HONORABLE ASAMBLEA
A la Comisión que suscribe, de Transportes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnado por la Mesa Directiva de ésta Cámara, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, INFORME EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL TRAMITE DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN POR LAS DIVERSAS AEROLÍNEAS PARA OPERAR EN PUERTO VALLARTA; presentado el día jueves 6 de noviembre del 2003, por el Diputado Federal FRANCISCO JAVIER BRAVO CARVAJAL, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
Los integrantes de esta Comisión dictaminadora de Transportes, con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 39 fracción XXXVI, 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica; y 60 párrafo primero, 65, 85, 88, 89 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; se abocaron al estudio y análisis de la Proposición descrita, con la finalidad de emitir el correspondiente DICTAMEN, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
2. Los integrantes de ésta Comisión, como resultado de las reuniones celebradas, estudiaron y analizaron la Proposición en Cuestión.
b) Diversas aerolíneas han solicitado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, autorización para la operación de estas rutas, a fin de proporcionar un mejor servicio, tarifas y horarios, en beneficio del usuario de la ruta de Vallarta - México.
B.- De igual forma, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Trasportes, 2001 - 2006, establece que la política aeronáutica tiene como propósito central el promover el desarrollo del sector aeronáutico y propiciar su operación eficiente sobre bases de competencia equitativa, en un marco de respeto a la legislación vigente y de salvaguarda de la seguridad operacional, y con sustento en la incorporación de equipos modernos, la capacitación del personal técnico-aeronáutico, una infraestructura de calidad, tecnologías de punta y sistemas eficientes de control de tráfico aéreo.
También es importante señalar, que del contenido del artículo 10 de la Ley de Aeropuertos, se desprende que: "... se requiere concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la administración, operación, explotación y; en su caso, construcción de aeropuertos. Las concesiones a que se refiere éste artículo se otorgarán únicamente a sociedades mercantiles constituidas conforme a las leyes mexicanas e incluirán las actividades de administración, operación, explotación y, en su caso, construcción ...".
C.- Los integrantes de ésta Comisión Dictaminadora, en atención a la presentación del Punto de Acuerdo en referencia, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3; y 89, de la Ley Orgánica y del Reglamento, respectivamente; ambos para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitaron la información concerniente al Punto de Acuerdo en referencia; al organismo administrativo correspondiente, siendo la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependiente del Poder Ejecutivo Federal, el organismo que remitió Oficio número 106.313/03, de fecha diez de diciembre del año dos mil tres (el cual se anexa al cuerpo del presente dictamen), informando lo siguiente:
D.- "..... Las empresas nacionales y extranjeras que llevan a cabo operaciones de pasaje desde y hacia Puerto Vallarta, Jalisco, son:
1. Empresas mexicanas con rutas nacionales:
MEXICANA DE AVIACIÓN, con ruta autorizada;
CIUDAD DE MÉXICO - PUERTO VALLARTA.
AERO CALIFORNIA, con ruta autorizada; CIUDAD
DE MÉXICO - PUERTO VALLARTA.
AEROLITORAL, con ruta autorizada; GUADALAJARA
- PUERTO VALLARTA; y LEÓN (El Bajío) - PUERTO VALLARTA.
LÍNEAS AÉREAS ALLEGRO, con ruta autorizada;
PUERTO VALLARTA - OAKLAND (U.S.A.)
MEXICANA DE AVIACIÓN, con ruta autorizada;
PUERTO VALLARTA - CHICAGO (U.S.A.)
ATA AIRLINES, con ruta autorizada; CHICAGO -
PUERTO VALLARTA
CONTINENTAL AIRLINES, con ruta autorizada; HOUSTON
- PUERTO VALLARTA
FRONTIER AIRLINES, con ruta autorizada; DENVER
- PUERTO VALLARTA
NORTHWEST AIRLINES, con ruta autorizada; MINNEAPOLIS
(Saint Paul) - PUERTO VALLARTA
PRIMERO.- Que el derecho ejercido por el legislador promovente, se sustenta en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO.- Esta H. Comisión de Transportes, es competente para resolver sobre el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1 y 2, fracción XXXVI y 45, numeral 6, incisos e) y f) de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 65, 85, 88, 89 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO.- Que en atención a la presentación del Punto de Acuerdo en referencia, los integrantes de ésta Comisión Dictaminadora; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3; y 89, de la Ley Orgánica y del Reglamento, respectivamente; ambos para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitaron la información concerniente al organismo administrativo correspondiente.
Motivo por el que en base a lo anteriormente expuesto; y de manera conjunta, los integrantes de ésta H. Comisión de Transportes convenimos en presentar a ésta Honorable Asamblea, el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- En virtud de los razonamientos expuestos
en el cuerpo del presente DICTAMEN; esta Soberanía, considera desahogada
la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES INFORME EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL
TRAMITE DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN POR LAS DIVERSAS AEROLÍ-
NEAS PARA OPERAR EN PUERTO VALLARTA, JALISCO,
de conformidad a la información vertida en el inciso D.-,
del Capitulo denominado CONSIDERACIONES, en el cuerpo del presente
DICTAMEN.
SEGUNDO.- En consecuencia, archívese el presente asunto como totalmente concluido
Dado en la Sala de Sesiones de la Comisión de Transportes.
H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Poder Legislativo de la Unión, a los 30 días del mes de noviembre del año 2004.
Por la Comisión de Transportes
Diputados: Francisco Juan Ávila Camberos
(rúbrica), Presidente; Renato Sandoval Franco (rúbrica),
José Carmen Arturo Alcántara Rojas (rúbrica), José
Rubén Figueroa Smutny (rúbrica), Gelacio Montiel Fuentes
(rúbrica), secretarios; Baruch Alberto Barrera Zurita (rúbrica),
Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), María
del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Diego Palmero Andrade,
Alfredo Fernández Moreno (rúbrica), José Orlando Pérez
Moguel (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica), María
Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Valentín
González Bautista (rúbrica), Inelvo Moreno Álvarez
(rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo, Roger David Alcocer
García (rúbrica), Humberto Cervantes Vega, Jesús Ángel
Díaz Ortega (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica),
Graciela Larios Rivas, Felipe Medina Santos (rúbrica), Eviel Pérez
Magaña, Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), Rómulo
Isael Salazar Macías (rúbrica), Adrián Villagómez
García (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica),
Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia
(rúbrica).
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y DE ENERGÍA, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA SEMARNAT QUE INFORME SOBRE EL ESTADO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DE LA REGIÓN CUENCA DE BURGOS Y SOBRE LAS MEDIDAS QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO PARA RESARCIR EL DETERIORO EN EL ENTORNO NATURAL DE LA REGIÓN
HONORABLE ASAMBLEA :
A Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de la LIX Legislatura le fue turnada para su análisis y dictamen el presente Punto de Acuerdo por el que solicita a la SEMARNAT informe sobre el estado que guarda el programa de ordenamiento ecológico de la Región Cuenca de Burgos y sobre las medidas que está llevando a cabo para resarcir el deterioro en el entorno natural de la región, a nombre de la Diputada Maki Esther Domínguez del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía de la H. Cámara de Diputados, son competentes para dictaminar la proposición en comento, por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:
ANTECEDENTES
1.- Con fecha 29 de abril del año 2004, la Diputada Maki Esther Domínguez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó el Punto de Acuerdo por el que se solicita "a la SEMARNAT informe sobre el estado que guarda el programa de ordenamiento ecológico de la Región Cuenca de Burgos y sobre las medidas que está llevando a cabo para resarcir el deterioro en el entorno natural de la región". Con la misma fecha la Mesa Directiva, turno a Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía de esta LIX Legislatura.
2.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha acordó turnar la Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa para su análisis y dictamen a Comisiones Unidas.
3.-Tomando como base los elementos de información disponibles así como la propuesta multicitada, Comisiones Unidas se abocaron al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
1.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN:
El Punto de Acuerdo tiene la finalidad de solicitar a la SEMARNAT información sobre el estado que guarda el programa de ordenamiento ecológico de la Región Cuenca de Burgos y sobre las medidas que está llevando a cabo para resarcir el deterioro en el entorno natural de la región. Como segundo artículo solicita a la Secretaría de Desarrollo Social para que informe los criterios ecológicos y los beneficios que en esta materia ha logrado, como parte de sus medidas de desarrollo urbano implementadas en la región de la cuenca de Burgos. Por último la Diputada proponente solicita a Petróleos Mexicanos informe a esta soberanía sobre los criterios ecológicos que ha adoptado como parte de sus medidas implementadas en su actividad de obtención y producción de gas.
2.- En México, la zona productora más importante de gas no asociado con la extracción de petróleo es la Cuenca de Burgos. Esta área se define geológicamente como depósito del antiguo dominio marino, con múltiples paquetes arenosos intercalados con estratos de arcilla. Esta formación data de la Era Terciaria, y contiene yacimientos de gas natural alojados en sus hondas arenosas.
3.- En función de las características mencionadas, se desarrolló "el Proyecto Integral Cuenca de Burgos", uno de los más importantes que ejecuta Petróleos Mexicanos, el cual durante el periodo 1995-2001, ha aumentado en 77 por ciento la producción nacional de gas natural.
4.- Existe inquietud sobre el impacto ambiental que está generando este proyecto sobre todo en la gran pérdida de suelos y cobertura vegetal, lo que ha generado que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente sancionara a PEMEX y a diversas empresas transnacionales por la contaminación que han provocado en la región, la cual se prevé que aumente, ya que en repetidas ocasiones directivos como el Ingeniero Alfredo Guzmán, Subdirector de la Región Norte de PEMEX Exploración y Producción, han anunciado su intención de duplicar la producción actual de gas natural para atender la demanda creciente del energético en el noreste del país y es una realidad, que en dicha Cuenca se desarrolla un intenso programa de perforación de pozos exploratorios y de desarrollo para mantener la producción de gas natural por encima de los mil millones de pies cúbicos diarios.
5.- En las Consideraciones de la proposición con Punto de Acuerdo, se hace hincapié que en la Región Cuenca de Burgos (la cual se localiza al Noroeste del país) es una zona poseedora de enormes recursos naturales renovables y no renovables, y no solo de las reservas de gas natural; sino también gran cantidad de recursos pesqueros.
6.- Hace mención también, que la Región Cuenca de Burgos incorpora seis Áreas Naturales Protegidas, 98 municipios (31 del Estado de Coahuila, 48 de Nuevo León y 19 de Tamaulipas) abarcando un total de 208,805 Km2.
7.- Se señala que la Cuenca de Burgos afecta a las cuencas del bajo Río San Juan y Bajo Río Bravo, y que ha incrementado los problemas de colecta y calidad de agua así como la conservación del suelo. Esta infraestructura también ha impactado a la presa Marte R. Gómez y colateralmente los distritos de riego en Tamaulipas, además de generar daños directos en la vegetación por obras de exploración que incluyen brechas y caminos de acceso, fragmentando con ello el hábitat natural ya de por si afectado por actividades agrícolas, urbanas y extractivas.
Por todo lo anterior expuesto, se considera conveniente hacer una revisión al proyecto Cuenca de Burgos, en materia ambiental a manera de verificar la sustentabilidad del mismo.
Sin embargo, se considera que el Punto de Acuerdo multicitado, no es la vía conveniente, para solicitar dicha información en virtud de la existencia de un acuerdo parlamentario "De la Conferencia para la Dirección y Programación de los trabajo legislativos, relativo al Orden del día de las Sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del Sistema Electrónico de Votación", que en su Artículo Décimo Segundo, en el que señala que no constituye objeto de una proposición la solicitud de información a una dependencia gubernamental. Dicho acuerdo está signado por el Presidente de la Mesa Directiva así como por todos los coordinadores de los seis diferentes grupos parlamentarios, el 7 de octubre de 2003; quedando sin materia el presente Punto de Acuerdo.
Por lo anteriormente expuesto, de conformidad a lo establecido en los artículos 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unido Mexicanos, y derivado del análisis y estudio hecho a la proposición con Punto de Acuerdo por la Diputada proponente, los integrantes de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía de la H. Cámara de Diputados, emiten el siguiente:
RESOLUTIVO :
ÚNICO.- La información motivo de la proposición con Punto de Acuerdo ha sido solicitada por Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Energía; de conformidad con lo previsto en el artículo 45, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General, así como de los artículos 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior, por lo que se considera no procedente el Punto de Acuerdo por el que se solicita a la SEMARNAT informe sobre el estado que guarda el programa de ordenamiento ecológico de la Región Cuenca de Burgos y sobre las medidas que está llevando a cabo para resarcir el deterioro en el entorno natural de la región, aunado a que en la LIX Legislatura de esta H. Cámara de Diputados se conformó la Comisión Especial Cuenca Burgos para atender la problemática que se presenta en la zona.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de diciembre de dos mil cuatro.
Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas, Lorena Torres Ramos, Mario Ernesto Dávila Aranda, Regina Vázquez Saut (rúbrica), María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), Humberto Filizola Haces (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez, Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica).
Por la Comisión de Energía
Diputados: Francisco Xavier Salazar Díez
de Sollano (rúbrica), Manuel E. Ovalle Araiza (rúbrica),
Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Óscar
Pimentel González (rúbrica), Pablo Pavón Vinales (rúbrica),
Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Juan Fernando
Perdomo Bueno (rúbrica), Carla Rochín Nieto, Hidalgo Contreras
Covarrubias, Jorge Luis Hinojosa Moreno, José Antonio de la Vega
Asmitia (rúbrica), Manuel López Villarreal (rúbrica),
Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Ricardo Alegre Bojórquez
(rúbrica), Jorge Martínez Ramos (rúbrica), Josefina
Cota Cota, Rosa María Avilés Nájera (rúbrica),
Yadira Serrano Crespo, José Adolfo Murat Macías (rúbrica),
Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Francisco Herrera
León (rúbrica), Francisco J. Rojas Gutiérrez (rúbrica),
Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Jesús Vizcarra Calderón,
Raúl Pompa Victoria, Ricardo Rodríguez Rocha, Sergio Arturo
Posadas Lara, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica),
Óscar González Yáñez, Julio Horacio Lujambio
Moreno (rúbrica).
DE LAS COMISIONES DE ENERGIA, Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES QUE RINDAN A LA CÁMARA DE DIPUTADOS UN INFORME SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMOELÉCTRICA DEL GOLFO, EN EL MUNICIPIO DE TAMUÍN, SAN LUIS POTOSÍ
HONORABLE ASAMBLEA
A las comisiones de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fue turnado para su dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a las autoridades correspondientes rindan informe a la Cámara de Diputados sobre la construcción de la Termoeléctrica del Golfo en el Municipio de Tamuín, San Luis Potosí, que en ejercicio del artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentó el C. Diputado Arnulfo Garza Martínez a nombre de los integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México.
Con fundamento los artículos 39 y 45 inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones que suscriben se abocaron al estudio y análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita.
Antecedentes
1. En sesión celebrada el día 26 de octubre del 2000, los CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados dieron cuenta al Pleno de la misma del Punto de Acuerdo presentado por el C. Diputado Arnulfo Garza Martínez.
2. En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva, acordó dar el siguiente trámite: "túrnese a la Comisión de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la elaboración del dictamen correspondiente".
3. En la exposición de motivos de la Proposición con Punto de Acuerdo, se argumenta lo siguiente:
- Que la planeación, evaluación y construcción de la primera fase de esta obra al parecer ha presentado diversas inconformidades por parte de los huastecos, con relación al deterioro ambiental, a irregularidades en la tramitación de licencias y permisos.
- Que si bien es cierto, la población potosina desea ver a su estado como tierra de progreso, y para ello la generación de energía eléctrica es un elemento de primer orden, no es menos cierto que hay que cuidar el medio ambiente para que no se vea deteriorado por la construcción de la termoeléctrica, ya que gran parte de la economía de la región gira en torno a sus recursos naturales, siendo la agricultura y la ganadería unas de las actividades principales.
- Que preocupan las irregularidades administrativas y corrupción que presuntamente permean en la construcción de este proyecto.
- Finalmente, los autores del punto de acuerdo señalan que esas presuntas irregularidades se manifiestan por el acuerdo tomado en sesión de cabildo de la anterior administración municipal de Tamuín, en donde unánimemente, sin consultar a especialistas en la materia, autorizaron el permiso de uso del suelo para la instalación de un beneficio particular.
- Conformar una terna de peritos que sea propuesta por instituciones de carácter público, para que estos peritos emitan un dictamen técnico de impacto ecológico, apoyándose en la documentación solicitada en el punto anterior.
- Que dicho dictamen determine, en primer lugar, si hubo irregularidades en las gestiones de carácter administrativo y, en segundo, que especifique el deterioro ambiental, que produce la construcción de la termoeléctrica.
- Vislumbrar el uso de gas natural u otras fuentes alternativas de generación de electricidad a fin de proteger el medio ambiente, pues la utilización de alrededor de 650 mil toneladas de coque de petróleo que la termoeléctrica pretende quemar en un año, producirá un grave problema a la naturaleza atmosférica de la región.
Que mediante diversas gestiones se logró recabar la documentación que a continuación se detalla:
- Autorización en materia de Impacto Ambiental condicionada, expedida el 11 de julio de 1999 por el Instituto Nacional de Ecología.
- Licencia estatal de uso de suelo No. Tamuín-164/99, expedida el 2 de agosto por la Dirección General de Desarrollo Urbano, Vivienda, Planeación y Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas de San Luis Potosí.
- Licencia de Construcción expedida por la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tamuín S.L.P., el 20 de febrero de 2000.
- Título de concesión No 09SLP102669/26FAGC-99, para aprovechar aguas superficiales de propiedad nacional y ocupación de zona federal expedido el 8 de enero de 2000 por la Comisión Nacional del Agua.
- Permiso para la descarga de aguas residuales al Río Tampaón expedido el 22 de febrero de 2000, por la Comisión Nacional del Agua.
- Permiso para la construcción o modificación de obras en zonas federales expedido el 28 de febrero de 2000, por la Comisión Nacional del Agua.
- Autorización para la construcción y operación de un depósito de cenizas expedido el 3 de octubre de 2000, por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.
- Dictamen que señala como residuos no peligrosos las cenizas procedentes del proceso industrial de generación eléctrica de la Termoeléctrica del Golfo, expedido el 16 de diciembre de 2000 por el Instituto Nacional de Ecología.
Esta autorización contiene sesenta condiciones que la termoeléctrica deberá cumplir en las fases de construcción, operación y mantenimiento, cuyo grado de cumplimiento deberá informar trimestralmente a las delegaciones de la PROFEPA y de SEMARNAT de San Luis Potosí.
La SEMARNAT podrá evaluar nuevamente la Manifestación de Impacto Ambiental y solicitar información adicional con el fin de revalidar la autorización otorgada, modificarla, suspenderla o revocarla si estuviera en riesgo el equilibrio ecológico o se produjeran afectaciones nocivas imprevistas en el medio ambiente.
Que los términos de la resolución de Impacto Ambiental se refieren a la instalación de equipo y maquinaria especializada para coque de petróleo y ningún otro combustible alternativo para la generación de electricidad, como lo propone el punto de acuerdo.
Una de las condiciones para que pueda iniciar la operación de la termoeléctrica, -lo que seguramente ocurrirá en unas pocos meses más- es que para la obtención de la Licencia Ambiental Única se deberá garantizar que los sistemas de control de emisiones a la atmósfera aseguren un adecuado control ambiental y cumplan con la normatividad ambiental vigente.
De acuerdo con lo dispuesto por inciso c) de la fracción V, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios están facultados para autorizar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales, por lo cual la sesión de cabildo en la que se autorizó el uso del suelo para la instalación de la termoeléctrica actuó en pleno ejercicio de sus atribuciones.
En la expedición de la documentación descrita han intervenido cuatro dependencias del Gobierno Federal (SEMARNAT, Instituto Nacional de Ecología; PROFEPA y la Comisión Nacional del Agua), dos organismos del Gobierno de San Luis Potosí (Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas y la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental), por lo tanto es improcedente integrar una terna de peritos, propuesta por seguramente las mismas instituciones públicas, para que emitan otro dictamen técnico de impacto ecológico del proyecto en cuestión.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las comisiones de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales formulan los siguientes:
Resolutivos
PRIMERO.- Es improcedente la proposición con punto de acuerdo, en virtud de que la materia y causas que lo originaron han quedado resueltas.
SEGUNDO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
TERCERO. Comuníquese la presente resolución a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos conducentes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de diciembre de 2004.
Por la Comisión de Energía
Diputados: Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano (rúbrica), Manuel E. Ovalle Araiza (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Óscar Pimentel González (rúbrica), Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Juan Fernando Perdomo Bueno, Carla Rochín Nieto (rúbrica), Hidalgo Contreras Covarrubias (rúbrica), Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), José Antonio de la Vega Asmitia (rúbrica), Manuel López Villarreal (rúbrica), Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Ricardo Alegre Bojórquez, Jorge Martínez Ramos, Narciso Agúndez Montaño, Rosa María Avilés Nájera, Yadira Serrano Crespo, Alfredo del Mazo González, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Francisco Herrera León (rúbrica), Francisco J. Rojas Gutiérrez, Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Jesús Vizcarra Calderón, Raúl Pompa Victoria (rúbrica), Ricardo Rodríguez Rocha, Sergio Arturo Posadas Lara (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Óscar González Yáñez, Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica).
Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles
Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano
(rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Carlos Manuel
Rovirosa Ramírez, José Luis Cabrera Padilla (rúbrica),
secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl
Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría
Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario Ernesto
Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut, María
Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo Enrique Marcos
Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica),
Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar
Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez
(rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar
Félix Ochoa, Miguel Amezcua Alejo, Humberto Filizola Haces, Jacobo
Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo,
Francisco Alberto Jiménez Merino, Adrián Chávez Ruiz
(rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica),
Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés
(rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio, Nancy Cárdenas
Sánchez (rúbrica).
DE LAS COMISIONES DE ENERGIA, Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO POR LAS QUE SE SOLICITA A LAS AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES QUE IMPIDAN LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE GAS NATURAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Honorable Asamblea:
A la las comisiones de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, les fueron turnadas para su discusión y resolución dos proposiciones con punto de acuerdo en las que se solicita a las autoridades federales y estatales la suspensión de la instalación de una planta de recepción, almacenamiento y distribución de gas natural en la Delegación de Playas de Tijuana, Baja California.
Con fundamento los artículos 39 y 45, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones que suscriben se abocaron al estudio y análisis de dichos puntos de acuerdo.
Antecedentes
Con fecha 14 de diciembre del 2002, el diputado Jaime Martínez Veloz Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó al Pleno de esta Cámara la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita al Poder Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría de Energía y a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales se impida la instalación del centro de recepción, desgasificación (sic) y distribución de gas natural en el municipio de Tijuana, Baja California.
Con fecha 12 de marzo del 2003, la diputada Julieta Prieto Furkhen del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó a la Comisión Permanente la Proposición con Punto de Acuerdo, por la que se solicita que en caso de que la empresa Marathon Oil/Gas Natural de Baja California no hubiese cumplido con las especificaciones correspondientes, se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Reguladora de Energía, al Gobierno del Estado de Baja California y al municipio de Tijuana procedan conforme a la legislación y normas vigentes a sancionar o en su caso a suspender la construcción de la planta mencionada.
Contenido de los Puntos de Acuerdo
Sustancialmente ambos puntos de acuerdo manifiestan que la instalación de la planta de gas natural antes referida, resulta inadecuada por lo siguiente:
Este proyecto vulnera la seguridad de las familias de la zona, ya que los peligros y riesgos de la planta se agudizan por los dos tanques de almacenamiento de gas que se pretenden ubicar a 1.5 Km de distancia de la población de Playas de Tijuana en la cual residen más de 100,000 habitantes.
Con base en estos argumentos, los puntos de acuerdo en cuestión solicitan a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales al Gobierno del Estado de Baja California y al Municipio de Tijuana informen sobre si la empresa Marathon Oil/Gas Natural de Baja California ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos ambientales para la construcción de la planta de gas natural y en caso de no haberlo hecho se proceda a suspender la construcción de la referida planta.
Considerandos
En atención a la solicitud planteada por los asuntos en comento, la Comisión de Energía recabó la siguiente información:
Oficio 0369.04, de la Dirección General de Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Copia del Comunicado del Secretario de General de Gobierno del Estado de Baja California enviado a los señores James Callahan, Presidente de la Cámara Americana de Comercio en México y Héctor Rangel Domene, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
El 30 de abril de 2003, la Comisión Reguladora de Energía -CRE- con fundamento en los artículos 4º, segundo párrafo, 13 y 14 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; 2º, fracción VI, 3º, fracciones VIII, XII, XIX y XXII, 4º y 11 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; 1º y 3º, fracciones XIV y XV, 35 y 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 1º, 7º, 14, 22, 25, 32, 33, 34, 35, 37, 60, 62, 66, 67, 71, fracción IV y 82 del Reglamento de Gas Natural, otorgó a la empresa Marathon Oil Corporatión -MOC- el permiso para desarrollar, construir y operar la planta de almacenamiento de gas natural licuado con equipos de regasificación en Tijuana, Baja California.
Este permiso establece las obligaciones de carácter técnico, económico y jurídico que debe cumplir el concesionario para construir y operar la planta de gas natural licuado. Las disposiciones contenidas en este permiso disponen que el proyecto deberá desarrollarse con los más altos estándares de seguridad e ingeniería, atendiendo a las normas oficiales mexicanas y al marco jurídico previsto en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y en el Reglamento del Gas Natural.
Sin embargo, el permiso otorgado a MOC, por supuesto que de ningún modo cubre alguno de los requisitos establecidos en los ordenamientos federales y locales en materia ambiental, los cuales la empresa deberá tramitar ante las instancias correspondientes, empezando, desde luego, por la Manifestación de Impacto Ambiental.
Respecto a esto último, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, informa que tanto esta oficina como la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Baja California no tienen registrado alguna Manifestación de Impacto Ambiental, en cualquiera de sus modalidades para la construcción de una planta de gas natural licuado en la Delegación Playas de Tijuana, Municipio de Tijuana, Baja California.
Por otra parte, el pasado 27 de febrero de 2004, se publicaron en el Periódico Oficial del Estado el Acuerdo mediante el cual se expropian 988, 773,178 metros cuadrados, a efecto de regularizar los terrenos destinados a la vivienda popular y el Acuerdo mediante el cual se expropian 7,479,348,288 metros cuadrados para el desarrollo de la industria, vivienda, comercio e industria turística, entre otros, mismos que conforman la superficie expropiada.
Debido a que una gran parte de esta superficie expropiada era terrenos donde se proyectaba construir y operar la planta de gas natural, MOC se vio obligada a retirar su inversión de Baja California.
Sin embargo, ni en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio ni en la Oficina Catastral Municipal, ambos en Tijuana B.C., se advirtió que MOC, sus filiales, agentes o subsidiarias, extranjeras o nacionales cuenten con título de propiedad o contrato alguno mediante el cual se desprenda en su favor algún derecho de propiedad, posesorio o de cualesquier otro tipo, en o próximo a la superficie expropiada.
Tampoco consta en los archivos de las dependencias estatales y municipales solicitud alguna para obtener la autorización de uso del suelo por parte de la autoridad municipal, así como del resto de las autorizaciones que en ejercicio de sus atribuciones expiden las autoridades locales.
En suma, de acuerdo a declaraciones expresadas por funcionarios de la MOC a las autoridades del gobierno de Baja California, de un total de por lo menos 21 autorizaciones que regularmente requiere un proyecto como el que se pretendía llevar a cabo tan sólo se contaba con la autorización expedida por la CRE, misma, que, repetimos, se otorga sin perjuicio de las demás autorizaciones correspondientes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las comisiones de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales formulan el siguiente:
Resultando
PRIMERO.- En virtud de que el propósito de la Proposición con Punto de Acuerdo ha sido satisfecho en el mismo sentido planteado por ésta, se considera el asunto en comento como total y definitivamente concluido.
SEGUNDO. Comuníquese la presente resolución a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos conducentes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de diciembre de 2004.
Por la Comisión de Energía
Diputados: Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano (rúbrica), Manuel E. Ovalle Araiza (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Óscar Pimentel González (rúbrica), Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica), Carla Rochín Nieto (rúbrica), Hidalgo Contreras Covarrubias (rúbrica), Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), José Antonio de la Vega Asmitia (rúbrica), Manuel López Villarreal (rúbrica), Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), Jorge Martínez Ramos, Narciso Agúndez Montaño (rúbrica), Rosa María Avilés Nájera, Yadira Serrano Crespo, José Adolfo Murat Macías (rúbrica en contra), Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Francisco Herrera León (rúbrica), Francisco J. Rojas Gutiérrez, Humberto Cervantes Vega, Jesús Vizcarra Calderón, Raúl Pompa Victoria, Ricardo Rodríguez Rocha, Sergio Arturo Posadas Lara, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, Óscar González Yáñez, Julio Horacio Lujambio Moreno.
Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles
Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano
(rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Carlos Manuel
Rovirosa Ramírez, José Luis Cabrera Padilla (rúbrica),
secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl
Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría
Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario Ernesto
Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut, María
Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo Enrique Marcos
Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica),
Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar
Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez
(rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar
Félix Ochoa, Miguel Amezcua Alejo, Humberto Filizola Haces, Jacobo
Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo,
Francisco Alberto Jiménez Merino, Adrián Chávez Ruiz
(rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica),
Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés
(rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio, Nancy Cárdenas
Sánchez (rúbrica).
DE LAS COMISIONES DE ENERGIA, Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES A QUE ACTÚEN EN CONCORDANCIA CON LOS ORDENAMIENTOS LOCALES Y FEDERALES EN RELACIÓN CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA ROSARITO IV
Honorable Asamblea:
Las comisiones de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de conformidad con las atribuciones que le otorgan los artículos 39 y 45 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:
Antecedentes
En sesión celebrada por el Pleno de la LVII Legislatura. el 6 de septiembre de 2001, el Presidente de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados acordó enviar a las comisiones de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales la proposición con punto de acuerdo presentada por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la que se exhorta a la Subsecretaría de Recursos Naturales para que con base en la legislación vigente y en la manifestación de impacto ambiental ya presentada, desestime el recurso de revisión interpuesto por la Comisión Federal de Electricidad y evite con ello la degradación y daño a nuestro entorno natural en Ensenada, Baja California, por la construcción de la Central Termoeléctrica Rosarito IV. Asimismo, el punto de acuerdo exhorta al Gobierno del Estado de Baja California, a las direcciones de ecología del municipio de Ensenada y del estado para que en función de sus facultades y con apego a la legislación vigente actúen en concordancia en relación con el proyecto termoeléctrico Rosarito IV.
Para atender este asunto, la Comisión de Energía solicitó al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Dictamen de Impacto Ambiental y la información relacionada con la construcción de la Planta Termoeléctrica Rosarito IV. Dicha información fue recibida en las oficinas de la comisión el pasado 10 de marzo del año en curso.
Con base en lo anterior, las comisiones dictaminadoras se abocaron al estudio y análisis de la referida proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente es una norma de naturaleza concurrente, en la que los tres órdenes de gobierno: Federal, Estatal y Municipal, cada uno en la esfera de su competencia, deben instrumentar políticas concernientes a la protección del medio ambiente, y tienen por obligación de observar las disposiciones en esta materia.
En la actualidad los sistemas modernos de administración promueven la protección al medio ambiente y parten del principio, según el cual todas las afectaciones al medio ambiente son evitables, luego entonces la política a seguir es la prevención de posibles daños a la ecología, mas que remediar o reparar el daño.
La construcción y operación de una empresa como la Termoeléctrica Rosarito IV, genera una serie de riesgos para la ecología y para la salud de los habitantes del Municipio de Ensenada Baja California, en virtud de que se puede afectar la vegetación, la fauna, el medio acuático tanto la flora como las especies marinas (erizo, abulón, langosta, etc.). Todas las especies mencionadas se encuentran previstas o protegidas en las listas de las Normas Oficiales Mexicanas.
No debemos olvidar que para generar energía eléctrica, como la que nos ocupa, se utiliza tanto gas natural como diesel, en consecuencia las emisiones de contaminantes a la atmósfera que se producen son óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre, por lo que tales emisiones deberán estar controladas conforme a los parámetros de la legislación ambiental y de las Normas Oficiales Mexicanas.
También las características de la planta conllevan al uso de una cantidad importante de agua para los sistemas de enfriamiento, lo cual, evidentemente, propicia grandes volúmenes de aguas residuales que a, su vez, el depósito de las mismas se convierte en un serio problema.
Por otra parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece políticas y medidas que se deben adoptar dependiendo de la actividad y grado en que se realizan, como es el caso de la generación de energía eléctrica. Dicha ley contiene previsiones específicas para determinar el impacto que la mencionada industria puede ocasionar al medio ambiente. El artículo 203, prevé que toda persona que contamine o deteriore al ambiente o afecte los recursos naturales o a la biodiversidad, será responsable y estará obligada a repara los daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable.
En cumplimiento con lo anterior, el 27 de marzo de 2000. la Central Termoeléctrica Rosarito IV, Productor Externo de Energía, cuyo promovente la Comisión Federal de Electricidad, ingresó a la SEMARNAT el expediente de manifestación de impacto ambiental, modalidad general y estudio de riesgo, para su respectivo procedimiento de evaluación.
El 30 de noviembre de 2000, la entonces Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental, dictaminó improcedente dicha manifestación de impacto ambiental, modalidad general y estudio de riesgo por contravenir lo estipulado en el Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California y en el Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Costero Tijuana-Ensenada.
Al respecto, es pertinente mencionar que la promovente ha interpuesto dos recursos administrativos de revisión, el primero de los cuales, el primero de los cuales se resolvió nuevamente con dictamen negativo, y el segundo fue turnado para su atención a la Coordinación General Jurídica de la SEMARNAT, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de la resolución final.
Sobre esto último, la proposición del punto de acuerdo que nos ocupa solicita que se exhorte la Subsecretaría de Recursos Naturales para que con base a la legislación vigente y a la manifestación del impacto ambiental se desestime el recurso de revisión interpuesto por la Comisión Federal de Electricidad.
Sin embargo, jurídicamente ello no es posible puesto que tal recurso administrativo se encuentra previsto en los artículos 176 y 177 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Así, el artículo 177 establece que: "Las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de la aplicación de esta Ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, podrán ser impugnadas por los afectados, mediante el recurso de revisión...". Por lo tanto, esta comisiones no cuenta con facultades para influenciar, persuadir o disuadir a otra autoridad para que en aras de su potestad resuelva en tal o cual sentido.
En mérito de lo antes expuesto y fundado las comisiones de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales emiten su dictamen al punto de acuerdo propuesto en los siguientes puntos:
Resolutivos
PRIMERO.- En virtud de la Cámara de Diputados no está facultada para exhortar a la Subsecretaría de Recursos Naturales en el sentido que se desestime el recurso de revisión interpuesto por la Comisión Federal de Electricidad, se considera improcedente la proposición con punto de acuerdo en comento. Por lo anterior, se determina este asunto como total y definitivamente concluido.
SEGUNDO. Comuníquese la presente resolución a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos conducentes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de diciembre de 2004.
Por la Comisión de Energía
Diputados: Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano (rúbrica), Manuel E. Ovalle Araiza (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Óscar Pimentel González (rúbrica), Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica), Carla Rochín Nieto (rúbrica), Hidalgo Contreras Covarrubias (rúbrica), Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), José Antonio de la Vega Asmitia (rúbrica), Manuel López Villarreal (rúbrica), Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), Jorge Martínez Ramos, Narciso Agúndez Montaño (rúbrica), Rosa María Avilés Nájera, Yadira Serrano Crespo, José Adolfo Murat Macías (rúbrica), Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Francisco Herrera León (rúbrica), Francisco J. Rojas Gutiérrez, Humberto Cervantes Vega, Jesús Vizcarra Calderón, Raúl Pompa Victoria, Ricardo Rodríguez Rocha, Sergio Arturo Posadas Lara, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, Óscar González Yáñez, Julio Horacio Lujambio Moreno.
Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles
Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano
(rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Carlos Manuel
Rovirosa Ramírez, José Luis Cabrera Padilla (rúbrica),
secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl
Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría
Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario Ernesto
Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut, María
Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo Enrique Marcos
Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica),
Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar
Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez
(rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar
Félix Ochoa, Miguel Amezcua Alejo, Humberto Filizola Haces, Jacobo
Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo,
Francisco Alberto Jiménez Merino, Adrián Chávez Ruiz
(rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica),
Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés
(rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio, Nancy Cárdenas
Sánchez (rúbrica).
DE LA COMISION DE ENERGIA, SOBRE DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO POR LAS QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, LA PRIMERA, Y A LA PARAESTATAL PETRÓLEOS MEXICANOS, LA SEGUNDA
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LIX Legislatura, le fueron turnadas, para su estudio y dictamen, dos proposiciones con punto de acuerdo. Una por la que se solicita diversa información a la Secretaría de Energía y otra por la que se solicita información a la paraestatal Petróleos Mexicanos.
La Comisión de Energía, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 57, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de las proposiciones con punto de acuerdo, bajo los siguientes:
Antecedentes
2. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 28 de octubre de 2004, el diputado Jesús E. Martínez Álvarez presentó una segunda proposición para que la Cámara de Diputados solicite al Director General de Petróleos Mexicanos un informe detallado sobre el proceso de baja y la contratación de 16 buques tanque para su servicio.
3. El Presidente de la Mesa Directiva acordó en ambas proposiciones dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Energía".
4. A fin de tener elementos para analizar las proposiciones que se dictaminan se instruyó al cuerpo técnico de la Comisión de Energía, para el análisis y formulación del dictamen correspondiente.
En consecuencia refiere que es facultad y obligación de la Cámara de Diputados el contar con la información esencial acerca de la situación económica, financiera y operativa de Petróleos Mexicanos. Por lo que puntualiza que sin esta información, cualquier autorización o análisis que realice esta Cámara respecto de PEMEX carece de sentido.
En tal virtud, se solicita en dicha proposición, que la Secretaría de Energía entregue un diagnóstico integral sobre Petróleos Mexicanos al 31 de diciembre de 2003 y se pueda contar con información suficiente para que esta Cámara proponga medidas y acciones particulares a problemas específicos en dicha entidad. Así mismo, se detallan una serie de cuestionamientos a los que deberá ceñirse el informe solicitado.
2. Por otra parte, la proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados solicite al Director General de PEMEX un informe detallado sobre el proceso de baja y la contratación de 16 buques tanque, resalta en su contenido la obligatoriedad constitucional de la administración pública para que en caso de un litigio para conceder prerrogativas o concesiones de algún bien o servicio, se de preferencia a los mexicanos en igualdad de circunstancias.
El proponente hace hincapié en el caso de la existencia de un contrato que pudiera beneficiar a empresas y trabajadores nacionales, se deben puntualizar todos los detalles relacionados con las condiciones de licitación; más aún, cuando existe la intención de dar de baja 16 embarcaciones y arrendar estos servicios con barcos de bandera panameña en un contrato que ascenderá a más de 1,000 millones de dólares.
Ante la duda respecto de esta decisión, el diputado Martínez Álvarez solicita que la Cámara pida un informe detallado sobre el mencionado proceso de baja y contratación de esos 16 buques-tanque al servicio de PEMEX.
Consideraciones
2. En aras de las facultades expresas de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos plasmados en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el 7 de octubre de 2003 el Presidente de la Mesa Directiva y los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, votaron y firmaron unánimemente el siguiente acuerdo legislativo:
Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votaciones.
En el artículo Décimo Segundo de dicho acuerdo, se indica lo siguiente:
Artículo Décimo Segundo.
En el rubro de proposiciones con punto de acuerdo podrán presentarse los asuntos de orden político, cultural o social, que afecten a una comunidad, grupo, partido o colectividad y cuyos efectos sean de interés general, para que la Cámara haga algún pronunciamiento, exhorto o recomendación.
Es decir, el acuerdo parlamentario al que se hace alusión, no atenta de manera alguna los mecanismos que ya establecen el marco normativo de esta soberanía. Por ello se señala en la parte final del artículo referido los fundamentos legales que indican las instancias ya establecidas para la solicitud de información.
4. Resuelve
PRIMERO. Por lo expuesto en las consideraciones, las proposiciones con punto de acuerdo descritas en el rubro de antecedentes no son procedentes, dado que la naturaleza del objeto de las mismas es la solicitud de información a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos, dependencias de la Administración Pública Centralizada y Pública Descentralizada, respectivamente. Lo anterior, con fundamento en lo que dispone el artículo Décimo Segundo del "Acuerdo de la Conferencia para la Dirección de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación".
SEGUNDO. Dado el interés que predomina en la Comisión de Energía, la información descrita en las proposiciones en cuestión será solicitada a las dependencias correspondientes en los términos y condiciones que establece el marco jurídico del Congreso.
TERCERO. Archívense las proposiciones con punto de acuerdo que aquí se dictaminan, como asuntos total y definitivamente concluidos.
CUARTO. Comuníquese la presente resolución a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos conducentes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de diciembre de 2004.
Diputados: Francisco Xavier Salazar Díez
de Sollano (rúbrica), Manuel E. Ovalle Araiza (rúbrica),
Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Óscar
Pimentel González (rúbrica), Pablo Pavón Vinales (rúbrica),
Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Juan Fernando
Perdomo Bueno (rúbrica), Carla Rochín Nieto, Hidalgo Contreras
Covarrubias, Jorge Luis Hinojosa Moreno, José Antonio de la Vega
Asmitia (rúbrica), Manuel López Villarreal (rúbrica),
Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Ricardo Alegre Bojórquez
(rúbrica), Jorge Martínez Ramos (rúbrica), Josefina
Cota Cota, Rosa María Avilés Nájera (rúbrica),
Yadira Serrano Crespo, José Adolfo Murat Macías (rúbrica),
Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Francisco Herrera
León (rúbrica), Francisco J. Rojas Gutiérrez (rúbrica),
Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Jesús Vizcarra Calderón,
Raúl Pompa Victoria, Ricardo Rodríguez Rocha, Sergio Arturo
Posadas Lara (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez
(rúbrica), Óscar González Yáñez, Julio
Horacio Lujambio Moreno (rúbrica).
DE LA COMISION DE ENERGIA, A TRES PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO POR LAS QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE EL PROYECTO PETROQUÍMICO FÉNIX SE UBIQUE EN UNA DETERMINADA CIUDAD
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen tres proposiciones con punto de acuerdo por las que se exhorta al Poder Ejecutivo para que el Proyecto Petroquímico "Fénix" se ubique en una determinada ciudad.
La Comisión de Energía, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 57, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de las Proposiciones con Punto de Acuerdo, bajo los siguientes:
Antecedentes
2. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 19 de octubre de 2004, el diputado Gonzalo Guizar Valladares en representación de los seis grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, presentó ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta al Poder Ejecutivo para que determine que la construcción del proyecto petroquímico "Fénix" se ejecute en Coatzacoalcos, Veracruz, dándole seguimiento mediante la creación de una Comisión Especial de Diputados.
3. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 28 de octubre de 2004, los diputados federales Homero Díaz Rodríguez y Gonzalo Alemán Migliolo integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Poder Ejecutivo para que recomiende y, en su caso, determine que la construcción del proyecto petroquímico "Fénix" se ejecute en Altamira, Tamaulipas.
4. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó en las tres proposiciones con punto de acuerdo dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Energía".
5. A fin de tener elementos para analizar las proposiciones que se dictaminan, se instruyó al cuerpo técnico de la Comisión de Energía para que se realizara el análisis y formulación del dictamen correspondiente.
En consecuencia, propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo, al Gobernador del Estado de Tamaulipas y a los presidentes municipales del sur del Estado de Tamaulipas a coordinarse a fin de que se generen los incentivos necesarios tendientes a impulsar el Proyecto "Fénix" y a aumentar la inversión en materia petroquímica.
2. La proposición del diputado Gonzalo Guizar Valladares indica en su contenido que el sector petrolero es el pilar del crecimiento económico del país y de las finanzas públicas, por lo que requiere un impulso de innovación y transformación, que está relacionado con sus necesidades de inversión-financiamiento.
En consecuencia, proyectos como el Fénix, toman una gran relevancia para satisfacer objetivos múltiples en materia de generación de divisas, fortalecimiento del ahorro y el mercado interno. Manifiesta el diputado proponente su interés de que dicho proyecto sea localizado en la región de Coatzacoalcos, Veracruz, argumentando que dicha región cuenta con insumos de calidad a precios competitivos, instalaciones adecuadas, recursos tecnológicos de vanguardia y el más adecuado nivel de desarrollo técnico en la región.
Asimismo, precisa que el proyecto, si se localiza en esa zona, permitiría beneficios directos e indirectos para los estados de la región sur-sureste, en una mayor derrama que se volvería multiplicadora de la inversión y apoyaría otros proyectos considerados dentro del Plan Puebla-Panamá, así como del proyecto ferroviario que seguramente en un futuro atravesará el Istmo de Tehuantepec.
Por lo antes señalado, el diputado Guizar propone exhortar al Poder Ejecutivo, a efecto de que la Secretaría de Energía e Industria Paraestatal (sic) por medio de la Dirección General de Petróleos Mexicanos realice lo conducente para determinar que la construcción del mega proyecto petroquímico Fénix se ejecute en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. En el mismo sentido solicita crear una comisión especial plural de diputados, para dar seguimiento constante en todas las fases de construcción del proyecto "Fénix".
3. La proposición por la que los diputados Homero Díaz Rodríguez y Gonzalo Alemán Migliolo indica que Altamira cuenta con uno de los puertos de mayor capacidad de carga del país y es puerta de salida de productos nacionales hacia Norteamérica y Europa; que en dicho municipio ha tenido lugar el desarrollo de un enclave industrial caracterizado por reunir una serie de empresas petroquímicas de capital privado de categoría mundial, enfocadas a la producción de diversas materias primas a partir de derivados del petróleo. Asimismo, refiere que el municipio de Altamira representa para el proyecto Fénix grandes ventajas, entre ellas: el interés de los gobiernos estatal y municipal además de apoyo del sector empresarial de la región; cuenta con mano de obra calificada y baja rotación del personal y programas de apoyo para el desarrollo de proyectos de alta tecnología, equipamiento urbano, infraestructura, etcétera.
El objeto principal de la proposición es exhortar al Poder Ejecutivo a efecto de que la Secretaría de Energía, por medio de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, realice lo conducente para recomendar y, en su caso, determinar que la construcción del megaproyecto petroquímico Fénix se ejecute en el puerto industrial de Altamira, Tamaulipas, por las ventajas competitivas que ello representa para dicho desarrollo industrial.
Consideraciones
2. El siguiente cuadro muestra las diferentes etapas de desarrollo del Proyecto "Fénix" y el avance a la fecha:
De lo anterior es de referir que de acuerdo a la calendarización propuesta para el desarrollo del Proyecto "Fénix", esta en elaboración un estudio técnico-económico.
3. Por otro lado, definir la localización de una inversión significa analizar de entre las alternativas técnicamente posibles elegir la que menores costos genere y sea la opción óptima para su desarrollo, para ello es importante considerar por lo menos los siguientes elementos:
- El tipo de mercado y su forma de distribución
- El origen de las materias primas, para el caso específico
se requiere entre otras materias naftas o gasolinas ligeras y además
otros insumos importantes para la operación de la planta.
- Si se dispone del personal especializado
- La infraestructura de transporte y de comunicaciones
imperantes.
- La existencia, cantidad y calidad de los servicios de
la zona
- Los reglamentos y los estímulos fiscales y financieros
de la región.
4. La Administración Pública Federal, en términos de lo que dispone el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "... será centralizada y paraestatal. Conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso...". Petróleos Mexicanos, como parte de la Administración Pública Paraestatal es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.
5. La Ley Federal de las Entidades Paraestatales en su artículo 11 señala que "Las entidades paraestatales gozarán de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objeto, y de los objetivos y metas señalados en sus programas. Al efecto, contarán con una administración ágil y eficiente y se sujetarán a los sistemas de control establecidos en la presente Ley y en lo que no se oponga a ésta a los demás que se relacionen con la Administración Pública."
6. Pretender indicar a Petróleos Mexicanos la localización de un proyecto, limita la autonomía de gestión de PEMEX, cuando esta decisión para un proyecto de la envergadura del que nos ocupa amerita un análisis profundo y complejo de los factores arriba mencionados, por parte de sus formuladores.
4. Resuelve
PRIMERO. No son de considerarse las proposiciones que aquí se dictaminan.
SEGUNDO. A fin de salvaguardar el interés de los diputados Jesús Nader Nasrallah, Gonzalo Guizar Valladares, Homero Díaz Rodríguez y Gonzalo Alemán Migliolo, se remitirá el texto de sus proposiciones a Petróleos Mexicanos para su consideración.
TERCERO. Por consiguiente, archívense los expedientes correspondientes como asuntos total y definitivamente concluidos.
CUARTO. Comuníquese la presente resolución a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos conducentes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de diciembre de 2004.
Diputados: Francisco Xavier Salazar Díez
de Sollano (rúbrica), Manuel E. Ovalle Araiza (rúbrica),
Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Óscar
Pimentel González (rúbrica), Pablo Pavón Vinales (rúbrica),
Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Juan Fernando
Perdomo Bueno (rúbrica), Carla Rochín Nieto, Hidalgo Contreras
Covarrubias, Jorge Luis Hinojosa Moreno, José Antonio de la Vega
Asmitia (rúbrica), Manuel López Villarreal (rúbrica),
Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Ricardo Alegre Bojórquez
(rúbrica), Jorge Martínez Ramos (rúbrica), Josefina
Cota Cota, Rosa María Avilés Nájera (rúbrica),
Yadira Serrano Crespo, José Adolfo Murat Macías (rúbrica),
Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Francisco Herrera
León (rúbrica), Francisco J. Rojas Gutiérrez (rúbrica),
Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Jesús Vizcarra Calderón,
Raúl Pompa Victoria, Ricardo Rodríguez Rocha, Sergio Arturo
Posadas Lara (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez
(rúbrica), Óscar González Yáñez, Julio
Horacio Lujambio Moreno (rúbrica).
DE LA COMISION DE EDUCACION PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, EN RELACIÓN CON EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A CONSERVAR EN SU ESTRUCTURA ORGÁNICA LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA, ASÍ COMO A REVISAR LOS NUEVOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO QUE SE APLICARON A PARTIR DEL CICLO ESCOLAR 2004-2005
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la H. Cámara de Diputados, fue turnado para su estudio, análisis y dictamen, el Punto de Acuerdo por el cual, el Dip. José Guzmán Santos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, exhorta a la Secretaría de Educación Pública a conservar, en su estructura orgánica, la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica, así como a revisar los nuevos planes y programas de estudio de bachillerato tecnológico que se implantaron a partir del ciclo escolar 2004-2005.
Con fundamento en los artículos 72, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, párrafo I; 45; párrafo 6, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 87, 88, 89, 136 y 137 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la LIX Legislatura, sometemos a la consideración de este honorable pleno, el presente Dictamen, de acuerdo a la siguiente:
METODOLOGÍA
La Comisión, encargada del análisis y dictamen del Punto de Acuerdo mencionado anteriormente, desarrolla este dictamen, conforme a la metodología que a continuación se describe:
II. En el capítulo correspondiente a CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO, se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, así mismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.
III. En el capítulo de CONSIDERACIONES, La Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen al punto de acuerdo en análisis.
IV. En el capítulo de RESOLUTIVOS, La Comisión dictaminadora expresará según sea el sentido del dictamen.
En sesión celebrada con fecha 7 de diciembre de 2004 por la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnado con el Oficio No. D.G.P.L. 59-II-4-997, el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a conservar, en su estructura orgánica, la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica, así como a revisar los nuevos planes y programas de estudio de bachillerato tecnológico que se implantaron a partir del ciclo escolar 2004-2005; y en la misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, turnó a esta Comisión, para su estudio y posterior dictamen.
II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO:
Señalan que el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2004 dispone, en el articulo 30, fracción I, inciso c) que, como parte de las medidas de austeridad a las que el Ejecutivo Federal está obligado, las dependencias y entidades deberán ajustar su estructura a tres subsecretarias o niveles salariales equivalentes, como máximo, salvo en los casos de excepción que se justifiquen ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, y se sometan a la opinión de la Cámara, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Afirma que aunado al acuerdo en comento, con fecha 9 de septiembre de 2004, la Secretaría de Educación Pública presentó ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el anteproyecto de Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, así como un addendum al mismo, el pasado 5 de octubre.
Y entre las principales propuestas contenidas en el documento referido, se encuentra la desaparición de la Subsecretaría de Planeación y Coordinación así como la Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal y se propone la sustitución de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas por una nueva Subsecretaría denominada Educación Media Superior.
Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública, mediante el acuerdo número 345 por el que se determina el Plan de Estudios del Bachillerato Tecnológico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto del presente año, implantó, a partir del ciclo escolar 2004-2005, dicho plan de estudios en el que disminuyen los contenidos y las asignaturas de formación científica, desaparecen algunas humanísticas y quedan sin definirse las especialidades y programas de las actividades tecnológicas.
La sola posibilidad de lograr que un buen número de alumnos de secundaria se incorpore al bachillerato tecnológico y de ahí a una educación superior tecnológica, puede significar importantes avances en la conformación de una masa crítica de científicos y tecnólogos que tanto requiere el país para lograr un desarrollo socialmente más justo y equitativo, pero también sustentable en beneficio de las generaciones futuras.
En esta visión, México ha venido construyendo y consolidando su Sistema Nacional Tecnológico a partir de la creación y articulación de distintos niveles educativos, desde secundaria hasta superior, pasando por la formación para el trabajo como una opción para la incorporación inmediata al mudo laboral.
Con el objeto de darle mayor viabilidad y articulación a este proceso se creó en 1958 dentro de la estructura orgánico-funcional de la Secretaría de Educación Pública, la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica (SEIT) y como soporte académico y optativo al Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica (Cosnet).
Se requiere pues, de una instancia formal que organice, impulse, coordine y regule las tareas educativas referentes a la formación profesional, la investigación y la difusión de la cultura tecnológica de todos lo tipos y niveles que conforman el Sistema Nacional de Educación Tecnológica.
En tal sentido resulta contradictorio que en un proceso de reestructuración de la Secretaría de Educación Pública se opte por la desaparición de esta instancia y con ello la desarticulación y fragmentación del propio sistema Nacional de Educación Tecnológica, con los siguientes efectos previsibles:
- La posibilidad de no contar con una instancia que realice planeación estratégica para la asignación con equidad de los recursos disponibles y la consecución armónica de metas y objetivos en materia de educación e investigación tecnológica que correspondan a las expectativas de crecimiento del país.
- La inevitable pérdida de los avances que en materia de cultura tecnológica ha venido articulando la SEIT, a través de los distintos tipos y niveles educativos que hasta la fecha coordina.
- La eliminación de un mecanismo alternativo que complemente los esfuerzo nacionales para la formación de docentes e investigadores altamente especializados, para cubrir las necesidades del propio Sistema Nacional de Educación Tecnológica.
Por otra parte, el plan de estudios del Bachillerato Tecnológico, modificado mediante el Acuerdo 345 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto pasado, reduce el número de horas-clase en materias científicas, fusiona y desaparece algunas de las asignaturas humanísticas y deja indefinido el contenido de las áreas tecnológicas. Este hecho, aunado a la propuesta de desaparición de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica, limita las capacidades y aptitudes de los estudiantes egresados de otros sistemas de educación media superior.
De conformidad con las atribuciones legales conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a los dictámenes de los puntos de acuerdo presentados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, se encargo de preparar el presente dictamen, tomando en consideración las aportaciones de los diputados, de los diversos grupos parlamentario, al tenor de las siguientes:
III: CONSIDERACIONES:
Avocada la Comisión al estudio del punto de acuerdo remitido por el Dip. José Guzmán Santos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para su atención y respuesta, se desprende que de la investigación realizada con las facultades para conocer y resolver el asunto planteado, resulta conveniente analizar lo que a continuación se señala:
A. La finalidad de la educación tecnológica para los alumnos es el aprendizaje del conocimiento tecnológico que esté relacionado con la lógica de los objetos y procesos técnicos, su estructura y funcionamiento, etc. Y que en países desarrollados este tipo de educación tecnológica es de mayor relevancia para adoptar la preparación futura del desarrollo tecnológico del país, sin embargo la proposición en comento nos hace una referencia de la desaparición de la Subsecretaría de Planeación y Coordinación, así como la Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal, ya que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2004 dispone que las dependencias y entidades deberán ajustar su estructura a tres subsecretarías o niveles equivalentes, a reserva de las excepciones que justifiquen ante la SHCP y de la Función Pública y se sometan a opinión de esta H. Cámara de Diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por que considera esta comisión dictaminadora la importancia de un reordenamiento o ajuste de la estructura.
B. Si bien es cierto que hay desaparición de dos subsecretarías y que la Secretaría de Educación Pública presentó un anteproyecto de Reglamento Interior para la misma, es porque ha hecho los ajustes necesarios para que la labor de estas subsecretarías antes mencionadas se lleve a cabo sin perder el sentido de la responsabilidad que cada una de ellas tenía.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la LIX Legislatura, con atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO. Se desecha el Punto de Acuerdo, ya que resulta imposible exhortar a la Secretaría de Educación Pública a que conserve en su estructura orgánica a la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica, no solo porque ya emitió el Plan de Estudios sino por que ésta Secretaría se ha ajustado a su estructura según lo dispone el Artículo 30, fracción I, inciso c) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2004, además de que la propuesta es poco viable, ya que no se cuenta con el presupuesto suficiente y no fue contemplado para la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica.
Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.
Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de enero de 2005.
Diputados: Salvador Pablo Martínez Della
Rocca (rúbrica), Presidente; Juan Pérez Medina (rúbrica),
Tatiana Clouthier Carrillo (rúbrica), Consuelo Camarena Gómez
(rúbrica), Humberto Filizola Haces (rúbrica), José
Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica), Francisco
Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), secretarios; María Viola
Corella Manzanilla (rúbrica), Norberto Corella Torres (rúbrica),
Blanca Judith Díaz Delgado (rúbrica), Felipe de Jesús
Díaz González (rúbrica), Florentino Domínguez
Ordóñez (rúbrica), Carmen Guadalupe Fonz Sáenz,
Israel Gallardo Sevilla (rúbrica), Iván García Solís,
María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Blanca Esthela
Gómez Carmona (rúbrica), José Ángel Ibáñez
Montes (rúbrica), Moisés Jiménez Sánchez, Alejandra
Méndez Salorio (rúbrica), Gerardo Montenegro Ibarra, Inti
Muñoz Santini (rúbrica), Óscar Pimentel González,
Óscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Sonia Rincón
Chanona, Agustín Rodríguez Fuentes, Alfonso Rodríguez
Ochoa (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez (rúbrica),
Paulo José Luis Tapia Palacios, Lorena Torres Ramos.
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LAS SECRETARÍAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y DE MARINA QUE ESTABLEZCAN UN PROGRAMA EMERGENTE, CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LAS PLAYAS NACIONALES
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a las Secretarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Marina, implementen un programa emergente, con el objeto de evitar la contaminación de las playas nacionales, suscrita por los Diputados Víctor Díaz Palacios y Jaime Larrazabal Bretón, del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:
ANTECEDENTES
1.- En sesión celebrada el día 05 de marzo de 2003, fue presentada la proposición con Punto de Acuerdo, para solicitar a las Secretarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Marina Armada de México, implementen un programa emergente, con el objeto de evitar la contaminación de las playas nacionales, siendo turnada en esta fecha a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tomando como base la información disponible, así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
1. Que las descargas al mar de aguas residuales domésticas, agrícolas e industriales sin tratamiento adecuado constituyen un problema que está deteriorando gravemente ambientes costeros y marinos del planeta.
2. Que la contaminación microbiológica del mar ha precipitado una crisis de salud con implicaciones globales masivas.
3. Que estudios de la Secretaría de Salud demuestran aumento de enfermedades adquiridas por bañistas en playas mexicanas.
4. Que debido a la fuerte problemática, la Secretaría de Marina Armada de México, publicó un atlas mostrando sitios con diferentes grados de contaminación en las zonas costeras del país.
5. Que en abril de 2003 se inició el Sistema Nacional de Información sobre la Calidad del Agua en Playas Mexicanas de manera coordinada entre las Secretarías de Marina, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud y Turismo. A lo largo de ese año se sistematizaron y homogeneizaron los monitoreos del agua de mar, de acuerdo a los criterios descritos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las aguas de mar de contacto recreativo.
6. Que actualmente, son los Laboratorios Estatales de Salud, en coordinación con la Secretaría de Salud, quienes realizan los muestreos y análisis del agua en cada uno de los 17 estados costeros de México.
7. Que los resultados de los monitoreos realizados a las playas mexicanas se publican en las páginas electrónicas de las Secretarias mencionadas.
Por lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica de Congreso General; y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- NO ES DE APROBARSE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO TODA VEZ QUE EL ASUNTO QUE LO MOTIVÓ HA QUEDADO RESUELTO.
SEGUNDO.- ARCHÍVESE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de diciembre de dos mil cuatro.
Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles
Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano
(rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Carlos Manuel
Rovirosa Ramírez, José Luis Cabrera Padilla (rúbrica),
secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl
Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría
Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario Ernesto
Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut, María
Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo Enrique Marcos
Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica),
Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar
Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez
(rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar
Félix Ochoa, Miguel Amezcua Alejo, Humberto Filizola Haces, Jacobo
Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo,
Francisco Alberto Jiménez Merino, Adrián Chávez Ruiz
(rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica),
Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés
(rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio, Nancy Cárdenas
Sánchez (rúbrica).
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITE AL CONGRESO DE MINISTROS DE LA COMISIÓN DE COOPERACIÓN AMBIENTAL EL DOCUMENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2004 DEL GRUPO ASESOR SOBRE MAÍZ Y BIODIVERSIDAD
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para solicitar al Congreso de la Unión solicite al Consejo de Ministros de la Comisión de Cooperación Ambiental, el documento de las recomendaciones del 13 de septiembre de 2004 del Grupo Asesor sobre Maíz y Biodiversidad, suscrito por el Diputado Antonio Mejía Haro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:
ANTECEDENTES
1.- En sesión celebrada el día 19 de Octubre de 2004, el Diputado Antonio Mejía Haro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al Congreso de la Unión solicite al Consejo de Ministros de la Comisión de Cooperación Ambiental, el documento de las recomendaciones del 13 de septiembre de 2004 del Grupo Asesor sobre Maíz y Biodiversidad.
2.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha acordó turnar la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa para su análisis y dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
3.- Tomando como base los elementos de información disponibles así como la propuesta multicitada la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) fue creada por Canadá, Estados Unidos y México en 1994, cuando entró en vigor el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN). La CCA tiene como misión contribuir a la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente de América del Norte a través de la cooperación y la participación ciudadana. En el contexto de los crecientes vínculos económicos, comerciales y sociales entre los tres países, la CCA trabaja para beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Cuando en 2001 se informó de la propagación de maíz genéticamente modificado entre variedades criollas en los valles elevados de Oaxaca, la consabida controversia y el debate en torno a los cultivos genéticamente modificados, o transgénicos, se arraigaron de pronto en México. Más recientemente, pruebas e investigaciones auspiciadas por el gobierno de México han confirmado la presencia de material transgénico en los maizales de la región de la Sierra Norte y de otros lugares.
Al igual que muchas otras personas, los campesinos saben bien que las plantas de polinización abierta como el maíz intercambian sus genes con gran facilidad, por lo que era natural que se preocuparan y tuvieran dudas en torno a los efectos de los transgenes.
En 2002, representantes de la sociedad civil mexicana, organizaciones internacionales y, en particular, grupos indígenas y campesinos de Oaxaca, solicitaron al Secretariado de la CCA iniciar un estudio independiente para determinar los hechos, por lo que a partir de junio de 2002 la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) anunció que estudiaría la contaminación genética del maíz bajo los lineamientos del artículo 13 del ACAANE, en el mes de octubre la CCA publicó la lista de los dieciséis integrantes del grupo asesor.
Una vez realizado el procedimiento de definición y evaluación de los temas a tratar, así como el nombramiento de expertos en cada uno de los mismos, se llevó a cabo el simposio "El maíz y la biodiversidad: Efectos del maíz transgénico en la Ciudad de Oaxaca", acudiendo a dicho evento numerosas organizaciones campesinas, indígenas, ambientales y académicos.
La CCA manifestó que el informe final que incluye las recomendaciones del Grupo Asesor sobre Maíz y Biodiversidad, fue presentado el 13 de septiembre de 2004 al Consejo de la CCA, integrado por los ministros de medio ambiente de Canadá, Estados Unidos y México, que normalmente lo hace publico en los 60 días siguientes a su recepción, a menos que el Consejo decida otra cosa.
El secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) ha publicado su informe del artículo 13 del ACAAN "Maíz y Biodiversidad: los efectos del maíz transgénico en México: conclusiones y recomendaciones", el 8 de noviembre de 2004 en su página electrónica. Dicho informe fue elaborado por el grupo asesor independiente seleccionado por el secretariado.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable asamblea el presente dictamen con:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- NO ES DE APROBARSE EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, TODA VEZ QUE AL HABERSE PUBLICADO EL INFORME DEL ARTÍCULO 13 POR EL SECRETARIADO DE LA COMISIÓN PARA LA COOPERACIÓN AMBIENTAL (CCA) EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2004 EN SU PÁGINA DE INTERNET (www.cec.org/maiz), SE CONSIDERA QUE HA QUEDADO RESUELTO LO SOLICITADO.
SEGUNDO.- ARCHÍVESE EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de diciembre de dos mil cuatro.
Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles
Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano
(rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Carlos Manuel
Rovirosa Ramírez, José Luis Cabrera Padilla (rúbrica),
secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl
Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría
Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario Ernesto
Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut, María
Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo Enrique Marcos
Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica),
Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar
Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcérreca Sánchez
(rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar
Félix Ochoa, Miguel Amezcua Alejo, Humberto Filizola Haces, Jacobo
Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo,
Francisco Alberto Jiménez Merino, Adrián Chávez Ruiz
(rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica),
Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés
(rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio, Nancy Cárdenas
Sánchez (rúbrica).
DE LA COMISION DE SALUD, REFERENTE AL PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE SALUD A DECLARAR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, COMO ZONA DE DESASTRE EPIDEMIOLÓGICO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen Punto de Acuerdo por el que se solicita se exhorte al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Salud a declarar el municipio de Guadalupe y Calvo, del estado de Chihuahua, como zona de desastre epidemiológico, presentado por el diputado Omar Bazán Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el dictamen relativo al Punto de Acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo la siguiente:
METODOLOGÍA
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo en turno para la elaboración del dictamen respectivo, así como de los trabajos previos de la Comisión dictaminadora.
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO" se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", LA Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen.
I ANTECEDENTES.
El Diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó el día 9 de noviembre del año 2004. Durante la Sesión, el Punto de Acuerdo por el que se solicita se exhorte al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Salud a declarar el municipio de Guadalupe y Calvo, del estado de Chihuahua, como zona de desastre epidemiológico, con la misma fecha la Mesa Directiva, turno a la Comisión de Salud, de esta LIX Legislatura, para la elaboración del dictamen respectivo.
II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO.
En la exposición de motivos que presentó el Diputado Omar Bazán Flores, refiere que en la comunidad de Atascaderos municipio de Guadalupe y Calvo del estado de Chihuahua enfrenta un grave problema epidemiológico por el descontrolado crecimiento de la población de roedores, ya que por cada habitante de esta comunidad existen 330 roedores, y en un año más, después del invierno y si no se controla la plaga, la población de roedores se habrá quintuplicado, con el consecuente riesgo para la salud de los habitantes.
Refiere el Diputado que los roedores pueden transmitir un sinnúmero de enfermedades; sus dos principales vías de transmisión son la contaminación de alimentos y la portación de parásitos, tales como pulgas o garrapatas, así como el riesgo de la transmisión de rabia.
Refiere el Diputado que los roedores, por sus cualidades evasivas y su inteligencia, constituyen una de las plagas más difíciles de controlar; en casi todos los casos, es necesario un trabajo conjunto de manera interinstitucional. Los procesos de saneamiento, por lo general, deben ser acompañados por mejoras de higiene de las áreas contaminadas. Todos estos factores demandan tiempo, recursos y una gran dedicación, para obtener resultados adecuados y permanentes. En este caso concreto los pobladores de Atascaderos, Guadalupe y Calvo municipio del estado de Chihuahua, se enfrentan a un gran riesgo Epidemiológico si no se ataca de manera urgente la plaga de roedores que viene sufriendo esta comunidad tiempo atrás, agregando a esto el efecto negativo que tienen en sus cosechas y alimentos de primera necesidad.
III. CONSIDERACIONES.
Avocada la Comisión al estudio de la misma, para su atención y respuesta, se desprende que, de la investigación realizada y en análisis a la legalidad para conocer y resolver del asunto planteado, resulta conveniente analizar lo que a continuación se señala;
A. Con Fecha 10 de Diciembre del año 2004, y mediante oficio numero CS/1270/04, se solicito a la Dirección General de los Servicios de salud a cargo del Ejecutivo Estatal de Chihuahua, la información respectiva del estado que guarda la situación en la zona de Atascaderos, del Municipio de Guadalupe y Calvo.
B. Con fecha 4 de Diciembre de 2004, el Dr, Javier Lozano Herrera, Director de los Servicios de Salud, remitió la siguiente información:
El 19 de octubre autoridades locales (maestros y alumnos de las escuelas), estatales (Servicios de Salud de Chihuahua, Protección Civil y la Facultad de Zootecnia de Chihuahua) y federales (Comisión Nacional de Áreas Protegidas), iniciaron una estrategia consistente en el uso por tres días de cebos preparados con cacahuate y ajo y la aplicación de fósforo de zinc al cuarto día. El 24 de octubre, personas de la comunidad capacitadas, recolectaron y apilaron los cadáveres de las ratas para su incineración, con lo que exterminaron a 30% de los roedores. Adicionalmente se efectuaron acciones de descacharrización del área y fueron eliminados los granos almacenados contaminados por las heces y orina de las ratas.
Del 1 al 16 de noviembre, con la asesoría del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, se utilizó un anticuagulante (Warfarina) mezclado con maíz; nuevo químico utilizado en una tercera etapa del operativo, sustancia que por sus características no representan riesgo para los usuarios, sin embargo, sanidad vegetal brinda la asesoría en su aplicación para reforzar el nivel de seguridad en la población. Los días 11 y 12 de noviembre, personal de los SESA del estado acudieron a verificar los resultados de las acciones que se han venido realizando, observando una mortandad promedio de aproximadamente 90 roedores diarios. Se ha mantenido pláticas educativas dirigidas a la comunidad sobre limpieza y saneamiento ambiental.
A finales del mes de noviembre se estableció un sistema especial de trampas con la participación de expertos, lo que ha aumentado en 90% la eliminación de los roedores. Actualmente la población mantiene en operación este sistema de control de ratas, el saneamiento y descacharrización permanentes de las áreas donde se resguardan los granos, así como las medidas estrictas de higiene para evitar cualquier tipo de enfermedad. Se mantiene así mismo, la vigilancia epidemiológica en la zona, no reportándose a la fecha padecimientos asociados a roedores. En apoyo a los operativos de campo se instaló una Comisión local en la que participa, además de las Institucionales estatales ya mencionadas, las autoridades de la Presidencia Municipal de Guadalupe y Calvo y de la Presidencia seccional de la Población. Además de donó una máquina para moler granos almacenados en bodegas y trojes evitando así, el almacenamiento inadecuado de los mismos y la prolefiración de nichos unidos que propicien la presencia de ratas.
Finalmente se informa que los SESA de Chihuahua llevan a cabo un estudio de prevalencia y factores de riesgo principalmente relacionados con leptospirosis, para determinar riesgos asociados a esta enfermedad y a la presencia de los roedores en dicha localidad. El CENAVECE mantiene la comunicación permanente con las autoridades de los SESA de Chihuahua para el seguimiento de las medidas interinstitucionales aplicadas y sus resultados, a efecto de garantizar la eficacia de las intervenciones en el área afectada y mantener informada a la población.
RESOLUTIVO.
Único. No es de aprobarse la Proposición con Punto de Acuerdo, para declarar zona de desastre; por considerar que el Problema de contaminación por roedores en la región conocida como Atascaderos del Municipio de Guadalupe y Calvo del Estado de Chihuahua, ya fue controlada por las Autoridades Sanitarias del propio Ejecutivo Estatal.
Archívese el documento, como asunto concluido.
Diputados: José Ángel Córdova
Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido, Pablo Anaya
Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica),
Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría
Salas (rúbrica), Maria del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica),
Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra
Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco
Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez
(rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García
Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica),
Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García
Ortiz, Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo,
Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás
(rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio
Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica
Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka (rúbrica),
Javier Manzano Salazar, Irma S. Figueroa Romero (rúbrica), José
Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta,
María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).
DE LA COMISION DE SALUD, RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL CONGRESO DE LA UNIÓN A ELABORAR, MEDIANTE LAS COMISIONES DE SALUD DE LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES, UN PROYECTO A FIN DE INCLUIR EN LA LEY GENERAL DE SALUD UN APARTADO QUE REGULE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, CONTROL, FOMENTO Y SEGURIDAD DE PRODUCTOS TRANSGÉNICOS
HONORABLE ASAMBLEA:
En la sesión celebrada el 14 de Diciembre de 2004, le fue turnada a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen, el Punto de Acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión para que a través de las Comisiones de Salud de las Cámaras de Diputados y de Senadores, elaboren un proyecto para incluir en la Ley General de Salud un apartado que regule la producción, distribución, comercialización, control, fomento y seguridad de productos transgénicos, remitido por el Congreso del Estado de Quintana Roo.
Los integrantes de la Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39 numerales 1° y 3°, 43, 44, 45, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen mismo que se realiza bajo la siguiente:
METODOLOGÍA
La Comisión encargada del análisis y dictamen del Punto de Acuerdo mencionado anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:
II. En al capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del Punto de Acuerdo en análisis.
El 18 de Noviembre de 2004 los diputados integrantes de las Comisiones unidas de Salud, Educación, Cultura, Deportes y Ecología y de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Pesqueros de la Honorable X Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobaron Punto de Acuerdo remitido por la H. LVI Legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual envían un exhorto al Congreso de la Unión para que a través de las Comisiones de Salud de las Cámaras de Diputados y Senadores, se elabore un proyecto para incluir en la Ley General de Salud, un apartado de productos Biotecnológicos Transgénicos, con el fin de regular lo relativo a su producción, distribución, comercialización, control, fomento y seguridad.
II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO.
El punto de acuerdo señala que en nuestros días los cultivos transgénicos están presentes en 18 países, siendo 7 millones el número de productores que los utilizan; más del 85 % de éstos son productores de escasos recursos en países en vías de desarrollo.
Por ello hoy en día existen problemas al enfrentar la producción de los alimentos y en ello se plasma la generación de Organismos Genéticamente Modificados, y por esto se debe garantizar una política de inocuidad de productos destinados a la alimentación humana y aquellos que se podrán introducir en algunos ecosistemas o regiones sin causar daños y efectos al ambiente.
Derivado de lo anterior se plasma en el Punto de Acuerdo que es necesario que se elabore un proyecto para incluir en la Ley General de Salud un apartado de productos biotecnológicos y transgénicos con la finalidad de que se indique con claridad lo referente al establecimiento del registro de la producción total, distribución, venta y destino final de los Organismos Genéticamente Modificados, por ende se exhorta a las Comisiones de Salud tanto de la Cámara de Diputados y Senadores para que regulen este problema.
III. CONSIDERACIONES.
A. Desde tiempos inmemorables los seres humanos han modificado el entorno que los rodea y han seleccionado características valiosas de diferentes plantas y animales. Los métodos convencionales de mejoramiento de plantas y animales, a través de la fertilización cruzada y la selección, han permitido desarrollar variedades con grupos de características particulares.
En las últimas tres décadas, los investigadores han descubierto que el DNA puede ser modificado o intercambiable entre plantas, animales, bacterias y otros organismos, actualmente se esta volviendo un factor de riesgo o bien un problema de salud pública y esto refiriéndonos a los organismos genéticamente modificables como lo son los alimentos.
B. Es un problema enfrentar la producción de alimentos que una población demandante y en continuo crecimiento requiere; por lo que, desde años atrás se realizan estudios científicos, ejemplo de lo anterior es la generación de los OGMs.
Sabemos y se debe tomar en cuenta que el uso de los organismos transgénicos debe hacerse a partir de un riguroso análisis de los riesgos que puedan representar para el medio ambiente, la biodiversidad y la salud humana.
C. Los OGMs son seres vivos nuevos, inéditos en la naturaleza y poseen información genética que no existía en su especie, ejemplo de ello es que la región mesoamericana de la que México forma parte, corresponde a uno de los centros de origen y diversificación de importantes cultivos agrícolas como son el maíz, el chile, la calabaza, el tomate entre otros. Es por esto, y coincidimos con los proponentes que es de crucial importancia que se lleven a cabo rigurosos análisis de riesgo y una regulación que permita tomar decisiones fundamentadas y responsables respecto a la liberación de cultivos genéticamente modificados, particularmente para los que México es centro de origen y diversificación.
Cabe señalar que la idea positiva que se tiene sobre los OGMs es que manipulando el material genético de las especies que consumimos, se evita que las plagas y las condiciones atmosféricas cambiantes perjudiquen la producción agrícola.
D. Sin embargo a raíz de estos problemas, nuestro país se fue dirigiendo a una regulación eficaz y veraz, y como resultado de ello se regulo lo anterior con el fin de darle prioridad a este problema y por ende evitar que se intensifique. El producto de esto arrojo que el 15 de Febrero del 2005 fuera aprobada por el Senado de la República la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados con un resultado de 87 votos en pro, 16 en contra y 6 abstenciones.
Como antecedente se puede mencionar que el 24 de mayo de 2000 el Ejecutivo Federal firmó ad referéndum el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el cual establece las bases para regular el uso y manejo seguros, así como los movimientos transfronterizos, de organismos vivos modificados provenientes de la biotecnología moderna, con la finalidad de proteger la diversidad biológica y la salud humana de los posibles riesgos que dichos organismos les pudieran representar.
Una de las obligaciones más importantes impuestas por el Protocolo de Cartagena y asumidas por el Estado Mexicano es la de expedir las medidas legislativas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de dicho tratado internacional. En este sentido, el Senado de la República integró una Iniciativa de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados presentada el 12 de Noviembre de 2002.
El 28 de abril de 2003, la Iniciativa de Ley aprobada por el Senado se turnó como Minuta a la H. Cámara de Diputados, a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Agricultura y Ganadería, y de Ciencia y Tecnología.
En la misma fecha las dos Cámaras integrantes del H. Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal suscribieron con los sectores agrícola y campesino del país el Acuerdo Nacional para el Campo por el Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía y Seguridad Alimentarias. En este acto se acordó exhortar al Poder Legislativo a consultar con las organizaciones campesinas y de productores el contenido de la Iniciativa de Ley de Bioseguridad aprobada por el Senado.
El 6 de agosto de 2003 la colegisladora, por conducto de la Comisión de Agricultura y Ganadería, realizó un Foro Nacional de Consulta de la Minuta ya mencionada, asimismo el 11 de septiembre de 2003 entró en vigor para México y otros países el Protocolo de Cartagena, surtiendo plenos efectos frente a la comunidad internacional respecto de su aplicación y cumplimiento de sus previsiones.
El 14 de diciembre de 2004, la H. Cámara de Diputados aprobó por mayoría la Minuta Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Bioseguridad, la cual contiene diversas modificaciones al articulado aprobado originariamente por el Senado. En esta misma fecha se devuelve a la cámara de origen con las modificaciones expuestas, la cual se aprueba en la fecha ya señalada.
E. Consideramos que dicha Ley abarca todos y cada uno de los puntos que se piden en el punto de acuerdo materia de este dictamen, ya que en principio esta Ley en lo general tiene por objeto regular las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados, con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola.
F. En la Ley de Bioseguridad se plasman puntos muy importantes los cuales justifican a lo que se pide en el Punto de Acuerdo en comento, esos puntos son los siguientes:
Asimismo el artículo 88 nos dice que los centros de origen y de diversidad genética de especies animales y vegetales sólo se permitirán la realización de liberaciones de OGMs cuando se trate de OGMs distintos a las especies nativas, siempre que su liberación no cause una afectación negativa a la salud humana o a la diversidad biológica.
En cuanto a los riesgos y las zonas libres de OGMs el artículo 90 marca que se podrán establecer zonas libres de OGMs para la protección de productos agrícolas orgánicos y otros de interés de la comunidad solicitante, conforme a lineamientos generales.
Asimismo el artículo 10 maneja que es de competencia en materia de bioseguridad la SEMARNAT, la SAGARPA y SSA.
Por otro lado artículo 19 menciona que la CIBIOGEM es una Comisión Intersecretarial que tiene por objeto formular y coordinar las políticas de la Administración Pública Federal relativas a la bioseguridad de los OGMs.
El Capitulo V establece la colaboración concurrente en el monitoreo de los riesgos que pudieran ocasionar las actividades de liberación de OGMs en los estados de la Republica.
El Titulo Segundo, Capítulo Primero nos plasma todo lo relacionado sobre los permisos para la liberación de OGM.
Del Titulo Segundo en el Capitulo III nos menciona el estudio y evaluación de riesgos caso por caso. El Capítulo VIII del mismo Titulo nos habla de la exportación de OGMs que se destinen a su liberación al ambiente en otros países y menciona lo siguiente en su artículo 72.- Los interesados en exportar OGMs que se destinen a su liberación al ambiente en otros países, notificarán por sí, conforme se determine en las disposiciones reglamentarias que deriven de esta Ley, su intención de exportar dichos organismos, a las autoridades competentes del país respectivo. Dicha notificación sólo se realizará en los casos en que los tratados y acuerdos internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte, establezcan ese requisito para efectuar la exportación al país de que se trate. La información que el interesado adjunte a la notificación a que se refiere este artículo, deberá ser exacta, fidedigna y ajustada a lo que establezcan dichos tratados y acuerdos internacionales.
Por otro lado el Capítulo I del Titulo IV en los artículos 86, 87 y 88 mencionan las zonas restringidas y en el Titulo V del artículo 91 al 98 nos habla de las autorizaciones de OGMs
Por otra parte el Titulo VII trata sobre las listas o bien los registros de los OGMs. Así como el Capitulo II del Titulo VIII que nos habla del Registro Nacional de Bioseguridad de los OGMs en su artículo 109.- El Registro, que estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM, tendrá carácter público y tiene por objeto la inscripción de la información relativa a las actividades con OGMs, así como de los propios organismos. Su funcionamiento y lo que puede ser objeto de inscripción se determinarán en las disposiciones reglamentarias que deriven de esta Ley. La SEMARNAT, la SAGARPA y la SSA contribuirán a la organización y funcionamiento del Registro
Por último el Capitulo II del Titulo Décimo nos plasma en su artículo 115 al 118 las medidas de seguridad sobre el aseguramiento, almacenamiento de OGMs entre otras circunstancias. Y el Titulo Décimo Primero nos menciona todas y cada una de las infracciones y sanciones de esta Ley.
Sin embargo se considera que esta circunstancia esta específicamente regulado en la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. Asimismo somos conscientes del problema que este tema trae como consecuencia, sin embargo actualmente se están implementando todas las acciones para regular los OGMs, ejemplo de ello es el Protocolo de Cartagena y que México se unió al mismo y por último dio píe a la regulación del tema creando la Ley de Bioseguridad ya mencionada.
Por lo anteriormente expuesto los integrantes de esta Comisión de Salud con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de esta asamblea el siguiente:
RESOLUTIVO
PRIMERO. Se desecha la proposición, toda vez que el exhorto esta dirigido a las Comisiones de Salud de las Cámaras de Diputados y Senadores, las cuales han cumplido con su tarea legislativa al aprobar la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, cuya publicación está pendiente; por lo que no existe materia para el exhorto propuesto.
SEGUNDO. Archívese las proposiciones con Punto de Acuerdo que aquí se dictaminan, como asuntos total y definitivamente concluidos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro
Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Diputados.
Así lo acordaron y lo firmaron los CC. Diputados integrantes de la Comisión de Salud.
Diputados: José Ángel Córdova
Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido, Pablo Anaya
Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica),
Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría
Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva
(rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica),
Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez,
Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño
Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio
García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho, Hugo
Rodríguez Díaz (rúbrica), José García
Ortiz, Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo,
Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás
(rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio
Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica
Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka (rúbrica),
Javier Manzano Salazar, Irma Sinforina Figueroa Romero (rúbrica),
José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña
Horta, María Angélica Ramírez Luna.
DE LA COMISION DE SALUD, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD EL PLENO CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-025-SSA2-1994, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL HOSPITALARIA MÉDICO-PSIQUIÁTRICA
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio y posterior dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Salud el pleno cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria medico- psiquiátrica, presentada por el Diputado Javier Salinas Narváez y suscrita por la Diputada Irma Figueroa Romero del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en los artículos 72, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, párrafo I; 45, párrafo 6, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 87, 88, 89, 136 y 137 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Salud, de la LIX Legislatura, sometemos a la consideración de este honorable pleno, el presente Dictamen, de acuerdo a la siguiente:
METODOLOGÍA
La Comisión, encargada del análisis y dictamen del Punto de Acuerdo mencionado anteriormente, desarrolla este dictamen, conforme a la metodología que a continuación se describe:
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, así mismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen al punto de acuerdo en análisis.
En sesión celebrada con fecha 22 de diciembre de 2004, el Diputado Javier Salinas Narváez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante la Comisión Permanente, la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Salud el pleno cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria medico-psiquiátrica.
Con la misma fecha, la Mesa Directiva, turnó la mencionada proposición a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen.
II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO.
La propuesta manifiesta que la situación de los enfermos mentales en nuestro país no es la adecuada y que existe una clara violación a los derechos humanos de los pacientes que ingresan a los Hospitales Psiquiátricos.
Así mismo señala que esta circunstancia evita que los enfermos puedan tener una rehabilitación integral, como lo establece la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994.
Debido a estas razones, los diputados proponen hacer un exhorto al titular de la Secretaría de Salud al pleno cumplimento de la norma antes mencionada.
III. CONSIDERACIONES.
B. Como lo menciona la diputada promovente, la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994 Para la Prestación de Servicios de Salud en Unidades de Atención Integral Hospitalaria Medico-Psiquiátrica; establece los criterios de la atención de las personas que padecen alguna enfermedad mental.
C. Un apartado importante lo ocupa la rehabilitación integral, entendida como el conjunto de acciones y programas dirigidos a la utilización del potencial máximo de crecimiento personal de un individuo, que le permita superar o disminuir desventajas adquiridas a causa de su enfermedad en los principales aspectos de su vida diaria; tiene el objetivo de promover en el paciente, el reaprendizaje de sus habilidades para la vida cotidiana cuando las ha perdido, y la obtención y conservación de un ambiente de vida satisfactorio, así como la participación en actividades productivas y en la vida socio-cultural.
D. El titular de la Secretaría de Salud, se ha manifestado a favor de esta rehabilitación integral no sólo en nuestro país, sino en diversos foros internacionales, en los cuales se han admitido las limitaciones en la atención de los enfermos mentales, debido a la falta de recursos financieros y a que no existen seguros que cubran las enfermedades mentales. Aunado a esto, las enfermedades mentales tienden a incrementarse por el propio aumento en la esperanza de vida de la población.
E. México esta cambiando su política en cuanto al tratamiento de las enfermedades mentales para ir de la mano de las acciones propuesta por la Organización Mundial de la Salud, para tratar a la salud mental como un tema prioritario.
F. En esta implementación de nuevos tratamientos, México se ha preocupado por proteger los derechos humanos de las personas que sufren un desorden mental y combatir la discriminación de que son objeto.
G. Creemos que en efecto, la Secretaría de Salud ha implementado acciones y programas tendientes a proteger la salud mental de los mexicanos, no sólo en aquellos que ya sufren de alguno de estos padecimientos, sino, fundamentalmente, dedicando sus esfuerzos a la prevención de este tipo de enfermedades.
H. Por estos motivos, fue publicado el 21 de Julio de 2004, en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional de Salud Mental, como órgano de consulta de esta dependencia, que tendrá por objeto apoyar la promoción de las acciones de los sectores público, social y privado del país en las áreas de prevención, consulta externa, hospitalización, rehabilitación y reintegración social del individuo, en lo relacionado con problemas de salud mental; así como proponer y coadyuvar en la evaluación de los programas relativos en la materia y la difusión e implantación de modelos innovadores de atención en salud mental.
RESOLUTIVO.
Artículo Único. No es de aprobarse el Punto de Acuerdo, debido a que la Secretaría de Salud ha implementado acciones que cumplen cabalmente con la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994; además del esfuerzo que continúa realizando para mejorar la calidad de vida de los enfermos mentales como la creación del Consejo Nacional de Salud Mental.
Diputados: José Ángel Córdova
Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido, Pablo Anaya
Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica),
Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría
Salas (rúbrica), Maria del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica),
Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra
Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco
Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez
(rúbrica), Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García
Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica),
Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García
Ortiz, Isaías Soriano López, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo,
Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás
(rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio
Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica
Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka (rúbrica),
Javier Manzano Salazar, Irma S. Figueroa Romero (rúbrica), José
Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta,
María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).