• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que, en acuerdo con la SHCP, se destine en el Presupuesto de 2006 un monto extra para atender la demanda de agua de diversas comunidades del país, suscrita por los diputados Fernando Ulises Adame de León y Juan Manuel Dávalos Padilla, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 mayores recursos financieros a proyectos productivos de mujeres rurales, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considerar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 recursos económicos destinados al desarrollo del proyecto carretero Ocotoxco-Calpulalpan y libramiento Apizaco, el crucero San Matías-Carretera Apizaco y el crucero Tlaxcala-Santa Ana, así como al proyecto carretero Xoxtla-Tlaxcala y libramiento poniente de Tlaxcala, a cargo del diputado Florentino Domínguez Ordóñez, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la LXII Legislatura de Chiapas a adecuar su Constitución estatal respecto a las reformas del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1999, a cargo del diputado Francisco Antonio Rojas Toledo, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, a efecto de solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que aplique la tarifa 1-F para el suministro y la venta de energía eléctrica en los municipios de Baja California Sur, a cargo del diputado Isidro Camarillo Zavala.

• Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 se identifique el monto de los recursos que las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal destinarán al desarrollo de los pueblos indígenas, a cargo del diputado Marcelo Tecolapa Tixteco, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a adicionar a las Reglas de Operación del Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera un texto de apoyo de los criadores particulares de ganado bovino, a cargo de la diputada Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Gobernación a suspender el otorgamiento de toda autorización de inicio de operaciones de los permisos otorgados para centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números hasta en tanto no se resuelva la controversia constitucional número 97/2004, a cargo del diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del PRI.

• A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del PRI.

• A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del PRI.

Los abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la LIX Legislatura con fundamento en el la fracción II del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55 y 58 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos a este Pleno un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución donde solicitamos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara de Diputados, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluir dentro del proyecto de presupuesto para el año 2006, un monto extra de ocho mil millones de pesos dentro de las partidas asignadas a la Semarnat a ejercerse a través de la Comisión Nacional del Agua, para atender específicamente desde el año 2006 y posteriormente en el 2007 y el 2008, la demanda de agua que tienen los casi 12 millones de Mexicanos que viven en las más de 33,000 comunidades del país que carecen de este líquido. Esta solicitud se hace al tenor de las siguientes

Consideraciones

Es parte del discurso oficial en todos los niveles, que el agua es un tema de Seguridad y Prioridad Nacional. Desde el ejecutivo federal se han reconocido los puntos críticos del abasto, el saneamiento y la contaminación del ambiente relacionados con el agua.

Se reconoce que México enfrenta una situación complicada con respecto al uso y conservación del recurso agua y el rezago que arrastramos en el tratamiento y re-uso de las aguas residuales. Prácticamente no hay una región del país que no tenga problemas de contaminación de sus cuerpos de agua; desde arroyos y ríos, hasta lagos y lagunas y el mar mismo. Reconocemos también que existen problemas técnico jurídicos que se derivan de la propiedad e incluso, de los límites y las fronteras.

Sin embargo, el problema más sensible que tiene nuestra sociedad en esta materia, es que aún existen en México cerca de 12 millones de habitantes que carecen de un acceso razonable de agua, es decir, no tiene de 20 a 50 litros por persona por día a menos de 1 kilómetro de distancia de su vivienda.

Esto nos ha obligado a voltear a revisar nuestro interior y buscar resolver lo que hemos propuesto que otras naciones deben hacer. Hace apenas 3 años, México junto con otros 180 países firmó un acuerdo con el que se obliga a reconocer el derecho al agua como uno de los derechos fundamentales de la humanidad y por se comprometió a elevarlo a rango constitucional.

Hace apenas unos meses, México, junto con el resto de las naciones arrancó formalmente lo que se denomina la década del agua, diez años en los que nos comprometimos a terminar con el 50% del rezago que aún tenemos en materia de abasto de agua.

Una década puede ser poco para quien vive cómodamente con todos los servicios, pero puede ser demasiado para quien carece de lo más elemental. Donde no hay agua, hay pobreza y los gobiernos en México han pregonado su lucha contra la pobreza extrema. Una lucha que tal vez perdamos porque dentro de 10 o 20 años, tal vez ya no existan esas 33,000 comunidades.

En este tiempo de alta tecnología y desarrollo, se tienen las soluciones técnicas para atender la demanda de cualquier comunidad de 50 o más habitantes en cualquier lugar del país. A través de una perforación, de la derivación de un arroyo o un manantial, de la construcción de una pequeña presa, de la instalación de una desalinizadora ó simplemente de la captación del agua de lluvia, su purificación y luego su distribución.

Hay tecnología disponible y hay una realidad nacional, lo demás depende de la voluntad política que los actores demostremos porque nos sorprendería saber que en este año puede haber para esta tarea, recursos económicos disponibles en el presupuesto.

Cada uno de nosotros los diputados, tenemos en nuestras sus manos una relación de las comunidades de nuestro Distrito o nuestro Estado que no tienen agua y que nunca la han tenido. Cada uno de nosotros debe saber que técnicamente es posible resolver el problema, pero se requiere decisión. Pocas son las acciones tan nobles que un diputado durante su gestión puede hacer por su distrito y por su patria. No es justo que en este tiempo, siendo una de las principales economías del mundo, aun tengamos ese México que parece ser de otro tiempo.

Si tuviésemos en un año los 18 000 millones que los expertos han determinando se requieren para resolver definitivamente el problema, no parece que técnicamente sea posible ejercerlos en un año, por lo que se requiere instrumentar un proyecto especial durante al menos 3 años para generar los proyectos y definir las prioridades. Debe aplicarse un recurso de ocho mil millones el primer año, 6 mil el segundo y 4 mil el tercero para que en tres años, acumular los 18,000 millones con los que se atienda y resuelva el problema de las 33,391 comunidades y 12 los millones de Mexicanos. Haciendo cuentas, el monto total del proyecto, solamente significa aplicar 1,500 pesos por cada mexicano atendido, mucho menos de lo que gastamos en otros programas.

Debe promoverse un proyecto especial en sus reglas de operación donde no se sujete a las existentes porque de entrada no se garantiza el éxito del programa. La mayoría de las comunidades sin agua son parte de un municipio pobre que no puede aportar su "paripasu" y por lo mismo se ha quedado rezagadas. Son parte de un estado que hasta el momento no los ha podido atender. Tiene que ser un programa con reglas sencillas con lineamientos simples que estructurado desde el centro por la Comisión Nacional del Agua, lo operen los estados y los municipios sin que la contraparte económica limite la realización de la obra.

Debe finalmente estructurarse un proyecto que involucre en la operación a las instancias locales y nacionales que tengan capacidad técnica para que el programa pueda cubrir sus objetivos que habrán de arrancarse desde el mes de enero de 2006.

Con esta base y fundamento el artículo el articulo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55 y 58 del reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los abajo firmantes proponemos el siguiente punto de acuerdo como de urgente resolución.

1.- Que la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara de Diputados, en acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destinen dentro del PEF 2006, un recurso extraordinario de 8,000 millones de pesos dentro del presupuesto asignado a la Comisión Nacional del Agua, para arrancar un proyecto nacional de atención al abasto de agua potable de las comunidades del país que carecen del recurso.

2.- Que se proponga un mecanismo de multianualidad para que en un programa de al menos tres años consecutivos se genere el recurso de 18 mil millones de pesos que atienda al 100% del rezago en materia de abasto de agua potable.

3.- Que los lineamientos o reglas de operación de este programa extraordinario se simplifiquen de tal manera que la operación puede iniciarse desde el mes de enero de 2006 y no se condicione la liberación de los recursos a la aportación local.

4.- Que en un esfuerzo nacional se genere la colaboración del Ejecutivo Federal con las entidades para que se utilicen los recursos humanos disponibles para atender una empresa de estas dimensiones.

Por su atención, muchas gracias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2005.

Diputados: Fernando Ulises Adame de León, Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbricas).
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A DESTINAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 MAYORES RECURSOS FINANCIEROS A PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MUJERES RURALES, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA SARA ROCHA MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El papel de la mujer en el siglo XX evolucionó para abarcar otros ámbitos como los de representación social, política y de inserción en el mercado laboral. En el siglo XXI las mujeres en México enfrentan el reto de mantener el equilibrio entre su vida personal, familiar, económica y laboral.

Las familias campesinas reúnen sus ingresos trabajando en diversas actividades: los hombres como trabajadores agrícolas, en agricultura de temporal, recolección de plantas, la ganadería y la ayuda monetaria de algunos de sus hijos que laboran. En consecuencia, la fuerza de trabajo de las mujeres dedicadas a las labores del hogar aparece como otro recurso disponible para elaborar productos generadores de ingresos económicos complementarios.

Con base en el reconocimiento de sus derechos, las mujeres han ampliado su participación en la vida económica y social de los ejidos y comunidades.

La integración de las mujeres a grupos productivos solo es posible mediante el aporte de sus capitales sociales y humanos, los apoyos económicos de los programas de gobierno y la asesoría adecuada.

Invertir en las mujeres rurales es garantía para mejorar las condiciones de vida de la población. Existe mayor potencial en las mujeres para generar desarrollo rural porque la mujer es madre, es esposa, es trabajadora y es educadora.

En los últimos años distintos organismos promovieron la asociación de mujeres en proyectos productivos para generar ingresos en especie o en dinero, estos proyectos combinan el apoyo económico y la asesoría por parte de diversas dependencias oficiales y organizaciones no gubernamentales.

En el presupuesto del ejercicio 2005, se destinaron $600,000,000.00 (seiscientos millones de pesos) para programas de la Secretaría de Economía y de la Reforma Agraria, sin embargo no fueron suficientes para cubrir la demanda de financiamiento de proyectos productivos de la mujer, por ello hoy, atendiendo la necesidad de impulsar y fortalecer las actividades microempresarias rurales, de los grupos organizados de mujeres, solicitamos se incremente a mil millones de pesos, el presupuesto asignado a los proyectos productivos de la mujer.

En razón de lo anterior y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2006, se destine una partida de mil millones de pesos destinados a proyectos productivos de mujeres rurales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de octubre de 2005

Dip. Ma. Sara Rocha Medina (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS AL DESARROLLO DEL PROYECTO CARRETERO OCOTOXCO-CALPULALPAN Y LIBRAMIENTO APIZACO, EL CRUCERO SAN MATÍAS-CARRETERA APIZACO Y EL CRUCERO TLAXCALA-SANTA ANA, ASÍ COMO AL PROYECTO CARRETERO XOXTLA-TLAXCALA Y LIBRAMIENTO PONIENTE DE TLAXCALA, A CARGO DEL DIPUTADO FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDÓÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2006 se consideren recursos suficientes para la realización de seis obras carreteras importantes que se circunscriben en el Proyecto Regional de Gran Visión del estado de Tlaxcala, con base en los siguientes

Considerandos

El estado de Tlaxcala es actualmente un paso obligado para la transportación de mercancías y personas, por lo que sus vías carreteras se han convertido en estratégicas para el desarrollo económico estatal, regional y nacional.

El ritmo creciente de importaciones y exportaciones que desde y hacia el puerto de Veracruz se da ha saturado la vía principal de paso Texcoco-Apizaco, que además de ser una ruta libre de cuota, cuenta actualmente sólo con dos carriles, propiciando con ello un marcado desequilibrio económico por los retrasos de la transportación.

Por otra parte, los incidentes automovilísticos que se registran derivados de esta problemática en ese tramo carretero lo colocan ya entre los primeros lugares a nivel nacional.

En Tlaxcala consideramos de gran prioridad que se desahogue esa situación, llevando a cabo la culminación de seis importantes obras de infraestructura carretera, por demás estratégicas y que se enmarcan en el Proyecto Regional de Gran Visión para el Estado.

Por una parte, la modernización del proyecto carretero a cuatro carriles, tramo que corre de Ocotoxco a Calpulalpan, abarcando los municipios de Yauhquemecan, Xaltocan, Hueyotlipan, Españita, Sanctorum, Nanacamilpa y Calpulalpan, entre otros.

Este tramo conecta con Texcoco, en el estado de México, y considera por lo menos enlazar con una vía terrestre directa por lo menos 80 poblaciones tlaxcaltecas.

Su longitud es en territorio tlaxcalteca de 64 kilómetros; y sin duda desahogaría en gran medida la problemática planteada en el tramo Texcoco-Apizaco, ya que prácticamente se convertiría en una ruta que reduciría tiempos de transporte de carga, al privado y al público concesionado inclusive.

En este orden, resulta crucialmente necesario ampliar a cuatro carriles el libramiento sur de Apizaco con una longitud de 10 kilómetros.

Al mismo tiempo, como otro elemento que facilitaría la fluidez en las vías circundantes a la capital, la otra gran obra carretera pendiente es el proyecto carretero Xoxtla-Tlaxcala y libramiento poniente de Tlaxcala.

El proyecto Apizaco-Calpulalpan no tendría sentido lógico en aspectos de fluidez y mejora de los tiempos de recorrido sin pensar al mismo tiempo en un cinturón asfáltico que desahogara los más de 15,000 vehículos que diariamente transitan en la capital y su área conurbada, y al mismo tiempo, fortaleciera la actividad comercial y el transporte local.

Al enlazarse con la autopista México-Puebla, con el proyecto carretero Xoxtla-Tlaxcala y libramiento poniente de Tlaxcala con el tramo carretero vía corta Puebla-Santa Ana, se tendrían conexiones directas entre la ciudad capital de Tlaxcala y la ciudad capital de Puebla, y conexiones directas entre los municipios de Zacatelco, Axocomanitla, Nativitas, Tetlatlahuca, Huauctzinco, Tlaxcala, Panotla, Totolac, Antonio Carvajal y Chiautempan.

Independientemente del obvio beneficio que traería el desahogo vehicular de la zona circunvecina y el ahorro que representaría en cuanto a costos de producción y distribución de productos para las grandes empresas de la zona industrial del estado, los 19 kilómetros de la carretera Xoxtla-Tlaxcala y los 11.9 del libramiento poniente de Tlaxcala impulsarían la inversión local en el sector terciario, al incrementar en número y periodicidad el traslado de personas y comercio de mercancías con diversos usos y destinos. Facilitaría aún más esto el desarrollo de dos pequeños proyectos representados por la construcción del crucero Tlaxcala-Santa Ana y el crucero San Matías-Carretera Apizaco.

En los seis casos se refleja una sensata y obvia necesidad de construcción de los tramos carreteros y los dos cruceros. Para ello, las instancias correspondientes cuentan ya con los estudios técnicos y las solicitudes respectivos, que demuestran la viabilidad de esas obras.

Pues bien, tras esta breve exposición pongo a consideración de este honorable Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a las Comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública que al elaborar el dictamen de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006, en el rubro carretero, se asignen recursos suficientes para el desarrollo del proyecto carretero Ocotoxco-Calpulalpan y libramiento Apizaco, el crucero San Matías-Carretera Apizaco y el crucero Tlaxcala-Santa Ana, así como al proyecto carretero Xoxtla-Tlaxcala y libramiento poniente de Tlaxcala, de tal manera que los proyectos se tomen como complemento uno del otro en el afán de beneficiar a la población usuaria, transportista y comerciante de toda la región en el Proyecto Regional de Gran Visión que impulsa el gobierno de Tlaxcala.

Dip. Florentino Domínguez Ordóñez (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA LXII LEGISLATURA DE CHIAPAS A ADECUAR SU CONSTITUCIÓN ESTATAL RESPECTO A LAS REFORMAS DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1999, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO ANTONIO ROJAS TOLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, en mi calidad de diputado federal integrante de la LIX Legislatura del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo para hacer un respetuoso exhorto a la LXII Legislatura del estado de Chiapas para que haga las adecuaciones correspondientes en su Constitución estatal en relación con las reformas del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del año de 1999.

El municipio ha sido a través de nuestra historia una de las instituciones pilares del Estado mexicano, donde conviven la pluralidad y la diversidad de la sociedad, es por ello que la importancia que se le dé en el ámbito constitucional, representa un factor de modernización del México contemporáneo.

Cuando en 1999 el artículo 115 Constitucional sufrió su última modificación, significó un parteaguas muy importante en la historia de nuestro país, pues esta reforma vino a dar fortaleza a la gestión municipal, reconociendo a los municipios en nuestro país como verdaderos órdenes de gobierno y no como simples administradores, como la concepción antigua. Esta modificación es importantísima ya que define constitucionalmente a los tres ámbitos de gobierno; establece un marco competencial exclusivo del municipio; la creación de leyes marco estatales acotadas en materia municipal y el consecuente fortalecimiento de la facultad reglamentaria municipal; la posibilidad de celebrar convenios para asociaciones de derecho público de municipios entre sí o con entidades; el derecho de iniciativa en materia fiscal; el ejercicio libre y directo de la Hacienda Municipal por parte del ayuntamiento; el pago de predial por el sector paraestatal y la devolución el mando de la policía preventiva municipal a los presidentes municipales de todo el país; estas como otras aportaciones se dio al margen de la reforma aprobada en el Congreso de la Unión.

La Constitución, en tanto que norma fundamental y fundacional, establece los principios de todo un marco normativo que inicia y da lógica al resto del orden jurídico, se distingue por estipular principios generales y garantías especificas que en uno y otro caso deberán tener recepción y desarrollo en los ordenamientos jurídicos secundarios positivos, de otra forma no estaríamos hablando de un orden y un sistema jurídico mexicano.

Es por ello, que hoy vengo a exhortar al Congreso del estado de Chiapas para que incorpore a su Constitución local las modificaciones que sufrió el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1999 y que han fuera de ella.

Fundo mi petición amparado por el artículo 120 de la Constitución Federal, que cito: Los Gobernadores de los Estados están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales.

Para que a la brevedad posible se realicen las adecuaciones.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a esta H. asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Que ésta H. Cámara de Diputados hace un atento y respetuoso exhorto a la LXII Legislatura del estado Chiapas, para que haga las adecuaciones correspondientes en su Constitución estatal en relación con las reformas del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del año de 1999

Segundo. Que derivado de lo anterior, se informe oportunamente a esta honorable soberanía, sobre los resultados del mismo y se mantenga un canal de comunicación constante para conocer el desarrollo de esta petición.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días de octubre del año dos mil cinco.

Dip. Francisco Antonio Rojas Toledo (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO QUE APLIQUE LA TARIFA 1-F PARA EL SUMINISTRO Y LA VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, A CARGO DEL DIPUTADO ISIDRO CAMARILLO ZAVALA

El suscrito, diputado federal Isidro Camarillo Zavala, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en articulo 58 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que aplique la tarifa 1F, para el suministro y venta de energía eléctrica en todos los municipios del Estado de Baja California Sur, tomando en cuenta no tan solo el criterio de temperatura media, sino los índices determinados por la bioclimatología de calor y humedad, bajo las siguientes

Consideraciones

La normatividad vigente en materia de cobro de tarifas de energía eléctrica en la República Mexicana, de conformidad con los artículos primero al cuarto, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de febrero de 2002, mantiene el cobro de tarifas diferenciales en los servicios de uso doméstico, aplicables en las diversas regiones y localidades del País, en las diferentes zonas se otorgan diferentes subsidios tomando en consideración el criterio de verano cálido, característica que está definida con un inadecuado criterio de temperatura media mensual, registrada en los seis meses más cálidos del año.

La clasificación la realiza la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien clasifica la región, considerando el registro de temperatura media mensual y que ésta sea al menos en dos meses consecutivos, superior a los 25° C, bajo este criterio se han fijado 6 tarifas de verano, de la 1A a la 1F y los limites inferiores para su aplicación, son de 25, 28, 30, 31, 32 y 33 grados, respectivamente.

De lo anterior, es fácil comprender que el único factor que toma en cuenta la Semarnat y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para establecer las tarifas eléctricas, es la medición de las temperaturas ambientales, lo que a la luz de las recientes investigaciones científicas en la Bioclimatología, resulta no sólo insuficiente, sino riesgoso e inadecuado, cuando de lo que se trata al establecer estos subsidios es de eliminar riesgos a la salud de los habitantes, especialmente de los niños, adultos mayores y grupos mas desprotegidos económicamente.

Frente a la pobreza tecnocientífica que representa la sola determinación de una media aritmética en la medición de la temperatura ambiente, ha surgido en el mundo entero, la ciencia de la bioclimatología humana, que estudia el impacto de la variabilidad climática sobre la salud y el bienestar humanos. disciplina que en la última década, ha tenido un gran auge en el mundo entero, sobre todo en el área y trabajos enfocados a la determinación de los índices que midan la incomodidad humana ante los efectos del clima y los impactos nocivos que producen al organismo los efectos de la combinación de la alta temperatura y la humedad, índices a los que se les ha denominado de "temperatura aparente" o "temperatura-humedad", o como se les conoce por el nombre de uno de los investigadores en esta rama de la climatología, índices de Steadman.

Cabe señalar que los anteriores índices son ampliamente conocidos por las autoridades de las secretarías antes señaladas, así como por la Secretaría de Salud, quienes no tan sólo han desdeñado los avances científicos internacionales, sino que han postergado sus responsabilidades para con los grupos etarios más susceptibles; y por supuesto, tampoco han aportado ningún conocimiento que les permita disculpar sus omisiones, a pesar de las amplias zonas y estados con zonas húmedas y calientes durante largos periodos anuales.

La humedad relativa que es la medición que debe complementar la medición de la temperatura ambiental, es la determinación de la cantidad de vapor de agua en el aire, que provoca las sensaciones de incomodidad y riesgos a la salud. La respuesta fisiológica del organismo, frente a la exposición de alta temperatura y humedad, provoca que a mayor humedad en el ambiente, menor será el gradiente de presión del vapor y por ende, menor el agua que se evapora del cuerpo a través de la piel, lo cual hace que la persona experimente un mayor grado de incomodidad, de lo cual puede entenderse que sea precisamente en los estados costeros y en las selvas tropicales donde se experimente este problema con mayor importancia.

En prácticamente todos los países desarrollados del orbe, se utilizan los índices desarrollados por Steadman, para prevenir el impacto nocivo sobre el confort, la salud y la actividad humana y que tienen como objetivo, al igual que la presente propuesta, el de encontrar soluciones prácticas a los problemas ambientales, de salud y sociales que impactan al ser humano como resultado de las fluctuaciones climáticas.

El índice de calor humedad, desarrollado en la Bioclimatología, es en principio la medida de la incomodidad que experimenta la persona debido a la combinación de ambas variables y que se convierte en realidad en una temperatura ambiental corregida, que refleja la verdadera percepción de la temperatura por el organismo. Así por ejemplo, a una temperatura de 30° C y una humedad relativa de 90 %, la tensión e incomodidad que percibe la persona corresponde en realidad a una temperatura de 40° C, situación que nuestras olvidadizas autoridades, nunca han tomado en cuenta a la hora de fijar las tarifas en estados con litorales, como el caso de Baja California Sur; y tampoco al momento de definir las temperaturas medias mínimas de verano para la aplicación de las tarifas eléctricas.

En el caso de niños y adultos mayores, se ha observado que los efectos físicos de las altas temperaturas y humedad, van desde la fatiga, agotamiento y contracciones musculares, hasta la hipertermia e insolación. En otro sentido, la gente se torna más irritable y disminuye la capacidad para realizar eficientemente las actividades tanto físicas como mentales.

Los habitantes de las zonas costeras en nuestro país y muchos de sus representantes populares, tenemos años solicitando sean escuchados nuestros legítimos y bien fundados reclamos, ante autoridades que oyen pero no escuchan, que reconocen el problema, paro no quieren resolverlo; y que niegan la evidencia científica que se les ofrece y que ha provocado que en todos los países del orbe, a excepción de México, se contemplen los índices de calor-humedad, en la determinación de tarifas preferenciales para el pago de energía eléctrica.

Vale la pena mencionar que nuestra petición, ha sido apoyada por científicos mexicanos, ya que en varias universidades del País, desde el año de 1995, han corroborado los estudios extranjeros sobre los impactos negativos del clima en la salud, el confort y la economía de los habitantes de las zonas con altos índices de calor y humedad, estudios que también han sido demostrados por nuestras autoridades, quienes basan las tarifas en un solo parámetro, que a toda luz es insuficiente.

Compañeros diputados, no olvidemos además que los efectos adversos sobre la salud, que hoy podemos evitar con gran efectividad, han atacado donde hace centurias a los habitantes de muchos estados de la república ancestralmente pobres, comunidades indígenas y campesinas marginadas del desarrollo y olvidadas por los gobernantes, quienes en este sexenio, han sido golpeadas como la mayoría de los mexicanos por el incremento en las tarifas de energía.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, y en ejercicio de las facultades constitucionales, el suscrito diputado federal de la LIX legislatura de H. Cámara de Diputados, someto ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Solicito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se aplique la tarifa 1F, para el suministro y venta de energía eléctrica, en todos los municipios de Baja California Sur, donde se cuenta con temperaturas de verano calido mayores de 32° C y en 94% del territorio condiciones de humedad superiores a 40%, tomando en cuenta como ha sido señalado, los índices determinados por la bioclimatología.

Segundo. A todas las áreas del país con índices de calor y humedad que se encuentren en el mismo rango se asignará la tarifa 1F.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de octubre de 2005.

Dip. Isidro Camarillo Zavala
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 SE IDENTIFIQUE EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE LAS DEPENDENCIAS Y LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DESTINARÁN AL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, A CARGO DEL DIPUTADO MARCELO TECOLAPA TIXTECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado Marcelo Tecolapa Tixteco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006 se identifique con precisión el monto de los recursos que las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal destinarán al desarrollo de los pueblos indígenas.

Exposición de Motivos

El artículo 2o. constitucional obliga a los gobiernos Federal, estatales y municipales a establecer programas y presupuestos para impulsar políticas públicas que contribuyan a superar las desventajas y exclusión social y política de los pueblos indígenas.

En los años recientes en el proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación, que presenta el Ejecutivo a esta soberanía y en el correspondiente decreto que autoriza su ejercicio, de manera enunciativa se han identificado a través de un anexo, las erogaciones destinas a la atención de los pueblos indígenas. Sin embargo, al analizar los desgloses de los diferentes ramos no es posible identificar con certeza los programas y montos que habrán de aplicarse para ese fin.

Particularmente, en la exposición de motivos del proyecto de decreto de Presupuesto de 2006 se señala que el gobierno federal destinará 27 mil 188 millones de pesos al Programa Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y lo desglosa en cuatro grandes componentes. Ese mismo monto, sin desglose se expresa como mandato en el artículo cuarto del proyecto de decreto correspondiente y en el anexo 2 en un solo renglón.

Sin embargo, al consultar el Análisis Funcional Programático Económico sólo es posible identificar 5 mil 544 millones 187 mil, 962 pesos, agrupados en cuatro ramos y catorce programas, la mayoría de ellos ejecutados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Es decir, no se identifica en que se gastarán 21 mil 643.8 millones de pesos.

En esas condiciones, ni el legislador ni el ciudadano tienen la certeza de que la totalidad de las erogaciones que dice el Ejecutivo serán destinados a la atención de los pueblos indígenas, se ejerzan. Esta situación se presta a demagogia, a la discrecionalidad de la autoridad en destino de los recursos y dificulta a esta soberanía cumplir sus facultades de verificación del ejercicio presupuestal.

Ejemplo de lo anterior es el apartado del V Informe de Gobierno que el Ejecutivo presentó, el pasado 1 de septiembre, al Congreso de la Unión donde se dice que el presupuesto autorizado para los pueblos indígenas fue de 21,447.6 millones de pesos y que al mes de julio se erogaron 12,332.5 millones de pesos. Sin embargo, el documento sólo identifica como ejercidos 1,481.9 millones de pesos, 6.91% del total programado.

Entonces, ¿dónde aparecen y se aplican esos recursos?

Las explicaciones que dan los funcionarios públicos, pero que no aparecen en los documentos, es que las diferencias se incluyen en otros programas, sobre todo del Ramo Desarrollo Social y el Programa Oportunidades que por sus características atienden a población o regiones en general y no específicamente indígena.

La importancia de identificar fielmente el monto de los recursos que se destinan a los pueblos indígenas radica en establecer una plataforma real que permita la superación de los rezagos y el acceso a las oportunidades que genera el desarrollo nacional.

Identificar un presupuesto para los pueblos indígenas representa plasmar el compromiso que el Estado, en su conjunto, tiene con las causas de esos pueblos y su desarrollo.

En aras de la transparencia, como antecedente de una eficaz rendición de cuentas, es necesario precisar el presupuesto destinado a los pueblos indígenas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Cámara la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Integrar en el anexo 2 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, denominado Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, los montos, desglosados por ramo, dependencia, programa y subprograma, que las dependencias y las entidades de la administración pública destinarán al cumplimiento de los mandatos del artículo 2o. constitucional, así como las transferencias a las entidades y municipios con el mismo fin. Este anexo también deberá contener la información sobre la estimación de los montos y proporciones del gasto de los programas que, orientados a la población en general, atiendan a la indígena.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2005.

Dip. Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SAGARPA A ADICIONAR A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA PRODUCTIVIDAD GANADERA UN TEXTO DE APOYO DE LOS CRIADORES PARTICULARES DE GANADO BOVINO, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSA HILDA VALENZUELA RODELO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La suscrita, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a esta Soberanía, una Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Gracias a la aplicación de modernas tecnologías, la industria ganadera de México esta llamada a convertirse en una actividad fundamental y por necesidad, motor del desarrollo agropecuario del país.

Se trata de una actividad sustantiva para el anhelado crecimiento de las comunidades rurales de México, las cuales siguen acusando enormes rezagos en materia de desarrollo económico.

Por eso, la actividad ganadera que esencialmente esta diseminada en todas y cada una de las regiones rurales de nuestro país, gracias a condiciones climatológicas favorables, es un renglón que bien merece ser atendido por las autoridades de gobierno, para satisfacer no sólo viejos y justos reclamos de los productores del campo, sino también la demanda creciente de alimentos.

Las potencialidades del sector pecuario de México son enormes. Hoy día se cuenta con más de un millón de unidades de producción y ranchos ganaderos que utilizan cerca del 53.7 por ciento de las 200 millones de hectáreas que conforman la geografía nacional. Se trata de una actividad que contribuye con aproximadamente 40 por ciento del Producto Interno Bruto del sector rural.

Ahora bien, dentro de la actividad pecuaria, la ganadería bovina cobra mayor importancia comercial, su practica se ha extendió por igual al centro y norte del país, como a las llanuras tropicales del sur. El sacrificio de ganado bovino, para satisfacer demandas de exportación y de mercado interno ha ido en ascenso.

A partir de esta realidad, por mandato del Congreso de la Unión se instituyó el Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera, por sus siglas Progan, el cual se ha convertido en un programa clave de apoyo a los productores pecuarios del país, toda vez que en esencia busca incentivar al sector al procurar la modernización y eficiencia productiva.

A partir del decreto que le da vida y sustento, el Progan tiene como objetivos específicos impulsar la mejora en la cobertura vegetal de los terrenos de pastoreo y el incremento de su productividad forrajera, mediante buenas prácticas de manejo y la adopción de tecnologías.

Asimismo, instrumentar y aplicar el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, con objeto de llevar a cabo acciones de registros productivos, sanidad, control de movilización y rastreo para esquemas de inocuidad alimentaría y como apoyo al combate del abigeato.

Así, la aplicación del Progan permite a los productores pecuarios ejecutar obras y tecnologías que generarán un mejor uso de los recursos, gracias a la instrumentación de sistemas de distribución de agua en los hatos, desde la captación y almacenamiento del recurso hídrico, además de que les permite una mejor distribución del pastoreo al resto de los terrenos y a las zonas castigadas por el estiaje.

Para la aplicación y operación del Progan, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, público el 17 de junio de 2003 las reglas correspondientes.

A saber, estas reglas, al pie de la letra del capitulo III, artículo quinto, establecen que el Progan tiene como población objetivo a ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios y sociedades civiles o mercantiles establecidas conforme a la legislación mexicana, propietarios o con derecho de uso de tierras de pastoreo dedicadas a la cría de ganado bovino en forma extensiva, mediante el uso de su vegetación, sea ésta nativa o de praderas, que se inscriban en el Padrón Ganadero Nacional.

Asimismo, en su capítulo IV, artículo séptimo, establecen entre otras cosas que los beneficiarios serán elegibles para acceder a los apoyos del Progan, sin distinción de género, raza, credo religioso, ni condición socioeconómica o cualquier causa que implique discriminación, que cumplan con las características establecidas en el propio articulado.

Apoyados en el derecho a un trabajo digno y a pesar de las especificaciones de los artículos en comento, gran número de ciudadanos que han adquirido terrenos en calidad de renta y/o préstamo, han realizado gestiones que les permita verse beneficiados con los apoyos que establece el Progan. Sin embargo, la inscripción de los mismos al padrón correspondiente no ha sido autorizada.

De esta manera, se concluye que el hecho precisado constituye un acto de discriminación, contrario al espíritu de la reglamentación en comento, toda vez que atenta contra el derecho legítimo al trabajo que esgrimen los ciudadanos interesados en dedicarse a la actividad ganadera, colocándolos en desventaja frente a quienes ya gozan de los beneficios del programa, lo cual significa una desmotivación para interesados actuales y futuros en fortalecer el sector pecuario.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Exhortar al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en el marco de sus atribuciones y tomando en cuenta la inquietud legítima de los ciudadanos interesados en integrarse al Padrón Ganadero Nacional, adicione a las Reglas de Operación del Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera, un texto en el que se precise que los beneficiarios de los apoyos de este programa serán también aquellos particulares que no teniendo tierra en propiedad, comprueben al menos que las han adquirido en calidad de renta y/o préstamo para la crianza de ganado bovino.

México, DF, a 11 de octubre de 2005.

Dip. Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN A SUSPENDER EL OTORGAMIENTO DE TODA AUTORIZACIÓN DE INICIO DE OPERACIONES DE LOS PERMISOS OTORGADOS PARA CENTROS DE APUESTAS REMOTAS Y SALAS DE SORTEOS DE NÚMEROS HASTA EN TANTO NO SE RESUELVA LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NÚMERO 97/2004, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los suscritos diputados federales Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Sergio Penagos García, Nancy Cárdenas Sánchez, Maximino Fernández Ávila, Oscar González Yánez y Luis Maldonado Venegas, integrantes de la Comisión Especial Encargada de Revisar el Cumplimiento de la Normatividad en los Permisos Otorgados en la Secretaría de Gobernación en materia de Juegos y Sorteos, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 22 de junio del 2005 el Peno de la Cámara de Diputados aprobó un Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se crea la Comisión Especial Encargada de Revisar el Cumplimiento de la Normatividad en los Permisos Otorgados en la Secretaría de Gobernación en materia de Juegos y Sorteos y en particular, los relativos a Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos de Números.

2. Con fecha 28 de junio del mismo año, la Comisión Especial celebró su sesión de instalación, en la cual se puntualizó que su objetivo sería vigilar el cumplimiento de la normatividad en los permisos otorgados por la Secretaría de Gobernación en materia de juegos y sorteos.

3. A partir de la fecha antes mencionada, la Comisión Especial se avocó a la tarea de cumplir cabalmente con su objetivo, y mediante oficio de fecha 28 de junio del 2005, así como mediante Proposición con Punto de Acuerdo presentada en sesión de la Comisión Permanente celebrada el 06 de julio de 2005, solicitó la Secretaría de Gobernación la información relativa.

4. En cumplimiento a lo anterior, la Secretaría de Gobernación envió información al Sen. Diego Fernández de Cevallos en su calidad de Presidente de la Comisión Permanente de H. Congreso de la Unión, con la salvedad de que parte de la información estaba clasificada como reservada y confidencial. Por lo que esta Comisión en su afán de no incurrir en responsabilidad administrativa alguna, acordó solicitar la intervención del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, para su debida clasificación y posterior acceso.

5. En consecuencia, el Pleno de este Instituto emitió acuerdo de fecha 03 de agosto de 2005, mediante el cual se establecen los lineamientos para la clasificación y desclasificación de la información enviada por la Secretaría de Gobernación en materia de juegos y sorteos; a lo que la Segob solicitó una aclaración de dicho acuerdo, por lo que el Pleno del Instituto antes referido, emitió el 28 de agosto del año en curso, el Acuerdo mediante el cual se explican los alcances del acuerdo del 3 de agosto de 2005.

6. En cumplimiento a dichos acuerdos, y mediante oficio del 06 de septiembre de 2005, esta Comisión recibió de la Secretaría de Gobernación 4 cajas que contienen diversa información relativa a la expedición de permisos en materia de juegos y sorteos, por lo que se dio a la tarea de iniciar la revisión y análisis de la documentación remitida.

Consideraciones

I. Derivado del análisis y estudio preliminar, se observa que desde 1973 a 2000, se otorgaron diversos permisos para instalar y operar establecimientos relacionados con centros de apuestas remotas (books) y salas de sorteos de números (bingos), sumando un total de 16 permisos, de los cuales se desprende la operación hasta esa fecha de 122 centros de apuestas de esa naturaleza en el país.

II. Que fue hasta mayo de 2005, que la Secretaría de Gobernación reanudó el otorgamiento de permisos de esa naturaleza, expidiendo a 7 sociedades mercantiles un permiso a cada una y que constituyen la aprobación de 198 nuevos centros de apuestas para books y bingos, de los cuales sólo uno, el otorgado a "Mio Games, SA de CV", con domicilio marcado en el número 116 de la Calle de Dr Navarro 218 esquina Dr Carmona y Valle, Colonia Doctores, CP 06720, en esta ciudad, ya está en funcionamiento; es decir, existen 197 centros de apuestas que están en espera de autorización por parte de la Secretaría de Gobernación para iniciar su funcionamiento.

III. Que es indispensable subrayar que para la instalación y operación de los restantes 197 establecimientos autorizados a las 7 permisionarias, se estableció la condición de exhibir por parte del permisionario ante la Secretaria de Gobernación con 15 días hábiles de anticipación a su apertura, la información y documentación siguiente:

V. Por otra parte, existe la presunción de que Centros de Apuestas Remotas (books), y Salas de Sorteos de Números (bingos) no autorizados están en funcionamiento, así como que establecimientos absolutamente ilegales con máquinas tragamonedas de azar, disfrazadas de habilidad o destreza están funcionando clandestinamente en distintos puntos de la Republica, violentando flagrantemente la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Por lo anteriormente expuesto, considerando la importancia material, jurídica y legislativa del tema, nos permitimos presentar ante esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta al Secretario de Gobernación, Carlos M. Abascal Carranza, a suspender el otorgamiento de toda autorización que permita el inicio de operaciones de los permisos ya otorgados para Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos de Números, hasta en tanto no se resuelva la Controversia Constitucional 97/2004.

Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a que realice una minuciosa investigación respecto de los establecimientos en el territorio nacional, donde se lleven a cabo cruce de apuestas en Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos de Números que no cuentan con el permiso y la autorización correspondiente, así como aquellos establecimientos que operan máquinas tragamonedas de azar, disfrazadas de habilidad o destreza en violación flagrante a la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, a fin de que se proceda a su clausura, haciendo la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República, para que consigne a los que, en su caso, resulten responsables.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2005.

Diputados: Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Sergio Penagos García (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez, Maximino Fernández Ávila (rúbrica), Óscar González Yáñez, Luis Maldonado Venegas.
 
 

El suscrito, René Meza Cabrera, diputado federal en ejercicio, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, propone a esta Presidencia, formule excitativa a la Comisión de Reglamentos y Practicas Parlamentarias, para que de conformidad con el artículo 45, apartado 6, inciso f ) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dictamine acerca del proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el recinto de la Cámara de Diputados el nombre de Luis Cabrera Lobato, en razón de los siguientes

Antecedentes

1. En fecha 15 de marzo del presente año, presenté ante esta Soberanía, proyecto de decreto, para inscribir con letras de oro, el nombre de Luis Cabrera Lobato, en los muros del recinto de la Cámara de Diputados.

2. El proyecto fue turnado a la Comisión de Reglamentos y Practicas Parlamentarias en fecha 15 de marzo de 2005.

Consideraciones

El proyecto de decreto, destaca la figura de maestro, poeta, escritor, abogado, sociólogo, políglota, político, hacendista, tribuno, legislador y periodista que fue Luis Cabrera Lobato, famoso con su seudónimo de "Licenciado Blas Urrea" -acrónimo de su nombre- con el cual zahería a funcionarios y políticos de su época, haciéndolos blanco de su mordaz crítica periodística.

"Ideólogo de la Revolución" porque sus ideales permearon el pensamiento del periodo revolucionario y fue cercano consejero de don Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista y aunque no fue diputado constituyente, sí participó destacadamente en la redacción de nuestra Carta Magna de 1917.

Diputado federal en las XXVI y XXVII Legislaturas, sobresalió en la primera como digno adversario de los diputados reaccionarios componentes del cuadrilátero.

La nómina de los héroes de la revolución de 1910, no estará completa, hasta que figure en los Muros de Honor de este recinto parlamentario, el nombre de Luis Cabrera Lobato.

Por lo expuesto y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a usted C. Presidente de la Mesa Directiva, atentamente solicito:

Único. En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que formule el dictamen correspondiente al proyecto mencionado.

Sala de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2005.

Dip. René Meza Cabrera (rúbrica)
 
 
 
A LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, A SOLICITUD DEL DIPUTADO RENÉ MEZA CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, René Meza Cabrera, diputado federal en ejercicio, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, propone a esta Presidencia, formule excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que, de conformidad con el artículo 45, apartado 6, inciso f ), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dictamine acerca del proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el recinto de la Cámara de Diputados, el nombre de Pastor Rouaix, en razón de los siguientes

Antecedentes

1. En fecha 21 de octubre de 2004 presenté ante esta soberanía, proyecto de decreto, para inscribir con letras de oro el nombre de Pastor Rouaix, en los muros del recinto de la Cámara de Diputados.

2. El proyecto fue turnado a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en misma fecha.

Consideraciones

El poblano Pastor Rouaix Méndez, diputado constituyente por su natal Tehuacán de las Granadas, al que correspondía el X distrito electoral de Puebla, fue un mexicano excepcional.

De origen modesto, desde temprana edad se dedicó al estudio y se graduó en la especialidad de Topografía en la Escuela Nacional de Ingenieros.

El ingeniero Rouaix en unión de su colega Carlos Pantoni, levantaron una Carta Geográfica del estado de Durango, que aún es consultada, por la perfección y exactitud de sus medidas y detalles topográficos.

Rouaix escaló desde el inicio el escalafón en el servicio público y llegó a gobernador provisional del estado de Durango por su tenacidad, y realizó obras de gran importancia.

Ya en la revolución, fue destacado y cercano colaborador de don Venustiano Carranza y siendo de filiación agrarista, participó en la creación de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, pues tenía la experiencia adquirida cuando el 3 de octubre de 1913, promulgó la primera ley agraria del país.

Descollante fue la actuación del ingeniero Rouaix durante el Congreso Constituyente de Querétaro, en donde intervino en la formación de los artículos 3°, 27 y 123, pilares de nuestra legislación constitucional.

Fundó el Museo de Historia Natural de Chopo (ahora extinto) y como especialista en asuntos agrarios y laborales, en 1923 publicó su obra más conocida titulada Génesis de los Artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917, cuya segunda edición data de 1959.

Como todo verdadero revolucionario, murió pobre porque fue un honrado servidor público.

Será un acto de elemental justicia, patriótica y revolucionaria, que el nombre de Pastor Rouaix figure al lado de los insignes mexicanos que ya están inmortalizados en los muros de honor de la honorable Cámara de Diputados.

Por lo expuesto y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a usted C. Presidente de la Mesa Directiva, atentamente solicito:

Único. En los términos del artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Reglamentos y Practicas Parlamentarias, para que formule el dictamen correspondiente al proyecto mencionado.

Sala de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días de octubre de 2005.

Dip. René Meza Cabrera (rúbrica)