El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes:
Consideraciones
El pasado 26 de agosto del presente año, la Secretaría de Gobernación emitió el Boletín de Prensa número 190/05, con motivo de la presencia de lluvias intensas y su inminente afectación a 43 municipios ubicados en las Sierra Norte y Nororiental como en la región de Tehuacan del estado de Puebla.
Con motivo de éste evento, fueron activados los recursos del Fondo Revolvente para responder de forma inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población afectada ubicado en los municipios de Ahuacatlán, Amixtlán, Ayotoxco de Guerrero, Cuautempan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Francisco Z. Mena, Huauchinango, Hueytamalco, Hueytlalpan, Juan Galindo, Jonotla, Pahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Tetela de Ocampo, Teziutlán, Zapotitlán de Méndez, Zacapoaxtla y Zongozotla, del estado de Puebla.
Las lluvias dejaron un saldo de una persona muerta, 19 municipios y 142 comunidades incomunicadas y siete derrumbes carreteros, resultando afectadas 14 mil 500 personas y por lo menos 3 mil 500 viviendas con algún tipo de daño.
En consecuencia, la Secretaría de Gobernación, a través de su Coordinación General de Protección Civil decidió destinar recursos del Fondo Nacional de Desastres para los municipios afectados. Se autorizaron los insumos que a continuación se mencionan:
Algunos Presidentes municipales y pobladores de las comunidades afectadas manifestaron que los insumos del Fonden fueron distribuidos con criterios partidistas: los municipios beneficiados por dichos insumos fueron los que se encuentran gobernados por el PRI, mientras que en los municipios con presidencias del PAN y de otros partidos, los recursos no se dieron o fueron escasos.
En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Que la Cámara de Diputados solicite al Gobierno del estado de Puebla un informe sobre el destino final de los recursos e insumos recibidos del Fondo Nacional de Desastres para ayudar a las comunidades afectadas por las lluvias de pasado 30 de agosto en las Sierras Norte, Nororiental y la Sierra Negra del Estado de Puebla.
¡Es Cuanto!
Dado el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2005.
Dip. Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE INCLUIR
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO
FISCAL DE 2006 RECURSOS DESTINADOS AL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ
EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS, A
CARGO DEL DIPUTADO ABDALLÁN GUZMÁN CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El que suscribe, diputado federal Abdallán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:
Consideraciones
Es conocida por todos nosotros, legisladores de todas las fracciones parlamentarias, la larga lucha llevada a cabo por ex trabajadores migrantes en demanda de que el gobierno mexicano reconociera el adeudo que con ellos mantenía y mantiene al no reintegrarles el fondo de ahorro que con tanto esfuerzo generaron al trabajar legalmente en los Estados Unidos de América durante el periodo 1942 a 1964. Para el pueblo mexicano representa un ejemplo la incansable movilización de estos compatriotas, que a pesar de su avanzada edad no cejan en su empeño de demandar solución a su justo reclamo.
El decreto de Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, fue finalmente aprobado por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el jueves 28 de abril de 2005 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo del año en curso.
México tiene una deuda histórica y social con los trabajadores braceros. Hay que reivindicar el esfuerzo realizado por ellos devolviendo a los sobrevivientes o a las viudas e hijos parte de lo que les corresponde por derecho y por justicia, velando por la protección y la seguridad de quienes tanto contribuyeron a la estabilidad del país.
Cabe señalar que la situación de aquellos trabajadores migrantes, que dieron los mejores años de su vida con su trabajo a la Unión Americana y que fueron generadores de divisas aportando en forma sensible al fortalecimiento de la economía del país, es sumamente precaria tanto en lo que se refiere a su salud como a sus circunstancias económicas. Estimamos que la figura del fideicomiso, aprobada por el Congreso de la Unión, es un acto de elemental justicia que debe ser instrumentado ya en beneficio de quienes por su edad y condición económica lo requieren.
En el artículo 4º. de Ley se señala que "El Fondo de Apoyo para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, que será el patrimonio administrado por el Fideicomiso, se constituirá por": I. Los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quinto transitorio de la presente Ley; que a su vez asienta: "Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por la presente Ley, los recursos aprobados en el Anexo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, para el "Fondo para Pago de Adeudos a Braceros Migratorios del 42 al 64", se transferirán al patrimonio del fideicomiso".
Por cierto los recursos mencionados, que ascienden a 298.5 millones de pesos, se encuentran involucrados en la controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo federal en contra de esta Cámara de Diputados. Ante esto cabría esperar que el presidente Vicente Fox aclare la situación de este dinero que debería ser transferido ya al fideicomiso.
En el artículo 2º. transitorio se anota que "El periodo durante el cual operara el Fideicomiso?.será de cinco años o menos contados a partir del inicio de sus actividades, o hasta el momento en que se extinga su patrimonio, o se dé cumplimiento al fin objeto de su creación".
Si bien al patrimonio del fideicomiso se integrarán "las aportaciones que a título gratuito, realicen los Estados y el Gobierno del Distrito Federal, en términos de los convenios de colaboración que éstos suscriban con la Fiduciaria de conformidad con lo previsto en la presente ley", la parte sustancial de recursos es la aportada por el gobierno federal.
En el mismo artículo 4 del decreto se anota que "el patrimonio del Fideicomiso podrá incrementarse con aportaciones provenientes de las partidas presupuestales de ejercicios subsecuentes, así como con las aportaciones que realicen los gobiernos de los Estados y el Gobierno del Distrito Federal".
Dado que el padrón de beneficiarios alcanza un número cuantioso, que probablemente rebasará las cien mil personas, la mayor parte conformada por personas de avanzada edad y en precaria situación económica, y que el plazo para cumplir con el objetivo planteado es de un máximo de cinco años, se requiere que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año se incluya una partida sustancial que posibilite avanzar en el cumplimiento asumido por el Congreso de la Unión y el mismo gobierno federal, por lo que proponemos el siguiente:
Punto de Acuerdo
Uno. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al pleno de esta Cámara a considerar y aprobar en el decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006 una asignación específica de al menos mil millones de pesos, destinados al Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
Dos. Con pleno respeto a la autonomía de poderes se exhorta a los gobiernos de los estados y al gobierno del Distrito Federal a que aporten, en la medida de sus posibilidades y con sensibilidad social, al patrimonio del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
Palacio Legislativo, 28 de septiembre de 2006.
Dip. Abdallán Guzmán Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SCT QUE CANCELE LA CONCESIÓN OTORGADA A LA EMPRESA
GENESSE & WYOMING PARA OPERAR EL TREN CHIAPAS-MAYAB, EN CHIAPAS, A
CARGO DEL DIPUTADO CARLOS OSVALDO PANO BECERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito diputado federal, Carlos Osvaldo Pano Becerra, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El ferrocarril Chiapas-Mayab es una de las tres empresas que actualmente manejan toda la red ferroviaria mexicana, a través de la cual, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se mueve el 15% de la carga nacional. Es la única ferroviaria que opera en México beneficiada con préstamos del Banco Mundial y entre sus principales clientes se encuentran Petróleos Mexicanos y Cemex. Aunque no cumple con los requisitos de seguridad, tiene permiso para compra, almacenamiento y consumo de explosivos.
En la entrega de la concesión esta empresa no solo se comprometió a cumplir con los ordenamientos referente a la seguridad, sino además se comprometió a realizar una serie de inversiones, entre otras el mantenimiento de las vías. Esto no solo no se ha cumplido sino que existe un rechazo por parte de la empresa cuando las autoridades estatales le han solicitado el cumplimiento, por lo que consideran que es motivo suficiente para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cancele la autorización para operar el tren.
Precisamente por incumplir las normas de seguridad estipuladas en la concesión, la compañía Chiapas-Mayab es investigada como promotora, cómplice y encubridora de los múltiples delitos: asaltos, violaciones, homicidios y mutilaciones que ocurren en el interior de los vagones, amparada en la negligencia y omisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en la corrupción de las autoridades de la PGR y trabajadores del Instituto Nacional de Migración.
En la estación ferroviaria del Chiapas-Mayab, en Tapachula, Chiapas; los indocumentados, en su mayoría centroamericanos, abordan el tren pollero procedente de la fronteriza Ciudad Hidalgo, y en donde los maquinistas cobran un pago informal para viajar, según señalan los mismos indocumentados.
Esta parte del país se considera el territorio de la bestia, para algunos de esperanza, para quienes ahí habitamos, del terror. Hay que tener valor para transitar por esta zona, que se ha convertido en la más violenta de este estado fronterizo, tierra de nadie y donde día a día se cometen todo tipo de ilícitos, donde las bandas denominadas Barrio 18 y MS13 -herencia de la Marasalvatrucha en territorio mexicano- se disputan a muerte el control.
El 28 septiembre del año pasado en uno de sus recorridos de Ciudad Hidalgo a Oaxaca se registró en un furgón un enfrentamiento entre jefes de dos pandillas, el líder de una de las bandas fue degollado en el techo del vagón y luego le asestaron dos tiros. Esto fue suficiente para que autoridades estatales aseguraran 22 vagones de la empresa Chiapas-Mayab, integrar la averiguación previa y presionar a la empresa que al parecer no ha cumplido con lo referente a las normas de seguridad.
Algo que las autoridades estatales han comprobado es que en muchas ocasiones estos vagones van vacíos por lo que se ignora cuál es el interés que exista este ferrocarril, si es productivo o no. Asimismo las autoridades no tienen facultades para abrir los vagones por lo que suponen que si trasladan indocumentados, pueden traficar con cualquier cosa, como armas o drogas. Estos ilícitos solamente se llegan a descubrir cuando el tren sufre algún descarrilamiento.
El flujo de indocumentados en esta zona se ha incrementado exponencialmente debido a la ausencia total de vigilancia sobre el tren, lo que motiva a los indocumentados a abordarlo para viajar hacia Estados Unidos, y a los delincuentes a cometer todo tipo de ilícitos.
La política conjunta anti-mara de los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala provocó en México el conflicto que hoy se vive en la Frontera Sur. Las distintas bandas encontraron en el Soconusco el terreno ideal para sus operaciones. No se sabe cuantos centroamericanos pandilleros o indocumentados cruzan a diario la frontera, pero la mayoría no logra salir de Chiapas, zona de deportación del Instituto Nacional de Migración.
Entre asaltos y la intimidación a indocumentados, los pandilleros suben y bajan escaleras del tren, brincan al techo, abren las puertas, cierran furgones sin que nadie les diga algo. Es la pandilla que atraca, que viola, que mata, mientras el tren es conducido por trabajadores a sueldo de la empresa que no hace nada por impedirlo, excepto recibir su propio botín.
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, someto a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente:
Proposición con Punto de Acuerdo
Único: Solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se cancele la concesión otorgada a la empresa Genesse & Wyoming para operar el ferrocarril Chiapas-Mayab, por la violación a los términos y condiciones por los que fue otorgada la misma.
Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de
2005.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SSP A EJERCER LOS RECURSOS DE LA PARTIDA DEL
RAMO 33 APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
DE 2005 PARA HACER EFECTIVO EL SOCORRO DE LEY A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
QUE TENGAN EN SUS CENTROS PENITENCIARIOS INTERNOS DEL FUERO FEDERAL, A
CARGO DEL DIPUTADO SERGIO VÁZQUEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito diputado federal, Sergio Vázquez García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren el artículo 58 del Reglamento para le Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta honorable Asamblea, el presente proyecto de punto de acuerdo para exhortar al Secretario de Seguridad Pública Federal para que ejerza los recursos de la partida del Ramo 33 aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005, a efecto de hacer efectivo el socorro de ley a las entidades federativas que tengan en sus centros penitenciarios internos del fuero federal, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Reiteramos que para Acción Nacional es un régimen federal no solo es función de los Estados mantener un equilibrio de poder e impedir que los mandos federales, centralizando facultades, acaben con la autonomía local. Respetando las Garantías individuales, están obligados a ejercer todas las funciones de Gobierno; esto es, de gestión pública, económica y social para el bien de la comunidad, que no estén conferidas expresamente a la federación.1
En efecto, el federalismo debe ser entendido como la descentralización de funciones y de recursos en el cual concurre el compromiso del gobierno municipal, estatal y federal para gestionar el bien común de la Nación desde cada ámbito de competencia.
Un federalismo responsable implica la transparencia y honestidad en la vida pública. Es deber de las autoridades manejar responsable, transparente y honradamente la hacienda pública. Es deber de los ciudadanos vigilar permanentemente a aplicación de los recursos. Las instituciones municipales, estatales y federales, deben reformarse para asegurar que la gestión pública trascienda sus períodos de elección, con el fin de dar continuidad y certidumbre a las acciones de gobierno y contribuir de manera eficaz al desarrollo armónico y equilibrado de la Nación.2
Con un presupuesto federalista como el que se analizó por ésta soberanía para el año 2005, se asigno una partida de 718 millones de pesos 3 en el Ramo 33 que son aportaciones federales para entidades federativas y municipios en lo que respecta al fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y el Distrito Federal, en el concepto de socorro de ley, adicionales a los 5,170 millones de pesos aprobados para el FASP.
La partida anteriormente mencionada se aprobó para este fin, en virtud de la petición hecha por los Secretarios de Seguridad Pública de los estados a los integrantes de los diferentes grupos parlamentarios que integran la comisión de seguridad pública de la Cámara de Diputados, en razón de la escasez de recursos con que cuentan los mismos para cumplir con esta responsabilidad por lo que el gobierno federal subsidiariamente debería de apoyar de forma proporcional y equitativa para solventar dicha necesidad aliviando de forma significativa las finanzas de las áreas de seguridad pública de los estados para que pudiesen destinar más recursos a otras áreas importantes de la readaptación social.
No obstante lo anterior y la buena voluntad de la Secretaría de Seguridad Pública para cumplir con este fin, se tiene conocimiento por los comentarios que se han hecho en la Conferencia de Procuradores y Secretarios de Seguridad Pública, que los recursos aprobados para este ejercicio fiscal no han sido ejercidos en virtud de que la Secretaría en comento no ha tenido a bien el liberarlos, lo cual ha generado una carga administrativa y presupuestal significativa para las entidades federativas.
Un ejemplo de ello es el estado de Jalisco donde se encuentra dentro de penales a cargo de su gobierno según cifras proporcionadas por la Secretaría de Seguridad Pública 2705 internos por delitos federales por lo que se erogan 145 pesos diarios por reo de los cuales la federación aporta 25 pesos y el estado 120, es decir anualmente se destinan mas de 138 millones de pesos que la Federación debería de cubrirle al Estado de Jalisco sólo por este concepto.4
Hasta el día de hoy se tiene conocimiento por propia voz de algunos Procuradores y Secretarios de Seguridad Pública de los estados que dicho recurso no ha sido ejercido en su totalidad por la Secretaría de Seguridad Pública Federal ya que únicamente han sido liberados 25 de los 40 pesos autorizados por esta soberanía.
Por lo anteriormente expuesto, manifiesto a la Asamblea que una vez aprobado este punto de acuerdo no solo se destinaran más recursos por parte de las entidades federativas para la modernización de los Centros Penitenciarios administrados por los estados, sino además se mejorará la calidad de vida de todos los habitantes de este país.
Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro a 4 de octubre de 2005.
Notas:
1 Christlieb Ibarrola Adolfo, Ideas Fuerza México
1968.
2 Plataforma Política PAN 2002.
3 Esta cantidad resulta de multiplicar el número
de internos consignados por delitos federales por el costo diario de los
mismos que es de 40 pesos multiplicado por 365 días del año.
4 Secretaría de seguridad Pública del estado
de Jalisco.
Dip. Sergio Vázquez García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO DE BACHILLERES A RESOLVER DE INMEDIATO
LAS DEMANDAS DEL SINDICATO DE DICHA INSTITUCIÓN, QUE MANTIENE PARALIZADAS
LAS LABORES POR UN MOVIMIENTO DE HUELGA DESDE HACE VARIAS SEMANAS, A CARGO
DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CARRILLO SOBERÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Con fundamento en los artículos 53, 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta al pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
2.- Que derivado del Decreto de creación las relaciones de trabajo entre el Colegio de Bachilleres y sus trabajadores quedaron reguladas por el Apartado "B" del Artículo 123 de la Constitución federal, situación cuya legalidad desde entonces cuestionaron los trabajadores. Más de 20 años después la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dio la razón, por lo que su Sindicato hizo los trámites necesarios para quedar ubicado dentro del Apartado "A", quedando desde ese momento a salvo sus derechos a la huelga, la celebración de un contrato colectivo y su revisión bilateral.
3.- En noviembre del 2004 los trabajadores de Bachilleres hicieron uso de su derecho constitucional a la huelga con el fin de mejorar su contrato colectivo, aunque no se satisfacieron todas las peticiones de los trabajadores la huelga fue levantada después de 12 días de conflicto, a cambio las autoridades del Colegio de Bachilleres se comprometieron a pagar sobre salario integrado la prima de antigüedad y las liquidaciones por concepto de renuncia, jubilación, pensión y fallecimiento, lo cual se estableció de manera expresa en la Claúsula 68 del Contrato Colectivo vigente.
4.- Que no obstante lo anterior, las autoridades del Colegio de Bachilleres se han negado a efectuar los pagos ya varias veces señalados sobre salario integrado como fue convenido y, en general, estas autoridades han venido violentando diversas Claúsulas del Contrato Colectivo, viviendo esta institución educativa en un ambiente de continua inestabilidad laboral, por lo que el pasado primero de septiembre los trabajadores de esta institución se vieron en la necesidad de estallar nuevamente una huelga, misma que ya lleva treinta y cuatro días, sin que exista sensibilidad y capacidad del Director General del Colegio de Bachilleres Licenciado Jorge González Teyssier para una solución justa y legal de este conflicto laboral.
5.- Asimismo señalamos que el Colegio de Bachilleres ha sido castigado año con año con el otorgamiento de un presupuesto más que insuficiente para su adecuado desempeño académico y el mejoramiento de las condiciones laborales de sus trabajadores.
6.- No obstante todo lo dicho hasta este punto, los trabajadores del Colegio de Bachilleres con altruismo y convicción, se comprometen ante el pueblo de México a seguir desarrollando su tarea educativa no obstante padecer, más que tener, los salarios y condiciones laborales más bajos del sector educativo de nuestro país.
Primero.- Se gire atento exhorto al Secretario del Trabajo y Previsión Social, Ingeniero Francisco Javier Salazar Sainz, asimismo se gire atento exhorto al Secretario de Educación Pública Doctor Reyes Tamez Guerra, pidiendo su inmediata intervención ante el Director General del Colegio de Bachilleres Licenciado Jorge González Teyssier, a efecto de que se dé solución al conflicto de huelga estallada por los trabajadores del Colegio de Bachilleres desde el pasado primero de septiembre de 2005, lo que únicamente se logrará si se respete el derecho de los trabajadores de esta Institución Educativa a recibir sobre salario integrado contractual el pago de la prima de antigüedad y de las liquidaciones por renuncia, jubilación, pensión y fallecimiento y, en general se respete en su totalidad el Contrato Colectivo vigente.
Segundo.- Se solicita a esta H. Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006 y, de los ejercicios subsecuentes, se asigne al Colegio de Bachilleres un presupuesto suficiente para mantener y superar el nivel académico en esta Institución y, mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2005.
Dip. Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
A ASIGNAR EN SU DICTAMEN DE PROYECTO DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, UNA PARTIDA FIJA DESTINADA A CUBRIR LAS
NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA, MATERIALES, SUMINISTROS, SUELDOS Y SERVICIOS
GENERALES DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO", A CARGO DE
LA DIPUTADA MARÍA SARA ROCHA MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRI
Entre las garantías sociales tuteladas en la Constitución, la protección de la salud es una de las más relevantes, cuya finalidad es hacer efectivo el derecho a la prevención, control y tratamiento de enfermedades.
En 1946, se funda el primer Hospital en el estado de San Luis Potosí, el cual a base de esfuerzos, ha logrado no solo mantenerse, si no desarrollarse, hasta colocarse como Hospital de Tercer Nivel único en el estado, con cobertura regional a Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Querétaro, principalmente.
Ha sido certificado y recertificado vigente como Hospital de especialidades, acreditado para la atención del Seguro Popular en general, su cobertura cubre hasta 170,000 atenciones por año.
Cuenta con 57 especialidades y subespecialidades y es además un centro formador de recursos humanos para la salud pues en el, actualmente se obtienen el pregrado campo clínico de 5 carreras universitarias y el postgrado de 13 residencias de especialidades médicas.
Es importante mencionar que el Hospital Central, no ha tenido durante sus años de existencia un presupuesto federal acorde a su función, además el uso intensivo del equipo médico y el constante desarrollo tecnológico del mismo, que rápidamente produce obsolescencia, genera la necesidad de reposición de los mismos, para dar cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas para la atención de la salud, por lo tanto, la función social que debe cumplir la institución, se ve disminuida y esto se refleja en ser el Hospital público que más recauda ingresos por cuotas de recuperación.
El presente año, la institución en mención recibió las siguientes partidas: Presupuesto Federal, $98,995,354.00; Presupuesto Estatal, $130,128,782.00, lo cual da un total de $229,124,136.00.
Habiendo ascendido sus gastos a un total de $407,294,855.00, lo cual representa un déficit de $178,170,719.00, más $106,280,433.00 de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, dando un total de $284,451,152.00.
Ahora bien, las urgentes necesidades de salud de nuestra población, generan la obligación por parte de las autoridades, de equipar, rehabilitar y actualizar adecuadamente las instalaciones existentes, por ello es menester que se incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio 2006, una partida fija de $284,451,152.00, misma que se reflejaría al bajar las cuotas de recuperación.
Esto compañeros y compañeras diputados, no solo redundará en beneficio de la población más vulnerable de la región centro de nuestro país, sino que nos brinda la oportunidad de cumplir como Legisladores con la función de aplicación de la norma constitucional contenida en su artículo cuarto.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en su dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2006, asigne una partida presupuestaria fija de $284,451,152.00 (Doscientos ochenta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y un mil ciento cincuenta y dos pesos), destinada a cubrir las necesidades de infraestructura, materiales, suministros, sueldos y servicios generales del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto".
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de septiembre de 2005.
Dip. María Sara Rocha Medina (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EN
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2006 SE ASIGNEN RECURSOS
SUFICIENTES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
TÉCNICA Y FINANCIERA Y PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA EL SISTEMA
3 DEL FERROCARRIL SUBURBANO DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO,
A CARGO DE LA DIPUTADA SHEYLA FABIOLA ARAGÓN CORTÉS, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Consideraciones
I. La Zona Metropolitana del Valle de México cuenta con una población que rebasa los 18 millones de habitantes, de los cuales casi el 50% viven en el Distrito Federal y el resto en los 28 municipios conurbados del estado de México, sin embargo el transporte masivo existente se encuentra en 93.25% en la capital y sólo un 6.75% en el estado de México.
II. El transporte colectivo más eficiente es el ferroviario. Como ejemplo está la red del Sistema de Transporte Colectivo "Metro" en el área metropolitana del Valle de México. Transporta un promedio diario de 4,200,000 pasajeros, lo que representa un 20% del total de pasajeros que utilizan el servicio público de transporte en toda el área.
III. Las dos únicas rutas del Sistema que llegan a la zona oriente del área metropolitana en el Estado de México son:
B) El Metropolitano Línea B de Buenavista a Ciudad Azteca; con 23.7 kilómetros de longitud, 13.5 kilómetros en el Distrito Federal, y 10.2 kilómetros en el territorio del Estado de México, en los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec. La afluencia en la línea durante el 2003 fue de 107 millones 246 mil 125 personas.
B) Sistema 2 con una línea troncal Ecatepec - Naucalpan de 37.5 kilómetros de longitud, cuyas líneas secundarias recorrerían las siguientes rutas: en el Distrito Federal Buenavista - Polanco, en el estado de México Ecatepec - Teotihuacan y Teotihuacan - Tecámac. En conjunto suman 89.5 kilómetros.
C) Sistema 3 con una línea troncal de La Paz - San Juan de Aragón de 15 kilómetros de longitud, cuyas líneas contemplarían las rutas siguientes en el estado de México: San Rafael - San Juan de Aragón y Chalco Texcoco. En conjunto suman 73 kilómetros.
VI. Sin embargo aún están pendientes por falta de recursos los estudios correspondientes al Sistema 2 y al Sistema 3 que cubrirían el resto de las zonas demográficas más sensibles del estado de México, por ello, la urgencia del desarrollo simultáneo de estos proyectos, además de ofrecer al mismo tiempo el servicio público de transporte ferroviario a los habitantes de estas zonas.
VII.- Esta H. Cámara aprobó en septiembre del año pasado un acuerdo relativo a la construcción del Ferrocarril Suburbano en rutas coincidentes al Sistema 3 del proyecto original, en los siguientes términos.
Segundo.- Se considera igualmente adecuado proponer que la H. Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la reasignación presupuestal, dote de recursos necesarios a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2005, pueda llevarse a cabo el estudio Técnico-Operativo del proyecto comentado.
Tercero.- En consecuencia, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
IX. Actualmente aún no se comienzan a elaborar los estudios necesarios para desarrollar los sistemas restantes. No obstante, la necesidad cada vez más urgente de contar con un transporte de este tipo en esta zona, pues diversos estudios indicaron que era prioritario contar con un transporte de este tipo al oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México, en virtud de las características demográficas de los municipios que la componen, y el volumen de pasajeros estimado. Por este motivo es prioritario continuar con el Sistema 3 del Proyecto de Ferrocarril Suburbano.
X. El monto estimado para el diseño de los proyectos debe ser igual al asignado para el Sistema Troncal Buenavista - Cuautitlán con el fin de garantizar el cumplimiento y avance efectivo del proyecto como parte del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes y tomando la experiencia del primer corredor mencionado.
XI. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que corresponderá a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la formulación y la conducción de las políticas y programas para el desarrollo del transporte y de las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país, además de la construcción de los caminos y los puentes federales, de conformidad con lo dispuesto por las fracciones I y XXI del artículo 36 de la Ley citada. Entendiendo con esto que todo lo relacionado con los caminos, puentes y los servicios de autotransporte que en ellos operan, así como sus servicios auxiliares; son de jurisdicción federal, y corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la Administración Pública Federal, la Planeación, formulación y conducción de las políticas y programas para el desarrollo de los caminos, tal y como se desprende del contenido de las fracciones I y II del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal Vigente.
XII. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara es competente para elaborar y conocer de las modificaciones propuestas por los diputados de este órgano legislativo al Presupuesto de Egresos de la Federación para cumplir con lo dispuesto por la fracción cuarta del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único.- A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara de Diputados para que se asignen recursos suficientes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, con el fin de elaborar los estudios de factibilidad técnica y financiera, y proyecto ejecutivo correspondiente al sistema 3 del Ferrocarril Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2005.
Dip. Sheyla Fabiola Aragón Cortés (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL PERMISO
PARA LOS TRABAJOS DE EXPLOTACIÓN DE LA MINERA SAN JAVIER EN EL CERRO
DE SAN PEDRO, PUEBLO DEL SIGLO XVI, A CARGO DEL DIPUTADO INTI MUÑOZ
SANTINI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe diputado federal de la LIX del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
Esta violación comenzó el 11 de marzo de 1997 cuando falsos ejidatarios de Cerro de San Pedro celebraron un contrato de arrendamiento por 15 años con la Minera San Xavier por una extensión superior a las 290 hectáreas de tierra. Los falsos ejidatarios no conformes con haber firmado el contrato, acordaron con Minera San Xavier realizar la venta de buena parte del pueblo, aprovechando que la Resolución Presidencial del Ejido señalaba a la Villa de San Pedro como parte del ejido.
Sin embargo, Villa de San Pedro es considerada por el INAH como Monumento Histórico, lo cual ubica el litigio sobre las obras de explotación mineral en el terreno de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos:
El poblado Cerro de San Pedro, es un monumento histórico, que junto con el Valle del Porvenir y la Meseta de la Zapatilla forman un conjunto arquitectónico singular, único en nuestro país. El poblado minero data del siglo XVI y es éste pueblo el que dio origen a la fundación de la ciudad de San Luis Potosí en 1592, así como a la creación de la identidad cultural de la región. De forma tal que el propio Cerro de San Pedro aparece en el escudo de la ciudad desde 1655, y en el escudo de armas del estado desde el inicio de su existencia en 1824. Ahora ese lugar, situado a tan solo 18 kilómetros de la capital potosina enfrenta un grave riesgo de depredación ante el proyecto minero impulsado por una empresa trasnacional, ya que dicho proyecto supone la destrucción del paisaje cultural, bien incluido en el patrimonio cultural, en los términos definidos por el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1993, ya que la explotación de la mina trae como consecuencia la destrucción de gran parte del Cerro, y sus trabajos de explotación se desarrollarán en colindancia con el poblado de Cerro de San Pedro, el cual además se encuentra habitado. Además nuestro país suscribió la Declaración de la UNESCO relativa a la destrucción intencional del Patrimonio Cultural, en el que se establece dos temas fundamentales a considerar en el irresponsable uso de los permisos sobre patrimonio cultural:
2.- El título sobre la responsabilidad del Estado.
El tema de nuevo es si estaremos dispuestos a la destrucción del patrimonio cultural, si se respetará esta vez el Estado de derecho y las disposiciones jurídicas de los convenios internacionales; si por último pondremos el interés privado sobre el interés público, en pos de la depredación del medio natural y de nuestra identidad y patrimonio cultural ambos cada vez más mutilados.
Pese a todas estas consideraciones se otorgó una autorización condicionada. La empresa deberá cumplir 15 restricciones y medidas de protección, que incluyen el depósito de una fianza, por 10 millones de pesos a favor del INAH, que garantice cualquier daño que pudieran sufrir los inmuebles del poblado fundado en el siglo XVI y la restricción de operar a no menos de 70 metros de las construcciones del pueblo.
El permiso establece también que los parámetros mínimos del proyecto en cuanto a "vibraciones generadas por explosivos, factor de seguridad en los taludes, deformaciones y referencias topográficas" deberán mantenerse durante todo el proceso con un índice mínimo de seguridad de "13 milímetros por segundo en cuanto a velocidad de partícula" -se refieren a las vibraciones generadas por los explosivos- y asegurar los taludes de la porción este del tajo de la mina.
El INAH aclaró que deberán hacer las mediciones antes de que inicien las detonaciones en forma y que "cualquier variación que ponga en riesgo el patrimonio histórico, originará la suspensión inmediata del uso de explosivos y de las obras correspondientes". "La explotación en el tajo a cielo abierto -añade el documento- se iniciará desde a parte más lejana al núcleo de población y los trabajos operativos del tajo no podrán realizarse a una distancia menor de 70 metros del núcleo de población."
El documento obliga a la empresa a presentar proyectos para estabilizar suelo, subsuelo y fincas en un término no mayor a 30 días -el permiso no especifica si son días hábiles-. Establecen que dicho proyecto será sometido a evaluación por el INAH y que la empresa cuenta con un plazo de 90 días para realizar dichas obras una vez autorizadas por el INAH.
La Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) otorgó la licencia condicionada indica que en 90 días personal técnico del INAH realizará un recorrido conjunto en el poblado con personal de la empresa y determinarán "los inmuebles que requieren ser intervenidos y las medidas que deban tomarse para su adecuada protección".
Por último le indican a la compañía que deberá informar al INAH con 24 horas de anticipación, el inicio de sus trabajos, para los cuales la institución tiene como responsable del proyecto a un funcionario menor de la empresa: el ingeniero Joel Flores Nájera. Por último, recomienda a Minera San Xavier "realizar una fe notarial y registro fotográfico del estado actual que guardan los inmuebles ubicados al oeste y sur del futuro tajo".
Sin embargo, llama a duda, la celeridad con que el INAH ha otorgado este permiso, ya que la última solicitud fue recibida el día lunes 29 de agosto y se respondió y se tomaron sólo dos días para otorgar el permiso de obra en colindancia de un monumento histórico. El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en San Luis Potosí, Juan Manuel Frausto Franco, calificó de "brutales" las condiciones impuestas por la dependencia a la Minera San Xavier para operar en Cerro de San Pedro. Existe una investigación que dirigió el investigador del INAH, Bolfy Cottom, para establecer la importancia histórica y antropológica del sitio de 290 hectáreas, que se ubica a media hora de la capital del estado, el cual considera la licencia como un atentado contra el patrimonio tangible e intangible de Cerro de San Pedro, no sólo por sus inmuebles históricos, sino porque es un sitio fundamental de la identidad potosina "No se trata sólo de defender edificios -cito a Bolffy Cottom tomado del periódico Reforma- sino la riqueza cultural de un pueblo que se fundó en 1592. Probablemente producto de las explosiones desaparezca el Cerro de San Pedro, cuya importancia, en cuanto a la identidad, queda manifiesta en el hecho de que es el centro del escudo de armas del estado desde 1656." Aún más raro resulta que la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en comparecencia el día 20 de septiembre, haya mentido sobre la existencia de este permiso otorgado el 1 de septiembre y se haya cobijado en el dictamen de 1997.
Por todo lo anterior, es fundamental que esta Soberanía se pronuncie en contra de esta irresponsable política cultural, que pone en riesgo o de plano destruye o privatiza nuestro patrimonio cultural.
Uno.- Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, Lic.Vicente Fox Quesada, al Secretario de Educación Pública, Dr. Reyes Taméz Guerra, a la presidenta de Conaculta, Sra. Sara Bermúdez y al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, restaurador Luciano Cedillo, a que se considere el estudio previo del INAH, coordinado por el antropólogo Bolfy Cottom, a que se integren sobre la base de este estudio a especialistas que consideren la eventual destrucción del entorno del monumento histórico del poblado San Pedro, y que se cancele el permiso otorgado hasta que con todos estos elementos pueda elaborarse un peritaje, que valore sobre todo, la integridad del monumento histórico y su entorno simbólico.
Dos.- Se respete el compromiso de México ante la declaración de la UNESCO relativa a la destrucción intencional del patrimonio cultural, en relación con las acciones que debe adoptar en beneficio de los grupos y los individuos, de la cohesión social, ya que la integridad del patrimonio cultural redunda en la dignidad de los mexicanos y de sus derechos humanos, además de que
Tres.- Que en vista de la reiterada política de destrucción, cesión y privatización de los bienes culturales, el gobierno del Presidente Vicente Fox, asuma la responsabilidad de esos actos, en la medida en que lo disponga el derecho internacional.
Dip. Inti Muñoz Santini (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EN
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2006 SE CONSIDEREN
LOS RECURSOS NECESARIOS PARA INCREMENTAR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
FERRONALESJUB 5012-6 DE NACIONAL FINANCIERA, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR
FÉLIX FLORES MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Víctor Félix Flores Morales, en nombre propio, como diputado federal a la LIX Legislatura federal y de los diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que suscriben el presente documento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 fracción II, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura Federal, el planteamiento que contiene la siguiente:
Propuesta con Punto de Acuerdo para que dentro del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2006, se contemplen los recursos necesarios, dentro de la partida presupuestal correspondiente, para que el Poder Ejecutivo Federal los destine a incrementar el patrimonio del Fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, relativo al Fondo de Jubilaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados del Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, actualmente en liquidación, para que de esta forma el Comité Técnico del citado fideicomiso esté en condiciones de incrementar el número de días que anualmente se paga a los fideicomisarios por concepto de aguinaldo y se aumenten las pensiones de este grupo de jubilados en un porcentaje superior a la inflación determinada con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Antecedentes
1. La reforma del cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución General de la República, aprobada por el Constituyente Permanente y la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario expedida por el H. Congreso de la Unión, permitieron la participación de la iniciativa privada en la explotación y administración de los ferrocarriles mexicanos y como consecuencia Ferrocarriles Nacionales de México, Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, dejo de ser la entidad operadora y administradora de los ferrocarriles en nuestro país, y ante ello las autoridades laborales competentes resolvieron se dieran por terminadas las relaciones, individuales y colectivas, de trabajo en dicha dependencia, y una de las consecuencias de tal resolución fue que 56,372 ( cincuenta y seis mil trescientos setenta y dos ) trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, obtuvieran el beneficio de su jubilación a la conclusión de las relaciones obrero-patronales y al cumplir con los requisitos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo, los convenios laborales y/o los Reglamentos correspondientes.
2. El Gobierno Federal atendiendo la gestión de la Dirigencia Nacional del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y a efecto de garantizar el pago vitalicio de las pensiones y prestaciones de los ferrocarrileros jubilados, aportó por conducto de Ferrocarriles Nacionales de México, conforme a los estudios actuariales correspondientes, los recursos económicos necesarios para tal fin, a efecto de constituir mediante el contrato de fecha 19 de noviembre de 1997 el Fideicomiso FERRONALESJUB número 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, modificado mediante convenio de fecha 26 de septiembre de 2000 y de esta forma constituir el Fondo de Jubilaciones, el que a partir de la fecha citada se ha hecho cargo del pago de las pensiones y prestaciones de los ferrocarrileros jubilados, así como del incremento anual de tales conceptos en los términos y condiciones precisados en el propio contrato y el estudio actuarial correspondientes.
3. Conforme a los estudios actuariales que permitieron determinar el monto de los recursos que deberían aportarse al patrimonio del Fideicomiso del Fondo de Jubilaciones de los ferrocarrileros jubilados por Ferrocarriles Nacionales de México, este es suficiente, y sólo suficiente, para pagar en forma vitalicia a los ferrocarrileros jubilados sus pensiones y prestaciones en los montos, términos y condiciones establecidos en el contrato colectivo de trabajo y las normas para el otorgamiento de la jubilación, incrementándolas anualmente conforme a la inflación determinada con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor dado a conocer por Banco de México para el año inmediato anterior.
4. El desfasamiento entre el inicio de operaciones del Fondo de Jubilaciones, 26 de septiembre de 2000; el último proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo, 1º de junio de 1999, y el ejercicio fiscal tomado en cuenta por el Banco de México para determinar el Índice Nacional de Precios al Consumidor, originó que las pensiones y prestaciones en el primer año de operaciones del Fondo de Jubilaciones se incrementaran en un porcentaje inferior a la inflación del año inmediato anterior, por lo que resulta además de justo y conveniente que este grupo de jubilados, con cuyo esfuerzo se forjó y desarrollo una de las industrias mas importantes y representativas del desarrollo de nuestro país, reciban un ajuste en sus pensiones y prestaciones para resarcirlos del perjuicio que este procedimiento les ocasionó.
5. Por otra parte, El Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, durante la vigencia de las relaciones laborales dentro de los procesos de revisión del contrato colectivo de trabajo, solicitó reiteradamente del patrón Ferrocarriles Nacionales de México, el incremento en el número de días (15) que la empresa pagaba a los jubilados por concepto de aguinaldo anual, para igualarlos con el número de días (40) que por igual concepto se pagaba anualmente a los trabajadores en servicio activo y con los que reciben, por este concepto, los jubilados y pensionados de otros regímenes jubilatorios del país. Sin embargo, esta negociación no se llegó a formalizar ante la conclusión del proceso de privatización.
6. En tales condiciones, el Fondo de Jubilaciones únicamente protege a los ferrocarrileros jubilados un aguinaldo anual equivalente a quince días sobre el importe de la pensión mensual jubilatoria, lo cual resulta injusto y discriminatorio si atendemos que la mayoría de los pensionados y jubilados dentro de los sistema oficiales de seguridad social (IMSS, ISSSTE, etc, ) reciben el equivalente a un mes de sus pensiones, de ahí que se estime necesario que se aporten al Fideicomiso que administra el Fondo de Jubilaciones los recursos necesarios para que esta prestación anual se ajuste a lo que reciben por idéntico concepto la mayoría de los pensionados y jubilados de este país.
7. En forma recurrente este tema ha sido planteado por la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y por integrantes del honorable Congreso de la Unión, senadores y diputados, de las distintas fracciones parlamentarias; quienes han abordado la tribuna de ambas Cámaras y de la Comisión Permanente para apoyar este justo reclamo de los ferrocarrileros jubilados y su dirigencia sindical, tal es el caso, el punto de acuerdo que en este mismo sentido aprobara el Pleno del Senado de la República, con el consenso y apoyo de todos los partidos en él representados, en su sesión de fecha 10 de diciembre de 2002 y que la dirigencia sindical, mediante correspondencia el 11 de diciembre de 2002, hiciera del conocimiento y solicitara el apoyo de los Coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura federal, sin que se hubiere atendido este reclamo en esa ocasión, corriendo igual suerte la propuesta con punto de acuerdo presentado con fecha 2 de diciembre de 2003 ante el Pleno de esta Soberanía por el diputado Francisco Grajales Palacios y la propuesta con punto de acuerdo presentada por veinticuatro diputados del grupo parlamentario del partido Revolucionario Institucional encabezados por el suscrito, publicado en la Gaceta Parlamentaria de fecha 14 de octubre de 2004.
8. Por ello los diputados firmantes de la presente propuesta con punto de acuerdo, pertenecientes a la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, convocamos al resto de las fracciones parlamentarias representadas ante esta honorable Soberanía para que honrando nuestro compromiso con este importante grupo de jubilados y pensionados ferrocarrileros y su representación sindical, adoptemos el acuerdo para que la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados al elaborar el dictamen a la Iniciativa del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, incluya una partida presupuestal con los recursos necesarios para que el Gobierno Federal los destine a incrementar el patrimonio del Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC que administra el Fondo de Jubilaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados y de esta forma el Comité Técnico del mismo esté en condiciones de incrementar las pensiones jubilatorias en un porcentaje superior a la inflación determinada por el Banco de México con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor y el aguinaldo anual que recibe este grupo de pensionados y jubilados se incremente para hacerlo coincidir con el que recibe el resto de los pensionados y jubilados en este país.
9. Lo anterior guarda congruencia con lo dispuesto por el Honorable Congreso de la Unión al imponer la obligación del gobierno federal conforme al artículo 4º del Decreto por virtud del cual se extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de junio del 2001, de constituirse en garante permanente de los derechos de los extrabajadores del Organismo Público Descentralizado y de que el Fondo de Jubilaciones establecido para garantizar el pago vitalicio de las pensiones de los ferrocarrileros jubilados cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.
10. Por lo anterior, los ferrocarrileros jubilados por conducto de su representación sindical y de los representantes populares que rubricamos la presente propuesta, atentamente solicitan de los integrantes de esta H. Soberanía se apruebe el punto de acuerdo que proponemos y ante la inminente formulación del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público a la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2005, se vote como de urgente y obvia resolución, y sea incorporado el tema dentro del citado dictamen.
Por lo expuesto a usted C. Presidente de la Mesa Directiva solicitamos con fundamento en los artículos 55 fracción II, 56, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se someta a la consideración de esta Soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente:
Propuesta con Punto de Acuerdo
Único.- Que las fracciones parlamentarias representadas en la Honorable Cámara de Diputados acuerden que la Comisión de Hacienda y Crédito Público, al elaborar el dictamen a la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2006 que presentó el Ejecutivo federal ante esta soberanía, incluya una partida con los recursos económicos necesarios para que el Poder Ejecutivo federal los destine a incrementar el patrimonio del Fideicomiso FERRONALESJUB NÚMERO 5012-6 de Nacional Financiera, SNC relativo al Fondo de Jubilaciones de los trabajadores jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, y hacer posible que las pensiones, las prestaciones y el aguinaldo anual que reciben los fideicomisarios sean incrementados en los términos señalados en la presente propuesta.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2004.
Diputados: Víctor Félix Flores Morales,
Francisco Grajales Palacios, Jorge Uscanga Escobar, Ubaldo Aguilar Flores,
Alfonso Sánchez Hernández, Juan Bustillos Montalvo, Pablo
Anaya Rivera, Romulo I. Salazar Macias, Guillermo Zorrilla Fernández,
Gustavo Moreno Ramos, Ernesto Alarcón Trujillo, Marco Antonio Torres
Hernández, Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia, Gonzalo Guizar
Valladares, Pablo Pavón Vinales, José Luis García
Mercado, Concepción Olivia. Castañeda Ortiz, Aníbal
Peralta Galicia, Martín Remigio Vidaña Pérez, Armando
Neyra Chávez, José García Ortiz, Enrique Burgos García,
Carlos Mireles Morales, Filemón Primitivo Arcos Suárez Peredo,
Fernando Alberto García Cuevas, Graciela Larios Rivas (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES, Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; Y DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A PRIVILEGIAR EL DIÁLOGO Y LA CONCILIACIÓN
PARA REANUDAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LAGOS DE
MORENO-SAN LUIS POTOSÍ, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS TREVIÑO
RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado federal por el distrito 02 de Jalisco, con cabecera en Lagos de Moreno, José Luis Treviño Rodríguez, integrante de la fracción parlamentaria de Acción Nacional en la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión en el ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55 y 59, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, expone ante la Comisión Permanente de esta Honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular de la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación privilegien el diálogo y la conciliación de las partes para reanudar de inmediato las obras de construcción de la carretera Lagos-San Luis Potosí, comprendida entre el tramo Lagos-Las Amarillas y la carretera desde el libramiento Lagos-León, Guanajuato.
Antecedentes
La inversión que ha hecho el Gobierno del Presidente Vicente Fox en la infraestructura carretera de este país ha superado con mucho lo hecho en los seis años anteriores, sin embargo en el tramo carretero que comprende Lagos de Moreno a San Luis Potosí en el tramo conocido como Lagos-Las Amarillas y el tramo carretero León-Lagos de Moreno se han visto interrumpidos los trabajos por diversas causas.
Terminación injustificada del contrato de obra, la falta de transparencia del responsable de la SCT en Jalisco, qué él como funcionario público no consideró las consecuencias jurídicas y sociales de haber tomado la decisión de terminar una obra solo por mencionar algunas de las causas.
El Presidente de la República en declaraciones recientes manifestó: "?nuevos caminos, puentes, libramientos y autopistas, van a traer progreso y desarrollo a las regiones más apartadas y necesitadas; van a ser más ágil la comunicación entre localidades, y son un inmenso apoyo para el comercio nacional y las exportaciones, y particularmente para las familias, para las personas, pues es un gran paso para garantizar más seguridad, reducir tiempos de traslado y lograr que también la familia ahorre muy buen dinerito cuando hace sus traslados de un lugar a otro, en carreteras de altas especificaciones".
Para cumplir con las metas trazados por el Presidente de México, es indispensable que se privilegie el Diálogo y la conciliación entre las partes, en este caso, Directivos de La Constructora Qhuazcani, SA de CV, y el Secretario de Comunicaciones y Transportes. La Secretaría de la Función Pública esta enterada del caso, su opinión e intervención es indispensable para llegar a entenderse por la palabra. La Auditoria Superior de la Federación es necesario este enterada del caso, participe en el dialogo y conciliación y vigile la correcta y puntual aplicación de los recursos para la terminación de la obra y despeje de dudas sobre la aplicación de los recursos hechos con obras pagadas y aún no conclusas en el tramo carretero Lagos de Moreno-Libramiento León y Lagos de Moreno-San Luis Potosí subtramos Las Amarillas-Villa de Arriaga.
Llegar a soluciones a través del Dialogo, conciliar diferencias por el diálogo es llegar a solucionar un problema de manera amistosa, hagámoslo en beneficio de la sociedad pobladora de esta ciudad de Lagos de Moreno y de todos aquellas personas que a diario utilizar estas importantes vías de comunicación para lograr el desarrollo de las entidades y facilitar la integración social y geográfica del territorio nacional.
Accidentes con daños materiales, familias que han perdido la vida producto de accidentes en estos tramos carreteros Lagos-Las Amarillas y Lagos-León, son bien conocidos, ayudemos Funcionarios Públicos, a que no vuelvan a ocurrir estos lamentables accidentes, garanticemos la seguridad y tranquilidad de los habitantes de la zona de Los Altos de Jalisco con una carretera digna de transitar con el diálogo y la conciliación se puede lograr no debemos crear diques a los conflictos.
Por lo antes expuesto de frente ante esta honorable Cámara de Diputados, me permito presentar la siguiente
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:
Único.- Exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular de la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación a privilegiar el diálogo y la conciliación de las partes para reanudar de inmediato las obras de construcción de la carretera Lagos-San Luis Potosí, comprendida entre el tramo Lagos-Las Amarillas y la carretera desde el libramiento Lagos-León, Guanajuato.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2005.
Dip. José Luis Treviño Rodríguez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A
ACTIVAR EL SISTEMA ESCALAFONARIO DE LOS PROFESORES TRANSFERIDOS QUE LABORAN
EN ESCUELAS CONSIDERADAS TRADICIONALMENTE DEL SISTEMA ESTATAL EN TLAXCALA,
A CARGO DEL DIPUTADO FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDÓÑEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, concurro a esta Honorable Asamblea a solicitar sea turnada la presente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que active el sistema escalafonario de los profesores transferidos que laboran en escuelas consideradas tradicionalmente del Sistema Estatal en el estado de Tlaxcala, con sustento en los argumentos siguientes
Antecedentes
En 1975, teniendo como justificaciones sobresalientes ahorrar recursos económicos al erario del gobierno del estado, tal parece, que con la finalidad de dar cabal cumplimiento por parte del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de ese tiempo, a la fracción V, del artículo 123 apartado B, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos vigente, regularizando los sueldos y prestaciones a los trabajadores de la educación, pues debe hacerse notar que hasta el año 1975, los profesores llamados federales, tenían mejor sueldo y prestaciones que los profesores estatales; por tal razón, en ese año el Gobierno Federal en apoyo del gobierno estatal destinó 250 plazas federales, para profesores que estaban adscritos a escuelas del sistema estatal, mismas que fueron distribuidas entre quienes se interesaron tomando en consideración su antigüedad en el servicio y ante la resistencia para aceptar por parte de algunos profesores con mayor antigüedad los que faltaban por asignar fueron designados a quienes aceptaron voluntariamente; de esta manera, en el año 1976 se regulariza la nivelación de sueldos y prestaciones entre profesores estatales y federales, posteriormente en el periodo comprendido entre los años 1977-1979 se asignan plazas a profesores que son denominadas municipales, regularizando su situación laboral en el año 1979 al ser atraídos por la federación, de esta manera en los años siguientes hasta nuestros días paulatinamente se incorporan docentes a planteles educativos públicos estatales con plazas federales, ahora llamadas transferidas; existiendo a la fecha más de mil entre los niveles de preescolar, primaria, telesecundaria y educación especial.
Consideraciones
A la fecha para efectos administrativos a partir de la descentralización educativa los profesores que antes eran considerados federales ahora son transferidos al estado y por lo tanto todos son considerados estatales; sin embargo, el problema consiste que en la práctica sólo existe una comisión mixta escalafonaria que funciona de manera cotidiana y esta corresponde a los profesores estatales, mientras que para los profesores transferidos que trabajan en planteles educativos estatales no existe comisión mixta de escalafón que funcione en forma regular en nuestro estado, para que realice estudios escalafonarios que determinen los ascensos.
Lo anterior por consecuencia, da lugar a la falta de equidad en sus derechos laborales, entre los profesores transferidos y los tradicionalmente llamados estatales, así como también, con los profesores que trabajan en escuelas tradicionalmente llamadas federales, tomando en consideración que estos educadores cuentan con su propia Comisión Mixta de Escalafón y Permutas, que se rige por el Reglamento Federal correspondiente, lo que ha dado y sigue dando lugar a la falta de posibilidades de promoción escalafonaria en maestros transferidos adscritos a escuelas estatales, generando además, la falta de oportunidades de ascenso escalafonario a claves de directivos, supervisión y jefaturas de sector, por consecuencia nulas posibilidades para mejorar salarialmente por esta vía.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Para exhortar a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública a que activen el sistema escalafonario de los profesores transferidos que laboran en escuelas consideradas tradicionalmente del sistema estatal en Tlaxcala.
Único. Un acuerdo cuyo objetivo sea establecer los mecanismos para que se destinen claves de ascenso a los profesores transferidos que laboran en escuelas consideradas tradicionalmente del sistema estatal, que permita la equidad laboral contenida en la fracción V, del apartado B, del artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Por tal motivo, se hace un exhorto a la Secretaría de Educación Pública para que cumpla las obligaciones que para ello tienen señaladas en la fracción VIII, del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "(?) los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingresos en su familia; (?) "Que se traduce en que la Secretaría de Educación Pública inicialmente regule los rezagos de ascensos que tienen los profesores transferidos a que se hace referencia y posteriormente destine el mismo número de ascensos para maestros estatales y transferidos adscritos a escuelas consideradas tradicionalmente del sistema estatal.
Las funciones que podrían aplicarse mediante este punto de acuerdo, se resumen en lo siguiente:
Aplicar el Reglamento de Escalafón y Permutas para Servidores Públicos de la Educación Transferidos.
Dip. Florentino Domínguez Ordóñez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SEMARNAT Y DE LA CONAGUA A ANALIZAR, DICTAMINAR
Y, EN SU CASO, RESOLVER EN FAVOR DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LAS
RESERVAS DE AGUA EN JIQUIPILCO, MÉXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA BLANCA
ESTELA GÓMEZ CARMONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua a efectuar una inspección y, en su caso, se decrete la clausura, así como la reparación del daño, a ejidatarios del municipio de Jiquipilco, que ocasiona una mina sin razón social SA de CV, ubicada en el referido municipio, por la posible contaminación en materia de descarga de aguas residuales, emisiones a la atmósfera, ruido, vibraciones, contaminación al suelo y disposición final de los residuos sólidos que se depositan en las diferentes áreas del predio; asimismo, la contaminación del manantial denominado Santa Isabel, que se encuentra a unos 1,000 metros de la citada mina, el cual es utilizado para el riego de 500-00-00 hectáreas, que son aprovechadas por los habitantes del municipio; asimismo, a decir de los ejidatarios, se han disminuidos las aguas de los veneros, de los manantiales denominados La Cruz y Ojito de Agua, así como también se estima que se han derribado más de 1,000 árboles de encino, bellota y ocote, generándose gran desequilibrio ecológico que ocasiona la tala clandestina en zona boscosa, ya que la citada mina se encuentra en la zona mencionada. Por lo antes expuesto y citado se someten a consideración de esta H. asamblea los siguientes
Resultandos
1. Que en fecha 19 de julio de 1998, la Secretaría de Ecología del gobierno del estado de México, ordeno la inspección, a la mina citada, decretandose la posible contaminación en diversas areas del impacto y riesgo ambiental.
2. Que derivado del estudio y análisis de las inspecciones efectuadas a la citada mina, cuya actividad preponderante es la extracción de agregados de arena y grava en una superficie aproximada de 50-00-00 hectáreas, superficie de terreno que se encuentra ubicada dentro del parque ecológico y recreativo Otomí-Mixteca. La Secretaría de Medio Ambiente del gobierno del estado de México decretó clausurar la actividad de explotación de los agregados de arena y grava por considerar que es responsable de incurrir en los daños ambientales referidos, asimismo impuso una sanción pecuniaria de $195,375.00 (ciento noventa y cinco mil trescientos setenta y cinco pesos), sustentada en la Ley de Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable del gobierno del estado de México y en apego al mismo ordenamiento se decretó la clausura total de la multicitada mina.
3. Posteriormente la multicitada mina apeló el fallo de la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno del estado de México, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de dicha entidad, que resolvió lo siguiente: que las causales interpuestas por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente resultaban improcedentes, asimismo se decretó la invalidez de la multa interpuesta y la invalidez de la clausura.
4. A petición de los ejidatarios del municipio de Jiquipilco, estado de México, acudieron a mi representación para solicitar a las autoridades federales la intervención para cubrir daños y perjuicios de carácter ecológico, los cuales consideran van en contra del medio ambiente de Jiquipilco, por lo que pido respetuosamente la intervención de la Secretaría de Ecología federal y de la Comisión Nacional del Agua para que, con base en sus atribuciones, tengan a bien realizar la inspección a la citada mina, ubicada en el municipio de Jiquipilco y, de resultar ciertos los daños al equilibrio ecológico, así como la contaminación de los mantos acuíferos de referencia, se proceda a la sanción y a la multa correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta H. soberanía enviar un exhorto a los titulares de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, así como de la Comisión Nacional del Agua para que analicen, dictaminen y, en su caso, resuelvan a favor del equilibrio ecológico y las reservas de agua en el citado municipio de Jiquipilco, estado de México.
Dip. Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS INTEGRANTES DE LA LIX LEGISLATURA A APORTAR EL EQUIVALENTE
A UN DÍA DE SALARIO NETO PARA BENEFICIAR A LOS DAMNIFICADOS DE LOS
MUNICIPIOS DE HUIXTLA, MAPASTEPEC, HUEHUETÁN, ACAPETAHUA, ESCUINTLA,
VILLACOMALTITLÁN, MAZATAN, Y ACACOYAGUA, CHIAPAS, A CARGO DE LA
DIPUTADA SONIA RINCÓN CHANONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura, Sonia Rincón Chanona, Sami David David y César Amín González Orantes, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.
Los habitantes de los municipios de Huixtla, Mapastepec, Huehuetán, Acapetahua, Escuintla, Villacomaltitlán, Mazatan y Acacoyagua sufrieron los embates de las intensas lluvias que se han presentado en los últimos días en el estado de Chiapas, mismas que por los cambios climáticos se presentan con mayor intensidad, llegando a niveles de hasta 362 milímetros en menos de doce horas, desbordando por consecuencia los ríos, provocando inundaciones, dañando casas y plantíos. Estas lluvias vienen acompañadas de fuertes vientos, lo que ocasionó daños aún más severos en las viviendas de la población mas necesitada.
Ante esto es importante señalar que las autoridades municipales emitieron la alerta con el tiempo suficiente para que la gente acudiera a los albergues, evitando así pérdidas humanas.
Aunado a lo anterior, la Secretaría de Salud estatal, en coordinación con instituciones del sistema nacional de salud, emitió la alerta de vigilancia epidemiológica en 24 entidades del país, incluyendo a Chiapas por el riesgo creciente de contraer dengue o infecciones cutáneas, lo que nos obliga a dar una atención urgente e inmediata a la población afectada que son alrededor de 17 000 personas y 1600 viviendas.
Por ello, como mexicanos y fieles a la tradición solidaria con quien más lo necesita debemos contribuir para mitigar los daños ocasionados por la naturaleza a miles de familias que en estos momentos requieren ayuda.
Por lo anterior, propongo a esta honorable asamblea un punto de acuerdo por el que se exhorta a todos los integrantes esta la LIX Legislatura a aportar el equivalente a un día de salario neto, se integre una comisión plural para realizar la entrega de lo recaudado y se informe al Pleno de esta soberanía los resultados de los municipios afectados de Huixtla, Mapastepec, Huehuetán, Acapetahua, Escuintla, Villacomaltitlán, Mazatan y Acacoyagua, del estado de Chiapas.
Palacio Legislativo, a 4 octubre de 2005.
Dip. Sonia Rincón Chanona (rúbrica)