El que suscribe diputado federal José Manuel Abdalá de la Fuente, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar a la SEP y la CFE para que se respete estrictamente el convenio que exenta del pago por el consumo de energía eléctrica a las escuelas preparatorias federales por cooperación de todo el país.
Considerandos
Que la creación de estas escuelas por cooperación son producto del esfuerzo y el trabajo de maestros y padres de familias que preocupados por el futuro de sus hijos tuvieron la visión de crearlas, estableciendo en ellas medidas que permitieran tanto a los docentes como a los educandos desarrollarse en un ambiente de enseñanza y respeto.
Que la historia misma marca que a finales de los treintas y principio de los cuarentas, cuando ninguno de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) tenían la capacidad de atender la demanda de estudios de bachillerato, se estableció la unión entre padres de familias integrados en comités y asociación para hacer realidad el funcionamiento de las mismas.
Que las escuelas preparatorias federales por cooperación han operado por más de 60 años bajo el esquema de que la Federación las apoya con recursos de subsidio federal con base en la Ley Orgánica de Educación, expedida el 31 de diciembre de 1939, en el entendido que estas escuelas por cooperación constituían un tipo especial de educación en las cuales el sostenimiento provenía de fondos sociales (Federación, estados y municipios) y particulares (asociaciones civiles, principalmente) y estaban sujetas a las mismas normas que regían a las escuelas oficiales y que con este antecedente normativo los planteles obtuvieron el carácter de instituciones federalizadas.
Que desde ese entonces dichas instituciones no habían estado pagando el servicio por el consumo de energía eléctrica ya que se encontraban dentro del convenio entre SEP y CFE. Sin embargo el pasado mes de marzo de 2004 se notificó que las escuelas preparatorias por cooperación quedaban fuera de este convenio y empezarían a pagar el consumo del suministro eléctrico.
Que esta medida atenta contra el esfuerzo cotidiano de padres de familia, maestros y alumnos que se esmeran por distinguirse en el plano cultural y además contra el Art. 3 constitucional en su fracción V que señala que el Estado además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo de dicho artículo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y superior, necesarios para el desarrollo de la nación.
Cabe señalar que todos los bienes adquiridos por estas escuelas desde un pizarrón o mesa-banco, hasta una computadora pasan a ser bienes de la nación, garantizando con ello la buena disposición para seguir siendo apoyadas por el Gobierno como hasta hace poco se hacía.
Qque la determinación adoptada por parte de la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Educación pública obligan a los comités de padres de familia integrados en estas instituciones a establecer condiciones para obtener recursos que les permita cubrir el costo por el consumo de energía eléctrica, incrementando incluso el pago de colegiaturas y otros servicios.
Que estos planteles educativos con trabajo y esfuerzo están a la vanguardia educativa con aulas de medios modernos, permitiendo con esto un correcto proceso enseñanza-aprendizaje y cubrir así las exigencias que en materia educativa exige nuestro país.
Que la mayoría de los alumnos que acuden a estas instituciones son de escasos recursos económicos, que pueden pagar las cómodas mensualidades que en ellas se establecen, demostrando así el ferviente interés de superación, como lo han hecho generaciones anteriores y de donde han egresado magníficos servidores públicos.
Por lo antes expuesto me permito solicitar a este H. Congreso que se apruebe como urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: En aras de garantizar la formación académica de la juventud mexicana, se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Educación pública para que se respete estrictamente el convenio que exenta del pago por el consumo de energía eléctrica a las escuelas preparatorias federales por cooperación de todo el país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2005.
Dip. José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE PROPONE A ESTA SOBERANÍA DESAPROBAR PÚBLICAMENTE LAS EXPRESIONES
HECHAS POR EL PRESIDENTE DE VENEZUELA, HUGO CHÁVEZ; Y SE EXHORTA
A LA SRE A INFORMAR SOBRE LA EXPLICACIÓN QUE EMITA LA CANCILLERÍA
VENEZOLANA, SUSCRITO POR LOS DIPUTADOS CONSUELO CAMARENA GÓMEZ Y
RODRIGO IVÁN CORTÉS JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
Los suscritos diputada Consuelo Camarena Gómez y diputado Rodrigo Iván Cortés Jiménez, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo en que se propone que esta H. Cámara repruebe públicamente la expresiones hechas por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que denostan la investidura del Jefe del Estado Mexicano y se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar a esta soberanía sobre la explicación que tenga a bien dar la cancillería venezolana al respecto, bajo las siguientes:
Consideraciones
1. El pasado 4 y 5 de noviembre se celebró la reciente Cumbre de las Américas, en Mar del Plata, Argentina, en un marco propicio para que se reactivaran las negociaciones en torno a la creación del ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas) iniciativa impulsada por la mayoría de los países americanos, incluyendo a México, pero a la cual Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela han hecho diversas observaciones posponiendo su consolidación.
En el siglo XIX Simón Bolívar visualizó la unión de los países hermanos de América, hoy en el siglo XXI esta unión está más que nunca dirigida a un sector económico más que político, la fortaleza de las grandes economías y el desarrollo de los pueblos se ven afectados por un fenómeno existente que abre fronteras al comercio como un método que permite generar un mejor nivel de vida y una estabilidad que se convierte en un factor innegable de crecimiento, y el ALCA es una oportunidad presente invaluable que ofrece múltiples y diversos beneficios a todos los países americanos que lo suscriban.
El gobierno mexicano defiende el comercio porque a México le ha ido bien con él, tal como ha beneficiado a muchos otros países en todo el mundo, hay tan sólo que recordar que nuestra posición como Estado ha sido en pro del libre comercio, tal y como lo demostramos al ingresar al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1985 y ratificado en 1993 y cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en ambos casos las decisiones fueron avaladas y ratificadas por este Congreso de la Unión, lo cual deja que ésta ha sido una política de Estado y no opinión personal del Presidente en turno o capricho de algunos de los Poderes de la Unión.
Los acuerdos internacionales son esenciales para el avance regional, hoy más que nunca se necesita unir fuerzas que permitan la fortaleza de las economías estatales, que den la posibilidad de desarrollo, por tanto de empleo y en consecuencia de un mejor nivel de vida para todos. Es indudable que este acuerdo multinacional es saludable y de beneficio para toda la América Latina, sin embargo hay que dejar bien claro dos cosas:
En primer lugar atendiendo a la soberanía de cada Estado son muy respetables sus opiniones y legítimo que manifiesten cualquier tipo de desacuerdo o cualquier tipo de visión diversa al resto, peor siempre dentro del marco de respeto que debe existir entre las naciones.
En segundo lugar, partiendo de dicho respeto, es un derecho de los representantes de cada Estado, de cada nación, cabildear, dialogar y negociar aquellos acuerdos de carácter internacional que convienen a sus intereses y a los de la región o comunidad a la que involucra. En este sentido el presidente Fox jamás violó el principio de No Intervención que México ha practicado siempre, simplemente hizo valer su derecho de expresión y de solicitud a naciones hermanas para reflexionar respecto a su postura ante el ALCA.
El acuerdo logrado por México con 29 países es un éxito, pese a la negativa de 4 países del Mercosur y Venezuela para signarlo. Este logro se dio con base en los medios diplomáticos validos, negociaciones y debate serio que ofreció nuestro primer mandatario en la Cumbre, alejado del protagonismo, populismo o interés parcial contrario a la búsqueda del bien común que se debe perseguir en toda la región y cuya oposición solo perjudica el desarrollo de la América Latina.
2. El Presidente Hugo Chávez, de Venezuela, país que legítimamente se manifestó contra la firma del ALCA, ha hecho declaraciones reprobables en torno a la postura oficial del Presidente Fox y del Estado mexicano, malinterpretando la postura de nuestro país ante magno acuerdo.
Estas desafortunadas palabras del presidente Hugo Chávez nos indignan a todos los mexicanos, pues es la investidura del Presidente como nuestro Jefe de Estado y de Gobierno, independientemente de la persona o partido político del que provenga, la que representa a México como nación, aunado a que siempre hemos sido un país respetuoso en el orden internacional que no merecemos los calificativos de los cuales hemos sido blanco.
No es permisible por ningún representante popular de los mexicanos que un dignatario extranjero haga declaraciones ofensivas en contra del Jefe de Estado Mexicano sin que se le pida una explicación y en su caso una disculpa ante tales injurias.
Por ello debemos solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que pida explicaciones a la cancillería de Venezuela por las palabras emitidas por el Presidente Chávez, realizando todas las gestiones pertinentes para solucionar de forma diplomática y respetuosa este desencuentro, dejando muy en claro que la Presidencia de la República Mexicana actuó de conformidad al derecho internacional y con pleno respeto a la soberanía de Venezuela y de todos los países participes en la Cumbre en Mar de la Plata.
La Secretaría de Relaciones Exteriores debe informar puntualmente del avance y desarrollo de este asunto, pues es deber de nuestra Cámara como representantes populares vigilar y defender el buen nombre de México y los derechos de nuestros representantes en el ámbito internacional, bajo los parámetros diplomáticos existentes.
Por todo ello y de conformidad con en artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hemos resuelto proponer el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero: Que esta soberanía manifieste públicamente su solidaridad con el Jefe de Estado Mexicano ante los ataques infundados del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en respeto a su investidura, al Estado mexicano y al respeto entre las naciones.
Segundo: Se exhorte al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, a que informe a esta H. Cámara de Diputados de las explicaciones que tenga a bien dar la cancillería, embajada o institución correspondiente del Estado de Venezuela por las declaraciones del presidente Hugo Chávez, que indignan a todos los mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 22 de noviembre de 2005.
Diputados: Consuelo Camarena Gómez, Rodrigo
Iván Cortés Jiménez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL A ACTUALIZAR LAS CATEGORÍAS
DE ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTRÓFICOS E INCLUYA LA
CATEGORÍA DE ENFERMEDADES GENÉTICO-METABÓLICAS GAUCHER,
FABRY, MUCOPOLISACARIDOSIS Y POMPE, Y A DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS
RELACIONADOS CON ELLAS, A CARGO DE LA DIPUTADA ANGÉLICA DE LA PEÑA
GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita diputada federal Angélica de la Peña Gómez integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo quinto, establece el derecho de todas las niñas y los niños a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
El párrafo sexto del mismo artículo de nuestra Carta Magna establece que el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
Asimismo, su ley reglamentaria, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece en diversos artículos su derecho a la salud y la obligación del Estado de proporcionar los medios para que todas las personas menores de dieciocho años de edad disfruten de este derecho.
El interés superior de la infancia es para el Estado mexicano una obligación adquirida desde el momento en que se aprobó y ratificó, a través del Senado de la República, la Convención sobre los Derechos de la Niñez en 1990. Así las cosas, los derechos de niñas, niños y adolescentes no son un obsequio de los adultos, ni mucho menos de quienes asumen una responsabilidad desde el gobierno. El respeto de sus derechos y la protección de los mismos son obligación del Estado.
Sin embargo, al día de hoy, existen en nuestro país niñas y niños para los que la salud está negada, y a pesar de todos los textos que les reconocen este derecho, en la práctica carecen de los medios para obtenerla. En estas condiciones se encuentran las niñas, niños y adolescentes que padecen enfermedades genético-metabólicas, como las de Gaucher, Fabry, Pompe y Mucopolisacaridosis. Niñas y niños que podrían mejorar drásticamente su calidad de vida si recibieran el tratamiento adecuado. Niñas y niños que actualmente están muriendo por no recibirlo.
Estas enfermedades son hereditarias, progresivas y debilitantes. Causan, en aquellos que las padecen, deformidades óseas, dolores intensos y, si no son atendidas, la muerte.
En la actualidad existe un tratamiento disponible denominado terapia de reemplazo enzimático (TRE), el cual consiste en suministrar a los pacientes las enzimas que su cuerpo no produce. Dichas enzimas sustitutivas se fabrican por medio de ingeniería genética y son tratamientos novedosos que han demostrado una gran eficacia y seguridad para los pacientes a los que se les suministra; pero, lo más importante es que han cambiado de manera drástica su pronóstico de vida. Este tratamiento previene la reacumulación de sustancias grasas, azúcares y glucógenos en las células afectadas, de tal modo que se logra disminuir, revertir y normalizar muchos de sus síntomas. Desafortunadamente, este procedimiento terapéutico es extremadamente caro, sin embargo, los pacientes que lo reciben mejoran sustancialmente su calidad de vida, llegando incluso a tener una vida casi normal.
Las familias que cuentan entre sus integrantes con pacientes que sufren estas enfermedades genético-metabólicas han invertido gran parte de sus ingresos para obtener los tratamientos para atenderles, sacrificando otras necesidades básicas e incluso el patrimonio familiar, empero, los costos de los medicamentos son tan altos que, a pesar de todos sus esfuerzos, es materialmente imposible para las familias sufragar el costo del tratamiento, que asciende en promedio a $115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/ 100) mensuales por paciente.
La OMS define un hogar con gasto catastrófico a todo aquel cuyo gasto en salud representa más de 30% de su capacidad: de pago. En México se calcula que 3.89% de los hogares incurre anualmente en gastos catastróficos por motivo de salud. Para evitar el riesgo de empobrecimiento en estas familias se reformó la Ley General de Salud estableciendo en el Capítulo VI del Título Tercero Bis, denominado "De la Protección Social en Salud", la creación de un fondo de protección contra gastos catastróficos. El artículo 77 Bis 29 define que, se considerarán gastos catastróficos a los que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos asociados definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren.
El mismo artículo establece que con el objetivo de apoyar el financiamiento de la atención principalmente de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud que sufran enfermedades de alto costo de las que provocan gastos catastróficos, se constituirá y administrará por la Federación un fondo de reserva, sin límites de anualidad presupuestal, con reglas de operación definidas por la Secretaría de Salud.
De conformidad con lo dispuesto por la ley, corresponde al Consejo de Salubridad General definir las categorías de enfermedades que ocasionan gastos catastróficos auxiliado por la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos, cuyo reglamento interior fue publicado en el Diario Oficial el 12 de septiembre de 2005. Los criterios para definir el catálogo de intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos se encuentran definidos en el artículo 99 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud y en la fracción III del artículo 4 del citado reglamento interior.
El tratamiento de reemplazo enzimático (TRE) cumple con los criterios que establecen los artículos mencionados anteriormente. Estos criterios son los de efectividad y costo; peso de la enfermedad; seguridad y eficacia; adherencia a normas éticas profesionales; evolución de la enfermedad, pero sobre todo, con el de aceptabilidad social, en el que se indica que la enfermedad en cuestión, será considerada como gasto catastrófico, teniendo en cuenta el daño a la salud del beneficiario afectado, así como las repercusiones social y familiar, especialmente cuando éstas afectan a grupos vulnerables. El mismo texto establece que serán considerados grupos vulnerables los niños menores de cinco años, las mujeres en periodo de gestación o lactancia, los adultos mayores de sesenta y cuatro años y las personas con discapacidad.
A pesar de lo antes expuesto, el TRE no se encuentra enlistado en el catálogo de tratamientos, medicamentos y materiales asociados a enfermedades que ocasionan gastos catastróficos, establecido en el artículo decimocuarto transitorio del decreto que reforma y adiciona la Ley General de Salud, publicado en el DOF el 15 de mayo de 2005, ya que las únicas categorías definidas por el Consejo de Salubridad General son: I. El diagnóstico y tratamiento del cáncer, problemas cardiovasculares, enfermedades cerebro-vasculares, lesiones graves, rehabilitación de largo plazo, vih/sida, y II. Cuidados intensivos neonatales, trasplantes y diálisis.
En el artículo trigésimo tercero transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2005, la Cámara de Diputados estableció que para la asignación de los recursos provenientes del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, se destinara 75 por ciento para la investigación, prevención y atención de las enfermedades asociadas al tabaquismo y 25 por ciento restante, en partes iguales, en los estados productores de tabaco, a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud contemplados en los artículos 25, 29, 30 y 31 de la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación.
Para el próximo año 2006, el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos no tiene una asignación específica, y bastará con destinar 13.5 por ciento del mismo para financiar la compra de los medicamentos que se requieren para salvar la vida de todos los pacientes que sufren estas enfermedades genético-metabólicas en nuestro país.
En función del principio rector de los derechos de la niñez, el interés superior de la infancia y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución:
Proposición con punto de acuerdo
Primero. Se exhorta al Consejo de Salubridad General para que actualice las categorías de enfermedades que ocasionan gastos catastróficos e incluyan la categoría de enfermedades genéticometabólicas Gaucher, Fabry, Mucopolisacaridosis y Pompe.
Segundo. Se exhorta a la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos para que actualice el catálogo correspondiente e incluya el tratamiento de reemplazo enzimático para el tratamiento de enfermedades genéticometabólicas Gaucher, Fabry, Mucopolisacaridosis y Pompe.
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 22 de noviembre de 2005.
Dip. Angélica de la Peña Gómez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, Y A LAS SECRETARÍAS DE TURISMO,
Y DE SALUD A PROMOVER LA OBTENCIÓN DEL DISTINTIVO "H" EN TODOS LOS
ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDAN ALIMENTOS, A CARGO DE LA DIPUTADA TATIANA
CLOUTHIER CARRILLO
Tatiana Clouthier Carrillo, diputada federal de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II; 77 fracción I y 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 56, 58 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía, punto de acuerdo para exhortar a las entidades federativas, a la Secretaría de Turismo y a la de Salud a promover la obtención, en todos los establecimientos que expendan alimentos, del distintivo H:
Exposición de motivos
México es un país que cuenta con innumerables atractivos turísticos que lo convierten en un candidato potencial a segur desarrollando una gran industria turística que genere empleos e incentive el ingreso de divisas. Esta vocación de muchas de nuestras ciudades es ampliamente reconocida a nivel mundial; sin embargo, existen aún áreas de oportunidad que alejan al turismo y producen incentivos negativos para su mayor crecimiento. Entre ellas están las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS). Las ETAS de origen microbiano y parasitario son las causadas por el consumo de agua o comida contaminada por microorganismos patógenos, parásitos o sus toxinas. La contaminación de los alimentos puede ser endógena o bien ocurrir en algún punto de su transformación. Por esto el cuidado debe existir en los animales y vegetales y en el medio ambiente donde se almacena, maneja o procesa el alimento.
Lo anterior no es ajeno a nuestras autoridades ya que la Secretaría de Turismo implementó desde hace unos años el programa del Distintivo H con la intención de certificar a los establecimientos que voluntariamente cumplieran con ciertas normas de calidad en la elaboración de los alimentos y bebidas. La misma Secretaría, al realizar el lanzamiento de este programa reconoció que una de las razones de la disminución de los visitantes extranjeros de repetición en los diferentes destinos turísticos del país se debía al incremento de casos de enfermedades transmitidas por los alimentos contraídas en servicios dentro del territorio nacional.
En diciembre del año 2004 entró en vigor la Norma Mexicana NMX-F-605-NORMEX-2004, la cual establece el procedimiento y los requisitos que se deben cumplir para obtener el Distintivo H que otorga la Secretaría de Turismo a los establecimientos. Esta norma indica que los establecimientos podrán voluntariamente someterse a dichos procedimientos de revisión a fin de obtener el distintivo, lo cual consideramos ayuda pero no resuelve el problema que aqueja al turismo de nuestro país. México ocupa el segundo lugar en América Latina en brotes de enfermedades transmitidas por alimentos.
Es importante señalar la falta de un control estadístico en la materia de las enfermedades transmitidas por alimentos en nuestro país, el cual ayudaría a dimensionar la problemática actual; sin embargo, como se ha señalado el problema es manifiesto y requiere de nuestra inmediata atención para ser resuelto.
Por lo anterior, consideramos necesario que la obtención del Distintivo H debe ser promovida con mayor fuerza por parte de las autoridades de salud, turismo y de las entidades federativas, especialmente aquéllas que reciben visitantes del extranjero, para todos los establecimientos que operan los servicios de alimentos y bebidas cuya calidad y procedimiento se regula. Nuestro país debe ser capaz de garantizar, a todos los usuarios de estos servicios, una calidad mínima independientemente del lugar al que asistan. No podemos dejar al libre arbitrio de los propietarios de dichos establecimientos el tener o no los estándares de calidad que garanticen que los usuarios de dichos servicios podrán gozar de la seguridad que no se contagiarán de ETAS (enfermedades transmitidas por los alimentos) en nuestro país.
Por estos motivos propongo a este Congreso el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Exhortar a las autoridades de salud, turismo y de las entidades federativas a que promuevan e inviten a todos los establecimientos donde se expendan o suministren al público alimentos y bebidas no alcohólicas y alcohólicas, en estado natural, mezclados o preparados, para su consumo dentro o fuera del mismo establecimiento, a buscar el otorgamiento del Distintivo H, con la finalidad de lograr una mayor calidad y seguridad en la limpieza de lo que se consume.
A 22 de noviembre de 2005
Dip. Tatiana Clouthier Carrillo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A AGILIZAR MEDIANTE EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO
DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL LOS TRÁMITES
RESPECTIVOS QUE RESUELVAN Y CONTESTEN CONFORME A DERECHO LAS PETICIONES
DE LIBERTAD PREPARATORIA DE LOS INTERNOS DEL FUERO FEDERAL, A CARGO DEL
DIPUTADO JOSÉ MANUEL ABDALA DE LA FUENTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, José Manuel Abdala de la Fuente, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Antecedentes
Que el artículo 18 constitucional prevé la readaptación social dentro del sistema penal mexicano y, por su parte, la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación social de Sentenciados prevé el beneficio de la libertad preparatoria e igualmente la regula el artículo 84 del Código Penal Federal.
Por otra parte, el artículo 8° constitucional consagra como garantía individual el derecho de petición de todo gobernado, estableciendo que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa.
Es en este marco legal que se producen múltiples peticiones de libertad preparatoria por parte de los internos del fuero federal que consideran haber reunido los requisitos de ley.
Sin embargo, las autoridades competentes, que en el caso de los internos del fuero federal, son la Secretaría de Seguridad Pública y el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, no cumplen debidamente su función al respecto.
Hacen caso omiso del derecho de petición y en el más optimista de los escenarios, actúan con extrema lentitud, haciendo prácticamente nugatorio el sistema de beneficios preliberacionales.
Nosotros observamos que su indebido proceder no sólo es violatorio del derecho de petición, toda vez que pasan meses y en algunos casos, uno o más años para que el peticionario obtenga respuesta, con los consecuentes perjuicios para los internos y sus familias, sino que también causa perjuicios económicos a los erarios de la Federación y de los estados.
Esto es así porque existen muchos internos del fuero federal con el estatus de primodelincuentes, que se encuentran recluidos en los Ceresos estatales del país, que consumen una inversión económica considerable que fluctúa entre los 100 y 150 pesos diarios en promedio por cada interno, cuando que estos por haber cumplido los requisitos de libertad preparatoria, deberían estar integrándose a la sociedad en labores lícitas y productivas.
Nosotros los diputados federales, constantemente recibimos peticiones de los familiares de esos internos, esperanzados de que con nuestra intervención, los trámites internos de estas dependencias pudieran realizarse conforme a derecho, con diligencia y con la oportunidad debida.
Por lo antes señalado y con el fundamento antes citado, me permito presentar a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que, a través del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Publica federal, agilice los trámites respectivos, que se resuelvan y contesten conforme a derecho las peticiones de libertad preparatoria de los internos del fuero federal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2005.
Dip. José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A SOLUCIONAR LA CONSTANTE ALZA DE TARIFAS
DE ELECTRICIDAD PARA CONSUMO DOMÉSTICO, A CARGO DEL DIPUTADO ALFONSO
MORENO MORÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado federal Alfonso Moreno Morán, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55, Fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Gobierno federal para que dé solución a la constante alza de tarifas en el servicio de energía eléctrica para consumo doméstico, conforme a las siguientes
Consideraciones
Desde hace ya algunos años la población mexicana ha sufrido un grave deterioro en su ingreso por las constantes alzas de los energéticos como la electricidad, el gas y gasolinas.
Esta situación se agudiza más en aquella población que por su condición económica carece de los recursos suficientes para atender sus necesidades más prioritarias. Es el caso que se presenta en comunidades del norte de Guanajuato de los municipios de Ocampo, San Felipe, Dolores Hidalgo y San Diego de la Unión. En donde destinan hasta 30% de su ingreso para pagar el consumo de este servicio. En dichos cobros se nota un comportamiento (en lo que se refiere a los recibos) completamente anormal y en el que se disparan enormemente las lecturas de dicho consumo con una importante repercusión económica que afecta lamentablemente el bienestar familiar.
A la fecha se han presentado tanto en el Senado como en esta Cámara una gran cantidad de puntos de acuerdo en donde se exige al Gobierno federal dar solución al problema de la constante alza de tarifas del servicio de energía eléctrica para consumo doméstico.
En todos estos pronunciamientos ha quedado claro que las familias mexicanas ya no podrán soportar por mucho tiempo esta situación, resulta urgente que las autoridades den una solución favorable y definitiva a este grave problema.
Estamos conscientes de la necesidad que se tiene de la aprobación de una reforma energética que siendo de vital importancia para el país haría posible una reducción en los costos de este servicio minimizando un problema social cuya manifestación pondría en riesgo la estabilidad económica y social de las familias mexicanas.
Por mucho tiempo se ha postergado la actualización de las tarifas eléctricas para ponerlas a la par de los costos de producción, lo que ha propiciado que el monto de los subsidios gubernamentales haya crecido considerablemente, por ejemplo:
En 1995 el subsidio de las tarifas fue de 11 mil 124 millones de pesos; en 2002 alcanzó los 40 mil 700 millones de pesos. En este último año por los decretos del 7 de febrero y 5 de abril, la Secretaría de Hacienda autorizó a la CFE y a Luz y Fuerza del Centro el ajuste, modificación y reestructuración de las tarifas eléctricas, se redujo el monto del subsidio. Con el nuevo ordenamiento se modificó la estructura tarifaria de 1995, se establecieron costos más altos y diferenciados a partir de criterios de consumo máximo y temporalizados, por lo que en muchas regiones del país el problema para pagar las tarifas de uso doméstico se agudizó aún mas.
El subsidio no ha permitido nivelar las tarifas del servicio eléctrico domiciliario con el presupuesto familiar, ya que los costos de la electricidad en México entre 1994-2004 crecieron más que la inflación. Este sector, que integran más de 24 millones de usuarios, consumió de acuerdo con estudios realizados 24.7% del total del consumo de energía eléctrica en 2004.
Vemos con alarma que las tarifas eléctricas han aumentado 58.5% en las industrias y 57.1% para las familias en lo que va de la presente administración superando en mucho la inflación acumulada que fue de 20.5%
No soslayamos el esfuerzo que en la materia de electricidad se han realizado para reducir el costo, de las tarifas eléctricas, pero cabe señalar que no han sido suficientes ya que la problemática se ha agudizado sobre todo en comunidades de alta marginación en donde sus pobladores se ven en la disyuntiva de pagar el consumo de luz o destinar estos recursos a la manutención familiar.
Por ello se hace un atento llamado para que el ejecutivo federal modifique las tarifas de energía eléctrica a fin de que los más de 24 millones de usuarios se vean beneficiados con cobros que están al alcance de sus posibilidades económicas.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Exhortar al Gobierno Federal para que dé solución a la constante alza en las tarifas de tarifas en el servicio de energía eléctrica para consumo doméstico.
Noviembre de 2005.
Dip. Alfonso Moreno Morán (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO A INVESTIGAR EL POSIBLE CASO
DE CORRUPCIÓN EN EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DE ESA ENTIDAD, A
CARGO DE LA DIPUTADA ROSARIO HERRERA ASCENCIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la que suscribe diputada María del Rosario Herrera Ascencio, integrante del grupo parlamentario del PRI, ante esta soberanía presento el siguiente punto de acuerdo.
Consideraciones
En días pasados en los medios de comunicación, en particular en la televisión, se difundió la información a través de un video en el que integrantes del actual y del anterior Consejo Estatal Electoral de Guerrero y otras personas habrían sido implicados en un caso de soborno por representantes de la empresa Servicios, Asesorías y Materiales Electorales, SA (SAMESA), para adjudicar a esa empresa los contratos sobre la compra de papelería electoral que se utilizaron en las elecciones de gobernador el 6 de febrero del presente año y de presidentes municipales y diputados locales del pasado 2 de octubre también de este año.
Los hechos involucran directamente a los ex consejeros Alejandro Ortiz Hernández y Alfonso Neri Celis, pero también se alude al ex presidente del CEE, Ceferino Cruz Lagunas, y a su actual presidente Emiliano Cruz Lozano como al ex consejero Víctor Manuel Trani Clemente y al representante del PRI, Roberto Torres Aguirre.
En el video difundido se observa al ex consejero estatal electoral Alejandro Ortiz Hernández, que pretende vender a un particular el cheque girado a su favor de la cuenta 4024147308 de la sucursal 0433 por la empresa referida, por un monto de 3 millones 250 mil pesos, entregado con el fin de que los consejeros aprobaran la firma del contrato de compraventa de la papelería electoral con SAMESA.
El cheque fue girado el 20 de diciembre de 2004 y se intentó cobrar 6 meses después de la elección de gobernador, aunque fue rebotado por un banco en Chilpancingo posteriormente se trató de cobrar la cantidad vendiéndolo a algún particular por un valor inferior fijado en el mismo.
Cabe recordar que la elección de gobernador constitucional del estado fue organizada por el consejo presidido por Ceferino Cruz Lagunas y por los ex consejeros Alejandro Ortiz Hernández y Alfonso Neri Celis; y la elección de presidentes municipales y diputados locales por el actual consejo electoral que preside Emiliano Lozano Cruz.
Consideramos que se debe realizar una investigación formal por parte de las autoridades competentes del estado, a fin de esclarecer estos hechos y castigar a los responsables, toda vez que el Consejo Estatal Electoral es una institución que para su buen desempeño debe gozar de credibilidad y confianza plena de la ciudadanía.
Frente a los hechos antes descritos no cabe más que la indignación y la reprobación absoluta, pues más allá de la posible comisión de delitos, dañan la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones electorales, en los servidores públicos y en la misma democracia.
Por las anteriores consideraciones presentamos el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Guerrero que se realice una investigación sobre el posible caso de corrupción en el Consejo Estatal Electoral de Guerrero difundido en los medios de comunicación que involucran a servidores públicos del mismo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2005.
Dip. María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EFECTO DE QUE LOS RECURSOS APLICADOS
POR LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS EN LA EMERGENCIA DE LAS RECIENTES CONTINGENCIAS
METEREOLÓGICAS SE CONSIDEREN CONTRAPARTE EN LAS OBRAS QUE SE APRUEBEN
EN EL PEF DE 2006, A CARGO DEL DIPUTADO MARCO ANTONIO TORRES HERNÁNDEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Marco Antonio Torres Hernández, en representación de la diputación federal veracruzana del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
En los meses de junio a octubre pasados varios estados de la República se vieron severamente afectados por consecutivas contingencias climáticas derivadas de los huracanes Bret,José,Stan y Wilma, dejando un sombrío panorama de destrucción.
Ante esta situación de emergencia, los estados y municipios afectados aplicaron recursos económicos que se encontraban destinados para otros rubros que, a pesar de ser prioritarios, tuvieron que ser aplicados para solventar las necesidades y los daños más graves que se presentaron en esos momentos, como son a caminos, a las redes de agua potable, líneas telefónicas, energía eléctrica, entre otros.
Estos montos erogados ascienden a miles de millones de pesos, los cuales al no poder ser aplicados a los proyectos de obra planeados con anterioridad, una gran parte de la población también se ve afectada, por lo que es importante adecuar como estrategia de apoyo a las entidades federativas en emergencia, que el Ejecutivo federal considere estos gastos aplicados en las contingencias, como contraparte de la obras aprobadas dentro del Presupuesto de 2006.
Como ya lo hemos manifestado con anterioridad, es momento que el Ejecutivo demuestre su disponibilidad para ayudar a la ciudadanía, más aún cuando ha reconocido que lo que aconteció es la tragedia más extendida de su sexenio.
Por lo anteriormente expuesto es que me permito proponer a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, para que los recursos aplicados por los estados y municipios en la emergencia de las recientes contingencias meteorológicas sean considerados como contraparte de los recursos federales asignados en las obras que se aprueben en el Presupuesto de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 22 de noviembre de 2005.
Dip. Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS DE ESTA SOBERANÍA
A ELABORAR Y PONER EN MARCHA UN SISTEMA DE MANEJO AMBIENTAL, A CARGO DE
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE GARCÍA VELASCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
De conformidad con lo establecido tanto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, como en los numerales 58 y 59 de su Reglamento para el Gobierno Interior, la suscrita, diputada federal María Guadalupe García Velasco, del Partido Acción Nacional, presenta al Pleno de esta honorable Cámara, el siguiente punto de acuerdo para girar atento exhorto a la secretaría de servicios de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que elabore y ponga en marcha un sistema de manejo ambiental, en atención a los siguientes
Considerandos
La Constitución federal establece que toda persona tiene el derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. En este sentido, se trata de un deber ineludible para el Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para preservar y proteger el medio ambiente.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece, en su artículo 17 Bis, que "La administración pública federal, el Poder Legislativo federal y el Poder Judicial de la Federación, expedirán los manuales de sistemas de manejo ambiental, que tendrán por objeto la optimización de los recursos materiales que se emplean para el desarrollo de sus actividades, con el fin de reducir costos financieros y ambientales".
Dadas estas circunstancias, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional considera que la Cámara de Diputados tiene la obligación de ser la primera en respetar las leyes ya que es el lugar en el que se elaboran, por lo tanto no puede sustraerse a la aplicación de un sistema de manejo ambiental el cual constituyen un poderoso instrumento para que disminuya el impacto que sus operaciones cotidianas tienen sobre el medio ambiente y, así, se reduzcan sus externalidades ambientales negativas.
Las estrategias de los sistemas de manejo ambiental establecen sistemas de contabilidad para monitorear y supervisar el flujo de materiales en las operaciones cotidianas de una empresa o institución gubernamental, así como estrategias para la gestión "eco-amigable" de inmuebles, como por ejemplo optimización de espacios, "azoteas verdes", "compras verdes" (incluyendo productos orgánicos), uso durable de materiales de oficina y manejo ecológico de residuos. Las tres últimas estrategias forman parte del Programa de Consumo Responsable de Materiales de Oficina de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En lo que respecta al caso particular de la basura generada en la Cámara de Diputados, las últimas cifras que maneja la administración del Distrito Federal con respecto a la generación de basura nos dicen que una persona produce 1.3 kilogramos en promedio al día y de esta 43% son residuos alimenticios, 36% papel y cartón, 4.2 % vidrio, 3% latas y otros metales, 4.8% botellas de plástico y desechables, 1% madera y 8% hules y residuos de jardinería. Considerando la información citada, en la Cámara se producen alrededor de cinco y seis toneladas de basura diariamente.
Es por lo anterior que considero necesario que dentro del marco del sistema de manejo ambiental se realice un diagnóstico con la finalidad de determinar cómo es el manejo de los residuos sólidos urbanos, peligrosos y de manejo especial en el interior de la Cámara desde su generación hasta la entrega a los vehículos externos de recolección, analizando los sistemas de almacenamiento interno, barrido, limpieza, recolección, almacenamiento externo y acciones de aprovechamiento de los subproductos, con la finalidad de detectar áreas de oportunidad de mejora en el sistema y para el fortalecimiento de las áreas que actualmente están funcionando de manera eficiente.
Se debe promover y fomentar la participación corresponsable de todos los sectores que intervienen en la gestión integral de los residuos, cuyo objetivo es recuperar el valor económico de los residuos mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, reciclado y recuperación de materiales secundados o de energía.
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Secretaría de Servicios de esta Cámara de Diputados elabore y ponga en marcha un sistema de manejo Ambiental, con especial atención en el manejo y reciclaje de los residuos sólidos que se generan en su interior y conforme a los lineamientos establecidos la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Segundo. Que se tomen las previsiones presupuestarias necesarias para el cumplimiento del plan de manejo de residuos sólidos que se derive de la instrumentación del sistema de manejo ambiental de esta Cámara de Diputados.
Señor Presidente, en virtud de que estamos en el proceso de aprobación del presupuesto de esta Cámara para el próximo año, se solicita que el presente punto de acuerdo se sirva someterlo al Pleno de esta Cámara para su discusión y aprobación.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 22 de noviembre de 2005.
Dip. María Guadalupe García Velasco (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A SOLICITAR AL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO
QUE REABRA EL JUICIO DEL EJIDO HOYO DEL AIRE, LOCALIZADO EN TERETAN, MICHOACÁN,
A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS HERNÁN SILVA VALDÉS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración del Pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Los tribunales agrarios fueron creados fundamentalmente para lograr que la impartición de justicia en el agro sea ágil, pronta y expedita; para establecer mecanismos y reglas claras que permitieran la solución de las controversias que se presentan en materia agraria y para garantizar la seguridad jurídica en el campo, tal y como lo establece la fracción XIX del artículo 27 constitucional.
2. Con este mismo propósito, la Procuraduría Agraria tiene como competencia y obligación: Prevenir y denunciar ante la autoridad competente, las violaciones de las leyes agrarias para hacer respetar el derecho de sus defendidos e instar a las autoridades agrarias al desempeño de las funciones a su cargo y emitir las recomendaciones que considere pertinentes.
3. Por estas razones, la Procuraduría Agraria está obligada a denunciar el incumplimiento de las obligaciones, y responsabilidades de los funcionarios agrarios o de los empleados de la administración de justicia agraria, e investigar y denunciar los casos en los que se presuma la existencia de prácticas de acaparamiento o concentración de tierras, en extensiones mayores a las permitidas por la ley.
4. Igualmente, está obligada, a asesorar y representar a los agentes agrarios en sus trámites y gestiones, para obtener la regularización y titulación de sus derechos agrarios ante las autoridades administrativas o judiciales que corresponda.
5. Teniendo por obligación principalísima, asumir la defensa de los derechos de los sujetos agrarios, auxiliando a los actores para formular su demanda por escrito y darle el debido seguimiento hasta lograr una solución de las controversias suscitadas apegada a estricto derecho.
6. Corresponde asimismo a la Procuraduría Agraria estudiar y proponer medidas encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica en el campo, actuando en todo momento como factor de equilibrio en las nuevas relaciones sociales y económicas entre los núcleos agrarios, el Estado y los particulares.
7. Por otra parte, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, Procede, debe atender, voluntaria y gratuitamente y, a solicitud de parte, la libre decisión campesina de delimitación, destino y asignación de sus tierras y lo debe hacer con estricto respeto a la voluntad de los núcleos agrarios ejidatarios y comuneros, manifestada en sus asambleas, con la presencia de un fedatario público y con apego al marco jurídico-técnico establecido.
8. Su objetivo principal es dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra a través de la entrega de certificados parcelarios y/o certificados de derechos de uso común, o ambos, así como de los títulos de solares, en favor de los individuos con derechos que integran los núcleos agrarios que así lo aprueben y soliciten.
9. Asimismo, promover entre los campesinos, garantizando la propiedad social, acciones orientadas al cuidado, conservación y mantenimiento de lo que legalmente es suyo, así como alentar la explotación racional de los recursos naturales, y fomentar el reconocimiento y respeto mutuo de la propiedad ajena, sobre una base de tenencia de la tierra plenamente definida.
10. Siendo las instituciones directamente responsables de su ejecución, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la Procuraduría Agraria (PA), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Registro Agrario Nacional (RAN) y otras diversas dependencias concurrentes de los tres ámbitos de gobierno, así como profesionistas privados tales como los fedatarios públicos y, de manera fundamental, los campesinos, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, Procede, debe constituir el instrumento idóneo básico e insustituible para llevar a cabo la regularización de la propiedad social, con el propósito de proteger y consolidar los derechos sociales de los campesinos mexicanos y sus familias y así otorgar certidumbre jurídica a la propiedad social y estimular la asociación productiva.
11. En consecuencia, los tribunales agrarios, tanto los unitarios como el superior, deben otorgar pleno valor probatorio a la certificaciones de derechos que este programa emita, pues siendo un documento público hace prueba plena.
12. En Michoacán, tanto el Tribunal Unitario Agrario Distrito XIX como la Procuraduría Agraria Delegación Michoacán han actuado sistemáticamente de manera defectuosa, en particular en la solución de los conflictos tipificados como focos rojos y han permitido, con su ineficiente actuación, que controversias simples se eleven a esta peligrosa categoría.
13. En particular en el municipio de Taretan, Michoacán, circunscrito al noveno distrito electoral federal, el ejido Hoyo del Aire promovió juicio 202/98 sobre restitución de 100-00-00 cien hectáreas contra sedicente pequeño propietario que indebidamente invadió, obteniendo un resolutivo absurdo y alejado absolutamente de la justicia de hecho tanto como la de derecho.
14. En este caso, pese a la encomienda formal escrita que el ejido Hoyo del Aire hizo a la autoridad procuradora, ésta lo abandonó a su suerte irresponsablemente, pues nunca estuvo atenta a los términos y plazos procesales, ni se inconformó en tiempo y forma con la sentencia, perdiendo el núcleo agrario, tanto el recurso de revisión como, en su oportunidad, la protección del juicio de amparo.
15. Fundado en lo anterior, el 20 veinte de octubre de 2004, el ejido Hoyo del Aire presentó queja administrativa contra el personal de la Procuraduría Agraria Delegación Michoacán, en particular contra el abogado asignado a la residencia Uruapan, jurisdicción a la que corresponde el núcleo agrario quejoso, promoción a la que se dio número de registro 312/2004 y que a la fecha, inexplicablemente, no se ha sido resuelta.
16. Por su parte el Tribunal Unitario Agrario Distrito XIX resolvió a favor de la actora, pero desechando la documental pública, representada por las certificaciones del Procede y aceptando sólo parcialmente los peritajes que demostraban la invasión de la superficie tenido, desde siempre, como parte del núcleo agrario.
17. Este resolutivo reintegra al ejido sólo 70-00-00 setenta hectáreas de las 100-00-00 cien hectáreas reclamadas en restitución, lo que representa una pérdida de 30-00-00 hectáreas de la superficie original del núcleo agrario en cita.
18. En consecuencia, ambas autoridades son responsables de la pérdida de superficie mencionada, pero lo es mayoritariamente la Procuraduría Agraria por la irresponsabilidad y negligencia con las que atendió la encomienda que le fue dada, omitiendo utilizar las atribuciones e incumpliendo con las obligaciones que la Ley Agraria le tiene perfectamente ordenadas, tanto como el reglamento interior de la Procuraduría Agraria, específicamente en sus numerales 2o., 4o., 5o. y 19.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la aprobación de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo federal para que en el marco de sus atribuciones y facultades, (1) solicite al Tribunal Superior Agrario y en particular al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Judicial XIX, actúen con irrestricto apego al marco jurídico en vigor y con vistas a tornar realidad la justicia agraria para la que fueron concebidos; (2) reabra el viciado juicio cuya resolución lesiona severamente, no sólo al ejido Hoyo del Aire del municipio de Taretan, sino al elemental sentido de justicia, para que de su revisión se desprenda la justicia social que se espera de esta institución.
Segundo. En igual forma, a que ordene a la Secretaría de la Reforma Agraria, indemnice, en su caso, al ejido Hoyo del Aire por los daños y perjuicios consistentes en la pérdida de más de 30-00-00 treinta hectáreas de su superficie original, ocasionados por la irresponsabilidad y negligencia de este organismo procurador de justicia agraria.
Tercero. Asimismo, a que se asegure de que la Procuraduría Agraria, cumpla cabalmente con el mandato que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Ley Agraria, le ha impuesto en la prosecución de la justicia agraria, en particular para que la delegación en Michoacán de este organismo público descentralizado tenga un desempeño no sólo eficaz, sino honorable.
Cuarto. Y, a que instruya al procurador agrario para que, por conducto de la dirección general de Quejas y Denuncias dé inmediata solución a la queja administrativa 312/2004 promovida por dicho ejido agraviado contra el personal de la delegación de esa Procuraduría en Michoacán.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a veintidós de noviembre del año dos mil cinco.
Dip. Carlos Silva Valdés (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LOS
COBROS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE LA CFE REALIZA
EN EL ESTADO DE YUCATÁN, A CARGO DE LA DIPUTADA IVONNE ARACELLY
ORTEGA PACHECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, legisladores del H. Congreso de la Unión por el estado libre y soberano de Yucatán, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo relacionado a los cobros por el servicio de energía eléctrica que viene realizando la Comisión Federal de Electricidad en nuestra entidad federativa, en razón de las siguientes.
Consideraciones
El Consejo Estatal para la Reducción de las Tarifas Eléctricas del Estado de Yucatán (CERTEY) es un movimiento ciudadano integrado por representantes de las cámaras empresariales, partidos políticos y organizaciones no gubernamentales, así como representantes populares ante el H. Congreso de la Unión, con la finalidad de gestionar ante las instancias correspondientes el ajuste de las tarifas por el servicio de energía eléctrica de conformidad con la realidad climática, social y económica de Yucatán.
Con este objetivo se han realizado diversas actividades con el respaldo de los ciudadanos, entre las cuales se cuentan apagones de protesta, campañas de sensibilización y difusión del problema, entre otras.
Este tipo de acciones han tenido una excelente respuesta de la sociedad, demostrando de esta forma que el problema afecta y preocupa a la mayoría de los yucatecos: Tan sólo en el primer apagón convocado por el CERTEY, participó más de 90 por ciento de los usuarios y se cuenta ya con más de 175 mil firmas en apoyo a las solicitudes que realizamos a la Comisión Federal de Electricidad. En el renglón de difusión también han sido distribuidas unas 175 mil calcas que diariamente pueden observarse en los vehículos de particulares que circulan por Yucatán.
Básicamente, el problema en el estado de Yucatán radica en el hecho de que, como es sabido a nivel nacional, las altas temperaturas y el grado de humedad prevaleciente en la mayor parte del año obligan a los ciudadanos a utilizar necesariamente la energía eléctrica para sus más elementales actividades o para la conservación de alimentos. A este factor se agrega el que gran parte de la población yucateca se encuentra en una situación económicamente precaria.
Para resolver este problema el CERTEY ha conformado una serie de propuestas que van desde el otorgamiento de subsidios especiales hasta la modificación de la fórmula para el cálculo de las tarifas por el servicio a fin de incluir el factor humedad.
Se ha venido solicitando a la CFE una serie de acciones para considerar este tipo de propuestas; sin embargo, hasta la presente fecha no se ha obtenido una respuesta positiva a los planteamientos que se han realizado.
Sabemos que es facultad del Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, fijar las tarifas eléctricas, así como su ajuste, modificación y reestructuración, incluyendo los subsidios.
Asimismo para resolver de manera definitiva esta problemática tenemos conocimiento de que existen en las Cámaras de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión diversas iniciativas en el sentido de modificar la Ley Federal Sobre el Servicio de Energía Eléctrica para que se incluya en las tarifas de la CFE el factor humedad, así como el nivel socioeconómico, desarrollo regional y otros factores de riesgo y también para modificar el sistema de elaboración de las propias tarifas, transfiriendo la facultad de esta acción al Congreso de la Unión en lugar de la Secretaría de Hacienda, mismas iniciativas que deben ser dictaminadas y votadas por el Pleno de esta Cámara de Diputados a la brevedad.
Por otra parte el 30 de septiembre pasado concluyó el periodo de verano, durante el cual las tarifas de la paraestatal se reducen en beneficio principalmente de quienes menos consumen el servicio de energía eléctrica, esto es de quienes menos tienen.
En este sentido, dados los antecedentes de respuesta de la paraestatal a nuestras demandas, y debido a que la aplicación de subsidios compete, según la legislación vigente, a la Secretaría de Hacienda federal, apelamos a la mediación de esa Cámara de Diputados para que dicho subsidio se siga aplicando en el Estado de Yucatán por lo que resta del año 2005 y, de ser posible, que se aplique de manera permanente hasta en tanto no se llegue a un acuerdo con la CFE y con las instancias legislativas para definir de manera justa el monto que corresponda a las tarifas por el servicio.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de
Acuerdo
Único. Gírese atento oficio al C. secretario de Hacienda y Crédito Público a efecto de solicitarle que obsequie la petición del CERTEY de Yucatán en el sentido de que se apliquen las tarifas de verano de la Comisión Federal de Electricidad en esa entidad federativa por lo que resta del año 2005 y de manera permanente hasta en tanto no se llegue a un acuerdo para definir de manera justa el monto que corresponda a las tarifas por el servicio.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 22 de noviembre de 2005.
Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional
Diputados: Virginia Yleana Baeza Estrella, Orlando Pérez Moguel, Alfredo Rodríguez y Pacheco, Ma. Beatriz Zavala Peniche.
Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Diputados: Ivonne A. Ortega Pacheco, Roger David
Alcocer García, Ángel Paulino Canul Pacab.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A ESTA SOBERANÍA A PRORROGAR LA VIGENCIA DE LA COMISIÓN
ESPECIAL DE PROSPECTIVA PARA LA DEFINICIÓN DEL FUTURO DE MÉXICO,
A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS HERNÁN SILVA VALDÉS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
Antecedentes
México presenta, cada vez más, dramáticos e inadmisibles contrastes sociales entre sus ciudadanos, que ponen en grave riesgo el desarrollo armónico del tejido social y que, a su vez, desencadenan exponencialmente los males endémicos que tienen al país al borde del colapso. Existe una tendencia negativa a la desigualdad material y a la exclusión en prácticamente todos los ámbitos, cuya causa principal es la carencia de equidad social y desarrollo económico sustentable; no se mejoran las condiciones de vida de la gente porque no existe un Proyecto de crecimiento económico y social de Estado y, los resultados de esta carencia están a la vista: La brecha de ingresos entre ricos y pobres se está ampliando; los empleos son insuficientes; la educación es inaccesible para gran parte de los mexicanos y los años de escolaridad se ubican muy por debajo de nuestros socios comerciales; por otra parte, la competitividad económica va en descenso en comparación con los países desarrollados; y el de por sí grave deterioro del medio ambiente se acrecienta con la sobreexplotación de nuestros bosques y selvas, y la peligrosa contaminación de nuestras aguas, tierras y aire; así como con la escasa inversión en fuentes energéticas alternativas.
Esta compleja problemática, describe, entre otras, algunas de las causas intervinientes que nos han llevado a la amenazante situación en la que está sumido el pueblo mexicano y ocurre en el contexto de una inadvertida, pero letal, sustitución de principios y valores, cada vez mas laxos en nuestra sociedad y es caldo de cultivo propicio de la escandalosa corrupción, que carcome nuestras instituciones y genera una complicidad con el incontenible narcotráfico y la avasallante inseguridad pública que son cada vez mas visibles e impunes en nuestra sociedad.
El retroceso en estas áreas estratégicas del país, que han sido descuidadas en aras de lo coyuntural, acredita la necesidad de incorporar, permanentemente, a nuestras instituciones el pensamiento reflexivo de largo plazo con el propósito de contar con la capacidad de diseñar, prever y planear un verdadero desarrollo sostenido en todos los rubros nacionales; por ello es imprescindible establecer una planeación con políticas públicas de Estado y no sólo de gobierno en la que participemos todos los mexicanos para nuestro propio beneficio.
Con la constitución de la Comisión especial para la definición del futuro de México hemos dado los primeros pasos en este sentido. Sin embargo, la nueva cultura democrática, incluyente y participativa, exige el consenso constante y sistemático tanto de los actores políticos y sociales sobre los rezagos existentes, en cada uno de sus ámbitos, como de las acciones indispensables para la superación gradual de dichas problemáticas.
Como la mayoría de los mexicanos, nosotros también estamos convencidos que todos queremos y podemos construir una nación con mayor equidad social y desarrollo sustentable... ¡Ése es el México con que todos soñamos!
Por ello, el suscrito diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre de la totalidad de las y los diputados integrantes de la Comisión de prospectiva para la definición del futuro de México, con fundamento en los dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
II. Que el articulo 42 de la Ley Orgánica otorga al Pleno la facultad de acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto especifico y que, en términos del artículo 34, numeral 1, inciso c) del mismo ordenamiento a la Junta de Coordinación Política le corresponde proponer al Pleno la integración de las comisiones.
III. Que en la sesión de la H. Cámara de Diputados celebrada el 5 de abril de 2004, el Dip. Fernando Alberto García Cuevas, del grupo parlamentario del PRI, presentó la proposición con punto de acuerdo por la que se solicitó la creación de la Comisión Especial de prospectiva para la definición del futuro de México, misma que fue turnada a la Junta de Coordinación Política.
IV. Que la Junta coincidió en que era necesario crear dicha comisión especial a efecto de concentrar información estratégica que permitiera elaborar un gran diagnóstico nacional sobre escenarios que posibilitara al Estado mexicano prevenir y actuar con paso firme en la toma de decisiones con seguridad e imprescindible visión de futuro.
V. Que el 29 de abril de 2004, la Junta de Coordinación Política, sometió al Pleno de la H. Cámara de Diputados la aprobación del acuerdo de creación de la Comisión referida, mismo que fue aprobado en votación económica.
VI. Que dicho acuerdo asigna a la Comisión los siguientes objetivos:
* Recopilar información estadística para realizar los diagnósticos sobre cada rubro de interés nacional;
* Diseñar responsablemente el futuro del país con proyectos, propuestas y recomendaciones de todos los actores políticos con una visión de largo plazo;
* Definir escenarios nacionales con anticipación para aprovechar y potencializar los recursos del país con la mirada puesta en el porvenir.
VII. Que luego de varias reuniones de trabajo, de las que se informa en la Gaceta Parlamentaria publicada el día 27 de junio de 2005, existe el consenso de la mayoría de sus diputadas y diputados integrantes de que es imperativa la constitución de un proyecto de nación integral, incluyente, plural, participativo y democrático... que emplace sus esfuerzos al largo plazo, mismo que denominamos Agenda México 2030, cuya encomienda consiste en sumar al mayor número de actores políticos, económicos y sociales para pensar el México que queremos en 2030.
VIII. Que los beneficios que traerá esta
agenda se podrán ver reflejados a lo largo y ancho de nuestro territorio,
ya que se deberá orientar a:
La visión que se pretende construir es una
imagen futura del país en la cual se contemplen los temas estratégicos
que son portadores y detonantes del desarrollo y del porvenir de los mexicanos.
Para lograr estos objetivos estratégicos resulta impostergable la incorporación de múltiples agentes, especialistas temáticos, académicos, investigadores, articulando los esfuerzos de diversos organismos, asociaciones, instituciones y centros, etcétera, que coadyuven en su diseño; para ello...
IX. La Comisión constituyó el Consejo Mexicano de Prospectiva, Asociación Civil, organismo cuyo Consejo Directivo estará presidido rotativamente por los diputados integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión especial para la definición del futuro de México.
X. De conformidad con sus estatutos, tendrán carácter de asociados activos los integrantes de la Comisión especial de prospectiva para la definición del futuro de México y las personas físicas, morales, instituciones, organismos, dependencias del Gobierno federal, estatal o municipal; y los asociados honorarios que sean designados por la asamblea.
XI. Que la Comisión especial para la definición del futuro de México potencial izará sus esfuerzos a través del Consejo Mexicano de Prospectiva, AC, el cual, además de adoptar los objetivos de la Comisión se orientara a:
XII. Ser una instancia a través de la cual la Comisión especial para la definición del futuro de México, elaborara la agenda, que contenga el proyecto de nación denominado Agenda México 2030; promover y difundir todas las actividades, experiencias, investigaciones y demás realizaciones de la asociación; celebrar toda clase de actos, convenios y contratos que sirvan para la consecución de sus objetivos; obtener de las instituciones correspondientes los apoyos necesarios y suficientes que se requieran para la realización de su objeto social.
XIII. Que es vital que en México se emprenda un proceso prospectivo que le permita diseñar, de manera participativa, la imagen de futuro deseada, probable y posible, que el país se merece.
XIV. Que México es un país pluriétnico y multicultural, con una gran diversidad de regiones y que los cambios que ha experimentado en los últimos años en materia económica, social, política y en muchos otros ámbitos nos obligan a realizar un diagnóstico sobre los rubros de interés nacional, como una tarea permanente de nuestros legisladores, que debe incluir a cada una de los entidades federativas y municipios de la República Mexicana, y cuyo diseño responsable, con proyectos y propuestas del futuro del país, rebasa la temporalidad de las Legislaturas.
XV. Que definir escenarios nacionales con anticipación, para aprovechar y potencializar los recursos del país, con la mirada puesta en el porvenir, requiere ajustes permanentes y replanteamientos acordes con la evolución económico-político y social de nuestra nación mexicana para prever su inclusión y funcionamiento en la mundialización, tan referida en nuestros días.
XVI. Que el interés demostrado por los sectores público, social, académico y empresarial para participar y apoyar el proyecto que defina el futuro de México, así como las aportaciones directas que nutran y retroalimenten la visión prospectiva de país, hacen necesario generar el entorno propicio para facilitar y agilizar la intervención de múltiples actores.
XVII. Que en el pasado reciente se han firmado dos acuerdos nacionales surgidos de la sociedad, los cuales contemplan metas de largo plazo. Se trata del Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo, así como el de la Coalición Ciudadana Nacional por la Transición Democrática con Justicia y Equidad.
XVIII. Que estos acuerdos, que muy probablemente no serán los únicos, requieren encontrar, necesariamente, un cauce institucional que sirva para procesarlos y que implique compromisos del poder público, para dar rumbo e institucionalizar el proceso con un enfoque prospectivo. Por ello, se plantea que, a través de la comisiones, se canalice la discusión por temas de las aportaciones de la ciudadanía, expresados a través de este tipo de acuerdos o de otros medios que pudieran hacer de la Agenda México 2030, la visión de futuro de todos los mexicanos.
XIX. Que una vía adecuada para que el poder público se comprometa a largo plazo es estableciendo una agenda legislativa en la que se suscriban las acciones pertinentes para dar forma y cumplimiento a los anhelos y expectativas de la sociedad.
XX. Que para la construcción de esta visión de futuro se plantea en una primera instancia la participación de las comisiones permanentes de la H. Cámara de Diputados, consistente en que cada una aporte su visión del México del 2030, de acuerdo con el tema relativo a su naturaleza. Ello con miras a construir ordenada y sistemáticamente la agenda legislativa institucional de la H. Cámara de Diputados a partir de las visiones aprobadas de cada comisión, misma que, se prevé, contendrá los temas que se requieran procesar al interior de la Cámara para poder hacer realidad la visión institucional de largo plazo, previamente acordada.
Primero. Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados a prorrogar la vigencia de la Comisión Especial para la definición del futuro de México, hasta el final de esta LIX Legislatura.
Segundo. Asimismo, a dotaría de los recursos financieros necesarios para el sustento y apoyo de su impostergable mandato, con el propósito de concretar la Agenda México 2030, para así, garantizar su eficacia y fundamental repercusión en el futuro de nuestra nación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 10 días del mes de noviembre del año dos mil cinco.
Diputados: Manuel Ovalle Araiza, Presidente; Fernando
Alberto García Cuevas, secretario; Carlos H. Silva Valdés,
secretario; Pablo Bedolla López, Hugo Rodríguez Díaz,
Víctor Manuel Alcerreca Sánchez, Ivonne Aracelly Ortega Pachecho,
Alfonso Nava Díaz, Juan Manuel Dávalos Padilla, Guillermo
Tamborrel Suárez, Sheyla Fabiola Aragón Cortés, José
Juan Bárcenas González, Jaime del Conde Urgarte, Miguel Ángel
Toscano Velasco, David Ferreyra Martínez, Rafael Candelas Salinas,
Óscar González Yáñez, Luis Maldonado Venegas,
Leticia Gutiérrez Corona, Arturo Robles Aguilar, Pablo Franco Hernández
(rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LA SHCP PARA QUE DE LAS ECONOMÍAS
RESULTANTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2005,
SE CONSIDERE Y TRANSFIERA A LA SCT UNA PARTIDA DESTINADA A LA AMPLIACIÓN
DEL AEROPUERTO DE PALENQUE, CHIAPAS, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE BALDEMAR
UTRILLA ROBLES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea un punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
1. El Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide) establecen claramente como prioridades de gasto de la actual administración el fortalecimiento del federalismo, a través de una mejor asignación de recursos y responsabilidades entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como mantener la inversión impulsada por el sector público para que sea un detonador del crecimiento económico y la generación de empleos.
2. Conscientes de la importancia que implica incrementar la inversión pública, consideramos que es momento para fortalecer una planeación sectorial y al mismo tiempo, diseñar una estrategia fundamental para la ampliación de las redes aeroportuarias ya existentes con una visión de desarrollo de mediano y largo plazos, que nos permita estar al nivel que impone el nuevo esquema internacional caracterizado por la globalización.
3. Reconocemos que las anteriores administraciones han realizado acciones y proyectos para la región; sin embargo, no han sido suficientes para lograr asimilar el progreso de la región con el centro y el norte del país.
4. Ante ello, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional ha manifestado su interés en la realización urgente de acciones y programas con el fin de potenciar el desarrollo de esta región en todas sus áreas y de esa forma integrarla al proceso de crecimiento nacional.
5. A dos años de haberse iniciado un esfuerzo conjunto con el único fin de abatir la problemática y el histórico rezago social que presenta la región, estimamos conveniente ratificar nuestro compromiso de cooperación con una renovada determinación de promover el desarrollo y el bienestar social del Estado.
6. Nos subyace una convicción profunda sobre la prevalencia del interés superior del país de la necesidad de no defraudar las expectativas de la población mexicana, en este caso quienes habitamos en el sur-sureste del país, fieles a nuestros orígenes, que con extraordinaria sabiduría exigen una convivencia más equitativa y democrática.
7. Es importante destacar que en algunos estados las condiciones de atraso y marginalidad han sido la causa de conflictos sociales y políticos cuya solución se encuentra sujeta a la voluntad nacional y de la autoridad pública para abatir el origen de los problemas y no simplemente sus manifestaciones.
8. Nuestra convicción debe ser coadyuvar con todos los actores involucrados a que el sur-sureste del país aspire a tener mejores niveles de vida y cerrar paulatinamente esa enorme brecha de desigualdad.
9. Por lo que la ausencia de un aeropuerto internacional en Palenque, estado de Chiapas, se traduce en marginación de tan amplio entorno natural, ecológico, y cultural, que incluye la cuenca del Usumacinta, Bonampak, Tikal, la selva del Petén y un sinnúmero de espacios susceptibles al ecoturismo. Recordemos que la zona es la cuarta región del mundo con mayor biodiversidad.
10.- Palenque no es sólo un punto más por recorrer, se incrusta en el circuito turístico del Mundo Maya y carece de una infraestructura aeroportuaria de relevancia, pese a que se le considera la puerta principal de la Ruta Maya, integrada por Campeche, Quintana Roo, Tabasco, y Yucatán.
11. El territorio en que se circunscribe la Ruta Maya en el país abarca una superficie de 240 mil kilómetros cuadrados, donde el turismo nacional y el internacional son apreciados por la derrama de divisas que generan constantemente. En virtud de que no tiene la capacidad de ser entrada y salida de vuelos nacionales e internacionales, en consecuencia, no se consolida como la puerta de entrada de este importante corredor turístico.
12. Aunado a esto, todos los avances en infraestructura y desarrollo de los últimos cinco años se han perdido, no sólo en algunos municipios, sino en todo el estado, por los fenómenos naturales Stan y Wilma, resultando un golpe duro para Chiapas y para el país. Su geografía fue un factor que hizo que el huracán resultara devastador, y hoy tenemos la oportunidad de hacerle frente al rezago de manera mucho más acelerada para revertir esas condiciones de marginación. Ante esta realidad se requiere de un esfuerzo compartido que permita desarrollar las enormes potencialidades de la región.
Por lo anterior citado, diputado presidente, me permito presentar el siguiente:
Punto de Acuerdo
Resolutivo Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a fin de que se instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que de las economías que resulten del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2005 se contemple la asignación de la partida presupuestal necesaria y se transfiera a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la ampliación del aeropuerto de Palenque, estado de Chiapas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2005.
Dip. Jorge B. Utrilla Robles (rúbrica)
El suscrito, en su calidad de diputado federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promueve ante esta soberanía la presente excitativa, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El día 22 de abril de 2004, el suscrito presentó en esta alta tribuna iniciativa de reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, en materia de arraigo. Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y a la de Seguridad Pública.
Asimismo, el día 27 de abril del 2004 presenté iniciativa de adición constitucional en materia de arraigo. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Ambas iniciativas fueron presentadas tras considerar que la legislación penal entraña una delicada relación entre el poder público, es decir, la facultad punitiva del Estado y los derechos fundamentales del ciudadano plasmados en las garantías individuales previstas en nuestra Carta Magna, en virtud de lo cual es preciso pugnar día a día por lograr el debido equilibrio entre los derechos de la victima u ofendido y los del propio inculpado, en pro de una debida y garantizada procuración e impartición de justicia penal que responda a las necesidades sociales y el combate al crimen sin causar afectación a las garantías individuales.
Consideraciones
El pasado 19 e septiembre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la acción de inconstitucionalidad promovida por el Congreso del Estado de Chihuahua, contra el Código de Procedimientos Penales de la entidad resolvieron que es inconstitucional la figura del arraigo domiciliario. Con esta resolución se abrió la posibilidad de que los delincuentes se amparen contra esa medida precautoria, toda vez que nuestra Carta Magna no faculta al Ministerio Publico para privar de su libertad a presuntos delincuentes y mucho menos a victimas de delito o testigos.
Esta situación ya había sido anticipada por el suscrito, motivo por el cual se presentaron las iniciativas antes referidas con la finalidad de crear el marco constitucional y legal adecuado para la práctica del arraigo con pleno respeto a las garantías individuales.
Es cierto que el arraigo en la actualidad viola flagrantemente la presunción de inocencia y la garantía de debido proceso plasmada en el artículo 14 constitucional, pues afecta la libertad personal, de tránsito, de trabajo, el derecho al buen nombre, etcétera, de quien es arraigado, lo que puede constituir una pena inusitada o trascendente sin que medie una sentencia condenatoria o al menos una orden de aprehensión.
Reiteramos que únicamente el juez debe ser quien puede autorizar esta medida cautelar, que no es otra cosa sino la privación excepcional de derechos de quienes pueden ser probables responsables de delito, sin que pueda extenderse a testigos y mucho menos a la víctima u ofendido. Es necesario, además, que el arraigo recobre su naturaleza precautoria para eliminar su actual carácter de práctica para investigación, para que la autoridad no realice actos de molestia que no sean estrictamente indispensables; que el arraigo se practique únicamente en el domicilio, descartando con ello las denominadas casas de seguridad u hoteles; y sobre todo, debe estar previsto exclusivamente para probables responsables, no para testigos, victimas u ofendidos. Habría, además, de establecerse un régimen de responsabilidades para quien lo ordena y para quien lo ejecuta si no existen elementos suficientes para tomar dicha medida precautoria con la finalidad de evitar excesos y abusos en su ejecución.
No escapa a nuestro interés la debida persecución de los delitos y de los delincuentes, siendo una de las principales obligaciones del Estado la de brindar seguridad publica y paralelamente seguridad jurídica, a la luz de lo cual, y para evitar que a quien ha cometido un delito se le otorgue el amparo de la justicia federal contra una orden de arraigo debidamente dictada por un juez, sin el debido sustento constitucional y con base en la endeble legislación secundaria, es indispensable que nuestra Carta Magna prevea la figura del arraigo como medida cautelar.
Por lo antes expuesto y fundado, solicito a la Presidencia dé trámite inmediato a la siguiente proposición:
Único. Con fundamento en lo previsto por los artículos 21, fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sírvase enviar la presente excitativa a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, a la de Seguridad Publica y a la de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para que se lleve a cabo el procedimiento de análisis y discusión de las iniciativas en comento, con objeto de que los proyectos de dictámenes correspondientes sean presentados a este Pleno para dar cumplimiento a la obligación legislativa que nos ha sido conferida en esta materia.
Palacio Legislativo, a 22 de noviembre de 2005.
Dip. Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez
(rúbrica)