Quien suscribe, diputada federal de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que la H. Cámara de Diputados tome en consideración la reactivación de diversas clínicas de segundo nivel en el estado de Yucatán en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006, en razón de las siguientes
Consideraciones
El estado de Yucatán es una de las entidades federativas que, hasta hace algunos años, calificaba óptimamente en cuanto a cobertura de los servicios básicos de salud. En el año 1999, la Organización Panamericana de la Salud certificó el 100 por ciento de cobertura de este nivel de servicio.
No obstante, una de las principales carencias que se registran en Yucatán se relaciona con los Centros de Salud de Segundo Nivel, pues este tipo de servicio se concentra en la ciudad de Mérida y en algunas ciudades dispersas en la geografía estatal.
De esta forma, de 106 municipios existentes en Yucatán, únicamente 12 cuentan con Unidades Médicas de segundo nivel, y de estos municipios, sólo en siete hay laboratorios clínicos, según se desprende del Informe Especial que presentó a mediados del presente año la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
De los establecimientos que prestan servicios médicos de segundo nivel en el estado, únicamente ocho pertenecen al gobierno del estado, siendo que el resto se trata de Unidades Médicas del IMSS.
No obstante la excesiva concentración de dichos establecimientos a la que he aludido, y la urgencia de contar con servicios de salud de segundo nivel, en Yucatán existen al menos cuatro de estos Centros, construidos por el IMSS en la década pasada, que no funcionan como tales sino únicamente como dispensarios de primer nivel y, en ocasiones, con carencias de medicamentos y equipo.
Es el caso de las Clínicas ubicadas en los municipios de Hunucmá, Cansahcab, Hoctún y Conkal, que comparten algunas características valiosas desde el punto de vista geodemográfico.
En primer lugar, dichos municipios circundan la capital del estado, Mérida, en un área geográfica con una considerable densidad poblacional dada su cercanía con la metrópoli.
De la misma forma, están enclavados en una zona del centro norte del estado conocida como Zona Henequenera, en la cual las actividades productivas son especialmente precarias porque la mayoría de la población salió del monocultivo histórico del henequén y ha incursionado sin éxito en diversas actividades económicas.
De conformidad con las estadísticas oficiales, la zona henequenera se cuenta entre las regiones con mayores índices de pobreza en Yucatán, motivo por el cual es especialmente grave que sus habitantes tengan que desplazarse hasta la ciudad de Mérida para acceder a servicios médicos de segundo nivel, especialmente en el caso de las mujeres embarazadas y de niños y ancianos.
La alta densidad poblacional de la región hace que los pocos centros hospitalarios de segundo nivel con que se cuenta, no tengan la capacidad suficiente para cubrir la demanda, si tomamos en consideración que aún la cobertura de primer nivel atraviesa por problemas de falta de recursos y de personal.
Las personas que viven en la zona henequenera de Yucatán se ven forzadas, por lo tanto a trasladarse a la Ciudad de Mérida para atender sus necesidades médicas de especialidad, o bien únicamente porque requieren de algún análisis. Así, a la pobreza prevaleciente en la región se aumenta el costo de estos servicios más la erogación que tienen que hacer las familias, a menudo a costa del ingreso diario, para trasportarse hacia la capital del estado.
Según el informe de la Comisión de Derechos Humanos a que he aludido, en una visita de inspección a todos los centros de salud del estado "de 161 únicamente 91 estaban en funciones, en 16 no tenían médico, 28 estaban cerrados y 20 dispensarios, supuestamente son atendidos por unidades móviles, aunque no se encontró ninguna funcionando y los pobladores nos informaron que el servicio es eventual y por unas horas".
Además, señala el Informe, "no todos los centros de salud proporcionan el servicio de urgencias los fines de semana, 12 cobran una cuota de recuperación de 10 pesos por consulta del servicio médico; en los centros rurales, algunos médicos solicitan donativos, argumentando que estos ingresos son para comprar material de limpieza ya que la Jurisdicción Sanitaria no proporciona los insumos necesarios. Sólo 22 unidades se encuentran certificadas como comunidad sana y nada más en 23 se brinda el servicio de estomatología".
La gran mayoría de la población de la zona henequenera pertenece a la etnia maya, y por lo tanto, es mayahablante, motivo por el cual la falta de una adecuada capacitación al personal de estos centros en entendimiento del lenguaje es otra de las dificultades.
Sin embargo, hay que plantearnos como una prioridad la cuestión de la cobertura de segundo nivel, ya que con esto atenderíamos ampliamente una necesidad urgentísima de esta región yucateca, en la cual los médicos a menudo tienen que atender más de 30 consultas diarias, lo que es inhumano para el médico y para el paciente.
La infraestructura de las clínicas ubicadas en los citados municipios de Hunucmá, Cansahcab, Hoctún y Conkal está ahí, esperando únicamente un poco de voluntad política para dotarlas de personal y equipo. Fueron construidas para desahogar los servicios en Mérida y atender a un promedio de 350 mil beneficiarios, si consideramos que su reactivación impactaría en los municipios circunvecinos y abatiría los tiempos de respuesta hacia la gente que lo necesita.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Requiérase a la Comisión de Presupuesto para que considere la reactivación de las clínicas de segundo nivel ubicadas en los municipios Hunucmá, Cansahcab, Hoctún y Conkal, en el estado de Yucatán, pertenecientes al IMSS, en el análisis y dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006.
Segundo. Envíese copia de dicho requerimiento a la Comisión de Salud de ésta H. Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2005.
Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS COMISIONES RELACIONADAS CON EL CAMPO, ASÍ COMO
A LAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, Y DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO, A ASIGNAR RECURSOS Y ESTABLECER UN PROGRAMA DE RESCATE
DE ADEUDOS DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CHIHUAHUA, A CARGO DEL DIPUTADO
JORGE CASTILLO CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Jorge Castillo Cabrera, diputado federal a la LIX Legislatura por el Estado de Chihuahua e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo el tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Los adeudos que tienen los productores agropecuarios del estado de Chihuahua se originaron básicamente porque el precio de la tarifa 09 subió bruscamente en los 10 últimos años, de representar el 10% del costo de producción de los cultivos, subió a un 60%, aunado a que la mayoría de los motores y equipos de extracción de agua de los pozos, están viejos y otros obsoletos y que consumen más energía de lo normal para su funcionamiento.
Asimismo, la Comisión Nacional del Agua, autoriza títulos de explotación de pozos de agua en demasía, operándose más de los autorizados en relación a la cantidad de agua disponible en el subsuelo, abatiéndose el manto freático con el consiguiente aumento del consumo de energía eléctrica por pozo. Actualmente, en el estado de Chihuahua existen 19,499 títulos de extracción (pozos de todo tipo) y actualmente según investigaciones se operan 20,123 pozos, lo que ocasiona que los acuíferos ya no aguantan extracciones tan exageradas.
Esta situación se ha venido dando por la falta de estudios técnicos suficientes y adecuados de la explotación y abatimiento de los acuíferos del estado de Chihuahua. De 62 que existían hace 10 años, en la actualidad solo quedan 15 que tienen publicada la disponibilidad de agua en el Diario Oficial de la Federación, de estos, 9 están sobreexplotados y 2 agotados, quedando sólo 7 para uso de las actividades agropecuarias. Estos también son factores importantes en la generación de adeudos que hasta la fecha padecen los productores agropecuarios de Chihuahua. Es urgente el establecimiento de un programa, que sea en beneficio tanto de los productores agropecuarios como de la propia Comisión Federal de Electricidad, en el ahorro de energía eléctrica.
Otra causa es que los empleados de la CFE inventan el registro de consumo de energía de los medidores, para evitar el viaje a los predios agropecuarios que se encuentran bastante retirados, reportando el consumo en base al anterior, hay un gran número de pozos que ya no operan y al productor le siguen llegando los recibos de cobro como si estuvieran funcionando.
Y para el colmo, la CFE, determinó una tarifa subsidiada para un volumen de agua muy pequeño, en relación al gasto real de un pozo. El faltante o diferencial lo determinan con la tarifa no subsidio, resultando un cobro muy elevado que los productores no pueden pagar.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- se exhorta a las Comisiones Unidas del Campo, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público, a que se etiquete recursos por la cantidad de 1,300 millones de pesos, a fin de que se implemente un programa de rescate urgente, que incluya la cancelación de todos aquellos adeudos de los productores agropecuarios del estado de Chihuahua en los que existan pruebas razonables de su improcedencia o duda razonable de su procedencia, por la cancelación de títulos o equipos de extracción de agua de los pozos, por revisión de aplicación indebida de tarifas que justifique la existencia de un adeudo injustificado o proporcionado, así como el establecimiento y aplicación o diferimiento, de los saldos de los adeudos que queden plenamente justificados y acreditados después de la revisión correspondiente y se asigne la cantidad de 1,000 millones de pesos para el subsidio de tarifas del 2006.
Palacio Legislativo, a 13 de octubre de 2005.
Dip. Jorge Castillo Cabrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A SEGUIR FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ JULIO GONZÁLEZ GARZA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos diputados federales a la LIX Legislatura, integrantes de la comisión de participación ciudadana y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo bajo los siguientes
Considerandos
1. En México el tema de la participación ciudadana ha tomado surgido en el último año a través de la Coordinación General de Participación Ciudadana y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, incluso este año se ha decretado como año Nacional de la Participación Ciudadana en Seguridad Pública, es un hecho que el gobierno del Presidente Fox, ha implementado programas que ayudan a la participación ciudadana, en términos de la seguridad pública.
La eficiencia y el alcance que este programa ha alcanzado son dignos de resaltar. Incluso, la propia Secretaría de Seguridad Pública afirma que se han propuesto lograr a corto plazo avances significativos en la lucha contra la delincuencia, combatiendo actos de corrupción, prepotencia, impunidad, extorsión, falta de servicio y demás hechos ilícitos que dificultan el desarrollo de los programas institucionales, fomentan la inseguridad y afectan la calidad de vida de los mexicanos.
Las atribuciones de esta Coordinación General son promover el establecimiento e integración del Consejo de Participación Ciudadana de la Secretaría, fomentar la realización de campañas de exhorto a los ciudadanos para denunciar hechos ilícitos, estados predelincuenciales, personas o grupos de personas dedicadas a actividades ilícitas, promover la participación de la ciudadanía en la supervisión y evaluación de las actividades que desarrolle el personal de la Secretaría, promover la participación activa de la sociedad civil organizada en campañas de prevención para desarrollar labores conjuntas de combate a la delincuencia, entre otros.
2. Sin embargo, la participación ciudadana no solamente debe estar enfocada hacia la seguridad pública o en los Consejos Ciudadanos de Evaluación y Seguimiento, los cuales fueron instaurados en el pasado mes de Junio del año 2001 y quienes cumplen el objetivo de la participación de los ciudadanos en la evaluación y seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, esto a través de la Coordinación Nacional para la Alianza Ciudadana, el trabajo que genera dicha coordinación se agrupa en dos áreas: las mecánicas de participación ciudadana y los trabajos para la reforma del Estado, y la relación con la ciudadanía y sus organizaciones.
3. Si bien es cierto que la participación ciudadana se enmarca dentro de la concepción de la democracia en la inclusión de la participación social en las decisiones de gobierno, también es cierto que la responsabilidad del Gobierno Federal es fomentar la participación de los actores sociales, no sólo a través de la regulación en las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, sino implementando políticas públicas encaminadas a incrementar la participación social en cada uno de los ámbitos de la vida pública nacional.
Reconocemos los esfuerzos que la presente administración ha hecho, pero también sabemos que aún falta mucho por avanzar en materia de participación ciudadana, la instrumentación de programas enfocados por rubros por parte del gobierno federal debe ser parte fundamental en los temas de interés nacional de la presente administración, los ciudadanos formamos parte fundamental en la vida democrática de cualquier régimen político, debemos reconocer que la democracia mexicana apenas esta avanzando, por ello el objetivo de la presente proposición es acercar a nuestro país a alcanzar la democracia tal y como lo establece la teoría política y no se convierta en una poliarquía como lo establecía Robert Dahl, dónde la representación social se encuentra dividida en grupos contrapuestos y dónde las organizaciones sociales compiten entre sí para lograr obtener el mayor número de demandas por parte del gobierno.
Por lo anteriormente expuesto, y fundamentados en las potestades conferidas por nuestro Reglamento para el Gobierno Interior, sometemos a la consideración de todos ustedes la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorte respetuosamente al Gobierno Federal a implementar más mecanismos y formas de participación ciudadana en los programas y acciones de gobierno para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas que doten de legitimidad y eficacia al quehacer gubernamental.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2005.
Diputados: José Julio González Garza, Angélica
Ramírez Luna (rúbrica), María del Carmen Escudero
Fabre, María del Rocío Jaspeado Villanueva, Norma Patricia
Saucedo Moreno, Adriana González Furlong, Leticia Socorro Userralde
Gordillo, Yleana Baeza Estrella, Guillermo Tamborrel Suárez.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
QUE, AL DICTAMINAR LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, CONSIDERE LA INCLUSIÓN DE UN ESTÍMULO
FISCAL A LOS PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES EN MATERIA DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER SALINAS NARVÁEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal Javier Salinas Narváez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A finales de 2003, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el régimen de excepción previsto hasta ese año en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en razón del cual, los Pequeños Contribuyentes se encontraban exentos del Impuesto señalado. Consecuentemente, el 31 de diciembre de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el cual se Reforman, Adicionan y derogan Diversas Disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de Derechos", cuyo artículo Primero dispuso la reforma de los artículos 2o.-A, fracción I, inciso i) y 2o.-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
El artículo 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, previsto en la reforma, supuso eliminar la exención del Impuesto prevista para los sujetos del Régimen de Pequeños Contribuyentes, tributen conforme a estimativas del valor de sus actividades y al coeficiente de valor agregado que para cada actividad señala este artículo, respecto de las actividades por las que estén obligados al pago de este impuesto. Desafortunadamente, dicha reforma resulto infructuosa, en razón de observar diversos problemas jurídicos y administrativos para su implementación. Así, mucho de los Pequeños Contribuyentes obtuvieron amparos, fundamentalmente argumentando por razones inequidad tributaria, al no permitir a los Pequeños Contribuyentes, acreditar el Impuesto al Valor Agregado pagado a su proveedores, así como por razones de falta de proporcionalidad del Impuesto, al determinarse por estimativas, ya que este mecanismo no atiende a la capacidad contributiva del contribuyente.
A fin de atender la problemática planteada por la reforma en cuestión, el 5 de abril de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes que se mencionan", expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyos primeros cuatro artículos buscan desenredar la reforma al artículo 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. No obstante, el Decreto establece un procedimiento distinto al previsto en el artículo 2-C, además de que no resuelve los vicios de inconstitucionalidad de la reforma, por lo que el problema planteado ha persistido.
Por tal motivo, en el pasado periodo ordinario de sesiones la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó una Iniciativa para exentar del IVA a los Pequeños Contribuyentes, cuando sus ingresos anuales no excedan de 760 Mil Pesos anuales, sin embargo, ésta fue rechazada por el Senado de la República, en razón del criterio establecido por la Corte en diciembre de 2003 señalando la inconstitucionalidad de la exención, por lo que el Senado devolvió a esta Cámara una minuta conteniendo una reducción de los coeficientes de valor agregado del 20 al 15% tratándose de enajenación y arrendamiento de bienes y del 50 al 40% en servicios, misma que, por razones de premura, fue aprobada en esta Cámara.
No obstante lo anterior, el problema persiste y las organizaciones de pequeños contribuyentes estiman que la reforma ha tenido un impacto demoledor en la economía de los Repecos, con aumentos que van desde 1500 a 3000 por ciento, dependiendo del giro mercantil, e incluso, a pesar de las últimas reformas, los aumentos continúan siendo muy exagerados. Asimismo, resulta importante destacar que los pequeños contribuyentes tienen baja capacidad administrativa derivada de su baja escolaridad, siendo que se encuentran obligados a llevar registros de ingresos diarios, los cuales, también se han venido complicando.
Por nuestra parte, en el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estimamos que los "pequeños contribuyentes" se caracterizan fundamentalmente por corresponderse con un sector de la población ampliamente depauperado, en condiciones de subsistencia y de autoempleo, el cual, en las actuales condiciones económicas del país requiere un tratamiento fiscal especial para fortalecerlos previamente a su futura incorporación como verdaderos contribuyentes, cuando el ciclo expansivo de la economía nacional y mundial lo permitan.
Atendiendo a esta realidad, proponemos incorporar en la Ley de Ingresos de la Federación para 2006, un estímulo fiscal para los pequeños contribuyentes, consistente en el derecho a acreditar 45 días de salario mínimo diario del Distrito Federal, acreditable contra el impuesto a pagar, determinado conforme a los procedimientos, periodos y términos dispuestos por el artículo 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Dicha cantidad ha sido estimada en diversas reuniones con pequeños contribuyentes y se deriva de la necesidad de proteger a los pequeños contribuyentes de más bajos ingresos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo y, en consideración a que la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 deberá discutirse en los próximos días, solicitamos sea considerado de urgente y obvia resolución, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. El Pleno de la Cámara de Diputados recomienda a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que, al dictaminar la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, considere la siguiente propuesta:
Se adiciona una fracción XV del artículo 17 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 para quedar como sigue:
"Artículo 17. En materia de estímulos fiscales, durante el ejercicio fiscal de 2006, se estará a lo siguiente:
XV. Se otorga un estímulo fiscal en el Impuesto al Valor Agregado a las personas físicas que tributen conforme al régimen fiscal de pequeños contribuyentes a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta, por un monto equivalente a 45 días de salario mínimo general mensual del Distrito Federal, acreditable contra el impuesto a pagar, determinado conforme a los procedimientos, periodos y términos dispuestos por el artículo 2-C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Dip. Javier Salinas Narváez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA FORTALECER
EL PRESUPUESTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS,
A CARGO DEL DIPUTADO LUIS MALDONADO VENEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
CONVERGENCIA
Luis Maldonado Venegas, diputado federal de la LIX Legislatura y vicecoordinador del grupo parlamentario de Convergencia, y los diputados federales que con él suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para fortalecer el presupuesto de La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 2006, con base en las siguientes
Consideraciones
La Comisión Nacional de Derechos Humanos es una de las más sólidas instituciones con que cuenta el país para evitar los abusos del poder en contra de la ciudadanía. A lo largo de su existencia han sido muchos los logros obtenidos en varios temas de su competencia, ganando así, una reputación que ha contrarrestado campañas insidiosas que tuvo que enfrentar, particularmente en los primeros años de su existencia, cuando se vio sometida a descalificaciones que sólo tenían el argumento de apuntar que se privilegiaban los derechos de los transgresores de la ley.
Ahora, con el paso del tiempo, su importancia es aceptada por todos los actores políticos y sociales, pues se le considera una institución garante del respeto a los derechos humanos de los integrantes del conglomerado social, en especial de los grupos vulnerables, como son migrantes; indígenas; personas con capacidades especiales; mujeres, niños, víctimas del delito, agravio a periodistas, con el reto que implica hacerlo en un país como el nuestro que, sigue presentando rezagos en diversos asuntos que por su naturaleza requieren de la presencia de un órgano con una autonomía tanto en la esfera de su actuación como en los recursos presupuestarios que le son necesarios para la consecución de sus fines.
En este contexto, sometemos a la consideración de esta soberanía la propuesta consistente en dotar a la CNDH de la suficiencia presupuestaria que necesita para mantener el desempeño que ha desarrollado durante su existencia, a fin de contribuir a fortalecer y preservar el respeto irrestricto a los derechos humanos a lo largo del territorio nacional, de manera pronta y eficaz, proveyéndole de los recursos que le son imprescindibles para esa noble tarea.
Tenemos la certeza de que es fundamental aceptar la relevancia que tiene un órgano como la CNDH en el México actual, pues de no hacerlo se corre el grave riesgo de retroceder en la atención de los temas que corresponden a su ámbito de competencia.
No incurramos en errores que pueden resultar desastrosos para el clima de respeto a la vida institucional que viene cobrando carta de naturalización en la vida nacional, por ello, respondamos a la petición que formula a esta soberanía la CNDH, en lo que se refiere a los recursos presupuestarios que demanda para una acuciosa ejecución de sus programas en el año 2006.
Mantengamos vigente la incorporación del tema de la defensa de los derechos humanos en la agenda nacional, mediante el respaldo que el Poder Legislativo puede otorgar a un asunto tan importante en los momentos actuales. Escatimar recursos en la materia puede tener un costo irreparable en la convivencia pacífica a la que aspiramos todos los mexicanos.
Derivado de lo anteriormente expuesto, es que someto a la alta consideración de Ustedes, Compañeras y Compañeros Legisladores, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Dotar a la CNDH de la suficiencia presupuestaria que necesita a fin de contribuir de manera decidida, en la esfera de nuestra competencia, a delinear el rostro que ha adquirido la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2005.
Diputados: Manuel Velasco Coello, Luis Maldonado
Venegas, Guillermo Huízar Carranza, Francisco Rojas Gutiérrez,
Luis Antonio Ramírez Pineda, Rafael Flores Mendoza (rúbricas)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 SE INCLUYAN RECURSOS ECONÓMICOS PARA
LOS GASTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA FIESTA INTERNACIONAL DE LA GUELAGUETZA,
A CARGO DEL DIPUTADO JACOBO SÁNCHEZ LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Los suscritos, diputados federales oaxaqueños integrantes de la LIX Legislatura del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputado Jacobo Sánchez López, diputado José Santos Guzmán, diputado Gonzalo Ruiz Ceron, diputado Gustavo Zanatta Gasperín, diputado Javier Villacaña Jiménez, diputada Ma. Mercedes Rojas Saldaña, diputado Benjamín Hernández Bustamante, diputado Teofilo Manuel García Corpus, diputado Paulo José Luis Tapia Palacios, diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, diputada Sofía Castro Ríos, diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano y diputado Lino Celaya Luria, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara de Diputados, se incluya dentro del decreto aprobatorio de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 2006, presupuesto necesario para los gastos que se generan con motivo de la fiesta internacional de la Guelaguetza, en base a la siguiente
Exposición de Motivos
Guelaguetza, es un vocablo zapoteco que significa: ofrenda, presente, cumplimiento, colaboración y atención solidaria comunitaria y fraternal tal como se debe tratar a los demás. Y da nombre a esta celebración indígena, de la convivencia cultural mas importante de América latina, que data de las épocas prehispánica.
Desde hace más de 500 años, La Gueleguetza o fiestas de los lunes del cerro, han acompañado con su alegría y trascendencia histórica a los habitantes de todas las regiones del estado de Oaxaca, con la presencia de miles de visitantes nacionales e internacionales, la celebración la llevaban a cabo durante los dos últimos lunes de julio de cada año, al primero se le conocía como "Paseo de las Azucenas" y al segundo lunes como lo llamaban "Octava".
Sus raíces son muy profundas, guardan relación muy estrecha con la cosmogonía indígena, con los usos y costumbres y con el homenaje a la Diosa Centeótl ó Diosa del Maíz. Estas festividades culminaban con el sacrificio simbólico de una doncella, con lo cual se aguarda la fertilidad en sus campos y en la naturaleza en general.
Con el arribo de los españoles y la religión cristiana, los monjes franciscanos y dominicos prohibieron las prácticas dedicadas a la Diosa Centeótl; destruyeron el Teocali y en su sitio construyeron el templo católico dedicado a la Virgen del Monte Carmelo, hoy templo del Carmen Alto, ubicado en las faldas del Cerro del Fortín inclusive en los tiempos de la independencia y de la Revolución Mexicana, esta festividad, siguió teniendo gran aceptación en el pueblo, el cual subía al cerro a realizar un día de campo, después de haber cumplido con los actos litúrgicos.
En la época moderna y específicamente en el año de 1932, se le da gran impulso a la festividad de La Guelaguetza, con motivo de la celebración de los 400 años de la Ciudad de Oaxaca; fue hasta el año de 1953 cuando da inicio la festividad, año con año, enmarcada en las Fiestas de los Lunes del Cerro.
Hasta el año de 1974, la presentación de los bailes se hacía en una explanada llamada en su tiempo ?Petatillo?, y para el público se destinaba una concavidad natural que tiene el Cerro del Fortín; es precisamente el 23 de noviembre de ese año cuando se inaugura el Auditorio Guelaguetza, un bello teatro al aire libre con un aforo de más de 17,000 lugares.
El hermosísimo espectáculo de La Guelaguetza se amalgama en forma natural con la música, la poesía, las danzas autóctonas y las tradiciones culturales que tienen profundas raíces en las comunidades indígenas, lo cual los convierte en los principales protagonistas de La Guelaguetza, con la participación de las 16 etnias que se dan cita para mostrar sus virtudes, entre los que se encuentran los amuzgos, cuicatecos, chatinos, chinantecos, chontales, chochos, huaves, ixcatecos, mazatecos, mixes, mixtecos, nahuatlecos, triquis, zapotecos, zoques y popolacas, quienes cuentan con diversas variantes de sus lenguas nativas, nutriendo el ambiente de fiesta multicolor y de fraterna convivencia.
Quienes participan en los festejos, son seleccionados de manera minuciosa en sus comunidades; la selección la realiza el Consejo de Ancianos o Tata mandones. A nivel estatal, está conformado un comité de autenticidad integrado por la sociedad civil; todos ellos evalúan los bailes, la actitud, el comedimiento de los grupos, el vestuario que debe estar apegado estrictamente a la tradición, de esta manera es como van eligiendo a los participantes que llegan a la fiesta de los Lunes del Cerro para mostrar su cultura.
La Guelaguetza se inicia con el desfile de la tradicional Calenda donde participan las ocho regiones a través de las delegaciones de: Valles Centrales, la Sierra Juárez, la Cañada, Tuxtepec, la Mixteca, la Costa, el Istmo de Tehuantepec y Papaloapan; quienes lo hacen ataviados con sus trajes regionales, cada región presenta su danza y tocan las Chinas Oaxaqueñas, la danza de la Pluma, el jarabe del Valle; de la Botella, Mixteco, Chenteño, los Sones Serranos, Mazatecos, la Flor de Piña, la Sandunga, la Tortuga, por citar algunas.
Estas festividades han rebasado los límites regionales para convertirse, por la belleza y colorido de sus trajes, por su música, coreografía y danzas, en una muestra de la tradición, folklore e identidad nacional; inclusive las presentaciones se llevan a cabo en la mañana y tarde.
La Guelaguetza es necesario enriquecerla, año con año, siempre para mejorarla, sin perder su esencia, donde participan para su organización miles de hombres, desde el que modestamente arregla un tablado, acomoda, corrige, ensaya, baila, canta, coordina, asesora, carga, lee, pega, toca, pinta, arregla, coloca, poda, escarba, clava, prueba, etcétera; esos hombres con nuestras autoridades Federales, estatales y municipales son los hombres y mujeres anónimos, es el pueblo de Oaxaca que participa con emoción año con año en esta fiesta de la hermandad y de la solidaridad.
Por su simbolismo y por la calidad de sus participantes la fama de La Guelagetza ha llegado a niveles sorprendentes de convocatoria, donde congrega a más de 70 mil turistas, que viajan a la Ciudad de Oaxaca, exclusivamente para presenciar estas fiestas.
El Comité Organizador ha integrado durante todo el mes de julio una serie de actividades deportivas, culturales, gastronómicas, presentaciones de teatro, cine, mesas redondas, conferencias, muestras folklóricas; la cual ofrece a los oaxaqueños y los visitantes una muestra de la alta cultura y riqueza costumbrista que forma parte de un pueblo que generosamente se ofrece al mundo entero.
Considerada como joya invaluable del estado de Oaxaca, La Guelaguetza como historia y cultura, trasciende el tiempo y el espacio ya que a lo largo de los siglos ha permanecido, convirtiéndose por derecho propio en un icono no solo nacional sino internacional al rebasar cada año nuestras fronteras; esto sólo a sido posible porque en su realización, se fusionan gran parte de las actividades humanas, como son: poesía, literatura, filosofía, danza, artesanías, gastronomía, pintura, agricultura, religión, tradición, teatro y cultura.
Desafortunadamente en los últimos años, el estado de Oaxaca, ha enfrentado una serie de problemas económicos que dificultan el poder disponer de los recursos financieros necesarios para su realización; ya que los gastos que se generan dependen fundamentalmente del esfuerzo del Gobierno del estado.
Siendo que los apoyos, en especie y en efectivo, para dar alojamiento, comida, logística y transporte a las más de 3,000 personas participantes de las 16 etnias reunidas en el evento, requieren de enormes recursos financieros, se hace necesario que esta H. Soberanía, autorice la creación de una partida especial para poder continuar con la realización de dichos festejos que revisten la mayor importancia y trascendencia por ser una fuente generadora de empleos directos e indirectos en beneficio del estado y de la Federación. Tal y como se viene haciendo con el Festival Cervantino, donde tiene asignado un presupuesto especial a través de Conaculta.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a esta H. Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Proposicion con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara de Diputados, se incluya dentro del decreto aprobatorio de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 2006 presupuesto necesario para los gastos que se generan con motivo de la fiesta internacional de La Guelaguetza.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los cinco días del mes de octubre del año dos mil cinco.
Diputados: Jacobo Sánchez López (rúbrica),
José Santos Guzmán (rúbrica), Gonzalo Ruiz Ceron (rúbrica),
Gustavo Zanatta Gasperín (rúbrica), Javier Villacaña
Jiménez (rúbrica), Ma. Mercedes Rojas Saldaña (rúbrica),
Benjamín Hernández Bustamante (rúbrica), Teofilo Manuel
García Corpus, Paulo José Luis Tapia Palacios (rúbrica),
Sofía Castro Ríos (rúbrica), Luis Antonio Ramírez
Pineda (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Lino Celaya
Luria (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS LOCALES A RECOMENDAR A LAS UNIVERSIDADES
E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE INTEGREN EN SUS PLANES
DE ESTUDIO EL TEMA DE EDUCACIÓN CÍVICA, A CARGO DE LA DIPUTADA
ADRIANA GONZÁLEZ FURLONG, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE PAN
Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura, integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana y del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, bajo los siguientes
Considerandos
1. "La apatía política de ninguna manera es un síntoma de crisis de un sistema democrático sino, como habitualmente se observa, un signo de perfecta salud; es suficiente interpretar la apatía política no como un rechazo al sistema sino como benevolente indiferencia". Norberto Bobbio.
El abstencionismo en México se presenta tras las elecciones, sin distinción entre locales o federales, la función del Estado en tanto a la organización electoral recae en el Instituto Federal Electoral, el precepto constitucional enmarcado en el artículo 41, inciso c) fracción III, establece los principios rectores los cuales son certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Sin embargo, el abstencionismo creciente en diversos países de Latinoamérica y en México ha sido tema de preocupación del Instituto y del Gobierno Central.
2. Debemos empezar a abatir el abstencionismo a través del consenso democrático para lo cual son necesarias cuatro condiciones elementales, en primer lugar, es necesario la existencia de un conjunto de reglas claras y aplicables a todo el conjunto social, ausentes de cualquier parcialidad ideológica, económica, política, cultural, étnica o de género; en segundo lugar, el reconocimiento formal y pragmático de la libertad sustantiva de todos los individuos que conforman el cuerpo social, así como de su capacidad de opinar, decidir, seleccionar e intervenir en los asuntos de interés público, sin riesgo alguno de ser objeto de cualquier tipo de violencia sobre su persona, familia, derechos o pertenencias, a consecuencia de sus determinaciones o participación socio-política -salvo las que correspondan al ámbito exclusivo de lo civil o lo penal-; en tercer lugar, la presencia de órganos específicos de decisión política abiertos a la intervención social, en un marco de respeto irrestricto a la discrepancia y al disenso ideológico -una sociedad es más democrática en cuanto apertura mayores espacios de decisión política a la participación de los diversos agentes sociales que lo conforman-; y en cuarto lugar, la posibilidad concreta de la alternancia en el poder, lo que supone tanto la presencia de diferentes opciones políticas sobre las cuales el ciudadano pueda elegir, como la competencia equitativa entre las distintas fuerzas que conforman al sistema político.
Esta participación ciudadana no sólo debe estar encaminada hacia el ámbito electoral, los ciudadanos deben tener presentes los derechos y prerrogativas de las que son objeto y a su vez, contar con una educación cívica que les permita vislumbrar la capacidad de injerencia sobre las decisiones gubernamentales. Como bien sabemos la cultura democrática de un país se aprende a través de la educación, en México aún carecemos de una educación cívica dirigida hacia los ciudadanos.
3. La educación social educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior está orientada por lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido que tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
Asimismo, en la Ley General de Educación, artículo 7, fracción V, se señala como fin de la educación infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad.
Si bien es cierto que los avances en materia educativa han sido significativos, también es cierto que carecemos de planes de estudio que guíen a los universitarios, que en general han alcanzado su mayoría de edad, en las responsabilidades ciudadanas que ostentan.
4. Debemos empezar a implementar las medidas conducentes al incremento de la participación ciudadana, nos urge como Nación un proyecto educativo que nos enseñe nuestro actuar responsable en la inclusión con las decisiones de gobierno, es un problema que ha sido estudiado y analizado en las democracias mundiales, y la responsabilidad debe ser de todos los ciudadanos, no solamente del Gobierno Federal, el Instituto Federal Electoral o los partidos políticos.
Compañeras y compañeros: nuestro deber como representantes sociales es velar por los intereses de nuestro país, debemos empezar por implementar los programas adecuados encaminados a la evolución social y erradicar los problemas que nos aquejan como actores políticos.
Por lo anteriormente expuesto, y fundamentados bajo las potestades conferidas por nuestro Reglamento para el Gobierno Interior, sometemos a la consideración de todos ustedes la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la unión, exhorte a las legislaturas locales para que en el ámbito de su competencia recomienden a las Universidades e Instituciones de Educación Superior Estatales a que integren en sus planes de estudio o su equivalente, el tema de la Educación Cívica.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2005.
Diputados: Adriana González Furlong, Angélica
Ramírez Luna (rúbrica), María del Carmen Escudero
Fabre, María del Rocío Jaspeado Villanueva, Yleana Baeza
Estrella, Leticia Socorro Userralde Gordillo, Norma Patricia Saucedo Moreno,
José Julio González Garza, Guillermo Tamborrel Suárez.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A LIBERAR, A TRAVÉS
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS
FINANCIEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL
DE 2005, A CARGO DEL DIPUTADO HORACIO MARTÍNEZ MEZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El que suscribe diputado Horacio Martínez Meza, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
En las últimas décadas, la oportuna dotación de agua potable para la Zona Metropolitana del Valle de México se ha convertido en un verdadero desafío para las autoridades competentes. La sobreexplotación de los mantos acuíferos y la disminución de las áreas de recarga natural; la vulnerabilidad de la infraestructura hidráulica ante movimientos sísmicos; la expansión de la mancha urbana y la existencia de fuentes externas de abastecimiento de agua cada vez más alejadas de la ciudad, son algunos de los factores que han contribuido a elevar, los ya de por sí, altos costos en la infraestructura.
Como resultado de este proceso, la gravedad de la problemática de la dotación de los servicios de agua para la Zona Metropolitana del Valle de México se agudiza cada vez más, por el marcado deterioro de la cantidad y calidad de los servicios de abastecimiento e infraestructura para el vital líquido en la metrópoli.
Según datos oficiales, las fuentes de suministro de agua potable para la ZMVM son: el Acuífero del Valle de México que aporta al Distrito Federal 18 m3/s, y a los municipios conurbados alrededor del 19 m3/s; el Acuífero de Lerma aporta 4 m3/s al Distrito Federal y 1 m3/s a los municipios conurbados; finalmente, el Sistema Cutzamala que aporta 13 m3/s al DF y 7 m3/s a los municipios conurbados, lo que nos da un gran total de 62 m3/s para abastecer la demanda del vital liquido.
No obstante, como consecuencia del deterioro y sobreexplotación de los mantos acuíferos, según estimaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se calcula que existe un déficit de abastecimiento del orden de los 3,000 lt/seg para el Distrito Federal.
Para el caso específico de la Delegación Iztapalapa, el caudal que recibe asciende a 4,430 lt/seg, con una presión en las tuberías de suministro de apenas 1.4 k/cm2, es decir, una cantidad menor a 2.4 k/cm2, que es la presión mínima necesaria para una prestación del servicio eficiente en la demarcación.
Este déficit en la presión de agua potable no es nuevo, por varios años los habitantes han padecido de manera recurrente este problema.
De esta manera, los 4,430 lt/seg apenas alcanzan a satisfacer al 70% de la población de la delegación, presentando entonces un déficit de 2,063 lt/seg, lo que representa dos tercios del déficit general de toda la ciudad.
Lógicamente, este déficit en el suministro del agua ha dejado, tan sólo en Iztapalapa, a 95 unidades habitacionales y 29 colonias materialmente sin agua en los últimos meses, lo que representa alrededor de 500 mil personas que ante la magnitud del problema se han movilizado en diversas ocasiones.
Concientes de la gravedad del problema, autoridades de la Delegación Iztapalapa han solicitado en diversas ocasiones la realización de diversas obras de infraestructura y equipamiento hidráulico en la demarcación como:
El término de la perforación de los pozos
de agua potable en Iztapalapa.
La terminación del interceptor Oriente-Oriente,
para enfrentar las inundaciones en la Zona El Salado.
La terminación del colector de Santa Martha en
la Zona de Santa María Aztahuacan.
La realización del colector Año de Juárez
al interceptor Oriente, Zona Minerva, Valle del Sur y Culhuacán.
Por esta razón, la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua de la Asamblea Legislativa, impulsó la adición de un ordenamiento dentro del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del 2005 a petición de la Delegación Iztapalapa.
El resultado del trabajo de la Comisión Especial se vio reflejado en el Artículo Séptimo Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de diciembre de 2004, que dice a la letra:
"Artículo Séptimo Transitorio: de los recursos excedentes que obtenga el Sistema de Aguas de la Ciudad de México por efecto de los convenios que se celebren con el Gobierno Federal, se destinaran prioritariamente recursos a las siguientes obras:
c) Construcción de planta potabilizadora y líneas de conducción Tulyehualco No. 6 Xotepingo 4C.
d) Construcción de planta potabilizadora y líneas
de conducción Tulyehualco No. 7 Xotepingo 6B.
e) Ampliación del Tanque de Regulación
Bellavista (Anexo al Tanque Xaltepec)."
Sin embargo, aun cuando en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal estas obras hidráulicas están contempladas, y dada la importancia que tiene este tipo de acciones para la mejora en la calidad de vida y satisfacción de las necesidades de la población iztapalapense, hasta inicios del mes de octubre las obras no han dado inicio complicando su realización en lo que resta del presente año; lo que representa un peligro latente para la estabilidad social que puede repercutir e intensificar aun más la irritación de la población en la demarcación.
En ese sentido, la problemática del abastecimiento hidráulico para la demarcación ha desembocado en serios problemas sociales, manifestados principalmente en el eventual cierre de importantes vialidades de la Delegación y la realización de marchas y plantones por parte de los habitantes afectados de Iztapalapa en los últimos meses, en demanda de una solución ante el insostenible déficit de agua que los aqueja.
Es por ello, que se somete a la consideración de ésta H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- La H. Cámara de Diputados exhorta, con pleno respeto a su autonomía, al Gobierno del Distrito Federal para que, a través de la Secretaría de Finanzas, libere la asignación de los recursos financieros para el cumplimiento del Artículo Séptimo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Año Fiscal 2005.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre del 2005.
Dip. Horacio Martínez Meza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE FORTALECER
EL PRESUPUESTO DE 2006 DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN,
A CARGO DEL DIPUTADO LUIS MALDONADO VENEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
CONVERGENCIA
Luis Maldonado Venegas, diputado federal de la LIX Legislatura y vicecoordinador del grupo parlamentario de Convergencia, y los diputados federales que con él suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para fortalecer el presupuesto del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de 2006, en base a las siguientes
Consideraciones
En México, desafortunadamente, aún persisten graves formas de discriminación hacia muchos grupos sociales, a veces de manera abierta y en otras ocasiones de manera velada, pero en todos los casos dañinas para los derechos y calidad de vida de quienes las padecen.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación, realizada por la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y que es el primer estudio demoscópico sobre esta materia en México, demostró la extensión y gravedad de este fenómeno en nuestro país. Esta encuesta puso números y porcentajes a lo que muchos ya sabíamos: que México es una nación profundamente discriminadora.
La construcción de un país donde exista la igualdad real, y no sólo formal, para todas las personas exige un gran esfuerzo colectivo que se oriente a erradicar esas prácticas inaceptables. En esta tarea, el Estado tiene la obligación de asumir la conducción de la lucha contra la discriminación y a garantizar mediante su acción la protección constitucional de nuestra primera garantía individual: la no discriminación.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es el órgano establecido por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para articular los esfuerzos institucionales y diseñar estrategias y políticas públicas para eliminar esta forma de segregación que adopta diversas formas en todo nuestro territorio nacional.
Para que este Consejo, órgano del Estado mexicano encargado de velar porque nuestra primera garantía constitucional se lleve a la práctica, pueda cumplir con sus responsabilidades, requiere un presupuesto que le permita un mínimo de eficiencia y presencia social.
En el Presupuesto Federal para 2005, aprobado por esta misma Legislatura, el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación recibió un presupuesto de 125 millones, 67 mil pesos. El ejercicio de estos recursos, sin duda todavía escasos, permitió al Consejo ganar presencia social y actuar conforme a sus obligaciones y atribuciones legales.
Ahora, en el proyecto de Presupuesto Federal para el año 2006, se propone una asignación de sólo 69 millones 100 mil pesos, que, de aprobarse, impedirá al Consejo continuar sus proyectos de difusión, educación, estudios y otras actividades sustantivas que por ley debe ejercer. Esta reducción haría del Consejo sólo una institucional testimonial de cara a un fenómeno tan grave como el de la discriminación, y haría al Estado mexicano omiso para tutelar un precepto constitucional primordial.
Derivado de lo anteriormente expuesto, es que someto a la alta consideración de ustedes, Compañeras y Compañeros Legisladores, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Que este Poder Legislativo atienda los requerimientos presupuestales del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, asignándole una cantidad de 80 millones de pesos adicionales a lo solicitado por el Ejecutivo federal, para mantener su capacidad de gestión y atención a la ciudadanía.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de Septiembre de 2005.
Diputados: Manuel Velasco Coello, Luis Maldonado
Venegas, Guillermo Huízar Carranza, Francisco Rojas Gutiérrez,
Luis Antonio Ramírez Pineda, Rafael Flores Mendoza (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 SE ASIGNEN RECURSOS ECONÓMICOS A EFECTO
DE FINANCIAR LOS GASTOS QUE GENEREN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA
CONMEMORACIÓN NACIONAL DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE DON BENITO
JUÁREZ GARCÍA, A CARGO DEL DIPUTADO JACOBO SÁNCHEZ
LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscribimos, diputados José Luis Naranjo y Quintana, Huberto Aldaz Hernández, Javier Orozco Gómez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Jesús Emilio Martínez Álvarez y Jacobo Sánchez López, miembros de la Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez, integrantes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el Artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar que se asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 los recursos necesarios para financiar los gastos que se generen por las actividades relacionadas con la conmemoración nacional del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La figura de Benito Juárez representa para los mexicanos un paradigma humano, familiar, político y social, por su grandeza de pensamiento y obra, congruentes y fundados en valores y principios de validez universal, por lo que resulta de la mayor importancia mantener vivas tanto su memoria como la vigencia de sus principios y su ejemplo.
El pensamiento de Benito Juárez, sintetizado en los ideales universales de Libertad, Legalidad, Laicidad, Soberanía, Democracia, Justicia, Unidad, Respeto y Paz, entre otros, mantiene su vigencia y, por tanto, resulta de la mayor importancia difundirlo y fortalecerlo entre la población de todas las edades y en todas las escalas territoriales.
Es imprescindible construir una imagen actual y contemporánea del juarismo a partir del legado histórico del Benemérito de las Américas para proyectarla hacia el futuro como una herramienta básica de identidad nacional, de respeto a la ley y a las instituciones; el desarrollo de las facultades integrales del ser humano, ajenas a cualquier signo religioso, el fortalecimiento a la conciencia de la solidaridad y el respeto al derecho soberano de los individuos y de los pueblos.
Que en virtud de que en 2006 se cumple el bicentenario del natalicio del Presidente Benito Juárez García, quien fuera un hombre excepcional, generoso de principio a fin, defensor incansable de la soberanía nacional, del hombre entregado a las causas superiores de México, del restaurador de la República, los mexicanos tenemos el deber de recordad y recuperar el ejemplo de Benito Juárez y fortalecer las instituciones que hicieron posible la formación del Estado Nacional.
Que la historia nos demanda celebrar dignamente este bicentenario y traer al siglo XXI el pensamiento y el ejemplo del impulsor de las Leyes de Reforma, las que consolidaron al poder civil frente a los poderes de facto, las que marcaron la separación del estado y del clero, las que instauraron las libertades públicas y establecieron el respeto a los distintos credos y que son parte fundamental del proceso social de nuestra República independiente, libre y soberana.
Que dentro de las aportaciones que Benito Juárez legó a la Nación, se encuentran La Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos y la Ley del Matrimonio Civil, entre otras, y que son disposiciones esenciales impulsadas por el Presidente Juárez, para acotar el poder político de la Iglesia, hacer posible el desarrollo de las fuerzas productivas y favorecer el establecimiento de una educación laica que permite que el pueblo alcance su desarrollo integral.
Por lo anterior, en sesión plenaria celebrada el 29 de abril del 2004, conoció y aprobó la Propuesta de la Junta de la Coordinación Política, en el sentido de constituir una comisión especial del Poder Legislativo federal encargada de organizar, impulsar, coadyuvar y dar seguimiento, en el ámbito de competencia todas las actividades conmemorativas, de divulgación y de edición que se realicen en honor de Benito Juárez, dentro del territorio nacional y en el ámbito internacional.
En ese tenor, el 8 de agosto de 2005 se crea e instala la Coordinación Nacional de Comisiones y Representantes Juaristas para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de don Benito Juárez García, la que tiene por objeto la formación e implementación de una agenda nacional integrada en torno de dicha celebración.
Es importante señalar que la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, forma parte sustantiva del Comité Directivo de esta Coordinación Nacional, que se constituye en un espacio de concertación, vinculación, intercambio y diálogo permanente entre las diversas Comisiones y Representaciones Juaristas que vienen interactuando en el Senado de la República, en los Congresos Locales, Gobiernos de los Estados y de los Municipios, Logias Masónicas y de la sociedad en general, con el propósito de establecer los mecanismos necesarios para la ejecución coordinada de la Agenda Nacional Integrada, referente a los Festejos del Bicentenario del Natalicio de don Benito Juárez García.
Dentro de las prioridades de la Agenda, se tiene contemplada la realización de proyectos educativos, editoriales, de difusión y divulgación, actividades académicas, culturales, sociales, deportivas, y un programa específico para la celebración del 21 de marzo de 2006.
Para cumplir sus objetivos, la Coordinación Nacional de Comisiones y las Representaciones Juaristas, comprometidas con los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Don Benito Juárez García, requieren de la asignación presupuestaria necesaria para cumplir con sus objetivos y compromisos.
Por lo antes expuesto y con la firme convicción y disposición de rendir homenaje a este insigne prócer, se pone a la consideración de la H. Cámara de Diputados, en nuestra calidad de representantes populares de la nación, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se asigne el presupuesto necesario para financiar los gastos que se generen por las actividades relacionadas con la conmemoración nacional de los festejos del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a trece de octubre de dos mil cinco.
Por la Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez García
Diputados: Huberto Aldaz Hernández (rúbrica),
José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Javier Orozco Gómez
(rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Jesús
Emilio Martínez Álvarez, Jacobo Sánchez López
(rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS A CONDUCIRSE CON RESPETO Y DIGNIDAD
EN SUS CAMPAÑAS, A CARGO DE LA DIPUTADA VIRGINIA YLEANA BAEZA ESTRELLA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos diputados federales a la LIX Legislatura, integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana y del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo bajo los siguientes
Considerandos
1.- A raíz de la creación del Instituto Federal Electoral, el sistema electoral en nuestro país ha cambiado, ahora los partidos políticos han sido dotados de certeza jurídica a través de las representaciones ejecutivas de cada uno de ellos ante el Consejo General de dicho Instituto, haciendo que las elecciones se conviertan en la parte cumbre de la democracia mexicana, incluso las elecciones que tuvieron lugar en el año 2000 fueron un parte aguas en el sistema electoral mexicano, siendo la primera vez en la historia de México dónde la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal se hizo presente, sin embargo la concepción de la democracia mexicana no debe estar fundamentada solamente en las elecciones, se debe enfocar hacia la participación de los ciudadanos en las decisiones de gobierno y en el respeto íntegro de las instituciones del Estado.
A este respecto, Norberto Bobbio ha analizado los problemas teórico- prácticos de la democracia, argumentado en la dificultad de los candidatos en cumplir las promesas de campaña y en el actuar de los mismos cuando han sido electos, en este tenor el autor nos indica que la democracia se concibe como una relación directa entre Estado e individuos, sin mediar actores intermedios algunos, contrapuesto a esta teoría política en la actualidad, han sido los grupos, las organizaciones, los sindicatos y los partidos políticos, quienes se han vuelto los grandes articuladores o mediadores entre el Estado y la sociedad. De hecho otra teoría política que nos habla al respecto es la de Robert Dahl quien argumentó que la democracia se ha vuelto una poliarquía dónde no existe un poder soberano único, sino el pueblo dividido en grupos contrapuestos, en competencia entre ellos. Contando entonces, con una autonomía relativa respecto al gobierno central. Una democracia pluralista, que en definitiva provoca un distanciamiento entre poder - sociedad o más bien entre individuo y democracia no cumpliendo de esta manera el modelo democrático originario.
2.- En nuestro país las campañas políticas han cambiado de tonalidad, los candidatos se han vuelto agresivos hacia sus contrincantes, lo anterior no solamente al interior de sus propios partidos en términos de precandidaturas, sino también con sus adversarios en la contienda electoral, la nueva modalidad de estas campañas están basadas en la descalificación y en la critica destructiva, con regularidad vemos que la mercadotecnia política exitosa es aquella que más arremete con la exaltación de errores y defectos personales de aquellos quienes luchan llegar al poder, es entonces que las propuestas constructivas han pasado a segundo término, ahora los actores políticos se han dejado llevar por la mercadotecnia y el marketing político que ha tenido mucho auge en Estados Unidos.
Incluso hay quienes afirman que la retórica en política levanta auditorios y suma multitudes a una causa, pero también puede dejar en evidencia a sus oradores cuando se dejan llevar por discursos en apariencia grandilocuentes, pero faltos de raciocinio.
3.- En la actualidad, no podemos vislumbrar una campaña política dónde los debates partidistas estén presentes, sin embargo, la antigua idea de debatir las propuestas entre partidos políticos ha quedado en el olvido, ahora los debates tienen más audiencia mientras existan descalificativos y agresiones personales, de hecho, las plataformas de los partidos políticos no han evolucionado en términos prohibitivos para erradicar estos descalificativos y guiar con cautela las campañas electorales para beneficio de la sociedad.
Es claro que la libertad de expresión y elección fue concebida como un medio para formar ciudadanos mas independientes y con un criterio propio, criterio que por desgracia se pierde o se modifica cuando las campañas son tan pobres, tan vacías pero sobre todo completamente faltas de generar un interés de los ciudadanos por participar en las elecciones, esta demostrado que el perjuicio social de estas campañas conduce en la poca participación social en las decisiones de gobierno y genera un incremento en la participación ciudadana en las elecciones, provocando con ello un gran porcentaje de abstencionismo electoral.
Por lo anteriormente expuesto, y fundamentados bajo las potestades conferidas por nuestro Reglamento para el Gobierno Interior, sometemos a la consideración de todos ustedes la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorte respetuosamente a los partidos políticos para que éstos y sus candidatos se dirijan con respeto y dignidad en las campañas políticas de la elección Constitucional del Presidente de la República del año 2006.
Dado en el Palacio Legislativo, a 13 de octubre de 2005.
Diputadas: Yleana Baeza Estrella, Angélica Ramírez Luna, María del Carmen Escudero Fabre, María del Rocío Jaspeado Villanueva, Norma Patricia Saucedo Moreno, Adriana González Furlong, Leticia Socorro Userralde Gordillo (rúbricas).
Diputados: José Julio González Garza,
Guillermo Tamborrel Suárez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A
LOS DESASTRES OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS EN LOS ESTADOS DE CHIAPAS, PUEBLA,
OAXACA Y VERACRUZ, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIO ZEBADÚA GONZÁLEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal Emilio Zebadúa González, atendiendo a la situación de desastre que prevalece en las regiones Istmo Costa, Soconusco, Sierra, Altos, Frailesca y Selva Norte, afectando a 51 municipios del estado de Chiapas, además de los estados de Puebla, Oaxaca y Veracruz, se presenta a la Junta de Coordinación Política propuestas con punto de acuerdo como asunto de urgente y obvia resolución, en los términos de las siguientes
Consideraciones
1. Que en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, compete a la Secretaría de Gobernación conducir y poner en ejecución, en coordinación con las autoridades de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, con los gobiernos municipales y con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las políticas y programas de protección civil del Ejecutivo federal para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situación de desastre y concertar con instituciones y organismos de los sectores privado y social, las acciones conducentes al mismo objetivo.
2.- Que el artículo 3º fracción V de la Ley General de Protección Civil establece que por prevención se debe entender al conjunto de acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos perturbadores sobre la vida y bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente. Por otra parte, en el artículo 4 fracción II de la misma ley, establece que corresponde al Ejecutivo Federal incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación el Fondo de Desastres y el Fondo para la Prevención de Desastres, estableciendo los montos para la operación de cada uno de ellos, conforme a las disposiciones aplicables, cuya coordinación será responsabilidad de la Secretaría de Gobernación.
Para el ejercicio del año 2005, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se asignaron 94 millones 326 mil 638 pesos a la Coordinación General de Protección Civil, de los cuales 40 millones 959 mil 379 pesos corresponden al Centro Nacional de Prevención de Desastres.
3.- Que el artículo 10 de la Ley de Protección Civil, establece que el objetivo del Sistema Nacional de Protección Civil es el de proteger a la persona y a la sociedad ante la eventualidad de un desastre, provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales y el daño de la naturaleza, así como la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad. En el artículo 12 de la misma ley, se precisa que la coordinación ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil recaerá en la Secretaría de Gobernación, la cual tiene como atribuciones, entre otras, la de crear las instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de carácter técnico operativo, de servicios y logística; la de investigar, estudiar y evaluar riesgos y daños provenientes de elementos, agentes naturales o humanos que puedan dar lugar a desastres, integrando y ampliando los conocimientos de tales acontecimientos en coordinación con las dependencias responsables; la de instrumentar y en su caso, operar redes de detección, monitoreo, pronóstico y medición de riesgos, en coordinación con las dependencias responsables.
4.- Que el artículo 38 de la ley en comento establece que en caso de riesgo inminente, sin perjuicio de la emisión de la declaratoria de emergencia y de lo que establezcan otras disposiciones, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal ejecutarán medidas de seguridad que les competen, a fin de proteger la vida de la población y sus bienes, la planta productiva y el medio ambiente, para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.
Que los daños ocasionados por el huracán Stan en los estados del sureste son graves por lo que queda en duda la funcionalidad del sistema de prevención a cargo de la Coordinación Nacional de Protección Civil dependiente de la Secretaría de Gobernación. Por ejemplo, en el estado de Chiapas la intensa actividad pluvial provocó el desbordamiento de 82 ríos, en las regiones Istmo Costa, Soconusco, Sierra, Altos, Frailesca y Selva Norte, afectando a 51 municipios, con daños a 590 comunidades; se destruyeron 90 puentes en las distintas regiones, un gran número de carreteras y caminos rurales, así como la afectación de los bienes de los habitantes de estas zonas y de los servicios públicos.
5.- Que es necesario conocer los programas y medidas de prevención que fueron tomados por la Coordinación Nacional de Prevención de Desastres, dependiente de la Secretaría de Gobernación, para conocer los alcances y funcionalidad de las mismas en la protección de los habitantes de las zonas desvastadas a consecuencia de las lluvias que afectaron al estado de Chiapas.
6.- Que el Ejecutivo federal ha estimado que los daños ocasionados en las zonas siniestradas por el huracán Stan ascienden a más de 20 mil millones de pesos. Para atender esta emergencia, se ha instruido al Secretario de Hacienda para destinar cinco mil millones de pesos para un fondo especial para atender a los damnificados, los cuales se suman a los cinco mil millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales. Por otra parte, ha integrado un gabinete especial para la reconstrucción de las zonas afectadas, cuya coordinación estará a cargo del Secretario de Gobernación, licenciado Carlos María Abascal Carranza.
Para que esta Cámara de Diputados esté en condiciones tomar las decisiones que contribuyan para la reconstrucción de las zonas desvastadas en el proceso de integración del presupuesto para el ejercicio del año 2006, resulta necesario conocer con objetividad la evaluación del impacto destructivo en la vida y bienes de la población, las zonas productivas, los servicios públicos y el medio ambiente en las zonas de desastre.
Por las consideraciones anteriores, se propone al Pleno de la Cámara de Diputados Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, en los términos siguientes:
Primero. Se solicita la comparecencia de la titular de la Coordinación General de Protección Civil, de la Secretaría de Gobernación, Lic. Carmen Segura Rangel, ante el pleno de la Cámara de Diputados, para que informe cuáles fueron las acciones y medidas preventivas tomadas por el gobierno federal para preparar a la población que resultaría afectada por el paso del huracán Stan en los estados afectados.
En dicha comparecencia la funcionaria federal deberá explicar, en caso de estar elaborado, el plan de riesgos de los posibles efectos y daños del paso de los huracanes en territorio nacional y los convenios de coordinación entre los distintos niveles de gobierno de los estados afectados.
Segundo. Se solicita al Secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal, en su calidad de Coordinador del Gabinete de Reconstrucción de las zonas de desastre, presente un informe público de los daños causados a la infraestructura carretera y de los caminos rurales, de la afectación de los servicios públicos y de los bienes de las personas en las zonas de desastre, así como de las medidas urgentes para reestablecer la comunicación y los servicios públicos en las zonas afectadas.
Tercero: Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a establecer en el presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal del 2006, partidas específicas para atender los daños ocasionados por las lluvias en los estados afectados, particularmente en los rubros de infraestructura carretera, construcción de puentes y caminos rurales; apoyos a los micro y pequeños empresarios; empleo temporal; salud y vivienda.
Protesto lo necesario.
Dip. Emilio Zebadúa González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO
FISCAL DE 2006 SE INCLUYAN RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN
DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL DESBORDAMIENTO DE RÍOS OCASIONADO
POR LAS INTENSAS LLUVIAS EN CHIAPAS, A CARGO DE LA DIPUTADA SONIA RINCÓN
CHANONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La diputada federal de la LIX Legislatura Sonia Rincón Chanona, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo estipulado en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:
Nuestro estado ha sufrido los embates de la naturaleza, por la intensa descarga pluvial que se presentó en días pasados llegando a niveles de hasta 362 mm. en menos de doce horas, misma que ocasionó el desbordamiento de ríos, provocando daños severos en la infraestructura eléctrica, carreteras, puentes y escuelas, destrucción total de más de 6,000 casas y daños de suma consideración en otras 8,200 viviendas.
Por todo esto, como una actitud solidaria y responsable con quienes menos tienen, que también son los más lastimados cuando se presentan desastres naturales, solicito que esta Cámara asigne recursos extraordinarios en el presupuesto del año próximo para la reconstrucción de las zonas afectadas, que deberá ser considerado tomando en cuenta, además del rezago en el que se encuentra sumido el estado de Chiapas, lo devastado por los 82 ríos que se desbordaron y que las cifras más conservadoras arrojan datos de daños en lo que comprende a 590 comunidades, las 203 carreteras, de los cuales 187 integran parte de la red de caminos rurales, 90 puentes, todas las escuelas e incontables plantíos, sin olvidar la infraestructura eléctrica y la red de agua potable.
Tan sólo por mencionar un dato, en la ciudad fronteriza de Tapachula el número de damnificados asciende a casi 35,000 personas.
Si bien, el Presidente Fox ofreció destinar recursos de excedentes petroleros para contribuir a la reconstrucción, resultan insuficientes por la magnitud del desastre y la extensión de las zonas devastadas, lo que en suma con la cantidad contemplada por el Fonden representa tan sólo el .49 % de lo que se estima hasta el momento para la reconstrucción.
Por ello, el llamado es a la sensibilidad, conciencia y altruismo con quien en este momento más lo necesita, con quien poco tenía y todo lo perdió.
Tenemos la oportunidad, compañeros legisladores, de hacer un poco de justicia aprobando los recursos extraordinarios para la reconstrucción de las zonas devastadas.
Por lo anterior propongo a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que se incluyan recursos extraordinarios dentro de los fondos del Ramo 33 del Presupuesto Egresos de la Federación para el año 2006 para el estado de Chiapas, necesarios para la reconstrucción de las zonas afectadas por el desbordamiento de ríos.
Dichos recursos deberán etiquetarse para los siguientes rubros:
Rehabilitación de escuelas, reparación de infraestructura como redes eléctricas, sistemas de agua potable, carreteras, caminos, puentes y apoyos para la recuperación productiva de las comunidades rurales afectadas.
Palacio Legislativo, a 13 de octubre de 2005.
Dip. Sonia Rincón Chanona (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INVESTIGAR Y DESLINDAR RESPONSABILIDADES
RESPECTO A LA VIOLACIÓN DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y EVITAR
LA DISCRIMINACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO ROBERTO COLÍN GAMBOA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Discriminar significa ?diferenciar, distinguir, separar una cosa de otra?. La discriminación es una situación en que una persona o grupo es tratado de forma desfavorable a causa de prejuicios.
A través de su historia, México se ha caracterizado por ser una Nación generosa. Los mexicanos hemos sido un pueblo abierto a los migrantes, a las culturas del mundo.
Aquí, personas venidas de muy distintas regiones de la Tierra han encontrado su verdadera casa; han hallado un clima de respeto y paz en el cual poder vivir y ver crecer a sus hijos y nietos.
Son muchos los testimonios que nos hablan de ese inigualable calor humano que reciben a su llegada a nuestro país cuando, en algunos casos, huyen de la barbarie y la intolerancia.
La presencia judía en México se remonta hasta la época de la Conquista, a pesar de que no fue sino hasta finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se empieza a constituir la comunidad judeomexicana moderna.
Poco después de su llegada al país, los inmigrantes enfrentaron la creciente necesidad de organizarse con el objeto de contar con servicios religiosos y educativos para continuar profesando su fe en el nuevo entorno y a la vez transmitir a las generaciones venideras su legado milenario.
A lo largo de los años, la comunidad judía en México ha contribuido a desarrollar la ciencia y el conocimiento, las artes y la vida social en México. Es mucho lo que los integrantes de la comunidad judía han hecho por México, que se han distinguido por sus invaluables aportaciones en beneficio de nuestro país.
El respeto de las instituciones y de las investiduras constituye un rico legado de la cultura judía. De ella aprendimos la importancia de preservar la ley, la justicia y el derecho.
Durante mucho tiempo, los mexicanos hemos luchado por hacer valer la ley en todos sus términos, nos hemos esmerado por hacer efectivas todas y cada una de las garantías protegidas en nuestra Carta Magna, por asegurar la libertad de los ciudadanos para manifestarse, para expresarse sin temor a ser reprimidos.
La observancia de la ley permite garantizar el Estado de Derecho y brindar seguridad a todos los ciudadanos. Este es el principal deber y obligación de cualquier Estado.
Por ello, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Queda prohibida toda discriminación... que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".
A fin de reafirmar esta garantía individual, el 11 de junio de 2003, se publicó la Ley Federal para Prevenir y Evitar la discriminación, que señala en el artículo 4o.: "También se entenderá por discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones".
Cabe destacar que la precisión de "antisemitismo" que establece este artículo fue incluida al ser discutida la iniciativa de ley, en la H. Cámara de Diputados, ya que representa un paso a favor de la diversidad, la tolerancia, respeto al otro, la pluralidad y la diferencia, y porque sería a favor del trato recíproco e igualitario entre las personas, permitiendo construir una sociedad más justa, abierta y participativa.
La discriminación es una afrenta ética y política para cualquier Estado de Derecho Democrático, por ello la igualdad de oportunidades y el trato recíproco entre los mexicanos debe ser una realidad, si es que en efecto habremos de aspirar a una democracia consolidada y fuerte.
Nuestra Constitución también establece el derecho a la manifestación de las ideas, siempre y cuando no ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público.
Los derechos de los individuos terminan en el momento en que vulneran los derechos de otros.
En México, hasta hace algunos años, los grupos que se manifestaban en contra de las autoridades, hacían marchas y plantones a fin de llamar la atención de los ciudadanos y de esa manera lograr su apoyo o por lo menos su simpatía.
Por desgracia, hoy día los grupos que ahora se manifiestan, parece que buscan crear un ambiente de inestabilidad social, mediante la intimidación, el insulto y la agresión.
Hace unos días, en el marco de las discusiones para la firma del Contrato Colectivo de Trabajo entre las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS, durante las marchas y plantones convocados por el sindicato, repetidamente se gritaban consignas discriminatorias contra el entonces director general, Santiago Levy.
El colmo de esas actitudes discriminatorias se dio en las últimas dos semanas, al ser escritas las mismas consignas en las paredes de las oficinas centrales del Instituto, por integrantes del Sindicato del Seguro Social, acompañadas de emblemas nazis.
La agresividad de integrantes del Sindicato del Seguro Social ha sido manifiesta, en un evento donde participaron las botargas del Dr. Simi, que se manifestaban en apoyo a su movimiento sindical, sorpresivamente fueron agredidas y obligadas a retirarse del lugar.
La violencia no debe ser la premisa que se establezca para la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo del IMSS, el Seguro Social es propiedad de los trabajadores de México y todos debemos contribuir a su fortalecimiento.
La lucha por los derechos laborales no se debe respaldar en leyendas y consignas racistas que ataquen a persona alguna. Se debe evitar el trato discriminatorio de unas personas hacia otras.
En Acción Nacional rechazamos enérgicamente la falta de respeto a la eminente dignidad de la persona.
En Acción Nacional rechazamos enérgicamente todo tipo de actos que, van en contra del respeto, la tolerancia y la inclusión que debe caracterizar a la democracia en México.
En Acción Nacional rechazamos enérgicamente todas esas acciones discriminatorias y convocamos a la esta H. Cámara de Diputados a abrir un frente común contra la discriminación en todas sus expresiones.
Manifestamos nuestro total respeto a todas las formas de creencia religiosa, a la libre expresión de las ideas, convicciones y tradiciones de la amplia pluralidad que compone a la sociedad mexicana.
Debemos frenar estos actos y expresar nuestra disposición para sumarnos al esfuerzo a fin de hacer efectivo el derecho constitucional que tienen los ciudadanos a no ser discriminados.
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, diputado Roberto Colín Gamboa, en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y con fundamento en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la Cámara de Diputados la siguiente propuesta, para ser considerada de urgente y obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a investigar y deslindar responsabilidades respecto a la violación de la Ley Federal para Prevenir y Evitar la Discriminación por parte de integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, quienes han aceptado en los medios de comunicación haber sido los autores de las leyendas, en agravio del ex director general del IMSS doctor Santiago Levy Algazi.
Segundo. Se apliquen las sanciones a quienes resulten responsables de los hechos.
Tercero. Se exhorte a los responsables a presentar una disculpa pública a la comunidad judía de México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2005.
Dip. Roberto Colín Gamboa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A
REVALIDAR LOS ESTUDIOS EN MEDICINA DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA LATINOAMERICANA
DE MEDICINA, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE MARTÍNEZ RAMOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos legisladores de la LIX legislatura, conforme lo que establecen los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes
Antecedentes
Una de las principales razones por las cuáles éste Congreso mantiene una intensa labor interparlamentaria, es por la certeza de que con ello contribuimos, desde la competencia del poder legislativo, a enriquecer nuestras relaciones con otros países.
En el marco de las reuniones interparlamentarias, México ha podido concretar el principio de la cooperación entre las naciones, impulsando acuerdos, convenios y acciones en distintos temas y áreas de interés para el país.
En la pasada, Reunión Interparlamentaria México - Cuba, se abordó la necesidad de intensificar el intercambio y la colaboración en el área de la salud comunitaria, ámbito en el que se han logrado avances, sin embargo uno de los más importantes está hoy en riesgo.
Nos referimos a la formación de un importante grupo de jóvenes médicos en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba, cuya primera generación ya ha egresado y se encuentra materialmente imposibilitada para ejercer en nuestro país por la falta de un convenio de revalidación de estudios.
El alto nivel de desarrollo de la medicina en Cuba, ha impulsado a jóvenes mexicanos a realizar su formación médica en aquel país, y desde luego, México requiere del trabajo de estos jóvenes, en cuya formación se ha invertido pensando en el avance que ello implica para la atención médica de nuestras comunidades
Por lo antes expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Publica, a realizar a la brevedad los trámites de revalidación de los estudios de medicina realizados por jóvenes mexicanos egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina.
13 de octubre de 2005.
Dip. Jorge Martínez Ramos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 SE INCLUYA UNA PARTIDA ESPECIAL, SECTORIZADA
EN LA SECRETARÍA DE SALUD, A FIN DE CONSTRUIR UN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A CARGO DE LA DIPUTADA ESTHELA PONCE BELTRÁN,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Proposición con punto de acuerdo que presenta la diputada Esthela Ponce Beltrán, del grupo parlamentario del PRI, por el que solicita que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 una partida especial, sectorizada en la Secretaría de Salud, por un monto de $225.0 millones para construir un hospital de especialidades en La Paz, Baja California Sur, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El estado de Baja California Sur, ubicado al noroeste de la República Mexicana, con una extensión territorial de 71 mil 428 kilómetros cuadrados y una población que se acerca a los 450 mil habitantes, es de las más bajas en términos de densidad de población, estimándose en poco mas de 6 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto la hace una entidad donde la dispersión de la población es un factor que influye de manera importante en garantizar oportuna y eficientemente los servicios mínimos necesarios, entre ellos los de salud, educación, agua potable, pavimentación de caminos, entre otros.
Cabe mencionar que de las 2 mil 745 localidades con que cuenta Baja California Sur, 2 mil 530, esto es el 92% no tiene arriba de 50 habitantes y sólo 3 tienen arriba de 20 mil.
Quizá por ello, en prestación de servicios de salud, de acuerdo con datos del INEGI, padecemos un rezago grave y preocupante. Somos la entidad que ocupa el penúltimo lugar del país en unidades médicas; el vigésimo quinto en hospitales, el número 30 en recursos materiales (incluye camas censables, consultorios y laboratorios de análisis clínicos); el penúltimo lugar en personal médico, el último lugar en personal paramédico y consultas externas; el penúltimo en consultas de especialidades y de urgencias.
Si a ello agregamos que no contamos con un hospital certificado de la Secretaria de Salud, el problema se vuelve más complejo y delicado.
Además, de acuerdo con los datos del documento Salud: México 2004, de la Secretaria de la Salud, en enfermedades isquémicas del corazón nos ubicamos en promedio en una tasa de 48 personas por cada 100 mil; en cáncer cérvico-uterino 44; cáncer mamario 18 y accidentes de tránsito con 19, todas estas por arriba de la media nacional. Otras como la cirrosis hepática con 12.3 personas de cada 100 mil; diabetes mellitus con 23.1; el cáncer pulmonar con 11.2 y cerebro-vasculares con 21.2, ligeramente inferior a la media nacional.
De igual manera, en indicadores de desempeño (de acuerdo al documento de la Secretaria de Salud), ocupamos, a nivel de las entidades federativas, el número 27 en prevención y control de enfermedades en general; en tuberculosis el vigésimo noveno; en VIH-Sida el último lugar; en salud reproductiva el vigésimo quinto; en cáncer cérvico- uterino vigésimo tercero; en diabetes mellitus vigésimo sexto; hipertensión arterial vigésimo octavo, entre otras.
Como se puede observar, Baja California Sur es una entidad que para las personas que padecen una enfermedad y que requieren un tratamiento especializado y no cuentan con los recursos para trasladarse y costeárselo fuera de la entidad, ya sea en Tijuana, Hermosillo, Culiacán o Guadalajara, entre otras ciudades importantes, correrá el riesgo de agudizar su enfermedad, situación que no ocurriría de contar, cuando menos, con lo necesario para ser atendido debidamente en el estado.
Si el artículo 4º., de la Constitución General de la República señala que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud; y el artículo 2o. del la Ley General de Salud menciona que el derecho a la salud tiene las siguientes finalidades: el bienestar físico y mental del hombre, la prolongación y el mejoramiento de la calidad de vida, el disfrute de servicios de salud y asistencia social, entre otros, parece en Baja California Sur este precepto constitucional y de la Ley General de Salud no se cumplen.
Por ello, como representante popular de la nación y de mi estado, Baja California Sur, preocupada porque las y los sudcalifornianos aspiren a una mejor calidad de vida, vengo ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a poner a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 una partida especial, sectorizada en la Secretaría de Salud, por un monto de $225.0 millones para la construcción de un hospital de especialidades en La Paz, Baja California Sur.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2005.
Dip. Esthela Ponce Beltrán (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS A REALIZAR EL TRÁMITE
CONSTITUCIONAL DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA
UN PÁRRAFO TERCERO A LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO
73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO VÁZQUEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito diputado federal, Sergio Vázquez García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, pongo a consideración de esta honorable Asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar a los Congresos de los estados a que de conformidad al análisis que cada cuerpo legislativo realice, provean trámite constitucional del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por la Cámara de Diputados el 28 de junio de 2005.
Lo anterior al tenor de las siguientes
Consideraciones
Para Acción Nacional la seguridad pública es una función esencial a cargo del Estado en todos sus ámbitos de competencia. En este tenor existe una bilateralidad que implica el correlativo derecho y garantía que el gobernado posee por el hecho de ser persona, además de que jurídicamente tal prerrogativa se encuentra consagrada en la Carta Magna y las disposiciones legales que de ella emanan.
Es por ello que en 1995 se creó la Ley Federal que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la intención y motivación esencial de coordinar y asegurar una mejor lucha contra la delincuencia entre Federación, estados y municipios.
Por lo tanto, como es del conocimiento general, que el problema de la delincuencia organizada ha venido adquiriendo en la última década proporciones alarmantes. El crimen organizado ha encontrado nuevas formas de operación, particularmente a últimas fechas se ha agudizado el llamado narcomenudeo.
En este sentido, es evidente que la autoridad federal no puede tener presencia u operar directamente en todos los municipios del país. Es por ello que ha surgido como una legítima preocupación tanto para la Federación, los estados y los municipios, a través de la propia Conferencia de Procuradores, el reclamo de una reforma constitucional la cual faculte a las autoridades locales, para que en las materias concurrentes previstas en esta Constitución y las leyes federales establezcan los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales.
Para tal efecto, diversos legisladores de mi Partido hemos presentado iniciativas que concurren con la propuesta del Ejecutivo, en el sentido de que en las materias concurrentes previstas en la Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales; con ello se busca combatir de manera frontal a aquellos ilícitos en los que a la autoridad federal les es imposible combatirlos, que por la forma de operar de la delincuencia o en virtud de límites impuestos por la propia ley hoy son de difícil resolución.
En base a lo anterior, con fecha 28 de junio del año 2005, en sesión extraordinaria, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe señalar que en dicho dictamen se sustanciaron además de la minuta del Senado, diversas iniciativas en esta materia, incluyendo una presentada por el suscrito de fecha 13 de abril de 2004.
En cumplimiento de las disposiciones constitucionales aplicables y según informe de la Secretaría de Servicios Parlamentarios de esta H. Cámara de Diputados de fecha 14 de septiembre de 2005, nueve entidades federativas habían aprobado la reforma constitucional anteriormente referida, mas sin embargo no se ha reunido la mayoría requerida por el artículo 135 constitucional para que el Ejecutivo lo promulgue y lo publique.
Por lo anteriormente dispuesto, se propone exhortar respetuosamente a las Legislaturas de las entidades federativas a dar cumplimiento al exhorto del Congreso de la Unión para que discutan la reforma constitucional en materia de concurrencia para el mejor combate de los delitos, en todos los ámbitos de competencia y distintos órdenes de gobierno.
Con base a lo anterior propongo a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta a los Congresos de los Estados a que de acuerdo al análisis que cada cuerpo legislativo realice, provean trámite constitucional del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por la Cámara de Diputados el 28 de junio de 2005.
Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro a 27 de septiembre de 2005.
Dip. Sergio Vázquez García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS CIUDADES DECLARADAS PATRIMONIO MUNDIAL
Y A LA SECRETARÍA DE TURISMO RESPECTO A LA NECESIDAD DEL PLAN MAESTRO,
A CARGO DE LA DIPUTADA NANCY CÁRDENAS SÁNCHEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, diputada federal Nancy Cárdenas Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta, al Pleno de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
México es un país en riqueza cultural, histórica, arquitectónica, natural, etcétera. Es un mosaico de posibilidades para el turismo.
El programa de fomento específico para la cultura debe reconocer los valores o aportaciones para esta actividad y poder capitalizar los efectos positivos, generar sinergias para el desarrollo tanto regional como del sector en su conjunto.
Por su parte, México suscribió con la UNESCO, la Convención en 1984, sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural. México, es el tercer país con mayor número de ciudades inscritas, nueve en total.
Dicha convención define los criterios y las clases de sitios que pueden ser inscritos en la lista del Patrimonio Mundial y fija el deber de los Estados en la incorporación de posibles sitios, así como su protección y preservación. Por su parte, las ciudades declaradas Patrimonio Mundial tienen acceso a asistencia técnica internacional, a fondos de financiamiento, así como a programas especializados de cooperación, formación profesional y educativa.
Con el uso óptimo que garantice la preservación de estas ciudades, se crea un vínculo recíproco, ya que los recursos económicos que generen dichos centros harán posible que sea más fácil proteger y conservar debidamente el patrimonio y esto a su vez se traducirá en crecimiento para la actividad turística.
En la presente legislatura el Partido de la Revolución Democrática ha impulsado el turismo cultural y alternativo, especialmente respecto a las ciudades patrimonio, por ello en el Presupuesto de Egresos del 2004 a través de un punto de acuerdo se destinaron a las ciudades patrimonio 100 millones de pesos. La propuesta en el 2005 fue una cantidad no menor a 150 millones.
Para garantizar el uso óptimo de los recursos que se destinen a las ciudades patrimonio, es necesario, que los municipios realicen el Plan de Manejo, que consiste en un proyecto integral programado para la rehabilitación y mantenimiento del patrimonio cultural y natural de la ciudad. Además debe incluir los acuerdos y compromisos que involucren a las autoridades instituciones y población de la localidad.
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta a los gobiernos municipales de las ciudades declaradas Patrimonio Mundial a que realicen el Plan Maestro para garantizar un adecuada planeación y uso de los recursos.
Segundo.- A la Secretaría de Turismo, para que en un esfuerzo de sistematización de la información establezca una base de datos que contenga los planes maestro de las ciudades patrimonio y realice un seguimiento durante el ejercicio presupuestal del adecuado uso de los recursos.
Dip. Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2006 SE INCLUYA UNA PARTIDA ESPECIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO
CARRETERO CIUDAD INSURGENTES-LA PURÍSIMA-SAN IGNACIO, EN BAJA CALIFORNIA
SUR, A CARGO DE LA DIPUTADA ESTHELA PONCE BELTRÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Exposición de Motivos
Con fecha 21 de agosto del 2005 habitantes del municipio de La Paz, en el estado de Baja California Sur, que son originarios de diversas comunidades del norte del municipio de Comondú, y del sur del municipio de Mulegé, le hicieron llegar un escrito al Presidente de la República Vicente Fox Quesada, donde le solicitan su intervención para que se construya el tramo carretero Ciudad Insurgentes - La Purísima- San Ignacio, cuya longitud es de aproximadamente 322 Km., que comprende parte de los municipios de Comondú y Mulegé en el océano Pacífico.
Cabe mencionar sobre esta demanda de mis paisanos, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya cuenta con el proyecto ejecutivo. De igual manera, el 16 de diciembre del 2003 su servidora y junto con mis compañeros diputados de las diferentes fracciones Parlamentarias del estado de Baja California Sur, le enviamos un escrito al entonces Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, solicitando los recursos para que fuera incluida esta obra en el Presupuesto del 2004.
Como se puede observar ni en el 2004 y 2005 fueron considerados estos recursos. Incluso, los directivos de la Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale, así como la Cooperativa Ejidal San José de Gracia y su anexo Vicente Guerrero, y la Asociación de Diputados Constituyentes de Baja California Sur, le hicieron llegar escritos al Presidente Fox, el pasado 31 de marzo, 25 de abril y 30 de junio del 2005, respectivamente.
Este tramo carretero vendría a constituir la vía corta de la carretera transpeninsular, beneficiando no sólo a los habitantes de esta vasta región sino también, a los municipios de Los Cabos, La Paz, Comondú, que se ahorrarían hasta tres horas para trasladarse a las ciudades de Ensenada, Tijuana y Mexicali, de Baja California, que constituye el principal mercado para la comercialización de varios productos de nuestro estado, que tienen que transportarse vía terrestre.
Además, se aprovecharían decenas de hectáreas para el cultivo de cereales, hortalizas y árboles frutales; se hará posible la cría de ganado bovino y caprino y hacer rentable la producción pesquera como el abulón, langosta, camarón, cayo de hacha, así como especies de escama; desde las Barracas y San Juanico hasta la laguna de San Ignacio, posibilitando la proyección de nuevos destinos turísticos y de ecoturismo como el Delgadito, la laguna de San Ignacio, Cadejé, la Ballena, arroyo de San Raymundo, San José de Gracia, el Álamo, entre otros.
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- Se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación una partida por $400.00 millones para la construcción de tramo carretero Ciudad - Insurgentes - La Purísima- San Ignacio, en el estado de Baja California Sur.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 11 de septiembre del 2005.
Dip. Esthela PonceBeltrán (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR
AL CONGRESO DE BAJA CALIFORNIA A HOMOLOGAR, DENTRO DE SUS FACULTADES, SU
CÓDIGO CIVIL CON LOS DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE
DERECHO FAMILIAR, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ELOÍSA TALAVERA
HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita diputada María Eloísa Talavera Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes
Consideraciones
La violencia intrafamiliar es un fenómeno de ocurrencia mundial en el que las mujeres y los niños son los grupos más vulnerables. La OMS asegura que una quinta parte de las mujeres en el mundo es objeto de violencia en alguna etapa de su vida y como consecuencia de ello presentan altos índices de discapacidad, tienen doce veces más intentos de suicidio y altas tasas de mortalidad en comparación con la población que no la padece.
La violencia puede ser estudiada desde varios enfoques: 1) Perspectiva biológica: algunos casos de lesiones en el sistema límbico, en los lóbulos frontales y temporales o anormalidades en el metabolismo de la serotonina pueden predisponer a la agresión. 2) Perspectiva psicológica: los padres que más maltratan son aquellos que poseen baja autoestima, los que tienen antecedentes de maltrato, los que están deprimidos, los que tienen baja tolerancia a la frustración y los dependientes al alcohol. 3) Perspectiva psiquiátrica: los testigos y víctimas de violencia presentan altas tasas de depresión y estrés post-traumático.
El abuso de sustancias y de alcohol, así como los trastornos de personalidad limítrofe o antisocial incrementan de manera considerable el riesgo de violencia. La violencia y el suicidio se han encontrado relacionados. 4) Perspectiva del contexto específico: hay diferencias en la expresión de la violencia en medios rurales y en medios urbanos debido a que los estresores en dichos ambientes son distintos. 5) Perspectiva social: Hay evidencia de que los aspectos sociales juegan papeles importantes en la expresión de las conductas violentas, uno de ellos es la transmisión intergeneracional de la violencia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Para exhortar al Congreso del estado de Baja California, para que dentro de sus facultades, pueda homologar su Código Civil al de otras entidades federativas en materia de derecho familiar.
Segundo.- Que se envié el presente punto de acuerdo a la mesa directiva del Congreso del estado de Baja California.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de octubre de 2005.
Dip. María Eloísa Talavera Hernández
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO
FISCAL DE 2006 SE ESTABLEZCA UNA PARTIDA DESTINADA A LA CONSERVACIÓN
Y EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES MEXICANAS DECLARADAS PATRIMONIO MUNDIAL
POR LA UNESCO, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL MENDOZA FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Los diputados Rafael Flores Mendoza y Francisco A. Arroyo Vieyra, así como las diputadas y diputados firmantes presentamos ante esta honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Cultura y Desarrollo Social de la Cámara de Diputados incorporen dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo ejercicio fiscal una asignación presupuestaria destinada al fortalecimiento, conservación y desarrollo de las ciudades mexicanas declaradas Patrimonio Mundial, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
1.- Que el 6 de noviembre del 2003 y el 19 de octubre de 2004 diputadas y diputados de las distintas fracciones parlamentarias aprobamos por unanimidad que en los Presupuestos de Egresos de la Federación 2004 y 2005 se canalizarán recursos por 100 y 150 millones de pesos respectivamente, para impulsar acciones en favor de la preservación y mejoramiento de las ciudades mexicanas declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO y de San Luis Potosí que se encuentra en la lista indicativa;
2.- Que ambas propuestas resaltaron que México ocupa el octavo lugar en el mundo y el primero en el continente americano al contar con 25 bienes culturales y naturales inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO; ocupando el tercer lugar con países con mayor número de ciudades inscritas en dicha lista, sólo superado por Italia que cuenta con 16 y España con 14;
3.- Que las ciudades inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial a diferencia de los otros bienes culturales y naturales de nuestro país, presentan una problemática más compleja, en virtud de que son lugares vivos, donde a diario miles de seres humanos realizan sus actividades cotidianas, y en donde confluyen y en ocasiones se contraponen todo tipo de intereses;
4.- Que con la aprobación de dichos recursos, dimos un importante paso en el rescate de nuestro legado cultural iniciando la reversión del grave deterioro del que son objeto las ciudades mexicanas del Patrimonio Mundial; y que el Estado mexicano ha iniciado el cumplimiento de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural que suscribió en 1984, donde asumió el compromiso internacional de trabajar por el cuidado del patrimonio situado en su territorio hasta el máximo de sus recursos y capacidades;
5.- Que a la fecha, los 250 millones de pesos asignados por esta soberanía en los dos últimos años, se han multiplicado hasta alcanzar los 430 millones de pesos al adicionárseles las aportaciones estatales y municipales aplicándose en mas de 120 obras entre las que destacan: el mejoramiento del parque de Santa Ana en Campeche; la intervención en el ex templo de Corpus Cristi en la Ciudad de México; el rescate de la Plaza Valladolid en Morelia; el rescate de los portales del Zócalo en Puebla; y la restauración de la antigua Alhóndiga en Zacatecas, entre otras muchas mas;
6.- Que no obstante lo anterior, aun no han sido entregados los recursos etiquetados al Conaculta en el Presupuesto 2005, y sólo se han ejercido los correspondiente al programa Habitat Centros Históricos con un monto de 90 millones de pesos; restando por tanto, 60 millones para poner en marcha proyectos tan importantes como: la restauración del monumento histórico edificio La Esmeralda en la Ciudad de México; la rehabilitación del Bosque Cuauhtémoc en Morelia; mejoramiento urbano en la calle 16 de Septiembre y la Plaza Corregidora en Querétaro; y las restauraciones de la cúpula central de la Catedral y del retablo de la Santísima Trinidad en el templo de Santo Domingo en Zacatecas. Y que dado la cercanía del cierre presupuestal es urgente que se liberen para que puedan ser ejercidos por los municipios.
7.- Que los recursos aprobados no sólo han beneficiado al sector cultural y artístico, sino que también han fortalecido la actividad económica y turística de las ciudades beneficiando a prestadores de servicios, industriales gastronómicos, hoteleros, taxistas, guías de turistas y en general a todos los involucrados en la atención de visitantes nacionales y extranjeros, estimulando la creación de un importante número de fuentes de empleo; así como la captación de divisas y recursos fiscales;
8.- Que pese a lo alentador de los primeros resultados, es necesario continuar con los programas y acciones ya iniciados y presupuestar nuevamente recursos para dicho fin, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006;
Por todo lo anteriormente expuesto las suscritas diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios nos permitimos presentar ante esta honorable Asamblea la siguiente:
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para que:
Primero.- Las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Cultura y Desarrollo Social en el momento de analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo ejercicio fiscal y con base en el análisis de la situación de las ciudades mexicanas declaradas Patrimonio Mundial y de San Luis Potosí que se encuentra en la lista indicativa, determinen una asignación presupuestaria específica adicional para su rescate, conservación, promoción y desarrollo, que dado el deterioro en el que se encuentran y la culminación de proyectos ya iniciados, no deberá de ser inferior a los 150 millones de pesos.
Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los secretarios de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público y a la titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que agilicen lo dispuesto por el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 y entreguen a la brevedad posible los 60 millones de pesos de los 150 que esta soberanía aprobó para las ciudades mexicanas del Patrimonio Mundial; depositando dicha cantidad en el Fonca y se inicien los trabajos de las obras que ya han sido aprobadas por dicho fideicomiso de conformidad con las reglas de operación del mismo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 10 de octubre del 2005.
Diputados: Francisco Arroyo Vieyra, Rafael Flores
Mendoza, María Marcela Lagarde y de los Ríos, Juan García
Costilla, Francisco Chavarría Valdeolivar, Santiago Cortés
Sandoval, Gerardo Ulloa Pérez, Javier Manzano Salazar, Irma Figueroa
Romero, Agustín Rodríguez Fuentes, Pablo Franco Hernández,
Francisco Javier Saucedo Pérez, Susana Manzanares Córdova,
Emilio Serrano Jiménez, Gelacio Montiel Fuentes, Miguelángel
García-Domínguez, Salvador Martínez Della Rocca, Inti
Muñoz Santini, Eduardo Espinoza Pérez, Bernardino Ramos Iturbide,
Abdallán Guzmán Cruz, Isidoro Ruiz Argaiz, Abraham Bagdadi
Estrella, Marcelo Herrera Herbert, Carlos Silva Valdés, Israel Tentory
García, Yadira Serrano Crespo, Josefina Cota Cota, Rosa María
Avilés Nájera, Rocío Sánchez Pérez,
Tomás Cruz Martínez, Jazmín Elena Zepeda Burgos, Dolores
Gutiérrez Zurita, Javier Salinas Narváez, Antonio Mejía
Haro, José Luis Medina Lizalde, Guillermo Huízar Carranza,
Luis Maldonado Venegas, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Enrique Escalante
Arceo, Juan Fernando Perdomo Bueno, María Esther Scherman Leaño,
Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, José Porfirio
Alarcón Hernández, Juan Manuel Vega Rayet, María del
Carmen Izaguirre Francos, José Luis Flores Hernández, Carmen
Guadalupe Fonz Sáenz, Pulo Tapia Palacios, Gustavo Zanatta Gasperín,
Javier Villacaña Jiménez, Jacobo Sánchez López,
Sofía Castro Ríos, Manuel Velasco Coello, Eugenio Mier y
Concha Campos, Federico Madrazo Rojas, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez,
Alfonso Nava Díaz (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DEPOSITAR ANTE LA ORGANIZACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS EL INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN DEL ESTATUTO
DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, SUSCRITO POR LOS DIPUTADOS ADRIANA
GONZÁLEZ CARRILLO, RODRIGO IVÁN CORTÉS JIMÉNEZ
Y GUSTAVO DE UNANUE AGUIRRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quienes suscriben, Adriana González Carrillo, Rodrigo Iván Cortés Jiménez y Gustavo de Unanue Aguirre, diputados federales de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que a la brevedad sea depositado ante la Organización de las Naciones Unidas el instrumento de ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en virtud de las siguientes
Consideraciones
El tratado que establece la Corte Penal Internacional fue adoptado el 17 de julio de 1998 por una Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas celebrada en la Ciudad de Roma, Italia. Su objeto es disuadir la comisión de crímenes que atentan contra la humanidad en su conjunto, a través de un mecanismo de jurisdicción que asegura que los perpetradores de este tipo de crímenes serán llevados a la acción de la justicia. La jurisdicción de la Corte no es retroactiva, lo que significa que sólo podrá conocer de delitos cometidos con posterioridad a su entrada en vigor.
Al inicio de su administración, el Presidente Vicente Fox subrayó la importancia de este instrumento y se comprometió a impulsar el proceso para que México se convirtiera en parte del mismo. México firmó el Estatuto de la Corte Penal el 7 de septiembre de 2000.
La ratificación del Estatuto requirió de enmiendas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proceso que inició en el año 2001 y concluyó el pasado 20 de junio, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto que reforma el artículo 21 constitucional.
En consecuencia, el pasado 21 de junio en sesión extraordinaria, los senadores de la República aprobaron el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional permanente con facultades para investigar y enjuiciar, de forma complementaria a las jurisdicciones nacionales, a personas presuntamente responsables por la comisión de los más graves crímenes internacionales: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.
La aprobación por parte del Senado de la República , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre del presente, es el último paso requerido por nuestro orden jurídico a fin de que el Ejecutivo federal pueda depositar, de manera casi inmediata, el instrumento de ratificación correspondiente.
Esta aprobación llega después de un camino largo y complejo de cinco años en los que la sociedad civil ha colaborado con el Gobierno Federal siguiendo un objetivo común: la ratificación de este instrumento internacional y, consecuentemente, la participación de México por pleno derecho en uno de los esfuerzo más importantes de la comunidad internacional en la lucha contra la impunidad de los crímenes que atentan contra la humanidad.
Con la aprobación del Estatuto por parte del Senado, el Gobierno de México fortalece su compromiso con el respeto al derecho internacional, particularmente con el de los derechos humanos, el humanitario y el penal internacional.
El Estatuto cuenta al día de hoy con 139 signatarios y 99 Estados Parte. De conformidad con su artículo 60, entrará en vigor para México el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que deposite ante el secretario general de la ONU su instrumento de ratificación.
Es por ello, que nos permitimos solicitar de la manera más atenta al Ejecutivo federal a que realice el depósito del instrumento de ratificación de referencia, ya que cumplidos tres meses desde la aprobación del Estatuto de Roma por parte del Senado, el Ejecutivo federal no ha tenido a bien depositar ante la Organización de las Naciones Unidas dicho instrumento.
Asimismo, exhortamos al Ejecutivo federal deposite el instrumento de ratificación a la mayor brevedad, ya que de esta manera el Estado mexicano estará en facultad de participar con voto en las asambleas de Estados Parte. De igual manera solicitamos que el instrumento se deposite sin declaración interpretativa alguna que obstaculice el objeto y fin de este tratado y el buen funcionamiento del mismo en nuestro país.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión extiende un amplio reconocimiento al Ejecutivo federal por su incuestionable compromiso con el respeto al derecho internacional, particularmente con el de los derechos humanos, el humanitario y el penal internacional.
Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con la finalidad de honrar el compromiso del Ejecutivo en las materias mencionadas en el resolutivo primero del presente punto de acuerdo, exhorta al Ejecutivo federal para que a la mayor brevedad sea depositado ante la Organización de las Naciones Unidas el instrumento de ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Tercero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión reitera la importancia de la participación de México por pleno derecho en uno de los esfuerzos más importantes de la comunidad internacional en la lucha contra la impunidad de los crímenes que atentan contra la humanidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2005.
Diputados: Adriana González Carrillo , Gustavo
de Unanue Aguirre, Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
QUE, EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN, MODIFICACIÓN
Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, DESTINE RECURSOS ECONÓMICOS AL
MUSEO DE ARTE POPULAR, A EFECTO DE FOMENTAR Y PROMOVER LAS ARTESANÍAS
MEXICANAS EN EL EXTRANJERO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ELOÍSA
TALAVERA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quien suscribe, María Eloísa Talavera Hernández, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
La Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular, AC, trabaja desde al año 2000 en la creación de la primera institución museística que a nivel nacional estará totalmente dedicada a exhibir y promover el quehacer de los artesanos mexicanos.
Son cerca de 8 millones de artistas populares quienes a falta de promoción y reconocimientos, se ven cada vez con mayor frecuencia en la necesidad de buscar otros medios de subsistencia, emigrando de sus lugares de origen y abandonando las tradiciones ancestrales heredadas de sus familias.
En el caso de los artesanos que continúan con la producción de sus trabajos y sus técnicas, se ven obligados a abaratar sus creaciones a falta de público que reconozca el valor cultural y económico del verdadero arte popular y de la necesidad que tienen de obtener los ingresos mínimos para su subsistencia.
Siendo México reconocido mundialmente como uno de los países con mayor riqueza artesanal, compuesta por las más diversas técnicas, muchas de las cuales datan de la época prehispánica, su abandono representaría una pérdida cultural irreparable.
Una parte fundamental de la misión del MAP es brindar ayuda a los artesanos en uno de los aspectos en que son más vulnerables: la comercialización de sus piezas. Es por esto que se ha abocado a la creación de escaparates que permitan el contacto directo entre artistas y público que nos permitan:
- Impulsar y asesorar a los artesanos en la producción y comercialización de su trabajo.
- Fomentar el arte popular entre los distintos sectores de la sociedad incluyendo las nuevas generaciones.
- El reconocimiento del público del arte popular como una de las expresiones más fieles de nuestra cultura, dignificando la herencia y tradición almacenada en las distintas técnicas artesanales.
La situación actual del MAP es que se encuentra en la fase final de sus trabajos de remodelación, la cual se contempla que será totalmente terminada antes de que finalice el año 2005. A esto seguirán los trabajos de museografía y organización del museo para que empiece a funcionar a finales de este año o principios del 2006.
Exportemos arte popular, no artesanos. Arraiguemos a los nuestros, promovamos unión familiar, tradición y arte.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 analice la posibilidad de destinar los recursos presupuestarios necesarios para el Museo de Arte Popular para el fomento y la promoción de las artesanías mexicanas en el extranjero.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 13 días del mes de octubre de 2005.
Dip. María Eloísa Talavera Hernández
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES CON COMUNIDADES EN ESTADO DE
DESASTRE Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A EMPRENDER
ACCIONES PARA EVITAR Y CASTIGAR LAS PRÁCTICAS DE COMERCIO ABUSIVAS
EN DICHAS ZONAS Y LAS CERCANAS A ELLAS, A CARGO DEL DIPUTADO EDMUNDO G.
VALENCIA MONTERRUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe diputado federal, Edmundo Valencia Monterrubio integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58, 59 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se hace un exhorto de manera enérgica a los gobiernos de los estados con comunidades en estado de desastre y a la Procuraduría Federal del Consumidor a que en coordinación implementen las acciones necesarias para evitar, y en su caso, castigar a quien incurra en prácticas de comercio abusivas en las zonas de desastre y las zonas cercanas a ellas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como lo hemos vivido en recientes días, muchas comunidades de diferentes estados de nuestra República Mexicana han sido devastadas por los cambios climáticos tan drásticos que se han venido presentado, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla e Hidalgo han sufrido los embates de la naturaleza encontrándose sus habitantes en desamparo total, México siempre ha demostrado ser una nación unida, fuerte por su gente y generosa por sus actos.
Nuestra Constitución en su artículo 28 contempla una restricción a prácticas monopólicas, al acaparamiento, concentración, alza indiscriminada de precios y o venta a precios exagerados de productos de consumo necesario, además en el artículo 253 del Código Penal Federal, en su fracción primera, señala que se consideran como actos que afectan gravemente al consumo nacional y serán sancionados con prisión y multa los casos en que se abuse por venta de productos de consumo necesario o sus materias primas, por tanto la obligación y compromiso del Gobierno Federal y gobiernos estatales consiste en brindar seguridad y apoyo a su gente, por lo cual el de la voz considera de vital importancia, evitar a cualquier costa, que se susciten actos lesivos a nuestros co-nacionales, quienes se encuentran en un estado de indefensión y desamparo al verse arrasadas sus tierras, cultivos, casas y posesiones por los fenómenos naturales ocurridos, por tanto exhorto de manera enérgica a los gobiernos de los estados que tienen comunidades en situación de desastre, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor, a que en coordinación implementen las acciones necesarias para que en cada comunidad existan supervisiones y otras, que eviten que el comercio formal e informal violente el espíritu de la ley constitucional actuando de manera abusiva, al vender sus productos en precios excesivos aprovechándose de la situación de escasez y en caso de ser necesario castiguen dicho acto de la manera que corresponda por ley.
Los conmino a considerar lo anterior y no permitir que la desgracia de unos se convierta en la fortuna de otros que abusivamente se aprovechen de la situación, no permitamos que se haga leña de los árboles caídos o, como en este caso lesionados por fenómenos naturales fuera del control humano y ya que en nuestras manos sí está hacer menos grave y profunda su herida invito a ustedes a brindar su aceptación al presente.
Por lo anteriormente expuesto y profundamente convencido de la importancia del tema, así como solicitando de ustedes compañeros legisladores su valioso apoyo presento a ustedes el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que en coordinación con los gobiernos de los estados respectivos refuercen las acciones necesarias para evitar y de ser necesario sancionar a quien incurra en prácticas de comercio abusivas en las zonas de desastre y las zonas cercanas a ellas.
Segundo.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que en coordinación con los gobiernos de los estados respectivos, lleven a cabo las acciones y estrategias pertinentes a fin de que se investigue y se deslinden las responsabilidades penales correspondientes a quien realice prácticas en las zonas de desastre y cercanas, de acaparamiento, venta inmoderada de lucro
o cualquier otra conducta que afecte gravemente al consumo nacional y que alude al artículo 253 del Código Penal Federal.
Dado en el Salón de Sesiones, octubre de 2005.
Dip. Edmundo Gregorio Valencia Monterrubio (rúbrica)