaría
de Seguridad Pública y Readaptación, ambas dependencias del
estado de Jalisco, y se corre el riesgo igualmente, de que autoridades
de los ayuntamientos puedan aplicar disposiciones similares en perjuicio
de elementos de las policías preventivas municipales lo que evidentemente
sería perjudicial para los elementos operativos que merecen esa
prestación.
Además de lo anterior, es de señalar que
los recursos se entregan al gobierno local, existen con una finalidad propia
y claramente definida, por lo que es necesario que se distribuyan con total
transparencia y apego a derecho, pues de no entregarse a los servidores
públicos, como está previsto, pueden aplicarse o distraerse
para otros efectos no previstos expresamente.
De igual forma, es de señalar que si los fondos
federales fueron destinados a una prestación económica directa
para esos servidores públicos del área de la seguridad pública,
es en virtud de que evidentemente su sueldo nos es proporcional a sus responsabilidades
y no puede ser considerado como un abuso de los servidores públicos
el recibirlo, lo que es en sí el espíritu de la reciente
reforma a la legislación del estado de Jalisco.
Además de lo anterior, es de señalar a favor
de los trabajadores de seguridad pública del estado de Jalisco y
sus municipios, que al venir percibiendo ese bono desde el año de
1999 a la fecha, el mismo se ha integrado a su sueldo, aún cuando
éste se les entregaba en dos presentaciones, una en julio y otra
en diciembre. Lo que evidencia esa disparidad de la norma estatal que en
forma evidente no puede ser aplicada a los servidores públicos del
área de la seguridad pública, en primer lugar por ser retroactiva
en perjuicio del servidor y en segundo lugar por ser inaplicable por la
situación sui géneris, propia de la prestación, que
es otorgada con fondos federales, lo que hace inaplicable la reducción
por una norma de la entidad federativa.
Así la cosas. consideramos un exceso que las autoridades
del seguridad pública estén limitando esa prestación
y solicitamos que la misma se les reintegre a los servidores públicos
afectados pues al ser un programa compartido entre el estado y la Federación,
no puede ser limitado por disposiciones locales, que además no encuentran
justificación, pues es para todos evidente que en el área
de la seguridad pública se requieren que los servidores encuentren
una retribución económica justa y equitativa al gran servicio
que prestan a la sociedad.
Por lo anterior y, en los términos de los artículos
58 al 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno
de esta H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución por la que se hace
un atento exhorto a los titulares de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Jalisco, al titular de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Jalisco, y a los titulares de las dependencias
municipales encargadas de la seguridad pública, a efecto de que
no se limite ni disminuya la dotación complementaria que
se entrega semestralmente a los trabajadores de las diferentes corporaciones
del área de seguridad pública del estado de Jalisco y sus
municipios, mismos que son entregados a través del Fideicomiso de
Seguridad Pública, Foseg, en cumplimiento de los diversos convenios
celebrados y toda vez que esta prestación no es contraria a derecho.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados,
a 12 de septiembre de 2005.
Dip. Francisco Javier Bravo Carbajal (rúbrica)
De conformidad con lo establecido tanto en la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 58
de su Reglamento para el Gobierno Interior, el suscrito, Diputado Federal
Salvador Márquez Lozornio del Partido Acción Nacional, presenta
al pleno de la Honorable Cámara de Diputados, el siguiente punto
de acuerdo para solicitar a los gobiernos de las entidades federativas
y a la Secretaría de la Función Pública, el establecimiento
de un Convenio de Coordinación, para instaurar un registro de Empresas
Constructoras que participen en Licitaciones a cualquier nivel de Gobierno,
con el objeto de mantener un antecedente del desempeño de cada una,
previniendo que se contraten empresas que hayan incurrido en incumplimiento
de contrato, de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
Para el grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, el eje central de su estrategia es la persona, y por ella legislamos
de manera permanente, para hacer valer sus derechos y reconocer sus obligaciones,
construyendo conjuntamente un orden social justo, que se caracterice por
atender intereses individuales y colectivos.
El acceso de las personas a la propiedad y a la formación
de un patrimonio es, sin lugar a dudas, la base material de su desarrollo
integral y la garantía de su dignidad.
Por otra parte, dentro de las atribuciones que la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal le confiere
a la Secretaría de la Función Pública para este caso
particular, se encuentran las siguientes:
"Expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso,
proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente
o a través de terceros, los edificios públicos y, en general,
los bienes inmuebles de la Federación, a fin de obtener el mayor
provecho del uso y goce de los mismos", con la coordinación de los
estados y municipios; y
"Llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria
federal y el inventario general correspondiente." Lo anterior tiene su justificación en el hecho
de que estas empresas participan de manera constante a lo largo de la República
Mexicana, como resultado de las licitaciones convocadas por las distintas
instancias de gobierno, para realizar obra pública, construcciones
y edificaciones.
Existen casos en los que algunas empresas constructoras
no cumplen con los contratos establecidos, generando un agravio a las autoridades
públicas relacionadas.
Por tanto, solicito la elaboración de un Registro
de Empresas Constructoras, mismo que contenga la información sobre
el desempeño de las mismas, así como del grado de responsabilidad
y cumplimiento de sus contratos respectivos.
Acto seguido, se exhorta a la Secretaría de la
Función Pública para que informe sobre este desempeño
de las empresas constructoras a las entidades federativas y a los municipios,
a fin de que la sociedad cuente con elementos de juicio contundentes, que
le permita elegir las empresas que mejor satisfaga sus necesidades de construcción.
Compañeras y compañeros legisladores: esta
proposición con punto de acuerdo atiende una necesidad justificable
de la sociedad, puesto que está en juego su patrimonio. Por ello,
los invito a sumarse a este esfuerzo, respaldando la propuesta, misma que
nos convertirá en actores que colaborarán en dar una mayor
certidumbre a las personas acerca de las empresas constructoras más
eficientes y honestas en el ramo de la construcción, y con ello
puedan tomar las mejores decisiones.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración
de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a los gobiernos de las entidades
federativas y a la Secretaría de la Función Pública,
el establecimiento de un Convenio de Coordinación, para instaurar
un registro de Empresas Constructoras que participen en Licitaciones a
cualquier nivel de Gobierno, con el objeto de mantener un antecedente del
desempeño de cada una, previniendo que se contraten empresas que
hayan incurrido en incumplimiento de contrato.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de la
Función Pública, a informar al público en general,
sobre los resultados que arroje dicho registro.
Palacio Legislativo, a 12 de septiembre de 2005.
Dip. Salvador Márquez Lozornio (rúbrica)
La suscrita diputada Ruth Trinidad Hernández Martínez
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio
de las facultades contenidas en los artículos 58 y 59 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
somete a consideración de esta Soberanía la presente propuesta
con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de
Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y la Secretaría
de Relaciones Exteriores a permitir la participación de Organizaciones
de la Sociedad Civil que apoyan a los migrantes y defienden sus derechos
humanos, como observadores en el proceso de repatriación voluntaria
2006, con la siguiente
Exposición de Motivos
Se consideran como repatriados todos aquellos mexicanos,
en situación vulnerable o no, que vuelven a territorio nacional,
independientemente de si es de manera voluntaria o como resultado de la
intervención directa de una autoridad extranjera.
Durante mucho tiempo, una gran cantidad de repatriados
por intervención de autoridades extranjeras, principalmente estadounidenses,
llegaban en condiciones realmente penosas. Frecuentemente se violaban sus
derechos humanos y se cometían maltratos por la falta de revisión
del proceso. Afortunadamente, esta situación ha ido cambiando paulatinamente
gracias a un largo proceso de negociación diplomático. Una
serie de acuerdos en los últimos 12 años nos han llevado
a un convenio de Repatriación Voluntaria en donde por primera vez
tenemos un marco binacional para dar un trato digno a los migrantes repatriados.
Este acuerdo, representa los elementos básicos sobre los que debemos
construir un mecanismo permanente de acción binacional, en donde
se agreguen candados que garanticen el funcionamiento a largo plazo. Veamos
brevemente el camino recorrido de estas negociaciones para reconocer los
retos que aun nos faltan.
Los primeros resultados de esta negociación se
dieron en 1993 cuando ambas naciones suscribieron un Acuerdo de Colaboración
sobre la Problemática del Menor en la Frontera. Aunque éste
convenio brindó algunas bases que se retomarían más
tarde, en realidad no existían lineamientos definidos para realizar
los procesos de repatriación y estos se ejecutaban sin notificación
previa a la autoridad migratoria mexicana y sin plena certeza de que los
repatriados fueran nacionales mexicanos.
En 1995, durante la reunión del Grupo de Trabajo
sobre Migración y Asuntos Consulares de la Comisión Binacional
México-Estados Unidos, se acordó formalizar acuerdos locales
para la repatriación segura y ordenada a la frontera de nacionales
mexicanos indocumentados. Por primera vez, se pactó que como
parte del proceso de repatriación se debía contemplar la
nacionalidad e identidad de los repatriados, los lugares y horas de la
repatriación, la presencia de funcionarios mexicanos de migración
en el punto de entrega y aspectos adicionales de interés local.
Igualmente, se acordó que los procedimientos se realizarían
con pleno respeto a los derechos humanos de los nacionales mexicanos. Además,
se acordó incrementar la comunicación y la cooperación
a fin de mejorar el sistema de elaboración de estadísticas
relacionado con la repatriación de personas.
Dos años después, en el marco del Grupo
de Trabajo de la XIV Comisión Binacional se avanzó nuevamente.
Se acordó establecer un subgrupo en el marco del Grupo de Trabajo
sobre Migración y Asuntos Consulares para trabajar en un convenio
para establecer un adecuado proceso de repatriación. El Subgrupo
sobre Repatriaciones Seguras y Ordenadas se reunió a principios
de agosto de 1997, en Washington, DC para acordar los principios generales
y criterios específicos para la repatriación, estos sirvieron
de marco de referencia para la elaboración de "Arreglos Locales
de Repatriación" a lo largo de la frontera en 16 puntos específicos.
Durante 6 años, estos arreglos fue el único marco de colaboración
en la materia.
Debido al elevado número de fallecimientos de nacionales
mexicanos registrado en la zona fronteriza en los últimos años,
en particular en la frontera Sonora-Arizona, además de otras razones,
del 8 al 30 septiembre de 2003, la Border Patrol instrumentó unilateralmente
el operativo llamado "Repatriaciones laterales", que consistió en
la deportación de mexicanos arrestados en Arizona en puntos fronterizos
en Texas. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los objetivos
del programa eran reducir flujos migratorios en el corredor Naco-Douglas
y en la zona oeste del desierto de Arizona; disminuir el número
de fallecimientos; y combatir a las bandas de traficantes de migrantes.
Durante el funcionamiento de ese programa se detectaron irregularidades
que violaban lo establecido en los Acuerdos para la Repatriación
Segura y Ordenada de Mexicanos, tales como: separación de familias;
esposar a los repatriados durante los traslados; la repatriación
de grupos numerosos de migrantes; fallas en la notificación consular;
repatriaciones en horarios inadecuados; repatriación de menores;
repatriación de extranjeros y quejas por falta de alimentación.
La unilateralidad y arbitrariedad de estas medidas, impulsaron
nuevamente las negociaciones bilaterales para buscar un convenio que satisficiera
a las partes. Así, se sentaron nuevamente en la mesa de negociaciones
y para febrero de 2004, suscribieron el Memorándum de Entendimiento
sobre la Repatriación Segura, Ordenada, Digna y Humana de Nacionales
Mexicanos. Al fin se llego a un marco que establecía los siguientes
criterios de repatriación:
c) repatriar, en forma individual, únicamente a
mayores de 18 años;
e) gozar de buen estado de salud y no trasladar a las
nacionales mexicanas que se encuentren en estado de gravidez;
f) notificar oportunamente al Consulado de México
correspondiente sobre la detención de connacionales y, previo al
evento de una deportación, entregar al consulado las listas de los
nacionales mexicanos que serán repatriados, y
g) coordinar adecuadamente las repatriaciones de grupos
de connacionales definiendo horarios y frecuencia de las mismas. El mismo año, y con el objeto de impulsar el acuerdo,
se llevó a cabo un Programa Piloto de Repatriaciones Voluntarias
al Interior, entre el 12 de julio y el 30 de septiembre. Con este programa,
se realizaron 151 vuelos, de los cuales 125 arribaron a la Ciudad de México
y 26 a la Ciudad de Guadalajara y fueron repatriados de forma voluntaria
poco más de 14,067 connacionales. A su llegada a México,
los participantes abordaban autobuses para ser transportados a un punto
cercano a su lugar de origen.
En teoría, todos estos eventos se dieron en un
marco pacífico y dentro del esquema de cooperación convenido.
Sin embargo, hay reportes de diversos sectores y de los mismos migrantes
que entraron dentro del programa que si existieron ciertas irregularidades.
Primero, se menciona que no fue estrictamente un programa voluntario. A
pesar de la negativa de algunos esos migrantes, fueron obligados a participar
en el programa. Las autoridades norteamericanas no presentaron las listas
de los repatriados o las presentaron con irregularidades o fuera de tiempo.
Cuando fueron trasladados, no necesariamente fueron dejados en un punto
cercano de su lugar de origen. Hubo migrantes que fueron llevados a Guadalajara
cuando su destino era la Cd. de México. Y cuando fueron aprendidos
y en el proceso de repatriación, el trato en algunos casos no respeto
el convenio de dignidad del migrante. Algunos menores fueron repatriados
sin su familia. Se encontraron centroamericanos que fueron repatriados
a México. La oferta del programa resulto insuficiente en algunos
casos.
Al mismo tiempo, a lo largo de toda la frontera, se continuaron
realizado eventos de repatriación dentro del Programa de Repatriación
Segura y Ordenada de Nacionales Mexicanos que procede a partir de los
acuerdos locales que mencionamos anteriormente. En estos casos también
existieron irregularidades referentes al traslado de migrantes sin el previo
aviso de las autoridades mexicanas o con el aviso prematuro. Listas igualmente
incompletas o erradas. Separación de familias. Traslado de mujeres
en horarios nocturnos y a puntos en donde se pone en riesgo su seguridad,
entre otros.
Estos casos de irregularidades, nos deben hacer voltear
hacia lo que esta sucediendo en el marco de estos acuerdos. Si bien es
cierto que ya hemos avanzado bastante, y que vamos en el camino correcto,
es necesario que estipulemos medidas que contribuyan a avanzar aún
más. Es explicita la voluntad de las autoridades migratorias estadounidenses
y las mexicanas de crear un marco para las repatriaciones realmente ordenado.
Sin embargo, también es explicito que la buena voluntad de las partes
diplomáticas no bastan. Es en el campo, con las autoridades que
realizan en realidad este trabajo, en donde aun falta por avanzar. Muchas
veces por cuestiones culturales o idiosincrasias o por meros errores técnicos
se realizan actos u omisiones que violan los derechos de los migrantes
o que fracturan los acuerdos convenidos. Es en la práctica en donde
se tiene que concentrar el siguiente paso para profesionalizar ese sistema
de repatriación, evitando a toda costa la violación de los
derechos o el trato indigno de los migrantes. Por este motivo, además
de la plena transparencia en la operación de estos procesos, debemos
permitir que algunos grupos bien organizados y profesionalizados para el
apoyo al migrante, puedan participar como observadores del proceso.
Un país realmente democrático y con plena
transparencia en sus actos debe permitir que la sociedad civil bien organizada
pueda observar los procedimientos de repatriación para que ninguno
de los acuerdos sean omitidos ya sea intencionalmente o por error. Estos
grupos que defienden y apoyan el respeto de los derechos de los migrantes
contribuirían a establecer un mecanismo realmente eficiente en el
proceso. Serían un mediador imparcial que como observador velaría
por que no existieran irregularidades que dañaran a los mexicanos
que regresan por esas vías y garantizarían la continuidad
de este programa aun ante los cambios de gobierno de ambos países.
Por supuesto, son las autoridades de México y Estados
Unidos quienes deben establecer las reglas para esta participación.
Estas deben garantizar que los observadores tengan acceso a la información
necesaria para cumplir con sus objetivos y sobre todo que puedan estar
en todos los momentos que se consideren clave dentro de los procesos de
repatriación, tanto en los puntos de entrega/recepción en
la frontera como en los puntos de entrega/recepción al interior
del país. Todo esto, a partir de los acuerdos que se establezcan
para los siguientes años.
Por estas razones, pongo a consideración de esta
Honorable Asamblea, esta propuesta que pretende contribuir en la búsqueda
de un marco mas favorable para los repatriados, y procura contribuir a
que hagamos un proceso más transparente, eficiente y digno en los
procesos de repatriación ya acordados y que operan este año
nuevamente
Por lo antes expuesto, y con fundamento en el artículo
44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, pongo a consideración de esta Soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría
de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la
Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en el marco del Programa
de Repatriación Segura y Ordenada de Nacionales Mexicanos y el Programa
de Repatriación Voluntaria al Interior, negocien un acuerdo
con sus contrapartes de los Estados Unidos de América, para permitir
la participación como "observadores del proceso de repatriación"
a organizaciones civiles que brindan apoyo humanitario a los migrantes.
México DF, Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 10 de septiembre de 2005
Dip. Ruth Trinidad Hernández Martínez
(rúbrica)
El que suscribe, diputado federal José Ángel
Córdova Villalobos, integrante del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos
71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y 55, Fracción II, 58 y 78 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión,
proposición con punto de acuerdo para exhortar al Sistema Nacional
de Vacunación a fin de que se reactiven los proyectos para iniciar
la aplicación gradual de la vacuna contra el neumococo.
Consideraciones
El streptococus pneumoniae o neumococo fue una de las
primeras bacterias descritas a través de un microscopio y es reconocido
como el principal causante de neumonía.
Existen más de 90 tipos distintos de neumococo
identificados hasta el momento y permanece como un causante importante
de enfermedades y muerte en el mundo.
La distribución del neumococo se considera universal
puesto que ha sido detectado en regiones tan diversas como el Ártico
y regiones Ecuatoriales. No distingue entre países ricos y en vías
de desarrollo y ataca tanto a lactantes como adultos mayores. Los tipos
de neumococo que existen en México son cercanos a aquellos encontrados
en estados Unidos Mexicanos y Canadá.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce
al neumococo como la principal causa de mortalidad en menores de 5 años,
entre las enfermedades que se puedan evitar mediante una vacuna.
Se estima que todos los bebés lo tienen en su garganta
antes de los 6 meses de vida. Ahí el neumococo se hace un residente
habitual y es donde se aprovecha de los virus para provocar invasión
y viceversa, siendo la conjunción de estos un factor de potenciación
para generar enfermedad.
Una vez que el niño es portador nasofaríngeo,
el neumococo puede tomar distintos caminos para provocar enfermedad, uno
es invadir a través de la garganta y acceder al torrente sanguíneo
y genera enfermedad, a este mismo se le conoce como Enfermedad Neumocócica
Invasiva.
Las enfermedades provocadas por el Streptococcus pneumoniae
o neumococo son al primera causa de muerte en el mundo en niños
menores de 2 años - 1.2 millones de muertes estimadas.
Pese a las dificultades para registrar padecimientos de
origen neumocócico, en México se estiman alrededor de 7,500
muertes anuales por neumonía y 1500 por meningitis en niños
menores de cinco años. En México, el 95% de los casos de
meningitis en niños son atribuibles a infecciones provocadas por
neumococo, de acuerdo con datos del IMSS.
Los efectos de la presencia del neumococo se manifiesta
principalmente en bebés y niños pequeños en forma
de enfermedades que pueden llegar a ser mortales como:
Meningitis: que es la inflamación de las
membranas que recubren el cerebro, esta deja secuelas graves como retraso
psicomotriz en el 25 por ciento de los sobrevivientes, sordera en el 32
por ciento de los casos y muerte en aproximadamente el 8 por ciento.
Neumonía: en esta el neumococo es responsable
entre el 50 y 70 por ciento de todos los casos de neumonía.
Bacteremia: su mortalidad varia entre el 5 y 6
por ciento presentándose tanto en la infancia como en la senectud.
Las temporadas de más alta prevalencia son invierno
en el caso de las neumonías y abril y mayo en el caso de la meningitis.
En 2002, se estima que los costos de atención de
enfermedades causadas por neumococo fueron de aproximadamente 3,100 millones
de pesos.
Los infantes que viven en comunidades marginadas, por
desnutrición, hacinamiento y carencia de servicios de salud, tienen
mayores riesgos de contraer enfermedades provocadas por la bacteria.
Existen dos tipos de vacunas que ayudan a prevenir el
neumococo, la no conjugada o polisacárida, desarrollada para los
adultos mayores, misma que no funciona en niños menores de 2 años
de edad y la vacuna conjugada heptavalente (que es autorizada y aprobada
por la Secretaría de Salud como la única vacuna antineumocócica
para niños desde los 2 meses de edad y hasta los 9 años.
La no aplicación de la vacuna antineumocócica
tiene su principal fundamento en los presupuestos asignados para tal efecto,
por lo que acontinuación se plasma el presupuesto para el Programa
Nacional de Vacunación 2001-2005, en precios corrientes y Millones
de pesos.
La Secretaría de Salud maneja para el programa
de vacunación el esquema universal y el esquema básico para
menores de 5 años. La vacuna antineumocócica se incorporo
al cuadro básico de medicamentos del sector salud, aprobado por
el Consejo de Salubridad General el 1 de Junio de 2003 con la clave 0145.
Para el 4 de julio de 2003 apareció en la lista
de medicamentos asociados al catálogo de beneficios médicos
del seguro popular.
El pleno del Consejo Nacional de Vacunación, en
la primera reunión ordinaria celebrada el 17 de febrero de 2004,
acordó incorporar en el periodo de la administración actual
las vacunas antineumococo heptavalente, para disminuir la mortalidad por
infecciones respiratorias agudas.
En la segunda reunión extraordinaria del Consejo
nacional de Vacunación, celebrada el 5 de julio de 2004, se acordó
iniciar la aplicación gradual de la vacuna antineumocócica
con un millón de dosis.
Sin embargo cabe mencionar que la insuficiencia de recursos
presupuestales, impidió poner en marcha este proyecto.
Cabe destacar que la Academia Mexicana de Pediatría
así como la Asociación Mexicana de Pediatría A.C.
y la Confederación Nacional de Pediatría de México,
S.C. respaldan ampliamente la aplicación de la vacuna antineumocócica
y su incorporación al esquema nacional de vacunación.
Existe el temor fundado de la proximidad de una pandemia
de influenza proveniente de Asia y Europa. La pandemia de influenza contribuye
sustancialmente a pérdidas económicas, exceso en el número
de hospitalizaciones y muertes.
Se estima que en EUA provocaría hasta 207 mil muertes,
734 mil hospitalizaciones, 42 millones de visitas médicas y 47 millones
de casos, con un costo de 150 mil millones de USD. En México, el
impacto podría tener dimensiones inéditas.
La influenza va cambiando de cepas año tras año
por lo que las vacunas también.
Existe una sinergia letal entre la influenza y el neumococo
que representa altos índices de mortalidad por neumonía bacteriana
secundaria durante las epidemias de influenza.
Un 70% de los casos de muerte en las pandemias de 1957
y 1968 fueron causadas por neumonía bacteriana.
Una ventaja principal es que esta vacuna permite la creación
de memoria, además de que, cuando se completa el esquema recomendado,
el niño modifica su estado de potador y no transmite los tipos de
neumococo contenidos en la vacuna evitando la contaminación, es
decir, protege a los sectores de población que no han sido vacunados.
Reconocemos que debido al costo del biológico,
su implementación probablemente deberá ser progresiva iniciando
con las poblaciones de mayor riesgo como los niños inmunosuprimidos
o los que habitan en zonas de alta marginalidad, pero que poco a poco deberá
integrarse a toda la población infantil dentro del esquema básico
de vacunación, pues en salud debemos prioritariamente establecer
acciones preventivas que finalmente redundaran en menor incidencia de enfermedades
y muerte y en consecuencia en menor gasto de atención.
Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de mis atribuciones
pongo a consideración de esta LIX Legislatura el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta a la Secretaría de
Salud a fin de que se incluya de manera progresiva la aplicación
de la vacuna contra el neumococo dentro del esquema básico de vacunación
iniciando con la población de mayor riesgo como son los niños
con inmunosupresión o habitantes de zonas de alta marginalidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de septiembre
de 2005.
Dip. José Ángel Córdova Villalobos
(rúbrica)
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y
59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente punto de acuerdo, de urgente
y obvia resolución, a la consideración de esta soberanía,
al tenor de las siguientes
Consideraciones
A pesar de lo anterior, México ha aprovechado en
cierta medida, el proceso de desarrollo pesquero mundial sin precedentes,
caracterizado por el uso de motores a diesel, el empleo de materiales sintéticos
para construir redes y líneas, la polea motriz, el uso de refrigerantes,
las bombas de succión, intercambiadores de calor, lo cual permitió
mejorar notablemente las técnicas y métodos de captura, así
como la autonomía de las embarcaciones y su poder de pesca.
Aunado a lo anterior, en nuestro país la apertura
de caminos, la electrificación, la aparición de sistemas
de enfriamiento sencillos y baratos como las plantas productoras de hielo
y cuartos fríos, transformaron por completo las pesquerías,
sobre todo aquellas cercanas a la capital y a las ciudades con mayor población.
Entre 1970 y 1982, la pesca recibió el mayor apoyo
que se le ha dado, se crea el Departamento de Pesca en 1976 como dependencia
autónoma, y en 1982 se transforma en la Secretaría de Pesca,
realizando una importante labor durante los dos siguientes sexenios (1982-1994).
En esa etapa se impulsa la investigación, fundamental
para el crecimiento y desarrollo pesquero, se apoya la acuicultura e inicia
técnicamente la camaronicultura. La producción pesquera se
incremento considerablemente de 254 mil toneladas en 1970, a un millón
565 mil en 1981. De esta forma la población, dedicada a la actividad
de la pesca se incremento casi el doble pues en 1982, se tenia un registro
de 117 mil 106 personas y para 2003 se tenia un estimado de 273 mil.
En el sexenio de 1994-2000, la pesca sufre un fuerte golpe
al desaparecer la Secretaría de Pesca y transformarse nuevamente
en Subsecretaría, desconociendo su importancia y centralizándose
toda la administración e investigación en el Distrito Federal.
En el año 2001, la Subsecretaria de Pesca se transformó
en una Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), con
sede en Mazatlán. El decreto que crea la Comisión la cataloga
como órgano desconcentrado de la SAGARPA, con múltiples funciones,
pero con facultades reales y poder de decisión sumamente limitados
que relegan su importancia. Su lejanía geográfica del sur
y del noreste del país, aunado a su escaso poder de decisión
han dificultado su accionar, en detrimento de los agentes del sector pesquero
y acuícola.
Consideramos que la pesca es una actividad fundamental
para el desarrollo y crecimiento del país. No obstante, el sector
se ha desarrollado de manera asimétrica entre las distintas entidades
del país y en las propias regiones pesqueras.
La importancia de este sector le ha valido ser reconocido
en el Plan Nacional de Desarrollo. No cabe duda que es fuente importante
de alimentos para la población, aporta insumos para la industria
y divisas por la venta de productos de alto valor comercial. En el ámbito
local, las actividades pesqueras se han convertido en elementos fundamentales
del ingreso de segmentos importantes de la población y han impulsado
el desarrollo económico regional.
Por lo que toca al marco jurídico que regula la
pesca, el año pasado se reformó el artículo 73 de
la Constitución Política, para facultar al Congreso de la
Unión a expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno
Federal, de los gobiernos de los Estados y de los municipios, en el ámbito
de sus respectivas competencias.
De esa participación local promovida por dicha
reforma, se hace cada vez más necesaria la intervención de
los estados en la elaboración del marco jurídico local que
permita construir las normas que estimulen el desarrollo de la actividad
pesquera. Necesitamos que nuestros Congresos locales, por medio de un ente
especializado, atiendan de manera directa y específica, los asuntos
relacionados con este sector.
El ejemplo más claro de la importancia de una Comisión
de Pesca, está en las propuestas y avances que ha promovido la Comisión
de Pesca de la Cámara de Diputados Federal, a través de la
cual se han impulsado reformas legales, mayores recursos presupuestarios
a la pesca, el acercamiento de las propuestas del sector a este cuerpo
legislativo y una comunicación más estrecha de las legislaturas
locales. Punto de Acuerdo
Único: Con pleno respeto a la autonomía
estatal, se exhorta a las Legislaturas locales de las distintas entidades
federativas de la República Mexicana a que integren, en sus respectivos
órganos de gobierno, una comisión de pesca y acuacultura
que se encargue de atender los aspectos normativos relacionados con el
sector pesquero.
Palacio Legislativo, a 12 de septiembre de 2005.
Dip. José Evaristo Corrales Macías (rúbrica)
La Diputada Marcela Guerra Castillo, integrante del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicita respetuosamente,
al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, formular
una excitativa a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público
y de Energía, de conformidad con lo establecido en la fracción
XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de los
siguientes:
Antecedentes
Uno.- Con fecha 10 de marzo de 2004 fue presentada
ante el Pleno de la Comisión Permanente, por la suscrita, una proposición
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a las
Secretarias de Hacienda y Crédito Publico, y de Energía,
así como a la Comisión Reguladora de Energía, a replantear
la fórmula del precio del gas natural en México.
Dos.- La proposición en cuestión
fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público,
y de Energía para efectos de Dictamen en los términos de
los artículos 87 y 88 del Reglamento antes invocado.
Consideraciones
I. Se sustentó la Proposición de referencia,
en lo siguiente:
2. Pemex Gas, de acuerdo con la Ley Orgánica
de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, es un organismo
público descentralizado de carácter técnico, industrial
y con personalidad jurídica propia.
Este organismo está facultado para realizar las
actividades relacionadas directa o indirectamente con su objeto legal,
el cual consiste en el procesamiento del gas natural, líquidos del
gas natural y el gas artificial; almacenamiento, transporte, distribución
y comercialización de estos hidrocarburos; así como de derivados
que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas.
3. La Comisión Reguladora de Energía
debe contribuir a salvaguardar la prestación de los servicios públicos,
fomenta una sana competencia, proteger los intereses de los usuarios, propicia
una adecuada cobertura nacional y atender la confiabilidad, estabilidad
y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.
4. En el ámbito internacional en el año
2002, Pemex Gas se situó como la 8ª empresa procesadora
de gas natural, con un volumen procesado cercano a los 4,000 millones de
pies cúbicos diarios (mmpcd), y como la 3ª empresa productora
de líquidos, con una producción de 418 mil barriles diarios
(mbd). Cuenta con una extensa red de gasoductos, a través de la
cual se transportaron poco más de 4,000 mmpcd de gas natural, lo
que la ubicó en el 10° lugar entre las principales empresas
transportistas de este energético en Norteamérica.
5. En México, en el año 2002 Pemex Gas
se posicionó como la 8ª empresa más grande del país
por su nivel de ingresos, cercanos a los 9,000 millones de dólares,
con activos del orden de 6,230 millones de dólares. Adicionalmente,
Pemex Gas constituye una fuente importante de trabajo, al emplear
a poco más de 12,000 trabajadores.
6. México es uno de los países con mayores
reservas probadas de gas natural, las cuales se calculan en 22 billones
de pies cúbicos (equivalentes a 4,460 millones de barriles de petróleo
crudo) que al ritmo de producción actual son suficientes para satisfacer
la demanda de gas natural del país durante los próximos 22
años.
7. Es incongruente que en México el gas natural
tenga uno de los precios más altos del mundo y al mismo tiempo cuente
con amplias reservas probadas de gas natural. II. Es importante reconocer, que actualmente los seis
Contratos de Servicios Múltiples que operan empresas privadas han
contribuido a disminuir las compras al extranjero del combustible; sin
embargo esto no ha sido suficiente.
México seguirá importando gas natural mientras
no invierta recursos suficientes para aumentar la producción y así
lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda.
En resumen, a pesar de que el Presidente Vicente Fox anunció
que publicará un decreto sobre los precios de gas natural, para
evitar que el desastre en Estados Unidos por el huracán Katrina
incremente los costos del energético e impacte de manera negativa
en la economía nacional, el gobierno no ha sabido plantear las modificaciones
requeridas, ni implementar una política energética que permita
la reinversión en la exploración y explotación del
gas natural.
Consecuentemente, solicito de esta Presidencia de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados, se sirva:
Único. En los términos de lo dispuesto
en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite, remitiendo
el presente documento, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito
Público, y de Energía de la Cámara de Diputados, a
fin de que presente el Dictamen correspondiente a la proposición
con punto de acuerdo que se identifica en esta excitativa.
Palacio Legislativo, a 12 de septiembre de 2005.
Dip. Marcela Guerra Castillo (rúbrica)
El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura del
honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 21, fracción XVI del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
solicitó respetuosamente de esta Presidencia, tenga a bien formular
una excitativa a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales
y de Agricultura y Ganadería, para que a la brevedad posible dictaminen
para su presentación en el pleno de esta soberanía la iniciativa
de Ley de Protección y Conservación del Ecosistema Manglar,
y de reformas y adiciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
presentada el pasado 4 de mayo del 2005 al tenor de los siguientes:
Antecedentes
El pasado 4 de mayo del 2005, el que suscribe presentó
ante el Pleno de esta soberanía la iniciativa de Ley de Protección
y Conservación del Ecosistema Manglar, y de reformas y adiciones
a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
El Presidente de la Cámara de Diputados turnó
la iniciativa a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y
de Agricultura y Ganadería, por ser un tema de su competencia, para
que emitieran el dictamen correspondiente.
Toda vez que aún no se emite el dictamen correspondiente
de la iniciativa en comento, el que suscribe insiste y hace énfasis
en la necesidad de expedir la normatividad que regule y proteja al ecosistema
manglar.
En razón de lo anterior se expresan las siguientes:
Consideraciones
Primero.- El deterioro en el ambiente es innegable,
lo podemos observar en los mares, las montañas, las zonas selváticas,
las zonas forestales y todos aquellos ecosistemas a los cuales tenemos
acceso como es el caso de los humedales costeros en zona de manglar.
Segundo.- En las zonas de manglar se encuentran
innumerables especies de aves, reptiles, mamíferos, insectos, plantas
epifitas, líquenes, hongos, los cuales constituyen una fuente de
riqueza ambiental inigualable.
Tercero.- Los manglares son zonas de apareamiento
y cría de gran cantidad de especies que sirven como base de la alimentación
humana, son refugio para formas de vida marina en etapa larvaria, además
protegen a las costas de la erosión, y han proporcionado durante
siglos multitud de recursos a las poblaciones locales. Asimismo constituyen
una verdadera fuente de centros de crianza de numerosas especies de importancia
comercial para la pesca, de mantenimiento de la calidad del agua para la
acuacultura y, de estabilidad a la zona costera para la permanencia de
centros poblacionales.
Cuarto.- La destrucción de estos
ecosistemas son alarmantes, hasta ahora, más del 50 por ciento
de los manglares del mundo han desaparecido, históricamente se consideraba
que el 75 por ciento de la línea de costa de los trópicos
estaba cubierta por manglar; de ese total, hoy sólo queda 25 por
ciento.
Quinto.- Además de las bondades ya mencionadas
los manglares proveen protección contra inundaciones, huracanes
y efecto del oleaje; control de la erosión de la línea de
costa y cuencas; soporte biofísico a otros ecosistemas costeros;
son proveedores de áreas de crianza, reproducción y alimentación
de especies de importancia comercial; brindan mantenimiento de la biodiversidad;
funcionan como trampas y almacenamiento de material orgánico, nutrientes
y contaminantes; ayudan a la exportación de material orgánico;
son pilar de la resistencia de sistemas costeros adyacentes; sirven como
productores de oxígeno y lavadero del bióxido de carbono;
se erigen como una trampa de agua dulce y recarga de mantos freáticos;
ayudan a la formación de suelos y mantenimiento de fertilizantes
además en la regulación de clima local y global; son hábitat
temporal o total de especies de importancia comercial para la pesca; ayudan
al mantenimiento de la calidad de agua para actividades acuícolas;
se identifican íntimamente con los valores culturales, espirituales
y religiosos asociados; son fuente de inspiración artística
y sobre todo fuente de información científica.
Sexto.- La tala irracional de los árboles,
ya sea con el fin de aprovechar la madera, destruir el manglar para reemplazarlo
con alguna construcción turística o industrial, o de utilizar
esas tierras para agricultura o ganadería trae graves consecuencias,
tanto para el entorno marino, debido a que hay pesquerías dependientes
del manglar, como el terrestre, porque ya no hay freno a la erosión
o inundación por el mar.
Séptimo.- La preservación de los
manglares tiene un papel fundamental para los seres humanos en muchos sentidos
por lo que su protección a través de ordenamientos jurídicos
se constituye como una prioridad, de ahí que la intención
de la presente iniciativa se remonta a la omisa atención que dan
las autoridades competentes al problema de la devastación de los
manglares, denominados también humedales costeros en zona de manglar.
Por lo expuesto y fundado, a usted, Presidente de la Cámara
de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión,
muy atentamente pido se sirva:
Único. En los términos de los antecedentes
y consideraciones expuestas, así como de conformidad con los preceptos
legales invocados, solicito se sirva excitar a las Comisiones de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y Agricultura y Ganadería, para que
presente el dictamen de la iniciativa de Ley de Protección y Conservación
del Ecosistema Manglar, y de reformas y adiciones a la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable.
Palacio Legislativo de San Lázaro 12 de septiembre
2005.
Dip. Omar Ortega Álvarez (rúbrica)
El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura del
honorable Congreso de la Unión, a nombre de los diputados integrantes
de la Comisión Sur-Sureste con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
solicito respetuosamente a esta Presidencia, tenga a bien formular una
excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias,
para que a la brevedad posible dictamine para su presentación en
el Pleno de esta soberanía, la iniciativa por el que se reforma
y adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, a fin de que la Comisión Especial Encargada
de Coadyuvar y dar Seguimiento a los Programas y Proyectos de Desarrollo
Regional del Sur-Sureste de México, adquiera el carácter
de comisión ordinaria y se le denomine Comisión para el Desarrollo
Regional del Sur-Sureste de México.
Antecedentes
Durante la sesión del día 7 de octubre del
2004, el suscrito presentó a nombre de los diputados integrantes
de la Comisión Especial del Sur-Sureste de México, la iniciativa
con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción IX del
artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de que la Comisión
Especial Encargada de Coadyuvar y dar Seguimiento a los Programas y Proyectos
de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México, adquiera el carácter
de comisión ordinaria y se le denomine Comisión para el Desarrollo
Regional del Sur-Sureste de México.
La Presidencia de la Cámara de Diputados turnó
dicha iniciativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, por ser un tema de su competencia, a objeto de que emitiera
el dictamen correspondiente.
En razón de lo anterior se expresan las siguientes:
Consideraciones
Primero.- El desarrollo regional se perfila como
el medio más idóneo, mediante el cual se orientan las políticas
sociales, económicas, ambientales, culturales y demográficas
afines a los perfiles particulares de cada entidad federativa. En este
marco, la planeación regional constituye un instrumento para armonizar
la planeación a nivel federal y estatal que impacten en las políticas
económicas-sociales y consecuentemente modifiquen la vida de todos
los mexicanos, especialmente de los que viven en esa zona del país.
Segundo.- Con base en el principio de división
de poderes, el Poder Legislativo Federal tiene la misión primordial
de crear y actualizar las normas jurídicas que rigen la convivencia
justa y pacífica entre los individuos de la sociedad mexicana, cuidando
que las leyes, programas y políticas públicas adquieran una
perspectiva que promueva la cohesión social, la equidad y la igualdad
de oportunidades en ésta región. Considerando para las entidades
federativas un marco respetuoso de concertación, entendimientos
y consensos y de pleno respeto a la soberanía de los estados.
Tercero.- Consolidar un modelo de planeación
para el desarrollo regional como un proceso continuo y permanente, donde
el quehacer del Poder Legislativo esté acompañado de la necesidad
de legislar al respecto, pensando permanentemente en las estrategias
y prioridades de la Planeación Nacional de Desarrollo, para atacar
los problemas de la reforma estructural corrigiendo los sesgos que han
afectado negativamente la región Sur-Sureste de México.
Cuarto.- La región Sur-Sureste de la República
Mexicana, comprendida por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca,
Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, muestran un serio
rezago en su desarrollo socioeconómico con respecto a las regiones
del Centro y Norte. Entre otros factores, ello también ha derivado
la aparición de intensos procesos migratorios tanto hacia las cabeceras
regionales como en áreas de colonización espontánea,
trayendo consigo un aumento de las economías informales urbanas
y una ampliación de la frontera agrícola con impactos severos
en las superficies forestales.
Quinto.- En virtud, de que la Comisión Especial
del Sur-Sureste vislumbra urgente que en lo inmediato los gobiernos estatales
cuenten con un canal para exponer sus necesidades y oportunidades, y estén
en mejores posibilidades de contribuir al proceso de planeación-programación-presupuestación
e incorporen sus propuestas, a objeto de elaborar los planes regionales
de desarrollo, en la que los estados sean actores centrales y no espectadores
en este proceso.
Sexto.- Crear una nueva visión de regionalización
desde el Poder Legislativo, que garantice integración y articulación
territorial considerando como básico los criterios de ataque a la
pobreza, aprovechamiento intensivo de recursos en regiones con potencial,
aspectos de regionalización, de recurrencia de mercados, organización
social y cultural, aspectos étnicos, distribución de la población
e ingreso, aspectos ambientales y localización de lugares regionales
estratégicos para distribución de servicios, administración
y apoyos a la producción.
Séptimo.- Que en virtud de que ha transcurrido
en exceso el término de cinco días señalado en el
artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Comisión de
Reglas y Prácticas Parlamentarias emita el dictamen correspondiente,
de la iniciativa presentada ante este Pleno el 7 de octubre de 2004; acudo
ante esta honorable asamblea de conformidad al artículo 21, fracción
XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, para que la Presidencia de esta Mesa Directiva
excite a la Comisión antes mencionada a efecto de que dictamine
la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción
IX del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos
Por lo expuesto y fundado, se solicita, a la Presidencia
de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso
de la Unión, muy atentamente se sirva:
Único. En los términos de los antecedentes
y consideraciones expuestos, así como de conformidad con los preceptos
legales antes citados, se sirva excitar a la Comisión de Reglamentos
y Prácticas Parlamentarias, para que presente el dictamen que corresponde
a la iniciativa, con proyecto de decreto, que reforma y adiciona la fracción
IX del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos
Dip. Ángel Alonso Díaz-Caneja, Presidente
(Rúbrica); Dip. Francisco Herrera León, Secretario (Rúbrica);
Dip. Jesús Vázquez González, Secretario (Rúbrica);
Dip. Francisco Chavarría Valdeolivar, Secretario (Rúbrica);
Dip. Rogelio Rodríguez Javier, Dip. Juan Antonio Gordillo Reyes,
Dip. Belizario Iram Herrera Solís, Dip. Roger David Alcocer García
(Rúbrica), Dip. Guillermo Zorrilla Fernández, Dip. Ernesto
Alarcón Trujillo (Rúbrica), Dip. Ubaldo Aguilar Flores (Rúbrica),
Dip. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Dip. Alfredo Rodríguez
y Pacheco (Rúbrica), Dip. Ángel Pasta Muñuzuri (Rúbrica),
Dip. Francisco Rojas Toledo (Rúbrica), José Orlando Pérez
Moguel (Rúbrica), Dip. Rosa María Avilés Nájera
(Rúbrica), Dip. Abraham Bagdadi Estrella, Dip. Juan García
Costilla, Dip. Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Dip. Jesús Martínez
Álvarez.
Los que suscriben, María de Jesús Aguirre
Maldonado y Eduardo Alonso Bailey Elizondo, diputados federales integrantes
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la
LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI
del artículo 21 y en el artículo 87 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
solicitamos a esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a las Comisiones
de Justicia y Derechos Humanos y de Defensa Nacional a fin de elaborar
el dictamen correspondiente a la iniciativa por la que se reforman y adicionan
los artículos 160, 161 y 162 del Código Penal Federal; se
reforman los artículos 26, inciso D, y 83 Bis, fracción II,
segundo párrafo, se adiciona el 85 Bis, numeral 1, de la Ley Federal
de Armas de Fuego y Explosivos; y se adiciona al artículo 194 inciso
I, el numeral 9 Bis y a la fracción III los numerales 6, 7 y 8 del
Código Federal de Procedimientos Penales.
Antecedentes
El pasado martes 8 de febrero del año en curso,
el Diputado Eduardo Bailey Elizondo y una servidora presentamos ante esta
soberanía una iniciativa de ley que, en vista del desmedido crecimiento
de la inseguridad y la delincuencia organizada en el país, y de
la insuficiencia de las disposiciones legales actuales para hacer frente
a estos flagelos, aporta elementos de valor que permiten reforzar la lucha
que debe darse contra estos delitos en todos los niveles.
Es evidente que la acción del Estado mexicano hasta
ahora ha sido claramente limitada para inhibir la portación y el
uso de armas de fuego en la comisión de delitos. Sin ánimo
de parecer alarmista, se debe reconocer que basta leer los periódicos
o escuchar los noticieros cada mañana para darse cuenta de que es
cada día más palpable que las instituciones encargadas de
la prevención de la delincuencia y de la persecución de los
delitos han sido rebasadas por el fenómeno de la delincuencia.
Nuestra tarea principal como legisladores es crear o mejorar
los ordenamientos legales que, entre otras cosas, aporten seguridad a los
mexicanos, no sólo con una persecución eficaz de los delitos,
sino sobre todo, con la prevención de los mismos, ya que es por
todos sabido que numerosos especialistas en el tema coinciden en señalar
que este factor, el de la prevención, juega un papel de primer orden
en el combate de los delitos.
En este sentido, la propuesta mencionada básicamente
establece dos grandes acciones, una de carácter preventivo, permitiendo
el otorgamiento de licencias para la portación de armas únicamente
a quienes NO hayan cometido un delito doloso con el empleo de las mismas;
y la otra acción, basada en el establecimiento de que dicha portación
ilegal será calificada como delito grave, lo cual lleva implícita
la disposición legal de no ser acreedores a los beneficio de la
libertad bajo caución. En resumen la finalidad es que las autoridades
competentes en la materia cuenten con los dispositivos legales para sancionar
de manera más efectiva la inseguridad que cada día se va
incrementado en nuestro país.
Por lo expuesto anteriormente, y atendiendo a que ha transcurrido
el tiempo a que se refiere el artículo 87 del Reglamento Interior
del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos para que las Comisiones elaboren
y presenten los Dictámenes correspondientes a las Iniciativas que
se les turnan, solicitamos respetuosamente a esta Presidencia tenga a bien
formular una excitativa a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos,
y de Defensa Nacional para que procedan a la elaboración del dictamen
relativo a la Iniciativa por la que se reforman y adicionan los ordenamientos
mencionados en la introducción de la presente excitativa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los doce
días del mes de septiembre de 2005.
Dip. María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica),
Dip. Eduardo Bailey Elizondo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 SE INCORPORE UNA PARTIDA ESPECIAL DESTINADA
A LA SCT A FIN DE CONSTRUIR Y PAVIMENTAR EL TRAMO ALTZAYANCA DE LA CARRETERA
TLAXCALA-LIBRES, PUEBLA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR
A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A ASIGNAR EN
EL PRESUPUESTO DE 2006 RECURSOS ADICIONALES PARA CONSTRUIR UN HOSPITAL
EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, A CARGO
DE LA DIPUTADA JANETTE OVANDO REAZOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Chilón
4,820
Villacorzo
4,728
Villaflores
4,386
Tonalá
4,351
Tecpatán
4,107
Frontera Com
3,945
Motozintla
3,901
La edad mediana de nuestra población es de 17
años, comparada con 19 años en el país.
El promedio de fallecimientos por cada mil nacimientos
es de 55-56, comparada con 34.8 en el país.
Ocupa el primer lugar a nivel nacional por sus índices
más altos de mortalidad, en casos reportados de cólera, muertes
por tuberculosis y el primero en enfermedades diarreicas.
1er. lugar en absceso hepático amibiano, con tasa
de 15.88 por 100,000 hab.
2o. lugar en shigelosis, con tasa de 175.86 por 100,000
hab.
2o. lugar en paludismo por p. vivax, con tasa de 39.45
por 100,000 hab.
2o. lugar en tosferina, con tasa de 0.76 por 100,000
hab.
7o. lugar en tifoidea, con tasa de 21.61 por 100,000
hab.
7o. lugar en oxiuriasis, con tasa de 259.76 por 100,000
hab.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 SE INCORPORE UNA PARTIDA ESPECIAL DESTINADA
A LA SECRETARÍA DE SALUD A FIN DE CONSTRUIR UN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
EN HUAMANTLA, TLAXCALA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A DECLARAR EL PRIMER
SÁBADO DE JULIO COMO DÍA NACIONAL DEL COOPERATIVISMO, A CARGO
DEL DIPUTADO JUAN BÁRCENAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL PROCURADOR
GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE AJUSTE SU PROCEDER AL MARCO INSTITUCIONAL
Y JURÍDICO APLICABLE, Y ESTABLEZCA LOS CONTACTOS PERTINENTES POR
LOS MEDIOS OFICIALES CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO,
A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SECTOR SALUD INTEGRADAS
EN EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL A CUMPLIR LAS DISPOSICIONES RELATIVAS
AL ABASTO DE MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO PARA PRIMER NIVEL DE
ATENCIÓN Y DEL CATÁLOGO PARA SEGUNDO Y TERCER NIVELES DE
ATENCIÓN DEL GRUPO TERAPÉUTICO NÚMERO 20, A CARGO
DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO CABELLO GIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA UNA PARTIDA ESPECIAL DE APOYO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
QUE POSEEN EN SU TERRITORIO POZOS Y COMPLEJOS PETROLEROS, CON CARGO A LOS
EXCEDENTES DERIVADOS DE LA VENTA DE HIDROCARBUROS AL EXTERIOR, A CARGO
DEL DIPUTADO VÍCTOR HUGO ISLAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A DECLARAR EL 6
DE JULIO COMO EL DÍA CUANDO 400 FAMILIAS INDÍGENAS TLAXCALTECAS
SALIERON HACIA EL NORTE DEL PAÍS PARA APOYAR SU COLONIZACIÓN,
A CARGO DEL DIPUTADO JUAN BÁRCENAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE
LA SECRETARÍA DE SALUD APOYE CON RECURSOS EMERGENTES AL ESTADO DE
TAMAULIPAS PARA PREVENIR Y CONTROLAR EL DENGUE, A CARGO DEL DIPUTADO GONZALO
ALEMÁN MIGLIOLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR
A LA SECRETARÍA DE SALUD QUE PRESENTE UN INFORME SOBRE LOS CONTENIDOS
DE LOS PROGRAMAS Y LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN MATERIA DE COMBATE
DE LA OBESIDAD INFANTIL, A CARGO DEL DIPUTADO NORBERTO ENRIQUE CORELLA
TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE JUSTICIA Y DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE JALISCO A ENTREGAR LOS FONDOS DEL FOSEG DESTINADOS A PAGO
DE DOTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES DEL ÁREA
DE SEGURIDAD PÚBLICA, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER BRAVO
CARBAJAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
I. El pasado 14 de septiembre de 2004 fueron publicadas
en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco diversas reformas de
la Constitución Política de la entidad en su artículo
111, así como la adición del artículo 54 Bis y diversas
reformas de la Ley de Servidores Públicos del Estado y sus Municipios
todas, como se desprende de la exposición de motivos que propician
su creación, tendentes a eliminar cualquier posibilidad que funcionarios
de la administración pública que tengan el nivel de titular,
mando superior o director puedan percibir bonos o gratificaciones, independientemente
de su denominación, ajenas al sueldo que en virtud de la determinación
presupuestal deban recibir. Lo anterior, en virtud de las necesidades actuales
de legislar en la materia, y establecer lineamientos específicos
que imposibiliten prácticas de autodeterminación de beneficios
económicos en su favor no previstos en su concepto salarial.
Antecedentes
CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE
SOLICITAR A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LA SECRETARÍA
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA QUE SE ESTABLEZCA UN CONVENIO DE COORDINACIÓN
PARA INSTAURAR UN REGISTRO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS QUE PARTICIPEN EN
LICITACIONES DE CUALQUIER NIVEL DE GOBIERNO, A CARGO DEL DIPUTADO SALVADOR
MÁRQUEZ LOZORNIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, AL INSTITUTO NACIONAL
DE MIGRACIÓN Y A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A
PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES CIVILES EN EL PROCESO
DE REPATRIACIÓN VOLUNTARIA, A CARGO DE LA DIPUTADA RUTH HERNÁNDEZ
MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
b) se verificara la nacionalidad de los repatriados;
d) repatriar a todos los migrantes de una familia en
un mismo evento;
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL SISTEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN A REACTIVAR LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES
A FIN DE INICIAR LA APLICACIÓN GRADUAL DE LA VACUNA CONTRA EL NEUMOCOCO,
A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL CÓRDOVA VILLALOBOS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS LOCALES A INTEGRAR UNA COMISIÓN DE
PESCA Y ACUACULTURA, A CARGO DEL DIPUTADO EVARISTO CORRALES MACÍAS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Excitativas
A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ENERGÍA, A SOLICITUD DE LA
DIPUTADA MARCELA GUERRA CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
A LAS COMISIONES DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES, Y DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, A SOLICITUD
DEL DIPUTADO OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
A LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, A SOLICITUD DE DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA COMISIÓN ESPECIAL SUR-SURESTE
A LAS COMISIONES DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, Y DE DEFENSA NACIONAL, A SOLICITUD DE LOS DIPUTADOS MARÍA
DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO Y EDUARDO ALONSO BAILEY ELIZONDO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI