A nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, fijo el siguiente posicionamiento:
Las condiciones deplorables en la clase obrera, la problemática de la propiedad de la tierra y el rezago del campo fueron los reclamos sociales más importantes que propiciaron la Revolución encabezada por Francisco I. Madero el 20 de noviembre de 1910.
A principios del siglo pasado el campo mostraba rezagos semifeudales: los hacendados poseían la mayoría de las tierras y los campesinos, por varias generaciones, dependían de las "tiendas de raya".
El 96 por ciento de las cabezas de familias rurales no tenlan tierra, mientras que solamente el uno por ciento de la población controlaba el noventa y siete por ciento del territorio mexicano, y sólo 834 hacendados poseían la mitad de la tierra.
El 5 de octubre de 1910 Madero formuló el Plan de San Luis; en el artículo tercero de dicho plan, Madero postulaba la restitución de las tierras a los campesinos, en su mayoría indígenas que habían sido despojados de ellas abusando de la Ley de terrenos Baldíos, dicho artículo, a la postre se erigió en uno de los postulados básicos de la Revolución Mexicana.
Posteriormente, a fines de noviembre del año siguiente, Emiliano Zapata proclamó el Plan de Ayala, a través del cual exigía la inmediata y efectiva restitución de las tierras a los campesinos: "A fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor, y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos."
Después de triunfar al frente del Ejército Constitucionalista en abril de 1916, Carranza estableció definitivamente su gobierno en la Ciudad de México e inmediatamente se propuso llevar a cabo reformas sociales -entre ellas las relativas a la cuestión agraria, un problema social y nacional- para lo que dispuso que se legalizaran las reformas agrarias que pretendía el Plan de Ayala, ya no sólo en el estado de Morelos, sino en todos los que requerían esas medidas.
Inspirada en los lineamientos de la propuesta de Andrés Molina Enríquez y redactada en Veracruz por Luis Cabrera -colaborador de Carranza-, el 6 de enero de 1915 fue expedida la Ley Agraria, en la cual se concebía al ejido no como un nuevo sistema de tenencia, sino como reparación de una injusticia.
La Ley Agraria del 6 de enero de 1915 fue la primer respuesta institucional a las demandas campesinas que dieron origen al gran movimiento social de 1910. Se reconoció así la necesidad de devolver a los pueblos las tierras, los montes y aguas de que habían sido despojados so pretexto de cumplir con la Ley de Desamortización de Bienes Pertenecientes a las Corporaciones Civiles y Religiosas, expedida en 1856.
En el orden jurídico formal, la Ley Carrancista del 6 de enero de 1915, se constituiría como el antecedente directo de nuestro artículo 27 constitucional de 1917, con lo que se inicia un proceso para tratar de erradicar la desigualdad y el rezago en el agro mexicano, en el que por primera vez, se considera al campo como uno de los ejes rectores del desarrollo del país y fue además el inicio de un amplio proceso de reforma agraria que centró sus acciones primordialmente en la restitución y dotación de tierras a los pueblos, comunidades y demás núcleos de población que lo solicitaron. Más tarde se iniciaron otras acciones como la dotación y accesión de aguas, concesiones de inafectabilidad, creación de nuevos centros de población, ampliación de ejidos, expropiación de bienes, etcétera.
Si bien en su concepción inicial la reforma agraria era restitutoria, hoy es imprescindible que el esfuerzo se concentre en la provisión de instrumentos viables para el bienestar del campesino. El marco jurídico debe garantizar seguridad, justicia y libertad tanto a ejidatarios y comuneros como a pequeños propietarios. Seguridad en la tenencia de la tierra, libertad en la toma de decisiones y justicia en sus relaciones. Es imperativo establecer las condiciones jurídicas necesarias para que fluya la inversión al campo y poder ofrecer a sus habitantes los niveles de bienestar que se merecen.
Así al conmemorar el día de hoy, 6 de enero, la proclamación de la Ley de Reforma Agraria, reconocemos a quienes con sus luchas y su trabajo encontraron en sus parcelas una forma de vida, un patrimonio para su familia y una reivindicación para la lucha de sus padres y abuelos.
Asimismo, miramos hacia delante, hacia una nueva etapa del campo mexicano, una etapa en la que la tierra ya no ha de ser motivo de discordia, sino base de una mayor unidad, donde se busque promover cambios que alienten una mayor participación de los productores del campo en la vida nacional, que se beneficien con equidad de su trabajo, que aprovechen su creatividad y que todo ello se refleje en una vida comunitaria fortalecida y una Nación más prospera, que nuestro campo ya no sea destino de pobreza y de marginación, sino espacio para la esperanza, la superación, el progreso y la justicia.
Dip. María Sara Rocha Medina
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2004
Dip. Francisco Barrio Terrazas
Presidente de la Junta de Coordinación Política
Presente
Estimado diputado Francisco Barrio:
Por este conducto, tal como lo marca la normatividad vigente que rige en la Cámara de Diputados para los viajes internacionales, que las y los legisladores realizamos en el ejercicio de nuestras funciones, me permito remitirle el presente informe sobre la gira de trabajo a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, "Segunda Conferencia Internacional de Parlamentarios sobre la Aplicación del Programa de Acción de la CIPD (IPCI/CIPD)," en Estrasburgo, Francia, los días 18 y 19 de octubre de 2004.
En esta Asamblea, las y los parlamentarios asistentes, retomamos las conclusiones de la Mesa Redonda Global Conmemorativa del Décimo Aniversario de la Conferencia Internacional Sobre Población y Desarrollo (CIPD) recientemente realizada en Londres, Inglaterra, del 31 de agosto al 2 de septiembre pasados y definimos las acciones más importantes para cumplir cabalmente con los compromisos adquiridos en el Cairo + 10, así como diversas estrategias de acción para enfrentar la escasez de presupuesto y otros obstáculos que permitirán el cumplimiento del Cairo + 10.
El objetivo principal de esta Conferencia fue centrar la atención en dos aspectos clave en materia de población, esenciales para la aplicación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), celebrada en El Cairo en 1994, que se indican a continuación:
Establecer un ambiente propicio en los países en desarrollo, inclusive impulsar el compromiso político necesario para financiar, en la medida de lo posible, los programas nacionales, así como formular y aplicar las leyes y políticas necesarias para brindar información y servicios de salud sexual y reproductiva a todas las personas, especialmente a las mujeres y a las y los jóvenes.
La primera Conferencia Internacional de Parlamentarios sobre la Aplicación del Programa de Acción de la CIPD, celebrada en Ottawa en noviembre de 2002, produjo resultados sumamente satisfactorios, pues las y los parlamentarios de las diferentes regiones del mundo convirtieron la Declaración de Compromiso de Ottawa en un elemento de referencia para su trabajo en lo que respecta a apoyar el Programa de Acción de la CIPD. (Ver Declaración de Compromiso de Ottawa, anexo 2)
En Ottawa se estableció un sistema mundial de monitoreo regular y un seguimiento constante para las y los parlamentarios. En aquella oportunidad se decidió que se celebraría una conferencia internacional de parlamentarios cada dos años sobre los mismos temas tratados en la Conferencia de Ottawa y, asimismo, que el Fondo de Población de las Naciones Unidas,
El Fondo de Población ha creado y está entregando este boletín informativo titulado Global Population Policy Update, donde se informa regularmente sobre los progresos alcanzados por las y los parlamentarios y los gobiernos de las diferentes regiones del mundo en lo que hace a cumplir con los compromisos asumidos, sirviendo como un recordatorio constante para todos quienes trabajamos a fin de alcanzar el objetivo común de concretar el Programa de Acción de la CIPD.
Si bien se realizaron numerosos eventos nacionales y regionales conmemorativos del décimo aniversario de la CIPD, esta segunda Conferencia fue uno de los pocos eventos de carácter verdaderamente mundial. Sin lugar a dudas, fue el único evento global hasta la fecha donde las y los responsables del diseño de políticas públicas de las diferentes regiones del mundo nos dimos cita para considerar los avances alcanzados en el último decenio con respecto a la aplicación del Programa de Acción de la CIPD, así como para debatir las acciones necesarias en la próxima década dentro del contexto del Programa de Acción a 20 años.
El Foro Parlamentario Intereuropeo sobre Población y Desarrollo y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, conjuntamente con los grupos parlamentarios regionales el Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo (GPI), el Foro Asiático de Parlamentarios sobre Población y Desarrollo (AFPPD) y el Foro de Parlamentarios Árabes y Africanos sobre Población y Desarrollo (FAAPPD), junto con Parlamentarios para la Acción Mundial (PGA), una organización con alcance global fueron los anfitriones de la Conferencia. El Fondo de Población de las Naciones Unidas fungió como coorganizador.
Conclusiones
Declaración de Compromiso de Estrasburgo
Nosotros, Parlamentarios de todo el mundo, nos hemos reunido en Estrasburgo (Francia) los días 18 y 19 de octubre de 2004, a fin de reafirmar y profundizar el compromiso asumido en Ottawa (Canadá) en noviembre de 2002, de movilizar los recursos y crear los ámbitos normativos necesarios para alcanzar los objetivos del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD).
Reafirmamos también nuestro compromiso en pro del desarrollo sostenible y sus tres bases: crecimiento económico, progreso social y protección del medio ambiente.
Afirmamos que la implementación del Programa de Acción de la CIPD y de las Medidas Clave para seguir ejecutando el Programa de Acción, acordadas al cabo de cinco años, son esenciales para conquistar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En consecuencia, estamos plenamente de acuerdo con la declaración del Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan, en el sentido de que "los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular la erradicación de la extrema pobreza y el hambre, no pueden alcanzarse si no se abordan decididamente las cuestiones de población y salud reproductiva. Y ello significa intensificar las acciones de promoción de los derechos de la mujer e incrementar las inversiones en educación y salud, inclusive la salud reproductiva y la planificación de la familia".
Aceptamos nuestro deber y nuestra responsabilidad de promover y defender la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, inclusive su derecho a decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos; defender y promover la igualdad y equidad de género y la habilitación de la mujer; y eliminar todas las formas de discriminación, coacción y violencia contra la mujer.
Tenemos conciencia de que la decisión de defender esos principios significa la diferencia entre una vida en que hay esperanza y oportunidad y una vida colmada de desesperación y carente de esperanza; y peor aún, la diferencia entre la vida y la muerte.
En consecuencia, aceptamos nuestro deber y nuestra responsabilidad de proteger y promover esos principios y de velar por que se los lleve plenamente a la práctica antes de 2015.
Principales retos
Tenemos presente que este compromiso se asume al promediar el lapso de 20 años del Programa de Acción de la CIPD. En estas circunstancias, reconocemos que en los diez años transcurridos después de la aprobación del Programa de Acción de la CIPD en El Cairo, en 1994, se han logrado muchos adelantos importantes, como se refleja claramente en la Encuesta Mundial realizada por el UNFPA y en los exámenes regionales realizados por las Naciones Unidas y por los Parlamentarios del progreso de los países en la implementación del Programa de Acción; pero también reconocemos que subsisten importantes retos para poder llevar a la práctica el Programa de Acción de la CIPD y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre ellos los siguientes:
Cada minuto, una mujer pierde la vida a causa de complicaciones del embarazo, casi todas ellas prevenibles; una enorme mayoría de esas mujeres residen en países en desarrollo.
Las complicaciones obstétricas son la principal causa de defunción de mujeres en edad de procrear en los países en desarrollo.
En la mayoría de los países no se ha asignado prioridad a esa cuestión de vida o muerte; por consiguiente, desde 1994 no hubo cambios apreciables en la cantidad de defunciones anuales en todo el mundo.
De todas las embarazadas, una tercera parte no recibe atención de la salud durante el embarazo; un 60% de los partos tienen lugar fuera de los establecimientos de salud; y sólo la mitad de todos los partos reciben atención de personal capacitado, aun cuando las proporciones varían de un lugar a otro y suelen ser menores entre los indigentes.
Los refugiados, las personas internamente desplazadas, las mujeres y niñas afectadas por la guerra y los discapacitados son especialmente vulnerables a los riesgos en materia de salud reproductiva, inclusive deplorables niveles de violencia sexual. Si bien se ha cobrado mayor conciencia de la importancia de abordar esas necesidades, inclusive la prevención del VIH y el tratamiento en casos de violencia sexual, cuando hay situaciones de emergencia y conflictos complejos es poco frecuente que los presupuestos de asistencia humanitaria incluyan recursos para sufragar respuestas de salud reproductiva que salvan vidas.
La pobreza incrementa sustancialmente las probabilidades de defunción de una mujer. El riesgo que corre una mujer a lo largo de toda su vida de morir a causa del embarazo o el parto es en el África occidental de 1 en 12; el riesgo comparable en las regiones desarrolladas en de 1 en 2.800. Nunca será posible mitigar la pobreza ni alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a menos que se implemente cabalmente el Programa de Acción de la CIPD.
En los países en desarrollo, hay unos 200 millones de mujeres pobres cuya necesidad de anticonceptivos eficaces está insatisfecha. Es posible satisfacer esas necesidades, a un costo calculado en 3.900 millones de dólares anuales, importe que prevendría 23 millones de alumbramientos no planificados; 22 millones de abortos inducidos, 142.000 defunciones a causa del embarazo (entre ellas, 53.000 a causa de abortos realizados en malas condiciones) y 1,4 millón de defunciones de menores de un año.
Al cabo de dos decenios, la pandemia de sida ya se ha cobrado más de 20 millones de vidas, tres millones de ellas en 2003, y hay pocas esperanzas de que esa situación haya mejorado en 2004, pues la epidemia sigue propagándose aceleradamente en muchas regiones del mundo. Hoy hay más de 38 millones de personas que viven con el VIH/sida.
De las personas en situación de alto riesgo de infección con el VIH, menos de un 20% tiene acceso a medidas preventivas de eficacia comprobada, las cuales, si se aumentara sustancialmente su escala, podrían evitar una cantidad de nuevas infecciones estimada entre 29 millones y 45 millones hacia 2010.
En 2003 se agregaron cinco millones de personas a los infectados con el VIH. Las mujeres constituían casi la mitad de todos los adultos infectados y casi las tres quintas partes de los infectados en África al sur del Sahara.
Del total de nuevas infecciones con el VIH, la mitad corresponde a personas jóvenes -cuatro infecciones por minuto-; las mujeres jóvenes corren riesgos particulares, especialmente en África, donde les corresponden tasas de infección dos a tres veces superiores a las de los varones de la misma edad.
Hay todavía 2.800 millones de personas -dos de cada cinco- que siguen esforzándose por sobrevivir con menos de dos dólares diarios; 1.200 millones de ellas viven con menos de un dólar por día; más de la mitad son mujeres.
La inestabilidad política y los conflictos armados obstaculizan la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible.
Hay 500,000 personas viviendo en países donde escasea el agua o hay estrés hídrico; y la extracción de aguas subterráneas está agotando las existencias, lo cual tiene graves repercusiones sobre el futuro de la seguridad alimentaria. Se prevé que hacia 2025, esa cantidad se habrá multiplicado entre cinco y siete veces.
Cada año, el agua contaminada afecta la salud de 1.200 millones de personas y contribuye a la pérdida de 15 millones de vidas de niños menores de cinco años.
Hay unos 800 millones de personas crónicamente mal nutridas y 2.000 millones que carecen de seguridad alimentaria.
En los próximos 45 años se duplicará la proporción de personas de 60 ó más años, desde aproximadamente una de cada diez hasta una de cada cinco; muchas de esas personas vivirán en la pobreza y necesitarán asistencia oficial para los servicios sociales y de salud.
Llamado a la acción
Nosotros, los Parlamentarios aquí reunidos, nos comprometemos a realizar las acciones indicadas a continuación y exhortamos a los Parlamentarios de todo el mundo a asumir el mismo compromiso:
1. Luchar por que las Naciones Unidas se comprometan a que en 2005, en ocasión del examen al cabo de cinco años de la Declaración del Milenio, se agregue un noveno Objetivo de Desarrollo del Milenio, basado en el Programa de Acción de la CIPD, y se establezca que los servicios de salud sexual y reproductiva han de estar al alcance de todos antes de 2015.
2. Luchar por que se alcance la meta convenida de 0,7% del PNB con destino a la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y no ahorrar esfuerzos por movilizar los recursos financieros acordados y necesarios para implementar el Programa de Acción de la CIPD.
3. Luchar por lograr que al menos un 10% de los presupuestos nacionales de desarrollo y al menos un 10% de los presupuestos de asistencia al desarrollo se destinen a programas de población y salud reproductiva.
4. Asignar la máxima prioridad en los presupuestos nacionales, los enfoques sectoriales y las estrategias para la reducción de la pobreza, a ampliar el acceso a servicios integrales y suministros de salud reproductiva y velar por que las cuestiones de población y salud reproductiva figuren en lugar prominente en los debates preparatorios del examen al cabo de cinco años de la Declaración del Milenio y en las metas e indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
5. Asignar alta prioridad a las acciones encaminadas a reducir la mortalidad y la morbilidad derivadas de la maternidad y los abortos realizados en malas condiciones, de conformidad con las directrices que figuran en la publicación de la OMS titulada Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems (2003), como cuestión de salud pública y como preocupación por la vigencia de los derechos reproductivos.
6. Fortalecer los servicios de maternidad sin riesgo, inclusive la provisión de nutrición a las madres, la atención prenatal, la atención del parto por personal capacitado y la atención obstétrica de emergencia.
7. Adoptar de inmediato medidas para subsanar la aguda carencia de personal calificado en varios países, debida a la insuficiente capacitación, las defunciones causadas por el VIH/sida y la migración de profesionales hacia países desarrollados.
8. Asignar la máxima prioridad a alentar la cooperación entre el sector privado, las ONG y los gobiernos en la producción y la provisión de productos y suministros costeables de salud reproductiva, en especial para la planificación de la familia y la prevención de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/sida.
9. Asignar alta prioridad a alentar la cooperación con grupos confesionales en la lucha contra el VIH/sida en la etapa de prevención, entablando diálogos con esos grupos.
10. Movilizar los recursos adicionales requeridos para satisfacer las necesidades insatisfechas de suministros en los programas apoyados por el UNFPA y a IPPF, hasta al menos 150 millones de dólares anuales; y preparar un plan de campaña a fin de asegurar una financiación sostenible, teniendo en cuenta los costos humanos y económicos de no hacerlo.
11. Fortalecer los servicios de planificación de la familia para posibilitar que las mujeres aplacen, espacien o limiten sus embarazos, según lo consideren apropiado.
12. Promover la comprensión por los hombres de sus papeles y responsabilidades en lo concerniente a la salud reproductiva y los derechos reproductivos de hombres y mujeres, acceso de sus compañeras y de ellos mismos a la atención de la salud reproductiva, inclusive los servicios de planificación de la familia, contribuyendo así a prevenir el embarazo no deseado y a reducir la transmisión de infecciones por vía sexual inclusive el VIH/sida.
13. Velar por que los usuarios de servicios de salud reproductiva, incluidos los jóvenes y las personas que viven con el VIH/sida, participen plenamente en la formulación, la realización, el monitoreo y la evaluación de los programas.
14. Movilizar el apoyo a las mujeres antes, durante y después del embarazo y el parto, realizando campañas de educación sobre salud pública y estableciendo más fuertes marcos normativos, legislativos y reglamentarios, a fin de promover y proteger la salud de las madres.
15. Amplias la escala y el alcance de las actividades de prevención del VIH/sida y velar por que se integren en programas integrales de salud reproductiva.
16. Promover respuestas coordinadas y coherentes al VIH/sida, basadas en los siguientes principios: un marco nacional sobre el sida, un órgano multisectorial de amplia base para coordinar las cuestiones del VIH/sida y un sistema acordado de monitoreo y evaluación a nivel nacional, y promover la máxima integración posible con otros servicios pertinentes de salud sexual y reproductiva.
17. Exhortar a los gobiernos a que asignen prioridad a la investigación sobre vacunas y microbicidas y destinen mayores recursos a esos fines.
18. Aprobar y hacer cumplir leyes que garanticen el respeto a los derechos humanos, en especial a los derechos sexuales y reproductivos, y a la dignidad de los huérfanos a causa del sida y las personas que viven con el VIH/sida, así como otros grupos vulnerables.
19. Aprobar y hacer cumplir leyes y políticas que promuevan y protejan los derechos humanos de la niña y la joven y aseguren el acceso de la mujer en condiciones de igualdad a la educación y la salud, en particular la salud sexual y reproductiva, además de su plena participación en las oportunidades económicas y la adopción de decisiones en todos los niveles.
20. Asegurar la vigencia plena del derecho humanitario internacional y la legislación internacional sobre derechos humanos, a fin de proteger los derechos de mujeres y niñas, migrantes y refugiados, durante los conflictos y después de estos, y responsabilizar plenamente ante las leyes a quienes perpetren actos de violencia sexual, explotación, trata de personas y otros delitos.
21. Velar por que se proporcionen servicios de salud reproductiva como parte integrante de la respuesta de asistencia humanitaria y en situaciones de transición posteriores a conflictos.
22. Aprobar y hacer cumplir leyes que configuren como delito punible la violencia doméstica y sexual contra la mujer y la niña, inclusive las prácticas tradicionales nocivas como la mutilación genital femenina, y asignar alta prioridad a la participación de todos los sectores de la sociedad, incluidos los líderes políticos, religiosos y culturales, en campañas para eliminar esas prácticas.
23. Intensificar las acciones para ampliar el acceso a servicios de salud reproductiva acogedores para los jóvenes, inclusive para los adolescentes casados y los que no asisten a la escuela, e impartir capacitación y educación en aptitudes para la vida a los adolescentes, en particular los varones, y los hombres jóvenes, a fin de promover los derechos de la mujer y la niña.
24. Promover y proteger los derechos del adolescente, inclusive su derecho a la atención de la salud reproductiva y la información al respecto; aplicar estrictamente las leyes sobre edad mínima para contraer matrimonio; y tratar de eliminar las disparidades en el trato a niñas y niños varones, así como en la valoración de la niña, tanto en la familia como en la sociedad.
25. Reconocer que el acceso al agua no contaminada es un derecho humano fundamental y asignar alta prioridad en las estrategias nacionales de desarrollo y reducción de la pobreza al aumento de la productividad y la conservación de los recursos hídricos, inclusive la transición hacia cultivos y tecnologías que aprovechen más eficientemente los recursos hídricos, y emprender programas de lucha contra la contaminación del agua.
26. Mejorar el acceso a los recursos agrícolas y productivos, entre ellos los de tierra, agua y crédito, particularmente para las mujeres, y promover sistemas de distribución equitativos y eficientes y un desarrollo sostenible.
27. Proteger el estado de salud reproductiva de mujeres, hombres y niños contra los efectos de rociar los cultivos con productos químicos.
28. Promover y proteger los derechos económicos, sociales y políticos de los ancianos y facultarlos para que participen plena y efectivamente en la vida económica, política y social de sus sociedades.
Promesa
Nosotros, los Parlamentarios aquí reunidos, prometemos llevar a cabo esas acciones y monitorear activa y sistemáticamente los progresos que logremos al respecto. Prometemos asimismo presentar regularmente informes sobre estos progresos por conducto de los grupos de Parlamentarios y volver a reunirnos dentro de dos años para evaluar los resultados logrados.
Prometemos también promover y proteger el pleno disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, en particular los derechos sexuales y reproductivos.
Atentamente
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica)