La suscrita, diputada federal Esthela Ponce Beltrán con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Turismo y de Comunicaciones y Transportes con el objeto de que intervengan de manera inmediata para dar solución al conflicto entre los transportistas de Los Cabos, Baja California Sur, en razón de la siguiente
Exposición de Motivos
El problema de los transportistas en Los Cabos es un asunto que lleva más de 15 años, el cual se ha agudizado en las últimas semanas. La disputa por brindar servicio a los turistas, llevada a extremos lamentables, afecta sin lugar a dudas la economía del estado, ya que muchos promotores turísticos han cancelado destinos a Los Cabos porque perciben un clima de inseguridad y conflicto para el turismo nacional e internacional.
Debido a que la problemática principal se suscita precisamente en el corredor turístico de 32 kilómetros, el caso es de competencia evidentemente federal. Particularmente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Turismo.
Debido a lo delicado del asunto, pero sobre todo de las consecuencias que implica. Resulta urgente que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto de manera inmediata antes de que el conflicto tome matices de extrema gravedad. La oportuna y adecuada participación del Ejecutivo, debe lograr consensos y acuerdos entre transportadoras y taxistas para que ambos realicen su trabajo de la mejor manera y brinden un servicio adecuado en aras de fortalecer el flujo turístico y de divisas para Baja California Sur. Garantizando con ello, que el servicio de transportación turística en Los Cabos se realice de manera segura, eficiente, leal, transparente y justa tanto para los transportistas como para los usuarios.
En razón de lo anterior y toda vez que esta Cámara en diversos momentos se ha pronunciado porque el desarrollo económico vaya de la mano con el desarrollo social, propiciando un clima de certeza y justicia social, someto a esta H. Asamblea con carácter de urgente la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Turismo y de Comunicaciones y Transportes con el objeto de que intervengan de manera inmediata para dar solución al conflicto entre los transportistas de Los Cabos, Baja California Sur, privilegiando el consenso entre las partes involucradas y procurando en todo momento el establecimiento de la justicia social.
Segundo.- Se exhorta al los gobiernos estatal y municipal para que impulse acciones que involucren de manera transversal los tres niveles de gobierno con el objeto de implementar medidas de que no sólo respondan a la inmediatez sino que resuelvan la problemática a largo plazo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2005.
Dip. Esthela Ponce Beltrán (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT, A LA SRA Y A LA PROFEPA A IMPLANTAR UN PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES ASENTADAS DE MANERA IRREGULAR EN EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA DEL CAÑÓN DEL SUMIDERO, CHIAPAS, A CARGO DEL DIPUTADO ROBERTO A. AGUILAR HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Roberto Aquiles Aguilar Hernández, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con fundamento en los siguientes
Antecedentes
El 8 de diciembre de 1980 el presidente José López Portillo, emitió el decreto por el cual el Cañón del Sumidero en el estado de Chiapas se convierte en parque nacional, expropiando a favor del Gobierno Federal una superficie de 217.894,190.00 metros cuadrados. Lo anterior considerando que éste es uno de los lugares que reúne condiciones singulares por la variedad de fauna y flora silvestre, clima, topografía y el alto valor geológico que representa, además de la imponente belleza natural del lugar.
Pasados los años, durante los primeros días de 1994 y con el inicio del conflicto armado en la región. En la zona sur del área natural protegida, la colonia Km. 4, del municipio de Tuxtla Gutiérrez se extendió hacia el interior del polígono ocupando una superficie de 40.45.43 hectáreas, en las cuales rápidamente se establecieron construcciones formales. De igual forma en la zona sureste del parque nacional en comento, se establecieron núcleos de población denominados "Plan Chiapas", "El Refugio" y "Pedregal de San Ángel", estos últimos pertenecientes al municipio de Chiapa de Corzo.
Desde el año de 1994 diferentes grupos sociales irregulares solicitaron a las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); y a la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH); la regularización de los asentamientos humanos, por lo que se planteo un proyecto de desincorporación de más de 140 hectáreas del decreto del parque nacional.
Posteriormente la delegación federal en Chiapas de Medio Ambiente y Áreas Naturales Protegidas, consideró necesario ampliar el área a desincorporar a aproximadamente 200 hectáreas, incluyendo las 6 hectáreas del fraccionamiento irregular "Ribera Cahuaré", así como la "Calera Maciel" de 44 hectáreas, mismos que se encontraban incluidos en el polígono original del decreto.
La delegación estatal de Protección Ambiental de Chiapas emitió el 16 de diciembre de 1994, la validación del impacto ambiental para el proyecto citado sugiriendo la implementación de medidas básicas para la prevención y control de la contaminación ambiental.
El 27 de diciembre de 1994 la delegación estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, emitió un dictamen al proyecto de desincorporación donde manifiesta que de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Chiapa de Corzo, los polígonos del asentamiento irregular se localizan dentro de la zona destinada a uso habitacional, razón que hace factible el uso propuesto.
En el año de 1995 fue enviado el proyecto de desincorporación a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo(Secodam).
No obstante los sucesos relatados, a la fecha el problema continúa sin solución, dejando sin certidumbre jurídica a cerca de 1800 familias y con el riesgo de presentarse y conformarse nuevos asentamientos.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente.
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Secretaría de la Reforma Agraria y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a implementar un programa de atención integral a las comunidades asentadas de manera irregular en el área natural protegida del Cañón del Sumidero, en el estado de Chiapas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días del mes de marzo de dos mil cinco.
Dip. Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO, EN LOS ÁMBITOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, A IMPLANTAR LAS MEDIDAS CONDUCENTES A PROMOVER E INSTITUIR EL PRIMER DOMINGO DE MARZO DE CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL DE LA FAMILIA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA LETICIA RIVERA CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe Martha Leticia Rivera Cisneros, diputada de la LIX legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía una proposición como punto de acuerdo, para solicitar a la Cámara de Diputados que exhorte respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo en sus respectivos ámbitos, federal, estatal y municipal, a implementar las medidas conducentes para promocionar e instituir el primer domingo del mes de marzo de cada año, como el día nacional de la familia, con base en las siguientes
Consideraciones
El primer domingo del mes de marzo del año en curso, los mexicanos nos dispusimos a celebrar el "día nacional de la familia", como la célula social más pequeña, celebramos a la institución fundamental para la vida de toda la sociedad.
El día de la familia nos ofrece la gran oportunidad para reflexionar sobre su importante valor, su naturaleza, su misión, pero sobre todo para despertar la conciencia de que la familia es el patrimonio de México, siendo el tesoro que debemos cuidar, proteger y promover. La familia es el primero y más importante baluarte de la humanidad y de la cual nadie puede alejarse y permanecer indiferente. Porque cuando falta la familia, se crea un mundo con carencias preocupantes y dolorosas que pesarán para toda la vida.
La iniciativa de celebrar el día de la familia, -organizada por el consejo nacional de la publicidad, en coordinación con el sector gubernamental, educativo y del sector social- puso de manifiesto que la cuestión familiar es algo fundamental para los mexicanos.
Esto es así, porque sabemos que la familia es una comunidad de personas unidas por lazos filiales y de amor, donde el bien común de los esposos, que es el amor, es también el bien común de los hijos, y en última instancia también es el bien común de la sociedad. Hay que reconocer que en la familia encontramos el primer "nosotros", en donde cada uno es un "yo" y un "tú", pues la familia mexicana es rica y abundante en relaciones, en donde cada uno es para el otro, esposo-esposa, padre-madre, hijo-hija, abuelo-nieto, hermana - hermano, un sin número de riqueza trasmitida.
La vida de todo ser humano se enfrenta a momentos fundamentales a lo largo de su existencia: El nacimiento, el amor, el trabajo y la muerte. En cada uno de éstos está la familia, ella es el espacio esencial donde se viven los acontecimientos que influyen en la formación de la persona, es donde se crece en madurez, en libertad y en donde se reconoce a la persona como ser único e irrepetible, amado, a quien se le desea el mayor bien.
La familia como centro de intimidad, contribuye a fortalecer la identidad, el sentido de pertenencia y proporciona el amor que es primordial en cada uno de sus miembros. La familia es por excelencia el ámbito de lo insustituible, el espacio de correspondencia, de la mutualidad, de la completa reciprocidad, donde se forja nuestro modo de ser, en el que se manifiesta que la persona existe para la convivencia y la comunión con otras personas. Siendo pues, la familia el espacio natural de desenvolvimiento del ser humano, es posible entender que no es un asunto que pueda ser ignorado al momento de entender y atender a las personas.
Es por ello que "La familia tiene que volverse una perspectiva tanto para la prevención como para la atención -en términos de servicio- de las personas reales", ya que cumple una función social que permite que sus miembros contribuyan al fortalecimiento de la comunidad donde vive.
El primer domingo de marzo (fecha señalada para conmemorar a la familia) no se encuentra aún instituido como efeméride, no obstante su importancia y relevancia al ser la célula fundamental para nuestra sociedad.
En este sentido, hacemos una respetuosa exhortación a los titulares del poder ejecutivo en sus respectivos ámbitos, federal, estatal y municipal, a implementar las medidas conducentes para promocionar e instituir el primer domingo del mes de marzo de cada año, "como el día nacional de la familia".
Este espacio de representación tan importante, debe empezar a impulsar políticas públicas y leyes que protejan, cuiden y promuevan a la familia, sus valores y su legado para una sociedad más humanizada. Consideramos que impulsar a la familia es promover la salud de nuestra sociedad, porque muchas familias sufren de alguna manera de carencias, apoyos, vejaciones, imperfecciones, ataques, indiferencias.
Es importante buscar las leyes que nos brinden la posibilidad de promover el bienestar social de la familia, la estabilidad económica, emocional y cultural de los miembros que la integran y todo esto en relación directa con la salud, la educación y el progreso de la comunidad.
La familia mexicana espera mucho de cada uno de los diputados de la actual legislatura, ojalá celebremos el día de la familia ofreciendo a toda la nación acuerdos que le sean de beneficio, como la reforma fiscal, laboral, electoral y energética, que nada tienen de ideológico o de benéfico para un partido o para un candidato. En lo único que hay que pensar es en beneficiar a nuestras familias mexicanas.
Es por ello fundamental que los esfuerzos deberán ser coordinados y congruentes, no sea que realicemos acciones que tiren en direcciones opuestas a la familia nulificando resultados en medio de inútiles jaloneos. Es frustrante para todos los mexicanos que 500 diputados y diputadas no nos pongamos de acuerdo en acciones en mejora de la familia mexicana.
Estimados compañeros y compañeras dejemos de "poner nuestros moños", celebremos juntos con toda la nación el principal baluarte del país: la familia mexicana.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permite presentar a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Que la H. cámara de diputados exhorte respetuosamente a los titulares del poder Ejecutivo en sus respectivos ámbitos, federal, estatal y municipal, a instituir y celebrar el primer domingo del mes de marzo de cada año, como el día nacional de la familia.
Segundo. La exhortación a los gobiernos federal, estatal y municipal a que en uso de sus atribuciones adopten las medidas conducentes para promocionar el día nacional de la familia.
Dip. Martha Leticia Rivera Cisneros (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LAS IRREGULARIDADES DEL ACUERDO APROBADO POR LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL IFE EN QUE SE ESTABLECE LA NUEVA DEMARCACIÓN TERRITORIAL ELECTORAL, A CARGO DEL DIPUTADO ISRAEL TENTORY GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos diputados federales, por el estado de Michoacán, integrantes de los diversos grupos parlamentarios representados en esta H. Cámara de Diputados y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, hacemos del conocimiento del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con fundamento en las siguientes
Consideraciones
El pasado 11 de febrero del año en curso con numero de acuerdo CG28/2005 el Instituto Federal Electoral, a través de su órgano superior de dirección aprobó el Acuerdo por el que se establece la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en que se divide el país, para su utilización en los procesos electorales 2005-2006 y 2008-2009, con base en lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás correlativos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Sin embargo y alejado de lo que este Instituto menciona con esta redistritación no se respetan los criterios emanados del texto constitucional como son el respeto al principio de equidad reflejado en el equilibrio poblacional, y propiciar la participación de las localidades y comunidades indígenas; eminentemente también se violan los criterios de índole geográfica que preserven la integridad territorial y los que resguardan la integridad de las unidades político administrativas, lo que de ninguna manera garantiza un mejor equilibrio poblacional lo anterior a que en base a esta irregular redistribución los accesos para la participación de la ciudadanía en las próximas elecciones se vería seriamente afectada.
En el mencionado acuerdo que aprueba la nueva demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales se divide al país y sus respectivas cabeceras distritales, que servirán para la realización de las elecciones federales en los procesos electorales federales del 2005-2006 y 2008-2009, así mismo se instruye a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, realice las adecuaciones en la cartografía electoral conforme a la nueva demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales aprobada por el Consejo General, y se instruye a la Junta General Ejecutiva para realizar las acciones administrativas conducentes para la integración, instalación y funcionamiento de los órganos distritales que resulten necesarios de conformidad a la nueva distribución territorial de los distritos electorales federales uninominales materia del presente acuerdo.
En este sentido el pasado martes primero de marzo del presente año, se presentó ante el Pleno de esta H. Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo por el que se da a conocer la inconformidad de los diputados federales por el estado de Chiapas sobre la redistritación realizada por el Instituto Federal Electoral, proposición que fue aprobada por unanimidad por esta Asamblea.
Sin embargo, vale la pena señalar que esta redistritación también afecta a otras entidades federativas como es el caso de Michoacán, por ejemplo en el actual onceavo distrito electoral con cabecera en Tacambaro se realiza esta redistritación, pretendiendo trasladar la cabecera Distrital de Tacambaro a la ciudad de Pátzcuaro, fusionando de esta forma la región de Tierra Caliente con la región lacustre de nuestro estado, haciendo a un lado toda identidad regional, étnica, cultural, social y política de nuestro estado.
Con el acuerdo en comento, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó los criterios y consideraciones operativas para la nueva redistritación que debería garantizar el equilibrio poblacional, los liminares político administrativos y accidentes geográficos, sobre la base de los artículos 2, 52, y 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Después de analizar esta redistritación y después de hacer un amplio consenso entre los ciudadanos que habitamos esta demarcación, los diputados federales de esta entidad consideramos que esta actuación del Instituto Federal Electoral, está alejada de la lógica y la operatividad en razón de la falta de valoración de los propios criterios aprobados por el Consejo General, ya que se atenta contra la accesibilidad, la geografía el equilibrio poblacional, los tiempos de traslado, la idiosincrasia de los pueblos, sus usos y costumbres etcétera.
Por lo anterior, manifestamos nuestra inconformidad por la violación al artículo 53 constitucional que establece el principio de equilibrio demográfico en la conformación de las demarcaciones territoriales que no se tomaron en cuenta en la redistritación de Michoacán violentando con ello la vida democrática y las prerrogativas de los ciudadanos de votar y ser votados, ya que esta distribución geográfica no garantiza que el voto tenga el mismo valor y representatividad y que las casillas electorales tengan fácil y libre acceso para los electores.
Sin duda alguna que esta nueva demarcación territorial provocará severas confusiones entre la población e impedirá que el trabajo que realizan los partidos y sus candidatos cumplan con la obligación constitucional de promover la anticipación del pueblo de Chiapas en la vida democrática y se complique el acceso de los ciudadanos al ejercicio del sufragio.
Por lo que, independientemente de las impugnaciones que se han presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consideramos necesario expresar esta inconformidad ante la máxima tribuna de la nación, toda vez que los actos realizados por los consejeros electorales del IFE, están en contra de toda congruencia democrática, jurídica, económica, cultural, étnica y social.
Y en este sentido los exhortamos a que rectifiquen el acuerdo que aprobaron y los cambios a la estructura distrital llevada a cabo en el estado de Michoacán porque atentan contra el avance democrático y la participación de la ciudadanía en la vida política del estado.
Por lo antes expuesto proponemos el siguiente:
Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución sobre las irregularidades contenidas en el acuerdo aprobado por los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral en la aprobación de la nueva demarcación territorial electoral del estado de Michoacán.
Único: Los diputados federales por el estado de Michoacán nos pronunciamos en contra de la redistribución aprobada por el Instituto Federal Electoral y lo exhortamos a que considere los argumentos planteados ante esta tribuna y las impugnaciones presentadas por varios partidos políticos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que realice las adecuaciones necesarias para la creación de una redistritación coherente con los escenarios geográficos y políticos en el estado de Michoacán.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 8 de marzo de 2005.
Dip. Israel Tentory García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A AMPLIAR LA VIGENCIA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE COADYUVAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DEL SUR-SURESTE DE MÉXICO, SUSCRITA POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Los integrantes de la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, de los grupos parlamentarlos del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y partido Convergencia, sometemos a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente punto de acuerdo, a través del cual se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México tenga vigencia hasta el término de la actual LIX Legislatura.
Antecedentes
Quizás una de las características que mejor definan a México, en un sentido negativo y en términos de desarrollo económico, sea la profunda división que existe entre las regiones norte y centro del país -dinámicas, en crecimiento casi constante, con buenos niveles de desarrollo humano, ingresos y bienestar más o menos aceptables, conectadas orgánicamente con las economías que forman parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte- y la región sur-sureste, que tiene los índices nacionales de pobreza más significativos, con un perfil más agrario que industrial, con tasas altas de analfabetismo, mortalidad infantil, marginación, en donde vive 28 por ciento de la población nacional y 72 por ciento de las etnias indígenas.
Asimismo, otros datos muestran que el grado de dispersión de la población en localidades pequeñas es mucho mayor en el sur-sureste que en el resto del país, ello dificulta sin duda la provisión de servicios públicos e infraestructura. Dentro de estas localidades pequeñas, en la región sur-sureste existen más de 23 mil en condiciones de aislamiento (sin caminos y fuera del circulo de influencia de alguna ciudad), cuya población vive en condiciones sumamente precarias.
Evidentemente, se trata de un contraste que asombra porque divide México de una manera tajante, inaceptable desde cualquier punto de vista, al mismo tiempo que constituye un lastre para el desarrollo nacional. Por ello, desde hace tiempo diversas administraciones gubernamentales han intentado establecer mecanismos que permitan que norte y sur mexicanos, si no igualen sus ritmos de crecimiento y desarrollo, al menos sí se acerquen lo más posible, a fin de lograr que avancen en igual velocidad y hacia una verdadera integración nacional.
En ese sentido; y en ejercicio de la representación nacional que poseemos las diputadas y los diputados federales, pero especialmente por la vinculación que con los problemas estatales y regionales tenemos los diputados electos en las entidades y circunscripciones que comprenden la región sur-sureste de México, resulta pertinente que, mediante un ánimo responsable de colaboración y coordinación, a través de los instrumentos de que legalmente dispone la Cámara de Diputados, nos sumemos a las plataformas formuladas por todos los partidos políticos nacionales para impulsar el desarrollo regional y emprender acciones en beneficio del desarrollo del sur-sureste de México.
La calidad del Poder Legislativo depende hoy de su capacidad para cambiar inteligentemente, partiendo de la premisa de que el desarrollo es de las personas o no es desarrollo, contempla, entre otros, nuevas políticas públicas para el desarrollo humano (prestando especial atención al desarrollo integral de las comunidades y de los pueblos indígenas), la lucha contra la pobreza, la promoción de la inversión y el desarrollo productivo, la realización de inversiones estratégicas de infraestructura que permitan a la región comunicarse mejor y aprovechar sus potencialidades.
Es evidente, sin embargo, que el desarrollo no puede depender exclusivamente de la incidencia de la inversión privada; las desigualdades y tantas carencias que presenta el país, por lo que se hace indispensable la acción decidida y correctiva del sector público y de sus inversiones para garantizar el desarrollo social.
Por ello, esta Comisión Especial del sur-sureste de la LXI Legislatura, como una expresión contundente de todas sus fracciones parlamentarias, recoge en las palabras de gobiernos y sociedad con el compromiso de impulsar la equidad y el desarrollo de esa región de nuestro país, al tenor de las siguientes
Consideraciones
2. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía nacional y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.
3. Que en el artículo 26 constitucional se dispone que también el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
4. Que la Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1983, establece las normas y los principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo el Plan Nacional de Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la Administración Pública Federal.
5. Que el Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades del desarrollo integral del país; contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y los responsables de su ejecución; establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social; y regirá el contenido de los programas que se generen en el Sistema Nacional de Planeación Democrática.
6. Que, dado que en la dinámica del desarrollo nacional a lo largo de la historia se han generado por diversas circunstancias de orden social, económico, geográfico y político, condiciones de atraso y marginación en algunas entidades federativas, especialmente en las comprendidas en las regiones del sur-sureste del país, y atendiendo a la necesidad de legislar al respecto, cuidando que las leyes, programas y políticas públicas adquieran una perspectiva que promueva la cohesión social, la equidad y la igualdad de oportunidades en esta región.
7. Que la Comisión Especial sur-sureste, en los anexos 4 y 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, incorporó recursos adicionales por un monto de 6,522.7 millones de pesos para proyectos de infraestructura en materia de desarrollo regional en el sur-sureste del país.
8. Que en seguimiento del numeral antes expuesto, de manera unánime los titulares de los Poderes Ejecutivos de los nueve estados que comprenden la región sur-sureste del país han manifestado enfáticamente su respaldo para que la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo regional relacionados con la región sur-sureste de México tenga vigencia hasta el término de la actual LIX Legislatura, como una necesidad futura de dar continuidad a los compromisos y las acciones de desarrollo regional que se han desprendido entre los gobiernos de los 9 estados del sur del país y la Comisión Especial del sur-sureste y que, a su vez, estén en mejores posibilidades de contribuir al proceso de planeación-programación-presupuestación e incorporen sus propuestas, con objeto de elaborar los planes regionales de desarrollo en que los estados sean actores centrales y no espectadores en este proceso.
Punto de Acuerdo
Primero. Se amplía la vigencia de la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México hasta el término de la actual LIX Legislatura.
Segundo. Se ratifica el nombramiento de la actual Mesa Directiva.
Transitorio
Único. La presente disposición entrará en vigor al siguiente día de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.
Diputados: Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja
(rúbrica), Francisco Herrera León (rúbrica), José
Jesús Vázquez González (rúbrica), Francisco
Chavarría Valdeolivar (rúbrica), Rogelio Rodríguez
Javier (rúbrica), Juan Antonio Gordillo Reyes (rúbrica),
Belizario Iram Herrera Solís (rúbrica), Roger David Alcocer
García (rúbrica), Guillermo Zorrilla Fernández (rúbrica),
Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Ubaldo Aguilar Flores
(rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica),
Alfredo Rodríguez y Pacheco (rúbrica), Ángel Pasta
Muñuzuri (rúbrica), Francisco Antonio Rojas Toledo (rúbrica),
José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Rosa María
Avilés Nájera (rúbrica), Abraham Bagdadi Estrella
(rúbrica), Juan García Costilla (rúbrica), Maximino
Alejandro Fernández Ávila, Francisco Amadeo Espinosa Ramos
(rúbrica), Jesús Emilio Martínez Álvarez (rúbrica),
Campos Eugenio Mier y Concha (rúbrica), Luis Felipe Madrigal Hernández
(rúbrica), Federico Madrazo Rojas (rúbrica), Amalín
Yabur Elías (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica),
Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica), José
Antonio Pablo de la Vega Asmitia (rúbrica), Irene Herminia Blanco
Becerra (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica),
Huberto Aldaz Hernández (rúbrica), Teofilo Manuel García
Corpus (rúbrica), Baruch Alberto Barrera Zurita (rúbrica),
Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), María Ávila
Serna (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica),
María Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Víctor
Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Virginia Yleana
Baeza Estrella (rúbrica), Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica),
Irma Guadalupe Moreno Ovalle (rúbrica), Rómulo Isael Salazar
Macías (rúbrica), Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica),
Filemón Primitivo Arcos Suárez Peredo (rúbrica), Gonzalo
Guízar Valladares (rúbrica), Felipe de Jesús Díaz
González (rúbrica), Salvador Vega Casillas (rúbrica),
Marisol Urrea Camarena (rúbrica), Dolores del Carmen Gutiérrez
Zurita (rúbrica), María Beatriz Zavala Peniche (rúbrica),
Blanca Judith Díaz Delgado (rúbrica), Juan Antonio Gordillo
Reyes (rúbrica), Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica),
Rafael Galindo Jaime (rúbrica), Carmen Guadalupe Fonz Sáenz
(rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Adrián
Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica), Raúl
Pompa Victoria (rúbrica), Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE SALUD, DE ECONOMÍA, Y DE TURISMO A DISEÑAR E IMPLANTAR PROGRAMAS CONJUNTOS DE DIFUSIÓN, PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y MEJORAMIENTO DE LA SALUD EN LOS CENTROS TURÍSTICOS DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO ÓSCAR BITAR HADDAD, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacer la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretarías de Salud, Economía y de Turismo a fin de que se diseñen e implementen programas conjuntos de difusión, prevención ,vigilancia y mejoramiento de la salud de los visitantes en los centros turísticos del país con base en los siguientes
Antecedentes y consideraciones
El turismo y la salud son dos conceptos estrechamente relacionados; ambos inciden directamente en la economía del país y son parte importante de la política social y económica.
Actualmente, en México se conoce el enorme potencial que ofrece el turismo a su economía. Sin embargo, muy poco se sabe acerca de los efectos que es capaz de producir en la salud de quienes habitan las zonas consideradas turísticas, así como sobre las repercusiones de la salud en el turismo.
Son también escasas las acciones de difusión e información respecto a las condiciones del lugar de destino del turista, los servicios de salud disponibles y la forma de obtenerlos, así como las medidas preventivas más convenientes.
De acuerdo con los resultados acumulados de la actividad turística durante el año 2004, resalta la captación de divisas que ascendieron a 10 mil 839 millones de dólares. La balanza turística arrojó un superávit de 3 mil 880 millones de dólares.
El número de turistas que visitaron el país en 2004 manifestó un crecimiento del 10.5% alcanzándose la cifra de 20.6 millones de turistas.
La actividad del turismo de cruceros siguió creciendo a niveles récord, ya que llegaron al país por esa vía 7.6 millones de visitantes.
En lo que respecta a la actividad aérea, en 2004 se registraron 20.7 millones de pasajeros aéreos nacionales y 12.1 millones de pasajeros internacionales.
Esto constituye un indicador suficientemente claro de que la importancia económica del turismo es cada vez mayor y se afirma que, como renglón independiente, sólo es superado por las exportaciones del petróleo y las remesas que envían nuestros connacionales, respectivamente.
A través de este enfoque económico, se aprecia que la afluencia turística aporta ingresos importantes que se encauzan a otros sectores de actividad productiva, generando empleo.
La salud es un elemento importante que debe tomarse en cuenta al planear la actividad turística, pues en él se incluye tanto a la población que vive en los lugares receptores, como a los visitantes.
El deterioro en la salud de los paseantes constituye un riesgo para toda la industria turística. Alguien que enferma quizá no vuelva; y en su lugar de origen será un agente de desprestigio que, con sus opiniones, alejará a turistas potenciales. Tal circunstancia se agrava cuando el padecimiento no es atendido debidamente y se ocasionan daños más severos.
Desde la perspectiva del bienestar social, durante las temporadas de alta incidencia turística la vida de las ciudades que constituyen destinos importantes, llega a verse alterada por la gran cantidad de visitantes, por un nutrido tránsito vehicular y por las múltiples actividades sociales que se superponen a las locales.
El turismo afecta a la población de las ciudades, cuando los servicios médicos necesarios para el paseante no se prevén y planean como parte de la infraestructura de esta industria. En estos casos, la demanda por parte de los visitantes se convierte en una sobrecarga para las instalaciones y recursos existentes, generalmente limitados.
En este nivel es necesario establecer mecanismos, políticas públicas e instancias de coordinación entre los sectores vinculados con la salud y el turismo, para realizar actividades específicas que incorporen esquemas de corresponsabilidad, así como un replanteamiento en la planeación y presupuestación del sector.
Por todo lo anteriormente expuesto, me permito poner a la alta consideración de este honorable Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- Exhortar al Ejecutivo federal para que instruya a las Secretarías de Salud, de Economía, y de Turismo, a fin de que se diseñen e implementen programas conjuntos de difusión, prevención, vigilancia y mejoramiento de la salud de los visitantes, en los centros turísticos del país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, al octavo día del mes de marzo de 2005.
Dip. Oscar Bitar Haddad (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A INSTAURAR UNA AMPLIA CAMPAÑA INFORMATIVA PARA DAR A CONOCER LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES QUE LLEVA A CABO EN BENEFICIO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, A CARGO DEL DIPUTADO GUILLERMO ANTONIO OLMOS CAPILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal en la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
En el año de 2003, último año para el que se cuenta con información completa, la Secretaría de Economía por medio de los programas y de los fondos de apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas que opera contribuyó a incrementar la productividad y competitividad. Fueron apoyados 673 proyectos que impulsaron el desarrollo sectorial y regional, atendiendo a 142,576 empresas en las áreas de: formación empresarial, capacitación, consultoría, desarrollo e innovación tecnológica, acceso a financiamiento, esquemas de asociación empresarial, proyectos productivos y de infraestructura, así como acceso a mercados. Todos estos financiados mediante el Fondo PYME. Es probable que tales resultados se incrementen para el año 2004.
Como puede verse, resalta la variedad de programas y acciones emprendidas desde la esfera oficial para atender al subsector de las micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, creemos que los recursos asignados a la Secretaría de Economía para atender los rubros mencionados podrían rendir mejores resultados.
La dependencia ha privilegiado para la difusión de sus actividades y apoyos los modernos medios electrónicos, descuidando otros instrumentos de difusión. La creación y operación del ?Sistema de Seguimiento de Apoyos?, a través de Internet, como "único medio para presentar solicitudes" de apoyo de los microempresarios, al parecer ha resultado insuficiente, no obstante el funcionamiento de las "ventanillas de recepción" instaladas en las oficinas de las secretarías de desarrollo económico y en las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría en todas las entidades federativas del país.
Estimamos que las acciones oficiales alcanzarían mejores resultados y, consecuentemente, los recursos públicos implicados en ello serían mejor aprovechados si una mayor número de micro y pequeños empresarios conociera los variados programas existentes y sus ventajas. Para ello se requiere emprender campañas masivas de difusión que incluyan medios adicionales a Internet.
Lo anterior cobra mayor relieve si consideramos que para este año el proyecto de Presupuesto de la Federación otorgó a la Secretaría de Economía 5,532.3 millones de pesos. Pero adicionalmente la Cámara de Diputados le reasignó 1,485.3 millones de pesos dando un presupuesto definitivo de 7,017.6 millones de pesos, lo que representa un incremento presupuestal del 26.8%.
Los incrementos presupuestales aprobados por esta honorable Cámara de Diputados están dirigidos y concentrados en las unidades administrativas y programas relacionados con el apoyo a empresarios pequeños y medianos. Tales son los casos de la Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario con un incremento de 24.6%, a la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa con un incremento de 45.9%, la Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica con 45.2%; así como a la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad que obtuvo el mayor incremento presupuestal dentro de la Secretaría del 154%.
Es nuestro deber, una vez que autorizamos mayores recursos a esta dependencia dirigidos al subsector de los micro y pequeños empresarios, coadyuvar con la Secretaría a dar un uso más eficiente a tales recursos. Lo que venimos a proponer aquí es una vía adecuada y pertinente.
En tal virtud someto a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Economía, a fin de que instrumente una amplia campaña informativa para dar a conocer a un público más amplio los programas y acciones que la Secretaría lleva a cabo en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas del país y éstas puedan beneficiarse de las acciones gubernamentales.
Segundo.- La mencionada campaña deberá ser suficientemente clara y motivadora de manera que los pequeños productores tengan incentivos para incorporarse a los programas y acciones de la Secretaría en la materia.
Tercero.- Asimismo, se deberá aclarar y fomentar la posibilidad de asociación de los productores en empresas incubadoras.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2005.
Dip. Guillermo Antonio Olmos Capilla (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SHCP A CUMPLIR DE MANERA ESTRICTA LAS DISPOSICIONES DEL PEF DE 2005 EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE ÉSTE Y EN LA ELABORACIÓN DE LOS CALENDARIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A SU EJECUCIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO ELPIDIO CONCHA ARELLANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Social y Vivienda de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el proceso de integración del Presupuesto de Egresos de la Federación y en la elaboración de los calendarios financieros correspondientes a la ejecución de éste, se observe un estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al año fiscal 2005.
Las motivaciones para la presente tienen los siguientes
Antecedentes
2. El 30 de noviembre de 2004 el Ejecutivo federal, argumentando ejercer la facultad que le confiere el artículo 72 de la Constitución General, devolvió con diversas observaciones el decreto de Presupuesto de referencia a la Cámara de Diputados, aseverando que este presentaba inconsistencias y contradicciones de carácter técnico-presupuestarias, recortes al gasto en detrimento de la operación normal y eficiente de la Administración Pública Federal.
3. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, conservó en su poder las observaciones enviadas por el Ejecutivo sin hacer pronunciamiento o trámite alguno al respecto y sólo determinó abrir el debate sobre su procedencia o rechazo hasta el 14 de diciembre del año 2004.
4. El 15 de diciembre de 2004, la Cámara de Diputados devolvió al Ejecutivo federal el original del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, con la solicitud de que se procediera a su publicación.
Asimismo, se devolvieron las observaciones formuladas por el Ejecutivo federal, señalando entre otras cosas que "no es de admitirse con el carácter de observaciones para trámite en la Cámara de Diputados, el documento enviado por el Presidente de la República a esta Soberanía?"
5. Finalmente el día 20 de diciembre de 2004, fue publicado en el Diario Oficial el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2005.
6. El mismo 20 de diciembre de 2004, la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UPCP-SHCP), encargada del manejo del presupuesto federal, envió a todas las Unidades Ejecutoras de Gasto (UEG) el oficio 307-A-1318, conteniendo los Lineamientos para la Integración del Presupuesto de Egresos.
Con lo anterior, este dependencia pretendía acatar lo dispuesto en el artículo 3º transitorio del DPEF, el cual señala lo siguiente: "El Presupuesto de Egresos de la Federación sus Tomos y Anexos para este ejercicio fiscal, deberán publicarse en la página electrónica de la Secretaría a más tardar el 2 de enero de 2005 y se enviará en versión impresa a la Cámara a más tardar el 20 de enero de 2005".
7. En ese contexto, el 21 de diciembre de 2004, el titular del Poder Ejecutivo federal interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juicio de Controversia Constitucional en contra de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, argumentando diferentes violaciones en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al año fiscal 2005.
8. El 22 de diciembre de 2004 la Suprema Corte de Justicia de la Nación decreta la suspensión de diferentes conceptos contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, dentro del juicio de controversia constitucional identificado con la clave 109/2004, estando pendiente la sentencia definitiva de la Suprema Corte sobre el particular.
9. El artículo tercero transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 (página 67 del Diario Oficial del 20 de diciembre de 2004) obliga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a publicar en su página electrónica el Presupuesto de Egresos a más tardar el día 2 de enero de 2005 y a enviar a la Cámara de Diputados antes del 20 de enero en versión impresa del referido Presupuesto de Egresos, en donde deberá aparecer la información desagregada por capítulo de gasto en los diferentes tomos que integran el PEF.
10. Es el caso que pese al mandato expreso contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las asignaciones financieras contenidas en éste, no fueron registradas en su integridad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su página electrónica y en la versión impresa enviada a esta soberanía legislativa, advirtiéndose que en lo que se refiere a las partidas presupuestarias del llamado Ramo 20 Desarrollo Social, la Secretaría de Hacienda, procedió a modificar unilateralmente y fuera de toda atribución legal, un decreto emitido por este cuerpo legislativo, omitiendo registrar asignaciones aprobadas por esta soberanía y alterando los montos aprobados por esta Cámara de Diputados a diferentes programas de la Secretaría de Desarrollo Social.
Es decir, la SHCP en la fase de integración del presupuesto tenía que haber reflejado escrupulosamente el mandato de la Cámara de Diputados, contenido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Esa oportunidad fue aprovechada por la Secretaría de Hacienda parra modificar arbitrariamente el gasto asignado a los programas sociales de la Sedesol contraviniendo el mandato de la Cámara.
11. La violación al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, cometida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se advierte al confrontar de manera detallada los programas y las partidas específicas correspondientes al Ramo 20 Desarrollo Social, que fueran aprobadas por esta soberanía, frente asignaciones financieras que fueran publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su página electrónica y entregadas posteriormente a esta H. Cámara de Diputados.
Primero.- Las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia presupuestal se encuentran contenidas en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 5, 38 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como en el artículo 3 del Reglamento de dicha ley, asimismo las atribuciones de esta dependencia de la Administración Pública Federal, respecto al Presupuesto federal para el presente ejercicio fiscal se encuentran contenidas en los anexos 1 y 18 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 y en el artículo 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En las disposiciones normativas en referencia, no es posible encontrar atribución expresa que faculte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a modificar la naturaleza y los alcances del decreto de Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados. Pese a ello, dicha dependencia administrativa se arroga la facultad de alterar sustancialmente la norma presupuestal aprobada por esta soberanía.
Segundo.- Es preciso remitirnos a un análisis detallado de las reasignaciones y ajustes efectuados unilateralmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para reafirmar la violación a la normatividad presupuestaria que regula las atribuciones de la Secretaría en la materia.
El cuadro que a continuación se inserta muestra el ajuste de las asignaciones financieras efectuadas por la SHCP a diferentes partidas aprobadas por la Cámara de Diputados.
Las incongruencias que se advierten van desde la omisión de 382 millones de pesos aprobados por la Cámara para el Programa de Vivienda Rural, partida que simple y llanamente se excluye del presupuesto publicado en la página electrónica de la SHCP. Asimismo se advierten ampliaciones o reducciones aparentemente incomprensibles en partidas en las que por una parte la SHCP les amplia el techo presupuestario y posteriormente les reduce en otros renglones montos similares de presupuesto.
Por tanto, la afectación a diferentes programas presupuestarios es evidente si se efectúa un examen a nivel de partidas específicas.
Observando el Analítico de Claves del Presupuesto, (que es la base de datos entregada por la SHCP a la Legislatura, en donde se incluyen con todo detalle los ajustes efectuados por la Secretaría de Hacienda, pudiendo hacerse la comparación entre el proyecto original enviado por el Ejecutivo, la distribución de los recortes ordenados por la Cámara de Diputados, así como la forma como se registraron las ampliaciones aprobadas, hasta integrar el presupuesto vigente se concentra la totalidad de los ajustes efectuados a nivel de partidas), observando dicho documento se confirma la existencia de irregularidades en el trabajo presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al modificar sustancialmente el Decreto aprobado por la Cámara de Diputados.
A continuación se adjuntan diferentes datos sobre las partidas presupuestarias realizadas por la Secretaría de Hacienda en donde esta dependencia aumenta o disminuye discrecionalmente las asignaciones financieras al Ramo 20, Desarrollo Social del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005.
Como es posible advertir en el cuadro inserto, la SHCP por un lado incrementa diversos renglones del Ramo 20 y por otro lado los reduce hasta por el mismo monto dentro del mismo rubro y en la partida. Tal cosa que en apariencia es incomprensible, adquiere lógica cuando se interpreta como una simple reasignación presupuestaria.
Esto es, por ejemplo la SHCP incrementa en 125 millones de pesos la partida correspondiente al programa Hábitat y simultáneamente reduce en ese mismo monto el presupuesto de dicho programa. Eso se comprenderá si el movimiento señalado se explica a manera de reasignación contable, es decir se reduce el monto del programa Hábitat en las asignaciones destinadas a "promover y fomentar la producción de bienes y servicios básicos estratégicos para las personas que viven en situación de pobreza extrema" y esa misma cantidad se reasigna a pago de nómina, gastos administrativos y de operación.
Tal situación se repite con el mismo esquema, es decir por una parte se incrementa una partida y por otra parte se disminuye o se reasigna a otro tipo de gasto dentro del mismo rubro o programa. Tal es el caso del Programa Coinversión Social en donde por una parte se incrementan 40 millones a su gasto y por otra parte se le reduce el mismo monto; al Programa 3x1 migrantes la SHCP le incrementa por un lado 100 millones y le reduce por otro 50 millones; a Diconsa le incrementan 225 y le reducen 120 millones; al programa Empleo Temporal le aumentan 160 millones y le reducen 35; al Fonhapo le incrementan 395 millones y le reducen 120.
Complementariamente a lo anterior, se observa que no solo a los programas correspondientes a Sedesol, la Secretaría de Hacienda les hace ajustes arbitrarios e ilegales. Por lo que se refiere al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades que está asignado a la Secretaría de Educación Pública, nos encontramos que en el proceso de integración del Presupuesto, la SHCP aprovechó para reducirle mil 733 millones de pesos del componente educativo del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Así, el presupuesto para becas de Oportunidades pasó de 17 mil 202 millones de pesos, que aprobara la Cámara de Diputados, a sólo 15 mil 468 millones. Es decir, se redujo en más del 10 por ciento.
Lo anterior sin existir atribución alguna por parte de la SHCP para efectuar ese tipo de modificaciones a programas aprobados por esta Legislatura.
Tercero.- En el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la Cámara de Diputados acordó efectuar un recorte al gasto administrativo y de operación de la Secretaría de Desarrollo Social por un monto de 775 millones de pesos. Al mismo tiempo esta soberanía legislativa aprobó ampliar en 2,484 millones de pesos el presupuesto de Sedesol en diferentes ramos y programas específicos y reasignar más de 1,700 millones de pesos en diferentes áreas y rubros del Ramo 20 Desarrollo Social del Presupuesto de Egresos.
Lo anterior se subraya atendiendo a que de acuerdo con los Lineamientos para la integración del presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, emitidos por la propia Secretaría de Hacienda, en el oficio circular número 307-A-1318, fechado el 20 de diciembre del 2004, se establece entre otras cosas que:
2. Los ramos administrativos deberán llevar a cabo una reducción equivalente al 1% del total de los recursos destinados a servicios personales.
3. Una vez efectuada la reducción del 1% en servicios personales, adicionalmente se llevará a cabo la identificación del resto de las probables reducciones, implementando tales reducciones en el rubro del gasto de operación.
4. En los ajustes administrativos se procurará no afectar las asignaciones establecidas en el proyecto de decreto de egresos mandado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados
El monto de los 400 millones de pesos resulta de sumar las diferentes reducciones al rubro de Subsidios a la Producción de los distintos programas implementados por la Secretaría de Desarrollo Social (Incentivos Estatales, Programa 3x1 para Migrantes, Programa de Empleo Temporal, Programa Hábitat, Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares y Programa de Coinversión Social).
De ahí que sobre este particular se concluya que la SHCP reduce el presupuesto correspondiente al rubro de subsidios a la producción en casi 400 millones de pesos (que en este caso son las cantidades que efectivamente reciben los ciudadanos en pobreza extrema) y solo se reduce en 55 millones de pesos en los gastos de apoyo administrativo y de operación, cuando tal situación debería ser a la inversa.
Los argumentos planteados en este considerando, hacen que se reafirme la convicción de que las modificaciones efectuadas por la Secretaría de Hacienda al decreto de Presupuesto de Egresos, vulneran tanto al propio Presupuesto como a las disposiciones y lineamientos internos emitidos por la misma Secretaría de Hacienda, como es el caso de los Lineamientos para la Integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, emitidos por la propia Secretaría de Hacienda, por medio del oficio circular número 307-A-1318, fechado el 20 de diciembre del 2004.
Cuarto.- Una vertiente complementaria al análisis del tema que nos ocupa es el examen de la Ley General de Desarrollo Social. En dicha normatividad se encuentran distintas disposiciones, mismas que es preciso transcribir a la letra, en atención a que su contenido está relacionado de forma íntegra con la naturaleza de este punto de acuerdo.
Los artículos de la Ley General de Desarrollo Social que es menester transcribir, son los artículos 18, 19 y 22 mismos que a continuación se insertan:
Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 19
Son prioritarios y de interés público:
I. Los programas de educación obligatoria;
II. Las campañas de prevención y control
de enfermedades transmisibles y los programas de atención médica;
III. Los programas dirigidos a las personas en condiciones
de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad;
IV. Los programas dirigidos a zonas de atención
prioritaria;
V. Los programas y acciones públicas para asegurar
la alimentación y nutrición materno-infantil;
VI. Los programas de abasto social de productos básicos;
VII. Los programas de vivienda;
VIII. Los programas y fondos públicos destinados a la generación y conservación del empleo, a las actividades productivas sociales y a las empresas del sector social de la economía, y
IX. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano.
Artículo 22
En el Presupuesto Anual de Egresos de la Federación, se establecerán las partidas presupuestales específicas para los programas de desarrollo social y no podrán destinarse a fines distintos.
Asimismo la ley es exacta en su redacción al señalar que las reducciones a los montos presupuestales sólo podrán darse en los términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. De la misma forma la Ley General de Desarrollo Social considera prioritarios y de interés público precisamente los programas que fueron objeto de recorte presupuestario por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De ahí que las reducciones efectuadas al decreto de Presupuesto de Egresos 2005, materia del presente documento, sean indudablemente violatorias de las disposiciones contenidas tanto en la Ley General de Desarrollo Social, como en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, en el Reglamento de dicha ley, en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los Lineamientos para la Integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, emitidos por la propia Secretaría de Hacienda, y de los preceptos contenidos en el propio decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.
Quinto.- Es importante para efectos del análisis de la presente proposición con punto de acuerdo, el detenernos a examinar de forma cuidadosa el contenido de la parte final del artículo 2 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, mismo que señala de forma expresa acerca de las atribuciones de la SHCP en materia presupuestaria lo siguiente "La Secretaría estará facultada para interpretar las disposiciones del presente Decreto para efectos administrativos y de conformidad con éstas, establecer para las dependencias y entidades con la participación de la función pública en el ámbito de su competencia, las medidas conducentes para su correcta aplicación, con el objeto de mejorar la eficiencia, eficacia, transparencia, control y disciplina en el ejercicio de los recursos públicos..."
La disposición transcrita es al parecer el fundamento que pretende hacer valer la SHCP, para efectuar una modificación sustancial a las asignaciones financieras aprobadas por la Cámara de Diputados a diferentes programas de la Secretaría de Desarrollo Social, siendo evidente que el contenido de la disposición anotada solo faculta a la Secretaría de Hacienda a proveer a la esfera administrativa el mandato legal contenido en el decreto presupuestal, no siendo jurídicamente aceptable que la SHCP, pretenda asumir la atribución legal de replantear los alcances del Presupuesto de Egresos de la Federación basándose en un precepto que sólo reafirma el carácter administrativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia presupuestaria.
Sexto.- Debe recordarse que con motivo de la interposición de la controversia constitucional que el Ejecutivo federal promoviera ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando diferentes violaciones en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, el máximo órgano jurisdiccional del país, determino la suspensión de diferentes partidas financieras contenidas en el Presupuesto de Egresos.
Dicha suspensión afectó a diferentes rubros específicos del Presupuesto de Egresos, cuyas partidas no podrán ejercerse o ser motivo de transferencia o movimiento financiero de ningún tipo, hasta en tanto la SCJN no resuelva el fondo del juicio.
Sobre el particular, debe señalarse que ninguna de las partidas que fueran impugnadas por el Presidente de la República ante la Suprema Corte de Justicia, corresponden a los programas del Ramo 20 Desarrollo Social, de forma que no cabría un argumento en ese sentido que pretendiera justificar las modificaciones presupuestarias efectuadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los programa de desarrollo social que han quedado detallados.
Por lo anteriormente expuesto, y con el objeto de salvaguardar en su integridad la naturaleza y los alcances del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2005 que fuera aprobado por esta soberanía legislativa, y con el objeto de procurar el acatamiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de Desarrollo Social, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento, en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en los Lineamientos para la Integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, emitidos por la propia Secretaría de Hacienda.
Atendiendo a lo anterior, los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Social y Vivienda de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a esta Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Se exhorta enérgicamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el proceso de integración del Presupuesto de Egresos de la Federación y en la elaboración de los calendarios financieros correspondientes a la ejecución de éste, se observe un estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al año fiscal 2005.
Lo anterior para efectos de que no sean modificadas de forma alguna las diferentes asignaciones financieras aprobadas por esta H. Cámara de Diputados correspondientes a los Programas de Desarrollo Social Ramo 20, ni sean alteradas las partidas asignadas a ninguno de los restantes conceptos que integran el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2005.
Dip. Elpidio Concha Arellano (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS CIUDADANOS VASCOS QUE SE HALLAN EN EL RECLUSORIO NORTE, A CARGO DE LA DIPUTADA ELIANA GARCÍA LAGUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior de ésta presentamos ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 30 de julio de 2004, la Secretaría de Relaciones Exteriores determinó procedente el inicio del proceso de la extradición de seis ciudadanos vascos, detenidos en el Reclusorio Norte de esta ciudad, cabe recordar que tres ciudadanos mexicanos que también fueron detenidos por el mismo proceso judicial, acusados por los mismos delitos, están en libertad por falta de elementos.
Estos ciudadanos vascos, todos ellos llevan, cuando menos, doce años residiendo legalmente en nuestro país, incluso uno de ellos es naturalizado mexicano, con esposa e hijos mexicanos.
De la serie de irregularidades observadas en el proceso destaca que la acusación es la misma para los seis vascos -como si se tratara de un juicio en paquete-, cuando nuestra legislación penal establece la individualización del proceso, sin que se aporte ningún tipo de prueba; es decir no se especifica qué delitos se atribuyen a cada uno de los acusados, ni se señalen las circunstancias de modo y de lugar donde se cometieron los delitos, ni que perjuicio causaron al país que solicita la extradición, es decir, es una acusación genérica que lesiona el derecho a un debido proceso.
Actualmente, la defensa legal de los ciudadanos vascos ha interpuesto un recurso de revisión que fue turnado al Séptimo Tribunal Colegiado. Dado el alegato de la defensa de que se cometieron distintas violaciones de carácter constitucional competería a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el conocimiento del caso.
Un elemento que abona para que la Suprema Corte conozca de este proceso es que el artículo 15 de nuestra ley fundamental establece la prohibición de extraditar a una persona que pueda ser perseguido político en el país requirente, y esta situación se cumple, dado que existen informes de organismos internacionales que confirman esta situación.
Por lo antes expuesto, ponemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo a efectos de que se considere como de urgente resolución
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión con absoluto respeto a la división de poderes, exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ejercicio de su facultad establecida en el segundo párrafo del inciso b), fracción VIII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al amparo interpuesto por los ciudadanos vascos a fin de garantizar sus derechos a un debido proceso establecido en el derecho internacional de protección a los derechos de la persona humana.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a los 8 días del mes de marzo de 2005.
Diputados: Eliana García Laguna, Jorge Martínez
Ramos (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT A DISEÑAR Y DESARROLLAR LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DECLARAR ZONA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EL SISTEMA LAGUNAR JULIVÁ-SANTA ANITA, TABASCO, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS MANUEL ROVIROSA RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados federales, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, Francisco Herrera León y Eugenio Mier y Concha Campos, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a la consideración de está soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que diseñe y desarrolle los estudios necesarios para declarar como Zona de Restauración Ecológica al Sistema Lagunar Julivá-Santa Anita, en Tabasco, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
2.- Las externalidades negativas que Pemex ha causado en detrimento, no solo del medio ambiente y las actividades productivas, sino incluso, de la integridad y bienestar social de la población rural datan desde mediados del siglo pasado.
3.- El caso que nos ocupa, el Sistema Lagunar Julivá - Santa Anita, es un conjunto de humedales, lagunas costeras y cursos fluviales que han sido afectados por la actividades petroleras desde 1973.
4.- El Sistema Lagunar en comento, cuenta con cuatro lagunas estuarinas interconectadas por el río González y diversos arroyos en los municipios de Centla, Nacajuca y Paraíso en el estado de Tabasco.
5.- La incursión de Pemex a través de la explotación de los campos petroleros Sen, Caparroso, Chopo y Escarbado; entre otros, productores de gas y aceite, han agredido el Sistema Lagunar desde los últimos diez años, a través de los derrames accidentales e intermitentes, así como por la construcción de canales en las lagunas Julivá y Santa Anita, principalmente.
6.- La infraestructura petrolera se integra con 21 campos petroleros con 65 pozos, incluido el campo Sen, productor del crudo ligero Olmeca. También se reportan líneas de conducción que conectan a la batería de separación Pijije con la terminal marítima Dos Bocas;
7.- La zona se caracteriza por albergar una población actual de 33,243 habitantes, la gran mayoría en pobreza extrema, distribuidas en 40 comunidades. Población que vive de una incipiente pesca, que es aprovechada por 631 pescadores organizados en 20 grupos de pescadores libres.
Las comunidades más grandes incluyen a la Villa de Vicente Guerrero, con 6,331 habitantes, Villa Cuauhtémoc, con 4,643 habitantes, Villa de Allende con 2,790 habitantes, Simón Sarlat con 3,564 habitantes y el resto, asentamientos humanos menores de 1,000 habitantes.
8.- Las actividades de la paraestatal fueron realizadas sin considerar el efecto que tendría la remoción y resuspensión sedimentológica sobre la fauna de los fondos, incluida la ostricultura y la vegetación enraizada. Como todo humedal, estas lagunas sirven como áreas de crianza de la pesquería comercial de la región.
9.- Desde el punto de vista pesquero, la modificación de los patrones de circulación ha propiciado la sustitución de especies, la alteración de hábitats originales y la modificación de la calidad del agua.
10.- Con relación a los derrames de aceite, cuando estos han ocurrido, no solo proceden de pozos localizados en los márgenes de las lagunas en comento, sino incluso se reporta el arribo de aceite procedente de la terminal marítima de despacho de Dos Bocas y por las plataformas marinas, que ingresan por la desembocadura del río González.
11.- Cada vez que ha ocurrido un evento accidental de dimensiones catastróficas, Pemex interviene para resarcir los daños, después de penosas negociaciones, mediante la indemnización a los pescadores, ya sea en especie, que incluye combustible, hielo, insumos, reposición de equipo y artes de pesca, o en efectivo.
12.- Desde luego, se reconoce que los efectos económicos que Pemex ha causado a los pescadores es real, como también lo es, la sobreexplotación del Sistema Lagunar, causada por el aumento indiscriminado del esfuerzo pesquero en el sistema.
13.- La relación Pemex comunidades, hoy mediada por la Comisión Interinstitucional del Medio Ambiente y Desarrollo Social (Cimades) amenaza con resquebrajarse, ante la intensa presión que los pescadores hacen a la paraestatal.
14.- La incidencia de accidentes ha desminuido sensiblemente, sin embargo, la alteración del ecosistema ha dejado sin fuente de trabajo a los pescadores que viven de ella, por lo que las reclamaciones menudean y los argumentos se centran en la productividad pesquera, a lo que Pemex responde que es ajeno a ésta.
Es necesario romper el ciclo vicioso que se ha generado entre los pescadores, la Cimades y Pemex, en donde se tienen que atemperar las externalidades negativas, no solamente indemnizando los daños directos, sino compensando los daños indirectos, como lo es efectivamente, la alteración de la calidad del agua y de los flujos hidráulicos, así como la pesquería comercial fluvio-lagunar.
Es imprescindible reordenar la actividad productiva en la zona lagunar que nos ocupa, restringiendo la actividad pesquera en función de la capacidad de carga de las lagunas; diseñar sistemas de producción sustentables que capitalicen y generan empleo para la creciente población, que no encuentra opciones, más que reclamarle a Pemex.
En consecuencia, me permito someter a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- Para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que diseñe y desarrolle los estudios necesarios para declarar como zona de restauración ecológica, al Sistema Lagunar Julivá-Santa Anita, en Tabasco.
Palacio Legislativo de San Lázaro, DF,
febrero 28 de 2005.
Diputados: Carlos Manuel Rovirosa Ramírez,
Francisco Herrera León, Eugenio Mier y Concha Campos (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA STPS Y DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN A TOMAR LAS ACCIONES CONDUCENTES A EVITAR LA DISCRIMINACIÓN DE QUE SON OBJETO LOS ADULTOS DE ENTRE 35 Y 65 AÑOS DE EDAD, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO DIEGO AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El tema que hoy traigo a tribuna, a nombre de las y los diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, constituye un flagelo que ha permeado en sociedades periféricas que insisten en instaurar la idea globalizadora bajo un modelo neoliberal cuya función ha sido disminuir los derechos laborales de su sociedad y aspirar a mantener los criterios de política económica elaborados allende nuestra frontera norte, que distan de la realidad mexicana, mismos que afrontan miles de personas capacitadas y experimentadas que han cumplido la edad madura y a las cuales se les está negando una de las garantías constitucionales sine qua non para su desarrollo.
Evidentemente, existen numerosos motivos para el ejercicio de la garantía constitucional que permite a las personas permanecer o cambiar de trabajo, así como para que éstas aspiren a mejores condiciones de vida, independientemente de su estado civil, condición social o económica, sexo, origen nacional o étnico, entre otros factores. Sin embargo, en la actualidad las aspiraciones laborales o de superación profesional de las personas cuando llegan a cumplir aproximadamente los cuarenta años de edad se diluyen al presentarse el flagelo de la discriminación. Estas aspiraciones incluyen la necesidad de obtener un nuevo trabajo, acceder a un puesto en las instituciones gubernamentales o de investigación, o solicitar becas para mejorar su nivel profesional.
No está por demás decir, que tanto a nivel gubernamental como en el ámbito privado tener más de 35 o 40 años de edad es factor para negarle a las personas tanto el acceso al trabajo como a los subsidios para la capacitación y la investigación.
Los ejemplos son vastos. En las numerosas solicitudes de trabajo que a diario se publican en los periódicos nacionales y estatales, la media del límite máximo de edad para concursar por un empleo es 35 años y con experiencia. Lo mismo pasa en el ámbito gubernamental; por ejemplo, la reciente convocatoria del 7 de febrero de 2005 al ingreso a la rama diplomático-consular del Servicio Exterior Mexicano establece como requisito fundamental ser menor de 30 años.
Lo anterior, a todas luces, es contrario a lo establecido en nuestra legislación vigente en el siguiente sentido:
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece en su artículo cuarto que se entiende por discriminación la distinción, exclusión o restricción que basada en la edad, entre otras causas, que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.
Más aún, el artículo noveno es más preciso al considerar la prohibición de toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades. A efecto de lo anterior, se considera como conducta discriminatoria, "prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo".
La misma ley señala una serie de objetos que debe perseguir el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, entre los que se encuentran "Llevar a cabo, las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación;" y "Formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que se encuentren en territorio nacional."
Por su parte el artículo 20 le señala como atribuciones a dicho Consejo: "Diseñar estrategias e instrumentos, así como promover programas, proyectos y acciones para prevenir y eliminar la discriminación; Difundir y promover contenidos para prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias en los medios de comunicación; así como promover la presentación de denuncias por actos que puedan dar lugar a responsabilidades previstas en ésta u otras disposiciones legales".
Ahora bien, la Ley Federal del Trabajo establece desde su apartado de ?Principios Generales?, explícitamente en su artículo tercero que el trabajo es un derecho y un deber sociales y por lo tanto no podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de edad, entre otros.
El artículo 56 del mismo ordenamiento jurídico lo ratifica: "Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley y deberán ser proporcionadas a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias por motivo de edad, entre otros, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta Ley."
Para mayor abundamiento, el artículo 133 en su fracción séptima establece la prohibición por parte del patrón a "ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que les otorgan las leyes".
Dentro de las facultades que esta Ley otorga a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social están, entre otras, las de "practicar estudios para determinar las causas del desempleo y del subempleo de la mano de obra rural y urbana; Analizar permanentemente el mercado de trabajo, estimando su volumen y sentido de crecimiento; y vigilar que las entidades privadas cumplan las obligaciones que les impongan esta ley, sus reglamentos y las disposiciones administrativas de las autoridades laborales."
En este recuento de disposiciones jurídicas de los dos ordenamientos principales para la materia del presente punto de acuerdo, existe el fundamento suficiente para que tanto la autoridad en materia laboral como la consejería contra la discriminación se aboquen al cumplimiento de la legislación para evitar que los solicitantes de empleo, en el libre ejercicio de sus garantías constitucionales, no les sea negado su derecho por motivos de edad, ya que hasta el momento ambas instituciones carecen de pronunciamiento alguno sobre el flagelo de la discriminación a la que son sujetas las personas mayores de 35 y menores de 65 años de edad a poder acceder y ejercer trabajo alguno en una sociedad cuya pirámide poblacional se está invirtiendo, producto de una mayor nivel educativo, acceso a mejores condiciones de salud, mayor capacitación profesional y evidentemente la disminución de la tasa de natalidad, entre otros factores, a la cual el Gobierno Federal, como garante del derecho al trabajo, no ha podido hacer frente hasta nuestros días.
Por ello, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática considera la urgente necesidad de que este cuerpo colegiado emita un atento pero enérgico exhorto a los titulares de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Carlos Abascal Carranza, y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Gilberto Rincón Gallardo, para que establezcan acciones inmediatas para poner freno a la discriminación que están siendo objeto miles de mexicanos que no pueden acceder a puestos laborales por ser estar en el rango de edad entre 35 y 65 años de edad.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión emite un atento, pero enérgico, exhorto a los titulares de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Carlos Abascal Carranza, y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Gilberto Rincón Gallardo, a fin que tomen las acciones conducentes de manera inmediata para evitar la discriminación a la que están siendo sujetos las personas adultas entre los 35 y 65 años de edad, a las cuales tanto en empresas privadas como en entidades gubernamentales se les niega su derecho constitucional al trabajo por motivos de edad.
Igualmente, se les exhorta para que difundan por todos los medios posibles las garantías que todo ciudadano tiene con relación al trabajo, acentuando los aspectos sobre no discriminación, así como para que ambas dependencias, en el uso de sus respectivas facultades, emitan las sanciones a todos aquellos particulares y servidores públicos que violen los preceptos sobre no discriminación por edad establecidos tanto en la Ley Federal del Trabajo como de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, informando a este cuerpo colegiado sobre todas las acciones que tomen derivadas del presente exhorto.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil cinco.
Dip. Francisco Diego Aguilar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE Y AL COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO A SUSCRIBIR UN ACUERDO DE COLABORACIÓN INTEGRAL EN LA MATERIA, DE CARA A LOS PRÓXIMOS COMPROMISOS DEPORTIVOS, A CARGO DEL DIPUTADO ARMANDO LEYSON CASTRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 58, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hago uso de esta tribuna para presentar una proposición con punto de acuerdo.
El que suscribe, Armando Leyson Castro, en mi calidad de diputado integrante de la Comisión de Juventud y Deporte de la 59 Legislatura del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El país necesita que sus instituciones públicas y privadas más representativas en materia deportiva como son la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Comité Olimpico Mexicano estén totalmente fortalecidas, saneadas de toda confrontación estéril que cause detrimento en el cumplimiento de su actividad sustantiva y objetivos fundamentales.
Se necesita además que se tracen metas más ambiciosas para poner en todo lo alto la bandera de México, donde ambas instancias se unan para realizar un trabajo de excelencia, pues difícilmente se podrá observar el progreso del deporte de alto rendimiento si no se obtiene el entendimiento de los funcionarios que dirigen a estas instituciones.
Frente a posiciones encontradas por parte de los responsables de las instancias encargadas de la acción y conducción en materia deportiva y un silencio apático por parte del Estado, -según consta en publicaciones y ediciones de la prensa escrita y electrónica-, sólo se promoverá la agudización del conflicto en el que se encuentran inmersos la Conade y el COM.
Por esto, es indispensable que quienes dirigen a estas dos instituciones resuelvan diferencias para trabajar estrechamente en favor del desarrollo del deporte.
Los legisladores no debemos permanecer a la expectativa de este conflicto. Por ello, la presente proposición tiene la intención de conciliar a los organismos que trabajan por el deporte en México, para que asuman sus funciones y responsabilidades en un riguroso marco de respeto y legalidad, y sobretodo de armonía para que el trabajo mancomunado pueda obtener resultados que superen con mucho las expectativas creadas.
Frente a esto, se propone que la Conade suscriba un acuerdo en el que se pacte la colaboración respetuosa y fructífera con el COM, en donde se ponga de manifiesto la voluntad por sacar adelante el nivel competitivo del deporte en México, trabajando con esmero.
Gracias a este acuerdo, se estará demostrando a la sociedad que los recursos que destina el Estado al deporte son aprovechados al máximo con suma eficiencia, y que todo ello habrá de contribuir a una satisfacción generalizada por el éxito que se espera alcanzar en las competencias deportivas internacionales.
El ordenamiento jurídico mexicano en materia de deporte expresa la posibilidad de que ambas instituciones colaboren, tal es el caso de la Ley General de Cultura Física y Deporte artículo 29, fracciones VI, XIV Y XXIII, 68 y 72, así como los artículos 16, 33 y 34 fracción I, del reglamento de la misma ley, cuyos preceptos establecen los lineamientos para que el COM y la Conade trabajen conjuntamente. De igual forma lo marca el estatuto del Comité Olímpico Mexicano en su artículo 8 en el apartado H, en el cual se establece el objeto del organismo deportivo de fomentar una política sana del deporte mediante la colaboración con las entidades públicas.
El propósito de este punto de acuerdo, es el que en la próximas competencias internacionales, la delegación de atletas que representen a nuestra nación obtengan actuaciones magnificas, lo que llevaría a consolidar el trabajo armonioso realizado por el COM y la Conade.
Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía, para que se dicte el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y al Comité Olímpico Mexicano a suscribir un acuerdo de colaboración integral en materia deportiva de cara a los próximos compromisos deportivos.
Palacio legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2005.
Dip. Armando Leyson Castro (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEP A UTILIZAR LOS TIEMPOS OFICIALES DE TRANSMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN PARA IMPULSAR LA EDUCACIÓN Y FOMENTAR LOS VALORES PERSONALES, SOCIALES Y FAMILIARES, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN PÉREZ MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
En sus orígenes, la escuela era la institución responsable de la educación y la formación de los futuros ciudadanos. No había, por tanto, otras agencias educativas que cumplieran o participaran en esa tarea. Sin embargo, la presencia de los medios de comunicación en la sociedad, ha venido a modificar radicalmente esa situación.
Hoy en día, la ciudadanía en general, y en especial los niños y los jóvenes, se enfrentan a un bombardeo sistemático de mensajes a través de los medios masivos de comunicación. Los contrapesos a este problema son muy débiles; incluida la escuela.
La relación entre los medios de comunicación y la escuela ha sido ampliamente estudiada; y una conclusión indiscutible entre algunos estudiosos es que los medios de comunicación fijan agendas, producen significados, forman opinión y construyen identidades.
En consecuencia, el momento actual que vivimos, el del predominio de la imagen y el audio, obliga hacer una reflexión apremiante y rigurosa del papel de la televisión y la radio como medios en sí mismos educativos, pero alejados o contrapuestos, en la mayoría de los casos, a su propia función social y a los objetivos de la educación mexicana.
Esa preocupación exige que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública utilice, en estricto apego a derecho, los 30 minutos diarios de tiempo oficial que de manera gratuita deben destinar los concesionarios y permisionarios de la radio y la televisión, para difundir programas destinados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social.
En concreto, estamos exhortando a que se cumpla de manera eficaz lo que estipulan nuestras leyes, es decir, tanto lo establecido en la legislación educativa y la correspondiente a radio y televisión.
De conformidad con el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión y el artículo 15 de su Reglamento es obligación de las estaciones de radio y televisión incluir gratuitamente en su programación diaria, treinta minutos, continuos o discontinuos, sobre acontecimientos de carácter educativo, cultural, social, político, deportivo y otros asuntos de interés general, nacionales e internacionales, del material proporcionado por la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.
Ese artículo, establece la forma en que podrán dividirse esos treinta minutos:
II. Veinte minutos en bloques no menores de 5 minutos de cada uno.
Al efecto, a través de sus transmisiones, procurarán respetar la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares; evitar influencias nocivas que afecten el desarrollo de la niñez y de la juventud y contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y conservar las características nacionales y resaltar los valores de la nacionalidad mexicana, así como la amistad y cooperación internacionales.
Una de las tareas del Gobierno a través de sus diferentes instancias, es el promover la transmisión de programas de divulgación con fines de orientación social, cultural y cívica y vigilar que se cumpla de manera correcta y eficaz como lo establece el artículo 6 de la Ley Federal de Radio y Televisión.
Una de esas instancias es la Secretaría de Educación Pública que, de acuerdo al artículo 11 de la Ley Federal de Radio y Televisión, tiene dentro de sus atribuciones el promover y garantizar la enseñanza a través de la radio y televisión, promover la transmisión de programas de interés cultural y cívico, elaborar y difundir programas de carácter educativo y recreativo para la población infantil entre otras, desde el nivel básico hasta el superior.
Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que utilice los tiempos diarios de transmisión asignados oficial y gratuitamente, de conformidad a lo establecido en la Ley Federal de Radio y Televisión y su Reglamento.
Segundo.- La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Educación Pública que entregue a esta soberanía, una bitácora del material transmitido en los tiempos oficiales en radio y televisión, de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Radio y Televisión.
Dado en el Palacio Legislativo, a los ocho días del mes de marzo del año 2005.
Dip. Juan Pérez Medina (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO REGIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO MURAT HINOJOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Alejandro Murat Hinojosa, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea un punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
México se encuentra en un proceso inconcluso de tránsito de un modelo económico de sustitución de importaciones al de una economía abierta a la globalización, ya que nuestro país presenta una paradoja que debemos resolver: somos el país más abierto -se tienen 11 acuerdos de libre comercio con 32 países- pero somos de los menos globalizados.
El problema que enfrenta México es su falta de competitividad en distintos sectores y niveles, lo que requiere del diseño de una estrategia de competitividad sistémica para el desarrollo y de planeación del desarrollo regional.
Esto se evidencia en que en los últimos cuatro años la competitividad de nuestro país ha disminuido sensiblemente con una caída de más de 20 lugares, pues México pasó del lugar número 33 en el año 2000, al 56 en el 2004. de acuerdo con el Anuario de Competitividad Mundial (World Competitiveness Yearbook) del IMD (Internacional Institute for Management Development).
En esta estrategia es indispensable el papel del Congreso mexicano, particularmente de la Cámara de Diputados, para ser actor en el impulso a la competitividad tanto en el diseño del marco regulatorio, como en la voluntad política para construir acuerdos y consensos con todos los actores.
Como parte de una política de Estado para el desarrollo, también es indispensable fomentar el enfoque de desarrollo regional y potenciar la vocaciones productivas del país en distintas regiones con planeación y coordinación de los distintos Poderes y niveles de Gobierno.
Sobre todo, para proponer una visión estratégica en el diseño de Planes y Programas Regionales para el Desarrollo con visión de corto, mediano y largo plazos, en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Al promover la competitividad y el desarrollo regional, el Estado mexicano cumplirá con su obligación constitucional de promotor del desarrollo y el Congreso, particularmente, de representante e interlocutor de la sociedad para promover acciones coordinadas en beneficio del país.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 70 y 71 de su Reglamento Interior, se somete a consideración del Pleno, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de Competitividad y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LIX Legislatura.
El objeto de la Comisión Especial será: promover y coadyuvar en el diseño, planeación e instrumentación de estrategias, políticas, planes y programas, así como ordenamientos jurídicos para elevar la competitividad sistémica de México, así como para el desarrollo regional.
Esta Comisión Especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones establecen la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas. Contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Segundo. La Comisión Especial estará integrada por 30 diputadas y diputados, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al Pleno de los diputados.
Tercero. La Comisión Especial impulsará y propondrá a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y al Pleno de la H. Cámara de Diputados los programas y proyectos prioritarios de desarrollo regional y fomento a la competitividad, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Cuarto. La Comisión Especial materia del presente acuerdo funcionará por hasta el término de la LIX Legislatura.
Quinto. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 8 de marzo de 2005.
Dip. Alejandro Murat Hinojosa (rúbrica)
El que suscribe, diputado federal Salvador Sánchez Vázquez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el inciso f), numeral 6, del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción XVI del artículo 21 y el 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo quinto del Acuerdo parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicita a esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que se turne a la brevedad posible el dictamen correspondiente a la iniciativa presentada el 25 de noviembre de 2004, que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Fiscalización Superior de Federación, con objeto de anticipar las fechas de entrega de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Informe de Resultados de su Revisión y Fiscalización, así como eliminar el Informe de Avance de Gestión Financiera, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como lo dispone el artículo 49 de nuestra Carta Magna, el poder de la Federación para su ejercicio se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, quedando claramente establecido el principio de separación de poderes y la tarea de gobernar con base en la colaboración entre ellos y el control mutuo.
Además de su atribución de legislar, la honorable Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de examinar, discutir y aprobar el Presupuesto, así como revisar la Cuenta Pública con la finalidad de conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
La Cuenta de la Hacienda Pública Federal constituye el complemento de apoyo fundamental al Presupuesto de Egresos de la Federación, toda vez que le permite a la Cámara de Diputados analizar si los recursos asignados fueron utilizados debidamente y si en su aplicación se cumplieron los programas de gobierno.
Esta revisión de la Cuenta Pública corresponde al Legislativo con el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con lo que disponen los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El producto de esta actividad es el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. En la actualidad, el Informe es entregado por el órgano fiscalizador a la Cámara de Diputados el 31 de marzo del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública Federal, es decir, poco más de 4 meses después de la fecha de aprobación del Presupuesto de Egresos.
Bajo las disposiciones legales vigentes el Poder Ejecutivo federal le hace llegar la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados el 10 de junio del año siguiente al del ejercicio presupuestal, iniciándose a partir de esa fecha el proceso de fiscalización.
Una condición necesaria para lograr un ejercicio eficiente del gasto público es la articulación y coordinación de las distintas fases del ciclo presupuestario, toda vez que en la actualidad, al tiempo que se prepara el Presupuesto, se ejecuta el del año anterior y se prepara también la Cuenta Pública para su revisión legislativa.
Las consecuencias más graves de esta situación se traducen en que el Legislativo no cuenta con los elementos de información presupuestal oportuna más relevantes para fundamentar sus decisiones de asignación y aprobación de los rubros que componen el Presupuesto.
Tampoco dispone de los elementos que le permitan realizar una evaluación rigurosa y oportuna del ejercicio presupuestal y, en consecuencia, se debilita la calidad de la fiscalización y los principios de rendición de cuentas y de transparencia en la aplicación de los recursos públicos.
Es pertinente recordar que con la finalidad de disponer de más tiempo para analizar el proyecto del Presupuesto del Ejecutivo federal, el Legislativo efectuó recientemente una reforma constitucional que adelantó las fechas de presentación del paquete económico a la Cámara de Diputados.
En el dictamen de fecha 15 de abril de 2004, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio del mismo año, se determina la obligación del Ejecutivo federal de entregar la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el día 8 de septiembre, en tanto que la Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos a más tardar el día 15 de noviembre.
Es importante señalar que el dictamen se orientó exclusivamente a modificar las fechas de entrega del paquete económico, sin considerar las fechas de entrega de la Cuenta Pública por parte del Ejecutivo federal y del Informe de Resultados de su revisión, por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
Lo anterior implica que al momento de analizar, discutir y aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos, los legisladores no tienen conocimiento de la información contenida en el citado Informe de la Revisión de la Cuenta Pública.
La aprobación de la iniciativa que sometemos a consideración de esta Cámara de Diputados, permitiría al Poder Legislativo tomar mejores decisiones para atender a las necesidades económicas, sociales y políticas que plantea el país, toda vez que busca acompasar el adelanto de las fechas de presentación del paquete económico con los tiempos de entrega de la Cuenta Pública y la rendición del Informe del Resultado de la Revisión de la propia Cuenta Pública.
Como se recordará, la iniciativa propone adelantar la fecha límite que tiene el Ejecutivo federal para entregar la Cuenta Pública del 10 de junio al 31 de marzo del año siguiente del ejercicio fiscal correspondiente y en consecuencia adelantar también la fecha límite de entrega de parte de la Auditoría Superior de la Federación, del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública al 31 de octubre del año en que se presenta la misma Cuenta Pública; lo que en la actualidad ocurre el 31 de marzo del segundo ejercicio presupuestario que sigue al que evalúa el citado Informe.
Aprobar esa iniciativa proporcionaría elementos valiosos de información oportuna a la Cámara de Diputados para mejorar sustancialmente el cumplimiento de fondo y forma de la tarea de aprobar con procedimientos técnicos rigurosos el Presupuesto de Egresos de la Federación; promovería la prontitud y eficacia en la revisión y fiscalización de los recursos públicos federales; al adelantarse las fechas de entrega de la Cuenta Pública y del Informe de Resultados de la Revisión, las entidades ejecutoras de gasto público se ven forzadas a planear mejor su presupuesto a lo largo del año, perdiendo discrecionalidad en la ejecución del mismo, esto implica una mejor calidad del gasto público; se mejora y fortalece la percepción que tiene la sociedad respecto de la Cámara de Diputados y en particular respecto de la transparencia y prontitud en la revisión de cuentas y del destino de los recursos públicos.
Con base en estas consideraciones y en virtud de que ha transcurrido en exceso el término establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, considero oportuno que se proceda a enviar excitativa en los términos reglamentarios a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de que presenten el dictamen ante el Pleno de esta H. Cámara de Diputados a la mayor brevedad.
Por lo anteriormente expuesto, a usted C. Presidente de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, atentamente solicito instruya lo conducente a fin de que:
Único. En los términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que turne a la brevedad, ante el Pleno de la Cámara, el dictamen respectivo de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Fiscalización Superior de Federación, con objeto de anticipar las fechas de entrega de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Informe de Resultados de su revisión y fiscalización, así como eliminar el Informe de Avance de Gestión Financiera, presentada el 25 de noviembre de 2004.
Palacio Legislativo de San Lázaro, H. Cámara de Diputados, a 8 de marzo de 2005.
Dip. Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica)
A LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y DE RECURSOS HIDRÁULICOS, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JESÚS NADER NASRALLAH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos, en nuestra calidad de diputados federales a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, por este medio, con fundamento en lo dispuesto en el inciso p del artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, promovemos esta excitativa, en virtud de que el grupo parlamentario de Acción Nacional presentó una proposición con punto de acuerdo que a la fecha no ha sido dictaminada por las comisiones unidas correspondientes; por lo que nos permitimos acudir a usted para los efectos pertinentes, y en este sentido exponemos
Antecedentes
1. Con fecha 20 de abril de 2004, el de la voz, en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, propuso ante el Pleno de esta Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al Gobierno Federal a fin de que apoye el proyecto del Canal de la Cortadura en el municipio de Tampico, Tamaulipas.
El Estado está obligado a crear y a manejar honradamente los medios y las instituciones públicas indispensables para dar agilidad, eficacia y orientación a la economía; a procurar el mejor y más amplio aprovechamiento de los recursos naturales del país y la concurrencia de toda labor económica al cumplimiento de los fines de la nación.
El Canal de la Cortadura es un cuerpo de agua que comunica al río Pánuco con la laguna del Carpintero.
El proyecto del Canal de la Cortadura nos permitirá contar con un paseo navegable entre el Golfo de México, el río Pánuco y la laguna del Carpintero, y al mismo tiempo detonar dos proyectos complementarios, la marina interior y la exterior, que serían desarrollados por inversionistas privados, uno en la propia laguna y otro en la isleta Pérez.
Los beneficios para la ciudad son muchos, desde los ecológicos con el dragado y saneamiento constante de la laguna, hasta los urbanos y económicos, con la transformación de su imagen y la generación de atractivos espacios públicos.
El proyecto Canal de la Cortadura es una obra clave que colocará a Tampico a la altura de lo que sus habitantes merecemos y deseamos, una obra que nos hará, legítimamente sentir, el orgullo de ser tampiqueños.
Los objetivos de este importante proyecto son:
Crear una marina con infraestructura de nivel internacional.
Generar una nueva zona para el desarrollo turístico
y de negocios en la laguna de Carpintero.
Reconvertir el canal de la Cortadura en un canal navegable
para embarcaciones deportivas de hasta 27 pies y recreativas de hasta 40
pies.
Crear un espacio público de recreación
y esparcimiento.
Consideraciones
2. El constitucionalista don Manuel Herrera y Lasso, señalaba que el Congreso es y debe ser la asamblea de libre discusión en las que se tratan los asuntos públicos, en voz alta y a la luz pública, para generar bienes públicos por ello son parlamentos, porque parte de su misión es parlar, dialogar, debatir, acordar, ratificar, orientar. Esto sólo puede lograrse, si el propio Poder Legislativo asume cabalmente su responsabilidad.
3. En tal virtud, es procedente que el Presidente de la Cámara de Diputados, en cumplimiento de su obligación, expresada en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos a fin de emitir el dictamen correspondiente.
A usted Presidente de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, muy atentamente pedimos se sirva:
Único. En los términos de los artículos 23 inciso p, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, realice la excitativa a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos, para que se presente el dictamen correspondiente a la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a que apoye el proyecto del Canal de la Cortadura en el municipio de Tampico, Tamaulipas.
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 8 de marzo de 2005.
Dip. Jesús Nader Nasrallah (rúbrica)