Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De la Comisión Investigadora del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex
Con el que remite informe correspondiente a las actividades que desarrolló en los foros de consulta celebrados en el estado de Campeche.
Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno
De la Junta de Coordinación Política:
Punto de acuerdo, para exhortar a todos los Congresos locales a sumarse a la campaña nacional de apoyo a los refugios de mujeres "Por la seguridad de las mujeres, defendamos los refugios". (Votación)
Punto de acuerdo, para exhortar a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo a realizar las actuaciones necesarias para proporcionar protección permanente y eficaz a las mujeres que trabajan en el Centro Integral de Atención a las Mujeres de Cancún. (Votación)
Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a crear una fiscalía especializada en la atención de delitos violentos contra las mujeres. (Votación)
De la Secretaría de Gobernación
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Lygie Marie Claire de Schuyter Foucher pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honoraria de la República Francesa en Xalapa, Veracruz, con circunscripción consular en esa ciudad y sus alrededores inmediatos. (Turno a Comisión)
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Roberto Abraham Mafud pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Libanesa en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. (Turno a Comisión)
Seis, con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)
Iniciativas de ciudadanos diputados
Que reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio político, a cargo del diputado Federico Barbosa Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de devolución del impuesto a visitantes extranjeros, a cargo de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma los incisos b) y c) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 3o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 30 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Margarita Martínez López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, suscrita por los diputados Francisco Javier Saucedo Pérez y Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 15 de la Ley General de Deuda Pública, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que crea la Ley Federal del Servicio Voluntario, a cargo del diputado Jaime Moreno Garavilla, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 14 Bis 5, 45 y 96 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Alejandro Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona los artículos 7, 47 y 48 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, fracciones III y X, y 90, fracción XV; y se adicionan la fracción XV Bis al artículo 90 y un Capítulo II Bis, denominado "De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas", a la Ley de la Propiedad Industrial.
De las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo para exhortar al Sistema Nacional y a los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia a cumplir en la adquisición de lácteos para los programas alimentarios la Norma Oficial Mexicana 155-SCFI-2003 y a procurar apoyar la compra de leche de productores nacionales.
De la Comisión de Asuntos Indígenas, con puntos de acuerdo para solicitar informes a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas sobre la situación de desplazados internos, principalmente en el estado de Chiapas y en otros estados de la República; y a la Comisión de Concordia y Pacificación, acerca de las acciones realizadas para restablecer el diálogo entre EZLN y el Gobierno Federal.
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobernador del estado de México que informe sobre los homicidios de mujeres en la entidad, a cargo del diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fepade a investigar los delitos cometidos por el gobernador de Baja California Sur, Leonel Cota Montaño, y sus colaboradores durante el pasado proceso electoral de esa entidad, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Instituto de la Juventud del Distrito Federal a celebrar un convenio con el Instituto Mexicano de la Juventud para que en esta entidad federativa se promuevan e instauren las acciones y los programas del Gobierno Federal dirigidos al desarrollo integral de la juventud, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal que instruya una investigación sobre las graves violaciones de lesa humanidad cometidas en la administración del ex Presidente Ernesto Zedillo en el estado de Chiapas, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a las Legislaturas estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a reformar los ordenamientos jurídicos correspondientes para garantizar que las personas con discapacidad puedan transitar adecuadamente por todas las vialidades del país, a cargo del diputado Jorge Carlos Obregón Serrano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador constitucional de Guerrero a adoptar las medidas conducentes en el proceso penal contra el C. Felipe Arreaga Sánchez, a cargo del diputado Francisco Chavarría Valdeolivar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a implantar una política aeronáutica orientada al desarrollo de la industria aérea en México, a cargo del diputado José Julián Sacramento Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir al secretario de Relaciones Exteriores para el envío de una nota diplomática al Gobierno de Estados Unidos de América en protesta por los señalamientos públicos del director de la CIA acerca de la política interna de México, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos estatales a adecuar y revisar sus leyes para ampliar la pena en materia de violencia familiar o, en su caso, considerar la creación de una ley a fin de prevenir y atender la violencia familiar, a cargo del diputado Manuel González Reyes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a retirar del Programa de Libros de Texto Gratuitos, para consulta en las bibliotecas de aula, los que incluyen narcocorridos, a cargo del diputado José Francisco Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar las gestiones conducentes a obtener recursos financieros internacionales para llevar a cabo acciones de conservación, protección y aprovechamiento sustentable del humedal sistema lacustre de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, Distrito Federal, a cargo de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Legislaturas de los estados a poner primordial atención en los asuntos electorales de sus estados, a cargo del diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT adecuar la norma oficial mexicana referida a la construcción de carreteras federales y autopistas, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al auditor superior de la Federación a auditar el Fideicomiso Cajas de Ahorro, suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, sobre el apoyo para trabajadores cooperativistas de Editora de Periódicos, SCL, conocida como "Cooperativa del Periódico La Prensa", respecto al procedimiento radicado en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, sobre las irregularidades del acuerdo aprobado por los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral por el cual se aprueba la nueva demarcación electoral en el estado de Chiapas, a cargo del diputado Julián Nazar Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Hidalgo a investigar la epidemia de hepatitis tipo A en el municipio de Agua Blanca y efectuar el control sanitario respectivo, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita una auditoría a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos sobre el destino dado a los 39.2 millones de pesos ahorrados por la cancelación de plazas laborales durante el ejercicio fiscal de 2004, a cargo de la diputada María Angélica Díaz del Campo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Transportes de esta soberanía a crear una subcomisión o grupo de trabajo que investigue e informe acerca del derrumbe del puente San Cristóbal, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a cargo de la diputada Janette Ovando Reazola, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, a través del Centro SCT Michoacán, al gobierno del estado de Michoacán y a la Empresa Transportación Ferroviaria Mexicana a alcanzar un acuerdo que permita concluir la autopista Siglo XXI, suscrito por los diputados Inelvo Moreno Álvarez, Isidoro Ruiz Argaiz y Carlos Hernán Silva Valdés, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos públicos de la ciudad para fines políticos, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de los estados a no intervenir en los procesos internos de elección de dirigentes en sus respectivas entidades federativas, a cargo del diputado Rafael Candelas Salinas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades estatales y a las municipales de turismo en Baja California Sur, así como a la SCT y a la Sectur del Gobierno Federal, a asumir su responsabilidad inmediatamente, aplicando una estrategia conjunta a fin de solucionar, en el ámbito de sus competencias, el conflicto generado en materia de transporte público para el turismo en Los Cabos, a cargo de la diputada Míriam Muñoz Vargas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al Presidente de la República que instruya a la representación de México ante la ONU para que en el próximo Pleno de la Asamblea reconsidere el voto emitido el 18 de febrero de este año en el Comité de la Convención Internacional contra la Clonación de Seres Humanos con Fines Reproductivos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Hidalgo a conducirse con imparcialidad en el proceso electoral e investigar desvíos de recursos públicos, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita el ajuste salarial de los trabajadores del Servicio Postal Mexicano, conforme al acuerdo y los criterios emitidos por la SHCP sobre la partida presupuestal del Ramo 23, Previsiones Salariales y Económicas, a cargo del diputado Tomás Cruz Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita que se cree una comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos federales a campañas en elecciones locales, a cargo del diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados se solidariza con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a reformar el acuerdo 312, en el que se determinan los programas de educación primaria, y que tenga efecto a partir del ciclo escolar 2005-2006, a cargo del diputado Evelia Sandoval Urbán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a fiscalizar los recursos entregados a las organizaciones firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo, así como solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación a fin de que fiscalice los recursos públicos que se han entregado a partir de 2003 a las organizaciones de productores del medio rural, a cargo del diputado Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se formula un extrañamiento a los titulares de la SEP y de la SHCP por el recorte de 1,734 millones de pesos realizado al presupuesto del componente educativo del programa Oportunidades, a cargo de la diputada Clara M. Brugada Molina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a llevar a cabo las acciones de remediación en la zona que ocupaba la empresa Metalclad Corporation, en el estado de San Luis Potosí, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a redistribuir su presupuesto para evitar accidentes derivados de las actividades tendentes a explotar recursos petroleros, a cargo del diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que un grupo de diputados y de diputadas se pronuncia por la transparencia de los fondos destinados a atención ciudadana, a cargo de la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a investigar las irregularidades cometidas por la empresa de transporte aéreo Aviacsa en relación con la discrecionalidad de cambios de rutas e itinerarios de vuelos, a cargo de la diputada Dolores Gutiérrez Zurita, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a elaborar una norma oficial mexicana sobre el uso de betaagonistas en los animales que se destinan al consumo humano, a cargo de la diputada María Guadalupe García Velasco, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa sobre el levantamiento sísmico marino del navío de investigaciones Maurice Ewing fuera de la costa septentrional de Yucatán, en el golfo de México, a cargo de la diputada Irene Herminia Blanco Becerra, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, sobre la extrema vulnerabilidad de la institución presidencial, suscrito por las diputadas Lizbeth Rosas Montero y Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de Hidalgo a establecer orden y vigilancia en las estructuras estatales respecto a la entrega de los recursos federales de los distintos programas del Procampo, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a ampliar el plazo del trámite de incorporación de las escuelas particulares de nivel preescolar, y a establecer mecanismos para certificar el grado académico correspondiente a los docentes que no cuentan con la licenciatura en educación preescolar y sí con gran experiencia y varios años de antigüedad en las aulas, a cargo del diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT del Gobierno Federal a ejercer los recursos necesarios para construir el libramiento Manuel González, que complementa el eje carretero Tampico-Monterrey, a cargo del diputado Jesús Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al director general de Pemex expedir copia certificada de los "Contratos-Alianza", a cargo de la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal a emprender acciones de coordinación con el gobierno del estado de Chiapas a fin de combatir la inseguridad en el municipio de Suchiate, y se solicita mayor presupuesto para el ejercicio fiscal de 2006, a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular de la SHCP, al secretario técnico del IPAB y al director de Cintra a informar sobre la operación para vender ésta, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial para conocer el estado que guardan los monumentos arqueológicos de la República Mexicana, analizar las políticas y programas públicos existentes e impulsar las medidas necesarias para su rescate, conservación y difusión adecuados, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Hidalgo a conducirse con imparcialidad en el proceso electoral y a investigar desvíos de recursos públicos, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a analizar y ponderar la remoción del director del Conacyt, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a instaurar en coordinación con gobiernos estatales y organizaciones ganaderas una campaña de erradicación de la tuberculosis bovina y brucelosis, a cargo del diputado Enrique Guerrero Santana, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reajustar al orden constitucional las actividades militares en el estado de Guerrero, a cargo del diputado Francisco Chavarría Valdeolivar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; de Hacienda y Crédito Público; y Especial Sur-Sureste que realicen una reunión en Villahermosa, Tabasco, para evaluar el ejercicio de los recursos asignados a la zona fronteriza con Centroamérica, a cargo del diputado Francisco Herrera León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a solicitar la renuncia del C. Luis Ramírez Corzo como director general de Pemex, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Presidente de la Mesa Directiva de esta soberanía que solicite al IFE un informe de factibilidad de cada una de las iniciativas contenidas en el predictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación, de Puntos Constitucionales, y de Participación Ciudadana, así como el diagnóstico de las posibles opciones para fiscalizar y regular las precampañas, a cargo del diputado Alejandro Murat Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita que los recursos provenientes de las multas impuestas por el IFE se destinen a los centros públicos de investigación del Conacyt, para la creación de plazas del personal académico y de investigación, y al gasto corriente y de inversión, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados del licenciado Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación, para que informe sobre el incumplimiento del compromiso con esta soberanía de resolver el acuerdo relativo a la caseta de cobro Guadalajara-Zapotlanejo, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Excitativas
A las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, a solicitud del diputado Pablo Anaya Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Energía, a solicitud del diputado José María de la Vega Lárraga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
A la Comisión de Gobernación, a solicitud de diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.
A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud del diputado Jesús Nader Nasrallah, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Agenda política
Comentarios sobre el Protocolo de Kyoto, a cargo del grupo
parlamentario de Convergencia.
ACTA DE LA SESIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CELEBRADA EL LUNES VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL CINCO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA
Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos treinta y un diputadas y diputados, a las once horas con cinco minutos del lunes veintiocho de febrero de dos mil cinco, el Presidente declara abierta la sesión.
La Asamblea dispensa la lectura del orden del día en votación económica.
La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica conmemorativa del centésimo septuagésimo sexto aniversario luctuoso de Doña Josefa Ortiz de Domínguez. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
Comunicación del diputado Francisco Javier Barrio Terrazas con la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputado federal electo en la segunda circunscripción plurinominal. La Secretaría da lectura a los puntos de acuerdo por los que se concede la licencia solicitada y se llama al suplente y la Asamblea los aprueba en votación económica.
Comunicación del diputado Carlos Zeferino Torreblanca Galindo con la que informa que opta por el cargo de gobernador del estado de Guerrero. De enterado. Comuníquese.
Oficios de la Secretaría de Gobernación:
Tres, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Remítanse a las comisiones correspondientes y a los promoventes, para su conocimiento.
Punto de acuerdo por el que solicita a la Cámara de Diputados que por conducto de la Auditoría Superior de la Federación, se le presenten los resultados de la reciente auditoría practicada al Consejo Mexicano del Café, por el uso del Fondo de Estabilización de los Precios del Café durante los últimos tres años. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y remítase a las comisiones de Agricultura y Ganadería y Especial del Café, para su conocimiento.
Que reforma la fracción tercera del artículo setenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores, ésta última a solicitud hecha desde su curul por la diputada Adriana González Carrillo, del Partido Acción Nacional, atendida por la Presidencia.
Que reforma el primer párrafo del artículo sesenta y ocho de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Que concede permiso al ciudadano Herminio Alonzo Blanco Mendoza para aceptar y usar las condecoraciones que le confieren los gobiernos de las repúblicas de Rumania y Japón. Se turna a la Comisión de Gobernación.
Que concede permiso a tres ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de las repúblicas de Corea, Paraguay y Francesa. Se turna a la Comisión de Gobernación.
Que concede permiso a la ciudadana Guillermina Villegas Sánchez para prestar servicios dentro de la Embajada de la República de Bolivia en México. Se turna a la Comisión de Gobernación.
Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática, a nombre de integrantes de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. A solicitud de la diputada Secretaria Graciela Larios Rivas, del Partido Revolucionario Institucional, atendida por la Presidencia, la Asamblea guarda un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el accidente aéreo del veinticuatro de febrero de dos mil cinco, entre quienes se encontraban el gobernador del estado de Colima, Gustavo Alberto Vázquez Montes, y el secretario de Turismo de esa entidad federativa, Roberto Preciado Cuevas, quien fuera diputado federal en la Quincuagésima Octava Legislatura. La Secretaría informa del registro de trescientos treinta y un diputadas y diputados, confirmándose la existencia de quórum.
Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona el artículo treinta y uno de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Alejandra Méndez Salorio, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos cuarto, quinto y doce de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo segundo de la Ley de Navegación. El Presidente informa de la recepción de esta iniciativa y la turna a la Comisión de Marina.
La Asamblea dispensa, en votación económica, la lectura de cinco dictámenes de la Comisión de Gobernación con proyectos de decreto que conceden permiso:
Al ciudadano Sandro Muller Rolandi, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la Confederación Helvética en la ciudad de Cancún, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo.
Al ciudadano Servando Centella Pérez, para que pueda aceptar y usar la medalla que le confiere el Ejército Popular de Liberación China.
A cinco ciudadanos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas de los Estados Unidos de América en México.
A dos ciudadanos para prestar servicios en la Embajada del Perú en México.
Dictamen de las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de Comunicaciones y de Transportes con punto de acuerdo para solicitar a las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores, información sobre el Programa Bienvenido Paisano.
Presidencia del diputado Francisco Arroyo Vieyra
Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Comisión de Salud con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a efecto de que el Consejo de Salubridad General suspenda la vigencia de los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha seis de julio y veintiséis de octubre de dos mil cuatro, solicitando sean enviados con su fundamentación científica y jurídica para su análisis. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Comisión de Salud con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud, a que emita una Norma Oficial Mexicana que establezca que los empaques y envases destinados a la comercialización o distribución de tabaco, deberán contener imágenes que muestren los efectos del consumo del mismo. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Comisión de Economía con punto de acuerdo para solicitar a las secretarías de Economía y de Desarrollo Social a implementar los programas a su cargo que tienen por objeto fomentar y difundir la artesanía nacional, canalizando recursos para impulsarla. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Comisión de Economía con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a que analice la procedencia para reclasificar la tarifa doméstica del municipio de Cihuatlán, Jalisco, a efecto de ubicarla en la uno C. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Dictamen de la Comisión de Economía con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal a que, a través de las secretarías de Economía y de Energía, impulse estrategias, mecanismos e instrumentos, en coordinación con la industria mexicana del acero, tendientes a elevar y extender la competitividad del sector. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
El Presidente informa de la recepción de las siguientes proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:
Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, para solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social información relativa al conflicto en la empresa Avon Cosmetics, Sociedad Anónima de Capital Variable. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Luis Maldonado Venegas, de Convergencia, para solicitar a la Secretaría de Educación Pública, a través de su órgano de control interno, efectuar una supervisión a las impresiones que con recursos federales realiza la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Jesús Emilio Martínez Álvarez, de Convergencia, para que se investiguen los hechos de violencia acontecidos el veinte de febrero de dos mil cinco en el Centro de Tratamiento para Menores de San Fernando, en la Delegación Tlalpan, Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, ésta última a solicitud hecha desde su curul por el diputado Jesús Porfirio González Schmal, de Convergencia, atendida por la Presidencia.
Raúl Piña Horta, del Partido Verde Ecologista de México, para solicitar a la Secretaría de Salud información sobre la manera en que aplicará el decreto que adiciona un párrafo quinto al artículo treinta y seis de la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de enero de dos mil cinco. Se turna a la Comisión de Salud.
Manuel Velasco Coello, a nombre propio y de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana número NOM - cero ochenta y tres - SEMARNAT - dos mil tres, en el relleno sanitario de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
María Ávila Serna, del Partido Verde Ecologista de México, para realizar un donativo a una fundación que apoya a los familiares directos de las víctimas de los homicidios de mujeres perpetrados en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Pablo Franco Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Ejecutivo Federal a que, en el marco de los acuerdos internacionales, promueva leyes, políticas y prácticas que eviten la violencia, discriminación y estigmatización de personas con el virus de inmunodeficiencia humana / síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Ejecutivo Federal a que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, rectifique y derogue el punto dos punto doce punto diecisiete de la Sexta Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil cuatro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Procurador General de la República a que dé continuidad y celeridad al proceso de extradición de Jean Touma Hanna Succar Kuri, así como a las investigaciones relacionadas con las personas mencionadas por los testigos como implicadas en la red de abuso sexual y pornografía infantil, descubierta en Cancún en noviembre de dos mil tres, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica. Desde su curul el diputado José Adolfo Murat Macías, del Partido Revolucionario Institucional, solicita la verificación del quórum. El Presidente hace aclaraciones y declara la existencia de quórum. El diputado Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Partido Acción Nacional, habla en pro del punto de acuerdo y sin nadie más que solicite la palabra, la Asamblea lo aprueba en votación económica. Comuníquese.
Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, del Partido Acción Nacional, a nombre propio y de diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, para pronunciarse en contra de la aprobación de la iniciativa HR - cuatrocientos dieciocho en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, y solicita trámite de urgente resolución. En votación económica la Asamblea considera de esa manera el asunto. Hablan en pro los diputados: Manuel González Reyes, del Partido Acción Nacional; y Jorge Martínez Ramos, del Partido de la Revolución Democrática. Suficientemente discutido, se aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Comuníquese.
José Guadalupe Osuna Millán, del Partido Acción Nacional, para que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría legal y administrativa del desempeño legislativo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la que se verifiquen los gastos administrativos y los contratos de asesoría externa, acepta interpelación del diputado Tomás Antonio Trueba Gracián, del Partido Acción Nacional, y solicita trámite de urgente resolución. En votación económica no se considera de esa forma la proposición en virtud de no alcanzarse la mayoría calificada requerida. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Desde su curul la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional, solicita con el apoyo de otros diputados que la pasada votación sea nominal. El Presidente hace aclaraciones de procedimiento y sobre el resultado de la votación económica y no considera atendible la solicitud.
Inti Muñoz Santini, del Partido de la Revolución Democrática, para organizar el Primer Parlamento de Cultura y solicitar a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, de Relaciones Exteriores y de Economía, colaboren al respecto y solicita trámite de urgente resolución. Durante la presentación de esta proposición, hablan desde su curul la Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del Partido Acción Nacional, para reiterar la solicitud de la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo; y los diputados: Pablo Gómez Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática; y José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, del Partido Acción Nacional, ambos para hacer comentarios en relación con la proposición del diputado José Guadalupe Osuna Millán y el resultado de la votación económica para el trámite de urgente resolución que solicitara. El Presidente reitera las aclaraciones de procedimiento y sobre el sentido de la votación económica en cuestión. La Asamblea considera de urgente resolución la proposición del diputado Muñoz Santini en votación económica. Habla en pro la diputada Carla Rochín Nieto, del Partido Acción Nacional. Sin nadie más que solicite la palabra, se aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Comuníquese.
Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional, para exhortar a los gobiernos del Distrito Federal y Federal, a celebrar un convenio en materia de desarrollo social para implementar aquellos programas de combate a la pobreza que aún no se aplican en la Ciudad de México y que la Secretaría de Desarrollo Social lleva a cabo en el resto de las entidades federativas. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y del Distrito Federal.
Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, a que investigue los presuntos delitos cometidos por el gobernador del estado de Baja California Sur durante los recientes procesos electorales locales, y solicita trámite de urgente resolución. Habla en contra del trámite solicitado el diputado Adrián Chávez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática. La Asamblea considera el asunto de urgente resolución en votación económica. Hablan la diputada Miriam Marina Muñoz Vargas, del Partido Acción Nacional, en pro; y los diputados: Chávez Ruiz en contra; José Alberto Aguilar Iñárritu, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; y Pablo Gómez Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, en contra. Contesta alusiones personales el diputado Aguilar Iñárritu. Suficientemente discutido el punto de acuerdo, se aprueba en votación económica. Comuníquese.
Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a eliminar la caseta de cobro conocida como Esperanza, en el tramo Ciudad Obregón - Guaymas, en el estado de Sonora.
Se turna a la Comisión de Transportes.
Ángel Pasta Muñúzuri, del Partido Acción Nacional, para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, un informe de la revisión de las funciones a concesionarios de telefonías celulares, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica y sin discusión se aprueba el punto de acuerdo de la misma manera. Comuníquese.
Carlos Hernán Silva Valdés, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que dictamine las cuentas de la Hacienda Pública Federal de los ejercicios fiscales de dos mil uno y de dos mil dos. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tomás Antonio Trueba Gracián, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que se abstenga de formular comentarios sobre materias que no son de su competencia. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Víctor Suárez Carrera, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal y a la Delegación Álvaro Obregón, a mantener el uso de suelo como área verde en la Barranca de Tarango. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.
Norberto Enrique Corella Torres, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Ejecutivo Federal, a que gestione ante el gobierno de los Estados Unidos de América, la reanudación del otorgamiento de visas humanitarias a los residentes de la frontera norte para que puedan recibir atención médica especializada en instituciones de salud de ese país. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Rafael García Tinajero Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar al Ejecutivo Federal la revisión del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y eliminar las disposiciones discriminatorias contra personal militar con el virus de inmunodeficiencia humana - síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y solicita trámite de urgente resolución. En virtud de dudas por parte de la Secretaría del resultado de la votación económica para la dispensa de trámites, se recoge votación nominal y por trescientos noventa y dos votos en pro, ciento setenta en contra y tres abstenciones, no se considera de urgente resolución en virtud de no alcanzarse la mayoría calificada requerida. Se turna a la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, ésta última a solicitud hecha desde su curul por la diputada Magdalena Adriana González Furlong, del Partido Acción Nacional, atendida por la Presidencia.
Hidalgo Contreras Covarrubias, del Partido Acción Nacional, para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad, a que subsane los perjuicios que, por concepto de emisión de elementos tóxicos, presuntamente ha causado la planta geotermoeléctrica Cerro Prieto a las tierras de cultivo y a la salud de los residentes del Valle de Mexicali, estado de Baja California. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
José Juan Bárcenas González, del Partido Acción Nacional, para exhortar al Ejecutivo Federal, a instruir a la Secretaría de Economía a que incluya al municipio de Tetla, estado de Tlaxcala, dentro de la zona de cobertura del Programa Marcha Hacia el Sur. Se turna a la Comisión de Economía.
Marko Antonio Cortés Mendoza, del Partido Acción Nacional, para exhortar al gobierno del estado de Michoacán a que lleve a cabo la rehabilitación, mantenimiento y construcción de carreteras y caminos rurales que se encuentran dentro de su jurisdicción. Se turna a la Comisión de Transportes.
José Julián Sacramento Garza, del Partido Acción Nacional, para solicitar al Ejecutivo Federal, analice el cambio de nombre del Centro Federal de Readaptación Social número tres, ubicado en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, y solicita trámite de urgente resolución. Así considera el asunto la Asamblea en votación económica y sin discusión aprueba el punto de acuerdo de la misma manera. Comuníquese.
El Presidente informa que la última votación
nominal servirá de registro final de diputadas y diputados y levanta
la sesión a las quince horas con cuatro minutos, citando para la
que tendrá lugar el martes primero de marzo de dos mil cinco a las
diez horas.
C. Dip. Fed. Manlio Fabio Beltrones Rivara
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados
LIX Legislatura
Con fundamento en el punto cuarto del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, me permito presentar a usted, el informe correspondiente a las actividades que desarrolló la Comisión de Investigación del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex, en los foros de consulta celebrados en el estado de Campeche.
Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más alta consideración.
Atentamente
Dip. Carmen Guadalupe Pons Sáenz (rúbrica)
Presidenta
México, DF, a 22 de febrero de 2005.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción IV, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la C. Lygie Marie Claire de Schuyter Foucher pueda aceptar desempeñar el cargo de cónsul honoraria de la República francesa en la ciudad de Xalapa, Veracruz, con circunscripción consular en esa ciudad y sus alrededores inmediatos.
Por lo anterior me permito anexar original de la carta dirigida al H. Congreso de la Unión con la que la interesada solicita dicho permiso y de la carta de vecindad; copia certificada de la carta de naturalización; así como copias simples de su currículum vitae, de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de la República Francesa y de su identificación oficial.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, POR EL QUE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE EL CIUDADANO ROBERTO ABRAHAM MAFUD PUEDA ACEPTAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO DE CÓNSUL HONORARIO DE LA REPÚBLICA LIBANESA EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, CON CIRCUNSCRIPCIÓN CONSULAR EN LOS ESTADOS DE CAMPECHE, QUINTANA ROO Y YUCATÁN
México, DF, a 22 de febrero de 2005.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción IV, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Roberto Abraham Mafud pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Libanesa en la ciudad de Mérida, con circunscripción consular en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
Por lo anterior me permito anexar original de la carta dirigida al H. Congreso de la Unión con la que el interesado solicita dicho permiso y de la carta de vecindad; copia certificada del acta de nacimiento; así como copias simples de su currículum vitae, de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de Líbano y de su identificación oficial.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, SEIS CON LOS QUE SE REMITEN CONTESTACIONES A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. DGPL 59-II-5-697, signado el 23 de septiembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 106, suscrito el 15 del actual por el C. ingeniero José Luis Luege Tamargo, procurador federal de Protección al Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a tomar las medidas necesarias a fin de salvaguardar la comunidad coralina conocida como Los Jardines, en Playa del Carmen, Quintana Roo, así como a la revisión de la autorización para la construcción del muelle de mediano calado en el mismo sitio.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
En atención a su oficio No. SEL/300/3409/04 del 24 de septiembre de 2004, dirigido al ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del cual hace de su conocimiento el punto de acuerdo aprobado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en sesión de fecha 23 de septiembre de 2004, mediante el cual exhortan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a tomar las medidas necesarias para la protección de la comunidad coralina Los Jardines, ubicada en Playa del Carmen, Quintana Roo, e informar a esa Cámara de Diputados sobre la implementación de dichas medidas.
Al respecto, esta Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha realizado diversas visitas de verificación al proyecto en construcción de dos muelles para embarcaciones de mediano calado localizado en Playa del Carmen, el cual cuenta con autorización en materia de impacto ambiental otorgada por la Semarnat, a través del oficio No. S.G.P.A.-DGIRA.- 003592 del 3 de octubre de 2001, en este sentido, se instauraron los procedimientos administrativos correspondientes, los cuales han sido resueltos conforme a la normatividad, ambiental aplicable.
Sin embargo, como una medida para la protección de las comunidades arrecifales de la zona, esta Procuraduría mantiene una constante vigilancia sobre las actividades de este proyecto, a efecto de verificar, entre otros aspectos, que durante las actividades de construcción se encuentre colocada la malla geotextil que impida la dispersión de sedimentos en el medio marino.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ing. José Luis Luege Tamargo (rúbrica)
Procurador Federal de Protección al Ambiente
México, DF, a 22 de febrero de 2005.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-4-775, suscrito el 14 de octubre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 170 / UCVPS / 081 / 2005, signado el 16 del actual por el doctor Gabriel García Pérez, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a iniciar el procedimiento correspondiente para elaborar y expedir la norma oficial mexicana relativa a la regulación en las instalaciones de los establecimientos que prestan servicios de salud, en materia de atención a la infertilidad humana.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 16 de febrero de 2005.
Lic. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero a su oficio número SEL/300/3759/04, relacionado con el punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados el 14 de octubre de 2004, mediante el cual se solicita al Ejecutivo federal elaborar y expedir la norma oficial mexicana que establezca los requisitos que deberán observar los establecimientos que prestan servicios de salud en materia de atención a la infertilidad humana.
Al respecto, me permito acompañar la información que al respecto nos hizo llegar la M. en C. María de Lourdes A. Motta Murguía, secretaria técnica del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, solicitando su valiosa intermediación para remitirla al órgano legislativo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Dr. Gabriel García Pérez (rúbrica)
Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación
y Participación Social
México, DF, a 3 de septiembre de 2004.
Dra. Ma. de las Nieves García Fernández
Directora General Adjunta de Vinculación Social
en la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación
Social
Presente
Me refiero al punto de acuerdo, presentado por la diputada Cristina Díaz Salazar, mediante el cual se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, a elaborar una norma oficial mexicana que establezca la regulación técnica de los establecimientos que funcionan como centros de atención a la infertilidad, que fue turnado a esta unidad administrativa mediante el volante de trámite con folio de delegación 46222 de la oficina del secretario recientemente.
Sobre el particular, y por instrucciones del Presidente de este Comité, doctor Roberto Tapia Conyer, me permito informarle lo siguiente:
El tema fue igualmente incluido en el programa del año en curso, el cual fue publicado el 24 de mayo del presente año en el órgano de difusión oficial.
- Tan pronto como se concluya la integración del mencionado anteproyecto, éste será sometido a la consideración del pleno del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades a efecto de que, previa aprobación de éste, se continúen los trámites de expedición que marca la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, incluyendo el proceso de mejora regulatoria y la publicación del proyecto para consulta pública.
- Cabe destacar que el 12 de mayo pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se fijan los lineamientos mediante los cuales se establece una moratoria regulatoria, el cual señala que se suspende hasta el 29 de abril de 2005 la emisión de regulación por parte de las dependencias de la Administración Pública Federal que tenga costos de cumplimiento para los particulares y que deba ser sometida al proceso de mejora regulatoria, razón por la cual la mencionada norma no podrá emitirse sino hasta el año entrante.
Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
M. en C. María de Lourdes A. Motta Murguía
(rúbrica)
Secretaria Técnica del Comité Consultivo
Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades
México, DF, a 21 de febrero de 2005.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-1023, signado el 11 de noviembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 00232, suscrito el 10 del mes en curso por el C. licenciado Gustavo Adolfo Morlet Berdejo, subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del estado de Guerrero, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de esta dependencia a que, con apoyo de los gobiernos estatales, impulse una campaña permanente para la expedición de actas de nacimiento en beneficio de las personas de 60 o más años, que no estén registradas, debiendo extenderse y hacer énfasis en las poblaciones más alejadas del país, usando en su caso registros civiles móviles.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo.
Chilpancingo, Gro., febrero 10 del 2005.
C. Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría
de Gobernación
México, DF.
Por instrucciones del C. Mayor Luis León Aponte, secretario general de Gobierno, y en atención al similar número SEL/300/4299/2004, mediante el cual remite copia del dictamen de acuerdo aprobado por la Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, referente a que los gobiernos estatales, realicen la expedición de actas de nacimiento con el mínimo de trámites y sin costo alguno, en beneficio de las personas de 60 años o más que no estén registradas, al respecto adjunto al presente me permito enviar a usted copia del oficio número CTSERC/02259/2004, signado por el C. Lic. David Monroy Adame, coordinador técnico del Sistema Estatal del registro Civil, mediante el cual informa que el gobierno del estado ya cuenta con los mecanismos para apoyar en materia registral a los asuntos mayores.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lic. Gustavo Adolfo Morlet Berdejo (rúbrica)
Subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos
Chilpancingo, Gro., a 14 de diciembre del 2004.
C. Lic. Gustavo Adolfo Morlet Berdejo
Subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos
Presente
En atención a su oficio de fecha 2 de diciembre del año en curso, en donde nos remite para la atención procedente el oficio número SEL/300/4299/2004, signado por el C. licenciado M. Humberto Aguilar Coronado, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, informo a usted que el gobierno del estado, a través de la Coordinación Técnica, cuenta con campañas y jornadas permanentes de registros gratuitos para la regularización del estado civil de las personas. De igual manera, trabaja en coordinación con diferentes instituciones, como el DIF-Guerrero y el programa Pensión Guerrero, donde se llevan a cabo registros gratuitos en beneficio de los adultos mayores.
Como se puede observar, el gobierno del estado ya cuenta con los mecanismos necesarios para apoyar en materia registral a los guerrerenses que menos tienen, en este caso, a los adultos mayores, a los cuales sólo se les pide cuatro de los requisitos que se requieren para autorizar administrativamente su registro de nacimiento extemporáneo, como lo establece el artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Registro Civil.
Sin más por el momento, le envío a usted un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lic. David Monroy Adame (rúbrica)
Coordinador Técnico del Sistema Estatal del Registro
Civil
México, DF, a 22 de febrero de 2005.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-1-942, signado el 14 de diciembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Graciela Larios Rivas, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar numero 074, suscrito el 15 del mes en curso por el C. M. en C. Juan Rafael Elvira Quesada, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo a la problemática relacionada con la construcción de un relleno sanitario en la mina La Bezana, municipio de Coacalco de Berriozábal, estado de México.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace legislativo
México, DF, a 15 de febrero de 2005.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
En respuesta a su oficio número SEL/300/5345/04, de fecha 20 de diciembre de 2004 y recibido en la oficina del titular de esta Secretaría el 4 de enero de 2005 y en el cual se exhorta a la Semarnat:
A que, en coordinación con el gobierno del estado de México y el ayuntamiento constitucional de Coacalco, en el ámbito de sus competencias, para que previa autorización de la manifestación de impacto ambiental para la construcción del relleno sanitario ubicado en la mina La Bezana, en Coacalco de Berriozábal, estado de México, verifique el cumplimiento puntual de lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su Reglamento (Impacto Ambiental), la NOM-083-SEMARNAT-2003 y todos los ordenamientos que de ellos se deriven.
Que en coordinación con el gobierno estatal y el municipal, formen un grupo interdisciplinario para analizar, evaluar e informar, en un plazo no mayor de 60 días, sobre la viabilidad de dicho proyecto, a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de poder realizar las recomendaciones necesarias.
Informo a usted que, de conformidad con lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), respecto a las atribuciones de los diferentes órdenes de gobierno en relación con la disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial (rellenos sanitarios), se establece lo siguiente:
Artículo 5o. Son facultades de la Federación:
X. La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el artículo 28 de esta ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes.
VI. La regulación de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 de la presente ley;
XVI. La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades que no se encuentren expresamente reservadas a la Federación por la presente ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35-Bis-2 de la presente ley;
En este sentido, el reglamento de la ley antes citada, en materia de evaluación del impacto ambiental, establece en sus artículos:
Artículo 4o. Compete a Secretaría:
Derivado de lo anterior, le informo que las obras para la realización de rellenos sanitarios no están reservadas a la Federación para su evaluación en materia de impacto ambiental y, en todo caso, será el gobierno del estado el que deba resolver en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo indicado en el artículo 7o., fracción XVI, de la LGEEPA. En todo caso, sería de competencia federal si para su realización se requiriera la remoción de vegetación de tipo forestal, o se realizaran las actividades en zonas federales de ríos, lagos o arroyos, o dentro de un área natural protegida de carácter federal, en cuyo caso se debiera presentar una manifestación de impacto ambiental para su evaluación y, en su caso autorización, de conformidad con lo establecido en los artículos 28, fracciones VII, X y XII, de la LGEEPA; y 5, incisos O, R y S, del Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.
Por otro lado, le informo que el área responsable de esta Secretaría en materia de impacto ambiental, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) no cuenta a la fecha con información en el sentido de que se esté evaluando a nivel estatal ni que se haya solicitado opinión o apoyo a la delegación de la Semarnat en el estado de México ni a la misma DGIRA, para dictaminar en materia de impacto ambiental el mencionado proyecto.
Por los motivos expuestos anteriormente, es improcedente lo solicitado en el punto de acuerdo emitido por la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de fecha 14 de diciembre de 2004.
Sin más por el momento, me despido de usted con un afectuoso saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
M. en C. Juan Rafael Elvira Quesada (rúbrica)
Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental
México. DF, a 22 de febrero de 2005.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-2-917, signado el 14 de diciembre de 2004 por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número DGVI/062/2005, suscrito el 16 del actual por el C. licenciado Enrique Lepine Muñoz, director general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Social, así como de los anexos que en el mismo se citan, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia que informe sobre los pormenores del incidente suscitado en la delegación del estado de Tlaxcala, por el presunto uso, con fines electorales, del padrón del programa Oportunidades, y del estado que guarda la investigación que realiza su Órgano Interno de Control, por las posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos, que participaron en los hechos.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 16 de febrero de 2005.
Lic. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría
de Gobernación
Presente
Por instrucciones de la licenciada Josefina Vázquez Mota, secretaria de Desarrollo Social, y en atención a su oficio No. SEL/300/5352/04, fechado el 20 de diciembre de 2004, referente al punto de acuerdo aprobado por el la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, referente al padrón de beneficiarios del programa Oportunidades del estado de Tlaxcala, anexo al presente envío a usted la siguiente documentación:
2) En cuanto al punto de acuerdo tercero, copia del Oficio No. 20.0096/2005 del 7 de febrero de este año, signado por el CP Roberto Pinoncely Proal, titular del Órgano Interno de Control en esta Secretaría, en el que detalla las acciones adoptadas relacionadas con el asunto en comento; aunado al informe de los avances en las investigaciones que está realizando dicho órgano.
Atentamente
Lic. Enrique Lepine Muñoz (rúbrica)
Director General de Vinculación Interinstitucional
México, Distrito Federal, a 20 de enero de 2005.
Señor licenciado Enrique Lepine Muñoz
Director General de Vinculación Interinstitucional
Presente
Me refiero a su oficio número DGVI/024/2005, de fecha 12 de enero del 2005, recibido en esta a mi cargo el 13 del mismo mes y año, a través del cual comunica que fue hecho del conocimiento de la titular de la dependencia el acuerdo aprobado en la sesión del 14 de diciembre de 2004 de la H. Cámara de Diputados, referente al padrón de beneficiarios del programa Oportunidades en el estado de Tlaxcala. Con la solicitud de atender en términos de mi competencia el mismo.
Sobre el particular, y en respuesta a los numerales primero y segundo del oficio remitido por el subsecretario de Enlace Legislativo, licenciado Humberto Aguilar Coronado, a la C. secretaria de Desarrollo Social, anexo sírvase encontrar los pormenores de la problemática suscitada en estado de Tlaxcala con relación al padrón del programa, así como las acciones realizadas ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Por lo que respecta al punto tercero, en el que la H. Cámara de Diputados solicita conocer el estado que guarda la investigación que realiza el Órgano Interno de Control de la Secretaría, y toda vez que desconocemos el avance del procedimiento en cuestión, me permito solicitarle gire sus apreciables instrucciones a fin de que sea el propio Órgano Interno de Control quien informe sobre el mismo.
Sin más por el momento, reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Rogelio Gómez-Hermosillo Marín (rúbrica)
Coordinador Nacional del Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades
Pormenores del incidente suscitado en la Coordinación Estatal de Tlaxcala, con relación a la base de datos que conforma el padrón de beneficiarios
Con Fecha 30 de agosto de 2004, aparecieron publicadas en los periódicos Reforma, Milenio y El Sol de México, notas periodísticas tituladas "Filtran a Héctor Ortiz documentos de Sedesol", "Usa panista Oportunidades para hacer proselitismo" y "Habría manipulado Héctor Ortiz programas federales en Tlaxcala", por lo que en vista de la gravedad de las declaraciones, el coordinador nacional del programa presentó ese mismo día denuncia de hechos ante el Órgano Interno de Control, en la Secretaría de Desarrollo Social, con la finalidad de que se realicen las investigaciones correspondientes y se esclarezcan tales hechos.
El 1° de septiembre del 2004, el mencionado servidor público presentó la denuncia de hechos N° 406/FEPADE/2004 ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, radicada ante el licenciado Aristeo Núñez Martha, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Dirección General de Delitos Electorales de la mencionada Fiscalía, con la finalidad de que se realicen las investigaciones correspondientes y se esclarezcan los hechos.
A partir de esa fecha se ha proporcionado al agente del Ministerio Público, así como al Órgano Interno de Control de la Sedesol toda la información que han solicitado tales como:
Con qué estructura cuenta qara el desarrollo de
las funciones en el programa.
Listado de personal que trabaja para el programa Oportunidades
en el estado de Tlaxcala.
Las funciones y atribuciones del personal del programa
Oportunidades en el estado de Tlaxcala.
Qué personas elaboran el padrón de beneficiarios
del programa Oportunidades en el estado de Tlaxcala.
Qué personal de la Coordinación tiene acceso al padrón de beneficiarios del programa Oportunidades en el estado de Tlaxcala y si algunos de ellos maneja el listado.
La fecha en la que fue publicado el padrón de beneficiarios del Programa en Internet, correspondiente a la localidad de La Trasquila, municipio de Atlangatepec, estado de Tlaxcala, así como cuando fue generada dicha información.
Si en el padrón de beneficiarios que se encuentra publicado en Internet, aparecen los que hayan sido incorporados recientemente, señalando a qué número de fase corresponde su incorporación.
Enviar los padrones de beneficiarios que hayan sido publicados en Internet, durante el presente ejercicio.
México, DF, a 7 de febrero de 2005.
Lic. Enrique Lepine Muñoz
Director General de Vinculación Interinstitucional
en la Sedesol
Presente
Me refiero a su oficio número DGVI/041/2005, de fecha 24 de enero del año en curso, por medio del cual remite para su atención copia del diverso número SEL/300/5352/04, suscrito por el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, en el que se comunica a la Secretaría de Desarrollo Social el contenido del acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en la Sesión del 14 de diciembre de 2004, referente al presunto uso con fines electorales del padrón de beneficiarios del "Programa Desarrollo Humano Oportunidades en el Estado de Tlaxcala".
Al particular me permito informar a usted que el 30 de agosto de 2004 ante el titular del área de Quejas de este Órgano Interno de Control, comparecieron la entonces delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Tlaxcala y el coordinador nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, a formular denuncia por los hechos publicados en los periódicos El Sol de Tlaxcala, Reforma, Milenio y El Sol de México, en los que se involucra a diversos servidores públicos adscritos tanto a la Coordinación Estatal del programa mencionado como a la delegación Sedesol, ambas del estado de Tlaxcala, por el presunto uso proselitista de la información del padrón de beneficiarios del programa por parte del candidato de la Alianza Ciudadana por Tlaxcala.
Asimismo, en la misma fecha comparecieron en forma voluntaria los CC. Aída Amelia Mancera Pérez y Roberto Nava Briones, coordinadora del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en el Estado de Tlaxcala y responsable del área de Comunicación Social de la delegación Sedesol en la citada entidad federativa, quienes se refirieron a los hechos denunciados por sus respectivos superiores inmediatos, precisando el conocimiento que tenían de los mismos y las funciones que desempeñaban.
Con base en lo anterior, el titular del área de Quejas radicó el expediente de investigación número DE.060.2004, el 1 de septiembre del año próximo pasado, en el que conforme al ámbito de sus facultades y atribuciones, instrumentó las acciones y diligencias siguientes:
b) Se requirió al coordinador nacional del referido programa y a la coordinadora estatal en Tlaxcala información relacionada con la estructura, operación, cargos, funciones, medios de seguridad en el manejo de información, plantilla laboral y responsabilidades derivados del programa en la Coordinación Estatal de Tlaxcala, así como las acciones que se habían implementado en torno a la transparencia del multicitado programa; información que fue remitida al área de Quejas mediante oficios número CNDO/178/2004 y CEPDHO/0492/2004, de .9 y 10 de septiembre ambos de 2004, respectivamente.
c) Asimismo, se requirió información a la delegada de la Sedesol en el estado de Tlaxcala, relacionados con el C. Ricardo Silva de Lara, quien resultaba ser presunto implicado en los hechos irregulares que se investigaban, remitiendo información mediante oficio número 149/100/004148 del 14 de septiembre de 2004.
d) Adicionalmente, el titular del área de Quejas, comisionó a los CC. Daniel Pérez Lara, José de Jesús Alavez Rosas y Reyna del Rocío Islas Rico, personal de este órgano Interno de Control para efectuar diversas investigaciones en las instalaciones de la Coordinación Estatal del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en el Estado de Tlaxcala, quienes instrumentaron el día 9 de septiembre de 2004, constancia de hechos relacionada con el procedimiento, datos y conocimiento que se requieren para tener acceso a la información de los beneficiarios del programa que se encuentran cargados en el Sistema de Información del Centro de Atención y Registro (SIIOP) de esa unidad administrativa; asimismo, los días 14, 15, 20, 21 y 23 de ese mismo mes y año se levantaron actas administrativas de comparecencia a los CC. Delfina Flores Domínguez (auxiliar operativo de la Coordinación), María del Carmen Pluma Pluma (auxiliar operativo), Karina Galván Sánchez (personal de Soporte Técnico), Samanta Ramírez Hernández (operadora de Sistemas), Claudia Pérez Jiménez (capturista de Ventanilla en el Centro de Atención y Registro de Yauhquemehcan), María Sandra Rojas Hernández (auxiliar de Incorporación en el Centro de Atención y Registro de Yauhquemehcan), Maricruz Flores Sanluís (jefa de Departamento de Administración de Padrón), Raymundo Meneses Flores (capturista de Ventanilla del Centro de Atención y Registro de Yauhquemehcan), Teresa Portillo Mondragón (jefa del Centro de Atención y Registro de Yauhquemehcan), Víctor Hugo González Pérez (jefe del Centro de Atención y Registro de Zacatelco), José David Javier Sánchez López (jefe de Atención Operativa), Patricia Petra Ramírez Fierro (jefa del Departamento de Administración), Leticia Vázquez Cruz (encargada del área de Atención Ciudadana), Edith López Mosqueda (auxiliar operativa) y Felipe Vázquez Hernández (asistente técnico regional). Cabe señalar que en estas diligencias, los comparecientes aportaron diversa información y documentación que relacionan con los hechos denunciados.
e) Por otra parte, el personal comisionado levantó actas de constancia de hechos relacionadas con la visita que realizaron a los CC. María Graciana Flores Hernández, Sara Vargas Carpinteiro y María Virginia Sara, María Inés Soria Moreno, Patricia Tlecuitl Moreno, María Alicia Vázquez Sánchez, Lucia Vázquez Flores; personas que figuran como beneficiarias del programa y a quienes en el caso de las primeras cuatro mencionadas refirieron haber recibido una carta personalizada en el que se les invita a votar a favor del candidato de la Alianza Ciudadana por Tlaxcala, haciéndose alusión al muchas veces citado Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; asimismo el 20 de septiembre del año próximo pasado se levantó acta de constancia de hechos relacionada con las manifestaciones formuladas por los CC. Apolinar Aztatzi Mendoza, Rafael Pérez Castillo y Juventina Jiménez Carvajal, quienes están relacionados con el presunto irregular levantamiento de la encuesta para la incorporación al programa de la servidora doméstica de la coordinadora estatal en ese estado, recabándose en la referida diligencia, documentación relacionada con esta presunta irregularidad.
f) El 24 de septiembre de 2004, se instrumento acta administrativa de comparecencia del C. Ricardo Silva de Lara, en las oficinas que ocupa el área de Quejas, en la cual aportó diversa información relacionada con los hechos que se investigaban en el expediente número DE.060.2004.
g) De las constancias y actuaciones que se verificaron en el aludido expediente de investigación, el 30 de septiembre de 2004, el titular del área de Quejas en este Órgano Interno de Control determinó lo siguiente: 1.- Que no existían elementos contundentes y fehacientes para acreditar las presuntas irregularidades que le fueron atribuidas a los CC. Miriam Espinoza Sánchez y Ricardo Silva de Lara, en sus cargos como delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Tlaxcala y jefe de Unidad de Regiones Prioritarias de dicha unidad administrativa. 2.- Se efectuó desglose de las actuaciones que se relacionaban con la presunta irregularidad administrativa concerniente a los daños sufridos en un vehículo oficial en la que se implica como presunto responsable al C. Roberto Nava Briones, jefe del área de Comunicación Social de la delegación Sedesol en el referido estado, y respecto de la cual actualmente se está instrumentando la investigación correspondiente en el expediente número DE.089.2004. 3.- El traslado de los autos del expediente DE.060.2004 al área de Responsabilidades para iniciarse el procedimiento administrativo de responsabilidad que prevé la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en contra de los servidores públicos adscritos a la Coordinación Estatal del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades en el Estado de Tlaxcala, al advertirse la comisión de las irregularidades consistentes en: practicar la Encuesta de Características Socioeconómicas de los Hogares Urbanos, en un lugar distinto al domicilio de la posible beneficiaria, sin practicar la inspección física y fuera del tiempo de la encuesta; la utilización de recursos materiales de la coordinación para destinarlos a fines distintos al que se encuentran afectos; no garantizar la confianza, responsabilidad y manejo apartidista e institucional de la información relativa al padrón de beneficiarios del programa, y cometer abuso de autoridad por requerir la renuncia de 2 servidores públicos aduciendo actividades partidistas, sin soportar esta imputación.
b) El 24 de noviembre de 2004, se elaboraron los oficios citatorios a los CC. José David Javier Sánchez López, Delfina Flores Domínguez y Teresa Portillo Mondragón, en los que se individualizó las presuntas irregularidades que se desprendían de las constancias de la causa disciplinaria. Tales oficios les fueron notificados los días 15 y 16 de diciembre d el año próximo pasado, respectivamente.
c) Se celebraron las audiencias de ley a las CC. Delfina Flores Domínguez y Teresa Portillo Mondragón, el 28 de diciembre pasado, en las que se les otorgó el ejercicio de su garantía de audiencia, manifestando lo que a su derecho convino y asimismo se les concedió el plazo legal de cinco días para ofrecer las pruebas que consideraran pertinentes.
d) El 5 de enero de 2005 se celebró la audiencia de ley del C. José David Javier Sánchez, en la que se le otorgó el ejercicio de garantía de audiencia, manifestando lo que a su derecho convino y asimismo se le concedió el plazo legal de cinco días para ofrecer las pruebas que considerara pertinentes.
e) El 28 de enero de 2005 se elaboró el oficio citatorio a la C. Aída Amelia Mancera Pérez, que fue remitido a la delegada de la Sedesol en el estado de Tlaxcala para que proceda a notificarlo, en auxilio de las labores de este Órgano Interno de Control, por lo que se está en espera de que la referida delegación remita a esta autoridad las constancias de notificación respectivas, a efecto de estar en condiciones de celebrar la audiencia de ley.
f) Los días 4, 14 y 24 de enero del año en curso se dictaron acuerdos en el expediente de responsabilidad, donde se tuvieron por ofrecidas y desahogadas las pruebas que aportaron en el procedimiento los CC. José David Javier Sánchez López, Delfina Flores Domínguez y Teresa Portillo Mondragón.
g) Asimismo, el 27 de enero de 2005 se solicitó
al C. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
de la Procuraduría General de la República remita copia certificada
de las declaraciones que ante esa representación social hayan rendido
los servidores públicos implicados en el expediente de mérito,
en la averiguación previa número 406/-
FEPADE/2004 y su acumulada 435/FEPADE/2004.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterar a usted las seguridades de mi siempre alta y distinguida consideración, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
CP Roberto Pinoncely Proal (rúbrica)
Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría
de Desarrollo Social
México, DF, a 22 de febrero de 2005.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. DGPL 59-II-5-1253, signado el 1 de febrero del año en curso, por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y María Sara Rocha Medina, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 102-K-IV-A-053, suscrito el 16 del actual, por el C. Pedro Luna Tovar, director general Adjunto de Precios y Tarifas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a aplicar en el estado de Guerrero la tarifa 1F, tomando en consideración los índices de calor y humedad que se presentan en dicha entidad federativa.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 16 de febrero de 2005.
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Bucareli No. 99, Piso 1
Juárez, 06600, México, DF
Hago referencia al oficio No. SEL/300/510/05, dirigido al licenciado Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda y Crédito Público, mediante el que remite el punto de acuerdo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, referente al exhorto para aplicar en el estado de Guerrero la tarifa 1F. Sobre el particular, le comento lo siguiente a fin de que por su conducto se transmita a los interesados.
Actualmente a los usuarios domésticos se les aplican tarifas preferenciales, toda vez que las tarifas del servicio público de energía eléctrica de dicho sector se encuentran altamente subsidiadas, ya que no cubren sus costos de generación, transmisión y distribución. Dicho beneficio se incrementa durante el verano al aplicar tarifas con cargos menores y rangos de consumo subsidiado más amplios.
Incrementar aún más el nivel de subsidio, aplicando reclasificaciones tarifarias, agravaría la situación financiera de los organismos suministradores con el consecuente impacto regional y nacional en los planes de inversión en infraestructura eléctrica para hacer frente al incremento de la demanda por energía eléctrica con la calidad y oportunidad requeridas.
Es importante mencionar que en adición al subsidio que el Gobierno Federal otorga a través de la CFE, podría analizarse que los gobiernos estatal y municipal otorguen un apoyo adicional de manera explícita a los usuarios domésticos, sin distorsionar aún más la señal de precios, ni comprometer la situación financiera de los organismos suministradores y cumpliendo con los criterios generales de aplicación de las tarifas eléctricas, tal y como lo han realizado los gobiernos de Baja California, Chiapas, Sinaloa, Sonora y Nayarit.
Por otro lado, respecto a la solicitud de aplicar en el estado de Guerrero la tarifa 117, le comento que de conformidad con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento, esta Secretaría fija los ajustes, modificaciones y reestructuraciones a las tarifas eléctricas a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, previa aprobación de su Junta de Gobierno, siendo responsabilidad del organismo suministrador la reclasificación de las localidades en la tarifa eléctrica correspondiente, previo análisis de los registros oficiales de temperatura, emitidos por la Comisión Nacional del Agua (CNA), avaladas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por lo anterior, su solicitud de reclasifícación será remitida a la CFE para su atención, por considerarla ámbito de su competencia.
Finalmente, aplicar reclasificaciones tarifarias no es una solución definitiva a la problemática, de las facturaciones por elevados consumos de energía eléctrica. La CFE ha implementado diversos programas de ahorro de energía, los cuales tienen efectos inmediatos y beneficios permanentes en la facturación de los usuarios sin afectar la calidad de vida, por lo que sería recomendable acudir a dicha dependencia para obtener mayor información al respecto.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Pedro Luna Tovar (rúbrica)
Director General Adjunto de Precios y Tarifas
Federico Barbosa Gutiérrez, en mi carácter de diputado federal, por el tercer distrito federal del estado de Tlaxcala, como integrante de esta LIX Legislatura, y a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio político, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
En materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos, previsto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevén dos figuras jurídicas, el Juicio Político y la Declaración de Procedencia, como requisitos de procedebilidad para enjuiciar a los servidores públicos que incurren en responsabilidad.
Por lo que respecta a la Declaración de Procedencia, esta soberanía resolvió aprobar una iniciativa del Dip. Alejandro Murat Hinojosa que adiciona un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Así, en el artículo 29 de la citada ley, se estableció con claridad "que no se requerirá Declaración de Procedencia de esta Cámara de Diputados, cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 de nuestra Constitución, cuando por cualquier causa se encuentre separado de su cargo".
Esta adición al artículo 29 de la Ley en mención, resuelve parte del problema en su nivel de Ley Reglamentaria del propio Título Cuarto de la Constitución; sin embargo, queda pendiente dictaminar la iniciativa presentada por el Dip. Sergio Penagos García la cual, de ser aprobada, resultaría congruente con la base constitucional relativa a la Declaración de Procedencia prevista en el artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la misma, busca reformar este artículo a efecto de establecer que: tampoco se requerirá Declaración de Procedencia cuando alguno de los antes referidos se separe del cargo por habérsele concedido licencia para el efecto.
Estas iniciativas y otras más que se han presentado se refieren en todo momento a perfeccionar la figura de la Declaración de Procedencia, dejando a un lado el tema del Juicio Político.
Ante este escenario jurídico, conviene actualizar los diversos supuestos relativos al juicio político. Es por ello, que al analizar una posible separación del cargo por cualquier causa de parte del servidor público como puede ser la licencia, la ley fundamental no prevé tal situación y la ley secundaria tampoco la trata.
En este sentido, la presente iniciativa tiene como propósito eficientar el instrumento constitucional en materia de Juicio Político, que conlleva el firme propósito de erradicar conductas y supuestos no previstos en la ley, en los que se pueden encontrar los servidores públicos.
Sobre esta base constitucional, el juicio político es una figura jurídica que en la actualidad requiere de precisión en cuanto a su ámbito de competencia y dado que en la ley secundaria no se establece con claridad cual es el efecto jurídico en el supuesto de que un servidor público se encuentre con licencia.
Este hecho podría generar confusión, como sucedió en el caso de juicio de Declaración de Procedencia resuelto por esta soberanía recientemente.
Si bien es cierto la ley fundamental señala con claridad que este procedimiento podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después, esta misma disposición constitucional no prevé el supuesto de la licencia que pueda tener el servidor público.
Al respecto la ley secundaria tampoco le da un tratamiento que permita resolver esta laguna constitucional.
Es por ello, que la presente iniciativa que someto a la consideración de esta honorable Asamblea tiene como propósito resolver el supuesto cuando un servidor público se encuentre con licencia y se le siga un juicio político.
En este sentido, el procedimiento de juicio político podrá iniciarse durante el periodo en que el servidor público desempeñe su encargo, goce de licencia y dentro de un año después de concluido el mismo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante esta soberanía la siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio político, para quedar como sigue:
Artículo Único.- Se reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 114. El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo, goce de licencia y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.
...
...
Artículo Transitorio
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2005.
Dip. Federico Barbosa Gutiérrez (rúbrica)
QUE REFORMA EL ARTICULO 31 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EN MATERIA DE DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO A VISITANTES EXTRANJEROS, A CARGO DE LA DIPUTADA ELIZABETH OSWELIA YÁÑEZ ROBLES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita diputada Federal Elizabeth O. Yáñez Robles, integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en representación de los diputados del Partido Acción Nacional integrantes de la Comisión de Turismo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con la finalidad crear un sistema de reembolso del IVA a los visitantes extranjeros cuando realicen sus compras dentro del territorio nacional, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Recientemente, en casi todos los países europeos y asiáticos, se han promocionado diversas medidas para estimular la industria del turismo. Una de ellas es la del reembolso del Impuesto al Valor Agregado a los visitantes extranjeros, en aquellas mercancías que compran para llevar a su país de origen, incluso, en algunos países se han abierto tiendas especiales, denominadas tiendas de retorno de impuestos, y en otros se regresa el pago a los extranjeros en un trámite en el aeropuerto o ante empresas dedicadas a prestar este servicio.
Como ejemplo de que esta medida es útil para promocionar el turismo extranjero y, por ende, la adquisición de mercancías, podemos señalar el caso de Taiwán.
En este país las autoridades estiman que el próximo año la captación de impuestos comerciales por este concepto se reducirá en 700 millones de dólares aproximadamente, pero en sus proyecciones consideran que, con esta medida, el número de visitantes extranjeros se duplicará en los próximos cuatro años, lo que significará una captación de divisas muchas veces superior a esta cifra.
Actualmente, Taiwán recibe aproximadamente la visita de 2.2 millones de extranjeros, por la disminución de un 30% tras el brote del Síndrome Agudo Respiratorio y, aún así, ha aumentado la captación de divisas. En este caso, no solamente se ha contemplado el reembolso de estos impuestos, sino la exención de algunos otros.
Otro caso digno de mencionar es el de nuestro socio comercial en el Tratado de Libre Comercio, Canadá, quien tiene una política de reembolso similar al descrito en los párrafos anteriores. En ese país, el servicio nacional de reembolso de impuestos (National Tax Refund Service Inc.) ofrece a los visitantes una manera fácil y conveniente de rembolsar los impuestos sobre la compra de bienes adquiridos en su estancia en Canadá; esto se realiza a través del llenado de un formulario ad hoc, el cual se envía a la compañía mencionada y ella efectúa los trámites y el pago del reembolso, el cual se entrega en divisa norteamericana o en depósito a alguna tarjeta de crédito.
En Canadá, los extranjeros tienen además de la posibilidad de devolución del IVA, la devolución de otros impuestos, cuando los productos comprados van a salir del país, así como los de alojamientos cortos. Además, las provincias de Québec, Toronto y Manitoba, permiten reclamar la devolución del impuesto provincial.
En todo el mundo, a pesar de la crisis presentada por la inseguridad y la epidemia del SAR, se está observando en muchos países que los turistas se convierten en mayores consumidores cuando se les ofertan productos libres de impuestos, lo que hace más próspero el negocio turístico.
En otro ejemplo, China ha establecido 150 tiendas libres de impuestos, formando una red que cubre 24 provincias, ellos esperan con esto reforzar la cooperación con la industria, la venta en cadenas de tiendas y crear una industria específica de productos libres de impuestos.
En Tailandia, cualquier visitante extranjero puede solicitar la devolución del Impuesto al Valor Agregado (Value-Add Tax), éste es aplicable para toda mercancía que salga del país, y se tiene un plazo de 60 días para exportarla. Existen tiendas especiales para la compra de esos productos, al salir del país el personal de aduanas puede solicitar la inspección de los bienes adquiridos. En este país, tanto el departamento de Hacienda como los establecimientos asociados, proporcionan información y requisitos para la devolución del IVA a turistas extranjeros.
En Chile, los extranjeros en visitas turísticas o de negocios pueden solicitar la recuperación del impuesto al Valor Agregado, pagados en mercancías que abandonarán el país, en este país la suma exenta del Impuesto al Valor Agregado, tiene un límite de 2,000 dólares en compras, en una sola o en varias facturas. En este sistema de descuento para extranjeros puede inscribirse cualquier tienda a través de una solicitud y podemos destacar que esta medida, además, favoreció el aumento del número de contribuyentes, de los establecimientos y la regulación de muchos pagos al erario público.
En un dictamen de la Comisión Europea en 1997, se establecieron las medidas para que Polonia, Bulgaria, Bielorrusia, y otros países de Europa del Este adoptaran las medidas tendientes a incrementar su turismo, de esta recomendación surgió en 1998 un informe en el cual se concluyó que era necesario realizar esfuerzos considerables en el ámbito del Impuesto al Valor Agregado, sobre todo, en un sistema de reembolsos a extranjeros no establecidos en estos países y la exención para la exportación de mercancías comerciales.
Este esquema de devolución del IVA ha resultado tan importante, que la Unión Europea establece como requisito para sus miembros contar con el sistema de reembolso, incluyendo a los países candidatos a ingresar a la UE.
De la experiencia de prácticamente todos los países que tienen entre sus políticas prioritarias al turismo, podemos apreciar las bondades que representa este estímulo a los visitantes extranjeros.
Hoy en México, el sector turismo es considerado como una línea prioritaria en las políticas gubernamentales, éste es la cuarta fuente de ingreso de divisas y contribuye con un 8.2% del Producto Interno Bruto, empleando a poco más de 1 millón 700 mil personas.
Con respecto a la generación de un sistema de reembolso de IVA a visitantes extranjeros, compañeros de otros partidos, funcionarios públicos, autoridades hacendarias y empresarios turísticos coinciden en que la medida, de ser adoptada, podría contribuir a traer beneficios al turismo nacional, toda vez que la experiencia internacional apunta hacia un efecto positivo para la industria turística.
Este sistema, de acuerdo a la experiencia internacional, debe contar con las siguientes características:
Primero, garantizará la exportación de la mercancía por parte del turista extranjero, ya que la certificación y el reembolso deberá llevarse a cabo en el área internacional o punto en donde el turista no pueda devolver la mercancía dentro del país.
Segundo, el turista deberá contar con pasaporte extranjero y con la forma migratoria de turista de salida (FMT) valida.
En tercer lugar, la autoridad aduanera verificará y validará finalmente la exportación de la mercancía.
Además, el sistema deberá contar con mecanismos de monitoreo con el cual se pueda detectar con facilidad a turistas o minoristas que abusen de éste.
La operación de este sistema de reembolso del IVA deberá ser de tal manera que asegure:
4. La promoción y difusión del sistema antes, durante y después de la visita del turista extranjero a México. Además, puede tener varias modalidades:
a. A través de la SHCP.
b. Mediante la contratación de empresas.
c. Contratación de profesionales .
Al respecto, queremos señalar nuestras expectativas de que las grandes tiendas departamentales y centros comerciales, se sumen a este gran proyecto de promoción turística y que eventualmente puedan apoyar con su participación en festivales de compras a gran escala.
Particularmente, el reembolso del IVA a extranjeros parece muy conveniente para los estados del norte de la República y aquellos en los que tienen producción y creación de objetos turísticos, por lo anterior, es que se han sumado como promotores de esta medida, los productores, empresarios y comerciantes de todo tipo de mercancías, especialmente los de artesanías finas.
Adicionalmente, el sistema de reembolso del IVA, coadyuvará a la regularización y fiscalización de establecimientos minoristas, ya que como se ha señalado anteriormente, quien busque afiliarse a este sistema tendrá que estar registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración Tributaria, además de estar al corriente en sus obligaciones fiscales y emitir facturas a todo turista.
Distinguidas diputadas y diputados, tenemos frente a nosotros una oportunidad histórica para dar al turismo el valor y peso que debió haber tenido desde hace décadas, tenemos la oportunidad de mejorar el nivel de vida de miles de familias mexicanas que trabajan en la industria turística, es por ello que conscientes de nuestra responsabilidad y de las bondades de este proyecto, presentamos ante esta honorable asamblea, la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 31 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado
Artículo Único. Se adiciona el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:
Artículo 31. Los extranjeros con calidad de turistas de conformidad con la Ley General de Población que retornen al extranjero por vía aérea, podrán obtener la devolución del impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en la adquisición de mercancías, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:
II. Que las mercancías adquiridas salgan efectivamente del país, lo que se verificará mediante los comprobantes fiscales que el turista extranjero lleve consigo en la aduana aeroportuaria por la que salga el turista.
III. El valor de las compras realizadas diariamente, asentado en el comprobante fiscal que presente el turista al momento de salir del territorio nacional, deberá amparar un monto mínimo en moneda nacional equivalente a cien dólares de los Estados Unidos de América al tipo de cambio bancario vigente en la fecha de expedición del comprobante.
En todo caso, la devolución que se haga a los extranjeros con calidad de turistas deberá disminuirse con el costo de administración que correspondan a las devoluciones efectuadas.
Transitorios
Artículo Primero.- La adición del artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2006.
Artículo Segundo.- Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 31, fracción I, el Servicio de Administración Tributaria deberá expedir las reglas de carácter general en un plazo no mayor de 170 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2005.
Dip. Elizabeth O. Yáñez Robles (rúbrica)
QUE REFORMA LOS INCISOS B) Y C) DEL ARTÍCULO 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA CRISTINA PORTILLO AYALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, Cristina Portillo Ayala, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, presenta ante la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión iniciativa de decreto que adiciona y reforma el artículo 72, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de veto, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Establece el artículo 72, inciso B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles siguientes".
El veto es una institución regulada a lo largo de la historia del derecho constitucional mexicano. Ha estado reglamentado en la Constitución de Cádiz (artículos 144-150), en la de Apatzingán (artículos 128 y 129), en la de 1824 (artículos 55 y 56), en la de 1836 (artículos 35, 36 y 37 de la ley tercera) y en la de 1857 (artículo 71).
El Constituyente de 1917 lo concibió como una institución de procedencia, de naturaleza suspensiva y alcances muy limitados, para que el Presidente de la República estuviese en condiciones de hacer llegar al Congreso de la Unión, información, objeciones y cuestionamientos adicionales, que pudieran no haber sido tomados en cuenta al discutirse y aprobarse la respectiva iniciativa durante el proceso legislativo seguido.
El poder hegemónico del Presidente de la República y la integración del Congreso de la Unión casi en su totalidad con legisladores de un solo partido político, hicieron que durante décadas esta figura jurídica tuviera una realidad meramente teórica, sin efectividad práctica, en la que como acertadamente apreciaba el doctor Jorge Carpizo, parecía más bien que el Presidente legislaba y el Legislativo era quien ejercía una especie de derecho de veto respecto a los proyectos presidenciales no importantes.
En los hechos, su interposición fue ocasional y se generó un vacío en materia de cultura, conocimiento y práctica legislativa de cómo proceder y procesar las observaciones a un decreto enviado por el Legislativo al Ejecutivo para su promulgación.
Las lagunas e imprecisiones del texto legal no representaron riesgo institucional alguno durante esa etapa. Sin embargo, la alternancia en el poder y la pluralidad con la que hoy están conformadas ambas Cámaras de Congreso de la Unión, obligan a replantear las disposiciones constitucionales que regulan la facultad de realizar observaciones, como condición para que cualquier conflicto en la materia se resuelva con una solución que a todas luces sea constitucional y legítima para los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
La reacción desmedida del Vicente Fox frente a la aprobación del Presupuesto de Egresos para el 2005, acusando de manera irresponsable a la Cámara de Diputados de aprobar un paquete económico contrario a los intereses de todos los mexicanos, ha puesto en relieve la disyuntiva: o se esclarecen las normas reguladoras del veto, sin dejar dudas a la interpretación judicial o doctrinaria, o se corre el riesgo de una grave crisis constitucional.
La actitud, sin duda caprichosa, del Presidente Fox propició que la determinación del gasto, que debiera resultar de una relación republicana entre dos poderes, lo que incluye debates, como sucede en todos los países democráticos, se percibiera socialmente como un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, generando desconcierto entre las instituciones y temor de la ciudadanía a una crisis política. Su determinación de promover una controversia constitucional provocando una intervención forzada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pone en riesgo el prestigio de nuestro Máximo Tribunal, en detrimento del proceso mismo de consolidación democrática.
Cuatro son las cuestiones esenciales que conviene dilucidar perfectamente en relación con la facultad del Ejecutivo para hacer observaciones a proyectos de ley que le envíe el Congreso: prohibición expresa del veto presidencial al Presupuesto de Egresos de la Federación, a la Ley de Ingresos y a las reformas constitucionales y reducir la exigida mayoría calificada de dos terceras partes del número total de votos para superar el veto, por la simple mayoría absoluta de los miembros presentes.
Resulta apremiante reformar y adicionar el artículo 72, incisos b) y c), de nuestra Carta Magna para impedir una interpretación subjetiva del Presidente de la República en turno en tan trascendentes materias.
a) Prohibición expresa del veto presidencial al Presupuesto de Egresos de la Federación
La Constitución es clara: el veto es improcedente en los casos de facultades exclusivas de cada Cámara, en virtud de la aplicación de la regla general que se infiere del artículo 72, que sólo lo hace procedente respecto de actos del Congreso de la Unión en ejercicio de facultades legislativas.
El precepto constitucional alude sólo a la posibilidad de vetar los proyectos de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras.
La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. El Presupuesto de Egresos es un decreto aprobado por una sola de las Cámaras, no una ley: como consecuencia, no es susceptible de veto en aplicación de la regla general.
La restricción del veto en materia de presupuesto no necesariamente corresponde a una omisión accidental ni a un error en el diseño constitucional. La omisión fue deliberada. Al restituirse el Senado en 1874, deliberadamente se le excluyó en cuanto a su participación en la elaboración del presupuesto, conservándose esta función como exclusiva de los diputados.
También es claro que en el sistema constitucional de 1857 no existía el veto presidencial. De manera que puede subrayarse que la improcedencia del veto en esta materia es un elemento que encuentra su origen en la Constitución de 1857, que sin duda tendió a favorecer al Congreso en las relaciones entre los órganos del poder.
Empero, mientras no se establezca la prohibición expresa en el texto constitucional, existe latente la posibilidad de una interpretación contradictoria que deba ser resulta por el Poder Judicial, con la consecuente crisis política que el conflicto entre poderes provoca.
Su efecto suspensivo hace inaceptables las graves consecuencias que para la estabilidad política y económica del país ocasionaría la interposición de un veto presidencial en materia presupuestaria. Sólo es cuestión de imaginar a las instituciones de la República sin autorización para realizar gastos de inversión a consecuencia de la promoción de un veto.
b) Prohibición expresa del veto presidencial a la Ley de Ingresos
En la doctrina, el presupuesto comprende no sólo los egresos, sino también los ingresos. Por ello, diversos autores han sostenido que el presupuesto es una mezcla de actos jurídicos reunidos, en un sólo documento, que para su análisis debe dividirse en cuanto a recursos y gastos.
Existe, pues, una íntima relación entre ambos, no obstante que en México, por una posición jurídica que se inició en la Constitución de 1824 y que han reiterado nuestras constituciones posteriores, se ha distinguido entre los gastos, a los que se engloban con el término Presupuesto de Egresos de la Federación, y los ingresos o contribuciones que se concretan en lo que se denomina Ley de Ingresos.
El ejercicio presupuestario no se limita a aprobar los créditos necesarios para la ejecución de los programas de gasto, sino que también debe expresar los recursos con lo que se han de financiar dichos créditos, en el objetivo de replantear los mecanismos de programación para compatibilizar los planos y programas en la realidad.
Y si el Presupuesto de Egresos no es susceptible de veto, esta necesaria e íntima conexión entre egresos e ingresos, hace derivar de la misma Constitución una regla que justifica la prohibición expresa del veto presidencial a la Ley de Ingresos.
La regla establecida en el artículo 74, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución General de la República, en el sentido de que todo gasto debe acompañarse de un ingreso.
Como acertadamente lo observa Luis Carlos Ugalde, imaginemos que el Presidente veta una Ley de Ingresos y con ello disminuye la recaudación fiscal. ¿Qué sucedería con el Presupuesto?, ¿se tendría que modificar para reducir su monto y equipararlo con los menores ingresos disponibles? Si eso sucediera, serios problemas de procedimiento surgirían, ya que la Cámara baja primero aprueba los ingresos y los remite al Senado, después pasa a discutir y aprobar los egresos, enviando todo el paquete al Ejecutivo. Sin embargo, el presidente se vería obligado a promulgar el proyecto de presupuesto, pero mantendría la facultad de hacer observaciones a la Ley de Ingresos, en cuyo caso la tendría que remitir de nueva cuenta a la cámara de origen para su revisión. En ese caso hipotético, podría haber presupuesto decretado sin contribuciones para cubrirlo.
c) Prohibición expresa del veto presidencial a reformas a la Constitución
Existe criterio casi unánime en nuestros constitucionalistas de que las reformas constitucionales no pueden ser objeto de veto por tratarse de actos del poder revisor de la Constitución.
El artículo 72 se refiere únicamente a las leyes o decretos de carácter federal, es decir, aquellas en que interviene el Congreso de la Unión, en cambio, las reformas constitucionales son obra del poder revisor de la Constitución, órgano de jerarquía superior al Congreso, ya que se encuentra ubicado entre el poder constituyente y los poderes constituidos, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y no puede el Presidente vetar la resolución de un órgano superior.
Asimismo, al requerir reunir la mayoría calificada de las dos terceras partes, el veto a reformas constitucionales carecería de sentido desde un punto de vista práctico, pues para ser superado en el Congreso se requeriría de la misma cantidad de votos que en su momento se requirió para la aprobación de las reformas. En pocas palabras, el veto está superado por anticipado.
d) Reducir la exigida mayoría calificada de dos terceras partes del número total de votos para superar el veto, por la simple mayoría absoluta de los miembros presentes
El Constituyente de 1917 nunca pensó en instaurar la figura jurídica del veto, como un instrumento de carácter absoluto e insuperable, que alterara la perfecta división de poderes y entregara al Ejecutivo la parte decisiva en la formación de leyes.
La actual conformación de las Cámaras del Congreso de la Unión, a riesgo de distorsionar la naturaleza jurídica de la institución como sólo acto de colaboración, exige también replantear en forma inmediata los términos y condiciones de procedencia del veto, en lo que se refiere a la mayoría exigida para superarlo.
Seguir requiriendo el voto aprobatorio de las dos terceras partes del número total de miembros presentes, en las condiciones de pluralidad y correlación de fuerzas que ahora se viven en las dos Cámaras del Congreso, hace prácticamente insuperable el veto, trastocando la institución de un mero acto de colaboración legislativa, en instrumento que rompe la perfecta división de poderes, al irrogar al Ejecutivo influencia decisiva en el procedimiento de formación de leyes y anular el poder de decisión de las mayorías parlamentarias.
Por ello, en la iniciativa, de igual forma, se plantea reducir la exigida mayoría calificada de dos terceras partes del número total de votos para superar el veto, por la simple mayoría absoluta de los miembros presentes, haciendo acorde la norma con uno de los principios básicos de la democracia, el principio de decisión de las mayorías. En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente
Iniciativa de decreto que adiciona y reforma el artículo 72, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de veto
Único. Se adiciona y reforma el artículo 72, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 72. ...
b) Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles siguientes; a no ser que, corriendo este término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido. El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación, a la Ley de Ingresos y a las reformas constitucionales.
c) El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta y si fuese confirmado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.
Las votaciones de ley o decreto serán nominales;
d) a j) ...
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2005.
Dip. Cristina Portillo Ayala (rúbrica)
QUE REFORMA EL ARTICULO 31 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARGARITA MARTÍNEZ LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscriben, diputados federales Margarita Martínez López y Héctor Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que adiciona el artículo 31 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Exposición de Motivos
El turismo en México es un sector determinante que influye positivamente en los ámbitos económico y social, gracias a su capacidad para captar divisas, generar empleos y lograr el desarrollo local, estatal y federal. Es un elemento fundamental de identidad nacional y de bienestar para la población.
El turismo, considerado por el Estado mexicano como una actividad prioritaria y recientemente elevada a rango constitucional, es uno de los sectores más nobles e importantes para el desarrollo de la economía mexicana, ya que contribuye con mas del 8% del Producto Interno Bruto total del país, cifra que equivale más que el producto generado de manera conjunta por actividades económicas como la construcción; maquinaria y aparatos eléctricos; las relativas a la electricidad, gas y agua; vehículos automotores; equipos y materiales de transporte; y la de las imprentas y editoriales.
La actividad turística genera más del 10% de los empleos formales totales que hay en el país, lo que significa empleo directo para mas de 1.8 millones de mexicanos, cuya remuneración media es 30% superior a otras actividades productivas.
Adicionalmente, el turismo tiene una incidencia real en el combate a la pobreza. Este genera clase media, pues permite generar empleos mejor remunerados haciendo evidente su influencia en el desarrollo regional. En México existen alrededor de 54 municipios de vocación turística absoluta de los cuales el 87.7% están en niveles bajos y muy bajos de marginación.
Es importante señalar que el turismo en México depende en gran medida de la entrada y gasto de los turistas extranjeros.
Durante el año 2003, llegaron a México 18.6 millones de turistas extranjeros, por lo que se obtuvo un poco más de 9.4 miles de millones de dólares. Ese monto de recursos permite ubicar el sector turístico como la tercera fuente generadora de divisas del país, después de las ventas de petróleo y de las remesas de mexicanos en el extranjero.
En base a información de la Organización Mundial de Turismo al año 2003, México se ubica en el 8º lugar entre los principales destinos a escala internacional como receptor de turistas, mas sin embargo sólo en el 13º lugar como captador de ingresos derivados de ese concepto. Lo anterior da como resultado que nuestro país ocupe hasta el 32º lugar con respecto al gasto promedio por turista extranjero. Es evidente que lo importante para un país como México es el lograr aumentar el gasto promedio de los turistas internacionales ya que con la misma infraestructura se podría incrementar el ingreso de divisas con el consecuente impulso a la actividad económica y a la generación de empleos.
A pesar de que México aumentó en el 2003 su captación anual de divisas por turismo en un 6.8%, este porcentaje es bajo en comparación del 16.3% de aumento en promedio que obtuvieron los países líderes durante el mismo año.
Es importante aclarar que el aumento en la captación anual de divisas turísticas que logra nuestro país se da principalmente debido a factores externos, como los son aspectos de inseguridad, enfermedades de tipo contagioso, desastres naturales en otros países y en gran medida debido al favorable tipo de cambio de nuestra moneda con respecto al dólar americano y al euro.
Por lo tanto es indispensable asegurar que los buenos resultados en materia turística se den a base de una efectiva política interna que asegure la capacidad competitiva de nuestro país a nivel internacional.
Para lograr lo anterior, es fundamental contar con un marco legal adecuado que despliegue de los múltiples beneficios inherentes a la actividad turística a fin de estar en posibilidad de generar ingresos superiores por turista al promedio de nuestros competidores.
Los países líderes en el sector turístico a nivel mundial Francia, España, Italia, Reino Unido, Alemania y Canadá, entre otros, siguen diferentes estrategias con el fin de ser más competitivos y posicionarse entre los primeros lugares de recepción y gasto de visitantes foráneos, por ello realizan múltiples esfuerzos y emprenden acciones que hagan mas atractivos sus centros turísticos.
Una medida que estos países han llevado a cabo exitosamente para atraer el interés de los turistas es el reembolso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por las compras de mercancías que los visitantes extranjeros realizan en esos destinos. Mediante dicha medida, esos países estimulan la venta de mercancías a los turistas extranjeros, además de que hacen más atractiva su estancia.
Tal medida tiene como fundamento que las mercancías vendidas en territorio nacional y que son llevadas por los extranjeros no residentes consigo o en su equipaje al abandonar el país son consideradas exportaciones definitivas.
Cabe señalar que en México, como una medida para estimular las exportaciones, se aplica la tasa de 0% al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando unos u otros se exporten. Nuestra legislación fiscal actual contempla que toda exportación de carácter definitiva tiene el derecho a la tasa 0% del IVA, según lo establecido en artículo 29 inciso I de la Ley del IVA y en el artículo 102 de la Ley Aduanera.
Más de 40 países aplican con gran éxito sistemas de reembolso de impuestos, los cuales son operados por empresas autorizadas por las autoridades hacendarias para ese objeto. Incluso, estos sistemas son empleados por los principales socios comerciales de México.
Es un hecho que ninguno de estos países ha detenido la aplicación de un sistema de reembolso de IVA a turistas extranjeros, lo que demuestra la confianza que las autoridades hacendarias tienen hacia la efectividad y beneficios que genera un moderno sistema de reembolso.
Aunque no es obligatoria la legislación de un sistema de reembolso a nivel mundial, cada vez más naciones comprenden la importancia que esta medida les representa en términos de ventaja competitiva frente a otros destinos turísticos internacionales así como las ventajas económicas y fiscales que este representa.
El esquema de devolución del IVA es tan importante para muchas naciones, que la propia Unión Europea establece dentro de sus disposiciones fiscales la obligatoriedad para sus miembros contar con un sistema de reembolso del IVA a turistas extranjeros. Incluso, los países candidatos a ingresar en esa comunidad también deben cumplir esa disposición, formando la medida parte de las condiciones para su posible integración.
Es natural pensar que el concepto de devolución de impuestos conllevaría a una pérdida de recursos públicos para el Gobierno Federal. Sin embargo, la realidad y la práctica que se da en los países donde operan dichos sistemas demuestran lo contrario.
La devolución de impuestos se implementa mediante sistemas de reembolso los cuales, por sus mismas características, se establecen como un mecanismo de estímulo a mayor gasto por el turista extranjero. De este incremento en el gasto por parte del turista se traduce una mayor recaudación para las autoridades por concepto del mismo impuesto.
Considerar que México perdería con este mecanismo de promoción turística sería equivalente a pensar que el país pierde en la exportación de mercancías en el comercio internacional. Para tal caso resulta más conveniente exportar mercancías con alto valor agregado mediante los turistas que nos visitan, más la derrama económica que generan, que a exportar estas mismas mercancías con bajo valor agregado mediante empresas exportadoras.
Establecer el reembolso del IVA a los visitantes internacionales significaría aumentar el gasto promedio de los turistas con la misma infraestructura con que cuenta el país, además de que favorecería las finanzas públicas, ya que si bien implica el reembolso de recursos fiscales, la medida ayuda a la recaudación, toda vez que el incremento en el gasto generaría mayor actividad económica.
Considerando información de la Organización Mundial de Turismo al año 2002 y realizando un análisis de sensibilidad, si México adoptara la medida podría incrementar la captación fiscal en montos importantes.
Tomando como ejemplo, si el sistema de reembolso propiciara conservadoramente un aumento en el gasto medio de los turistas al año de tan solo 5%, el IVA esperado a devolver alcanzaría un monto de 36 millones de dólares, pero se generaría una captación neta del mismo impuesto por 55 millones de dólares. Lo anterior daría como resultado un incremento en la captación neta de recursos fiscales por 19 millones de dólares.
A mayor incremento del número de turistas, de su gasto o de ambos, el beneficio aumentaría, de manera que si el aumento alcanzara 10% en los dos conceptos, la devolución del IVA sería de 41 millones de dólares, pero habría un incremento neto en la captación fiscal por 234 millones de dólares.
Siempre el IVA esperado a reembolsar en el sistema será menor que el incremento del IVA neto por captar debido, por una parte, a un mayor número de visitantes, a un mayor gasto medio por turista o a ambos y, por otra, a que, en el ámbito internacional, del total de turistas que realizan compras en países que cuentan con este sistema, en promedio sólo 15% solicita y completa el trámite de reembolso.
Cabe también añadir que adicionalmente las autoridades hacendarias se verían beneficiadas por un incremento en recaudación por otros impuestos, como es el caso del ISR, debido al incremento en la actividad económica generada por este incentivo fiscal y por una mejor y más eficiente fiscalización de los comercios afiliados a dicho sistema.
El reembolso del IVA sólo se daría si el turista extranjero realiza un monto mínimo de compra por establecimiento, con lo cual se condiciona efectivamente el reembolso a un mayor nivel de gasto en mercancías exportables.
Se propone establecer el monto mínimo de compra por establecimiento en mil doscientos pesos ya que actualmente el promedio de dicho monto en los países donde operan sistemas de devolución de impuestos es aproximadamente de cien dólares americanos.
El monto mínimo debe ser un equivalente en pesos mexicanos a los del estándar mundial, ya que es conveniente que participen el mayor número de establecimientos en el país, tanto por razones equitativas comerciales como para incentivar a la economía formal sobre la informal. No es conveniente establecer un monto mínimo de compra más alto al del estándar internacional ya que esto limitaría al uso de este mecanismo solamente a turistas de muy alto poder adquisitivo y a los grandes establecimientos comerciales, reduciendo el potencial aumento del gasto promedio por turista y con el consecuente desvanecimiento del espíritu fiscalizador de esta Iniciativa.
Adicionalmente, el sistema de reembolso coadyuvaría a la fiscalización de los establecimientos minoristas que realicen ventas a turistas extranjeros, ya que para afiliarse al sistema y ofrecer el incentivo, tendrían que operar en congruencia con sus obligaciones fiscales.
En consecuencia, este esquema ayudaría a disminuir la evasión fiscal, pues el sistema correctamente diseñado garantiza el pago de los impuestos correspondientes por las ventas realizadas a través de éste.
Es interesante señalar que actualmente se estima que buena parte del IVA potencial a devolver no está siendo declarado por parte de los pequeños y medianos comercios debido a que estos comercios que venden a turistas extranjeros lo hacen sin la expedición de facturas fiscales.
Los sistemas modernos de devolución del IVA no implican un costo administrativo y operativo para las Autoridades Hacendarias, ya que estos son operados por empresas de servicio especializadas con capacidad probada a nivel mundial.
Esta medida se constituiría en un excelente complemento para la aplicación de la tasa de 0% para congresos, ferias y exposiciones de extranjeros, ya que los visitantes de mediano y alto poder adquisitivo que vinieran al país a celebrar este tipo de eventos realizarían mayores compras por tener como beneficio el sistema de reembolso.
Es importante mencionar que esta propuesta es la primera demanda dentro del listado de los 20 puntos cruciales para impulsar la actividad turística en México, que el sector turístico privado de México elaboró y solicitó al Gobierno Federal por medio de la Comisión Intersecretarial de Turismo. El Gobierno de la República, la Secretaría de Turismo y la misma Secretaria de Hacienda y Crédito Público han comprometido su apoyo a esta iniciativa.
En general, una medida como esta constituye un instrumento moderno de promoción turística que lleva como beneficio implícito estimular un mayor gasto del turista internacional. En particular, para México un sistema de esa naturaleza se convertiría en una herramienta importante para promover el país en el exterior y mejorar los lugares que ocupa internacionalmente. Ayudaría a reducir las diferencias de competitividad entre nuestra nación y los otros centros turísticos que aplican la medida y, sobre todo, sería un elemento detonador de beneficios directos para la población.
Por lo anteriormente expuesto, presentamos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 31 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado
Artículo Único. Se adiciona el artículo 31 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:
Artículo 31.- Los extranjeros con calidad de turistas de conformidad con la Ley General de Población que retornen al extranjero por vía aérea, marítima o terrestre, podrán obtener la devolución del impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en la adquisición de mercancías, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:
II. Que las mercancías adquiridas salgan efectivamente del país, lo que se verificará en la aduana aeroportuaria, marítima o terrestre, según sea el caso, por la que salga el turista.
III. El valor de las compras realizadas por establecimiento, asentado en el comprobante fiscal que presente el turista al momento de salir del territorio nacional, deberá amparar un monto mínimo en moneda nacional de mil doscientos pesos mexicanos.
En todo caso, la devolución que se haga a los extranjeros con calidad de turistas deberá disminuirse el costo de administración que correspondan a las devoluciones efectuadas.
Artículos Transitorios
Artículo Primero. La adición del artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2006.
Artículo Segundo.- Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 31, fracción I, el Servicio de Administración Tributaria deberá expedir las reglas de carácter general en un plazo no mayor a 120 días naturales a partir de la fecha de publicación del presente Decreto.
Artículo Tercero.- Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 31, primer párrafo, el retorno de mercancías por vía terrestre, sólo podrá ser efectuado a partir del 1º de enero de 2007.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2005.
Diputados: Margarita Martínez López, Héctor Gutiérrez de la Garza (rúbricas).
Diputados federales de Nuevo León del grupo
parlamentario del PRI: Eduardo Alonso Bailey Elizondo, María
de Jesús Aguirre Maldonado, Juan Carlos Pérez Góngora,
Adrián Villagómez García, Mayela Quiroga Támez,
Humberto Cervantes Vega, Marcela Guerra Castillo, Alfonso González
Ruiz, Carlos Mireles Morales, Cristina Díaz Salazar (rúbricas).
QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FRANCISCO JAVIER SAUCEDO PÉREZ Y MIGUEL ALONSO RAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados federales Francisco Javier Saucedo Pérez y Miguel Alonso Raya, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que nos otorgan los artículos 70 y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Congreso de la Unión, la iniciativa de decreto que reforma y deroga diversos artículos de la Ley del Seguro Social en base a la siguiente
Exposición de Motivos
Como es reconocido ampliamente, las cooperativas de producción constituyen alternativas viables para la generación de puestos de trabajo e ingresos dignos para amplios sectores de la población que no encuentran posibilidades de empleo y de desarrollo personal bajo los esquemas tradicionales de su contratación como obreros o empleados de empresas públicas o privadas.
No obstante lo anterior, la política fiscal que se ha aplicado a este tipo de empresas sociales en los últimos años, lejos de alentarlas para que continúen desempeñando su importante labor como factores distributivos de la riqueza y estimularlas a la reinversión productiva de sus excedentes, se ha distinguido por su clara orientación mercantilista, discriminatoria, inequitativa y meramente recaudatoria.
Atendiendo a dicha lógica, una serie de medidas regresivas y francamente violatorias del espíritu social de nuestra Constitución, dieron al traste con las escasas disposiciones de fomento al cooperativismo, entre ellas, la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta de finales de 1989, que entró en vigor plenamente en 1994, en franco perjuicio de las grandes cooperativas industriales del país.
1997, vio nacer una nueva Ley del Seguro Social que enterró el sistema de tributación bipartita vigente desde 1973 y que si bien únicamente aplicaba a los seguros de enfermedades y maternidad y de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, al financiarse con recursos públicos en un 50%, y permitir a la propia sociedad, como ente moral, cubrir el otro 50% de aportaciones, se libraba al trabajador socio de la carga de aportaciones personales al Seguro Social, estimulando así el autoempleo en sociedades de trabajo, filosófica y moralmente muy diferentes de las sociedades de capital.
En cambio, con la reforma a la Ley del Seguro Social, no se contempla el beneficio del régimen bipartita para las sociedades cooperativas creadas a partir de la reforma, limitándose a insertar el artículo transitorio 23 en la ley para permitir a los cooperativistas que ya se hubieran encontrado disfrutando del beneficio del régimen bipartita continuar con él, con la salvedad de que no tienen derecho al mismo los nuevos socios, incluso aquellos que se incorporen a las cooperativas que sí disfrutaban de este beneficio desde antes de la entrada en vigor de la nueva ley, con lo cual simplemente se espera la muerte lenta pero segura del régimen bipartita.
Así, la reforma de la Ley del Seguro Social de 1997, constituye un atentado a los principios constitucionales de proporcionalidad, equidad y justicia que deben distinguir las contribuciones fiscales en nuestro país. A mayor abundamiento, cabe destacar que la Ley General de Sociedades Cooperativas no establece ninguna distinción entre los socios, pues éstos tienen los mismos derechos y obligaciones, sin importar la fecha de su ingreso a la sociedad cooperativa, por lo que resulta ilógico que otra Ley, aún cuando esta sea de Seguridad Social, lleve a cabo una clasificación de socios, como la que se estipula en el artículo transitorio 23 de la nueva Ley del Seguro Social.
Contrario a lo anterior, en la Ley del Seguro Social que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997, las cooperativas de producción en general, estaban obligadas a efectuar aportaciones al IMSS de forma bipartita en lo referente a los seguros de enfermedades y maternidad e invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, los cuales se transcriben a continuación para mayor comprensión de los mismos:
LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997
Enfermedades y maternidad
Art. 116 Las sociedades cooperativas de producción, las administradoras obreras o mixtas, las sociedades locales, grupos solidarios o uniones de crédito cubrirán el cincuenta por ciento de las primas totales y el Gobierno Federal contribuirá con el otro cincuenta por ciento.
Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte.
Art. 179. Las sociedades cooperativas de producción, las administradoras obreras o mixtas, las sociedades locales, grupos solidarios o uniones de crédito cubrirán el cincuenta por ciento de las primas totales y el Gobierno federal contribuirá con el otro cincuenta por ciento.
Como puede deducirse, a raíz de la reforma efectuada a la Ley del Seguro Social, se eliminó del texto de la misma, el beneficio que se otorgaba a las cooperativas de producción en el sentido de pagar cuotas de manera bipartita, trasladándose dicho beneficio al multicitado artículo transitorio 23 que a la letra dice:
Art. Transitorio 23. Las sociedades cooperativas de producción que se encuentren inscritas en los términos de la Ley del Seguro Social que se deroga continuarán cubriendo el cincuenta por ciento de las primas totales y el Gobierno Federal contribuirá con el otro cincuenta por ciento.
De lo anterior se desprende que el beneficio continuará sólo para los socios registrados ante el IMSS de las cooperativas de producción que hayan iniciado operaciones antes del 1 de julio de 1997, más no así para los que sean registrados en fecha posterior, disposición que igualmente aplica para los socios de las cooperativas que se constituyan conforme a la nueva Ley.
Como se puede observar, la disposición anterior se aparta del principio de equidad que consagra nuestra Carta Magna (artículo 31, fracción IV), ya que resulta inequitativo tratar de manera desigual a los iguales, sólo por el hecho de haberse constituido en fechas diferentes.
Visto desde el punto de vista de la doctrina cooperativa, la disposición anterior resulta francamente violatoria del principio de adhesión libre y voluntaria de los socios, puesto que las cooperativas son organizaciones abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socio sin discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo y mucho menos sin importar la fecha de su inscripción.
Finalmente, si se mira en un sentido práctico, la disposición señalada resulta contraproducente, toda vez que, aplicada en la práctica, en una misma cooperativa, la cantidad a pagar por socio será mayor o menor, dependiendo de la fecha de ingreso, lo cual puede derivar en distintos conflictos internos y desavenencias de distinta índole.
Precisamente por ello, es fundamental para las sociedades cooperativas en general, que se reconozca de manera expresa en la Ley, la figura del socio cooperativista que es diametralmente distinta a la figura del obrero (trabajador) de una empresa de capital, motivo por el cual a continuación nos permitimos exponer el concepto de lo que es una sociedad cooperativa, concepto que encuentra su fundamento legal en el artículo 2 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, para de ahí poder identificar la esencia de quienes la integran.
Art. 2. "La Sociedad Cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
De la lectura del citado precepto se desprende que en una Sociedad Cooperativa, por esencia y naturaleza, no tienen cabida las figuras obrera y patronal, ya que sus miembros tienen la función de ser ambas a la vez, formando una tercera figura que es la del socio cooperativista, esto debido a que, a diferencia de otro tipo de sociedades, los socios de una cooperativa están obligados a aportar fundamentalmente su trabajo, sin que se dé una relación de subordinación obrero-patronal, para tener derecho a percibir ingresos.
Además, según lo establecido en el artículo 25 Constitucional, las sociedades cooperativas forman parte del sector social de la economía. Esto quiere decir que en las cooperativas y demás empresas de propiedad social, el capital y el trabajo están unidos indisolublemente, por lo que al imponer a las cooperativas un tratamiento fiscal diferenciado en función de la fecha de ingreso de sus socios, se les otorga un tratamiento idéntico al de cualquier empresa mercantil en la que impera la subordinación del trabajo al capital.
En base a lo anterior y considerando que la Recomendación 193 de la OIT, 2002, postula que en ningún caso las políticas fiscales que se fijen a las empresas de los sectores público y privado deban ser más favorables que las que se dicten para tasar a las cooperativas, nos atrevemos a proponer la restitución del régimen bipartita contemplado en la Ley del Seguro Social de 1973, de modo tal que las Cooperativas de Producción y el Estado aporten, respectivamente, el 50% del total de las primas de las cuotas de seguridad social relativas a enfermedades y maternidad; invalidez y vida; y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
Ahora bien, otro aspecto igualmente importante a destacar es que en las disposiciones de la Nueva Ley del Seguro Social se obliga a las cooperativas a cumplir con la inscripción y pago de las cuotas obrero-patronales de sus integrantes, sin importar a que actividad se dediquen. De este modo, se ignora que los ingresos de las cooperativas que se dedican a las actividades primarias (agricultura, ganadería, silvicultura, y pesca), así como las dedicadas al autotransporte terrestre de carga o pasajeros. están sujetos a diversos factores contingentes que muchas veces no pueden ser previstos, tales como los cambios climatológicos y las variaciones de precios en el mercado. Todo esto significa que entre las cooperativas de producción industriales y aquellas que se dedican a las actividades primarias y al autotransporte, existe una diferencia esencial que tiene que ver con el hecho de que mientras las cooperativas de producción industriales pueden tener la seguridad de recibir un ingreso mínimo garantizado, dicha seguridad no existe en modo alguno para las cooperativas del sector primario y del transporte terrestre.
Con dicha disposición, en la práctica se incurre en un absurdo tal que, aunque la Ley del Seguro Social, en su artículo 28, establece que el límite inferior del salario base de cotización es el salario mínimo autorizado en el área geográfica respectiva, el régimen obligatorio al que están sujetas las cooperativas de producción sin excepción, conlleva a una violación flagrante de la misma norma, puesto que muchos de los miembros de las cooperativas de producción que se dedican a la explotación de actividades primarias y del transporte terrestre, no perciben ni siquiera ese ingreso en forma permanente.
Para valorar en sus justos términos la enorme carga tributaria a la que están siendo sometidas las cooperativas de producción del sector primario y del transporte terrestre, a lo anterior se debe agregar lo dispuesto en el artículo 28 A de la Ley del Seguro Social en el sentido de considerar que la base de cotización para los sujetos obligados por la Ley, se integrará por el total de percepciones que reciban por la aportación de su trabajo personal.
Bajo esta forma de integrar la base de cotización, en la práctica, se está incluyendo hasta la distribución de los remanentes que en su caso existieran en el ejercicio, cosa que de manera equivalente, sería tanto como si a una empresa de capital privado, se le obligará a pagar al Instituto Mexicano del Seguro Social por la utilidad que distribuirá entre sus accionistas, lo cual resulta totalmente arbitrario, desproporcionado e injusto.
En las sociedades cooperativas, no existen utilidades, en todo caso, de existir remanentes, éstos deberán distribuirse equitativamente entre los socios, de acuerdo con el trabajo aportado por cada uno de ellos, tal como se establece en el artículo 28 de la Ley General de Sociedades Cooperativas; sin embargo, la Ley del Seguro Social ordena que para integrar el salario base de cotización, deberán tomarse en cuenta todas las percepciones recibidas, lo cual incluye a toda cantidad que los cooperativistas perciban por concepto de remanentes, situación que no acontece en ningún otro tipo de sociedad.
Así, por ejemplo, en el caso de los trabajadores ordinarios, conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 27 de la Ley del Seguro Social, "las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las participaciones en las utilidades de la empresa", se excluyen como integrantes del salario base de cotización.
En tal virtud y en aras de un esfuerzo meramente compensatorio de las desigualdades y desventajas en que se hallan las cooperativas de producción en general, exigimos que los remanentes distribuidos entre los socios sean excluidos como criterio para la determinación del salario base de cotización. En correspondencia con lo anterior, proponemos la derogación del artículo 28 A con el objeto de que a través de la concertación entre las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social y las sociedades cooperativas de producción se determine la base de cotización respecto de la cual se deberá aplicar el tributo correspondiente, una práctica vigente hasta 1997 que permitió tasar a cada cooperativa de acuerdo con sus ingresos reales.
Finalmente se considera indispensable que la disposición relativa al sistema de cotización bipartita de las cooperativas de producción sea parte del cuerpo de la Ley del Seguro Social, motivo por el cual se reforma el artículo 19 y se deroga el artículo vigésimo tercero transitorio.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de la H. Cámara de Diputados, el siguiente:
Decreto por el que se reforman los artículos 12 y 19 y se derogan los artículos 28 A y vigésimo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social.
Artículo Único: se reforman los artículos 12 y 19 y se derogan los artículos 28 A y Vigésimo Tercero Transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, para quedar como sigue:
Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:
II. Los socios de sociedades cooperativas de producción, y
III. ...
Artículo 28 A. Se deroga.
Artículo Vigésimo Tercero Transitorio. Se deroga.
Transitorio
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a los nueve días del mes de febrero del dos mil cinco.
Diputados: Francisco Javier Saucedo Pérez,
Miguel Alonso Raya (rúbricas).
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, A CARGO DEL DIPUTADO HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito diputado federal Hugo Rodríguez Díaz, integrante de esta H. LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y relativos, pone a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto referente a la devolución obligatoria por parte de la autoridad federal que conozca del asunto, de los vehículos asegurados: a) contra los cuales no exista denuncia de robo; b) que la reclamación se haga con documentación legal cuya identificación coincida con la numeración del vehículo; c) que siendo de procedencia extranjera, el vehículo se encuentre regularizado; y d) que sea posible que el reclamante haya podido adquirir el vehículo cuya devolución demanda, acorde a la siguiente
Exposición de Motivos
Primero.- Es de conocimiento público que altos funcionarios que dirigen la Seguridad Pública Federal han reconocido que la delincuencia organizada los ha rebasado tanto a ellos como a los encargados de procurar y otorgar justicia. Aún y cuando lo dicho por estas autoridades federales sea materia de debate, lo que hoy propongo no es la intervención del Legislativo en funciones que no le corresponden por ser competencia del Ejecutivo y Judicial, sino cómo solucionar un problema en el cual muchos compradores de buena fe de automotores se ven perjudicados por los encargado tanto de procuración como de administración de justicia.
Segundo.- En efecto. Es ampliamente conocido que existen en todo el país bandas de roba carros que tienen la tecnología y necesario poder económico para conocer cómo, dónde y de qué forma implantar nuevos números de identificación en vehículos robados y contar con empresas "fantasmas" de venta de automóviles nuevos o semi nuevos de tal forma que muchas personas compradoras de buena fe que revisan los datos generales o numéricos de identificación de un automotor, datos que aparecen en la factura que se les muestra como relativa al vehículo de que se trata, como son numeración de placas, serie, motor, etcétera, y que coinciden con los datos de identificación que porta el vehículo en cuestión para luego ser detenidos por agentes de diversas corporaciones policíacas quienes les indican que el vehículo cuenta con datos falsos o, como se dice comúnmente, con números "doblados", quitándoles posesión y propiedad del vehículo que muchas veces es su único patrimonio y envolverlos en un problema legal dentro del cual no tienen la mínima responsabilidad, hasta llegar al extremo de negárseles la reintegración del vehículo aún y cuando demuestran haber sido compradores de buena fe y que los datos que aparecen en la factura que se encuentra a su nombre son los mismos que aparecen en el vehículo al momento de la detención.
Tercero.- En ese sentido, tenemos pleno conocimiento que existen muchos casos en los que el comprador adquirió el vehículo incluso en una agencia de vehículos nuevos conocida e instalada y debido a que por criterio de los peritos asignados por las autoridades que conocen esos asuntos, se considera que los números de identificación son "falsificados", y, aún y cuando nunca señalen en qué basan esa "falsificación", la autoridad que conoce del caso niega la devolución del vehículo aduciendo que el comprador está pidiendo se le reintegre un vehículo que cuenta con datos numéricos de identificación que aparecen en la factura o en la tarjeta de circulación mientras que los supuestos números "falsos" o "doblados" son otros, dando por ciertos los supuestos números "falsos" o "doblados", haciendo caso omiso de las pruebas con que el afectado presenta para demostrar que se trata de un comprador de buena fe y demostrar que los datos que él presenta en documentos legales coinciden con los datos con que cuenta el vehículo; esto es, la autoridad niega la devolución del auto por no coincidir los números de identificación con que el ciudadano común compró ese vehículo con los supuestos números "falsos", máxime que el mismo fiscal y la corporación policíaca a su mando averiguaron que no existe denuncia de robo del vehículo ni con los números que presenta la persona desposeída del vehículo ni con los supuestos números "falsos" señalados por los peritos asignados por el fiscal investigador.
Cuarto.- Sin separarme del tema pero basándome en lo actualmente dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Penales, al hacer una relación entre los artículos 168 y 180 de esa norma procesal con los diversos 376 bis, 377 y 378 del Código Penal Federal, se puede concluir que una de las labores principales del Ministerio Público en la materia que hoy se toca es la acreditación del cuerpo del delito con la comprobación de todos los elementos que lo constituyan en los casos de robo de vehículos, además de que, atendiendo a lo dispuesto por los numerales procesales antes mencionados, también podrá acreditarse cuando se demuestre que el inculpado ha tenido en su poder un bien mueble sobre el cuál exista alguien que le impute fundadamente el robo y que no pueda demostrar la procedencia legítima de tal cosa o que por las circunstancias personales de aquél, no sea creíble que lo haya adquirido en forma legal, quedando facultada la autoridad para asegurar reteniendo los instrumentos del delito, cosas, objetos o efectos de dicho reprochable, para el caso que tratamos, de un vehículo automotor.
Quinto.- Sin embargo, el procedimiento penal federal no señala qué hacer con alguna cosa que en principio se haya sospechado como objeto del delito de robo y por consecuencia de ello se haya asegurado, pero posteriormente se acredite que no existe señalamiento de robo, además de demostrarse por el inculpado o por quien tenía en posesión ese objeto que es el legal propietario y/o poseedor y que sí existen probabilidades de ser dicho propietario o poseedor con un origen legal. Lo anterior nos lleva al absurdo jurídico que día a día se comete en las fiscalías y tribunales federales del país de negar la devolución de un vehículo cuya propiedad se acredita con la documentación exigible como pueden ser en principio la factura y tarjeta de circulación del vehículo retenido cuya numeración coincide con la que aparece en el vehículo al momento de ser asegurado, que no existe denuncia de robo de algún vehículo identificado o con la numeración que presenta la documentación y se reclama la devolución del automotor o con la numeración que señalan como "real" los peritos de la Procuraduría.
Sexto.- Luego entonces, propongo la adición de un tercer párrafo con cuatro fracciones y un cuarto párrafo más, pasando el actual tercero a quinto párrafo y así sucesivamente al artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales a fin que sea obligatorio para el fiscal o la autoridad judicial federal que conozca del caso el devolver el vehículo anteriormente asegurado, no obstante que los peritos asignados por la autoridad que conozca del caso señalen que se trata de numeración "falsificada", siempre y cuando sucedan los siguientes hechos: a) que no existe denuncia de robo de ese vehículo ni con los datos numéricos de identificación con que fue asegurado ni con los datos numéricos de identificación que señalen los peritos asignados por la autoridad que conoce o que en su oportunidad conoció del asunto de que se trata; b) que el reclamante acredita la propiedad del mismo con documentación cuyos datos numéricos de identificación coincidan con la numeración con que contaba el auto al momento de ser asegurado; c) que siendo de procedencia extranjera, el vehículo se encuentre regularizado; y d) que por las circunstancias personales, sea verosímil que la persona que reclama el vehículo lo haya podido adquirir legítimamente.
Séptimo.- Además, en el cuarto párrafo sugerido, se propone que dicha devolución sea en los términos establecidos por el artículo 181 de la misma norma procesal penal federal, esto es, que a fin de comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, las huellas y elementos del cuerpo del delito no se alteren, destruyan o desaparezcan, se entregue el vehículo en depósito judicial con un término de un año de tal manera que quien reclama la reintegración del vehículo no pueda disponer de éste sino solo de gozar de su posesión y usufructo, en la inteligencia que pasado ese año, sin necesidad de acuerdo por parte de la autoridad que conoce del asunto, el depósito judicial quedará sin efecto alguno de tal manera que pasado ese tiempo, quien posee ese vehículo tendrá todos los derechos y obligaciones de propietario que demostró con la documentación señalada líneas arriba.
En ese sentido, el suscrito diputado federal Hugo Rodríguez Díaz, integrante de esta H. LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y relativos, pone a la consideración de esta asamblea la siguiente:
Oniciativa de ley con proyecto de decreto que presenta el diputado Hugo Rodríguez Díaz que propone la adición al artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales de un tercer párrafo con cuatro fracciones y un cuarto párrafo más, pasando el actual tercero a quinto párrafo y así sucesivamente a fin que sea obligatorio para la autoridad federal que conozca del caso devolver los vehículos asegurados cuando: a) no exista denuncia de robo; b) el reclamante acredite propiedad con documentos cuyos datos coincidan con la numeración del automotor al ser asegurado; c) que siendo de procedencia extranjera, el vehículo se encuentre regularizado; y d) que sea verosímil, por las circunstancias personales del reclamante, que el vehículo lo haya podido adquirir legítimamente, entregándose el vehículo en depósito judicial por el término de un año; y pasado este tiempo sin haber denuncia de robo, el reclamante tendrá todos los derechos y obligaciones de propietario que demostró con los documentos mencionados.
Artículo Único.- Se adiciona un tercer párrafo con cuatro fracciones y un cuarto párrafo al artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales, pasando el actual tercer párrafo a quinto y así sucesivamente, para quedar como sigue:
Artículo 181.- ...
...
En los casos en los cuales se haya asegurado un vehículo, será obligatorio para el agente del Ministerio Público de la federación o la autoridad judicial federal que conozca del caso, el devolver dicho vehículo, no obstante que los datos de identificación que la prueba pericial que exista en el sumario no coincidan con los datos de identificación con que contaba el automóvil al momento de ser asegurado, siempre y cuando coincida que:
II.- Que la persona que se presenta reclamando la reintegración del vehículo acredite la propiedad del mismo con documentación legal cuyos datos numéricos de identificación coincidan con la numeración con que contaba el auto al momento de ser asegurado;
III.- Que tratándose de un vehículo de procedencia extranjera, se encuentre regularizado; y
IV.- Que por sus circunstancias personales, sea verosímil que la persona que reclama el vehículo, lo haya podido adquirir legítimamente.
.......
..........
Transitorio
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, 1 de marzo de 2005.
Dip. Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica)
QUE REFORMA EL ARTICULO 4O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO QUINTÍN VÁZQUEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito diputado federal por el distrito 9 electoral con cabecera en Guadalajara, Jalisco, Quintín Vázquez García, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General, expone ante el Pleno de esta H. Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto que adiciona el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la seguridad integral que se les debe brindar a los niños, a las niñas y adolescentes, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Actualmente un gran número de niños, niñas y adolescentes, son objeto de explotación en cualquiera de sus modalidades como lo es: la laboral, sexual, social, etcétera. Lo que pone en riesgo su seguridad, su salud y desarrollo físico.
La UNICEF, señala que en México "se encuentran las peores formas de trabajo infantil, por mencionar algunos ejemplos, tenemos a los niños obreros que trabajan en los molinos de arena sílica, en la industria metalmecánica y en las maquiladoras de exportación o en las fábricas de talco y chupones, donde laboran por turnos (día, tarde y noche) y donde se exponen a agentes químicos, polvos y altas temperaturas..."
También es cierto que muchos de las niñas, niños y adolescentes, trabajan para ayudar a la economía familiar ya que muchos viven en condiciones de extrema pobreza y su necesidad es tal que no les importa efectuar las peores tareas o bien ser objeto de la explotación por parte de los patrones, o bien trabajan a petición de los padres o tutores, quienes se quedan con la mayor parte del salario de los menores y en algunos de los casos el salario de estos menores se ha convertido en el principal ingreso de muchas familias.
Aunado a lo anterior y según datos de la propia UNICEF, indica " En México 400 mil menores acompañan a sus padres como jornaleros agrícolas emigrando a los estados del norte del país..."
Por lo que hace a la explotación sexual, la explotación sexual comercial y a la pornografía infantil, esta cada día aumenta entre los menores y según datos vertidos por la UNICEF y el DIF, se estima que aproximadamente mas de 16 mil niños, niñas y adolescentes, son víctimas de la explotación sexual en cualquiera de sus modalidades, situación ésta que se da en las grandes ciudades, ciudades fronterizas y en los destinos turísticos del país, existe un gran numero de causas que hace que los niños y las niñas sean vulnerables a la explotación sexual, entre éstos podemos mencionar los relacionados con la pobreza, hasta los que se originan en el seno de la familia. Con relación a las consecuencias, pensamos que todo tipo de explotación sexual es una grave violación a los derechos humanos de los niños, las niñas y adolescentes. Ya que se afecta su autoestima, su sentido de pertenencia y de identidad, sino también su proyecto de vida. Por lo que es importante rescatar la esperanza de los afectados al proporcionarles una oportunidad para salir de su problema. A través de proporcionarles mejores sistemas de vida y de una gran difusión para que conozcan sus derechos y que nadie puede violentar.
El tema de la infancia ha sido prioritario para el Gobierno Federal, ya que éste se señaló en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, pero aunque se han implementado diversos programas de apoyo a la niñez, éstos no han dado los resultados esperados, y día a día, se observa que la explotación de menores en sus diversas modalidades se sigue dando. Por lo que es importante que a partir de nuestra Carta Magna, se dé esa seguridad integral que requieren los niños, las niñas y adolescentes, para que se respeten sus derechos humanos básicos de los menores. Y así tengan una vida digna y de sano esparcimiento.
Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración del H. Congreso de la Unión, la presente iniciativa de:
Decreto por el que se adiciona el sexto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
ARTICULO 4o. ...
...
...
...
...
Los niños, las niñas y los adolescentes, tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, seguridad integral y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Transitorio
Único.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos en el mes de febrero de dos mil cinco.
Dip. Quintín Vázquez García (rúbrica)
QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 7, 47 Y 48 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, A CARGO DEL DIPUTADO GONZALO MORENO ARÉVALO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Gonzalo Moreno Arévalo, con las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a su consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones IX al artículo 7 y XXV al artículo 47 y reforma la fracción XXIV de este último artículo, así también se reforma el artículo 48, todos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, atento a la siguiente
Exposición de Motivos
Primero.- Que como resulta evidente a todas luces, el pueblo mexicano externa de diferentes maneras su indignación y desconfianza permanente ante una clase política actual en la cual no hemos podido aun cambiar ese sentimiento de desilusión, hartazgo, incertidumbre, falta de confianza, y apatía en muchos casos, que llega a lacerar gravemente nuestro sistema social y político, toda vez que ante esta cultura social y política decadente no se pueden construir los cimientos de una sociedad renovada y unidad fortalecida por valores y criterios que nos permitan un autocontrol como individuos y como grupo, de respeto mutuo y de apoyo solidario. Lo anterior pareciera solo un pensamiento utópico, pero la realidad es, que por más difícil que parezca e incluso por muy iluso que suene, lo cierto es que nos encontramos en el umbral de la debacle en donde no hay de otra, no es opcional, en definitiva o cambiamos o nos hundimos como sociedad, todos debemos poner de nuestra parte para hacer de nuestro país un país de certidumbre de respeto y de confianza tanto en lo interior como ante los demás países.
Segundo.- En definitiva a nosotros como gobierno nos toca dirigir al país firme y decididamente cada uno de los poderes haciendo a cabalidad lo que les corresponde, pero en especial, se debe impulsar una renovadora cultura social, cívica y política de manera integral y cíclica que nos permita avanzar como una verdadera nación unida, donde todos seamos coparticipes de una transición definitiva que nos permita el acceso como individuos y como sociedad a un esquema de vida digna y humanitariamente decorosa.
Para ello es esencial que quienes gobiernan, desde cualquiera de los poderes cambiemos de manera decidida nuestra visión, tomando nuestro cargo no como una oportunidad de servirnos a nosotros mismos en lo personal de las mieles del poder, sino como un alto privilegio de poder servir a los demás en aras de fortalecer a esa sociedad que nos encomendó tan elevado honor, para que cuando ya no estemos en el goce de tal prerrogativa, podamos vivir con la tranquilidad que hoy demandan de nosotros en la actualidad.
Por eso se hace imperioso reformar nuestro sistema de leyes para que el Gobierno, gobierne con mano firme, pero en especial con el ejemplo, ya que si como autoridades exigimos la obediencia y observancia de las normas a nuestros gobernados, pues como todo buen juez por nosotros mismos debemos empezar poniendo el ejemplo y cambiando la imagen tan deplorable que hoy nos cubre como servidores públicos, y esto a pesar de que muchos de nosotros mismos no lo queramos reconocer, resulta totalmente cierto, pero para solucionar cualquier mal primero hay que reconocer que lo padecemos y después actuar contra éste.
Tercero.- Hoy por hoy, resulta irónico, que nuestra legislación contemple el delito de "falsedad en declaraciones vertidas ante una autoridad en pleno ejercicio de sus funciones", claro está, dirigido a los gobernados, pero como autoridad no se ha tipificado el delito de "falsedad de declaraciones hechas públicamente por una autoridad en pleno ejercicio de sus funciones" lo cual resulta aún más grave que el primer delito que sí esta tipificado, ya que un esquema de la norma es precisamente que debe ser objetiva y general, por tanto la generalidad de la imposición y observancia de la norma no debiera ser unilateral.
Cuarto.- El derecho a la información consagrado como una garantía constitucional en el artículo 6o. de nuestra Carta Magna, resulta uno de los más esenciales y su respeto es de inimaginable valor, para la concreción de una sociedad enterada, responsable y madura lo cual evidentemente es de un interés social muy alto, e incluso la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido a través de su sistema de elaboración y determinación de jurisprudencias que la verdad y objetividad de la información dada a los gobernados es de primordial valor social y la contradicción a estos valores sociales implica a su vez una grave violación a las garantías individuales, por lo que para mayor soporte transcribo a continuación la siguiente tesis relevante de jurisprudencia:
Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta
Tomo: III, Junio de 1996
Tesis: P. LXXXIX/96
Garantías individuales (derecho a la información). Violación grave prevista en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional. La configura el intento de lograr la impunidad de las autoridades que actúan dentro de una cultura del engaño, de la maquinación y del ocultamiento, por infringir el artículo 6o. También constitucional. El artículo 6o. constitucional, in fine, establece que "el derecho a la información ser garantizado por el Estado". Del análisis de los diversos elementos que concurrieron en su creación se deduce que esa garantía se encuentra estrechamente vinculada con el respeto de la verdad. Tal derecho es, por tanto, básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana que contribuya a que esta sea más enterada, lo cual es esencial para el progreso de nuestra sociedad. Si las autoridades públicas, elegidas o designadas para servir y defender a la sociedad, asumen ante esta actitudes que permitan atribuirles conductas faltas de ética, al entregar a la comunidad una información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupos o personas, que le vede la posibilidad de conocer la verdad para poder participar libremente en la formación de la voluntad general, incurren en violación grave a las garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional, segundo párrafo, pues su proceder conlleva a considerar que existe en ellas la propensión de incorporar a nuestra vida política, lo que podríamos llamar la cultura del engañó, de la maquinación y de la ocultación, en lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones rápidas y eficaces para llegar a ésta y hacerla del conocimiento de los gobernados.
Solicitud 3/96. Petición del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Federal. 23 de abril de 1996. Unanimidad de once votos.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinticuatro de junio en curso, aprobó, con el número LXXXIX/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y seis.
Sexto.- Este tipo de conductas deben ser eliminadas de manera definitiva, por lo que para procurar que se empiece a cambiar la mentalidad tanto de las autoridades como de los gobernados y se busque asegurar de manera más objetiva tal misión se debe reformar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en sus artículos 7, 47 y 48, como un inicio para establecer como causal de juicio político y como indiscutible sanción la destitución e inhabilitación ante la comisión de este tipo de faltas que además deberían ser tipificadas como delito, para lo cual habré de presentar la iniciativa correspondiente que tienda a complementar la presente iniciativa.
Por lo anteriormente expuesto, someto respetuosamente a la elevada consideración de esta soberanía la siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones IX al artículo 7 y XXV al artículo 47 y reforma la fracción XXIV de este último artículo, así también se reforma el artículo 48, todos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar de la siguiente forma:
Artículo Único: Se adiciona la fracción IX al artículo 7, y XXV al artículo 47 y reforma la fracción XXIV de este último artículo, así como el artículo 48, todos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Artículo 7
Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:
IX.- Las violaciones intencionadas al derecho a la información, cuando estas impliquen falta a la verdad.
El Congreso de la Unión valorará la existencia y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere este artículo. Cuando aquellos tengan carácter delictuoso se formulará la declaración de procedencia a la que alude la presente ley y se estará a lo dispuesto por la legislación penal.
Artículo 8
Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución e invariablemente también con la inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde un año hasta veinte años.
Artículo 47
Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas:
XXIV.- Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas de faltar a la verdad lo cual constituirá además una falta grave si con ello se viola intencionalmente el derecho a la información, y
XXV.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos.
Transitorios
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, en la fecha de su presentación.
Dip. Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica)
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARCELA GUERRA CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal Marcela Guerra Castillo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 70 y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa que adiciona un párrafo a los artículos 20 y 30, así como el artículo 52 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y se adicionan dos párrafos al artículo 11 del reglamento de dicha ley, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho de los mexicanos de poseer armas en su domicilio, conforme a su artículo 10 que se señala: "Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas".
Desde su publicación, el 11 de enero de 1972, se ha mantenido el debate sobre la idoneidad de las diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En la Cámara de Diputados se encuentra en estudio, por parte de la Comisión Defensa Nacional, la Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de esta Ley para regular la posesión de armamento permitido, y crear un Registro Federal de Armas.
En la normatividad vigente no hay un límite establecido para el número de armas que se pueden poseer en el domicilio, refiriéndose la norma aplicable a la pluralidad de armas para la seguridad y defensa legítimos de los moradores de una vivienda.
En virtud de que la delincuencia es muy alta y sus embates contra la sociedad son cada vez más agresivos, existen opiniones insistentes a favor de no restringir el derecho del ciudadano a la posesión y portación de armas de fuego, como elemento de protección que muchos reclaman.
Paralelamente al problema de las actividades delictivas realizadas con armas de fuego, el fenómeno de los accidentes con armas de fuego entre menores de edad, registrados principalmente en el hogar y en las escuelas, hacen necesaria una revisión a fondo de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
De acuerdo con la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, toda arma debe registrarse ante la Secretaría de la Defensa Nacional, pero hay quienes evaden esta exigencia y mantienen su armamento en la clandestinidad. Muchas veces las armas son heredadas y llegan a los dueños actuales por abuelos y padres, y la mayoría de las veces sin registro.
El manejo de armas de fuego es muy peligroso, particularmente para quienes carecen del conocimiento y entrenamiento para operarlas, sin prever o controlar el arma cuando se acciona, sobre todo cuando las manejan menores de edad.
Es por ello que se considera positivo promover una reforma a la legislación vigente que permita a las instituciones saber cuántas armas de fuego existen en el ámbito deportivo (a través de clubes de tiro y cacería), cuántas existen en hogares y han sido heredadas (principalmente en áreas campesinas), así como cuántas son de colección, para que dejen de estar en la clandestinidad y se puedan evitar accidentes.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta Asamblea, el siguiente:
DECRETO
PRIMERO. Se adiciona un párrafo a los artículos 20 y 30, y se adiciona un artículo 52 Bis, a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue
Artículo 20.- ...
Los clubes o asociaciones indicados en el párrafo anterior deberán presentar a la Secretaría de la Defensa Nacional un informe anual que incluya a cada uno de sus socios, especificando: nombre, clave única del Registro de Población, huella dactilar, domicilio del poseedor, las características del arma, el número de registro asignado por la Secretaría de la Defensa Nacional y una fotografía del arma.
Artículo 30.- ...
...
La Secretaría de la Defensa Nacional deberá realizar un censo anual a los clubes y asociaciones de deportistas de tiro y cacería, requiriendo a sus socios o asociados que posean armas, acrediten la revalidación y el refrendo de la licencia, en los casos en que corresponda, en los términos de esta Ley y de su reglamento
Artículo 52 Bis.- La Secretaría de la Defensa Nacional se encargará de la creación y actualización permanente del Sistema de Censo de Armas de Fuego, el cual formará parte del Registro Federal de Armas.
SEGUNDO. Se adiciona dos párrafos al artículo 11 del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego, para quedar como sigue
Artículo 11.- ........
Deberán refrendar su registro cada dos años, ante la Secretaría, para que el Sistema de Censo de Armas de Fuego permanezca actualizado.
De no realizarse el referendo antes del vencimiento de éste, se sancionará al infractor con una multa de cien días de salario mínimo vigente en el área geográfica de aplicación que le corresponda por cada arma involucrada.
Artículo Transitorio
Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2005.
Dip. Marcela Guerra Castillo (rúbrica)
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, A LA INICIATIVA QUE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IX DE ARTÍCULO 6, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV BIS DEL ARTÍCULO 90, SE REFORMA LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 90 Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO II BIS QUE CONTIENE LOS ARTÍCULOS 98 BIS AL 98 BIS-8, PARA CREAR LAS FIGURAS JURÍDICAS DE DECLARATORIA DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y DE DECLARATORIA DE MARCA FAMOSA, presentada por los C. Diputados Manuel López Villarreal y Jaime del Conde Ugarte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LVIII Legislatura, el 30 de noviembre de 2004. Lo anterior, que en ejercicio de la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del Honorable Congreso de la Unión.
La Comisión de Economía de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos d), e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la Iniciativa descrita, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 30 de noviembre de 2004, los CC. Secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la Iniciativa que presentaron los C.C. Diputados Manuel López Villarreal y Jaime del Conde Ugarte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LVIII Legislatura.
SEGUNDO. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Economía".
TERCERO. Mediante oficio CE/1178/04 de fecha de diciembre de 2004, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de esta Iniciativa.
CUARTO. Con fecha del 16 de febrero de 2004, el pleno de las Comisión de Economía aprobó el presente dictamen, mismo que en este acto se somete a consideración de esta Soberanía, en los términos que aquí se expresan.
ANÁLISIS DE LA INICIATIVA
La iniciativa pretende que puedan crearse las declaratorias de marca notoriamente conocida y de marca famosa, en el animo de crear reglas claras para el reconocimiento de la notoriedad por vía del acreditamiento previo y de facultar al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial para emitir dichas declaratorias.
En la iniciativa se han contemplado dos grados de notoriedad; la ya conocida y que implica el conocimiento de sectores del público o de círculos comerciales específicos y la fama, que implica el conocimiento de la marca por parte de la mayoría del público consumidor y que merece la protección ampliada.
A través de la iniciativa se ha considerado que la declaratoria deba ser un acto administrativo de carácter declarativo, ya que la autoridad administrativa, en este caso el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial tendrá facultades para recibir a priori, al menos respecto de marcas con registro en México, los elementos probatorios que las pueden calificar como notoriamente conocidas en el país, y de esa forma se estaría en posibilidad de motivar adecuadamente las negativas de registro de marcas similares, además de que se contaría con un documento que hace prueba plena para los procedimientos contenciosos nacionales o incluso en el extranjero mejorando la economía procesal y se limitaría la posibilidad de contar con resoluciones contradictorias en procedimientos similares, en virtud de lo anterior, se propone la reforma de las fracciones III y X del artículo 6 a fin de darle facultades al Instituto, para expedir y publicar las declaratorias de notoriedad o fama de marcas.
En la propuesta se señala que aún y cuando en México de algún modo ya existe la protección para las marcas, a través de los Convenios y Acuerdos Internacionales en los que somos parte, como el Convenio de París, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no ha existido una adecuación legal en nuestro marco normativo que permita la eficiente aplicación de los principios de protección de la marca notoriamente conocida y de la marca famosa.
En el artículo 90, fracción XV, respecto a los supuestos en los que debe aplicarse el impedimento de registro relacionado con la similitud con marcas notoriamente conocidas, se adiciona la noción del caso en que el otorgamiento pudiese diluir el carácter distintivo de la marca y se dividió el supuesto de aprovechamiento que pudiera causar desprestigio en dos: primero, en el que pueda existir un aprovechamiento no autorizado y segundo, en que simplemente pudiese causarse el desprestigio de la marca.
Se crea la fracción XV bis del artículo 90, para prever como impedimento de registro la identidad y semejanza en grado de confusión con una marca famosa, ampliando la protección a cualquier género de productos o servicios sin establecer supuestos de procedibilidad, es decir, bastará que una denominación, figura o forma tridimensional sea semejante en grado de confusión, con la marca famosa, para que se aplique el impedimento de registro.
Se crea un nuevo capítulo II bis denominado De las marcas notoriamente conocidas y famosas, conteniendo los artículos del 98 bis al 98 bis-8, adoptando esta forma de enumerarlos en atención a reformas previas contenidas en la misma ley y no la tradicional secuencia con los apelativos bis, ter, quáter, etcétera.
En el artículo 98 bis se definen las características de las marcas notoriamente conocidas y famosas, estableciendo el nivel de conocimiento que deben tener para considerarse en cada categoría.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la Iniciativa de referencia.
SEGUNDO. Que La Ley de la Propiedad Industrial, cuya aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tiene por objeto regular y proteger los derechos de carácter exclusivo y temporal que otorga el Estado, para usar y explotar en forma industrial o comercial patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, así como los signos distintivos comprendidos por marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen.
TERCERO. Que las marcas, son los signos visibles utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios para distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, buscando con su uso, prevenir en el público cualquier posibilidad de confusión.
CUARTO. Que existen a nivel internacional algunas marcas que, derivado de las actividades comerciales de sus titulares y de la inversión que se ha realizado en su promoción y publicidad, obtienen un reconocimiento en el público consumidor que facilita el desplazamiento de los productos o servicios amparados por las mismas. Sin embargo, son también estas marcas los principales blancos de la piratería y de la apropiación indebida e injusta de su reputación.
QUINTO. Que México forma parte de diversos tratados internacionales, en los que se han adoptado medidas para garantizar una especial protección a la denominada Marca Notoriamente Conocida, tales como el Convenio de París de 1967, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio , y el Tratado de Libre Comercio con América del Norte.
SEXTO. Que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, también llamado Convención de la Unión de París, de 1967, establece en su artículo 6 bis, lo siguiente:
Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.
No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.
Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
En particular deberán prohibirse:
- Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.
..........
6. El Artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará, con las modificaciones necesarias, a los servicios. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público, inclusive aquel conocimiento en territorio de la Parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las Partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión.
DÉCIMO. Que atendiendo a lo señalado por el artículo 133 constitucional, todas las disposiciones contenidas en los tratados internacionales de los que México forma parte, deben considerarse ley suprema de la Unión.
DÉCIMO PRIMERO. Que en el ámbito nacional, los principios de protección a las Marcas Notoriamente Conocidas, se admiten en nuestra Ley de la Propiedad Industrial, particularmente en el artículo 90 fracción XV de la misma, que a la letra dispone:
No serán registrables como marca:
...
XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.
Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.
A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.
Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca.
Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.
DÉCIMO SEGUNDO. Que no obstante las regulaciones nacionales e internacionales vigentes, no son pocos los casos en que marcas de gran renombre internacional, han sido indebidamente registradas en nuestro país por empresas o personas sin escrúpulos que no eran sus propietarias, limitando con ello los derechos de uso exclusivo y explotación de sus legítimos titulares.
Además de que existen marcas notoriamente conocidas que, teniendo registro en México, son atacadas mediante la solicitud de registro de marcas similares, buscando un injusto aprovechamiento del prestigio ajeno.
Y la razón de que algunas de éstas prácticas se den en nuestro sistema jurídico de Propiedad Industrial, de debe a que la protección que se brinda por parte del Instituto, está sujeta a una estimación, es decir al conocimiento anterior que tenga quien evalúa la característica de notoriedad, sin que en la mayoría de los casos sean aportados u obtenidos elementos de prueba que sustenten esa decisión.
La falta de pruebas para demostrar la notoriedad es de gran importancia, ya que si consideramos que, aún cuando la noción de notoriedad de las marcas, guarda relación con un argumento lógico-jurídico relativo a los hechos notorios, según el cual no requiere probarse aquello que es conocido por una generalidad o bien que se puede percibir fácilmente; las tesis que ha sustentado el poder judicial alrededor del tema, privilegian la garantía de fundamentación y motivación contenida en el artículo 16 constitucional y en tal virtud, se han pronunciado por la necesidad de que en las resoluciones en las que se niegue un registro de marca acudiendo a la causal prevista en el artículo 90 fr. XV, -es decir, a la notoriedad de otra similar-, el Instituto deberá expresar las razones por la cuales se ha estimado notoriamente conocida la marca de que se trate o incluso corroborarlo mediante las constancias pertinentes.
Aún en tales circunstancias, la Ley de la Propiedad Industrial no contempla un procedimiento de oposición, ni ningún procedimiento abierto mediante el cual se puedan aportar pruebas de notoriedad y obtener una declaratoria que así lo reconozca; con esto, se obliga a los titulares de las marcas en cuestión, a exhibir todos los medios de prueba a su alcance para demostrar que su marca es notoria, en cada juicio subsecuente en el que dicha circunstancia sea controvertida, lo que se traduce en gastos y trámites excesivos y nuevamente, en la posibilidad de obtener resoluciones contradictorias para trámites similares, que de aprobarse la iniciativa quedarían plenamente protegidas las marcas notoriamente conocida y famosa.
DÉCIMO TERCERO. Que toda vez que se considera que la notoriedad y fama son preexistentes, la declaratoria no es constitutiva de derechos, únicamente tiene como fin reconocer dicha calidad a quien lo pruebe para que la vía del impedimento quede expedita y sustentada en pruebas.
Que la declaratoria debe ser un acto administrativo de carácter declarativo a fin de que constituya un pronunciamiento que, sin contener mandamiento ejecutivo, define la característica de notoria o famosa y cuya actualización declara también el derecho o ius prohibendi que permite al titular del privilegio derivado de la marca, excluir a otros en el goce o disfrute del mismo.
En virtud de que la declaratoria no se pronuncia hacia el futuro, ya que deriva de lo que se haya probado en un tiempo determinado, solamente podrá afirmar que en una fecha dada, se acreditó que tal marca era conocida por un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país o por el público en general.
También es viable que ya emitida una declaratoria, los actos administrativos subsecuentes no son nuevas declaratorias, sino una actualización de las pruebas que acreditan que subsisten las condiciones necesarias para que una marca se considere notoriamente conocida o famosa.
Por lo ya expuesto y con fundamento en los considerandos vertidos en el presente Dictamen, se aprueba la el siguiente Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de la Propiedad Industrial, para crear la figura jurídica de la declaratoria de marca notoriamente conocida y la declaratoria de marca famosa y presenta al Pleno de esta Honorable Asamblea para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente proyecto de decreto:
Artículo Único. Se reforman los artículos 6, fracciones III y X; 90, fracción XV y se adicionan la fracción XV bis al artículo 90, y un Capítulo II BIS denominado: De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas, a la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:
Artículo 6. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:
I. a II. ...
III. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial;
IV. a IX. ............
X. Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley;
XI a XXII. ....
Artículo 90. No serán registrables como marca:
I. a XIV. ....
XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.
Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:
b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o
c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.
XV bis.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del Capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.
Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.
CAPITULO II BIS.
De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas.
Artículo 98 bis. Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.
Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.
A efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.
Artículo 98 bis-1. La declaratoria o cualquiera de sus actualizaciones constituyen un acto administrativo por medio del cual el Instituto declara, con base en los elementos de prueba aportados, que las condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida o famosa, subsisten al tiempo en que el acto se emite.
Los impedimentos previstos en el artículo 90 fracciones XV y XV bis, para la protección de marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicarán con independencia de que éstas se encuentren registradas o declaradas.
Sin embargo, para que el titular de una marca pueda obtener declaratoria, la misma debe estar registrada en México y amparar los productos o servicios en los que la marca originó su notoriedad o fama.
Artículo 98 bis-2. Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante deberá aportar, entre otros, los siguientes datos:
II. Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.
III. Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.
IV. La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el extranjero.
V. El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el extranjero.
VI. Los canales de comercialización en México y en su caso en el extranjero.
VII. Los medios de difusión de la marca en México y en su caso en el extranjero.
VIII. El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el extranjero.
IX. La inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y en su caso en el extranjero.
X. El área geográfica de influencia efectiva de la marca.
XI. El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos 3 años.
XII. El valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice.
XIII. Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero.
XIV. Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas.
XV. El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.
La declaratoria podrá actualizarse en cualquier tiempo, a petición de quien tenga interés jurídico, siempre que acredite que las condiciones que le dieron origen subsisten a la fecha de la solicitud respectiva.
Artículo 98 bis-4. La solicitud de declaración de notoriedad o fama se hará por escrito con las formalidades que para las solicitudes y promociones están señaladas en esta Ley y su Reglamento, a la que se acompañarán los elementos probatorios que funden la petición y en la que se expresará cuando menos lo siguiente:
II. La marca y el número de registro que le corresponde, y
III. Los documentos y elementos probatorios que se acompañan a la solicitud.
Si a juicio del Instituto, éstos no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se prevendrá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo de cuatro meses.
Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud será desechada.
Artículo 98 bis-6. Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá la declaratoria correspondiente.
En caso de que el Instituto niegue el otorgamiento de la declaratoria, lo notificará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución y valorando todos los elementos probatorios recibidos.
Artículo 98 bis-7. Las resoluciones sobre declaratorias de notoriedad o fama deberán ser publicadas en la Gaceta.
Artículo 98 bis-8. Procederá la nulidad de la declaratoria:
Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de este Capítulo.
Cuando las pruebas en las que se sustente la declaratoria sean falsas.
Cuando se haya otorgado con base en una incorrecta valoración de las pruebas.
Cuando se hubiese concedido a quien no tuviera derecho de obtenerla.
Las declaraciones administrativas de nulidad se harán por el Instituto, a petición de quien tenga interés jurídico y acredite los supuestos en los que funda su solicitud.
Cuando el o los registros marcarios que sirvieron de base para emitir la declaratoria, se nulifiquen, caduquen o cancelen, la declaratoria perderá su valor probatorio.
Artículo 98 bis-9. Para efectos de su transmisión, la declaratoria se considerará ligada al o los registros marcarios que le dieron origen.
Transitorio
Único.- El presente Decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de febrero de 2004.
Diputados: Manuel López Villarreal (rúbrica),
Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo
(rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Javier
Salinas Narváez (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno,
Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), José María
de la Vega Lárraga, Jaime del Conde Ugarte (rúbrica), Francisco
Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Miguel Ángel Rangel
Ávila (rúbrica), María Eloísa Talavera Hernández
(rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, José
Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica), Óscar Bitar Haddad
(rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Juan Manuel
Dávalos Padilla (rúbrica), Alfredo Gómez Sánchez
(rúbrica), Gustavo Moreno Ramos (rúbrica), Eduardo Olmos
Castro, Jesús María Ramón Valdez, Fernando Ulises
Adame de León (rúbrica), Jorge Baldemar Utrilla Robles (rúbrica),
José Mario Wong Pérez (rúbrica), Juan José
García Ochoa, Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Yadira Serrano
Crespo, Víctor Suárez Carrera, Jazmín Elena Zepeda
Burgos.
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION, Y DE DESARROLLO SOCIAL, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL SISTEMA NACIONAL Y A LOS SISTEMAS ESTATALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA A CUMPLIR EN LA ADQUISICIÓN DE LÁCTEOS PARA LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS LA NORMA OFICIAL MEXICANA 155-SCFI-2003 Y A PROCURAR APOYAR LA COMPRA DE LECHE DE PRODUCTORES NACIONALES
HONORABLE ASAMBLEA:
A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados les fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Sistema Nacional y a los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia para que, en la adquisición de lácteos para los programas alimentarios, se cumpla con la Norma Oficial Mexicana 155-SCFI-2003 y se procure apoyar la compra de leche de productores nacionales.
Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 45, numeral 6, inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 58, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, bajo los siguientes
ANTECEDENTES
2. Que, en la misma fecha, la Presidencia de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: "túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Desarrollo Social".
3. Que la Presidencia de esta Comisión solicitó al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia información con respecto al tema de esta Proposición con Punto de Acuerdo.
4. Que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia remitió un documento con información relativa a este tema, cuya copia fue turnada a la Comisión de Gobernación.
2. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia es una de las estructuras con mayor federalización de nuestro país ya que cuenta con 32 sistemas estatales, autónomos, que dependen de los ejecutivos estatales y dos mil 74 sistemas municipales.
3. Los programas alimentarios del DIF integran las acciones de Desayunos Escolares, Asistencia Alimentaria a Menores de cinco años en riesgo, Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo, Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables.
4. El proceso de desconcentración, iniciado en 1995 y concluido en 1998, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia fortaleció el federalismo y ha permitido que cada uno de los Sistemas Estatales DIF reciba, de manera directa, los recursos económicos de los programas alimentarios a través, del Fondo V de Aportaciones Múltiples del Ramo 33 y que DIF Nacional por tanto, solo quedó con atribuciones de coordinación, asesoría, capacitación y de normatividad, aunque esta última es limitada.
Con la asignación directa de recursos a los Sistemas Estatales DIF, queda en ellos la facultad para ejercerlos, mediante licitaciones públicas, en la compra insumos como alimentos, equipos de cocina y material didáctico, siendo el Sistema Nacional DIF quien conjunta la normatividad para la operación de los programas, pero no del ejercicio de los recursos en sus normas de operación.
5. El proceso de desconcentración ha facilitado la operación de los programas acordes a las necesidades de cada estado, no obstante la normatividad aplicable de carácter federal debe ser cumplida y responder a una política pública federal, sin embargo, las facultades del DIF Nacional son limitadas en caso de incumplimiento.
6. Tanto la Federación como los estados tienen normados los procesos de adquisición por las respectivas leyes; las licitaciones públicas son un mecanismo de compra que implica transparencia.
7. Una licitación pública la gana aquél que aprueba las especificaciones técnicas solicitadas por los DIF Estatales; solo las empresas que aprueban los requerimientos pueden concursar; gana la empresa que cumple con las especificaciones técnicas y que ofrece un más bajo precio.
8. Lo anterior no implica que no se presenten problemas como los siguientes: que las especificaciones técnicas estén mal diseñadas o que no sean lo suficientemente exigentes en cuanto a la calidad de los alimentos, de tal manera que los proveedores pueden ofrecer productos que no satisfacen necesariamente los altos niveles de calidad que merece la población vulnerable; que los proveedores ofrezcan muestras de alta calidad durante el proceso de licitación y en la distribución entreguen productos de menor calidad a la ofrecida y, que el procedimiento para la revisión de las pruebas y la documentación requerida.
9. La "Norma Oficial Mexicana 155-SCFI-2003. Leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado. Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba", expedida el 11 de agosto de 2003, establece las denominaciones comerciales de los diferentes tipos de leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado que se comercializa dentro del territorio nacional así como las especificaciones fisicoquímicas que deben reunir esos productos para ostentar dichas denominaciones, los métodos de prueba para demostrar su cumplimiento y la información comercial que deben contener las etiquetas de los envases que los contienen.
10. El Sistema Nacional DIF considera como una prioridad el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 155-SCFI-2003.
11. Para asegurar el cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana se requiere dotar al Sistema Nacional DIF de mayores facultades en materia de vigilancia, sin menoscabo de los avances registrados en cuanto a la federalización, como son:
1. Que las bases de licitación para la adquisición de insumos alimentarios deban ser enviadas, sin excepción, al DIF Nacional y contar con la aprobación de la institución antes de su publicación;
2. Para asegurar la calidad de los insumos alimentarios y dar seguimiento a la misma, deberán ser verificados con pruebas de laboratorios especificadas por el DIF Nacional y realizarse de manera periódica, tomando como mínimo tres revisiones por periodo de adjudicación en laboratorios acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA);
3. En el caso de la leche deberá incluir el análisis que determine su autenticidad para garantizar que el producto es cien por ciento de vaca y, establecer un proceso de certificación de los proveedores de leche DIF para garantizar la más alta calidad, mediante un convenio, en proceso de suscripción, con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que los proveedores de leche DIF sean evaluados y aprobados por una empresa certificadora que otorgue el distintivo de calidad en leche DIF - SENASICA.
12. En relación al señalamiento que en los desayunos escolares se entregan a los niños fórmulas lácteas, el Sistema Nacional DIF señala que el documento "Políticas y Lineamientos para la Operación de los Programas Alimentarios" norma que la leche distribuida en dichos desayunos debe ser leche entera de vaca, sin adiciones de grasa vegetal o cualquier otra sustancia que no sea propia de la leche; en caso de ocurrir se deberá al incumplimiento de parte de los proveedores. Sin embargo, estos lineamientos no son obligatorios por falta de atribuciones del Sistema Nacional DIF.
13. En cuanto a la solicitud que la leche que distribuya el Sistema Nacional DIF sea fluida, entera y fortificada, se señala la coincidencia en que sea entera pero debido a los problemas de accesibilidad de algunas regiones o municipios del país, deben considerarse justificables los casos en que los Sistemas Estatales DIF otorguen leche en polvo.
14. El tipo de fortificación de la leche es definida por los Sistemas Estatales DIF dependiendo de las necesidades de la población objetivo de cada entidad.
15. En reuniones celebradas entre productores de leche y diversas instituciones públicas, el Sistema Nacional DIF propuso que la compra de leche con origen nacional para sus programas alimentarios, no solo fuese preferente sino obligatoria. Sin embargo, esta medida deberá ser aprobada por el Legislativo, ya que por la falta de atribuciones del Sistema Nacional DIF, éste no puede tomar la decisión.
16. Es necesario señalar que cumplir con lo anterior significaría, además de contar con las facultades ya señaladas, un incremento del 10 al 15 por ciento en los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del Ramo 33.
17. En relación a la solicitud para que la Auditoría Superior de la Federación verifique, en los convenios signados con los órganos estatales de fiscalización sobre las aportaciones del Fondo de Aportaciones Múltiples dirigidos a la asistencia social, la eficiencia y el impacto social de los recursos dirigidos a los programas alimentarios, el Sistema Nacional DIF manifiesta que está en disposición para establecer un programa de trabajo conjunto para la revisión de dichos aspectos señalando que, en la actualidad, ya labora con la Auditoría Superior de la Federación para atender estos aspectos.
DICTAMEN
PRIMERO.- Se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia para que, en la adquisición de lácteos para los programas alimentarios, se observe la Norma Oficial Mexicana 155-SCFI-2003 y se procure apoyar la compra de leche de los productores nacionales.
SEGUNDO.- Se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que, considerando las particularidades regionales, establezca que en sus programas alimentarios se considere únicamente leche de vaca fluida, entera y fortificada.
TERCERO.- Se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que establezca los mecanismos necesarios que permitan verificar y certificar la calidad de la leche que proporciona.
CUARTO.- Se exhorta a esta Comisión y a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables a estudiar los posibles cambios legislativos para que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia cumpla con los objetivos nacionales referidos en el numeral 11 de los Considerandos.
QUINTO.- Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que, en los convenios signados con los órganos estatales de fiscalización, en relación al Fondo de Aportaciones Múltiples dirigido a la asistencia social, se verifique la eficiencia y el impacto social de los recursos dirigidos a los programas alimentarios.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticinco días del mes de agosto de dos mil cuatro.
Por la Comisión de Desarrollo Social
Diputados: Beatriz Zavala Peniche (rúbrica), Presidenta; Carlos Flores Rico (rúbrica), secretario; Sonia Rincón Chanona (rúbrica), secretaria; Armando Rangel Hernández (rúbrica), secretario; Julio Boltvinik Kalinka (rúbrica), secretario; Ubaldo Aguilar Flores (rúbrica), Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc (rúbrica), Clara Marina Brugada Molina (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Rafael Flores Mendoza (rúbrica), Víctor Flores Morales, Armando Leyson Castro (rúbrica), Felipe Medina Santos (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica), Eugenio Mier y Concha Campos (rúbrica), Gerardo Montenegro Ibarra, Gelacio Montiel Fuentes (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), Juan Carlos Núñez Armas (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Miguel Ángel Osorio Chong (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica), Renato Sandoval Franco, María Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez, Quintín Vázquez García (rúbrica).
Por la Comisión de Gobernación
Diputados: Julián Angulo Góngora
(rúbrica), Presidente; David Hernández Pérez (rúbrica),
secretario; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), secretaria;
Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), secretario;
Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), secretaria; Maximino Alejandro
Fernández Ávila (rúbrica), secretario; José
Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez
Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo
Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro
Díaz Palacios, Luis Eduardo Espinoza Pérez, Patricia Garduño
Morales (rúbrica), José González Morfín, ,
Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto
Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez
(rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco, Gonzalo Moreno Arévalo
(rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), José Eduviges
Nava Altamirano, Daniel Ordóñez Hernández, José
Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina
(rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita
Saldaña Hernández, José Sigona Torres, Sergio Vázquez
García (rúbrica).
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDÍGENAS, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA SOLICITAR INFORMES A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS SOBRE LA SITUACIÓN DE DESPLAZADOS INTERNOS, PRINCIPALMENTE EN EL ESTADO DE CHIAPAS Y EN OTROS ESTADOS DE LA REPÚBLICA; Y A LA COMISIÓN DE CONCORDIA Y PACIFICACIÓN, ACERCA DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA RESTABLECER EL DIÁLOGO ENTRE EL EZLN Y EL GOBIERNO FEDERAL
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Asuntos indígenas fue turnada, para su análisis y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar Informes a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas sobre la situación de Desplazados Internos, principalmente en el Estado de Chiapas y en otros estados de la República; y a la Comisión de Concordia y Pacificación de las acciones realizadas para restablecer el diálogo entre EZLN y el Gobierno Federal, presentada el 28 de octubre de 2003 por el Dip. Emilio Zebadúa González del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en los artículos 39, 40, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica y los artículos 60, 65, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, de acuerdo con los siguientes:
I.- Antecedentes
A.- En sesión de Pleno celebrada el 28 de octubre de 2003, el Diputado Emilio Zebadúa González del Grupo Parlamentario del PRD presentó una Proposición con Punto de Acuerdo, para solicitar Informes a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, sobre la situación de desplazados internos, principalmente en el estado de Chiapas y en otros estados de la República; y a la Comisión de Concordia y Pacificación de las acciones realizadas para reestablecer el Diálogo entre el EZLN y el Gobierno Federal.
B.- En esa misma fecha, el Punto de Acuerdo fue turnado por la Mesa Directiva a la Comisión de Asuntos Indígenas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
C.- Cabe agregar que Diputados de distintos partidos políticos presentan el 23 de abril del año de 1998 una Iniciativa de Ley General para Personas Desplazadas Internamente, dictaminada y desechada el 30 de noviembre del año 1999 por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
D.- Es tal interés del Dip. Emilio Zebadúa por el tema de los desplazados internos que por escrito dirigido al Dip. Javier Manzano Salazar, Presidente de la Comisión solicita participar, en términos del artículo 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, en la Primera Reunión Plenaria con el objeto de solicitar se incluya en el Programa de la Comisión una iniciativa de ley para normar la situación de los desplazados internos.
E.- Recogiendo esta petición, los diputados integrantes de la Comisión incorporan al Programa de Trabajo la tarea legislativa de elaborar un Proyecto de ley para la atención de los desplazados indígenas internos del país.
F.- La Junta Directiva de la Comisión determina que dicho Punto de Acuerdo fuera analizada y dictaminada por la Subcomisión de Atención a Indígenas Migrantes.
G.- En la ruta de debate y análisis el Diputado Zebadúa González organizó, junto con el Gobierno de Tlaxcala, el Seminario denominado "Desplazados Internos en México", llevado a cabo los días 30 y 31 de enero del 2004 en el que participaron integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, representantes de Organizaciones No Gubernamentales y de Organismos Internacionales.
H.- Por su parte, el mismo Dip. Zebadúa González presentó una Excitativa en la sesión de la Comisión Permanente de fecha 30 de junio de 2004, con el objeto de que la Comisión de Asuntos Indígenas dictamine el Punto de Acuerdo.
I.- Con el criterio de seguir alentando el debate, el mismo Diputado Emilio Zabadúa organiza en el mes de julio de 2004, la Mesa de Análisis sobre Desplazados Internos y Proceso de Paz en Chiapas a la que invita al Dip. Javier Manzano Salazar, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, participando representantes de Organismos No Gubernamentales.
J.- El tema de los desplazados internos es retomado por organismos públicos, tan es así que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas organiza un Seminario denominado: "Los Desplazados Internos, hacia una reforma constitucional", celebrado los días 26 y 27 de octubre con la asistencia y participación de Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas
De acuerdo con los antecedentes anteriores esta Comisión formula las siguientes:
II.- Consideraciones
1.- Los desplazados, como fenómeno social y político, han venido adquiriendo relevancia en su concepción y tratamiento. La Organización de las Naciones Unidas los ha definido como "Personas o grupos de personas que se han visto forzadas y obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado, o para evitar los efectos, de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacional reconocida."
2.- Con el objetivo de definir y reglamentar los desplazamientos internos se han adoptado diversos instrumentos internacionales, entre otros los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Facultativos y la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas de 1994 y los Principios Rectores de los Desplazados Internos del Representante General de la ONU; dichos instrumentos deben ser atendidos y aplicados por el Estado Mexicano.
3.- A la fecha, no obstante esfuerzos de anteriores Diputados Federales, no existe legislación aplicable a la atención y tratamiento de los desplazados internos, creando un vacío que repercute negativamente en las personas en situación de desplazamiento interno.
4.- Si bien el desplazamiento interno se ha venido presentando por diversas causas, no es sino con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el Estado de Chiapas cuando este fenómeno adquiere nuevas aristas por la complejidad y naturaleza del conflicto, con masivos desplazamientos en los municipios de Yajalón, Chilón, Las Margaritas, Salto del Agua, Ocosingo, Márques de Comillas, Tila y Sabanilla, entre otros.
5.- El levantamiento armado indígena en el Estado de Chiapas transforma la situación política nacional interviniendo en su atención, tanto los órganos de gobierno, como el Poder Legislativo y la sociedad en su conjunto, sobresaliendo los buenos oficios de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), creada por la Ley para el Diálogo , la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas con el objeto de facilitar el diálogo y la negociación entre los representantes del Gobierno Federal y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
6.- Aun cuando se han redefinido las políticas públicas para la atención de los pueblos y comunidades indígenas, así como las instituciones gubernamentales, resultado de la reforma constitucional de 2001, la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas únicamente le faculta genéricamente a operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas.
7.- Ante el diálogo suspendido entre el EZLN-Gobierno Federal y la ausencia de una estrategia que restablezca condiciones aceptadas entre las partes para reanudar el proceso de reconciliación y pacificación en el Estado de Chiapas, la situación de los desplazados internos tiende agravarse.
8.- Es tal la magnitud de la problemática que el promovente del Punto de Acuerdo ha venido organizando diversos foros y seminarios con el único propósito de escuchar propuestas y planteamientos de actores y conocedores del tema.
9.- Por su parte esta Representación Nacional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, aprueba para este ejercicio presupuestal recursos destinados a los desplazados internos en el país y en forma particular a los desplazados en el Estado de Chiapas.
Expresado lo anterior, los integrantes de la Comisión
III.- Resuelven
PRIMERO.- Solicítese a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas presente un Informe a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que incluya: comunidades indígenas con desplazados internos; medidas de protección adoptadas por el gobierno federal contra los desplazamientos de las comunidades o personas indígenas en la denominada zona de conflicto; programas y acciones de gobierno que se han aplicado para la atención de las comunidades y personas desplazadas.
SEGUNDO.- Solicítese a la Comisión de Concordia y Pacificación un Informe detallado de las acciones que ha impulsado para facilitar el diálogo y la negociación entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno Federal. Dicha Comisión debe incluir un balance de la dinámica y desarrollo que ha seguido el conflicto zapatista, particularmente en la zona de influencia del EZLN en el estado de Chiapas y los lineamientos de acción y propuestas de trabajo en los que resta de la legislatura.
Dado en el Palacio Legislativo a los quince días del mes de febrero del año dos mil cinco emitiéndose el sentido de la votación en términos del artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Diputados: Javier Manzano Salazar (rúbrica),
Ángel Paulino Canul Pacab (rúbrica), Sofía Castro
Ríos, Huberto Aldaz Hernández (rúbrica), José
Luis Cabrera Padilla (rúbrica), Marbella Casanova Calam, César
Antonio Chávez Castillo, Abdallán Guzmán Cruz (rúbrica),
Bernardino Ramos Iturbide, Ubaldo Aguilar Flores (rúbrica), Emilio
Badillo Ramírez, Florencio Collazo Gómez (rúbrica),
José Lamberto Díaz Nieblas (rúbrica), Teófilo
Manuel García Corpus, José Guzmán Santos, Luis Felipe
Madrigal Hernández (rúbrica), Gerardo Montenegro Ibarra,
Roberto Pedraza Martínez, Benjamín Sagahón Medina
(rúbrica), Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica), Jorge Baldemar
Utrilla Robles, José Irene Álvarez Ramos, Margarita del Sagrado
C. Chávez Murguía (rúbrica), Luis Andrés Esteva
Melchor (rúbrica), Rocío Guzmán de Paz, Evangelina
Pérez Zaragoza (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica),
Sergio Vázquez García (rúbrica), José Jesús
Vázquez González (rúbrica).
El suscrito diputado federal, Quintín Vázquez García, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar el siguiente punto de acuerdo, con base en los siguientes
Antecedentes
Con fecha 5 de marzo de 1993, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, decreto mediante el cual se reformaron los artículos 3° y 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Artículo 3° "todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado-Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria..."
Y es con está reforma que la educación preescolar se vuelve de carácter obligatorio, también se señala que los particulares podrán impartir ésta siempre que tengan el registro y la autorización respectiva por parte del poder público.
Posteriormente en Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de noviembre de 2002, se publicó el decreto que adiciona el artículo 3° y el 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en su artículo cuarto transitorio se estipula:
Artículo Cuarto "Con el objetivo de impulsar la equidad en la calidad de los servicios de educación preescolar en el país, la autoridad educativa deberá prever lo necesario para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 2° de la Ley Reglamentaria del artículo 5° constitucional en materia de profesiones, en el sentido de que la impartición de la educación preescolar es una profesión que necesita título para su ejercicio, sin perjuicio de los derechos adquiridos de quienes a la fecha imparten este nivel educativo."
Por otra parte en comunicado dado a conocer por el director general adjunto de Investigación Educativa de la Secretaría de Educación Pública, con fecha 3 de febrero de 2003, afirmo "que la SEP no va excluir a los profesores de educación preescolar que han demostrado en la práctica experiencia y solidez, solo por no tener el grado respectivo."
" Son profesores que tienen amplia experiencia, tienen competencias probadas y construidas sobre la práctica educativa, lo que hay que hacer solamente es certificarla..."
Con lo que en primera instancia se esta infringiendo el artículo 14 constitucional, que a la letra dice: "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna..."
Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, que es de obvia y urgente resolución
Único.- Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que amplíe el plazo para la incorporación de las escuelas particulares de nivel preescolar y se establezcan los mecanismos para la certificación del grado académico que corresponda a los docentes que no cuentan con la licenciatura en Educación Preescolar, a fin de que no sufran menoscabo en sus derechos adquiridos y se les respete su antigüedad en la docencia, y esto haga extensivo a nivel nacional.
Dip. Quintín Vázquez García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SCT DEL GOBIERNO FEDERAL A EJERCER LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONSTRUIR EL LIBRAMIENTO MANUEL GONZÁLEZ, QUE COMPLEMENTA EL EJE CARRETERO TAMPICO-MONTERREY, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS NADER NASRALLAH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
En nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta soberanía la emisión de un punto de acuerdo mediante el cual se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a ejercer los recursos para construir el libramiento Manuel González, que complementa el eje carretero Tampico-Monterrey, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
La economía, en particular la de mercado, no puede desenvolverse en medio de un vacío institucional, jurídico y político.
Al contrario, supone una seguridad que garantiza la libertad individual y la propiedad, además de un sistema monetario estable y de servicios públicos eficientes.
Entre estos servicios públicos, que es responsabilidad del Estado proveer en forma eficiente, tenemos la construcción de vías de comunicación.
El presente punto de acuerdo surge a raíz de la propuesta presentada al arquitecto Pedro Cerisola Weber, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, por el ingeniero Manuel de Jesús Ibarra Martínez, presidente y delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga del Sur de Tamaulipas, organismo que agrupa a los más de 500 transportistas de la zona sur de este estado.
La importancia de este proyecto para este polo de desarrollo que es Tampico, y para el estado de Tamaulipas, en general, reside en el gran tráfico pesado existente por la exportación e importación de carga y su traslado de y hacia el puerto de Altamira.
Además, este proyecto permitirá disminuir el costo y tiempo de traslado entre el sur de Tamaulipas, el norte del Estado, la frontera con Estados Unidos y la conexión natural con el estado de Nuevo León.
Fuimos testigos del inicio del programa carretero en Tamaulipas, con el tramo González-Zaragoza, por lo que consideramos que el libramiento Manuel González complementará el esfuerzo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal hace para potencializar los recursos asignados.
Sabemos de la importancia del desarrollo de las regiones en el país, y conocemos la firme convicción del Gobierno Federal de atender las prioridades que requieren para su crecimiento los polos industriales como lo es el sur de nuestro estado, Tamaulipas.
Además, debemos destacar la importancia de desarrollar la playa de Lauro Villar, que carece de instalaciones básicas, tales como hoteles, agua potable, drenaje; sin embargo, la carga del flujo vehicular para las poblaciones de Manuel y González es tal que vuelve urgente, no sólo iniciar la obra del libramiento Manuel González, sino concluirla.
Este proyecto es importante no sólo para los transportistas del sur de Tamaulipas, sino para todos los que estamos interesados en el desarrollo del estado y de la región.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Legislatura, me permito presentar a esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal a que ejerza los recursos para construir el libramiento Manuel González, que complementa el eje carretero Tampico-Monterrey.
Dip. Jesús Nader Nasrallah (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX QUE EXPIDA COPIA CERTIFICADA DE LOS CONTRATOS-ALIANZA, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSA MARÍA AVILÉS NÁJERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos diputadas y diputados federales de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta asamblea, la siguiente:
Proposición con punto de acuerdo, para solicitar al director general del organismo público Petróleos Mexicanos copia certificada de los "Contratos-Alianza", al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El gerente de Planeación de la Región Norte de Pemex Exploración y Producción manifestó públicamente el día 23 de febrero del año en curso, que el próximo mes de marzo, en uno de los yacimientos más viejos y desaprovechados, el campo Ébano-Pánuco-Cacalilao, en Tampico, será lanzado un nuevo esquema de contrato de obras y servicios, para que empresas privadas administren y extraigan crudo en yacimientos maduros, los cuales se encuentran abandonados por falta de recursos.
Asimismo, señaló que el nuevo esquema dará inicio a través de una licitación internacional denominada "Contrato-Alianza", cuyo objetivo es permitir a empresas nacionales o extranjeras operar, optimizar y desarrollar un campo maduro de petróleo.
Además, bajo este esquema, Pemex únicamente estaría obligado a pagar una cuota por el volumen que se produzca, manteniendo en su poder el crudo explotado, las reservas y las instalaciones, y por su parte, la empresa que se haya adjudicado el contrato, estará obligada a proveer la tecnología que se requiera, administrará la operación del pozo y podrá realizar las inversiones que libremente considere.
La diferencia que tiene este esquema, con los Contratos de Servicios Múltiples, es que en el primer caso se pagará de acuerdo al volumen entregado a Pemex, y en el segundo caso se paga independientemente de la producción; lo que provoca que la empresa adjudicada sepa de antemano si invierte o no.
Por otra parte, el servidor público referido, considera que es un simple contrato de obra y servicios que ya ha sido aprobado tanto por el área jurídica como por el órgano interno de control.
Como consecuencia de las manifestaciones vertidas, podemos advertir, que los Contratos de Servicios Múltiples al no ser atractivos para los inversionistas extranjeros, por el riesgo y las pérdidas que implican, deciden cambiar el esquema, no para cancelarlo por su evidente ilegalidad e inconstitucionalidad, sino para abrir y concederles más y mejores beneficios económicos a las petroleras extranjeras.
Por ello, es urgente y necesario, que Pemex antes de convocar a una licitación internacional, y en su caso, adjudicar los contratos, como representantes de la nación tenemos la obligación de revisar el contenido y alcance de los "Contratos-Alianza", para evitar que se siga infringiendo la Constitución.
Por lo anteriormente expuesto, y por considerarse de urgente resolución, nos permitimos presentar ante esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicite formalmente al director general del organismo público Petróleos Mexicanos, a efecto de que, a la mayor brevedad, remita copia certificada de los denominados "Contratos-Alianza" que han sido revisados tanto por el área jurídica como por el órgano interno de control de ese organismo, y en su caso copia de los anexos que los acompañan, incluyendo los dictámenes u opiniones emitidos que justifiquen su aprobación.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados.- México, Distrito Federal, a 1 de marzo de 2005.
Dip. Rosa María Avilés Nájera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL TITULAR DE LA SHCP, AL SECRETARIO TÉCNICO DEL IPAB Y AL DIRECTOR DE CINTRA A INFORMAR SOBRE LA OPERACIÓN PARA VENDER ÉSTA, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS GONZÁLEZ SCHMAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Con fundamento en los artículos 53 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, Jesús González Schmal, diputado federal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, presenta ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que se solicita al C. secretario de Hacienda, al C. secretario técnico del IPAB y al C. director de Cintra comparezcan a informar sobre la operación de la venta de Cintra, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En virtud de la trascendencia que, para la economía del país y su futuro y en cumplimiento de los artículos 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tendrá la enajenación de las acciones de las empresas áreas nacionales, Aeroméxico, Mexicana de Aviación, Aerolitoral y Aerocaribe; resulta imprescindible para esta H. Cámara de Diputados en ejercicio de sus responsabilidades representativas y en particular para la Comisión de Comunicaciones y la de Transportes citar a esta H. Cámara de Diputados para que comparezca a informar sobre la operación de venta de Cintra propalada por el IPAB y la dirección de la misma empresa del Estado a los titulares de estos organismos y al C. secretario de Hacienda que introdujo en la Ley de Ingresos de la Federación la venta de los títulos accionarios de las empresas señaladas.
La necesidad de esta información de primera mano se hace obligatoria debido a que tanto los datos publicados en boletines oficiales del IPAB, como la información financiera obtenida a través de la página web de Cintra, arrojaran graves dudas que requerimos dilucidar.
Es también motivación para sustentar nuestra petición el hecho irrebatible de que concesiones que legalmente deberían haberse otorgado a inversionistas mexicanos, como fueron las de ferrocarriles y en concreto la de la Red del Noreste, se burlaran las disposiciones legales mediante la triangulación de acciones de Transportación Ferroviaria Mexicana a favor de Kansas City Rail Way a través de un crédito liquidado con las acciones y autorizados por la Comisión de Inversiones Extranjeras.
Apoya también la presente solicitud el que, a pesar de que desde el pasado 21 de enero de 2005, está H. Cámara requirió la información objetiva sobre esta operación, se nos ofreció un supuesto informe ejecutivo que nunca se presentó por los responsables hoy nuevamente requeridos.
Por lo anteriormente expuesto, el que suscribe, diputado federal Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con base en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a la consideración de está soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- Se cita al C. secretario de Hacienda licenciado Francisco Gil Díaz; al C. secretario técnico del IPAB doctor Mario Beauregard Álvarez y al C. director de Cintra señor Andrés Conesa Labastida, a que comparezcan ante las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes a rendir el informe que se le solicita en el cuerpo de esta propuesta.
Palacio Legislativo, a 1 de marzo de 2005.
Dip. Jesús González Schmal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA CONOCER EL ESTADO QUE GUARDAN LOS MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, ANALIZAR LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS EXISTENTES E IMPULSAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA SU RESCATE, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN ADECUADOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 70 y 71 delReglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para conocer el estado que guardan los monumentos arqueológicos de la República Mexicana, analizar las políticas y programas públicos existentes e impulsar las medidas necesarias para su rescate, conservación y difusión adecuados.
Exposición de Motivos
Desde la conquista hasta nuestros días, se sigue destruyendo la presencia del pasado. Actualmente existen dos clases de vandalismo, aquel que tiene lugar en los sitios u obras que carecen de protección y otro, el que se lleva a cabo cuando hay una protección mal orientada. Cualquiera de los dos surge de la ignorancia, siendo mucho peor el del segundo caso.
En México no sólo no se fundieron los patrimonios de los pueblos indios y los colonizadores europeos, sino que tampoco se crearon las circunstancias que permitieran el desarrollo de significados indirectos positivos de cada cultura en relación con las demás; es decir, no existió un principio de comprensión y aceptación que hiciera posible la valoración positiva de la cultura del otro. Al dotar de significados negativos al patrimonio cultural ajeno se impidió la constitución de un patrimonio que se percibiera común, por lo que en México se generó una divergencia que incide en el problema de su conservación, revaloración y aprovechamiento. Así, la tenue identificación de los objetos culturales dominantes sólo permite un endeble compromiso popular con la defensa del patrimonio nacional.
La importancia que el Estado mexicano ha conferido a la preservación de los monumentos arqueológicos se expresó desde los inicios del siglo XIX, cuando apenas fundada la República se legisla prohibiendo la exportación de dichos bienes. A partir de entonces, los sucesivos gobiernos, han reiterado las políticas de conservación de los monumentos, incluyendo atinadamente, además de los prehispánicos, a los históricos y artísticos; aquéllos se han incorporado al orden normativo nacional en legislación diversa, como la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y su Reglamento.
Esta ley, determina que es de utilidad pública la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos artísticos e históricos y de las zonas de monumentos. Declara que son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles productos de las culturas anteriores al establecimiento de la cultura hispánica en el territorio nacional, así como los restos paleontológicos, ya sea humanos, o de flora y fauna.
Bajo una perspectiva crítica y propositiva, pero siempre dentro del marco legal e institucional en vigor, debemos analizar las prioridades de la defensa del patrimonio arqueológico, la degradación y dignificación de las zonas arqueológicas en su relación con el turismo, y los desafíos de la conservación del patrimonio arqueológico en un contexto de modernización.
Para los que comparten este enfoque el patrimonio cultural está formado por el acervo de los bienes culturales de una sociedad (que pueden ser tangibles o intangibles, y de origen propio o ajeno), en tanto sean necesarios para la reproducción social y cultural del pueblo que los sustenta como propios. Su valor patrimonial se establece por su relevancia en términos de la escala de valores de la cultura a la que pertenecen. En este sentido, el patrimonio cultural resultará de una construcción social, selectiva y arbitraria sólo en la medida en la que sea producto de interés de una cultura dominante por imponerse a otra, como sucede en los procesos coloniales, en donde unos valores se imponen como universales, mientras se niegan y excluyen los de las culturas dominadas.
De ahí que, en México no exista un patrimonio común a todos los mexicanos, sino diversos paurimonios pertenecientes a diferentes grupos sociales excluidos del proyecto cultural dominante. Lo que hay es un país caracterizado por diferencias culturales y desigualdades sociales, pretendidamente unificado por el proyecto cultural del grupo dominante colonizador, que busca construir una sola cultura nacional sustentada en la destrucción de las culturas particulares y en la imposición de sus propios valores.
Lo anterior ha traído consigo dos tipos de problemas: la imposibilidad de una política de protección que abarque la totalidad de los objetos culturales que forman el patrimonio cultural real del país, y la imposibilidad de los diversos pueblos y grupos sociales para identificarse con los bienes culturales seleccionados como patrimonio nacional.
Por ello, el reto es hacer de la cultura y el patrimonio nacional un campo de diálogo, de intercambio de experiencias, de conocimiento y reconocimiento mutuos, entre grupos sociales y culturales diferentes (que no desiguales), es decir, propiciar que la cultura nacional sea el marco institucional e ideológico que haga posible el desarrollo de diversas culturas.
Con el fin de que los mexicanos nos reconciliemos con la producción intelectual, como paso necesario para erradicar visiones parciales y modelos excluyentes de la sociedad nacional, es imperante hacer un análisis de las ideas y discusiones que han dejado huella en las formas de pensar y de sentir de los mexicanos en la época precolonial.
En el caso de México, dentro de los agentes que participan en la defensa, rescate, conservación/restauración, difusión y uso del patrimonio cultural sobresale el papel protagónico que el Estado ha desempeñado en la creación y mantenimiento de museos, en la conservación del patrimonio en custodia, así como de los monumentos arqueológicos e históricos.
La falta de control y vigilancia, la ignorancia y el desinterés así como otros factores que han dificultado la aplicación de la legislación relativa, han propiciado la realización de múltiples excavaciones clandestinas y de un activo comercio, en todo caso ilegal, de monumentos arqueológicos, dando como resultado una constante salida de estos bienes hacia otros países, para enriquecimiento de museos y colecciones privadas en el extranjero, en beneficio de quienes se dedican a este ilícito tráfico y con grave menoscabo del patrimonio cultural de la nación.
Es lamentable que múltiples monumentos arqueológicos mexicanos, insustituibles y de excepcional valor artístico y científico se encuentren formando parte de museos y colecciones fuera del territorio nacional.
La historia de México se remonta a más de 30 mil años, aunque se considera que las investigaciones arqueológicas prioritarias deben realizarse sólo en zonas monumentales, aquellas que pueden ser visitadas por un turismo que ingrese divisas al país, y no para estudiar a fondo nuestra historia. No me opongo en lo más mínimo al turismo, es una fuente de ingresos que debe encausarse eficientemente. Lo que considero urgente es desarrollar una adecuada organización, una coordinación eficiente de las investigaciones arqueológicas, que responda a una política planificada, con claros objetivos, no sólo con miras al turismo. Los proyectos de investigación arqueológica deben integrar tanto la reconstrucción de las estructuras y su mejor conservación.
Considero que los mexicanos debemos tener respeto por ese pasado, una conciencia sólida, clara de lo que somos y hemos sido a través de más de 30 mil años. El patrimonio cultural y la soberanía son nociones que se entrelazan en la historia y, en particular, en la historia nacional, se retroalimentan y son elevadas a valores ideológicos y políticos, por los cuales se han constituido en los pilares sustantivos y continentes del nacionalismo mexicano. De ahí que el menor esbozo de agravio o afectación en contra del patrimonio cultural de la nación, se traduce en atentado contra una de las fibras más sensibles de la sociedad: la mexicaneidad.
En razón de lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se crea una Comisión Especial con el objeto de conocer el estado que guardan los monumentos arqueológicos de la República Mexicana, analizar las políticas y programas públicos existentes e impulsar las medidas necesarias para su rescate, conservación y difusión adecuados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2005
Dip. María Elena Orantes López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ANALIZAR Y PONDERAR LA REMOCIÓN DEL DIRECTOR DEL CONACYT, A CARGO DEL DIPUTADO OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado, Omar Ortega Álvarez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Son del dominio público las protestas e inconformidades de diversos sectores de la comunidad científica, investigadores jóvenes y becarios por las decisiones y actitudes unilaterales, revanchistas y ajenas a los intereses científicos y tecnológicos del país del director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnológica (Conacyt), Jaime Parada Ávila.
Desde su llegada al Conacyt, Jaime Parada se ha caracterizado por actuar en detrimento del rumbo y avance de este importante sector para el país. En particular, ha intentado a toda costa acabar con el modelo de los Centros Públicos de Investigación, a través de una política de dispersión y confrontación. Al no poder hacerlo, ha terminado por utilizarlos como caja chica e imponer un estilo vertical y autoritario que de nada sirve en el medio científico.Hoy, Jaime Parada refrenda su actitud revanchista y ajena a los intereses científicos y tecnológicos del país. En especial, vuelve a mostrar su desinterés al trabajo de los Centros Públicos de Investigación y nuevamente intenta asfixiarlos por la vía presupuestal.
Esto, que es de por sí grave, tiene un ingrediente más y que de ninguna manera puede permitir esta soberanía, pues se ha burlado de las facultades de la Cámara de Diputados al violar el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, en lo concerniente a los recursos adicionales que aprobamos destinar al sector de ciencia y tecnología, contenidos específicamente en el Ramo 38.
Los hechos hablan por sí mismos:
El 18 de noviembre de 2004, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una ampliación por 1 mil 500 millones de pesos al Ramo 38 (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), que resultó afectada con una disminución de 251.2 millones de pesos; por lo que la ampliación neta fue de 1 mil 248.8 millones de pesos.
Al margen de eso, en el Anexo 19 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (página 111 del Diario Oficial de la Federación), la ampliación de 1 mil 500 millones de pesos fue distribuida así: 500 millones para los Centros Públicos de Investigación y 1 mil millones para la Dirección General del Conacyt. En el mismo Anexo 19, esta distribución fue etiquetada, por capítulo de gasto y por programas específicos, de la siguiente manera:
Los 500 millones de pesos para los Centros Públicos de Investigación, fueron etiquetados así: 200 millones de pesos para Materiales y Suministros (Capítulo 2000), Servicios Generales (Capítulo 3000) y Becas (Capítulo 4000); y 300 millones de pesos para la Adquisición de Bienes (Capítulo 5000) y Obra Pública (Capítulo 6000).
Los restantes mil millones de pesos para la Dirección del Conacyt fueron etiquetados de la siguiente manera: Programa de repatriación de científicos y tecnólogos, 100 millones de pesos; Fondos Mixtos, 300 millones de pesos; Programas Sectoriales, 500 millones de pesos; Programa Avance, 50 millones de pesos; y Desarrollo Tecnológico, 50 millones de pesos.
Sin embargo, en lo que se conoce técnicamente como la integración del presupuesto, en el documento denominado "Analítico del Presupuesto de Egresos", publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su página de Internet, resulta que la dirección general del Conacyt asignó a los Centros Públicos de Investigación únicamente 55 millones 272 mil 127 pesos, de la siguiente manera:
Transferencias para contratación de servicios: 22 millones 668 mil 187 pesos (partida 4303).
Transferencia para adquisición /134242n de materiales y suministros: 1 millón 483 mil 133 pesos (partida 4302).
De acuerdo con el Clasificador por Objeto de Gasto, de la SHCP, la partida 4308 se destina, textualmente, para:
Esa actitud de Jaime Parada, como señalamos anteriormente, no es nueva. Larga es la lista de atropellos, desatinos y conflictos que ha provocado el director del Conacyt, pero por respeto a su tiempo únicamente mencionaré algunos de esos hechos como los siguientes:
Intentó desaparecer el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República; pretendido dispersar a los Centros Públicos de Conacyt, a través de una iniciativa de Ley; canceló abruptamente este año el Programa de Repatriación y Retención de Científicos y Tecnólogos y otros programas importantes para el desarrollo de la investigación y el fortalecimiento de la comunidad científica; suprimió irresponsable los comités evaluadores de pares y en su lugar, instaló una política de discrecional en la asignación de apoyos; puso en cuestionamiento el padrón de posgrados de excelencia y ha mantenido una política de desinterés al respecto, misma que incluso pareciera dirigida a trasladar esa responsabilidad a la Secretaría de Educación Pública.
A finales del año pasado, un grupo de científicos de la Académica Mexicana de Ciencias documentó públicamente que el actual director de Conacyt ha desviado recursos a empresas privadas, mediante el apoyo a programas ajenos al desarrollo científico. Aún cuando los científicos desconocen el monto de los desvíos, están integrando las evidencias de ese tipo de irregularidades, para solicitar formalmente a la Cámara de Diputados que la Auditoría Superior de la Federación audite al Conacyt.
Una de las pruebas irrefutables es el Diario Oficial de la Federación de los años 2001, 2002 y 2003 que constatan que más de 400 grandes empresas entre locales y transnacionales, han sido beneficiadas con recursos públicos por el Conacyt, como son: BMG Entertainment México, General Motors, IBM de México Comercialización y Servicios, Hitachi Global Storage Technologies México, Hewllett Packard de México, Motorota de México, Ericsson Telecom, Du Pont México, Bimbo, Barcel, Brito Corporativo, Vitro Automotriz, servicios Condumez, Banco Inbursa y Comercial Acros Whirpool, así como los hospitales particulares Ángeles y Médica Sur, entre otras.
Basten dos ejemplos: la disquera BMG Entertainment México, a la que en el ejercicio de 2001 el monto del estímulo fiscal otorgado por el proyecto con la clave BEM-961021-S83/2001-2 ascendió a 5 millones 150 mil pesos. En tanto, en el ejercicio 2003, a Hewlett Packard de México que ha sido beneficiada con 12 proyectos, la cantidad del estímulo entregado tan sólo a uno de ellos, con clave HME-871101-RG3/2003-10, fue de 4 millones 960 mil 286 pesos. En el mismo año, a la empresa ganaderos Productores de Leche Pura, con la clave de proyecto GLP-860521-FW8/2003-1, se le otorgó un estímulo de 7 millones 967 mil 280 pesos.
Un hecho por demás lamentable es la cancelación del Programa de Repatriación y Retención de Científicos y Tecnólogos, que irresponsablemente el Conacyt abrió primero la convocatoria y luego la cerró, dejando en la incertidumbre a 300 investigadores que se encuentran en el extranjero y quieren regresar al país, pero no lo pueden hacer por esa miopía de Parada Ávila.
Esa falta de visión también se registró en julio pasado cuando canceló de manera inesperada la ampliación del plazo de las becas a los estudiantes de postgrado, afectando la situación académica y la residencia de los becarios en distintos países. La intervención de los legisladores del PRD hizo que dieran marcha atrás a esa medida. El menosprecio hacia los investigadores jóvenes es patente, dada su negativa para la creación de nuevas plazas y al apoyo para programas o proyectos en los que participa una nueva generación de científicos.
En un análisis reciente, la comunidad científica del país, encabezada por el director de la Academia Mexicana de Ciencias, Octavio Paredes, Rosaura Ruiz, Alejandro Frank, José Luis Reyna, Rafael Loyola, Alberto Azis Nasif, señala que, de manera sistemática, la administración del Conacyt ha provocado y sostenido enfrentamientos y desacuerdos con los organismos representativos de las comunidades científicas y académicas, entre ellos los siguientes:
Con la Academia Mexicana de Ciencias ha mantenido visiones encontradas sobre el quehacer científico y tecnológico, y en represalia le ha reducido los recursos; con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior son conocidos sus desacuerdos con las principales universidades públicas y también han sido abiertos sus conflictos con los ahora llamados Centros Públicos Conacyt, a los cuales incluso pretendió dispersar a través de una iniciativa legislativa. De igual manera, son conocidos sus enfrentamientos y desacuerdos con la Secretaría de Hacienda y Crédito y con la Secretaría de Educación Pública; y sus constantes tensiones con la Secretaría de la Función Pública.
El Programa Especial de Ciencia y Tecnología se caracteriza por su pobreza hacia la ciencia; las iniciativas de ley, tanto para la política científica y tecnológica como para la reestructuración del Conacyt, se caracterizan por el avasallamiento de la innovación sobre las otras responsabilidades, que se refleja en el énfasis al viejo concepto de "investigación aplicada", la búsqueda de los "negocios" como muestra de la "utilidad" de la ciencia, el relego y menosprecio de la comunidad científica en la toma de decisiones, el desconocimiento del papel de la universidad pública en la investigación y la formación de sus obligados cuadros de renovación, el menosprecio hacia las humanidades y una visión centralizadora-burocrática de las decisiones.
La Dirección del Conacyt ha desconocido los ámbitos de responsabilidad que tiene asignados en la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo. A esta última, los legisladores la dotaron de un contenido eminentemente científico, para lo cual también se diseñaron instancias de participación de la comunidad científica con objeto de que tuviera injerencia en la definición de las políticas. Empero, en la práctica la administración de los tecnólogos ha ignorado las reformas y ha actuado al margen de lo que debieran ser sus responsabilidades, dando como resultado acciones que poco tienen que ver con una política científica.
Dicho de otro modo, se tiene una ley científica que está instrumentada por una concepción sesgada de la tecnología, misma que se caracteriza por su divorcio de la generación del conocimiento. Por lo mismo, además de que se rompió erróneamente una continuidad de treinta años que estaba dando frutos, se ha provocado un riesgoso y torpe enfrentamiento entre científicos y tecnólogos.
La administración del Conacyt se caracteriza por una visión unilateral de la ciencia y la tecnología, poco profesionalismo, soberbia y alta de inestabilidad. Así, a escasos dos años de que concluya la actual administración gubernamental, no hay un equipo serio y profesional de dirección. Por lo mismo, predominan decisiones improvisadas y falta de continuidad en áreas de responsabilidad, entre ellas, las direcciones adjuntas de ciencia, de redes y grupos de investigación y de internacionales.
Hacia el modelo de Centro Público de Investigación y respecto a los Centros Públicos Conacyt la gestión del Consejo ha sido por demás desafortunada y errática. Si se toma en cuenta que la anterior administración del Conacyt tuvo la virtud de dar forma a un nuevo modelo público de generación de conocimiento y formación especializada, se puede concluir que la actual Dirección General del Conacyt no solo no entendió lo que significaba continuar el trabajo, sino que prácticamente no ha hecho nada significativo.
En el discurso del titular del Conacyt, la ciencia sigue siendo un elemento decorativo y pretexto para buscar más fondos públicos, continúa defendiendo como logros principales la Ley de Ciencia y Tecnología y la instrumentación de fondos sectoriales, y mantiene una política de sumisión y devoción al titular del Ejecutivo Federal que se percibe anticuado en la época de la alternancia.
Por tanto, el desatino de la política en ciencia y tecnología impulsada por la administración del Conacyt se puede resumir en lo siguiente: falta de continuidad en los avances en el ramo; pobres resultados si se toma en cuenta que se le duplicaron los recursos presupuestales y tuvo el apoyo del legislativo para impulsar el sector; desinterés en la ciencia, debilitamiento de la comunidad científica al obstaculizar su renovación y crecimiento, desinterés en la formación de los cuadros que se requieren para el sector, falta de correspondencia entre las metas proyectadas y su cumplimiento, dispendio de fondos públicos y dudas razonables respecto a los resultados de su política en materia de innovación. En suma, se carece de una política en ciencia y tecnología.
Por todo lo anterior, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados, respetando en todo momento el principio de división de poderes, exhorta al Ejecutivo federal a fin de que analice y pondere, en ejercicio de sus facultades, la remoción del director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Jaime Parada Ávila.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2005.
Dip. Omar Ortega Álvarez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SAGARPA A INSTAURAR EN COORDINACIÓN CON GOBIERNOS ESTATALES Y ORGANIZACIONES GANADERAS UNA CAMPAÑA DE ERRADICACIÓN DE LA TUBERCULOSIS BOVINA Y BRUCELOSIS, A CARGO DEL DIPUTADO ENRIQUE GUERRERO SANTANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Enrique Guerrero Santana, integrante de esta H. LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 Y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y relativos, pone a la consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa de Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a fin que, en coordinación con los gobiernos estatales y asociaciones ganaderas instrumente, de manera permanente, una campaña de erradicación de la tuberculosis bovina y brucelosis para declarar libre a las regiones y estados de nuestro país, con el propósito de asegurar que los mexicanos consuman carne sana y de calidad, así como no tener dificultades para exportar debidamente nuestro ganado acorde con la siguiente
Exposición de Motivos
En 1993 se creó la Comisión Nacional para la Erradicación de la Tuberculosis Bovina y Brucelosis con el fin de canalizar mayores recursos para que tanto los productores como los gobiernos estatales y el federal, enfrentaran el problema sanitario.
De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de la Sagarpa, a ocho años de haber entrado en vigor las Normas Oficiales contra la tuberculosis y la brucelosis, solo los estados de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, están en la fase de erradicación de la tuberculosis, mientras que el resto de las entidades se encuentran en la fase de control.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos sólo reconoce 18 regiones mexicanas de baja prevalencia de tuberculosis, de las cuales 12 pueden exportar con una sola prueba, 5 con pruebas de hato y de lote y la región centro-norte de Sonora se considera como la única de nuestro país que no requiere pruebas para exportar a aquel país ganado castreado.
Se estima que los animales infectados de esta enfermedad generan pérdidas de aproximadamente 17% en la producción de leche. Ante esta situación, es de suma importancia reducir los posibles contagios al ser humano por el contacto directo con los animales infectados o por el consumo de leche o sus derivados que no han sido pasteurizados.
De acuerdo con la información del Senasica, 64 municipios de la zona norte de Sonora se encuentran acreditados como libres de brucelosis, mientras que la zona sur de este mismo estado y Yucatán, se encuentran en la fase de erradicación; el resto se encuentra en la fase de control.
La brucelosis provoca una reducción en la fertilidad del hato por el alto índice de abortos, así como nacimientos de becerros débiles y de bajo peso al destete, además de pérdidas en la producción de leche estimadas en un 20%.
En ese sentido, el suscrito, diputado Federal Enrique Guerrero Santana, integrante de esta H. LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y relativos, pone a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a fin de que, en coordinación con los gobiernos estatales y asociaciones ganaderas, instrumente de manera permanente una campaña de erradicación de las tuberculosis bovina y brucelosis para declarar libres las regiones y estados de nuestro país, con el propósito de asegurar que los mexicanos consuman carne sana y de calidad, así como no tener dificultades para exportar debidamente nuestro ganado.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 1 de marzo de 2005.
Dip. Enrique Guerrero Santana (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REAJUSTAR AL ORDEN CONSTITUCIONAL LAS ACTIVIDADES MILITARES EN EL ESTADO DE GUERRERO, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO CHAVARRÍA VALDEOLIVAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
En mi calidad de diputado federal y como integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, en virtud de las siguientes
Consideraciones
La militarización en el estado de Guerrero ha sido una práctica cotidiana de manera ancestral. Esta realidad se ha acrecentado a partir de 1994, ante los acontecimientos observados en el sur del país y con el consiguiente temor de Estado de una rebelión de mayor escala. Desde entonces, en esta entidad se ha ordenado un despliegue militar sin precedente. Los militares se han insertado en la población civil con el pretexto de realizar labores sociales, de practicar presuntas campañas de despistolización y ejercicios diversos de combate del narcotráfico.
Destaca el hecho de que a partir de 1996, con la aparición del autodenominado Ejército Popular Revolucionario, se reanudaron los operativos exacerbados que conllevaron a estadios de represión, cateos domiciliarios y frecuentes detenciones arbitrarias e indiscriminadas a la población.
En la actualidad, el Ejército ha procedido a la instalación de más bases militares y con mucha frecuencia ha tomado decisiones al margen de las autoridades civiles. Esta situación la observamos cuando impiden el libre tránsito de los ciudadanos y aun de los medios de comunicación; cuando se aísla e incomunica a los detenidos; cuando no se brinda el auxilio suficiente a los damnificados; cuando hay interrogatorios y traslados ilegales a las zonas militares sin mediar mandamiento escrito alguno.
El Ejército Mexicano, nuestro Ejército federal, no obstante su merecido rango de guardián de la patria y garante de la soberanía nacional, ha sido frecuentemente factor de atemorización en la vida diaria de los guerrerenses.
Centralmente, en las zonas rurales se observa a la población civil guardar un temor fundado hacia los militares. Existen comunidades serranas en donde su presencia representa más un motivo de miedo que un elemento de seguridad. De frente a sus patrullajes nadie quiere estar. Los hombres huyen, las mujeres se encierran en sus casas y los niños no van a la escuela. Con todo ello, no pocas veces se han violentado las garantías individuales y se han trastocado particularmente las previsiones del artículo 129 constitucional, vulnerándose así nuestro Estado de derecho.
Por lo expuesto, solicito a esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Exhortar al Ejecutivo federal a reajustar, de conformidad con lo que establece el artículo 129 de nuestra Carta Magna, las actividades militares al orden constitucional en el estado de Guerrero.
Dip. Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA; DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS; DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; Y ESPECIAL SUR-SURESTE QUE REALICEN UNA REUNIÓN EN VILLAHERMOSA, TABASCO, PARA EVALUAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA ZONA FRONTERIZA CON CENTROAMÉRICA, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO HERRERA LEÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y al tenor de las consideraciones que ofreceré, someto a la aprobación de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que se realice una reunión con las comisiones antes referidas en Villahermosa, Tabasco, con el propósito de evaluar el ejercicio de los recursos asignados para la zona fronteriza con Centroamérica.
Por muchos es sabido, que en días pasados el Presidente de Guatemala, realizó una gira de trabajo al Estado de Tabasco, en el marco de esta, se lograron importantes acuerdos, los que fundamentalmente buscan una mayor integración económica y comercial de la región sur sureste de nuestro país con Centroamérica.
Esta Cámara, en el ámbito de sus competencias, no puede ser ajena a las tareas promotoras del desarrollo que mandata nuestra Constitución Política en su artículo 25. En este mismo sentido, atendiendo las premisas establecidas en ese dispositivo constitucional, considero que esta Cámara esta obligada a revisar de manera integral y bajo criterios más exhaustivos, el impacto de la legislación vigente en las zonas fronterizas.
Es importante destacar, y es del conocimiento de todos, que los procesos sociales y económicos, presentan características diferenciadas en estas regiones, frente a las del resto del país. En esas zonas, se observa que las instituciones son rebasadas por problemas sociales, que sin duda requieren de acciones y estrategias distintas para su solución. Y es por eso, y es el objeto de este punto de acuerdo, que considero convocar a una reunión de las comisiones mencionadas al principio de mi intervención, en la región de la frontera sur.
Estimo también que resulta oportuno, realizar esta reunión por los acuerdos derivados de la reciente visita del Presidente de Guatemala a nuestro país, en los que se logró abordar asuntos de la agenda bilateral de trascendencia en la integración comercial de nuestro país con los mercados de Centroamérica.
Los temas de esa agenda bilateral, deben también ser abordados por esta Cámara en el marco de sus competencias legislativas, por destacar algunos, el tópico de la migración requiere una revaloración por parte del gobierno y nuevas estrategias, ya que como todos sabemos, el tráfico ilegal de personas, así como los flujos migratorios impactan no sólo en la economía, sino también en los índices delictivos. Esta Cámara, por esos motivos autorizó la asignación de presupuesto para la instalación de un puerto fronterizo permanente en Tabasco, para hacer frente y establecer los controles necesarios para regular y registrar los flujos de personas y mercancías.
Este puerto fronterizo, también coadyuvara en los controles sanitarios, para que no se propaguen enfermedades dentro del país que amenacen la salud de los mexicanos.
Un tema de la mayor relevancia en esta reunión, sería el del impulso al turismo, con reformas a la legislación y medidas que esta Cámara pueda impulsar para lograr una integración más eficaz del mundo maya, en la que los estados de Tabasco y Chiapas establezcan una mejor vinculación con la región del Petén en Guatemala.
De igual forma, y así coinciden muchos diputados federales de la región, es de toda la relevancia revisar el tema fiscal, ya que es un problema creciente que afecta no sólo a la economía de la región, sino a la del país, la introducción y comercialización de productos de baja calidad, sin la regulación fiscal correspondiente, lo que propicia una competencia desleal con los productores mexicanos.
Respecto a la regulación fiscal, también habría que revisar, el establecimiento de zonas preferenciales, así como el IVA en la frontera sur.
Por todo lo expuesto anteriormente, los diputados priístas que suscribimos, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y la Comisión Especial sur-sureste, realicen una reunión en Villahermosa, Tabasco, con el propósito de evaluar el ejercicio de los recursos asignados para la zona fronteriza con Centroamérica.
Dip. Francisco Herrera León (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A SOLICITAR LA RENUNCIA DEL C. LUIS RAMÍREZ CORZO COMO DIRECTOR GENERAL DE PEMEX, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE MARTÍNEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Ejecutivo federal a solicitar la renuncia del C. Luis Ramírez Corzo como director general de Petróleos Mexicanos.
El suscrito, Jorge Martínez Ramos diputado federal a la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El Ejecutivo federal, a quien corresponde por mandato constitucional dirigir la política nacional de hidrocarburos, ha iniciado a través de Petróleos Mexicanos una nueva embestida a los intereses nacionales en materia energética al poner el pasado jueves 24 de febrero, frente a diversos medios de comunicación al gerente de Planeación de la Región Norte de Pemex Exploración y Producción, Antonio Narváez Ramírez, para anunciar la puesta en marcha de un nuevo esquema de contratos de obras y servicios que llamó "Contrato Alianza", para que empresas privadas administren y extraigan crudo en yacimientos maduros, actualmente abandonados, bajo el argumento de que Pemex no cuenta con los recursos necesarios para explotar dichos yacimientos y requiere de la inversión de capital privado.
En días anteriores la estrategia de comunicación social del Ejecutivo en relación al tema fue lanzar insistentemente diversas amenazas y alertas en cuanto al inminente colapso de la paraestatal, manipulando incluso la situación de los derrames de crudo ocurridos en el estado de Veracruz.
Tales declaraciones constituyen un nuevo engaño al pueblo de México, y son, de nueva cuenta la reincidencia de Pemex en la figura conocida como contrato de servicios, cuya legalidad ha sido ya impugnada y se debate hoy por ello en los tribunales.
Es evidente que la intención de apertura del sector energético a los capitales e intereses privados constituye una prioridad tan alta del gobierno del Presidente Fox, que amerita por una parte una política de medios francamente terrorista y por otra la imposición de la misma vieja estrategia disfrazada de nuevo esquema, a toda costa, inclusive por encima de la legalidad que tanto dice defender.
No hace falta recordar al Presidente que nuestra Constitución establece claramente en su artículo 27 que en tratándose del petróleo y de los hidrocarburos, no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado.
Naturalmente esta disposición constitucional, cuyo objetivo es proteger a favor del pueblo mexicano un recurso fundamental para el desarrollo del país, es bien conocida por el presidente y los directivos de la paraestatal, sin embargo y ante su fracasada reforma aperturista, han decidido concentrar su artillería, no ya en la reforma energética, sino en la aplicación de facto de nuevos esquemas de apertura cuya constante es que se están completamente al margen de la legalidad. Los Contratos de Servicios Múltiples, en la práctica significan la entrega de los recursos energéticos, pues a través de ellos se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias derivadas de la explotación de hidrocarburos. La situación de controversia legal en que se encuentran estos contratos, no ha impedido, inexplicablemente, que el mismo 24 de febrero, la paraestatal adjudicara el tercer contrato de servicios múltiples a un consorcio integrado por empresas de México, Colombia y Venezuela, para obras de desarrollo en campo de gas en la cuenca de Burgos.
El pretexto de que la paraestatal no cuenta con recursos ni la tecnología para extraer petróleo, es solo eso, puesto que como es conocido, las multinacionales como Shell, Exxon, Mobil, British Petrolum o Totalfina, sólo participan en estos negocios compartiendo riesgos.
Se trata simplemente de disfrazar la misma figura de Contratos de Servicios Múltiples, para llevarlas bajo un nuevo nombre a la exploración y explotación de crudo, y con ello permitir que sean las trasnacionales las que lleven a cabo la exploración y explotación de nuestros recursos energéticos a cambio de grandes ganancias y endosando de paso a la paraestatal las enormes deudas que se crean a través de los Proyectos de Inversión con Impacto Diferido en el Registro de Gasto conocidos como los Pidiregas.
Por lo antes expuesto, ponemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal a separar de su cargo al C. Luis Ramírez Corzo como director general de Petróleos Mexicanos y en su lugar nombre un nuevo director con compromiso, experiencia, honradez y capacidad probada en el sector energético.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2005.
Dip. Jorge Martínez Ramos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE ESTA SOBERANÍA QUE SOLICITE AL IFE UN INFORME DE FACTIBILIDAD DE CADA UNA DE LAS INICIATIVAS CONTENIDAS EN EL PREDICTAMEN ELABORADO POR LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO EL DIAGNÓSTICO DE LAS POSIBLES OPCIONES PARA FISCALIZAR Y REGULAR LAS PRECAMPAÑAS, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO MURAT HINOJOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Alejandro Murat Hinojosa, diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración ee esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Considerandos
Que existe un consenso entre las fuerzas políticas representadas en esta Cámara sobre la urgencia de reformar diversas instituciones electorales para que la competencia política se dé sobre bases más sólidas de equidad, imparcialidad y transparencia.
Que es un reclamo de la sociedad el concentrar los esfuerzos políticos en la solución de sus problemas cotidianos; el prever las condiciones de desarrollo del país y generar un marco institucional adecuado, es decir, ocuparse de las cuestiones más urgentes, y -contrario a lo que sucede- agotar la mayor parte de las discusiones públicas en torno a las aspiraciones de los políticos y de la sucesión adelantada.
Que, actualmente, esta Cámara analiza y consensa diversas iniciativas presentadas por legisladores de varios partidos y del Ejecutivo federal, y ha realizado trabajos sistemáticos a través de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Participación Ciudadana, que han elaborado un predictamen correspondiente.
Que estas iniciativas son, en conjunto, una valiosa aportación para perfeccionar los sistemas de partidos y electoral, sobre todo ante la realidad de gobiernos divididos y de alta competencia y polarización electoral.
Sin embargo, para legislar con responsabilidad y eficiencia, es menester contar con un estudio de factibilidad de ejecución de tales disposiciones por parte de quien sería, en la mayoría de los casos, la autoridad responsable de aplicarlas: el Instituto Federal Electoral; así como de quien resolvería de las controversias, en su caso, que se susciten por la aplicación de las mismas: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Por anteriormente expuesto, solicito a esta H. Asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que el Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara solicite atentamente al Instituto Federal Electoral un informe de factibilidad de cada una de las iniciativas contenidas en el predictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación, de Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana de esta Cámara, así como el diagnóstico de las posibles alternativas para la fiscalización y regulación de las precampañas, para que sea considerado en la discusión respectiva.
Segundo. Que el Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara solicite atentamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su opinión sobre la concordancia con la disposiciones electorales correlativas de cada una de las iniciativas contenidas en el predictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación, de Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana de esta Cámara.
Palacio Legislativo, 1 de marzo de 2005.
Dip. Alejandro Murat Hinojosa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA QUE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS MULTAS IMPUESTAS POR EL IFE SE DESTINEN A LOS CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN DEL CONACYT, PARA LA CREACIÓN DE PLAZAS DEL PERSONAL ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN, Y AL GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Omar Ortega Álvarez, diputado a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
El 28 de octubre de 2004, presentamos un punto de acuerdo a efecto que se incluyera en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 recursos por 600 millones de pesos para los Centro Públicos de Investigación coordinados por Conacyt, y fueran etiquetados dichos recursos en el Ramo 38 (Ciencia y Tecnología), dentro del Ramo 23 "Previsiones Salariales y Económicas", en su anexo 10 en el rubro II "Creación de Plazas". En lo referente a los recursos para la operación e inversión se propuso la creación de una clave presupuestal específica para los Centros dentro del Ramo 38.
Previo a la aprobación del presupuesto de 2005, representantes de la comunidad científica y tecnológica del país documentaron ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados los requerimientos de mayores recursos, dado que la propuesta presupuestal del Ejecutivo implicaba una reducción de real de 14% en relación al presupuesto aprobado de 2004 (7,705 millones de pesos) y, al cierre estimado del mismo, un decremento real de 12.8%.
En particular, los recursos fiscales asignados a los 27 Centros Públicos de Investigación coordinados por Conacyt presentaban una disminución real de casi 11 por ciento respecto a 2004; pero incluso se preveía que los decrementos pudieran impactar negativamente hasta casi 60 por ciento en las funciones sustantivas de algunos de esos centros.
Esta soberanía dio respuesta a la solicitud de la comunidad científica del país para que se destinaran mayores recursos al sector científico y tecnológico. Si bien es cierto, que los recursos adicionales aprobados no son los requeridos, se buscó resarcir de alguna manera los deficitarios presupuestos.
Así, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, en el Anexo 19, esta Soberanía aprobó recursos adicionales por 1 mil 500 millones de pesos, para el Ramo 38, de los cuales 500 millones de pesos se etiquetaron a los Centros Públicos de Investigación y 1 mil millones al sector central del Consejo de Ciencia y Tecnología.
Asimismo, en el mismo Decreto se estipula, en su artículo 21, inciso k), que los recursos provenientes de las multas que aplique el Instituto Federal Electoral de conformidad a su ley, serán reasignados para ciencia y tecnología, en el Ramo 38, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
A través de ambas acciones, esta soberanía refrendó su interés y decisión de apoyar el sector científico y tecnológico del país, cuyo presupuesto ha venido decreciendo de manera grave en los últimos tres años.
Adicionalmente, existe el problema de que las autoridades del Conacyt se han caracterizado por la discrecionalidad en la asignación y distribución de los recursos del sector. Baste mencionar, que en el denominado proceso "integración" del presupuesto, este año las autoridades del Conacyt se adjudicaron la mayor parte de la ampliación aprobada por esta soberanía para el Ramo 38.
Esa práctica recurrente de las autoridades del Conacyt hace necesario que se solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que los recursos derivados de las multas que imponga el Instituto Federal Electoral sean aplicados realmente a las tareas de investigación y desarrollo tecnológico.
Es por ello, que el punto de acuerdo que estamos presentando es indispensable para evitar que, una vez, las autoridades del Conacyt hagan uso discrecional y unilateral de los recursos que esta Soberanía ha aprobado por el bien del desarrollo científico y tecnológico del país.
Por lo anteriormente expuesto, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito proponer al pleno de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Con base en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, la Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que destine los recursos provenientes de las multas impuestas al Instituto Federal Electoral a cada uno de los Centros Públicos de Investigación de Conacyt para Materiales y Suministros (Capítulo 2000), Servicios Generales (Capítulo 3000), Becas (Capítulo 4000), Adquisición de Bienes (Capítulo 5000) y Obra Pública (Capítulo 6000); así como al Programa de Repatriación de Científicos y Tecnólogos, a los Fondos Conacyt y a los Programas Sectoriales de Conacyt.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2005.
Dip. Omar Ortega Álvarez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARENCIA ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL LICENCIADO SANTIAGO CREEL MIRANDA, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, PARA QUE INFORME SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO CON ESTA SOBERANÍA DE RESOLVER EL ACUERDO RELATIVO A LA CASETA DE COBRO GUADALAJARA-ZAPOTLANEJO, A CARGO DEL DIPUTADO DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura David Hernández Pérez, Sergio Armando Chávez Dávalos, Francisco Javier Guízar Macías, Enrique Guerrero y José Manuel Carrillo Rubio, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo bajo los siguientes
Antecedentes
El pasado 15 de febrero se presentó ante esta soberanía el secretario de Gobernación, licenciado Santiago Creel Miranda, quien en su comparecencia se comprometió a resolver el cumplimiento de un acuerdo firmado el 9 de diciembre del año 2004 en las instalaciones de la propia Secretaría de Gobernación.
En la comparecencia ante este Pleno se comprometió diciendo que le haría honor a su palabra, y que esa misma semana nos recibiría para buscar resolver de manera inmediata, para ser precisos de manera textual dijo:
"Efectivamente, ya está el padrón, efectivamente ya hay una reducción de tarifas que falta por decidirse instrumentarse. Hemos estado en contacto con Capufe y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hay ahí algunas cosas que todavía tenemos que solventar, pero el ánimo de la Secretaría de Gobernación, que quede muy claro, es resolver el problema, no administrarlo, no alargarlo, lo queremos resolver y con mucho gusto durante esta semana lo puedo recibir y precisar aquello que haga falta, para que inmediatamente le encontremos su solución, pero hay un compromiso por parte de la Secretaría y más allá de la Secretaría, por parte del gobierno del Presidente Fox".
Al día siguiente de la oficina del secretario se nos informó de la cita para el viernes 18 de febrero a las 12:00 horas, a la que acudimos los diputados Sergio Chávez Dávalos, Francisco Javier Guízar Macías, José Manuel Carrillo Rubio así como el de la voz, siendo recibidos en principio por el doctor Ochoa y el ingeniero Fierros, quienes colaboran con el secretario Creel, y quedaron a cargo del asunto.
Iniciada la búsqueda de solución nos dimos cuenta de la poca seriedad que estos funcionarios le dieron al problema e incluso uno de ellos intento actuar con cierta prepotencia, situación que no permitimos ninguno de los diputados, la falta de respeto a esta soberanía fue clara cuando nos dimos cuenta de que después de la comparecencia del secretario intentaban que iniciáramos con las pláticas como meses atrás.
Después de precisarles que lo que solicitábamos era que se cumpliera el acuerdo firmado y aclararles del compromiso que el secretario realizó en esta Cámara de Diputados, no quedo más que esperar la llegada del licenciado Creel.
Una vez que el secretario llegó acordamos que a más tardar el miércoles 23 del presente tendríamos la respuesta de cómo iniciaríamos la implementación de los acuerdos, situación que hasta la fecha no ha sucedido, recibiendo como estrategia de prolongar para resolver del ingeniero Fierros el pretexto de que FARAC se reuniría esta semana para tratar de acordar el cumplimiento del acuerdo.
Esta falta de responsabilidad, la falta de criterio para resolver una situación que estaba concertada, esta a punto de desatar actos de violencia en la región donde se ubica la caseta mencionada, ya que los vecinos que sólo tenían el sentimiento de que los estaban robando, ahora consideran que el gobierno se burla de ellos, no sólo por el padrón que se capturó sino porque han estado al pendiente de los acontecimientos y confiaron en que el compromiso que el secretario de Gobernación hizo ante esta soberanía sí lo cumpliría, pero no ha sido así, por lo que están dispuestos a derribar la caseta sin medir consecuencias.
Para fortalecer la decisión de apoyo y pueda contar con mayor información esta soberanía, me permito presentar un breve resumen de la situación que enfrentamos:
Hace mas de 37 años como es públicamente conocido se instaló la plaza de cobro 159 correspondiente a la autopista Guadalajara-Zapotlanejo ubicada en el municipio de Tonalá, Jalisco, esta caseta tiene ingresos diarios de hasta por 2 millones 200 mil pesos, siendo la segunda caseta de mayor captación de recursos a nivel nacional, esto ha generado un fuerte reclamo social por la inequidad tanto de su ubicación como por el elevado cobro afectando de manera grave el desarrollo socioeconómico de esta micro región, frenando de manera severa el desarrollo equilibrado de los municipios, sobretodo en virtud de que por su cercanía a la metrópoli los habitantes de todos los territorios municipales desarrollan un alto porcentaje de sus actividades económicas y sociales en la citada zona metropolitana.
Por otro lado han violentado la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal ya que sobrepasa el plazo por el que se debe operar o explotar un camino o puente federal.
Por lo anterior diferentes organizaciones sociales y productivas y la sociedad en general, acudieron ante esta representación popular para solicitar el retiro total de la mencionada caseta y ante tal solicitud se iniciaron una serie de gestiones ante las diversas dependencias federales involucradas con el tema.
Lamentablemente estas instituciones en ningún momento demostraron interés de resolver lo requerido ni presentaron alternativas viables de solución lo que provocó que, ciudadanos de los citados municipios acompañados por un grupo de diputados federales, estatales, presidentes municipales y regidores de distintos partidos políticos, de manera organizada el día 6 de diciembre de 2004 tomaran la caseta por alrededor de cuatro horas.
Es de remarcar que en todo momento se permitió el libre transito vehicular, transmitiendo los medios informativos estos hechos, sin embargo funcionarios de la SCT, sobre reaccionaron y presentaron denuncia penal contra quienes resulten responsables, argumentado una serie de inexistentes violaciones al marco legal sobre la materia de comunicaciones.
La Secretaría de Gobernación convocó a una reunión el día 9 de diciembre de 2004 con la presencia del subsecretario de Gobernación, Felipe González González, donde asistieron también algunos diputados federales y locales, el presidente municipal de Zapotlanejo, el regidor del municipio de Tonalá y el director general adjunto de Entidades Federativas; en el cual se firmó el acuerdo mencionado.
Adjunto a este punto de acuerdo se encuentra la copia del acuerdo firmado en la reunión sostenida el día 9 de diciembre de 2004 con la Secretaría de Gobernación, así como copia del oficio que envía la delegación de SCT, en el que informa que está en posibilidad de implementar el programa de residentes con un costo de 12 pesos en lugar de los 35 pesos que se cobran a partir del 17 de diciembre de 2004.
Por lo anterior expuesto sometemos a la consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con:
Punto de Acuerdo
Único.- Se solicita que comparezca ante el Pleno de la h. Cámara de Diputados, el secretario de Gobernación, licenciado Santiago Creel Miranda, para que informe sobre el incumplimiento del compromiso con esta soberanía de resolver el acuerdo del 9 de diciembre, firmado en la Secretaría de Gobernación, relativo a la caseta de cobro de Guadalajara-Zapotlanejo.
Diputados: David Hernández Pérez
(rúbrica), Sergio A. Chávez Dávalos (rúbrica),
J. Manuel Carrillo Rubio (rúbrica), Francisco Javier Guízar
Macías, Enrique Guerrero Santana (rúbrica), Leonel Sandoval
Figueroa (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rúbrica).
Los suscritos, en nuestra calidad de diputados federales a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, por este medio, con fundamento en lo dispuesto en el inciso p del artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, promovemos esta excitativa, en virtud de que el grupo parlamentario de Acción Nacional presentó una iniciativa que a la fecha no ha sido dictaminada por la Comisión correspondiente; por lo que nos permitimos acudir a Usted para los efectos pertinentes, y en este sentido exponemos:
Antecedentes
1. Con fecha 14 de octubre de 2004, la diputada María Antonia García Sanjinés, en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, propuso ante el Pleno de ésta Cámara de Diputados, la iniciativa que reforma y adiciona el numeral segundo del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear la comisión ordinaria de la función pública.
La organización del gobierno estructurado en tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, refleja una visión realista de la naturaleza social del hombre, la cual exige una legislación adecuada para proteger la libertad de todos.
Es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia, que lo mantengan en su justo límite.
En México, para perfeccionar dicho equilibrio es necesario fortalecer el Poder Legislativo.
Con esta iniciativa se pretende fortalecer dicho poder y llenar la laguna que existe en las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, con el fin de fortalecer el Estado de Derecho, en el que es soberana la ley.
Esta comisión tendría a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio y su competencia se correspondería con la Secretaría de la Función Pública.
La comisión que se propone dictaminaría las iniciativas sobre la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental.
2. Es el caso que una vez presentada la iniciativa señalada, el Presidente de la Cámara turnó para su estudio, análisis y dictamen a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Consideraciones
1. Desde la fecha en que se presentaron las iniciativas han transcurrido más de los cinco días que como plazo concede el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, para que las Comisiones de la Cámara presenten su dictamen.
2. El constitucionalista don Manuel Herrera y Lasso señalaba que el Congreso es y debe ser la asamblea de libre discusión en las que se tratan los asuntos públicos, en voz alta y a la luz pública, para generar bienes públicos por ello son parlamentos, porque parte de su misión es parlar, dialogar, debatir, acordar, ratificar, orientar. Esto sólo puede lograrse, si el propio Poder Legislativo asume cabalmente su responsabilidad.
3. En tal virtud, es procedente que el Presidente de la Cámara de Diputados, en cumplimiento de su obligación, expresada en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias a fin de emitir el dictamen correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted, Presidente de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, muy atentamente pedimos se sirva
Único. En los términos de los artículos 23 inciso p), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, realice la excitativa a la Comisión Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que se presente el dictamen correspondiente a la iniciativa que reforma y adiciona el numeral segundo del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha 14 de diciembre de 2004.
Por una patria ordenada y generosa, y una vida mejor y más digna para todos.
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 1 de marzo de 2005.
Dip. Jesús Nader Nasrallah (rúbrica)
Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
Exposición de Motivos
En nuestro país, se ha demostrado que en el proceso de alcanzar un mayor desarrollo económico, a menudo desaprovechamos, degradamos o agotamos recursos naturales de diversas entidades del país. Esto ha dado lugar a que hoy entendamos que no puede producirse un desarrollo económico sostenible y respetuoso con el medio ambiente sin que vaya acompañado de atribuciones legales bien definidas entre los Estados y la Federación que componen nuestra Nación, que posibiliten una utilización de dicho derecho teniendo presente su afectación nacional, normas claras de intervención administrativa y marcos institucionales adecuados.
Los intereses ambientales son tan diversos como el horizonte de los intereses sociales, las formaciones políticas, la cultura y las teorías económicas. También, los temas ambientales han borrado las fronteras sectoriales y disciplinarias que antes los reducían a compartimentos mas o menos pequeños y claros de la administración pública y la vida académica y profesional.
En esta atmósfera, la legislación ambiental debe ser receptiva y evolucionar al ritmo de la creciente diversidad y complejidad de los intereses sociales, políticos y económicos que presupone el país moderno al que aspiramos. Requiere ser más eficaz, menos discrecional y centralizadora, más eficiente en su aplicación, así como guardar mejores equilibrios jurídicos.
Con el marco jurídico actual, y la concurrencia difusa que existe entre federación, estados y municipios en materia ambiental, es recomendable proponer modificaciones para evitar las fallas de interpretación de jurisdicción y de aplicación de la norma ambiental, que daña todo proceso de conservación de medio ambiente.
La iniciativa evita que, en las materias que corresponden al gobierno federal, se generen vacíos que impidan la atención eficiente y oportuna de aspectos relacionados con la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. Debe resaltarse que ahora se definen de manera inequívoca las atribuciones de la federación así como de los gobiernos de los estados, estableciéndose con claridad los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
A pesar de las diferencias que existen en la conformación, capacidades y culturas de los municipios, enfrentamos desafíos y compartimos aspiraciones comunes, en este sentido es necesario que el crecimiento económico y los desafíos del desarrollo social, obligan a que las instituciones políticas se adecuen a las exigencias de sociedades cada vez más complejas, y los Gobiernos Locales deben involucrarse en la tarea de orientar sus acciones al fomento de la inversión, fortalecer la equidad en la distribución de los ingresos, cuidar el medio ambiente y facilitar la participación ciudadana.
Las reformas se nutren de una renovada voluntad federalista y descentralizadora, que asume una mayor participación de estados y municipios, así como un mayor compromiso y equilibrio entre los poderes federales. Se trata de un federalismo que articula armónica y eficazmente la soberanía de los estados, la libertad de los municipios y las facultades constitucionales del gobierno federal. Este esfuerzo legislativo apunta a establecer un proceso de descentralización ordenado, efectivo y gradual de la administración, ejecución y vigilancia ambiental en favor de las autoridades locales.
Por último, es necesario comprender que el proceso de descentralización es complejo, y es recomendable desarrollarlo en forma flexible y gradual, la cual respaldarse con una clara voluntad política de los tres órdenes de gobierno.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta H. Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente
Iniciativa de decreto mediante el cual se reforman los artículos 4, 5, y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Artículo Primero.- Se reforman los artículos 4, 5, y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Capítulo II
Distribución de Competencias y Colaboración
Artículo 4o.- La Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios ejercerán sus atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, en el ámbito de sus respectivas competencias, de conformidad con la distribución que de éstas se prevé en la Constitución, cuya delimitación es el objeto de esta ley, misma a la que deberán sujetarse las leyes locales relativas, así como los otros ordenamientos legales que establezcan facultades para el Gobierno Federal en materia de protección al ambiente y preservación o restauración del equilibrio ecológico y las demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.
Artículo 5o.- ...
XI.- La regulación del aprovechamiento sustentable la protección y la preservación de los recursos forestales, el suelo, las aguas nacionales, la biodiversidad, la flora y la fauna y los demás recursos naturales de su competencia, de conformidad con las disposiciones contenidas en esta y las demás leyes que resulten aplicables.
De la fracción XII a la XIII. ......
XIV.- Regular las actividades relacionadas con la exploración, explotación y beneficio de los minerales, substancias y demás recursos del subsuelo que, por disposición del artículo 27 de la Constitución y sus leyes reglamentarias, sean competencia de la Federación, en lo relativo a los efectos que dichas actividades puedan generar sobre el equilibrio ecológico y el ambiente.
Artículo 12.- Para los efectos del artículo anterior, los convenios o acuerdos de coordinación que celebre la Federación por conducto de la Secretaría, con los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación en su caso de sus municipios, deberán sujetarse a las siguientes bases:
XI.- Los acuerdos de colaboración deberán señalar, en su caso, las metas a realizar y los plazos para su debido cumplimiento;
XII.- Definirán el órgano u órganos que llevarán a cabo las acciones que resulten de las estipulaciones contenidas en los acuerdos de colaboración.
...
Transitorio
Único.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 28 días del mes de febrero de 2005.
Diputados: Manuel Velasco Coello, coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Febrero 28 de 2005.)
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MANUEL VELASCO COELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DEL LUNES 28 DE FEBRERO DE 2005
Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrján Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la presente iniciativa con proyecto decreto que adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, en base a la siguiente:
Exposición de Motivos
El ser humano ha ejercido el comercio desde los primeros momentos de su historia. En un mundo globalizado, como el que nos tocó vivir, la actividad comercial ha adquirido una importancia trascendental, por ello las leyes que regulan la actividad mercantil, deben responder a la realidad imperante.
Siendo México una república federal, coexisten en su territorio un órgano legislativo federal y varios órganos legislativos estatales, ambos ejercen una misma función dentro de un cuadro competencial diferente. De tal forma que de conformidad a la fracción X del artículo 73 de nuestra Norma Suprema, compete al Congreso de la Unión emitir leyes, entre otras materias, la mercantil.
En nuestro sistema jurídico, las leyes mercantiles se clasifican en especiales, y una ley general, como lo es el Código de Comercio. Este orden normativo, data del 15 de septiembre de 1889, día en que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde mas del 60% de su articulado es de carácter procesal. Por su parte las leyes especiales mercantiles están entretejidas también en disposiciones adjetivas. Esta relación que debe existir entre derecho sustantivo y adjetivo se mantiene constante en nuestro sistema jurídico, en el cual a toda materia federal corresponde un proceso igualmente federal, la única excepción es precisamente la materia mercantil, en donde existe una competencia concurrente, es decir, están facultados para conocer del proceso mercantil, tanto jueces federales como jueces locales, en aplicación de las leyes mercantiles que tienen una naturaleza federal. Lo anterior es así, porque se encuentra previsto en el artículo 104 de la Constitución General de la República.
En el año de 1973, el legislador de entonces, emitió un decreto por el que fueron derogados los artículos que regulaban el juicio sumario del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, mismo que fue publicado el 14 de marzo del mismo año en el Diario Oficial de la Federación, ante el silencio de la legislación adjetiva mercantil y de la civil supletoria, el juicio sumario ha dejado de existir y los casos mencionados por la Ley General de Sociedades Mercantiles deberán tramitarse en la vía ordinaria mercantil.
Dicha Ley invoca al Juicio Sumario, para el ejercicio de diversas acciones, entre otras: la de los acreedores de una sociedad, para oponerse a la reducción del capital social (artículo 9º); la de los socios o acreedores de una sociedad para demandar a los administradores de la misma y hacer efectiva la obligación de formar o reconstituir el fondo de reserva (artículo 22); la de la sociedad para exigir el pago de las acciones suscritas, o bien la venta de las mismas (artículo 118); la de cualquier acreedor de las sociedades que se fusionan, para oponerse judicialmente a la fusión (artículo 224); la de cualquier interesado para solicitar a la autoridad judicial que ordene el registro de la disolución de una sociedad o bien la cancelación de dicha inscripción (artículo 232); cuando por cualquier motivo el nombramiento de los liquidadores no se hiciere en los términos que fija el artículo 236; cuando surja una causa grave para la revocación de los liquidadores, en los términos del artículo 236 (artículo 238); Cuando se entregue, parcial o totalmente, el haber que le corresponda algún socio y no estén extinguidos sus créditos pasivos, los demás socios podrán oponerse a esa entrega (artículo 243).
De acuerdo con el artículo primero de la Ley en cita, las Sociedades mercantiles se clasifican en:
Sociedad de responsabilidad limitada;
Sociedad anónima;
Sociedad en comandita por acciones, y
Sociedad cooperativa.
No debemos olvidar que la actividad comercial ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, a ello se debe que los pueblos y las naciones hayan tenido un progreso económico trascendente, mismo que se tradujo en bienestar de la sociedad. Ahora el comercio se realiza con mecanismos sofisticados, que lo hacen más ágil y rápido, atendiendo al avance tecnológico que los países posean.
El derecho por su parte no puede quedar rezagado, sino que tiene que ir a la vanguardia, y a nosotros, como legisladores, nos corresponde asumir el mandato que el pueblo nos confirió, mediante la perfección y producción de normas jurídicas que respondan a las necesidades de la sociedad.
Por otra lado el Código de Comercio establece varias formas para desahogar las controversias mercantiles, privilegiando al procedimiento convencional, sea ante Tribunales Judiciales o a través de un procedimiento arbitral, sí los interesados no se ponen de acuerdo, se sujetarán a los procedimientos previstos en las leyes mercantiles, o en su caso, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones del Libro Quinto de dicho Código y en su defecto se aplicará el Código Federal de Procedimientos Civiles, tal y como lo consigna el articulo 1054 de ese ordenamiento jurídico.
Como se observa, el precepto mencionado remite a una supletoriedad expresa, como es al Código Federal de Procedimientos Civiles, cabe aclarar que recientemente fue reformado este artículo, concretamente el 24 de abril del año 2003, la reforma al precepto aludido obedece a que antes remitía a una supletoriedad que recaía en los códigos procesales civiles locales, esto creó una serie de problemas ya que se perdía la uniformidad del procedimiento mercantil en la Republica, por la multiplicidad de criterios legales dispares en los Estados. Por ello consideramos acertada la decisión del legislador al reformar el artículo en comento, e invocar a la Ley Federal Adjetiva Civil. Sin embargo tal reforma resultó insuficiente, en virtud de que algunas de las leyes mercantiles prevén en su normatividad el juicio sumario, figura jurídica que no se encuentra reglamentada o prevista en el actual y vigente Código de Comercio ni tampoco lo comprende el Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo cual resulta incongruente, en virtud de que mientras una ley sustantiva invoca al juicio sumario y este no está previsto en las leyes procesales, mercantiles entonces ¿de qué forma se pueden resolver las controversias que demandan la vía sumaria? Esto complica la administración de justicia, tanto para el gobernado, como para el órgano jurisdiccional, e inclusive contraviene al artículo 17 de nuestra Carta Política, porque no se cumple con la garantía de una administración de justicia pronta y expedita.
Dentro de la exposición de motivos de la referida reforma, se encuentra que se establecen modificaciones al Código de Comercio en la parte adjetiva, con la finalidad de lograr una impartición de justicia más expedita en materia mercantil.
Por otro lado el mismo Código de Comercio establece en su artículo 1055 que los juicios mercantiles serán ordinarios, ejecutivos y los especiales sin precisar cuales son éstos últimos.
De ahí la importancia de la presente iniciativa, en virtud de que la función del legislador debe ir encaminada a lograr un eficiente y eficaz funcionamiento de las sociedades mercantiles desde el perfil legal. Por lo que no debemos olvidar que en gran medida la economía de un país se sustenta en el capital privado y social y que mejor que exista un mecanismo jurídico que les dote de una ágil y expedita administración de justicia, como el que se propone.
La sociedad mexicana ha aspirado por que las instituciones estructuren un sistema judicial, basado en procedimientos claros y expeditos, que hagan posible la aplicación rápida y objetiva la impartición de justicia, por que la recta y equitativa administración de justicia en nuestro régimen democrático, es un imperativo social que estamos obligados a cumplir con integridad.
Únicamente a través de la claridad y precisión de las leyes, sustantivas y de procedimiento, se procura la realización de la función jurisdiccional y por lo tanto se cumple el mandato constitucional.
Compañeros, estamos obligados a mejorar y perfeccionar la constancia de nuestra administración de justicia, y exclusivamente mediante el establecimiento de procedimientos adecuados se asegura el cumplimiento estricto de la ley.
Se insiste que la iniciativa que se plantea, contiene la pretensión de ajustar los preceptos de las leyes sustantivas mercantiles que invocan al sumario, para lo cual es conveniente que la Ley Federal procesal sume en su articulado este tipo de proceso.
A continuación se presenta una explicación, del contenido de la iniciativa para mejor comprensión.
Contenido de la iniciativa
Se plantea con la presente iniciativa, el cambio de denominación del título primero del libro segundo, en el sentido de que actualmente establece, ya que sólo alude al Juicio Ordinario, en tanto lo que se pretende es que refiera tanto a los "Juicios Ordinarios" como a los "Juicios Sumarios" para darle congruencia.
En cuanto a la adición del artículo 355 bis, se exponen varias causales que le den procedencia al juicio sumario, contenidas en cuatro fracciones, para normar la actividad justicial, esto es así, porque se considera que el catálogo que se propone lo es con carácter enunciativo más no limitativo, lo cual se traduce que queda abierta la posibilidad para que se actualicen otras causales.
En ese mismo orden de ideas, se conduce la adición del artículo 355 Ter, en el sentido de que la instauración del juicio sumario por su carácter breve, se le dota de términos cortos ágiles, para la contestación de la demanda, así como se señala un audiencia para que las partes lleguen a una conciliación, de tal forma que de no darse ésta, en la misma audiencia se ofertaran las pruebas que las partes aporten para comprobar su dicho, en ésta hipótesis el desahogo de pruebas se verificará dentro de los cinco días siguientes, al concluir la etapa probatoria, se pasará al período de alegatos y la sentencia se dictará dentro de los cinco días posteriores. En síntesis el juicio que se plantea se substanciara, a mas tardar en un término de 30 días, por ello la connotación de "sumario", cuyo significado gramatical, es "rápido", "breve", "conciso", "abreviado", "resumido", etcétera. Sin embargo se siguen respetando las reglas del juicio ordinario en lo que no se oponga al sumario.
En cuanto a los recursos, que son los medios de defensa legal que tienen las partes procesales para inconformarse contra las resoluciones judiciales, se propone la procedencia del recurso de apelación en contra de las sentencias interlocutorias y definitivas que se dicten en el juicio sumario, con salvedad de que sólo tenga efectos devolutivos, es decir, que en caso de que proceda se reponga el procedimiento, al momento en que surgió la violación procesal.
En mérito de lo antes expuesto el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a la consideración de este Pleno la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se modifica el encabezado del título primero del libro segundo del Código Federal de Procedimientos Civiles; así como se adicionan los artículos 355 Bis, 355 Ter y se adiciona un párrafo segundo al artículo 323 del ordenamiento jurídico mencionado, para quedar en los siguientes términos:
DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. Se modifica el encabezado del Título Primero del Libro Segundo del Código Federal de Procedimientos Civiles; así como se adicionan los artículos 355 Bis, 355 Ter y se adiciona un párrafo segundo al artículo 232 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:
LIBRO SEGUNDO
Contención
TITULO PRIMERO
De los Juicios
Ordinario y Sumario del Juicio Sumario
Artículo 355 Bis. Procede el Juicio Sumario, en los siguientes casos:
II. Las demandas que versen sobre la oposición, para el caso del aumento o reducción del capital social;
III. Las demandas que tengan por objeto la inscripción en el caso de liquidación y disolución de la sociedad;
IV. La solicitud de la rendición de cuentas al administrador o administradores de la sociedad;
V. Los demás negocios para los que las leyes determinen la vía sumaria.
Los plazos serán:
II. Cinco días para comparecer a la audiencia de conciliación y/o celebración de una audiencia de ofrecimientos de pruebas, mismas que se desahogaran dentro de los cinco días siguientes y se presentaran los alegatos;
III. La sentencia se pronunciará dentro de los cinco días siguientes.
DE LA APELACION Y DE LA REVISIÓN FORZOSA
Artículo 232
En los juicios sumarios solamente los autos y sentencias interlocutorias que decidan incidentes y las sentencias definitivas, serán apelables; el recurso solo se admitirá en el efecto devolutivo.
Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Febrero 28 de 2005.)
QUE REFORMA EL ARTICULO 2 DE LA LEY DE NAVEGACIÓN, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE KAHWAGI MACARI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DEL LUNES 28 DE FEBRERO DE 2005
Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Marina, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley
Exposición de Motivos
Sobre la extensión del territorio, la Constitución establece, en su artículo 42, que éste comprende:
III. El de las Islas de Guadalupe y las de Revillagigedo
situadas en el Océano Pacífico;
IV. La plataforma continental y los zócalos
submarinos de las islas, cayos y arrecifes;
V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión
y términos que fije el derecho internacional y las marítimas
interiores;
VI. El espacio situado sobre el territorio nacional,
con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho
internacional.
Por otra parte, la jurisdicción es entendida como "la actividad del Estado encaminada a la actuación del derecho positivo mediante la aplicación de la norma general al caso concreto". Desde el punto de vista, más general, la jurisdicción hace referencia al poder del estado de impartir justicia, esto es, el poder o autoridad que tiene alguno para gobernar y poner en ejecución las leyes; y especialmente, la potestad de que se hayan revestido los jueces para administrar justicia, y decidirlos o sentenciarlos con arreglo a las leyes.
Es así que dentro de lo considerado como territorio nacional2, la nación tiene la capacidad para ejercer su jurisdicción y soberanía. Al respecto, la Constitución y la Ley Federal del Mar, en su artículo 27 y 23 respectivamente, establecen que la nación ejerce soberanía en una franja del mar, denominada mar territorial, la cual es una zona adyacente tanto a las costas nacionales, sean continentales o insulares, así como a las aguas marítimas interiores.
Sin embargo, existe una zona más allá de lo que es considerado como territorio nacional, donde también se ejerce este poder. La Constitución establece, en su artículo 27, que "la Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso", la cual es un área situada más allá del mar territorial adyacente a éste, que se extiende a 200 millas marinas (374,000 metros) contadas de las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. En esta zona, la Nación ejerce: a) Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales tanto vivos como no vivos, ya sean renovables o no renovables, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económica de la zona, tal como la energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos (artículos 46 y 49 de la Ley Federal del Mar3).
En términos generales, se puede decir que la soberanía y jurisdicción de la Nación se extienden más allá de los límites de lo que nuestra Carta Magna señala como territorio nacional; no obstante lo anterior, nuestra legislación en ocasiones circunscribe su ámbito espacial de validez al territorio nacional, limitando así su esfera de acción. En algunas leyes ya se subsana esta omisión, como en la Ley General para el Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y en la Ley Federal del Mar.
Esta consideración es relevante ya que las disposiciones, programas y proyectos que se enumeran en algunas leyes, deberán de abarcar no solo las zonas determinadas como territorio sino también aquellas sobre las que Estado ejerce su soberanía y jurisdicción. Esta prolongación protege y conserva, no solo el territorio nacional, sino también las zonas periféricas que específicamente lo permiten. De igual forma, la disposición resulta de gran importancia cuando se trata de recursos que compartimos con otras naciones.
No obstante que la ley marco sobre protección al ambiente, la LGEEPA, y la Ley de Federal del Mar entre otras, ya amplían su cobertura legal, otras leyes nacionales, cuya aplicación pudiera ser hasta la zona económica exclusiva, no lo determinan específicamente, como en el caso de la Ley de Navegación, que en su artículo 2º define las vías generales de comunicación por agua o vías navegables, sin tomar en cuenta las zonas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción.
Para efecto de que en las zonas omitidas, las disposiciones de ley no carezcan de aplicabilidad, dejando una porción espacial sin regulación legal y siguiendo el espíritu de congruencia entre las leyes, es que debemos de corregir el vacío de jurisdicción de la ley en comento y en atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara la presente iniciativa con proyecto de
Decreto: Por el que se reforma el artículo 2 de la Ley de Navegación.
Artículo Único: Se reforma el artículo 2º de la Ley de Navegación, para quedar como sigue:
Artículo 2.- Para efectos de la presente ley se entenderá por:
...
...
...
...
...
...
Vías generales de comunicación por agua o vías navegables: El mar territorial, los ríos, las corrientes, vasos, lagos, lagunas y esteros navegables, los canales que se destinen a la navegación; así como la superficies acuáticas de los puertos, terminales y marinas y sus afluentes que también lo sean y las zonas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción.
Transitorio
Único.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 28 días del mes de febrero del 2005.
Notas:
1. Soberano: es el poder que no tiene otro superior del
que se encuentre obligado a cumplir órdenes o mandatos.
2. Artículo 42 Constitucional.
3. Artículo 46.- La Nación ejerce en una
zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente
a este:
II.- Jurisdicción, con relación a las disposiciones
pertinentes de esta ley, de su reglamento y del derecho internacional,
con respecto:
1.- al establecimiento y utilización de islas
artificiales, instalaciones y estructuras;
2.- a la investigación científica marina;
y
3.- a la protección y preservación del
medio marino; y
III.- Otros derechos y deberes que fije esta ley, su reglamento y el derecho internacional.
Artículo 49.- El poder ejecutivo federal vigilara que, al ejercitar los Estados extranjeros sus derechos y al cumplir sus deberes en la zona económica exclusiva mexicana, tengan debidamente en cuenta los derechos, jurisdicciones y deberes de la Nación y cumplan esta ley, su reglamento y otros reglamentos nacionales adoptados de conformidad con la Constitución y normas aplicables de derecho internacional.
(Turnada a la Comisión de Marina. Febrero 28 de
2005.)
Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Salud la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente:
Exposición de Motivos
En sesión del 9 de diciembre de 2003, el diputado Manuel Velasco presentó la iniciativa que adiciona un párrafo quinto al artículo 36 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 18 de enero de 2005.
Si bien la reforma ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Salud podría argumentar que no puede ser puesta en operación por las siguientes razones:
Por eso hacemos un llamado, para que la Secretaría de Salud informe la manera en que aplicará el decreto del Congreso de la Unión para que las familias de escasos recursos, con menores de cinco años, puedan gozar de un sistema de salud sin restricciones económicas.
Queremos hacer un exhorto para que la Secretaría de Salud, frente a cuestiones que son vitales para la salud de los mexicanos, haga valer la propuesta de otorgar atención medica y medicamentos a los niños mas pobres en cualquier circunstancia.
La Secretaría de Salud debe responder a las expectativas que ha depositado la ciudadanía en las instituciones encargadas de procurar el sano desarrollo de la niñez mexicana.
Por todo lo anterior, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta a la Secretaría de Salud para que informe a esta soberanía los mecanismos que realizará para la aplicación del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de enero de 2005, que adiciona un párrafo quinto al artículo 36 de la Ley General de Salud.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 28 días del mes de febrero de 2005.
Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Ávila (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Salud. Febrero 28 de
2005.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROFEPA A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-083-SEMARNAT-2003 EN EL RELLENO SANITARIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS MANUEL VELASCO COELLO Y JACQUELINE GUADALUPE ARGÜELLES GUZMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DEL LUNES 28 DE FEBRERO DE 2005
Manuel Velasco Coello y Jacqueline G. Argüelles Guzmán, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con el gobierno del estado de Chiapas y el municipio de Tuxtla Gutiérrez, a verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, relativa a las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, en el relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, de conformidad con el numeral 14.1 de dicha norma.
Lo anterior se solicita con fundamento en los siguientes
Antecedentes
Chiapas es el estado que más ha crecido en el país durante los últimos cuatro años, convirtiéndose en la economía número 17 a nivel nacional al incrementar un cuatro por ciento su Producto Interno Bruto.
El gran número de actividades productivas, así como la variedad de recursos naturales con que cuenta, han propiciado un rápido crecimiento de la población y todos los problemas que conlleva la expansión de la mancha urbana.
La ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital de los chiapanecos, no obstante de ser una ciudad prioritaria por su ubicación geográfica, y el gran número de habitantes que alberga, es la única capital del país que carece de un relleno sanitario, depositando sus residuos en un tiradero a cielo abierto.
Este añejo problema se ha convertido en una emergencia ambiental considerando las más de 600 toneladas que diariamente genera nuestra entrañable urbe.
La administración municipal (2001-2004) a cargo de la licenciada Victoria Rincón Carrillo a sabiendas del creciente problema de la basura, dispuso de más de 8 millones de pesos para la construcción de un relleno sanitario a un lado del tiradero actual en el poniente de la Ciudad. Dicho capital fue obtenido mediante un préstamo otorgado por Banobras, sin embargo, sin haber realizado los estudios de impacto ambiental respectivos, se llevó a cabo la obra.
Actualmente dicho relleno es inviable toda vez que no cumple por completo la diversa normatividad aplicable, está mal diseñado y en general "es inoperante":
2. El área que comprende el relleno no se encuentra bardeada lo que permitiría que cualquier persona entre a depositar toda clase de residuos.
3. El sitio carece de puerta y caseta de vigilancia que
impida la entrada y salida de vehículos.
4. No existen caminos interiores pavimentados ni con
la inclinación adecuada para la circulación de vehículos.
5. Hay fuga de lixiviados del actual tiradero.
6. La geomembrana y el liner de protección del
suelo están mal colocados, mal parchados, en pendiente inadecuada.
7. No cuenta con muros de contención o protección
para el relleno.
8. No existen drenajes para recolección de lixiviados.
9. No cuenta con báscula que verifique el peso
de residuos a depositar.
10. Carece de compactadora de basura para acomodar los
residuos en el relleno.
11. No tiene infraestructura de captación de biogás.
12. Se encuentra a menos de 10 kilómetros del
aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez lo que pone en riesgo a las aeronaves
por carecer de un estudio de riesgo aviario adecuado.
13. Esta colocado en zona de recarga del acuífero
y zona de inundación.
14. Carece de estabilidad física por estar en
zona susceptible a deslave.
15. Cuenta a muy corta distancia con un rastro concesionado,
único lugar de matanza de ganado en la zona.
16. Se encuentra junto a una planta que embotella agua
presumiblemente extraída del acuífero.
17. Por sus características es evidente que se paso por alto los estudios geológicos, hidrogeológicos, topográficos, geotécnicos y de permeabilidad de suelos poniendo en riesgo a los mantos freáticos.
18. El proyecto esta viciado de origen toda vez que la administración municipal anterior no realizó las licitaciones correspondientes, ni presento un adecuado proyecto ejecutivo, de acuerdo a datos presentados por el actual cabildo.
Por lo anteriormente expuesto, como integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con el gobierno del estado de Chiapas y el municipio de Tuxtla Gutiérrez a verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, relativa a las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, en el relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, de conformidad con el numeral 14.1 de dicha norma, y en su caso sancionar a los presuntos responsables.
Segundo: Se exhorta a la Contraloría General de Chiapas a realizar una auditoría a la administración (2001-2004), del municipio de Tuxtla Gutiérrez, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42, fracciones VI y X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.
Tercero: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con el gobierno del estado de Chiapas y el municipio de Tuxtla Gutiérrez, en el ámbito de sus respectivas competencias a solucionar la problemática de disposición de residuos sólidos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, el día 28 de febrero de 2005.
Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), Jacqueline G. Argüelles Guzmán (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Febrero 28 de 2005.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL PLENO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE AUTORICE UN DONATIVO DE UN MILLÓN DE PESOS PARA LA FUNDACIÓN FIDEVIDA, A FIN DE QUE ÉSTA CONTINÚE APOYANDO A LOS FAMILIARES DIRECTOS DE LAS VÍCTIMAS DE LOS HOMICIDIOS DE MUJERES PERPETRADOS EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA ÁVILA SERNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DEL LUNES 28 DE FEBRERO DE 2005
Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Junta de Coordinación Política la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Para nadie es un misterio que la muerte ronda las ciudades fronterizas entre México y Estados Unidos. Las ciudades de paso de emigrantes latinos hacia el sueño americano, son testigos de seres humanos que mueren cruzando la frontera. Pero en una de estas ciudades no es necesario cruzar la frontera para que la sombra de la muerte persiga a los habitantes, y en especial a sus mujeres jóvenes. Este lugar es Ciudad Juárez.
Desde 1993 a la fecha, suman más de 400 las víctimas de los homicidios que se han perpetrado, y según el Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al 2003 existían más de cuatro mil reportes de mujeres desaparecidas. Estos hechos han provocado una preocupación creciente en la sociedad, tanto del estado como a nivel nacional.
La mayoría de estos homicidios se ajustan a un patrón. Son mujeres que han sido secuestradas, violadas y asesinadas, y cuyos cuerpos han sido tirados posteriormente en lotes baldíos. En un comienzo se trataba fundamentalmente de mujeres jóvenes, morenas, empleadas en la industria maquiladora, cuyo aspecto humilde sugería que pudieran ser algunas de las muchas migrantes que habían llegado a Ciudad Juárez para trabajar en su industria. Posteriormente, el patrón se amplió para incluir mujeres de diversas edades, algunas de ellas niñas o adolescentes, que se desempeñaban como camareras, estudiantes o mujeres que trabajaban en la economía informal.
El ambiente que ha rodeado a estos casos y la calidad de las investigaciones deja mucho que desear pues hasta el momento los culpables en buena parte no han sido capturados; los sujetos que se encuentran en proceso penal no se les han comprobado su participación en los asesinatos y algunos salieron libres, sin investigaciones previas. De igual forma no se ha podido demostrar la participación de los asesinos seriales o bandas organizadas.
Los crímenes han suscitado la atención mundial y la condena de organizaciones internacionales de justicia; las investigaciones y sus resultados confirman un alto grado de impunidad en los casos. Lo cierto es que estos crímenes se han dado en un clima de violencia social que pone como objetivo principal a las mujeres.
Es difícil e imposible ocultar el sufrimiento de las familias que han enfrentado estas tragedias. La necesidad de las mujeres juarences de salir a ganarse la vida las ha hecho vulnerables a pesar de las precauciones y medidas de seguridad tomadas, y en muchas ocasiones la ha convertido en víctimas de la violencia más absurda y han sido asesinadas.
Ante la búsqueda de respuestas, son numerosas las personas, grupos y organizaciones que se han movilizado para denunciar los hechos y/o brindar ayuda a los parientes de las víctimas. Ya que debemos destacar que los daños resultantes no sólo afectan a las víctimas, sino también a sus familias.
En el 2003, a 10 años de asesinatos de mujeres, se creo la Fundación Fidevida, Institución de Beneficencia Privada, un fideicomiso de apoyo a los familiares directos de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión (2000-2003) creo la Comisión Especial para el Seguimiento de las Investigaciones de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez. Esta Comisión Especial contaba con cinco Subcomisiones, una de ellas era la Subcomisión para la Atención a Familiares Directos de las víctimas, integrada por la Diputadas María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Hortensia Aragón Castillo, Rosa Delia Cota Montaño, Hortensia Enríquez Ortega, y los Diputados José Tomás Lozano Pardiñas, Manuel Arturo Narváez Narváez y David Rodríguez Torres.
En el seno de esta Subcomisión se creó el 27 de enero del 2003 la Fundación Fidevida la cual tiene como objetivo principal apoyar en el sostenimiento total o parcial de los afectados directos o dependientes económicos, de las víctimas de los homicidios de mujeres perpetrados en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos desde 1993 hasta la actualidad o el momento que determine el Consejo Técnico.
Fidevida pretende que tanto los ascendientes como los descendientes directos que dependían de las víctimas y aquellas otras personas que determine el Consejo Técnico, cuenten con un apoyo educativo, psicológico y jurídico en los términos que determine el Consejo Técnico. Dicho apoyo se dará previo estudio de cada caso y con la aprobación del Comité Técnico.
Básicamente son tres las áreas en las que la Fundación apoya y ayuda a los familiares de las víctimas:
Brinda apoyo con becas completas a las hijas, hijos, hermanos o hermanas de las víctimas, en las que se incluyen: uniformes, zapatos, tenis, material escolar, inscripciones y colegiaturas.
Da apoyo con medicamentos, consultas médicas, atención odontológica y visual a hijas, hijos, padres, madres y hermanas (os) de las víctimas.
El Presidente de la Mesa Directiva de la Fundación es el ingeniero Bernardo Escudero Ortega, ex presidente de la Asociación de Maquiladoras.
Secretario del Patronato: Licenciado Salvador Urbina Quiroz (Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, AC).
Tesorero del Patronato: Licenciado Alfonso C. Rodríguez Ávila (Universidad Regional del Norte).
Primera vocal: Astrid González Dávila (Barra de Abogados de Ciudad Juárez).
Segundo vocal: Licenciada Zulema Bolívar García (Escuela de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez).
Tercer vocal: Monseñor Mariano Mosqueda Delgadillo (Cáritas de Ciudad Juárez, AC).
La Fundación recibió de la Comisión Especial, perteneciente a la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, a través de un estudio realizado por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; una lista de 90 casos de los denominados "casos seriados", correspondientes a las mujeres que fueron víctimas en el municipio de Ciudad Juárez desde el periodo de 1993 hasta el 2003. Actualmente la Fundación atiende a 52 niñas y niños menores de 18 años que son las hijas, hijos, hermanas y hermanos que dependían económicamente de las mujeres asesinadas. De los 90 casos 32 eran de osamentas no identificadas, 29 no contaban con toda la información2 y 29 casos fueron localizados por Trabajo Social de la Fundación.
Fidevida tomó estos 29 casos localizados pero además incorporó otros 11 casos más recientes, 7 no seriados más 4 casos de mujeres reportadas como desaparecidas, atendiendo un total de 40 casos. Son 52 niñas y niños que atiende actualmente la fundación y 33 madres de las víctimas.
A través de la petición de la Comisión Especial para el seguimiento de las Investigaciones de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez de la LVIII Legislatura, el 17 de febrero del 2003, la Cámara de Diputados donó un millón de pesos deducibles de impuestos a la Fundación Fidevida. Con el objetivo de que esta Fundación pueda seguir prestando ayuda a los familiares de las mujeres asesinadas, el Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- Se solicita al Pleno de la Cámara de Diputados autorice un donativo de un millón de pesos para la Fundación Fidevida, Institución de Beneficencia Privada, con el objetivo de que ésta continué apoyando a los familiares directos de las víctimas de los homicidios de mujeres perpetrados en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Notas:
1 Ingeniero Bernardo Escudera Ortega (Asociación
de Maquiladoras de Ciudad Juárez, AC, AMAC); licenciado Daniel Treviño
Frías (Asociación Municipal de Padres de Familia de Ciudad
Juárez); licenciado Salvador Urbina Quiroz (Barra y Colegio de Abogados
de Ciudad Juárez, AC); ingeniero Ricardo Alberto Ramírez
Vela (Universidad Regional del Norte); Monseñor Mariano Mosqueda
Delgadillo (Cáritas de Ciudad Juárez, AC); doctor Felipe
Fornelli Lafon (Rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez);
licenciado Daniel García Coello (Rector Universidad Regional del
Norte); ingeniero Ricardo Escamilla Pruneda (Universidad Regional del Norte);
licenciado Jesús Alfredo Delgado Muñoz (Presidente Municipal
de Ciudad Juárez); licenciado Álvaro Navarro Garate (Representante
del C. Gobernador en Ciudad Juárez); Astrid González Dávila
(Barra de Abogados de Ciudad Juárez); licenciada Zulema Bolívar
García (Escuela de Trabajo Social de la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez).
2 Cambiaron de domicilio, declinaron recibir cualquier
ayuda, etcétera.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 22 días del mes de febrero de 2005.
Diputados: Manuel Velasco Coello (rúbrica), coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica), vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán, vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón (rúbrica), Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica).
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Febrero 28 de 2005.)
El símbolo nacional de nuestro pueblo por antonomasia es la Bandera Mexicana. Nace de la entraña misma de sucesos históricos incomparables. La leyenda nos narra su proceso de implantación entre el imaginario popular. De cualquiera de todas las maneras, la Bandera proviene de la necesidad intrínseca del ser humano para reconocer su identidad y pertenencia a un territorio y a una nación.
El sentido gregario de identificación se vuelve más necesario, cuando los pueblos requieren diferenciarse entre sí, aunque generalmente colores e insignias son usados como símbolo para confrontaciones bélicas o de competencia deportiva.
De algún modo así nació nuestro Lábaro Patrio. Desde el momento en que el Padre de la Patria, Miguel Hidalgo, tuvo la audacia de requisar el estandarte religioso con la imagen guadalupana, comenzó a gestarse, en el ánimo de los insurrectos frente a los soldados realistas, su diferenciación.
Los pendones han sido característicos de todos los núcleos humanos. Se recuerda el colorido de la vestimenta y los penachos de plumas preciosas que distinguieron a los caciques y jefes indios que combatían contra los conquistadores españoles, y, cómo éstos descubrieron a tiempo para sus fines, que una vez abatidos aquéllos, como los símbolos de la jerarquía los soldados aborígenes se rendían.
Ese es el simbolismo de los pendones y banderas. El 24 de febrero de 1821, cuando se consumara la Independencia mexicana se erigió la fecha. Fue así como se representaron las llamadas Tres Garantías por medio de los colores nacionales -en forma y disposición diagonal-, verde, blanco y rojo, señalados en el Plan de Iguala y aprobados por Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide.
Fue hasta el 24 de febrero de 1934, cuando el Presidente de la República emitiera el decreto presidencial que ratificaba la decisión de que este día fuera dedicado a honrar específicamente a la Bandera, la cual debe izarse a toda asta, en los edificios públicos y privados, tanto del país como del extranjero como embajadas y consulados.
Fecha además, que es mayormente enaltecida en la mayoría de las escuelas nacionales. El simbolismo que representa el Lábaro Patrio, se enriquece espiritual, moral y éticamente con los otros dos: el Escudo e Himno Nacionales. Estos tres constituyen los recursos de identidad y pertenencia.
Al ser conocidos desde la cuna por todos los habitantes originados de México, e ir desarrollando el respeto a esos valores cívicos, cada mexicano los vuelve suyos con la mayor trascendencia particular, que andando el tiempo de su propia evolución, son los valores colectivos que nos dan el amor a la Patria. Bandera simbólica por la cual se inmolan para evitar que sea mancillada por los enemigos, como es la hazaña del Niño Héroe, Juan Escutia.
Tanto es así, que la Bandera es parte consubstancial del ser íntimo que representa la mexicanidad. Sentimiento y emociones que se convierten en algo indescriptible cuando vemos ondear la Bandera Nacional en tierras extranjeras, cuya sensación sólo pueden describirla cuando es vivida en otro país. Eso hace que los deportistas, por ejemplo, lloren de alegría especialmente significativa cuando la enseña mexicana asciende paulatinamente conforme al protocolo olímpico, al ganar una medalla de primer lugar.
Por ello, es muy importante que las autoridades del Estado
sean cada vez más responsables y exigentes del cumplimiento de la
ley que reglamenta el uso y reproducción de los símbolos
nacionales. Porque en el caso de la Bandera Nacional representa todo lo
que somos, hemos sido y queremos ser como país. Ésta es una
de las razones del festejo cuidadoso y pedagógico del 24 de Febrero
como Día de la Bandera.
RELATIVA AL DIA DE LA BANDERA, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE LEONEL SANDOVAL FIGUEROA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de diputado federal, de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 39, inciso 3, y 134 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; promuevo, efeméride relativa al día 24 de febrero, aniversario del Día de la Bandera de México.
Como antecedente de la Insignia Nacional se consideran los pendones que usaban los indígenas de la época precortesiana, con los cuales iban a la guerra y en los que empleaban los colores verde, blanco y rojo, además de adornos con esos colores.
El colonizador Hernán Cortés trajo de Cuba un estandarte que representaba una virgen de busto, pintada sobre damasco rojo y de tono morado, ciñendo en la cabeza una corona de oro, circundada de rayos y de doce estrellas formando un semicírculo, que se conserva en el Museo Nacional de Chapultepec.
En octubre de 1531 el ayuntamiento de la Nueva España dispuso confeccionar un pendón que tuviera las armas de fe y las de la ciudad; por ello se comisiono al alcalde, Juan de la Torre, para que lo hiciera; pero no logró ser del agrado de la ciudad, por que se hizo en colores leonado y pardo, en virtud de no hallarse el verde y encarnado.
En 1540 surgió un nuevo pendón adornado con flecos y cordones en oro y plata, con los escudos de las armas y un lema ideológico en latín, más adelante un estandarte cuadrado de seda y color pardo leonado, con los escudos de la Ciudad de México, con leones coronados, partiendo del centro de la gran cruz de San Andrés en seda color morado que era colocado en el balcón central del antiguo palacio virreinal.
Variados son los incidentes que se refieren al Paseo del Pendón, pues hubo ocasiones en que, debido a las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en las, calles de la Ciudad de México se hizo el paseo en canoas, con el virrey al frente, este paseo se hizo por última vez en 1811 con el disgusto de la población que vivía en la efervescencia política de la Independencia.
Después del grito de Dolores, Hidalgo, cuando don Miguel Hidalgo y Costilla se dirigió a San Miguel de Allende, Guanajuato, previo a su partida del pueblo de Atotonilco el Grande, tomó como bandera un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe entregado por el presbítero Regino González, denotando el fuerte sentimiento religioso de la época.
El 19 de agosto de 1812, don José María Morelos y Pavón empleo como insignia una bandera en forma de cuadrilongo en seda blanca al centro, con ancha franja azul pálido en la orilla, un águila coronada y con alas, con un nopal sobre un acueducto de tres arcos, entre ellos tres letras: "VVM" (Viva la Virgen María).
Los insurgentes usaron otra bandera de tres colores, particularmente en los barcos mercantes que hacían al tráfico en el golfo, entre las costas de México y Estados Unidos, esta bandera fue saludada en un país extranjero, por primera vez, en Nueva Orleans, con una salva de 19 cañonazos, con el marco de sus colores blanco, azul y fajas verticales en los mosaicos del Palacio, de Moctezuma Xocoyotzin.
En 1820. los españoles partidarios del absolutismo concibieron la independencia de México con una nación al Rey de España Femando VII, por lo que formularon un plan de La Profesa, consiguieron del Virrey Apodaca tropas y elementos que confiaron al coronel realista Agustín de Iturbide, quien salió a combatir a Vicente Guerrero; pero Iturbide procuró atraerlo para consumar la Independencia expuesta en el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821.
El Plan de Iguala, que en su inciso 16 indicaba que "se formará un ejército protector, que se denominará de las Tres Garantías (trigarante), porque bajo su dirección toma, lo primero, la conservación de la religión...; lo segundo, la independencia...; lo tercero, la unión intima de americanos y europeos".
Los colores de la bandera del Plan de Iguala, bajo la cual se consumo la independencia y sirvió para la entrada a México del Ejército Trigarante el 27 de septiembre de 1821, eran tres: el blanco, que representaba la primera garantía, o sea la religión; el verde, la Independencia; el rojo, la unión de mexicanos y españoles, significado que perdura hasta nuestros días como emblema de la soberanía nacional.
En el museo de historia de Chapultepec, que alberga sendos estandartes de la historia de México, posee una bandera que corresponde al Regimiento de Infantería, probablemente perteneciente al Regimiento de Infantería de la Corona, cuyos 353 hombres fueron los primeros en penetrar a México el 27 de septiembre de 1821, esta insignia tiene en el centro de la franja diagonal un color verde, en el que se aprecia una corona y alrededor de ella las palabras: "Religión, Independencia, Unión".
Con el ánimo de halagar a los insurgentes que no se mostraban dispuestos a aceptar el imperio, la Junta Provisional Gubernativa ordenó en el decreto que "el Pabellón Nacional y la Bandera del Ejército deberían ser tricolores, adoptándose perpetuamente los colores verde, blanco y encarnado, en franjas verticales, dibujándose en la blanca un águila coronada".
Al término del imperio de Iturbide, el Congreso Constituyente decretó el 14 de Abril de 1823 "que en cuanto al pabellón nacional, se esté el adoptado hasta aquí, con la única diferencia de colocar el águila sin corona, lo mismo que deberá hacerse con el escudo".
Cuando pasa la bandera deben mantenerse de pie y manifestar un saludo a la Bandera, llevando la palma de la mano derecha extendida con los dedos juntos, hasta tocar ligeramente el hombro izquierdo a la altura de la axila, la palma de la mano derecha, el brazo y el hombro derechos; éste constituye el acto previo a los honores que se consuman los honores al significado de la identidad de los mexicanos.
El 24 de febrero celebramos un onomástico más del Día de la Bandera, el cual debe ser el inicio de un nuevo compromiso por dignificar los valores mexicanos, que en estos días aciagos en los que impera la falta de respeto a los símbolos patrios al denigrarse con las modificaciones realizadas al Escudo Nacional para identificar una administración presidencial sin darse cuenta que con ello se violenta a la Bandera Mexicana, debemos para orgullo cívico de las nuevas generaciones educar por conservar nuestras tradiciones, como ejemplo al mundo de ser un país respetuoso de sus instituciones y gallardo de nuestros símbolos patrios.
Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica)
A la reunión de trabajo que sostendrá con el titular de la Conapesca, ingeniero Ramón Corral Ávila, el martes 1 de marzo, a las 9 horas, en la sala 6, situada en la planta baja del edificio B.
Orden del Día
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A su reunión de trabajo con el jefe del Servicio de Administración Tributaria, ingeniero José María Zubiría Maqueo, y con el administrador general de Aduanas, licenciado José Guzmán Montalvo, que se llevará a cabo el martes 1 de marzo, a las 9 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
DE LA COMISION ESPECIAL DEL CAFÉ
A la reunión de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el martes 1 de marzo, a las 10 horas, en el salón A del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. Jorge B. Utrilla Robles
Presidente
DE LA COMISION ESPECIAL PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN EN LA CUENCA LERMA-CHAPALA
A la reunión de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el martes 1 de marzo, a las 10:30 horas, en la sala de juntas de la Coordinación de Jalisco del grupo parlamentario del PRI (edificio C, planta baja).
Atentamente
Dip. Roberto A. Marrufo Torres
Presidente
DEL COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
A su reunión ordinaria, que se verificará el martes 1 de marzo, a las 10:30 horas, en el salón de protocolo del edificio A, planta baja.
Atentamente
Dip. Víctor Suárez Carrera
Presidente
DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA
A la reunión de su Mesa Directiva, que se efectuará el martes 1 de marzo, a las 12 horas, en el edificio F, cuarto piso.
Atentamente
Dip. Jaime Miguel Moreno Garavilla
Presidente
DE LA COMISION ESPECIAL DE LA CUENCA DE BURGOS
A su reunión de trabajo, que se verificará el martes 1 de marzo, a las 12 horas, en el salón 64 del edificio B, tercer piso.
Orden del Día
DE LA COMISION DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
A la reunión de su Mesa Directiva, que se efectuará el martes 1 de marzo, a las 14:30 horas, en las oficinas de la Comisión.
Orden del Día
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión ordinaria de trabajo, que se llevará a cabo el martes 1 de marzo, a las 15 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente
DE LA COMISION ESPECIAL PARA EL CAMPO
A su quinta sesión ordinaria, que se llevará a cabo el martes 1 de marzo, a las 15 horas, en las oficinas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (salas 1 y 2 del edificio B, planta baja).
Atentamente
Dip. Rafael Galindo Jaime
Presidente
DE LA COMISION DE EQUIDAD Y GÉNERO
A la octava reunión ordinaria de trabajo del Parlamento de Mujeres, Comisión Bicamaral, que se verificará el martes 1 de marzo, a las 17 horas, en el salón Libertadores, situado en el edificio H, segundo piso.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo
Presidenta
DE LA COMISION DE PESCA
A la reunión de trabajo con representantes de la AMSDA, que se realizará el martes 1 de marzo, a las 17 horas, en la zona C del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. Francisco Javier Obregón Espinoza
Presidente
DE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
A su reunión plenaria ordinaria, que se verificará el martes 1 de marzo, a las 17 horas, en el salón Leona Vicario, situado en el edificio H, planta baja.
Orden del Día
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
A su reunión con magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y con el licenciado Rubén Aguirre Pangburn, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se verificará el martes 1 de marzo, a las 17 horas, en los salones C y D del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. Gustavo Madero Muñoz
Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito
Público
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE TURISMO
Al foro Incentivos fiscales al turismo, que se verificará el miércoles 2 de marzo, a las 9 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde), situado en el edificio A, segundo nivel.
Atentamente
Dip. Gustavo Madero Muñoz
Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito
Público
DE LA COMISION ESPECIAL PARA ANALIZAR LOS PROBLEMAS DE LA AGROINDUSTRIA MEXICANA DE LA CAÑA DE AZÚCAR
A su décima reunión ordinaria, que se realizará el miércoles 2 de marzo, a las 16 horas, en la sala Veracruz, situada en el edificio H, primer nivel.
Orden del Día
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A su reunión de trabajo con el licenciado José Guzmán Montalvo, administrador general de Aduanas, y con el licenciado Jesús Mao Cervantes, administrador central de Enlace Operativo y Seguridad de la Administración General de Aduanas, que se llevará a cabo el martes 8 de marzo, a las 9 horas, en la zona C del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
DE LA COMISION DE SALUD
Al octavo foro regional de La reproducción asistida en México y sus expectativas, que se llevará a cabo el miércoles 9 de marzo, de las 8:30 a las 15 horas, en el salón Durango del Hotel Gobernador (Avenida 20 de Noviembre 257 Oriente, zona centro, Durango, Durango).
Atentamente
Dip. José Ángel Córdova Villalobos
Presidente
DE LA COMISION ESPECIAL PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN DE LA CUENCA LERMA-CHAPALA
A la reunión informativa con el ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, titular de la Semarnat, en el marco de su quinta reunión plenaria, que se verificará el miércoles 9 de marzo, a las 9 horas, en el salón de protocolo del vestíbulo principal.
Atentamente
Dip. Roberto A. Marrufo Torres
Presidente
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
A su reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 9 de marzo, a las 15 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. Manuel García Corpus
Presidente
DE LA COMISION DE POBLACION, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A su reunión plenaria con el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor José Luis Soberanes Fernández, que tendrá lugar el martes 15 de marzo, a las 15 horas, en la zona C del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Al foro Responsabilidad civil, que se llevará a cabo el miércoles 16 de marzo, a las 10 horas, en el auditorio norte (edificio A, segundo nivel).
Atentamente
Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán
Presidenta