• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la nueva dirección del IMSS a que proponga a esta soberanía mecanismos que permitan elevar la eficiencia en la prestación de servicios y el abasto de medicamentos, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que analice la misma para su inclusión en el Presupuesto de Egresos de 2006, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 una partida especial para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del estado de Tabasco, suscrito por diputados integrantes de diversas comisiones.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al H. Congreso de la Unión a apoyar las candidaturas de mexicanas y mexicanos distinguidos para encabezar organismos y acciones internacionales en mecanismos multilaterales globales, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a instruir a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas para que revise las causas de la baja recaudación nacional, estatal y municipal de impuestos, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos a integrar una subcomisión que estudie las condiciones, los recursos y la viabilidad para emprender un programa de expansión del sistema de educación superior, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que a partir del año 2006 se fije un incremento real de 2% en el salario mínimo, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal y al director general del ISSSTE a abstenerse de retener los pagos correspondientes a jubilados y pensionados que no hayan presentado la CURP, a cargo del diputado Jaime Fernández Saracho, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a fiscalizar los recursos federales transferidos al IMSS conforme a los convenios suscritos a partir de 2003 con la Sagarpa y la Ssa, a cargo del diputado Diego Palmero Andrade, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplicar las medidas necesarias para evitar la entrada de la gripe aviar, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a los gobernadores, a los titulares de los municipios y delegaciones políticas del Distrito Federal, y a los presidentes de los órganos de gobierno de los Congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a dar seguimiento y resolución a los acuerdos del Tercer Parlamento de las Niñas y los Niños de México, suscrito por diputados integrantes de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, de Participación Ciudadana, y Especial de la niñez, adolescencia y familias.

• Con punto de acuerdo, para incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 una partida sectorizada en la SEP destinada al mantenimiento y a la construcción de dos nuevos espacios educativos en las comunidades de Santa Rosalía y Ciudad Insurgentes, en Baja California Sur, a cargo de la diputada Esthela Ponce Beltrán, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, mediante la Segob, y al Instituto Nacional de Migración a informar sobre las condiciones de operación de la estación migratoria de Acayucan, Veracruz, a cargo de la diputada Regina Vázquez Saut, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al titular de la SHCP para suspender el procedimiento de adjudicación de la Administración de Aduanas Mexicanas en tanto no se aclaren las denuncias de violaciones constitucionales implicadas en la licitación, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reconsiderar su postura frente al apoyo económico que ofreció el gobierno español a los países centroamericanos afectados por la tormenta Stan, a cargo del diputado Benjamín Fernando Hernández Bustamante, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 una partida a fin de establecer el programa de útiles escolares para los alumnos de todas las escuelas públicas del país, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a efectuar las auditorías necesarias al Sistema Metrobús del Gobierno del Distrito Federal y a los funcionarios responsables de dicho sistema, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 una partida especial a fin de establecer un programa destinado a la población indígena del país, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 una partida especial para emprender un programa de ingreso mínimo para las personas adultas mayores de 70 años de edad, a cargo de la diputada María de los Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere la inclusión de una partida especial para emprender el programa de becas para discapacitados pobres de todo el país en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006, y al titular de la SEP que proponga un programa de adaptación de las instalaciones escolares para los mismos, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 un incremento del PIB al presupuesto destinado a ciencia y tecnología, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 una partida especial a efecto de emprender el programa Uniformes Escolares para Todos, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 se destinen recursos para el parque marino nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, a cargo del diputado Marcelo Herrera Herbert, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a efecto de crear una comisión plural de diputados que realice una auditoría técnica, jurídica y administrativa a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del PRD.

• A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud de diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Social.

Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Ejecutivo federal para que instruya a la nueva dirección del IMSS para que proponga a esta soberanía mecanismos que permitan elevar la eficiencia en la prestación de servicios y en el abasto de medicamentos, así como mecanismos de control administrativos para prevenir y evitar el dispendio y la falta de abasto de medicamentos en variedad y con oportunidad suficiente en todo él territorio nacional y por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública analice la inclusión, en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2006, de una partida especial equivalente a 4% de los ingresos totales del Instituto Mexicano del Seguro Social para la creación del Programa Medicinas para Todos y, a cargo de la diputada María de los Dolores Padierna Luna, de la Comisión de Hacienda y Crédito Publico.

Considerando

Primero: Exhortar al titular del Ejecutivo federal para que instruya a la nueva dirección del IMSS para que proponga a esta soberanía mecanismos que permitan elevar la eficiencia en la prestación de servicios y en el abasto de medicamentos, así como mecanismos de control administrativos para prevenir y evitar el dispendio y la falta de abasto de medicamentos en variedad y con oportunidad suficiente en todo el territorio nacional.

Segundo: Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que analice esta propuesta y en el Marco de las posibles modificaciones a la Propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2006, se incluya una partida equivalente a 4% de los ingresos actuales del IMSS para crear el programa Medicinas para Todos.

Dip. María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A CONSIDERAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 UNA PARTIDA ESPECIAL PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DEL ESTADO DE TABASCO, SUSCRITO POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE DIVERSAS COMISIONES

Los diputados integrantes de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud, de Atención a Grupos Vulnerables y Especial Sur-Sureste de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Generalmente a las personas con discapacidad se les niega la posibilidad de educación o de desarrollo profesional, se les excluye de la vida cultural y las relaciones sociales normales, se les ingresa innecesariamente en instituciones y tienen acceso restringido a edificios públicos y transporte debido a sus limitaciones físicas. Por si fuera poco, los discapacitados se encuentran en desventaja jurídica, ya que no cuentan con un documento oficial único que enumere sus derechos, sino que están dispersos en una serie de dictámenes judiciales e instrumentos jurídicos.

Las personas con discapacidad deben gozar de todos los derechos inherentes al respeto por su dignidad humana. Los discapacitados, cualesquiera que sean su origen, naturaleza y seriedad de su impedimento e incapacidad, tienen los mismos derechos fundamentales como sus conciudadanos de su misma edad, lo cual implica primero y sobre todo, el derecho a una vida decente, tan normal y plena hasta donde sea posible.

Además, las personas con discapacidad tienen derecho a tratamiento médico y psicológico y a ejercicios, incluyendo aparatos ortopédicos y prótesis, a rehabilitación médica y social, educación, educación vocacional, entrenamiento y rehabilitación, ayuda, conserjería, servicios de colocación y otros servicios, los cuales las capacitarían para desarrollar al máximo su aptitud y destreza y apresurarían el proceso de su integración o reintegración social.

Para garantizar este derecho se ha desarrollado infraestructura, como el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) de Villahermosa, Tabasco. Goza de renombre y prestigio a nivel nacional y tiene un radio de influencia regional que supera los límites del estado. A pesar de que ha operado durante más de cuatro décadas, sus instalaciones actuales son insuficientes, ya que la demanda ha rebasado su capacidad física. Hoy en día el centro recibe a cerca de 400 pacientes diariamente, quienes son atendidos por 98 personas que laboran ahí. Además, la evolución y modernización tecnológica y terapéutica lo han hecho obsoleto tanto su equipamiento como sus instalaciones.

Ante tal situación, el gobierno del estado ha tenido a bien iniciar la construcción de un nuevo CREE que responda a la necesidad de la población tabasqueña y de los estados vecinos, a fin de contar con un moderno centro de rehabilitación capaz de proveer unas instalaciones de alta calidad para poder brindar un servicio de primer nivel a los niños, adultos y adultos mayores que necesitan atención médica y psicológica especializada.

En el diseño de este nuevo proyecto se ha tomado como base la necesidad fundamental que tiene el ser humano de autonomía y libertad. Este derecho inalienable se ve con frecuencia severamente truncado por una discapacidad física, por un dolor incapacitante, por la necesidad del cuerpo y del espíritu para llevar a cabo las funciones básicas de la vida. Este centro está diseñado para recibir y acoger en un gran abrazo seguro y confiable al enfermo.

Con cada una de sus unidades de atención como estimulación temprana y múltiple, mecanoterapia, electroterapia, hidroterapia, terapia ocupacional y del lenguaje, entre otras, se ayuda al paciente a recuperar las habilidades perdidas, o bien, a desarrollar nuevas capacidades motrices y de aprendizaje. Así, personas de todas las edades se pueden incorporar por primera vez o de nueva cuenta a sus actividades productivas, sociales y familiares y dignificar su calidad de vida.

Un aspecto novedoso de este proyecto son sus espacios exteriores, ya que dadas las características del predio donde será construido, constituyen una extensión del edificio en su función terapéutica, con un carácter menos formal que propicia la convivencia familiar y, en general la integración social. Asimismo se ha demostrado que los elementos de la naturaleza, tales como la vegetación, el agua y la fauna, tienen un efecto de sanación en el ser humano y coadyuvan a la rehabilitación de pacientes que sufren de algún tipo de padecimiento tanto psíquico como físico.

El jardín terapéutico está enfocado a aprovechar los aspectos sensoriales de los elementos naturales y combinarlos con terapias motrices y ocupacionales, trasladando parte de las actividades terapéuticas hacia el exterior. Incluye apoyos tales como áreas de marcha en texturas, almácigos de cultivo para la terapia ocupacional, rampas y juegos que ofrecen una forma de ejercitarse de forma controlada y adecuada a adultos mayores y personas con capacidades diferentes.

Adicionalmente, el nuevo CREE es un proyecto que pone a Tabasco a la vanguardia en materia ambiental, vinculando de cerca al ser humano con su entorno y construyendo la rehabilitación sobre un contacto más cercano con la naturaleza. Se pone particular énfasis en la conservación del medio ambiente, el uso sustentable de los recursos naturales y se evita la tala de árboles y herbáceas, así como los rellenos excesivos de terreno.

Es decir, se llevó a cabo un diagnóstico a profundidad de las características hidrológicas y de vegetación del sitio, para así poder conservar las funciones ecológicas del terreno y generar menores impactos ambientales por la construcción de la obra.

Sin embargo, para hacer posible la realización de esta obra es necesaria la participación de los diferentes niveles de gobierno en su financiamiento. El costo total de la obra y su equipamiento asciende a 158 millones de pesos, de los cuales 130 millones, que representan 60% del costo total, serán aportados por el gobierno estatal y se requiere que la federación aporte el restante 40%, es decir 68 millones de pesos.

Cabe destacar que el CREE tiene asegurados los recursos necesarios para su operación y mantenimiento en el futuro, por lo que no será necesario el apoyo federal año con año.

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, se considere una partida presupuestal de 68 millones de pesos para la construcción del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Tabasco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 20 días del mes de octubre de 2005.

Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Francisco Javier Lara Arano, José Jesús Vázquez González, José Luis Cabrera Padilla, Francisco Herrera León, Óscar Rodríguez Cabrera, María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Luis Felipe Madrigal Hernández, Amalín Yabur Elías, Ángel Augusto Buendía Tirado, María Esther de Jesús Scherman Leaño, Rogelio Rodríguez Javier, Laura Elena Martínez Rivera, Carla Rochín Nieto, Rebeca Godínez y Bravo, Gema Isabel Martínez López, Jorge Uscanga Escobar, Alfredo Béjos Nicolás, Guillermo Velasco Rodríguez (rúbricas).
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN A APOYAR LAS CANDIDATURAS DE MEXICANAS Y MEXICANOS DISTINGUIDOS PARA ENCABEZAR ORGANISMOS Y ACCIONES INTERNACIONALES EN MECANISMOS MULTILATERALES GLOBALES, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El que suscribe, diputado Jesús Martínez Álvarez del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del reglamento para el gobierno interior del congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Por décadas la presencia diplomática de México en el mundo ha marcado huella insoslayable. Un ejemplo lo es don Alfonso García Robles, quien encabezó los esfuerzos por alcanzar el desarme nuclear continental a partir del Tratado de Tlatelolco, lo cual le mereció el Premio Nobel de la Paz en la década de los ochenta. Otro más, el de Jorge Alberto Lozoya quien durante cuatro años al frente de la Secretaría de Cooperación de la Cumbre Iberoamericana garantizó a ese mecanismo la posibilidad de consolidar sus tareas y establecer una nueva estructura de operación, aprobada en el pleno de la Cumbre misma, que es apoyada por la nueva Secretaría General de Cooperación, que ahora encabeza Enrique Iglesias y que fue generada con la participación insustituible de un destacado diplomático mexicano.

Como estas grandes personalidades, muchas otras ayer y hoy han sido propuestas para encabezar tareas e instituciones de carácter internacional, multilateral o regional. Estas postulaciones se realizan mediante mecanismos preestablecidos en los organismos correspondientes y que revisan con detenimiento la carrera, el desempeño responsable y el prestigio de quienes son considerados para altos encargos de esta naturaleza.

Parte fundamental de la consideración que se hace para que las candidaturas tengan éxito es que el gobierno del país del cual son originarias las personalidades aspirantes, les apoye expresamente para considerarles candidaturas nacionales. En muchas naciones, de forma frecuente, instituciones de diversa índole así como organizaciones académicas y de carácter social inician ejercicios de cabildeo dentro y fuera de su país para lograr un nuevo espacio. A esa tarea se suman las fuerzas políticas que, reconociendo la trayectoria de quien es propuesto y considerándola un reconocimiento al país, son parte de las voces que apelan nacional y globalmente a favor de la candidatura nacional en proceso.

Para México, el acontecimiento no es nuevo. Frecuentemente surgen propuestas de destacadas mexicanas y mexicanos que participan y son consideradas para encabezar tareas internacionales de gran envergadura. Las reacciones al interior del país son en la mayoría de los casos inconstantes y generan debate. Otras naciones se suman de inmediato a propuestas sólidas y, con mucha frecuencia, en México se provoca la discusión de la propuesta y los méritos de alcanzarla más allá del valor que internacionalmente pueda representar para México y el esfuerzo que el país entero deba poner en lograrla.

En ocasiones fundamentales como en las recientes candidaturas para la Organización Mundial de la Salud o la Organización de los Estados Americanos, prevaleció el encono a la reflexión frente a la propuesta. Las fuerzas políticas se alinearon contra la consideración sola de que pudiera lograrse un espacio privilegiado internacional. Si bien es cierto que los candidatos no habían realizado un trabajo de promoción adecuado al interior del país, con las diversas fuerzas políticas y, si de confrontación e imposición de sus propuestas, lo cierto es que perdimos dos posibilidades fundamentales de generar espacios de representación de la primera importancia para la reconformación de la arquitectura política global.

Más recientemente, la candidatura para asumir la Secretaría General de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es motivo de reflexión en diversos círculos internacionales, y debe comenzar a serlo para México debido a que un experimentado economista mexicano ha sido propuesto para encabezar a este organismo a partir de junio de 2006. La posibilidad de que un mexicano lo encabece debe ser considerada seriamente para mostrar apoyo a la propuesta y comenzar un intenso cabildeo interno y global, que asegure un nuevo espacio destacado de representación internacional para México.

Para ello, es fundamental que el H. Congreso de la Unión, a través de las Comisiones de Relaciones Exteriores de sus Cámaras esté atento siempre a la generación de propuestas de postulación y, al reconocer sus méritos y capacidades para el desempeño propuesto, iniciar sin cortapisas un intenso trabajo de cabildeo que favorezca la generación de nuevos espacios. Se requiere de un mecanismo de constante revisión de estas propuestas que permita la acción inmediata y el estudio adecuado de las candidaturas por parte de quienes integramos el H. Congreso de la Unión con el afán de dar todo el apoyo que sea posible a este tipo de candidaturas que llenan de prestigio nacional a nuestro país.

La candidatura del economista mexicano José Ángel Gurría Ordóñez para asumir la Secretaría General de la OCDE es significativa, tanto por el papel que puede desempeñar un connacional cuyo talento en las áreas económica y financiera son innegables, así como por el destacado papel que el organismo ha venido desempeñando en el desarrollo internacional de las últimas décadas.

La importancia internacional de la OCDE en la última década es fundamental al representar, en la suma de sus estados integrantes, al 60 por ciento de la producción mundial, al 75 por ciento del comercio internacional, y el 95 por ciento de la ayuda oficial al desarrollo internacional. La calidad y la productividad de su trabajo le han convertido en protagonista de las relaciones económicas internacionales y referente obligado de muchos gobiernos nacionales.

Apoyar la búsqueda de Gurría Ordóñez del liderazgo de la OCDE es una gran oportunidad que México no debe desaprovechar. Es el momento de poner a prueba la voluntad de los actores nacionales para hacer llegar al mundo un mensaje de solidaridad y unidad sobre la aspiración de una nación de conducir los destinos de un organismo que, en mucho, puede ayudar al desarrollo de la región latinoamericana, uno de los propósitos fundamentales de nuestra política exterior.

Por estas razones, me permito proponer respetuosamente al Pleno de esta Soberanía los siguientes:

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorte a las Comisiones de Relaciones Exteriores del H. Senado de la República y de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a estudiar y apoyar las candidaturas de mexicanas y mexicanos distinguidos, que sean postulados a encabezar acciones o instituciones internacionales, para buscar el cabildeo de ésta soberanía a favor de dichas candidaturas y lograr que sean bien recibidas en el ámbito global y se considere y apoye la candidatura del economista mexicano José Ángel Gurría al cargo de Secretario General de la Organización de Cooperación y Desarrollo (OCDE), buscando posicionar a México en un espacio de deliberación y decisión fundamental para el desarrollo económico internacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil cinco.

Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A INSTRUIR A LA UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE REVISE LAS CAUSAS DE LA BAJA RECAUDACIÓN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL DE IMPUESTOS, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que instruya al titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas a que revise las causas de la baja recaudación nacional, estatal y municipal de impuestos y proponga medidas para revertir la evasión fiscal en el país y para que proponga a esta soberanía un plan de capacitación sobre competencias fiscales a los administradores municipales de todo el país, a cargo de la diputada María de los Dolores Padierna Luna, de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Considerando que

Único: Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que instruya al titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas a que revise las causas de la baja recaudación nacional, estatal y municipal de impuestos y proponga medidas para revertir la evasión fiscal en el país y para que proponga a esta soberanía un plan de capacitación sobre competencias fiscales a los administradores municipales de todo el país.

Dip. María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS A INTEGRAR UNA SUBCOMISIÓN QUE ESTUDIE LAS CONDICIONES, LOS RECURSOS Y LA VIABILIDAD PARA EMPRENDER UN PROGRAMA DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos que integre una subcomisión que estudie las condiciones, los recursos y la viabilidad para emprender un programa de expansión del sistema de educación superior en nuestro país a partir del año 2006, a cargo de la diputada María de los Dolores Padierna Luna, de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Considerando que

Punto de Acuerdo

Único. Solicitar a la Comisión de Educación Pública que integre una subcomisión que estudie las condiciones, tipos de carreras y profesiones, los recursos y viabilidad para emprender un programa de expansión del sistema de educación superior en nuestro país a partir del año 2006.

Dip. María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS PARA QUE A PARTIR DEL AÑO 2006 SE FIJE UN INCREMENTO REAL DE 2% EN EL SALARIO MÍNIMO, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Considerando que

1. Los datos disponibles de las Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de los Hogares muestran que entre 1984 y el año 2004 hubo un incremento en la desigualdad de la distribución del ingreso en México. El coeficiente de Gini, medida clásica, muestra que la distribución nacional del ingreso empeoró; al pasar de 0.53 en 1984 a 0.55 el año pasado; el 10% de los hogares más ricos que en 1984 concentraban 34.3% de la riqueza, aumentaron su participación a 36.5% en el año 2004; mientras que el número de pobres que en 1984 era de 30 millones de mexicanos, hoy llega a ser de más de 70 millones de personas.

2. Si consideramos las cifras oficiales de la Secretaría de Desarrollo Social, legitimadas por el llamado Comité Técnico para la Medición de la Pobreza; en el año 2004 existían en México 48.9 millones de personas con pobreza de patrimonio; 25.6 millones con pobreza de capacidades y 18 millones de mexicanos en situación de pobreza alimentaria. De acuerdo con la misma Secretaría de Desarrollo Social, en el campo mexicano existían el año pasado más de 22.5 millones con pobreza de patrimonio, 14.2 millones con pobreza de capacidades y 10.9 millones con pobreza alimentaria; mientras que en el sector urbano los mexicanos en situación de pobreza alimentaria sumaban 7 millones, los pobres de capacidades eran 11.5 millones de personas y había 26.4 millones de mexicanos urbanos en pobreza de patrimonio.

3. Se ha documentado ampliamente que en el curso de los años 80 y 90 la participación salarial en el PIB bajó dramáticamente en México; y esta es una de las razones principales por las que México se ha convertido en una economía exportadora de mano de obra barata. En México los programas de ajuste causaron una contracción considerable de los salarios, no solo como participación en el PIB sino también como porcentaje del valor agregado a las manufacturas. Mientras que en los países desarrollados las ganancias de los trabajadores constituyen aproximadamente el 40% del valor agregado en la manufactura, ese mismo porcentaje en México es hoy de menos de 20%.

4. Los problemas derivados de la desigual distribución de la riqueza nacional y de la pobreza sólo se corregirán en el largo plazo. A pesar de las diferencias de énfasis, una de las principales conclusiones a que han llegado los estudios más rigurosos en México es que la acelerada inflación de la década de los 80 y los programas de ajuste estructural tuvieron un efecto fuertemente regresivo, principalmente para las familias mexicanas más pobres, que viven exclusivamente de los salarios.

5. La pérdida de poder adquisitivo del salario fue la característica central de los mercados laborales en México durante las pasadas dos décadas. En términos reales, el salario mínimo actual equivale a 70% del que se tenía a inicio de 1981. Por ello, no es suficiente reajustar cada año los salarios en función de la inflación del año anterior. Se vuelve urgente, con la finalidad de lograr una disminución sistemática de los niveles de pobreza, implementar medidas correctivas que permitan la recuperación de los salarios reales de los trabajadores. Un aumento anual de 2% en términos reales del salario mínimo permitiría recuperar lo perdido en 13 años y duplicar el poder adquisitivo de los trabajadores en un horizonte de 35 años. Si nuestra Nación emprende hoy medidas correctivas, en el futuro tendremos menos desequilibrios sociales.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto al Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo:

Primero: Exhortar al titular del Ejecutivo federal para que instruya al Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que a partir del año 2006 se fije un aumento al salario mínimo general y por áreas geográficas en un porcentaje de 2% real anual.

Segundo: Exhortar al Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que a partir del año 2006 se fije un aumento al salario mínimo general y por áreas geográficas en un porcentaje de 2% real anual.

Tercero: Solicitar a la Subsecretaría de Empleo y Política Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos emprendan los estudios necesarios sobre el impacto probable que tendría en la Economía Nacional un aumento del salario mínimo general y por áreas geográficas en un porcentaje de 2% real anual.

Dip. María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y AL DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTE A ABSTENERSE DE RETENER LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A JUBILADOS Y PENSIONADOS QUE NO HAYAN PRESENTADO LA CURP, A CARGO DEL DIPUTADO JAIME FERNÁNDEZ SARACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Iniciativa con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que presenta el diputado Jaime Fernández Saracho, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal, así como al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de que se abstenga de retener el pago de pensiones a jubilados y pensionados que no hayan presentado la CURP, y asimismo informen del avance en la expedición de credenciales para la revista de supervivencia.

Antecedentes

En el estado de Durango, a partir de que se implantó el sistema electrónico para la revista de supervivencia y expedición de nuevas credenciales a jubilados y pensionados, se han generado diversos problemas, entre ellos, que los nuevos documentos de identificación no han sido expedidos a tiempo con la consecuente dilatación de trámites inherentes en que se es requerida a estos usuarios.

Se ha dado en exigir la CURP como requisito indispensable para pasar la revista de supervivencia, según oficio DPSH/ISSSTE/220, emitido por el Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene Escolar de la Delegación del ISSSTE del Estado de Durango, por instrucciones de las oficinas centrales de la ciudad de México.

El hecho de automatizar los servicios, no implica cometer agravios que resultan a todas luces, no solo ilegales sino que atentan directamente contra las garantías individuales y de Seguridad Social. Eso sin contemplar la falta de sensibilidad de estos servidores públicos que ante la cercanía de la temporada de fin de año y, lo que implica en las necesidades para viajar a reuniones con sus familiares y gasto propios de esta época, consideramos resultan generadores de un estado de angustia innecesario para todos estos jubilados, que como ex-servidores públicos hoy gozan del legítimo derecho de recibir su pensión.

Es por lo anterior y

Considerando

Primero.- Que los derechos de seguridad social son un bien jurídico tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivados a los relativos a los trabajadores al servicio del estado, como lo dispone el artículo 123 apartado B de nuestra Carta Magna.

Es así, que el derecho a recibir una pensión no puede ser restringido por disposiciones administrativas, cuando previamente se ha acreditado el derecho a recibirla en los términos de la Legislación Federal aplicable, en este caso que nos ocupa, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en sus artículos 48, 49, 60, 61, 67, 68, 73, 82 y demás relativos.

Segundo.- El retener el pago de pensión sin que medie orden judicial, constituye una flagrante violación a las garantías constitucionales de legalidad y laborales, de quienes con el esfuerzo de muchos años han sido merecedoras de ella, y que en su gran mayoría constituye su único medio de subsistencia.

Tercero.- Es el caso que para los jubilados y pensionados conforme a la legislación reglamentaria del Artículo Constitucional 123 apartado B, resulta ilegal implementar requisitos administrativos como es tener que presentar la CURP (Clave Única de Registro de Población) para acceder al pago de la pensión que constitucionalmente ya les asiste el derecho de recibir como acontece en el Estado de Durango y que pudiera ser el caso de algunos o todos los estados de la República, en que a través de la Delegación del ISSSTE en la Entidad, se amenaza que "de no hacerlo se procederá a dar de baja dicha pensión".

Es por lo anterior, que solicitamos a este honorable Pleno tenga a bien determinar como

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución

Se exhorte al titular del Poder Ejecutivo, así como al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de que se abstenga de retener el pago de pensiones a jubilados y pensionados, que no hayan presentado la CURP, y asimismo informe del avance en la expedición de credenciales para la revista de supervivencia.
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A FISCALIZAR LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL IMSS CONFORME A LOS CONVENIOS SUSCRITOS A PARTIR DE 2003 CON LA SAGARPA Y LA SSA, A CARGO DEL DIPUTADO DIEGO PALMERO ANDRADE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Los suscritos, diputados federales de diversos grupos parlamentarios integrantes de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 la política de Desarrollo social que asume el Gobierno de la Republica, tiene como objetivo esencial el desarrollo agropecuario, ya que es fundamental para elevar el bienestar de sectores importantes de la población.

En virtud de ello, en el año 2003 la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación suscribió un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el objeto de establecer un conjunto de acciones y recursos destinados a dar apoyo a cañeros para la prestación de servicios médicos mediante la utilización de padrones de productores de caña de azúcar y estadísticas obtenidas en ejercicios anteriores, cumpliendo de esta forma con el derecho a la seguridad social, derecho universal y humano.

Asimismo el pasado 31 de diciembre de 2003, el Poder Legislativo autorizó un presupuesto al ramo 12 de la Secretaria de Salud por la cantidad de 200 millones de pesos, para cubrir las cuotas de aseguramiento en el régimen obligatorio del seguro social para aproximadamente 124,153 productores cañeros activos registrados en el padrón nacional, con una superficie cultivable de hasta 5 has promedio para el año 2004.

En el presupuesto para el año 2005, fue aprobado por esta soberanía en el Anexo 17 que considera en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, el rubro denominado Seguridad Social Cañeros, Convenio IMSS, con un monto de $200, 000,000.00, para aproximadamente 111,560 productores activos registrados en el padrón nacional con una superficie cultivable de hasta 3.5 has en promedio para el año 2005.

Existe una gran inconformidad manifiesta por los productores de todo el país ya que ellos al tener la necesidad de utilizar los servicios médicos en las clínicas correspondientes en los 15 estados productores de caña de azúcar, se dan cuenta que no pueden recibir los servicio médicos por que existen adeudos en el pago de sus cuotas, aportaciones que por cierto, ya se les retuvieron por parte del ingenio al que pertenecen como abastecedores de la gramínea y que están descontadas en sus boletas de liquidación, estas cuotas, se entregan a los lideres de las organizaciones locales para su entero al IMSS, con el objeto de recibir oportunamente los servicio médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En la realidad los productores no están siendo beneficiados con estos subsidios aprobados por esta soberanía, por lo que a todas luces existe la inquietud de los productores de que pudiera haber malos manejos en los recursos destinados a su seguridad social, que es finalmente, un derecho humano que debe ser disfrutado por todos y todas en este sector.

Es incomprensible, que mientras se han incrementado los subsidios, a través de la firma de convenios con el Instituto Mexicano del Seguro Social y las organizaciones que representan a los productores de caña de azúcar, por otro lado se reduce el número de hectáreas de 5 a 3.5, reduciendo el número de productores beneficiados de un ejercicio a otro.

Sin embargo a la fecha los productores de caña de azúcar siguen sin recibir los servicios médicos que les corresponden, ya que las organizaciones locales que los representan tienen que firmar un convenio diferido de pago en parcialidades, garantizando el mismo y reconociendo el adeudo por mas de 255 millones de pesos, por lo que crece la inquietud de que pudieran estar utilizando estos recursos para pago de pasivos de las organizaciones locales con el Instituto, lo cual indica una probable colusión entre las organizaciones de productores y las autoridades del Instituto, en perjuicio del derecho a la seguridad social de los cañeros ya que estos recursos según el propio Presupuesto de Egresos de la Federación, no se utilizarán para pagos de pasivos, incluyendo los que las organizaciones de productores tengan con el Instituto.

Según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social las organizaciones de productores tienen una deuda con la Institución a la fecha, por más de 255 millones de pesos, a pesar de que las retenciones se han hecho en tiempo y forma a los 160,000 productores de caña de azúcar.

De lo anterior se desprende la inquietud de los productores de todo el país, ya que la base de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social contempla a la fecha 114 mil afiliados de este sector, habiendo un padrón nacional de 160 mil productores de caña de azúcar.

Todo esto contribuye a dañar patrimonialmente a los productores de caña de azúcar, ya que esto repercute directamente en el computo de sus prestaciones, jubilaciones y pensiones, vulnerando así, el derecho a la seguridad social consagrado en nuestra Carta Magna.

Finalmente hay que destacar que la seguridad social es un instrumento de justicia social que debe basarse en la universalidad, solidaridad, igualdad, suficiencia, participación y transparencia, así como también la rendición de cuentas adoptada por el Gobierno Federal debe garantizar que se cumpla con el mandato de transparencia, honestidad y eficacia.

Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Que se instruya a la Auditoria Superior de la Federación, para que fiscalice y audite los recursos federales que fueron transferidos al Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a los convenios suscritos a partir de 2003 con la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y la Secretaria de Salud, y asimismo, se informe los resultados obtenidos a esta Cámara, para emprender, en su caso, las acciones conducentes que se requieran.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticinco días del mes de octubre del año dos mil cinco.

Diputados: Diego Palmero Andrade (rúbrica), Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Juan Fernando Perdomo Bueno.
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A APLICAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR LA ENTRADA DE LA GRIPE AVIAR, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIO SERRANO JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Con fundamento en los artículos 53 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta al Pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el objeto de que se haga un atento exhorto al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a efecto de que en el país se tomen las medidas necesarias para evitar la entrada de la llamada gripe aviar.

Consideraciones

Único.- Se exhorte al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a que de inmediato el Gobierno Federal adopte las medidas necesarias para evitar que entre en el país el virus causante de la llamada "gripe aviar", evitándose los incalculables costos humanos y financieros que esto provocaría. Sin embargo, ante la posibilidad de que finalmente este virus entre al país, entre las medidas preventivas que debe aplicar el Gobierno Federal está la inmediata aplicación de manera masiva de las vacunas contra el neumococo y la influenza.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2005.

Dip. Emilio Serrano Jiménez (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A LOS GOBERNADORES, A LOS TITULARES DE LOS MUNICIPIOS Y DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO FEDERAL, Y A LOS PRESIDENTES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS CONGRESOS LOCALES Y DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A DAR SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN A LOS ACUERDOS DEL TERCER PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MÉXICO, SUSCRITO POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y ESPECIAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIAS

Las diputadas y los diputados que suscriben la presente, integrantes de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, por lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de las entidades federativas y de los municipios y delegaciones políticas del Distrito Federal, y a los presidentes de los órganos de gobierno de los congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a dar resolución a los acuerdos del Tercer Parlamento de las Niñas y los Niños de México.

Antecedentes

El pasado mes de mayo, del 23 al 27, se celebró en la Cámara de Diputados, el Tercer Parlamento de las Niñas y los Niños de México, en cuya organización participaron las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, de Participación Ciudadana y Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias de la Cámara de Diputados y las Comisiones de Derechos Humanos y de Desarrollo Social del Senado de la República, ambas cámaras del H. Congreso de la Unión, en coadyuvancia con la Secretaría de Educación Pública, del Instituto Federal Electoral, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Este ejercicio de los derechos de la infancia se ha venido realizando durante tres años consecutivos, en cumplimiento al Punto de Acuerdo del 30 de abril de 2002 que le da origen. En esta ocasión, como en sus versiones anteriores, el principal objetivo fue el ofrecer a la niñez mexicana espacios políticos con las condiciones físicas y logísticas apropiadas para que ejerciten sus derechos de participación, libertad de expresión, reunión y aporte de soluciones a los asuntos que son de su incumbencia, fomentando así, la construcción de la ciudadanía de las personas que aún no cumplen los 18 años de edad.

En la versión 2005 del parlamento infantil, y gracias a un extraordinario esfuerzo conjunto de todas las instituciones y organismos mencionados, además de los gobiernos estatales, se lograron importantes avances sustantivos en los ámbitos logísticos y conceptuales.

En su primera etapa y a partir de la gran disposición mostrada por la Secretaría de Educación Pública en la organización de este mecanismo, se logró una convocatoria que reflejó la diversidad cultural, social y étnica de la República Mexicana. El Tercer Parlamento de las Niñas y los Niños de México, tuvo una mayor participación por parte de las escuelas primarias públicas y privadas, así como de los cursos comunitarios del Conafe, con una respuesta de más de 10,000 escuelas, a través de sus alumnas y alumnos representantes. Este número duplica la participación lograda en el Segundo Parlamento de las Niñas y los Niños de México.

En la segunda etapa, el Instituto Federal Electoral vigiló y dio fe de la elección de las y los legisladores infantiles, representantes de los 300 distritos electorales federales.

Por primera vez, la organización de la discusión en las comisiones legislativas se dio bajo tres ejes temáticos: mi familia y yo; mi escuela y yo; y mi comunidad y yo, ampliando así, la posibilidad de discusión infantil a los temas que verdaderamente les preocupan.

Derivado de este tercer parlamento infantil, las niñas y los niños legisladores tomaron importantes acuerdos que conciernen a las diferentes esferas y niveles de gobierno, por lo que la Cámara de Diputados, a través de su Junta de Coordinación Política, realizó la impresión de un folleto alusivo que contiene los acuerdos a los que llegaron las y los legisladores infantiles en las veinte comisiones legislativas, ratificando la encomienda al señor Secretario General de esta Cámara de Diputados para el envío respectivo.

Como respuesta a la formalidad y propiedad con la que las y los legisladores infantiles asumieron su encargo y dada la importancia y trascendencia que tiene cada uno de estos acuerdos, es nuestro deber solicitar el compromiso por parte de los diferentes niveles de gobierno y de la sociedad, para el seguimiento y resolución de los mismos a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a sus respectivas facultades.

Por lo antes expuesto.

Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno, el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

Único.- Se exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de las entidades federativas y de los municipios y delegaciones políticas del Distrito Federal, y a los presidentes de los órganos de gobierno de los congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a dar seguimiento y resolución a los acuerdos del Tercer Parlamento de las Niñas y los Niños de México, realizado del 23 al 27 de mayo de 2005, en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, considerándolos en sus planes de gobierno y en la definición de las políticas públicas, de acuerdo a las facultades que tiene conferida cada institución y nivel de gobierno.

Diputados: Martha Palafox Gutiérrez, Laura Elena Martínez Rivera, Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez, María de Jesús Aguirre Maldonado, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Norma Elizabeth Sotelo Ochoa, María Isabel Maya Pineda, Angélica de la Peña Gómez, María Marcela Lagarde y de los Ríos, Martha Lucía Mícher Camarena, Marbella Casanova Calam, Omar Ortega Álvarez, Lorena Torres Ramos, Rodrigo Iván Cortés Jiménez, Martha Leticia Rivera Cisneros, María del Carmen Mendoza Flores, Francisco Mora Ciprés, Rosario Sáenz López, Consuelo Muro Urista, María Ávila Serna, Margarita Martínez López, Evelia Sandoval Urbán, Francisco Javier Lara Arano, Evangelina Pérez Zaragoza, María Angélica Ramírez Luna, Martha Leticia Rivera Cisneros, Marisol Urrea Camarena, Adriana González Carillo, Magdalena Adriana González Furlong, Manuel González Reyes, Alfonso Moreno Morán, Homero Ríos Murrieta, Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (rúbricas).
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA INCLUIR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2006 UNA PARTIDA SECTORIZADA EN LA SEP DESTINADA AL MANTENIMIENTO Y A LA CONSTRUCCIÓN DE DOS NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ROSALÍA Y CIUDAD INSURGENTES, EN BAJA CALIFORNIA SUR, A CARGO DE LA DIPUTADA ESTHELA PONCE BELTRÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, en virtud de la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las más grandes obras que registra nuestro país a través de su historia, motivo de orgullo para todos lo mexicanos es precisamente la educación. El siglo XIX constituye, quizá, el vértice de lo que la educación ha sido para las posteriores generaciones.

Desde la Reforma Educativa impulsada por el pensamiento liberal de José María Luis Mora y Valentín Gómez Farías; Benito Juárez y las Leyes de Reforma con la gratuidad y laicidad de la educación; la creación de la Escuela Nacional Preparatoria; pasando por la fundación de la Universidad ya a principios del siglo XX; el artículo 30 plasmado por el Constituyente de 1917 en nuestra Carta Magna y la creación de la Secretaría de Educación Pública por José Vasconcelos, son sólo algunos ejemplos que traemos a nuestra memoria para seguir avanzando en ese trazo que marcaron nuestros antecesores.

Lo hemos hecho. Con una población cercana a los 105 millones de habitantes, el nivel de analfabetismo no supera el 9%, la cobertura educativa es arriba del 95% y el promedio en educación es de segundo de secundaria. Cuando hace seis décadas el promedio no era arriba de tercero de primaria y el nivel de analfabetismo cercano al 60%.

Todo ello no hubiera sido posible si no se contara con una política de Estado en materia educativa y con la participación de los maestros de México, de los padres de familia organizados, y desde luego de los estudiantes, que han empeñado su fututo a la preparación académica.

El más grande reto que hoy tenemos, es elevar la calidad de la educación. No lo vamos a conseguir si la infraestructura educativa se deteriora y no hacemos nada para poder corregirla, así como el no contar con nuevos espacios educativos que la población demanda y que es obligación del Estado dotar para garantizar educación para todos.

En Baja California Sur, entidad que presenta una dispersión poblacional importante, procurar la educación no es tarea sencilla, sobretodo porque en algunas comunidades los traslados son verdaderos sacrificios por la falta de infraestructura adecuada en caminos y transporte.

No obstante, Baja California Sur es de las entidades en el país que mantienen una menor deserción escolar en primaria y secundaria, menor índice de reprobación, el segundo lugar en eficiencia terminal a nivel primaria y el treceavo a nivel secundaria.

En cuanto al bachillerato, estos indicadores señalan que ocupamos el primer lugar en absorción escolar a nivel nacional, el quinto en deserción, el octavo en reprobación. No obstante en eficiencia terminal registramos un preocupante vigésimo sexto lugar.

Si bien falta todavía mucho por hacer en todos los niveles educativos, sobretodo en los de secundaria y bachillerato, resulta fundamental el contar con nuevos espacios educativos y darle el mantenimiento necesario a los ya existentes.

Resulta preocupante que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el país que envío el Ejecutivo para el 2006 a esta H. Cámara de Diputados, el gasto en educación sea menor en 3% en términos reales al observado para este 2005. Este contrasentido, sin duda alguna lo tendremos que corregir las diputados y diputados federales, en aras de la responsabilidad y la representación que nos han sido conferidas.

El gasto social en educación, en estricto sentido no es un gasto, sino que es una inversión que define, en mucho, el tipo de país que somos y el tipo de país que queremos.

Es por lo anterior que, como diputada federal del grupo parlamentario del PRI y siempre preocupada por mejorar y elevar la calidad educativa de mi estado, es que someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2006, una partida por un monto de $62 millones, sectorizada en la Secretaría de Educación Publica, destinada al mantenimiento de infraestructura educativa y la construcción de dos nuevos espacios en las comunidades de Santa Rosalía y Ciudad Insurgentes, en el estado de Baja California Sur.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 25 de octubre de 2005.

Dip. Esthela Ponce Beltrán (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, MEDIANTE LA SEGOB, Y AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN A INFORMAR SOBRE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE ACAYUCAN, VERACRUZ, A CARGO DE LA DIPUTADA REGINA VÁZQUEZ SAUT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La que suscribe, Regina Vázquez Saut, diputada federal a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el distrito 20 de Veracruz, con cabecera en Acayucan, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, y con fundamento en lo dispuesto el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestro país es uno de los principales actores del fenómeno de la migración internacional, país de origen, tránsito y destino de miles de migrantes cada año. Es compromiso del Estado y gobierno mexicanos proteger tanto a los mexicanos emigrantes, como a los extranjeros que transitan temporalmente o se establecen en nuestro país de manera permanente, en busca de mejores oportunidades de desarrollo. Las situaciones que pongan en riesgo la vida, la integridad física o moral de los migrantes y de sus familias no deben ser toleradas ni normalizadas.

Los migrantes centroamericanos, especialmente indígenas, mujeres, adultos mayores, menores de edad enfrentan condiciones de vulnerabilidad y de violación a sus derechos humanos por parte de empleadores abusivos, de redes criminales de traficantes y tratantes de personas que operan tanto en los países de origen, como de tránsito y destino; incluso de nuestras propias autoridades migratorias. Otras adversidades aparejadas, como el abuso y explotación sexual, la separación de familias durante la aprehensión, detención, traslado y deportación; la repatriación de menores sin enterar a la autoridad consular; el hacinamiento de inmigrantes detenidos; la retención o destrucción de documentos oficiales de identificación; la negación de alimentos durante la aprehensión; golpes e insultos raciales, abusos de autoridad, cohecho y extorsión policíaca en las zonas fronterizas, etcétera, han sido documentados innumerables ocasiones.

El estado de Veracruz es uno de los corredores más importantes de tránsito de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. En la entidad se concretan anualmente 10 por ciento de detenciones. Las cifras hablan por sí solas: el año pasado en este estado se aseguraron 24 mil 800 personas y en los primeros cinco meses de este año van 13 mil. Recientemente, diversas informaciones periodísticas se refirieron a las condiciones indignas en las que se encuentran los centroamericanos asegurados en la estación migratoria de Acayucan, Veracruz -a la que llegan migrantes detenidos en tráilers, camionetas y todo tipo de vehículos-, lo que es reflejo de lo que ocurre en muchas otras. Hacinamiento, altas temperaturas, horas sin agua, incertidumbre jurídica, tratos despóticos, son algunas de las condiciones que padecen los asegurados, muchos de los cuales ya fueron previamente víctimas de asaltos y vejaciones en territorio nacional.

A decir de los migrantes afectados, son asaltados, robados y maltratados por elementos del Ejército Mexicano, la Policía Federal Preventiva (PFP) y elementos de todas las corporaciones policíacas, incluso por empleados del Instituto Nacional de Migración (INM).

México ha suscrito diversos instrumentos internacionales que aseguran el respeto de los derechos humanos de los migrantes, como son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la Convención Contra la Delincuencia Transnacional Organizada y sus Protocolos Contra el Tráfico y la Trata de personas, y especialmente la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, esta última fundamental para la protección de los derechos humanos de los migrantes, aún cuando emigran en condiciones de irregularidad, fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en la Asamblea General del 18 de diciembre de 1990, y entró en vigor a partir del 1° de julio del año 2003 con el depósito del vigésimo instrumento de ratificación realizado por Guatemala.

México suscribió esta Convención el 22 de mayo de 1991, que fue ratificada por el Senado de la República el 8 de marzo de 1999, y apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del mismo año; la citada Convención Internacional establece en su artículo 7 la obligación de los Estados Partes a respetar y asegurar a todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción, los derechos previstos en los diferentes instrumentos internacionales sobre derechos humanos, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica o jurídica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquiera otra condición; de igual forma, la Convención Internacional dispone en su artículo 84 que los Estados Partes ,se comprometen a adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para aplicar las disposiciones contenidas en el texto del referido instrumento internacional; en el ámbito del Derecho Positivo Mexicano, la Ley General de Población establece en su artículo 7 que a la Secretaría de Gobernación corresponde organizar y coordinar los distintos servicios migratorios y vigilar la entrada y salida de los nacionales y extranjeros, y que además en el ejercicio de estas facultades velará por el respeto a los derechos humanos de los sujetos de la ley.

El Reglamento de la Secretaría de Gobernación establece como herramienta operativa al Instituto Nacional de Migración -órgano técnico desconcentrado- que tiene por objeto la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios; el ejercicio de la coordinación con las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que concurren en la atención y solución de los asuntos migratorios; el determinar las políticas de inmigración que convengan al país; así como actuar en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los casos que estén relacionados con compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano.

Al Instituto Nacional de Migración le corresponden también las atribuciones de tramitar y resolver sobre la internación, legal estancia y salida del país de extranjeros, así como la cancelación, cuando el caso lo amerite, de las calidades migratorias otorgadas; imponer las sanciones previstas por la Ley General de Población y su Reglamento; y proponer las normas a que deban sujetarse los inmigrantes; no menos importante es su labor de coordinación de los denominados Grupos Beta que tienen por objeto la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes, así como de su integridad física y patrimonial, con independencia de su nacionalidad y de su condición de documentados o indocumentados.

Si bien es cierto que los instrumentos legales y administrativos antes descritos sirven de base para concebir una cultura de atención o protección de los migrantes y salvaguarda de sus derechos humanos, no lo es menos que subsisten altos niveles de abuso contra migrantes mexicanos y extranjeros. Es necesario consolidar un sistema nacional, con la colaboración y buena disposición de las autoridades locales, como en el caso que hoy nos ocupa, el honorable Ayuntamiento de Acayucan, de tal suerte que se proteja adecuadamente a los extranjeros que ingresan a nuestro país y a los mexicanos que buscan en el exterior una vida mejor.

Un elemento esencial en la consecución de los fines de protección radica en la coordinación interna de las áreas del Ejecutivo Federal, pero también con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, muchos de ellos lugares de origen, de tránsito y de recepción de migrantes. La falta de claridad en las políticas migratorias está conduciendo no sólo al enrarecimiento de la frontera sur, en donde prolifera la delincuencia organizada, explotadora de la pobreza y la indefensión, sino un cada vez más amplio margen de discrecionalidad. En el caso que anima el presente punto de acuerdo, existe toda la disponibilidad del honorable Ayuntamiento de Acayucan para coadyuvar a la resolución del problema y así se me ha solicitado, asimismo que se haga saber.

Los legisladores federales hemos dado un paso adelante con la aprobación de las reformas que permitan hacer efectivos los derechos político-electorales de los mexicanos en el exterior; del mismo modo tenemos que reasumir el compromiso de atender los problemas derivados del tránsito masivo de miles de personas por el territorio nacional.

Por lo anterior, en cumplimiento del deber de representación popular, presento ante esta honorable Asamblea la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Gobernación, así como del Instituto Nacional de Migración, se informe detalladamente a esta soberanía sobre las condiciones de operación de la estación migratoria de Acayucan, Veracruz; sobre el trato que se brinda a los migrantes asegurados en ella, a fin de evaluar su funcionamiento y corroborar que su actuación se dé dentro del marco de respeto a sus derechos humanos para que, en su caso, se disponga de todo lo necesario para la solución del problema con la adecuada coordinación de esfuerzos con el honorable Ayuntamiento de Acayucan.

Octubre de 2005

Dip. Regina Vázquez Saut (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR AL TITULAR DE LA SHCP PARA SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS MEXICANAS EN TANTO NO SE ACLAREN LAS DENUNCIAS DE VIOLACIONES CONSTITUCIONALES IMPLICADAS EN LA LICITACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE MARTÍNEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, Jorge Martínez Ramos, diputado federal de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicano, me permito someter a la consideración de ésta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

Gracias a la denuncia realizada por parte de funcionarios de la Administración General de Aduanas al periódico La Jornada, se hizo público el domingo pasado que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, está llevando acabo de manera soterrada la privatización de las aduanas mexicanas.

Esta maniobra ilegal, sería, según los denunciantes, el mecanismo que habría encontrado la familia presidencial para hacerse de un negocio transexenal, que le rendiría anualmente entre 2 y 3 mil millones de dólares.

La convocatoria a la licitación fue publicada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el Diario Oficial de la Federación del pasado martes 11 de octubre y de acuerdo al cronograma de la convocatoria los interesados tienen plazo para presentar la documentación hasta el miércoles 26 de octubre.

El mismo cronograma indica el martes 1º de noviembre se dará a conocer el nombre de la empresa ganadora, la que a partir del lunes 7 de noviembre, podrá disponer de los "títulos de autorización" para llevar a cabo las funciones que la administración aduanera mexicana realiza actualmente.

Según La Jornada los denunciantes enfatizaron que de las cuatro empresas que participaron en la licitación, sólo una de ellas tiene cobertura mundial, y naturalmente la cobertura es parte del perfil establecido para adjudicarse el concurso.

La empresa en cuestión es la trasnacional suiza Societé General de Surveillance, cuya representación en nuestro país estaría dada por la empresa mexicana Logistic Free Trade Zone, de la que el director y principal accionista es Juan Carlos López Rodríguez, un ex funcionario aduanal, amigo del actual titular de la Administración General de Aduanas.

Naturalmente existen múltiples violaciones a la ley implicadas en este hecho y corresponderá a las autoridades investigar las responsabilidades administrativas y políticas, pero sobre todo es menester que se detenga lo que parece ser una de las más descaradas privatizaciones fast track intentadas por este gobierno.

La administración aduanera es, para cualquier país, un asunto neurálgico de seguridad nacional, que involucra desde la certidumbre económica de la industria nacional, de importadores y exportadores mexicanos, hasta temas tan delicados y complejos como el narcotráfico y la delincuencia organizada.

¿Pretenderá acaso el gobierno foxista, decirnos que las aduanas, igual que Pemex, tampoco son eficientes y que por ello deben ser privatizadas?

¿Deberemos entregar a empresas extranjeras el control de nuestras fronteras en lo que refiere a mercancías e impuestos?

Se trata de un acto inconcebible de irresponsabilidad e ilegalidad, que simplemente, no puede ser tolerado.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que instruya al secretario de Hacienda y Crédito Público para que suspenda el procedimiento de adjudicación de la Administración de Aduanas Mexicanas, en tanto no se aclaren las denuncias de violaciones constitucionales implicadas en la licitación.

Palacio legislativo, 24 de octubre de 2005.

Dip. Jorge Martínez Ramos (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RECONSIDERAR SU POSTURA FRENTE AL APOYO ECONÓMICO QUE OFRECIÓ EL GOBIERNO ESPAÑOL A LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS AFECTADOS POR LA TORMENTA STAN, A CARGO DEL DIPUTADO BENJAMÍN FERNANDO HERNÁNDEZ BUSTAMANTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura, Benjamín Fernando Hernández Bustamante, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

El gobierno español ofreció una ayuda de 65 millones de dólares a los países centroamericanos afectados por la tormenta tropical Stan, que ha dejado casi 800 muertos y miles de damnificados.

Al respecto, el Presidente de El Salvador manifestó su profundo agradecimiento en relación con el apoyo de ese gobierno e indicó que con esto, se pondrán subsanar las cuantiosas pérdidas materiales, sobre todo en vivienda, infraestructura vial y agricultura.

Por otro lado, el Presidente de Guatemala, Óscar Berger, agradeció el apoyo económico y señaló que se iba a canalizar a la brevedad a fin de hacer frente a la crisis de esta zona.

Pero México, que también resultó afectado por la tormenta tropical Stan, rechazó la ayuda monetaria del gobierno español, ya que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez manifestó que: "sería muy egoísta por parte de México pedir un pedazo de los 65 millones", y el canciller insistió que México cuenta con la capacidad financiera para responder a las pérdidas causadas por Stan, estimadas entre 2 mil y 2 mil 500 millones de dólares.

Con esta clase de comentarios el Gobierno Federal denota, una vez más, su pleno desconocimiento en el tema porque los daños provocados por este fenómeno son graves. En toda la región del sur-sureste del país, las comunidades más vulnerables han perdido por completo sus medios de vida y sus fuentes de ingresos. Los cálculos preliminares indican que las pérdidas de la agricultura nacional son millonarias y la disponibilidad de alimentos se verá afectada. Además los servicios de agua potable, saneamiento y salud se han visto fuertemente afectados.

No debemos permitir que los mexicanos vivan sin poder satisfacer sus necesidades básicas y sin gozar de una vida digna.

Como diputados federales es nuestra responsabilidad ser los garantes de los intereses de la nación y generar beneficios directos desde esta tribuna, ya que no debemos olvidar que la población es nuestro principal activo como país.

Por lo anterior, propongo a esta H. Asamblea un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que reconsidere su postura frente al apoyo económico que ofreció el gobierno español a los países centroamericanos afectados por la tormenta Stan cuyo monto asciende a 65 millones de dólares.

Palacio Legislativo a 17 de octubre del 2005.
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA QUE CONSIDERE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 UNA PARTIDA A FIN DE ESTABLECER EL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DE TODAS LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL PAÍS, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Considerando que

1. A partir de los microdatos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del año 2004, se puede demostrar que el 93% de los estudiantes de las escuelas preescolares, primarias y secundarias públicas del país pertenecen a hogares cuyo ingreso promedio es inferior a 1 salario mínimo familiar per capita. El 65% de dichos hogares tienen un ingreso global, mensual de menos de 3 salarios mínimos y, consecuentemente, la capacidad que tienen para hacer frente a los gastos anuales, derivados del ingreso o reingreso de sus menores a la escuela causan serias dificultades al presupuesto familiar.

2. De acuerdo con el Informe "Panorama de la Educación 2005" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, mientras muchos otros países tienen una población decreciente de niños en edad escolar, en México este sector de la población está aumentando. El estudio señala que "Entre 1995 y el año 2002, el número de estudiantes tanto en educación primaria, como secundaria y bachillerato aumentó 11%". Sin embargo, el Estado no ha atendido de manera adecuada a este sector de la población. El mismo informe indica que el gasto por estudiante en primaria en México equivale a sólo una cuarta parte del que se destina al mismo sector de la población en el resto de los países de la OCDE.

3. Es posible analizar la importancia económica de la educación, calculando su rentabilidad social. Hay evidencia empírica de que la rentabilidad social de invertir en educación es muy alta en los niveles de escolaridad más bajos (preescolar, primaria y secundaria). De acuerdo con cálculos realizados con datos históricos de las encuestas nacionales de ingresos y gastos de los hogares y con datos de la Secretaría de Educación Pública de los últimos 20 años, la tasa social de retorno de las inversiones en educación es más de 32%; lo que significa que se recupera socialmente 32% más de lo que el Estado invierte en educación. Además, estudios tanto nacionales como internacionales muestran que el beneficio económico fundamental derivado de incrementos en el nivel de escolaridad es el aumento sostenido de la productividad de los trabajadores calificados. En virtud de ello, invertir en una íntegra formación de los estudiantes es invertir en el futuro desarrollo económico de la nación.

4. A pesar de la existencia de un sistema nacional muy amplio de educación básica y pública gratuita, los niveles de deserción escolar no han sido abatidos de manera adecuada. Una de las causas fundamentales de la deserción escolar es la ausencia de apoyos económicos adicionales para continuar estudiando y que motiven a que los estudiantes y sus familias vean en la educación algo más que un sueño futuro. Apoyar a dichas familias otorgándoles los útiles escolares de manera gratuita contribuiría a mejorar las condiciones que harán que los alumnos permanezcan en la escuela y se incorporen posteriormente al mercado laboral en mejores condiciones de competitividad.

Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente punto de acuerdo:

Único: Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que considere la inclusión de una partida especial de 1000 millones de pesos dentro de las modificaciones a la Propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2006, con la finalidad de emprender la primera fase del programa "Útiles escolares para los alumnos de todas las escuelas públicas del país"

Dip. María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A EFECTUAR LAS AUDITORÍAS NECESARIAS AL SISTEMA METROBÚS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE DICHO SISTEMA, A CARGO DEL DIPUTADO OMAR BAZÁN FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado Omar Bazan Flores integrante del grupo parlamentario del PRI, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que propongo que la H. Cámara de Diputados, exhorte a la Auditoría Superior de la Federación, a efectuar las auditorias necesarias al Sistema Metrobus del Gobierno del Distrito Federal y funcionarios responsables de dicho sistema, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado mes de junio del presente año, el todavía jefe de Gobierno del Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador, a pesar de las evidentes protestas y rechazo de la ciudadanía, dio marcha al servicio de transporte Metrobús siendo que es una obra en la actualidad inconclusa, disfuncional, y en su momento, se manifestaron diversas expresiones ciudadanas para reclamar el alto costo, y por si fuera poco, carente de todas las ventajas para brindar a toda la población un servicio del cual pudiéramos sentirnos orgullos y satisfechos ante las complicaciones que representan las grandes distancias de la ciudad de México y la creciente demanda por servicios de trasporte a la altura y exigencias de los ciudadanos.

Una de estas expresiones, que no solo nos parece válida y justa, sino que por años ha demando la existencia de un transporte que les permita integrarse al resto de la sociedad en condiciones de igualdad, es la de las personas con discapacidad.

A la luz de los hechos y las carencias de este sistema, el Metrobús es una obra que violenta la ley y los derechos de las personas con discapacidad, porque en el diseño de estas instalaciones de transporte público no consideraron normas técnicas y garantías que establecen diversas leyes, para que dicho transporte cuente con rampas, accesos especiales, señalización, y facilidades para que todas las personas con discapacidad puedan hacer uso del servicio.

La mayoría de estas personas tienen que recurrir al uso de taxis o de combis, porque ni los autobuses, el Metro y ahora el Metrobús cuentan con facilidades de acceso, aproximadamente 800,000 personas con discapacidad que viven en el DF, no cuentan con recursos para transportarse y continúan condenados a seguir confinados en sus casas o limitados en sus derechos, por las ineficiencias y arbitrariedades de la autoridad.

Es una vergüenza y un grave error que el entonces jefe de Gobierno y los funcionarios que intervinieron en el proyecto hayan omitido las disposiciones de la Ley de Transporte y Vialidad , (Art.7 fraccs. XV, XXVIII, Art,17, Art.22, Art.42, fracc.XIII, Art.100, Art.156, fracc.V), la Ley de Desarrollo Urbano (Art. 3, fracc.VI, Art.33, fracc.XXI, Art. 96, fracc.III), y la Ley para Personas con Discapacidad del Distrito Federal que en su artículo 18, fracción primera, dispone obligatoriamente: "Los vehículos del servicio público de transporte deberán cumplir con las especificaciones técnicas que permitan el acceso y uso a las personas con discapacidad, incluyéndose la adecuación de instalaciones físicas como paraderos y estacionamientos, conforme a ésta ley y sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos legales".

Es inconcebible que el Gobierno del Distrito Federal cometa estos errores, conociendo que uno de los problemas más graves para este amplio sector de la población, es la infinidad de obstáculos y barreras físicas que la propia autoridad y particulares han impuesto, ya que limitan a estas personas la oportunidad de trasladarse a la escuela, el trabajo o simplemente para realizar cualquier actividad, porque ningún medio de transporte y las propias calles y vialidades no cumplen con las mínimas normas técnicas o antropométricas, que en decenas de ciudades del mundo son exigencia de la propia sociedad y son prioridad número en cualquier obra de desarrollo urbano, de transporte o de vivienda.

Como ha sucedido sistemáticamente, el Gobierno del Distrito Federal se niega a toda costa por hacer pública toda la información relacionada con las licitaciones, estudios, diseño, pruebas, inversión total, y especialmente a informar a la sociedad las verdaderas razones que los llevaron a entregar a la ciudad una obra pública innecesaria y con evidentes carencias técnicas que afectan a ciudadanos en general y a la población con discapacidad.

El tema de fondo, no es como lo afirman los funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, que se harían todos los remiendos necesarios para permitir el acceso a las personas con discapacidad al Metrobús.

El tema de fondo es saber ¿quien diseño la obra?, ¿Quién la autorizó? ¿Por qué entonces, si se invirtieron miles de millones de pesos, se omitieron cuestiones técnicas fundamentales para la comodidad y seguridad de los usuarios?

Con preocupación, ahora escuchamos el anuncio sobre la ampliación de este sistema a otras zonas de la ciudad, destacando como parte importante del recorrido la Av. Reforma en la mayoría de su extensión, desconociendo los ciudadanos con que bases, en que estudios se ha tomado esta decisión.

En virtud de lo anterior, el grupo parlamentario del PRI por mi conducto propone a esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo de urgente

Único.- Que ésta honorable Cámara de Diputados, exhorte a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una amplia auditoría sobre el sistema Metrobús a cargo del Gobierno del Distrito Federal, y funcionarios responsables de dicho sistema.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. LIX Legislatura

México, DF, a 25 de octubre de 2005

Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA QUE INCLUYA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 UNA PARTIDA ESPECIAL A FIN DE ESTABLECER UN PROGRAMA DESTINADO A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL PAÍS, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Considerando que

1. Tanto en las sociedades desarrolladas como en las de nivel medio de desarrollo se observó, a partir de los años ochenta una creciente incapacidad de las economías para generar empleos que tuvieron consecuencias tanto en el ámbito del financiamiento de las políticas sociales como en el de los potenciales beneficiarios. La generación de propuestas de programas que garanticen un ingreso mínimo a la población ha ganado importancia en el debate público de los países centrales ya que constituyen verdaderas alternativas de política social, más eficientes y eficaces. Mientras que por un lado los existen posiciones que enfatizan en el debate internacional sobre políticas sociales en el siglo XXI la necesidad de sustitución del Estado del Bienestar y de la legislación laboral por una nueva política social con un impuesto sobre la renta negativo; los demócratas europeos (en particular en Francia) postulan la necesidad de introducir una compensación monetaria directa como una política que sintetiza las históricas conquistas del mundo del trabajo y extiende los derechos de ciudadanía.

2. Visto desde diversos ángulos, el antiguo sistema de protección social ya no es del todo funcional para el nuevo contexto económico y social. Como los beneficios de los sistemas de previsión social tradicional siempre dependieron de la existencia de la relación laboral formal tradicional, tanto el desempleo como las nuevas formas de relación laboral han llevado a la pérdida, para millones de mexicanos, de los beneficios que históricamente tenían con el sistema de protección social tradicional. En el mundo desarrollado ha pasado lo mismo.

3. Desde el ángulo de la administración pública, el equilibrio financiero de la Unión es difícil de mantener ya que aumentan las demandas y no se han expandido suficientemente las fuentes de recaudación tributaria. Sin embargo, a medida que se incorporen a los mercados laborales formales las personas hoy excluidas, el equilibrio fiscal de la Unión será sustentable; y sólo podrán incorporarse en la medida en que el propio Estado genere las condiciones de inserción social hoy tan necesarias. En tanto los grandes excluidos de hoy, que son las comunidades indígenas, no sean incorporadas al eje del dinamismo económico, es necesario emprender acciones que permitan que las familias de esas comunidades tengan acceso a un ingreso mínimo, a un ingreso que les garantice la ciudadanía como mexicanos.

4. Las tendencias internacionales caminan en ese sentido. Un trabajador en Estados Unidos que percibe un salario mínimo, hoy de 5.15 dólares por hora, que trabaja 160 horas al mes, a lo largo de 12 meses gana 9888 dólares. En los Estados Unidos, si un trabajador tiene un salario anual de alrededor de 10,000 dólares y tiene una esposa y dos o más hijos, tiene derecho de recibir un crédito fiscal por remuneración recibida (Earned Income Tax Credit) el EITC, de alrededor de 4,200 dólares. Por lo tanto, su ingreso anual es de 14,200 dólares, valor que supera la línea oficial de pobreza en aquél país. ¿Cuáles son los efectos de ese programa? Primero, contribuye a la reducción de la pobreza y a la ampliación del empleo. Es decir, significa que la sociedad norteamericana decidió pagar un ingreso adicional a sus trabajadores. Gracias a ese instrumento, la economía norteamericana es más competitiva en relación a aquellos países que no tienen un programa similar, Este Programa no es nuevo, fue implantado en Estados Unidos en 1975; y se ha expandido por recomendación del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz. Otros países desarrollados y de nivel medio de desarrollo han creado instrumentos semejantes. En el Reino Unido, donde ya existía el Income Support, el primer ministro actual creó el Family Tax Credit. El trabajador inglés que gana un salario de 800 libras esterlinas, si tiene una familia recibe 400 libras más como crédito fiscal. Otros países europeos disponen de otras formas de transferencia directa de ingreso a las familias más vulnerables; países como Argentina y Brasil ya cuentan con un Programa de Ingreso Mínimo para las familias más pobres, En el año 2004, el Gobierno de los Estados Unidos pagó 37 mil millones de dólares en forma de crédito por ingreso recibido a más de 20 millones de familias, abarcando a aproximadamente 50 millones de personas. Fue una forma de subsidiar a sus trabajadores. Nosotros, mexicanos, ¿deberíamos protestar ante la OMC por esta situación? Considero que no. Lo que debemos hacer es crear un mecanismo por lo menos tan eficaz como el EITC de los Estados Unidos. Debemos crear un programa que garantice un ingreso mínimo a todos los mexicanos, que sea suficiente para que los más pobres puedan atender sus necesidades básicas. Se trataría de un instrumento equivalente al que existe en otras naciones del mundo, Las familias más vulnerables en la actualidad son las indígenas. Proponemos iniciar con ese núcleo poblacional.

5. El Programa General de Ingreso Mínimo que proponemos se define como un impuesto sobre la renta negativo, que deberá beneficiar a todos los indígenas residentes en el país, mayores de 25 años y cuyo ingreso mensual sea inferior a 1000 pesos.

Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente punto de acuerdo:

Único: Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que analice esta situación y dentro de las modificaciones a la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2006, se incluya una partida especial para emprender el Programa Nacional de Ingreso Mínimo para las familias indígenas.

Dip. María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA QUE INCLUYA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 UNA PARTIDA ESPECIAL PARA EMPRENDER UN PROGRAMA DE INGRESO MÍNIMO PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 70 AÑOS DE EDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DE LOS DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Considerando que

Punto de Acuerdo

Único: Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que analice esta situación y dentro de las modificaciones a la Propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2006 se incluya una partida especial para emprender el Programa Nacional de Ingreso Mínimo para las Personas Adultas Mayores de 70 Años de Edad

Dip. María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA QUE CONSIDERE LA INCLUSIÓN DE UNA PARTIDA ESPECIAL PARA EMPRENDER EL PROGRAMA DE BECAS PARA DISCAPACITADOS POBRES DE TODO EL PAÍS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2006, Y AL TITULAR DE LA SEP QUE PROPONGA UN PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES ESCOLARES PARA LOS MISMOS, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Considerando que

Punto de Acuerdo

Primero: Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que analice esta situación y dentro de las modificaciones a la Propuesta de Presupuesto de Egre-sos de la Federación para el año 2006, se incluya una partida especial para emprender el programa becas para discapacitados pobres de todo el país.

Segundo: Exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública Federal para que proponga a esta soberanía un programa de adaptación de instalaciones escolares en todo el país para personas discapacitadas.

Dip. María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA QUE CONSIDERE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 UN INCREMENTO DEL PIB AL PRESUPUESTO DESTINADO A CIENCIA Y TECNOLOGÍA, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Considerando que

Punto de Acuerdo

Único. Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que analice esta situación y se considere la posibilidad de incrementar cada año, a partir del PEF-2006, en 0.2 por ciento del PIB, hasta alcanzar 1.0 por ciento, el presupuesto destinado a ciencia y tecnología en México.

Dip. María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA QUE CONSIDERE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2006 UNA PARTIDA ESPECIAL A EFECTO DE EMPRENDER EL PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES PARA TODOS, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Considerando que

Punto de Acuerdo

Único. Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que analice esta situación y, dentro de las modificaciones de la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2006, se incluya una partida especial para emprender el programa Uniformes Escolares para Todos.

Dip. María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2006 SE DESTINEN RECURSOS PARA EL PARQUE MARINO NACIONAL SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO, A CARGO DEL DIPUTADO MARCELO HERRERA HERBERT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A lo largo del Golfo de México, en una franja costera de 745 kilómetros de longitud, se encuentra el estado de Veracruz. Su privilegiada posición geográfica lo hace un espacio de gran potencial para el desarrollo nacional. Es el décimo estado de la República Mexicana en extensión, y representa el 3.7% de la superficie total del país.

Estado privilegiado por contar con un sistema arrecifal de los más variados y ricos del mundo, pese a que las condiciones ambientales no son las más favorables para su existencia. Está constituido por 23 arrecifes coralinos, ubicado en los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado, posee gran importancia, debido a su potencial científico, económico, educativo, pesquero, histórico, turístico y cultural.

La abundancia y belleza de las especies multicolor, en armonía con los corales, hace de esta área un sitio de esparcimiento espiritual y deportivo.

El 24 de agosto de 1992 el Sistema Arrecifal Veracruzano fue decretado Parque Marino Nacional, lo que en teoría implica el compromiso del Estado de velar por su protección y conservación.

Sin embargo el impacto humano combinado con fenómenos naturales, ha disminuido considerablemente la recuperación de los arrecifes y al igual que casi todos los arrecifes del mundo, el veracruzano se esta viendo afectado por una fuerte contaminación y sobre todo por la falta de planeación y aplicación de políticas adecuadas de desarrollo turístico y pesquero.

Dicha contaminación que va desde la deforestación y por ende la erosión de la tierra que llega al mar, la extracción de sustrato madrepórico como material de construcción, que poco a poco se a ha erradicado, las industrias que concentran actividades textiles, metalúrgicas, tabacaleras y azucareras cuyos desechos son vertidos en el mar.

Aunado a esto el crecimiento demográfico que impulsa una fuerte explotación de recursos pesqueros y alimenticios con fines comerciales, ocasionando que algunas especies se encuentren en grado de sobreexplotación.

Asimismo las actividades artesanales que utilizan recursos marinos se realizan sin normatividad, lo que esta poniendo en peligro especies de las cuales son extraídas las joyas de coral negro, coral blando, y coral duro.

Pese a que el decreto de 1992 señala la aplicación de un Programa de Manejo, que sería elaborado por las Secretarías de Marina y Armada de México, de Desarrollo Social, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, este no se ha concretado, habiendo un primer intento por la Secretaría de Marina y Armada de México, un segundo por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y en este año las autoridades del Parque Marino Nacional se han dedicado a consensuar un programa que incluya los dos anteriores que por razones desconocidas nunca se publicaron.

Diversas instituciones han dedicado años de investigación a este precioso escenario natural, buscando la forma de mantenerlo pese a la contaminación y el desgaste natural.

Pero se necesitan recursos económicos para que esta belleza natural no desaparezca.

Por lo expuesto, me permito poner a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y en coordinación con las Secretarías de Marina y Armada de México, de Desarrollo Social, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emita el Programa de Manejo del Sistema Arrecifal Veracruzano a la brevedad posible.

Segundo.- Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Recursos Hidráulicos de la H. Cámara de Diputados que consideren una partida presupuestal para que a través de la Comisión Nacional del Agua se asignen recursos por 700 millones en el ejercicio fiscal 2006 para proyectos y obras de saneamiento de aguas residuales que incluyan la adquisición de plantas de tratamiento para el área de influencia del Parque Marino Nacional "Sistema Arrecifal Veracruzano".

Salón de Sesiones, 19 de octubre de 2005.
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE CREAR UNA COMISIÓN PLURAL DE DIPUTADOS QUE REALICE UNA AUDITORÍA TÉCNICA, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA A LA FISCALÍA ESPECIAL PARA MOVIMIENTOS SOCIALES Y POLÍTICOS DEL PASADO, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO FRANCO HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito Pablo Franco Hernández diputado de la LIX Legislatura, del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la proposición con punto de acuerdo referente a la creación de una Comisión Plural de diputados para realizar una auditoría técnica jurídica y administrativa a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Por lo que someto ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que investiga las "graves atrocidades" cometidas en el pasado -las matanzas estudiantiles de Tlatelolco y del 10 de junio de 1971, la tortura, ejecución y desaparición de civiles en la guerra sucia- tiene como misión realizar las investigaciones necesarias para la debida integración de las averiguaciones previas que deriven de denuncias o querellas formuladas en razón de sucesos probablemente constitutivos de delitos, así como perseguirlos cuando proceda.

Desde su creación en 2001, la Fiscalía ha contado con el voto de confianza y la responsabilidad moral de investigar a los responsables de las desapariciones. Sin embargo cuatro años después continúan las demandas sobre el esclarecimiento de hechos y de justicia para los presuntos desaparecidos por motivos políticos los cuales exigen una respuesta contundente y clara de las autoridades para dar a conocer la verdad, sanar viejas heridas y establecer nuevos pactos.

La sociedad no sólo espera una investigación que manifieste la realidad de los acontecimientos, sino también al escrutinio por parte de la justicia, que es una de las funciones primordiales del Estado y de sus instituciones.

Cuatro años después las consignaciones de los responsables de las matanzas estudiantiles del 2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971 no han prosperado, por lo que la desconfianza aumenta. Consideramos necesario contar con una institución que brinde confianza y resultados, es por eso que resulta imperante conformar una Comisión Plural que analice técnicamente a la Fiscalía, para que las investigaciones continúen.

Estamos a tiempo de corregir los errores y lograr un cambio para no quedar en total impunidad.

Por lo antes expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La H. Cámara de Diputados solicita la integración de una Comisión Plural de diputados que realicen una auditoria técnica a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.

Segundo. La Comisión Plural tendrá como misión analizar el desempeño de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado desde su creación en 2001 a la fecha.

Palacio Legislativo a 19 de octubre de 2005.

Dip. Pablo Franco Hernández (rúbrica)
 
 

Los suscritos, diputados y diputadas federales integrantes de la Comisión de Desarrollo Social de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción XVI del Reglamento, le solicitamos que a nombre de la Cámara de Diputados EXCITE a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamine la Minuta de Decreto por la que se adiciona un párrafo tercero al artículo 4° y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual expongo los siguientes

Antecedentes

I.- En la sesión del día 15 de diciembre de 2003 en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Desarrollo Social y Estudios Legislativos, presentaron dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 40 y un segundo párrafo a la fracción XX del articulo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual quedó aprobado en la citada sesión.

II.- En la misma fecha, la Cámara de Senadores, para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envió a su colegisladora la Minuta mencionada.

III.- En la sesión celebrada el 18 de diciembre de 2003 la H. Cámara de Diputados dio trámite de recibo a la referida Minuta y el Presidente ordenó turnarla a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen correspondiente, la cual conformó una subcomisión que quedó integrada el 27 de enero de 2004.

IV.- El 21 de abril de 2004, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen elaborado por la Subcomisión con las modificaciones que ésta propuso a la Minuta recibida del Senado de la República.

V.- En la sesión celebrada el 29 de abril de 2004, el Pleno de la H. Cámara de Diputados, aprobó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y fue devuelto a la colegisladora, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 72, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VI.- El 2 de septiembre de 2004, la H. Cámara de Senadores recibió la Minuta devuelta y ordenó su turno a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Desarrollo Social y Estudios Legislativos para su estudio y dictamen correspondiente.

VII.- La Comisión de Puntos Constitucionales de la H. Cámara de Senadores estimó pertinente modificar y con fecha 14 de diciembre de 2004, devolver la Minuta a la colegisladora, cambiando la redacción que les fue propuesta por la misma.

VIII.- En sesión celebrada el día 10 de febrero de 2005, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Desarrollo Social, la Minuta Proyecto de Decreto que nos ocupa, que fuera remitida por la H. Cámara de Senadores.

IX.- En sesión celebrada el 22 de junio de 2005, el Pleno de la Comisión de Desarrollo Social aprobó una opinión favorable a la aprobación por la H. Cámara de Diputados de la Minuta en comento.

X.- La Comisión de Desarrollo, el 29 de junio, envió a la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, la opinión favorable a la aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto en los términos propuestos.

Consideraciones

Primera. El Presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las comisiones a nombre de la Cámara a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de aquel en que se les turne un asunto, y, si no fuere suficiente, la emplazara para día determinado y, si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.

Segunda. Es el caso que el día 10 de febrero de 2005, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Desarrollo Social, la Minuta Proyectó de Decreto por la que se adiciona un párrafo tercero al artículo 40 y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fuera remitida por la H. Cámara de Senadores.

Tercera. Es de señalarse que la Comisión de Desarrollo Social aprobó, en reunión plenaria del 22 de junio del 2005, una opinión favorable a la aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto en comento. Dicha opinión fue enviada, el 29 de junio del mismo año, a la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.

Cuarta. Es de destacarse que han transcurrido más de 8 meses, y la Comisión de Puntos Constitucionales no ha presentado al Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen respectivo, incumpliendo así con lo establecido por el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Señor presidente:

Por todo lo anteriormente expuesto, le solicitamos de la manera más atenta la siguiente

Excitativa

Único.- Que EXCITE a nombre de la Cámara de Diputados a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictaminen correspondiente de la Minuta de Decreto por la que se adiciona un párrafo tercero al articulo 40 y un segundo párrafo a la fracción XX del articulo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2005

Suscriben

Diputados: Rafael Flores Mendoza, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Ubaldo Aguilar Flores, José López Medina, Martha Palafox Gutiérrez, Gerardo Montenegro Ibarra, María Beatriz Zavala Peniche, José Luis Treviño Rodríguez, Renato Sandoval Franco, Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc, Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbricas).