El suscrito, diputado federal, Jesús Martínez Álvarez, integrante del grupo parlamentario del Partido Convergencia, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, en base a las siguientes:
Consideraciones
Son varios los foros en que se ha llevado a cabo la discusión acerca del asunto relativo a las instalaciones de Pemex. Se ha exigido a las autoridades de la paraestatal, información respecto al accidente que se suscitó en el estado de Veracruz y esperamos de manera puntual la respuesta que se dé al respecto, por ser un asunto de interés común.
Igualmente se ha enfatizado la obligación que tiene Petróleos Mexicanos de garantizar la seguridad de la población que habita en el entorno de las instalaciones, ya sean refinerías, pozos, ductos o áreas de producción y explotación.
Sabemos que la red de ductos tiene un uso intensivo y ello se ha venido haciendo durante décadas, por lo que estimamos necesario invertir recursos en la revisión y reparación de muchas de las instalaciones de la paraestatal.
El Congreso de la Unión ya ha realizado diversos pronunciamientos a favor de que se dediquen mayores recursos para garantizar la seguridad de los ciudadanos que trabajan en las instalaciones de Pemex y de los que viven cerca de ellas, para así evitar siniestros que podrían no suscitarse si se cuenta con adecuados mantenimientos preventivo y de seguridad de las instalaciones en las diversas áreas de explotación del crudo.
En tal caso, se deberá ajustar la paraestatal al presupuesto que le ha sido asignado para el presente año, sin que se pierda la competitividad de la misma y se mantenga una constante en los recursos que en ella se explotan.
Consideramos que el asunto no debe ser politizado y reafirmamos que mientras no se cuente con un presupuesto más alto, la paraestatal deberá plantearse una inversión sólida en sistemas de seguridad y mantenimiento, sin que se utilice la coyuntura para buscar justificaciones o arrojar culpas, ya que, como lo hemos mencionado anteriormente, se trata de un asunto de interés público.
Por todo lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Que la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos lleve a cabo una redistribución de su presupuesto para invertir en sistemas de seguridad y mantenimiento para sus instalaciones, con el fin de evitar accidentes de los trabajadores de la misma y de los habitantes que viven en zonas aledañas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2005.
Dip. Jesús Martínez Álvarez
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LAS IRREGULARIDADES DEL ACUERDO APROBADO POR LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA NUEVA DEMARCACIÓN ELECTORAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS, A CARGO DEL DIPUTADO JULIÁN NAZAR MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos diputados federales por el estado de Chiapas, Aguilar Hernández Roberto Aquiles, Collazo Gómez Florencio, Culebro Velasco Mario Carlos, David David Sami, González Orantes Cesar Amín, Gordillo Reyes Juan Antonio, Grajales Palacios Francisco, Herrera Solís Belisario Iram, Nazar Morales Julián, Orantes López María Elena, Pano Becerra Carlos, Rincón Chanona Sonia y Utrilla Robles Jorge Baldemar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento, en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo sobre las irregularidades contenidas en el acuerdo aprobado el 11 de febrero del 2005 por los Consejeros Electorales del Instituto Federal Electoral respecto a la nueva demarcación territorial electoral del estado de Chiapas, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado 11 de febrero del año en curso, el Instituto Federal Electoral, a través de su órgano superior de dirección aprobó el Acuerdo por el que se establece la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en que se divide el país, para su utilización en los procesos electorales 2005-2006 y 2008-2009, con base en lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás correlativos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La nueva distritación aprobada por el Instituto, conforme a la Constitución, conserva como base la distribución de la población en los 300 distritos uninominales, pero argumenta establecer una mayor paridad entre el número de integrantes por distrito, permitiendo, en teoría que el voto tenga el mismo valor en cada distrito electoral, con lo que dichos Consejeros Electorales afirman que se fortalecerá la representación ciudadana.
En uso de sus atribuciones el Consejo General del Instituto, el quince de julio del 2004, aprobó los criterios y consideraciones operativas que se utilizaron para la conformación de los proyectos de división del territorio nacional en los trescientos distritos uninominales, con el propósito de buscar un sistema de representación justo y equitativo.
Con el Acuerdo CG104/2004 del 15 de julio del 2004 citado, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó los criterios y consideraciones operativas para la nueva distritación que debería garantizar el equilibrio poblacional, los limites político-administrativo y accidentes geográficos, sobre la base de los artículos 2, 52 y 53 de la Constitución Política. Así como, con apego al artículo tercero transitorio del decreto por el cual se reforma el artículo 2 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de agosto de 2001, en el que señala que para establecer la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales se debe tomar en consideración los pueblos y comunidades indígenas con la finalidad de propiciar la participación política.
Después de analizar minuciosamente la distritación que aprobó el Consejo General en el estado de Chiapas, los diputados federales de esa entidad, consideramos que esta alejada de la lógica y la operatividad en razón de la falta de valoración de los propios criterios aprobados por el Consejo General ya que se atenta contra la accesibilidad, la geografía, el equilibrio poblacional, los tiempos de traslado, las idiosincrasias de los pueblos, los usos y costumbres, entre otros.
Manifestamos nuestra inconformidad por la violación al artículo 53 constitucional que establece el principio de equilibrio demográfico en la conformación de las demarcaciones territoriales que no se tomó en cuenta en la redistritación de Chiapas violentando con ello la vida democrática y las prerrogativas de los ciudadanos de votar y ser votados, ya que esta distribución geográfica no garantiza que el voto tenga el mismo valor y representatividad, y que las casillas electorales tengan fácil y libre acceso para los electores.
Manifestamos también nuestra inconformidad porque no se respetaron los criterios aprobados por el propio Consejo General, de tomar en cuenta el equilibrio poblacional, los limites políticos-administrativo y accidentes geográficos, ya que existen casos tan absurdos como el del municipio de Tapachula que siendo cabecera distrital integrada por siete municipios le quitan secciones para reubicarlas al distrito once con cabecera en el municipio de Huixtla, al que por cierto también le adjudican los municipios de Cacahotán y Unión Juárez, dichos municipios tienen que atravesar Tapachula, su anterior cabecera, para llegar a Huixtla su nueva sede distrital.
Otros casos, absurdos son que los municipios de Pichucalco y Amatán, que estando a 20 minutos de su cabecera distrital sean reubicados a 7 u 8 horas de la nueva cabecera; el municipio de Las Rosas a 20 minutos de Comitán se haya llevado a dos horas de Tuxtla Gutiérrez, como nueva cabecera. así como un sin número de secciones que fueron reorientadas y que tienen las mismas inconsistencias señaladas.
Sin duda alguna que esta nueva demarcación territorial provocará severas confusiones entre la población e impedirá que el trabajo que realizan los partidos y sus candidatos cumplan con la obligación constitucional de promover la participación del pueblo de Chiapas en la vida democrática y se complique el acceso de los ciudadanos al ejercicio del sufragio. Es por ello, que nuestro partido en uso de sus derechos constitucionales el 17 de febrero pasado, impugnó los actos del Consejo General ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Atento a lo anterior, que desde esta tribuna los diputados priístas chiapanecos manifestamos nuestra más enérgica protesta en contra de estos actos realizados por los Consejeros Electorales del IFE, por lo absurdo e impractico de los cambios que realizaron a la geografía electoral del estado de Chiapas y los exhortamos a que rectifiquen el acuerdo que aprobaron y los cambios a la estructura distrital llevada a cabo en el estado de Chiapas, porque atentan contra el avance democrático y la participación de la ciudadanía chiapaneca en la vida política del estado.
Por lo anteriormente señalado, me permito someter a la consideración del pleno, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- Los representantes federales del estado de Chiapas, Considerando las severas implicaciones que origina la redistritación aprobada por el Instituto Federal Electoral, exhortamos a dicho organismo a que considere los argumentos aquí planteados incluyendo la impugnación presentada por el Partido Revolucionario Institucional ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y realice las adecuaciones necesarias para la creación de una redistritación coherente con los escenarios geopolíticos del estado de Chiapas
Segundo.- Se solicita atentamente a esta H. soberanía se deje constancia de la actitud asumida por los consejeros electorales integrantes del máximo órgano de dirección del IFE, a fin de que en lo sucesivo eviten realizar actos que atentan contra el avance democrático y los derechos políticos de los ciudadanos y de los partidos, como en el presente caso.
Insértese el texto integro del presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates.
Se solicita que la presente proposición sea considerada de urgente y obvia resolución.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a los 24 días del mes de febrero de 2005.
Diputados: Julián Nazar
Morales, coordinador (rúbrica); Jorge B. Utrilla Robles (rúbrica),
Carlos Osvaldo Pano Becerra (rúbrica), María Elena Orantes
López (rúbrica), Roberto A. Aguilar Hernández (rúbrica),
Sonia Rincón Chanona, Mario Carlos Culebro Velasco (rúbrica),
Sami David David (rúbrica), Florencio Collazo Gómez (rúbrica),
César Amín González Orantes (rúbrica), Belisario
Iram Herrera Solís (rúbrica), Juan Antonio Gordillo Reyes
(rúbrica), Francisco Grajales Palacios.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO A INVESTIGAR SOBRE LA EPIDEMIA DE HEPATITIS TIPO A EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA Y EFECTUAR EL CONTROL SANITARIO RESPECTIVO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARISOL VARGAS BÁRCENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, Marisol Vargas Bárcena, diputada federal del estado de Hidalgo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito presentar a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
En el estado de Hidalgo se sufre una epidemia fuerte de hepatitis de tipo A. La hepatitis es una enfermedad infecciosa que afecta al hígado causando la destrucción de pequeñas zonas del tejido hepático. Según la causa de la inflamación, hay varios tipos de hepatitis. Los síntomas varían desde una leve dolencia griposa, que es lo más común, hasta una deficiencia hepática grave.
En la mayoría de los casos, la hepatitis es causada por un virus, aunque también puede ser causada por el abuso de alcohol, medicinas (en especial anestésicos), gases tóxicos, venenos y por ciertas infecciones de bacterias, hongos o parásitos.
El virus conocido como hepatitis A (VHA) es el más frecuente. Produce un cuadro leve y cura por sí misma en unas semanas sin dejar secuelas. Entra por la boca, crece en los intestinos y se expulsa con las heces. Generalmente se contrae al comer alimentos que han sido contaminados a través de la materia fecal, o preparados por alguien que no se haya lavado las manos.
Concretamente, en el municipio de Agua Blanca, Hidalgo, 15 infantes de la Escuela Primaria Alvaro Obregón tienen esta enfermedad, así como 2 niños del Preescolar Carmen Serdán, 3 estudiantes de la Escuela Secundaria No. 32 y 1 alumno del Telebachillerato.
Según la Ley de Salud Publica del estado de Hidalgo se reglamenta el derecho a la protección de la salud contenido en el artículo octavo de la Constitución Política del estado de Hidalgo y se establecen las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud proporcionados por el Estado y la concurrencia de éste y sus municipios en materia de salubridad local. Es de aplicación en el estado de Hidalgo, y sus disposiciones son de orden público e interés social.
El Sistema Estatal de Salud está constituido por las dependencias y entidades públicas y sociales y las personas físicas o morales de los sectores sociales y privados que presten servicios de salud en el estado, así como por los mecanismos de coordinación de acciones a fin de dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud en el territorio del estado de Hidalgo.
El Gobierno del estado de Hidalgo tiene que proporcionar servicios de salud a toda la población del estado y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios del estado y a los factores que condicionen y causen daños a la salud con especial interés en las acciones preventivas.
El director de salud en Hidalgo, doctor Alberto Jongitud Falcón es el encargado de supervisar cualquier brote infeccioso en la entidad y de proporcionar los medios y los medicamentos preventivos y de curación en la población, así como informar a la Secretaría de Salud.
Es responsabilidad del gobernador del estado de Hidalgo, Manuel Ángel Núñez Soto supervisar que los programas de salud se cumplan en el estado.
No queremos que nuestros niños y jóvenes crezcan sin educación por falta de salud, a causa de la irresponsabilidad de un gobierno estatal que no vigila y cumple con lo dispuesto por la ley.
Por lo anterior, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- Que esta soberanía exhorte al Gobierno del estado de Hidalgo, para que realice una investigación sobre la epidemia de hepatitis tipo A en el municipio de Agua Blanca, Hidalgo y efectúe el control sanitario respectivo.
Segundo.- Que esta asamblea exhorte al Gobernador Manuel Ángel Núñez Soto para que informe sobre el estado que guardan los centros de salud de Hidalgo, así como los recursos económicos que otorga el Gobierno Federal a dichas dependencias.
Tercero.- Que se solicite al director de Servicios de Salud del estado de Hidalgo, doctor Alberto Jongitud Falcón, tenga a bien en realizar una investigación sobre las condiciones en las que opera el Centro de Salud de Agua Blanca, Hidalgo y pueda informar a esta soberanía así como a la Secretaría de Salud.
Cuarto.- Que se exhorte a la Secretaría de Salud tenga a bien realizar una investigación sobre las condiciones en las que operan los centros de salud del estado de Hidalgo y remita a esta soberanía los resultados.
Solicito que se trate esta proposición con punto de acuerdo de urgente resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2005.
Dip. Marisol Vargas Bárcena
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA UNA AUDITORÍA A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS SOBRE EL DESTINO DE LOS 39.2 MILLONES DE PESOS AHORRADOS POR LA CANCELACIÓN DE PLAZAS LABORALES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2004, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA DÍAZ DEL CAMPO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal en la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 establecía en su artículo 30 que las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal estaban obligadas a cumplir con medidas de racionalidad y eficiencia en el ejercicio de sus asignaciones presupuestales, y a efecto de cumplir con tal obligación se estableció el Programa Especial de Reducción de Costos y Compactación de Estructuras Administrativas. A través de este, se programo la cancelación de las plazas laborales en las dependencias y entidades de la Administración Pública.
Resultado de lo anterior y de acuerdo con cifras del Informe sobre la situación económica, las Finanzas Públicas y la deuda publica del cuarto trimestre de 2004, para ese año y por los conceptos señalados el gobierno federal programo un ahorro 4 mil millones de pesos; al cierre del 2004 el ahorro efectivo ascendió a 4 mil 201 millones de pesos por lo que se presento un cumplimiento del 91.3 por ciento del ahorro programado.
En el caso particular de la entidad Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para el año 2004 se programo la cancelación de 5,154 plazas laborales con un ahorro de 39.2 millones de pesos; y en efecto fueron canceladas esas 5,154 plazas por lo que el programa cumplido al cien por ciento. Sin embargo, el organismo aun debe informar el destino dado a estos recursos ahorrados.
Para el presente ejercicio, el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación en su artículo 28, ordena que las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal "deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de los objetivos y las metas aprobados".
Creemos que para el caso de caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos la cancelación de plazas efectuadas el año pasado -5.154 plazas- pudo haber sido suficiente, por lo que nos interesa conocer las previsiones que este haciendo el organismo en esta materia.
Sería preocupante que los costos, la capacidad operativa y la eficiencia del organismo se debilitaran. La actividad de este organismo es estratégica para la construcción, administración, operación y mantenimiento de la infraestructura carretera del país; resulta fundamental para el funcionamiento y crecimiento de nuestra actividad económica; y tiene bajo su responsabilidad el manejo de recursos presupuestales y extrapresupuestales relacionados con las autopistas de cuota, a través de distintos fondos y fideicomisos, de manera que la eficiencia en su operación administrativa y financiera es de primordial interés para esta Cámara.
En tal virtud someto a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación que, en el marco de sus facultades y atribuciones, realice una auditoría especial sobre el destino que se dio a los 39.2 millones de pesos ahorrados en el ejercicio fiscal 2004 por la cancelación de plazas laborales.
Segundo. Se exhorta al titular de las entidad Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a fin de que haga publica la información referente a las medidas que tomara para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo a que dicho organismo esta obligado en el ejercicio presupuestal 2005. Se deberá incluir el numero y tipo de plazas a ser canceladas, el ahorro financiero que ello representaría, la afectación que tal medida tendría el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad, así como el destino que se dará a tales ahorros.
Tercero. Asimismo, se exhorta al titular de la entidad a fin de que en la eventual cancelación o transferencia que plazas laborales que se lleve a cabo, se de cumplimiento al mandato contenido en el artículo trigésimo cuarto del decreto de Presupuesto de Egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2005, de acuerdo con el cual, si las asignaciones autorizadas a las distintas dependencias y entidades fueran insuficientes para cubrir los servicios personales, aquellas deberán ajustar su gasto exclusivamente en los grupos jerárquicos de jefatura de departamento, subdirección de área, dirección de área, dirección general adjunta, dirección general y coordinación general, jefatura de unidad, titular de entidad, subsecretaría de estado y oficialía mayor y secretaría de Estado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2005.
Dip. María Angélica Díaz
del Campo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO A LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS QUE LE CORRESPONDEN, A CARGO DEL DIPUTADO MARKO ANTONIO CORTÉS MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, integrante del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y párrafo primero del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se hace un llamado al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo para que lleve a cabo la reparación y el mantenimiento de las carreteras a su cargo, con base en los siguientes:
Considerandos
Primero.- Que el contar con un sistema de carreteras funcional y en buenas condiciones es de vital importancia para todos los mexicanos, toda vez que gran parte del comercio, turismo y traslado de personas y mercancías en general en nuestra República, se lleva acabo a través de la transportación terrestre.
Segundo.- Que a su vez, la construcción y rehabilitación constante de dichos caminos, trae como consecuencia el conectar las principales ciudades de los estados con aquellos municipios y comunidades más apartados, lo cual genera la habilitación de los servicios más necesarios como luz, agua, drenaje y a consecuencia de esto la generación de empleos tanto temporales como permanentes, reactivando la economía de dichos lugares.
Tercero.- Que el Gobierno Federal ha entendido la necesidad imperante de contar con vías de comunicación accesibles y en buen estado, por lo cual, y de acuerdo a lo dicho por la propia Presidencia de la República, se han construido durante lo que va de la administración actual, 17 autopistas, libramientos y carreteras nuevas y en el presupuesto destinado para el año 2004 en el rubro de construcción y modernización se incrementó de manera considerable.
Cuarto.- Que es inadmisible que no ha sido prioridad para algunos gobiernos estatales, como es el caso del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, ya que lamentablemente las carreteras estatales que comunican a las diversas poblaciones y comunidades con las principales ciudades, se encuentran en un estado deplorable.
Quinto.- Que el Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal del año 2004, en su artículo 11 establece que:
[...]
"Junta de Caminos 128,867,461"
así como del Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, por un importe de $943,284,853 (novecientos cuarenta y tres millones doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y tres pesos 00/100 m.n.).
I. Al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones, que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y de pobreza extrema, en los rubros de: agua potable, alcantarillado; drenaje y letrinas; urbanización municipal; electrificación rural y de colonias pobres; infraestructura básica de salud; infraestructura básica educativa; mejoramiento de vivienda; caminos rurales; e infraestructura productiva rural; y,
II. A la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes, y en caso de que dispongan de remanentes, los podrán destinar a la ejecución de obras, acciones sociales básicas y a inversiones, que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema.
Séptimo.- Que por mencionar algunas carreteras que se encuentran en estas condiciones tan lamentables dentro del estado, están las de Maravatio-Ciudad Hidalgo; Tlalpujahua-Contepec; Tocumbo-Cotija; Cotija-Jaripo; Tlalpujahua-Angangueo-Zitácuaro; Coalcoman-Coahuayana; Irimbo-Ocampo-Angangueo; Peribán-Buenavista.
Octavo.- Que un caso muy particular e inadmisible es el de la carretera Jacona-Tingüindin-Los Reyes, ya que no obstante que dicha carretera se encuentra en un estado de destrucción severo en diversos puntos de ésta, el Gobierno del estado ha decidido su ampliación a cuatro carriles en lugar de rehabilitarla y posteriormente buscar los mecanismos para su ampliación, lo cual nos muestra la falta de formulación y planeación de los proyectos de obras para el mejoramiento de estas vías de comunicación, las cuales son muy necesarias e indispensables para el comercio de las comunidades y poblaciones que utilizan dicha vía.
Noveno.- Que el llamado que hoy se propone ante esta máxima tribuna para el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, se motiva esencialmente en la exigencia de los pobladores, transportistas y todos aquellos que hacen uso de estas carreteras y que se han visto afectados en su bienes a consecuencia del estado tan deplorable en el que se encuentran; y, toda vez que no han sido escuchados por las autoridades correspondientes, nosotros, como sus legítimos representantes, tenemos la obligación de llevar su voz para que sea escuchada.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Se hace un llamado respetuoso al C. Lázaro Cárdenas Batel, Gobernador del estado de Michoacán de Ocampo, para que instruya a las áreas que correspondan a su digno cargo, para que en medida del presupuesto y condiciones administrativas posibles, lleven a cabo la evaluación, planeación y gestión con los diversos municipios del estado, para el mejoramiento, rehabilitación y construcción de las carreteras y caminos rurales que se encuentran dentro de su jurisdicción.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2005
Dip. Marko Antonio Cortés Mendoza
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SCT, A TRAVÉS DEL CENTRO SCT MICHOACÁN, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Y A LA EMPRESA TRANSPORTACIÓN FERROVIARIA MEXICANA A ALCANZAR UN ACUERDO QUE PERMITA CONCLUIR LA AUTOPISTA SIGLO XXI, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS INELVO MORENO ÁLVAREZ, ISIDORO RUIZ ARGAIZ Y CARLOS HERNÁN SILVA VALDÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
El estado de Michoacán cuenta con recursos naturales de distinta índole que permiten a las autoridades de la entidad vislumbrar la posibilidad de conseguir un mejor futuro para todos los michoacanos y, por añadidura, para el país en su conjunto. Asimismo, nuestro gobierno estatal, coordinado con las autoridades federales, está empeñado en impulsar la construcción de la infraestructura productiva que permita concretar las potencialidades existentes.
De tiempo atrás, se planeó, licitó e inició la construcción de la llamada Autopista Siglo XXI, a fin de unir a la ciudad de Morelia con el Puerto de Lázaro Cárdenas, una obra que consta de 275 kilómetros de longitud que acortará la distancia entre ambos puntos, que ahora es de 350 kilómetros hasta el Puerto de Lázaro Cárdenas, y que a su vez reduciría de 6 horas el tiempo de recorrido a sólo 3 horas.
Esta autopista tiene la clasificación A, es decir dos carriles con una anchura de 12 metros, y la especificación de una capa subyacente, subrasante, una base hidráulica y su carpeta asfáltica, además de 120 estructuras para la construcción de puentes, pasos superiores y laterales.
Pero ha surgido un problema. Su construcción se encuentra frenada temporalmente en un tramo de 240 metros por una demanda interpuesta por la empresa concesionaria Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM), por daño al derecho de vía y despojo, en contra del Centro SCT de Michoacán, ya que la misma considera de riesgo la construcción de la obra.
Cabe destacar que los trabajos de construcción están avanzados y faltan únicamente 3 kilómetros para concluir la obra, pero por efecto de la demanda no hay fecha de entrega hasta que el proceso legal sea solucionado.
Al mismo tiempo, el Centro SCT de Michoacán se encuentra realizando los estudios técnicos que permitirían definir la alternativa de construcción, para no continuar con el corte del material en una longitud faltante de 120 metros y poder solucionar tal situación.
Nos preocupa que esta importante obra que sería un detonador para el desarrollo de la región del Puerto de Lázaro Cárdenas, de todo su trayecto hasta la capital del estado y aún más allá, se vea interrumpida, con los efectos colaterales que ello conlleva como son el incremento de los costos de construcción y el retardo en la obtención de los beneficios esperados.
Es deseable que las partes involucradas junto con las autoridades federales y estatales lleguen a una solución a favor de cada una de ellas y, sobre todo, del país.
En tal virtud sometemos a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del Centro SCT Michoacán, al gobierno del Estado Libre y Soberano de Michoacán y a la empresa Transportación Ferroviaria Mexicana a fin de que redoblen sus esfuerzos de negociación y alcancen, a la brevedad posible, un acuerdo que favorezca los intereses de las partes involucradas con el propósito de que la autopista Siglo XXI pueda ser concluida.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2005.
Diputados: Inelvo Moreno Álvarez,
Isidoro Ruiz Argáiz, Carlos Hernán Silva Valdés (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A ABSTENERSE DE INMEDIATO DE SEGUIR UTILIZANDO LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD PARA FINES POLÍTICOS, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Antecedentes
Luego de que el predio El Encino (en la delegación Cuajimalpa, Distrito Federal) fuera expropiado por el gobierno capitalino en noviembre del año dos mil, el catorce de marzo de dos mil uno, un tribunal federal consideró que el decreto de expropiación era inconstitucional, pues no se acreditaba la utilidad pública, y resolvió otorgar una suspensión definitiva a la empresa Promotora Internacional Santa Fe (propietaria original del predio) y ordenó al jefe de Gobierno de la ciudad abstenerse de continuar con las obras en el predio y regresar el terreno.
El veintiocho de agosto de dos mil uno, y como consecuencia de una inspección judicial, el juez federal Álvaro Tovilla León determinó que la suspensión definitiva había sido violada por el Gobierno del Distrito Federal, ya que las obras continuaron, por lo que el mismo juez ordenó a la Procuraduría General de la Republica iniciar una averiguación por el delito de abuso de autoridad.
El veintitrés de enero de dos mil, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa determinó, de manera inapelable y final, que el jefe del Gobierno violó la suspensión definitiva otorgada por el juez. Y el dieciséis de febrero de dos mil cuatro, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenó a la Procuraduría General de la República resolver la averiguación previa iniciada contra el jefe del Gobierno en agosto de dos mil uno; la Procuraduría determinó, el diecisiete de mayo de dos mil cuatro, que el Jefe de Gobierno es probable responsable del delito de abuso de autoridad, y dos días después entregó a la Secretaría General de la Cámara de Diputados la solicitud de juicio de procedencia en contra del señor Andrés Manuel López Obrador.
El tres de junio de dos mil cuatro, la Sección Instructora de este órgano legislativo notificó al Jefe de Gobierno del Distrito Federal sobre el inicio del proceso de desafuero en su contra, y a partir de entonces, este sujeto no ha desaprovechado oportunidad alguna para litigar en los medios y con argumentos políticos, un asunto estrictamente político.
Así, Andrés López prácticamente todos los días utiliza sus conferencias con los medios de comunicación, en su calidad de jefe del Gobierno del Distrito Federal -es decir, utilizando toda la infraestructura del gobierno local-, para hablar poco de los problemas de la ciudad y para hablar mucho de su limitada y trastocada visión acerca del proceso de desafuero en su contra.
No ha escatimado el señor López oportunidad alguna para utilizar el aparato gubernamental de la ciudad con fines eminentemente políticos. Y en la medida en que se aproxima la fecha en que la Sección Instructora presentará al pleno de esta Soberanía el dictamen correspondiente para determinar si ha o no lugar a proceder contra el inculpado, se han incrementado las acciones que desde el Gobierno del Distrito Federal se emprenden, utilizando recursos humanos y materiales -en un inminente desvío de recursos-, para lucrar políticamente con este asunto.
El gobierno capitalino en su conjunto está más enfocado en la peje-campaña que en la atención de los graves problemas de la ciudad. Por eso, según información publicada en el Diario Reforma, la mañana del diez de febrero de dos mil cinco se realizó una reunión con todo el gabinete en el salón Independencia del Edificio Nuevo de Gobierno, donde se trató el tema de los preparativos para una movilización política el día que esta Soberanía se convierta en jurado de procedencia. En esta reunión, se acordó que la Secretaria de Turismo tendría a su cargo establecer contacto con organismos internacionales, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda con Organismos no Gubernamentales nacionales, y la Contraloría tendría la misión de enviar cartas a todos los diputados federales a sus domicilios. Una reunión similar se realizó en la misma fecha en el Instituto de las Mujeres del gobierno de la ciudad.
Por eso el quince de febrero de dos mil cinco, cerca de cuatro mil trabajadores del Gobierno capitalino fueron reunidos en el teatro Metropólitan para desde ahí escuchar el mensaje político de López en el proceso de desafuero en su contra. Ahí estuvieron presentes desde secretarios del Gobierno local hasta trabajadoras sociales. Para la realización del acto fue utilizada la infraestructura del Gobierno capitalino, e incluso para la decoración se ocuparon plantas y tarimas de la Secretaría del Medio Ambiente y del área de giras. Las trabajadoras sociales y los funcionarios, además de sus gafetes de gobierno, portan en su mayoría listones tricolores y botones con la imagen del jefe del Gobierno y la leyenda "No al desafuero". A las trabajadoras sociales les fue asignada la tarea de repartición de volantes contra el desafuero, en distintas zonas de la Ciudad a partir de este día. Ese mismo día, el Secretario de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, reconoció que se está usando la estructura de la administración para evitar el desafuero de López.
Y el diecisiete de febrero de dos mil cinco, varios medios de comunicación revelaron que diversas áreas del gobierno capitalino (Secretaría de Transportes, la Contraloría General, la Procuraduría, el Metro, entre otras) y delegaciones como Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc y Tláhuac exigieron a sus funcionarios aportar entre el diez y el treinta por ciento de su salario mensual, para pagar la peje-campaña (hecho por el cual el PRI capitalino está preparando una denuncia penal). Algunos de los testimonios recogidos por los medios, manifestaron que la cuota es en efectivo y los funcionarios deben darla a Carlos Aguilar (Director Ejecutivo de Administración), quien fue el encomendado por el Secretario para recibir el dinero. La colecta se realiza sobre todo entre mandos medios y superiores, durante tres o cuatro quincenas. En la Secretaría de Transporte y Vialidad, empleados señalaron que el quince por ciento de su salario fue solicitado directamente por el secretario Francisco Garduño, durante varias reuniones que tuvo con trabajadores. En la delegación Cuauhtémoc la instrucción fue dada directamente por la Jefa Delegacional, Virginia Jaramillo a los directores de área de la demarcación."El argumento para hacer obligatoria la cuota es que tenemos trabajo gracias a López Obrador", expresó un trabajador de esa delegación. Y ante tal cantidad de evidencias, López dijo que la cooperación era voluntaria, y quienes sean amenazados deben poner su denuncia en la Contraloría (lo cual por supuesto no serviría de nada, pues la Contralora capitalina no es mas que una empleada de López, que en diversos actos ha demostrado que solo obedece a los intereses del Jefe de Gobierno y a los de los ciudadanos; y como se ha mencionado, también en esa dependencia se "pasó la charola").
Como parte de esta peje-campaña, la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno local (que encabeza el ineficiente ex secretario de Seguridad Pública local, Marcelo Ebrard, quien también reconoció que se utiliza dinero del erario para esta peje-aventura, aunque eso le costó ser reconvenido inmediatamente por su jefe Andrés López) elaboró un documento denominado "Propuestas de acciones ante el proceso de desafuero que enfrenta el Jefe de Gobierno del DF", en el cual se establece que habrán de informar sobre este proceso a un millón de beneficiarios de los programas sociales del Gobierno del Distrito Federal. Según el documento, más de dos mil seiscientos servidores públicos trabajarían en cuarenta y un acciones para difundir información relativa al desafuero. A través de sus direcciones, institutos y dependencias darían información impresa a setecientos mil padres de familia en los vales para canjear por los útiles gratuitos; buscarán también llegar a las personas que atienden los centros de Asistencia e Integración Social; establecerían contacto con los coordinadores de los dieciséis planteles de educación preparatoria para tratar de que los docentes informen a los once mil cuatrocientos estudiantes las consecuencias del desafuero; además entrarían en contacto con las doscientas asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada que participan en los programas de coinversión; con treinta y cinco Comités de Administración y Supervisión del Programa de Apoyo a Pueblos Originarios y con clubes y organizaciones de adultos mayores; transmitirían grabaciones en 12 lenguas indígenas por el sistema de audio del metro, radio bienestar y Locatel. En resumen, utilizarían todo el aparato gubernamental para lucrar políticamente en beneficio de Don López.
Según Andrés López, toda esta peje-campaña se daría dentro de la vía legal y pacífica. Y como hemos mencionado, no ha sido en lo absoluto apegada al marco legal y tampoco ha sido pacífica, pues el dieciséis de febrero de dos mil cinco, un grupo de perredistas, al grito de "¡Obrador! ¡Obrador!" insultó y golpeó a la diputada local Gabriela Cuevas y a dos de sus colaboradores cuando éstos preparaban un recorrido por establecimientos mercantiles de las colonias Condesa y Roma.
Es una falacia que el Jefe de Gobierno esté emprendiendo una lucha pacífica por una causa justa. Cómo puede saber si es una causa justa o injusta si la Sección Instructora no ha emitido ningún dictamen, o ¿acaso se sabe tan culpable que por eso ha decidido evitar cualquier defensa jurídica y enfocarse exclusivamente a la defensa política utilizando para ello los recursos del Gobierno de la Ciudad?
Lo que en realidad está haciendo Andrés López es desviar recursos humanos, materiales, técnicos y financieros del Gobierno del Distrito Federal para su peje-campaña, al tiempo que incita a la violencia con mensajes incendiarios dirigidos a las irracionales e iracundas turbas que conforman las corrientes perredistas, quienes están dispuestos a agredir físicamente a todo aquel que se atreva a disentir del Jefe de Gobierno (como lo demostraron cuando agredieron a la diputada Gabriela Cuevas).
Acción Nacional, avalado por su historia de lucha de inquebrantable lucha por la democracia en México, reitera hoy su convicción de respeto inminente a las instituciones republicanas, a la libertad de expresión, a la propia resistencia civil, pero sin olvidar que ésta tiene dos características fundamentales: ser una última instancia y ser terminantemente pacífica, requisitos que no está cumpliendo la peje-campaña.
Los habitantes de la Ciudad de México no le pagamos un sueldo a Andrés López y sus subordinados para hacer campaña desde el Gobierno de la ciudad, sino para la prestación eficiente de servicios públicos y para que de solución a los graves problemas de la capital, como la creciente inseguridad pública, el permanente desempleo, el deficiente transporte público o la incesante contaminación.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a abstenerse de inmediato de seguir utilizando los recursos públicos de la ciudad para fines políticos.
Segundo. Se solicita al jefe del Gobierno del Distrito Federal dejar de distraerse en asuntos ajenos a su función como responsable de la función ejecutiva del gobierno de la capital, y a ocuparse ya, de dar solución a los serios problemas públicos que los habitantes de la Ciudad de México padecen permanentemente.
Tercero. La Cámara de Diputados hace políticamente responsable al jefe del Gobierno del Distrito Federal de cualquier acto de violencia que resulte de las virulentas declaraciones que este funcionario realiza en torno a la constante descalificación del juicio de procedencia que se sigue en su contra.
Finalmente, y con fundamento en lo establecido en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta soberanía sea puesto a discusión inmediatamente esta proposición con punto de acuerdo por considerarse de urgente resolución.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veinticuatro días del mes de febrero de dos mil cinco.
Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS A NO INTERVENIR EN LOS PROCESOS INTERNOS DE ELECCIÓN DE DIRIGENTES EN SUS RESPECTIVAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL CANDELAS SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Rafael Candelas Salinas, diputado federal a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta asamblea soberana, con carácter de urgente u obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la gobernadora y a los gobernadores de los estados a no intervenir en los procesos internos de elección de sus dirigentes en sus respectivas entidades federativas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En esta ocasión me permito presentar a Ustedes esta proposición con punto de acuerdo, por el que esta Cámara de Diputados, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, exhorte a la gobernadora y a los gobernadores de los estados para que se abstengan de intervenir en los procesos internos que se llevan a cabo en los distintos partidos políticos para elegir a sus representantes y dirigentes.
La sociedad mexicana está cansada de políticos y políticas que en sus discursos hablan del respeto a la ley, que exigen elecciones democráticas, que exigen legalidad, imparcialidad, tolerancia y acatamiento a las normas electorales y cuando llegan al poder se les olvida y reproducen los mismos vicios de los que alguna vez se quejaron; la sociedad mexicana está cansada que desde el poder político, que desde los cargos que ocupan los funcionarios se pretenda violentar la voluntad ciudadana en elecciones constitucionales, pero también en las elecciones internas de los partidos políticos para elegir a sus dirigentes.
Este año, los tres partidos políticos mayoritarios en el país, los tres partidos políticos que tienen gobernadores y gobernadora en los estados, habrán de renovar sus dirigencias nacionales y algunos, como el PRD, también sus dirigencias estatales, municipales y sus órganos colegiados de dirección.
Por ello es importante que, sin distinción de partido, retomemos lo dicho en esta misma tribuna el 12 noviembre de 2003, por la entonces Diputada Federal Amalia García Medina, quien ante esta Honorable Soberanía presentó una iniciativa de ley por la que se adiciona un inciso j) al artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral.
Aún retumban en los muros de este Congreso de la Unión, las sabias palabras de nuestra compañera legisladora cuando señalaba en su exposición de motivos que "cuando un gobernante ha usado el poder público para inhibir la libertad de los ciudadanos para elegir, ha atentado también contra la base misma de la República; contra su carácter representativo y democrático, que surge de y sólo de, la soberanía popular".
Y señalaba todavía algo más: "... el efecto que pretende la iniciativa que someto a consideración de esta soberanía es introducir una norma que provoque un comportamiento electoral que erradique una práctica política absolutamente antidemocrática, que hoy constituye uno de los principales obstáculos para la transición democrática del país: la interferencia indebida y con todo el poder del Estado, de algunos gobernadores de las entidades federativas en los procesos electorales, para favorecer e impulsar a un determinado candidato".
Decía en aquella ocasión la actual gobernadora de Zacatecas, que "si un mandatario estatal interviene en los procesos electorales, orientando a la administración pública a favor de determinada candidatura, altera los principios de igualdad de los ciudadanos para acceder a los cargos públicos, así como el principio de equidad en la contienda electoral.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a esta Honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la gobernadora y a los gobernadores de los estados a mantenerse al margen de los procesos internos para elegir a las direcciones políticas de los distintos partidos políticos que habrán de renovarse el presente año.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2005.
Dip. Rafael Candelas Salinas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES ESTATALES Y A LAS MUNICIPALES DE TURISMO EN BAJA CALIFORNIA SUR, ASÍ COMO A LA SCT Y A LA SECTUR DEL GOBIERNO FEDERAL, A ASUMIR SU RESPONSABILIDAD INMEDIATAMENTE, APLICANDO UNA ESTRATEGIA CONJUNTA A FIN DE SOLUCIONAR, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, EL CONFLICTO GENERADO EN MATERIA DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA EL TURISMO EN LOS CABOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MÍRIAM MUÑOZ VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada federal integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H. asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se pronuncia la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que intervengan las autoridades estatales y federales en el ámbito de su competencia para solicitar que se solucione el conflicto entre concesionarios de transporte público de pasajeros estatal y federal, bajo las siguientes
Consideraciones
México no está ajeno al movimiento del turismo internacional, pues es una de las principales fuentes de empleo y representa el tercer rubro en captación de divisas, reportando un incremento del ocho por ciento del PIB anualmente, por lo que, como actividad alternativa, generadora de empleo y de recepción de divisas, se debe procurar, la disminución de todas las disposiciones legales que contravengan el desarrollo de esta actividad, la cual fortalece a la economía de México.
El turismo, como promotor de empleos genera derrama económica significativa, directamente a los ciudadanos de los lugares donde se desarrolla un nuevo polo turístico.
Se han generado distintos polos exitosos de desarrollo turístico trayendo una derrama importante de divisas a nuestro país.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo ha desarrollado cinco puntos importantes en materia turística: en Ixtapa, Guerrero; Cancún, Quintana Roo; Huatulco, Oaxaca; y Los Cabos y Loreto, Baja California Sur.
El desarrollo de Los Cabos recibe un gran flujo de turistas, estos visitantes que la Secretaría de Turismo estima en 700 millones de dólares anuales la derrama aproximada.
La demanda de servicios de los turistas se enfatiza por el desarrollo de este destino en la transportación terrestre principalmente.
Alrededor de 896,000 visitantes arriban en avión, con un costo por viaje entre el aeropuerto y Cabo San Lucas de USD 60.00 por viaje sencillo, un total del mercado de transportación terrestre de USD $107.5.
Este trayecto se realiza con el servicio de transporte público federal de pasajeros, posteriormente, dependiendo de la modalidad del viaje, la transportación se lleva a cabo en unidades del servicio de transporte público federal de turismo o en unidades del servicio de transporte publico local de pasajeros.
Ahora bien, por las condiciones que se solicitan para mantener la concesión federal, las unidades se encuentran en mejores condiciones y en mayor ventaja que las del servicio público local. Los taxistas locales ofrecen un pésimo servicio al turista (unidades viejas, no hablan ingles, sin aire acondicionado, etcétera).
La competencia entre concesionarios empieza a generar conflictos como un bloqueo por parte de los locales a los federales, sobre todo a los que prestan la modalidad del servicio turístico.
Lamentablemente, la situación de los taxistas en Los Cabos se puede expandir a otros destinos del país. Se tienen antecedentes de que han sucedido situaciones similares casos en Puerto Vallarta, Mazatlán, Huatulco.
Es necesario privilegiar el diálogo y llegar a una solución conjunto pues estas practicas empiezan a lesionar la percepción de los turistas extranjeros como lugares en los que impera el desorden, lesionando al país en su totalidad como destino turístico.
En consecuencia, pongo a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las
autoridades estatales y a las municipales de turismo en Baja California
Sur, así como a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y
a la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, a asumir su responsabilidad
inmediatamente, aplicando una estrategia conjunta a fin de solucionar,
en el ámbito de sus competencias, el conflicto generado en materia
de transporte público para el turismo en Los Cabos, Baja California
Sur, y que empieza a afectar la opinión que tienen del destino los
turistas.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA QUE INSTRUYA A LA REPRESENTACIÓN DE MÉXICO ANTE LA ONU PARA QUE EN EL PRÓXIMO PLENO DE LA ASAMBLEA RECONSIDERE EL VOTO EMITIDO EL 18 DE FEBRERO DE ESTE AÑO EN EL COMITÉ DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA CLONACIÓN DE SERES HUMANOS CON FINES REPRODUCTIVOS, A CARGO DEL DIPUTADO OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En los últimos años se ha desarrollado a lo largo y ancho del planeta un debate fundamental sobre las posibilidades y métodos de investigación, a raíz de los avances que la medicina y la biotecnología han observado en los últimos 50 años. Ese debate ha alcanzado a la Organización de las Naciones Unidas, que en estos días discute la conveniencia de aprobar o rechazar los procedimientos de clonación.
El pasado 18 de febrero, en el sexto Comité de la Asamblea General de Naciones Unidas fue aprobada una declaración con la cual se llama a los países miembros del organismo internacional a prohibir todas las formas de clonación humana, incluyendo las técnicas utilizadas en la actualidad en la investigación de células embrionarias; dicha prohibición fue adoptada por 71 votos a favor, incluyendo el de nuestro país, 35 en contra y 43 abstenciones.
La declaración fue presentada a la mesa por Honduras, que en opinión de algunos diplomáticos sirvió de "frente" a la posición de Estados Unidos, que apoyó el texto de manera decidida, tras su aprobación en el Comité sobre la Convención Internacional contra la Clonación de Seres Humanos con Fines de Reproducción, la medida será ahora sometida al pleno de la Asamblea, donde los 191 estados miembros de la ONU deberán votar de nuevo.
Si bien es cierto, las decisiones que toma la Asamblea de la ONU no son vinculantes, también es cierto que las resoluciones ahí adoptadas reflejan como ningún otro foro en el mundo, el sentir de la comunidad internacional en el tema en cuestión, el cual, dada la votación que se presentó el viernes pasado pone en manifiesto las diferencias que el tema ha suscitado desde que fue introducido a debate hace cuatro años, en dicho foro.
Antes de la adopción del texto, el Comité rechazó una serie de propuestas presentadas por Bélgica, que tenían el propósito de suavizar el lenguaje de la declaración. Mientras los partidarios de la investigación embrionaria afirman que la práctica ofrece el potencial para curar y prevenir decenas de enfermedades en el futuro, los opositores tienen que cualquier estudio de este tipo equivale a terminar con una vida humana. Esta última postura fue abanderada desde el inicio del debate en el año 2001 por Costa Rica, país que con el apoyo firme del Vaticano y del Estados Unidos.
Del total de países latinoamericanos y caribeños que integran el organismo Brasil, Colombia, Cuba, Jamaica y Venezuela votaron en contra de la prohibición. Mientras que México, Belice, Bolivia, Chile, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Haití, Santa Lucía, San Kitts, Paraguay, Panamá, Perú y Surinam, votaron a favor y el resto de las naciones de la región se abstuvieron.
Un Estado responsable debe basar sus políticas y decisiones en criterios científicos que apoyen el avance de la ciencia en beneficio de la humanidad; en ese sentido, consideramos que nuestro país debe ser congruente con la decisión adoptada ante la Organización de las Naciones Unidas en la 59 sesión de su Asamblea en la que emitió un voto a favor de la experimentación con células troncales de embriones vivos y transplantes con fines de investigación y terapéuticos, la clonación humana con fines terapéuticos es uno de los mayores avances de la ciencia moderna y con su expansión se contribuirá a combatir enfermedades muy complejas, como el Alzheimer, que hasta ahora han aquejado a la humanidad.
México es un país con una profunda tradición laica y liberal, que históricamente se ha pronunciado por separar los asuntos legislativos y de Estado de las creencias particulares, que si bien tienen derecho de ser, no tienen derecho de imponer. Esa tradición es la que debe manifestar nuestra representación en el debate al seno de la ONU.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados con pleno respeto a las facultades que le corresponden al titular del Poder Ejecutivo Federal, lo exhorta para que instruya a la representación de México ante la Organización de las Naciones Unidas para que en el próximo pleno de la Asamblea reconsidere el voto emitido el 18 de febrero de este año en el Comité de la Convención Internacional contra la Clonación de Seres Humanos con Fines de Reproducción, ya que la declaración ahí adoptada atenta contra la experimentación con células troncales de embriones vivos y transplante con fines de investigación y terapéuticos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2005.
Dip. Omar Ortega Álvarez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN CON DIVERSOS COMENTARIOS EMITIDOS, A CARGO DEL DIPUTADO TOMÁS ANTONIO TRUEBA GRACIÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe diputado federal Tomás Antonio Trueba Gracián, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 13 de febrero de 1989, dentro de la Secretaría de Gobernación, se creó la Dirección General de Derechos Humanos. Un año más tarde, el 6 de junio de 1990 nació por decreto presidencial una institución denominada Comisión Nacional de Derechos Humanos, constituyéndose como un organismo desconcentrado de dicha Secretaría. Posteriormente, mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992, se adicionó el apartado B del artículo 102, elevando a la CNDH a rango constitucional y bajo la naturaleza jurídica de un Organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dándose de esta forma el surgimiento del llamado Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos. Finalmente, por medio de una reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999, dicho Organismo Nacional se constituyó como una Institución con plena autonomía de gestión y presupuestaria, modificándose la denominación de Comisión Nacional de Derechos Humanos por la de Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta reforma constituye un gran avance en la función del ombudsman en México, ya que le permite cumplir con su función de proteger y defender los Derechos Humanos de todos los mexicanos.
Nuestro ombudsman -entendiéndose como tal al titular de la institución- es el gestor, el mediador, el intermediario o el defensor de los particulares, el cual no debiera reconocer relación jerárquica con autoridad gubernamental ni poder público alguno, menos aún con partidos políticos o con otros grupos o factores reales de poder.
Por tanto, el titular de la institución, en ejercicio de su independencia, realiza las actividades señaladas por la ley de la materia en atención a las demandas públicas que en este caso son la promoción y defensa de los derechos humanos que otorga el orden jurídico mexicano, con ausencia de obligación, sumisión, jerarquía o jurisdicción respecto de cualquier otro organismo o autoridad. Y la figura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se encuentra ubicada al margen del Poder Judicial, basándose en la división tripartita de los Poderes de la Unión, por tal motivo dicha institución se ubica fuera de todo contexto jurisdiccional, en congruencia con el estado de derecho en el cual nos encontramos inmersos en nuestro país.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos José Luis Soberanes Fernández, mencionó en días pasados, "que a título personal el desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, desde el punto de vista jurídico no procede ya que el supuesto delito de desacato que cometió no tiene pena específica y por tanto no hay ley que lo sancione. Si no hay delito no hay pena aclaró". Esta afirmación esta fuera de lugar, ya que esto, es un asunto que le compete a la autoridad correspondiente que en este caso es, la sección instructora, el pleno de la Cámara y en caso de proceder, será asunto de la autoridad jurisdiccional quién tendrá que dictar la resolución pertinente, no el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque su persona, no está facultada para emitir declaraciones en el sentido que lo hizo, lo cuál, solo enrarece el clima político y social que se vive en nuestro país.
El Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debe dedicarse exclusivamente a opinar sobre asuntos que son de su competencia, a velar por la legalidad, la imparcialidad, la neutralidad y la institucionalidad como normas de conducta vigentes, y no subirse al caballo en función de coyunturas políticas o de intereses partidistas. De hecho, para el ombudsman ésos son los valores intrínsecos a su función y a sus objetivos, implícitos en su concepción, por lo que no pueden estar sujetos ni a momentos históricos ni a acomodos circunstanciales.
Lo dicho en la prensa por Soberanes, lo dijo como jurista y no tanto como ombudsman, pudiera ser, lo grave del asunto es que una persona con esa investidura no tan fácil puede despojarse de ella y subirse al ring a opinar en asuntos que son de carácter meramente jurídico y que perjudican invariablemente a las instituciones del país.
Uno de los ejes principales del nuevo modelo de Estado democrático, es efectivamente la promoción y la protección de los derechos humanos, como un asunto importante para la sociedad contemporánea. Por tratarse de un tópico de interés público, pero además porque es una de las principales fuentes de legitimidad de los gobiernos; por esa razón, bajo ninguna circunstancia, los criterios que rijan su conducta, pueden quedar sujetos a las dinámicas partidistas o a las agendas de la coyuntura política.
Por todo lo anterior se pone a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Hacer un atento y respetuoso exhorto al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a efecto de que se abstenga de emitir comentarios de carácter que no son de su competencia y que solo enrarecen el clima político y social del país.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 22 días del mes de febrero de 2005.
Dip. Tomás Trueba Gracián
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA EL AJUSTE SALARIAL DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO, CONFORME AL ACUERDO Y LOS CRITERIOS EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SOBRE LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS, A CARGO DEL DIPUTADO TOMÁS CRUZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal en la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta asamblea el presente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el servicio de correos constituye un área estratégica para el desarrollo nacional.
Sin embargo, la situación por la que atraviesa la entidad pública denominada Servicio Postal Mexicano es preocupante, pues existen en el, fuertes rezagos de inversión y condiciones laborales precarias, como en ningún otro ramo de la administración publica federal.
Lo anterior, ha motivado que trabajadores del Servicio Postal Mexicano, procedan a denunciar tanto legalmente, como en medios de comunicación, diversas irregularidades que registra el funcionamiento del organismo, lo que ha dado lugar a que en el 2001, la Contraloría General detectará el otorgamiento de varios permisos a empresas privadas postales que no cumplen con los requisitos que marca la ley; además de crear condiciones de preferencia a grandes compañías transnacionales en el manejo de la correspondencia, como el envió de sobres "sin porte pagado" o el cobro a menor precio por este servicio a corporativos.
En este escenario también, se observa una enorme asimetría de los salarios de los trabajadores, respecto a los sueldos de los mandos medios y superiores: un cartero especializado de base percibe 3,270.23 mensuales, en tanto que el director general, obtiene 163,511.99 pesos, un director de área 98,772.26 pesos y un subdirector 56,129.21 pesos mensuales.
De esto se deduce, que las percepciones de los mandos medios y superiores rebasan los niveles autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el 2004, siendo que para un director general o titular de entidad se asigna un máximo de 139,834.50 pesos y para el director de área y subdirector 85,858.60 y 43,541.30 pesos mensuales, respectivamente.
En este sentido, este punto de acuerdo, se sustenta, en el hecho del acuerdo suscrito, entre la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se conviene la Homologación del Salario Mínimo Burocrático, con fecha de 24 de mayo del año 2004 y con efecto retroactivo al primero de enero del mismo año.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se disponga del presupuesto, afectando el Ramo 23 de Provisiones Salariales y Económicas, para homologar los salarios de los trabajadores de Servicio Postal Mexicano en el Presupuesto de Egresos de la Federación, considerando el acuerdo suscrito ntre la federación y sindicato de sindicatos.
Segundo.- Se exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a promover las acciones necesarias para resolver la problemática existente en el Servicio Postal Mexicano relacionada con el rezago salarial de los trabajadores de base, así como a informar a esta soberanía sobre esta petición.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2005.
Dip. Tomás Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA QUE SE CREE UNA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE VIGILAR QUE NO SE DESVÍEN RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES A CAMPAÑAS EN ELECCIONES LOCALES, A CARGO DEL DIPUTADO RUBÉN MAXIMILIANO ALEXANDER RÁBAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Durante las anteriores Legislaturas se crearon comisiones especiales para vigilar el uso de recursos públicos federales en las elecciones de Veracruz y Tabasco en 1997, Nayarit, Guerrero y Coahuila en 1999 y los comicios federales del año 2000 y 2003. En esta Legislatura se ha creado comisiones especiales para las elecciones locales de Tabasco, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas y Baja California.
En 2005 y 2006 se tiene contemplado elecciones en diversas partes del país renovando 809 ayuntamientos, 387 diputados locales, 10 gobernadores y 1 jefe de la Ciudad de México. Las entidades donde se realizarán estas elecciones son: Baja California Sur, Quintana Roo, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, estado de México, Coahuila, Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, San Luis Potosí, Chiapas y Tabasco, amén de la elección para elegir a los diputados federales, senadores y al Presidente de la República.
Ante diferentes oficinas de compañeros diputados han acudido ciudadanos y organizaciones civiles a denunciar el condicionamiento de la entrega de apoyos federales y locales a la emisión del sufragio, así como prácticas de desvío de recursos públicos.
En la Cámara de Diputados dispusimos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el artículo 53, que los programas federales tuvieran a la letra:
La creación y el trabajo de las comisiones especiales constituyen una aportación de la Cámara de Diputados al fortalecimiento de nuestra democracia, al contribuir, dentro las facultades y atribuciones que la ley le concede, al ejercicio del sufragio en forma libre y consciente, para que la atención a las carencias del pueblo no sea un medio para condicionar la participación cívica.
Sin embargo, al tenerse 47 elecciones locales distintas en el 2005 y 2006, no es concebible efectuar una comisión especial para cada estado donde ocurren estas; es evidente que debe de existir una Comisión Especial que se enfoque a la totalidad de estas elecciones locales y federales, para tornar eficientes los recursos económicos y humanos con los que cuenta esta Cámara de Diputados.
Por ello sometemos a consideración de esta H. asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. El Pleno de la H. Cámara de Diputados acuerda la constitución inmediata de una comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos federales durante los procesos electorales locales de Baja California Sur, Quintana Roo, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, estado de México, Coahuila, Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, San Luis Potosí, Chiapas y Tabasco por desarrollarse en 2005 y 2006.
Segundo. Este punto de acuerdo considera proceso electoral de los estados todos los actos relativos a la preparación de la elección, la jornada electoral, sus resultados y declaraciones de validez de la elección de dichas entidades.
Tercero. La comisión especial durará en funciones el periodo necesario a fin de cubrir en su totalidad los procesos electorales y el tiempo suficiente para la elaboración del informe final.
Solicito que se trate esta proposición con punto de acuerdo de urgente resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2005.
Dip. Rubén Maximiliano Alexander
Rábago (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SE SOLIDARIZA CON LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, A CARGO DEL DIPUTADO IVÁN GARCÍA SOLÍS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal Iván García Solís, con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados se solidariza con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su exigencia del cumplimiento irrestricto de la ley por parte de todas las autoridades.
Antecedentes
El pasado 18 de febrero, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al presentar el Informe anual de actividades 2004, de la institución a su cargo, señaló que varias dependencias han onnútido las recomendaciones de ese organismo, entre las cuales se encuentra la Secretaría de Marina.
El texto fue enviado a la Presidencia de la República con 10 días de anticipación -según la versión del propio ombudsman-, para que el Ejecutivo preparara su respuesta, que duró solo 10 minutos, en el mensaje leído por el Presidente Vicente Fox.
Sin embargo, a la contestación oficial hecha por el titular del Ejecutivo, se encimó otra respuesta de la Secretaría de Marina, quien el 20 de febrero pasado, mediante el comunicado de prensa 020/05, utiliza una cita textual del texto del doctor Soberanes para endilgarlo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos: arrogante.
Cuando se creó la CNDH, como vigilante de la actuación de la autoridad hacia sus gobernados, sólo se le dotó con un mecanismo para cumplir con su cometido: el peso de la verdad expuesta a los ojos de la opinión pública. Cuando el Presidente de la CNDH, denuncia y lanza reclamos a las autoridades contumaces a sus observaciones, se enfrenta a toda la estructura del poder sin la fuerza vinculatoria ni los recursos del Estado, cual romántico cruzado que con su espada en ristre y el valor a cuestas endereza entuertos sociales.
La actitud de la Secretaría de Marina de descalificar a la Comisión antes que reconocer que tiene un problema en casa, es una afrenta a las pocas instituciones que defienden la integridad del ciudadano inerme frente al aparato de poder y que resultan inadmisibles para los representantes de la nación en esta alta tribuna.
En tal sentido como voz de los ciudadanos nos corresponde sumarnos de manera unísona e irrestricta a la exigencia de que toda autoridad se asuma bajo la égida del Estado de derecho, sin pretextos ni cortapisas, y por lo tanto rechazamos rotundamente toda actitud que pretenda bajo conspicuos pretextos, exceptuarse de este principio de orden y de legalidad.
En virtud de lo anteriormente expuesto, con todo respeto someto a su consideración la siguiente:
Proposición con Punto de Acuerdo
Primero: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se solidariza con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su exigencia del cumplimiento irrestricto de la ley por parte de todas las autoridades.
Segundo: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, resuelve citar a comparecer al señor secretario de Marina, almirante Marco Antonio Pierrot, ante las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Marina de la Cámara de Diputados.
México, DF, a 24 de febrero de 2005.
Dip. Iván García Solís (rúbrica)
El suscrito diputado Pablo Anaya Rivera, en representación de la diputación federal veracruzana, con fundamento en el artículo 21, fracción décima sexta, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta Presidencia que tenga a bien formular excitativa a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, a efecto de emitir a la brevedad posible el dictamen correspondiente a la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Infonavit, para que los créditos otorgados por éste en el periodo 30 de julio de 1987 al 24 de febrero de 1992 se consideren denominados en pesos, presentada por el diputado Eduardo Andrade Sánchez, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del martes 3 de diciembre de 2002, dentro de la quincuagésima octava legislatura, bajo las siguientes
Consideraciones
El diputado Eduardo Andrade Sánchez, presentó esa iniciativa con la finalidad de que los ciudadanos que habitan distintas unidades del Infonavit en Veracruz y en toda la República, corrijan a su favor una ancestral injusticia que se ha venido cometiendo contra ellos. A partir de una circular que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) giró el 30 de julio de 1987.
La iniciativa se fundamentó principalmente en que hasta antes de esa fecha, los créditos que otorgaba el Infonavit se daban en pesos y así se registraban tanto el monto del crédito como los intereses que habrían de cobrarse hasta la conclusión de los pagos pero, con motivo del disparo del fenómeno inflacionario en los años ochenta, la circular mencionada introdujo el concepto de "múltiplos de salario mínimo vigente en el Distrito Federal" como base para el otorgamiento de los créditos y se produjo entonces una aplicación de ese concepto a los préstamos que dio el Infonavit en aquella época.
Es necesario recordar, que el 24 de febrero de 1992 se modificó el artículo 44 de la Ley del Infonavit para establecer legalmente la determinación de los créditos en múltiplos de salario mínimo. Pero entre 1987 y 1992, en realidad la determinación de estos créditos, su pago, su actualización y los intereses que generaban se realizaron sin un verdadero fundamento legal e incluso podría decirse que la reforma de 1992 vino a aplicarse retroactivamente a quienes habían obtenido créditos con anterioridad, que debieron haber estado denominados en pesos.
También mencionó, que muchos derechohabientes del Infonavit acreditados que nunca han podido consumar la propiedad de su vivienda han pagado el monto inicial que habían contratado varias veces y aún así siguen teniendo un saldo deudor. Es el caso de los vecinos de la unidad habitacional Las Gaviotas de Poza Rica, Veracruz, los cuales han sufrido la injusticia de pagar intereses sobre intereses, los cuales significa miles de pesos más de lo realmente adeudado.
Es de extrema urgencia que esta iniciativa de decreto, por el que se adiciona un artículo transitorio a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y que estipula que todos los créditos otorgados entre el 30 de julio de 1987 y el 24 de febrero de 1992 deberán considerarse otorgados en pesos en los términos de la ley vigente en ese momento sea dictaminada de inmediato.
Por lo anteriormente expuesto y fundado a usted C. Presidente atentamente solicito:
Único: Formule excitativa a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, a efecto de emitir a la brevedad posible el dictamen correspondiente a la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Infonavit, para que los créditos otorgados por éste en el periodo 30 de julio de 1987 al 24 de febrero de 1992 se consideren denominados en pesos, presentada por el diputado Eduardo Andrade Sánchez, del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del martes 3 de diciembre de 2002, dentro de la Quincuagésima Octava Legislatura
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2005.
Dip. Pablo Anaya Rivera (rúbrica)
A LA COMISION DE ENERGÍA, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JOSÉ MARÍA DE LA VEGA LÁRRAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado federal, José María de la Vega Lárraga, integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería y en representación de la misma, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados que con fundamentos en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, formule excitativa a la Comisión de Energía al tenor de los siguientes
Antecedentes
El 26 de mayo de 2004 el diputado Cruz López Aguilar, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Gas Natural de Proceso, Amoniaco y Fertilizantes Nitrogenados.
En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó la mencionada iniciativa para su estudio, análisis y dictamen a las Comisiones de Energía y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados.
El 25 de junio de 2004 en sesión ordinaria de la Comisión de Agricultura y Ganadería se dio cuenta al pleno con la iniciativa antes mencionada, constituyéndose una Subcomisión de Trabajo, habiéndose designado como coordinador al suscrito e integrada con diputados del PRI, PAN y PRD para estudiar la iniciativa y elaborar el dictamen correspondiente.
El 15 de julio de 2004 la Subcomisión de Trabajo de la iniciativa en comento presentó al Pleno de la Comisión de Agricultura y Ganadería el proyecto de dictamen que expide la Ley de Gas Natural de Proceso, Amoniaco y Fertilizantes Nitrogenados, en esa misma fecha se aprobó dicho dictamen por la mayoría de los integrantes de la Comisión y se instruyó a la Secretaría Técnica a remitir dicho proyecto aprobado a la Comisión de Energía para su dictaminación correspondiente.
El 28 de julio de 2004 mediante oficio N° PCAG/121-AJ/04, signado por el Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería se remitió el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Gas Natural de Proceso, Amoniaco y Fertilizantes Nitrogenados aprobado por esta Comisión a la Comisión de Energía para continuar con el trámite de dictaminación correspondiente.
Consideraciones
Que el gas natural y el amoniaco por ser bienes susceptibles de comercio internacional producidos por entidades paraestatales, fijan su precio con base en la referencia internacional de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 del reglamento de la ley de referencia.
Que en el numeral 41 del Acuerdo Nacional para el Campo se establece la necesidad de incluir al amoniaco junto con el diesel agropecuario y la gasolina para pesca ribereña, como uno de los productos estratégicos que debiesen estar sujetos por la ley a precios de estímulo que se establezcan para los beneficiarios a través de sus volúmenes de consumo agropecuario.
Que si bien el diesel y la gasolina ya han sido incluidos, junto con la energía eléctrica en los precios y tarifas de estímulos previstos en la Ley de Energía para el Campo y su reglamento vigentes, para el amoniaco y los fertilizantes nitrogenados prevalecen las condiciones de un mercado volátil y precios que los hacen de difícil acceso para los productores agropecuario nacionales.
Que es de interés colectivo la reactivación de la producción de amoniaco y fertilizantes nitrogenados en México para incrementar los rendimientos, la productividad, rentabilidad y competitividad de la producción agrícola, pecuaria y forestal del país, revertir la dependencia en las importaciones de esos productos y la consecuente fuga de divisas por ese concepto, y para rescatar las fuentes de trabajo y capacidad instalada para la producción de amoniaco y fertilizantes nitrogenados.
Finalmente, han transcurrido más de seis meses desde que la Comisión de Agricultura y Ganadería remitió a la Comisión de Energía el proyecto de dictamen que expide la Ley de Gas Natural de Proceso, Amoniaco y Fertilizantes Nitrogenados aprobado por la mayoría de los integrantes de esta Comisión, sin que a la fecha se haya recibido comunicación alguna, no obstante nuestras reiteradas peticiones formales e informales, para producir un dictamen conjunto. Es por estas razones, que en la vigésima segunda reunión de trabajo de la Comisión de Agricultura y Ganadería se acordó presentar la presente excitativa a la Comisión de Energía.
Por las anteriores consideraciones y en virtud de que es un requerimiento de urgencia por parte de las diversas organizaciones de productores y campesinos de este país, esta Comisión de Agricultura y Ganadería solicita
Único: Que la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción 16, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos formule una respetuosa excitativa a la Comisión de Energía de esta LIX Legislatura a efecto de que emita el dictamen correspondiente a la brevedad posible.
Dip. José María de la
Vega Lárraga (rúbrica)