En voz del diputado Gonzalo Guízar Valladares:
La suscrita diputada de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, de conformidad con los antecedentes y consideraciones que a continuación se detallan:
Antecedentes
Como es de su conocimiento el pasado día 22 de diciembre del 2004, la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), derramó 5 mil barriles de hidrocarburo al cauce del río Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, ocasionando graves daños ambientales, sociales y económicos en la región. Durante las primeras horas de esta contingencia, fue indispensable evacuar de sus hogares a 1,500 personas debido al intenso olor que se percibía en el ambiente, de éstas 769 requirieron atención médica especial; 11.3 kilómetros del río resultaron afectados, de los cuales, 1 kilómetro de longitud por 2.5 metros de ancho de vegetación tipo manglar fueron dañados; 12 kilómetros de playas afectadas; impacto a 500 metros del arroyo Tepeyac y a la laguna Pajaritos; diversas especies de animales, principalmente aves y reptiles, dañados; serias afectaciones a la actividad pesquera y turística: se estima que han resultado perjudicados, en general, transportistas, comerciantes y pequeños empresarios.
No es la primera vez que afectaciones de esta naturaleza se presentan en el río Coatzacoalcos, de hecho se han convertido, en mayor o menor grado, en fenómenos más bien cotidianos. Como parte de los riesgos de convivir con Pemex, sin duda, estos lamentables accidentes han dejado una secuela de experiencias en materia de impacto ambiental y social, acumulado por varias décadas.
No sólo estamos preocupados por los recientes acontecimientos, sino también por las consecuencias futuras que tendrá el permanente impacto que ha sufrido esta cuenca y la sinergia de los mismos, es decir, la suma de las afectaciones históricas: sobre-esfuerzo pesquero, vertimiento de aguas residuales urbanas sin tratamiento, destrucción del hábitat, contaminación del agua y de la atmósfera por residuos peligrosos de tipo doméstico, por mencionar sólo algunos.
Estamos conscientes de que están en marcha el cumplimiento de las medidas de urgente aplicación y las investigaciones pertinentes de las causas del accidente, sin embargo, es indispensable sentar las bases para que contingencias de este tipo no se vuelvan a presentar e iniciar un trabajo de restauración ecológica de mediano plazo y de gestión integral de la cuenca del río Coatzacoalcos con un horizonte a 50 años. Las disposiciones legales, reglamentarias y normativas en materia ambiental lo establecen con toda claridad; habrá que garantizar la voluntad política de las partes involucradas a fin de que esto sea viable de inmediato.
Consideraciones
El artículo 78 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece que "en aquellas áreas que presenten procesos de degradación o desertificación, o graves desequilibrios ecológicos, la Secretaría (habrá que entender Semarnat) deberá formular y ejecutar programas de restauración ecológica, con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos que en ella se desarrollaban". En este sentido el artículo 78 bis del mismo ordenamiento legal define que "en aquellos casos en que se estén produciendo procesos (?) o afectaciones irreversibles a los ecosistemas o sus elementos, la Secretaría, promoverá (?) la expedición de declaratorias para el establecimiento de zonas de restauración ecológica. Para tal efecto, elaborará previamente, los estudios que las justifiquen. Las declaratorias deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, es importante resaltar que dichas declaratorias deberán incluir: la delimitación de la zona; las acciones para regenerar, recuperar o restablecer las condiciones naturales de la zona; las condiciones a que se sujetarán, dentro de la zona, los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos naturales, la flora y la fauna, así como la realización de cualquier tipo de obra o actividad; los lineamientos para la elaboración y ejecución del programa de restauración ecológica; la participación de propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales y demás personas interesadas y los plazos para la ejecución.
El artículo 79 de la LGEEPA define los criterios esenciales para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y la fauna que se encuentran en territorio nacional, en especial cuando se refiere, en su fracción I, a la preservación de la biodiversidad y del hábitat natural.
El artículo 88 de la LGEEPA, en sus cuatro fracciones indica, con toda claridad, los criterios para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos; es importante resaltar lo que dice la fracción I: "corresponde al estado y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos y del equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico".
Por su parte, el artículo 7 de la Ley de Aguas Nacionales declara de utilidad pública: "la gestión integrada de los recursos hídricos, superficiales y del subsuelo, a partir de las cuencas hidrológicas en el territorio nacional, como prioridad y asunto de seguridad nacional" y "el restablecimiento del equilibrio ecológico de los ecosistemas vitales vinculados con el agua".
El artículo 7 bis de la mencionada ley declara de interés público: "la cuenca conjuntamente con los acuíferos como la unidad territorial básica para la gestión integrada de los recursos hídricos".
Por las razones antes expuestas y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, con fundamento legal en los artículos 78, 78 bis, 79 y 88 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, declare zona de restauración ecológica la cuenca del río Coatzacoalcos, estado de Veracruz y elabore el programa de restauración ecológica correspondiente siendo este publicado, a la brevedad posible, en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo: Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que, con fundamento legal en los artículos 7 y 7 bis de la Ley de Aguas Nacionales, presente, a la brevedad posible, el plan de manejo de la gestión integral de los recursos hídricos de la cuenca del río Coatzacoalcos, estado de Veracruz.
Suscrito por los diputados integrantes de la Comisión Investigadora del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de febrero de 2005.
Diputados: Carmen Guadalupe Fonz Sáenz,
Carla Rochín Nieto, Francisco Herrera León, Pablo Pavón
Vinales, Sergio Posadas Lara, Oscar Pimentel González, Yadira Serrano
Crespo, Pablo Anaya Rivera, Carlos Rovirosa Ramírez, Gonzalo Guízar
Valladares, María Elena Orantes López, Juan F. Perdomo Bueno,
Abraham Bagdadi Estrella, Dolores Gutiérrez Zurita (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Y AL AYUNTAMIENTO DE PACHUCA DE SOTO A ESTABLECER, DE ACUERDO CON SUS FACULTADES, LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN NECESARIOS PARA PREVENIR ACCIDENTES POR PARTE DE LA COMPAÑÍA GAS SIERRA NORTE, SA DE CV, A CARGO DE LA DIPUTADA MARISOL VARGAS BÁRCENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, diputada federal de Hidalgo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito presentar a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.
En días pasados, la colonia del ISSSTE se vio amenazada por un vehículo que transportaba gas LP al quedarse sin frenos propiedad de Gas Sierra Norte SA de CV.
Según el Gobierno del estado de Hidalgo, protección civil es la acción solidaria y participativa de los diversos sectores que integran la sociedad, junto y bajo la dirección de la administración pública, en busca de la seguridad y salvaguarda de amplios núcleos de la población, donde estos son destinatarios y actores principales de esa acción ante la ocurrencia de un desastre.
El objetivo de la Dirección de Protección Civil del Gobierno del estado de Hidalgo es el salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el entorno ecológico ante la eventualidad de un desastre de origen natural o provocado por el hombre. Para garantizar el cumplimiento de su objetivo, protección civil debe aplicar, coordinar y supervisar estrategias de alerta y prevención, de auxilio y recuperación, mediante acciones de normatividad, de diseño de mecanismos operativos, de coordinación interinstitucional, de capacitación y difusión que permitan definir los mecanismos de coordinación y corresponsabilidad.
El gobernador Manuel Ángel Núñez Soto es el encargado de velar por el orden estatal en materia de protección civil a través del Consejo y Unidad Estatal de Protección Civil, tal como lo establece la ley de la materia para el estado de Hidalgo, misma que él emitió.
La aplicación de esta ley compete al Poder Ejecutivo del estado, al Sistema Estatal de Protección Civil y a los Sistemas Municipales de Protección Civil. Por tal motivo corresponde efectuar acciones para evitar el riesgo de una catástrofe a causa del olvido mecánico de los vehículos de transporte de gas LP.
Según el reglamento de gas licuado de petróleo el permisionario debe mantener en condiciones de seguridad las obras, instalaciones, vehículos, equipo y accesorios conforme a las normas oficiales mexicanas y capacitar a su personal para la prestación de los servicios y para la prevención y atención de siniestros, conforme a las disposiciones legales aplicables.
El presidente municipal de Pachuca de Soto, Alberto Meléndez Apodaca, a través del Área de Tránsito tiene la facultad de detener a los vehículos para revisar la documentación y que cumplan con las normas oficiales mexicanas en cuanto al transporte de materiales peligrosos o gas LP.
El titular del Ejecutivo estatal debe velar que se cumplan las diversas disposiciones estatales y las de colaboración federal. Tal como los permisos para el transporte de materiales peligrosos en el estado y la vigilancia del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.
Por lo anterior, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- Que esta soberanía exhorte al Gobierno del estado de Hidalgo y al Ayuntamiento de Pachuca de Soto, de acuerdo con sus facultades, se establezcan mecanismos de coordinación necesarios, a fin de prevenir accidentes por parte de la compañía Gas Sierra Norte SA de CV que tienen a su cargo el vehículo en mención, así como inspeccionar las condiciones de todos los vehículos que circulan en el estado encargados de la distribución de gas LP.
Segundo.- Que la Secretaría de Economía y de Energía tengan a bien presentar un informe pormenorizado, acerca de los criterios para el otorgamiento de los títulos de concesión y asignación de las plantas de almacenamiento y distribución de gas LP de Hidalgo.
Tercero.- Que, la STPS informe a la Cámara de Diputados sobre las medidas de seguridad y de prevención de los trabajadores en gaseras de Hidalgo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2005
Dip. Marisol Vargas Bárcena (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN ESPECIAL SOBRE EL PROBABLE DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS DE ALGUNOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DEL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR SUÁREZ CARRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal Víctor Suárez Carrera, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con base en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a las siguientes
Consideraciones
2. En el PEF 2004 se establece en el anexo 17 los programas y el correspondiente presupuesto que forman parte del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. Entre dichos programas y subprogramas se establecen los siguientes:
4. Por otro lado, en el decreto de Presupuesto 2004 se establecen explícita y precisamente un conjunto de disposiciones relativa al ejercicio del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural, entre las cuáles destacan las siguientes:
a) Con relación a la reasignación de recursos federales a las entidades federativas (artículo 14 del PEF 2004): "Las disposiciones de este artículo no aplican al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, salvo causas de emergencia macroeconómica y en las finanzas públicas, en cuyo caso, el Ejecutivo Federal deberá consultar previamente cualquier adecuación presupuestaria con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y las Comisiones Unidas del Sector Rural de las Cámara de Diputados".
b) Con relación a las normas de disciplina presupuestaria en caso de disminución de los ingresos a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Ingresos (artículo 25 del PEF 2004): "En este renglón de ajuste no se afectarán los recursos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, a excepción del gasto corriente diferente a subsidios listados en el Anexo 17".
c) Con relación al artículo 30. De las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestal artículo 30 del PEF 2004): "Del gasto neto total, se reasigna la cantidad de 27,219,100,000.00 pesos conforme se establece en el anexo 20 de este Decreto. Dichas reasignaciones no afectarán en ningún caso y en ninguna circunstancia el gasto prioritario de programas sustantivos en educación, salud, desarrollo social, Acuerdo Nacional para el Campo, justicia, empleo, seguridad pública y nacional".
d) Con relación a la observancia estricta de lo establecido en al anexo 17 del PEF (artículo 62, inciso VIII): "La Sagarpa, deberá observar que los importes que se establecen para cada uno de los programas enlistados en el anexo 17 de este Decreto, efectivamente se canalicen para los propósitos de cada uno de ellos, por lo que, a fin de transparentar la aplicación de los recursos y mejorar el control presupuestario, entregará 15 días hábiles después del término de cada trimestre a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara, un informe presupuestario de sus programas..."
e) Con relación al mismo propósito: Décimo octavo transitorio. "Los recursos asignados a los programas y componentes que integran el PEC para el DRS, indicados en el anexo 17, no podrán ser utilizados para fines distintos a los que marcan sus reglas de operación ni traspasados a otras unidades administrativas de las Secretarías responsables de los programas o entre dependencias y entidades".
5. No obstante lo anterior, la Sagarpa incumple sistemáticamente los mandatos establecidos en el PEF 2004, como a continuación se ilustra:
a) Con relación al Programa Ganadero (Progran), la Sagarpa suprimió el Progan para ovinos, caprinos y porcinos, no obstante dichos subprogramas estaban incluidos en el anexo 17 con los correspondientes montos por ejercer.
b) En el Progan bovinos, Sagarpa desvío del monto correspondiente al pago directo a beneficiarios, una cantidad de 200.0 millones de pesos aproximadamente para el aretado del ganado.
c) En algunos estados, el pago directo a los beneficiarios del Progan bovinos no alcanza ni el 15 por ciento al 31 de diciembre de 2004.
d) Diversos programas y subprogramas del anexo 17 les fue reducido el monto autorizado y en algunos casos, la totalidad del monto aprobado no fue ejercido en los programas y subprogramas autorizados y fue desviado a otros fines. Tal es el caso de los programas de Integración de Cadenas Agroalimentarias y Pesqueras, Infraestructura de Comercialización Social, Fondo de apoyo para la consolidación de empresas comercializadoras de los productores, Retiro de calidades inferiores de café, Acopio y comercialización de café, Formación y de reservas de café, y, Apoyo al sector social para beneficio húmedo y seco de café.
6. Por lo anterior, se presume que existen graves anomalías en la ejecución de los programas y subprogramas antes señalados así como un claro y abierto incumplimiento de los mandatos diversos establecidos en el Decreto del PEF 2004 por parte de la Sagarpa. Es por ello que considerando los párrafos tercero y quinto del Artículo 1 del Decreto del PEF 2004 que a la letra dicen:
Primero: "La Auditoría Superior de la Federación, en los términos de la Ley de Fiscalización de la Federación, deberá corroborar el ejercicio de las asignaciones aprobadas en este Presupuesto, la aplicación de los calendarios de gasto y el avance de las metas" y, párrafo quinto: "El incumplimiento por parte de los servidores a que se refiere el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las obligaciones que les impone el presente decreto, será sancionado en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables".
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Único. Solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que realice una investigación especial y urgente sobre el ejercicio y aplicación de los recursos 2004 de los programas y subprogramas siguientes a cargo de la Sagarpa: Programa Ganadero (Progan); Integración de Cadenas Agroalimentarias Pesqueras (Alianza para el Campo); Infraestructura de Comercialización Social; Fondo de Apoyo Consolidación de Empresas Comercializadoras de Productores, Integración de Cadenas Agroalimentarias y de Pesca, Retiro de calidades inferiores de café, Acopio y comercialización de café, Formación y de reservas de café, y, Apoyo al sector social para beneficio húmedo y seco de café, todos a cargo de la Sagarpa, con el fin de esclarecer el cabal cumplimiento o incumplimiento de los mandatos contenidos en el decreto de PEF 2004, en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y de la Ley Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal así como de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables.
Dip. Víctor Suárez Carrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A SUSPENDER TEMPORALMENTE EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE INTERNACIÓN A LOS EXTRANJEROS QUE PRETENDAN REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROFESIONALES EN EL FUTBOL MEXICANO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL CARRILLO RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos diputados miembros de la Comisión de Juventud y Deporte, a través del suscrito, diputado José Manuel Carrillo Rubio, pertenecientes a la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a los siguientes
Antecedentes
En los últimos días, se ha generado un debate sobre el aumento de extranjeros que pueden tener actividad en los juegos de fútbol soccer que se celebran en el Distrito Federal, esto ha propiciado un detrimento en las aspiraciones de muchos jugadores nacionales quienes con la llegada de los jugadores extranjeros se han visto en la penosa necesidad de ser apartados de la actividad en el terreno de juego, e inclusive de los clubes a los que pertenecen. Constatando una real invasión de jugadores extranjeros en el fútbol profesional mexicano ocasionado por los dirigentes de la propia Federación Mexicana de Futbol.
Exposición de Motivos
En efecto, el daño que se está causando al progreso de los futbolistas mexicanos es muy grave, y no sólo eso sino que infringe el espíritu nacionalista plasmado en nuestra carta magna en su artículo 32 al establecer "Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano", lo que resulta patente una falta de conciencia y sensibilidad por parte de la Federación Mexicana de Futbol al acotar la presencia de los compatriotas en el terreno de juego.
En los últimos años, el régimen interior de la Federación Mexicana de Futbol AC, del cual somos respetuosos, ha reducido las oportunidades de los jugadores nacionales, que si bien los jugadores extranjeros están eximidos de la responsabilidad de este perjuicio al futbolista mexicano, pues los jugadores inmigrantes no vienen solos sino que son llamados por la directivas y dueños de los equipos en otras palabras reduce oportunidades a nacionales y aumenta oportunidades a extranjeros.
Es inadmisible hacer lo mismo que se realiza en las ligas de otros países, donde las ligas profesionales presumen ser de las mejores del mundo a costa de la disminución de oportunidades que podrían tener sus jugadores nacionales, trayendo consigo literalmente una invasión extranjera.
Es crítico que el número de oportunidades para acceder al profesionalismo en el futbol es mínimo, pero más crítico aún es el escaso número de futbolistas mexicanos que juegan para clubes de ligas profesionales en el extranjero, no se debe permitir que la constante llegada de extranjeros que inmigran en el territorio nacional, sean requeridos por los clubes mexicanos y que estos inmigrantes reciban en ocasiones cantidades estratosféricas de dinero y que en contraste los jugadores mexicanos "sobre todo muchos jóvenes" en los peores de los casos pongan fin a su carrera profesional a muy temprano tiempo en el mercado de piernas, y con ello queden desempleados y resulten afectados económicamente.
Nosotros como representantes populares comprometidos ha salvaguardar los intereses de los mexicanos haciendo uso de las leyes protectoras de los intereses nacionales debemos redoblar esfuerzos y agotar las instancias legales para defender a los futbolistas mexicanos. Por ello, la Ley General de Población en los términos de su artículo 32, 34, 37 fracción IV y 38 así como su Reglamento en el artículo 106 fracciones VI y VII facultan a la Secretaría de Gobernación para fijar el número de extranjeros cuya internación podrá permitirse al país por actividades, así como negar el permiso de entrar al país o cambiar la calidad o característica migratoria cuando se estime lesivo para los intereses económicos de los nacionales, de igual manera suspender y prohibir la admisión de extranjeros, cuando así lo determine el interés nacional. También es importante mencionar que la citada Ley en su artículo 48 fracción VIII, establece la característica de Deportista al inmigrante, donde se expresa claramente que la Secretaría de Gobernación debe juzgar si las actividades deportivas realizadas por los inmigrantes resultan benéficas al país.
Para los diputados integrantes de todos los grupos parlamentarios representados en la Comisión de Juventud y Deporte abajo firmantes, es impostergable la necesidad de que el Ejecutivo federal, a través de las dependencias facultadas de tomar la decisión definitiva en la materia, actúe de manera inmediata para detener el daño a los jugadores mexicanos profesionales.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación suspender en el año de 2005 el otorgamiento de nuevos permisos de internación a los extranjeros que pretendan realizar actividades deportivas profesionales en el futbol mexicano, en los términos del artículo 37 y 38 de la Ley General de Población.
Palacio Legislativo, a 8 de febrero de 2005.
Diputados integrantes de la Comisión de Juventud
y Deporte: José Manuel Carrillo Rubio, Presidente: Rosalina
Mazari Espín, Jazmín Zepeda Burgos, José Erandi Bermúdez
Méndez, secretarios (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES A REALIZAR UN ESTUDIO EN LA COSTA DE GUERRERO Y COLOCAR UN SISTEMA DE ALERTA Y OBSERVATORIO DE TSUNAMIS, A CARGO DEL DIPUTADO ÁNGEL PASTA MUÑUZURI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal Ángel Pasta Muñuzuri, integrante del grupo parlamentario del Partidos Acción Nacional, de la LIX Legislatura ante esta honorable asamblea presenta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes:
Considerandos
Todos tenemos presente, que existe probabilidades de que en nuestras costas mexicanas se produzcan maremotos, tsunami, como desafortunadamente sucedió recientemente en Asia.
En las costas de Guerrero, existe una alta capacidad sísmica, lo recientemente ocurrido, se debe de tomar como una advertencia, que la naturaleza nos concede, hoy podemos anticiparnos con el equipo tecnológico adecuado, lo que da posibilidad de vida, el anticipar con tiempo la cercanía de una catástrofe, hoy mas que nunca se deben de tomar en cuenta las declaraciones del Director de Riesgos Geológicos del Centro Nacional para la Prevención de Desastres, Cenapred, quien señalo ante un medio nacional, "México no tendría "ninguna defensa" en caso de enfrentar un maremoto o tsunami similar al que ocurrió en Sri Lanka, Indonesia y Tailandia. De hecho, dijo Carlos Gutiérrez, titular de esa dirección, aunque estuviera automatizado el servicio mareográfico del Instituto de Geofísica de la UNAM que cuenta con nueve estaciones en el Pacífico y seis en el Golfo "sólo contaríamos con dos minutos para desalojar la costa afectada por el siniestro" y "estamos a expensas de los avisos que se nos envíen desde Estados Unidos, único país con la capacidad suficiente para enviar la alerta con anticipación".
Lo que preocupa y mucho por ello es necesario crear una red de alerta local, en nuestro país y de ser posible en toda América.
Es compromiso urgente, la anticipación civil, en los desastres naturales inevitables, debemos de estar lo mejor preparado, con el único propósito de salvar vidas, la anticipación y educación civil, aunado a los elementos técnicos y científicos, bien utilizados deberán de darnos como resultado evitar el menor dolor evitable.
Después del terremoto de septiembre de 1985, sufrido en nuestro país, era lógico pensar que la mayor parte de la energía acumulada en el interior de los océanos, hubiera sido ya liberada, por tanto, los estudiosos no consideran que la costa de Michoacán represente una zona de alto potencial sísmico en el futuro próximo. Sin embargo se señala que hay otras dos regiones en el país, que tienen actualmente características similares a las que tenía la costa de Michoacán hasta antes de las 7:17 de la mañana del 19 de septiembre de 1985: son Guerrero y Chiapas.
Existe una brecha en Guerrero, en la Costa Grande, situada inmediatamente al sur del área de ruptura del sismo de Petatlán. Afortunadamente no ha habido ningún sismo importante desde los temblores de 1907 1908; sin embargo piensas algunos geógrafos calificados que en los últimos años se ha acumulado suficiente energía elástica capaz de causar un sismo de consecuencias. La longitud de la brecha sísmica de Guerrero es aproximadamente del mismo tamaño que la antigua brecha de Michoacán y, de romperse en un solo sismo, éste podría ser de magnitud similar al terremoto del 19 de septiembre de 1985. Señalan "podemos, por tanto, adjudicarle un alto potencial sísmico, más no podemos, desgraciadamente, precisar cuándo ocurriría tal sismo"
En conclusión se puede determinar que la tierra, nuestro planeta, nuestra casa natural, es un sistema dinámico, siempre activo, que no ha tenido punto de reposo desde que se formó e inicio la vida. No debemos espantarnos, debemos prevenir, en la medida de lo posible, con los avances científicos y tecnológicos seguramente llegara un día donde anticipar una catástrofe natural sea una realidad.
Los elementos naturales como el agua y el viento causan catástrofes pero asimismo renuevan los suelos y sostienen la vida, son generadores de vida, los volcanes y los sismos son parte de la tectónica de placas, pero en escalas de tiempo geológico han formado los continentes y moldeado los paisajes.
Punto de Acuerdo
Único. Los titulares de las dependencias de Coordinación General de Protección civil, la Dirección General del Centro General de Prevención de Desastres y de la Dirección General del fondo de desastres naturales, se programe y se realice una investigación en las áreas de sismo tectónica, fuente sísmica, programación de ondas, estructura cortical riesgo sísmico, proceso dinámico de ruptura de fallas, en las Costas del estado de Guerrero y sobre la factibilidad de colocar en la costa de Guerrero, un sistema de alerta y observatorios de sismos, tsunamis y demás, donde de manera inmediata se den a conocer a las autoridades de las localidades, terremotos submarinos, capaces de crear olas gigantes y advertir así a las posibles víctimas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2005.
Dip. Ángel Pasta Muñuzuri (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PROMOVER -EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS INTERNACIONALES- LEYES, POLÍTICAS Y PRÁCTICAS QUE EVITEN LA VIOLENCIA, DISCRIMINACIÓN Y ESTIGMATIZACIÓN DE PERSONAS CON VIH/SIDA, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO FRANCO HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados Pablo Franco Hernández y Rafael García Tinajero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten ante este Pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 20 de enero, el Presidente Vicente Fox Quesada publicó en el Diario Oficial el "Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos", donde en el apartado de Requisitos para el Alta se establece que será necesario contar con un certificado médico que acredite estar sano y apto clínicamente. Entre los exámenes de laboratorio que se solicitan son las reacciones seroluéticas (VDRL, VIH, Hepatitis B y C).
Éste es un acto discriminatorio e inconstitucional que contraviene el artículo 1º de la Constitución, que establece en el párrafo tercero "... Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".
Además de incumplir la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El derecho a la no discriminación es un precepto universal y es algo que no se atiende por parte del gobierno federal una prueba es que México es de los pocos países que forman parte la Organización de las Naciones Unidas y que aún no han adoptado una legislación para prevenir la discriminación contra las personas que viven con el VIH/sida.
Solicitar como requisito una prueba de VIH es un acto de discriminación contra las personas que viven con VIH/sida, o contra las que se piensa que están infectadas, ya que constituye una clara violación de sus derechos humanos.
No son tolerables la discriminación y estigmatización, tanto en la legislación como en las políticas y en la práctica, contra las personas que sufren de VIH/sida.
De ninguna forma las leyes que rigen el Ejército Mexicano pueden contraponerse a las reglas o leyes que se pueden aplicar para cada caso, es un principio que siempre se debe optar por la que se apegue más a los principios que la rigen, en este caso, al principio de la no discriminación.
Punto de Acuerdo
Primero. La H. Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a promover -en el marco de los acuerdos internacionales- leyes, políticas y prácticas que eviten la violencia, discriminación y estigmatización de personas con VIH/sida.
Segundo. La H. Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal para que en el Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos no considere ninguna forma de discriminación y se adecue a las normas internacionales en la materia, eliminando cualquier disposición discriminatoria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2005.
Dip. Pablo Franco Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DESTINADOS A LOS TRABAJADORES BRACEROS QUE LABORARON EN ESTADOS UNIDOS DE 1942 A 1964, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Las suscritas, legisladoras de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.
El Estado mexicano conserva una deuda con los trabajadores braceros que se enrolaron para trabajar en Estados Unidos en el período que abarca de 1942 a 1964. Durante este período miles de mexicanos laboraron legalmente en aquel país en condiciones de explotación y, en muchos casos, de semiesclavitud. La historia de los braceros es una cadena de vejaciones, abusos, racismo y discriminación, que se prolonga hasta nuestros días.
Esta historia cobra vigencia no sólo por el reclamo de que les sea devuelto el dinero que les descontaron de sus salarios, sino sobre todo por el contexto en que se da y el debate que hay sobre la necesidad de un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos.
A esta Cámara han acudido sin número de veces diversos grupos de representantes de los ex braceros, quienes demandan la devolución de los recursos que les fueron retenidos. Desde la LVIII Legislatura se formó una Comisión Especial de diputados y diputadas para buscar los mecanismos que permitan el cumplimiento de su petición y se han dado importantes avances en ese sentido.
El ejemplo más reciente lo constituye la aprobación por parte de la Cámara de diputados de un recurso en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005 por la cantidad de 298.5 millones de pesos, mismos que aparecen en el anexo 17 del Decreto de Presupuesto en la parte relativa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La asignación de esta partida es fruto del acuerdo de diversos Partidos Políticos representados en esta soberanía y como tal apareció publicada en el Diario Oficial de la federación el 20 de diciembre de 2004.
Por otra parte en la demanda de controversia constitucional que presentó el Ejecutivo ante la Suprema Corte de justicia para impugnar la integración del Presupuesto de Egresos, señala en el Concepto de Invalidez Tercero, inciso C, numeral 5, que existen programas nuevos asignados a dependencias que no tienen competencia en la materia y en particular establece que el Fondo para Pago de Adeudos a Braceros Migratorios no le corresponde a la secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Ejecutivo solicita de manera expresa al hablar de este u otros programas: "En este orden de ideas, a continuación se señalan las asignaciones de gasto y programas que aprobó la Cámara de Diputados en violación con el artículo 26 constitucional y de las leyes que lo reglamentan, solicitando a esa suprema Corte que declare la invalidez de dichas asignaciones o programas".
No obstante lo anterior, el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación emitió su primer comunicado del presente año para afirmar que dicho recurso no había sido impugnado y que se pagaría conforme a lo que estableció la Cámara de Diputados. Esta Secretaría por cierto es la encargada de llevar un registro del padrón de ex braceros que se verán beneficiados.
Pese a la afirmación de Gobernación, al revisar detenidamente los analíticos administrativo económico y programático que publica la Secretaría de Hacienda en su página de Internet, no se hallaron esos recursos con el destino preciso para solventar el apoyo a los ex braceros.
Es por ello que solicitamos a esta soberanía la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Presidencia de la Mesa Directiva y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que solicite a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información detallada sobre los 298.5 millones de pesos destinado a los ex braceros de 1942 a 1962, mismos que fueron programados y aprobados por está Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos 2005.
Diputadas: Eliana García Laguna, María
Hilaria Domínguez Arvizu (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS LOCALES Y EN PARTICULAR A LA LV DEL ESTADO DE MÉXICO A REALIZAR LAS REFORMAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LAS ELECCIONES LOCALES DE MANERA CONCURRENTE CON LAS FEDERALES, A CARGO DEL DIPUTADO RUBÉN ALEXANDER RÁBAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
EL suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Debemos entender que una elección es el proceso de selección formal conforme a determinadas reglas, de una o varias personas para el desempeño de un cargo, ( o la aceptación o rechazo de una propuesta política) mediante votos que expresan las preferencias de quienes los emiten y los cuales están calificados para votar. El vocablo elección proviene del latín election, que es la acción de escoger.
Las elecciones constituyen la forma de participación política más accesible, importante, generalizada y a veces única para la mayoría de los ciudadanos en las democracias. Una elección es la forma más pura en la que la sociedad mexicana puede hacer valer su facultad soberana de elegir a sus gobernantes expresada en el Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dicha facultad se ejerce a través de un proceso electoral, mismo que tiene por objeto la renovación de los poderes en sus diferentes niveles de gobierno, federal, local y municipal, siendo estos el titular del Ejecutivo, los miembros del Legislativo y los integrantes de los ayuntamientos.
Por medio de campañas electorales los aspirantes a ocupar un cargo de gobierno deberán ser postulados por los partidos políticos e iniciar la difusión de sus mensajes y propuestas políticas para el desempeño del mandato popular en caso de ser elegidos por medio del voto directo.
En un proceso electoral uno de los principales objetivos es el incitar a la sociedad a la participación político electoral de elegir a sus gobernantes; dicha actividad es promovida por los institutos electorales relativos al tipo de elección (IFE e Institutos electorales de los estados), en la cual a través de sus campañas electorales se difunden sus plataformas de gobierno y legislativas; la ciudadanía puede conocer estas propuestas a través de campañas publicitarias que se manifiestan en anuncios en TV, radio, periódicos, la pinta de bardas, etcétera.
Lo anterior nos muestra que la participación ciudadana es el factor medular para que una elección faculte a un autoridad de legitimidad y en especial de gobernabilidad, situación que se ve frustrada ante una baja asistencia de los ciudadanos a participar en los procesos electorales, desmotivados por diversas razones; una en particular es la que atañe a este punto de acuerdo: el periodo que existente entre las elecciones locales y las federales, es decir, el tiempo que la sociedad deja de tener un proceso electoral y todo lo que publicitariamente corresponde.
Debemos notar que para toda sociedad es desgastante tener procesos electorales de forma continua, los cuales inician campañas de promoción política. Que mantienen constantemente a los ciudadanos con contiendas que hoy en día no sólo ofrecen las propuestas manifestadas en las plataformas políticas de los partidos, sino que también se han enfrascado en una lucha permanente originando campañas de descalificación, confrontación y que en ocasiones han llegado a un punto burdo por parte de los partidos y sus candidatos. Tales acciones provocan que el ciudadano se envuelva en una esfera de insatisfacción por el desempeño político de las autoridades, así como decepción de los partidos políticos y desinterés por acudir a los centros de votación a ejercer su derecho al voto y así participar en la renovación de sus autoridades federales y locales.
Dicha situación se ve reflejada en los últimos tres años: la participación ciudadana refleja que en el año 2000 se registro una votación de 37,601,618 electores equivalente al 63.97% de la población en condiciones para votar y una abstención de 21,181,119 personas que no acudieron a ejercitar su voto equivalente al 36.03% de la población votante; en el año 2003 acudieron a las casillas 26,968,371 electores siendo un equivalente al 41.68% de los votantes que podían acudir registrándose un abstencionismo de 37,742,225 electores, equivalente al 58.32% de los que no ejercieron su derecho al voto.
Los resultados muestran una gran baja en el interés ciudadano en participar en los procesos electorales situación alarmante para nuestra legislatura y las entidades federativas.
Sólo basta con relacionar los datos anteriores con el gran desgaste sufrido por la población mexicana, al pasar de un proceso electoral a otro. Tal es el caso del Estado de México que ha tenido elecciones en periodos muy cortos en los últimos ocho años, correspondientes a la elección local de 1996, la elección de gobernador de 1999, las elecciones federal y local del año 2000 y las locales y federales del año 2003 que no se celebraron de forma simultánea sino que en marzo se eligieron ayuntamientos y diputados locales y en julio a los diputados federales; además de encontrarse en nuevos procesos electorales como lo son el que se llevará a cabo en julio del año 2005 para renovar al gobernador de la entidad e inmediatamente al año siguiente, es decir en marzo del año 2006 la elección de ayuntamientos y Diputados Locales, y en julio del mismo año la elección de Presidente de la República, senadores y Diputados Federales. Esto sin lugar a dudas ha desgastado en proporciones inmensas a la población de la entidad, encaminándola a la baja participación en los procesos electorales venideros.
Sin embargo, la anterior situación no es exclusiva del Estado de México ya que amén de las elecciones de este año con el siguiente se presentarán las siguientes elecciones locales que se sumarán al desgaste previsto para la elección federal del año 2006. Estamos hablando de las elecciones locales de Yucatán, celebrada en mayo de 2004; Chihuahua, Durango y Zacatecas, en julio de 2004; Baja California, Aguascalientes y Oaxaca (gobernador y diputados locales), en agosto de 2004; Veracruz, septiembre de 2004; nuevamente Oaxaca (ayuntamientos), y Chiapas, en octubre de 2004; Puebla, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala, noviembre de 2004; Baja California Sur, Guerrero (gobernador), Hidalgo (gobernador y diputados locales) y Quintana Roo, febrero de 2005; Nayarit, julio de 2005; Coahuila, septiembre de 2005; de nueva ocasión Guerrero (ayuntamientos y diputados locales), octubre de 2005, e Hidalgo (ayuntamientos), nuevamente en noviembre de 2005.
Los datos descritos con anterioridad nos muestran el enorme desgaste sufrido por la ciudadanía al presentársele tantos procesos electorales de forma continúa y que da lugar al abstencionismo electoral, situación que debe de ser abordada y corregida en los estados para así lograr una mayor participación ciudadana.
Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional es de vital importancia la legitimidad de los funcionarios electos, que se alcanza con la encomienda otorgada por el pueblo mexicano al emitir su voto y que no es demostrada así dado que menos de la mitad de la población es la que decide quienes han de ser sus representantes; por lo tanto es necesario orientar la participación en los procesos electorales sin el desgaste al electorado.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que esta honorable soberanía exhorte a las legislaturas de los estados y en particular a la LV legislatura del estado de México para que realicen las reformas necesarias, con el fin de realizar las elecciones locales de forma concurrente con las federales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 8 de febrero de 2005.
Dip. Rubén Maximiliano Alexander Rábago
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA PROLIFERACION DE BILLETES FALSOS EN EL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER SALINAS NARVÁEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde hace algunas semanas, diversas informaciones vertidas en los medios de comunicación dan cuanta de una creciente proliferación de billetes falsos en todo el territorio nacional.
Hace apenas unos días, en la Ciudad de México fue descubierta una caja que contenía siete mil 120 billetes falsos de 200 pesos, equivalentes a más de un millón de pesos.
Destaca el hecho de que los billetes falsificados con mayor frecuencia son los de las denominaciones de 200 y 500 pesos; y aun el recientemente puesto en circulación billete de mil pesos también ha comenzado a ser falsificado.
Se calcula que, apenas puestos en circulación, de los billetes de mil han sido detectados 300 billetes falsos en apenas dos meses.
Hay evidencia de que en diversas entidades del país, existe un mercado negro de billetes falsificados, que son vendidos al público en general y puestos en circulación todos los días.
Se trata de un problema grave que está afectando tanto a los usuarios comunes, es decir a los ciudadanos, como a los comerciantes y aún a las instituciones bancarias.
Son muchos los casos de turistas extranjeros que, al no estar familiarizados con las características de los billetes, son sorprendidos por estafadores que les entregan billetes falsos.
Es un círculo vicioso porque cada billete falso puesto en circulación recorre varias manos hasta que es detectado, afectando tanto el propio funcionamiento del mercado como los procesos inflacionarios.
A pesar de que las distintas autoridades involucradas como el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores han minimizado el problema, no se cuenta con registros confiables sobre el número de billetes falsos en circulación, de lo que desprende que el problema podría ser más grave de los que se presume.
Pero si todas esas circunstancias no fueran suficientes para llamar la atención de esta soberanía, se encuentra el hecho de que, en meses recientes, se ha vuelto común que en los propios bancos, a través de los cajeros automáticos, se entregan billetes falsos a los usuarios.
Comienza entonces un vía crucis para los cuentahabientes porque les resultará muy complicado lograr que les sea canjeado el billete falso por uno original y, en consecuencia, restituido su dinero.
Huelga decir la indefensión en que son colocados los ciudadanos porque carecen de instrumentos jurídicos para defenderse de esta modalidad de estafa.
Las más de las veces los usuarios tendrán que absorber el costo por un error atribuible a la institución bancaria, que en la recepción de los billetes no satisfizo los requisitos de seguridad mínimos.
Estamos así frente a un problema público en varios niveles, que comienza con la facilidad con que pueden ser duplicados, clonados y falsificados los billetes en circulación, de todas las denominaciones.
El problema continúa cuando, ya en circulación y sin ser detectados, los billetes falsos se mezclan con los verdaderos y llegan hasta las instituciones bancarias que, de nueva cuenta y sin retenerlos, los ponen en circulación para que sigan funcionando hasta que finalmente son descubiertos.
Parece entonces indispensable el trabajo conjunto entre diversas autoridades para frenar esta grave problemática y evitar el deterioro en la confianza de nuestra moneda que ya se registra en el país, a fin de lograr:
2. Que los usuarios puedan detectar por sí mismos cuando tienen en sus manos un billete falso.
3. Que alguna autoridad se haga responsable de restituirle al usuario la totalidad de su dinero cuando el billete falso salga de una institución bancaria.
Por lo anterior, me permito someter ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Banco de México a reforzar las medidas de seguridad en los billetes en circulación, de todas las denominaciones, que hagan más complicada o -en su caso- imposible la falsificación.
Segundo. Se exhorta al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a realizar una campaña nacional de información y difusión sobre las características de identidad de los billetes en circulación, de todas las denominaciones, así como de las medidas de seguridad que las personas deben considerar para identificar los billetes falsos.
Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a supervisar, en el marco de sus atribuciones, que las instituciones bancarias regulares no manejen billetes falsos y que en caso de que por cualquier vía, éstos se entreguen a los usuarios, se obligue a la institución al canje inmediato por un billete auténtico.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 8 de febrero de 2005.
Dip. Javier Salinas Narváez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PGR A INFORMAR SOBRE EL USO DE RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS A LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS DELITOS RELACIONADOS CON LOS HOMICIDIOS DE MUJERES EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, Y LOS RESULTADOS CONCRETOS DE SU LABOR DE INVESTIGACIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA NORA ELENA YU HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los diputados Miguel Lucero Palma, Nora Elena Yu Hernández, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, así como la diputada María Ávila Serna, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, someten a la consideración del Pleno de esta h. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República informe sobre el uso del recursos presupuestales asignados a la Fiscalía Especial para la atención de los delitos relacionados con los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y los resultados concretos de su labor de investigación que hayan contribuido al esclarecimiento e impartición de justicia sobre los homicidios cometidos en contra de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, con base en lo siguiente
Exposición de Motivos
Del listado de los delitos previstos en el Código Penal, sin duda alguna el mas reprobable es el homicidio, porque tiende a quitar el bien mas valioso que tiene el ser humano, como es la vida.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, desde 1993, dio inicio lamentablemente una serie de homicidios de mujeres, llenando de pena y dolor a muchas familias de nuestra entidad, de vergüenza y coraje no sólo al estado de Chihuahua, sino a toda la nación.
Esto provocó un airado y creciente reclamo ciudadano en nuestra entidad, que dio origen a que se creara la Fiscalía Especial para la investigación de homicidios de mujeres dependiente de la Procuraduría de Justicia del estado en el mes de febrero de 1998.
También es importante reconocer que no se contaba con los recursos materiales, humanos y presupuestales que hicieran frente a tan graves sucesos.
Todo esto originó la indignación generalizada de los habitantes de este municipio, dando origen al surgimiento de innumerables organizaciones no gubernamentales, unas encaminadas al apoyo y verdadero interés en las familias de las víctimas y otras como ya ha sido denunciado públicamente que solo han tratado de medrar con tan reprobable ilícito.
En innumerables ocasiones se solicitó la pronta intervención de la Procuraduría General de la República, no siendo hasta 2004, cuando es atendido el reclamo y se nombra a la licenciada María López Urbina como titular de la Fiscalía Especial para la atención de los delitos relacionados con los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez.
Asignando para el Ejercicio del año 2004, un presupuesto de $34?947,849.00 (treinta y cuatro millones novecientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 mn), que vale la pena hacer la observación, excede por más de 10 veces con el que se cuenta para la Fiscalía Especial estatal.
Durante su toma de protesta la licenciada María López Urbina manifestó lo siguiente:
Para dar respuesta no conozco otro lenguaje porque así lo he hecho durante toda mi trayectoria profesional que el de los resultados. Resultados basados en la aplicación estricta de la ley, porque sólo a través de la ley es posible alcanzar la justicia, ya que sólo la justicia, en su sentido más cabal, es lo que ayudará a la resolución de los casos de los homicidios de las mujeres de Ciudad Juárez. Justicia sin excusas ni pretextos"
Durante el mes de octubre la licencida María López Urbina, rinde su 2º informe en el que señala alrededor de 40 funcionarios y ex funcionarios de la Procuraduría de Justicia del estado como responsables de omisión y negligencia en las investigaciones relacionadas con los homicidios de mujeres y omite informar sobre conclusiones o avances en el esclarecimiento de los crímenes, haciendo sentir a la opinión pública como graves deficiencias en el trabajo realizado por la Procuraduría Estatal y la duda sobre la posible culpabilidad de quienes resultaron consignados por algunos de los homicidios.
Cabe resaltar que los presuntos consignados ya fueron juzgados y sentenciados por los juzgados competentes en dichos casos, por lo cual resulta que del total de 303 casos atendidos por 2 administraciones estatales, 62 casos fueron integrados con cuerpos no identificados cuya característica principal es la carencia de pistas para su investigación del resto 241, han sido resueltos 204 y juzgados y sentenciados la mayoría de ellos. Cómo nos podemos explicar entonces que la aplicación de tan importante presupuesto se vea reducido a un informe carente de resultados que investiguen la sed de justicia que dio origen a la creación de esta Fiscalía.
El 3º informe rendido en enero del 2005, añade nuevos nombres a las listas de los anteriores y continúa la misma tónica de falta de resultados concretos en el esclarecimiento de los homicidios agregando 5 feminicidios en la tercer administratcion estatal.
Con base en la exposición de motivos, sometemos a consideración del Pleno los siguientes
Considerandos
Primero.- Resulta lamentable y patético el desempeño desarrollado en un año de gestión por la Fiscalía especial para la atención de los delitos relacionados con los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, por la pobreza de resultados rendido en sus informes correspondientes.
Segundo.- Asignar y gastar 34.9 millones de pesos y no resolver ningún nuevo homicidio no sólo de los anteriores a su nombramiento, sino de los originados durante su gestión, constituye una grave desviación de recursos públicos.
Tercero.- El haber determinado omisión y negligencia en algunos casos de homicidio y no dar seguimiento a las líneas de investigación que ella misma objeta no constituyen también delito de omisión y negligencia de parte de la propia Fiscalía.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración el siguiente punto de acuerdo, solicitando sea turnado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Punto de Acuerdo
Primero.- A la Procuraduría General de la República, se nos dé un informe pormemorizado de la aplicación de los recursos asignados a la Fiscalía Especial para la atención de los delitos relacionados con los homicidios de mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Segundo.- Nos sea presentado un informe con resultados concretos sobre el esclarecimiento de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, pendientes de su resolución.
Tercero.- Solicitar a la Procuraduría General de la República, la reconsideración de nombramiento a la licenciada María López Urbina, si su desempeño como fiscal ha incurrido en omisión, negligencia o desvío de recursos públicos.
Cuarto.- Solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, revise e informe sobre la aplicación de los gastos realizados por la Fiscalía mencionada.
Palacio Legislativo a 8 de febrero del 2005.
Diputados: Nora Elena Yu Hernández, María
Ávila Serna, Miguel Lucero Palma (rúbricas)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DETENER LOS HOSTIGAMIENTOS QUE SERVIDORES PÚBLICOS DE SU ADSCRIPCIÓN HAN INICIADO CONTRA LA RADIO COMUNITARIA INDÍGENA ÑOMDAA, "LA PALABRA DEL AGUA", A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS MEDINA LIZALDE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
En días recientes, las autoridades tradicionales y el Comité de la Radio denominada Ñomdaa, que significa "la palabra del agua", localizada en el municipio autónomo de Xochistlahuaca, Guerrero, fueron hostigados por funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes adscritos a la delegación Guerrero, así como por funcionarios del gobierno que encabeza René Juárez Cisneros y por elementos del Ejército Mexicano, con la finalidad de detener las transmisiones que realiza dicha radio comunitaria, que transmite en lengua amuzga y posibilita que las comunidades hablantes de la región de la costa chica guerrerense y oaxaqueña, puedan conocer en su propia lengua, lo que sucede en el mundo, en nuestro país y en el estado.
La actual campaña de hostigamiento y amenazas que se han presentado en contra de quienes hacen posible Radio Ñomdaa, no son más que la muestra de actitudes discriminatorias y racistas que prevalecen entre los funcionarios Federales y Estatales que se resisten a reconocer la función que desempeñan dichas estaciones de radio, entre las comunidades.
A pesar de que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 2º, apartado B, fracción VI, se establece la obligación que tienen las autoridades federales, estatales y municipales de establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, a fin de abatir las carencias y rezagos que afectan a dichos pueblos; y a pesar de lo señalado en distintos convenios internacionales celebrados por nuestro país, tal como lo es el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales número 169, de la Organización Internacional del Trabajo; la Secretaria de Comunicaciones y Transportes ha asumido una actitud de confrontación y eliminación de las radios comunitarias en nuestro país, negándose a otorgar los permisos de que se requieren para su operación por parte de los pueblos y comunidades indígenas, así como por sus autoridades.
Las radios comunitarias, a diferencia de las radios comerciales, tienen como propósito principal, difundir en la lengua de la región a la que pertenecen, las actividades propias de la comunidad.
Al respecto, el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor Raúl Trejo Delarbre señala: En todo el mundo, las radios comunitarias son una forma de expresión y cohesión de la sociedad y su reconocimiento constituye una tendencia que se generaliza. El año pasado en Bolivia el gobierno expidió un Decreto para la Radio Comunitaria. En Brasil, en donde algunas fuentes hablan de un millar de radiodifusoras de ese corte, el presidente Lula creó un Grupo de Trabajo Interministerial para regularizar y promover esas estaciones. También en el año 2004 en Chile -en donde hay cerca de 180 estaciones comunitarias con autorización legal y cobertura limitada- la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, propuso revisar el marco regulatorio de la radiodifusión para responder a las preocupaciones de los empresarios que se han quejado de la proliferación de estaciones sin permiso.
La promoción de las radios comunitarias es una de las prioridades de la UNESCO, que desde hace años difunde el manual de radios comunitarias, que ha sido publicado en varios idiomas.
Por ello no se entiende la negativa del gobierno mexicano a promover la constitución de las radios comunitarias en el país, no se entiende como el gobierno del presidente Vicente Fox se cierra a la posibilidad de que se otorguen los permisos correspondientes para que este importante medio de difusión alternativo que han generado nuestros pueblos indígenas, contribuya al fortalecimiento de nuestra identidad nacional, cultural y social.
Es necesario atender las denuncias presentadas por las radios comunitarias en nuestro país, por que tarde o temprano, tendremos que responder a los requerimientos de los organismos internacionales que consideran una prioridad que los pueblos y comunidades indígenas del mundo, utilicen estos canales para el fortalecimiento de su identidad cultural, para el fortalecimiento de sus costumbres y tradiciones, pero también para que cada vez más estén informados en sus respectivas lenguas.
Por todo lo anterior, con fundamento en lo que establece el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a instruir al delegado de esa dependencia en Guerrero para detener los ataques y hostigamientos que iniciaron funcionarios de Vías Generales de Comunicación adscritos a esa delegación contra la radio indígena comunitaria Radio Ñomdaa, "La Palabra del Agua", localizada en el municipio de Xochistlahuaca.
Segundo. Se solicita al secretario de Comunicaciones y Transportes que instrumente un programa de apoyo para que se otorguen a los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas que han solicitado y presentado la documentación correspondiente, los permisos correspondientes para operar radios comunitarias, que les permitan difundir y fortalecer sus lenguas, tradiciones, usos y costumbres, así como las problemáticas de su comunidad y región.
Tercero. Solicitar al secretario de la Defensa Nacional que remita a esta soberanía un informe detallado sobre las actividades realizadas por integrantes del 48 Batallón de Cruz Grande, Guerrero, en las instalaciones de Radio Ñomdaa, en virtud de que dicha entidad no tiene competencia ni facultades para introducirse a las instalaciones que ocupa este medio de difusión.
Dip. José Luis Medina Lizalde (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A LLEVAR A CABO UNA REVISIÓN ESPECIAL SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN, SUPERVISIÓN DE OBRAS Y RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS A LA EMPRESA CONSTRUCTORA FACOPSA POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A CARGO DEL DIPUTADO ROGER DAVID ALCOCER GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal por el estado de Yucatán, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo, para que se exhorte a la Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo una auditoría especial sobre los procedimientos de licitación, supervisión de obras y rescisión definitiva de los contratos adjudicados a la empresa constructora Facopsa por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bajo las siguientes
Consideraciones
Es un argumento indiscutible que el sector carretero constituye un renglón de trascendental relevancia para el desarrollo nacional. Nuestras vías de comunicación son las arterias principales por las cuales fluyen personas y productos, formando verdaderos ejes a partir de los cuales se establece la infraestructura de nuestro país.
En razón de esto, dicho sector ha sido y seguirá siendo primordial para esta Soberanía, que año con año aprueba los presupuestos para su mantenimiento y ampliación. Y es, con este tipo de acciones, con las que favorecemos la reactivación económica del país, apoyando a la industria de la construcción que, está demostrado, deriva en sucesivas derramas económicas a otros sectores.
Por ello, llamo la atención sobre este asunto delicado, abordado ya en nuestra Cámara Colegisladora, y que es el inconveniente de importantes sectores carreteros del país, con problemas en la ejecución de sus obras de ampliación y modernización, por incumplimiento de la empresa Facopsa, a la que recientemente le fueron rescindidos esos contratos.
Esta empresa tiene su sede en León, Guanajuato, y ha demostrado ampliamente que cuenta con suficientes influencias para que se le haya tolerado desde hace tres años la adjudicación del contrato para la ampliación de 59 kilómetros del tramo Mérida-Kantunil, que forma parte de la autopista Mérida-Cancún, habiendo suspendido unilateralmente la obra con la consiguiente pérdida de recursos y el peligro latente para los conductores.
Me refiero a estos tres años de obra que han sido altamente perjudiciales para el transporte en todas sus modalidades entre Mérida y Cancún, e inclusive entre el centro de la República y Cancún, siendo este último un gran destino turístico, lo que ha costado innumerables pérdidas materiales por accidentes y un número importante de vidas humanas.
El subsecretario de Infraestructura, arquitecto Jorge Fernández Varela, en su comparecencia ante el Senado del 21 de abril del año pasado, se comprometió públicamente a que a más tardar en julio de ese mismo año la obra se terminaba, pero no fue así.
Los medios de comunicación de Yucatán, en especial el periódico Por Esto!, han seguido puntualmente estas anomalías. Incluso, se especula que dicha empresa goza de privilegios en el territorio nacional por una presunta vinculación de sus dueños, Cosme Mares y esposa Josefina Hernández, con un hijo de Marta Sahagún de Fox.
Finalmente, en su reciente comparecencia de octubre pasado ante esta soberanía, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber, confirmó la rescisión de los siete contratos que tenía adjudicados en el sureste la empresa Facopsa, pero resulta que toda la sanción que ha recibido hasta el momento esa constructora es la suspensión de la obra.
Se habló incluso de asignar los contratos a empresas locales, pero luego se dijo que no, que los tramos quedarían inconclusos al menos hasta enero de 2005, cuando iniciaría otro proceso de licitación.
Debemos mencionar que Facopsa tiene gran cantidad de contratos asignados en los Estados de Quintana Roo, Campeche, Veracruz, Morelos y Yucatán entre otros, siendo que en una mayoría de ellos, no ha cumplido con los tiempos de construcción y nada pasa, mucho menos, nadie es responsable.
Entre las irregularidades, el 17 de septiembre pasado fue publicado en Quintana Roo un artículo en el cual se menciona que la empresa guanajuatense, que trabaja el tramo Bacalar-Chetumal, les pagó a los transportistas de esa zona, con un cheque sin fondos.
Por estas razones, ciudadanos senadores por el Estado de Yucatán propusieron a nuestra Colegisladora y lograron la aprobación de un punto de acuerdo para requerir a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sendas investigaciones sobre el particular, para deslindar responsabilidades.
No obstante, recientemente la SCT dio a conocer las sanciones por el atraso en la obra Mérida-Kantunil que recibirá la empresa Facopsa, por el incumplimiento de los contratos y por ejercer parte de los anticipos, ascendiendo, en cifras redondas, a $17 millones, de los cuales $15 millones son por el uso de anticipos y los $2 millones restantes por los retrasos.
Nos parece, ciudadanos diputados, que esta sanción no corresponde al daño económico, material y humano que la empresa Facopsa ha infligido a nuestra entidad federativa, y que falta aún por revisar la situación que guarda su actuación en los tramos Bacalar-Chetumal y Ciudad del Carmen-Campeche, en los cuales, según se ha publicado en la prensa peninsular, también ha incurrido en anomalías.
Particularmente en el caso de Yucatán la pérdida de vidas humanas es irreparable, y en poco aliviaremos la pena de los deudos si se le aplica al responsable una sanción equivalente a una palmadita en el hombro.
A más decir, parecería que, efectivamente, esa empresa es de las consentidas por tener vínculos con el poder presidencial, situación que es necesario e imperativo aclarar.
Ahora, la terminación de la carretera Mérida-Kantunil podría retrasarse indefinidamente porque la empresa Fabricación y Colocación de Pavimentos (Facopsa) apeló la decisión del gobierno federal de retirarle la concesión de la vía; la ampliación, una de las más importantes de la Federación en el estado podría incluso, demorarse hasta un año, demostrando así una estrategia de Facopsa para negociar con el Gobierno Federal la restitución de la concesión.
Por lo anterior expuesto y para resolver definitivamente sobre el asunto, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que esta soberanía solicite a la Auditoría Superior de la Federación que conozca, investigue e informe, si existe algún hecho o acto que pudiera ser constitutivo de responsabilidad y/o negligencia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la Ley Federal de Obra Pública y demás ordenamientos pertinentes, correspondiente a la asignación, avance de obra, rescisión de la obra de ampliación de la empresa Facopsa, sobre los tramos carreteros Mérida-Kantunil, Bacalar-Chetumal y Ciudad del Carmen-Campeche, así como a la supervisión del estado físico y condiciones establecidos en el título de concesión de la autopista Kantunil-Cancún.
Segundo. Se solicite a la misma ASF que realice una auditoria especial sobre los fondos federales invertidos en dichos tramos carreteros, así como el impacto económico sobre las finanzas nacionales que ha tenido la irresponsabilidad de Facopsa y la pasividad de la SCT. Particularmente, revisar la correcta aplicación de multas en proporción a dichos daños económicos, con la finalidad de determinar las sanciones correspondientes tanto a los particulares como a los servidores públicos que hubieren incurrido en responsabilidad.
Dip. Roger David Alcocer García (rúbrica)
El que suscribe, diputado federal Salvador Sánchez Vázquez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el inciso f) numeral 6 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción XVI del artículo 21 y el 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo quinto del Acuerdo parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicita a esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Gobernación, a efecto de que se elabore a la brevedad posible el dictamen correspondiente a la iniciativa presentada el 9 de noviembre de 2004, la cual reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En múltiples ocasiones, tanto los abusos de particulares como la omisión de autoridades federales, han limitado y hasta cancelado el libre tránsito de personas por áreas costeras comprendidas entre la zona llamada Zona Federal Marítima, a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, situación que afecta las actividades de lugareños y visitantes.
Junto a ello, resulta necesario garantizar el libre uso de las playas a los habitantes de la República en cualquier desarrollo de esta naturaleza y por ningún motivo puede permitirse la existencia de playas particulares o privadas.
El Constituyente definió que la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y va más allá al establecer como de dominio directo a la Nación, los recursos naturales de la plataforma continental y de los zócalos submarinos de las islas. Si comprendemos como plataforma continental tanto las aguas como la tierra y entre ellas la zona federal marítimo-terrestre, no sólo restringe la Constitución el uso público de las playas comprendidas en esta zona, sino también el Gobierno Federal que es omiso a favor de quien niegue el derecho y, por tanto, se hace copartícipe de la infracción.
Estamos ante un caso de infracción a la ley en lo que participan, por una parte los particulares por el uso abusivo de esos bienes y, por otro, las autoridades por omisión.
El párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de la Nación para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicta el interés público, así como regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales, lo que tiene por objeto hacer una distribución equitativa de la riqueza pública a la vez que cuidar de su conservación, así como lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
En virtud de que ha transcurrido en exceso el término establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, considero oportuno que se proceda a enviar excitativa en los términos reglamentarios a la Comisión de Gobernación, con la finalidad de que presente el dictamen ante el pleno de esta H. Cámara de Diputados a la mayor brevedad.
Por lo anteriormente expuesto, a usted C. Presidente de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, atentamente solicito instruya lo conducente a fin de que:
Único. En los términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Gobernación, a fin de que turne con la mayor brevedad, ante el Pleno de la Cámara, el dictamen respectivo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, presentada el 9 de noviembre de 2004.
Palacio Legislativo de San Lázaro, H. Cámara de Diputados, a 8 de febrero de 2005.
Dip. Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica)