El suscrito, René Meza Cabrera, diputado federal miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, propone a esta Presidencia, formule excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que de conformidad con el artículo 45, apartado 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dictamine acerca de la iniciativa para reformar la fracción VI y adicionar la fracción VIII al artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de los siguientes
Antecedentes
2) La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, en fecha: 14 de abril de 2004.
La iniciativa señala la diferencia entre una elección legal y otra ilegítima, aunque en ambas, se hayan cumplido con los requisitos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y aprobadas por el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La diferencia estriba en los medios empleados por los candidatos a un cargo de elección popular.
La popularidad es la base en que un candidato, se apoya para alcanzar la confianza del electorado y estos le den su voto en los comicios efectuados para acceder al puesto en disputa.
Como se destaca en la iniciativa en comento, existen dos clases de popularidad:
a) La que se alcanza a través de poseer una auténtica vocación de servicio y dedicarla a procurar el bienestar de los habitantes de la comunidad en que se vive. Ello requiere de arduo y continuo trabajo, para apoyar a los coterráneos en la solución de sus problemas materiales y morales, siendo gestor, conciliador y asesor de sus conciudadanos, hasta ganar su confianza, que le demostrarán al sufragar en su favor, otorgándole sus votos en las elecciones en que se participa.
b) La que se obtiene por reflejo de la personalidad de un servidor público en ejercicio de una función gubernamental y que por la cercanía, debida a parentesco o dependencia, se consigue sin hacer esfuerzo alguno, puesto que se recibe sólo por el privilegio de ser visto y estar continuamente cerca del funcionario que realiza una actividad importante en la administración pública y esta popularidad ficticia se aprovecha para contender en una elección por un puesto público.
Esta hipótesis y que se describe en la iniciativa que se promueve, se refiere a la elección federal en que se elige presidente de la República.
Para evitar la inequidad, entre los contendientes con diferentes popularidades, los constituyentes de Querétaro, establecieron en el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, condiciones que igualaran a los contendientes en la elección presidencial, las cuales se fueron perfeccionando en reformas posteriores.
Sin embargo, desde la última reforma vigente a partir del día 31 de diciembre de 1999, han surgido circunstancias que no están incluidas en el numeral de referencia, tales como la creación de nuevos cargos en la administración pública y el impedimento que deben tener los familiares consanguíneos o por afinidad del titular del Poder Ejecutivo federal, para que ningún candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, goce de una ventaja preferente y de ganar la elección, sea legal y legítima.
Ante los comicios que se celebrarán el próximo año de 2006, es necesario que el artículo 82 constitucional, esté actualizado y para ello presenté la iniciativa que espero se dictamine.
Por lo expuesto y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a usted C. Presidente de la Mesa Directiva, atentamente solicito:
Único. En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que formule el dictamen correspondiente a la iniciativa mencionada.
Sala de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2005.
Dip. René Meza Cabrera (rúbrica)
A LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, A SOLICITUD DEL DIPUTADO TOMÁS ANTONIO TRUEBA GRACIÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Tomás Antonio Trueba Gracián, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 21, fracciones III y XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a esta Presidencia que se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales para que dictamine sobre la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionada a los requisitos para ser diputado del H. Congreso de la Unión, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. En la sesión ordinaria de la H. Cámara de Diputados de fecha 19 de octubre de 2004 presenté a la consideración de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto que modifica las fracciones VI, VII y adiciona la fracción VIII al artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionada a los requisitos para ser diputado del H. Congreso de la Unión. La Presidencia de la Mesa tuvo a bien turnar dicha iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su correspondiente dictamen.
Segunda. En el caso de México, la relación Estado-sociedad se construyó a partir de la fundación de un partido hegemónico con amplia base social organizada en asociaciones corporativas, en donde la cohesión de éstas descansó en estrategias y prácticas que les permitieron conseguir para sus miembros la satisfacción de demandas y peticiones que incluían trabajo, prestaciones y calidad de vida.
Tercera. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) organizó a las masas imponiendo los derechos colectivos sobre los individuales, los movimientos ciudadanos fueron reducidos a su mínima expresión y con ellos al individuo.
Cuarta. Lo que conocimos fue un sistema político autoritario, operado por un régimen presidencialista soportado en el partido oficial, y una sociedad organizada en sectores corporativizados; en donde las redes de poder político al interior de este sistema, crearon un equilibrio de poder basado en el clientelismo, la tutela, la lealtad y la disciplina, equilibrio que por cierto, se mantuvo vigente durante décadas, es decir, se estableció una relación institucional rígida y vertical entre el Estado y la representación de intereses, que aglutinó a todos los grupos que se insertaron en la estructura de poder a través del partido hegemónico.
Quinta. Dentro de este sistema corporativista, encontramos a grupos políticos y sociales que se conectaron a través de pactos, entendidos como; la capacidad de los líderes sociales y políticos de establecer acuerdos entre ellos con diversos propósitos, por ejemplo construir estabilidad en el sistema político, a cambio del reparto de posiciones de poder, así como de abrir canales de consulta para la toma de decisiones y canales de información económica y política privilegiados, etcétera.
Sexta. Con el transcurso del tiempo, las principales camarillas sindicales fueron evolucionando de simples burócratas sindicales oficialistas, a verdaderos miembros de la clase política y empresarial de este país. Se hicieron dueños de acciones y de empresas variadas, además de obtener amplias canonjías y beneficios a través de la ocupación de puestos públicos, esto sin tomar en cuanta el despilfarro que se hiciera de los recursos sindicales.
Séptima. Muchos de los líderes sindicales pasaron a formar parte del poder a través de puestos en la administración pública y por la representación popular mediante el mecanismo del dedazo y la imposición electoral. Esta dinámica trajo consigo la supresión de todo vestigio de vida democrática al interior de movimientos sociales y sindicales, pactando a espaldas de los trabajadores aspectos fundamentales del gasto social, particularmente los relativos a prestaciones.
Octava. Acción Nacional siempre ha tenido como principios las libertades de las personas así como su cooperación para el benéficio común y para la vida de la nación. Ha insistido siempre en supeditar los intereses de los individuos, grupos y clases de la sociedad civil, al interés nacional.
Novena. Los sindicatos y en general todas las organizaciones formadas, deben abstenerse de actuar directamente en cuestiones políticas, principalmente en las electorales, y de respetar la libertad y los derechos políticos de sus miembros.
Décima. Es antidemocrática y desvirtúa la naturaleza del sindicato, la utilización del movimiento sindical y de los recursos y sanciones sindicales, para imponer la afiliación individual o colectiva de los trabajadores a cualquier partido político.
Décima primera. Cualquier aspiración política es válida máxime en un país democrático como el que aspiramos tener, pero la condición necesaria, es que las candidaturas sean obtenidas en igualdad de circunstancias y sin ventajas para nadie, sin presiones hacia los trabajadores para votar por su líder, etcétera, por lo que retomando lo contemplado en nuestra Constitución, cualquier líder sindical debe separarse de su cargo por lo menos 90 días antes de la elección.
Décima segunda. De esta forma y para concluir, el artículo 55 y 58 de nuestra Constitución deben limitar en términos temporales el desempeño de ciertas funciones para poder ocupar con posterioridad el cargo de diputado federal o senador de la República, de estos líderes, que solo representan a sus propios intereses. Del mismo modo, como ocurre en el caso de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los secretarios y de los subsecretarios de Estado.
Por lo antes mencionado, solicito respetuosamente a la Presidencia de esta H. Cámara de Diputados, se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales para que a la mayor brevedad, dictamine sobre la iniciativa en comento.
Palacio Legislativo, San Lázaro a 17 de febrero de 2005.
Dip. Tomás Trueba Gracián (rúbrica)
A LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, A SOLICITUD DEL DIPUTADO RENÉ MEZA CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, René Meza Cabrera, diputado federal miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, propone a esta Presidencia, formule la excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para que de conformidad con el artículo 45, apartado 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dictamine acerca de la iniciativa con proyecto de decreto, para adicionar al Código Penal Federal en su título vigésimo segundo, los artículos 381 ter y 381 quáter y en el Código Federal de Procedimientos Penales, en su capítulo IV, los numerales 35 y 36 a la fracción I del artículo 194, en razón a los siguientes
Antecedentes
1. En fecha 20 de abril de 2004, presenté ante esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, en los términos indicados en el párrafo anterior.
2. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en fecha: 21 de abril 2004
Consideraciones
La iniciativa de referencia, destaca el incremento de las sustracciones de los altares del interior de templos e iglesias, de imágenes, cuadros, esculturas, figuras, ornamentos y toda clase de reliquias, que son objeto de veneración y oración por parte de los miembros de las religiones registradas en el país, particularmente la católica por su preponderancia en la fe del pueblo mexicano.
Los templos e iglesias del culto católico, tienen en sus altares cuadros, esculturas, crucifijos e infinidad de artículos, algunos fabricados con metales, maderas y piedras preciosas y de una manufactura que los convierte en verdaderas obras de bellas artes, ya conocidos como "arte sacro".
El "arte sacro" viene siendo el botín de la reciente modalidad del delito de robo, puesto que últimamente el despojo de los objetos de veneración existentes en los recintos religiosos, se ha convertido en una actividad productiva para los ladrones y comerciales en obras de arte, debido a la creciente demanda que hacen los coleccionistas ante los anticuarios o marchantes.
Este fenómeno antisocial, requiere ser reprimido y penalizado de manera especial, y severa, porque rebasa las características de la figura típica del robo que consiste en el apoderamiento de cosa mueble ajena y penada según su valor intrínseco.
Actualmente no existe en el Título Vigésimo Segundo del Código Penal Federal, la figura específica de "robo de arte sacro", por lo que presenté ante la H. Asamblea de la Cámara de Diputados, la iniciativa correspondiente para que se incluya en la legislación punitiva, con la categoría de delito grave y sanciones privativas de la libertad para el autor material, el intermediario (comerciante o anticuario) y el comprador o coleccionista.
La apremiante necesidad de frenar estas conductas delictivas, que están causando malestar e inquietud en las comunidades a las que pertenecen las iglesias saqueadas, me obligó como representante de los habitantes de mi distrito electoral a formular esta iniciativa y a insistir en que se convierta pronto en parte de la ley penal.
Por lo expuesto y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a usted C. Presidente de la Mesa Directiva, atentamente solicito:
Único. En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Justicia y Derechos Humaos, para que formule el dictamen respectivo a la iniciativa mencionada.
Sala de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2005.
Dip. René Meza Cabrera (rúbrica)
A LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, A SOLICITUD DEL DIPUTADO PEDRO ÁVILA NEVÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
De conformidad a los artículos 21, fracción XVI, 87 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Pedro Ávila, solicito a esta H. Presidencia se sirva excitar a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que presente el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto para inscribir en letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro de esta H. Cámara de Diputados, el nombre del estadista Adolfo López Mateos.
Consideraciones
El día 2 de diciembre presenté a esta H. soberanía una iniciativa con proyecto de decreto para inscribir en letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro de esta H. Cámara de Diputados, el nombre del estadista Adolfo López Mateos.
Creo como mexicano y legislador, que la propuesta presentada es sobre la obra del estadista, que se preocupó por la seguridad social, la educación, comprometido con los más necesitados y preocupado por mejorar los lazos de amistad con otras naciones, salvaguardando siempre la soberanía nacional, con el objetivo de dar a los mexicanos mejores condiciones de vida; para que en respuesta su nombre sea inscrito en este Muro de Honor a fin de que las generaciones presentes y futuras reconozcan el legado de su gestión como primer mandatario de la nación, a don Adolfo López Mateos.
Por lo anterior, y toda vez que esta iniciativa se presentó ya hace más de dos meses y medio, solicito a esta Presidencia, de conformidad al artículo 21, fracción XVI, 87 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:
Único: Se excite a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias a dictaminar la iniciativa para inscribir en letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de esta H. Cámara de Diputados el nombre de don Adolfo López Mateos.
Dip. Pedro Ávila Nevárez (rúbrica)
El suscrito, diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades contenidas en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
El 6 del actual se realizaron elecciones en Baja California Sur para renovar gubernatura, Congreso y ayuntamientos.
A lo largo de las campañas electorales y durante la jornada electoral, la ciudadanía exigió insistentemente al entonces gobernador del estado, Leonel Cota Montaño, que sacara las manos del proceso, dejara de apoyar con recursos públicos al candidato de su partido y detuviera sus ataques injustificados en contra de los candidatos de los partidos distintos al suyo.
Contrario a esto, y en abierta violación a la legalidad, Leonel Cota Montaño operó, paralelamente a la del candidato de su partido a la gubernatura, una campaña de estado, en beneficio de éste, quien, como se sabe, es a la vez su primo, Narciso Agúndez Montaño.
En esa campaña de estado, se valió de todo, ya que el fin era preservar la dinastía de los Montaño.
Así, la alteración del número de boletas por casilla, la falsificación de actas de escrutinio y cómputo, la introducción de boletas apócrifas en las urnas, la sustitución ilegal de funcionarios de casilla, la realización extemporánea de encuestas, la compra e inducción del voto, la intimidación a electores por medio de la Policía Estatal, la exaltación de la reducida obra de gobierno en los medios de comunicación el mismo día de la jornada, constituyeron violaciones a la normatividad electoral del estado, que caracterizaron el proceso.
"Alianza Ciudadana por Baja California Sur" ha logrado documentar todas esas irregularidades -propiciadas por la delincuencia organizada que operó las elecciones- las cuales, no tenemos duda, originarán la nulidad de las elecciones.
Entre tanto, en esa entidad federativa existe un ambiente de incertidumbre, irritación e impotencia, al saber que la soberanía que reside en el pueblo fue burlada por su gobernador, quien mediante la represión, la intimidación y el tráfico de influencias, alteró los resultados electorales y sometió a sus intereses personales y de grupo al instituto estatal electoral de Baja California Sur, que se apresuró a legitimar el fraude.
Dada la importancia que para la democracia y las instituciones de nuestro país tiene el esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido en las elecciones de Baja California Sur e independientemente de las acciones que "Alianza Ciudadana por Baja California Sur", integrada por PRI y PVEM, hará valer ante los tribunales electorales, me permito someter a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, la cual solicito se tramite como de urgente u obvia resolución.
Primero: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República, para que en ejercicio de sus facultades, investigue los delitos cometidos por el gobernador del estado de Baja California Sur, Leonel Cota Montaño, y sus colaboradores, durante el pasado proceso electoral de esa entidad federativa; valore las denuncias y las pruebas aportadas al respecto por "Alianza Ciudadana por Baja California Sur"; y, en su caso, ejercite acción penal contra quien o quienes resulten responsables de la comisión de delitos electorales.
Segundo: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo federal, a que intervenga, en la medida de sus facultades legales, en la solución del conflicto político que actualmente se presenta en Baja California Sur, de tal forma que pueda prevenirse que éste derive en violencia o en represión contra los ciudadanos sudcalifornianos que disienten del actual gobierno estatal.
Palacio Legislativo, a 16 de febrero de 2005.
Dip. Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL A CELEBRAR UN CONVENIO CON EL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD A EFECTO DE QUE EN ESTA ENTIDAD FEDERATIVA SE PROMUEVAN E INSTRUMENTEN LAS ACCIONES Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO FEDERAL DIRIGIDOS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Antecedentes
La creación del Instituto Mexicano de la Juventud marcó el inicio de una nueva etapa en el diseño y aplicación de políticas públicas que, de forma integral, fueran enfocadas a tan importante sector poblacional, conformado por más de treinta y cinco millones de personas.
Responder en forma adecuada a las inquietudes y expectativas de los jóvenes mexicanos, resulta no sólo una acción prioritaria, sino estratégica para dejar sentadas las bases que posibiliten un desarrollo nacional acorde con las necesidades de cada sector de la población juvenil, y que respondan, al mismo tiempo, a las condiciones globales de las transformaciones económicas, sociales y culturales.
Este instituto, cuya ley fue aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados el veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y ocho y publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y nueve, tiene como propósitos los siguientes:
- Asesorar al Ejecutivo federal en la planeación y programación de las políticas y acciones relacionadas con el desarrollo de la juventud de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo;
- Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y de los sectores social y privado cuando así lo requiera;
- Promover coordinadamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, culturales y derechos;
- Fungir como representante del gobierno Federal en materia de juventud ante los gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en los foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite una participación.
- Juventud y medio ambiente (Projuma);
- Servicios culturales para jóvenes;
- Género y equidad;
- Apoyo a jóvenes indígenas, migrantes
y rurales;
- Programa de Derechos Humanos;
- Turismo y recreación juvenil;
- Certámenes juveniles;
- Empresas juveniles;
- Fortalecimiento al trabajo juvenil;
- Servicio social;
- Apoyo a proyectos juveniles;
- Asociacionismo juvenil;
- Formación y acompañamiento;
- Encuentros juveniles;
- Información prensa y difusión;
- Medios audiovisuales;
- Coordinación de contenidos;
- Investigaciones básicas;
- Investigaciones regionales;
- Programa editorial;
- Revista de estudios sobre la juventud;
- Cooperación internacional; y
- Centros interactivos para jóvenes.
Esta acción gubernamental de atención a la juventud llevada a cabo por el gobierno Federal, ha sido posible en la implementación de sus programas gracias al apoyo de veintinueve gobiernos estatales y de muchos mas gobiernos municipales (en el caso de los gobiernos de los estados, cada entidad federativa cuenta con un área específica encargada de la atención a la juventud, cuyo carácter administrativo es variable).
Sin embargo, en la Ciudad de México, al área responsable de la atención a este sector de la población, el Instituto de la Juventud del Distrito Federal -órgano descentralizado del Gobierno local, con personalidad jurídica y patrimonio propio-, no le ha interesado en lo absoluto participar en alguno de los programas del Instituto Mexicano de la Juventud, haciendo caso omiso a cada una de las invitaciones que se le han hecho para sumarse a los distintos programas en beneficio de los jóvenes de esta ciudad.
El Instituto de la Juventud del Distrito Federal ha preferido enfocarse a trabajar con un solo y muy limitado programa, incumpliendo así con su obligación legal.
Explico ahora esta afirmación: conforme a lo establecido por el artículo 49 de la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal, el instituto de la Juventud de esta entidad federativa tiene entre algunas de sus atribuciones las de: elaborar el Plan Estratégico de Desarrollo Integral de la Juventud del Distrito Federal; crear mecanismos de coordinación institucional entre instancias de gobierno Federal, del gobierno central del Distrito Federal, demarcaciones territoriales, organismos no gubernamentales, instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles que realizan trabajo con jóvenes o que tengan relación con las temáticas juveniles; promover, potenciar, mejorar y actualizar permanentemente el desarrollo integral de la juventud del Distrito Federal; fomentar entre las y los jóvenes el ejercicio de la libre asociación garantizada por el artículo 9º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; coordinar y desarrollar un sistema de información e investigación sobre la juventud del Distrito Federal; fomentar el establecimiento de vínculos de amistad y de cooperación nacional e internacional en materia de juventud; plantear y coordinar programas de actualización y capacitación para servidores públicos encargados de la aplicación de los programas de atención a la juventud; además de todas aquellas que la propia ley determine.
Sin embargo, muchas de las atribuciones enlistadas en la ley no se cumplen porque, de acuerdo a la información publicada en el sitio web de este organismo (www.jovenes.df.gob.mx), existen solamente cuatro programas para la atención a la juventud, estos son:
- Coinversión: Desarrollar un área de promoción y fortalecimiento de la participación y organización juvenil por medio de líneas de formación e intervención comunitaria para apoyar proyectos e iniciativas específicas.
- Proyectos especiales: Promover acciones culturales y recreativas que difundan y fomenten la participación juvenil.
- Investigación: Iniciar la conformación de un área con dos líneas de contenido programático para el Instituto de la Juventud; la primera será generar una serie de procesos y documentos de investigación a través del diagnóstico participativo y en la acción. La segunda se enfocará en crear espacios de fortalecimiento conceptual y metodológico en temáticas e instrumentos relacionados con la juventud, estos espacios estarán enfocados para servidores públicos en el gobierno central y en las unidades de atención a los jóvenes, así como a coordinadores y miembros de organismos y colectivos juveniles.
En eso se resume la actividad del Instituto de la Juventud del Distrito Federal, en un programa que parte del principio de que todos los jóvenes del Distrito Federal son adictos o delincuentes en potencia; en esto se gasta el Gobierno del Distrito Federal más de cincuenta y cuatro millones de pesos anuales, nada más durante este año.
Y aún con los limitados resultados que este único programa del Instituto de la Juventud del Distrito Federal ha obtenido (pues evidentemente la gran mayoría de los más de tres millones de jóvenes capitalinos ni son adictos ni son delincuentes en potencia), el Instituto de la Juventud del Distrito Federal se rehúsa a sumarse a los programas que implementa el Instituto Mexicano de la Juventud y cuyos resultados han sido ya mencionados.
No hay razón alguna para que el Instituto de la Juventud del Distrito Federal no solo no esté interesado en la implantación de los mencionados programas, sino que además ni siquiera asista a las reuniones de coordinación a las que son invitados por el Instituto Mexicano de la Juventud. La única razón que pudiera entender su negativa, es la misma que se aplica con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal: rechazar lo que venga del gobierno federal porque el único que debe lucirse en esta ciudad es el señor López.
Luego de denotar, con precisión y claridad, que no hay razones sensatas para que en el Distrito Federal no se implementen los programas de atención a la juventud que coordina el Instituto Mexicano de la Juventud, y por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Instituto de la Juventud del Distrito Federal a celebrar un convenio con el Instituto Mexicano de la Juventud a efecto de que en esta entidad federativa se promuevan e instrumenten las acciones y programas del gobierno Federal dirigidos al desarrollo integral de la juventud.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil cinco.
Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA SOBRE LOS HECHOS DEL 10 DE JUNIO DE 1971, A CARGO DE LA DIPUTADA ELIANA GARCÍA LAGUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, Eliana García Laguna diputada federal a la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Por los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971, conocido como el jueves de corpus o halconazo, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado consignó a 11 personas entre las que destaca el ex Presidente Luis Echeverría Álvarez.
La Fiscalía Especial señaló en su momento que:
El próximo miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en su agenda la resolución de este episodio de la vida política de nuestro país.
Por lo antes expuesto, ponemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo a efectos de que se considere como de urgente resolución
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en el marco de la división de poderes, hace un exhorto a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a aplicar los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, así como los criterios jurisprudenciales respectivos para determinar la imprescriptibilidad del delito de genocidio por los hechos del 10 de junio de 1971.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 22 días del mes de febrero de 2005.
Dip. Eliana García Laguna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN, Y DE RELACIONES EXTERIORES QUE SE INVESTIGUEN LAS ACTIVIDADES POLÍTICAS QUE LA FUNDACIÓN NACIONAL CUBANO-AMERICANA REALIZA EN EL TERRITORIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Quien suscribe, diputado federal a la LIX legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H. asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se investiguen las actividades políticas que la Fundación Nacional Cubano-Americana realiza en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA) desde sus orígenes en julio de 1981, ha contado con hombres que han tenido un extenso historial de violencia. Baste citar a Guillermo Novo Sampoll y Gaspar Jiménez Escobedo, quienes por más de cuatro años fueron procesados y sentenciados en Panamá, por haber conspirado para atentar contra el Presidente de Cuba, y, que debido a los compromisos contraídos por la señora Mireya Moscoso, entonces Presidenta de Panamá, con los extremistas cubanos de Miami, fueron indultados el 26 de agosto del 2004, sin haber concluido el proceso legal.
Además, Jiménez Escobedo tiene una condena pendiente en México, por haber intentado secuestrar al Cónsul de Cuba en Mérida, el 23 de julio de 1976, habiendo resultado asesinado el técnico cubano Artaigñan Díaz Díaz. Posteriormente Jiménez Escobedo escapó de la Cárcel de Oriente con el apoyo de narcotraficantes colombianos.
Por otro lado, Luis Manuel de la Caridad Zúñiga Rey, ha sido subordinado y asalariado de Francisco José Hernández Calvo, dueño de uno de los fusiles que fueron ocupados por el FBI, a un comando terrorista que planeaba asesinar al Presidente de Cuba en la VI Cumbre Iberoamericana en Isla Margarita, Venezuela en noviembre de 1997.
No puede escapar a la memoria de Montenegro, que la FNCA, luchó tenazmente para que el niño cubano Elián González, de seis años, fuese separado definitivamente de su padre cuando lo secuestraron por parientes lejanos en Miami en 1999. ¿Qué derechos humanos defendió la FNCA en este caso? Sería una buena pregunta para dicha Fundación.
Su credibilidad sobre este tema es nula y dudosa. Sin embargo, tiene muchas fortalezas en actos de terror. De hecho, fondos de la FNCA fueron a parar a la guerra sucia de los Estados Unidos en Centroamérica, el nombre de Mas Canosa ha aparecido con frecuencia en los documentos desclasificados norteamericanos del escándalo Irán-Contras, organización que apoyó a las bandas irregulares que en Angola masacraron a miles de sus ciudadanos por más de veinte años. Esa organización ha estado omnipresente en los actos terroristas realizados por los extremistas cubanos de Miami en los últimos 25 años.
La Fundación de Montenegro financió y apoyó públicamente las bombas que fueron colocadas en hoteles de La Habana en 1997 por terroristas centroamericanos, financiados por la misma y reclutados por el criminal Luis Posada Carriles, cómplice de Mas Canosa, desde que este lo reclutó y le entregó miles de dólares en 1965 para que dinamitara barcos mexicanos y cubanos en el puerto de Veracruz. Una de estas bombas explotó también en la capital federal mexicana en agosto de 1997.
Montenegro, quien al parecer no está familiarizado con la historia de lo que representa, puede tener acceso al documento desclasificado del FBI No. 105-8280-190, del 1 de julio de 1965, donde hay bastantes referencias de los actos de terror del fundador de la FNCA y su apadrinado Posada Carriles.
Es importante hacer notar también que en territorio mexicano, entre 1959 y el año de 2004, mexicanos y de otras nacionalidades han resultado, muertos, heridos o afectados por el terrorismo de organizaciones como la FNCA.
El 11 de abril de 1997, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, reunida en Ginebra, en su 54 Sesión, aprobó por medio de la votación nominal de 28 votos a favor, ninguno en contra y 23 abstenciones, una resolución que reitera su condena inequívoca de todo acto, método y práctica de terrorismo, instando además a todos los relatores especiales a abordar en sus informes dirigidos a la Comisión, temáticas sobre las consecuencias de los actos, métodos y prácticas terroristas.
El Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos, Enrique Bernales Ballesteros, como resultado de su visita a La Habana en septiembre de 1999, mencionó por su propio nombre al terrorista Luis Zúñiga Rey. Hizo notar que ha sido demostrado y reconocido por sus autores, que las acciones terroristas ejecutadas en Cuba fueron urdidas, preparadas y financiadas por encargo de la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA) con matriz en Miami, Florida.
Luis Zúñiga Rey sabe que esto es rigurosamente cierto, verificable e imposible de negar. ¿Cómo no admitir que en 1973 penetró ilegalmente en la Base Naval de Guantánamo? Que una vez en Estados Unidos se integró a organizaciones contrarrevolucionarias de emigrados cubanos, que el 1 de agosto de 1974 desembarcó en Cuba con armas y explosivos, junto a los terroristas Miguel Sales Figueroa y Rodolfo Luis Camps Verdecia, que la lancha utilizada era del tipo Thunderbird, matricula Fla. 8722, de 23 pies de eslora y con el nombre de Malú, y, que además entre las armas de guerra que portaba se encontraban varios fusiles AR-15, granadas y explosivos para realizar acciones terroristas.
Este protervo y mendaz terrorista puede detallar los objetivos de su emisario canadiense de apellido Trepanier, a quien envió a Cuba en 1992 para organizar células internas con fines terroristas; o los propósitos antihumanos que lo inspiraron a reclutar en Estados Unidos al cubano Olfiris Pérez Cabrera en 1993 para envenenar al ganado y el agua potable de extensas zonas y precisar cuánto le pagó por estos servicios.
En 1997 dirigió los contactos en el exterior con el ciudadano guatemalteco Percy Francisco Alvarado Godoy, reclutado por la FNCA, para realizar acciones terroristas en Cuba.
Por lo que a nuestros intereses respecta, México es el tercer país después de Cuba y los Estados Unidos que más ha sido afectado por el terrorismo anticubano durante más de 45 años. El pretexto más utilizado por estos criminales radicados en los Estados Unidos para agredir a nuestro país, es la actitud digna y soberana mantenida por México en las últimas cuatro décadas, que contrario a las presiones internacionales para que colaborar al aislamiento y bloqueo contra Cuba, México se mantuvo en vía de relaciones plenas y diplomáticas con la República de Cuba.
El 24 de octubre de 1959, fueron secuestrados siete barcos pesqueros cubanos en aguas mexicanas por autoridades estadounidenses.
1961
El 29 de junio de 1961, una bomba incendiaria estalló en la Embajada de Cuba en la capital mexicana que produjo daños considerables.
Mientras el 12 de octubre, una bomba de ácido se lanzó contra el Cónsul de Cuba en Veracruz.
El 19 de octubre del siguiente año las autoridades mexicanas ocupan en su territorio un cargamento de armas y explosivos destinados a grupos de terroristas anticubanos. Estuvo involucrado el coronel norteamericano Rex Aplegate.
El 19 de noviembre del propio año son lanzadas cinco bombas contra la Embajada de Cuba en la capital federal, ocasiona pérdidas evaluadas en 5,000 dólares.
El 2 de julio de 1963 es detenido un grupo de cuatro terroristas cuando se disponían a dinamitar los barcos cubanos Bahía de Siguanea, Oriente y Las Villas, ancladas en el puerto de Veracruz. La acción estuvo organizada por el llamado Consejo Revolucionario Cubano.
También la organización terrorista anticubana Representación Cubana en el Exilio (RECE), contrató en 1965 los servicios del terrorista internacional Luis Posada Carriles, detenido actualmente en Panamá.
En 1965, los actos terroristas se incrementan y el 15 de agosto estalla una bomba en la Embajada de Cuba en México, que daña el muro exterior y los jardines. El 23 de septiembre se conocen nuevos planes de Luis Posada Carriles para dinamitar barcos cubanos en el puerto de Tampico, financiado por Jorge Mas Canosa del RECE.
El 7 de enero del siguiente año otra bomba estalla en la Embajada de Cuba, causa daños de consideración. Nuevamente el 15 de agosto del mismo año es lanzada una bomba incendiaria contra la fachada de la Embajada de Cuba, esta vez causando daños considerables.
El 3 de mayo de 1967, una bomba estalla en el auto del Embajador de Cuba en México, Joaquín Hernández de Armas, causa cuatro heridos y daños de consideración. El 2 de febrero de 1968 la organización terrorista Poder Cubano, dirigida por Orlando Bosch Ávila coloca una bomba en el consulado de México en Miami.
El 4 de junio se produce un hecho insólito, la organización Poder Cubano envía un telegrama al Presidente de México donde lo amenaza de muerte por mantener ese país relaciones con Cuba. El 23 de junio, la misma organización se atribuye la colocación de una bomba en la oficina mexicana de turismo en Miami.
El 27 del mismo mes, Poder Cubano, declaró haber colocado una bomba en la cochera de la residencia del Cónsul de México en Miami.
El 11 de julio del siguiente año es colocada una bomba contra el barco japonés Michagesan Maru, en el puerto de Veracruz. Tres días después una bomba es colocada en la oficina de turismo de México en Miami; el 16 del propio mes otra bomba estalla en el Consulado de México en la misma ciudad floridana y el 26, una bomba estalla en la oficina mexicana de turismo también en Miami. El 9 de agosto, Poder Cubano coloca sendas bombas contra el consulado y la residencia del Cónsul de México en Miami.
El 11 de septiembre Poder Cubano coloca una bomba contra un barco inglés en Veracruz, que ocasiona daños considerables. El 17 de septiembre también Poder Cubano detona una bomba en una línea aérea mexicana, en Miami, dos días después otra bomba estalla en la residencia del Cónsul de México en Miami, se lo adjudican Poder Cubano y la denominada M-7. El 3 de octubre la oficina de turismo de México en Miami, recibe llamadas amenazadoras y realizan provocaciones en el local de la misma.
El 19 de noviembre la organización terrorista Ejército Secreto Anticomunista secuestra en México un yate para ser utilizado en un acto terrorista contra Cuba. Los terroristas autores del hecho son detenidos en Honduras.
El 13 de diciembre, otra bomba es colocada en la oficina de turismo de México en Miami, Florida. El 15 y el 16 del mismo mes el consulado mexicano en esa ciudad es objeto de actos terroristas por medio de bombas. El 18, nuevamente Poder Cubano, coloca una bomba contra la oficina de turismo mexicano en Miami. Durante el año 1968 los terroristas anticubanos realizan 24 actos de terror dentro del territorio mexicano contra intereses propios o de terceros y también en el exterior particularmente en Estados Unidos contra los representantes diplomáticos y entidades del turismo de México.
El 2 de agosto de 1969, Poder Cubano colocó una bomba contra el Departamento del Turismo de México. El 8 de mayo de 1970, varios diplomáticos cubanos son agredidos en la capital mexicana por terroristas anticubanos. El 24 de marzo de 1972, la organización terrorista Alpha-66, coloca una bomba en las oficinas de la línea aérea Cubana de Aviación en México. El 3 de diciembre del mismo año una bomba colocada por el llamado Gobierno Secreto Cubano, estalla en el Consulado de Cuba en México. El mismo día pero del año siguiente estalla otra bomba en el Consulado de Cuba en el Distrito Federal, ocasiona daños por más de 20,000 dólares.
El 1 de septiembre de 1976 la Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas de Orlando Bosch Ávila, coloca una bomba en la Embajada de México en Ciudad de Guatemala, Guatemala.
El 30 de marzo de 1977 la organización terrorista Cóndor se adjudica haber colocado una bomba en el consulado de México en San Juan, Puerto Rico.
El 7 de febrero de 1978, la organización Cóndor coloca una bomba en el barco mexicano Azteca, que produce 2 muertos, 7 heridos y daños considerables.
El 10 de ese mes son amenazados diplomáticos mexicanos en Canadá, Perú y Francia por la organización CORU.
El 11 de septiembre de 1981 la organización terrorista Omega-7, creada en 1974, se adjudica las bombas que estallaron en los consulados de México en Miami y Nueva York.
El 21 de mayo de 1992, la organización terrorista Alpha-66 se adjudica las amenazas contra las agencias de turismo de Cuba en México.
El 11 de octubre de 1993 es detenido en el aeropuerto internacional José Martí, el ciudadano mexicano Mario García Rubalcava, cuando al servicio de la organización terrorista Alpha-66 trataba de introducir dos granadas en el territorio nacional cubano.
El 24 de mayo de 1997 estalla una bomba en la agencia de viajes Cubanacán en el Distrito Federal, colocada por un mercenario salvadoreño contratado por Luis Posada Carriles.
En mayo de 1999 grupos terroristas radicados en México realizan llamadas intimidatorias a emigrados cubanos vinculados a la Asociación de Amistad con Cuba.
En total se registran 63 acciones de los terroristas anticubanos en el interior de México y contra México, dentro de su territorio y en otros países, particularmente de Centroamérica contra intereses mexicanos.
Hace más de cuatro años que la Fundación Nacional Cubano-Americana no encuentra el camino que la lleve a los planos estelares que ocupaba antaño dentro del exilio cubano.
Desde entonces, la palabra "cambio" ha recorrido sus pasillos, que en estos momentos han perdido el fulgor, la clase y la organización que antes tuvieron. A simple vista no se aprecian grandes gastos y el salario de sus trabajadores es bastante bajo. Ahora es muy similar a otras sedes de organizaciones anticubanas de Miami.
Según El Nuevo Herald (22 de noviembre de 2004), en un gesto rápido y discreto, el presidente de la junta de directores Jorge Mas Santos, en un nuevo intento por renovar la imagen de la Fundación, anunció la sustitución del director ejecutivo por Alfredo Mesa, un estrecho colaborador del ex alcalde Alex Penelas, cuyo interés por Cuba o los asuntos cubanos era casi desconocido.
Los legisladores cubano-americanos por la Florida, Ileana Ros Lehtinen y los hermanos Mario y Lincoln Díaz-Balart, han censurado a la FNCA, organización de la que anteriormente eran ardientes defensores.
Cuando Mesa asumió en noviembre el mando ejecutivo de la Fundación en busca del terreno perdido, envió una rama de olivo al Presidente Bush y propuso a los congresistas cubano-americanos trabajar unidos. Por lo visto, las gestiones del nuevo director tampoco han dado buenos resultados.
En estos momentos, la FNCA encara una difícil situación financiera, pues funciona a partir de las cuotas que aportan sus miembros; pero los directivos mejor remunerados, que son los millonarios, no están aportando lo suficiente para sufragar los gastos mínimos de la organización.
En términos prácticos, los esfuerzos de la Fundación por renovar su imagen no han dado resultados. También, en términos pragmáticos, de ese intento no han resultado políticas más definidas y eficientes contra el pueblo, y el gobierno cubanos.
En suma, el grupo parlamentario de Convergencia considera prudente que se tenga un especial seguimiento a través de los organismos diplomáticos correspondientes, para limitar de manera estricta cualquier presencia de la FNCA, en la que se pretendan llevar a cabo actos relacionados con grupos anticubanos y se utilice suelo mexicano con fines terroristas, al ser México una Nación que ha procurado sus relaciones diplomáticas multilaterales con gobiernos de Centroamérica, y del Caribe, como el de Cuba, así como con el de Estados Unidos.
Por todo lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores investiguen las actividades políticas que la Fundación Nacional Cubano-Americana realiza en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2005.
Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS LEGISLATURAS ESTATALES Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A REFORMAR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS CORRESPONDIENTES PARA GARANTIZAR QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PUEDAN TRANSITAR ADECUADAMENTE POR TODAS LAS VIALIDADES DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE CARLOS OBREGÓN SERRANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, Jorge Carlos Obregón Serrano, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a las Legislaturas estatales y del Distrito Federal a adecuar los ordenamientos jurídicos correspondientes, a efecto de garantizar que las personas con discapacidad puedan transitar adecuadamente por todas las vialidades del país con base a los siguientes
Considerandos
En esta tribuna han sido reiterativas las menciones respecto de la problemática que día con día enfrentar las personas. Por ello, no es necesario repartir las cifras que muestran la discriminación de las personas con discapacidad, ya todas y todos las conocemos, baste decir que a pesar de que existe el reconocimiento a esta situación y que se ratifican tratados internacionales a favor de ellos, estamos en ciernes en el aspecto legislativo para proteger sus derechos y permitir un acceso equitativo y justo en todos sus espacios de desenvolvimiento personal, social y productivo.
Desde el punto de vista de la legislación, existen sólidos argumentos para afirmar que la discapacidad es materia local, ya que en una interpretación rígida del artículo 124 constitucional, se entendería que el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en la materia citada, por lo que quedaría reservada a los estados. Esto porque a partir del 1° de enero de 1999, el proceso de democratización y distribución de competencias entre el Poder Federal y los órganos locales del Distrito Federal, limitaron las facultades del Congreso de la Unión en materia civil, por lo que las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal son las competentes para legislar en esta materia.
En la espera local si bien existen importantes avances como lo es que la mayoría de los estados cuentan con una ley para las personas con discapacidad, también es evidente que aún existe un significativo rezago que impide el pleno cumplimiento de importantes convenios internacionales como el de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que establece entre otras cosas, que los gobiernos signantes deben adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad.
Las medidas que aquí nos interesa destacar se refieren a aquellas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad; así como aquellas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad.
Es por ello que, el presente busca invitar a las legislaturas locales a fortalecer el trabajo que en diversos frentes, el gobierno y la sociedad realizan a favor de los discapacitados. La dignidad humana no admite espera, todos somos corresponsables para que sea efectiva su participación. Ser solidarios con los grupos sociales más vulnerables demanda medidas concretas.
Por lo anteriormente expuesto me permito presentar a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Primero.- Que la H. Cámara de Diputados exhortar respetuosamente a las Legislaturas locales para que en sus respectivas leyes de tránsito y transporte y demás relativas, se establezcan las disposiciones necesarias para que sean respectados los espacios destinados al estacionamiento de vehículos para las personas con discapacidad, así como, de las rampas de acceso a las banquetas y vías peatonales. Además, para que aumenten el monto de las sanciones para quienes obstruyan o utilicen los espacios antes referidos.
Artículo Segundo: Que la H. Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de estados y del Distrito Federal para que en el ámbito de sus respectivas competencia, realicen las adecuaciones necesarias a los reglamentos de tránsito y demás normatividad respectiva, con la finalidad de aumentar las sanciones para quienes obstruyan los espacios destinados al estacionamiento de los vehículos de personas con discapacidad, así como los de sus rampas de acceso a las banquetas y vías peatonales; además de vigilar su estricto cumplimiento
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a los 22 días del mes de febrero de 2005.
Dip. Jorge Carlos Obregón Serrano (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE GUERRERO A ADOPTAR LAS MEDIDAS CONDUCENTES EN EL PROCESO PENAL CONTRA EL C. FELIPE ARREAGA SÁNCHEZ, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO CHAVARRÍA VALDEOLIVAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Francisco Chavarría Valdeolivar diputado federal a la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante ésta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El miércoles 3 de noviembre de 2004, la Policía Ministerial del estado de Guerrero detuvo al líder campesino ecologista, Felipe Arreaga Sánchez en el municipio de Petatlán.
A Felipe Arreaga se le acusa de hechos sucedidos en mayo de 1998, de haber participado en el homicidio de Abel Bautista Guillen, hijo de un cacique talabosques, Nino Bautista, precisamente el día en que Felipe Arreaga se encontraba tratándose de un padecimiento en la columna vertebral en el poblado de Las Mesas.
Como ha quedado demostrado con las pruebas aportadas en el proceso, las acusaciones en contra de Felipe Arreaga carecen de fundamento, por lo que parece ser el reinicio de una nueva escalada de represión contra los defensores del medio ambiente en esa entidad y un apoyo encubierto para los talamontes y depredadores.
Nos parece que bajo el supuesto interés por castigar un delito, se muestra nuevamente en esa entidad el rostro más detestable de la parcialidad en el actuar judicial y un nuevo intento por sembrar el temor en las organizaciones sociales que trabajan en proyectos alternativos de desarrollo.
El trabajo de Felipe Arreaga en las comunidades de la sierra de Guerrero, se ha distinguido en organizar y capacitar a las personas para que conozcan y defiendan sus recursos naturales y sus derechos colectivos, así como la participación en proyectos productivos.
Nos parece sumamente grave el encarcelamiento del líder de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán cuando se inicia un nuevo ciclo en la corta de madera.
Felipe Arreaga Sánchez de 55 años, está enfermo y sufre en el penal de Zihuatanejo condiciones inhumanas en una celda que siendo para seis reos están hacinados quince, sin un lugar siquiera para dormir acostados en el piso.
Organismos Internacionales como Amnistía Internacional han señalado que existen claros indicios de que el proceso contra Felipe Arreaga tiene claras motivaciones políticas, por lo que dicho organismo ha hecho un llamado a las autoridades para que sus derechos sean asegurados y reciba un trato justo.
Por lo antes expuesto, ponemos a la consideración de ésta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo a efectos de que se considere como de urgente u obvia resolución
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en el marco de la división de poderes y con estricto respeto al federalismo, hace un exhorto al Gobernador del estado de Guerrero, Ciudadano Rene Juárez Cisneros, para que de manera pronta y expedita adopte las medidas necesarias para la debida valoración de las pruebas dentro del proceso penal en contra del C. Felipe Arreaga Sánchez que permitan su pronta liberación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de febrero de 2005.
Dip. Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS SE PRONUNCIA EN CONTRA DE LOS HECHOS DE VIOLENCIA ACONTECIDOS EL DOMINGO 20 DE FEBRERO EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO PARA MENORES DE SAN FERNANDO, EN LA DELEGACIÓN TLALPAN, DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Quien suscribe, diputado federal a la LIX legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H. asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se pronuncia la H. Cámara de Diputados en contra del tratamiento dado por las policías del GDF y PFP al motín suscitado en el centro de tratamiento para menores de San Fernando, en Tlalpan, con el fin de que la Secretaría de Seguridad Pública Federal lleve a cabo las medidas de control y seguridad correspondientes, para detener dichos hechos de violencia y evitar que sucedan de nueva cuenta, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Como ha sido dado a conocer en los diversos medios de información, desde el día de ayer; en el Centro de Tratamiento para Menores de San Fernando, en Tlalpan, Distrito Federal, al mediodía, cuando se realizaban visitas familiares a los internos, se inició una revuelta y en términos de lo que se ha dado a conocer por los medios de comunicación, una parte del centro fue quemado y los jóvenes que en él habitan, se enfrentaron a golpes, utilizando palos y piedras, contra los agentes de agrupamientos policiales, que coordinaba la Subsecretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, apoyada más tarde por la Subsecretaría de Seguridad Pública Federal y elementos de la Policía Federal Preventiva.
Asimismo, hay que señalar que con anterioridad han sucedido eventos de este tipo y que no han sido informados a la sociedad.
2. Consideramos que los cuerpos de seguridad, tanto del gobierno de la ciudad, como los federales eviten cualquier acción violenta y represiva como método para solucionar este tipo de conflictos.
3. Que se investiguen las causas que originaron este motín, el cual se desprende de la inconformidad de los jóvenes que ahí se encuentran recluidos, para que se tomen las medidas de fondo y no le oculte a la sociedad, sin encubrir las deficiencias o encubrimiento de funcionarios. Puesto que hechos de esta naturaleza pueden terminar en actos de graves consecuencias.
Aparentemente los hechos han sido generados a raíz del rechazo a los mecanismos restrictivos adoptados en el Centro de Tratamiento, para ingresar alimentos a los menores y las quejas sobre el abuso que los custodios han ejercido sobre los adolescentes internos, lo cual, a juicio del grupo parlamentario Convergencia, bajo ningún renglón se justifica que se haya desencadenado un motín con un saldo de estragos causados a mujeres y niños que quedaron atrapados en la revuelta.
4. El grupo parlamentario de Convergencia tiene una especial preocupación por los asuntos relacionados con la seguridad de los internos que habitan en los Centros de Tratamiento, como es el de San Fernando, y más aún, considera que además de que deben ser revisados y evaluados los programas de readaptación que se aplican a los menores, se debe tener un especial cuidado con los métodos de control antimotín que se utilizan por los cuerpos policiales en casos análogos, ya que, la brutalidad y el abuso de la fuerza no constituyen un buen ejemplo para la sociedad y mucho menos contribuyen a la reintegración social de los adolescentes.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR UNA POLÍTICA AERONÁUTICA ORIENTADA AL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA AÉREA EN MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ JULIÁN SACRAMENTO GARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz José Julián Sacramento Garza, en mi calidad de diputado federal en la LXI Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
Las vías de comunicación, tanto las terrestres, aéreas y marítimas, son fundamentales para impulsar la economía de cualquier país, ya que es un hecho que el transporte es esencial para su desarrollo.
Desde hace varios años, existe una problemática muy aguda en la industria aérea mexicana, que la ha venido lesionando severamente y, que a pesar de los esfuerzos de los diversos sectores involucrados en la industria, aún no se ha encontrado una solución satisfactoria.
La política aeronáutica implementada en México desde hace varias décadas, ha sido en base a un esquema monopólico en beneficio de dos aerolíneas, de las cuales más del 50% son propiedad del estado, lo que incide entre otras cosas, en conceptos operativos sumamente costosos, que repercuten en el precio que tiene que pagar el usuario por este servicio, el cual es el doble del estándar promedio internacional.
Además, se ha tenido que absorber a través de los esquemas financieros con que cuenta el gobierno federal, una parte importante de las perdidas que aún a pesar de las condiciones monopólicas, vienen reflejando las aerolíneas.
Hoy, a través de la presencia del IPAB, propietaria en gran parte de los activos de Cintra, la compañía controladora de las dos principales aerolíneas del país, éstas siguen gozando de preferencias y exclusividades aéreas, que no solo han impedido el desarrollo y crecimiento de muchas rutas aéreas del país, sino que también se encarece enormemente el costo aéreo.
Según versiones de las dos únicas aerolíneas independientes, como es el caso de Aviacsa y Líneas Aéreas Azteca, han solicitado en diversas ocasiones la autorización de vuelos a ciertos destinos, esta no les ha sido otorgada por las autoridades aeronáuticas federales. La empresas de Cintra tienen en conjunto el 70% del mercado aéreo nacional.
Por otra parte, la Comisión Federal de Competencia, ha establecido como criterio saludable para la desincorporación de Cintra, en un principio, su venta por separado y que los compradores asuman el 100% de los riesgos en caso de quiebra. La venta por separado de las aerolíneas garantizará un mercado más competitivo, en cambio, sería de alto riesgo para el país depender o contar con una empresa aérea dominante.
Sobre la problemática de la industria aérea en México, no hemos visto que el gobierno federal cumpla cabalmente con los estipulado en el Acuerdo mediante el cual se establece la política aeronáutica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 2001, toda vez que establece dentro de las políticas generales para el transporte aéreo, lo siguiente:
Fortalecer a la aviación comercial nacional, en un entorno de competencia equitativa, que sea sustentable, financiera y operativamente sana, alcance estándares internacionales de competitividad y calidad; que tenga permanencia y una cobertura regional más amplia, sea accesible a un número mayor de mexicanos.
Cabe subrayar que este proceso de modernización del sistema aeronáutico nacional debe darse de manera gradual y, no bajo condiciones desventajosas para las empresas nacionales ante el mercado externo, para lo cual deben recordarse las experiencias vividas en el sector bancario o en el manufacturero y, los costos de adaptación que se pagaron para ser competitivos a nivel mundial por toda la población.
En este sentido, es recomendable que tanto desde el punto de vista técnico como político, este proceso deba enfrentar a corto plazo, un proceso de adecuación a las condiciones y las estructuras de las diversas empresas aeronáuticas del país, para que puedan competir entre ellas en un primer momento y, posteriormente, abrir todo el mercado a la competencia externa. Es positivo que esta consideración sí se esté contemplando en el proceso de modernización del sector, pero no se le ha dado el énfasis que requiere.
Como legisladores, debemos impulsar el desarrollo de la industria aeronáutica, porque es trascendente para el desarrollo económico y de las comunicaciones de nuestro país y, para que pueda competir equitativamente con el mercado internacional.
También, se debe garantizar que los usuarios reciban un servicio seguro, eficiente y de calidad; por lo que es indispensable implementar políticas que fomenten una competencia equitativa a través de la oferta y la demanda equilibrada, con tarifas accesibles para todos los mexicanos tanto en el ámbito regional, como nacional e internacional.
Al mismo tiempo, debemos buscar el desarrollo de la aviación regional en el país, ya que en la actualidad los vuelos son concentrados desde y hacia la ciudad de México. Existe una mala comunicación a lo ancho y largo del país a través del transporte aéreo, porque no hay vuelos entre estados o regiones; es necesario conectar la mayoría de estos vuelos en la ciudad de México, perdiendo mucho tiempo en las conexiones.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta al Ejecutivo federal para que la política aeronáutica se oriente a fomentar un sector aeronáutico competitivo a nivel nacional.
Segundo.- Se exhorta al Ejecutivo federal, para que por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se aplique una política aeronáutica orientada al desarrollo de la industria aérea en México, que busque como objetivo de largo plazo posicionar, sobre bases sólidas y reales, al sector aeronáutico nacional en condiciones competitivas ante el mercado aeronáutico internacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 22 de febrero de 2005.
Dip. José Julián Sacramento Garza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES PARA EL ENVÍO DE UNA NOTA DIPLOMÁTICA AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN PROTESTA POR LOS SEÑALAMIENTOS PÚBLICOS DEL DIRECTOR DE LA CIA ACERCA DE LA POLÍTICA INTERNA DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE MARTÍNEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Jorge Martínez Ramos, diputado federal de la LIX Legislatura, con base en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución al tenor de los siguientes
Antecedentes
1.- La pasada semana en una comparecencia ante el Comité de Inteligencia del Senado estadounidense, el director de la CIA, Porter Gos, señaló que en México habrá graves conflictos a raíz de las elecciones constitucionales de 2006 y que diversas reformas se verán paralizadas por ello.
2.- El secretario de Gobernación Santiago Creel respondió a los señalamientos de la CIA planteando que los considera una injerencia hacia la política interna del país, que aquel organismo está mal informado y por tanto su análisis es equívoco y que México no corre ningún riesgo de ingobernabilidad a causa de la sucesión presidencial.
3.- No se conocen hasta el momento declaraciones del titular de la Cancillería mexicana sobre este tema, aunque en relación a Estados Unidos y a la ley HR-418 que entre otros, prohíbe la expedición de licencias de conducir a extranjeros indocumentados en Estados Unidos, señaló que se trataba de una iniciativa en el marco de la política de seguridad interna de Estados Unidos, y en ningún caso, una afectación a los intereses de México léase, tampoco de los mexicanos en el exterior.
Consideraciones
1.- Bajo estos antecedentes, podemos afirmar que una vez mas el gabinete del presidente Fox ha puesto a México en una situación de esquizofrenia pública, donde por una parte se reacciona con presteza frente a las declaraciones de la CIA, acusándola de injerencista, sin recordar al parecer, que hace apenas una semana el debate nacional giró en torno a la alerta que la misma CIA pone sobre la infiltración del "narco" en el equipo inmediato del Presidente.
En aquel caso, no se pensó en que además de resolver el problema evidente de que un funcionario de Los Pinos tuviera vínculos con el narcotráfico, México debía darse por enterado de que el aparato de inteligencia de Estados Unidos está del tal forma inmiscuido en la política interna, que pudo obtener la información que al Cisen y al propio Santiago Creel, se le había escapado.
2.- Por otra parte, las acusaciones de injerencia hacia los órganos de inteligencia de Estados Unidos, son ciertamente reales, y es una constante en la política exterior estadounidense observar el mundo como parte del propio imperio y considerar todo lo que fuera de sus fronteras ocurre bajo la lógica de los intereses propios.
Luego entonces, para Estados Unidos, es preocupante que el proceso político en México y otros en América Latina, traigan como consecuencia que bajo la vía electoral se ubiquen en los gobiernos proyectos políticos contrarios a la subordinación que esperan y necesitan de Amétrica Latina.
3.- Pero lo que en verdad nos preocupa, es que el gabinete de Fox haya entrado en esta fase de bipolaridad, puesto que de nueva cuenta, como en el caso del conflicto con Cuba, se distribuyeron Santiago Creel y Ernesto Derbez, los roles del policía bueno y el policía malo y hoy el secretario de Relaciones Exteriores, abocado de lleno a su campaña en la OEA, hace mutis con respecto a intromisión estadounidense, mientras se pronuncia luego de una reunión con la secretaria de Estado Condolezza Rice, en el sentido de que la denominada Ley HR-418, que violenta los más elementales derechos humanos de nuestro migrantes en Estados Unidos y aleja todavía más el acuerdo migratorio entre ambos países, no constituye un acto contra los intereses de México.
4.- Como le fue advertido al secretario de Gobernación, México tiene un grave problema y este es, el gabinete presidencial. La política interna y la política exterior de México, se encuentran en crisis, pero no por la sucesión presidencial, sino por la forma en que tanto el secretario de Gobernación como el de Relaciones Exteriores han descuidado las instituciones, los principios y las responsabilidades a su cargo.
Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta al Presidente de la República a que instruya al secretario de Relaciones Exteriores a enviar al Gobierno de Estados Unidos una nota diplomática que exprese una protesta por los dichos del titular del organismo de inteligencia de aquel país y de preocupación por la eventual aprobación de la Ley HR- 418 que prohíbe la expedición de licencias de conducir a los migrantes indocumentados.
Dado en el Palacio Legislativo, a 22 de febrero de 2005.
Dip. Jorge Martínez Ramos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS ESTATALES A ADECUAR Y REVISAR SUS LEYES PARA AMPLIAR LA PENA EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR O, EN SU CASO, CONSIDERAR LA CREACIÓN DE UNA LEY A FIN DE PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA FAMILIAR, A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL GONZÁLEZ REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado federal Manuel González Reyes del grupo parlamentario de Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo a fin de realizar un atento exhorto a los congresos estatales a fin de adecuar y revisar sus leyes para ampliar la pena en materia de violencia familiar y/o en su caso considerar la creación de una ley para prevenir y atender la violencia familiar, conforme a las siguientes
Consideraciones
La violencia familiar es una manifestación frecuente en todos y cada uno de los hogares mexicanos, cuyos origines se remontan desde la antigüedad, siendo la familia el bastión indiscutible para la preservación de la sociedad, es necesario que se protejan sus derechos establecidos desde la Constitución misma. La falta de seriedad por parte del Estado mexicano ha logrado que la violencia familiar se esté convirtiendo problema social verdaderamente alarmante, ya que al menos la mitad de los asesinatos de mujeres registrados en la Ciudad de México se debe a la violencia familiar, fenómeno que ocurre en uno de cada tres hogares mexicanos, datos que han sido confirmados por autoridades e investigadores.
Según datos del INEGI la violencia que se ejerce sobre las mujeres en el seno del hogar proviene en gran parte de la pareja conyugal, los hombres que agreden a las mujeres emplean frecuentemente, amenazas, golpes, insultos, prohibiciones, entre otros medios. El maltrato infantil, en cambio, lo ejercen con mayor reiteración las madres, seguidas por los padres, padrastros, madrastras y abuelos.
Tan solo la Dirección General de Equidad y Desarrollo Social del gobierno capitalino, informó que en lo que va del año se han recibido cerca de 1,500 denuncias de violencia en los hogares y la Red de Atención de la Violencia Familiar ha atendido a 40,000 víctimas.
La violencia en el seno de la familia ha existido siempre en diversas formas, pero sólo en el último decenio se ha reconocido que los abusos representan un grave problema, tanto por su magnitud como por sus consecuencias. Se estima que sólo 4 de cada 10 mujeres maltratadas recurren a la denuncia penal y de éstas sólo 3 logran iniciar un procedimiento formal.
En nuestro país, las estadísticas que existen son insuficientes para observar el fenómeno en todos sus niveles y manifestaciones, porque la violencia familiar puede ser originada por cada uno de sus integrantes, lo cual obedece al subregistro que se origina en la cultura de la "no denuncia" y que prevalece en el país, por desconocimiento de sus derechos. No obstante esta limitante en la información, se puede afirmar que la criminalidad tiene una cara masculina, pues quienes más incurren en los hechos delictivos son los hombres. Diversos organismos tanto a nivel nacional e internacional se han preocupado por este fenómeno, por esto, la ONU presentó en la Ciudad de México una iniciativa para el lanzamiento de una campaña interagencial contra la violencia intrafamiliar, bajo el tema "Una vida sin violencia es un derecho nuestro", la ONU busca informar, promover y conscientizar sobre los derechos humanos de las mujeres, niños y niñas que viven en situaciones de violencia. Del mismo modo, considera que la violencia en contra de las mujeres es un obstáculo para el desarrollo por sus consecuencias sobre las economías de los países y que tiene efectos sociales y culturales.
De acuerdo con el concepto de desarrollo humano de las Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres afecta su bienestar, su seguridad, sus posibilidades de educación y de desarrollo personal. Por su parte el DIF ha puesto en marcha diferentes programas que promueven el desarrollo de la familia y en concreto propuso la creación de un programa que establece actividades educativas y de capacitación, al personal responsable de atender a menores, en escuelas, guarderías, centros hospitalarios y otras instituciones, a fin de sensibilizarlos en aspectos de violencia familiar, así como con grupos de padres de familia en las comunidades, para mejorar la calidad de la atención, educación y formación del menor. Además impulsa las actividades encaminadas a la modificación de patrones de conducta que provocan el maltrato de los adultos hacia los menores.
En materia de legislación, actualmente son muy pocos los estados que cuentan con leyes específicas en materia de violencia familiar como lo es el caso de Colima, Tamaulipas, estado de México y Baja California, donde dignamente soy representante, y por ello quiero exhortar a los estados restantes a considerar la importancia de tratar de erradicar este problema. La finalidad de contar con leyes a nivel estatal es que se castigue la violencia familiar proponiendo medidas administrativas, sociales y educativas para proteger a la mujer y a sus hijos, fomentar el conocimiento del derecho de la mujer a una vida libre de violencia y a que se respeten sus derechos, enfatizar que la violencia familiar debe ser atendida en las instancias de salud pública, a través de la creación de las unidades de atención, es necesario plantear la importancia de sensibilizar y capacitar a los funcionarios públicos y a la sociedad en general sobre esta problemática, así como promover el diseño de un programas estatales para la prevención de la violencia familiar.
Hoy en día, las legislaciones estatales contemplan en sus códigos penales penas que van desde 6 meses hasta 6 años y algunas más contemplan penas menores de seis meses a cuatro o tres años de prisión según el estado al que nos dirijamos, es decir no hay una homologación clara entre la aplicación de penas por este delito y es por demás preocupante saber que en algunos estados de la República no se tome en consideración la gravedad de este ilícito que va en aumento día a día. Por otro lado el Código Penal federal señala que la violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral así como la omisión grave, que de manera reiterada se ejerce en contra de un miembro.
Es imprescindible reconocer que la violencia no es natural, este un problema social donde deben involucrar a las instancias que deben conocerlo, prevenirlo y resolverlo, la violencia dentro de la familia es una violación a los derechos humanos y no es un asunto privado de cada familia, es un problema de salud y de derechos. La ley no funciona si no establecemos las reglas claras y congruentes que permitan ejercer una autoridad firme que castigue a todos aquellos que violentan la tranquilidad de nuestras familias mexicanas.
Desde nuestra plataforma política la tutela de la familia ha de ser actividad social del Estado, para Acción Nacional, el cuidado de la familia no es solo una obligación moral: es una necesidad política para consolidar el desarrollo democrático de México; es imperativo social para que la solidaridad entre generaciones triunfe sobre el individualismo ciego, y es un compromiso social de quien cree en los lazos de convivencia que unen a una sociedad vigorosa. Acción Nacional refuerza sus propuestas, su compromiso y por ello impulsamos el derecho a una vida familiar sin violencia.
Por lo anteriormente fundado y expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: Esta H. Cámara de Diputados hace un atento exhorto al Gobierno del Distrito Federal y los estados a fin de adecuar y revisar sus leyes para ampliar la pena en materia de violencia familiar y/o en su caso considerar la creación de una ley para prevenir y atender la violencia familiar.
Dip. Manuel González Reyes (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE FORMULA UN EXTRAÑAMIENTO A LOS TITULARES DE LA SEDESOL, SEP Y SHCP POR EL MANEJO CONTRADICTORIO DE INFORMACIÓN, RESPECTO DE LAS NECESIDADES PRESUPUESTALES DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES PARA EL 2005, A CARGO DE LA DIPUTADA CLARA M. BRUGADA MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados y diputadas integrantes de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hoy, la Cámara de Diputados está inmersa en un juicio de controversia constitucional por, supuestamente, haberse excedido en sus atribuciones al modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos 2005.
Cuando en realidad, es el Poder Ejecutivo el que excede, de manera cotidiana, sus atribuciones al modificar lo aprobado por la Cámara de Diputados.
Un ejemplo claro de lo anterior, es lo que está sucediendo con el presupuesto aprobado para el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
Recordemos, que dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos 2005, enviado por el Presidente Fox, se solicitaban 32,843 millones de pesos para el programa Oportunidades. Un gasto en 30% mayor, en términos reales, que el asignado para 2004.
A los diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios, nos pareció excesivo tal aumento.
Los compañeros y compañeras del sector rural, denunciaron que las cifras estaban infladas y exigieron que no se aprobaran los 8,400 millones de pesos adicionales, respecto del 2004, que eran solicitados.
Este tema fue objeto de debate y discusiones, no sólo entre los grupos parlamentarios sino al interior de los mismos fue motivo de diferencias profundas.
Miembros del grupo parlamentario del PRD pedimos, a los funcionarios responsables, información al respecto, nos la mandaron de manera informal, y la respuesta siempre fue la misma: cualquier disminución en el presupuesto de Oportunidades implicaba la reducción de la cobertura, es decir, se tendría que dar de baja a familias y becarios.
Se afectaría gravemente a la población más pobre del país.
Al final, la Cámara decidió aprobar el presupuesto de Oportunidades sin ninguna modificación. Los diferentes grupos parlamentarios estuvimos de acuerdo que no podíamos poner en riesgo el funcionamiento de un programa que apoya a las familias más pobres para que envíen a sus hijos a la escuela.
No podíamos permitir que, bajo el pretexto de que se había recortado el presupuesto de Oportunidades, el Ejecutivo comenzara a quitar las becas a las familias beneficiarias.
Sin embargo, hoy, al revisar la integración del Presupuesto de Egresos 2005, realizada por la Secretaría de Hacienda y publicada en su página de Internet, nos damos cuenta que redujeron 1,734 millones de pesos al componente educativo del Oportunidades.
Es decir, por decisión de la Secretaría de Educación Pública y de Hacienda, se redujeron en 10% los recursos destinados a las becas.
Muy importante, esos 1,734 millones de pesos representan apoyos a lo largo de un año para 788 mil estudiantes de sexto de primaria o becas anuales para 288 mil estudiantes de preparatoria.
Cabe aclarar, que dentro del presupuesto de Oportunidades, este componente fue el que más se incrementó, en 35% respecto de 2004.
Al exigir una explicación al respecto, en la última reunión plenaria de la Comisión de Desarrollo Social, el director general de Planeación, Programación y Presupuesto de la SEP, Román Cárdenas, se limitó a decir que "habían hecho bien las cuentas" y se podía reducir el presupuesto para las becas de Oportunidades en 10%, sin afectar los compromisos con las familias beneficiarias en el país.
"Habían hecho bien las cuentas", dijo el funcionario de la SEP frente al subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Carlos Hurtado, quien se limitó a guardar silencio.
Para continuar con este juego de aparentes confusiones, en abierta contradicción con los anteriores funcionarios, la secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, de acuerdo con información de prensa, en un comunicado mencionó que en coordinación con los titulares de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y de Educación, Reyes Tamez, se tomó la determinación de reintegrar "absolutamente estos recursos al programa Oportunidades".
Cabe preguntarnos: ¿para qué reintegrar esos recursos, si "habían hecho bien las cuentas" y no eran necesarios?
Compañeros y compañeras legisladores, toda esta serie de contradicciones lo único que muestran es que desde el mismo proyecto de Presupuesto de Egresos 2005, el Ejecutivo federal nos mandó una propuesta deformada, programas con presupuestos inflados o recortados a conveniencia.
Con bolsas de dinero ocultas que luego, discrecionalmente, mueven las dependencias, y cuyo fin es alterar el sentido de los mandatos de la Cámara de Diputados.
No debemos dejar pasar esta situación sin manifestar nuestra molestia a través de un extrañamiento a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social, Educación Pública y Hacienda y Crédito Público por la serie de situaciones antes reseñadas.
Por otro lado, para evitar que las dependencias sigan moviendo con absoluta discrecionalidad el presupuesto de un programa aprobado por esta soberanía y se alteren las metas definidas, proponemos se solicite a la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades toda la información que sustenta los requerimientos presupuestales del programa Oportunidades para el 2005.
Por ejemplo, para el componente educativo necesitamos saber cuántos beneficiarios de Oportunidades hay en este momento, su distribución por estados, cuántos son hombres y cuántas mujeres; en qué grado escolar se encuentran, lo anterior porque el monto de la beca es diferenciado por género y grado escolar.
Cuánto van a gastar a lo largo del año en becas y cuánto proyectan gastar el próximo año. Todo perfectamente sustentado en cifras.
Para que a través de la integración de un grupo de trabajo con legisladores de las Comisiones de Presupuesto y de Desarrollo Social hagamos un seguimiento puntual del ejercicio del gasto del programa Oportunidades en sus diferentes componentes.
Solo un dato adicional, Oportunidades tiene un gasto que representa el 140% del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social. En síntesis, es una supersecretaría y tiene en sus manos un apoyo que para millones de familias en el país resulta fundamental, no podemos dejar que funcione con absoluta discrecionalidad como hasta este momento, debe haber un seguimiento puntual del ejercicio de su gasto.
En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Dirigir un extrañamiento a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social, Educación Pública y Hacienda y Crédito Público por el manejo contradictorio de la información sobre las necesidades presupuestales del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para el 2005;
Segundo.- Solicitar a la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades proporcione, de manera urgente, toda la información que sustenta los requerimientos presupuestales del Programa para el 2005;
Tercero.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, integre un grupo de trabajo con legisladores de las Comisiones de Presupuesto y de Desarrollo Social para que realicen una evaluación de la pertinencia del recorte realizado al programa Oportunidades y, a lo largo del año un seguimiento puntual del ejercicio del gasto del mismo en sus diferentes componentes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2005.
Dip. Clara Brugada Molina (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEP A RETIRAR DEL PROGRAMA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS, PARA CONSULTA EN LAS BIBLIOTECAS DE AULA, LOS QUE INCLUYEN NARCOCORRIDOS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ FRANCISCO LANDERO GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado José Francisco J. Landero Gutiérrez, en sustitución de la diputada Consuelo Camarena Gómez, y en nombre de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos en esta LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a retirar los libros en las bibliotecas de aula, del Programa de Libros de Texto Gratuitos para consulta, que incluyen narcocorridos, bajo las siguientes
Consideraciones
Los narcocorridos son crónicas de hechos, tales como las aventuras, traiciones, desgracias, homicidios, amores y además glorias de los individuos involucrados en el negocio de las drogas.
Toda vez que el narcotráfico es una realidad social presente, diversos artistas populares, recreadores de nuestra sociedad, han tomado como temática esta actividad delictuosa, la cual goza de gran popularidad y aceptación debido a la música y las letras que narran grandes hazañas y que son interpretadas por agrupaciones populares como los Tucanes de Tijuana, los Huracanes del Norte, el Puma de Sinaloa, los Invasores de Nuevo León, Grupo Exterminador y los Tigres del Norte, por mencionar solo algunos; quienes hacen ver a los integrantes del narco como personalidades respetadas por su valentía, pero que no dejan de ser muestras de la violencia armada y delictiva en contra de la salud y de otros previstos en el Código Penal Federal y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
En este tipo de corridos se hace uso del lenguaje común o en metáforas en donde se describen costumbres y formas de pensar de los capos o jefes de cárteles, sus actividades criminales como el tráfico, los homicidios, secuestros, robos, etcétera.
Dichas hazañas que tienen por escenario la sierra y ciudades donde se da mucho esta actividad, alentándola, ya que hace ver una oportunidad de salir de su condición humilde, así como las referencias a la ostentación del poder y la riqueza que esta actividad da.
Así los corridos realizan indirectamente la función de hacer de esta actividad un proyecto de vida, al presentarla como una alternativa de "progreso" en la vida, tanto en lo económico, como en la valentía o en la impunidad ante la violación de la ley, lo cual incide negativamente en la formación de la infancia y la juventud, pervirtiéndola, siendo además el público más vulnerable a esta perversión.
Si bien es cierto que prohibir su difusión no reduce el tráfico y consumo de drogas, bien podría fomentar en niños y jóvenes el deseo por involucrarse en este medio, al ser manejados como héroes los propio narcotraficantes.
Tampoco se trata de polemizar si es una corriente artística o popular válida, sino que al hablar de hechos inminentemente enemigos de la legalidad y por tanto del Estado y de la humanidad entera, éstos deben ser expuestos sólo ante gente con criterio suficiente para asimilarlo y considerar racionalmente su propósito, por tanto aquellos que aún están en formación no deben de tener un acceso sin la debida supervisión a este tipo de manifestaciones.
No se trata de juzgar el sentido artístico, sino de prevenir la influencia social que esta manifestación popular a favor de actos criminales, arteros y enemigos del Estado, puede provocar en nuestros niños y jóvenes, exaltando como virtudes, acciones que no solo alteran la ley, sino que son contrarios a toda ética y moral humana, y que además incitan al narcomenudeo, tanto por el lado de la venta, como de la lamentable compra de estupefacientes por la niñez y juventud.
Acciones para prevenir injerencia en la conducta mayoritariamente juvenil de interpretaciones con las características antes señaladas han sido tomadas por diferentes instancias del gobierno federal y los gobiernos locales.
Sin embargo es el caso que en Bibliotecas de Aula al servicio de la educación básica, dentro del Programa de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, se ha incluido el libro "Cien corridos, alma de la canción mexicana" recopilación de Mario Arturo Ramos, Editoriales unidas; Océano, SEP y Libros del Rincón, el cual contiene los narcocorridos "El Señor de los Cielos" y "Contrabando y Traición" en sus páginas 174 y 177 respectivamente.
Aún cuando no son propiamente libros de textos, en el sentido de que no son entregados a los estudiantes en su individualidad, tampoco deben estar en bibliotecas que son de acceso a niños y jóvenes estudiantes, y que pueden ser pervertidos por visiones subjetivas de un hecho, que además es de naturaleza delictiva.
Si bien estamos absolutamente convencidos del respeto a los derechos fundamentales de libre expresión garantizados por los numerales 6 y su correlativo del artículo 7 de nuestra norma suprema, también creemos firmemente que dicha libertad de ideas tiene ciertos límites en el caso de ataque a la moral, los derechos de terceros, la provocación de algún delito o la perturbación del orden público, tal como lo establece la literalidad del primer precepto aludido.
Es por ello que incluso el estudio científico del fenómeno de los narcocorridos debe ser para quienes tienen un criterio definido y conocimientos suficientes para apreciar su naturaleza y origen, tanto de índole sociológico, artístico o antropológico.
Por todo ello y de conformidad con los artículos 59 y 60 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración del Pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución
Punto de Acuerdo
El Pleno de esta soberanía propone:
Primero.- Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicite al C. secretario de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra que, en pleno ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de obligaciones legales, gire sus instrucciones para que se retiren los libros incluidos en las Bibliotecas de Aula que hacen mención a narcocorridos, por ser contrarios a los fines éticos del Estado.
Segundo.- Que esta soberanía cite a comparecer ante ella, al C. secretario de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra y al C. Jorge Velasco y Félix, director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) a efecto de explicar la inclusión de dichos libros que contienen los narcocorridos en Bibliotecas de Aula para educación primaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 22 de febrero del 2005.
Dip. José Francisco J. Landero Gutiérrez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT A REALIZAR LAS GESTIONES CONDUCENTES A OBTENER RECURSOS FINANCIEROS INTERNACIONALES PARA LLEVAR A CABO ACCIONES DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL HUMEDAL SISTEMA LACUSTRE DE XOCHIMILCO Y SAN GREGORIO ATLAPULCO, DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA NANCY CÁRDENAS SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita diputada Nancy Cárdenas Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Una las características que definen a un país como megadiverso es su pluralidad de ecosistemas; en este sentido México sobresale ya que dentro del territorio mexicano se distribuyen los cinco tipos de ecosistemas que se encuentran en América Latina y el Caribe, situando a nuestro país por encima de Brasil y Costa Rica.
Entre esta diversidad de ecosistemas resaltan los humedales como un ecosistema de transición entre los sistemas terrestres y acuáticos, donde se desarrollan una compleja serie de procesos ecológicos. La dinámica en estos procesos ha definido a estos ecosistemas como uno de los más productivos del planeta, favoreciendo el desarrollo de una gran variedad de comunidades biológicas de plantas y de animales, tanto en los sistemas salobres como en los dulceacuícolas.
En México, la importancia biológica de estos ambientes sobrepasa el ámbito de local y regional, ya que los humedales del país no solo son importantes para el desarrollo de especies propias del territorio, sino que se consideran regiones de importancia vital durante los procesos de migración de muchas especies de aves procedente de Norteamérica.
Aunado a la riqueza biológica en estos ambientes, existen una gran cantidad de servicios ambientales que los humedales brindan a las poblaciones humanas, entre los que destacan su importancia en la recarga y descarga de las aguas subterráneas, el mantenimiento y mejora de la calidad de los recursos hídricos (potencialmente disponibles para el hombre), alta capacidad para reducir los caudales y prevenir las inundaciones, se les considera importantes para la retención de sedimentos y nutrientes, reguladores del clima local y en el caso de los sistemas costeras como barreras naturales contra las tormentas.
El reconocimiento de la importancia a estos ecosistemas en México tiene un desarrollo incipiente, los principales esfuerzos se han realizado principalmente por las instituciones académicas y las ONG. En el caso del Estado los esfuerzos para la protección de estos ecosistemas se realiza a través de la creación de leyes genéricas para la protección del ambiente y la incorporación de esquemas de protección como las áreas naturales protegidas, que integra nuevos conceptos de conservación en el país.
De igual forma el reconocimiento de estos ecosistemas en el ámbito mundial llega en 1986 a través de la adhesión de México en la Convención de Humedales de Importancia Internacional, en especial como hábitat para las aves acuáticas (RAMSAR), incorporando un humedal a la lista de esta Convención. Durante un periodo de más de una década se incorporaron tres humedales más. En el 2003 se sumaban 17 humedales inscritos y fue en 2004 cuando se integran 34 humedales sumando 51 humedales registrados. Recientemente, el dos de febrero del 2005, se agregan cuatro humedales más a la Convención resultando en un total de 55 humedales.
El que México tenga inscritos 55 humedales implica que se han contraído compromisos y obligaciones relevantes en la gestión ambiental, a fin de llevar a cabo las acciones necesarias para conservar el humedal y en su caso aprovecharlo de forma sustentable, tal como es indicado en las obligaciones de los países de la Convención.
De acuerdo con el listado de humedales, mas del 70% de estos se encuentran en algún esquema de protección, bajo el estatus de área natural protegida. Sin embargo, algunos otros humedales están fuera de este marco de protección federal.
En este sentido, uno de los humedales enlistados y que se encuentra fuera de los esquemas de protección mencionados es el denominado "Sistema lacustre de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco", que se ubica en el Distrito Federal y que se considera como un reducto del gran sistema de lagos de la Cuenca de México.
Este humedal se considera crucial debido a la gran cantidad de servicios ambientales que brinda a la Ciudad de México, una de las más grandes y pobladas del orbe. De acuerdo con estudios en la zona se ha definido que cerca del 40% del agua que se aporta a la ciudad proviene de las aguas subterráneas en la zona; de igual forma la zona es considerada como reguladora del clima local y como amortiguador de los efectos del crecimiento urbano en el sur del Distrito Federal. Así mismo, estos humedales tienen la función de vaso regulador, toda vez que reciben las aguas de las sierras del sur de la cuenca y así evitan las inundaciones en las zonas urbanas.
Por otro lado, y una de las razones para estar incluido en el RAMSAR es el hecho de albergar a una gran cantidad de especies de flora y fauna, considerando su situación geográfica en una de las ciudades con mayor densidad poblacional. De igual forma en esta zona se han registrado una gran cantidad de especies de aves residentes y migratorias, donde se destacan especies como la cerceta de alas azules y la jacana norteña, cuyo registro en el DF procede únicamente de esta zona. También se registra especies de los grupos de mamíferos, reptiles y anfibios que se encuentran protegidas de acuerdo a la legislación mexicana y que algunos de ellos son endémicos de la cuenca. (NOM-059-SEMARNAT-2001).
Un último valor en la zona es el cultural, ya que en este sistema lacustre se estableció en tiempos prehispánicos la cultura azteca que desarrolló una forma de manejo única, a través del desarrollo del agro sistema de chinampas, que prevalece en la actualidad, cuyos principios permitieron elevar la productividad y manejar de forma eficiente los recursos agua y suelo.
La presión urbana que reciben los humedales del "Sistema lacustre de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco", han propiciado un manejo inadecuado sobre el recurso agua, afectando de forma negativa el flujo natural al humedal. Asimismo, se observan otros problemas de índole ambiental, social y económico. La respuesta para la protección y conservación de este ecosistema ha estado a cargo del gobierno local, donde la disponibilidad de recursos ha arrojado la elaboración de un programa de manejo (próxima publicación), donde se definen las líneas estratégicas para la conservación y desarrollo de estos humedales.
Sin embargo, el contar con un programa de manejo no garantiza per se la protección del ecosistema, ya que se requieren los recursos financieros suficientes para implementar los diferentes subprogramas que se contemplan, así como las acciones y obras contempladas en dicho programa.
De esta forma, es importante realizar las gestiones necesarias para obtener recursos financieros que garanticen la conservación de este ecosistema y mantener así los servicios ambientales que brinda a la Ciudad de México.
Una de las características en el funcionamiento de la Convención RAMSAR es apoyar a las naciones que estén adheridas a través de la orientación técnica para el manejo y la asistencia financiera para ejecutar proyectos de conservación o en su caso la facilitación de sinergias para establecer redes de cooperación internacional con otras instancias dedicadas a la conservación.
Una de las recomendaciones en las dinámicas de la Convención es que el vínculo para cualquier asunto relacionado con los humedales adscritos se realice a través de la autoridad administrativa designada, en el caso de México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales.
Por lo anterior expuesto, propongo a ésta H. Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que lleve a cabo las gestiones necesarias ante la Convención de Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR) a fin de establecer una esquema de financiamiento dirigido a la ejecución de los programas de conservación, protección y aprovechamiento sustentable del humedal "Sistema lacustre de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco" en el Distrito Federal, México.
Segundo.- Que la Semarnat establezca el vínculo necesario con el Gobierno del Distrito Federal para que de forma coordinada se establezca el esquema de cooperación con las entidades internacionales y las formas de ejecución y monitoreo de programas y obras.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2005.
Dip. Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS A PONER PRIMORDIAL ATENCIÓN EN LOS ASUNTOS ELECTORALES DE SUS ESTADOS, A CARGO DEL DIPUTADO RUBÉN MAXIMILIANO ALEXANDER RÁBAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
EL suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Debemos entender que una elección es el proceso de selección formal conforme a determinadas reglas, de una o varias personas para el desempeño de un cargo, (o la aceptación o rechazo de una propuesta política) mediante votos que expresan las preferencias de quienes los emiten y los cuales están calificados para votar. El vocablo elección proviene del latín election, que es la acción de escoger.
Las elecciones constituyen la forma de participación política más accesible, importante, generalizada y a veces única para la mayoría de los ciudadanos en las democracias. Una elección es la forma más pura en la que la sociedad mexicana puede hacer valer su facultad soberana de elegir a sus gobernantes expresada en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dicha facultad se ejerce a través de un proceso electoral, mismo que tiene por objeto la renovación de los poderes en sus diferentes niveles de gobierno, federal, local y municipal, siendo éstos el titular del Ejecutivo, los miembros del Legislativo y los integrantes de los ayuntamientos.
Por medio de campañas electorales los aspirantes a ocupar un cargo de gobierno deberán ser postulados por los partidos políticos e iniciar la difusión de sus mensajes y propuestas políticas para el desempeño del mandato popular en caso de ser elegidos por medio del voto directo.
En un proceso electoral uno de los principales objetivos es el incitar a la sociedad a la participación político electoral de elegir a sus gobernantes; dicha actividad es promovida por los institutos electorales relativos al tipo de elección (IFE e institutos electorales de los estados), en la cual a través de sus campañas electorales se difunden sus plataformas de gobierno y legislativas; la ciudadanía puede conocer estas propuestas a través de campañas publicitarias que se manifiestan en anuncios en TV, radio, periódicos, la pinta de bardas, etcétera.
Lo anterior nos muestra que la participación ciudadana es el factor medular para que una elección faculte a un autoridad de legitimidad y en especial de gobernabilidad, situación que se ve frustrada ante una baja asistencia de los ciudadanos a participar en los procesos electorales, desmotivados por diversas razones; una en particular es la que atañe a este punto de acuerdo: el periodo existente entre las elecciones locales y las federales, es decir, el tiempo que la sociedad deja de tener un proceso electoral y todo lo que publicitariamente corresponde.
Debemos notar que para toda sociedad es desgastante tener procesos electorales de forma continua, los cuales inician campañas de promoción política. Que mantienen constantemente a los ciudadanos con contiendas que hoy en día no sólo ofrecen las propuestas manifestadas en las plataformas políticas de los partidos, sino que también se han enfrascado en una lucha permanente originando campañas de descalificación, confrontación y que en ocasiones han llegado a un punto burdo por parte de los partidos y sus candidatos. Tales acciones provocan que el ciudadano se envuelva en una esfera de insatisfacción por el desempeño político de las autoridades, así como decepción de los partidos políticos y desinterés por acudir a los centros de votación a ejercer su derecho al voto y así participar en la renovación de sus autoridades federales y locales.
Dicha situación se ve reflejada en los últimos tres años, pues la participación ciudadana muestra que en el año 2000 se registró una votación de 37,601,618 electores equivalente al 63.97% de la población en condiciones para votar y una abstención de 21,181,119 personas que no acudieron a ejercitar su voto equivalente al 36.03% de la población votante; en el año 2003 acudieron a las casillas 26,968,371 electores siendo un equivalente al 41.68% de los votantes que podían acudir registrándose un abstencionismo de 37,742,225 electores, equivalente al 58.32% de los que no ejercieron su derecho al voto; lo mismo puede notarse en el estado de México que en el mismo año 2003 sólo que en marzo en la elección de diputados locales y ayuntamientos se tiene registrado que solo salió a votar el 46.56% de los mexiquenses que tenían el derecho y el 53.44% se abstuvieron.
Los resultados muestran una gran baja en el interés ciudadano en participar en los procesos electorales situación alarmante para nuestra legislatura y las entidades federativas.
Sólo basta con relacionar los datos anteriores con el gran desgaste sufrido por la población mexicana, al pasar de un proceso electoral a otro. Tal es el caso del estado de México que ha tenido elecciones en periodos muy cortos en los últimos ocho años, correspondientes a la elección local de 1996, la elección de gobernador de 1999, las elecciones federal y local del año 2000 y las locales y federales del año 2003 que no se celebraron de forma simultánea sino que en marzo se eligieron ayuntamientos y diputados locales y en julio a los diputados federales; además de encontrarse en nuevos procesos electorales como lo son el que se llevará a cabo en julio del año 2005 para renovar al gobernador de la entidad e inmediatamente al año siguiente, es decir en marzo del año 2006 la elección de ayuntamientos y diputados locales, y en julio del mismo año la elección de Presidente de la República, senadores y diputados federales. Esto sin lugar a dudas ha desgastado en proporciones inmensas a la población de la entidad, encaminándola a la baja participación en los procesos electorales venideros.
Sin embargo, la anterior situación no es exclusiva del estado de México ya que amén de las elecciones de este año con el siguiente se presentarán las siguientes elecciones locales que se sumarán al desgaste previsto para la elección federal del año 2006. Estamos hablando de las elecciones locales de Yucatán celebrada en mayo de 2004; Chihuahua, Durango y Zacatecas en julio de 2004; Baja California, Aguascalientes y Oaxaca (gobernador y diputados locales) en agosto de 2004; Veracruz, septiembre de 2004; nuevamente Oaxaca (ayuntamientos) y Chiapas en octubre de 2004; Puebla, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala noviembre de 2004; Baja California Sur, Guerrero (gobernador), Hidalgo (gobernador y diputados locales) y Quintana Roo febrero de 2005; Nayarit julio de 2005; Coahuila septiembre de 2005; de nueva ocasión Guerrero (ayuntamientos y diputados locales) octubre de 2005 e Hidalgo (ayuntamientos) nuevamente en noviembre de 2005.
Los datos descritos con anterioridad nos muestran el enorme desgaste sufrido por la ciudadanía al presentársele tantos procesos electorales de forma continúa y que da lugar al abstencionismo electoral, situación que debe de ser abordada y corregida en los estados para así lograr una mayor participación ciudadana.
Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional es de vital importancia la legitimidad de los funcionarios electos, que se alcanza con la encomienda otorgada por el pueblo mexicano al emitir su voto y que no es demostrada así dado que menos de la mitad de la población es la que decide quienes han de ser sus representantes; por lo tanto es necesario orientar la participación en los procesos electorales sin el desgaste al electorado.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que esta honorable soberanía exhorte a las legislaturas de los estados y en particular a la LV legislatura del estado de México para que realicen las reformas necesarias, con el fin de realizar las elecciones locales de forma concurrente con las federales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 22 de febrero de 2005.
Dip. Rubén Maximiliano Alexander Rábago
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO QUE REMITA UN INFORME DETALLADO DE LOS ANUNCIOS Y SPOTS PUBLICITARIOS CORRESPONDIENTES A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PAÍS Y PRESENTADOS A TRAVÉS DE LA EMPRESA MCCANN ERIKSON DE MÉXICO; Y A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE REMITA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN EFECTUADA AL AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2004 DE DICHA ENTIDAD PÚBLICA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS MEDINA LIZALDE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV, es una empresa de participación estatal mayoritaria que tiene como objeto el diseño y operación de las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional con la participación de los diversos actores de la actividad turística, encontrándose regulada su organización y objetivos fundamentales en la Ley Federal de Turismo.
Con respecto a esta importante entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, hace algunos días un importante diario de circulación nacional, anunciaba a ocho columnas que la Auditoría Superior de la Federación había detectado en el Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV; anomalías en la contratación de spots por 58 millones 650 mil pesos entre el Consejo y la empresa de publicidad Mc Cann Erikson de México, en el que de nueva cuenta se ven involucrados cercanos colaboradores del presidente Vicente Fox, nada más y nada menos que Francisco Ortiz Ortiz, ex coordinador de imagen del Presidente y titular del Consejo de Promoción Turística.
En el "Informe de las Observaciones sobre la Revisión al Avance de Gestión Financiera 2004", la Auditoría Superior de la Federación encontró que el 7 de junio de ese mismo año, el Consejo entregó dicha cantidad por concepto de anticipo del contrato número 32/2003, por el cual la empresa Mc Cann Erikson de México llevaría a cabo una campaña de publicidad nacional en todo el país a través de televisión abierta y la cual se transmitiría por los canales 2, 4, 5 y 9 de Televisa, y 7 y 13 de Televisión Azteca.
Lo extraño de esta situación que fue observada por la Auditoría Superior de la Federación, es que las direcciones de Medios de Producción y de Promoción Nacional del Consejo, han informado que al mes de noviembre del año pasado aún no les habían entregado los reportes de transmisión ni los IBOP del monitoreo de los mismos, ya que se encontraban en proceso de conciliación con Televisa y TV Azteca, razón por la cual al mes citado no se había constatado que los servicios se habían recibido, ni mucho menos se hubiera proporcionado evidencia documental de la amortización del anticipo del contrato correspondiente.
¿Qué sucede en el gobierno de Vicente Fox que siempre sus colaboradores más cercanos o diplomáticos se ven involucrados en probables actos de corrupción?, ¿que sucede en este gobierno que siempre suceden cosas extrañas relacionadas a contratos incumplidos?
Por todo lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero: Esta Cámara de Diputados solicita al Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV, remita a la brevedad posible a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, la documentación relativa a la campaña de promoción turística contratada con la empresa Mc Cann Erikson de México, así como copia de los spots publicitarios y reportes de transmisión y de monitoreo de las transmisiones realizadas por televisión abierta en los canales 2, 4, 5 y 9 de Televisa y 7 y 13 de Televisión Azteca.
Segundo: Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, remita un informe pormenorizado sobre los resultados de la revisión efectuada al Informe de Avance de Gestión Financiera 2004 del Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV, así como de las observaciones realizadas y la documentación presentada para la solventación de las mismas.
Dip. José Luis Medina Lizalde (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SCT ADECUAR LA NORMA OFICIAL MEXICANA REFERIDA A LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS FEDERALES Y AUTOPISTAS, A CARGO DE LA DIPUTADA IRMA S. FIGUEROA ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con base en las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, en base a las siguientes
Consideraciones
1.- Hoy en día es común encontrar en la red carretera del país, un sinnúmero de problemas, principalmente grave deterioro físico. Que refleja desconocimiento o desatención por parte de las autoridades encargadas de su buen estado.
2.- Los expertos en el tema manifiestan que: Los caminos construidos a principios del siglo pasado y muchos de los caminos construidos en la actualidad, tal es el caso de carreteras federales y autopistas, se han visto rebasadas, ya que el diseño del pavimento fue proyectado para cargas 5 veces menores y tránsitos de 15 a 20 veces inferiores a los recibidos, actualmente hay que sumar a esto las condiciones de calidad de los materiales con que se construyeron los caminos, que resultan de menor calidad a la requerida en carreteras con pavimentos de altas especificaciones.
3.- En los países desarrollados se han empleado gran cantidad de recursos económicos, a fin de progresar en torno a la investigación para construir pavimentos de gran resistencia y de alta especificación. Tal es el caso Francia, Alemania, Italia, España y recientemente Estados Unidos de Norte América.
4.- Estas naciones hoy en día hacen uso de los avances en la investigación y la tecnología para lograr un servicio adecuado y seguro, para los usuarios de las autopistas.
5.- México, a través del Instituto Mexicano del Transporte, dependiente de la SCT, debe lograr que la investigación y el conocimiento contribuyan a que su red carretera se construya en base a un nuevo diseño de pavimento que garantice mejor resistencia a las sobrecargas y les permita una mayor vida útil. Se deberá buscar un mejor comportamiento de los mismos a la transmisión de carga del transporte pesado, evitando así el daño estructural a sus caminos. Para ello se requiere el uso de mezclas asfálticas de granulometrías discontinuas. También de la adición de aditivos, modificadores del cemento asfáltico y la inclusión de fibras minerales en el material pétreo, que brindarán alta resistencia a los pavimentos.
Por lo anteriormente expuesto y en base a las disposiciones invocadas en el proemio, presentamos el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Arq. Pedro Cerisola y Weber para que actualice la norma referente a las especificaciones con las que se deben construir las autopistas y dar mantenimiento adecuado a las existentes, para con ello evitar el uso de presupuesto de forma errónea.
Segundo.- Asimismo, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Arq. Pedro Cerisola y Weber, a fin de que dicha nueva normatividad sea aplicada también a los concesionarios de las autopistas de cuota.
Palacio Legislativo, a 22 de febrero de 2005.
Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A AUDITAR EL FIDEICOMISO CAJAS DE AHORRO, SUSCRITO POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Quincuagésima Novena Legislatura pone a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar que la entidad de fiscalización superior de la Federación lleve a cabo una auditoría al Fideicomiso Cajas de Ahorro, de conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Primero.- El trece de julio del año dos mil se constituyó el fideicomiso privado denominado Cajas de Ahorro (Ficah) actuando como la fiduciaria Nacional Financiera, SNC (Banca de Desarrollo), con el objeto de recuperar los bienes relacionados con los procesos judiciales y administrativos que se han instaurado y que se instauren con motivo de posibles ilícitos cometidos en perjuicio de ahorradores de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en veinticinco entidades federativas.
Segundo.- Con fecha veintinueve de diciembre del dos mil dos se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago), la que tiene por objeto fortalecer el esquema financiero de las sociedades de ahorro y préstamo, así como de apoyar a los ahorradores de las sociedades de las cuales ya se hayan comprobado su insolvencia y hayan sido objeto de los trabajos de auditoría contable, que consisten en la evaluación de los estados financieros de una sociedad de ahorro y préstamo cuyos ahorradores sean sujetos de apoyo.
Tercero.- El día veintiocho de enero del año dos mil cuatro se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago), mismo que señala en su artículo segundo transitorio lo siguiente:
"Se reconoce la labor del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que ha destinado recursos desde el año 2000 para apoyar los gastos operativos del Fideicomiso Cajas de Ahorro, constituido el 13 de julio del año 2000 en Nacional Financiera, SNC, Institución de Banca de Desarrollo, con el objeto de recuperar los bienes relacionados con los procesos judiciales y administrativos que se han instaurado y que se instauren con motivo de ilícitos cometidos en perjuicio de los ahorradores de las 25 cooperativas cajas populares de ahorro a que se refiere el contrato del Fideicomiso Cajas de Ahorro, para proceder a su venta con el fin de que con dichos recursos se resarza a los ahorradores mencionados.
En ese tenor, con el objeto de que se continúe con la labor del fideicomiso Cajas de Ahorro y se cuente con los recursos necesarios para la recuperación de los bienes a que se refiere el párrafo anterior, así como para el cumplimiento de su objeto y su operación, el Fideicomiso, con cargo a su patrimonio, realizará las aportaciones de recursos necesarias hasta por un monto de 16 millones de pesos durante el año 2004.
Al respecto, la aportación al Fideicomiso Cajas de Ahorro de recursos señalados en el párrafo anterior por parte del Fideicomiso se realizará sin responsabilidad u obligaciones adicionados para éste y sin necesidad de que su Comité Técnico deba valorar o determinar ex ante sobre su procedencia.
Para garantizar la continuidad de la operación del Fideicomiso Cajas de Ahorro:
a) En el caso de los fines del Fideicomiso Cajas de Ahorro no se hubieren alcanzado en su totalidad con los recursos antes señalados.
b) En el supuesto de que, después de los diversos procesos judiciales y administrativos que se han instaurado y que es instauren con motivo de ilícitos cometidos en perjuicio de los ahorradores de las 25 cajas Populares de Ahorro a que se refiere el Contrato del Fideicomiso Cajas de Ahorro, los bienes asegurados o decomisados puedan integrarse al patrimonio del Fideicomiso Cajas de Ahorro.
II.- El producto de los bienes asegurados, decomisados o abandonados relacionados con los procesos judiciales y administrativos que es han instaurado y que se instauren con motivo de ilícitos cometidos en perjuicio de los ahorradores de las 25 cooperativas cajas populares de ahorro a que se refiera el contrato del Fideicomiso Cajas de Ahorro se destinará al propio Fideicomiso Cajas de Ahorro y, en caso, de existir excedentes, a resarcir el monto aportado por el Fideicomiso.
Cuarto.- El quince de octubre del dos mil cuatro, comparecieron en las oficinas de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social representantes de ahorradores de diversos Estados de la República, como fideicomisarios del Fideicomiso Cajas de Ahorro (Ficah), quienes señalaron que con fecha nueve de agosto del año próximo pasado suscribieron dos documentos dirigidos al licenciado Jonathan Davis Arzac, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y al licenciado Mario Loborín Gómez, director general de Nacional Financiera, SNC, a quienes se les solicitó información relativa al objeto de la creación del Ficah, porcentajes y montos de participación, forma de extinción, el estado actual que prevalece, quién o quiénes representan y representaron al fideicomitente y las fechas de su gestión y señalar cuántos bienes se han recuperado a la fecha con los procesos judiciales y administrativos que se instauraron y cuáles faltan por instaurar.
Asimismo, informaron dichos representantes que mediante oficio número 068/2004 de fecha treinta y uno de agosto del dos mil cuatro, el licenciado Gilberto Zárate Tristaín, director general del Fideicomiso Cajas de Ahorro, les informó entre otras cosas que dicho fideicomiso tiene la finalidad de liquidar a los ahorradores que queden pendientes una vez que concluya el Fideicomiso Pago las tareas que tiene encomendadas.
Consideraciones
Único.- Se desprende del artículo segundo transitorio del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago), que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha destinado recursos de la federación desde el año dos mil al Fideicomiso Cajas de Ahorro (Ficah), con el objeto de recuperar los bienes relacionados con los procesos judiciales y administrativos que se han instaurado, es decir, la Federación destinó recursos a un "fideicomiso privado" para la recuperación de bienes y poder así llevar a cabo el pago a los ahorradores defraudados en veinticinco entidades federativas.
De igual forma, se desprende que el Fideicomiso Pago debió aportar en el año próximo pasado dieciséis millones de pesos al Ficah para que continúe con su labor y cuente con los recursos necesarios para la recuperación de los bienes que se hayan asegurado, decomisado o abandonado, relativos a los procesos judiciales y administrativos que se han instaurado o se vayan a instaurar.
Asimismo, se deduce de las reformas en cuestión que el Fideicomiso Pago hará las aportaciones por un monto de dieciséis millones de pesos sin necesidad de que su Comité Técnico, integrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Función Pública, un representante de la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros y 2 representantes de la Comisión Consultiva, quienes serán los representantes de los gobiernos de las entidades federativas con mayor número de ahorradores afectados, deban valorar o determinar cuál será la procedencia que determine el Ficah de los recursos que se le aportaron.
Cabe precisar que el Fideicomiso Pago y el Ficah no han tenido ni tienen una relación jurídica, en virtud de que ambos fideicomisos son independientes entre sí, derivan de actos constitutivos diferentes y sus finos contemplados en tales actos de constitución son completamente distintos.
Además, por información de los fideicomisarios (ahorradores defraudados) de siete entidades federativas, el Ficah no ha dado cumplimiento al objeto principal de su creación, siendo el pago de los ahorros de las personas defraudadas.
Sin embargo, mediante oficio número D.G. 068/2004, de fecha 31 de agosto del año próximo pasado, suscrito por el licenciado Gilberto Zárate Tristaín, director general del Ficah, informó a algunos fideicomisarios que se dirijan con los representantes de los gobiernos estatales, que en este caso son los secretarios o subsecretarios de Gobierno en sus respectivas entidades federativas, quienes mantienen contacto con el Ficah para que se les informe sobre los avances en las tareas del instrumento fiduciario, que tiene la finalidad de liquidar a los ahorradores que queden pendientes de pago una vez que concluya el Fideicomiso Pago.
Ahora bien, la honorable Cámara de Diputados considera imprescindible que, a efecto de transparentar las actividades del Ficah y apoyar al cumplimiento de su objeto social, la entidad de fiscalización superior de la Federación fiscalice los recursos federales que ejerció el Fideicomiso Cajas de Ahorro (Ficah), desde el año dos mil, así como los dieciséis millones de pesos que el Fideicomiso Pago le aportó en el año dos mil cuatro, de conformidad con lo establecido por el artículo 79, fracciones I y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para tal efecto, se considera indispensable que la Auditoría Superior de la Federación requiera información amplia al Ficah sobre el manejo, aplicación y custodia de los recursos públicos federales que le fueron asignados, en virtud que desde el año dos mil en que se constituyó y hasta la fecha no ha dado cumplimiento a su objeto, es decir, que no ha recuperado la totalidad de los bienes relacionados con los procesos judiciales y administrativos de las veinticinco cooperativas cajas populares de ahorro, para proceder a su venta con el fin de resarcir los daños ocasionados a los ahorradores, ya que éstos no han recibido pago alguno de sus ahorros; asimismo, dicha acción no deberá de exceder de un plazo de setenta y cinco días contados a partir de la recepción del requerimiento que realice la autoridad competente y en consecuencia el Ficah rinda su informe del resultado de sus actuaciones sin que tenga el carácter de reservado, de conformidad con lo estipulado por los artículos 36 y 37 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
Por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados federales ponemos a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente o de obvia resolución:
Único: La honorable Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al auditor superior de la Federación a efecto de que realice lo siguiente:
b) Requerir información amplía al Fideicomiso Cajas de Ahorro respecto el manejo, aplicación y custodia de los recursos señalados en el párrafo anterior, para efecto de que en un plazo de setenta y cinco días informe el resultado de sus actuaciones sin que tenga el carácter de reservado a la Auditoría Superior de la Federación.
Diputados: Francisco J. Saucedo Pérez (rúbrica),
Presidente; Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica),
secretario; José Juan Bárcenas González, secretario;
Belizario Iram Herrera Solís (rúbrica), secretario; Huberto
Aldaz Hernández, Gaspar Ávila Rodríguez (rúbrica),
Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Concepción Olivia
Castañeda Ortiz (rúbrica), Lino Celaya Luría (rúbrica),
Felipe de Jesús Díaz González, Luis Andrés
Esteva Melchor, David Ferreyra Martínez (rúbrica), Manuel
Gómez Morín Martínez del Río, César
Amín González Orantes (rúbrica), José Julio
González Garza, Valentín González Bautista (rúbrica),
Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica), Miriam Marina Muñoz
Vargas, José Alfonso Muñoz Muñoz (rúbrica),
Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Javier
Orozco Gómez, Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Alfredo
Rodríguez y Pacheco, Israel Tentory García (rúbrica),
Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL APOYO PARA TRABAJADORES COOPERATIVISTAS DE EDITORA DE PERIÓDICOS, SCL, CONOCIDA COMO "COOPERATIVA DEL PERIÓDICO LA PRENSA", RESPECTO AL PROCEDIMIENTO RADICADO EN SEGUNDA INSTANCIA ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITO POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, pone a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, para efecto de expresar la solidaridad más amplía de esta soberanía con los trabajadores cooperativistas de "Editora de Periódicos, SCL", conocida como cooperativa del periódico "La Prensa", de conformidad con lo establecido por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante los siguientes:
Antecedentes
Primero.- Con fecha diez de julio de mil novecientos treinta y cinco, se constituyó como empresa social "Editora de Periódicos, SCL", conocida corno cooperativa del periódico "La Prensa", con aproximadamente cuatrocientos trabajadores cooperativistas, que con el transcurso del tiempo y con la consolidación de dicha cooperativa, llegaron a ser aproximadamente seiscientos trabajadores.
Sin embargo, entre los años de mil novecientos noventa y uno y mil novecientos y dos, de manera unilateral o ilegal, se formó el Consejo de Administración, el cual determinó liquidar a más de cien trabajadores cooperativistas, sin el consenso de la totalidad de los socios y peor aún, en el año de mil novecientos noventa y tres, determinó disolver y liquidar los activos y pasivos de dicha empresa para ponerla a la venta de dos sociedades anónimas; transgrediendo las disposiciones establecidas en los estatutos o bases constitutivas de dicha empresa social y sin que se hubiera dado cumplimiento a las formalidades esenciales de procedibilidad, ni a la normatividad aplicable al caso.
Segundo.- El veintinueve de junio de mil novecientos noventa y ocho, los socios cooperativistas inconformes con los hechos descritos en el antecedente anterior, presentaron una demanda de carácter mercantil ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de la que conoció el licenciado Alejandro Rivera Rodríguez, juez décimo quinto de lo Civil, quien lo radicó bajo el número de expediente 460/98.
Tercero.- Con fecha veintitrés de noviembre del dos mil cuatro, el juez décimo quinto de lo Civil, dictó sentencia a favor de los trabajadores cooperativistas, quien determinó apegado a derecho y con base a la justicia y equidad, por lo que declaró la nulidad absoluta e invalidez de diversos documentos que aprobó el supuesto Consejo de Administración.
De igual forma, el juez del conocimiento revocó la disolución y el nombramientos de los liquidadores de "Editora de Periódicos, SCL", asimismo declaró nulas e inválidas las ventas de la empresa social e inscripciones en el Registro Público de la Propiedad y declaró la existencia y subsistencia de dicha negociación cooperativa, entre otras.
Cuarto.- Los codemandados en el juicio natural interpusieron recurso de apelación, de la que conoce actualmente la Sexta Sala en materia civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, misma que se encuentra pendiente de dictar su sentencia en segunda instancia.
Consideraciones
Primero.- Antes de entrar al análisis del presente asunto, se considera necesario destacar los trabajos realizados por la Unidad de Estudios Cooperativos de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay y el Instituto de Estudios Cooperativos de la Universidad de La Plata, Argentina, en los cuales se señala que la crisis económica que azotó en diversas regiones del continente americano, provocó un incremento inusitado de la pobreza, golpeando fundamentalmente a los sectores asalariados que asistían a la progresiva pérdida de sus fuentes de trabajo.
Motivo por el cual, diversos sectores de trabajadores llevaron adelante una serie de iniciativas para hacer frente al desempleo a través de la recuperación de las empresas siendo su objetivo reconvertirlas productivamente hasta lograr potenciar su viabilidad, crecimiento y autonomía en forma de cooperativas de producción y servicios.
Segundo.- El Pleno de la honorable Cámara de Diputados estima conveniente dar un reconocimiento a la lucha social y a la consolidación que tuvo desde que se constituyó en el año de mil novecientos treinta y cinco la "Editora de Periódicos, SCL", conocida como cooperativa del periódico "La Prensa", en virtud de haber demostrado capacidad y compromiso para administrar su empresa social de acuerdo con los principios y valores del cooperativismo universal y más aún, de enfrentar vía judicial a los seudo cooperativistas que formaron parte de un supuesto consejo de administración que determinó disolver, liquidar y vender los activos y pasivos de dicha empresa.
Asimismo, la honorable Cámara de Diputados considera indispensable solidarizarse con los trabajadores cooperativistas de "Editora de Periódicos, SCL", conocida como cooperativa del periódico "La Prensa", por cuanto hace al procedimiento radicado ante la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, sin ánimo de invadir la esfera de competencia que le concede nuestra Constitución General de la República y su ley orgánica, ya que si la autoridad judicial revisora modifica o revoca la sentencia dictada por el juez que conoció del asunto, existiría la posibilidad de poner en riesgo el trabajo de cientos de personas que por décadas dignificaron la empresa social como una alternativa en nuestro país de superación y honradez, además, de ser un polo de desarrollo regional que se vería gravemente afectado.
Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de la honorable Cámara de Diputados determina procedente emitir la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:
Único.- La honorable Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura se solidariza con los trabajadores cooperativistas de "Editora de Periódicos, SCL", conocida como cooperativa del periódico "La Prensa", quienes ganaron en primera instancia una litis para recuperar el control administrativo y los inmuebles de dicha empresa social y apela a que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en segunda instancia, emita sentencia favorable apegada a la verdad de los hechos históricos, a la equidad y la justicia social.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil cinco.
Diputados: Francisco J. Saucedo Pérez (rúbrica),
Presidente; Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica),
secretario; José Juan Bárcenas González (rúbrica),
secretario; Belizario Iram Herrera Solís (rúbrica), secretario;
Huberto Aldaz Hernández (rúbrica), Gaspar Ávila Rodríguez
(rúbrica), Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Concepción
Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Lino Celaya Luría
(rúbrica), Felipe de Jesús Díaz González, Luis
Andrés Esteva Melchor, David Ferreyra Martínez (rúbrica),
Manuel Gómez Morín Martínez del Río, César
Amín González Orantes (rúbrica), José Julio
González Garza, Valentín González Bautista (rúbrica),
Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica), Miriam Marina Muñoz
Vargas, José Alfonso Muñoz Muñoz (rúbrica),
Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Javier
Orozco Gómez, Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Alfredo
Rodríguez y Pacheco (rúbrica), Israel Tentory García
(rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica).