El suscrito, diputado federal, Roberto Antonio Marrufo Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional correspondiente a la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acude a esta soberanía a solicitar que se turne a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Hacienda de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Publica Federal, para que tome medidas urgentes que impidan la extorsión a ciudadanos mexicanos que transitan en el país en vehículos de procedencia extranjera, por parte de la policía federal preventiva, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que la policía fiscal se abstenga de implementar operativos para decomiso de vehículos de procedencia extranjera, en tanto se llega a un acuerdo o se publica la ley para la regularización de vehículos extranjeros.
Antecedentes
En nuestro país existe una considerable cantidad de vehículos de procedencia extranjera mismos que circulan por las carreteras y caminos rurales y que en su mayoría son conducidos por gente del campo, y constantemente son detenidos por la policía federal preventiva encargada del transito federal sin haber cometido falta a los reglamentos, con la única finalidad de extorsionarlos.
Muchos de nosotros como representantes populares con frecuencia recibimos quejas de estos ciudadanos por los constantes abusos de que son objeto por parte de esta y otras corporaciones estatales y municipales, que los molestan frecuentemente con el mismo fin y sin haber cometido infracción alguna al reglamento respectivo.
Es del dominio público que algunos elementos de esas corporaciones hacen de la extorsión una actividad lucrativa y continua en prejuicio de la ciudadanía que tiene la necesidad de transitar por carreteras en vehículos irregulares.
La policía fiscal dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ciertamente en cumplimiento de sus facultades, realiza operativos de decomiso de vehículos extranjeros, destacando que siempre lo hacen con prepotencia e infringiendo la ley pero nunca ajustan el procedimiento administrativo a la norma legal, citando como ejemplo que nunca presentan una orden de inspección como lo señala el articulo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones.
En fecha próxima, esta Soberanía habrá de tomar una decisión respecto a la estancia de vehículos extranjeros y la aprobación de una ley que regule la importación definitiva de vehículos extranjeros con permiso de importación temporal vencidos.
Compañeros diputadas y diputados, no podemos permanecer indiferentes ante la gran cantidad de abusos en contra de ciudadanos mexicanos que tienen la necesidad de transitar en un vehículo de procedencia extranjera por las carreteras del país, estos abusos son cometidos por servidores públicos que tienen la obligación de velar por nuestra seguridad y la de nuestro patrimonio, por lo anteriormente expuesto, acudo a esta Soberanía para solicitar que sea turnada a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Hacienda, de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- Para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para que los elementos de la policía federal preventiva se abstengan de molestar y detener arbitrariamente a ciudadanos que conducen vehículos de procedencia extranjera en tanto no cometan infracciones o faltas al reglamento respectivo.
Se instrumente un operativo de supervisión a efecto de que los elementos policiacos que sean sorprendidos incurriendo en este tipo de faltas sean consignados a las autoridades correspondientes.
Segundo.- Se exhorte a la Secretaría de Hacienda para que la policía fiscal se abstenga de implementar operativos para decomiso de vehículos de procedencia extranjera en tanto se llega a un acuerdo o se publica la ley para la regularización de vehículos extranjeros.
Se dé seguimiento puntual a las quejas ciudadanas que se interpongan por estas razones con el propósito de no dejar en estado de indefensión a los ciudadanos que tienen la desgracia de enfrentar a estos malos servidores públicos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de febrero de 2005.
Dip. Roberto Antonio Marrufo Torres
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RECTIFICAR Y DEROGAR, A TRAVÉS DE LA SHCP, EL PUNTO 2.12.17 DE LA SEXTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2004, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE DICIEMBRE DE 2004, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ DE ALBA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La diputada federal Consuelo Rodríguez de Alba, de la LIX Legislatura, perteneciente al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento a lo que establece el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público rectifique y derogue el punto 2.12.17 de la Sexta Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2004, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2004, donde se establece que no se requerirá a los importadores de animales, sus productos o subproductos que acrediten el pago de derechos que establece al artículo 85-A de la Ley Federal de Derechos en vigor y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 1 de diciembre de 2004, al tenor de los siguientes
Considerandos
La relación comercial con nuestros socios comerciales en el marco del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica se ha dado en condiciones desventajosas para los productores de nuestro país. Desventajas que se reflejan, principalmente, en el intercambio de productos de origen agropecuario.
El sector de producción de carne para el consumo humano de los países integrantes del TLCAN existe una diferencia abismal por la tecnología y el desarrollo en general que incide sobre los costos de producción, empaquetado y traslado de los productos cárnicos, de tal manera que la competitividad en precios es bastante dispareja en perjuicio de los productores e importadores mexicanos. Sin embargo, estos han encontrado los mecanismos para competir y exportar productos nacionales de calidad hacia los Estados Unidos de América.
Para los exportadores nacionales las autoridades del vecino país del norte han establecido políticas arancelarias y no arancelarias para inhibir la introducción de productos cárnicos al mercado de ese país, a pesar de que la carne que se exporta es, en ocasiones, de mejor calidad que la que se ofrece en los mercados internos de Estados Unidos.
Las autoridades norteamericanas han decretado que por cada tonelada de carne mexicana que los productores nacionales introducen a ese país deben pagar una cuota de aproximadamente $700.00 pesos por tonelada por servicios de certificación zoosanitaria, haciendo la aclaración de que esta cuota se debe cubrir independientemente si el producto es considerado apto para el mercado, es decir, que el pago de dicho concepto se cobra independientemente de si la carne ingresa al mercado de Estados Unidos.
En el afán de apoyar a los productores nacionales y de proteger el mercado nacional, los legisladores pertenecientes a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y Especial de Ganadería, a través de diversos análisis, hemos considerado la conveniencia de crear legislaciones "espejo" que equiparen el marco jurídico legal entre los socios comerciales que permita la sana competencia equitativa entre los productores nacionales y de los países socios del TLCAN.
Por tal razón el Congreso de la Unión en el primer periodo de sesiones del Segundo año de Ejercicio de la actual Legislatura, en la aprobación de la Ley Federal de Derechos, determinó, mediante el artículo 85-A, que por los servicios de verificación, inspección, control y vigilancia sanitaria de la importación de animales, sus productos o subproductos, se pagaran derechos por $ 290.00 pesos por cada tonelada; $ 50.00 pesos por la importación de ejemplar vivo de especie bovina; y $ 12.50 por la importación de ejemplar vivo de especie caprina, ovina, porcina o equina.
En visitas realizadas por los diputados de las Comisiones de Agricultura y Ganadería y Especial de Ganadería a espacios de verificación zoosanitaria ubicados en las fronteras donde se revisan los productos cárnicos que ingresan al país para el consumo humano, se ha observado una falta total de recursos para determinar qué productos pueden ser nocivos para la salud pública.
Con la aprobación de ese cobro de derechos se había sugerido que los recursos que se captarán a través del pago de tal rubro, fueran destinados para dotar a los centros de verificación de elementos e infraestructura suficiente para que el proceso de revisión y verificación fuera idóneo para proteger a los consumidores mexicanos.
Sin embargo, el ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contraviniendo las disposiciones del Poder Legislativo y mediante una resolución publicada en el Diario Oficial hecha por tierra los ordenamientos que fueron instaurados para proteger tanto a los productores de carne nacionales como a los consumidores mexicanos y señala que las autoridades aduaneras no requerirán a los importadores que acrediten el pago del derecho del artículo 85-A de la Ley Federal de Derechos, por la expedición del certificado de verificación zoosanitario que hayan exigido, ni por la prestación del servicio realizado por la autoridad zoosanitaria correspondiente.
Con decisiones tan absurdas y fuera de toda legalidad, al pretender mediante una resolución administrativa abrogar un ordenamiento como la Ley Federal de Derechos aprobada por el Congreso de la Unión, es una falta de respeto a las labores legislativas de Congreso, situación que muestra, una vez más, el proceso de deterioro de las relaciones entre ambos Poderes de la Unión fomentado por el ejecutivo Federal.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un exhorto al ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, rectifique y derogue el punto 2.12.17 de la Sexta Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2004, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 2004, donde se establece que no se requerirá, a los importadores de animales, sus productos o subproductos, que acrediten el pago de derechos que establece al artículo 85-A de la Ley Federal de Derechos en vigor y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 1 de diciembre de 2004.
Dip. María del Consuelo Rodríguez
de Alba (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL IMSS QUE EXPLIQUE A ESTA SOBERANÍA SU RESPONSABILIDAD EN LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO LABORAL CON LA EMPRESA AVON COSMETICS, SA DE CV, POR EL QUE SE VIERON ALTERADOS LOS DERECHOS DE SUS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El que suscribe, diputado Jesús Martínez Álvarez del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:
El IMSS celebró desde 1972 un convenio con Avon Cosmetics SA de CV, para inscribir a quienes fungían como "agentes comisionistas" de esa empresa, al régimen obligatorio del Seguro Social. En varias ocasiones este convenio fue modificado ajustándolo a nuevas condiciones, sin cambiar la calidad de asegurados de sus beneficiarios, lo que vino sucediendo por más de 34 años.
El pasado 13 de septiembre de 2004, el IMSS notificó a la empresa Avon de la terminación del último convenio firmado en 1994, a partir del 15 de noviembre de ese mismo año. Como respuesta, Avon se dirigió al Consejo Técnico del IMSS en un comunicado, en el cual pretende variar el aseguramiento obligatorio que comprenden todos los seguros a favor de las trabajadoras y los trabajadores de esa empresa, con el de la incorporación voluntaria al régimen obligatorio pero con el carácter de comerciantes independientes, aspecto regresivo y atentatorio desde el punto de vista laboral y de seguridad social.
Tras reiteradas solicitudes de prórroga por parte de la empresa, ésta notifica el 22 de noviembre de 2004, al IMSS, la baja de 23,627 trabajadoras y trabajadores de un total de 27,099 dejando en la indefensión con ello, a miles de familias aseguradas por esta vía al Seguro Social.
La empresa notificó a las trabajadoras y los trabajadores que era una decisión unilateral del IMSS la disolución del acuerdo, con lo cual una vez cubierto un plazo de gracia de ocho semanas concedido por el Seguro Social, las y los trabajadores quedaron al margen de los servicios de salud y derivados, desde el 10 de enero pasado.
En variadas ocasiones y por diversas vías realizaron pronunciamientos a favor de la rápida solución de este conflicto, en beneficio de todos los trabajadores que se encuentran en el desamparo de su seguridad social. Inclusive, durante los trabajos de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, se aprobó un "punto de acuerdo, relativo al término del convenio suscrito entre Avon Cosmetics, SA de CV y el IMSS para la inscripción en el Seguro Social de los agentes de la comisión mercantil independiente", presentado por el diputado Javier Salinas Narváez y suscrito por el diputado Daniel Ordóñez Hernández, del grupo parlamentario del PRD.
De igual forma, el sindicato independiente de trabajadores de la Profeco, en voz de su Secretario General, Arturo Martín Corona Navarrete, hizo llegar a la OIT un documento denominado "Comentarios sobre la aplicación del Convenio 102 de la OIT por parte del Gobierno de México", en el cual se detallan actos de omisión por parte del IMSS relativos a la situación laboral en que se encuentran los trabajadores de Avon afectados por este conflicto.
En todos los casos los argumentos son similares y la preocupación lógica está vinculada a la seguridad física y a la salud de todos los trabajadores, y sus familias, involucrados en el conflicto y que han visto cancelados sus derechos hasta que no se encuentre solución al mismo, entre la empresa y el IMSS, lo que podría llevar varios meses e incluso años de procedimientos y fundamentaciones.
El IMSS se ha pronunciado ya respecto al carácter de los trabajadores de Avon en esta calidad, con todos sus derechos laborales, de conformidad con el Acuerdo 278/2004 de su Consejo Técnico, de fecha 23 de junio de 2004, en el cual se afirmó que "en términos por el artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con los artículos 20 y 21, los agentes de comercio, vendedores, propagandistas, impulsores de ventas y otros semejantes, incluyendo a los agentes comisionistas denominados ?representantes? deben ser considerados como trabajadores de las empresas a las que prestan sus servicios, por tener éstos carácter de permanentes, y por lo tanto sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio que establece la Ley del Seguro Social [?]".
Finalmente, el pasado viernes 11 de febrero, la empresa Avon Cosmetics, SA de CV, accedió a la incorporación de las 26 mil trabajadoras y trabajadores que se encontraban en el desamparo de la Ley del Seguro Social, lo que a simple vista da por concluido el efecto negativo de la pugna entre el IMSS y Avon.
Sin embargo, la situación de indefensión en materia de seguridad social en que se encuentra los trabajadores y sus familias, en el caso de la empresa Avon, como en el caso de muchas otras empresas de venta directa, es permanente. Es el caso de AMWAY, de Jafra, de Füller, de Stanhome, de Omnilife, de Zermat, por referirnos a unas cuantas de ellas.
Avon Cosmetics, finalmente ha accedido a incorporar a 33 mil trabajadoras y trabajadores al Seguro Social, aunque reconoce que su nómina de "comisionistas" en toda la República haciende a más de 450 mil personas. En esas circunstancias se encuentras muchas familias más, que no pueden hacer uso de derechos laborales adquiridos con su trabajo por la indiferencia con que su caso es aplicado por las instituciones responsables de la defensa de sus derechos laborales. Especialmente, los derechos a la salud y la seguridad social que están previstos en nuestra Constitución como una garantía individual y que son soslayados por las empresas en la búsqueda de mayores beneficios y menos riesgos y costos.
El espíritu de origen del IMSS de velar por los intereses de los trabajadores queda en entredicho mientras la institución no se haga cargo de revisar con detenimiento estos casos, que a la luz del conflicto Avon son frecuentes y tienen en evidente desamparo a los trabajadores y sus familias, todo lo anterior constituye un caso que de no detenerse volverá a poner en riesgo a personas que cumplen su labor en esta empresa, y otras similares, por lo que esperan de dicha empresa, así como del Estado la misma respuesta.
Punto de Acuerdo
Primero. Que ésta Soberanía llame al director general del IMSS, de forma urgente, para que explique las condiciones en que se encuentra el conflicto Avon, cómo repercute esto entre sus trabajadoras y trabajadores en el ámbito de su competencia y, a la luz de este conflicto, cómo se estudian las condiciones jurídicas en que se encuentran los trabajadores de otras empresas, quienes en condiciones inexplicables siguen fuera de los esquemas de seguridad social a los cuales tienen derecho.
Palacio Legislativo, México, DF, a 17 de febrero de 2005.
Dip. Jesús Martínez Álvarez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SE PRONUNCIA ENÉRGICAMENTE CONTRA LA EVENTUAL APROBACIÓN DE LA INICIATIVA HR-418 EN EL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SUSCRITO POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
Quienes suscribimos, diputados miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente en contra de la eventual aprobación de la iniciativa HR-418 en el Congreso de Estados Unidos de América con base en las siguientes
Consideraciones
El día jueves 10 de febrero de 2005, el pleno de la Cámara de Representantes aprobó la Real ID Act, (HR-418) con 261 votos a favor y 161 votos en contra, misma que fue introducida el pasado 26 de enero, por el congresista James Sensenbrenner y que ahora corresponderá al Senado estadounidense analizarla.
La denominada iniciativa Real ID Act (HR-418) que, como su antecedente directo -la HR10- dice implementar las recomendaciones de la Comisión del 11 de septiembre del gobierno estadounidense mediante la reforma a todos los servicios de inteligencia y espionaje de Estados Unidos de América.
La propuesta faculta al secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos de América para construir ciertas barreras y caminos en la frontera con México, establece el endurecimiento de las leyes de inmigración y nacionalidad para requerir mayores pruebas de que quienes soliciten asilo a los Estados Unidos de América no sean terroristas y limita con una serie de criterios más rígidos la expedición de licencias de conducir para que puedan ser aceptadas por autoridades federales.
Desafortunadamente este proyecto de ley ha sido respaldado por el gobierno del presidente de los Estados Unidos de América, según declaraciones oficiales de la Casa Blanca. En ellas se indica que "La Administración apoya las provisiones de HR-418 para reforzar el estándar sobre la manera en que son expedidas las licencias de conducir. La Administración está dispuesta a trabajar con el Congreso para clarificar la definición de ?propósito oficial? bajo los cuales las licencias de conducir o tarjetas de identificación pueden ser aceptadas por las agencias federales".
El documento agrega que la Administración trabajará con el Congreso para asegurarse de que las personas que porten una licencia o identificación que no llene los criterios establecidos por el gobierno federal no tengan acceso a infraestructuras críticas ni tampoco puedan conducir ciertos vehículos.
El promovente Sensenbrenner, ha declarado que las personas que portan documentos no considerados aceptados por el gobierno federal, no podrán tener acceso a edificios federales, ni tampoco a abordar aviones comerciales, de ser aprobado su proyecto de ley.
El criterio fundamental exigido para expedir licencias de conducir aceptadas por autoridades federales es el de la evidencia de que quien la solicita tenga una residencia legal. Adicionalmente, esta ley autoriza al secretario de Seguridad Interior a imponer requerimientos adicionales a la expedición de las mismas.
Evidentemente, esta ley no representa una solución integral del fenómeno migratorio y es omisa respecto del debate de fondo del problema. Afecta los derechos de los migrantes mexicanos, como de otras nacionalidades por la restricción en la expedición de licencias de conducir y por la construcción de bardas en la frontera, pues tal medida no corresponde con el clima de entendimiento y convivencia diaria de las comunidades de ambos lados de la frontera, ni con la intensa dinámica de intercambios comerciales que se producen en la región.
Las licencias de conducir han fungido como un instrumento central para la identificación y obtención de un empleo para el área de servicios para la población migrante en Estados Unidos de América. Hacer más estrictos los requerimientos para su expedición para nuestros migrantes resulta innecesario toda vez que esa comunidad no tiene ninguna relación con actividades terroristas, como las que la ley en cuestión pretende combatir. Los migrantes no son terroristas.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncia enérgicamente contra la aprobación de la iniciativa HR-418 en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América por constituir una disposición violatoria del derecho internacional que asiste a los migrantes en el mundo que no contribuye a una solución integral para la migración legal, segura y ordenada entre ambos países.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores a intensificar las acciones encaminadas a la protección de los derechos de los ciudadanos mexicanos en territorio estadounidense y a dar puntual seguimiento a la eventual entrada en vigor de esta ley.
Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión manifiesta que nuestros migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América merecen un trato digno y respetuoso toda vez que viajan a ese país buscando mejores condiciones de vida a través de su reconocido y arduo trabajo por lo que no corresponde considerarlos como delincuentes ni terroristas.
Cuatro. Que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión sostenga un encuentro a la brevedad con sus homólogos en la Cámara de Senadores de los Estados Unidos de América para comunicarles la preocupación por la iniciativa denominada Real ID Act (HR-418) por considerar que se trata de una medida que lesiona a nuestros connacionales en territorio estadounidense.
Quinto. La iniciativa HR-418 no representa una solución integral del fenómeno migratorio y es omisa respecto del debate de fondo del problema, por el contrario, tal medida no corresponde con el clima de entendimiento y convivencia diaria de las comunidades de ambos lados de la frontera, ni con la intensa dinámica de intercambios comerciales que se producen en la región.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2005.
Integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores:
Diputados: Adriana González
Carrillo (rúbrica), Presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre
(rúbrica), secretario; Carlos Jiménez Macías (rúbrica),
secretario; Arturo Robles Aguilar (rúbrica), secretario; Jorge Martínez
Ramos, secretario (licencia); Rodrigo Iván Cortés Jiménez
(rúbrica), Angel Juan Alonso Díaz-Caneja (rúbrica),
Humberto Cervantes Vega (rúbrica), José Alberto Aguilar Iñárritu,
Sami David David (rúbrica), Blanca Gámez Gutiérrez
(rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas (rúbrica),
Juan José García Ochoa (rúbrica), Isidoro Ruíz
Argaiz (rúbrica), Alejandro González Yáñez
(rúbrica), Homero Díaz Rodríguez (rúbrica),
María Cristina Díaz Salazar, José Luis Flores Hernández
(rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica),
Carlos Flores Rico (rúbrica), Francisco Javier Guízar Macías,
Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Guadalupe Suárez
Ponce, Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Guadalupe Morales
Rubio (rúbrica), Sergio Penagos García (rúbrica),
Cristina Portillo Ayala, Francisco Saucedo Pérez (rúbrica),
Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (rúbrica), Marco Antonio
Torres Hernández (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA A DAR CONTINUIDAD Y CELERIDAD AL PROCESO DE EXTRADICIÓN DE JEAN TOUMA HANNA SUCCAR KURI, ALIAS JOHNNY, ASÍ COMO A LAS INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PERSONAS MENCIONADAS POR TESTIGOS COMO IMPLICADAS EN LA RED DE ABUSO SEXUAL Y PORNOGRAFÍA INFANTIL DESCUBIERTA EN CANCÚN EN NOVIEMBRE DE 2003, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal María de Jesús Aguirre Maldonado, integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre ante esta soberanía planteando que se considere como de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo.
En días pasados la publicación semanal del periódico El Universal, de nombre La Revista, publicó bajo el título "Abuso sexual de niños" un artículo respecto a una red de pornografía infantil y de abuso sexual contra menores de edad que se descubrió en Cancún Quintana Roo, encabezada por un hombre libanés naturalizado mexicano, de nombre Jean Touma Hanna Succar Kuri, alias "Johnny", detenido en Arizona el 5 de febrero de 2004 por delitos que fueron cometidos en nuestro país y contra niñas y niños mexicanos. Esta red es considerada como la segunda más amplia de las que se han detectado en nuestro país, involucrando a más de 18 mil menores procedente de diversos países, encargada de abastecer de material pornográfico infantil al mercado norteamericano. A lo grave del caso debe sumarse el hecho de que entre los presuntos implicados tal y como lo declararon algunas de las víctimas y testigos, se encuentran servidores y ex servidores públicos, así como un conocido empresario, también de origen libanés.
Este caso fue descubierto en noviembre de 2003, pero se remonta a poco más de diez años atrás y en él se refieren fiestas clandestinas organizadas por Succar en un hotel de su propiedad en Cancún, en las cuales se abusaba sexualmente de niños y niñas, se les obligaba a mantener relaciones sexuales entre ellos, mientras se les tomaban fotografías y videos que posteriormente eran distribuidos en Estados Unidos por Gloria Pita Rodríguez, esposa de Succar, principal operador de la red, implicando además amenazas a las víctimas para que no acudieran ante las autoridades. Las presiones a las y los adolescentes abusados, así como a los abogados que los representan para que se retracten de las acusaciones continúan ahora que el caso se hizo público, como consta en grabaciones de audio entregadas por una de las víctimas. Este caso amenaza además con revelar una serie de complicidades al interior de dependencias públicas, así como nombres de figuras públicas involucradas en este ilícito.
La Procuraduría General de la República ya solicitó la extradición de este individuo con base en las indagatorias derivadas de la averiguación previa AP/447/2003-IV, pero por ser un caso que involucra, como mencioné con anterioridad, a servidores y ex servidores públicos, es susceptible de ser objeto de presiones de ambos lados de la frontera o de prestarse a un manejo político. Actualmente no se sabe el estado en que se encuentra el proceso de extradición, siendo innegable que Succar Kuri debe ser entregado a las autoridades mexicanas, pero esa es únicamente una de las dos caras de la moneda, pues como ya se sabe, no actuó solo; la otra parte en la búsqueda de justicia por este caso es determinar la responsabilidad en la que incurrieron las demás personas que aparecen mencionadas en la indagatoria.
Es de fundamental importancia que coadyuvemos a la pronta resolución de este caso para otorgarle justicia a las víctimas afectadas por este terrible delito que seguramente dejará secuelas imborrables en el desarrollo de sus vidas por el hecho de haber sido cometidos cuando eran menores de edad. Estos delitos son considerados además una violación a los Derechos Humanos, tal y como lo establece el Protocolo Facultativo contra la Explotación Sexual Infantil de la Convención sobre los Derechos del Niños, ratificado por México. Es además urgente porque significa un paso más del Estado mexicano en la lucha por erradicar la explotación sexual infantil, tanto comercial como no comercial, y, en un nivel más amplio, en la lucha por garantizar a los ciudadanos la seguridad que nos exigen ante el constante aumento de la violencia y la delincuencia organizada en nuestro país.
El hecho de no exigir la pronta resolución de este caso daría oportunidad para la proliferación de redes de prostitución y pornografía infantiles, no sólo en Cancún que de suyo pertenece a un estado que está considerado como uno los principales focos rojos del país en relación con estos delitos, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, sino en todo el territorio nacional.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita legisladora somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
Único.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a que de continuidad y celeridad al proceso de extradición de Jean Touma Hanna Succar Kuri, alias Johnny, así como a las investigaciones relacionadas con el resto de las personas mencionadas por los testigos como implicadas en la red de abuso sexual y pornografía infantil descubierta en Cancún en noviembre de 2003.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2005.
Dip. María de Jesús Aguirre
Maldonado (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN QUE INSTRUYA A ÉSTA PARA REALIZAR UNA AUDITORÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA DEL DESEMPEÑO LEGISLATIVO DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, EN LA QUE SE VERIFIQUEN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y LOS CONTRATOS DE ASESORÍA EXTERNA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE OSUNA MILLÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado José Guadalupe Osuna Millán, en su carácter de diputado federal de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estado Unidos Mexicanos, pone a su consideración el siguiente acuerdo, para su aprobación de urgente resolución, al tenor de los siguientes
Considerandos
Primero. En sesión celebrada el día de ayer, el diputado Ángel Buendía Tirado, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, obtuvo la aprobación del informe de trabajo de la Comisión, a pesar de no cumplirse diversas consideraciones de carácter legal y administrativo concerniente al desempeño adecuado que debe regir el trabajo legislativo de las Comisiones, esta disposición está contenida en el artículo 45, numeral 6 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Grupo Parlamentario del PAN, dejó claro que dicho informe no cumple las disposiciones de la ley; la afirmación tiene sustento.
Segundo. El informe del diputado Buendía Tirado establece la realización de un número importante de reuniones, no obstante el Acuerdo Parlamentario relativo a la Organización y Reuniones de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados aprobado por el pleno en la sesión de 2 de diciembre de 1997, el cual es vigente, por no existir otro que lo supere, establece los procedimientos de convocatoria, por consiguiente, se considera que las reuniones enunciadas son cuando menos irregulares.
Tercero. Preocupa a la salud política nacional el involucramiento que se ha hecho del Presidente de la Mesa Directiva, al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a su secretario técnico junto con los asesores, respecto del reportaje publicado por el semanario Proceso de fecha 6 de febrero del presente año, porque enuncia hechos que de verificarse su validez pondrían en entredicho la integridad del representante legal de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo.
Cuarto. El reportaje del semanario comenta que uno de los principales socios de la firma de consultoría Aregional, SA de CV, es el Presidente de la Mesa Directiva y en ella participan, entre otros, Ángel Buendía Tirado, Jesús Alberto Cano Vélez, Jorge Chávez Presa y Octavio West Silva, que entre sus principales funciones es "proporcionar información clasificada y oportuna, análisis y estadística sobre temas referentes al federalismo, el desarrollo regional y las finanzas públicas en general a sus contratantes". Así como la publicación de su índice de transparencia, la cual califica la transparencia y rendición de cuentas de las entidades federativas.
Quinto. Un elemento de suspicacia, es que el reportaje del semanario señala entre sus principales clientes de la consultoría es gobierno del estado de Tabasco, y justamente de las giras realizadas por el Presidente de la Comisión de Presupuesto se inician en Tabasco, y continua en Sonora, estado natal de quien se dice en el reportaje, es de los principales accionistas de la firma Aregional.
Sexto. Los ex diputados Jorge Alberto Chávez Presa y Octavio West Silva fueron contratados para asesorar al Presidente de la Comisión, lo cual no debería existir conflicto de intereses, si es que los primeros no fueran socios del segundo y además se duplican sus servicios de asesoría económica, con las actividades que realiza por mandato de Ley Orgánica del Congreso General, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que por acuerdo de los diputados integrantes del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, órgano de gobierno del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, este Centro de Estudios tiene como objeto ser un instituto técnico para el análisis, organización y manejo de la información relacionada con las finanzas públicas del país, dicho centro también es uno de los clientes de la citada empresa.
Séptimo. Ser transparente en el desempeño de un cargo público y el cumplimiento de la ley, no sólo es tarea del Presidente de la República y de los Funcionarios del Gobierno Federal, es una obligación de todos y cada uno de los servidores y funcionarios públicos, la Cámara de Diputados, no escapa a la fiscalización y escrutinio ciudadano, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación establece con claridad que los Poderes de la Unión son sujetos de ésta, de tal suerte que solicito respetuosamente y con el propósito de hacer una investigación seria, objetiva y profunda de lo anteriormente expuesto, se apruebe de urgente resolución el siguiente
Acuerdo
Único. Solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, por conducto de la Comisión de Vigilancia, se instruya a realizar una auditoría legal y administrativa del desempeño legislativo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, incluyendo verificación de los gastos administrativos y por lo que se refiere a celebración de contratos de asesoría externa, si estos no contravienen a lo dispuesto por el artículo 134 constitucional y demás disposiciones aplicables.
Dado en el Salón de Sesiones, a dicisiete de febrero de dos mil cinco.
Dip. José Guadalupe Osuna Millán
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CONVOCA A LA COMISIÓN DE CULTURA DE ESTA SOBERANÍA A ORGANIZAR EL PRIMER PARLAMENTO DE CULTURA; Y SE SOLICITA AL SENADO DE LA REPÚBLICA, LA SHCP, LA SEP, LA SRE, LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y AL CONACULTA QUE COLABOREN COMO ORGANIZADORES Y PARTICIPANTES DEL MISMO, A CARGO DEL DIPUTADO INTI MUÑOZ SANTINI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El desarrollo cultural en las sociedades democráticas y republicanas, ha cobrado una enorme significación en el marco del nuevo concierto de las naciones, ya que no hay modernidad democrática sin cultura, ni transformación económica y comercial fuera del horizonte cultural. Esto es así no sólo por la preponderancia de la identidad y diversidad cultural de cada país, sino porque en el siglo XXI las sociedades de servicios tienen como piedra la gran diversidad de servicios, formatos y productos culturales.
La modernidad trajo a México la formación de instituciones culturales de gran importancia nacional, como el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Mexicano de Cinematografía, el Instituto Mexicano de la Radio, entre otras; y las leyes de Protección de Monumentos y Zonas Arqueológicas, de Cinematografía, Derechos de Autor, etcétera.
Estas leyes e instituciones han operado hasta fechas recientes para defender nuestro patrimonio cultural y preservar nuestra identidad como nación. Sin embargo, con el diseño de los bloques económicos; el desarrollo de los acuerdos comerciales; las tecnologías de comunicación y la dinámica comercial de regiones y países, nuestras estructuras institucionales y nuestras leyes han sido rebasadas por las nuevas realidades que establece la globalización. Entre ellas, la que más preocupa es la subordinación del valor sustancial de la cultura, por su explotación económica, el mercadeo -o marketing si así lo desean-, el valor de cambio de amplias zonas arqueológicas, el saqueo y la corrupción en el otorgamiento de licencias, son algunas de sus expresiones en nuestro país.
A esta caracterización del contexto internacional hay que añadir la incompetencia de la actual administración y la excusa recurrente en la falta de vinculación entre los niveles de gobierno y el desfase de las leyes vigentes. Baste recordar una serie de conflictos que se han presentado en el actual sexenio, en torno a la instalación -en zonas arqueológicas en Monte Albán y Teotihuacan-, de desarrollos inmobiliarios y centros comerciales, o de la probable pérdida de patrimonio artístico por el litigio en que se encuentran las obras de Remedios Varo con la eventual anuencia de Conaculta, la destrucción del mural La comunicación postal del pintor Jesús Álvarez Amaya fundador del Taller de La Gráfica Popular, por mencionar algunos.
A decir de algunos especialistas, vivimos: "una de las etapas de mayor riesgo para el patrimonio cultural". Esta etapa histórica puede ser más destructiva, para nuestro patrimonio, que las desatadas por las Leyes de Reforma en el siglo XIX o las décadas 20 y 30 del siglo XX, cuando "parte de los bienes históricos se destruyeron", en nombre de la Revolución o de los conflictos sociales.
Desde la sociedad civil nacional e internacional se alzan voces para que las regulaciones comerciales y de inversiones tomen en cuenta los bienes culturales, las denominadas reformas comerciales están destruyendo nuestro capital cultural, debemos resguardarlo y promoverlo con una legislación moderna. El pleno de la Comisión de Cultura ha escuchado esas voces. Recientemente aprobó un exhorto dirigido al Presidente de la República, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía para que instruyera a un equipo de negociadores de alto nivel que participarían en la consulta que el director de la UNESCO organizó con la Organización Mundial de Comercio, en el marco del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios de la Organización Mundial de Comercio, presentarán una postura firme de apoyo a la Convención sobre la Protección de la Diversidad de los Contenidos Culturales y las Expresiones Artísticas, la cual debe estar a favor de la primacía de la cultura por encima de las dinámicas comerciales. En este sentido debe inscribirse la realización del Primer Parlamento de Cultura, con el objetivo de promover el análisis, la deliberación e intercambio de experiencias entre el Congreso Federal, los congresos locales, las autoridades federales, estatales y municipales; la sociedad civil, especialistas, intelectuales, artistas y comunidades indígenas para la promoción e integración de una agenda legislativa nacional en materia de cultura, encaminada a reformular las leyes e instituciones culturales; para favorecer el tránsito de las políticas personales y de sexenio a políticas culturales de Estado. Así como la urgente elaboración de una Ley General de Cultura.
Es por las consideraciones anteriormente expuestas que ponemos a su atención los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero.- Exhortamos a la Comisión de Cultura de esta honorable Cámara de Diputados a organizar el Parlamento de Cultura en el presente año y a emitir una convocatoria plural e incluyente, considerando temas, participantes, locaciones y fechas.
Segundo.- Exhortamos, finalmente, a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, de Relaciones Exteriores, de Economía, y de Hacienda y Crédito Público a participar activamente en la emisión de la convocatoria y la organización al Primer Parlamento de Cultura.
Dip. Inti Muñoz Santini (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SEP, A TRAVÉS DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, SUPERVISAR LAS IMPRESIONES QUE CON RECURSOS FEDERALES REALIZA LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS Y, EN SU CASO, DESLINDAR LAS RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDAN, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS MALDONADO VENEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado federal, Luis Maldonado Venegas, integrante del grupo parlamentario del Partido Convergencia, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, en base a las siguientes:
Consideraciones
El grupo parlamentario de Convergencia, tiene en su poder, un libro de Jordi Sierra Fabra, el cual fue ilustrado por Pablo Núñez, titulado El asesinato del profesor de matemáticas.
Este libro, se imprimió por encargo de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, en los talleres de Compañía Editorial Ultra y tuvo un tiraje de 46,719 ejemplares.
El costo de la impresión fue superior a los quinientos mil pesos y se utiliza dentro del Programa "Biblioteca de Aula" de la Secretaría de Educación Pública, por lo que su distribución está al alcance de niños de primaria.
Además, tenemos conocimiento de que también han sido editados con recursos federales, ochenta mil novecientos ochenta y nueve ejemplares del libro Cien corridos. Alma de la canción mexicana, que contiene los más exitosos corridos relacionados con el narcotráfico.
Independientemente de la erogación, que con recursos del pueblo de México efectuó la Conaliteg, deseo obtener la atención de esta soberanía, para hacer un llamado a las altas autoridades educativas del país a fin de que pongan su mayor interés respecto a los contenidos que ponemos al alcance de los menores de edad en nuestro país.
Quizás se podría considerar exagerada mi apreciación si descalificara los libros a que aludo tan solo por su título o por su contenido, en el que se utilizan palabras poco usuales en nuestro país y que podrían resultar altisonantes, cuando hoy, los medios de comunicación proyectan programas a toda hora que alientan la violencia y justifican la inmoralidad.
Pero ese no es el fondo de mi planteamiento, me preocupa que en ésta, la época más violenta que vive la humanidad, en la que la codicia del ser humano ha alcanzado magnitudes inimaginables, no se tenga el cuidado, por parte de las autoridades educativas del país, de adquirir publicaciones que contribuyan a edificar a nuestros educandos y fomentar los valores propios de la sociedad mexicana.
Podemos entender, que con un ánimo meramente mercantilista, se difundan por la radio corridos populares que exaltan la violencia como forma de vida y hacen apología del narcotráfico, pero no podemos, con el ánimo de fomentar el hábito de la lectura de los estudiantes de primaria, promover la lectura de materiales lesivos que utilizan lenguaje procaz, y actitudes obscenas.
Por ello, desde esta tribuna, hago un llamado a los padres de familia y maestros, para que pongan su mayor atención en los materiales de lectura que reciben nuestros hijos en las escuelas primarias del país, pues hay evidencia de que la Conaliteg está distrayendo recursos económicos en publicaciones de dudoso contenido.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ustedes el siguiente punto de acuerdo:
Único.- Que la Secretaría de Educación Pública, a través de su órgano de control interno, efectúe una supervisión a las impresiones que con recursos federales realizó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, a fin de determinar si éstos se ejercen de conformidad a la normatividad establecida y a los programas educativos aprobados por la dependencia y en caso contrario, se deslinden las responsabilidades que correspondan.
Palacio Legislativo de San Lázaro, febrero 17 de 2005.
Dip. Luis Maldonado Venegas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR DURANTE LAS ELECCIONES DEL 6 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A CARGO DEL DIPUTADO HELIODORO DÍAZ ESCÁRRAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado integrante de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, en ejercicio de las facultades que le confiere la ley y considerando la importancia que tiene para la democracia y las instituciones electorales, el respeto irrestricto del voto ciudadano, somete a la consideración de esta asamblea el punto de acuerdo siguiente.
2.- Durante la campaña y el día de la jornada electoral desde diversos sectores de la ciudadanía y de los partidos políticos, se exigió una y otra vez, al gobierno del estado que sacara las manos de la elección, que dejara de apoyar con recursos del erario público al candidato de su partido y sobre todo, detuviera la campaña de golpeteo político en contra de los candidatos de la "Alianza Ciudadana" conformada por el PRI y el PVEM, así como los de otros partidos políticos.
3.-Contrario a esto, y violando flagrantemente el Estado de Derecho en la entidad, el supuesto encargado de velar por la transparencia y equidad de las Instituciones del Estado, Leonel Cota Montaño, operó y montó una campaña de Estado, para favorecer y hacer ganar a su primo Narciso Agúndez Montaño, por medio de un descomunal fraude electoral, que hoy agravia la vida democrática del país.
4.-Expresamos nuestra profunda preocupación porque hoy en la entidad se respira un ambiente de incertidumbre, enojo, dolor e impotencia, al saber que la soberanía que reside en el pueblo y que se ejerce por medio del sufragio libre, universal y directo, fue violentada por su gobernante, quien valiéndose de todo tipo de artimañas, no conforme con intervenir para alterar los resultados electorales, convirtió al Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur en un instrumento partidario, sometido a sus oscuros intereses, con la anuencia de su consejero presidente, quien complaciente presenció la serie de actos ilegales ejecutados por Cota Montaño y sus empleados públicos.
5.- Hoy, la gobernabilidad de Baja California Sur está en grave peligro y con ella la del país. No podemos guardar silencio ante las irregularidades registradas en la jornada electoral que complican el supuesto resultado electoral, el cual no aceptamos por el bien de los procesos democráticos.
6.- Una vez concluida la jornada electoral, los abogados de la "Alianza Ciudadana por Baja California Sur", han podido constatar y documentar la modificación de los resultados electorales por medio de la alteración del número de boletas por casilla, la expedición de actas de escrutinio falsas, la introducción de boletas apócrifas en las urnas, así como la sustitución ilegal de funcionarios de casilla.
Además la falta de certeza y legalidad queda evidenciada también cuando se aprecia la realización de encuestas que estaban prohibidas por la ley y que sin embargo, la propia autoridad electoral hizo suyas, a sabiendas de que eso constituía un delito. La falta de imparcialidad y de transparencia se documentan también con la participación de funcionarios electorales del IEE en la manipulación de actas y paquetes electorales, así como en la ausencia de PREP y en el tortuguismo y opacidad con las que recibieron las actas en el propio Instituto.
Todo esto llevó a la Alianza PRI-PVEM a interponer 16 juicios de inconformidad en contra de los resultados del pasado domingo seis. Uno por cada Distrito. Tenemos documentadas irregularidades en más del 27% de las casillas, así como la violación de los principios de certeza, imparcialidad, legalidad y transparencia, por tanto, hemos demandado la nulidad de la elección tanto por la vía específica como por la vía abstracta, con pruebas indubitables y contundentes que refuerzan nuestra argumentación ante los tribunales electorales.
7.- Además se cuenta con elementos probatorios fehacientes sobre la compra e inducción del voto con dinero, despensas y materiales provenientes del Gobierno del Estado y la intimidación a los votantes por medio de los organismos de seguridad del Estado, antes y durante la elección. Dichas pruebas se acompañaron a cada una de las denuncias presentadas oportunamente ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la PGR.
8.- Fue ofensivo para la dignidad ciudadana que el día de la elección, el gobernador Leonel Cota Montaño, al sentir que los resultados no le eran favorables a su candidato, saliera a los medios de comunicación vestido con los colores de su partido, a exaltar la obra pública realizada y pedir que emitieran el voto a favor de su candidato y de la dinastía familiar.
La injerencia de Leonel Cota en las elecciones, metió de lleno al gobierno en la elección y la autoridad estatal electoral asumió una actitud servicial y de permisibilidad a la voluntad del mandatario estatal.
9.-Es notorio que, una vez que el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur "legitimó" el fraude cometido, perdió toda credibilidad y confianza ante la ciudadanía sudcaliforniana.
10.- Por lo anteriormente expuesto, el suscrito Legislador Federal presento ante esta Soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente
Primero. Exhortamos a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, para que en pleno ejercicio de sus facultades, valore cada una de las pruebas presentadas en las denuncias formuladas por la "Alianza Ciudadana por Baja California Sur" y, en su caso, ejercite la acción penal correspondiente contra quienes resulten responsables por la probable comisión de los delitos electorales a que haya lugar.
Segundo. Manifestamos nuestro pleno respeto y confianza en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que, en el momento procesal oportuno analice y valore debidamente cada una de las pruebas ofrecidas por la "Alianza Ciudadana por Baja California Sur" sobre el presunto fraude electoral, y en su momento, emita resolución para los efectos de anular la elección del pasado 6 de febrero y ordenar la reposición del proceso electoral.
Tercero. Solicitamos a la Secretaría de Gobernación interponga sus buenos oficios, para que de las múltiples anomalías mencionadas no derive un clima de violencia y represión contra la mayoría de los ciudadanos sudcalifornianos que disienten de las acciones del gobierno del estado de Baja California Sur.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2005.
Dip. Heliodoro Díaz Escárraga
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO A CONDUCIRSE CON IMPARCIALIDAD EN EL PROCESO ELECTORAL E INVESTIGAR EL DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARISOL VARGAS BÁRCENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, diputada federal Marisol Vargas Bárcena, del estado de Hidalgo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito presentar a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.
El estado de Hidalgo renovará el próximo 20 de febrero del año en curso gobernador y diputados locales, sin embargo en este proceso electoral se han estado desviando recursos para campañas por parte de algunos municipios.
El caso concreto que vengo a exponerles es del municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, donde la presidencia municipal está desviando recursos para apoyar al candidato del PRD a la gubernatura.
La Presidencia Municipal de esta localidad, encabezada por el señor Ernesto Hinojosa Hernández, está en franco apoyo al candidato a gobernador José Guadarrama Márquez, al colocar pendones con el auxilio de servidores públicos y vehículos propiedad del ayuntamiento.
La Ley Electoral del Estado de Hidalgo tipifica este hecho como delito electoral en el artículo 292 fracción VII quien como servidor público destine fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato, o proporcione ese apoyo a través de sus subordinados, usando el tiempo correspondiente a sus labores para que estos presten servicio a un partido político o candidato.
Existen pruebas y documentales que anexo donde se comprueba la contundente violación a la ley electoral. Es inconcebible y ofende este desvío de recursos públicos que está realizando la Presidencia Municipal de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo mientras las y los ciudadanos necesitan más recursos para servicios públicos de los cuales carecen.
Según el gobernador Manuel Ángel Núñez Soto, el fortalecimiento de la democracia en la entidad parte de la convicción y certeza que tiene el gobierno del estado de que la voluntad popular posee un profundo sentido histórico y que es decisión de los hidalguenses consolidarla.
El 30 de septiembre del año 2004 vino a este recinto legislativo el gobernador de Hidalgo para participar en el foro "Gobernabilidad Democrática" dando consejos para restablecer la confianza de la ciudadanía en la política y en sus instituciones. Pero en su entidad no se aplica el Estado de derecho al permitir que funcionarios municipales tengan una total injerencia en las campañas a gobernador.
Por lo anterior, pongo a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- Que esta soberanía exhorte al gobierno del estado de Hidalgo, para que se conduzca con imparcialidad en el proceso electoral y realice una investigación sobre desvíos de recursos públicos.
Segundo.- Que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo investigue sobre los hechos mencionados por parte de la Presidencia Municipal de San Agustín Tlaxiaca y los responsables por delito electoral y de cuenta a las autoridades correspondientes.
Tercero.- Que se le de vista de esta información a la Secretaria de la Función Publica para que a través de la Contraloría Social en las Elecciones, atienda esta queja de la ciudadanía del estado de Hidalgo.
Solicito que se trate esta proposición con punto de acuerdo de urgente resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 17 de febrero de 2005.
Dip. Marisol Vargas Bárcena
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA EXTREMA VULNERABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN PRESIDENCIAL, SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS LIZBETH ROSAS MONTERO Y ELIANA GARCÍA LAGUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Las y los legisladores firmantes, integrantes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados y con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
El último episodio de la ya larga cadena de graves equívocos que se cometen en el Gobierno Federal es la existencia de personas presuntamente vinculadas con los capos de las drogas se conoció por la opinión pública en días pasados.
Se trata del caso del señor Nahum Acosta Lugo, quien se desempeñaba como director de Giras de la Presidencia de la República. ¿Cómo llegó ahí, quién lo recomendó, quién lo contrató, cómo se vulneró el estándar de control y seguridad extrema que debe existir en la oficina donde despacha, ni más ni menos que el titular del Poder Ejecutivo federal? ¿Cómo fue posible que nadie de las dependencias del gabinete de seguridad se haya percatado de la presencia de la mafia en los pasillos y oficinas de la residencia oficial de Los Pinos?
Más preguntas: ¿cómo entender que ni las agencias federales como la AFI dependiente de la PGR hayan sabido nada al respecto, sino pasado mucho tiempo después? ¿Cómo comprender que otras agencias cómo el Cisen que presumiblemente todo el tiempo se la pasa monitoreando el actuar de los disidentes políticos del actual régimen no hayan alertado al Presidente Fox de una situación tan grave como extrema en la vulneración de la seguridad del Estado? ¿Cómo es posible que ni inteligencia militar que también es una de las instancias que se presume esté al tanto de la seguridad de la persona del Presidente de la República? Más grave aún, ¿el personaje de marras conocía las minutas de las reuniones de trabajo del gabinete de seguridad?
Si las agencias gubernamentales e institucionales que acompañan al Presidente Fox en su aventura sexenal no alertaron a las autoridades ministeriales federales de manera inmediata es muy grave por las deficiencias que entraña tal situación, pero si conociendo la gravedad de vulnerabilidad de esa extraordinaria circunstancia no se dio el aviso oportuno e inmediato entonces el asunto cobra una dimensión de riesgo de seguridad nacional.
Es totalmente inaceptable que un servidor público de extracción panista haya puesto en riesgo total una de las piezas fundamentales de los poderes de la unión, y una pieza clave del Estado, la institución presidencial; sea por acción o por omisión, una vez más los representantes de foxilandia le brindan a la sociedad mexicana una escena más de los escabrosos pasillos del poder del "gobierno del cambio".
¿Cómo poder confiar la autoridad de la nave del Estado a un conjunto de personas que cometen el desatino de invitar a trabajar al enemigo al cuartel general? Pero no sólo eso, la sociedad no sabe exactamente que realmente está pasando en materia de seguridad pública y en este caso, en el colmo de los desatinos del gobierno federal, finalmente ¿Quién nos garantiza que las instituciones de la República que históricamente tanto le han costado al pueblo de México están seguramente resguardadas? La sociedad mexicana necesita saber con prontitud, quien garantiza la seguridad de las instituciones de la República del Estado mexicano.
En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Expresar un severo extrañamiento al Presidente Fox por el enorme descuido y la inepta laxitud del manejo de la seguridad de su oficina que permitió vulnerar la institución presidencial y con ello situar en extremo riesgo la seguridad del mismo Estado.
Segundo. Solicitar también que a través de la Procuraduría General de la República se informe a esta Cámara de Diputados sobre la infiltración del narcotráfico en el círculo más íntimo de la institución presidencial y que quienes hayan cometido conductas presumiblemente delictivas sean consignados ante el juez de la causa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2005.
Diputadas: Eliana García
Laguna(rúbrica), Lizbeth Rosas Montero.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE FORMULA UN EXTRAÑAMIENTO AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, POR ABANDONAR SU ACTUAL TRABAJO Y DEDICARSE A SU CAMPAÑA ELECTORAL; Y SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A PRESENTAR UNA NOTA DIPLOMÁTICA DE RECLAMO A ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CONTRA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO A LO LARGO DE LA FRONTERA CON NUESTRO PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO ÁVILA NEVÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del PRI, presenta a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución.
Exposición de Motivos
A través de todo este gobierno hemos venido observando el deterioro de la política exterior mexicana, la que nos brindó orgullo y reconocimiento. Pero esto no es nuevo para esta soberanía: somos testigos del entreguismo por parte del responsable de la política exterior del país, el señor Derbez.
No sólo ha mentido con expresiones de supuestos reclamos por las medidas antiinmigrantes mexicanos que se han desarrollado en Estados Unidos de América, como fue en el caso de la Ley 200 de Arizona. Han sido claras sus mentiras al decir que iniciarían los reclamos ante las autoridades de ese país. Una vez más, el señor Derbez cree que sólo con declaraciones a la prensa nacional es suficiente para engañarnos. Lo ha intentado permanentemente.
Esta soberanía le ha pedido en otras ocasiones que entregue una nota diplomática para exigir el respeto de los migrantes, y nos envíe el acuse de recibo. Hasta la fecha esto no se ha logrado. ¡Miente, señor Derbez: usted no ha hecho nada por los mexicanos en la Unión Americana!
El señor Derbez prometió enviar una queja por la Ley 200, y aseguró su intervención para orientar y proteger a los mexicanos en Arizona, pero esto no ha sucedido; y, en cambio, se entrevista con la señora. Condoleezza Rice y, de manera servil, ahora declara que la construcción del muro de la ignominia se trata de una acción de seguridad y no contra los migrantes mexicanos. El señor Derbez engaña de nuevo e intenta mentir, su incapacidad está de manifiesto. Por un nuevo puesto al servicio de otros intereses ha sacrificado el trabajo que por obligación debe realizar.
Si quiere cambiar su puesto en la Secretaría de Relaciones Exteriores por el de secretario general de la OEA, es hora de renunciar. No se debe seguir solapando este abandono de sus obligaciones en perjuicio de México.
Este muro de la ignominia nos recuerda el muro de Berlín, o el muro contra los palestinos, muros que han sido rechazados por el mundo entero, han sido incluso denunciados en la ONU. En el caso del primero, lo vimos caer como señal de un nuevo orden mundial. El segundo esperamos verlo caer como señal de paz y entendimiento entre las naciones. Y el tercero, el que se construye en nuestra frontera norte, debemos usar todas nuestras fuerzas diplomáticas para derrumbarlo y así, realmente, proteger a nuestros compatriotas.
Por lo anterior presento el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se formule un extrañamiento al secretario de Relaciones Exteriores por abandonar su actual trabajo y dedicarse a su campaña electoral. Asimismo, se exhorta al Ejecutivo federal a presentar una nota diplomática de reclamo a Estados Unidos de América contra la construcción del muro a lo largo de la frontera con nuestro país, y enviar a esta soberanía el acuse de recibo correspondiente.
Palacio de San Lázaro, a 17 de febrero de 2005.
Dip. Pedro Ávila Nevárez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y AL GOBIERNO FEDERAL A CELEBRAR UN CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE COMBATE A LA POBREZA EXTREMA QUE AÚN NO SE APLICAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Antecedentes
El Plan Nacional de Desarrollo 2001 - 2006 establece que la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Federal, trabajará para mejorar los niveles de bienestar de la población y desarrollar sus capacidades, acrecentar la equidad e igualdad de oportunidades, fortalecer la cohesión y el capital social y ampliar la capacidad de respuesta gubernamental.
Conforme al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), le corresponde, entre otros, el despacho de los siguientes asuntos:
Proyectar y coordinar, con la participación que corresponda a los gobiernos estatales y municipales, la planeación regional.
Coordinar las acciones que incidan en el combate a la pobreza, fomentando un mejor nivel de vida, en lo que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos estatales y municipales, buscando en todo momento propiciar la simplificación de los procedimientos y el establecimiento de medidas de seguimiento y control.
En la gran mayoría de los estados de la República se han instrumentado programas del gobierno federal para el combate a la pobreza, tales como Empleo Temporal, Crédito a la Palabra, Atención a Zonas Áridas, Fondos Regionales Indígenas, Fondos Regionales Compensatorios, Atención a Productores Agrícolas de Bajos Ingresos, Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas y Servicio Social Comunitario, Desarrollo Local (Microrregiones), Opciones Productivas, Incentivos Estatales por Demanda, Iniciativa Ciudadana 3 x 1, Atención a Adultos Mayores en Zonas Rurales, el Programa Hábitat y el Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva "Tu Casa".
Actualmente, los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, gobernados por alguno de los tres partidos mayoritarios, han signado la gran mayoría de los Convenios de Desarrollo Social con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, para el combate a la pobreza extrema.
Sin embargo, en el caso del Distrito Federal, la gran mayoría de los programas federales en materia de Desarrollo Social no se aplican porque hasta la fecha no existen los convenios correspondientes entre los dos ámbitos de gobierno.
Por supuesto que no todos los programas de combate a la pobreza incluidos en el Ramo 20, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, podrían o deberían implementarse en el Distrito Federal, pues las Reglas de operación de los mismos, presentan restricciones en cuestiones relacionadas con su objetivo, ámbito de aplicación y población objetivo, entre otros, que no necesariamente serían congruentes con las características geográficas o socioeconómicas de los habitantes de esta ciudad. En su mayoría, los programas de dicho Ramo están dirigidos a poblaciones rurales con los más altos índices de pobreza y marginación que son catalogadas como zonas de atención prioritaria.
Las zonas de atención prioritaria, definidas con criterios aportados por el Consejo Nacional de Población y Sedesol, no integran ninguna localidad perteneciente al Distrito Federal, lo que podría ser una de las causas de su exclusión en la implementación de programas sociales por parte de la Sedesol. Además, a partir de dos mil tres el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, establece que la población objetivo de los programas referidos es la población en pobreza de acuerdo con los criterios que al respecto establezca la Sedesol.
Según lo establece el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, los programas gubernamentales a través de los cuales se canalizan subsidios deben contar con Reglas de Operación, por lo tanto, los programas sociales a cargo de la Sedesol operan en estricta observancia de las mismas. En las Reglas de Operación se establecen el objetivo, la cobertura y la población objetivo, entre muchas otras disposiciones, lo que introduce restricciones importantes para la implementación de los mismos. Lo anterior pone de manifiesto que, dadas las restricciones establecidas en las Reglas de Operación, solamente algunos programas de la Sedesol podrían ser implementados en el Distrito Federal.1
Considerandos
Primero.- Que el Gasto Social forma parte de las erogaciones públicas destinadas al financiamiento de servicios sociales básicos. Según la clasificación propuesta por la Organización de las Naciones Unidas, son los gastos en educación, salud, seguridad social, vivienda, deportes y otros de características similares.
Segundo.- Que las reglas de operación para estos programas, precisan los esquemas a los cuales los gobiernos de los estados y de los municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia, participan en la planeación, operación y ejecución de acciones que se instrumentan a través de los programas que, en su caso, se operan en el marco de los Convenios de Desarrollo Social.
Tercero.- Que en dichos instrumentos se establecen las adecuaciones pertinentes a las reglas generales de operación que obedecen a las características regionales o locales propias de cada estado, así como a la facultad de los gobiernos de los estados y de los ayuntamientos para proponer al Ejecutivo Federal, de acuerdo con la legislación federal y local aplicable, los mecanismos e instancias de participación y contraloría social en la operación y vigilancia de los programas.
Cuarto.- Que la Secretaría de Desarrollo Social informa trimestralmente a los gobiernos de los estados participantes sobre la distribución del total de los recursos de todos los programas que ejerce, enviando copia de dichos informes a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Quinto.- Que de acuerdo con el Convenio de Desarrollo Social, los gobiernos de los estados son los responsables de la correcta aplicación de los recursos que se les asignen para ejecutar los programas.
Sexto.- Que el desafío más importante para cualquier gobierno, es la superación de la pobreza; en este sentido, las políticas y programas de cada entidad federativa deben encaminarse al desarrollo humano como el principal factor para que las personas, las familias y las comunidades mejoren sus capacidades y aprovechen todas las oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.
Séptimo.- Que para revertir la pobreza y convertirla en prosperidad, se requiere que la política de desarrollo regional, incluya estrategias que eleven las oportunidades de desarrollo socioeconómico y fortalezcan el capital humano.
Octavo.- Que la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Federal, mediante la conjunción de esfuerzos interinstitucionales fortalece y promueve el desarrollo de las micro regiones con los más altos índices de marginación y pobreza.
Noveno.- Que se han establecido normas transparentes y se ha fortalecido la coordinación entre instituciones del Gobierno Federal con los gobiernos estatales y municipales para que la distribución de los recursos destinados a la inversión y capital humano, construcción de infraestructura social básica y generación de oportunidades de empleo e ingreso, se canalice hacia las regiones y grupos de población que más lo necesitan.
Décimo.- Que por primera vez en México, se creó el Consejo Consultivo de Desarrollo Social, integrado por ciudadanos, lo que constituye una base firme para el diálogo permanente entre los distintos ámbitos de gobierno y la población beneficiada.
Décimo primero.- Que la concentración de un número cada vez mayor de pobres en las ciudades y zonas metropolitanas del país ha dado lugar a un intenso proceso de urbanización de la pobreza, e incluso se estima que en el año 2002 alrededor de 35.4 por ciento de los hogares urbanos del país (42% de la población urbana) se encontraba en situación de pobreza patrimonial.
Décimo Segundo.- Que en el caso del Distrito Federal, el gobierno local implementó el Programa Integrado Territorial para el Desarrollo Social, cuyo objetivo es atender y resolver las demandas de la población, apoyado fundamentalmente en la participación ciudadana, mecanismo que busca estrechar las relaciones entre el gobierno y las comunidades, enfocándose a los sectores más vulnerables de la población.
Décimo Tercero.- Que el instrumento a que se refiere el considerando anterior, no es suficiente para abatir de manera eficaz y oportuna los índices de pobreza en el Distrito Federal, pues requiere en todo caso de una coordinación con las autoridades federales para el combate a la pobreza extrema en el Distrito Federal.
Décimo Cuarto.- Que en el Programa General de Desarrollo 2000-2006, del Gobierno del Distrito Federal, se destaca que ??la política social será un eje articulador de los objetivos y programas del gobierno de la Ciudad de México. Que es una obligación atender prioritariamente y sin distinción a toda persona que, por su condición de pobreza o su situación de vulnerabilidad, así lo requiera. Se tomarán medidas para que el presupuesto se oriente a la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, salud, educación y vivienda popular. La atención de la autoridad se dirigirá sobre todo, a aquellos que han sufrido el abandono y la desprotección crónica. En ésta estrategia, se dará preferencia a los niños y niñas, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, los indígenas, las personas con discapacidad y los indigentes.
Décimo Quinto.- Que conforme al Programa de Trabajo 2005 de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno local, el Distrito Federal invertirá, a través del Programa Integrado Territorial (PIT), cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos millones de pesos (en ochocientas ochenta y seis unidades territoriales de muy alta, alta y media marginación).
Décimo Sexto.- Que sin embargo, el propio Programa de Trabajo 2005 de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno capitalino, establece que cuando menos el 80% de la población a la que va dirigida se queda sin recibir el beneficio del Programa Integrado Territorial.
Décimo Séptimo.- Que si, como se menciona en el considerando anterior, la gran mayoría de los ciudadanos del Distrito Federal que viven en las unidades territoriales con mayores niveles de marginación, no reciben el apoyo de los programas de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, entonces los programas de Desarrollo Social del Gobierno Federal deben ser considerados instrumentos de política pública para el beneficio de aquellos que no reciben el apoyo del gobierno local.
Décimo Octavo.- Que a través de la aplicación de programas de desarrollo social tanto del gobierno local como del gobierno federal, el número de beneficiados por estos programas en la Ciudad de México crecerá exponencialmente, generando así una mejor calidad de vida para los mas necesitados.
Décimo Noveno.- Que en la actualidad el Gobierno del Distrito Federal no ha celebrado todos los convenios que en materia de desarrollo social pudiera realizar con el Gobierno Federal, lo que hace necesario la suscripción de éstos en atención a que los 31 Estados de la República ya han signado dichos convenios con el Gobierno Federal.
Vigésimo.- Que como un llamado a evitar el aislamiento y la falta de coordinación, así como para realizar acciones más eficientes para combatir las condiciones de pobreza en nuestra ciudad, resulta indispensable, para el beneficio de los habitantes de la capital del país, exhortar al Gobierno del Distrito Federal y al Gobierno de la República, a signar un Convenio en materia de Desarrollo Social, pues solo así estaremos dando un eficaz combate a la pobreza en el Distrito Federal.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al Gobierno de la República a celebrar un convenio en materia de desarrollo social para implementar en esta entidad federativa aquellos programas de combate a la pobreza extrema que aún no se aplican en la Ciudad de México y que la Secretaría de Desarrollo Social lleva a cabo en el resto de los estados (de urgente resolución).
Finalmente, y con fundamento en lo establecido en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta Soberanía sea puesto a discusión inmediatamente esta proposición con punto de acuerdo por considerarse de urgente resolución.
Nota:
1 Cabe hacer mención de que
la Sedesol cuenta con programas dirigidos a atender la pobreza urbana,
algunos de los cuales ya operan de manera importante en el Distrito Federal.
Es el caso del programa Hábitat que busca atender las necesidades
de la población en pobreza de las zonas urbanas, en el mismo sentido
se opera una parte importante del programa de Abasto Social de Leche (Liconsa),
una pequeña parte del programa Oportunidades y mediante diversos
proyectos el programa de Coinversión Social. Sin embargo, tenemos
casos tales como el del Programa de Jornaleros Agrícolas, Iniciativa
Ciudadana 3x1, Desarrollo Local Microrregiones, Apoyo Alimentario, Adultos
Mayores en Zonas Rurales y Vivienda Rural, entre otros, los que de acuerdo
con sus reglas de operación serían de muy difícil
implementación en una ciudad predominantemente urbana y con una
gran heterogeneidad socioeconómica de su población, siendo
que éstos están destinados básicamente a zonas rurales
con los más altos índices de pobreza y marginación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil cinco.
Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL QUE INSTRUYA UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS GRAVES VIOLACIONES DE LESA HUMANIDAD COMETIDAS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL EX PRESIDENTE ERNESTO ZEDILLO EN EL ESTADO DE CHIAPAS, A CARGO DE LA DIPUTADA ELIANA GARCÍA LAGUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
En mi calidad de diputada federal y como integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LIX Legislatura de la Cámara de Diputados y con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
El reciente informe del Centro Fray Bartolomé de las Casas en donde se establece que el Ejército Mexicano creó y armó a grupos paramilitares en Chiapas para destruir y eliminar no sólo a las bases insurgentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sino también a todos los civiles que simpatizaran con dicha organización, constituye una aportación para clarificar las responsabilidades por el cúmulo de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en la década pasada.
En efecto, el testimonio de un ex comandante del grupo paramilitar Paz y Justicia confirma que el Ejército Mexicano planificó, organizó y apoyó a grupos paramilitares en los altos, la selva y el norte de Chiapas, nos permite verificar que las violaciones a los derechos humanos presumiblemente cometidas por el gobierno ahora tendrían sustento y motivación suficiente para iniciar una investigación por parte de la Procuraduría General de la República por los graves delitos cometidos en esas acciones.
En ese contexto se crearon organizaciones criminales como Máscara Roja, Los Chinchulines y Paz y Justicia que tanto daño han hecho en la región, en el informe se cita la participación del ex gobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro y del comandante de la zona militar Raúl Renán Castillo, ellos actuarían, de constatarse ese hecho, por lo menos con el conocimiento y anuencia de otros actores políticos de primerísimo nivel, como serían los entonces secretarios de Defensa, de Gobernación, y de la Procuraduría General de la República.
Es de comprenderse que un hecho tan abominable como la matanza de Acteal, aún impune, catalogado por los expertos internacionales como una violación de lesa humanidad, pudo perpetrarse sólo con la complicidad de muy altos niveles de los gobiernos local y federal, y con la anuencia de la esfera presidencial que encabezaba Ernesto Zedillo Ponce de León.
El conflicto en Chiapas, sólo se resolverá cuando las causas que le dieron origen sean atendidas y resueltas eficazmente, no hacerlo así, y sólo reprimiendo a las personas que simpatizan o participan en estas causas, sólo genera mayor encono sin resolver el fondo del asunto que es el reconocimiento y cumplimiento de los derechos de los pueblos indios.
En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Solicitar que la Procuraduría General de la República inicie de oficio una investigación de inmediato y abra una averiguación previa en contra de los altos ex funcionarios citados, incluido el propio ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León como posibles responsables de los hechos contenidos en el Informe del Centro Fray Bartolomé de las Casas.
Segundo.- De igual manera que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considerando los hechos referidos en el Informe antes citado, inicie también de oficio una investigación rigurosa, completa e imparcial que permita dilucidar las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron por los altos ex funcionarios incluido el propio ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 17 de febrero de 2005.
Dip. Eliana García Laguna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SCT Y A CAPUFE A GESTIONAR LO NECESARIO PARA ELIMINAR LA CASETA DE COBRO DE "ESPERANZA" DE LA AUTOPISTA FEDERAL ESTACIÓN DON-NOGALES, O BIEN, REUBICARLA CUANDO QUEDE CONCLUIDO EL LIBRAMIENTO RESPECTIVO, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en el artículo 23, numeral 1, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El tramo Estación Don-Nogales, de la autopista federal México-Nogales, mejor conocido como la carretera de cuatro carriles, inició formalmente operaciones el 1 de junio de 1989 con una longitud de 459 kilómetros y 6 casetas de cobro distribuidas a lo largo del territorio del estado de Sonora.
Para efectos legales, dicho tramo puede ser considerado como carretera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal:
Artículo 2.- "Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
En particular, hoy quiero referirme a la difícil situación que día a día enfrentan los habitantes del sur de Sonora, concretamente, del municipio de Cajeme.
Cajeme, el segundo municipio más importante del Estado en términos de población y actividad económica, se encuentra prácticamente "sitiado" por dos casetas de cobro: la de "Esperanza", al norte, y la de "Fundición", al sur. Así, el crecimiento poblacional y auge económico que Cajeme ha experimentado en los últimos años, ha provocado que ambas casetas de cobro se encuentren actualmente dentro del casco urbano de la cabecera de dicho municipio, Ciudad Obregón.
Este hecho contraviene lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, que a la letra indica:
Este hecho contraviene, además de la garantía de libre tránsito, a lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y en el artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que textualmente señalan:
XVI. Las características y/o especificaciones que deban reunir los aparatos, redes y sistemas de comunicación... para proteger las vías generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios;"
Artículo 25.- "La Secretaría (de Comunicaciones y Transportes), tomando en cuenta las circunstancias de cada caso, podrá prever la construcción de los libramientos necesarios que eviten el tránsito pesado por las poblaciones."
Todo lo anterior se agrava aún más con el reciente aumento de 3.6% a las cuotas de peaje, medida altamente impopular y ampliamente rechazada por los usuarios de la vía, pues no perciben que las cuotas que pagan se traduzcan en mayor infraestructura, rehabilitación y mejoras de la carretera de cuatro carriles.
Pongo como ejemplo, el caso de los maestros residentes en Ciudad Obregón que acuden a impartir clases en comunidades rurales de Cajeme como Estación Corral, Loma de Guamúchil, Tajimaroa y Vícam y que ante la ausencia de un libramiento, cada uno tiene que pagar alrededor de 110 pesos diarios por concepto de cuotas en la caseta de "Esperanza" .
En este sentido, diversos sectores representativos de la sociedad cajemense como: grupos de maestros; cámaras empresariales locales como Canaco, Canacintra, Canirac y la Cámara Nacional del Transporte de Carga (Canacar); el Club de Usuarios y Consumidores de Ciudad Obregón; partidos políticos; medios de comunicación; diputados locales; el Ayuntamiento de Cajeme; y la tribu yaqui, han alcanzado un consenso y exteriorizado públicamente sus demandas porque la caseta de cobro de "Esperanza" sea eliminada, o en su caso, reubicada a un punto donde no afecte a la población del sur de Sonora. Ahora bien, de no ser posible la eliminación de dicho centro de cobro, hago un atento exhorto para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de Capufe, destine en el presente ejercicio fiscal, el recurso presupuestal suficiente para la construcción y puesta en funcionamiento del libramiento en el tramo Ciudad Obregón-Guaymas de la Carretera de Cuatro Carriles; esto, como requisito previo a la reubicación de la caseta de cobro de "Esperanza".
Esto último, con fundamento en la fracción XXI del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la fracción I del artículo 3 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, así como en la fracción II del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que en lo conducente señalan:
XXI. Construir y conservar los caminos y puentes federales..."
Artículo 3.- "Las vías generales de comunicación y los modos de transporte que operan en ellas quedan sujetos exclusivamente a los Poderes Federales. El Ejecutivo ejercitará sus facultades por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los siguientes casos y sin perjuicio de las facultades expresas que otros ordenamientos legales concedan a otras dependencias del Ejecutivo Federal:
I.- Construcción, mejoramiento, conservación y explotación de vías generales de comunicación;".
Artículo 5.- "Corresponden a la Secretaría (de Comunicaciones y Transportes), sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la Administración Pública Federal las siguientes atribuciones:
II. Construir y conservar directamente caminos y puentes;"
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos la eliminación de la caseta de cobro de "Esperanza" en el tramo Ciudad Obregón-Guaymas de la Carretera de Cuatro Carriles.
Segundo. En caso de que la Federación determine inviable la eliminación de la caseta de cobro de "Esperanza", hago un atento exhorto para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de Capufe, inicie a la brevedad los trabajos de construcción y puesta en funcionamiento del libramiento para el tramo carretero Ciudad Obregón-Guaymas.
Tercero. Una vez concluido dicho libramiento, se reubique la caseta de cobro de "Esperanza" fuera del casco urbano del municipio de Cajeme.
México, DF, a 16 de febrero de 2005.
Dip. Antonio Francisco Astiazarán
Gutiérrez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO A VIGILAR LAS ESTRUCTURAS ESTATALES EN RELACIÓN CON LA ENTREGA DE RECURSOS FEDERALES DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARISOL VARGAS BÁRCENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, Marisol Vargas Bárcena, diputada federal del estado de Hidalgo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito presentar a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
El Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), es un subsidio directo que el Gobierno Federal otorga a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Tiene como objetivo específico apoyar el ingreso de los productores rurales.
El Procampo comenzó su ejecución a finales de 1993, fecha que marca el inicio de labores del año agrícola 1994. El contexto bajo el cual surgió el programa responde a la apertura de la economía nacional. Derivado de este nuevo entorno se planteó la modernización del campo mexicano que, entre otras reformas, implicó modificar el esquema tradicional de apoyos al sector agropecuario y forestal. En lo particular, sustituyó al esquema de subsidios basado en los precios de garantía, el cual no beneficiaba a un número importante de productores.
En días pasados, recibimos la denuncia de que en las oficinas del Partido Revolucionario Institucional de Acaxochitlán, en el estado de Hidalgo se estaban gestionando y entregando recursos del Procampo a los productores rurales de esta localidad, por lo que se dio la tarea para recabar información sobre tal anomalía.
Y en efecto; existen testigos, documentales que anexo y demás pruebas que señalan de este hecho vergonzoso en flagrante violación a lo que nosotros aquí, en esta Cámara de Diputados, dispusimos en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el artículo 53 que a la letra dice:
El titular del Ejecutivo estatal debe velar que se cumplan las diversas disposiciones estatales y las de colaboración federal.
El gobernador del estado de Hidalgo, Manuel Ángel Núñez Soto, es el encargado de la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros poderes del estado, los ayuntamientos y los representantes del Gobierno Federal en el estado, a la realización de los programas de gobierno y no de partido.
Por lo anterior, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- Que esta soberanía exhorte al Gobierno del estado de Hidalgo, para que de acuerdo con sus facultades establezca orden y vigilancia en las estructuras estatales de entrega de los recursos federales de los distintos programas.
Segundo.- Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación tenga a bien presentar un informe pormenorizado, acerca de cómo opera el delegado estatal en Hidalgo el C. José Amando Rodríguez Galindo, para el otorgamiento de los beneficios del Procampo en Hidalgo y este último de cuenta del otorgamiento de los beneficios del programa.
Tercero.- Que se le de vista de esta información a la Secretaría de la Función Publica para que a través de la Contraloría Social en las Elecciones, atienda esta queja de la ciudadanía del estado de Hidalgo.
Cuarto.- Que la delegación federal en Hidalgo de la Secretaría de Agricultura informe a las autoridades correspondientes sobre las personas o partido político que está haciendo mal uso de los recursos federales del Procampo en Acaxochitlán, Hidalgo.
Solicito que se trate esta proposición con punto de acuerdo de urgente resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2005.
Dip. Marisol Vargas Bárcena
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LOS TITULARES DE LA SHCP Y DE LA STPS A ESTABLECER UN SISTEMA DE CONTABILIDAD LABORAL DEL TURISMO Y VELAR POR EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR, A CARGO DE LA DIPUTADA NANCY CÁRDENAS SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada Nancy Cárdenas Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
2.- El empleo generado en esta industria está enmarcado en una actividad económica dependiente de factores externos que determinan su comportamiento como eventos terroristas, fenómenos naturales, crisis económicas, períodos vacacionales, por citar algunas. Esto genera un constante ambiente de incertidumbre, propiciando que se mantenga una plantilla de trabajadores mínima y básica, y que en temporadas de auge se recurra a contrataciones temporales, circunstancias que amenazan la estabilidad laboral de gran número de trabajadores.
3.- Se añaden a este escenario condiciones derivadas de las características propias de la actividad como horarios de trabajo irregulares, trabajo frecuente los domingos, salarios sin un elemento básico fijo y sometido a las propinas, omisión generalizada del pago de del tiempo extraordinario, disparidad de hasta un 80% entre los salarios de la mayoría de los trabajadores y los puestos gerenciales, insuficiente capacitación para el trabajo.
4.- Lo anterior contraría el derecho de todo trabajador a beneficiarse de condiciones legales y satisfactorias de trabajo, de protección a su salud y en general a su integridad física, debiéndose readecuar el sistema de contratación de manera que se brinde una mayor estabilidad en el trabajo, ya que el índice de rotación en este sector es demasiado elevado lo que impacta negativamente a ambos factores de la producción.
5.- Actualmente el INEGI registra como parte de la Cuenta Satélite de Turismo de México la aportación de la actividad turística a la ocupación total del país, lo que permite realizar comparativos con el resto de los sectores económicos, en términos de productividad y está basada en las Cuentas Nacionales de México; es decir, tiene un enfoque esencialmente económico-empresarial para la toma de decisiones en el ámbito de los negocios; por lo que resulta insuficiente si lo que queremos obtener son características de las ocupaciones generadas, calidad de las condiciones de trabajo, rendimientos de trabajo, distribución del ingreso en el sector, entre otros.
6.- La Organización Internacional del Trabajo en cooperación con la Organización Mundial de Turismo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha formulado una metodología para la creación de un Sistema de Contabilidad Laboral para el Turismo con independencia de la Cuenta Satélite de Turismo, lo que permite medir de manera más específica, detallada y amplia el nivel y las características del empleo generado por la industria del turismo y con un fin de tutela a los derechos de los trabajadores. Nuestra propuesta va en el sentido de hacer extensivo a nuestro país este Sistema de Contabilidad, como una ampliación del sistema de contabilidad laboral general que opera el INEGI.
Primero.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para instruir al INEGI a que instrumente un Sistema de Contabilidad Laboral para el Turismo como registro independiente de la actual Cuenta Satélite de Turismo, partiendo de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, con el objeto de propiciar la obtención de mejores y más completos resultados en la evaluación del empleo y las condiciones de trabajo en este sector, lo que apoyará la generación de más empleos y la elevación de las condiciones de vida para estos trabajadores y, al propio tiempo impulsar el desarrollo de esta actividad cada vez más estratégica en el mapa económico del país.
Segundo.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y a las autoridades locales del trabajo, para que en el ámbito de sus respectivas competencias y en ejercicio de sus facultades de inspección, velen de manera permanente por el respeto a los derechos laborales de las personas que prestan sus servicios en las actividades del turismo en nuestro país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2005.
Dip. Nancy Cárdenas Sánchez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SCT Y DE LA COFETEL A PRESENTAR UN INFORME SOBRE LOS CONCESIONARIOS DE TELEFONÍA CELULAR EN MÉXICO, EN LOS SERVICIOS DE MENSAJES CORTOS, A CARGO DEL DIPUTADO ÁNGEL PASTA MUÑUZURI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, Ángel Pasta Muñuzuri, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de la Cámara Diputados una proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
La telefonía celular en nuestro país, gana cada vez más adeptos, por las ventajas que ofrece en comparación con la telefonía convencional sin embargo, es precisamente la creciente demanda lo que motiva a los concesionarios a invertir grandes sumas en la modernización de los sistemas de transmisión de señales.
En los próximos años, los volúmenes totales de mensajes de texto por teléfono celular se cuadruplicarán de 670 mil millones en 2002 a 2.6 billones en 2007 gracias a la popularidad que ha tenido este servicio en todo el mundo, prevé la firma de investigación Analysys.
Tan sólo en Estados Unidos, la mensajería de texto aumentó de 33 millones de mensajes telefónicos enviados en junio de 2001 a mil millones en diciembre de 2002, según la Cellular Telecommunications & Internet Association.
El servicio de mensajes cortos, ya representa para algunos operadores en Europa entre el 10 y el 15 por ciento de su facturación total; por ejemplo, para la empresa inglesa de telefonía móvil Mmo2, los servicios de datos representaron el 17 % de sus ingresos en 2002.
Con un negocio del servicio de mensajes cortos en auge, Mmo2 introduce ahora servicios de mensajería más avanzados y busca lograr que sus servicios de datos representen el 25 por ciento de la facturación en los próximos meses.
Luego que el año pasado la facturación mundial por servicios de mensajes cortos por teléfono fue de 31 mil millones de dólares, en 2007 podría ascender vertiginosamente a 69 mil millones, siempre y cuando los operadores fomenten el crecimiento del servicio, refiere Analysys.
La combinación de ese éxito en el negocio y la creciente popularidad de la mensajería en el continente americano está alentando a los operadores de la región a lanzar más servicios de datos, señala 3GAméricas, una organización de operadores que fomenta el uso de la tecnología GSM.
Destaca que las redes de próxima generación que soporta GSM ofrecen la mejor capacidad para lanzar una amplia gama de servicios generadores de facturación, particularmente el Servicio de Mensajería Multimedia, con fuerte potencial de convertirse en un servicio de datos para el mercado masivo.
Los datos de crecimiento económico, para la telefonía celular en el ámbito mundial y principalmente en nuestro país, México, son alentadores, existe el gran temor, es que la comisión federal de telecomunicaciones, presidida por el licenciado Jorge Arredondo Martínez, no proporcione la debida vigilancia al uso de la telefonía celular.
Es un gran peligro que nuestros niños estén al alcance de mensajes no adecuados para su edad, ya que en los medios de comunicación, la invitación que hacen para solicitar mensajes de consejos dudosos en diversos temas, notoriamente nos damos cuenta que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y más aún la Comisión Federal de Telecomunicaciones no vigilan adecuadamente dicha función.
Los datos de crecimiento que proporciono en esta relatoría, en el sentido económico para cualquier país son excelentes, pero no hay que dejar pasar en alto a nuestra juventud y más aun a nuestra niñez, ya que ellos están al alcance de estos servicios.
Por consiguiente solicito al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y al Secretario de Comunicaciones y Transportes, rindan un informe a esta Cámara de Diputados, de las revisiones a los concesionarios de telefonías celulares, y principalmente del servicio de mensajes cortos, que tienen a su cargo.
Por lo expuesto y con apoyo en lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Solicito a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones rindan a esta Cámara de Diputados un informe detallado de la revisión de las funciones, a los concesionarios de telefonías celulares en nuestro país, y principalmente del servicio de mensajes cortos que tienen a su cargo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2005.
Dip. Ángel Pasta Muñuzuri
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A DICTAMINAR LAS CUENTAS DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2001 Y DE 2002, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS HERNÁN SILVA VALDÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberaníala presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Conforme lo establece la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la H. Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva e indelegable la de revisar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, con objeto de:
2) Comprobar si el ejercicio de los recursos se ha ajustado a los criterios señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación,
3) Y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
Esta facultad, obligatoria de la H. Cámara de Diputados, cobra mayor relevancia al considerar que el proceso de revisión de las Cuentas Públicas 2001 y 2002 ha sido objeto de un grave retraso por la falta de presentación de los dictámenes respectivos, lo que ha limitado las acciones de fortalecimiento de los programas y políticas de gobierno y alentado la permanencia de conductas no deseadas de los servidores públicos. Igualmente esta indebida omisión de los legisladores ha coartado, de manera inexplicable, dichas facultades que la Constitución les otorga.
Es asimismo inédito que por primera vez este cuerpo legislativo tenga el análisis de tres ejercicios fiscales, sea en dictámenes o en práctica de auditorías, esto es, los correspondientes a las Cuentas Públicas 2001, 2002, y 2003, por lo cual es necesario presentar los dictámenes correspondientes para finiquitar los procesos de revisión de las Cuentas Públicas de los primeros dos años de gobierno del Presidente Vicente Fox y evitar que esto se repita en lo que se refiere a la Cuenta Pública de 2003.
En tal virtud, se propone tomar las medidas pertinentes para que el Pleno de la H. Cámara de Diputados ejerza plenamente las atribuciones que le han sido conferidas y se cumpla estrictamente con la obligación Constitucional de revisar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, lo que implica que los legisladores deberán recibir los dictámenes de las Cuentas Públicas 2001 y 2002, por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y, en consecuencia, determinar lo que se considere procedente.
Es conveniente también, que la Auditoría Superior de la Federación entregue a la H. Cámara de Diputados, a través de la Comisión de la Auditoría Superior de la Federación, los resultados de las auditorías practicadas, así como el avance a la fecha, de las acciones promovidas para el fincamiento de responsabilidades y la imposición de sanciones que hubieren procedido.
Compañeras y compañeros legisladores, considero que de no tomar las medidas pertinentes sobre este asunto, se contraviene lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numeral 1, 40 numeral 1, y 45 numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 81 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y en términos de los preceptos legales señalados, someto a la consideración de este H. Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 45, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicite a las comisiones ordinarias legislativas opinión fundada, si la hubiere, de las Cuentas de la Hacienda Pública Federal por los años 2001 y 2002 y de conformidad con lo que establecen los artículos 80 y 81 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos proceda de inmediato a elaborar los dictámenes respectivos y en consecuencia los presente al Pleno de esta honorable asamblea.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2005.
Dip. Carlos Hernán Silva Valdés
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO A CONDUCIRSE CON IMPARCIALIDAD EN EL PROCESO ELECTORAL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARISOL VARGAS BÁRCENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, Marisol Vargas Bárcena, diputada federal del estado de Hidalgo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se permite presentar a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.
El estado de Hidalgo renovará el próximo 20 de febrero del año en curso gobernador y diputados locales, sin embargo esta contienda electoral se ha visto plagada de irregularidades por parte de funcionarios estatales.
El director de la escuela telesecundaria del municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, profesor Felipe López Mejía, y el profesor Marco Antonio Serna Coronado, de la escuela primaria Dr. Luis Ponce, solicitan a los padres de familia de los estudiantes datos personales y credenciales de elector incitándolos a votar por el Partido Revolucionario Institucional.
Los padres de familia no han presentado denuncia por la obvia razón de que están intimidados y temen por su propia seguridad y la de sus hijos.
La Ley Electoral del estado de Hidalgo tipifica este hecho como delito electoral en el artículo 290, fracciones VI y VIII, que a quien obligue a votar por determinado candidato a las personas que se encuentren bajo su autoridad o dependencia económica y quien obligue o compela a otro votar por determinado candidato mediante cohecho, violencia física o moral.
El pasado 2 de febrero el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo informó que recibió por parte del ejecutivo estatal, Manuel Ángel Núñez Soto, un comunicado donde informa que los servidores públicos de gobierno del estado suprimirán actuaciones que pudieran considerarse actos proselitistas.
El gobernador de Hidalgo debe velar por una total imparcialidad en las elecciones locales. Es el primero que debe vigilar y participar para que se den las condiciones y se lleve a cabo una contienda electoral limpia.
Por lo anterior, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Que esta soberanía exhorte al gobierno del estado de Hidalgo a conducirse con imparcialidad en el proceso electoral.
Segundo. Que la Secretaría de Educación Pública tenga a bien en realizar una investigación al director de la escuela telesecundaria de Acaxochitlán, Hidalgo, profesor Felipe López Mejía, así como al profesor Marco Antonio Serna Coronado, director de la escuela primaria Dr. Luis Ponce, por los hechos violatorios de la Ley Electoral del estado de Hidalgo.
Tercero. Que se dé vista de esta información a la Secretaría de la Función Publica para que, a través de la Contraloría Social en las Elecciones, atienda esta queja de la ciudadanía del estado de Hidalgo.
Cuarto. Que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo investigue e informe a las autoridades correspondientes sobre los citados profesores por delito electoral.
Solicito que se trate esta proposición con punto de acuerdo de urgente resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2005.
Dip. Marisol Vargas Bárcena
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEDUVI DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y A LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN A MANTENER EL USO DE SUELO COMO ÁREA VERDE EN LA BARRANCA DE TARANGO, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR SUÁREZ CARRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La delegación Álvaro Obregón se asienta sobre las estribaciones de la Sierra de la Cruces que es la zona montañosa localizada al oeste de la Ciudad de México. Esta ubicación determina un relieve de lomeríos y la conformación de una serie de barrancas, cuyo cauce desciende del poniente al oriente. Las barrancas corren paralelas de sur a norte y son: Tacubaya, Becerra, Mixcoac, Tarango, Guadalupe y Texcalatlaco.
Estas barrancas son las zonas naturales a las cuales desembocan los escurrimientos pluviales y varios manantiales; además constituyen una importante área de recarga de los mantos acuíferos que abastecen a los pobladores del Distrito Federal. Por ello, esta serie de barrancas, junto a las ubicadas en las delegaciones aledañas son una importante salvaguarda para la ciudad pues constituyen un sistema de control y manejo de escurrimientos pluviales y aguas fluviales hacia la cuenca en que se encuentra asentada la población.
Los lomeríos han dotado a la ciudad desde la época prehispánica de arenas y grava de origen volcánico para la construcción, en ese tiempo estos materiales se encontraban sueltos al pie de las barrancas. Sin embargo, se agotaron y fue necesario cavar minas subterráneas, accediendo desde las barrancas para extraer el material, este proceso socavo el terreno dejando amplias oquedades en las orillas de las barrancas.
Durante la década de los 70´s del siglo pasado, la expansión de la Ciudad de México llevó a los pobladores a buscar terrenos para asentarse en la periferia, así proliferaron asentamientos a lo largo de las barrancas. Las viviendas y los terraplenes en donde se han construido las casas han invadido los cauces naturales del agua, impidiendo su circulación y ocasionando problemas hidráulicos que han provocado incluso perdidas de vidas y múltiples pérdidas materiales. Los asentamientos humanos han generado un aumento en las necesidades de drenaje y la pavimentación ha ocasionado un fuerte y rápido incremento en las tasas de escurrimiento y una disminución en los volúmenes de recarga de acuíferos. Al correr los escurrimientos sobre suelos desprovistos de vegetación y sobre superficies pavimentadas, se concentran aguas con cargas elevadas de material sedimentable que azolva corrientes, vasos y líneas de drenaje.
Los asentamientos han modificado los taludes de las barrancas. Para ganar terreno se busca la verticalidad de los taludes conformándolos con material colocado sin ningún tratamiento. En una lluvia extraordinaria los taludes están sujetos a fallas y a su posible desmoronamiento o desgajamiento.
De esta manera la mayor parte de los asentamientos de la delegación se encuentren sobre terrenos minados, en las orillas de las barrancas e inclusive sobre los cauces de los ríos. La zona es considerada en un alto porcentaje de alto riesgo, lo cual no sólo significa la peligrosidad en que se vive sino también la vulnerabilidad a la que esta sujeta la población, teniendo implicaciones aún en la conducta.
En este contexto preocupa la denuncia realizada por vecinos de la barranca de Tarango durante la segunda semana de este mes en torno a un proyecto inmobiliario elaborado por el Grupo Lomas para construir cerca de cuatro mil viviendas.
Concretamente, habitantes de Las Águilas, Bosques de Tarango, San Bartolo Ameyalco, Lomas de Axomiatla y Villa Verdún publicaron un desplegado el 7 de febrero en el que mencionan el deterioro ecológico que implicaría un proyecto de ésta magnitud. Amén de los problemas que acarrearía el incremento en la afluencia de automóviles.
Un desarrollo inmobiliario de tal magnitud en esta zona, no sólo tendría nefastas consecuencias en la situación ambiental, pondría en grave peligro, en primer lugar a quienes se encuentran asentados en zonas de alto riesgo y también a la población de la ciudad, pues ya detallamos la importante función de salvaguarda que juegan estas barrancas para la contención de escorrentías.
Por lo antes expuesto someto a este Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- La Cámara de Diputados, con pleno respeto a la autonomía de la que goza el Distrito Federal, le solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal y a la delegación de Álvaro Obregón a que mantengan el uso de suelo como área verde en la barranca de Tarango y suspendan cualquier autorización de cambio de uso de suelo con fines inmobiliarios, toda vez que son zonas de alto riesgo y por el impacto ambiental que implicaría.
Segundo.- La Cámara de Diputados solicita de manera respetuosa a las autoridades de la delegación Álvaro Obregón a que presenten a los vecinos y actores interesados, habitantes de las zonas citadas en el cuerpo del presente, el Programa Delegacional recientemente elaborado, así como, el proyecto que presentó el Grupo Lomas incluyendo los permisos otorgados a las empresas inmobiliarias, solicitándole se consulte ampliamente cualquier determinación en el cambio de régimen de uso de suelo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los dicisiete días del mes de febrero de 2005.
Dip. Víctor Suárez Carrera
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A GESTIONAR ANTE EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA LA REANUDACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE VISAS HUMANITARIAS A LOS RESIDENTES DE LA FRONTERA NORTE PARA RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES DE SALUD DE ESE PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO NORBERTO CORELLA TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, el siguiente punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo Federal a que realice las gestiones necesarias ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, para la reanudación del otorgamiento de visas humanitarias a los residentes de la frontera norte con la finalidad de que puedan recibir atención médica especializada en instituciones de salud de ese país, basado en las siguientes
Consideraciones
A partir de los ataques terroristas que sufrió el pueblo de los Estados Unidos de América en septiembre del año 2001, y como parte del reforzamiento de las medidas de seguridad interna puestas en práctica por el gobierno de ese país, se restringió el otorgamiento de permisos especiales a pacientes que requerían ingresar a la Unión Americana, principalmente a personas de origen humilde que por muchos años han solicitado atención médica especializada gratuita. Estos permisos especiales conocidos también como visas humanitarias, han permitido que residentes de las ciudades fronterizas del norte de México, en su mayoría niños, reciban atención médica especializada en forma gratuita, en lugares como la Clínica Ortopédica de Calexico, el Hospital Shriner's for Childrens de San Diego y el Hospital Ortopédico de Los Angeles, todos ellos del estado de California.
Por otra parte, estos instrumentos también han permitido que muchos niños participen en actividades deportivas y/o culturales en el vecino país y, que dados los costos asociados a la obtención de una visa formal para ellos y sus padres, la suspensión de la visa humanitaria en ocasiones hace imposible su participación.
En el caso más importante que se refiere a la salud, las visas humanitarias habían sido otorgadas por el Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, de tipo médico o definitivas, dependiendo del diagnóstico, atención y tratamiento requerido por el paciente. No obstante, los trámites para solicitar las visas para asistir a los diferentes hospitales norteamericanos se restringieron a partir de enero de 2003 y ahora los pacientes de escasos recursos enfrentan dificultades para gestionarlas y sufragarlas.
La suspensión del otorgamiento de visas humanitarias ha ocasionado que médicos norteamericanos atiendan a los pacientes mexicanos en algunas instituciones de salud en las entidades del norte de nuestro país, donde en muchas ocasiones no se cuenta con las instalaciones adecuadas ni con los instrumentos necesarios para que estos profesionales de la salud, desarrollen su trabajo de forma eficiente.
Estas visitas de médicos norteamericanos fueron temporales en tanto el Gobierno de los Estados Unidos reanudara el otorgamiento de las visas humanitarias o permisos especiales, lo que significa que al no autorizarlas, miles de pacientes mexicanos de escasos recursos dejaron de recibir atención médica especializada gratuita.
Según datos proporcionados por el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana, Baja California, tan sólo de diciembre de 2002 a octubre de 2003, fueron otorgadas en esa ciudad 5,000 visas humanitarias para atención médica, servicios funerarios y tratamiento a niños por parte del Hospital Shriner's for Childrens de San Diego. Esta oficina diplomática recibía a la semana un promedio de 50 solicitudes de visas humanitarias.
Es necesario resaltar que algunos legisladores norteamericanos, en reconocimiento de la importancia de este tema, han presentado ya una iniciativa de ley para modificar la Ley de Nacionalidad e Inmigración de su país, a efecto de reanudar el programa de permisos temporales para los casos ya señalados de salud, participación en eventos culturales o deportivos o su asistencia a eventos comunitarios que se celebran en ambos lados de la frontera. Por lo tanto, con el objeto de que esta propuesta se pueda materializar, consideramos que el gobierno de México debe insistir en el asunto hasta lograr su aprobación.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que realice las gestiones necesarias ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, para la reanudación del otorgamiento de visas humanitarias a los residentes de la frontera norte con la finalidad de que puedan recibir atención médica especializada en instituciones de salud de ese país.
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de febrero del año dos mil cinco.
Dip. Norberto Corella Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, REVISAR EL REGLAMENTO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL PARA EL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS, ASÍ COMO ELIMINAR DEL MISMO, LAS DISPOSICIONES DISCRIMINATORIAS CONTRA LAS PERSONAS CON VIH-SIDA, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL GARCÍA TINAJERO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito legislador de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Es fácil decir que el sida es un problema médico. Lo cierto es que el sida es también un problema social. Desde que se identificó la epidemia en 1981, mucha gente ha usado el sida como una excusa para discriminar. Personas con el VIH han sido despedidas de sus empleos, echadas de sus viviendas a la calle, se les han negado cuidados de salud y han sido abandonadas por sus familiares. La discriminación siempre ha sido un síntoma del sida.
Se reconoce que la no discriminación es un derecho humano básico, indispensable para asegurar el desarrollo, el bienestar y la dignidad de la persona. En consecuencia, la discriminación está prohibida por las disposiciones en materia de derechos humanos codificadas en diversas constituciones y legislaciones nacionales.
También está prohibida por una amplia gama de instrumentos internacionales en vigor incluidos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos; los convenios internacionales sobre derechos civiles y políticos y sobre derechos económicos, sociales y culturales. También la OIT ha instado a adoptar medidas contra la discriminación en el mundo laboral.
Desde 1990, la Comisión de las Naciones Unidas también ha aprobado una serie de resoluciones sobre derechos humanos y VIH: Estas resoluciones confirman que los criterios internacionales existentes sobre derechos humanos prohíben la discriminación por razón del estado serológico respecto al VIH-sida.
México se ha adherido a prácticamente todos los convenios internacionales sobre la materia, pero no solo eso, tanto nuestra Constitución como las leyes que la reglamentan recogen preceptos contra la discriminación que sin duda incluyen la que se dan por motivos de salud.
Mención especial merecen entre otras muchas leyes y normas, los artículos primero y cuarto constitucionales; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Norma Oficial Mexicana para la prevención y control del VIH-sida.
Pues bien, el pasado 20 de enero del presente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejercito y la Fuerza Aérea Mexicana en el que en sus artículos 18, 20 y 21 determina que para el ingreso de nuevos conscriptos será obligatorio se les aplique la prueba del VIH, el cual permitirá "saber si se encuentran sanos y útiles". Dicho reglamento contraviene todas las normas nacionales e internacionales contra la discriminación referidas.
Asimismo, tras una reunión celebrada en Los Pinos, entre quienes participaron Conasida, Conapred el ISSFAM y la Sedena, el Presidente de la República los instruyó a integrar un grupo de trabajo que tiene por objetivo determinar implicaciones y posibles soluciones a esta problemática. Sin embargo, cinco meses después de esta instrucción, como en otras tantas ocasiones, más que un compromiso, parece una burla, pues hasta la fecha no se ha dado cumplimiento.
Por los motivos anteriormente expuestos, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Se solicita al titular del Ejecutivo federal revisar el Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y eliminar de éste las disposiciones que contravienen a la Constitución, a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la NOM para la Prevención y Control del VIH-sida y a los tratados internacionales sobre la materia firmados por México.
Segundo.- Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instalar, a través de la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, la Sedena y el ISSFAM, una mesa de trabajo para analizar y determinar las medidas que eviten la discriminación de los seropositivos y enfermos de sida en las fuerzas armadas.
Tercero.- Se exhorta a esta soberanía a revisar la Ley del ISSFAM para hacerla congruente con el resto de la legislación nacional en materia de discriminación.
Dip. Rafael García Tinajero
Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA CFE A SUBSANAR LOS PERJUICIOS QUE PRESUNTAMENTE HA CAUSADO LA PLANTA GEOTERMOELÉCTRICA CERRO PRIETO, POR EMISIÓN DE ELEMENTOS TÓXICOS, A LAS TIERRAS DE CULTIVO Y A LA SALUD DE LOS RESIDENTES DEL VALLE DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A CARGO DEL DIPUTADO HIDALGO CONTRERAS COVARRUBIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 58 de su Reglamento para el Gobierno Interior, el suscrito, diputado federal Hidalgo Contreras Covarrubias, del Partido Acción Nacional, presenta al Pleno de la honorable Cámara de Diputados punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad a subsanar los perjuicios que, por concepto de emisión de elementos químicos tóxicos de la planta Geotermoeléctrica Cerro Prieto, situada en el valle de Mexicali, Baja California, en donde se presume que han contaminado las tierras de cultivo de los productores y deteriorado la salud de los residentes, de acuerdo con la siguiente
Exposición de Motivos
La Comisión Federal de Electricidad tiene instalada una planta generadora de energía eléctrica en la zona rural del municipio de Mexicali, Baja California, a cual suministra el servicio al mismo, incluso genera energía de exportación cuando ha sido necesario.
La geotermoeléctrica Cerro Prieto es una planta independiente de producción separada de la red central de suministro de la CFE, ubicada en tierras dedicadas a la agricultura y propicias para la generación de energía por el calor contenido en el subsuelo, estas condiciones hacen posible la producción de electricidad en gran cantidad.
Si bien es cierto que las actividades de la Comisión Federal de Electricidad son estratégicas para el desarrollo industrial, económico y social del Municipio de Mexicali, hemos detectado que algunas de ellas afectan directamente perjudicando a residentes vecinos de dicha planta.
Desde hace varios años, productores agrícolas de ejidos cercanos a dicha empresa pública, han manifestado señalamientos de que sus cosechas han venido a la baja por el reducido rendimiento que se ha presentado en cada ciclo de cultivo.
Al acudir al asesoramiento de los especialistas en esta materia, han concluido que los suelos han sufrido afectaciones por la presencia de elementos químicos contaminantes que han provocado el deterioro de la calidad de la tierra haciéndola cada vez menos productivas y perjudicando el ingreso de las familias dedicadas toda su vida a la agricultura.
Buscando los motivos de este fenómeno contrario a los intereses de los ciudadanos de esta zona, se encontró que la geotermoeléctrica cerro Prieto en sus actividades diarias de producción, emite elementos químicos tóxicos como litio, cadmio, arsénico, ácido sulfhídrico, boro y amoniaco, suficientes para evitar que las tierras produzcan normalmente.
Esta información ha obligado a estos productores a buscar una solución a su calamidad acudiendo a distintas dependencias para recibir la ayuda correspondiente y a la que tienen derecho.
Asimismo, se presume que algunos residentes han manifestado enfermedades respiratorias que son imputadas a las emisiones químicas de la planta, lo que es grave desde el punto de vista medico y legal por tener un alto grado de responsabilidad por parte de la paraestatal en caso de ser verídico.
Consideramos urgente que las dependencias involucradas emitan un diagnóstico o estudio real de esta situación y se proporcionen públicamente los resultados con el fin de aplicar una solución efectiva a la brevedad posible, creemos justo que la CFE deba cumplir su obligación de mantener el equilibrio ecológico y preservar la salud de los ciudadanos.
Es paradójico que una empresa pública, propiedad de los mexicanos, se niegue a escuchar un reclamo justo de ciudadanos quienes le expresan la necesidad de que se les consideren tarifas eléctricas acordes con las temperaturas más altas del país en este municipio y que, por otro lado, después de explotarlos de esa manera, les echen a perder sus tierras y deterioren su salud.
Por tal motivo, se pone a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a tomar medidas necesarias para evitar la emisión de elementos químicos tóxicos y a resarcir, si fuere el caso, el daño causado a las tierras de producción agrícolas por contaminación de dichos químicos.
Segundo. Se solicita a la Secretaría de Salud la emisión de un diagnóstico sobre la afectación que puedan provocar en el ser humano los elementos químicos emitidos por la geotermoeléctrica Cerro Prieto tales como el litio, cadmio, arsénico, acido sulfhídrico, boro, amoniaco y sílice residual que se encuentra en depósitos a cielo abierto.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a investigar los posibles efectos que esta planta geotermoeléctrica genera al valle de Mexicali.
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, a 17 de febrero de 2005.
Dip. Hidalgo Contreras Covarrubias
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A EXPEDIR DE MANERA URGENTE EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, A CARGO DEL DIPUTADO PASCUAL SIGALA PÁEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
México tiene una gran diversidad genética; considerada entre las mayores del mundo, lo que es una ventaja comparativa de gran valor, pero no se ha podido aprovechar al máximo. El desarrollo de este potencial serviría como una fuente importante de ingresos para el sector forestal.
Las zonas forestales de nuestro país, representan un activo importante para su desarrollo, las actividades forestales son fuente potencial de empleos a través de la silvicultura y las manufacturas; su papel es esencial en la disposición de agua limpia y la reducción de riesgos por sequía, inundaciones y avalanchas.
Los bosques y selvas en el país cubren más de 55 millones de hectáreas, de las cuales 80% de la superficie forestal es propiedad ejidal y comunal y el 15% propiedad privada y del Estado.
De la superficie total de bosques con que cuenta el país, 22 millones de hectáreas tienen potencial comercial.
Además en las zonas áridas se concentra el 32% de la producción nacional de recursos forestales no maderables.
La industria forestal es una fuente importante de empleo e ingreso en las zonas rurales y su potencial está lejos de ser aprovechado plenamente.
Por todas estas y otras razones es de resaltarse la importancia de La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la cuál después de un amplio proceso de consulta a los sectores involucrados y bajo un firme compromiso por obtener un ordenamiento jurídico que fomentará la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como de establecer la distribución de las competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable, se aprobó por el Poder Legislativo y se publicó finalmente en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de febrero del 2003.
La Ley General de Desarrollo Forestal sustentable establece en su artículo noveno transitorio, que el Reglamento de esta Ley y las disposiciones relativas a la operación de las Promotorías de Desarrollo Forestal, así como de sistemas y esquemas de ventanilla única a que se refiere la misma, debe expedirse en un término que no excediera a los nueve meses contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
De lo anterior, se desprende que el Ejecutivo federal debió ejercer la facultad contenida en la fracción del artículo 89 constitucional para expedir el Reglamento de la Ley en comento a más tardar el mes de noviembre del 2003, sin embargo hasta el día de hoy no lo ha emitido aún y cuando a iniciativa de los productores forestales y de un servidor, se han convocado a innumerables foros de discusión sobre dicho reglamento en el cual se escucharon las propuestas de los actores involucrados, mismas que fueron enviadas a la Comisión Nacional Forestal, con el fin de aportar insumos para la creación del Reglamento.
Compañeras y compañeros, el incumplimiento del Ejecutivo federal para expedir el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, impide que sea aplicada cabalmente y que al amparo de esta carencia se esté actuando de manera incorrecta e ilegal por parte de la propia Conafor, al momento de la implementación de procedimientos que la Ley establece pero que el Reglamento debiera especificar.
La protección al medio ambiente es una obligación del Estado, el Poder Legislativo ha cumplido al aprobar una ley que amparara el sector forestal de nuestro país, es ahora obligación del Ejecutivo emitir de manera urgente el reglamento de la ley en la materia.
No puede, ni debe dársele menor importancia, ya que de no contar con él, todo el trabajo realizado por productores, ciudadanos y diputados será totalmente inoficioso.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único: Con fundamento en los artículos 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el noveno transitorio de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que de manera urgente expida el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Dado en el Salón de Sesiones el 17 de febrero del 2005.
Dip. Pascual Sigala Páez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA QUE INCLUYA EL MUNICIPIO DE TETLA, TLAXCALA, EN LA ZONA DE COBERTURA DEL PROGRAMA MARCHA HACIA EL SUR, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN BÁRCENAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito Juan Bárcenas González, diputado federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, establece entre sus principales lineamientos la promoción del desarrollo regional equilibrado, la búsqueda por la equidad de género y la inclusión de los jóvenes al desarrollo, a partir de la generación de empleos permanentes y de calidad.
El instrumento por excelencia con que el Estado mexicano cuenta para lograr éstos y otros objetivos, es el Presupuesto de Egresos de la Federación; mismo que en el año 2004, integró el Programa Marcha Hacia el Sur, radicado en el Ramo 10 de la Secretaría de Economía, con 100 millones de pesos como gasto de inversión física; y para el año 2005 se están analizando las alternativas para asegurar su continuidad.
El estado de Tlaxcala, ha venido superando en las últimas décadas un rezago socioeconómico ancestral, fundamentalmente gracias al esfuerzo de los tlaxcaltecas pero también al apoyo de los recursos económicos federales.
El año pasado el Ejecutivo Federal instruyó a la Secretaría de Economía para incluir a Tlaxcala en el Programa Marcha Hacia el Sur, atendiendo favorablemente a un exhorto de esta H. Carama de Diputados; pero acotó el beneficio a ocho municipios que son los de mayor nivel de marginación en la entidad, esto es adecuado cuando sólo se analiza la situación socioeconómica de la población de dichos municipios.
Sin embargo prevalece una situación geográfica determinante, y es que siete de los ocho municipios beneficiados con esta inclusión, se ubican en la región nororiental del estado, algunos de ellos colindan con el municipio de Tetla y otros se encuentran a menos de 25 kilómetros del mismo; esto no tendría mayor significación sino fuera porque es precisamente en el municipio de Tetla, donde se encuentra instalada una capacidad considerable de infraestructura industrial, en la que micro, pequeñas y medianas empresas ofrecen empleo a la población asentada en los municipios cercanos.
La propia delegación de Economía en la entidad se ha visto imposibilitada para tramitar solicitudes de empresas que pudieran tener un alto nivel de viabilidad para ser apoyadas por el Programa Marcha Hacia el Sur, pero que al encontrarse ubicadas físicamente en la jurisdicción del municipio de Tetla, son rechazadas.
Por las condiciones geográficas, de infraestructura industrial y de marginación socioeconómica que caracterizan a la región nororiental del estado de Tlaxcala, se hace estrictamente necesario la inclusión del municipio de Tetla, para poder aprovechar íntegramente los beneficios del Programa Marcha Hacia el Sur, puesto que la característica de polo de desarrollo industrial microregional, potencializa las posibilidades de aprovechamiento de este Programa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo
Único: Se solicita respetuosamente a la Honorable Cámara de Diputados exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaría de Economía, a fin de que ésta incluya al municipio de Tetla, perteneciente al estado de Tlaxcala dentro de la zona de cobertura del Programa Marcha Hacia el Sur, o su equivalente, una vez que se haya autorizado su presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2005.
Palacio Legislativo de San Lázaro a los diecisiete días del mes de febrero del dos mil cinco.
Dip. Juan Barcenas González
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT A REVISAR EL PROCEDIMIENTO QUE ESTÁ REALIZANDO LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL PARA DEFINIR LAS UNIDADES DE MANEJO FORESTAL Y PROMOVER LA CONSTITUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES REGIONALES DE SILVICULTORES, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE LOS APOYOS DEL PROGRAMA ESPECIAL FORESTAL, A CARGO DEL DIPUTADO PASCUAL SIGALA PÁEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable define a las Unidades de Manejo Forestal como territorios cuyas condiciones físicas, ambientales, sociales y económicas guardan cierta similitud para fines de ordenación, manejo forestal sustentable y conservación de los recursos.
Asimismo establece que la Comisión Nacional Forestal, en coordinación con las entidades federativas, delimitaran las Unidades de Manejo Forestal, tomando como base preferentemente las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrológico-forestales, con el propósito de lograr una ordenación forestal sustentable, una planeación ordenada de las actividades forestales y el manejo eficiente de los recursos forestales.
Este ordenamiento, señala que la Comisión y los gobiernos de las entidades federativas, deberán promover la organización de los titulares de aprovechamientos forestales, cuyos terrenos estén ubicados dentro una unidad de manejo forestal.
Ante esta soberanía han acudido diversas organizaciones de productores forestales solicitando la intervención de la Subcomisión Forestal de la Comisión de Desarrollo Rural Sustentable de esta LIX Legislatura, de la cual soy Presidente, para conocer sobre la legalidad del procedimiento que está realizando la Comisión Nacional Forestal para definir las Unidades de Manejo Forestal y promover la constitución de organizaciones regionales de silvicultores ligadas a las mismas.
Lo anterior debido a que se ha excedido en un año el plazo que establece la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para que esté publicado su Reglamento, en consecuencia no está establecido el procedimiento para definir dichas Unidades de Manejo Forestal ni tampoco de manera específica cuál seria su utilidad, sus funciones y atribuciones.
Aunado a lo anterior es importante señalar que la Comisión Nacional Forestal ha iniciado la promoción de organizaciones regionales únicas de silvicultores dentro del ámbito territorial de las Unidades de Manejo Forestal, sin estar definido el procedimiento para definir dichas unidades, utilizando parte de los recursos del Programa Especial Forestal aprobado en el Presupuesto de Egresos 2004 por esta Cámara de Diputados, sin contar con un reglamento que defina si la Conafor debe intervenir en la constitución de organizaciones únicas o sólo debe promover la organización que los propios productores decidan por lo que no queda claro cuál va a ser el objetivo de estas organizaciones promovidas de manera acelerada con la promesa de que a través de ellas se van a asignar de manera preferente los subsidios de los diferentes programas gubernamentales.
Tal y como fue señalado con anterioridad, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable le confiere a la Comisión Nacional Forestal la facultad de promover la organización de los productores forestales del país bajo los lineamientos que el propio reglamento estipule y a falta de éste, por consiguiente no se cuenta con los procedimientos y mecanismos para promover dicha organización y la intervención de la dependencia en la conformación de organizaciones regionales únicas no está fundada y motivada como deben estar todos los actos de autoridad.
Por lo que, la manera discrecional con la que se esta interpretado la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; trae como consecuencia el riesgo de que sólo por estar en el territorio de una Unidad de Manejo Forestal los productores tengan que afiliarse a una organización regional única para tener acceso a los recursos de los programas federales.
Esta situación colocaría a los productores forestales en una disyuntiva, al tener que asociarse de manera impositiva a alguna organización violentando de manera flagrante lo que estipula el artículo noveno constitucional.
Por otra parte, el espíritu del Programa Especial Forestal aprobado por esta soberanía tiene como fin el fortalecer la organización de los productores ya existentes y fomentarla donde no exista, pero no para conformar organizaciones regionales únicas a las que tengan que afiliarse de manera forzosa todos los productores, que es el sentido que se le está dando actualmente al programa el cual ha sido reetiquetado por la Conafor como Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento de la Autogestión Silvícola.
Por lo que es necesario que la Comisión Nacional Forestal suspenda el proceso de constitución de Unidades de Manejo Forestal y de organizaciones regionales de silvicultores hasta que no se publique el Reglamento correspondiente, con el cual se deberá establecer un proceso amplio, participativo y plural para constituir las Unidades de Manejo así como la difusión de cuál es su utilidad, funciones y atribuciones permitiendo que los productores que estén dentro de estas demarcaciones territoriales decidan libremente y sin presiones si requieren constituir una organización regional o si deciden no hacerlo, garantizar que no recibirán un trato diferente en el acceso a los programas de subsidios del gobierno federal.
Considerando las razones planteadas y tomando en cuenta que como he señalado reiteradamente en esta tribuna, el Ejecutivo federal no ha cumplido con su obligación de publicar el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y a más de un año de retraso aún no se cuenta con dicho ordenamiento es necesario poner atención a esta irregularidad en materia forestal.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente:
Punto de aAuerdo
Único: Se exhorta a la Semarnat como coordinadora del sector a que revise el procedimiento que está realizando la Comisión Nacional Forestal para definir las Unidades de Manejo Forestal y promover la constitución de las organizaciones regionales de silvicultores, así como la aplicación de los apoyos del Programa Especial Forestal, ya que aún no se cuenta con el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para realizar dichas actividades.
Dado en el Salón de Sesiones, el 17 de febrero del 2005.
Dip. Pascual Sigala Páez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE TRANSPORTES DE ESTA SOBERANÍA A CREAR UNA SUBCOMISIÓN O GRUPO DE TRABAJO QUE INVESTIGUE E INFORME ACERCA DEL DERRUMBE DEL PUENTE SAN CRISTÓBAL, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, A CARGO DE LA DIPUTADA JANETTE OVANDO REAZOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
De conformidad con lo establecido tanto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos como en los numerales 58 y 59 de su Reglamento para el Gobierno Interior, así como el 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, diputada federal Janette Ovando Reazola del Partido Acción Nacional, presenta ante este pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente punto de acuerdo, para crear una subcomisión o un grupo de trabajo de la Comisión de Transportes con el objeto de investigar e informar a esta soberanía acerca del derrumbe del puente San Cristóbal, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
El 23 de diciembre de 2003 fue inaugurado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el puente Chiapas, como parte del objetivo de avanzar en la modernización y optimización de la red básica de carreteras del estado de Chiapas y, en general, del sureste mexicano.
El puente Chiapas ubicado sobre la presa "Nezahualcóyotl" de la carretera las Choapas-Ocozocoautla, forma parte del corredor Puebla-Progreso ramal a Tuxtla, Gutiérrez denominado también circuito transístmico, con lo que se pretendía ahorrar 2.30 horas en el recorrido de Tuxtla Gutiérrez a la Ciudad de México, permitiendo dar fluidez al tránsito de corto y largo itinerario con destino a la capital del estado de Chiapas y Centroamérica, comunicando a la capital de dicho estado con Veracruz y Tabasco, atravesando los municipios de Berriozábal, Ocozocoautla y Tecpatan.
Sin embargo, estos propósitos has sido truncados al presentarse un derrumbe de 90 metros del puente San Cristóbal, que completaría la supercarretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas, en el cual se han invertido hasta el momento alrededor de 1,600 millones de pesos sin poder concluirse.
El colapso de esta obra representa un fuerte problema para la población que vive en los alrededores; sin embargo, a pesar de que la comunidad chiapaneca ha manifestado su preocupación y deseo por solucionar esta problemática, no se aprecian hasta el momento respuestas contundentes que permitan visualizar una solución concreta.
Consideramos que esta obra es una importante alternativa para contribuir con el desarrollo económico de la región chiapaneca, por ello, la importancia de subir a esta alta tribuna a hacer el presente exhorto.
Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional considera que es prioritario agilizar las acciones necesarias para esclarecer los hechos relacionados con el derrumbe del puente en comento y en su caso fincar responsabilidades a que haya lugar.
Compañeras y compañeros diputados, Acción Nacional reitera su preocupación y compromiso con el estado de Chiapas, y por tales motivos, propone el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Es tiempo de atender las necesidades urgentes de la población de Chiapas y atender con transparencia y oportunidad hechos como el aquí expuesto.
Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto tanto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos como por el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a esta asamblea, que la Junta de Coordinación Política cree una Subcomisión o un Grupo de Trabajo de la Comisión de Transportes con el objeto de investigar e informar a esta Cámara del H. Congreso de la Unión, acerca del derrumbe del puente San Cristóbal, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas y que ésta presente, a la brevedad, el informe correspondiente.
Segundo. Se solicita a la Comisión de Transportes que haga una invitación extensiva a los Diputados Federales provenientes del estado de Chiapas, para que formen parte de la Subcomisión o Grupo de Trabajo que se integre.
Tercero. Dicha Subcomisión o Grupo de Trabajo dará por concluidos sus trabajos, una vez que se haya solucionado cabalmente la problemática expuesta en el presente Punto de Acuerdo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecisiete días del mes de febrero de 2005.
Dip. Janette Ovando Reazola (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL QUE CAMBIE, POR CONDUCTO DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, EL NOMBRE DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 3, SITUADO EN MATAMOROS, TAMAULIPAS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ JULIÁN SACRAMENTO GARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, José Julián Sacramento Garza, en su calidad de diputado federal en la LXI Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se permite presentar proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Hoy día, uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el gobierno mexicano en sus tres niveles, es sin duda la conservación de la seguridad pública.
En los últimos cuatro años, el gobierno federal ha intensificado su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Prueba de ello es que de finales del 2000, al 2004, se han detenido a más de 31 mil personas vinculadas a organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico, entre líderes, financieros, lugartenientes, sicarios y distribuidores, mismos que hoy se encuentran en prisión. Ello nos conmina a seguir por los cauces institucionales que en esta materia ha marcado la presente administración.
Por ello, Acción Nacional respalda el esfuerzo y el compromiso realizado por el presidente Vicente Fox para garantizar la seguridad de los mexicanos y el respeto al Estado de Derecho, con la presentación ante el Senado de la República, de una importante iniciativa de reformas constitucionales y a diversos ordenamientos legales, en materia de seguridad pública y justicia penal, que pretende replantear de manera integral, las bases y esquemas sobre los que descansa el sistema de seguridad pública y justicia en el país, partiendo de una visión amplia de la seguridad pública, que incluya todas aquellas medidas relativas al funcionamiento del sistema de control y enjuiciamiento penal; prevención y represión del delito; estructuración de las instituciones de procuración y administración de justicia; así como en el caso particular, el replanteamiento del sistema de ejecución de sanciones penales, como componente esencial de nuestro sistema penitenciario, a través de la implementación de la figura del juez de ejecución de sanciones penales, encargado de vigilar el cumplimiento de las sanciones impuestas, así como de conocer y resolver las controversias que se generen entre la autoridad penitenciaria y los sentenciados.
En este sentido, es nuestro deber como legisladores, asumir el compromiso sobre la relevancia del tema de seguridad pública; es nuestra responsabilidad de atenderlo y darle solución, a través del diálogo, de acuerdos y acciones concertadas y concretas que se traduzcan en respuestas en beneficio de todos los mexicanos, no de partido o grupo político específico.
Sobre este tema, en las últimas semanas la ola de ejecuciones presuntamente ligadas al crimen organizado en diversos estados del norte del país, principalmente en Tamaulipas, ha originado que la cifra de homicidios violentos sea de 36 en lo que va del presente año. En estas ejecuciones, han estado supuestamente involucrados, narcotraficantes presos en los principales penales federales.
Por ello, el Gobierno Federal dio una enérgica respuesta, como nunca se había visto, ordenando el traslado de diversos capos y reos de alta peligrosidad del penal de La Palma, al de Puente Grande, Jalisco y al de Matamoros. Estos traslados se han acompañado de las revisiones físicas de todos los espacios de los Ceferesos y, con la rotación, despido en algunos casos y renuncia en otros, de los mandos administrativos de estos penales y, de las aéreas de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, encargadas de la readaptación social, del manejo y control de los Ceresos federales.
En las últimas semanas, los principales medios de comunicación, noticiarios de televisión y de radio, así como los periódicos del país y a nivel internacional, fueron ocupados para transmitir la ejecución de seis trabajadores del Cefereso número 3, denominado "Matamoros", por encontrarse aproximadamente a 17 kilómetros del municipio de Matamoros, Tamaulipas, lo que ha originado que la ciudad se vea lesionada en su buena imagen y nombre, tanto en el país como en el mundo, ya que este hecho suscitado en el penal federal número 3, se ha asociado con inseguridad en la ciudad y en el estado.
En ese sentido, resulta innegable el impacto negativo que sobre la ciudad de Matamoros ha generado la denominación atribuida al Cefereso número 3, ya que por virtud de ello, todo acontecimiento suscitado en el referido centro federal de readaptación social, repercute directamente en la imagen y percepción ciudadana de esta importante ciudad ubicada en el noreste del país, al grado de llegar a estigmatizar a esta ciudad como una localidad con desmedidos índices de violencia e inseguridad, en detrimento directo de sus habitantes, que viven de manera honesta.
Asimismo, debido a que la ciudad de Matamoros constituye un destino turístico importante por encontrarse en la frontera con Estados Unidos, ante la percepción ciudadana de inseguridad en esta ciudad, no sólo en este ramo se ve afectada esta localidad, sino también en el comercio y en las inversiones que en su mayoría provienen del extranjero, al encontrarse una gran cantidad de maquiladoras en el municipio.
Por ello, a través de la presente proposición con punto de acuerdo, se propone solicitar de manera respetuosa al Ejecutivo federal para que a través de las instancias federales correspondientes, se analice y estudie la posibilidad de cambiar el nombre del Centro Federal de Readaptación Social número 3, situado en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, a efecto de retirar la denominación relativa a esta localidad, para de esta manera atenuar la percepción mediática que infortunadamente se puede llegar a tener respecto a esta ciudad, cada vez que sucede algo en el penal federal anteriormente referido.
La solicitud de cambiar el nombre del Centro Federal de Readaptación Social número 3 tiene como antecedente que el Cefereso número 1 situado en el municipio de Almoloya de Juárez, México, era conocido como "Almoloya" y, a petición de los residentes de esa población, fue cambiado el nombre por el de La Palma.
Los matamorenses no queremos que sí en el futuro, el Cefereso número 3 es escenario nuevamente de hechos violentos, se siga relacionando con nuestra ciudad y, esta tenga una imagen de violenta. Queremos dejar muy en claro que Matamoros, no solo es un Centro Federal de Readaptación Social.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al Ejecutivo federal que, a través de las instancias federales correspondientes, se analice y estudie la posibilidad de cambiar el nombre del Centro Federal de Readaptación Social número 3, situado en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, eliminándose en consecuencia en la nueva denominación toda referencia que verse sobre la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.
Palacio Legislativo, a 17 de febrero de 2005.
Dip. José Julián Sacramento
Garza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO INFORMAR SOBRE LOS LAMENTABLES HOMICIDIOS DE MUJERES EN LA ENTIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO RUBÉN MAXIMILIANO ALEXANDER RÁBAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
EL suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La violencia es el daño causado a un ser humano, la cual puede provocarle sufrimiento físico, el tormento moral o psíquico y, en un caso extremo, la muerte.
La violencia de género es un acto que rompe con todo orden público, lacerando la armonía existente en la sociedad y perjudicando un sector que por determinadas características sufre ataques, por un ser que se encuentra psicológicamente fuera de la vida en sociedad.
El homicidio es la privación de la vida a otro individuo, es a su vez el nivel más alto de violencia; mismo que es repudiado y rechazado por toda sociedad, el cual debe ser erradicado de todo Estado.
Con asombro e indignación, en las últimas semanas, conocimos el resultado de una investigación realizada de forma oportuna, responsable y objetiva por la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos, AC, en la cual, lamentablemente, nos dimos cuenta que Ciudad Juárez no es la única entidad en la que mueren mujeres víctimas de un homicidio violento, ya que el estado de México ha mostrado tasas superiores a la media nacional, la cual es del 3.25 de cada 100 mil mujeres mientras que la entidad mexiquense alcanza el 7.45.
Este es un asunto que nos incumbe a todos los mexicanos, que nos indigna a los mexiquenses, así como le ha indignado a los habitantes de otras entidades de la República. Particularmente el estado México que ocupa el triste primer lugar en muertes violentas de mujeres en la República.
Es importante destacar que tan solo en el periodo de tiempo de los años 1985 a 2003, la tasa que presenta el estado de México es 130% superior a la media nacional, cifra que debe orientar la atención de las autoridades locales, las cuales deberán tener a la fecha establecidas medidas y acciones que eliminen este ataque en contra de las mujeres mexiquenses.
No podemos dejar pasar más tiempo, por el contrario, debemos involucrarnos en el estudio del tema y acabar con situaciones tan lamentables que indignan a nuestro país y, en particular, a los ciudadanos del estado de México, sobre todo por lo mostrado en los municipios ya que, en el 89% de sus 125 municipios, las tasas de asesinatos de mujeres son superiores a la media nacional. Cabe destacar que el estado de México es la séptima entidad del país con el mayor número de violaciones cometidas contra las mujeres.
Porque no podemos permitir que esto siga sucediendo, debemos conocer de las acciones del gobernador del estado de México y los resultados logrados por la administración que encabeza, asimismo, debemos involucrarnos para no permitir más asesinatos de mujeres, y no continuar con más datos desalentadores como los que nos muestra el estudio realizados por la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos, AC, con auspicios del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), asesoría técnica del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC, así como datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas e Interpol.
Pretendemos que esta exposición sea un llamado a las autoridades mexiquenses a unir esfuerzos para combatir este terrible ilícito. Es necesario rescatar del silencio la violencia que padecen las mujeres mexiquenses.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Esta H. Cámara de Diputados solicita respetuosamente al gobernador del estado de México informe sobre las acciones realizadas para combatir los homicidios violentos en agravio de las mujeres en la entidad, y en su caso de los resultados alcanzados a través de estos mecanismos.
Segundo. Que esta H. Cámara de Diputados forme una subcomisión, la cual conozca y estudie los asesinatos violentos de mujeres en el estado de México, misma que ha de ser dependiente de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada.
Tercero. Se considere de obvia y urgente resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 17 de febrero de 2004.
Dip. Rubén Maximiliano Alexander
Rábago (rúbrica)
De conformidad a los artículos 21, fracción XVI, 87 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Pedro Ávila Nevárez, solicito a esta H. Presidencia se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que presente el dictamen a la iniciativa que reforma el artículo 28 constitucional presentada por su servidor, el día 16 de noviembre de 2004 por las siguientes
Consideraciones
El día 16 de noviembre presenté a esta H. soberanía una iniciativa que reforma el artículo 28 constitucional con el objeto de facultar al Estado mexicano a proveer, sin costo alguno, gas natural o licuado de petróleo a la población mexicana en extrema pobreza.
Creo fundamental esta reforma ya que el Estado es el administrador de las riquezas de la nación, que son de todos los mexicanos. Al permitir y beneficiar a los mexicanos en extrema pobreza, cumpliríamos el principio constitucional del artículo 27 donde se faculta al Estado a regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública.
Por otro lado, los índices de extrema pobreza se pueden usar para definir con claridad a quienes beneficiaría esta reforma, ya que existe la formula para medir quienes están en extrema pobreza.
Por ultimo, basta decir que esta iniciativa tiene ya más de 3 meses de presentada, por lo que se agotó el plazo justificado por el propio Reglamento.
Por lo anterior, solicito a esta Presidencia, de conformidad a los artículo 21, fracción XVI, 87 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:
Único: Se excite a la Comisión de Puntos Constitucionales a dictaminar la reforma del artículo 28 constitucional presentada, seguro que será a favor del pueblo de México.
Dip. Pedro Ávila Nevárez
(rúbrica)
A LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL, A SOLICITUD DEL DIPUTADO ROBERTO COLÍN GAMBOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Roberto Colín Gamboa, integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, por este conducto respetuosamente solicita a la Presidencia de la honorable Cámara de Diputados que tenga a bien formular una segunda excitativa a la Comisión del Distrito Federal, a fin de que presente ante el Pleno de esta soberanía el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de dotar de personalidad jurídica, patrimonio propio y cambio de denominación a las actualmente llamadas delegaciones del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha 15 de abril del año en curso presenté, ante el pleno de esta Cámara de Diputados, una iniciativa mediante la cual se pretende dotar de patrimonio propio, personalidad jurídica y cambio de denominación a las Delegaciones del Distrito Federal, misma que fue turnada a la Comisión del Distrito Federal.
2. El dictamen aprobatorio de dicha iniciativa fue presentado en sesión ordinaria de la Comisión del Distrito Federal el 6 de mayo, con la firma de 21 diputados integrantes de la Comisión.
3. El pasado 26 de octubre, la Presidencia de la Mesa Directiva envió una excitativa a la Comisión del Distrito Federal a fin de que presentara, el dictamen de la iniciativa en comento, ante el pleno de la Cámara sin obtener respuesta.
4. Hasta hoy, el Presidente de la Comisión del Distrito Federal, continúa sin presentar el dictamen al pleno de la Cámara para su ratificación, ni tampoco ha solicitado a la Mesa Directiva de la Cámara su inclusión en el orden del día para su discusión en el Pleno.
Consideraciones
1. Como lo señala el documento dictaminador, es urgente dotar de nuevos mecanismos al Distrito Federal a fin de dar transparencia y certeza a las acciones de gobierno que llevan a cabo las hoy llamadas Delegaciones del Distrito Federal.
2. Las reformas y adiciones que se proponen en el dictamen de la Iniciativa de reforma y adición al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal a fin de dotarles de personalidad jurídica y patrimonio propios, además del cambio de denominación, son respuesta de solicitudes planteadas por los Delegados Políticos en las diversas comparecencias que han tenido ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Es importante dotar a la propia Asamblea Legislativa de mayores facultades para que puedan fiscalizar la operación y manejo de recursos de las delegaciones.
3. La rendición de cuentas de los delegados queda muy limitada debido a la falta de responsabilidad directa en el manejo de recursos económicos y programas por la falta de definición de todas y cada una de las actividades que realizan diariamente.
4. La reforma administrativa del Distrito Federal no puede seguir esperando. Es fundamental la aprobación de este dictamen para dar inicio al proceso de municipalización de la Ciudad de México, en tanto se aprueba la reforma política del Distrito Federal.
Conclusiones
Es urgente la discusión en el Pleno de la reforma en comento, y que la Comisión del Distrito Federal atienda los llamados que, por los cauces legales, le ha exhortado la Mesa Directiva de esta Cámara.
En razón de lo anterior y, en virtud de que ha transcurrido en exceso el término establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, habiéndose cumplido con lo preceptuado por el artículo 88 del propio Reglamento, considero oportuno que se proceda a enviar una Segunda Excitativa en los términos reglamentarios, a la Comisión del Distrito Federal, con la finalidad de que presente el dictamen ante el Pleno de esta H. Cámara de Diputados con la mayor brevedad.
Por todo lo anteriormente expuesto, a usted, C. Presidente de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, atentamente solicito instruya lo conducente a fin de que
Único. En los términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión del Distrito Federal a fin de que turne a la brevedad, ante el pleno de la Cámara, el dictamen aprobatorio, firmado por integrantes de la Comisión, de la iniciativa de reforma y adición al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal cuya Iniciativa se presentó el 15 de abril del presente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2005.
Dip. Roberto Colín Gamboa (rúbrica)
A LA COMISION DE GOBERNACIÓN, A SOLICITUD DE LA DIPUTADA NORMA PATRICIA SAUCEDO MORENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, Norma Patricia Saucedo Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo decimoquinto del Acuerdo Parlamentario Relativo al Orden del Día de las Sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicito a esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Gobernación, a fin de que elaboren el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma los artículos 69 y 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de participación infantil y juvenil, lo cual responde a las siguientes
Consideraciones
En sesión ordinaria de fecha 30 de marzo de 2004, la suscrita diputada federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presenté iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma los artículos 69 y 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, turnándose en esa misma fecha a la Comisión de Gobernación de este órgano Legislativo.
Iniciativa que responde al interés que mi partido ha tenido a lo largo de su historia, en la búsqueda de formar desde su niñez ciudadanos con altos valores éticos, cívicos y de convicción democrática, con visión firme y decidida de participación ciudadana.
A mayor abundamiento, hoy en día la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 4º, prevé como garantía, que "Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral", correspondiendo precisamente a sus ascendientes tutores y custodios, el deber de preservar esos derechos y al Estado de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. Parte importante del desarrollo integral de la niñez y juventud mexicana es la formación cívico-democrática.
De igual forma, a nivel mundial este tema ha tomado especial relevancia por lo que la Convención sobre los Derechos del Niños en vigor desde septiembre de 1990, dicta que a los niños se les debe garantizar las condiciones para formarse un juicio propio y otorgarles la libertad de expresión, de pensamiento y de conciencia, valores que sin duda alguna enmarcan la visión participativa y democrática de una nación.
En ese mismo tenor, la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes vigente a partir de mayo del 2000 en el Capítulo XIII, otorga a los niños y adolescentes derechos como los de expresar libremente su opinión, ejercer sus capacidades de análisis y crítica y el derecho a recibir información. Lo que muestra la preocupación de la clase política nacional de estar a la vanguardia y en la misma sintonía con respecto al resto de las naciones democráticas del mundo.
Los integrantes de esta LIX Legislatura, nos encontramos ante la imperiosa necesidad de dar pasos firmes en la búsqueda de la formación de una educación cívica y una cultura democrática en las niñas, niños y jóvenes de este país, quienes mañana serán los ciudadanos que tomen en sus manos el rumbo de esta gran nación.
Por ello los ejercicios de participación y expresión cívica para la población infantil y juvenil, deben coadyuvar en formación de un hábito que permita que estos grupos de población ejerzan sus derechos, conozcan y pongan en práctica procedimientos democráticos, reflexionen respecto de su entorno, desplieguen su juicio crítico, aprendan a formular propuestas de solución a problemas de interés público, desarrollen un sentido de corresponsabilidad y por ello, asuman un compromiso definitivo en el ejercicio de su prerrogativa ciudadana a que hace referencia el artículo 39 de nuestra ley suprema.
La apuesta debe ser a favor del capital humano, de hoy, de mañana, a ese respecto, Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas atinadamente señala que "solamente conseguiremos cambiar el mundo con los niños y solamente podremos construir un mundo apropiado para ellos si los gobiernos cumplen con la promesa de escuchar a los niños y los jóvenes cuando expresen sus opiniones en voz alta y clara". Nuestra obligación es asegurar la participación plena de los niños y jóvenes en la construcción un futuro mejor. Argumentos que han dado vida y sustento a la filosofía humanista del instituto político al que represento.
Desde su fundación, Acción Nacional ha contribuido a la formación y edificación de la cultura y la institucionalidad democrática en nuestro país, mediante la presencia consiente y sistemática en el debate político, con la elaboración de piezas legislativas como la que motiva la presente excitativa, que estimulan la participación ciudadana en las decisiones del Estado y la insistencia paciente y vertical en la vía electoral.
Los ciudadanos deben tener acceso al conocimiento cívico, político y económico necesario para el uso apropiado de los instrumentos y las instituciones que la democracia pone a su alcance. Hábitos que los nuevos ciudadanos deben adquirir desde su infancia.
Los panistas somos una vigorosa expresión de la sociedad civil y por ello hemos de continuar, como siempre, propuestas humanistas, no dejaremos de apostarle al capital humano, en especial a los niños y jóvenes, a los que nunca les falten motivos espirituales para asumir responsabilidades democráticas en beneficio de la nación. En el México actual hay suficientes razones para alimentar la esperanza.
La democracia, como sistema de vida y de gobierno, se funda en la igualdad de todos los seres humanos, condición esencial para responsabilizar a las personas del cuidado y procuración del bien común.
Para transformar el gran abstencionismo en las elecciones democráticas de nuestro país, en participación ciudadana, es importante inducir por las vías institucionales a que la infancia participe, nuestra obligación es estimular el interés por los asuntos públicos y entusiasmar a la participación libre y ordenada.
De lo dicho se desprende que resulta conveniente e impostergable, la inclusión en la Ley Electoral federal, que sea obligatorio realizar en cada elección federal la consulta cívico-política infantil y juvenil.
Reflexiones que me permito puntualizar para su dictaminación favorable.
Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de que el plazo estipulado en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ha fenecido, solicito a esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Gobernación, a fin de que elaboren el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma los artículos 69 y 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de participación infantil y juvenil.
Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecisiete días del mes de febrero del año 2005.
Dip. Norma Patricia Saucedo Moreno
(rúbrica)