Los suscritos diputados federales de la LIX Legislatura del estado de Tlaxcala, de los diferentes grupos parlamentarios, con fundamento en los artículos 55 y 58, fracción I, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de este Pleno, proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Tlaxcala, siendo una entidad enclavada en el centro de la República Mexicana que comparte límites con estados como el de México, Puebla e Hidalgo, a sólo 90 minutos de la capital del país; siendo paso necesario para el Este, Noreste y Sureste del país, su desarrollo relativo contrasta sensiblemente con sus entidades vecinas.
Con 60 municipios y una población que, de acuerdo con la última estimación, rebasa los 1 millón 100 mil habitantes, distribuidos en poco más de 4 mil Km2, y con una densidad poblacional de 237, su infraestructura carretera acusa serios rezagos, además de que las existentes se caracterizan en su mayoría (sobre todo las que comunican a los municipios y comunidades aledañas a los mismos) por su falta de mantenimiento.
Lo mismo sucede con la infraestructura hospitalaria que no ha crecido y registra un grave retroceso, sobre todo en atención médica de alta especialidad en población no asegurada.
Por ejemplo, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), el estado de Tlaxcala ocupa el último lugar respecto a las entidades del país en hospitales, el vigésimo noveno en personal médico, siendo en el de especialistas el último lugar, lo mismo que en consulta externa especializada y de urgencias.
En cuanto a infraestructura educativa, conviene hacer notar que en educación superior nuestro nivel de absorción esta por abajo del promedio nacional con 65%, contra 79%.
Lo que origina que muchos jóvenes tlaxcaltecas tengan que emigrar a otros lugares fuera de la entidad para seguir sus estudios de educación superior por la insuficiencia de espacios y la limitación en el número de carreras a nivel licenciatura y postgrado.
En cuanto a la educación básica conviene hacer notar que durante décadas, las escuelas de este nivel educativo no han contado con presupuesto federal ni local para la rehabilitación y su mantenimientos, recayendo esta responsabilidad en familiares y padres de familia de estas escuelas.
Por lo que se refiere al saneamiento de la cuenca del río Zahuapan, es de máxima prioridad. El Zahuapan, que significa agua que cura, y que nuestros antepasados usaban como un líquido milagroso, hoy es el más contaminado del país. Aquí nace el poderoso Balsas que alimenta la presa de Infiernillo, donde se ubica una de las principales generadoras de energía eléctrica del país y que es orgullo de todos los mexicanos.
Por ello, es importante rescatar esta cuenca de su contaminación, que deje de ser una amenaza para la población por su alta contaminación y que se convierta en una fuente de reserva de agua y, de esta manera, coadyuvemos a preservar el medio ambiente.
Así, para infraestructura carretera estamos solicitando recursos por un monto de 624.0 millones de pesos; para infraestructura hospitalaria 330.0 millones de pesos; para infraestructura educativa 229.6 millones de pesos; y para saneamiento de la cuenca del Zahuapan- Atoyac 167.3 millones pesos. Lo que hace un total de 1,350.9 millones de pesos.
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 55, 58 fracción I y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales de la LIX del estado Tlaxcala, ponemos a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
I. Se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 recursos por un monto de $1,350.9 millones, destinados a diferentes obras de infraestructura carretera, hospitalaria, educativa, así como para el saneamiento de la cuenca del Zahuapan-Atoyac.
II. Se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Le solicitamos, diputado Presidente, que este punto de acuerdo sea publicado en el Diario de los Debates.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.
Diputados: Florentino Domínguez Ordóñez
(rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Federico
Barbosa Gutiérrez (rúbrica), Minerva Hernández Ramos,
Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), Juan Bárcenas González
(rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A
LA COMISIÓN DE VIVIENDA QUE INTEGRE UNA SUBCOMISIÓN QUE ANALICE
Y CUANTIFIQUE EL DÉFICIT DE VIVIENDA EN MÉXICO, Y EMPRENDA
UN ESTUDIO SOBRE LOS MECANISMOS LEGALES PARA ESTABLECER COMO POLÍTICA
DE ESTADO UN PROGRAMA QUE PERMITA EL OTORGAMIENTO ANUAL DE AL MENOS 500,000
VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES
PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Considerando que
1. El problema de vivienda en México tiene serias limitaciones en cuanto a su cuantificación a partir de una óptica estrictamente económica. Los intentos de estimación del déficit habitacional o, de forma más amplia, de las condiciones generales de vivienda en México, han sido bastante discrepantes. Los intentos por dimensionar el incremento necesario al actual stock de casas con miras a superar el déficit de viviendas han resultado en números que van desde 1 millón hasta los 5 millones de unidades, en función de la amplitud de los criterios adoptados. Mucho más que dudas sobre la dimensión absoluta del déficit, tal diversidad dificulta enormemente su monitoreo a lo largo del tiempo, así como el mapeo de su distribución espacial.
2. En consecuencia, han sido extremamente diversas tanto las evaluaciones de la efectividad de las políticas públicas que tienen como objetivo disminuir el problema de la calidad y suficiencia de vivienda como la propia cuantificación del mercado potencial tanto a nivel nacional como por regiones.
3. En primer lugar, por lo tanto, es necesario establecer una metodología capaz de dar luz sobre la evolución temporal y la distribución espacial del déficit habitacional mexicano, ya sea por su importancia en el ámbito de las políticas de carácter social, bien debido a su relevancia de carácter macroeconómico para los agentes privados que trabajan en la oferta de unidades habitacionales o bien, por último, frente a la importancia macroeconómica de las inversiones en construcción civil, dentro de las cuales es fundamental el segmento de vivienda.
4. Como hemos indicado, una gran parte de la discusión en torno a la cuestión del déficit de vivienda tiene que ver con las significativas diferencias metodológicas existentes entre las diversas alternativas para cuantificar el problema. Esto que parece una cuestión académica no lo es. Definir con claridad de qué naturaleza es el déficit llevará a tomar partido por una u otra alternativa de solución. Si el déficit fundamentalmente es de magnitud, en consecuencia la respuesta que debe ser dada de carácter público debe ser la expansión masiva del sistema de vivienda social, una vivienda de calidad con todos los servicios necesarios y que pueda ser pagada al costo sin fines de lucro, sin tasa de interés, con las facilidades de plazo y pagos que no excedan el 20% de un salario mínimo mensual. Sólo así podrán tener acceso a la vivienda las familias de escasos recursos. Se trata de que el presupuesto público atine en la solución de las necesidades de la población más apremiantes, más aún si se trata de un derecho consagrado en la Constitución como la vivienda. La política de vivienda que sigue actualmente el Gobierno Federal consiste en el otorgamiento de créditos puente en condiciones de pago muy pesadas y con tasas de interés lucrativas que impiden el acceso a la vivienda a los sectores populares. Se trata entonces de que el Estado se haga cargo de solucionar el déficit habitacional existente en el país.
5. Sin embargo, si el déficit cuantificado arroja evidencia de un rezago, la calidad no es un asunto menor, en consecuencia los resultados llevarán a tomar decisiones que tienen que ver con la colocación de recursos para remodelación, ampliación o bien mejora de la vivienda que permita mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias mexicanas, el gobierno federal y los gobiernos estatales están obligados a garantizar mejores condiciones de vida de la población y lograr hacer de la vivienda un derecho universal que no excluya a los pobres.
6. Un intento de evitar niveles innecesarios de discrecionalidad, sobre todo con el objetivo de realizar un mapeo y seguimiento temporal del déficit, sería proceder a una estimación a partir de los componentes menos sujetos a distorsiones relacionadas a la heterogeneidad de las condiciones socioeconómicas. De esta forma, una metodología que permitiría calcular el déficit de vivienda en México sería aquella que considere al menos tres elementos centrales: a) rusticidad de las estructuras físicas de las viviendas, en virtud de la depreciación y/o utilización de materiales improvisados o no durables. En otras palabras, de nada serviría que en un período de tiempo se hayan construido 2 millones de viviendas si dichas casas tuvieran una duración inferior, digamos, a 5 años; b) el grado de "inadecuación" de algunas unidades habitacionales que, derivado de sus características físicas y funcionales, lleve a que sean utilizadas como domicilios solo en forma esporádica o improvisada. Nuevamente, de nada sirve la edificación de viviendas en zonas tropicales, por ejemplo, que por inundaciones frecuentes no puedan ser habitadas permanentemente; c) la cohabitación. Esto es, la existencia de más de una familia por domicilio.
7. Por más variadas que sean las condiciones socioeconómicas observadas en las diferentes regiones de México, difícilmente esos elementos podrían dejar de ser caracterizados como componentes del déficit de vivienda. Además de ellos se pueden agregar los cuartos alquilados no rústicos de las grandes ciudades, los cuales proporcionan un indicador del incremento de la densidad en algunas ciudades sin que necesariamente se traduzcan en problemas de hacinamiento; pero que constituyen otra arista del problema del déficit habitacional.
8. En la literatura empírica sobre la situación actual de la vivienda en México se ha privilegiado mucho la tercera dimensión del problema de la vivienda: se ha buscado que cada vez en menor proporción cohabiten varias familias en un mismo domicilio. En virtud de ello, se requiere destinar una mayor proporción del gasto público orientado a la expansión de la disponibilidad de vivienda, es decir sea destinado precisamente a lograr una mayor oferta de vivienda, sin que el esquema consista en abrir grandes negocios inmobiliarios y sin que deje de lado la primera dimensión que ya hemos señalado del déficit habitacional: la calidad de la vivienda a la que hemos denominado aquí "rusticidad", lo que ha significado; en la práctica, que se han otorgado un número muy reducido de créditos, a nivel nacional, que tengan como finalidad extender la durabilidad de las viviendas.
9. La política actual de fomento a la vivienda en México conduce a una solución a sectores de ingresos medios y altos, excluyendo a las familias de bajos ingresos que lamentablemente son la inmensa mayoría dada la concentración del ingreso. Adicionalmente, esta política no ha destinado suficiente presupuesto a su mantenimiento, lo que provocará que en el largo plazo las familias tendrán el problema de obsolescencia de sus viviendas. En función de ello, es que se hace necesario volver sobre la cuantificación del déficit de vivienda, en todas sus dimensiones: ¿Cuántas familias requieren hoy en día recursos para remodelar sus viviendas? ¿De qué magnitud será el déficit en número de viviendas en 10, 20 ó 30 años si no se atiende hoy el déficit habitacional y adecuación del stock nacional de viviendas?
10. Por último, es necesario enfatizar que el déficit de vivienda en México no es un problema exclusivo de los grandes centros urbanos sino que se da en las zonas de bajos ingresos tanto urbanas como rurales. Además de ello el aspecto fuertemente regresivo de la distribución del déficit habitacional; esto es, que el mayor déficit proporcionalmente hablando se concentra más en los estratos de la población más pobre, no necesariamente es menor en las zonas urbanas que en las rurales, por lo que esta cuestión debe ser estudiada adecuadamente con fines de realizar una política de vivienda progresista.
11. Sin embargo, en tanto se llevan a cabo los estudios necesarios que permitan dimensionar de manera completa el déficit de vivienda en todas sus dimensiones, es evidente que ante el esfuerzo realizado hasta ahora por expandir la oferta de casas; es necesario emprender un Programa Habitacional cuya finalidad sea otorgar créditos para viviendas nuevas a sectores de bajos ingresos además de créditos para mantenimiento y remodelación.
Con base en lo anterior, propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: Solicitar a la Comisión de Vivenda la integración de una subcomisión cuya finalidad sea analizar y cuantificar las diferentes dimensiones del déficit de vivienda en México.
Segundo: Solicitar a la Comisión de Vivienda emprenda un estudio sobre los mecanismos legales que permitan establecer como política de Estado un programa de vivienda que permita el otorgamiento anual de al menos 500,000 de viviendas nuevas para familias de escasos recursos, así como también créditos para mantenimiento y remodelación de casas habitación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.
Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A
LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL QUE INTEGRE UNA
SUBCOMISIÓN PARA ANALIZAR LOS MECANISMOS A FIN DE INCORPORAR A LA
LEGISLACIÓN LABORAL EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES A VALES DE TRANSPORTE;
Y SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
A CONSIDERAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2006
UNA PARTIDA ESPECIAL DESTINADA A ESTABLECER EL PROGRAMA DE VALES DE TRANSPORTE,
A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
Considerando que
1. La política social en México ha tenido diversas fases en los últimos 30 años. Sin embargo, en ninguna de ellas se ha entendido que las dimensiones y manifestaciones de la pobreza son múltiples y que, por lo tanto, los mecanismos para combatirla deben ser muy variados. Una vertiente integradora de política social ha sido demandada en México y, en el mejor de los casos, el Gobierno Federal ha emprendido programas simultáneos en tres dimensiones: educación, salud y alimentación (con una visión totalmente parcial de los más graves problemas de educación salud y alimentación que existen en nuestro país) olvidándose de otras manifestaciones no menos graves del problema de la pobreza en México. Una de dichas manifestaciones es la distorsionada estructura del gasto de los mexicanos. En nuestro país encontramos aberraciones tales como el hecho de que en algunas zonas metropolitanas del país los trabajadores tienen que gastar en ocasiones hasta una tercera parte de sus ingresos mensuales en transporte urbano. Esa dimensión, los gastos en transporte, es una de las cuales la política social de nuestro país simplemente ha ignorado.
2. De acuerdo con cálculos realizados a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del año 2004, la proporción que de su ingreso destinan las familias más pobres en transporte público en ningún caso es inferior al 5%. El primer estrato de la población más pobre (el llamado primer decil o decil más pobre) ejercen, todos los meses, en todo el país, gastos equivalentes a 5.11% de sus ingresos en transporte público. El segundo estrato más pobre de la población en México, el segundo decil, realiza gastos equivalentes a 5.83% de su ingreso en transporte público. Esa tendencia se sostiene hasta llegar al 4º decil de la población, segmento en el cuál las familias de nuestro país gastan casi una décima parte de sus ingresos, el 9.46%, para ser exactos; en tarifas de transporte público cada mes.
3. Como vemos, los costos del transporte urbano tienen impactos significativos sobre el presupuesto de las familias de bajos ingresos. Pero si sólo consideramos los gastos en servicios públicos los datos son todavía más dramáticos. De acuerdo con datos de la misma Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del año 2004, el transporte urbano es el principal concepto de gasto de las familias en servicios públicos, absorbiendo hasta 30% de dicho gasto, dependiendo del decil de la población. Las familias con ingresos mensuales de hasta dos salarios mínimos que viven en las zonas metropolitanas del país gastaron el año pasado 38% de su presupuesto destinado a servicios públicos de agua y drenaje, energía eléctrica, telefonía y transporte urbano, siendo el ítem más importante de sus gastos el transporte colectivo.
4. De acuerdo con los mismos cálculos, en el extremo superior de la estratificación social los más ricos gastan una fracción mínima de sus ingresos, aproximadamente el 0.61%, en transporte público.
5. La situación actual de los gastos en transporte público reflejan, entonces, que las tarifas actuales en servicios de transporte afectan en forma considerable y desproporcionadamente más a, aproximadamente, 40 millones de habitantes del país; los más pobres, para quienes dichos gastos son muy onerosos.
6. No sólo en naciones desarrolladas como Estados Unidos o Francia sino incluso en países del mismo nivel de desarrollo que México existen, desde hace muchos años, los programas de apoyo para gastos en transporte público dirigidos a las familias más pobres. En algunos casos el derecho al pago de transporte público está considerado dentro de la legislación laboral. Tal es el caso de Brasil, país en el cuál desde 1985 existe el vale de transporte como un derecho que debe ser pagado a los trabajadores por los empresarios, incluso por el mismo sector público cuando la Federación, un Estado o un Municipio es el organismo contratante. Así, en la actualidad, en esa nación sudamericana el 42% de los viajes realizados en transporte público son pagados con los llamados vales de transporte; que son otorgados a los trabajadores como una prestación laboral. En otras naciones como Argentina el sistema de vales de transporte ha sido incorporado más recientemente en el sistema de apoyos que ofrece la política social en coordinación con la política laboral.
7. De manera general, los impactos del transporte urbano sobre la pobreza pueden ser comprendidos de dos formas, una directa y una indirecta. Los impactos indirectos se refieren a las externalidades del transporte urbano sobre la competitividad de las ciudades y sus efectos sobre la actividad económica. Altos costos de transporte provocados por los severos congestionamientos de tráfico, por ejemplo, limitan las decisiones de las empresas y elevan los costos de producción, lo que afecta los niveles de empleo e ingreso de la población. Los impactos directos, a su vez, implican las limitaciones de acceso a los servicios y a las actividades sociales básicas y a las oportunidades de trabajo de los más pobres. Las altas tarifas del transporte urbano, por ejemplo, restringen seriamente las oportunidades de trabajo de los más pobres ya sea en la búsqueda del empleo o en el desplazamiento al lugar de trabajo; condicionan la elección del lugar para vivir y dificultan el acceso a los servicios de salud, educación y esparcimiento.
8. Con el objetivo de incidir en el poder adquisitivo de una gran cantidad de trabajadores del país, proponemos la discusión del establecimiento del vale de transporte como un derecho de los trabajadores. Conscientes de que esta discusión puede durar meses e incluso uno o dos años para concretarse en una medida de beneficio directo a los trabajadores, proponemos de manera contingente el establecimiento del programa "Vales de Transporte".
9. El vale de transporte que estamos proponiendo deberá ser una de las principales prestaciones de los trabajadores mexicanos; principalmente para los de más bajos ingresos; que constituyen la gran mayoría de la masa trabajadora. La política de vale de transporte que estamos proponiendo garantizará una mayor tranquilidad a la operación cotidiana de los servicios de transportes urbanos ya que permitirá disminuir las presiones políticas y sociales respecto a las tarifas y permitirá disminuir considerablemente una de las principales causas de tensiones entre usuarios y choferes y concesionarios del transporte urbano.
Con base en lo anterior propongo al pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: Solicitar a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la integración de una subcomisión cuya finalidad sea analizar los mecanismos a través de los cuáles se puede incorporar a la legislación laboral el derecho de los trabajadores a vales de transporte.
Segundo: Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 una partida especial para el establecimiento del programa Vales de Transporte.
Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A
LA SEDESOL A CONSIDERAR UN PROGRAMA ESPECIAL QUE GARANTICE ALIMENTOS PARA
TODOS, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Considerando que
1. El año pasado México se adhirió, en el Consejo Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas, junto con 187 países, a las Directrices Voluntarias para el Derecho a la Alimentación. Esas directrices fueron creadas con el objetivo de proporcionar una orientación práctica a las naciones, en lo que se refiere a sus esfuerzos para lograr la realización progresiva del derecho humano a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Eso significa que México se comprometió a garantizar la disponibilidad de alimentos en cantidad suficiente y calidad apropiada para satisfacer las necesidades alimenticias de sus ciudadanos, la accesibilidad física y económica universal, incluso de los estratos sociales más vulnerables; a alimentos adecuados, libres de sustancias nocivas; o los medios para lograrlo.
2. En septiembre de 2004, los Jefes de Gobierno de Francia, Chile, Brasil y España, con el apoyo del Secretario General de la ONU, Koffi Annan, organizaron en Nueva York el Encuentro de Líderes para una Acción Contra el Hambre y la Pobreza. Alemania y Argelia también se sumaron a dicha iniciativa. El encuentro tuvo como objetivo estimular el debate internacional sobre mecanismos innovadores de financiamiento del desarrollo y del combate al hambre y a la pobreza. Más de 50 gobernantes asistieron al evento, y la Declaración de Nueva York contó con el apoyo de más de 100 países, entre ellos México.
3. La iniciativa de combate al hambre y a la pobreza se ha puesto, desde el año pasado, de relieve en la agenda internacional. La discusión sobre las fuentes innovadoras de financiamiento ha ganado espacio en la Organización de las Naciones Unidas, en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional. Se ha reconocido ya que el combate al hambre, a la desnutrición y a la pobreza es una necesidad esencial en las sociedades de nuestro tiempo. Cuánto más tarde el problema del hambre de amplios sectores de la sociedad, más costoso va a ser combatir sus secuelas sociales.
4. Un grupo técnico, formado por representantes de los países promotores de la Acción contra el Hambre y la Pobreza, está encargado de proponer diversas alternativas innovadoras de financiamiento, como impuestos a ser aplicados internacionalmente y combate a los paraísos fiscales. En tanto las naciones no generen fuentes innovadoras de financiamiento, los países miembros están obligados a emprender acciones eficaces de combate al hambre.
5. México es uno de los países con mayor proporción de pobres en América Latina. A partir de cálculos realizados con los microdatos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del año 2004, en nuestro país existen más de 72 millones de personas en condiciones de pobreza, de los cuáles más de 40 millones sobreviven con menos de 1 dólar per capita al día, esto es, viven en condiciones de pobreza extrema. Los cálculos oficiales del Comité Técnico de Medición de la Pobreza de la Secretaría de Desarrollo Social reconocen más de 20 millones de personas con pobreza alimentaria, mientras que los que se reconocen con pobreza de patrimonio son más de 48 millones de personas.
6. En cualquiera de las dos mediciones estamos hablando de más de 20 millones de personas del campo y la ciudad que no cuentan con los recursos mínimos necesarios para la adquisición de los bienes esenciales para la sobrevivencia humana en condiciones adecuadas de alimentación.
7. No obstante lo anterior, en México no se ha estructurado un Programa Nacional que tenga como objetivo explícito el Combate al Hambre. El conjunto de programas sociales del actual Gobierno Federal se enmarcan dentro de la llamada "Estrategia Contigo", que constituye una continuidad de los anteriores programas emblemáticos de la pobreza de los diferentes sexenios anteriores. En el fondo, la filosofía del programa Oportunidades es una continuidad del Programa Nacional de Solidaridad y de otros que identifican en el combate a la pobreza focalizada en el campo, la mayor y mejor estrategia de combate a la pobreza. La pobreza urbana, una de cuyas características más dramáticas es el hambre en que viven millones de ciudadanos de las zonas metropolitanas de las grandes ciudades de México, simplemente ha sido ignorada en los Programas Sociales del Gobierno Federal.
8. En los países desarrollados existen programas específicos de combate al hambre desde hace muchos años. En Estados Unidos existe el programa denominado Food Stamps, que son cupones otorgados a las familias de más bajos ingresos para la compra de alimentos. Constituyen aproximadamente el 30% de la diferencia que existe entre el ingreso neto familiar y un valor que varía con el tamaño de la familia; mientras más integrantes son en la familia, dicho valor será más elevado. Actualmente, aproximadamente 12 millones de familias en Estados Unidos (unos 27 millones de personas, aproximadamente el 10% de la población) son beneficiadas por los cupones de alimentación, representando un gasto total, para el gobierno norteamericano, de 28,450 millones de dólares anuales.
9. En México, dadas las dimensiones de la pobreza tanto urbana como rural y una de cuyas manifestaciones más lacerantes es el hambre de la gente y la insuficiencia de sus ingresos para adquirir todos los días los alimentos necesarios a su sobrevivencia, es necesario y urgente emprender un Programa Nacional de Combate al Hambre y de Seguridad Alimentaria.
10. La política de seguridad alimentaria que proponemos debe comprender por lo menos cuatro dimensiones básicas y estrechamente vinculadas. La primera se refiere a las intervenciones que en la esfera de la producción de alimentos debe tener el Estado Mexicano, desde la producción para el autoconsumo de las familias rurales, pasando por la producción mercantil de materias primas o productos naturales; hasta el fomento de la producción de alimentos preparados y comidas en las grandes ciudades. La segunda dimensión de la política alternativa de seguridad alimentaria que proponemos es la relativa al acceso a alimentos e incluye acciones tanto en materia de abasto como en la comercialización. La tercera dimensión tiene que ver con la esfera del consumo e incluye una adecuada educación alimenticia, la educación para el consumo sustentable de largo plazo y la organización de los consumidores. La cuarta dimensión de la política de seguridad alimentaria que proponemos está constituida por los programas de distribución de alimentos en carácter complementario o emergentes dirigidos a los grupos poblacionales más vulnerables.
11. Así, políticas y acciones de seguridad alimenticia deben dar especial atención; entre otras cuestiones, a los mecanismos a través de los cuales la población más vulnerable de las grandes ciudades logre tener acceso a los mínimos requeridos de cantidad y calidad de alimentos de manera cotidiana. Si se emprende un Programa Nacional de Vales de Alimentos que incida en el 10% de la población más pobre de las grandes ciudades del país, estaríamos hablando de un alcance de más de 4 millones de personas beneficiadas todos los días. Son esas personas las que, en gran medida, han tenido que soportar el precio de los descalabros económicos de nuestra Nación en los últimos 30 años.
12. Este programa no necesariamente sería permanente. Se espera que en un período de 2 años se discuta y apruebe en el Congreso de la Unión una Iniciativa de Ley que contemple el Derecho a la Alimentación como un Derecho y una Prestación Laboral que se establecería en todo el país de tal forma que sean las empresas quienes, en un programa de coparticipación Estado-empresa, contribuyan en el futuro a financiar el Programa de Alimentación para los Trabajadores.
Con base en lo anterior, propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno federal para que considere un programa especial que garantice alimentos para todos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.
Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA QUE CONSIDERE
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO
FISCAL DE 2006 LA REDUCCIÓN EN 50% DEL SUELDO DEL PRESIDENTE DE
LA REPÚBLICA Y HAGA EFECTIVA LA RESTRICCIÓN DE LEY REFERENTE
A QUE NINGÚN FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FEDERAL PERCIBA MÁS QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, A CARGO
DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Considerando que
1. El sentido de la palabra austeridad sólo se conoce cuando se enlaza con la modestia. Lo modesto es rehusar lo innecesario, desde el momento en que lo innecesario nada significa. Se es naturalmente modesto, mas no por renuncia, sino por predisposición, por ideales. De tal forma se es igualmente austero; se rehúsan los gastos suntuarios y más aún aquellos que se realizan con dinero público. En su verdadero sentido se llama, pues, austeridad a la modestia o predisposición a rehusar lo innecesario, y así es como generalmente hubieron de entenderlo los romanos.
2. En México, la mayor parte de los funcionarios públicos muestran una total falta de respeto por la sociedad, con excepción de aquél segmento de la población con el cuál tienen asociaciones o con los recomendados, y una completa falta de celo con el dinero público. Por el lado de la sociedad, cada vez se vuelve más demandante, cada vez existe menos una actitud pasiva en cuanto al favoritismo, al nepotismo y a todo tipo de privilegios; cada vez existe menos tolerancia y pasividad ante la corrupción, al soborno y al desperdicio de los recursos públicos.
3. Durante años hemos visto a la máquina administrativa de ayer y de hoy dividirnos en dos bandos: por un lado, funcionarios sobre todo federales con acceso sin restricción al dinero público y, por otro lado, a los ciudadanos que hemos estado con nuestros impuestos cargando con los costos públicos, incluidos deuda externa y Fobaproa. El funcionario tradicional, en México, hace fiesta con el dinero público: gana muy buen sueldo sin resolver los graves problemas del país, viaja en caravana al extranjero y se hospeda y come en lujosos hoteles y restaurantes. Muchos reciben pensiones de lujo sin cotizar lo suficiente. Son una clase privilegiada, no nuestros "servidores públicos".
4. Agravando este saqueo legalizado, los principales funcionarios de los niveles inferiores de gobierno; los gobernadores y aún presidentes municipales y sus funcionarios estatales y municipales despilfarran también miles de millones de pesos de nuestros impuestos en sus propios estipendios que debieran ser personales; benefician a sus amigos y a quienes les deben favores políticos. Esta es la circunstancia actual del servicio público mexicano: existe una alianza entre políticos tradicionales y grupos de presión privilegiados a costa de los recursos de la sociedad.
5. Los privilegios incluyen también créditos blandos en instituciones o dependencias del Estado, deudas condonadas y licencias para actividades prohibidas. Los privilegios del servicio público mexicano crean injusticias, fomentan el clientelismo político, deterioran los valores y violan derechos como el de la igualdad ante la ley. Pero hay más.
6. El despilfarro y la corrupción en el manejo de los fondos públicos, se realizan con total impunidad. Grandes saqueos están en la mente de todos nosotros. Sumemos a estos escándalos cómo se favorecen licitaciones públicas arregladas y se otorgan millonarias "asesorías o consultorías". Pero como no hay nada gratis, nos pasan la factura. Lo que el político tradicional reparte es extraído, a través de los impuestos, a quienes pagamos los privilegios de unos cuantos. La factura la paga la sociedad, sobre todo aquellos sobre quienes recae el peso del costo fiscal, los más vulnerables.
7. Una de las causas de estos privilegios y corrupción es el gran poder en manos del Estado, la falta de fiscalización, la institucionalización de las prebendas del funcionario público. Si todos somos iguales ante la ley, es inaceptable que haya grupos con privilegios a expensas de los demás, y debe desmantelarse este sistema. Para comenzar tiene que disminuirse súbitamente el monto de los sueldos de los funcionarios públicos, que es antieconómico e inmoral porque se financia con dinero extraído vía impuestos.
8. El Banco Mundial ha destacado que la asignación presupuestaria por sí sola puede ser un mal indicador de la calidad y la cantidad de un servicio público prestado en países con instituciones débiles; sobre todo en países con instituciones fiscalizadoras inmaduras.
9. Casos exitosos del desarrollo económico moderno muestran que nada es más importante para lograr el progreso que la austeridad. El esfuerzo por generar ingresos que vayan más allá de los gastos constituye la base que puede permitir invertir en infraestructura social y productiva.
10. Uno de los efectos de las transformaciones económicas experimentadas en México a partir de los años ochenta ha sido el aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso. Evaluada mediante la evolución del índice de Gini, la distribución del ingreso de hoy es peor que la de hace 50 años. Como se sabe, mientras más elevado sea el índice de Gini, mayor desigualdad económica existirá. En 1950 el coeficiente de Gini era de 0.52; mientras que en la actualidad es de 0.58; la distribución nacional del ingreso ha empeorado. A partir de los procesos de ajuste estructural emprendidos en la economía mexicana en el Gobierno de Miguel de la Madrid, se registró con más fuerza una tendencia sostenida hacia una distribución del ingreso cada vez más desigual. La participación en el ingreso nacional del 80% de la población, la que tiene menos recursos, se redujo de 50.5% a 41.2% entre 1984 y el año 2004. En el extremo superior de la estratificación social, el segmento de la población que tiene más dinero, el llamado último decil de la distribución, elevó drásticamente su participación en la captación de ingreso, al pasar de 32.4% en 1984 a 41.2% en el año 2004.
11. Al mismo tiempo, pasamos de una proporción de aproximadamente 30% de la población nacional en condiciones de pobreza en el año 1950, a un porcentaje de más de 70% en el año 2004.
12. Así que en un país como el nuestro, con tan marcados contrastes sociales; donde la desigualdad y la pobreza han venido creciendo, lo menos que podemos hacer los legisladores es contribuir a crear un clima de mayor justicia social, impulsando la austeridad republicana.
Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere dentro del dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2006 la reducción, a la mitad, del sueldo del Presidente de la República y hacer efectiva la restricción de ley de que ningún funcionario de la Administración Pública Federal reciba una percepción mayor a la del Presidente de la República.
Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA QUE CONSIDERE
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2006 UNA PARTIDA
ESPECIAL DESTINADA A INICIAR EN EL PAÍS EL PROGRAMA DE ALBERGUES
ESCUELA PARA NIÑAS Y NIÑOS POBRES QUE GARANTICEN LOS DERECHOS
DE EDUCACIÓN Y ALIMENTACIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES
PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Considerando que
1. De acuerdo con datos del XII Censo General de Población y Vivienda del año 2000, en México existen 133,164 comunidades de menos de 50 habitantes; lo que da idea del gran grado de dispersión en que se encuentran entre 5 y 6 millones de habitantes. Se trata fundamentalmente de habitantes del campo, de familias que viven en las zonas rurales más marginadas; comunidades aisladas muchas de las cuáles se ubican a horas de distancia de los centros urbanos más próximos. Son esas mismas comunidades las que albergan a la mayor proporción de mexicanos en condiciones de analfabetismo, pobreza extrema y desnutrición. Miles de esas comunidades son indígenas. Se trata, en suma, de una parte importante de los excluidos del sistema económico, político y social vigente en México.
2. El problema fundamental de los excluidos del sistema fue vislumbrado hace muchas décadas por el General Lázaro Cárdenas. Por ello, en su época creó el Sistema de Internados de nivel Primaria y Secundaria para niños de las comunidades más apartadas del país. Por desgracia, las medidas de política económica que se emprendieron en México al paso de las décadas prácticamente acabaron con ese antiguo sistema de internados; el mismo que en su momento permitió la movilidad social de miles de niños que posteriormente se transformaron en profesionales de las más diversas áreas del conocimiento y se incorporaron a la vida productiva del país.
3. El postulado de la falsa austeridad emprendido en la década de los años ochenta del siglo XX acabó con uno de los sistemas más generosos en la historia de la República. Mientras que eso ocurría en México, en otras partes del mundo organismos internacionales fomentaban la emergencia de un nuevo tipo de albergues, reconociendo los errores que el antiguo sistema de internados tuvo y recuperando las más valiosas experiencias del mundo desarrollado, el Banco Interamericano de Desarrollo ha fomentado un nuevo tipo de albergues que han dado vida a un nuevo sistema de formación básica, incluyente de las comunidades más desprotegidas y con actividades multidisciplinarias; para fomentar una formación integral de los individuos.
4. El Banco Interamericano de Desarrollo ha apoyado, así, la implementación de un sistema de internados escolares desde el año 1993, que da apoyo a comunidades pobres que viven aisladas. Se trata de un sistema de dormitorios que albergan no necesariamente a todos los estudiantes de las escuelas locales, de niveles primaria y secundaria; la mayoría de los cuales están situados en comunidades fundamentalmente agrícolas.
5. En virtud de que en muchos países de América Latina la ley prescribe enseñanza pública, obligatoria y gratuita; y ante el avance de la pobreza registrado en los últimos veinte años, el Banco Interamericano de Desarrollo está fomentando este tipo de iniciativas. La "obligatoriedad" puede asimilarse al sistema de internados, con doble escolaridad, donde el Estado brinde educación, alimentación, alojamiento e indumentaria de los educandos. Los niños estarían en tales escuelas de lunes a viernes, y al fin de cada semana se les devolvería a sus familias. En su informe del año 2001 el BID menciona que sólo la construcción de las escuelas sería un factor reactivador de la economía.
6. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, en el 33%, 20% y 17% de los hogares pertenecientes a los primeros tres deciles de la población (los más pobres), respectivamente, el Jefe de familia no tiene ningún tipo de instrucción educativa formal. De la misma forma, en los primeros tres deciles de población más pobre de nuestro país el 88%, 77% y 69% de los hogares, respectivamente, el Jefe de familia tiene, cuando mucho, educación primaria terminada; pero no cuenta con ningún año de escolaridad secundaria.
7. En suma, más de 7 millones de hogares de nuestro país están dirigidos por personas (hombres o mujeres) cuyo grado máximo de escolaridad es 6º de primaria. Aún si tomamos a la mitad de la población del territorio nacional; es decir, si consideramos a toda la población que está por debajo del quinto decil social; encontramos que más de la mitad de los hogares de todo el país están dirigidos, en un 56%, por personas que no tienen educación superior al 6º grado de primaria. En otras palabras, solo 44% de los hogares más pobres del país están dirigidos por personas que tienen algún grado de escolaridad superior a primaria. De la mitad de los hogares del país, sólo 4% tienen jefe de familia con educación superior a preparatoria. Ello significa que la pobreza está asociada a los bajos niveles de escolaridad y que los bajos niveles de escolaridad, a su vez, están asociados con la pobreza.
8. Un segmento importante de esos hogares está constituido por las familias que viven en las comunidades que indicábamos arriba, en las zonas más apartadas y con menores servicios públicos y sociales. Otro segmento, sin embargo, está constituido por los estratos sociales que, viniendo de las regiones rurales del país, han llegado a las zonas metropolitanas más importantes y también son excluidos de las oportunidades que genera el desarrollo. Así, tenemos entonces dos grupos importantes de familias excluidas: las que viven en las comunidades más remotas y las que viviendo en las zonas metropolitanas tampoco han podido ascender en la sociedad. Para esos dos grupos de familias es que debe ser establecido un nuevo Sistema de Albergues-Escuelas.
9. Proponemos iniciar a la brevedad, implementando el nuevo Sistema de Albergues-Escuelas a partir del año 2006, de ahí la necesidad de una partida especial, para emprender ese sistema escolarizado.
Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2006 incluya una partida especial para iniciar en todo el país el programa Albergues Escuela para niñas y niños pobres " que garantice los derechos de educación y alimentación a la niñez mexicana sin exclusiones.
Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, ASÍ COMO
A LOS CONGRESOS LOCALES, QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 Y EN LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS SE EXCLUYA EL PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS PARTICULARES
A LEGISLADORES, CANALIZANDO AL ISSSTE LOS RECURSOS OBTENIDOS, A CARGO DE
LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Considerando que
1. Los elevados niveles de desigualdad en la distribución del ingreso en México y la falta de ingresos reales crecientes ha tenido como efecto, en las últimas dos décadas, que un contingente cada vez mayor de mexicanos o bien vivan en condiciones de pobreza o bien sobrevivan en condiciones de miseria, en condiciones de la eufemísticamente llamada "pobreza extrema". Cientos de miles de personas salen cada año del país en busca de oportunidades laborales en Estados Unidos y las calles de las grandes y medianas ciudades del país han visto incrementar el número de indigentes y vendedores ambulantes. Cientos de miles de familias que antes de 1982 pertenecían a la llamada "clase media" hoy viven en condiciones de pobreza. Durante las últimas dos décadas se presentó, en suma, un proceso regresivo desde el punto de vista social: amplios sectores de la clase media pasaron a ser pobres y gran cantidad de los anteriormente pobres hoy viven en condiciones de miseria. Se trata de más de 70 millones de personas en condiciones de pobreza y de más de 30 millones en la llamada pobreza extrema es decir, que no tienen siquiera un dólar diario en sus bolsillos para sobrevivir.
2. El Estado Mexicano, antiguamente garante de las condiciones mínimas aceptables de vida para el conjunto de la población, se ha retirado; bajo los postulados de adelgazamiento del Estado, bajo la premisa de Washington de que es necesario que el Estado no sea un ente interventor en la vida de los ciudadanos. Contradictoriamente, al mismo tiempo en que el Estado se retira de las actividades que le son inherentes y entre las cuales figura garantizar condiciones adecuadas de salud a la población; ese mismo Estado Mexicano se ha encargado de llevar a los sectores de la población más favorecida no sólo las condiciones para que incrementen su fortuna; sino incluso ya directamente los recursos del pueblo mexicano. Ayer fue la reprivatización de la banca y después fue el Fobaproa. Los recursos de la Nación están siendo entregados en pagos puntuales a los grupos financieros nacionales. Pero los recursos para los servicios públicos cada día escasean más.
3. Reflejo de esa política dual y contradictoria, los más graves problemas sociales se han profundizado. Como un ejemplo de ello tenemos a más de 30 millones de mexicanos sin ningún tipo de servicio médico y los que tienen acceso a los servicios públicos de salud, al IMSS o al ISSSTE, tienen que sufrir todos los días al hacer filas que nunca terminan para ser atendidos por un médico que tiene que atender a más personas de las que humanamente es posible atender en condiciones óptimas; personas pobres que por acudir a los servicios públicos de salud tienen que entender que no hay dinero para otorgarles medicamentos adecuados, que tienen que recibir un medicamento a cambio de otro porque, se argumenta, no hay dinero para un abasto adecuado de medicamentos. El gasto en salud pública en México ha caído dramáticamente en los últimos 25 años. En 1980 el sector de salud pública en nuestro país contó con asignaciones equivalentes al 2.5% del Producto Interno Bruto, el año 2004 dichas asignaciones habían sido reducidas a 1.9%. Por ello faltan médicos y enfermeras, por ello no se construyen hospitales de especialidades en todas las ciudades grandes de México, por ello no hay medicamentos y, por si fuera poco, los escasos recursos públicos que se destinan al sector son aplicados incorrectamente, a través de licitaciones inexistentes o bien sin comprobar gastos; como ya ha sido documentado por la Comisión de Vigilancia de esta soberanía.
4. Frente a la lacerante realidad que viven millones de mexicanos que no cuentan con un servicio de salud pública eficiente, existe un sector de los trabajadores al servicio del Estado que goza de enormes privilegios. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2006 el Ejecutivo federal está proponiendo una partida para servicios médicos privados y para el seguro de separación individual por un monto de 4,576 millones de pesos para los funcionarios del poder ejecutivo federal; un monto de 1,620 millones de pesos para las mismas partidas pero para funcionarios de las entidades federativas, esto es, para la plantilla de funcionarios de las entidades del país y, por si fuera poco, un monto de 39 millones de pesos para que los diputados del país podamos acudir a los servicios médicos privados en lugar de acudir, como nos corresponde, a los servicios médicos del ISSSTE, el servicio de salud a que tenemos derecho por ser trabajadores al servicio del Estado. Debemos decir que dichos recursos no están legalmente fundamentados, no existe ningún ordenamiento jurídico que los respalde; son resultado de acuerdos internos entre el legislativo y el ejecutivo.
5. Es inconcebible que en pleno siglo XXI tengamos trabajadores al servicio del Estado de primera y de segunda. Mientras que los de segunda tienen que acudir a las clínicas y hospitales del ISSSTE, los de primera tienen derecho a servicios médicos privados. De cancelar los recursos que se tienen programados para el pago de servicios médicos privados y del seguro de separación individual de los funcionarios públicos federales y de los legisladores, estaremos en posibilidad de canalizar aproximadamente 6,000 millones de pesos adicionales al presupuesto del ISSSTE, para mejorar los servicios médicos de todos los trabajadores al servicio del Estado y no sólo los de unos cuantos considerados hoy, "de primera".
Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: Solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2006 excluya el pago de servicios médicos particulares a diputados y senadores.
Segundo: Exhortar a todos los Congresos locales del país, para que no otorguen recurso alguno, en sus presupuestos del año 2006, para el pago de servicios médicos particulares a diputados locales.
Tercero: Solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2006; los recursos obtenidos por el ahorro que la cancelación del pago de servicios médicos particulares a funcionarios y diputados y senadores federales implica, se canalicen al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.
Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, ASÍ COMO
AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DEL PAÍS, QUE
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO
FISCAL DE 2006 Y EN LOS RESPECTIVOS PRESUPUESTOS LOCALES SE EXCLUYA EL
PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS PARTICULARES A FUNCIONARIOS PÚBLICOS,
A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
Considerando que
1. México es un país de contrastes. Frente a la opulencia de unos cuantos (300, diría un afamado empresario hace más de una década), persiste una gran mayoría en condiciones de pobreza, millones de los cuáles viven en condiciones de miseria. Frente a un ingreso promedio mensual por hogar pobre; del llamado primer decil de la población; de 2,800 pesos en el año 2004; el mismo ingreso de una familia de las más ricas; de aquellas que están en el llamado decil más adinerado, era de 284,200 pesos. Es decir, el dinero disponible de un rico equivalía, el año pasado, a 101.5 veces el ingreso de un pobre; aún sin considerar los extremos más amplios; sin considerar que a los más pobres entre los pobres ni a los más ricos entre los ricos.
2. Al mismo tiempo que las llamadas "fuerzas del mercado" arrojan esos resultados, la intervención del Estado en México ha tenido un efecto social perverso. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, las transferencias que realiza el Gobierno también profundizan nuestras más agudas diferencias sociales. Mientras que las familias más pobres reciben menos de 500 pesos al mes, una familia rica recibe de parte del Estado (ya sea a través de los Gobiernos Federal, Estatal o Municipal) más de 100,000 pesos mensuales. Ello se ha logrado gracias a un sistema injusto, regresivo, cuyos programas principales no se distribuyen equitativamente y menos aún en forma que reviertan las desigualdades sino que en realidad, a través de las reglas de operación o bien como resultado de su propia concepción; benefician más a quienes más tienen.
3. Estas desigualdades también se dan en las oportunidades de acceso a los mejores medios para vivir; uno de los cuáles son los servicios de salud. Mientras que más de 50 millones de personas dependen de los muy deficientes servicios que les otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social y, alrededor de otros 20 millones dependen de los también deficientes servicios que les otorga el ISSSTE y los sistemas estatales de protección a la salud; existen más de 20 millones de mexicanos que no tienen acceso a lo más elemental en materia de protección a su salud. Se trata de millones de personas del campo y la ciudad, que no están dentro de los ya de por sí raquíticos servicios de la seguridad social en nuestro país. Frente a ellos, vive una pequeña elite, menos del 10% de la población mexicana que disfruta de servicios de salud de primer mundo, gracias a que el sistema económico les ha permitido tener ventajas sociales o bien, gracias a que el propio Estado mexicano ha fomentado el surgimiento de dichos sistemas de privilegio.
4. Dentro de ese sistema de seguridad social de privilegio para unos cuantos, se engendró desde hace varias décadas el surgimiento del sistema de seguridad privada para los funcionarios del Estado, con pagos garantizados incluso fuera del país. En ellos el Gobierno Mexicano gasta miles de millones de pesos, ya sea por pagos de pólizas de seguros con las principales compañías aseguradoras del mundo; o bien a través del pago directo a hospitales privados dentro o fuera del país; pagos realizados con recursos de partidas dentro de todas las Secretarías de Estado. Y, por si fuera poco, en tiempos recientes se ha dado a conocer a la luz pública la existencia de pagos que ha realizado el Gobierno mexicano de cirugías meramente estéticas, beneficiando a esposas de funcionarios públicos. El despilfarro de los bienes públicos en beneficio del beneficio privado.
5. Como se sabe, en México la mayor parte de los funcionarios de primer y segundo nivel, tanto del Gobierno Federal como de los niveles estatales e incluso en muchos casos municipales; cuentan con sueldos millonarios; con sueldos de primer mundo; cuando el nivel de eficiencia administrativa de dichos niveles de gobierno en una gran mayoría de casos es de tercer mundo. Si ya de por sí esta situación es inconsistente con un Estado como el mexicano; además de dichos sueldos los funcionarios cuentan con ese sistema de pagos a médicos particulares y a instituciones hospitalarias dentro y/o fuera del país, engrosando los recursos destinados a la más alta burocracia; en detrimento de los recursos disponibles para los estratos más necesitados de la población. Esta es una realidad que necesitamos cambiar a la brevedad.
6. Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: Solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2006 excluya el pago de servicios médicos particulares a funcionarios públicos.
Segundo: Exhortar al titular del Ejecutivo Federal, a todos los gobernadores y al jefe del Gobierno del Distrito Federal, así como a todos los presidentes municipales del país para que no otorguen recurso alguno en sus presupuestos del año 2006 para el pago de servicios médicos particulares a funcionarios públicos.
Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2006 SE INCLUYAN RECURSOS ADICIONALES
PARA LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA,
A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR HUGO ISLAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento Interior para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este H. Pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Las instituciones de educación superior son fuente de orgullo nacional y garantía del logro de nuestros mejores propósitos de crecimiento y desarrollo. En estos días, la mayor universidad del mundo, como es la UNAM, se ha acreditado como una de las que ofrecen mayor calidad y cobertura, entre las mejores del planeta.
La decisión del Constituyente de garantizar la educación pública, universal, gratuita, humanista, democrática y garante de la igualdad y la tolerancia, constituye un acierto hasta nuestros días. La educación pública es piedra angular de la permeabilidad social surgida del estudio y del esfuerzo individual y colectivo, difunde los mejores valores nacionales y desarrolla proyectos de gran reconocimiento científico en todos los campos. Por ello, requerimos apoyarla de manera creciente, a efecto de lograr su transformación cualitativa, a la altura de las expectativas sociales y económicas del siglo XXI.
Entre nuestras mejores casas de estudios superiores, se encuentra también la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que es una de las universidades más antiguas del continente, testigo de más de 4 siglos de construcción del Estado y la Nación mexicana. Además de que modela el perfil de la cultura y diversidad de puebla, es una institución en constante transformación y perfeccionamiento, sin cuya aportación la ciencia y la cultura perderían su vigor y su riqueza. Por eso, la BUAP es un orgullo para Puebla y para México.
A iniciativa del Cabildo de la ciudad de Puebla, el 14 de abril de 1578, se solicitó al provincial de los jesuitas en la Nueva España la fundación de esta institución educativa. A partir de ahí ha sufrido 9 transformaciones, que le han permitido actualizarse y mantenerse presente en el desarrollo de Puebla. A la caída del Imperio de Maximiliano, cuando el pensamiento liberal sustituyó la cerrazón santanista en la educación, numerosos soldados del liberalismo se trasladaron a Puebla para organizar su sistema educativo. Destacan entre ellos, Ignacio Ramírez "El Nigromante" y Guillermo Prieto, siendo el más destacado Ignacio Manuel Altamirano, que asumió el rectorado en 1881 y sentó las bases para su entrada al siglo XX.
Esta Universidad tiene actualmente una de las matriculas más altas de alumnos, con 54 mil, independientemente del número y calidad de sus maestros. Su reconocimiento y trabajo le ha permitido ofertar un amplio catalogo de maestrías y doctorados, además de ser parte activa en múltiples áreas de la investigación. Sin embargo, desde hace varios años padece una severa crisis económica que ha tenido como efecto la falta de mantenimiento del hospital universitario, la falta de incremento salarial a sus trabajadores y el riesgo que implica la respuesta oportuna y suficiente a sus pasivos laborales.
A pesar de que esta Cámara realizó en el Presupuesto de Egresos de 2005, reasignaciones a favor de la educación superior, corrigiendo el proyecto del Ejecutivo que procedía con recortes presupuestales a las Universidades públicas.
A pesar de la legitimidad de la decisión de los diputados, el presidente realizó observaciones que mantuvieron en suspenso los recursos para las universidades durante todo el año.
De los 1, 750 millones de pesos que contenía el dictamen formulado por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, se autorizaron para la BUAP 152.5 millones de pesos. Del Fondo de Equidad para las Universidades con costo por alumno de bajo de la media nacional, le correspondieron también 175.9 millones de pesos.
Este año fue complicado para las universidades públicas, porque tuvieron que enfrentar fuertes presiones sin los apoyos económicos mantenidos en suspenso por la controversia constitucional.
Concientes de que el subsidio ordinario federal y estatal, constituye el ingreso principal de las universidades públicas, acudimos a la sensibilidad política y al compromiso de esta Cámara con el fortalecimiento real de la universidad pública, para que se autoricen en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006, 300 millones de pesos adicionales. Estos se aplicarán a los rubros rezagados que hemos mencionado, al fortalecimiento de su infraestructura, a la acreditación de 25 programas de licenciatura, al equipamiento de física, química, biología y lenguas extranjeras, así como para elevar el porcentaje de sus programas de calidad, para situarlo en más del 85%, lo cual incide indirectamente en la solidez de los conocimientos que sus profesionistas egresados ponen a disposición del mercado laboral y de la sociedad del Estado de Puebla, así como del país en su conjunto.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que integre en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2006, recursos adicionales por 300 millones de pesos para la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, a efecto de superar su déficit financiero acumulado y fortalecer su infraestructura, programas de calidad y de investigación, como detonante de desarrollo regional en el Estado de Puebla.
Palacio Legislativo, a 10 de noviembre de 2005.
Dip. Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A
LAS LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL A CONSIDERAR COMO DELITOS EN SUS RESPECTIVAS LEYES
PENALES LAS CONDUCTAS RELATIVAS AL ABANDONO DE PERSONAS O, EN SU CASO,
REVISAR LOS REFERIDOS TIPOS PENALES, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA LETICIA
RIVERA CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Martha Leticia Rivera Cisneros, Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como en el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas de las Entidades Federativas, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que en sus respectivas leyes penales contemplen como delitos las conductas relativas al abandono de personas, o en su caso, procedan a la revisión de los referidos tipos penales, a fin de otorgar una mayor tutela jurídica a las personas abandonadas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
"La Nación no está formada por individuos abstractos ni por masas indiferenciadas, sino por personas humanas reales, agrupadas en comunidades naturales, como la familia, el municipio, las organizaciones de trabajo o de profesión, de cultura o de convicción religiosa.
"La persona humana tiene una eminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir, por lo que la colectividad y sus órganos deben asegurarle el conjunto de libertades y de medios necesarios para cumplir dignamente ese destino.
"Y en la organización política nacional, es preciso que las comunidades naturales sean reconocidas, respetadas y en cuanto caigan dentro de la jurisdicción del Estado, ordenadas y jerarquizadas, dándoles el lugar y la participación debidos en la estructura y en el funcionamiento del mismo, a fin de que éste coincida verdaderamente con la realidad nacional y el Gobierno sea siempre una expresión genuina de la Nación."
Es así como el Partido Acción Nacional reconoce a la persona humana y así lo recoge en sus principios doctrinarios.
Por lo mismo, para nuestro grupo parlamentario el tema de abandono de personas y principalmente de niños, niñas y adolescentes es de trascendental importancia, porque viene a incidir en el desarrollo del país.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o. establece que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, y sano esparcimiento para su desarrollo integral, correspondiendo a los ascendientes, tutores y custodios el deber de preservar esos derechos y al Estado el de proveer lo necesario para propiciar el respeto de la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno del mismo.
Así mismo, la Ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes establece que se debe de garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la constitución y dispone que corresponde a las autoridades o instancias federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres, y demás ascendientes, tutores y custodios, u otras personas que sean responsables de los mismos. De igual manera y sin prejuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos.
Por su parte, la Convención sobre los Derechos de la Niñez (CDN), de la cual nuestro país es parte y que de conformidad con el articulo 133 Constitucional, es ley suprema de toda la nación, reconoce el derecho de las niñas y los niños a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, además, este derecho incluye la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo.
Tras la aprobación por el Congreso de la reforma constitucional con respecto a la justicia penal juvenil, UNICEF apela a las Legislaturas de las entidades federativas a que de manera urgente abran los caminos pertinentes para la implementación de este nuevo sistema de responsabilidad penal, la cual sin duda, tiene directa injerencia en el tema que nos ocupa.
Yoriko Yasukawa, Representante de UNICEF en México congratuló al Senado, a la Cámara de los Diputados por la aprobación de la reforma al artículo 18 de la Constitución Mexicana y a las Legislaturas locales que ya lo ratificaron. Ahora le toca a las Legislaturas armonizar sus sistemas locales con el artículo 18.
A mayor abundamiento, el doctor Emilio García Méndez, experto en justicia penal juvenil y consultor de UNICEF, comento que la Responsabilidad penal de los adolescentes no es cuestión ni de mano dura ni de mano blanda, sino de mano justa, que sancione de forma proporcionada el delito que un adolescente ha cometido. En un seminario para medios de comunicación sobre la reforma constitucional al articuló 18 constitucional, organizado por UNICEF y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) en fechas recientes, el doctor García Méndez explicó: "El sistema tutelar penaliza la pobreza de adolescentes que crecen en circunstancias difíciles. El sistema de responsabilidad penal, al contrario, juzga al adolescente solamente por su acto.
"Resulta importante resaltar lo manifestado por la directora general del DIF, Ana Teresa Aranda Orozco, al señalar que los niños mexicanos también buscan el sueño americano, viajando solos ya que los envían sus familiares, por tal motivo los módulos de atención que tiene esta dependencia a su cargo implementan programas donde se brinda atención psicológica y medica, y están trabajando en una campaña para desincentivar la migración". El programa De la calle a la vida, impulsado por el sistema Nacional DIF, es un ejemplo de esta actividad.
La atención de los niños, las niñas y adolecerte que viven en la calle constituye una de las mas altas prioridades de las autoridades y diversas organizaciones civiles en México, lo que permitió que tan sólo durante 2004 se haya logrado brindar auxilio y apoyo a 80 mil 26 menores en esas condiciones, informó Aranda Orozco.
Debemos de tener presente que el abandono de personas puede tener varias vertientes como lo son el abandono físico, emocional y educacional. El primero se refiere precisamente a dejar en desamparo a los menores, dejándolos en la calle o no asistirlos cuando lo necesitan en caso de estar lesionados o enfermos, inclusive cuando los padres los dejan demasiado tiempo solos o no los cuidan se puede considerar este tipo de abandono. El abandono emocional se produce cuando alguno de los padres o personas a cargo de un menor no satisfacen las necesidades emocionales del niño o adolescente. A manera de ejemplo, es abandono emocional si el padre, madre o tutor no le dan el amor, atención y afecto físico que todo niño necesita. Finalmente el abandono educacional se presenta cuando alguno de los padres o personas a cargo de un menor le permiten al niño o adolescente faltar a la escuela reiteradamente o nunca lo inscriben a la escuela.
Es por ello que conscientes de la necesidad de que las entidades federativas en su totalidad, así como el Distrito Federal, reconozcan y salvaguarden de manera adecuada los derechos de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: los menores e incapaces, quienes por sus condiciones de vulnerabilidad, se encuentran en mayor riesgo de que sus derechos fundamentales sean violentados, es por ello que se somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos atenta y muy respetuosamente hace un cordial llamado a las Legislaturas estatales y a la Asamblea Legislativa del DF, para que en el ámbito de sus atribuciones procedan a tipificar los tipos penales correspondientes al abandono de menores en sus respectivos ordenamientos y en caso de que ya contemplen dichas conductas ilícitas, procedan a su adecuación y perfeccionamiento procurando siempre, garantizar una amplia protección jurídica a niñas, niños y adolescentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.
Dip. Martha Leticia Rivera Cisneros (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL
EJECUTIVO FEDERAL Y A LAS AUTORIDADES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS AFECTADAS
POR LOS HURACANES STAN Y WILMA A APLICAR PROGRAMAS DE EMPLEO
TEMPORAL Y DE BECAS PARA DESEMPLEADOS, EN APOYO DE TRABAJADORES EVENTUALES
Y DE LA ECONOMÍA INFORMAL, ASÍ COMO A ESTABLECER MEDIDAS
PARA APOYAR LA PLANTA PRODUCTIVA A FIN DE DETENER LOS DESPIDOS MASIVOS,
A CARGO DEL DIPUTADO PABLO FRANCO HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito Pablo Franco Hernández, diputado de la LIX Legislatura, del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, con el objeto de que se exhorte al Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, y a las autoridades locales de todas las entidades federativas afectadas por los huracanes Stan y Wilma, Especialmente a las de los estados de Quintana Roo, Yucatán y Chiapas, para que de inmediato y uniendo esfuerzos, se apliquen programas de empleo temporal y de becas para desempleados en apoyo a todos los trabajadores, especialmente eventuales y de la economía informal, que han perdido sus empleos a consecuencia de estos meteoros. Paralelamente adopten las medidas necesarias para apoyar la planta productiva de las zonas afectadas para detener los despidos masivos que están sufriendo estos trabajadores.
Consideraciones
1.- Que como es de conocimiento de todo el pueblo de México, los recientes huracanes Stan y Wilma golpearon la planta productiva de varias Entidades Federativas de la República, especialmente las de Quintana Roo, Yucatán y Chiapas.
2.- Que pese al esfuerzo conjunto hasta ahora desplegado por los trabajadores, empresarios y el Estado mexicano, en las regiones golpeadas por estos huracanes, especialmente en Quintana Roo, Yucatán y Chiapas, muchos patrones se están viendo obligados a despedir a su planta laboral parcial o totalmente, de manera destacada a los que se desempeñan con el carácter de eventuales. Razón por la cual los Gobiernos Federal, Estatal y las autoridades locales deben tomar las medidas necesarias con el apoyo de las empresas, para que se detenga la multiplicación de estos despidos.
3.- Que complementariamente muchas de las personas empleadas en la economía informal en estas Entidades Federativas han visto igualmente suprimida su actividad y por tanto sus ingresos familiares.
4.- Que adicionalmente a las medidas sociales y fiscales que a la fecha se han tomado por el Estado mexicano, urge aplicar medidas estrictamente dirigidas a apoyar el enorme golpe que ha recibido el empleo en Quinta Roo, Yucatán, Chiapas y demás Entidades Federativas afectadas por estos desastres naturales.
5.- Que al efecto el Gobierno Federal ya ha anunciado la aplicación de programas de empleo temporal y de becas para desempleados, sin embargo al respecto señalamos que estos programas no sólo se deben aplicar en Quintana Roo sino en Yucatán, Chiapas y demás estados afectados; Segundo los trabajadores cuyas relaciones de trabajo, básicamente de carácter eventual e informal han sido disueltas por virtud de este hecho fortuito, deben recibir de manera preferente los beneficios de los programas de mención; tercero la amplitud de estos programas tiene que responder al número real de afectados, ya que los 35,000 empleos temporales anunciados a la fecha por el Gobierno Federal son absolutamente insuficientes, y Cuarto su manejo debe ser ajeno a sin fines partidistas en pleno respeto a las necesidades y dignidad de estas personas.
Con base en todo lo expuesto propongo a esta H. Cámara de Diputados con el carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorte al Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, y a las autoridades locales de todas las entidades federativas afectadas por los huracanes Stan y Wilma, especialmente los estados de Quintana Roo, Yucatán y Chiapas, a que de inmediato y uniendo esfuerzos, apliquen programas de empleo temporal y de becas para desempleados en apoyo a todos los trabajadores, especialmente eventuales y de los pertenecientes a la economía informal, que han perdidos sus empleos a consecuencia de estos meteoros. Paralelamente adopten las medidas necesarias para apoyar la planta productiva de las zonas afectadas, a fin de detener las terminaciones de las relaciones de trabajo y despidos masivos que están sufriendo estos trabajadores, todo en aras no sólo de la justicia y la producción nacional, sino de la paz social.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.
Dip. Pablo Franco Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A CONSIDERAR
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO
FISCAL DE 2006 UN INCREMENTO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL IFAI A
EFECTO DE QUE ÉSTE PUEDA CUMPLIR DEBIDAMENTE SUS FUNCIONES, A CARGO
DEL DIPUTADO LUIS MALDONADO VENEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
En los sistemas políticos democráticos es una práctica común y añeja la rendición de cuentas por parte de los organismos públicos para con la sociedad. Así ha ocurrido en los países donde prevalece esa forma de gobierno. Ello tiene como propósito el transparentar las acciones que llevan a cabo las dependencias responsables de la administración pública, a fin de reducir los riesgos de incurrir en actitudes contrarias al beneficio colectivo.
En nuestro país, a partir del año 2002, con la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, contamos con un organismo descentralizado, no sectorizado, encargado de que la ciudadanía tenga respuesta a las solicitudes que formule en la materia.
La conformación del IFAI responde a una demanda que se origina desde muchos años atrás, consistente en superar la opacidad que caracterizaba a una buena parte de la actuación del sector público del país.
La situación llegó a ser verdaderamente insostenible y representaba un retroceso si se le compara con los avances ocurridos en México en distintos ámbitos de la consolidación de la vida institucional que ha tenido lugar en el país en años recientes.
Si aspiramos a consolidar los avances logrados en la transición democrática en que estamos inmersos, debemos poner nuestro horizonte en un futuro que ya no convalide actos de autoritarismo y prácticas que le son afines como el desdén por la evaluación ciudadana.
Respaldar la actuación del IFAI, para posibilitar los encomiables fines que persigue, entre los que destacan: promover el ejercicio del derecho a la información, resolver sobre la negativa de las solicitudes en la materia, y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades, fortalece la vida republicana y cristaliza los anhelos de las mexicanas y mexicanos que aspiran a contar con una administración pública que se guíe por la transparencia en todos y cada uno de sus actos, a efecto de inhibir y/o sancionar los actos de corrupción que aún prevalecen como muestra de la reticencia a modificar actitudes que ya no tienen lugar en el México actual.
Cabe destacar que, tan sólo en lo que hace a la resolución de recursos de revisión y que constituye prácticamente una de las funciones sustantivas más relevantes del IFAI, ha crecido el número y complejidad de los asuntos a resolver: durante el año de 2003 fueron 635, en 2004 fueron 1431 y, en este ejercicio de 2005, hay proyecciones que indican que se llegará a la cifra de más de 2200.
No obstante lo anterior, el presupuesto asignado para el año 2005 fue de $ 240,434,300 que, comparado con el techo preliminar para el 2006 que es de $238,937,808, contempla una reducción de $1,496,492, que impacta en el capítulo 1000 de Servicios Personales.
El personal con el que actualmente cuenta el IFAI ya resulta insuficiente para atender la demanda que se presenta, por lo que el Instituto requiere una ampliación presupuestal de 23.3 millones de pesos, que se traducirán en la creación de 19 plazas: 5 Direcciones de Área, 2 Subdirecciones y 12 Jefaturas de Departamento, lo que permitirá desahogar eficientemente el creciente número de recursos, así como continuar siendo garante de una mayor transparencia en la información que demanda la sociedad respecto de las acciones ejecutadas y las decisiones adoptadas por este gobierno.
Cabe señalar que en dos años, no ha habido crecimiento del número de plazas al interior del Instituto.
Por tal motivo, es imprescindible que el IFAI cuente con los recursos presupuestales que le son necesarios, para actuar con la autonomía que debe guiar a un organismo de su tipo, autonomía y funciones que le asignó el Congreso de la Unión en la ley que lo rige. Para el logro de esta característica que debe ser fundamental se requiere dotarlo de una suficiencia financiera que le posibilite disponer de la libertad que su actuación requiere en todos los terrenos. Hay que recordar que el propio Poder Legislativo Federal determinó, en el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que el IFAI es un organismo con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión.
El decreto del Ejecutivo Federal, publicado en el DOF de fecha 24 de diciembre de 2002, precisa que el IFAI es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y en su Considerando Quinto establece que debe de buscarse que ejerza con toda plenitud su autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, indispensables para asegurar su independencia en relación con otros órganos o dependencias de la propia administración pública.
Tomemos el ejemplo de otros organismos autónomos cuya aportación a la vida democrática es invaluable. No desaprovechemos la oportunidad, tal vez irrepetible, de fortalecer los cimientos de una entidad que propugna por hacer de la transparencia y la rendición de cuentas un ejercicio que caracterice al sector público.
Los resultados además de ser mensurables, podrán cuantificarse por el grado de confiabilidad que generen en la opinión pública las instituciones que se sometan al escrutinio ciudadano.
Por lo anteriormente expuesto, quienes suscribimos el presente Punto de Acuerdo sometemos a la alta consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados, la siguiente propuesta para que esta soberanía apruebe un incremento en relación con la propuesta enviada por el Ejecutivo federal en la asignación presupuestal para el año 2006, del orden de 23.3 millones de pesos, a fin de que el Instituto Federal de Acceso a la Información se encuentre en aptitud de cumplir debidamente con las funciones que tiene asignadas, con la certeza de que estaremos contribuyendo de manera importante a la consolidación de la vida institucional en un tema tan vigente como lo es la transparencia y la rendición de cuentas, en base al siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la asignación presupuestal del Instituto Federal de Acceso a la Información para el ejercicio fiscal de 2006 se incremente en 23.3 millones de pesos a efecto de que dicho Instituto se encuentre en aptitud de cumplir debidamente las funciones que tiene asignadas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.
Diputados: Luis Maldonado Venegas, Héctor Humberto Gutiérrez
de la Garza, Federico Döring Casar (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL
EJECUTIVO FEDERAL A ACTUALIZAR LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS, A EFECTO
DE QUE SE INCLUYAN CONTENIDOS RELACIONADOS CON LAS NECESIDADES ESPECIALES
Y SU PREVENCIÓN, EN BENEFICIO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS
CON TALES CARACTERÍSTICAS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS
BRIONES BRISEÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado José Luis Briones Briseño, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo.
Compañeros diputados y compañeras diputadas:
La atención a las personas con necesidades especiales posee un sentido ético de justicia social y constituye un factor necesario en la construcción de una sociedad integrada.
Hablar de una respuesta educativa a la diversidad, es reconocer que existen diferencias individuales y estar convencidos de que todos los niños tienen el derecho y la capacidad de aprender, por ello ha sido, desde hace varios años, una preocupación del gobierno federal. La política de desarrollo humano y social y, en particular, la educativa tienen como objetivo estratégico lograr justicia, equidad social y educativa.
La Ley General de Educación, en su artículo 41, establece con precisión la obligación de promover la integración de las niñas y niños con necesidades especiales a las aulas y escuelas generales, de tal modo que desarrollen al máximo sus potencialidades y satisfagan sus necesidades básicas de aprendizaje, como base para su integración social. Asimismo, nuestro país ha suscrito distintos convenios internacionales para promover la integración educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales: la Declaración Mundial sobre Educación para Todos en 1990; la Declaración de Salamanca, España, en 1994, entre otros.
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y, en particular, el Programa Nacional de Educación 2001-2006, establece como objetivo estratégico alcanzar la justicia y la equidad educativa, entendida como la igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia y el logro educativo.
Las atribuciones que le confiere la Ley General de Educación de manera exclusiva a la autoridad educativa federal, son entre otras: "Elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación".
Ahora bien, por la importancia que tiene el supuesto de que todo individuo, por su condición de persona humana, tiene derecho a recibir la educación básica que le permita desarrollar sus capacidades y habilidades para poder interactuar socialmente nos ha llevado a promover acciones tendientes a la integración de personas con capacidades diferentes al sistema educativo pero hemos dejado al margen la creación de una cultura de convivencia y respeto hacia ellas, por ello es necesario y urgente que el Ejecutivo federal, en el ámbito de su competencia y en ejercicio de sus atribuciones, actualice los Libros de Texto Gratuitos a efecto de que se incluyan contenidos relacionados con las necesidades especiales y su prevención, con el objeto de desarrollar una cultura de convivencia solidaria al respecto, pues con esto estaremos construyendo el cambio tan anunciado, avanzando en el combate a la marginación escolar de las niñas, los niños, y los jóvenes con alguna necesidad especial y eliminando las barreras de participación social.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que en ejercicio de sus atribuciones actualice los libros de texto gratuitos a efecto de que se incluyan contenidos relacionados con las necesidades especiales y su prevención, con el objeto de desarrollar una cultura de convivencia solidaria al respecto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de noviembre de 2005.
Dip. José Luis Briones Briceño (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTA SOBERANÍA
EXPRESA SU BENEPLÁCITO POR EL DEPÓSITO ANTE LA ORGANIZACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS DEL INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN DEL ESTATUTO
DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, SUSCRITO POR LOS DIPUTADOS ADRIANA
GONZÁLEZ CARRILLO, RODRIGO IVÁN CORTÉS JIMÉNEZ
Y GUSTAVO DE UNANUE AGUIRRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quienes suscriben, Adriana González Carrillo, Rodrigo Iván Cortés Jiménez y Gustavo de Unanue Aguirre, diputados federales de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, expresa su beneplácito por el depósito ante la Organización de las Naciones Unidas del instrumento de ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en virtud de las siguientes
Consideraciones
El Tratado que establece la Corte Penal Internacional fue adoptado el 17 de julio de 1998 por una Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas celebrada en la Ciudad de Roma, Italia. Su objeto es disuadir la comisión de crímenes que atentan contra la humanidad en su conjunto, a través de un mecanismo de jurisdicción que asegura que los perpetradores de este tipo de crímenes serán llevados a la acción de la justicia. La jurisdicción de la Corte no es retroactiva, lo que significa que sólo podrá conocer de delitos cometidos con posterioridad a su entrada en vigor.
Al inicio de su administración, el Presidente Vicente Fox subrayó la importancia de este instrumento y se comprometió a impulsar el proceso para que México se convirtiera en Parte del mismo. México firmó el Estatuto de la Corte Penal el 7 de septiembre de 2000.
La ratificación del Estatuto requirió de enmiendas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proceso que inició en el año 2001 y concluyó el pasado 20 de junio, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto que reforma el artículo 21 constitucional.
Igualmente, el pasado 21 de junio en sesión extraordinaria, los Senadores de la República aprobaron el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional permanente con facultades para investigar y enjuiciar, de forma complementaria a las jurisdicciones nacionales, a personas presuntamente responsables por la comisión de los más graves crímenes internacionales: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.
La aprobación por parte del Senado de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre del presente, es el último paso requerido por nuestro orden jurídico a fin de que el Ejecutivo federal pueda depositar, de manera casi inmediata, el instrumento de ratificación correspondiente.
Esta aprobación llega después de un camino largo y complejo de cinco años en los que la sociedad civil ha colaborado con el Gobierno Federal siguiendo un objetivo común: la ratificación de este instrumento internacional y, consecuentemente, la participación de México por pleno derecho en uno de los esfuerzo más importantes de la comunidad internacional en la lucha contra la impunidad de los crímenes que atentan contra la humanidad.
Con la aprobación del Estatuto por parte del Senado, el Gobierno de México fortalece su compromiso con el respeto al derecho internacional, particularmente con el de los derechos humanos, el humanitario y el penal internacional.
El Estatuto cuenta al día de hoy con 139 signatarios y 99 Estados Partes. De conformidad con su artículo 60, entrará en vigor para México el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que deposite ante el Secretario General del ONU su instrumento de ratificación.
Finalmente, el pasado viernes 28 de octubre de 2005, México ratificó el Estatuto de Roma, mediante el cual se pone bajo jurisdicción de la Corte Penal Internacional y como parte de un "largo proceso" que desde el principio fue una prioridad para el Presidente Vicente Fox.
Juan Manuel Gómez Robledo, embajador alterno ante la ONU, fue el encargado de depositar los instrumentos de ratificación en la sede neoyorquina de la ONU. Lo hizo acompañado por el consejero legal de la Cancillería mexicana, Joel Hernández. Ambos funcionarios entregaron los documentos que acreditan esta ratificación al jefe de la sección de tratados de la Oficina de Asuntos Legales del organismo internacional, Alitha Kohona.
Así, México ha culminado su ratificación del Estatuto de Roma antes de que la Corte Penal Internacional realice su asamblea anual, el 28 de noviembre.
Con el depósito del instrumento, México se vincula formalmente al Estatuto de Roma, cuya vigencia en territorio nacional comenzará el 1 de enero de 2006 y se convierte en la nación número 100 en ratificarlo.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión extiende un amplio reconocimiento al Ejecutivo Federal por su incuestionable compromiso con el respeto al derecho internacional, particularmente con el de los derechos humanos, el humanitario y el penal internacional.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, expresa su beneplácito por el depósito ante la Organización de las Naciones Unidas del instrumento de ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión reitera la importancia de la participación de México por pleno derecho en uno de los esfuerzos más importantes de la comunidad internacional en la lucha contra la impunidad de los crímenes que atentan contra la humanidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.
Diputados: Adriana González Carrillo, Gustavo de Unanue
Aguirre, Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbricas)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA QUE CONSIDERE
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO
FISCAL DE 2006 UNA PARTIDA ESPECIAL PARA EMPRENDER UN PROGRAMA DE HOSPITALES
DE ESPECIALIDADES EN TODO EL PAÍS, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES
PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Considerando que
1. En México existe un sistema de salud dual. Personas con recursos financieros, o cuyo empleador le proporciona seguros de salud, tienen acceso al sistema de salud privado que atiende, con calidad, a su demanda. El resto del país, la gran mayoría cuenta, en el mejor de los casos, con un sistema público de clínicas y hospitales. El sistema público de salud se caracteriza por generar largas filas de espera para recibir la atención mínima y de una calidad cuestionable, con la implicación práctica de que aquellos que dependen de ese sistema casi nunca logran resolver razonablemente sus problemas de salud y, consecuentemente, pasan más tiempo enfermos. En las zonas rurales del país y en las tres principales zonas metropolitanas del país los derechohabientes se enfrentan al grave problema que representa la ausencia de hospitales de especialidades, teniendo que incurrir en costos que para ellos son enormes para desplazarse hacia los hospitales en que se les puede atender pero que se localizan en las grandes ciudades.
2. Este sistema de salud dual es particularmente relevante, en lo que se refiere a México, a la luz de las recientes tendencias en la estructura sociodemográfica del país. En el año 2000, sólo 6.8% de la población mexicana tenía edad arriba de 60 años. Sin embargo, para el año 2010, la expectativa es de que ese segmento de la población sea de 8.7% y, para el año 2030, de 17.2%. Durante los últimos 20 años, el tamaño de las familias dentro de los segmentos más pobres de la sociedad mexicana (aquellos que típicamente dependen del servicio público de salud) ha sido mayor que el de los segmentos más prósperos. Ese gran grupo de la población tiene dos serias dificultades en relación a la salud. Por un lado la existencia de niños menores de 12 años incrementa, en esas familias, la demanda de servicios públicos de salud. Por otro lado, ese estrato de la población está envejeciendo, y se está aproximando el momento en que sus necesidades de asistencia médica crecerán rápidamente. Niños y ancianos son más propensos a adquirir enfermedades y deben ser atendidos. Debemos observar con preocupación que el sistema público de salud en México, bajo las tendencias actuales, no tendrá capacidad para atender a esa creciente demanda. En particular, los tiempos de espera para consulta aumentarán, implicando que muchos de los segmentos más pobres de la sociedad no podrán recibir ningún tipo de tratamiento. Ese mecanismo de exclusión social de la población pobre y anciana crecerá al menos en la misma proporción en que crece ese segmento de la población mexicana.
3. Al desarrollar un análisis estadístico para medir en qué medida la existencia de niños o ancianos afecta el gasto de los hogares en México se obtiene que por cada persona mayor de 60 años en una familia, sus gastos en servicios de salud aumentan 15.5% y, por cada niño menor de 12 años, dichos gastos se incrementan en 13.8%. Los hogares que tienen recursos financieros suficientes, pueden hacer frente a esos gastos. Pero las familias pobres recurren al sistema público de salud.
4. En suma: a medida que la estructura sociodemográfica cambia, la presencia de ancianos está creciendo, debido al aumento de la esperanza de vida, ejerciendo presión sobre el ingreso de las familias y sobre el sector público como único recurso para la provisión de servicios de salud. Por otro lado, familias de bajos ingresos tienen un número grande de hijos. Por lo tanto, las familias pobres con un elevado número de miembros, ya sea en virtud de la presencia de niños, o bien debido a la presencia de ancianos, son las que más sufren y seguirán sufriendo por el aumento de los costos de tratamientos médicos o por la ausencia de hospitales en sus localidades.
5. Por otro lado, de acuerdo con datos recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el gasto total en salud en México es inferior en dos puntos porcentuales, como proporción del PIB, al promedio de la OCDE, el gasto en salud en México es el segundo más bajo de todos los países de esa organización.
6. El número de doctores, por ejemplo, es en México de 1.5 por cada 1000 habitantes mientras que en la OCDE es de 2.9; en nuestro país existen 2.1 enfermeras por cada 1000 habitantes, cifra 4 veces inferior a la disponibilidad del promedio de países de la OCDE. En cuanto a camas de hospital disponibles, mientras que en los países de esa organización mundial es de 4.1 por cada 1000 habitantes, en México es de sólo una. En cuanto a equipo especializado el rezago también es evidente: en nuestro país el número de Unidades de Resonancia Magnética es de 0.2 por cada millón de habitantes, el porcentaje más bajo de los países de la OCDE. El número de escáneres en México es de 1.5 por cada millón de habitantes mientras que en la OCDE es de 17.9.
7. En México existen más de 2450 municipios. La red de clínicas y hospitales del IMSS consta de mil 767 unidades; pero mil 504 son de medicina familiar y solo existen 223 hospitales generales o regionales; mientras que de especialidades son 40. La capacidad instalada es claramente insuficiente para la demanda actual y futura.
Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que analice la inclusión, en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2006, de una partida presupuestal para emprender el programa de hospitales de especialidades en todo el país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.
Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A CONSIDERAR
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO
FISCAL DE 2006 UN INCREMENTO DESTINADO AL INEA, A EFECTO DE ABATIR EL REZAGO
EDUCATIVO EN ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA, A
CARGO DEL DIPUTADO LUIS MALDONADO VENEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Luis Maldonado Venegas, diputado federal a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con la finalidad de que se fortalezca el presupuesto asignado para el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en el ejercicio fiscal 2006, a fin de que se abata el rezago educativo en alfabetización y educación básica, en base a las siguientes
Consideraciones
Independientemente de la persona que sea elegida Presidente de la República en la próxima contienda electoral del 2 de julio del año dos mil seis y del Partido Político al que pertenezca, dentro de cinco años los mexicanos estaremos próximos a conmemorar cien años del inicio de la Revolución Mexicana.
Por tal motivo, el grupo parlamentario de Convergencia considera fundamental que a partir del próximo año, se destinen recursos económicos suficientes para abatir el analfabetismo que aún existe en nuestro país a fin de que arribemos al 20 de noviembre del 2010 con la certeza de que todos nuestros compatriotas hablen y lean el español y con una población mayor de 15 años que tenga acreditado el nivel básico.
De esta manera, estaremos verdaderamente en condiciones de celebrar tan importante acontecimiento.
El pasado 8 de septiembre, al conmemorarse el Día Mundial de la Alfabetización, el Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) dio a conocer que el número de personas con rezago educativo se incrementó de 32.5 millones que había en 2000, a 35 millones en 2004, a pesar de que en ese miso lapso fueron certificados más de tres millones de mexicanos, tanto en alfabetización como en el nivel básico.
Por tal motivo, consideramos que es importante apoyar el presupuesto del INEA para el año 2006 y orientarlo en base a la estrategia que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos ha propuesto.
Dicha estrategia se fundamenta en diversos estudios que realizaron sobre la organización del trabajo y la distribución de los recursos humanos de su membresía y comprende cuatro vertientes:
b) Reforzar el Programa de Profesionalización de los trabajadores técnicos operativos.
c) Alentar los Estímulos por Años de Servicio Institucional para los trabajadores técnicos operativos durante su compromiso social e institucional.
d) Incrementar los Estímulos de Desempeño y Productividad en el Trabajo de los Trabajadores técnicos y operativos.
Derivado de lo anteriormente expuesto, es que someto a la alta consideración de Ustedes, Compañeras y Compañeros Legisladores, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Que se fortalezca el presupuesto asignado para el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en el ejercicio fiscal 2006, a fin de que se abata el rezago educativo en alfabetización y educación básica.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.
Dip. Luis Maldonado Venegas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE CONSIDERAR EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE A 2006 LA
ASIGNACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS A APOYAR LA LABOR DE LOS SISTEMAS
DIF MUNICIPALES, A CARGO DE LA DIPUTADA IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Quien suscribe, diputada federal Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, para considerar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, la asignación de recursos destinados a apoyar la importante labor que realizan los sistemas DIF municipales, en razón de las siguientes
Consideraciones
De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Asistencia Social, ésta se entiende como "el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva".
Tal labor, de suyo relevante vistas las condiciones sociales que imperan en la mayoría del territorio nacional, está a cargo de un conjunto de instituciones que concurren en el desempeño de acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación.
Sin desestimar la importancia de la salud, la asistencia social en lo concerniente a la protección de la célula básica de la sociedad propiamente dicha está a cargo de una institución de todos conocida: el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF.
El DIF, como se sabe, ha creado programas de asistencia que atienden la problemática de fenómenos con alto impacto en la convivencia de nuestras comunidades, como la violencia intrafamiliar, la incorporación de sectores marginados, el desarrollo de personas con discapacidad, la protección de personas adultas mayores, la vigilancia de los derechos de la niñez, así como determinadas problemáticas concernientes a la equidad de género.
Se trata de una institución con tanta relevancia, que implica la coordinación de los tres niveles de gobierno y sus programas tienen respaldo en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.
Precisamente este último ordenamiento, en sus numerales 39, 40 y 41 detalla las características del Fondo de Aportaciones Múltiples, como parte del Ramo General 33, "Aportaciones Federales a Entidades y Municipios". Este Fondo contiene los recursos que se destinan exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema, apoyos a la población en desamparo, así como a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica y superior en su modalidad universitaria.
No obstante lo anterior, debemos tomar en cuenta que el Fondo de Aportaciones Múltiples no contempla destinar recursos al organismo DIF, propiamente dicho. Se trata únicamente de una transferencia para la operación de programas supervisados mediante convenios por los DIF nacional y estatales.
Esta situación hace que en la mayoría de los municipios mexicanos los sistemas DIF municipales enfrenten graves carencias, que en ocasiones llega incluso a no tener local propio, o a no contar con personal suficiente para la operación de los programas de asistencia social que tanto necesita la población.
Debemos recordar que, con las reformas de 1999 al artículo 115 constitucional, el municipio mexicano adquirió la categoría de gobierno, y dejó de ser un mero administrador. Sin embargo, en lo que se refiere al sistema DIF esta condición aún prevalece, puesto que no se puede hablar de una libertad o una autonomía administrativa si no se cuenta con una autonomía financiera.
En efecto, tanto los sistemas nacional como estatales del DIF cuentan con recursos para amortizar los gastos que generan sus operaciones administrativas, entre los que se cuentan servicios personales y vehículos para llegar a poblaciones apartadas, por ejemplo. En los municipios, esto no siempre se da, principalmente porque los ayuntamientos carecen de los recursos para dar al sistema DIF municipal un lugar en su presupuesto, e incluso en ocasiones se acude a la buena voluntad de personas que realizan labores en dichos organismos sin devengar salario alguno; las presidentas de los DIF Municipales, en la mayoría de los casos cónyuges de la autoridad municipal, son las primeras en dar este singular ejemplo de compromiso social.
Por estas razones, considero de primera relevancia que esta H. Soberanía incluya dentro de las previsiones del Presupuesto de Egresos 2006, siempre en el Ramo General 33, en el Fondo de Aportaciones Múltiples, un Subfondo denominado Apoyo a los Sistemas DIF Municipales, cuyos recursos puedan ser destinados a sufragar los gastos que dichos organismos realizan en materia meramente administrativa y para posibilitarles también la creación de programas de asistencia social propios.
Debo dejar en claro que mi intención no es lesionar el presupuesto en materia de Asistencia Social, sino de aumentarlo en la medida de lo posible, de manera tal que los recursos que formarían dicho Subfondo no se tomarían de los destinados a los programas del Sistema DIF, sino que serían además de esos recursos.
Con esta acción, compañeros legisladores, estaremos dando al Municipio Libre un gran apoyo, pero sobre todo estaremos complementando para bien el sistema de Asistencia Social que tanto ha funcionado en beneficio del pueblo mexicano.
En virtud de estas consideraciones, me permito proponer al Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Primero. Requiérase a la Comisión de Presupuesto para considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, dentro del Ramo General 33 "Aportaciones Federales a Entidades y Municipios", en el Fondo de Aportaciones Múltiples, la creación de un Subfondo denominado Apoyo a los Sistemas DIF Municipales, con base en el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal.
El objeto de dicho Subfondo será sufragar los gastos que dichos organismos realizan en materia administrativa y para posibilitarles la creación de programas de asistencia social propios.
Palacio Legislativo, a 10 de noviembre de 2005.
Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXENTA A LAS
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL
EJERCICIO FISCAL DE 2005, A CARGO DEL DIPUTADO NORBERTO ENRIQUE CORELLA
TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado Norberto Enrique Corella Torres a la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo federal la exención del pago del Impuesto al Activo a las pequeñas y medianas empresas basado en las siguientes
Consideraciones
Durante los pasados nueve años, a partir de 1996, y como consecuencia de las medidas económicas tomadas por el Gobierno Federal para atender los efectos de la crisis económica derivada de la devaluación de diciembre de 1994, el Ejecutivo Federal, haciendo uso de las facultades que le otorga el Código Fiscal de la Federación, principalmente la contenida en la fracción I del artículo 39 que le autoriza a "condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios" emitió un decreto que exentaba del pago del Impuesto al Activo a los contribuyentes que tuvieran ingresos totales en el año anterior de un cierto monto. Desde el inicio, el citado estímulo fiscal tuvo como objetivo el permitir una aceleración en la recuperación económica de las pequeñas y medianas empresas, que son los contribuyentes que se podían ubicar en el límite de ingresos establecido en dicho decreto.
En el año 2000 al inicio de la presente administración, y de acuerdo a la información contenida en el IV Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada, este segmento de unidades económicas, es decir, las micro, pequeñas y medianas empresas eran responsables de demandar el empleo del 69% de la población ocupada en los sectores económicos distintos del sector primario, esto es, de la agricultura. Para el año 2004, dicho porcentaje se elevo dos puntos al llegar al 71.3%. Estos datos muestran por una parte, que poco más de dos de cada tres trabajadores con empleo en el sector privado obtienen su fuente de ingreso en este tipo de empresas, y por la otra, muestra una tendencia al alza de la importancia de este sector como creador de fuentes de empleo.
Actualmente, la definición de micro, pequeña y mediana empresa, de acuerdo con la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, tiene como variable fundamental el personal ocupado de acuerdo al sector económico en el que desarrolla sus actividades. En resumen, una empresa pertenece a este tipo de unidades económicas si ejerciendo su actividad en la industria emplea a un máximo de 500 trabajadores, y en el comercio y los servicios a un máximo de 100. No obstante, para que en términos fiscales pudiera operar la condonación del Impuesto al Activo, el Ejecutivo Federal determinó la exención a partir del monto de ingresos que hubieran recibido los contribuyentes en el año anterior.
De esta forma, para 1996 el tope de ingresos para determinar a los contribuyentes que podían recibir este beneficio fiscal fue de $ 7'000,000 (siete millones de pesos), este monto de ingresos fue actualizado hasta el año de 2001 de acuerdo a la inflación calculada a partir del Índice Nacional de Precios al Consumidor, y por lo tanto fue creciendo a $8'900,000 (ocho millones novecientos mil pesos) para el ejercicio fiscal de 1997, actualizado a $10,'000,000 (diez millones de pesos) para 1998, en el año siguiente 1999 el tope de ingresos se estableció en $12'000,000 (doce millones de pesos), en el 2000 el decreto del Ejecutivo determinó un tope de ingresos de $13'500,000 (trece millones quinientos mil pesos), y a partir del 2001 no sufrió actualizaciones quedando en $14'700,000 (catorce millones setecientos mil pesos).
En los años siguientes y hasta el 2004 dicho monto no ha sufrido actualización alguna, alcanzando el día de hoy un rezago de 20.6% calculado con respecto a la inflación de estos últimos años. Teniendo en cuenta la enorme importancia que este sector tiene como generador de empleo, y siendo precisamente la falta de empleo uno de los principales problemas económicos que se enfrentan actualmente, considero necesario que se continúe otorgando este estímulo fiscal a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Es útil reconocer que actualmente las personas físicas que se encuentran tributando bajo el régimen de Pequeños Contribuyentes, se encuentran exentas del pago del Impuesto al Activo a partir de este año y como resultado del paquete económico aprobado por esta soberanía en el 2004. No obstante, el citado régimen fiscal está limitado a un número reducido de actividades económicas y sólo pueden acogerse a él aquellas personas con ingresos máximos de 2'000,000 (dos millones de pesos). Además, el pasado 11 de octubre, el Ejecutivo Federal publicó un decreto que exime del pago del Impuesto al Activo a las personas físicas que hubieran tenido ingresos en el año anterior hasta por $4'000,000 (cuatro millones de pesos), y otorga diversas facilidades para el cumplimiento de esta obligación, no obstante es una medida que no beneficia al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas al ser éstas personas morales, ni tampoco se mantiene como mínimo el nivel de ingresos de $14'000,000 (catorce millones de pesos) para ser sujeto a dicho estímulo fiscal.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que con fundamento en la fracción I del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables, emita un Decreto que exente del pago del Impuesto al Activo en el ejercicio fiscal 2005 a los contribuyentes con ingresos totales máximos de $17'700,000 (diecisiete millones setecientos mil pesos) en el año 2004.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de noviembre de 2005.
Dip. Norberto Corella Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CONSIDERAR EN EL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE A 2006, EN EL RUBRO
DE EDUCACIÓN, EL REMOZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA
TÉCNICA NÚMERO 8 DE YUCALPETÉN, MUNICIPIO DE PROGRESO,
YUCATÁN, A CARGO DE LA DIPUTADA IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Quien suscribe, diputada federal Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, para considerar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, en el rubro de Educación, el remozamiento y equipamiento de la Escuela Secundaria Técnica No. 8 de Yucalpetén, municipio de Progreso, Yucatán, en razón de las siguientes
Consideraciones
La educación pública, base del desarrollo nacional, ha posibilitado el acceso de la población mexicana al conocimiento, con independencia de su condición económica. Se trata del ejercicio de los principios establecidos por la Revolución Social para reivindicar los derechos de las clases proletarias, para derribar barreras de clase y hacer del Estado Mexicano una democracia que asegurase las garantías individuales.
En particular, la educación pública representa, para las personas de menores recursos, la oportunidad de superación y de obtener una formación académica que les permita aspirar a mejores condiciones de vida. De ahí la importancia de darle el impulso adecuado y de procurar la conservación de este sistema, sobre todo en las regiones de marginación extrema.
Es el caso de la región costera de Yucatán, en donde sus habitantes, dedicados la mayoría a la pesca, luchan día con día para proveer a sus familias de mejores oportunidades de desarrollo, oportunidades entre las que se cuenta, claro está, la educación.
En este sentido, la escuela secundaria técnica número 8, ubicada en el puerto de Yucalpetén, en el municipio de Progreso, fue fundada en 1972 con el objetivo de formar a los jóvenes de los municipios circunvecinos en las técnicas de explotación de los recursos marinos. El planteamiento inicial de conjuntar la formación académica que les permitiera seguir más adelante sus estudios en otro nivel y el aprendizaje de técnicas productivas fue tan exitosa que adoptó también el sistema de internado, para dar cabida a estudiantes de municipios yucatecos más alejados e incluso de los estados de Campeche y Quintana Roo.
No está de más decir que, por su ubicación, este plantel es de primera importancia para los hijos de los pescadores del litoral yucateco, y las materias que allí se imparten son importantes para formar a estos jóvenes en la práctica de la pesca y el procesamiento de productos con un alto sentido de la competitividad y utilizando la técnica.
Sin embargo, con el constante cambio de sistemas y subsistemas en la Secretaría de Educación Pública, al parecer el apoyo a este plantel fue desestimándose a grado tal que en la actualidad presenta carencias lamentables que ponen en riesgo su operatividad, en detrimento de la educación de los jóvenes yucatecos.
Las deficiencias son materiales y, por tanto, pueden ser reparadas, si es la voluntad de esa soberanía. Tan sólo en el aspecto de infraestructura, que es el más urgente, se observan en los edificios del plantel serias carencias como techos caídos y ventanería inexistente, daños que fueron ocasionados por el huracán Isidoro, que no han sido reparados y que obligan a los alumnos a estudiar en condiciones precarias, y a vivir (recordemos que es un internado) sin techo y casi a la intemperie.
Hace falta también una completa revisión y reparación a los sistemas eléctricos e hidráulicos de talleres y edificios administrativos, para una eficiente funcionalidad del plantel.
De los estudios realizados con miras a encontrar una posible solución a este problema, hemos obtenido un presupuesto de obras de 807,095.36 pesos, lo que cubriría los requerimientos materiales y reparaciones más prioritarias.
Además de Progreso, son cinco los municipios que cuentan con estudiantes en este plantel, todos en la modalidad de internado: Mérida, Kanasín, Conkal, Dzidzantún, Umán, para un total de 112 alumnos que se preparan para una vida productiva en la industria pesquera. Estos alumnos requieren de un lugar apropiado para estudiar y permanecer internos, debido a la lejanía de sus lugares de origen.
A la fecha, más de 1,200 egresados testimonian la calidad de la educación que se da en esta escuela.
No la dejemos decaer por apatía. Apoyémosla para que siga aportando mexicanos preparados para que nuestra industria del mar crezca y se fortalezca.
En virtud de estas consideraciones, me permito proponer el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Primero. Requiérase a la Comisión de Presupuesto para considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, en el rubro de Educación, subsidios y transferencias al Estado de Yucatán, recursos para el remozamiento y reacondicionamiento general de la Escuela Secundaria Técnica Número 8 de Yucalpetén, Municipio de Progreso, Yucatán.
Artículo Segundo. Envíese copia de dicho requerimiento a la Comisión de Pesca de la H. Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo, a 10 de noviembre de 2005.
Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A CONSIDERAR
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2006 RECURSOS PARA
LA PROTECCIÓN Y DEBIDA ATENCIÓN DE LAS NIÑAS Y LOS
NIÑOS MIGRANTES REPATRIADOS, ASÍ COMO PARA LA CREACIÓN
DE UN ALBERGUE DEL DIF EXCLUSIVO PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DE OJINAGA, CHIHUAHUA, A CARGO DE LA DIPUTADA BLANCA GÁMEZ GUTIÉRREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quien suscribe, Blanca Gámez Gutiérrez, diputada Federal de la LIX Legislatura del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía a destinar un incremento en los recursos de las partidas presupuestales en el Ejercicio Fiscal de 2006, para la protección y debida atención de las niñas y niños migrantes repatriados, así como para que se destine una partida para la creación de un albergue del DIF exclusivo para niños, niñas y adolescentes en Ojinaga, Chihuahua.
Consideraciones
La protección de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior y el despliegue de acciones que permitan mejorar sus condiciones de vida son una parte fundamental que se contempla en la política exterior de México. Sin embargo, y pese a estos significativos esfuerzos, la cantidad de recursos que se destina para la atención de los menores migrantes es aún muy escasa. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la de la Familia (DIF); cuenta con 684 mil pesos para este año de 2005, para su Programa Menores Fronterizos, mismos que para el mes de junio fueron ejercidos en su totalidad. Sin embargo se requieren por lo menos 10 millones de pesos para canalizarlos a los estados fronterizos, mismos que serán utilizados en acciones como:
La difusión de información dirigida a los migrantes irregulares sobre los peligros de cruzar la frontera por determinadas zonas y en manos de pasantes; labores de emergencia y de rescate de migrantes con medidas de prevención, tales como, la instalación de depósitos de agua en los desiertos; centros de atención a menores migrantes gestionados por la sociedad civil; formación especializada a elementos de seguridad que tengan bajo su custodia a menores migrantes; visitas regulares a centros de detención de migrantes, con la finalidad de que les sea brindado apoyo psicológico y legal; nuevos programas de regularización para menores migrantes; personal especializado en la protección de los derechos de menores migrantes, que se encarguen de manera exclusiva de la recepción, seguridad física y canalización de las niñas y niños que hayan sido repatriados; transporte para la reunificación familiar y el traslado de los menores a su lugar de origen; la creación de grupos beta en Ojinaga, Ciudad Acuña, Nuevo Laredo y Reynosa; entre otras.
No obstante, en Ojinaga algunas de estas repatriaciones de niñas, niños y adolescentes no acompañados de familiares adultos se realizan fuera de los horarios convenidos para ello.
Los menores repatriados que no son recogidos por familiares en las oficinas del Instituto son remitidos al albergue del DIF municipal. Dicho albergue es el único que existe en la localidad y asiste a personas de todas las edades y condiciones. Derivado de lo anterior es necesaria la creación de un albergue del DIF, exclusivo para niñas, niños y adolescentes que son repatriados en Ojinaga, Chihuahua cuya labor consistirá en términos generales en proporcionar alojamiento, alimento y vestido; un soporte emocional esencial para las niñas y niños en el procedimiento de reintegración familiar. Además de contar con el mobiliario indicado para dicha atención, deberá brindar atención psicológica, jurídica y trabajo social y los medios de traslado de los menores migrantes, tan sólo su creación tendría un costo aproximado de 20 millones de pesos.
Cabe mencionar que en la búsqueda por mejorar los recursos para implementar dichas políticas, he presentado ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo en el sentido de redoblar esfuerzos para la protección y debida atención de niñas y niños migrantes en los procesos de repatriación segura y ordenada en la frontera norte de México.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara Diputados la inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, una partida especial debidamente etiquetada para la protección y atención de las niñas y niños migrantes repatriados en el programa Menores Fronterizos, así como una partida específicamente destinada para la creación de un albergue del DIF exclusivo para niños, niñas y adolescentes en Ojinaga, Chihuahua.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.
Dip. Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA QUE INCLUYA EN
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL
DE 2006 UNA PARTIDA A FIN DE PROPORCIONAR UN ESTÍMULO FISCAL A LOS
PRODUCTORES DE AGAVE TEQUILANA WEBER AZUL, A CARGO DEL DIPUTADO BENITO
CHÁVEZ MONTENEGRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito diputado federal, Benito Chávez Montenegro, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos, pone a la consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo a razón de las siguientes
Consideraciones
La industria tequilera constituye una de las actividades económicas fundamentales para el estado de Jalisco, así como para Michoacán, Guanajuato, Nayarit y Tamaulipas. La industria genera un número significativo de empleos que van desde el cultivo del agave tequilana weber azul -su materia prima- hasta la elaboración de tequila y su posterior envasado, distribución y enajenación.
Asimismo, contribuye de manera substancial a la captación de divisas a través de la exportación a un gran número de países del mundo. Genera importantes recursos para el erario federal por medio de los impuestos al valor agregado y, en especial, sobre producción y servicios.
Sobra decir que el tequila constituye uno de los principales productos que nos caracterizan como mexicanos y que su calidad y preferencia se ha visto premiada con el gusto de los extranjeros, en particular, a partir del reconocimiento de su denominación de origen.
Sin embargo, en los últimos años la industria tequilera ha venido enfrentando dificultades para su desarrollo, reflejándose en una reducción significativa en los precios de comercialización del agave y la dificultad para un numeroso grupo de productores de vender su manufactura a las empresas tequileras. Todo esto, ha originado una caída en los ingresos de los productores de agave y un detrimento en la industria. Situación que de no atenderse oportunamente, podría desembocar en un conflicto de la magnitud como el que sucedió en la industria cañera.
Ahora bien, anteriormente el gobierno federal había otorgado a través de presupuestos anteriores -hasta el ejercicio fiscal 2004- un estímulo fiscal a los productores de agave, mismo que ya no fue contemplado en la partida presupuestal de este año y que no fue incluido como parte de la ley de ingresos para el año 2006 que remitió el Poder Ejecutivo Federal a este Recinto Legislativo el pasado 8 de septiembre.
Por esta razón, hago un exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara a fin de que en la elaboración del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2006, se destine una partida que permita el pago de un estímulo fiscal a los productores de agave, dándole continuidad a lo que en años anteriores esta soberanía venía destinando a estos productores de las zonas tequileras y que, por razones inexplicables, el Ejecutivo Federal omitió incluir en la ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año próximo.
Por todo lo anteriormente expuesto, para su aprobación, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, una partida a fin de otorgar un estímulo a los productores de agave tequilana weber azul, que marca la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-1994, que enajenen dicho producto para ser utilizado en la elaboración de tequila de tal forma que se le integre la cantidad de $6.00 por kilo de agave.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, en la fecha de su presentación.
Dip. Benito Chávez Montenegro (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE CONSIDERAR EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL
DE 2006 UNA PARTIDA DESTINADA A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EN DIFERENTES COMUNIDADES DE BAJA CALIFORNIA SUR, A CARGO DE LA DIPUTADA
ESTHELA PONCE BELTRÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Exposición de Motivos
Una paradoja que presenta el estado de Baja California Sur es que esta rodeado por agua y carece de ella para el consumo humano. Con mas de 2 mil 200 kilómetros de litoral, que representa el 22% de todo el país, es una entidad donde la carencia de agua potable es una constante. Contar con este líquido vital nos obliga a ser cada vez más imaginativos e ingeniosos para contar con este recurso. No obstante para ello se requiere no solo voluntad. Los recursos económicos son fundamentales.
Baja California Sur es la entidad que recibe menos cantidad de lluvia en toda la República, por eso el agua es uno de los recursos que se vigilan de manera muy especial. La cultura en el uso del agua refleja esta preocupación en mis paisanos, quizá por ello la cuidamos tanto, mas aun que es insuficiente.
Mi entidad, no cuenta con ríos, sólo arroyos o flujos de agua intermitentes. Existen algunas tinajas o estanques.
Debido a las dos grandes vertientes con que cuenta, el agua que llega presentarse por lluvias se escurre hacia el Gofo de California o Mar de Cortés y el océano Pacífico. Aunque los escurrimientos son mayores en este último.
Cabe mencionar que la península de Baja California tiene una longitud de 1,270 kilómetros. Correspondiéndole a Baja California Sur 690 kilómetros. Lo ancho de la península fluctúa entre 227 kilómetros hasta los 43 kilómetros. Su parte más ancha esta precisamente en denominado "desierto del Vizcaíno".
Sin ríos, lagos, uno que otro arroyo y estanques, y sin lluvia, que cuando las hay se escurren sin posibilidades de poder almacenarla por lo árido del territorio, coloca a nuestra entidad en una situación delicada.
Por ello es que en este punto de acuerdo, estamos solicitando recursos para servicios de agua potable y saneamiento en diferentes comunidades de los municipios de la entidad, en el siguiente orden: Los Cabos $22.2 millones; Mulegé $24.7 millones; Comondú $20.5 millones y La Paz $31.5 millones.
De igual manera se necesitan recursos para la propuesta de desalación del agua por $4.4 millones, que contempla la rehabilitación de la planta de El Delegadito, el Dátil. Punta Abreojos, la Bocana; la sustitución de membranas en la planta desaladora de Punta Prieta, todo ello en el municipio de Mulegé.
Asesoría en 13 plantas desaladoras y supervisión, apoyo y mantenimiento de 13 más y la rehabilitación de la planta de desalación de Bahía Magdalena en Comondú, entre otras acciones.
Es por ello que como representante popular de la nación y de mi estado Baja California Sur, siempre preocupada porque mis paisanas y paisanos aspiren a una mejor calidad de vida es que acudo ante el Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58, Fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para poner a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2006, una partida especial sectorizada en la Semarnat, por un monto de $103.3 millones destinados a servicios de agua potable y propuesta operativa de desalación en diferentes comunidades y municipios del estado de Baja California Sur.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 10 de noviembre del 2005.
Dip. Esthela Ponce Beltrán (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA QUE CONSIDERE
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL DE 2006 RECURSOS ECONÓMICOS A FIN DE FORTALECER
LA OPERATIVIDAD DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN,
A CARGO DE LA DIPUTADA LETICIA GUTIÉRREZ CORONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
La suscrita, diputada Federal Leticia Gutiérrez Corona integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, fracción II, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:
Punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara de Diputados se asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2006, recursos económicos por la cantidad de 129.1 millones de pesos, para fortalecer la operatividad del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación al tenor de las siguientes:
Consideraciones
1. En el mes de abril de dos mil tres, con el voto unánime de los legisladores presentes de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, aprobaron la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en cuyo capítulo IV se crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y norma su denominación, objeto, domicilio, patrimonio, atribuciones, órganos de administración, asamblea consultiva, órganos de vigilancia, régimen de trabajo y prevenciones generales.
2. El artículo 16 de la citada ley define al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación como un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
3. De manera expresa la ley que crea el Consejo le asigna el siguiente objeto: Contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país; llevar a cabo, las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación; formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que se encuentren en territorio nacional, y coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación.
4. Para el cumplimiento de estos objetivos, lo dota de las atribuciones siguientes: Diseñar estrategias e instrumentos, así como promover programas, proyectos y acciones para prevenir y eliminar la discriminación; proponer y evaluar la ejecución del Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación conforme a la legislación aplicable; verificar la adopción de medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación en las instituciones y organizaciones públicas y privadas, así como expedir los reconocimientos respectivos; desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre las prácticas discriminatorias en los ámbitos político, económico, social y cultural; investigar presuntos actos y prácticas discriminatorias; tutelar los derechos de los individuos o grupos objeto de discriminación mediante asesoría y orientación; promover la presentación de denuncias por actos que puedan dar lugar a responsabilidades previstas en ésta y otras disposiciones legales; y conocer y resolver los procedimientos de queja y reclamación, entre otras.
5. Es el caso que en el proyecto de presupuesto 2006 enviado por el Ejecutivo a la H. Cámara de Diputados se solicita la asignación de un presupuesto de 69.1 millones de pesos para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, cantidad inferior en 60 millones a la asignada en el presupuesto 2005. La suma solicitada por el Ejecutivo resulta insuficiente para que una institución como el Consejo pueda cumplir los objetivos y desarrollar las atribuciones que le asigna la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y, como quedó asentado en los puntos anteriores, son de gran amplitud y trascendencia y exigen la asignación de fondos suficientes para su realización.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara de Diputados se asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2006, recursos económicos por la cantidad de 129.1 millones de pesos, para fortalecer la operatividad del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de noviembre de 2005
Dip. Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL
GOBIERNO FEDERAL A IMPLANTAR CORRECTAMENTE EL PROGRAMA PAISANO MEDIANTE
LAS SECRETARÍAS RESPECTIVAS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL
ABDALA DE LA FUENTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal José Manuel Abdala de la Fuente, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Gobierno Federal para que a través de las diferentes secretarías involucradas implemente correctamente el programa Paisano, con todos los beneficios que siempre ha tenido año con año en la frontera norte de México, al amparo de los siguientes
Considerandos
Que la Secretaría de Gobernación, la de Hacienda y Crédito Público, la de Relaciones Exteriores, la Sedena, la de Seguridad Pública, la Sedesol, la Semarnat, la Sagarpa, la de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Salud, encargadas de implementar a partir del 21 de noviembre y hasta el 15 de enero de cada año el programa Paisano, como apoyo para todos los connacionales residentes en el extranjero que, por las fiestas decembrinas, se trasladan a nuestro país para reunirse con sus familiares.
Que estamos conscientes del esfuerzo compartido entre los tres órganos de gobierno por proporcionar a nuestros hermanos mexicanos la confianza y la seguridad que brinda este programa, para que su traslado a nuestro país se dé en un ambiente de cordialidad y respeto.
Que la Dirección General de Aduanas acordó como garantía de beneficio para nuestros paisanos reducir durante este periodo el gravamen de 17 a 15 por ciento para los artículos importados que superen el límite libre de los 50 dólares.
Que otro gran apoyo que recibirán nuestros hermanos es que el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de este año y el 15 de enero de 2006, la franquicia otorgada por persona será de 300 dólares y, además, los ciudadanos mexicanos podrán importar mercancía hasta por 3 mil dólares y pagar sus respectivos impuestos sin necesidad de contratar un agente aduanal.
Que la Dirección General de Aduanas ampliará en este periodo del programa Paisano el horario de trabajo para dar una buena atención a quienes deseen realizar el trámite de importación definitiva de vehículos procedentes del extranjero.
En lo que no estamos de acuerdo es en que si el Gobierno Federal, a través de las serenarías mencionadas, determinó establecer el periodo del programa Paisano desde el 1 de noviembre del presente hasta el 15 de enero de 2006, ¿por qué la franquicia a que siempre han tenido derecho se aplicará a partir del 21 de noviembre; es decir, 20 días después de haber arrancado el programa?
Esto es inaceptable por parte de las autoridades mencionadas, ya que con ello se rompe el esquema de congruencia entre lo que se anuncia y lo que se hace. Si se antepone el proyecto, debe incluir desde ese momento todos los beneficios que encierra el programa Paisano; de lo contrario, no se está actuando con parcialidad.
Esta medida es con la finalidad de proteger a los compatriotas que por motivos diversos adelanten sus vacaciones a México y tengan que hacerlo entre los primeros 20 días del mes en curso; no sería justo que ellos fueran tratados de una manera diferente.
Por lo antes fundamentado, me permito solicitar a esta honorable asamblea de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al Gobierno Federal que a través de las diferentes secretarías involucradas implemente correctamente el programa Paisano, con todos los beneficios que siempre ha tenido año con año en la frontera norte de México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.
Dip. José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A
LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A INCLUIR EN
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL
DE 2006 UN INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN
Y ARBITRAJE, A CARGO DE LA DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Los suscritos, diputados federales pertenecientes al Sector Obrero del Partido Revolucionario Institucional integrantes de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La libertad sindical es una de las bases de una sociedad en permanente evolución. Los Diputados Federales pertenecientes al Sector Obrero del Partido Revolucionario Institucional apoyamos y respaldamos esta libertad fundamental para la defensa de los derechos laborales y el mejoramiento continuo del nivel de vida de los trabajadores de México.
Al impartir justicia en el ámbito laboral el Poder Ejecutivo debe valorar la oportunidad y calidad de los servicios, comprometerse a pensar con responsabilidad en la comunidad laboral y generar un ambiente propicio para mantener una cultura laboral que es uno de los cimientos del crecimiento sostenido.
En este sentido, desde su creación en 1927, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ha trabajado para satisfacer las expectativas de la comunidad laboral y de la sociedad en general. Su legitimidad y fortaleza, en buena medida dependen del tripartismo, lo que le ha permitido a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje consolidar un marco de certidumbre laboral. Por encima de las presiones inherentes a toda negociación, ha sabido privilegiar la razón y la ley.
El concepto tripartita de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es inspiración directa de las luchas sindicales con el fin de garantizar a los trabajadores y a sus familias un principio de protección jurídica y un marco de seguridad laboral.
Sin embargo la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene cada vez en mayor medida rezagos en resolución de los conflictos laborales colectivos e individuales debido por un lado al crecimiento dinámico de estos asuntos y por otro al magro presupuesto asignado por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del cual depende, para el desarrollo de su actividad preponderante que es la conciliación y el arbitraje. En los últimos años, se han realizado esfuerzos para abatir este rezago sin embargo no han sido suficientes y este panorama continua.
Es en las demandas individuales donde se refleja de forma más clara y contundente este fenómeno. La tendencia de las demandas por conflictos individuales del año 2000 a la fecha, en promedio refleja un crecimiento de 6 por ciento anual. De enero de 2000 a junio del presente año, se han ingresado a la Junta Federal 215,974 demandas individuales, un promedio de 47,000 asuntos anuales. Actualmente, del total se han resuelto cerca del 87 por ciento y se tienen pendientes por resolver para este período aproximadamente 27,500 demandas individuales. Es decir, con la actual capacidad operativa de la Junta Federal, mientras que el ritmo de crecimiento de las demandas promedia una tasa anual de 6 por ciento, el rezago de la resolución de estas crece a una tasa promedio anual de 12 por ciento provocando necesariamente un desfasamiento en la atención y eventualmente un fuerte problema en la armonía y equilibrio de los factores de producción.
A esta problemática se le adicional la falta de personal en todos sus niveles que da como consecuencia que la justicia no se realice de manera pronta y expedita como lo establece nuestra Carta Magna. Con el programa de retiro voluntario que esta administración ha establecido se ha reducido el personal operativo ya que se han congelado las plazas, en el período descrito son cerca de 400 plazas.
Por el lado del Gasto Corriente del Presupuesto de Egresos para la Junta Federal, este ha sufrido una disminución porcentual en los dos últimos años. Para el año 2006 la Secretaria de Hacienda y Crédito Pública ha presentado a esta Honorable Asamblea un Proyecto de Presupuesto de Egresos que es un 2.3 por ciento menor al año anterior. De aprobarse este presupuesto, la Junta Federal no contaría con las condiciones necesaria para mejorar la calidad de las actuaciones, notificaciones y resoluciones en los plazos legales; no mejoraría el nivel profesional mediante la capacitación, actualización y especialización de su personal; no fortalecería las juntas especiales y áreas jurídicas; no fortalecería los sistemas de conciliación como mecanismo de resolución de conflictos y así solucionar las controversias entre los factores de producción logrando su equilibrio con mayor rapidez.
Los diputados federales pertenecientes al sector obrero del Partido Revolucionario Institucional con la obligación de formar parte de la discusión del próximo Ejercicio Presupuestal, especialmente en lo referente a la impartición de justicia laboral como lo establece nuestra Carta Magna, y con el fin de promover el crecimiento económico y garantizar el desarrollo de la cultura laboral nos vemos en la necesidad de actuar conjuntamente proponiendo lo siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara de Diputados, para que en el Ejercicio del Presupuesto de Egresos del año 2006 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no sufra ninguna afectación negativa su Presupuesto de Egresos. Procurando incrementar el Presupuesto de Egresos de la Junta Federal para hacer frente de manera eficaz los rezagos descritos y se avance en la procuración de justicia laboral.
Diputados federales del sector obrero del Partido Revolucionario Institucional: Armando Neyra Chávez (rúbrica), Rosario Sáenz López (rúbrica), Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Eduardo Alfonso Bailey Elizondo (rúbrica), Graciela Larios Rivas, Enrique Burgos García (rúbrica), Sergio Arturo Posadas Lara (rúbrica), Filemón Primitivo Arcos Suárez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Rocha (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola, Fernando A. García Cuevas, Concepción O. Castañeda Ortiz (rúbrica), Marco A. García Ayala, José García Ortiz (rúbrica), Carlos Míreles Morales (rúbrica), David Hernández Pérez, Roberto Vega y Galina, Víctor Félix Flores Morales (rúbrica).
Diputados federales del Partido Revolucionario Institucional: Mayela
Quiroga Tamez (rúbrica), Héctor H. Gutiérrez de la
Garza (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado
(rúbrica), Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), Norma
Elizabeth Sotelo Ochoa (rúbrica), María Esther Scherman Leaño
(rúbrica), Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica),
Consuelo Rodríguez de Alba (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A
ESTA SOBERANÍA MANTENER EL PRESUPUESTO DESTINADO EN 2005 AL CONSEJO
NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO OMAR
BAZÁN FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Quienes suscriben la presente iniciativa, diputados de la LIX legislatura del Honorable Congreso de la Unión integrantes de diversos grupos parlamentarios de los partidos políticos representados en la H. Cámara de Diputados con fundamento en lo estipulado por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a la cámara de diputados se apruebe mantener el presupuesto del ejercicio fiscal 2005, equivalente a 129.1 millones de pesos, para el consejo nacional para prevenir la discriminación.
Antecedentes
1. En el mes de abril de dos mil tres, con el voto unánime de los legisladores presentes, las Cámaras de Diputados y Senadores del Honorable Congreso de la Unión aprobaron la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación cuyo capítulo IV crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y norma su denominación, objeto, domicilio, patrimonio, atribuciones, órganos de administración, asamblea consultiva, órganos de vigilancia, régimen de trabajo y prevenciones generales. 2. El artículo 16 de la citada ley define al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación como un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
3. De manera expresa la ley que crea el Consejo le asigna el siguiente objeto: Contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país; llevar a cabo, las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación; formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que se encuentren en territorio nacional, y coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación.
4. Ahora bien, para el cumplimiento de estos objetivos lo dota de las atribuciones siguientes: Diseñar estrategias e instrumentos, así como promover programas, proyectos y acciones para prevenir y eliminar la discriminación; proponer y evaluar la ejecución del Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación conforme a la legislación aplicable; verificar la adopción de medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación en las instituciones y organizaciones públicas y privadas, así como expedir los reconocimientos respectivos; desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre las prácticas discriminatorias en los ámbitos político, económico, social y cultural; investigar presuntos actos y prácticas discriminatorias; tutelar los derechos de los individuos o grupos objeto de discriminación mediante asesoría y orientación; promover la presentación de denuncias por actos que puedan dar lugar a responsabilidades previstas en ésta y otras disposiciones legales; y conocer y resolver los procedimientos de queja y reclamación, entre otras.
5. Es el caso que en el proyecto de presupuesto 2006 enviado por el Ejecutivo a la H. Cámara de Diputados se solicita la asignación de un presupuesto de 69.1 millones de pesos para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, cantidad inferior en 60 millones a la asignada en el presupuesto 2005. La suma solicitada por el Ejecutivo resulta insuficiente para que una institución como el Consejo pueda cumplir los objetivos y desarrollar las atribuciones que le asigna la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y, como quedó asentado en los puntos anteriores, son de gran amplitud y trascendencia y exigen la asignación de fondos suficientes para su realización.
Por lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprueba mantener el presupuesto del ejercicio fiscal 2005, equivalente a 129.1 millones de pesos, para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.
Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEP A DETENER EL COBRO DE "CUOTAS VOLUNTARIAS"
EN TODAS LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL PAÍS E IMPONER SANCIONES
ADMINISTRATIVAS A LOS DIRECTORES DE LAS ESCUELAS QUE INCURRAN EN ESTA PRÁCTICA,
A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
Considerando que
1. El sistema educativo nacional ha mostrado en educación básica un crecimiento considerable a lo largo de los últimos 50 años, lo que muestra el esfuerzo social desplegado para hacer realidad el derecho de todos los mexicanos de recibir educación. Sin embargo, existen rezagos y una gran cantidad de retos que deben ser superados de calidad, de equidad, de existencia de oportunidades y pertinencia de los servicios ofrecidos.
2. Si consideramos las cifras de alumnos, maestros y escuelas de las últimas cuatro décadas, encontramos que el tamaño del sistema educativo mexicano se multiplicó más de cuatro veces. Las generaciones del presente han logrado mayores niveles educativos. De 1960 al año 2005 la escolaridad promedio de la población mayor de quince años pasó de 2.6 a 10.7 años. Sin embargo, persisten problemas como la desigualdad de acceso a la educación que por razones de justicia y equidad deben combatirse abatiendo causas absolutas y funcionales, especialmente en el campo, en las zonas metropolitanas de las grandes ciudades y entre la población en edad productiva.
3. En el caso de la educación básica, con una expansión en las décadas recientes, sus diferentes niveles han crecido en números absolutos de manera importante. La educación preescolar en 1970 llegaba sólo a 400 mil niños y se concentraba en las grandes ciudades; durante el año 2004 dicho sistema atiende a más de 4.3 millones de niños. Respecto a la educación primaria, la expansión del servicio se tradujo en que de 9.2 millones de alumnos atendidos en 1970 pasó a más de 18 millones en el año 2004.
4. La educación secundaria también ha tenido un crecimiento importante en su oferta al pasar de atender 1.1 millones de alumnos en 1970 hasta poco más de 6 millones el año 2004; como una consecuencia de la demanda creciente por la eficiencia terminal en el nivel precedente y dadas la diversificación de las modalidades del servicio de telesecundaria y secundaria técnica y su expansión fuera del ámbito urbano.
5. Entre otras medidas importantes, el Estado se ha ocupado de la distribución de libros de texto gratuitos para preescolar, primaria y educación indígena. Sin embargo, para cumplir con el gran compromiso histórico de la educación básica y media, deben enfatizarse las medidas y programas para atender el rezago y mejorar la calidad.
6. Datos extraídos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del año 2004, muestran que 78% de los alumnos de educación primaria en México provienen de familias cuyo ingreso promedio mensual es inferior a un salario mínimo per capita.
7. Los mismos datos dan cuenta de que en el nivel de secundaria, 54% de los alumnos provienen de familias cuyo ingreso promedio mensual es inferior a un salario mínimo por habitante y que 93% de ellos pertenecen a hogares cuyo ingreso mensual por habitante es inferior a dos salarios mínimos.
8. Por lo tanto, se trata de personas pobres cuya disponibilidad real en dinero es -para 78% de los alumnos de primaria y para 54% de los alumnos de secundaria- de menos 110 pesos por día, por familia. Asimismo, 93% de los alumnos de secundaria provienen de familias cuya disponibilidad para todos los gastos es de 140 pesos o menos por día. Ante los niveles de poder adquisitivo de nuestra moneda es evidente que una gran proporción de los alumnos de primaria y secundaria del país pertenecen a familias que viven como se dice popularmente al día; esto es, con ingresos escasos que sólo alcanzan para las necesidades más urgentes.
9. Todos los años, en el mes de agosto y previo al inicio del ciclo escolar, las familias más pobres del país tienen que hacer frente a dos tipos de gastos: los útiles y los uniformes escolares de 1, 2, 3 o hasta 4 hijos. Ese hecho resulta ruinoso para un número importante de estas familias ya que de acuerdo con cálculos elaborados a partir de datos de la misma Encuesta de Ingresos, los gastos en útiles escolares de ciertos segmentos de la población (los 20% más pobres) llegan a ser hasta de 10% del total de los ingresos anuales de esas familias. Para un sector más amplio de la población, aproximadamente 40%; los gastos anuales con uniformes escolares de todos sus hijos es de más de mil pesos, lo que para muchas familias llega a representar el ingreso de al menos un mes de uno de sus integrantes. De ahí que ese núcleo de la población es muy vulnerable a cualquier otro gasto, especialmente en esa época del año.
10. Como es sabido, desde hace al menos 15 años se instauró en todas las escuelas públicas del nivel básico del país el cobro de una cuota de manera extraoficial, que se solicita como "cuota voluntaria" pero que en la práctica es obligatoria. Dicha aportación es exigida a todos los padres de familia, so pena de no inscribir a los alumnos o de ser fuertemente presionados y hostilizados a lo largo del ciclo escolar. Esas cuotas voluntarias que en realidad son obligatorias llegan a representar en algunos estados del país más de 500 pesos por alumno por ciclo escolar, constituyéndose en un desembolso obligatorio para las familias que tienen 2 o 3 hijos en esos niveles educativos de más de dos mil pesos. Esta aberración que se estableció en el sistema educativo nacional fue implantado con la anuencia de las autoridades en turno de la Secretaría de Educación Pública. Además de estas aportaciones obligatorias, en las escuelas se han establecido todo tipo de contribuciones para supuestamente pagar fotocopias o demás materiales didácticos; sin ningún tipo de fiscalización del dinero así recaudado.
11. Por tratarse en la práctica de una violación al artículo 3º de nuestra Constitución y como un deber moral por afectar fundamentalmente a las familias más pobres del país, es urgente que a la brevedad se detengan este tipo de prácticas abusivas en las escuelas públicas de la nación de los niveles primaria, secundaria e incluso preescolar.
Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico: Exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública a detener el cobro de "cuotas voluntarias" en todas las escuelas primarias y secundarias del país e imponer sanciones administrativas a los directores de las escuelas que incurran en esta práctica.
Dip. Dolores Padierna Luna (Rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
QUE CANCELE LA PARTIDA DESTINADA AL PAGO DE LAS PENSIONES QUE RECIBEN LOS
EX PRESIDENTES, LOS EX TITULARES DE LA BANCA DE DESARROLLO Y EX DIRECTIVOS
DE ORGANISMOS PÚBLICOS, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA
LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Considerando que
1. El Presupuesto de Egresos de la Federación es la ley que regula las percepciones de los servidores públicos a través de la autorización del tabulador de sueldos y percepciones a cargo de la Cámara de Diputados y que, sin embargo, a lo largo de muchos años el Ejecutivo federal ha emitido circulares internas que en los hechos significan normas paralelas, extralegales, usos y costumbres que se sobreponen a las leyes mismas, donde se autoasignan percepciones no autorizadas en la ley, no previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y siendo esta situación además de irregular una enorme afectación al erario, tal es el caso de las pensiones pagadas en forma vitalicia a los ex presidentes.
2. La dinámica de emitir circulares para obtener prebendas para altos funcionarios se propagó no sólo a los ex presidentes sino también ha sido una costumbre de jubilar con criterios altamente discrecionales también a los ex directivos de la banca de desarrollo, tal es el caso de Oscar Espinoza Villareal y de José Angel Gurría, que aún con poco tiempo de trabajo se jubilan con pensiones millonarias a pesar de que continuaron en el servicio público.
3. En el caso de Pemex y la CFE los altos funcionarios, desde el director general como los gerentes y subgerentes se autoasignan pensiones que reflejan el uso abusivo de los recursos públicos; los organismos públicos erogan fuertes cantidades en pago no sólo de pensiones vitalicias sino además entrada a clubes deportivos y restaurantes de lujo, tienen membresías vitalicias en clubes exclusivos y otras prebendas fuera de a ley.
4. El Presupuesto de Egresos de la Federación debe contener un apartado específico y contundente que prohíba la emisión de circulares en materia de percepciones de los altos funcionarios, dado que esa es facultad de la Cámara de Diputados. Debe prohibirse otro tipo de prebendas que también reciben los ex funcionarios arriba señalados dado que además de las pensiones, el erario paga personal a su cargo: chóferes, secretarias, trabajadores(as) domésticos y personal militar que los cuide, etc. El caso de los ex magistrados y ex ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un caso de verdadero abuso que debe corregirse.
5. En la presente administración de Vicente Fox se presentó la novedad de jubilar anticipadamente a varias decenas de medios y altos funcionarios de los organismos públicos, muy particularmente de Pemex con la finalidad de colocar en esos puestos al equipo del entonces nuevo gobierno; el hecho implicó un despilfarro de recursos públicos y el incremento del pasivo laboral de Pemex.
6. El monto de las jubilaciones de los ex funcionarios resultan humillantes e inmorales comparadas con el monto de jubilación y pensión que reciben el grueso de las y los trabajadores al servicio del Estado, son tan mínimas que no alcanzan a cubrir los satisfactores elementales
7. La elevada pobreza y una tendencia de aumento incesante en el crecimiento de los niveles de desigualdad en la distribución del ingreso son signos ya característicos de la sociedad mexicana de nuestros días. Históricamente, el Gobierno mexicano emprendió medidas que, se decía, eran correctivas y tenían como fin la mejora de la situación de los estratos más pobres de la población.
8. Sin embargo, uno de los efectos de las transformaciones económicas experimentadas en México a partir de los años ochenta ha sido el aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso. Evaluada mediante la evolución del índice de Gini, la distribución del ingreso no es hoy mejor de lo que lo era hace 50 años. En 1950 el índice de Gini era de 0.52; mientras que en la actualidad es de 0.58; la distribución nacional del ingreso ha empeorado. A partir de los procesos de ajuste estructural emprendidos en la economía mexicana en el gobierno de Miguel de la Madrid se registró con más fuerza una tendencia sostenida hacia una distribución del ingreso cada vez más desigual. La participación en el ingreso nacional de 80% de la población, la que tiene menos recursos, se redujo de 50.5% a 41.2% entre 1984 y el año 2004. En el extremo superior de la estratificación social, el segmento de la población que tiene más dinero, el llamado último decil de la distribución, elevó drásticamente su participación en la captación de ingreso, al pasar de 32.4% en 1984 a 41.2% en el año 2004.
9. La distribución del ingreso puede ser vista como el resultado de la participación que cada uno de los grupos sociales de nuestro país tiene en cada una de las fuentes generadoras del ingreso. Si una familia tiene ingresos vía salarios, entonces tenemos que analizar cómo se distribuye el total de los salarios del país entre los estratos sociales.
10. Uno de los componentes que determinan la evolución de la distribución del ingreso, en cualquier país, está constituido por las transferencias que realiza el gobierno a través de los más variados mecanismos ya sean de política social, de política fiscal o bien de política crediticia. Pues bien, las transferencias gubernamentales son otra fuente de ingreso para las familias de México. Los más pobres reciben despensas, por ejemplo, mientras que los más ricos reciben exenciones en el pago de impuestos, como pueden ser a la renta o al activo. El conjunto de transferencias que realizan la Federación, los estados y los municipios en México tienen como finalidad última, en teoría, ejercer un papel compensador en la distribución del ingreso y permitir la recuperación del ingreso de las familias que por efecto de las fuerzas del libre mercado salen perdiendo.
11. En México, la estadística generada a partir del procesamiento detallado de las encuestas nacionales de ingresos y gastos de los hogares permite indagar si el papel compensador de las transferencias gubernamentales se está cumpliendo o no. De los cálculos generados con ese fin, hemos extraído los resultados más importantes. El índice de Gini, como se sabe, mide la equidad o su contraparte, la desigualdad, en la distribución de una variable. Cuánto más se acerque a la unidad, más inequitativamente distribuida se encuentra una variable, favoreciendo a los más ricos. Pues bien. Los resultados muestran que el conjunto de las transferencias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno no cumplieron en los últimos 20 años con su papel compensatorio de las desigualdades. Veamos: En 1984 el índice de Gini de las transferencias de ingreso fue de 0.371, lo que significaba que la distribución de estos recursos se daba de manera aproximadamente equitativa. Pero en el año 2004 el índice de Gini de las transferencias gubernamentales en México fue de 0.515; es decir la desigualdad en la distribución de las transferencias gubernamentales aumentó 38%, favoreciendo a los estratos de la población más rica, aquella que supuestamente no necesita de ayuda gubernamental. En síntesis, el conjunto de programas a través de los cuales los tres niveles de gobierno transfieren recursos fue diseñado en los últimos 20 años para ayudar a quienes menos lo necesitan.
12. De la misma forma en que se puede analizar la distribución de la riqueza nacional por fuentes generadoras de la misma, se puede analizar cada una de las transferencias gubernamentales y cómo ellas se distribuyen entre la población. Podríamos, por ejemplo, estudiar cómo se distribuyen las despensas de apoyo a las familias, los recursos del Programa Oportunidades o bien las pensiones que, se supone, deben ejercer el papel de asegurar el futuro de las personas ancianas, sobre todo de las más vulnerables.
13. Pues bien, cálculos realizados con microdatos de la misma Encuesta Nacional de Ingresos muestran que tampoco las pensiones están ejerciendo el papel compensador de las desigualdades económicas en México. Esto es así debido a que existe un gran contingente que gana, vía pensiones, una cantidad muy pequeña; mientras que existe, por otro lado, un segmento pequeño de personas favorecidas con pensiones millonarias. No es discurso, son datos: en el año 2004, 28% de las pensiones de nuestro país fue cobrada por el 5% de la población que tiene más ingresos, esa cuarta parte de todo el sistema nacional de pensiones está en manos de los más ricos. Desde el punto de vista técnico podemos observar la tendencia en los últimos 20 años. Al igual que el conjunto de las transferencias gubernamentales, la distribución de las pensiones empeoró. De acuerdo con nuestros cálculos, el índice de Gini de las pensiones en México pasó de 0.34 en 1984 a 0.55 en el año 2004; lo que significa que la distribución de las pensiones empeoró 62%!
14. ¿Qué es, entonces, lo que ha pasado con las pensiones en México? ¿Cómo podemos explicar esta situación? El análisis debe conducirnos a analizar por qué algunas personas tienen pensiones millonarias; mientras que millones de personas tienen pensiones miserables. El segmento más rico de la población tiene pensiones millonarias; en gran parte ello es resultado de un sistema que ha permitido que exfuncionarios del Gobierno federal, por ejemplo, de Nacional Financiera o ex presidentes de México, tengan pensiones muy onerosas para el erario público. En un país en que existen más de 50 millones de personas viviendo en condiciones de pobreza y más de 20 millones de personas viviendo en la miseria, ello no puede continuar.
Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico: Solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que cancele la partida destinada al pago de las pensiones que reciben los ex presidentes, los ex secretarios de Hacienda, los ex titulares de la banca de desarrollo y ex directivos de organismos públicos.
Dip. Dolores Padierna Luna (Rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN, DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
QUE INTEGREN UNA SUBCOMISIÓN QUE SE ENCARGUE DE LLEVAR A CABO UN
ESTUDIO PARA PROPONER A ESTA SOBERANÍA UN MECANISMO QUE PERMITA
REALIZAR REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE INSTAUREN LAS FIGURAS DE REFERÉNDUM,
PLEBISCITO E INICIATIVA POPULAR, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA
LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Considerando que
1. Es un consenso general que partidos políticos y elecciones son componentes fundamentales de un régimen democrático. Elecciones libres y procesos electorales justos en los cuales los partidos políticos compitan por cargos públicos son un criterio crucial para identificar si un sistema político es una democracia. No obstante, si la presencia efectiva de partidos políticos y elecciones es reveladora de un régimen democrático, sólo la existencia continua de una situación democrática es lo que torna posible la consolidación de tales instituciones.
2. Aunque evidente, esta observación es relevante en lo que se refiere a la experiencia política mexicana, puesto que el régimen que se extendió por más de 70 años no abolió ni los partidos ni las elecciones. Bajo un régimen que impone fuertes restricciones a la participación política, ese hecho no es indicativo del funcionamiento efectivo de esos mecanismos de representación, de la misma forma que la presencia de partidos políticos y de elecciones en un régimen pos-autoritario, por sí solo, no garantiza la democratización de ese régimen. Tampoco es suficiente la existencia de instituciones reguladoras del juego político tales como el Instituto Federal Electoral. La ausencia de procesos que permitan fiscalizar a la democracia debilita al proceso democrático mexicano. La ausencia de figuras como el plebiscito debe ser corregida en nuestra Constitución.
3. Un breve examen del panorama político mexicano de la actualidad nos permite afirmar que el régimen ha ganado características nítidas de una democracia moderna, pero está incompleto. Si tomamos como punto de referencia las dos dimensiones de la política propuestas por Dahl, México ciertamente ha mejorado las condiciones de participación social y de respuesta pública.
4. Con respecto a la primera cuestión, la de la inclusión, podemos notar un avance considerable en las condiciones de participación política. No hay duda que el modelo económico adoptado durante décadas en México es responsable, por un lado, de las distorsiones que llevaron al agravamiento de la pobreza, de las desigualdades sociales y regionales en México y, por otro lado, del rápido proceso de industrialización y urbanización. Ese proceso dio como resultado la inserción de un gran contingente de personas en la arena electoral, lo cual pasó a tener un peso considerable en las últimas elecciones federales. El mismo modelo económico llevó a un aumento sustancial del contingente de trabajadores urbano-industriales, base para el surgimiento de movimientos sociales y la formación de partidos de masas. Los movimientos civiles y sociales urbanos son un elemento importante de la nueva democracia mexicana; muestra de ello son las intensas movilizaciones de 1968, el movimiento ferrocarrilero, el magisterial, el de los damnificados de los sismos de 1985, de los universitarios, etc. Y el que en este año se dieron contra el desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal. En el medio rural, el proceso combinado de expansión de la economía de mercado y la privatización de las tierras antes ejidales y la preservación de formas arcaicas de producción ha tenido como consecuencia el agravamiento del problema de la exclusión social. En contrapartida, el modelo económico excluyente produjo en el campo el cimiento para movimientos sociales tan importantes como el del Campo no Aguanta Más, el de los cañeros y otros.
5. Todas esas transformaciones políticas y sociales de las últimas 3 décadas son indicadores relevantes de revitalización de la sociedad civil y, ciertamente, tuvieron un impacto sobre el grado de inclusión social de la democracia mexicana. La sociedad civil ha ganado espacios antes vetados para las organizaciones que no formaban parte del corporativismo estatal.
6. También indicativo del avance democrático es la instauración de la incertidumbre como elemento característico del juego político electoral mexicano; derivado no sólo de la dimensión y de las características del electorado -que se volvió menos sujeto al control político corporativo del partido de Estado- sino también del avance significativo de las condiciones de libre ejercicio del voto. A ese respecto vale resaltar el papel importante desempeñado por el Instituto Federal Electoral, institución que se consolidó como garante del proceso electoral.
7. En lo que se refiere a la segunda dimensión de Dahl, respuesta pública, los avances han sido también significativos si comparamos lo que pasa ahora con el periodo previo a 1988. En aquel periodo la competencia política era limitada no sólo por el bajo grado de aceptación de nuevas reglas del juego que no se permitía que existieran, sino también por las restricciones que en la práctica se oponían al derecho a la competencia y a las restricciones para que la oposición compitiera libremente.
8. Desde la octava década del Siglo XX México se ha enfrentado a una sucesión de problemas económicos y posteriormente políticos graves; como la inflación, los diversos shocks económicos, las elevadas tasas de desempleo y los magnicidios políticos. La inexistencia de intentos de cualquier tipo para responder a esas crisis rebasando los límites del orden constitucional revela una mayor aceptación y, en cierta forma, la consolidación de las reglas democráticas. Además de ello, la existencia de organizaciones políticas, sindicatos y movimientos sociales con orientación ideológica o base social de las más diversas corrientes evidencia una mayor tolerancia a la diversidad. Lo mismo se puede decir en relación a la aceptación del triunfo electoral en algunos estados de la izquierda mexicana; hay competencia real en la disputa electoral por la Presidencia de la República. En ese aspecto, la democratización mexicana ha sido bastante innovadora; esto es el establecimiento por fin del juego político partidario competitivo está propiciando el surgimiento de una organización política con características propias de un país desarrollado. Sin embargo, la democracia plena no debe terminar en las elecciones formales.
9. Entonces, para que la democracia se consolide, son necesarios varios ingredientes, entre ellos un proceso de fiscalización del ejercicio público que no sea llevado a cabo por las instancias formalmente aceptadas, tales como la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación. Dichas instancias tienen sus fines muy específicos que tienen que ver con el uso adecuado y eficiente de los recursos públicos. No existe en México ningún mecanismo de fiscalización social del desempeño del Poder Ejecutivo que no pase por esos canales que se prestan o a la complacencia o a la autocomplacencia del Poder Ejecutivo. Es indispensable que la sociedad así como puede elegir, también esté en capacidad jurídica y formal de poder destituir. La democracia representativa en México deja muchas cuestiones pendientes y por ello es imperativa una iniciativa de reforma a la Constitución de la República para incorporar los modernos dispositivos de referéndum, plebiscito e iniciativa popular tal como existen en otras naciones desarrolladas del mundo. Esos mecanismos de democracia ampliada y de ciudadanía activa pueden ser, al fomentar una ciudadanía activa, la consolidación de nuestra democracia.
Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Solicitar a las comisiones de Gobernación, Justicia y Derechos Humanos, Participación Ciudadana y Puntos Constitucionales la integración de una subcomisión que se encargue de llevar a cabo un estudio para analizar el procedimiento legal y proponga al Pleno de la Cámara de Diputados el mecanismo que permita una reforma constitucional que instaure las figuras de referéndum, plebiscito e iniciativa popular.
Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATALES Y MUNICIPALES Y A LAS DELEGACIONES
POLÍTICAS DEL DISTRITO FEDERAL A IMPULSAR EL PROGRAMA CIUDADANO
VIGILANTE, A FIN DE QUE PERMITA LA FISCALIZACIÓN SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
Considerando que
1. El control efectivo de la administración pública supone una democracia con una participación social activa y que durante muchos años la fiscalización y la rendición de cuentas en los actos de la administración pública han tenido en México un gran ausente: el ciudadano.
2. Desde hace años, los innumerables actos de corrupción han mostrado que los controles formales internos en México no son suficientes para garantizar que el servidor público sirva a los ciudadanos de acuerdo con los patrones normativos de un gobierno democrático. La organización burocrática ha sido incapaz de establecer contrapesos a los abusos como corrupción, tráfico de influencias, conducta antiética y arbitrariedades en el uso del poder.
3. Si consideramos sólo los actos de corrupción que a nuestro juicio más afectan la cultura y el tejido social en México: 1) extorsiones de "esquina" ejercidas por los policías de tránsito en las 12 mil 500 ciudades, colonias y barrios más importantes del país; 2) sobornos que se presentan en las diferentes dependencias de los gobiernos municipales, estatales y federales para la realización o "agilización" de trámites administrativos simples, sobornos derivados del desvío de fondos para la atención de servicios públicos básicos, etcétera, todo tipo de sobornos en torno a la actividad del comercio informal en las 300 ciudades más importantes del país; así como los actos de corrupción que, aisladamente, más pérdidas económicas generan; que con mayor frecuencia han sido denunciados y con mayor resonancia nacional; el efecto global en nuestro país es la pérdida, vía corrupción, de más de 72 mil 675 millones de pesos anuales; cantidad que serviría para la edificación de más de 290 mil casas de interés social, por ejemplo.
4. Diversas investigaciones de vanguardia permiten sostener que existe una relación de causalidad entre desarrollo político y vigilancia del servicio público. Así, cuanto menos madura es una sociedad, menos probable es que se preocupe por la responsabilidad del servidor público. En México, es difícil hablar de control social porque nuestra sociedad no ha madurado democráticamente. En las sociedades maduras existen numerosas organizaciones por medio de las cuales la opinión de los ciudadanos se hace escuchar, donde sus necesidades son discutidas, consolidadas, traducidas en demandas y canalizadas a los órganos públicos. Esas organizaciones funcionan como mecanismos fiscalizadores de la burocracia y como demandantes de rendición de cuentas frente a los servidores públicos. Esas sociedades poseen, incluso, una cultura donde la autoconfianza es un elemento muy fuerte y que se refleja en la postura del ciudadano frente al Estado y en su disposición para exigir sus propios derechos. Así, es natural que administraciones públicas en sociedades maduras estén muy preocupadas por responder adecuada y eficientemente al público.
5. En países políticamente menos desarrollados como México, el ejercicio de la democracia está limitado a la participación en elecciones esporádicas, cuya característica central es la aceptación pasiva del dominio del Estado. Así, si la democracia se fundamenta en la soberanía de los ciudadanos, el modelo de participación social que existe en México está lejos de caracterizarse como tal. Esta argumentación nos debe llevar a analizar, entonces, la cuestión de la democracia en México; para ver qué posibilidades existen de fiscalización social que es una forma de ampliación de la democracia.
6. La fiscalización social de la administración pública tan necesaria en México se basaría en una ciudadanía activa. La acción de la sociedad puede permitir una inserción social en la administración pública capaz de garantizar el cumplimiento de los programas de gobierno, viabilizando los proyectos sociales y de interés de la nación. No obstante, lo que podemos observar en México es la ausencia de una ciudadanía plena. Los problemas derivados de la crisis económica; de la propia corrupción y del clientelismo incorporados a la práctica cotidiana en la administración pública mexicana se han sobrepuesto a las iniciativas innovadoras de participación ciudadana.
7. El no establecimiento de una ciudadanía plena en México se debe a diversos factores tales como la distancia que existe entre la democracia formal y la democracia real; las graves crisis económicas recurrentes de los años 80 y 90 que produjeron un ejército de desempleados sin perspectivas sociales y en un aumento incesante de la pobreza pero, principalmente, debido a que la formación del Estado mexicano está basada en el modelo burocrático estamental de corte patrimonialista, donde el funcionario público se siente dueño de la dependencia donde labora.
8. Pero, ¿cómo controlar a la administración pública? ¿podemos reducir las prácticas patrimonialistas y de corrupción? La fiscalización social supone una sociedad organizada y consciente de sus derechos. El control social requiere dispositivos formales de actuación de la sociedad e, incluso, que esos mecanismos sean ágiles y ampliamente conocidos. Sin embargo, sabemos que aún los estratos más privilegiados de nuestra sociedad no tienen el conocimiento suficiente de cómo funciona la máquina pública. En nuestra nación existe una abrumadora mayoría de mexicanos que no tiene conocimientos mínimos sobre cuáles son sus derechos y cómo defenderlos. El patrimonialismo es muy fuerte en la cultura de nuestra administración. Para que el control social funcione es necesario concientizar a la sociedad en el sentido de que ella tiene el derecho a participar en la vigilancia de la administración pública; empezando por vigilar al policía de tránsito, evitar que incentive el cohecho, ése que fomenta una de las más graves formas de descomposición de la sociedad.
9. Las posibilidades de implementación de un modelo de control y fiscalización social sobre los servidores públicos emergen del análisis de todos los hechos discutidos anteriormente. La realidad social mexicana, con escasa cultura política, dificulta enormemente la fiscalización social. No obstante, algunos caminos pueden ser trazados reconociendo las dificultades existentes. Son aspectos que desde el punto de vista práctico de los cambios hasta hoy realizadas no se han reflejado en medidas más agresivas y estrategias de acción dirigidas a inducir un proceso que viabilice la vigilancia social de los servidores públicos.
10. Es necesario crear instrumentos de participación, que sean ampliamente divulgados y puestos al alcance de todos. Proponemos aquí la creación de un mecanismo de control social que puede ser muy efectiva: el Programa Vigilante Ciudadano. Se trataría de un ejército de 20 mil ciudadanos voluntarios dispuestos a videograbar, in fraganti, los actos de corrupción de los policías preventivos, judiciales y de tránsito, por ejemplo, o tomar nota de la actitud negligente de la autoridad o los actos de influyentismo, etc. Este innovador mecanismo de participación social tendría como resultado el que los malos servidores públicos se sintieran cohibidos en sus actos de corrupción y fomentaría una cultura de participación ciudadana en la vigilancia del servicio público.
Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente:
Exhorto a los tres niveles de Gobierno federal, estatal y municipal, así como a las delegaciones del Distrito Federal a impulsar el Programa Ciudadano Vigilante que permita la fiscalización social de la administración pública en un esfuerzo de fortalecer la democracia participativa en nuestro país.
Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEMARNAT A EMPRENDER ACCIONES CONTUNDENTES CONTRA LA EXPLOTACIÓN
INDISCRIMINADA DE BOSQUES DEL PAÍS E IMPLANTAR CON LA MAYOR BREVEDAD
LA SIEMBRA Y REFORESTACIÓN DE ÉSTOS, A CARGO DE LA DIPUTADA
DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Considerando que
1. Los bosques son en todo el mundo una fuente renovable de materiales, energía y servicios para las naciones y comunidades; contribuyen a su bienestar social y económico, y constituyen un componente vital de su medio ambiente. En todas estas funciones los bosques revisten gran importancia. Los bosques ocupan 4 mil millones de hectáreas, superficie equivalente a un tercio de las tierras de todo el mundo, lo cual representa una parte importante del medio ambiente en muchas regiones. La producción maderera anual de los bosques oscila alrededor de 3 mil millones de m3. Aproximadamente la mitad de este volumen es materia prima para productos de la elaboración mecánica de la madera o para papel. Estos productos son esenciales para la construcción de viviendas, obras en general, mobiliario, embalaje y comunicaciones. Algo más de la mitad de la madera se utiliza directamente para la producción de energía. Otros productos forestales incluyen frutas, gomas o resinas, forraje y alimento de animales silvestres. Todos ellos tienen una importancia fundamental para las comunidades rurales en muchas partes del mundo, y constituyen también la base de industrias importantes.
2. La importancia de los productos forestales puede también medirse por la participación de la población que encuentra empleo en las actividades de corta, manufactura y entrega de productos y por los beneficios que otros grupos sociales, que dependen secundariamente de estas actividades, obtienen de la silvicultura. El bosque y el sector de las industrias forestales representan de uno al 2% de la actividad económica total en la mayoría de los países, y en los que dependen mucho de la madera para la producción o el suministro de energía esa tasa puede elevarse a 5% o más.
3. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) en todo el mundo dos mil millones de campesinos dependen directamente de la leña para satisfacer sus necesidades energéticas domésticas y a ellos se suman más de 200 millones que habitan en los bosques. Asimismo, la vida de los campesinos de las zonas áridas y su capacidad de producción están determinadas por la frágil ecología de los terrenos boscosos, que impide la erosión y frena el avance del desierto.
4. Dada la gran extensión de los bosques, las repercusiones de las actividades que alteran su condición no son inmediatamente perceptibles a corto plazo. Los bosques se consideran muy a menudo como un recurso de uso común, un bien libre, partiendo de la idea de que la tierra es algo que puede dedicarse libremente a otros usos, sin reconocer las consecuencias que ello tiene para sus funciones productivas, ambientales y de servicio de los bosques. Una acción concreta, como las inversiones en actividades forestales, tiene un largo periodo de gestación. Por estas razones, las perspectivas de la contribución de los bosques a la sociedad y a la economía generalmente se proyectan para largos periodos de tiempo, sin que se tome en cuenta el beneficio que la reforestación implica, desde el punto de vista de generación de empleos y fuentes de ingresos permanentes.
5. En los años cincuenta y sesenta, el haber identificado la tendencia a un crecimiento rápido del consumo de productos forestales en Europa, América del Norte y Japón ayudó a las autoridades forestales de aquellos países a preparar programas de reinversión y a aumentar la confianza en la industria para realizar inversiones. La crisis del petróleo de 1973 puso de manifiesto la importancia de los bosques como fuente de energía para las comunidades rurales. Incluso si los precios de la energía hubiesen seguido siendo bajos, esas comunidades habrían tenido pocas posibilidades de emplear otras fuentes comerciales de energía. La comunidad mundial debe todavía reconocer los obstáculos institucionales que en muchas regiones obligan a la destrucción antieconómica de los bosques sin asegurar como compensación un correcto uso productivo, sea de la madera o de la tierra.
6. Así, los bosques son una fuente esencial de materiales, energía y otros bienes. Constituyen un componente fundamental del medio ambiente de la población y de la agricultura. La presión demográfica y urbana y los limitados recursos de tierras han representado en los últimos 50 años un desafío inmenso. Para satisfacer la creciente necesidad de productos forestales y asegurar el servicio de los bosques, velando por la conservación de suelos y aguas y de las comunidades naturales, se requiere la participación de la población, el desarrollo de sus capacidades y la evolución de un marco institucional apropiado. Estas condiciones permitirían explotar de modo eficaz los bosques y las industrias anexas.
7. Sin embargo, aunque esto es una verdad evidente, uno de los problemas medulares del deterioro ecológico en México es el avance que, a lo largo de los últimos 50 años, ha tenido el proceso de deforestación del territorio nacional. La explotación y el procesamiento industrial de madera tanto de manera legal como ilegal están entre las principales actividades económicas de algunos estados del país y, en algunos casos, llegan a superar a las actividades industriales y agropecuarias tradicionales. Se estima que en el año 2004 en el sector maderero mexicano se generaron más de 4.8 millones de metros cúbicos de madera en rollo, el equivalente a cerca de 1.2 millones de metros cúbicos de madera procesada (tablas, laminados, comprimidos, etcétera). Después del procesamiento maderero, la madera fue destinada tanto para el uso doméstico (84%) como para la exportación (16%). La explotación y el procesamiento de madera se ha concentrado en algunos estados del país y se hace urgente emprender programas de reforestación en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.
8. Así, hasta ahora el aprovechamiento maderero en México no se ha dado bajo condiciones de explotación sustentable de largo plazo y, como consecuencia, se ha presentado un proceso de deforestación que debe ser revertido a la brevedad. Es necesario emprender el programa nacional Un Millón de Hectáreas de Árboles en Seis Años.
Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2006 incluya una partida especial para iniciar el programa nacional Un Millón de Hectáreas de Arboles en Seis Años.
Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A SU GABINETE PARA ELABORAR
UNA ESTRATEGIA NACIONAL DEL AGUA QUE DEFINA UNA POLÍTICA INTEGRAL
SOBRE SU CUIDADO Y USO RACIONAL, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA
LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Considerando que
1. El agua es una necesidad primaria y, por lo tanto, derecho y patrimonio de todos los seres vivos, no sólo de la Humanidad. El agua es, por excelencia, un bien de destino universal. La primacía de la vida se establece sobre todos los otros posibles usos del agua. Ningún otro uso del agua, ningún interés de orden político, de mercado o de poder, se puede sobreponer a las leyes básicas de la vida. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas considera al agua para consumo humano en el contexto del "derecho humano a la alimentación". Varias organizaciones no gubernamentales en todo el mundo luchan por esta dimensión del agua a nivel mundial. México es signatario de la Convención de los Derechos Humanos.
2. Hay una fuerte correlación entre los esfuerzos por hacer más racional el uso del agua y la lucha por la superación de la miseria y el hambre. El alimento y el agua son fuentes primarias y fundamentales de la vida. No habrá combate eficaz contra el hambre si no hay garantía de acceso al agua, en sus varias formas de uso. El agua es necesaria para la producción de alimentos, para una agricultura sustentable y para la defensa y la conservación del ambiente natural. Los ríos, los lagos y los mares sólo podrán garantizar peces de buena calidad y abundantes si son preservados de la contaminación y de su apropiación por intereses privados.
3. Incluso exigencias de carácter ético requieren un cambio de mentalidad para superar el egoísmo y la concentración de los bienes y del ingreso en manos de pocos y que hoy impiden un uso solidario de los alimentos y de los recursos hídricos, en sus varias formas, evitando todo desperdicio y construyendo relaciones solidarias.
4. Por ser solvente universal, el agua tiene más usos que simplemente el consumo humano y la satisfacción de las necesidades vitales de los demás seres vivos. Es esa utilización variada lo que se ha convenido en llamar "uso múltiple del agua". El agua en esa acepción es vista como elemento esencial para el consumo humano, como recurso para la irrigación agrícola, como fuente generadora de energía, como medio de navegación, como fuente de riqueza pesquera, como fuente de uso industrial, como fuente de esparcimiento y con un uso de carácter medicinal.
5. Además de "usos", el agua tiene dimensiones, valores y significados que deben ser tomados en cuenta en el proceso general de su administración porque son referencia fundamental de muchos puebles. Algunos valores, dimensiones y significados del agua son: su valor biológico, su valor social, su valor simbólico y espiritual, su valor turístico, su dimensión política y de poder, su dimensión de salud y su dimensión ecológica.
6. Todos esos valores, usos y dimensiones del agua se han tornado objeto de estudios especializados y de debate político debido a que, por primera vez en la historia humana, estamos observando la falta de agua no como un hecho localizado o emergente, sino como resultado de acciones humanas globales, poniendo en riesgo la sobrevivencia de las especies. No es exagerado decir que estamos frente a una de las más graves crisis del siglo XXI: De las actitudes que ahora tomemos dependerá la vida de las generaciones futuras. Por ello es mejor conocer la naturaleza de esta crisis.
7. Nuestro planeta tiene 70% de su superficie cubierta por agua. Por ello desde el punto de vista científico, la Tierra es también un "planeta agua". Sin embargo, 97.6% de las aguas son saladas y sólo 2.4% es agua dulce. La disparidad natural es lo que en realidad con fines de sobrevivencia debe importar. No es que no exista agua, es que la proporción de agua dulce es muy pequeña para la dimensión actual del problema social que implica.
8. Por ello, la Humanidad comenzó a escuchar el discurso de falta del agua. Hoy se habla de falta de crisis del agua y, efectivamente, ella existe. La Organización de las Naciones Unidas afirma que faltará agua potable para 40% de la humanidad en el año 2050. Especialistas han pronosticado que ello pasará en el año 2025. No es sólo una carencia cuantitativa sino también cualitativa.
9. El Congreso de la Unión debe tomar en sus manos el problema y anticiparse para definir una política integral para el cuidado, el acopio, el uso racional, el manejo y la distribución del agua. Empezar esa tarea a la brevedad es lo que hoy estamos proponiendo.
Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico: Solicitar a las comisiones de Ciencia y Tecnología y de recursos hídricos la integración de una subcomisión que tenga como finalidad elaborar un documento base de discusión para que el Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, elabore la Estrategia Nacional del Agua 2050.
Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SAGARPA A ESTABLECER POLÍTICAS PÚBLICAS QUE
CONVIERTAN EL CAMPO MEXICANO EN UNA GRAN FUENTE GENERADORA DE RIQUEZA Y
MEJORE LOS NIVELES DE VIDA DE LAS Y LOS CAMPESINOS, A CARGO DE LA DIPUTADA
DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Considerando que
1. En el sector primario de México la paradoja entre distribución y bienestar es muy evidente: sistemáticamente el grado de desigualdad de distribución del ingreso en este sector es inferior al que existe en el sector urbano, a pesar de los bajos niveles de salario de la fuerza de trabajo ahí empleada. Además, existe una tendencia clara al aumento de la desigualdad a medida que nos movemos de las regiones rurales de agricultura tradicional a las relativamente más modernas.
2. Existen dos aspectos que consideramos fundamentales a fin de que sea posible mejorar la situación de las personas más pobres del sector agrícola mexicano: El primero, es el énfasis en los subsidios a los factores de la producción en lugar de incrementos en el precio del producto final; el segundo es la necesidad de aumentar las inversiones en investigación agrícola que posibiliten la modernización del sector (es decir, incrementos importantes de productividad) sin que haya, no obstante, liberación excesiva de mano de obra empleada en ese sector. Aquí vamos a referirnos al primer aspecto, el de los subsidios.
3. Un mismo incremento en la oferta de productos agrícolas puede obtenerse mediante subsidios a factores de la producción o bien por la elevación de los precios más allá de lo que sería determinado por las fuerzas del mercado. La razón fundamental es que las dos alternativas resultan en un aumento de la rentabilidad privada de las inversiones agrícolas. No obstante, el estímulo vía precios tiene varios inconvenientes: En primer lugar, una parte desproporcional de los beneficios se trasferiría a los productores cuya oferta es relativamente más inelástica o a los intermediarios. Esto significa que tanto los propietarios de extensiones mayores de tierra o de suelos más fértiles (los llamados "pequeños" agricultores) como los "coyotes" estarían siendo más beneficiados que la gran mayoría de trabajadores rurales y ejidatarios. En segundo lugar, la existencia de precios administrados o de garantía dificulta la eliminación de empresas ineficientes. Además, el efecto regresivo de esta política de precios de garantía que rigió en el pasado es evidente por las consecuencias que puede tener sobre los consumidores al aumentar el precio de los bienes básicos. Por ello precios agrícolas más altos perjudican más a los que menos tienen. De ahí que los países desarrollados tengan, como eje central de sus políticas de apoyo al campo, una política de subsidios agrícolas. Ello no es nuevo, pero lo ha reiterado recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
4. De acuerdo un informe reciente de la OCDE, el promedio de subsidios en México a los agricultores es 20 veces menor que el que se otorga en los países más ricos. Mientras que los subsidios equivalen a 1.5% de los ingresos brutos de los productores agrícolas mexicanos; en los países de la OCDE ese porcentaje es, en promedio, de 30%.
5. Aún en los productos agrícolas más apoyados, el subsidio en México se encuentra entre 6% y 17%; porcentajes muy bajos si los comparamos con el apoyo otorgado en los países más desarrollados del planeta. "El bajo nivel de apoyo a los productores refleja la transformación radical de la economía mexicana en los últimos 25 años", afirma el informe divulgado esta semana. Sin embargo, la agricultura mexicana sigue siendo esencialmente de subsistencia. Sin una agricultura competitiva mundialmente, México será uno de los países más perjudicados por una eventual reducción general de las tarifas de importación de productos agrícolas en los países de la OCDE.
6. De acuerdo con estimaciones de dicha organización mundial, si las barreras a la importación de esos productos fuesen reducidas a la mitad, y aunque al mismo tiempo los subsidios agrícolas de los países miembros de la OCDE cayeran en la misma proporción, México tendría una caída en las ventas de sus productos agrícolas equivalente a más de mil millones de dólares. Ello en virtud de los bajos niveles de competitividad de nuestra agricultura. De acuerdo con la OCDE son necesarios cambios en la política del Gobierno mexicano hacia el sector agrícola, con miras a incrementar el apoyo a los pequeños productores rurales. El informe de la OCDE destaca que más de 60% de la población rural mexicana aún vive debajo de la línea de pobreza absoluta o menos de medio salario mínimo por mes.
7. En México es necesario, indispensable poner en marcha a la brevedad un programa integral de fomento agropecuario que incluya subsidios explícitos al campo, a los productores más pobres y que promueva la economía de autoconsumo tanto como la producción destinada al mercado interno y las actividades agropecuarias de exportación. De ahí la necesidad de que la actividad agrícola se transforme en un objetivo explícito del Estado que tenga la garantía de ser apoyada a largo plazo. Es necesario discutir la instauración de una política agrícola de largo plazo.
Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico: Solicitar a las comisiones de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural y Reforma Agraria que integren una subcomisión cuyo objetivo será definir los elementos de una iniciativa de ley que permita fomentar y garantizar un apoyo creciente al campo mexicano a lo largo de los próximos 50 años.
Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEMARNAT A FOMENTAR Y GARANTIZAR APOYO AL SECTOR PESQUERO
Y ACUÍCOLA DEL PAÍS, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA
LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Considerando que
1. México tiene un territorio muy amplio, con vocación para una gran diversidad de actividades; que en el sector primario no deben reducirse a las actividades agrícolas, pecuarias y forestales. La superficie total del país es de 195.8 millones de hectáreas. 45% del territorio nacional posee clima cálido húmedo, 26% templado-húmedo y sólo 20% cálido-seco; por lo que más de 70% del país provee condiciones aptas para diversas actividades acuícolas. La distribución de la lluvia está relacionada con la orografía y con las características propias de las latitudes y altitudes en que están localizadas las diferentes regiones del territorio nacional. Contamos con un gran litoral y las zonas aprovechadas desde el punto de vista de la actividad pesquera comercial prácticamente constituyen 5% de nuestro potencial.
2. En un país como México, con una fuerte presión demográfica sobre la tierra, debemos buscar emprender actividades productivas generadoras de bienes de mayor valor agregado para así incrementar los ingresos y el bienestar de la población. Actualmente, de acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda del año 2000, México cuenta con más de 23 millones de personas en las zonas rurales del país; 23% de la población económicamente activa del país realiza actividades agropecuarias pero sólo genera 7% del producto interno bruto; lo que habla de bajísimos niveles de productividad por hombre y por unidad de capital invertido. Así, el PIB per capita del sector agropecuario alcanza, en términos de los parámetros anteriores, menos de un tercio del PIB per capita nacional.
3. En algunas regiones del país han adquirido relevancia creciente las fuentes de ingreso no agrícolas; que sin embargo son derivados de empleos temporales en otros sectores económicos dentro de México. En otras palabras, a medida que pasa el tiempo y que el sector agrícola tradicional se muestra ineficiente para la creación de empleos bien remunerados, los trabajadores del campo han decidido salir de sus casas durante la semana y trasladarse a las cabeceras municipales o estatales en busca de trabajo en otros sectores, como el industrial y de servicios para, posteriormente, y durante los fines de semana, regresar a sus casas y llevar el sustento de la semana. Se trata de un proceso intenso de inmigración interna del campo a la ciudad. Por ello la urgencia de proporcionar a los trabajadores del interior del país fuentes alternativas de trabajo bien remunerado.
4. Una vía es fomentar la actividad pesquera para mejorar las condiciones de vida de las comunidades costeras y ribereñas del país, lo que permitiría generar una fuente de recursos permanente para millones de personas que actualmente se encuentran en condiciones de subsistencia. Además de ello, que la explotación adecuada e intensiva de recursos pesqueros y acuícolas permitiría poner al alcance de la población pobre proteínas de buena calidad a bajos precios.
5. Un programa serio de explotación acuícola y pesquero que permita el logro de esos objetivos es una iniciativa que el Congreso de la Unión puede encabezar, en virtud de los escasos resultados que en esa materia ha logrado el Ejecutivo federal.
6. Una vía es la identificación precisa de aquellas zonas subexplotadas desde el punto de vista pesquero; tarea que los científicos del área y los diversos centros e instituciones de investigación del país ya tienen plenamente identificados. Es necesario en esa dirección simplemente emprender el camino hacia una explotación intensiva, proporcionando los incentivos económicos a los pescadores del país para la adquisición de equipos adecuados; básicamente pequeñas embarcaciones y crédito de avío para intensificar las actividades que hoy se desarrollan en forma empírica y en condiciones raquíticas. Más de 5 millones de personas, a lo largo y ancho de todo el país podrían trabajar intensivamente en dichas actividades.
7. Por otro lado, un grupo amplio de especies marinas pueden ser cultivadas adecuadamente en granjas acuícolas mediante un plan de manejo integrado generando empleos e ingreso para millones de trabajadores rurales que hoy no encuentran en las actividades agrícolas tradicionales fuentes satisfactorias y permanentes de ingreso.
Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Solicitar a la Comisión de Pesca que integre una subcomisión cuyo objetivo será definir los elementos de una iniciativa de ley que permita fomentar y garantizar un apoyo creciente al sector pesquero y acuícola del país a lo largo de los próximos 50 años.
Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SRE A ESTABLECER UN ACUERDO CON LOS GOBIERNOS DE CANADÁ
Y DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A EFECTO DE NO APLICAR LA LIBRE IMPORTACIÓN
DE MAÍZ Y FRIJOL A PARTIR DE 2008, COMO LO ESTABLECE EL TLCAN, A
CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
Considerando que
1. Durante los últimos 20 años se han presentado cambios sin precedente en el sector agropecuario mexicano. La política agropecuaria en todas sus vertientes, en la de créditos, seguros, investigación y asistencia, apoyos, esquemas de comercialización internos y régimen de comercio exterior han tenido tales transformaciones, que puede afirmarse que en gran medida se ha presentado un proceso de separación y alejamiento del Estado hacia el campo.
2. A partir de un proceso de mayor integración del sector agropecuario a la economía internacional y una mayor participación del sector privado en todas las fases de todas las cadenas productivas agropecuarias del país, se ha caminado por un proceso de internacionalización de la agricultura comercial, en detrimento de las actividades agrícolas tradicionales. Como resultado, se ha fortalecido un pequeño núcleo de productores agropecuarios ligados al sector exportador mexicano, pero se ha abandonado el apoyo a las actividades agropecuarias que anteriormente el propio Estado mexicano reconocía como actividades estratégicas; entre las cuales figuran la producción de granos básicos, fundamentalmente maíz y frijol.
3. Como resultado, durante todos los años 80 y gran parte de los noventa y después de más de dos décadas de crisis agrícola, el sector agropecuario ha mostrado signos claros de debilitamiento, estancamiento en el nivel de actividad productiva, tanto en el área agrícola, en la pecuaria, como en el sector forestal; con déficit recurrentes en la balanza comercial agropecuaria que han significado una merma permanente de divisas para el país; se han presentado claros síntomas de deterioro ecológico, que se hace cada vez más evidente en la reducción de los mantos freáticos; contaminación de las aguas, erosión de las tierras agrícolas y disminución ostensible de las áreas boscosas.
4. El síntoma que más refleja los efectos del modelo económico seguido en México durante los últimos 25 años sobre el sector agropecuario es, sin duda, el incremento de los niveles de pobreza rural: millones de mexicanos en las zonas rurales tienen niveles de ingresos claramente insuficientes para satisfacer en forma digna sus necesidades de alimentación, vivienda, educación y salud.
5. De esos mexicanos que viven en el campo y que actualmente suman más de 23 millones de personas; 50% de ellos sobrevive en condiciones de pobreza extrema y más de 3 millones están directamente vinculados a las actividades productivas de maíz y frijol.
6. Pues bien, son esos últimos 3 millones de personas quienes se verán seriamente perjudicados a partir del año 2008 en que entra en vigor la cláusula del Tratado de Libre Comercio que establece la libre importación de maíz y frijol. Es a ellos a quienes el Estado mexicano debe y está obligado a responder desde ahora.
7. No es aceptable ni ética, ni económicamente que millones de mexicanos vean drásticamente amenazada su ya de por sí precaria situación laboral debido a un acuerdo internacional que el Estado mexicano signó sin la menor consideración de carácter social. No se les consultó ni se han emprendido, en más de 10 año de vigencia del TLCAN, programas serios, consistentes y sostenidos que permitan que los campesinos más pobres del país puedan competir internacionalmente con su producción de maíz y frijol frente a productores de Estados Unidos y Canadá que cuentan con los más diversos esquemas de apoyo y subsidio, encubierto o no, que les otorgan sus respectivos gobiernos.
8. Existe el riesgo, por lo tanto, de que millones de mexicanos, al no encontrar oportunidades de desarrollo y al ver una vez más golpeadas sus condiciones de sobrevivencia básicas, tengan que recurrir a las más diversas formas y mecanismos para defender sus legítimos derechos a la vida y al trabajo. Es imprescindible que el Congreso de la Unión y el Gobierno federal emprendan en estos momentos las gestiones pertinentes para salvaguardar el derecho al trabajo de esos millones de trabajadores del campo mexicano, hoy amenazados por la apertura comercial al maíz y frijol en el año 2008.
Con base en lo anterior propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico: Solicitar a la Comisión de Relaciones Exteriores que integre una subcomisión cuyo objetivo será elaborar un estudio y la estrategia jurídica que sirva como base para solicitar el establecimiento de pláticas con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para evitar que se aplique en el año 2008, como se establece en el Tratado de Libre Comercio, la libre importación de maíz y frijol.
Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN QUE DEJE DE INTERVENIR EN
LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS CIUDADANOS Y EXHORTE
AL TRIFE A ANALIZAR EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL PRESENTADO
EN CONTRA DEL CONGRESO LOCAL POR LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS ELECTORALES,
A CARGO DE LA DIPUTADA TATIANA CLOUTHIER CARRILLO
Diputado federal Pablo Gómez Álvarez
Presidente de la Junta de Coordinación Política
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presente
Tatiana Clouthier Carrillo, diputada federal integrante de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II; 77, fracción I, y 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:
Exposición de motivos
Uno de los privilegios del estado de derecho es limitar el poder del soberano en beneficio del pueblo, es decir al servicio del gobernado. Servir y no servirse, respetar la ley.
Cada avance lleva sufrimientos, cada logro es producto de muchos trabajos. La democracia no se logra solamente con elecciones pacíficas; sino con instituciones que garanticen invariablemente el respeto al sufragio, a las leyes y demás normas que son los pilares de ese estado derecho que se requiere para que el pueblo sea quien decida el rumbo del país.
Históricamente, la ley protegía o cuando menos se lavaba las manos ante la hegemonía de un partido, haciendo nugatoria toda posibilidad de pluralismo y, por consecuencia, de crecimiento nacional.
Esos principios, se vieron gravemente ultrajados por un grupo de la actual Legislatura de Nuevo León al designar un Tribunal Estatal Electoral a la medida de las necesidades de un partido, que sigue buscando más poder a toda costa, en detrimento de las instituciones que tanto han costado a la sociedad. Podríamos con esto decir que el regreso del inicio del fraude ya se consumó en este acto.
La ley es clara al consignar que todo acto de autoridad debe contener la debida fundamentación y motivación, y que esa carga no se puede negociar, mucho menos condonar al momento de designar a los que habrán de resolver las controversias que se llegaren a suscitar con motivo de los actos electorales que se emitan en el proceso electoral.
No podemos ser indiferentes ante la flagrante violación a nuestras instituciones. La ley merece y exige nuestro respeto para preservar un sistema funcional, imparcial, objetivo e independiente.
No podernos hacer como que no ha pasado nada si no debemos evidenciar a quienes no se han dado cuenta de que ya no vivimos en un feudalismo.
Es por eso que hoy pido que dirijan su atención al marco de ilegalidad que circunda a la designación de magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en que el presidente es hermano de dos directores de la Procuraduría General de Justicia del Estado y un notario público, o sea un delegado del Ejecutivo es magistrado numerario. Además, ninguno de sus integrantes tiene la experiencia o perfil que acredite su designación en detrimento de los muchos que teniendo carrera jurisdiccional electoral en el propio tribunal no recibieron más que la gratuita e ilegal.
Tenemos el compromiso de no convertirnos en cómplices por omisión de este irresponsable actuar. Denunciar el descaro con que se pretende designar un tribunal al servicio del gobierno y no de las instituciones.
En razón de lo anterior, los invito a no permitir con dar legalidad al fraude electoral.
Punto de Acuerdo
Primero. Solicitar al gobernador del estado de Nuevo León deje de intervenir en los procesos de integración de los órganos ciudadanos respetando la autonomía de los mismos.
Segundo. Invitar al Congreso de Nuevo León a hacer valer su independencia como poder y garantizar en su voto, la autonomía e imparcialidad de los órganos ciudadanos, principalmente los electorales.
Tercero. Exhortar al TEPJF a que analice puntualmente el juicio de revisión constitucional presentado contra la designación del Congreso de Nuevo León de magistrados electorales por los considerandos planteados en este punto de acuerdo.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 10 de noviembre de 2005.
Dip. Tatiana Clouthier Carrillo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA CFE QUE ACTUALICE LOS REGISTROS DE TEMPERATURAS MEDIAS
MENSUALES DE DIVERSOS MUNICIPIOS DE MICHOACÁN, A CARGO DEL DIPUTADO
INELVO MORENO ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, conforme a las siguientes:
Consideraciones
El acceso a satisfactores como la energía eléctrica es uno de los indicadores del nivel de desarrollo de una sociedad. La plena inserción social no se reduce al consumo que permite garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo, sino que cada vez está más asociada con los llamados satisfactores inmateriales que, como en el caso de la electricidad, son indispensables para acceder a la educación y la cultura.
En diversos estados del país, el subsidio al consumo eléctrico es fundamental para las economías familiares debido a la dependencia energética que imponen las condiciones climáticas. En estos casos, la parte del ingreso de los hogares que se requiere para sufragar el costo de los recibos de electricidad pone en riesgo la adquisición de otros satisfactores por parte de los habitantes de menores ingresos.
Pero una elevada facturación eléctrica no solamente afecta al consumo doméstico de energía, sino también al desarrollo de las distintas actividades económicas, entre ellas las enmarcadas en el sector agrícola que, en regiones como el Valle de Tierra Caliente en Michoacán, representa una de las principales fuentes de empleo.
De hecho, como consecuencia directa de la problemática generada por el costo de la electricidad para los usuarios, a fines del año 2003 pobladores de los municipios de Apatzingán y Mújica iniciaron una serie de movilizaciones para protestar por el incremento sustancial de los cobros domésticos de energía eléctrica. En respuesta, y dado que tengo el alto honor de ser diputado por el distrito electoral con cabecera en Apatzingán, sometí a la consideración de esta soberanía, con fecha 10 de diciembre de 2003 una proposición con punto de acuerdo con el objeto de que las poblaciones en cuestión fueran objeto de una reclasificación tarifaria. Esta proposición, en un gesto que reconozco ampliamente, encontró el respaldo de esta Cámara con lo que se iniciaron los trámites correspondientes ante las autoridades involucradas en la fijación de las tarifas.
Como resultado de las gestiones y las movilizaciones realizadas, en enero del año en curso la Comisión Federal de Electricidad, con base en la actualización de los registros de temperaturas hecha por la Comisión Nacional del Agua; determinó asignar la tarifa 1D a los municipios de Apatzingán y Mújica, en lugar de la 1C que venía aplicándose. Este hecho es una señal inequívoca de que, en el caso de muchos municipios, o bien la correlación entre el registro de temperaturas y la clasificación tarifaria no se ha hecho en forma acuciosa; o bien el propio registro del Sistema Meteorológico de la CNA es ya obsoleto y debe actualizarse incorporando las variaciones observadas en los últimos años.
Ahora bien, los municipios colindantes a los dos ya citados, y que en conjunto conforman la región conocida como Valle de Tierra Caliente: Aguililla, Buena Vista, Gabriel Zamora, La Huacana, Nuevo Urecho, Tepalcatepec, Arteaga, Tumbiscatío, Churumuco y Tancítaro presentan condiciones climáticas similares y no fueron beneficiados por esta reclasificación.
Por tal motivo, y para evitar que se produzca una situación de inequidad entre los habitantes de la región circunvecina con Apatzingán y Mújica, es que someto al pleno de esta Cámara el siguiente
Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
Único. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a que, como en el caso de Apatzingán y Mújica, actualice los registros de temperaturas medias mensuales y, con base en ello, considere la procedencia de aplicar una tarifa más barata en los municipios de Aguililla, Buena Vista, Gabriel Zamora, La Huacana, Nuevo Urecho, Tepalcatepec, Arteaga, Tumbiscatío, Churumuco y Tancítaro del estado de Michoacán.
Dip. Inelvo Moreno Álvarez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA QUE EL REMANENTE DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IFE DESTINADOS
A FINANCIAR EL VOTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO SE DESTINE AL CONACYT
Y QUE SE MANTENGAN LAS MULTAS DEL IFE ETIQUETADAS PARA EL RAMO 38, SUSCRITO
POR LOS DIPUTADOS LUIS MALDONADO VENEGAS Y JULIO CÉSAR CÓRDOVA
MARTÍNEZ, DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE CONVERGENCIA Y DEL PRI,
RESPECTIVAMENTE
Luis Maldonado Venegas, diputado federal de la LIX Legislatura y vicecoordinador del grupo parlamentario de Convergencia, y los diputados federales que con él suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, para solicitar que el remanente de los recursos provenientes del Instituto Federal Electoral destinados a financiar el voto de los mexicanos en el extranjero, se destinen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como proponer que se mantengan las multas del IFE etiquetadas para el Ramo 38, en base a las siguientes
Consideraciones
Previo a la aprobación del presupuesto de 2005, representantes de la comunidad científica y tecnológica del país, documentaron ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados los requerimientos de mayores recursos, dado que la propuesta presupuestal del Ejecutivo Federal implicaba una reducción real del 14% en relación con el aprobado en el 2004 (7,705 millones de pesos) y, al cierre estimado del mismo, un decremento real del 12.8%.
Esta soberanía dio respuesta a la solicitud de la comunidad científica y tecnológica del país para que se destinara un mayor presupuesto al sector científico y tecnológico. Si bien es cierto, que los recursos aprobados no fueron los requeridos, se buscó resarcir de alguna manera los deficitarios presupuestos.
Así, en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, en su artículo 21, inciso k), se aprobó que las multas que aplique el Instituto Federal Electoral, fueran reasignadas para la ciencia y tecnología en el Ramo 38, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. De manera que en el Anexo 19 del mismo decreto, autorizamos recursos adicionales por la cantidad de Un mil millones de pesos al sector central de ciencia y tecnología.
A través de ambas acciones, y de la inclusión del tema en el Ramo 39, Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), esta Soberanía refrendó su interés y decisión de apoyar al sector científico y tecnológico del país, cuyo presupuesto ha venido decreciendo de manera grave en los últimos tres años. No siendo el presupuesto para el ejercicio fiscal 2006 la excepción, ya que se tiene previsto un decremento en el Ramo 38, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de un 15%, en relación con el ejercicio anterior.
Es el caso, que para el ejercicio fiscal 2006, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en su artículo 21, no contempla a las multas del Instituto Federal Electoral, y mucho menos las destina al Ramo 38, Ciencia y Tecnología; motivo por el cual, limitada la inversión en ciencia y tecnología en México se está mostrando como un factor que de manera determinante afecta en su conjunto a la posición competitiva nacional.
De acuerdo con la clasificación del Internacional Institute for Manangement for Development (IMD) en Suiza, el país actualmente se ubica en una posición muy baja de competitividad (lujar 41, de 49 países).
De tal suerte, resulta indispensable, encontrar fuentes alternas y permanentes de financiamiento para el sector científico y tecnológico del país, por lo que se hace necesario que se solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se apliquen las multas del Instituto Federal Electoral al Ramo 38 Ciencia y Tecnología, así como que en caso de existir un remanente de los recursos autorizados al Instituto Federal Electoral para el voto de los mexicanos en el exterior, sean destinados a tareas de investigación y desarrollo tecnológico.
Es por ello, que el punto de acuerdo que estamos presentando es indispensable, para evitar una vez más que se reduzca de manera considerable, el presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, haciendo patente el esfuerzo de esta Soberanía por impulsar y capitalizar las actividades de ciencia y tecnología a través de la inversión en este rubro.
Derivado de lo anteriormente expuesto, es que someto a la alta consideración de Ustedes, Compañeras y Compañeros Legisladores, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Que el remanente de los recursos que de conformidad con el artículo trigésimo séptimo transitorio, y anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, se identifican con el Ramo Autónomo 22 Instituto Federal Electoral, y ascienden a la cantidad de 200 millones de pesos, sean destinados al Ramo 38, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con la obligación de este último de rendir cuentas sobre el destino del remanente que se le otorgue.
Segundo.- Que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006. se confirme la disposición de destinar las multas del Instituto Federal Electoral al Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, bajo la siguiente redacción: "Las multas que aplique el Instituto Federal Electoral a los que se refiere la fracción VI, numeral 1, del artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación, sean asignados para ciencia y tecnología en el Ramo 38 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para lo cual la Tesorería de la Federación dispondrá de un plazo máximo de 30 días para su asignación al Ramo 38, a partir de cada uno de los reintegros que realice el Instituto Federal Electoral".
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.
Diputados: Julio César Córdova Martínez,
Luis Maldonado Venegas (rúbricas)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA CFE QUE ACTUALICE LOS REGISTROS DE TEMPERATURAS MEDIAS
MENSUALES DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN, A CARGO
DEL DIPUTADO INELVO MORENO ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, conforme a las siguientes:
Consideraciones
El 2 de diciembre del año 2003, pobladores de los municipios de Apatzingán y Mújica se manifestaron en las instalaciones que la Comisión Federal de Electricidad tiene en dichos municipios para protestar por el incremento sustancial de los cobros domésticos de energía eléctrica.
Dado que sus peticiones no fueron atendidas por los funcionarios del organismo, con el argumento de que la solución se encontraba fuera de su alcance, los usuarios bloquearon por algún tiempo las oficinas de la paraestatal.
En virtud de los hechos descritos, con fecha 10 de diciembre de 2003, el suscrito sometió a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo con el objeto de que las poblaciones en cuestión fueran objeto de una reclasificación tarifaría. Esta proposición, en un gesto que reconozco ampliamente como diputado que soy del distrito electoral con cabecera en Apatzingán, encontró el respaldo de esta Cámara con lo que se iniciaron los trámites correspondientes ante las autoridades involucradas en la fijación de las tarifas.
Como resultado de las gestiones y las movilizaciones realizadas, en enero del año en curso la Comisión Federal de Electricidad, con base en la actualización de los registros de temperaturas hecha por la Comisión Nacional del Agua, determinó asignar la tarifa 1D a los municipios de Apatzingán y Mújica, en lugar de la 1C que venía aplicándose. Este hecho es una señal inequívoca de que, en el caso de muchos municipios, o bien la correlación entre el registro de temperaturas y la clasificación tarifaría no se ha hecho en forma acuciosa; o bien el propio registro del Sistema Meteorológico de la CNA es ya obsoleto y debe actualizarse incorporando las variaciones observadas en los últimos años. En cualquier caso, nosotros pensamos que un deber ineludible de las autoridades es aplicar las disposiciones legales de tal forma que se prevenga el surgimiento de conflictos sociales.
Es evidente que la reclasificación de los municipios citados se debió a la movilización decidida de la gente, lo que indujo a los diferentes actores involucrados en el tema a responder en forma expedita para apaciguar un foco de tensión social. Sin embargo, el municipio de Parácuaro, que presenta condiciones climáticas similares no fue beneficiado por esta reclasificación.
Desde nuestro punto de vista, sería injusto que el criterio de facto para acceder a una posible reclasificación tarifaría lo constituyera la capacidad de organización y de movilización en lugar del criterio general asociado al clima. Por tal motivo y para evitar que se produzca una situación de inequidad entre los habitantes de la región circunvecina con Apatzingán y Mújica es que someto al pleno de esta Cámara el siguiente
Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
Único. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a que, como en el caso de Apatzingán y Mújica, actualice el registro de temperatura media mensual y, con base en ello, considere la procedencia de aplicar una tarifa más barata al municipio de Parácuaro, del estado de Michoacán.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 8 de noviembre de 2005.
Dip. Inelvo Moreno Alvarez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EN
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2006 SE ETIQUETEN
LOS RECURSOS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA QUE APORTEN
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FEDERAL A LOS FONDOS SECTORIALES DEL CONACYT, SUSCRITO POR LOS DIPUTADOS
LUIS MALDONADO VENEGAS Y JULIO CÉSAR CÓRDOVA MARTÍNEZ,
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE CONVERGENCIA Y DEL PRI, RESPECTIVAMENTE
Luis Maldonado Venegas, diputado federal de la LIX Legislatura y vicecoordinador del grupo parlamentario de Convergencia, y los diputados federales que con él suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006 se etiqueten los recursos del Programa Especial de Ciencia y Tecnología que aporten las dependencias y entidades de la administración pública federal a los fondos sectoriales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con base en las siguientes:
Consideraciones
El desarrollo científico y tecnológico es un elemento importante para que el país logre generar un proceso de crecimiento económico sostenido. Ningún país se ha incorporado de manera duradera al proceso mundial del crecimiento sin aumentar de manera significativa la capacidad nacional para desarrollar investigación científica y generar innovación propia. Hay muchas razones que explican lo anterior, sin capacidad propia para investigar la ciencia difícilmente se aplicará con plenitud y perseverancia a la solución de problemas nacionales.
Acelerar el ritmo de desarrollo científico y tecnológico representa un enorme reto para nuestro país, pero también una gran oportunidad. En los próximos años, gobierno y sociedad deberán de aumentar sus esfuerzos para acelerar la velocidad de desarrollo.
En este sentido, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establece fondos sectoriales con las dependencias y entidades de la administración pública federal, independientemente del monto que éstas designen de manera regular a la ciencia y tecnología. Lo que obedece al impulso de las actividades científicas y tecnológicas, dando especial atención a los aspectos específicos que son de importancia para la sociedad, como la educación, salud, energía, protección civil y seguridad nacional, desarrollo social, desarrollo rural, medio ambiente y recursos naturales, entre otros.
Los recursos de los fondos sectoriales se destinan a financiar proyectos de investigación sobre los temas que definan cada una de las secretarías, buscando dar solución a problemas, atender necesidades y su impacto en el desarrollo socioeconómico del país.
En el ejercicio fiscal 2005, los diputados y diputadas de esta H. Legislatura, conscientes de la importancia de invertir en ciencia y tecnología, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, anexo 3, asignamos recursos por un monto de 28?852,332,481 pesos para el Programa Especial de Ciencia y Tecnología conforme a lo previsto por el artículo 22 de la Ley de Ciencia y Tecnología, mediante los cuales las dependencias y entidades de la administración pública federal realizan erogaciones destinadas a dicho programa.
Para el ejercicio fiscal 2005, los diputados que suscribimos el presente punto de acuerdo solicitamos a esta soberanía la etiquetación de dichos recursos en los ramos que conforman el Programa Especial de Ciencia y Tecnología, a fin de que sean destinados única y exclusivamente a realizar actividades y apoyar la investigación científica y tecnológica tomando en cuenta las prioridades y criterios de asignación de gasto en ciencia y tecnología.
Ahora bien, para el ejercicio fiscal 2006 hemos presupuestado mil 700 millones de pesos que las dependencias y entidades de la administración pública federal destinarán a los fondos sectoriales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los cuales se encuentran conformados por la clave 085 (Gasto Federal para Ciencia y Tecnología) por los siguientes ramos:
Derivado de lo anteriormente expuesto es que someto a la alta consideración de ustedes, compañeras y compañeros legisladores, el siguiente punto de acuerdo:
Primero. Que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, los recursos destinados al Programa Especial de Ciencia y Tecnología, en las partidas 04, 05, 06, 08, 09, 10,11, 12, 13, 16, 18, y 20, con la clave 085, que se destinan a los fondos sectoriales, por un monto de 1,700 millones de pesos sean etiquetados a fin de que las erogaciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se destinen a los Fondos Sectoriales previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología y en las cantidades que se señalan a continuación:
Segundo. Con base en los ramos señalados en el punto anterior, en aras de preservar la equidad entre el Conacyt y las dependencias y entidades de la administración pública federal también se preveerá para el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2006, en el Ramo 38, Ciencia y Tecnología, una cantidad adicional para cubrir las aportaciones que éste deba de realizar a los fondos sectoriales, que tiene celebrados en términos de la Ley de Ciencia y Tecnología, que ascienden a la cantidad de mil 700 millones de pesos que se distribuirán de la siguiente manera:
Dip. Julio César Córdoba Martínez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
QUE CONSIDERE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2006
RECURSOS QUE GARANTICEN LA CONCLUSIÓN DE LA CARRETERA MAZATLÁN-DURANGO,
A CARGO DEL DIPUTADO EVARISTO CORRALES MACÍAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el gobierno interior, el que suscribe diputado federal Evaristo Corrales Macías, del Partido Acción Nacional por el estado de Sinaloa, someto a la consideración del Honorable Pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Comunicaciones para que asignen los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos para 2006, que garanticen la conclusión de la carretera Mazatlán-Durango, en el tiempo estimado, tal como lo establece el Programa Carretero del Gobierno federal, bajo el tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El proyecto de ampliación de la carretera que une a Mazatlán con Durango, es un tema toral para la zona noroeste de México y en términos de infraestructura carretera un asunto prioritario no sólo para Sinaloa y Durango, sino para todos los estados que conforman la zona norte y noroeste de nuestro país fundamentalmente.
Con esta carretera que consta de 232 kilómetros, sería posible la comunicación hacia el norte de nuestro país, específicamente hacia el corredor Matamoros-Nogales, al ser una vía de comunicación interoceánica permitiría comunicar asimismo a los puertos más importantes del noreste del país como lo son Mazatlán y Topolobampo, pero también integraría el importante flujo hacia la zona de la comarca lagunera, con lo que también ampliaría significativamente el traslado de mercancías y el comercio con los mercados extranjeros en el norte del continente.
Por tal motivo, es importante continuar con la modernización y ampliación de ete tipo de infraestructura, para elevar nuestra capacidad competitiva en un contexto de globalización que apenas inicia y dentro del cual es imposible abstraernos. Siendo nuestra responsabilidad como legisladores tomar las decisiones estratégicas para que a largo plazo sean los cimientos para contar con zonas productivas capaces de competir en este contexto para el progreso de todas las áreas productivas de nuestro país.
Para ello, el sector de comunicaciones es un tema obligado por el impacto que representa para cualquier país, pero sobre todo para México una estructura de modernas carreteras que hagan posible comunicar los estados y las comunidades e incentiven un eficaz intercambio de los bienes y servicios que se generen en las diversas regiones y fortalezcan la vida social, cultural y económica del país.
Es por eso, que el martes 9 de noviembre de 2004, en esta misma tribuna, presente ante ustedes un punto de acuerdo para que se destinaran recursos para la terminación del tramo carretero Mazatlán-Durango por ser un asunto por el que se ha estado luchando durante mucho tiempo siendo desde hace años una de las acciones más importantes de los habitantes de la región.
Además mención, que el Plano Nacional de Desarrollo claramente establece como prioridad de la actual administración, el fortalecimiento de las regiones, a través de una mejor asignación de los recursos para infraestructura carretera verdadera planeación sectorial que en el mediano y largo plazos detone en un mayor crecimiento económico no sólo en el sector industrial, agroindustrial, minero y maderero, sino también en el sector turístico, al reducir el tiempo de traslado significativamente.
Sin embargo, los argumentos para fundamentar la importancia de dicho proyecto, hasta hoy no han sido considerados para lograr concluir en tiempo y forma esta carretera, ya que desde que inició su construcción en el año 2003, se planeó que su terminación sería para 2006, pero se siguen construyendo pequeños tramos, y queda pendiente un promedio de 95 kilómetros, correspondientes a la zona serrana que es la parte en donde se requiere la mayor inversión.
Por otro lado, existen obras de infraestructura carretera que se han realizado en otros estados como Michoacán, en donde la inversión ha sido suficiente, cuando se ha comprobado que son obras estratégicas que fortalecen una región. Con este argumento, solicito que se considere de igual forma este proyecto como estratégico para esa región.
Resulta ineficiente e impostergable el hecho de continuar con un criterio equivocado en la asignación de recursos para proyectos estratégicos en nuestro país. Ya no podemos continuar trabajando en estas áreas productivas de infraestructura carretera "por goteo", ya que entre más rápido se concluyan estas obras mejor y mayor será el beneficio, pues recordemos que la inversión en este tipo de áreas se traducen automáticamente en una recuperación e incremento de la inversión.
Para mi grupo parlamentario es fundamental apoyar este tipo de acciones por el beneficio que implica para el desarrollo de las zonas que más lo requieren y unir las zonas que producen con las zonas que requieren ese bien o servicio logrando con ello buscar un equilibrio que tienda a elevar la calidad de vida de todos los mexicanos.
Finalmente, en el ámbito de nuestra competencia y responsabilidad como diputados federales debemos tomar las mejores decisiones que se encaminen a dicho propósito. Que sean este tipo de proyectos los que nos unan y no permitan las divergencias, que sean puntos de convergencia, de unidad y de búsqueda de decisiones eficaces, coherentes, nobles y justas para el beneficio de todos los habitantes de este país.
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Comunicaciones, al momento de analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006, consideren las necesidades presupuestarias de la carretera Mazatlán-Durango y las repercusiones positivas que arrojaría una mayor asignación presupuestaria y se otorguen los recursos económicos necesarios que garanticen la conclusión de este importante proyecto carretero en el tiempo estimado, tal como lo establece el Programa Carretero del Gobierno federal.
Sesión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a 10 de noviembre 2005
Dip. José Evaristo Corrales Macías (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
A ESTA SOBERANÍA A RENDIR UN HOMENAJE AL DOCTOR IGNACIO BURGOA ORIHUELA,
A CARGO DEL DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, según los sucesivos:
Antecedentes
Que con fecha siete de noviembre del año dos mil cinco se dio un hecho sumamente lamentable para el mundo jurídico de nuestro país: el fallecimiento del doctor Ignacio Burgoa Orihuela y
Considerando
1. Que es muy sensible esta pérdida, pues nos despoja de uno de los juristas más capaces que han existido en este país, quien tuvo como una de sus principales consignas el respeto al estado de derecho. Sin duda las batallas jurídicas que libró tuvieron variopintos intereses políticos y sociales, pero siempre partió de su convicción de la defensa de la legalidad.
Este mexicano ilustre nació el 13 de marzo de 1918. Cursó los estudios de derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM de 1935 a 1939. Ya en mayo de 1946 fue designado profesor de la materia Derecho Constitucional (segundo curso) en la Escuela Libre de Derecho y en junio de 1947, hasta la su lamentable deceso y sin interrupción alguna, desempeñó las cátedras de Garantías y de Amparo en la Facultad de Derecho de la UNAM; en abril del 51 fue designado juez segundo de distrito del Distrito Federal en materia administrativa; se doctoró magna cum laude en 1974; acreedor de la medalla Gabino Barreda ese año, y profesor emérito desde abril de 1987.
Es conocida por todos la larga lista de textos con los que enriqueció la doctrina mexicana e ilustró a numerosos miembros del mundo jurídico y político. Para quienes tuvimos el gusto de conocerlo, lo recordamos como un hombre jovial y enérgico, poseedor de un discurso docto y agudo, superior, que avalaba la relevancia que mantuvo con sus posturas a lo largo de su fructífera existencia.
2. Que no podemos dejar pasar actos patriotas y de carácter social, por ejemplo, cuando el gran abogado asumió la defensa de los ejidatarios de San Salvador Atenco, estado de México, quienes se opusieron a la pretensión oficial de instalar en sus tierras un nuevo aeropuerto. Para el jurista, esa opción era inviable e inconstitucional por lo que elaboró una petición de amparo en favor de los quejosos.
Fue duro crítico de la administración actual e incluso postuló que el cumplimiento de las obligaciones propias era inherente a la legitimidad del ejercicio presidencial.
Hemos de honrarnos al recordar como en noviembre del año pasado, este ilustre jurisconsulto asesoró a esta honorable Cámara de Diputados en la controversia presentada en la Corte contra el presidente Fox por el tema de las observaciones al presupuesto.
La postura del jurista era que el mandatario no podía impugnar la decisión de los legisladores sobre el presupuesto para 2005 ya que implicaría violar la Constitución.
Pero Burgoa Orihuela también llegó a criticar al Congreso de la Unión. En 1997 propuso en un acto académico en el Senado incrementar los requisitos para ser diputado, a fin de que lleguen a la máxima tribuna los mejores ciudadanos. En el Poder Legislativo, añadió en esa ocasión, se requieren personajes que sepan legislar, que tengan experiencia en los distintos sectores de la sociedad.
Pero los juicios más duros contra este Poder los expresó en abril pasado, cuando el perredista Andrés Manuel López Obrador fue desaforado. Entonces consideró que los diputados, erigidos en jurado de procedencia, se extralimitaron en sus funciones constitucionales al haber retirado la inmunidad constitucional al actual entonces jefe de Gobierno del DF.
Su crítica, honesta y dura, es botón de muestra de la integridad que todo amante de la ley debe sostener, en particular frente al poder.
En virtud de lo anterior, me permito presentar ante este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados realice un merecido homenaje en memoria del doctor Ignacio Burgoa Orihuela en presencia de sus familiares y las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Palacio Legislativo de San Lázaro,a 10 de noviembre de 2005.
Dip. Emiliano Vladimir Ramos Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EN
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2006 SE DESTINE UNA
PORCIÓN DE LOS SUBSIDIOS DEL RAMO GENERAL 39 PARA LOS FONDOS MIXTOS
EN MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, SUSCRITO POR LOS DIPUTADOS LUIS
MALDONADO VENEGAS Y JULIO CÉSAR CÓRDOVA MARTÍNEZ,
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE CONVERGENCIA Y DEL PRI, RESPECTIVAMENTE
Luis Maldonado Venegas, diputado federal de la LIX Legislatura y Vicecoordinador del grupo parlamentario de Convergencia, y los diputados federales que con él suscriben, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, se destinen específicamente para los fondos mixtos en materia de ciencia y tecnología, una porción de los subsidios del Ramo General 39, Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, en base a las siguientes
Consideraciones
El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, establece en su artículo 57 que las erogaciones previstas para el Ramo General 39 Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas son subsidios que se otorgan a las entidades federativas, conforme a la distribución prevista en el Anexo 16 del mismo decreto, recursos que se destinarán entre otras cosas al fortalecimiento de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.
Por primera vez en la historia presupuestal, los diputados y diputadas del H. Congreso de la Unión, aperturamos un rubro destinado a los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, que ha sido utilizado por los gobiernos de las entidades federativas en proyectos y fortalecimiento de infraestructura por casi 300 millones de pesos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitió en el Diario Oficial de la Federación de fecha 7 de marzo de 2005, los lineamientos para la aplicación del Ramo General 39, mismos que establecen en su numeral 23, inciso VIII, que en el marco de los convenios que celebren los gobiernos estatales y municipales con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, podrán destinarse para apoyar el establecimiento y operación de los fondos mixtos de carácter regional, estatal y municipal de apoyo a la investigación científica y tecnológica.
En este sentido, los Fondos Mixtos referidos son el mejor instrumento legal, operativo y de coordinación con los estados para la ministración, ejercicio, control y evaluación de los recursos del Ramo General 39, toda vez que éstos tienen como fin, destinar recursos para ciencia básica, investigación aplicada, infraestructura, innovación y desarrollo tecnológico, redes y grupos de investigación, difusión y divulgación, cooperación internacional, repatriaciones y formación de científicos y tecnólogos.
El Ramo 39, en su vertiente de ciencia y tecnología, fortalece el federalismo para responder a la demanda social por una distribución más equitativa de oportunidades para el desarrollo científico y tecnológico en las regiones, mediante la distribución adecuada de atribuciones y recursos entre los distintos órdenes de gobierno y sectores de participación, a fin de alcanzar mejores condiciones para las regiones menos desarrolladas.
Para el ejercicio fiscal 2005, los diputados y diputadas de esta H. Legislatura, aprobamos para el Ramo General 39, 20,286 millones de pesos, recursos de los que son beneficiarias justamente las entidades federativas.
Sin embargo, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para en el Anexo 11, Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Anexo 11, el Ramo General 39, carece de asignación presupuestal, en virtud de que el mismo Presupuesto de Egresos establece una cantidad de cero pesos.
En este sentido, para el ejercicio fiscal 2006 los diputados que suscribimos el presente punto de acuerdo solicitamos a ésta H. Legislatura asignar al Ramo General 39 la cantidad de 700 millones de pesos, de los cuales serán beneficiarias las entidades federativas, solicitando a su vez, que sean etiquetados los recursos que correspondan a dicho Ramo, y que sean utilizados para cumplir con los fines de los Fondos Mixtos celebrados con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para apoyar la investigación científica y tecnológica, para resolver necesidades de las entidades federativas.
El Poder Legislativo debe ser garante de la legalidad y la transparencia, y la rendición de cuentas es condición fundamental de la democracia.
Derivado de lo anteriormente expuesto, es que someto a la alta consideración de ustedes, compañeras y compañeros legisladores, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, se etiqueten 700 millones de pesos correspondientes al Ramo General 39, que las entidades federativas destinen en proporción recíproca con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a los Fondos Mixtos a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología, que tengan celebrados con éste.
Segundo.- Que el destino específico a los Fondos Mixtos, a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología, se distribuya por entidad federativa de la siguiente manera:
Tercero.- Si bien, el Ramo General 39, otorga la cantidad de 700 millones de pesos para los Fondos Mixtos, en aras de preservar la equidad, deberá preverse para el ejercicio fiscal 2006, una ampliación por este monto para el Ramo 38, Ciencia y Tecnología, mismos que serán destinados a dichos Fondos.
Cuarto.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a prever que en los Lineamientos para la aplicación de recursos del Ramo General 39, Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas para el Ejercicio Fiscal 2006, permanezcan etiquetados los recursos señalados, para el rubro de fondos mixtos.
Dip. Julio César Córdova Martínez (rúbrica)
Dip. Luis Maldonado Venegas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA QUE CONSIDERE
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2006 RECURSOS PARA
CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PICACHO, EN SINALOA, A
CARGO DEL DIPUTADO EVARISTO CORRALES MACÍAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del reglamento para el gobierno interior, el que suscribe diputado federal Evaristo Corrales, del Partido Acción Nacional por el estado de Sinaloa, someto a la consideración del Honorable Pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Recursos Hidráulicos para que dentro del Presupuesto de Egresos de 2006, se asignen los recursos necesarios, para continuar con la construcción de la presa de Picachos en Sinaloa, bajo el tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Una de las deudas históricas que tenemos con nuestro país, es precisamente con la agricultura. Aun cuando nuestros recursos naturales son vastos no son suficientemente aprovechados. El problema esencial del campo mexicano es hoy en día un problema de rentabilidad, en relación a las condiciones del mercado nuestra agricultura no esta rindiendo lo suficiente, a pesar de los esfuerzos que hacen los productores para reducir costos e incrementar la productividad.
Por otro lado, la construcción de proyectos regionales integrales, son una de las estrategias de desarrollo económico y social, y de infraestructura más importantes de todos los países y en particular para México se ha convertido en una gran necesidad y un asunto de la más alta prioridad.
Es el caso del proyecto de la construcción de la presa de almacenamiento Picachos sobre el Río Presidio, el bordo contra inundaciones y el acueducto para surtir de agua a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, hidroeléctrica y riego a la demanda para 22 mil 500 hectáreas físicas, de los municipios de Mazatlán y Concordia.
Esta región esta conformada por 66 ejidos que serían beneficiados por la distribución del agua a través de una red de tubería de presión en forma continua y cuya topografía permitiría la presión suficiente sin requerimientos de bombeo.
Desde 1950 se proyectaban 35 mil hectáreas con un costo de 800 millones de dólares, para 1978 se proyectaron 45 mil hectáreas beneficiadas por riego con un presupuesto de mil 200 millones de dólares y, desde 2003, serían 122 mil hectáreas las que serían beneficiadas, con un costo de 600 millones de dólares.
Actualmente, existen 22 mil hectáreas de mango en producción con una inversión de 6 mil millones de pesos y en el sur del estado de Sinaloa, a falta de este recurso las huertas de mango se ven afectadas seriamente.
Anteriormente, sólo se producían 8 toneladas con el riego presurizado se podrían producir 40 toneladas, lo que implica que se están dejando de ganar un promedio de $844 mil 800 millones de pesos que por temporada dejan de ingresar a la economía de Sinaloa, además de que se ven afectadas los sectores ganadero y de pesca estuarina sufriendo enormes pérdidas por falta de este vital líquido.
Considerando que en esta zona no existen heladas, el agricultor podría obtener hasta 3 cosechas, seleccionando los cultivos adecuados entre mango, fríjol, maíz y chiles.
Con la construcción de esta presa se tendría un abasto de agua garantizado para el municipio de Mazatlán para los próximos 50 años, se elevaría la calidad en el agua y la producción de energía eléctrica a menor costo y fortalecería la economía y seguridad en 4 de los municipios del sur, se incrementaría el desarrollo económico, industrial, el turismo, los servicios, el empleo y mejor calidad de vida en nuestras comunidades.
Para la población rural, se desarrollaría una agricultura competitiva y sustentable, con beneficios económicos muy superiores a los créditos requeridos, se obtendrían mayores rendimientos por hectárea en los cultivos, se mejorarían las condiciones de vida en el medio rural abatiendo la delincuencia y la emigración, sería la eco-región más importante de América en producción hortofrutícola y orgánica y finalmente cuadruplicaríamos las exportaciones y por ende el ingreso de divisas.
Con las universidades de la región se coordinaría y formaría una estructura tecnológica y científica sólida que apoye en reducir el periodo de maduración en ferti-irrigación, entomología, agroindustria y otras disciplinas demandadas.
Para mi grupo parlamentario, que siempre ha impulsado acciones estratégicas, es de suma importancia apoyar los grandes proyectos regionales en un marco de autentico federalismo, para que las entidades federativas cuenten con el apoyo necesario para el impulso de su desarrollo y con ello puedan contribuir al fortalecimiento de nuestro un país.
Nuestra responsabilidad como diputados federales es apoyar esos proyectos que compartan distintas regiones geográficas, con una medida justa, equitativa y democrática.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Artículo primero. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y Recursos Hidráulicos de esta H. Cámara de Diputados, asigne en el presupuesto de egresos 2006, los recursos suficientes para poder continuar con la construcción de la presa Picacho en Sinaloa y así poder apoyar a los sectores productivos de la región, impulsando el desarrollo de la misma hacia un nuevo esquema productivo tanto para la zona como para México.
Palacio Legislativo a 8 de noviembre de 2005.
Dip. Evaristo Corrales Macías (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES A DETERMINAR
EL MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS QUE SERÁN EJERCIDOS EN LA RECONSTRUCCIÓN
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, AFECTADO POR EL HURACÁN WILMA,
A CARGO DEL DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante esta honorable Cámara de Diputados a poner a su consideración una proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución bajo los siguientes:
Antecedentes
Es ampliamente conocida la magnitud del desastre que el huracán Wilma ha provocado en el estado de Quintana Roo. Ha sido catalogado como el más fuerte de la historia, batió todos los récords de velocidad de sus vientos y lentitud en su desplazamiento, de permanencia en tierra y precipitaciones. Ni siquiera es comparable el mítico Gilberto, que embistiera Quintana Roo en 1988 y que dejara el recuerdo de una catástrofe inenarrable.
La afluencia de turistas a Quintana Roo, el principal captador de las divisas que recibe México por turismo, aumentó en 2004 15,4 por ciento hasta alcanzar casi los 6.8 millones de turistas; los usuarios de cruceros que llegaron por el Caribe alcanzaron los 3.5 millones de personas. La ocupación hotelera promedio se ubicó en 78.2 por ciento, por encima de 69.5 por ciento del año anterior. Todo ello representó de 4 mil 138 millones de dólares en ese estado, que se estima superarán los cinco mil millones este año. El trasfondo económico es alarmante tras el huracán: 98% de la infraestructura hotelera fue dañada. No se trata de vidrios rotos: los hoteles y locales comerciales relacionados están a la fecha en pobre condiciones de operación, si es que están en servicio. Todo ello impacta en la captación de divisas, que a su vez lo hará en la economía nacional. Los efectos del meteoro en el desempleo se dejaron ver al confirmarse doce mil despidos en la región el día tres de noviembre.
La respuesta del Gobierno federal fue tan rápida como confusa en lo que a los recursos se refiere. El veinticuatro de octubre el presidente declaró en Quintana Roo que había veinticinco mil millones de pesos disponibles en esos momentos para la reconstrucción, provenientes de "fondos fiscales y de aseguramiento" en poder del Gobierno federal. Momentos después anunció que canalizaría diez mil millones de pesos para la reconstrucción de la zona hotelera, vía Fonatur. La administración estatal hizo eco del anuncio. Sin embargo, al día siguiente el vocero de la Presidencia matizó la declaración diciendo "que el Gobierno federal con contrapartes de los gobiernos de los estados y municipios (se) pudieran generar de inmediato en torno a 25, entre 25 y 30 mil millones de pesos". Por su parte, Fonatur declaró que el 29 de octubre había un fondo de 200 millones de pesos para la recuperación de playas, sin embargo, José Luis Luege el titular de la Semarnat había declarado el 24 anterior que el presupuesto designado para ello era de quinientos millones.
Por otro lado el sector de los seguros declaró que estimaba en un principio cerca de mil millones de dólares en pagos a sus asegurados en el sector turístico, al mismo tiempo que Hacienda gestionaba un crédito de 500 millones ante el BID para la reconstrucción de los hoteles. En todo caso, las aseguradoras habían entregado para el lunes 3 mil 500 millones de pesos. Se añadirá a lo anterior las reclamaciones por seguros de desempleo.
Para rematar el Presidente declaró el día tres de noviembre que la reconstrucción necesaria por el paso de Wilma y Stan, ascenderá "fácilmente" a 30 mil millones de dólares, cifra curiosamente coincidente con la dada por su vocero en lo referente a Quintana Roo, los cuales serían aportados por el Gobierno federal, estatal y municipal, compañías aseguradoras, organismos internacionales y la sociedad civil, según las palabras del Presidente.
Ante todo esto cabe preguntarse la conformación exacta de los fondos gubernamentales destinados a la reconstrucción en este momento, así como las aportaciones que darán los actores no gubernamentales y cómo se instrumentan. Es pertinente cuestionarlo, pues la transparencia debida ha brillado, se ve comprometida por los vaivenes verbales y la ligereza con la que se ha tratado el asunto hasta ahora. Es por ello indispensable que el presupuesto ejercido en la reconstrucción se estructure en un programa claro y se ejerza con el más amplio conocimiento de la población que debería ser beneficiaria.
Aunque en algo se ha avanzado, es pertinente esta solicitud habida cuenta de la molestia que cunde en el estado, particularmente en Cancún, pues la zona hotelera ha recibido toda la atención y las zonas populares abandono. No se ha hecho del conocimiento público el estado que guardan regiones como la Franja Ejidal y comunidades como Tres Reyes y Leona Vicario, donde la ayuda brilló por su ausencia en los momentos más álgidos y sigue faltando. La irritación social ha llegado al grado que ya hay francas amenazas de tomar el Palacio Municipal de Benito Juárez por parte de colonos que han denunciado el manejo faccioso que la administración priísta del Ayuntamiento hace de la ayuda, particularmente de láminas, el material más demandado por los que menos tienen.
Advertencia semejante ante la cercanía del proceso electoral federal no puede ser ignorada por los legisladores federales. Sería terrible que las láminas y las despensas destinadas a la emergencia aparecieran en las campañas electorales. No sería la primera vez que se lucra con la necesidad de la gente. De modo que de poco servirá que esta soberanía destine diez mil millones de pesos si terminan como municiones electorales de los inescrupulosos. No podemos permitir que la desgracia de tantos se convierta en el negocio de unos cuantos.
En virtud de lo anterior, y por considerarse un asunto prioritario para la población afectada en los estados, municipios y localidades de las zonas declaradas en emergencia me permito presentar ante este Pleno con carácter de urgente y obvia resolución el siguiente:
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta a las autoridades federal, estatal y municipal en el marco de sus respectivas responsabilidades a determinar el monto y destino de los recursos que serán ejercidos en la reconstrucción del estado de Quintana Roo afectado por el huracán Wilma.
Segundo. Se exhorta a las mismas a sistematizar en un programa detallado para en ejercicio del presupuesto aludido en el punto anterior, tanto en el presente año como en el venidero así como la publicación de toda esta información a la brevedad, de modo tal que esté al alcance de la población.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2005.
Dip. Emiliano Vladimir Ramos Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A ESTA SOBERANÍA QUE ACUERDE EN SESIÓN SOLEMNE
UN RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y EN LO
PARTICULAR A LA UNAM, A CARGO DEL DIPUTADO AGUSTÍN RODRÍGUEZ
FUENTES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La educación superior ha demostrado ser para todas las naciones, una poderosa palanca para lograr el progreso económico y social, elevar la cultura y consolidar la estabilidad política.
En un mundo convulsionado por las transformaciones que impone la globalización, la educación superior constituye un instrumento estratégico para asegurar la viabilidad de las naciones en el ámbito internacional.
El papel que hoy tienen las universidades públicas trasciende el ámbito estrictamente educativo en la medida que hoy día su misión es indiscutiblemente más amplia y esencial para el desarrollo de la sociedad. En tanto proyecto social, la tarea sustantiva de la universidad pública trasciende la visión tradicional de transmitir conocimiento producir investigación y extender la cultura.
Su misión está vinculada con la formación integral del individuo; con el forjamiento de ciudadanos comprometidos con la construcción de una sociedad más justa, más libre, más democrática, plural, tolerante y solidaria.
Pese a las dificultades que enfrenta el país y a las restricciones financieras que imponen las políticas gubernamentales, las universidades públicas no han dejado de cumplir su misión.
Prueba de ello es el reciente reconocimiento internacional que mereció la UNAM, como una de las 100 instituciones de educación superior más prestigiadas, de un total de 9 mil universidades en el mundo. La calificación fue otorgada por The Times, de Londres, que anualmente hace la evaluación a partir de diversos indicadores que miden a contribución de las universidades a la docencia, la investigación y la cultura.
Hace un año, la UNAM calificó en el número 195 y ya entonces se le ubicó como la universidad más importante de América Latina. En esta ocasión, amerita el reconocimiento de la mejor universidad de Iberoamérica, colocándose en el lugar 20 en cuanto a artes y humanidades y 93 en el ámbito de las ciencias. En concreto, la UNAM se adjudicó el lugar 95 entre las mejores universidades del mundo.
Tal logro es compartido por la universidad pública mexicana. Todas las instituciones de educación superior públicas de México realizan esfuerzos similares al de la UNAM y prevalece en ellas el estudio, la investigación y la extensión de la cultura forjando ciudadanos para una sociedad más justa y democrática.
Pero pareciera que donde menos se reconoce el esfuerzo de las universidades públicas es en nuestro propio país. De manera alarmante, el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo implica una disminución real de 17% en los recursos destinados a la educación superior.
Equivocadamente, se aprecia que los dineros destinados a la educación pública superior son un gasto y no lo que realmente es: una inversión que no sólo se recupera, sino constituye la más rentable para el país.
Es importante no desestimarlo. Las universidades públicas de México, encabezadas por la UNAM, no sólo están en paz y trabajando, con méritos ampliamente reconocidos en el mundo, lo mismo en Europa que en América y Asia. No debemos olvidar que los tiempos que hemos vivido en la política nacional han sido azarosos y que las universidades han contribuido claramente a la estabilidad y la gobernabilidad.
Hoy cuando en diversas partes del mundo surgen manifestaciones juveniles violentas, nuestras universidades se mantienen como espacios de docencia, investigación y cultura ejemplares porque laboran en paz; porque alojan las discrepancias y se dirimen civilizadamente, porque cumplen su misión a plenitud.
Debemos asegurar que así siga siendo, no sólo para conservar la estabilidad en tiempos previsiblemente complejos, sino porque queda demostrado que la tarea universitaria responde en calidad y cantidad a las demandas del desarrollo nacional.
Por lo anterior me permito proponer el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Todas las fracciones parlamentarias representadas en esta LIX Legislatura del Congreso de la Unión deseamos dejar constancia de nuestra solidaridad y apoyo a la Universidad Nacional Autónoma de México, como una de las 100 mejores universidades del mundo. Solicitando se programe en sesión solemne, de esta H. Legislatura el reconocimiento a la UNAM.
En consecuencia, exhortamos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006 los recursos adicionales para educación superior pública solicitados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, de manera que las universidades públicas cuenten con los recursos suficientes que les permitan asegurar la continuación y fortalecimiento de las labores que desempeñan en bien de la nación.
Dip. Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE CONSIDERAR
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2006 RECURSOS PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE UN SEGUNDO PISO EN EL TRAMO QUE VA DE LA CALZADA
IGNACIO ZARAGOZA HACIA LA CARRETERA Y AUTOPISTA A PUEBLA, ENTRE LOS LÍMITES
DEL DF Y EL ESTADO DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO RENÉ MEZA
CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, René Meza Cabrera, diputado federal en ejercicio, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo para que en el ejercicio fiscal de 2006 se consideren los recursos necesarios para la construcción de un segundo piso en el tramo que va de la calzada Ignacio Zaragoza hacia la carretera y autopista a Puebla, entre los límites del Distrito Federal y el estado de México, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
La creciente explosión demográfica que enfrenta la ciudad de México, ha ocasionado que en los últimos años, la zona metropolitana tenga un serio problema de congestionamiento y saturación en sus arterias de comunicación vehicular.
El área metropolitana de la Ciudad de México, requiere urgentemente ser atendida, puesto que la insuficiencia de vialidades afecta a la población en general, dificultando el traslado diario de mercancías de trabajadores, estudiantes y demás población que de manera cotidiana requiere viajar por la ciudad.
Dicha movilidad se refiere, tanto a la demanda de viajes que requiere una población creciente y con empleo, vivienda y acceso a la educación, la cultura y el comercio, cada vez mas distanciados entre sí y por otro lado, a la oferta de infraestructura vial de avenidas y calles, con sus intersecciones, así como a los diversos servicios que se utilizan para realizar los viajes, desde el auto particular, hacia el transporte público de mediana y gran capacidad.
La lentitud en la movilidad vehicular, ha propiciado molestias cotidianas y masivas, que responden a un síntoma de malestar mas profundo: el modo desordenado en que ha crecido nuestra ciudad y, particularmente la zona conurbana.
En consecuencia, cabe señalar que una de las tan importantes vías de comunicación dentro de la franja que integra la zona metropolitana, es sin duda alguna la que va de la calzada Ignacio Zaragoza, a la carretera federal México-Puebla y la autopista México-Puebla.
Problema que se inicia a partir del Distribuidor Vial en las calzadas Ignacio Zaragoza y Ermita Iztapalapa, prosiguiendo hasta la carretera Federal y la autopista a Puebla. Donde por la alta presencia de vehículos pesados y públicos, miles de transportistas y automovilistas sufren durante horas los continuos embotellamientos, propiciando, por consiguiente, una frustración y desesperación por no poder llegar a su destino como lo tenían planeado.
Por ser un tramo obligatorio de elevada circulación, que comunica con diversas zonas intermedias del Distrito Federal, Estado de México y con el propio estado de Puebla, presenta serios conflictos principalmente de movilidad vial, consecuencia de la actividad urbana, comercial y de servicios, que sobre este tramo se desarrolla.
Los altos volúmenes de demanda vehicular que tienen como origen o destino la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, han ejercido presiones para que se presente un crecimiento urbano concentrado a lo largo del recorrido de esta arteria, lo que ha propiciado lamentables incidentes, ante la doble función de vialidad de carácter regional y local.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta H, Asamblea tenerme por presentada la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 analice destinar los recursos necesarios para la construcción de un segundo piso en el tramo que va de la calzada Ignacio Zaragoza hacia la carretera y autopista a Puebla, entre los límites del Distrito Federal y el Estado de México.
Sala de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.
Dip. René Meza Cabrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE CONSIDERAR
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2006 RECURSOS PARA
LA CULMINACIÓN DEL LIBRAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN
TEXMELUCAN, PUEBLA, A CARGO DEL DIPUTADO RENÉ MEZA CABRERA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, René Meza Cabrera, diputado federal en ejercicio, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo para que en el ejercicio fiscal de 2006 se consideren los recursos necesarios para la culminación del libramiento inconcluso en el municipio de San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Para el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el pueblo es el elemento que reviste mayor importancia dentro de sus prioridades.
Uno de los tantos servicios que presta el Estado, como es el caso de la infraestructura carretera, debe atender a las necesidades fundamentales de los habitantes que conforman el municipio, asegurando los niveles mínimos y suficientes para una vida digna.
Por lo anterior y en base a la problemática que con gran preocupación e visto que enfrenta la ciudad de San Martín Texmelucan, como consecuencia de que el proyecto de construcción de la obra de libramiento, comprendida entre la autopista México-Puebla ha quedado por mucho tiempo inconclusa.
Lo que ha traído serios problemas tanto a transportistas, automovilistas, como a los peatones, debido a que en los últimos meses se han suscitado múltiples accidentes automovilísticos y que se seguirán dando hasta que no se solucione este problema.
Que el índice de accidentes que afectan al municipio va cada vez en aumento convirtiendo a esta importante vía en una zona de gran peligro y que de no darle solución, segura cobrando la vida de seres inocentes.
Además, de que dicha obra de libramiento inconclusa, es consecuentemente generadora de congestionamiento vial lo que implica que su circulación sea no solo agobiante, sino caótica.
Al respecto, como representante de los poblanos he recibido innumerables peticiones de los habitantes y de diversos sectores de San Martín Texmelucan, Puebla, quienes exigen la conclusión de dicho libramiento.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2006 asigne una partida destinada a la culminación de la obra de libramiento inconclusa en el municipio de San Martín Texmelucan del estado de Puebla, con un costo aproximado de 80 millones de pesos.
Sala de Sesiones del Palacio legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.
Dip. René Meza Cabrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
QUE CONSIDERE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2006
RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTOS EN SAN MARTÍN
TEXMELUCAN, SAN MIGUEL HUEJOTZINGO, XICOTEPEC DE JUÁREZ, TEZIUTLÁN
Y PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, A CARGO DEL DIPUTADO RENÉ MEZA
CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.
El suscrito, René Meza Cabrera, diputado federal en ejercicio, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta: proposición con punto de acuerdo para: que en el ejercicio fiscal de 2006 se consideren los recursos necesarios para la construcción de libramientos en varios municipios del estado de Puebla, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Es responsabilidad del Estado procurar el desarrollo económico social y cultural de la población, a través de servicios públicos eficientes, entre ellos se tiene la construcción de vías de comunicación y los libramientos correspondientes.
La prestación de los servicios públicos, como es el caso de la infraestructura carretera, debe atender a las necesidades fundamentales de los habitantes que conforman el municipio, asegurando los niveles mínimos y suficientes para una vida digna.
El presente punto de acuerdo surge a raíz del problema actual que viven cinco importantes municipios del estado de Puebla: San Martín Texmelucan, San Miguel Huejotzingo, Xicotepec de Juárez, Teziutlán y el propio municipio de Puebla, debido a que no cuentan o son insuficientes los "libramiento" en sus ciudades, lo que implica que el flujo vehicular sea retardado y angustioso.
Además que, en los últimos años, se han suscitado múltiples accidentes que han cobrado la vida de varias personas consecuencia del traslado vehicular por sus calles y avenidas. Aunado a este problema, se tienen los daños causados a la salud pública por la contaminación generada por el flujo vehicular.
La construcción de estas obras de libramientos, resultan importantes, ya que no sólo beneficiarían a transportistas y automovilistas de dichos municipios, sino también al resto de la población del estado de Puebla y regiones vecinas, evitando así la acumulación vehicular en sus ciudades y permitiendo el traslado libre por las rutas alternas, a través de los libramientos.
Con dichas obras se reducirían los índices de contaminación, accidentes automovilísticos y se proporcionaría un servicio vial más eficiente.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, analice la canalización de los recursos necesarios para la construcción de libramientos en los municipios de San Martín Texmelucan, con un costo aproximado de 140 millones de pesos; San Miguel Huejotzingo, con un costo aproximado de 120 m1llones de pesos; Xicotepec de Juárez, con un costo de 80 millones de pesos, Teziutlán con un costo de 180 millones de pesos y el municipio de Puebla, con un costo aproximado de 300 millones de pesos, considerando que los presupuestos son estimativos, sujetos a las modificaciones y ajustes correspondientes.
Sala de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.
Dip. Lic. René Meza Cabrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE CONSIDERAR
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2006, EN LAS PARTIDAS
CORRESPONDIENTES AL ESTADO DE PUEBLA, TRES OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, A CARGO DEL DIPUTADO RENÉ
MEZA CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, René Meza Cabrera, diputado federal en ejercicio, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con Fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Presenta proposición con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006, se asigne a las partidas correspondientes al estado de Puebla, la inclusión de tres obras para la construcción de puentes, en beneficio del municipio de Puebla, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Es importante mencionar que la infraestructura carretera del estado de Puebla, cuenta con una red de caminos que ha sido parte importante en el desarrollo socioeconómico y cultural de la población.
Sin embargo, debido al constante desarrollo y crecimiento de las urbes, es necesario mejorar su infraestructura carretera, sobre todo aquellos caminos que han quedado rezagados y que tienen gran importancia como medios alimentadores de la población circulante.
Esto, debido a que en muchos de los casos, se trata de obras de hace muchos años, que ya resultan obsoletas y, por tanto, inservibles a las exigencias de la creciente explosión demográfica y que requiere necesariamente una modernización urgente.
Su conservación y modernización, permitirá el desarrollo de los diferentes sectores productivos, facilitando con ello el mejoramiento de la circulación, tanto para la comunidad automovilística agilizando su traslado a sus principales centros de concentración, ya sea comercios, trabajos, escuelas y demás lugares de destino.
Asimismo, se beneficiaria, a los peatones, puesto que con ello se disminuirían los índices de accidentes de tránsito.
De ahí que este punto de acuerdo tenga como objetivo principal, la consideración de recursos económicos necesarios con destino de mejoramiento de la red vial en el Municipio de Puebla.
Principalmente en la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, donde se requiere con urgencia la construcción de un puente que vaya del Boulevard Amalucan hasta el Boulevard Xonacatepec, que comunicaría a dos importantes unidades habitacionales, la de Amalucan con una población aproximada de 3,000 habitantes y la de Bosques de San Sebastián con una población de 15,000 habitantes.
Otra junta auxiliar que requiere apoyo, es la de San Miguel Canoa, donde la población exige la construcción de un puente que cruce desde Tlaltepango, con una población de 5,000 habitantes y termine en Villa Frontera con una población de 1,000 habitantes que, además, beneficiaría a las juntas auxiliares vecinas.
Asimismo, se debe considerar la construcción de un puente en la colonia de San Miguel, municipio de Puebla, que cuenta con una población de 5,000 habitantes, dicho puente cruzaría desde el Boulevard Valsequillo hasta 14 Sur, beneficiando a toda la población que comprende a los lados del Boulevard, que va desde el panteón municipal hasta la Junta auxiliar de San Pablo Xochimihuacan.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta H. asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y a la de Hacienda y Crédito Público que en el dictamen proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, se asigne a las partidas correspondientes al estado de Puebla, la inclusión de las siguientes obras, cuyo presupuesto es estimativo, sujeto a los ajustes o ampliaciones correspondientes:
b) Un puente que vaya de Tlaltepango y que comunique con la colonia Villa Frontera, con un costo de aproximadamente 50 millones de pesos; y
c) Un puente en San Miguel, que vaya del bulevar Valsequillo hasta 14 Sur, con un costo de aproximadamente 50 millones de pesos.
Dip. René Meza Cabrera
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LA SCT Y A LA SHCP PARA QUE
ASIGNEN A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS RECURSOS
A FIN DE INICIAR LOS TRABAJOS DE LA AUTOPISTA PALENQUE-SAN CRISTÓBAL
DE LAS CASAS, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE B. UTRILLA ROBLES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El que suscribe, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
Como es sabido, el estado, de Chiapas, presenta grandes rezagos en diversos sectores, rezagos que deben abatirse.
II.-El desarrollo nacional no ha sido homogéneo; cuestiones de tipo social, económico, geográfico y político han creado atraso y marginación en algunos estados de la República, particularmente en los situados en regiones del sur y sureste. Esta realidad requiere un esfuerzo compartido que permita desarrollar las enormes potencialidades de la región.
III.- Esta es una obligación no sólo moral: los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen como responsabilidad del Estado garantizar el desarrollo nacional de forma integral y sustentable, que fortalezca la soberanía nacional y su régimen democrático, procurando siempre un crecimiento económico, el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.
IV.-Las carreteras son el principal instrumento para el desplazamiento de bienes, servicios y personas; siendo una herramienta fundamental para la integración social, cultural y económica de las regiones por donde se establecen las vías. De su calidad depende el desarrollo de las actividades productivas, la explotación de recursos materiales y naturales; en fin el progreso entre comunidades y habitantes de todo el país.
V.- Por lo tanto, es claro que un país con una infraestructura carretera insuficiente, condena a sus localidades al aislamiento, dispersión, inseguridad y la falta de integración para alcanzar un desarrollo regional efectivo.
VI.- Particularmente en Chiapas, se ha estado pugnando durante muchos años por la ampliación de la carretera Palenque-San Cristóbal de las Casas por considerarse como una obra necesaria y prioritaria para el desarrollo de la Región con lo que se logrará la integración productiva de los diversos sectores, y el impulso de las actividades económicas en donde los recursos naturales son poco aprovechados.
VII.- Con la ampliación de la nueva autopista Palenque-San Cristóbal de las Casas, se abriría una nueva vía para el norte del estado y que daría establecido el corredor comercial que sería un beneficio extra a los nativos de la región, activaría el flujo de mercancías de las regiones noreste y norte del estado, así como su comercio hacia el exterior de la región. No sólo el sector industrial, agroindustrial, y maderero se fortalecerían, sino también el turístico, ya que contarían con una carretera segura donde se ahorraría tiempo de traslado, por lo que el flujo de turismo nacional se vería incrementado y, por ende, la generación de divisas.
Punto de Acuerdo
Resolutivos
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Comunicaciones y transportes y a la secretaria de hacienda, a fin de asignar al organismo descentralizado Puentes y Caminos Federales de Ingresos y Servicios los recursos necesarios para iniciar los trabajos de la autopista Palenque-San Cristóbal de las Casas.
Segundo. Las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión vigilarán que en la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 se prevean, en lo relativo a los recursos requeridos para la construcción de la carretera Palenque-San Cristóbal de las Casas.
Dip. Jorge B. Utrilla Robles (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
QUE INCLUYA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2006
UNA PARTIDA ESPECIAL PARA CONTINUAR EL PAGO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA
A LOS EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS A TRAVÉS DEL FIDEICOMISO
CREADO EX PROFESO EL 25 DE MAYO DE 2005, A CARGO DEL DIPUTADO ARTURO ROBLES
AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Antecedentes
En sesión ordinaria del Senado de la República, celebrada el 23 de octubre del 2003, se recibió un punto de acuerdo presentado por la Senadora Yolanda Eugenia González Hernández del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con el objeto de exhortar al Ejecutivo federal sobre la problemática del Programa Bracero.
La Mesa Directiva del Senado de la República, acordó el trámite de recibo del punto de acuerdo y decidió turnarlo para su estudio y dictamen a la Comisión de Gobernación.
Entre las consideraciones sobresalen las siguientes:
Que el 4 de agosto de 1942, los gobiernos de Franklin D. Roosevelt y de Manuel Ávila Camacho instituyeron el Programa Bracero.
Que el campesino mexicano tuvo entonces una alternativa al enrolarse de bracero al mismo tiempo que satisfacía la necesidad de fuerza de trabajo en los campos agrícolas norteamericanos.
Que con la introducción de la pizcadora mecánica y ante la abundancia de mano de obra "indocumentada" a mediados de los años sesentas terminó dicho programa, sin el menor reconocimiento a los miles de trabajadores mexicanos por su valiosa contribución al desarrollo de la economía y la industria agrícola estadounidense.
Que a los trabajadores agrícolas de aquella época se les quedó a deber algo más que reconocimientos superficiales, ya que durante todo el tiempo que prestaron sus servicios en territorio estadounidense, se les retuvo el 10 por ciento de sus salarios, porcentaje que se depositaba en cuentas de ahorro, generando un importante capital que debía ser entregado una vez que regresaran a su país.
Que según las autoridades estadounidenses, las deducciones fueron entregadas por el Gobierno de Washington al Banco de México, institución que las trasladó al Banco Agrícola, actualmente convertido en Financiera Rural; sin embargo, las autoridades mexicanas nunca devolvieron los fondos y actualmente a más de 50 años de estos sucesos, se argumenta que no se cuenta ni siquiera con los registros de dichos depósitos.
Que en la búsqueda de alternativas de solución a esta problemática, el 16 de noviembre del año 2000 se presentó una solicitud en la H. Cámara de Diputados para crear una Comisión Especial, cuyo objetivo específico era recabar la información necesaria con la se pudiera saber el destino de fondos pertenecientes a trabajadores braceros que prestaron sus servicios durante dicho periodo.
Que el 9 de mayo del presente año, diputados integrantes de la Comisión Especial presentaron un proyecto de Ley que crea el fideicomiso que administrará el Fondo de Contingencia para el apoyo de los ex braceros del periodo 1942-1964; asimismo, se acordó la elaboración de un padrón de beneficiarios a cargo de la Secretaría de Gobernación, el cual se pondría a disposición de la Cámara de Diputados, para que una vez aprobado el fideicomiso, se tuviera la certeza de las personas que serían beneficiarias del mismo.
La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, consideró la conveniencia de integrar nuevamente una Comisión Especial para darle seguimiento a los acuerdos ya tomados sobre la problemática del Programa Bracero. Así como dictaminar la iniciativa de Ley relativa a la posible creación de un fideicomiso que administrará el Fondo de Contingencia para el apoyo a los ex braceros del periodo 1942-1964.
El Presupuesto del año anterior aprobó 298.5 millones de pesos para el pago de una compensación económica a los trabajadores mexicanos braceros migratorios en Estados Unidos entre 1942 y 1964, el cual, bajo cualquier cálculo, no cubre a la totalidad de trabajadores que reclaman el reembolso de sus ahorros.
La continuidad en los pagos de las compensaciones económicas a los ex trabajadores migratorios mexicanos se encuentra amenazada, ya que el Presidente Fox, contraviniendo el 2o. artículo transitorio del decreto que sobre el particular publicara en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005, excluyó del Presupuesto una asignación para los miles de ex braceros a quienes se les retuvo por 22 años 10 por ciento de su salario con el fin de crear un fondo de ahorro, el cual nunca se les regresó.
Con base en lo anterior, propongo al Pleno de la Cámara de Diputados, con fundamento al artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la adopción del siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública incluya una partida presupuestal de 600 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2006 para la continuación del pago de compensación económica a los ex trabajadores migratorios mexicanos a través del Fideicomiso creado ex profeso el 25 de mayo de 2005.
Dado en San Lázaro, a 10 de noviembre de 2005.
Dip. Arturo Robles Aguilar (rúbrica)
El suscrito, en mi calidad de diputado federal a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, promuevo esta excitativa en virtud de que presente una iniciativa que a la fecha no ha sido dictaminada por la Comisión correspondiente; por lo que me permito acudir a usted, para los efectos pertinentes; y en este sentido expongo
Antecedentes
1. Con fecha once de mayo del 2005, presente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 7 y adiciona un último párrafo al artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
2. La iniciativa propone reformar la dinámica de desahogo de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad sean llevadas de manera transparente sin dar lugar a abusos de la Suprema Corte de Justicia.
3. El Presidente de la H. Cámara de Diputados turnó la Iniciativa de reformas a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Consideraciones
1. En México la democracia judicial ha asumido una actividad técnica en la resolución de los conflictos jurídicos contemporáneos, mediante la conjunción de factores sociales, económicos y culturales que se combinan con el desarrollo político nacional.
2. En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dotada de atribuciones de deliberación para lograr la interpretación de las normas jurídicas aplicables a un caso concreto mediante la jurisprudencia, sus resoluciones y las sentencias ejercen el control de la regularidad constitucional de los actos de las autoridades.
3. Esto también convierte a este máximo tribunal en el órgano responsable de la impartición de la justicia de carácter político-constitucional, que en la actualidad es una dinámica cotidiana al ejercer las facultades contenidas en el artículo 105, fracción I, de la Ley Fundamental. Esta disposición constitucional se encuentra íntimamente relacionada a las obligaciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación; debe cumplir dentro del ejercicio de las prerrogativas concedidas y cobra actualidad en el terreno del tratamiento dado por este máximo tribunal a la Controversia Constitucional presentada por el Titular del Poder Ejecutivo Federal el 21 de diciembre del 2004, en contra del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
4. El espíritu de estos dispositivos es garantizar la imparcialidad, la independencia y la racionalización en las determinaciones que adopte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la organización de su vida interna con la finalidad de cumplir mejor sus objetivos, así como brindar un dinámico y transparente tratamiento a los conflictos por medio de la individualización de los casos dentro de un procedimiento regido por las leyes previamente establecidas.
5. Todos los servidores públicos sea cual fuere el nivel debemos hacer cumplir lo que dispone la Constitución, como en el caso del artículo 94, que señala que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia tendrán derecho a una remuneración que perciban por sus servicios, por ser responsables directos de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación con arreglo a las facultades del Consejo de la Judicatura Federal.
6. Por ello con la finalidad de legitimar esta obligación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia es que deben firmar los votos que emitan en los acuerdos y resoluciones de su competencia y establecer una consecuencia legal que el Consejo de Judicatura Federal deba ponderar en su estudio permanente de la legalidad para actuar en consecuencia conforme a derecho, en el caso que los ministros no evidencien el sentido de sus votos o bien se abstengan de sufragar en las sesiones del pleno, cuando no se trate de los casos en que se ven jurídicamente impedidos, lo cual establecerá la certidumbre de que ningún ministro dejará de resolver con base a los principios de imparcialidad, transparencia y cohesión, como lo ordenan los objetivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en beneficio del Estado de derecho y de todos los mexicanos.
A usted, Presidente de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, muy atentamente pido se sirva:
Único. En los términos de la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso excite a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa que reforma los artículos 7 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Palacio Legislativo Federal, a 10 de noviembre de 2005.
Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JORGE LEONEL
SANDOVAL FIGUEROA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, en mi calidad de diputado federal a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, promuevo esta Excitativa en virtud de que presente una iniciativa que a la fecha no ha sido dictaminada por la Comisión correspondiente; por lo que me permito acudir a Usted, para los efectos pertinentes; y en este sentido expongo:
Antecedentes
1. Con fecha veintiséis de abril del 2005, presente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación.
2. La iniciativa tiene como finalidad establecer que la educación que imparta el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial debe fomentar el conocimiento y la cultura de la protección civil orientada a la prevención, la participación en los programas de ayuda, auxilio y reacción a la población en materia de desastres naturales.
3. El Presidente de la H. Cámara de Diputados turnó la iniciativa de reformas a la Comisión de Educación y Servicios Educativos.
Consideraciones
1. El 20 de septiembre de 1988, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que creó el Centro de Prevención de Desastres (Cenapred) que funge como instrumento dependiente de la administración pública federal con la encomienda de detectar, auxiliar y reaccionar ante la presencia de desastres naturales que se presenten en el país como resultado de los movimientos sísmicos ocurridos en varias regiones de México durante 1985; dependiendo este órgano en la actualidad del Sistema Nacional de Protección Civil que coordina la Secretaría de Gobernación.
2. La constante transformación del conocimiento en materia de desastres naturales, requirió de una política de reorganización de los órganos destinados a estructurar planes de protección ante eventualidades con impactos negativos a la sociedad y el entorno ecológico, que transforma una situación normal en una de emergencia, mediante la Ley General de Protección Civil, promulgada el 8 de mayo del 2000.
3. Derivado de lo anterior, nuestro país ha elaborado diversas campañas permanentes de capacitación en materia de desastres con la entusiasta participación de diversos organismos públicos y privados como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaria de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaria de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, la Secretaria de Salud, el Instituto Mexicano del Petróleo, la Comisión Nacional para el Conocimiento de la Biodiversidad, la Cruz Roja Mexicana, el Instituto de Tecnología el Agua, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Petróleos Mexicanos, así como organismos internacionales que investigan para crear diversos Comités Especializados en Fuerzas de Reacción dedicados a la atención de casos de inundaciones, incendios forestales, erupciones volcánicas, movimientos telúricos y huracanes.
4. En el caso de México, ni las autoridades, ni la sociedad civil hemos ponderado los efectos en caso de ocurrir un tsunami en el Océano Pacifico o el Golfo de México, por menor que fuese podría cruzar distancias considerables y arribar incluso a costas lejanas, como sucedió en el mar de Chile en 1960.
5. Pocos mexicanos conocemos que la ubicación planetaria de nuestro territorio favorece la gestación de los tsunamis, generados por sismos originados en la Fosa de Mesoamérica, ubicada en la zona de hundimiento de la Placa de Rivera en Norteamérica que genera la acumulación de energía subterránea que se libera en la llamada Falla de San Andrés; como ocurrió en octubre de 1985 en diversas poblaciones costeras de Colima y Jalisco donde se registraron olas hasta de cinco metros de altura registrado graves pérdidas humanas y patrimoniales.
6. Es trascendental valorar que desde el año 2000, no se ha generado mayor avance en la búsqueda del conocimiento legislativo por conocer los sismos que al momento de registrar su origen puedan desatar un tsunami y más aún cuáles son las medidas que deberán adoptarse durante su manifestación, ni se han establecido en los últimos cuatro años programas dirigidos a cultivar la generación de tecnología en la prevención de desastres derivados de maremotos, ni se ha implementado un serio plan de educación en los niveles básico, medio y medio superior debidamente auspiciado por la Secretaría de Educación Pública en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil para hacer frente a la necesidad de instruir a los alumnos la cultura del autocuidado.
7. Con la finalidad de que la Ley General de Educación, en su calidad de reglamentaria de este mandato de la Ley Fundamental, se adicione el compromiso de las instituciones educativas públicas y privadas que reconoce la Secretaría de Educación Pública para propagar en la formación del educando con la participación de los docentes de toda la República Mexicana, la permanente difusión de la educación en materia de protección civil.
8. Lo anterior traerá como consecuencia que la niñez mexicana cuente con los valores de la unión familiar en beneficio del país y de una mejor sociedad, por ello propongo una adicionar una fracción XIII al artículo 7 de la Ley General de Educación que permita el desarrollo de programas coordinados con la Secretaria de Educación Pública, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las organizaciones nacionales no gubernamentales para lograr el efecto previsto con la finalidad de contrarrestar los posibles riesgos de catástrofes en el territorio nacional.
A usted, Presidente de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, muy atentamente pido se sirva:
Único. En los términos de la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso excite a la Comisión de Educación y Servicios Educativos para que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación.
Palacio Legislativo Federal, a los 10 días del mes de noviembre de 2005.
Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,
A SOLICITUD DEL DIPUTADO JORGE LEONEL SANDOVAL FIGUEROA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, en mi calidad de diputado federal a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, promuevo esta Excitativa en virtud de que presente una iniciativa que a la fecha no ha sido dictaminada por la Comisión correspondiente; por lo que me permito acudir a Usted, para los efectos pertinentes; y en este sentido expongo:
Antecedentes
1. Con fecha catorce de abril del 2005, presenté iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. La iniciativa tiene como finalidad establecer un término no mayor a 40 días hábiles para que las autoridades den respuesta a las peticiones que formulan a las autoridades.
3. El Presidente de la H. Cámara de Diputados turnó la Iniciativa de reformas a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Consideraciones
1. En el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se señala que el derecho a la información será garantizado por el Estado, lo cual significa que el Gobierno deberá difundir la información que se genera a quien la solicite de manera oportuna con arreglo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, no obstante que ésta hace una clasificación en sus artículos 13 y 18 sobre lo que constituye la información reservada y la información confidencial, sin definir el concepto, ni los alcances de esos términos, por ello opera este cuerpo normativo en muchos casos como un recurso para evadir la respuesta al individuo sobre el tema solicitado y por ende se incumple esta obligación del Estado.
2. Por otra parte, si algún interesado considera que la información proporcionada por el gobierno es insuficiente o inoportuna, ejerce la facultad conferida en el Artículo 8 de la Ley Fundamental con el derecho de petición, siendo importante señalar que una vez emitida la solicitud a la autoridad, ésta debe dictar un acuerdo por escrito en el que se aborde el estado del trámite de la respuesta o bien la contestación en un término breve.
3. Sin embargo, en la práctica nos enfrentamos a un vacío legal respecto lo que se interpreta como término breve, toda vez que no se señala en el texto legal un plazo, lo cual propicia el abuso por parte de las autoridades con el fin de retardar dolosamente su obligación de proporcionar la información requerida, o bien en muchos casos incumplen esta obligación de manera infundada e injustificada.
4. Así mismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido en sus diversas épocas sendas interpretaciones jurisprudenciales respecto al contexto que entraña el concepto constitucional "término breve", y señalan en la mayoría de las tesis que será por un máximo de 120 días hábiles, porque durante esos cuatro meses se deja en aptitud a la autoridad de localizar los archivos que contienen la información requerida, criterio que fue rescatado en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo además de preceptuar diversos requisitos previos para satisfacer las peticiones en la materia y que implican formalidades que la constitución no establece.
5. Es necesario ponderar que la Constitución como Norma Suprema del Estado Mexicano, no puede continuar sujeta a interpretaciones basadas en resoluciones derivadas de conflictos de contradicción de tesis jurisprudenciales que solo alientan los abusos de las autoridades renuentes al respeto de las garantías individuales y mucho menos a constreñirse al término de 120 días hábiles por ser excesivo y atentatorio del espíritu de los artículos 6 y 8 de la Ley Fundamental.
A usted, Presidente de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, muy atentamente pido se sirva:
Único. En los términos de la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso excite a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa que reforma el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo federal, a los 10 días del mes de noviembre de 2005.
Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica)