Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Del ciudadano diputado Homero Díaz Rodríguez.
De la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Del Congreso del estado de Morelos.
Del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que comunica que el Presidente de la República designó al ciudadano Pablo Latapí y Sarre como embajador extraordinario y plenipotenciario de México para que funja como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París, Francia. (Turno a Comisión)
Quince, con los que se remiten hojas de servicios de miembros del Ejercito Mexicano para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)
Dos, con los que remite contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.
Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)
Tres oficios por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Jaime Romero Gamboa, Luz Yaham Vázquez Villanueva y Xóchitl Balcázar Martínez puedan prestar servicios en el Consulado y la Embajada de Estados Unidos de América, respectivamente; las ciudadanas Cristina Noguez Padilla y Carina María Elizalde di Martino puedan prestar servicios en las embajadas de Dinamarca y de Francia en México, respectivamente. (Turno a Comisión)
Iniciativas
Con proyecto de decreto, que reforma el artículo 4º de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a cargo del diputado Martín Remigio Vidaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con proyecto de decreto, que reforma los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Sigona Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. ( Turno a Comisión)
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos César Mayolo Mata Duarte, David Francisco Castro López, José Luis Torres Martínez, Luis Orozco Inclán, Alberto Castro Rosas y José Luis Sánchez Sánchez para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Carlos Edgar Ross Scheede para aceptar y usar la condecoración "Cruz de Caballero de la Orden del Merito de la República Federal de Alemania" que le confiere el gobierno de dicho país. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Alfonso Ruiz Saldaña, Ivette Lizeth Varona González, Miguel Ángel Vigueras Nolasco, Claudia Elvia Melgar Perales, Osbel Alejandro Vázquez Rodríguez y Hady Fuentes Sánchez para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en los Consulados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Tijuana, Baja California, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al director General de Pemex, en torno a la catástrofe ecológica provocada por el derrame de petróleo en el estado de Veracruz, suscrita por los senadores Noemí Guzmán Lagunas, Ernesto Gil Elorduy y Emilio Gamboa Patrón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar al jefe de Gobierno del Distrito Federal a que inicie las acciones necesarias para regularizar la problemática que enfrenta el ejido poblado Xochimilco, suscrita por el diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer a los titulares de Pemex Exploración y Producción, y de la Profepa, a efecto de que expongan la situación que guarda el Sistema Nacional de Ductos y las medidas que se han tomado para evitar la frecuencia de los derrames accidentales de hidrocarburos, a cargo del senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que investiguen la muerte de quelonios marinos en las costas de Sinaloa, a cargo del diputado Leonardo Álvarez Romo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a crear un programa emergente para los pescadores del río Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Martín Remigio Vidaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para solicitar al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que se sirva informar sobre los spots de radio y televisión, a cargo del diputado José Antonio de la Vega Asmitia, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno)
Con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Seguridad Pública Federal a que cese al Comisionado Carlos Tornero Díaz; al director del Centro Federal de Readaptación Social "La Palma", Guillermo Montoya Salazar, y a su jefe de custodios, y que el titular del Ejecutivo realice una revisión exhaustiva del personal de la Secretaría de Seguridad Pública que labora en los penales federales. También se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que en el ámbito de su competencia realice las auditorías correspondientes en todos los Ceferesos y de la situación patrimonial del personal administrativo y de custodia, a cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que exhorta al Ejecutivo federal a instruir al Secretario de Relaciones Exteriores para abstenerse de llevar a cabo cualquier acción relacionada con la participación de México en las llamadas misiones de paz, a cargo del diputado Arturo Nahle García y suscrita por el diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, en relación al asesinato del interno Arturo Guzmán Loera en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "La Palma", a cargo del senador Cesar Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la transmisión por el Canal del Congreso de mensajes que inviten a la población a contribuir con ayuda humanitaria y financiera para los damnificados de los maremotos ocurridos en Asia, a cargo del senador Armando Chavarría Barrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia, ante la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, del subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Hakim, respecto a la candidatura del secretario Luis Ernesto Derbez a la Organización de Estados Americanos, a cargo del senador Armando Chavarría Barrera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Agenda política
Posicionamiento en relación con los hechos sucedidos en el penal de máxima seguridad de La Palma, a cargo del senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Pronunciamiento en relación con una campaña nacional para la adopción y hermanamiento con los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, a cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Pronunciamiento sobre el incendio sucitado en Xochimilco (Patrimonio Cultural de la Humanidad-UNESCO 1987) el pasado 3 de enero, a cargo de la senadora Érika Larregui Nagel, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Posicionamiento en relación con la controversia constitucional de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión vs los Poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Oaxaca, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.
Posicionamiento en relación con la bahía "El Tamarindillo", de la costa de Michoacán, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Posicionamiento en torno al rechazo del recurso de amparo promovido por Augusto Pinochet por parte de la Suprema Corte Chilena, por los sucesos derivados de la operación Cóndor, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Posicionamiento en relación con la libertad de expresión en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.
Posicionamiento en relación con la controversia presentada por el Ejecutivo federal respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, aprobado por la Cámara de Diputados y su secuela judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Posicionamiento en relación con el aniversario de la promulgación de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CELEBRADA EL MIÉRCOLES VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL CUATRO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA
Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera
En el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta y un legisladores, a las once horas con treinta y tres minutos del miércoles veintinueve de diciembre dos mil cuatro, el Presidente declara abierta la sesión.
La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del orden del día.
La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma forma la aprueba.
Comunicación del diputado Guadalupe de Jesús Vizcarra Calderón con la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputado federal electo en el quinto distrito del estado de Sinaloa. La Secretaría da lectura al punto de acuerdo por el que se concede la licencia solicitada y la Asamblea lo aprueba en votación económica. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
Comunicación del Congreso del estado de Jalisco con acuerdo por el que solicita al Congreso de la Unión, revisar la Ley Federal de Derechos con la finalidad de adecuar criterios para el cobro del uso del certificado zoosanitario. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a la verificación de los vertimientos de aguas residuales desalojadas hacia el estero El Salado. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
Diez oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso necesario para que seis ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren el Ejército de la República de Chile, las Fuerzas Armadas de la República de El Salvador, el gobierno y la Guardia Costera de los Estados Unidos de América, el Ministerio de Defensa de la República Francesa, las comandancias generales del Ejército y de la Fuerza Aérea de la República del Perú y el Ministerio de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Se turnan a la Primera Comisión.
El diputado Leonardo Álvarez Romo, del Partido Verde Ecologista de México, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia del derecho a la información ambiental. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
El diputado Arturo Nahle García, a nombre propio y del diputado René Arce Islas, del Partido de la Revolución Democrática, presenta dos iniciativas con proyectos de decreto que:
Reforma el artículo veinticuatro y adiciona el artículo ciento treinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que expidiera el titular del Poder Ejecutivo Federal, del maestro Gerardo Rodríguez Regordosa como titular de la Unidad de Crédito Público. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese. El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano Rodríguez Regordosa y designa una comisión que lo introduce y acompaña a rendir su protesta de ley como titular de la Unidad de Crédito Público.
Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que expidiera el titular del Poder Ejecutivo Federal, del ciudadano Carlos Enrique Isoard y Viesca como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para un segundo y último periodo comprendido del primero de enero de dos mil cinco al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho. Sin discusión se aprueba por mayoría calificada de veinticinco votos en pro, cinco en contra y una abstención. Comuníquese. El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra el ciudadano Isoard y Viesca y designa una comisión que lo introduce y acompaña a rendir su protesta de ley como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
Presidencia del diputado Alfredo Villegas Arreola
Dictamen de la Tercera Comisión con punto de acuerdo para solicitar a las secretarías de Seguridad Pública y de Hacienda y Crédito Público y a las procuradurías General de la República y Federal del Consumidor, información sobre las medidas dispuestas durante el periodo de diciembre de dos mil cuatro para combatir el contrabando, la falsificación de marcas, el robo de mercancías a comercios y transportes y su venta en vía pública. Sin discusión se aprueba en votación económica. Comuníquese.
El Presidente informa de la recepción de una proposición con punto de acuerdo para que los diputados federales de la Quincuagésima Novena Legislatura realicen por única vez, una donación pecuniaria y de un libro en beneficio del Sistema de Bibliotecas, suscrita por integrantes de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas. Se turna a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Presentan proposiciones con punto de acuerdo los legisladores:
Diputado José Luis Treviño Rodríguez, del Partido Acción Nacional, para exhortar a los titulares de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de la Función Pública, a que realicen actividades conjuntas para la conclusión de la carretera Lagos de Moreno - San Luis Potosí, en el tramo Lagos de Moreno - Las Amarrillas, y del nodo vial en Lagos de Moreno, Jalisco. Se turna a la Tercera Comisión.
Senador César Raúl Ojeda Zubieta, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar a los titulares de la empresa Petróleos Mexicanos y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, información sobre la magnitud y las causas del derrame de petróleo ocurrido el veintidós de diciembre de dos mil cuatro en el estado de Veracruz, y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea considera de esa forma el asunto en votación económica. Hablan en pro la senadora Lydia Madero García, del Partido Acción Nacional; y el diputado Martín Remigio Vidaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional. La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.
Diputado Leonardo Álvarez Romo, del Partido Verde Ecologista de México, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que realice un programa de restauración ecológica en el río Coatzacoalcos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
Diputado Javier Salinas Narváez, del Partido de la Revolución Democrática, a nombre propio y de diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, para exhortar al Ejecutivo Federal a que por conducto del Consejo de Salubridad General, ordene suspender la vigencia de los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas seis de julio y veintiséis de octubre de dos mil cuatro, en materia de combate al alcoholismo, y sean remitidos con sus antecedentes, a la Cámara de Diputados para su revisión. Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Diputado Arturo Nahle García, a nombre propio y de la diputada María del Rosario Herrera Ascencio, del Partido de la Revolución Democrática, para crear una Comisión Especial que observe y dé testimonio del desarrollo del proceso electoral en el estado de Guerrero. Se turna a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Diputado Javier Salinas Narváez, del Partido de la Revolución Democrática, a nombre propio y de diputados de diversos grupos parlamentarios, para crear una Comisión Investigadora de Petróleos Mexicanos de la Cámara de Diputados, encargada de dar seguimiento a las políticas públicas en materia de precios del petróleo. Se turna a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, a nombre propio y de diputados del Partido de la Revolución Democrática, para expresar condolencias a los gobiernos de Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, India, Malasia, Tailandia y las Islas Maldivas, así como a los familiares de las víctimas de los maremotos en el sudeste asiático, y solicita guardar un minuto de silencio en su memoria y trámite de urgente resolución. La Asamblea guarda el minuto de silencio solicitado y considera de urgente resolución el asunto en votación económica. Hablan en pro los legisladores: diputado Leonardo Álvarez Romo, del Partido Verde Ecologista de México, y propone que el Congreso de la Unión y los legisladores de la Comisión Permanente realicen un donativo para la denominada Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, Asociación Civil; diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del Partido Acción Nacional; y senadora Lucero Saldaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica. El Presidente turna la propuesta del diputado Álvarez Romo a las juntas de Coordinación Política de las cámaras de Diputados y de Senadores y propone, a nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo y de Convergencia, representados en la Comisión Permanente, añadir al punto de acuerdo un mensaje de condolencias al que da lectura. La Asamblea lo aprueba con el añadido propuesto por la Presidencia en votación económica. Comuníquese.
Diputado Arturo Nahle García, a nombre propio y de diputados del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Ejecutivo Federal a que retire al Embajador de México en los Estados Unidos de América, en protesta por la entrada en vigor de la denominada Ley doscientos aprobada en el estado de Arizona y de otras leyes discriminatorias que están a punto de aprobarse en el Congreso norteamericano. Se turna a la Segunda Comisión.
Diputado Arturo Nahle García, a nombre propio y de la diputada Eliana García Laguna, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al gobernador del estado de Oaxaca a que garantice un cambio de poderes pacífico y ordenado en el municipio de Huautla de Jiménez y se esclarezca el homicidio del señor Serafín García Contreras y solicita trámite de urgente resolución. La Asamblea no considera de esa manera el asunto en votación económica y el Presidente turna la proposición a la Primera Comisión.
Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Director General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y al Director Liquidador del Banco de Crédito Rural para que realicen la transferencia de derechos de las bodegas ubicadas en la Central de Abastos de la Ciudad de México, solicitada por la Unión Nacional para la Acción Indígena Urbano Campesina, Asociación Civil. Se turna a la Tercera Comisión.
Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Democrática, a nombre propio y de legisladores de diversos grupos parlamentarios, para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que acate la ejecutoria de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que cancela el permiso de operación condicionada a la empresa Minera San Xavier, Sociedad Anónima de Capital Variable.
Se turna a la Primera Comisión.
El diputado Javier Salinas Narváez, del Partido de la Revolución Democrática, comenta la decisión de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la controversia constitucional promovida por el Ejecutivo Federal contra el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco.
Hablan sobre el mismo tema los legisladores: diputado Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo; senador Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional, y acepta interpelación del diputado Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Democrática; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, del Partido Revolucionario Institucional, y acepta interpelación de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática.
Rectifican hechos el senador Jesús Galván Muñoz, del Partido Acción Nacional; y los diputados Javier Salinas Narváez y Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Democrática. Contesta alusiones personales el senador Galván Muñoz y acepta interpelación del diputado Nahle García. Rectifica hechos la senadora Martha Sofía Tamayo Morales, del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente informa que, transcurrido el tiempo acordado para la duración de las sesiones, dos legisladores solicitan la palabra para hablar sobre el tema de referencia y la Asamblea, en votación económica, no autoriza que se les conceda.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría
da lectura al orden del día de la próxima sesión y
el Presidente levanta la de hoy a las quince horas con cuarenta y cuatro
minutos, citando para la que tendrá lugar el miércoles cinco
de enero de dos mil cinco a las once horas.
México, DF, a 30 de diciembre de 2004.
Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara
de Diputados
Presidente de la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión
Presente
Por la presente hago de su conocimiento que con esta fecha renuncio a la licencia para separarme de mis funciones como diputado federal, electo por la segunda circunscripción plurinominal, que me fue concedida a partir del 1º de enero de 2005, por acuerdo de la H. Comisión Permanente tomando en su sesión del 22 del corriente mes.
Asimismo hago de su conocimiento que, por lo mismo, continúo ejerciendo mis funciones de diputado federal.
Atentamente
Dip. Homero Díaz Rodríguez (rúbrica)
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados
Presente
Me es grato comunicar, por su muy digno conducto, a esa H. Cámara de Diputados que la Suprema Corte de Justicia de la Nación inauguró hoy su primer periodo de sesiones correspondiente al presente año.
Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
México, DF, a 3 de enero de 2005.
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Lic. Mariano Azuela Güitrón (rúbrica)
DEL CONGRESO DE MORELOS
Cuernavaca, Mor., a 9 de diciembre de 2004.
CC. Senadores Secretarios de la H. Cámara de
Senadores del H. Congreso de la Unión
Presentes
Por instrucciones del C. diputado Oscar Julián Vences Camacho, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Morelos, remito en copia simple el punto de acuerdo aprobado en esta fecha por la Cuadragésima Novena Legislatura, mediante el cual se exhorta al Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, a que, en uso de las facultades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, detenga el continuo incremente del precio del gas LP, en beneficio tanto de la economía familiar como de los sectores productivos del país.
Sin otro particular, le reitero nuestra consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lic. Julio Ernesto Pérez Soria (rúbrica)
Secretario General de Servicios Legislativos y Parlamentarios
del Congreso del Estado
Cuernavaca, Morelos, a 23 de noviembre del 2004.
Honorable Asamblea
En el orden de proteger los legítimos intereses de la sociedad, me dirijo a esta asamblea con fundamento en el artículo 17, fracciones I y IV, de la Ley Orgánica del Congreso del estado de Morelos, el 130 del Reglamento Interior para el Congreso, con el objeto de someter un punto de acuerdo respecto a los precios del gas doméstico, ello al tenor de las siguientes:
Consideraciones
1.- El continuo incremento del precio del gas LP, que es parte integral de la canasta básica y, por ello, de primerísima necesidad para los hogares mexicanos, ha provocado constantes e innumerables quejas de la población de nuestro estado, y de los representantes de las diferentes cámaras de industriales y de comerciantes, ya que esas significativas alzas están muy por encima de la meta de inflación anual, lo que es incongruente con las perspectivas de política económica que los morelenses esperábamos para los años 2002, 2003 y 2004.
2.- El precio del gas LP se determina con una fórmula que, entre otros elementos, considera las cotizaciones del energético que rigieron en el periodo anterior en los mercados internacionales. Dado que los precios de los derivados del petróleo sufrieron a lo largo del año alzas importantes, ese hecho se reflejó en las cotizaciones del mercado interno, lo anterior dio lugar a que en 2004 los incrementos del gas doméstico fueran del 13.44% de enero a octubre, con un promedio mensual de 1.49%, y por otra parte la inflación de enero a octubre fue de 3.44%, con un promedio mensual de 0.38%.
Como se podrá observar, existe una brecha de 1.11% mensual en perjuicio del poder adquisitivo de las familias morelenses y mexicanas.
3.- Entre los factores que en México inciden de manera significativa sobre la evolución de los precios, se encuentra el gas LP, que en forma directa influye como expectativa de inflación y, por consecuencia, en un mayor incremento del precio al consumidor; es importante mencionar que los precios del gas doméstico han experimentado alzas más elevadas que las esperadas, ante ello me permito someter el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Exhortar al Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, haga uso de las facultades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para detener el continuo incremento del gas LP, en beneficio tanto de la economía familiar como de lo sectores productivos del país.
Segundo.- Solicitar al Congreso de la Unión que legisle en la materia para frenar el alza de los precios en el gas LP, evitando con ello que se siga lesionando la economía familiar; asimismo tenga a bien considerar una partida presupuestal que permita crear la infraestructura necesaria para convertir el gas natural en gas licuado y así evitar una dependencia externa, que nos ha convertido en rehén de los precios internacionales que establecen la oferta y demanda de nuestro mercado nacional, medida tendiente a evitar la generación de factores adversos que incrementan la inflación.
Tercero.- Exhortar a los Congresos de los demás estados de la República Mexicana se adhieran a dicho punto de acuerdo expresado por esta soberanía.
Transitorios
Único.- Se instruya al secretario general de Servicios Legislativos y Parlamentarios para que se encargue de dar cumplimiento con el contenido de este acuerdo.
Atentamente
Dip. Rosalío González Nájera (rúbrica)
DEL GOBIERNO DE MICHOACAN DE OCAMPO
Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre de 2004.
Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presente
Por instrucciones del C. Lázaro Cárdenas Batel, gobernador constitucional del estado y en atención a su oficio D.G.P.L 59-II-0-1013, de fecha 9 de noviembre y recibido el día 15 de noviembre de la presente anualidad, al cual se adjunta el punto de acuerdo parlamentario donde se exhorta al Poder Ejecutivo del estado a que, en el marco de sus atribuciones y facultades, garantice las condiciones propicias para el correcto desarrollo del proceso electoral en esta entidad federativa; le informo que se realizaron y se seguirán desarrollando diversas reuniones con las partes en conflicto, para que a través del diálogo concilien sus intereses, ya que es compromiso permanente de esta administración garantizar el Estado de derecho y gobernabilidad democrática, preservando el orden y la paz pública con respeto en todo momento a las garantías individuales, tal y como lo estipulan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y las leyes que de ambas emanan.
Sin otro particular por el momento, le reitero la más distinguida de mis consideraciones.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
L. Enrique Bautista Villegas (rúbrica)
Secretario de Gobierno
México, DF, a 3 de noviembre de 2004.
CC. Secretarios de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se ha dirigido a esta de Gobernación, en oficio fechado el día 1° del mes en curso, manifestando lo siguiente:
En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar en los términos de la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la ratificación del H. Senado de la República al nombramiento del C. Latapí y Sarre. Con este fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado."
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, CON LOS QUE SE REMITEN HOJAS DE SERVICIOS DE MIEMBROS DEL EJÉRCITO MEXICANO PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
México, DF, a 16 de diciembre de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a esta de Gobernación enviando las hojas de servicios de los ciudadanos
Coronel Médico Cirujano Gerardo Javier Valdés
Aguirre (8516060)
Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor
José Martínez Rocha (B-2281873)
Coronel de Infantería Carlos Hernández
Flores (8208256)
Coronel de Infantería Salvador Salazar Sánchez
(9447857)
General Brigadier Médico Cirujano Chavit Toledo
Cruz (6162642)
Coronel Médico Cirujano Carlos Reyna Aguirre (8811386)
General Brigadier Ingeniero en Transmisores Militares
Ricardo Bauza Zumaya (5993312)
Coronel de Infantería Alberto Eugenio Molina Galindo
(10031777)
General Brigadier Diplomado de Estado Mayor César
Cuauhtémoc Menchaca Campos (972805)
Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor
Ricardo Trevilla Trejo (B-1148088)
Coronel de Fuerza Aérea Especialista en Mantenimiento
de Aviación Arturo Cervando Córdova Guerrero (6323572)
Por lo anterior acompaño al presente las hojas de servicios de los citados militares, con carácter devolutivo.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, DOS CON LOS QUE SE REMITE CONTESTACIÓN A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CÁMARA DE SENADORES
México, DF, 16 de diciembre de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. III-834 signado el 21 de octubre del año en curso, por el C. senador César Jáuregui Robles, Vicepresidente en funciones de Presidente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número BOO. 00.04. 08.-514, suscrito el 6 del actual por la C. licenciada Edith Saldívar García, subgerente de Difusión de la Comisión Nacional del Agua, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo relativo a la declaratoria de la veda anunciada para el acuífero del Valle del Hundido, ubicado en el municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, 16 de diciembre de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. II-1086 signado el día 11 del actual, por el C. senador César Jáuregui Robles, Vicepresidente en funciones de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 153 suscrito el día 1 del mes en curso, por el C. José de Jesús Arias Rodríguez, coordinador de la Unidad de Enlace con el H. Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia efectúe una visita de inspección a la zona arqueológica de Teotihuacan en conjunto con integrantes de la Comisión de Educación y Cultura y se presente un informe; así como cita a comparecer al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que explique la participación de ese instituto en los procesos de autorización de las obras conforme al artículo seis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, CON EL QUE REMITE CONTESTACIÓN A PUNTO DE ACUERDO APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
México, DF, 16 de diciembre de 2004.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio No. D.G.P.L. 59-II-0-1032 signado el 11 de noviembre de 2004, por los CC. diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Graciela Larios Rivas, Presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines que estimen procedentes, copia del similar número SOO/URG/634/04, suscrito el 24 de noviembre último por el C. licenciado Ernesto Enríquez Rubio, comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo en el que se solicita a esa dependencia adoptar medidas para que la opinión pública conozca la verdad acerca de la supuesta importación de leche contaminada y que se proceda en términos de la ley, con las sanciones administrativas y penales contra quien o quienes resulten responsables; asimismo implementar medidas efectivas que garanticen que la importación de productos para consumo humano cumplan efectivamente con los requisitos de calidad y sanidad.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, TRES POR LOS QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE CIUDADANOS PUEDAN PRESTAR SERVICIOS A REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
México, DF, a 28 de octubre de 2004.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Jaime Romero Gamboa.
Puesto: Mecánico de mantenimiento.
Lugar de trabajo: Consulado de los Estados Unidos
de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Nombre: Luz Yaham Vázquez Villanueva.
Puesto: Asistente en la Sección de Recursos
Humanos.
Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos
de América en México.
Nombre: Xóchitl Balcázar Martínez.
Puesto: Operadora telefónica en la Sección
de Conmutador.
Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos
de América en México.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de su identificación.
Al mismo tiempo se informa que las personas que se mencionan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar sus servicios al gobierno estadounidense.
Nombre: Alejandra Elizabeth Reséndez Garza.
Puesto: Empleada.
Lugar de trabajo: Consulado de los Estados Unidos
de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Nombre: Graciela de la Luz Rivas.
Puesto: Empleada.
Lugar de trabajo: Consulado de los Estados Unidos
de América en Monterrey, Nuevo León.
Nombre: Gustavo Javier Ayala Melgoza.
Puesto: Empleado de Mantenimiento.
Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos
de América en México.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 8 de noviembre.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que se cita a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Cristina Noguez Padilla.
Puesto: Empleada doméstica.
Lugar de trabajo: Embajada de Dinamarca en México.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona, original del escrito en que solicita que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de su identificación.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 12 de noviembre de 2004.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que se cita a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Carina Maña Elizalde di Martino.
Puesto: Auxiliar contable.
Lugar de trabajo: Embajada de Francia en México.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona, original del escrito en que solicita que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de su identificación.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
Los suscritos diputados federales Martín Remigio Vidaña Pérez y Jorge Uscanga Escobar del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20, párrafos 1° y 2°, incisos c), d) y e); 38, párrafo 1°, inciso a); 39 y 45, párrafo seis, inciso f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General, numeral 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter al pleno de esta soberanía, esta iniciativa, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Por tortura se entiende, según la definición internacional, todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas, sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, medio intimidatorio, castigo personal, medida preventiva o con cualquier otro fin, así como también la aplicación de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.
Uno de los principios sobre los que descansa el Estado de derecho es el irrestricto respeto a la integridad de las personas, pues es obligación intrasferible del poder público ofrecer a los ciudadanos la seguridad de preservar sus libertades y garantice la igualdad jurídica como requisito para mantener la paz social, buscando en todo momento la tolerancia y el respeto a la dignidad de cada individuo.
Uno de los intereses fundamentales de esta reforma consiste en establecer medidas más estrictas para la prevención y sanción de las conductas lesivas a dicha dignidad de las personas, como es el caso de aquellas prácticas en las que se pudieren incurrir servidores públicos que, apartándose de la ley, se valgan de instrumentos, mecanismos o actos para infringir tortura.
Es importante mencionar que México, junto otros 20 países pertenecientes a la Organización de Estados Americanos, signó el acuerdo que creaba la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en febrero de 1986, ratificándolo al año siguiente. Asimismo, en 1991 entró en vigor la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, por lo que nuestro país cuenta con el marco legal para proteger a los individuos de este grave delito.
A pesar de ello, es sabido por todos que la tortura sigue siendo una práctica vigente en el país, por lo que consideramos que se deben fortalecer las penas legales para erradicarla.
Si un funcionario público comete este delito, considerado internacionalmente de lesa humanidad, traiciona la confianza pública, la confianza que la ciudadanía depositó en él, por lo cual, pierde el derecho de volver a ser representante del Estado de derecho.
Así lo establece el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, sin embargo, la inhabilitación del funcionario público no es permanente, sino "hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta". Consideramos que ante la gravedad del acto que representa la tortura, ningún funcionario que la aplique debe volver a tener la posibilidad de ser representante del gobierno.
Por otra parte, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en su artículo 7, establece que: "los Estados partes tomarán medidas para que, en el adiestramiento de agentes de la policía y de otros funcionarios públicos responsables de la custodia de las personas privadas de su libertad, provisional o definitivamente, en los interrogatorios, detenciones o arrestos, se ponga especial énfasis en la prohibición del empleo de la tortura."
En conclusión, este delito debe ser erradicado como práctica de extorsión en México, las autoridades deben responsabilizarse íntegramente en caso de cometerlo y la sociedad debe ser implacable para evitarlo.
Reafirmando que todo acto de tortura constituye una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Carta de las Naciones Unidas y son violatorios de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en la Constitución Política de nuestro país, debemos tomar medidas drásticas que aseguren su erradicación total de nuestra sociedad.
Por lo antes expuesto y en uso de las atribuciones citadas en el proemio de este documento, someto a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, para quedar como sigue:
Unico.- Se reforma el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, para quedar como sigue:
Artículo 4
A quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de tres a doce años, de doscientos a quinientos días multa e inhabilitación perpetua para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos. Para los efectos de la determinación de los días multas se estará a lo dispuesto en el artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común, y para toda la República en materia del fuero federal.
Transitorio
Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 5 de enero de 2005.
Dip. Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica)
Dip. Jorge Uscanga Escobar (rúbrica)
CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA
LOS ARTÍCULOS 61, 111 Y 112 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ SIGONA
TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado federal José Sigona Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este H. Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Para Acción Nacional, vivir en un auténtico Estado de derecho implica primeramente, aceptar y respetar la Constitución así como las leyes que de ella emanan, pues es nuestra Ley Fundamental, el pináculo y la base sobre el que descansa nuestro ordenamiento jurídico mexicano; implica por ende, la sujeción del ejercicio de la función pública al principio de legalidad, conforme al cual ningún órgano del Poder Público puede tomar una decisión que no le esté expresamente conferida en una norma general dictada con anterioridad; implica, en otras cosas, la adecuada sanción de todo acto ilegal o arbitrario cometido por un determinado servidor público en el ejercicio de su encargo, que contravenga lo previsto por el marco jurídico constitucional y legal previamente establecido.
En este sentido, uno de los componentes esenciales de todo régimen democrático, organizado conforme al principio de la división de poderes, es la existencia de un auténtico sistema de rendición de cuentas, vigilancia y control del ejercicio de la gestión pública. Bajo esta premisa, es incontrovertible que el poder del Estado, el cual se encarna en la gestión gubernamental que desempeña el servidor público, debe conducirse con estricta observancia a los principios de legalidad, honradez, eficacia y profesionalismo, los cuales constituyen elementos propios del ejercicio de la función pública, que garantizan la relación armónica entre el Estado y la sociedad.
Pese a lo anterior, desafortunadamente la credibilidad social de la gestión pública, basada en el actuar de las instituciones políticas, ha venido en algunas ocasiones, encontrando serios escollos, los cuales han generado un considerable debilitamiento de los niveles de credibilidad ciudadana hacia la labor de las autoridades; ello se ha debido en gran medida a los constantes agresiones que ha sufrido la conciencia de los gobernados por parte de algunos servidores públicos, que debido a su actuar irresponsable y deshonesto, se han venido alejando cada vez más del principio de legalidad que debe imperar en todo régimen democrático.
Este tipo de prácticas de corrupción originadas por algunos servidores públicos en el desempeño de la función pública que le ha sido encomendada, en la mayoría de los casos se encuentran orientadas en la obtención de intereses de carácter personal, haciendo para tal efecto, un uso indebido de la posición que como tal le confiere su cargo, traicionando de esta manera la confianza que le ha sido depositada por el Estado, y por ende, por la propia ciudadanía en esta importante encomienda, como lo es el servicio público, llegando en muchos casos a evadir conductas que bien, o son sancionadas legalmente y éstas no se aplican, o no se encuentran reguladas por la norma aplicable, lo cual genera un alto grado de impunidad.
Esta situación se considera verdaderamente grave, si tomamos en cuenta que todo ejercicio indebido del servicio público, atenta de manera directa no solamente contra la confianza depositada en el servidor público, sino también, contra la credibilidad de la institución pública a la cual representa, contribuyendo al escepticismo y el desaliento de los ciudadanos en lo que se refiere al ejercicio de la función pública, la cual paradójicamente requiere para su adecuado desarrollo, de condiciones de confianza y certeza jurídica, que garanticen transparencia en la gestión pública y una adecuada rendición de cuentas, basada en un eficaz sistema de responsabilidades de los servidores públicos, que delimite correctamente las funciones y atribuciones de los funcionarios públicos, y que sancione a éstos, cuando en el ejercicio de su encargo, contravengan alguna disposición legal.
En este sentido, contar con un adecuado régimen de responsabilidades de los servidores públicos es menester para lograr conseguir la legítima aspiración social denominada democracia, institución política que tiene sus orígenes como resultado de una reacción ante los abusos de los antiguos regímenes absolutistas y monárquicos, para poder restituir a los gobernados de sus garantías esenciales, tendientes al mejoramiento de sus condiciones de vida, y delimitar en la actuación del Estado mismo, la cual no debe transgredir ni afectar dichas prerrogativas, sino por el contrario, debe protegerlos y velar por su cumplimiento, siempre y cuando dicha actuación se encuentre dentro de los lineamientos establecidos por la propia Ley Fundamental así como las leyes respectivas. En otras palabras, la democracia debe tener como uno de sus principales fundamentos, el control jurisdiccional y administrativo del correcto ejercicio de la función pública, por parte de los funcionarios públicos, independientemente de su rango o jerarquía.
En tal virtud, una importante figura que se inscribe dentro del tema relativo a las responsabilidades de los servidores públicos, por encontrarse esta íntimamente relacionada con el adecuado ejercicio de la función pública, y respecto del cual la sociedad misma ha exigido a nosotros como legisladores su revisión, y en su caso, adecuación a nivel constitucional, con el objeto de precisar debidamente su alcance, así como su ámbito personal de aplicación, es el comúnmente conocido fuero constitucional.
Sin duda, esta figura constitucional es de suma relevancia dentro del Título Cuarto constitucional, relativo a las responsabilidades de los servidores públicos, toda vez que ésta se traduce, de acuerdo a la tradición jurídico-constitucional, en la imposibilidad de poner en actividad al órgano jurisdiccional, local o federal, para que desarrolle sus funciones jurisdiccionales en contra de quien esta investido del carácter de servidor público de los descritos en el párrafo primero del artículo 111 constitucional, durante el tiempo de su encargo, para seguir esa clase de procesos tan sólo cuando haya dejado de tener el cargo público de referencia o cuando haya sido declarado por el órgano de Estado competente, que ha perdido el impedimento o el llamado fuero de no procedibilidad, para evitar así que entorpezcan el desarrollo de sus actividades y darle cierta seguridad al desempeño de las funciones públicas encomendadas a ese servidor público. En otras palabras, el fuero constitucional impide que los servidores públicos que se encuentren en el ejercicio de su encargo, sean detenidos o procesados por autoridades judiciales, cuando son acusados por algún ilícito y mientras no se emita la declaración de procedencia, es decir, en tanto no se le retire el fuero, la autoridad judicial no puede proceder en contra del acusado.
En este sentido, el maestro Felipe Tena Ramírez1 señala que es preciso asegurar a los legisladores una absoluta independencia en el ejercicio de sus funciones, con objeto de que los demás Poderes no estén en aptitud de coartarlos en su representación, atribuyéndoles delitos que autoricen a enjuiciarlos penalmente y a privarlos de su encargo.
Asimismo, sostiene el maestro Burgoa Orihuela que "Los altos funcionarios federales, como el Presidente de la República, los senadores y diputados al congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte, los secretarios de Estado y el procurador general de la Nación, gozan de lo que se llama fuero constitucional, cuya finalidad estriba no tanto en proteger a la persona del funcionario, sino en mantener el equilibrio entre los poderes del Estado para posibilitar el funcionamiento normal del gobierno institucional dentro de un régimen democrático". En ese tenor, añade el referido autor que: El fuero es una figura jurídica constitucional que opera bajo dos aspectos: como Fuero- inmunidad y como Fuero de no procesabilidad ante las autoridades judiciales ordinarias federales o locales2.
El fuero como inmunidad, es decir, como privilegio o prerrogativa que entraña irresponsabilidad jurídica, únicamente se consigna por la Ley Fundamental en relación con los Diputados y Senadores en forma absoluta conforme a su artículo 61, en el sentido de que éstos son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos sin que jamás puedan ser reconvenidos por ellas.
En lo que respecta al Fuero de no procesabilidad, consiste en que el sujeto que tenga la calidad de servidor público y se encuentre en el ejercicio de su encargo, no será requerido de responsabilidad penal sino hasta después de que un órgano legislativo determine, por medio de una resolución recaída en el procedimiento previsto en la propia Constitución, que dicho individuo queda a disposición de las autoridades judiciales para que éstas juzguen la actuación de esa persona y, en su caso, le impongan la sanción correspondiente. Asimismo, esta clase de fuero termina precisamente con la separación que tenga la persona física requerida de responsabilidad, del cargo público que detenta, ya sea por haber concluido el período por el cual se le nombró, ya porque sea separada de dicho cargo por otras razones.
Por su parte el maestro Felipe Tena Ramírez, al respecto señala que: "En tesis general, la Constitución considera responsables de toda clase de delitos y faltas a los funcionarios públicos, incluyéndolos así en el principio de la igualdad ante la ley. No obstante, la Constitución ha querido que durante el tiempo en que desempeñan sus funciones, algunos de esos funcionarios no puedan ser perseguidos por los actos punibles que cometieren, a menos que previamente lo autorice la correspondiente Cámara de la Unión. De este modo el sistema que nos proponemos estudiar no erige la impunidad de los funcionarios, sino sólo su inmunidad durante el tiempo del encargo."
En ese sentido, es dable señalar que la intención del constituyente al otorgar a determinados servidores públicos el fuero de que gozan en términos de la propia Constitución, obedece a la necesidad de permitir el desempeño de la función pública en forma eficiente, impidiendo por su parte, el seguimiento de diversos procesos penales inútiles en contra de determinados servidores públicos, quienes así verían mermado el tiempo que deben dedicar al adecuado ejercicio de su encargo.
No obstante lo anterior, es necesario aclarar que la figura constitucional del fuero, no impide, que los servidores públicos investidos de dicha prerrogativa, sean exigidos de la correspondiente responsabilidad penal; la misma puede ser demandada a tales sujetos en razón de haber cometido algún ilícito, a través del ejercicio de la acción penal correspondiente, previa declaratoria del desafuero por parte de la Cámara de Diputados, órgano encargado de ventilar el procedimiento para la declaratoria de procedencia.
En suma, el llamado fuero de no procesabilidad, no erige la impunidad de los servidores públicos, sino sólo su inmunidad durante el tiempo del encargo.
Luego entonces, insistimos que el fuero constitucional no implica revestir a sus miembros de impunidad, ni ser una excluyente de responsabilidad penal. Sin embargo, se reconoce que para algunos doctrinarios y para un gran sector de la sociedad la falta de claridad y precisión en el texto constitucional, respecto al ámbito de aplicación del llamado fuero constitucional, concretamente en el caso de los suplentes de los servidores públicos a que hace referencia el artículo 111 constitucional, cuando estos no se encuentran en el ejercicio del encargo, ha llegado a constituir en singulares ocasiones, un instrumento de indebida protección para algunos funcionarios, que al cobijo de este privilegio o prerrogativa y por medio de una interpretación sesgada del precepto constitucional, han distorsionado el alcance de la misma, al grado tal de argumentar que la protección constitucional opera respecto a los suplentes, aún y cuando estos no se encuentren en el ejercicio del encargo correspondiente, en lugar del servidor público propietario. Situación que a todas luces favorece la impunidad de estos servidores públicos y va en contra del espíritu perseguido por el poder constituyente consistente en proteger el ejercicio de la función propia del estado desarrollada por el servidor público, sin que tenga que ampliarse dicha prerrogativa constitucional, al referido servidor público cuando éste a dejado de desempeñar la función revestida de fuero.
Desafortunadamente, tal y como ha quedado señalado con anterioridad, la falta de precisión del texto constitucional en lo que a este tema se refiere, ha ocasionado excesos en su aplicación, de manera tal, que han pervertido el contenido y alcance del fuero, llegando a grado tal, que ante el hecho de la comisión de un determinado delito por parte de un servidor público suplente sin estar éste en el ejercicio del encargo, se ha llegado a argumentar, la protección constitucional del fuero derivado de una función que paradójicamente no desempeñan, ni ejercen, distrayendo con ello el hacer frente a una responsabilidad personal que merece el reproche penal, lo cual se traduce en impunidad y en una situación de desigualdad respecto a las demás personas.
Derivado de lo anterior, y a efecto de evitar dichos excesos, se estima que de ninguna manera, la figura del fuero implica privilegios personales a los servidores públicos, porque estos se encuentran prohibidos en el artículo 13 constitucional, lo que en realidad implica, es una protección al desempeño del cargo público, lo cual tampoco se traduce en impunidad ya que al no ejercer el encargo, o dejar el ejercicio del mismo, dichos servidores deberán ser sometidos a los procesos penales correspondientes. En efecto, se estima que el fuero constituye una prerrogativa que protege la función del órgano, es decir, la prerrogativa constitucional que se señala, no se erige como privilegio de la persona, sino como salvaguarda de las funciones públicas que los servidores públicos que se ubican en el artículo 111 constitucional deben desarrollar en el ejercicio de su encargo.
De lo anterior se desprende que dicha prerrogativa justifica su existencia en tanto que busca proteger los intereses supremos de la Nación, al constituirse en asuntos que por sus características pueden alterar el adecuado funcionamiento del Estado, y por ende, tales fines y alcances no pueden quedar circunscritos a la esfera jurídica del sujeto, titular del cargo público conferido, por ello, se considera que si bien la responsabilidad se establece en función del ejercicio del cargo, el fuero constitucional subsiste únicamente, cuando se ejerce dicho cargo y no en el caso de que los servidores públicos no se encuentren el ejercicio del mismo, como puede acontecer en el caso de los servidores públicos suplentes, cuando el propietario se encuentre en funciones.
En este sentido, resulta necesaria la debida actualización y precisión del texto constitucional encargado de regular la figura del fuero, con el propósito de lograr clarificar su alcance, así como el ámbito personal de aplicación del mismo, lo que nos permitirá contar con un marco constitucional acorde a las necesidades actuales que demanda el debido funcionamiento de la gestión pública, evitando en todo momento interpretaciones sesgadas, arbitrarias o excesivas, que permitan la impunidad en la actuación de los servidores públicos, logrando en contraparte que el servicio público, se pueda desempeñar con honestidad, legalidad, certidumbre, veracidad, eficacia y eficiencia.
Por tal motivo, a efecto de clarificar esta situación dentro del texto constitucional y no favorecer la impunidad, concretamente en lo relativo a los alcances de fuero constitucional respecto a los servidores públicos suplentes cuando estos no se encuentren en el ejercicio del encargo, se plantean las siguientes medidas legislativas:
Reformar el artículo 111 constitucional, el cual actualmente prevé la necesidad de que la Cámara de Diputados, emita la declaración de procedencia respectiva, como requisito previo para poder proceder penalmente en contra de los servidores públicos enumerados en dicho artículo cuando estos hubieren cometido algún delito, lo anterior a efecto de precisar en dicho precepto constitucional, que la misma regla se observará, en su caso, respecto a los suplentes de los servidores públicos anteriormente referidos, cuando éstos estuviesen en el ejercicio del encargo.
Reformar el artículo 112 constitucional, el cual actualmente prevé que no se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo, lo anterior a efecto de precisar dentro del texto constitucional que tampoco se requerirá declaración de procedencia en el caso de servidores públicos que tengan el carácter de suplentes, cuando estos no se encuentre en el ejercicio del encargo.
En suma, el principal motivo de esta iniciativa es determinar de manera clara y precisa la situación de los servidores públicos suplentes, respecto a la protección constitucional de fuero, protección que única y exclusivamente operará para éstos, cuando se encuentren en el ejercicio del encargo respectivo, por virtud de la ejerciendo labores de suplencia del servidor público propietario. Asimismo, se pretende evitar el abuso de esta figura constitucional, y con ello no propiciar impunidad.
Esta propuesta pretende contribuir en la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones públicas y en sus servidores públicos, a los cuales se les ha conferido la alta responsabilidad de representar al Estado mediante el ejercicio de su empleo, cargo o comisión.
Los Legisladores de Acción Nacional, estamos convencidos de que el desempeño del servicio público debe invariablemente conducirse bajo una dimensión de carácter ético y profesional, basado en la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, que implique la correcta selección medios para realizar objetivos dignos y valiosos, para la consecución del bien común.
Sabemos que un servicio público confiable y transparente se construye a través de la aplicación objetiva de la ley para sancionar las conductas indebidas de los servidores públicos, basándose en investigaciones debidamente fundadas que permitan enfrentar casos críticos de corrupción sin distinción alguna, es por ello que a través de esta iniciativa se pretende realizar una revisión y adecuación del fuero constitucional en cuanto a su alcance y su ámbito personal de aplicación, con miras a contar con disposiciones constitucionales más claras, precisas y acordes a la realidad social en que vivimos, máxime cuando esta situación se ha convertido en un reclamo social, que pide a los legisladores mejores mecanismos jurídicos para combatir la impunidad.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, los legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, preocupados por contar con un marco jurídico adecuado y eficiente en materia de responsabilidades de los servidores públicos, presentamos con todo respeto a consideración de éste honorable Congreso de la Unión, la presente:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero.
Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 61, el primer párrafo del artículo 111, así como el primer párrafo del artículo 112, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 61.- Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en el ejercicio del encargo.
...
Artículo 111.- Para proceder penalmente contra los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, los Diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la Comisión de Delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declara por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. La misma regla se observará, en su caso, respecto a los suplentes de los servidores públicos anteriormente referidos, cuando estuviesen en el ejercicio del encargo.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Artículo 112. No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo. SEA POR LICENCIA O CUALQUIER OTRA CAUSA. EN SU CASO, NO SE REQUERIRÁ DECLARATORIA DE PROCEDENCIA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE TENGAN EL CARÁCTER DE SUPLENTES.
SI EL SERVIDOR PÚBLICO HA VUELTO A DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES PROPIAS O HA SIDO NOMBRADO O ELECTO PARA DESEMPEÑAR OTRO CARGO DISTINTO, PERO DE LOS ENUMERADOS POR EL ARTÍCULO 111, SE PROCEDERÁ DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN DICHO PRECEPTO.
...
Transitorios
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la honorable Cámara
de Diputados a los 5 días del mes de enero de
2005.
Notas:
1 Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional
mexicano, 22ª ed., Porrúa, México, D.F., 1987, p.
279.
2 Burgoa Orihuela, Ignacio, Derecho constitucional
mexicano, 8ª ed., Porrúa, México, D.F., 1991, pp.
556- 564.
Dip. José Sigona Torres (rúbrica)
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de trabajo que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Subteniente de Intendencia César Mayolo Mata Duarte, Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador David Francisco Castro López, Capitán Segundo de Infantería DEM José Luis Torres Martínez, Capitán de Navío CG DEM Luis Orozco Inclán, Vicealmirante CG DEM Alberto Castro Rosas y Capitán de Navío CG DEM José Luis Sánchez Sánchez puedan aceptar y usar las condecoraciones y medallas que les confieren la Comandancia General del Ejército de la República del Perú; el Ejército de la República de Chile; las Fuerzas Armadas de la República de El Salvador; la Comandancia General de la Fuerza Aérea de la República del Perú; el Ministerio de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela; la Guardia Costera de los Estados Unidos de América; el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Ministerio de Defensa de la República Francesa, respectivamente.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y, en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Subteniente de Intendencia César Mayolo Mata Duarte para aceptar y usar las siguientes condecoraciones:
Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano Capitán de Navío CG DEM Luis Orozco Inclán para aceptar y usar la Medalla "Coast Guard Commandation Medal", que le confiere la Guardia Costera de los Estados Unidos de América.
Artículo Quinto.- Se concede permiso al ciudadano Vicealmirante CG DEM Alberto Castro Rosas para aceptar y usar la condecoración de la "Legión al Mérito", en grado de "Comandante", que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.
Artículo Sexto.- Se concede permiso al ciudadano Capitán de Navío CG DEM José Luis Sánchez Sánchez para aceptar y usar la "Medalla de la Defensa Nacional", que le confiere el Ministerio de Defensa de la República, Francesa.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 30 de diciembre de 2004.
Senadores: Esteban Miguel Ángeles Cerón (rúbrica), Presidente; Luisa María Calderón Hinojosa (rúbrica), secretaria; Sadot Sánchez Carreño, Martha Sofía Tamayo Morales (rúbrica), Gildardo Gómez Verónica (rúbrica), Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Erika Larregui Nagel.
Diputados: David Hernández Pérez
(rúbrica), secretario; Jorge Romero Romero (rúbrica), Esthela
de Jesús Ponce Beltrán, José Antonio de la Vega Asmitia,
José Sigona Torres, Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica),
Arturo Nahle García (rúbrica), Jesús Emilio Martínez
Álvarez (rúbrica).
DE LA PRIMERA COMISION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO CARLOS EDGAR ROSS SCHEEDE PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN "CRUZ DE CABALLERO DE LA ORDEN DEL MÉRITO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA", QUE LE CONFIERE EL GOBIERNO DE DICHO PAÍS
Honorable Asamblea:
El ciudadano Carlos Edgar Ross Scheede solicita el permiso constitucional necesario para que aceptar y usar la condecoración "Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania", que le confiere el gobierno de dicho país.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el día 22 de diciembre, se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Único.- Se concede permiso al ciudadano ingeniero Carlos Edgar Ross Scheede para aceptar y usar la condecoración "Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania", que le confiere el gobierno de dicho país.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 30 de diciembre de 2004.
Senadores: Esteban Miguel Ángeles Cerón (rúbrica), Presidente; Luisa María Calderón Hinojosa (rúbrica), secretaria; Sadot Sánchez Carreño, Martha Sofía Tamayo Morales (rúbrica), Gildardo Gómez Verónica (rúbrica), Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Erika Larregui Nagel.
Diputados: David Hernández Pérez
(rúbrica), secretario; Jorge Romero Romero (rúbrica), Esthela
de Jesús Ponce Beltrán, José Antonio de la Vega Asmitia,
José Sigona Torres, Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica),
Arturo Nahle García (rúbrica), Jesús Emilio Martínez
Álvarez (rúbrica del diputado Luis Maldonado Venegas).
DE LA PRIMERA COMISION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS ALFONSO RUIZ SALDAÑA, IVETTE LIZETH VARONA GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL VIGUERAS NOLASCO, CLAUDIA ELVIA MELGAR PERALES, OSBEL ALEJANDRO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ Y HADY FUENTES SÁNCHEZ PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO Y EN LOS CONSULADOS EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, Y TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, RESPECTIVAMENTE
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 25 noviembre del año en curso, la Secretaría Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Alfonso Ruiz Saldaña, Ivette Lizeth Varona González, Miguel Ángel Vigueras Nolasco, Claudia Elvia Melgar Perales, Osbel Alejandro Vázquez Rodríguez y Hady Fuentes Sánchez puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en los Consulados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Tijuana, Baja California, respectivamente.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el día 22 de diciembre, se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en los Consulados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Tijuana, Baja California, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y al artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Alfonso Ruiz Saldaña para prestar servicios como chofer/escolta en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana Ivette Lizeth Varona González para prestar servicios como operadora de conmutador en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano Miguel Ángel Vigueras Nolasco para prestar servicios como chofer ejecutivo en la Sección de Inmigración y Asuntos Aduanales en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo Cuarto.- Se concede permiso a la ciudadana Claudia Elvia Melgar Perales para prestar servicios como telefonista en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Artículo Quinto.- Se concede permiso al. ciudadano Osbel Alejandro Vázquez Rodríguez para prestar servicios como empleado en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Artículo Sexto.- Se concede permiso a la ciudadana Hady Fuentes Sánchez para prestar servicios como operador en computación en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 30 de diciembre de 2004.
Senadores: Esteban Miguel Ángeles Cerón (rúbrica), Presidente; Luisa María Calderón Hinojosa (rúbrica), secretaria; Sadot Sánchez Carreño, Martha Sofía Tamayo Morales (rúbrica), Gildardo Gómez Verónica (rúbrica), Jorge Zermeño Infante (rúbrica), Erika Larregui Nagel.
Diputados: David Hernández Pérez (rúbrica), secretario; Jorge Romero Romero (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán, José Antonio de la Vega Asmitia, José Sigona Torres, Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Arturo Nahle García (rúbrica), Jesús Emilio Martínez Álvarez (rúbrica del diputado Luis Maldonado Venegas).
El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante de grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Antecedentes
1.- Con fecha quince de mayo de dos mil cuatro, el ejido Xochimilco o Poblado Xochimilco, por conducto del Comisariado Ejidal, convocó por segunda vez a la asamblea general para el día veintitrés de dicho mes y año, a las diez de la mañana en el gimnasio del Deportivo Xochimilco, localizado en Avenida Francisco Gotilla S/N, Delegación Xochimilco, México Distrito Federal.
2.- Con fecha veintitrés de mayo de dos mil cuatro, el ejido Xochimilco celebró asamblea ejidal en la que estuvieron presentes y participaron doscientos cuarenta ejidatarios, de un total de dos mil doscientos sesenta y cinco, en la que se tomaron diversos acuerdos que convenían a los intereses de los ejidatarios.
3.- En la mencionada asamblea participó el subdirector Regional Sur de la Comisión de Asuntos Agrarios del Distrito Federal, licenciado Raúl J. Guillen Gordillo, así como la C. Verónica Rosas Sánchez.
4.- Al término de la asamblea, con la participación del subdirector Regional sur de la Comisión de Asuntos Agrarios del Distrito Federal, se levantó el acta de asamblea; acta en la que se asentaron los acuerdos tomados por la asamblea de ejidatarios y en la cual plasmaron sus firmas, por el Comisariado, el Presidente, Luis Valencia Coquis, el Secretario, Reyes Santander Cocina y el Tesorero, Luis Sánchez Arellano; por la Comisión de Vigilancia, el Presidente, Jaime Roseta y Guerrero y el Primer Secretario, Armando López Galeana; por la Mesa de Debates: el Presidente, Benito Flores González y el Secretario, Rubén Alberto Aguilar Hernández; y por los Escrutadores: María de Lourdes Castillo Lara y Gilberto José Romero Barranco.
5.- Días después de que celebró la asamblea de marras, el Comisariado Ejidal, representado por su presidente, Señor Luis Valencia Coquis, solicitó al Subdirector Regional Sur de la Comisión de Asuntos Agrarios en el Distrito Federal, licenciado Raúl J. Guillén Gordillo, copias certificadas del acta de asamblea celebrada el veintitrés de mayo de dos mil cuatro, misma que presenta severas alteraciones.
6.- Ante esta situación, con el objeto de salir de dudas y destruir la idea de que se trataba de un error, nuevamente el presidente del Comisariado Ejidal solicitó copias certificadas de la multicitada acta, y una vez que le fueron entregadas se advirtieron datos diversos a la verdadera y a la copia que, incluso, con anterioridad le habían entregado.
Estas irregularidades consisten en:
b) En el acta de asamblea original no se asentó el orden del día como preámbulo de la misma; en la primera y segunda copias certificadas expedidas por el subdirector Regional Sur de la Comisión de Asuntos Agrarios en el Distrito Federal, licenciado Raúl Guillén J. Gordillo, el orden del día forma parte del acta de asamblea.
c) En el acta original se registró una asistencia de 239 asambleístas ejidatarios; en las dos copias certificadas expedidas por el subdirector Regional Sur de la Comisión de Asuntos Agrarios en el Distrito Federal, se asentó un total de 240 ejidatarios que asistieron a la asamblea.
d) En el acta original se asienta que el Presidente del Comisariado Ejidal en uso de la palabra informó que, por tratarse de segunda convocatoria, la asamblea se realiza válidamente con los que a la misma asistieron, siendo obligatorios los acuerdos que se tomen, tanto para ausentes como para disidentes; en las copias certificadas expedidas por el licenciado Raúl J. Guillén Gordillo, esta precisión no se encuentra.
e) En el acta original, en desahogo del tercer punto del orden del día, se propuso a los CC Benito Flores González, Rubén Alberto Aguilar Hernández, María de Lourdes Castillo Lara y Gilberto Romero, para que fungieran como Presidente de la Mesa de Debates, Secretario de Actas, y escrutadores, respectivamente, lo que la asamblea aceptó por unanimidad; en las copias certificadas expedidas por el licenciado Raúl J. Guillén Gordillo, aparecen como escrutadores las CC Ernestina García Balanzario y Pedro Barrera Chávez, sin que hayan sido designados.
f) En el acta original, en desahogo del cuarto punto del orden del día, se registró la aceptación de 7 nuevos ejidatarios; y en las copias certificadas expedidas por el licenciado Raúl J. Guillén Gordillo, se advierte que se aceptaron un total de 27 nuevos ejidatarios.
g) En el acta original, se asentó que el Presidente de la Mesa de Debates explicó a la asamblea que, con motivo de la renovación de los órganos de representación del ejido, se consideraba mas conveniente que en los casos en que se encontraban pendientes escrituraciones, se nombrara como nuevos mandatarios a los actuales integrantes del Comisariado Ejidal; en las copias certificadas expedidas por el licenciado Raúl J. Guillén Gordillo, se advierte una manifestación diferente consistente, en que el Presidente de la Mesa de Debates puso a consideración la revocación del mandato general extraordinario para la copropiedad del ejido denominado "Distrito de Riego", otorgado el diecisiete de agosto del año dos mil, no obstante no haber tenido lugar esta situación.
h) En el acta original se asentó suspender sus derechos a diversos ejidatarios, por ciento cincuenta y cuatro votos a favor; y en las copias certificadas expedidas por el Licenciado Raúl J. Guillén Gordillo, se registró que el mencionado acuerdo se tomó por ciento cincuenta y cinco votos a favor.
i) En el acta original se asentaron las firmas, por parte del Consejo de Vigilancia, la de Jaime Roseta y Guerrero como presidente y Armando López Galeana como primer secretario; en las copias certificadas expedidas por el Licenciado Raúl J. Guillén Gordillo, aparece la firma de Luis Dalman Flores como segundo secretario.
j) En el acta original constan las firmas de María de Lourdes Castillo Lara y Gilberto José Romero Barranco como escrutadores, mientras que las copias certificadas expedidas por el Licenciado Raúl J. Guillén Gordillo, se advierten las firmas de Ernestina García Balanzario y Pedro Barrera Chávez como escrutadores.
k) Por último, el acta original consta de cuatro hojas escritas por una sola de sus caras, con letra mayúscula, mientras que las copias certificadas expedidas por el licenciado Raúl J. Guillén Gordillo, consta de seis hojas escritas por una sola de sus caras, con letras mayúsculas y minúsculas.
Considerandos
Primero. Que en los registros de la subdirección Regional Sur de la Comisión de Asuntos Agrarios en el Distrito Federal obra un documento distinto al que se levantó por la Asamblea de ejidatarios del ejido Xochimilco, el veintitrés de mayo del año dos mil cuatro, que hace presumir que dicho documento fue alterado sustancialmente.
Segundo. Que el acta de sesión de asamblea de ejidatarios levantada el veintitrés de mayo del año en curso, por el ejido poblado Xochimilco, ha sido alterada sustancialmente.
Tercero. Que el acta de sesión de asamblea de ejidatarios levantada el veintitrés de mayo del año en curso, por el ejido poblado de Xochimilco, ha sido alterada sustancialmente.
Cuarto. Que la Comisión de Asuntos Agrarios en el Distrito Federal es un órgano desconcentrado de la Administración Pública Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 196 y 198 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, adscrita a la Secretaría de Gobierno por virtud de los de lo dispuesto en el artículo 7 fracción I, inciso C) último párrafo de dicho ordenamiento jurídico.
Quinto. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 12 fracciones I, VI y XII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la organización política y administrativa del Distrito Federal, se rige por los principios de legalidad, honradez, eficiencia, eficacia y juridicidad.
Sexto. Que las comunidades ejidales son grupos de personas unidas por un fin común, la explotación de la tierra, que no solo merecen seriedad y seguridad jurídicas, sino que demandan el respeto a sus derechos y a las decisiones que al interior toman, por conducto de sus órganos.
Séptimo. Que la alteración del acta referida en los antecedentes de esta proposición con punto de acuerdo, representa no sólo violaciones al marco jurídico administrativo, que rige el actuar de los servidores públicos encargados de asesorar a los núcleos ejidales, sino que representa un intento de división y confrontación al interior del ejido poblado Xochimilco, auspiciado por servidores públicos de alto nivel del Gobierno del Distrito Federal.
Octavo. Que esta falta de probidad de los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal, se traduce en conductas probablemente delictuosas, con motivo de la alteración de la multicitada acta; documento que está bajo la custodia del Subdirector Regional Sur de la Comisión de Asuntos Agrarios en el Distrito Federal, licenciado Raúl J. Guillén Gordillo, y del cual tuvo conocimiento en razón de su cargo el mismo día en que se generó con motivo de la asamblea convocada por dicho ejido.
Noveno. Que la modificación, alteración o falsificación del acta de veintitrés de mayo de dos mil cuatro, que se ha venido refiriendo, involucra al licenciado Raúl Guillén Gordillo, subdirector Regional Sur de la Comisión de Asuntos Agrarios del Distrito Federal, y representa la comisión de conducta que atentan contra la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia y juridicidad, con que deben conducirse los servidores públicos de la Administración Pública Local.
Décimo. Que han sido dos veces en las que el licenciado Raúl J. Guillén Gordillo, subdirector Regional Sur de la Comisión de Asuntos Agrarios del Distrito Federal, ha expedido copias certificadas del acta de sesión de asamblea de fecha veintitrés de mayo de dos mil cuatro, levantada por el ejido poblado Xochimilco, de las cuales se advierten diversas irregularidades.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a que:
b) Ordene la sustitución del acta que obra en los archivos del subdirector Regional Sur de la Comisión de Asuntos Agrarios en el Distrito Federal, por la verdadera, de fecha 23 de mayo de 2004.
c) Separe del cargo al subdirector Regional Sur, licenciado Raúl J. Guillén Gordillo y a Verónica Rosas Sánchez, quienes están involucrados en la alteración del acta de asamblea levantada el 23 de mayo de 2004, por el ejido del Poblado Xochimilco.
d) Ordene a la Procuraduría General de Justicia y a la Contraloría General del Distrito Federal, inicie la indagatoria correspondiente y deslinden responsabilidades a los servidores públicos involucrados.
Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CITA A COMPARECER A LOS TITULARES DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y DE LA PROFEPA, A EFECTO DE QUE EXPONGAN LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL SISTEMA NACIONAL DE DUCTOS Y LAS MEDIDAS QUE SE HAN TOMADO PARA EVITAR LA FRECUENCIA DE LOS DERRAMES ACCIDENTALES DE HIDROCARBUROS, A CARGO DEL SENADOR CÉSAR RAÚL OJEDA ZUBIETA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, César Raúl Ojeda Zubieta, senador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confiere los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, para efecto de que sea considerado como asunto de obvia o urgente resolución, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente: proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de Pemex Exploración y Producción y de la Profepa, a efecto de que expongan la situación que guarda el sistema nacional de ductos y las medidas que se han tomado para evitar la frecuencia de los derrames accidentales de hidrocarburos, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado 29 de diciembre sometí a la estimación de esta Comisión Permanente un punto de acuerdo para solicitar a los titulares de Pemex y de la Profepa, remitir a la brevedad ante esta soberanía, la información suficiente que pudiera explicar la magnitud y las causas del derrame de petróleo ocurrido el pasado 22 de diciembre en el estado de Veracruz. No obstante, dos días después, es decir el viernes 31 de diciembre ocurriría un nuevo derrame de hidrocarburos, esta vez en el ejido "La Ceiba", municipio de Cunduacan en el estado de Tabasco, cubriendo las tierras de cultivo de los ejidatarios de ese lugar.
El personal de Pemex, como en otras ocasiones, acudió a La Ceiba a controlar la fuga en el ducto que va de Reforma a Dos Bocas, instalando una "grapa", o de manera más coloquial a la usanza de los habitantes de las zonas petroleras "a parchar" los ductos que en esta región de Tabasco fueron instalados desde hace más de veinte años y, por lo visto, no han recibido el mantenimiento adecuado.
A partir de este nuevo accidente de Pemex ocurrido en una región de mi estado he querido retomar el tema del mantenimiento y la seguridad industrial de la actividad petrolera, pues siendo ésta fundamental para los ingresos del país no es aceptable que la vida y los bienes de miles de familias que habitan en proximidad de las instalaciones o de las líneas de conducción de hidrocarburos estén sujetas a la incertidumbre cotidiana de explosiones y derrames de sustancias que afectarán permanentemente sus vidas.
Sólo en la costa y el estado de Campeche, durante los últimos cinco años, según las estadísticas de la Profepa, se reportaron 231 derrames de crudo, gas y combustóleo, 223 en la Sonda de Campeche y ocho en tierra, mismos que virtieron al mar o tierra unos 387 mil litros de hidrocarburos.
Los 231 derrames representan en promedio 38.5 fugas por año, en promedio casi uno cada 10 días, esto nos permite deducir no sólo problemas de mantenimiento sino de carácter estructural, pues implica una profunda subestimación de los efectos de la actividad petrolera sobre el medio ambiente y la sociedad humana que le rodea; lo que en otros términos también debiera ser considerado como negligencia en el ejercicio de la función pública y en el gobierno encargado de la administración de Pemex.
Entre los más ilustrativos sobresalen los siguientes:
El 15 de abril de 2001, un derrame de crudo en el complejo "Akal J" generó el vertimiento de 100 barriles de petróleo crudo al mar.
El 14 de septiembre del mismo año, miles de litros de aceite fueron vertidos en las instalaciones de "El Plan", inundaron pastizales y contaminaron el arroyo El Control y el río Tancochapa, en Las Choapas, Veracruz.
En enero de 2002, se encontró un listón de hidrocarburos en las cercanías de las plataformas Chuc A, Pool A, Abkatún-A, y Akal-C, así como en las playas de Emiliano Zapata, en una zona de un kilómetro de largo.
El día 9 de ese mismo mes, un nuevo derrame marino arribó a las costas de las comunidades Nuevo Campechito y Emiliano Zapata, península de Atasta, así como a los poblados de Frontera, Tabasco.
El 17 de enero en Acatzingo, Puebla, una fuga a la altura del kilómetro 181 de la autopista México-Orizaba, en el barrio de Guadalupe, una niña pereció y otras personas más resultaron intoxicadas. El hidrocarburo inundó 20 hectáreas de cultivo de maíz y alfalfa.
El 18 de enero en Veracruz, en la estación de bombeo número 5 de Petróleos Mexicanos (Pemex) se derramó crudo al cauce del río Chiquito, contaminando más de un kilómetro y afectando a más de 200 familias ribereñas.
En el mes de julio en el estado de Sonora, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la inmovilización del buque-tanque Sebastián Lerdo de Tejada, propiedad de Pemex, por ser el principal sospechoso del derrame de más de mil 500 litros de combustóleo en las playas de Puerto Libertad.
El 8 de noviembre de 2003 en Ixhuatlán, Veracruz, detectaron un nuevo derrame de hidrocarburos, a lo largo de más de 4 kilómetros de extensión en el arroyo del ejido Felipe Berriozábal. El accidente tuvo su origen en la ruptura de uno de los ductos en operación desde 1938 de lo que fue conocido como el Campo Petrolero Cuichapa.
Por otra parte, es evidente que la frecuencia y magnitud de los accidentes en los ductos de Pemex significan también un elevado costo que ha tratado de ser paliado a través de una "política" de parches a las tuberías.
Por lo anteriormente expuesto, y una vez que en la anterior sesión está Comisión Permanente aprobó una solicitud de información a Pemex y a la Profepa, respecto a un reciente derrame de petróleo en el estado de Veracruz, por la ocurrencia de un nuevo accidente someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de acuerdo
Primero.- Se instruye a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión cite a comparecer al director general de Pemex Exploración y Producción, a efecto de que exponga la situación que guarda el sistema nacional de ductos y las medidas que esa paraestatal está tomando para evitar la frecuencia de los derrames accidentales de hidrocarburos.
Segundo.- Se instruye a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión cite a comparecer al procurador federal de Protección al Ambiente, a efecto de que exponga los procedimientos que se han instaurado, y el estado en que se encuentran, para atender los reiterados accidentes que se han presentado en el sistema nacional de ductos.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los cinco días del mes de enero de 2005.
Sen. César Raúl Ojeda Zubieta
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE A QUE INVESTIGUEN LA MUERTE DE QUELONIOS MARINOS EN LAS COSTAS DE SINALOA, A CARGO DEL DIPUTADO LEONARDO ÁLVAREZ ROMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
El diputado que firma al calce de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Tercera Comisión, de la Comisión Permanente, el presente Punto de Acuerdo, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
En México existen más de 2000 especies en peligro de extinción y una de ellas es la tortuga marina. Estos reptiles quelonios, complejos y especializados, viven exclusivamente en los océanos y mares. La tortuga marina es uno de los animales representativos de la riqueza biológica de México; ocupando nuestro país el tercer lugar mundial en número de especies de estos animales. A nivel mundial, existen ocho especies de las cuales siete pueden ser encontradas en el territorio ya que las costas mexicanas son sitios predilectos para la anidación de casi todas las tortugas marinas que existen en el planeta. Así, se calcula que poco más de 140 de nuestras playas reciben a miles de tortugas que entierran sus huevos en la arena.
Aunado a lo anterior, la tortuga marina es un animal entrañable para la tradición cultural de muchas comunidades en México, especialmente las costeras. Desde tiempos prehispánicos, formaron parte de la cosmovisión autóctona a través de la mitología y las formas artísticas. Actualmente podemos encontrar muchas expresiones culturales donde la tortuga es protagonista. Por ejemplo, en Oaxaca, grupos zapotecos y afromestizos de la costa llevan a cabo la danza de la tortuga de mar.
No obstante, a pesar de los esfuerzos de conservación y la protección de las leyes mexicanas, las tortugas marinas continúan sujetas a fuertes factores de presión en su hábitat. Los ecosistemas en donde interactúan están siendo deteriorados por las malas prácticas de acuacultura y pesca que se han estado desarrollado en los últimos años. Aunado a lo anterior, las siete especies están en peligro de extinción en mayor o menor grado, debido a la persecución que son objeto ya sea para conseguir su carne, su piel, sus huevos o para obtener sus caparazones que son vendidos a muy alto costo en los mercados negros.
Un gran problema que rodea a la tortuga marina es que sólo el uno por ciento de las tortugas que nacen y llegan al mar alcanzan la madurez sexual que asegura la reproducción de su especie. Desde que son huevos se enfrentan a muchos riesgos. Huevos y tortugas son acosados por distintas especies de depredadores que los matan o amenazan constantemente. Entre éstos, el peor de ellos es el ser humano. Según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), hay una veintena de playas mexicanas que ponen en alto riesgo la supervivencia de las tortugas y sus crías, entre ellas la playa de Ceuta y El Verde, en Sinaloa. La tortuga negra (Chelonia agassizi Bocourt), la golfina (Lepidochelys olivacea) y la laúd (Dermochelys coriacea) son las especies que existen en las playas del Pacífico en México, las cuales tienen un grado de protección por las leyes mexicanas y los tratados internacionales.
Históricamente, la protección de estos quelonios data de 1927 en donde se establece la prohibición, por decreto presidencial, para explotar huevo de tortuga. Para que décadas más tarde se decretaran1 los lugares donde anidan y desovan dichas especies, como zonas de reserva y sitios de refugio para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control, de las diversas especies de tortuga marina.
Todas las tortugas marinas, se encuentran listadas en el apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés), promulgado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo del 1992, en donde se especifica que las especies enlistadas están sujetas a una reglamentación particularmente estricta a fin de no poner en peligro aún mayor su supervivencia y se autorizará solamente bajo circunstancias excepcionales.
La CITES basa sus consideraciones de listados, en los parámetros de la lista de especies en peligro o amenazadas, publicada por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN, por sus siglas en inglés) en la que las tortugas marinas están clasificadas, desde 1994, como especie en peligro.
Además, el artículo 420 del Código Penal Federal establece sanciones económicas y cárcel de 1 a 9 años a quien capture, consuma, comercie o trafique con las tortugas.
Aun cuando se han establecido estrictas sanciones a los que amenacen las poblaciones de quelonios marinos, diversos casos de aprovechamiento ilegal se presentan a lo largo de los años. En diversas ocasiones, el Partido Verde Ecologista de México, ha denunciado la explotación y aprovechamiento ilegal de productos y subproductos de tortugas marinas dentro del país. A pesar de las reiteradas veces que se ha exhortado a la Semarnat, a que intensifique sus acciones a favor de la protección de estos quelonios, los resultados y el constante saqueo de huevos de tortuga a lo largo de las costas mexicanas, demuestran el poco interés y continuidad que la Administración Federal y Estatal tienen respecto al tema.
Un nuevo caso se ha dado en las costas de Sinaloa, específicamente en el puerto de Mazatlán, en donde en recientes días, aparecieron varias tortugas marinas muertas, de las cuales una presentaba rasgos de depredación, hecho que no necesariamente significa que hayan sido objeto de saqueo o lucro, pero si pudiera representar una alarma sobre el daño que se puede estar realizando a su entorno y que en consecuencia afecta a la biodiversidad marina de nuestro país.
Por esto, los integrantes del Partido Verde Ecologista de México hacemos un urgente llamado a la población y autoridades competentes para que ayuden a esclarecer la muerte de las tortugas marinas en las playas de Sinaloa, a fin de que se finquen responsabilidades de ser el caso. Por todo lo anterior sometemos a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Poder Ejecutivo Federal y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que inicien la investigación por la muerte de tortugas marinas en las costas de Mazatlán Sinaloa.
Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Poder Ejecutivo Federal y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a establecer medidas de protección coordinadas con los gobiernos del Estado de Sinaloa, que permitan salvaguardar la integridad de las tortuga marina y evitar futuros actos similares.
Así también, se establezcan medidas contingentes y coordinadas con la Secretarías de Marina y Defensa, así como con la Procuraduría General de la República a fin proteger el hábitat de la tortuga marina durante la época de pesca, para minimizar la pesca accidental y evitar accidentes que pongan en riesgo las poblaciones de esta especie.
Dado en el Salón Legisladores de la República, Sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 5 días del mes de enero del 2005.
Nota:
1 Diario Oficial de la Federación del 29 de octubre
de 1986.
Dip. Leonardo Álvarez Romo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A CREAR UN PROGRAMA EMERGENTE PARA LOS PESCADORES DEL RÍO COATZACOALCOS, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, A CARGO DEL DIPUTADO MARTÍN REMIGIO VIDAÑA PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Martín Remigio Vidaña Pérez, en representación de la diputación federal veracruzana del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
El pasado 22 de diciembre, el río Coatzacoalcos sufrió un derrame de más de cinco mil barriles de petróleo crudo, debido a un accidente por parte de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos.
Este hecho ha ocasionado serios daños tanto en el ecosistema de la zona así como en el desarrollo socioeconómico de sus habitantes.
Como es sabido, la procuraduría federal de protección al ambiente (Profepa) ya impuso el monto de la multa a la paraestatal por la cantidad de 2.2 millones de pesos por daños ambientales.
Actualmente, las labores de limpieza a lo largo del río están a cargo de empresas contratadas por Pemex, las cuales tratan de controlar los daños del desastre ecológico.
Sin embargo, decenas de pescadores que dependen de esta actividad para subsistir se han visto seriamente afectados por la negativa de estas empresas a seguirlos empleando para limpiar el crudo esparcido a lo largo del río, mientras la situación se normaliza.
Y es que a pesar de las graves consecuencias ecológicas que significa este lamentable acontecimiento, lo más preocupante es el desamparo en el que se encuentran estas familias, pues su fuente de ingresos se encontraba en el río.
Las empresas, al inicio de los trabajos les ofrecieron pagarles por limpiar el río con ayuda de sus lanchas, pero en días pasados, y sin motivo aparente, decidieron que sólo les pagarían a una parte de estos pescadores, a quienes tuvieran las embarcaciones más grandes.
El sábado primero de enero, decenas de pescadores de las zonas de Tonalá y Magallanes arribaron al puesto de mando para emprender los trabajos de limpieza, sin embargo, lo único que encontraron fue la noticia de que ya no tenían una fuente de ingreso.
Los afectados que prestaban sus servicios a la empresa Saint Marco, SA de CV, sólo recibieron un litro de gasolina para limpiar sus lanchas; por parte de la empresa Lico Ambiental, SA de CV, les anunció que sólo contrataría embarcaciones grandes y que reduciría el número de las pequeñas, por lo que la inconformidad social se hizo presente y amenazaron impedir los trabajos de limpieza, e incluso destruir las barreras de contención del crudo.
Los diputados federales veracruzanos del PRI consideramos esta medida como injusta y abusiva.
Pemex debe asumir la responsabilidad total por estos hechos, debe resarcir el daño a las familias de pescadores afectados, no debe discriminar a quienes poseen embarcaciones pequeñas, negándoles la oportunidad de trabajar.
El derrame de crudo afectó a todos; asimismo, la solución debe incluir a todos.
La creación de un programa emergente de empleos temporales permitiría a los pescadores de la región subsistir mientras continúan los trabajos de limpieza del río, Pemex debe otorgar alternativas laborales a los afectados, como parte del compromiso social al que va ligado semejante daño.
Sabemos que tomará meses, incluso años, para que en el río Coatzacoalcos vuelvan a habitar las especies que lo hacían una fuente de trabajo, por ello, no se puede postergar una solución viable y justa para los cientos de pescadores afectados y las familias que de ellos dependen, es una responsabilidad que todo gobierno debe tener para con sus ciudadanos en casos fortuitos, y más cuando es el propio gobierno quien causa esta situación.
Es con base a lo anteriormente expuesto que nos permitimos proponer la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a que, por conducto de la paraestatal Petróleos Mexicanos, sea creado un programa emergente de empleo temporal para los pescadores de la zona afectada por el derrame de petróleo en el río Coatzacoalcos, del estado de Veracruz, y que deberá ser ejecutado a la brevedad y durará hasta que se normalicen las actividades pecuarias de los afectados.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 5 de enero de 2005.
Dip. Martín Vidaña Pérez
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SE SIRVA INFORMAR SOBRE LOS SPOTS DE RADIO Y TELEVISIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO DE LA VEGA ASMITIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado, José Antonio de la Vega Asmitia, a nombre de los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta soberanía la emisión de un punto de acuerdo, mediante el cual se solicite al Presidente de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados se sirva informar a este Pleno sobre los spots de radio y televisión que ha venido emitiendo la Cámara de Diputados.
Como consecuencia de la campaña televisiva en contra del Titular del Ejecutivo Federal y del Partido Acción Nacional, los Diputados del Grupo Parlamentario del PAN hemos considerado pertinente solicitar al Presidente de la Mesa Directiva informe sobre los montos utilizados y las estaciones de radio y televisión en las que se han transmitidos dichos spots.
El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados debe expresar la unidad de la Cámara y no sólo la de una mayoría. En este sentido consideramos que el Presidente de la Cámara ha violado este principio fundamental al asumir como pleito personal el tema de la controversia constitucional presentada por el Titular del Poder Ejecutivo Federal.
Asimismo, son lamentables diversas expresiones del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, en relación a la posible resolución de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, al admitir la controversia constitucional de referencia. Consideramos que el Presidente de la Mesa Directiva no debe asumir posiciones de corte partidista o de grupos: debe en cambio, conducir su actuación de manera institucional y correcta para preservar la armonía y la unidad de todo el cuerpo parlamentario.
Por ello, solicitamos sea aprobado por esta Comisión Permanente el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Que el Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, se sirva remitir a este Pleno un informe detallado sobre los costos de los spots de radio y televisión utilizados en la campaña mediática que ha ordenado en contra del Titular del Poder Ejecutivo Federal y del Partido Acción Nacional; se sirva explicar las razones por las cuales se utiliza deliberadamente el logo del Partido Acción Nacional y se denosta a diversas personalidades y funcionarios del Partido Acción Nacional.
Dip. José Antonio de la Vega Asmitia (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL A QUE CESE AL COMISIONADO CARLOS TORNERO DÍAZ; AL DIRECTOR DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL "LA PALMA", GUILLERMO MONTOYA SALAZAR, Y A SU JEFE DE CUSTODIOS, Y QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO REALICE UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE LABORA EN LOS PENALES FEDERALES. TAMBIÉN SE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICE LAS AUDITORÍAS CORRESPONDIENTES EN TODOS LOS CEFERESOS Y DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CUSTODIA, A CARGO DE LA DIPUTADA LIZBETH ROSAS MONTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita diputada federal en esta LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El pasado viernes 31 de diciembre ocurrió otro asesinato, uno más, en el interior del Reclusorio todavía llamado de máxima seguridad de La Palma en el estado de México, Arturo Guzmán Loera alias El Pollo hermano de Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo, fue ultimado por otro interno.
Los hechos ocurrieron en el área de locutorios en donde los internos se entrevistan con sus abogados, y donde José Ramírez Villanueva presunto autor material, sacó una pistola, amagó a dos custodios, se dirigió al locutorio 22 y le disparó en varias ocasiones a Arturo Guzmán Loera, privándolo de la vida.
Por todos nosotros es sabido que los Ceferesos de máxima seguridad son responsabilidad de Ramón Martín Huerta. Desde su arribo a esa responsabilidad, en menos de un año en el mismo Cefereso de La Palma ocurrieron al menos tres asesinatos de gente cercana a El Chapo Guzmán, el de su hermano Arturo, el de Alberto Soberanos Ramos en el mes de mayo y Miguel Angel Beltrán Lugo El Ceja Güera, apenas en noviembre pasado ahí mismo, ésta última ejecución se dio, paradójicamente, sólo seis días después de que 170 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y siete agentes del Ministerio Público Federal reportaron "sin novedad" una inspección en La Palma y 48 horas después de que otros 100 elementos de esa corporación fueron enviados a reforzar la seguridad del inmueble.
Información posterior nos señala que "una denuncia anónima enviada en noviembre al abogado José Antonio Sánchez Ortega, presidente ejecutivo del Instituto Nacional Ciudadano de Seguridad suscribe que: internos del Cefereso de máxima seguridad de La Palma estarían en poder de armas de fuego con las que se busca eliminar a Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo, y a otros internos importantes del Cefereso de La Palma. Los reclusos, según la denuncia, son Miguel Ángel Beltrán Olguín y Alonso Moreno Ballinas. Ambos formarían parte de una red que mediante contactos con el exterior -que incluirían a personal de la PFP-, habrían introducido armas de fuego para ejecutar en el interior a jefes, operadores y sicarios del narcotráfico. En las denuncias se señala que Miguel Ángel Beltrán Olguín y Alonso Moreno Ballinas, tienen en su poder armas de fuego calibre .38, mismas que no fueron encontradas en la serie de cateos realizados por la Agencia Federal de Investigación y la PFP dentro del Cefereso. Miguel Ángel Beltrán le pagó a un agente de la PFP -cuyo nombre no se da a conocer- para que introdujera al Cefereso una pistola calibre .38 con la que se tenía planeado asesinar a Osiel Cárdenas. El interno Alonso Moreno tendría en su poder al menos otra arma de fuego con la que buscaría eliminar a algún otro personaje del narcotráfico, indica la denuncia. José Antonio Sánchez Ortega señaló que como abogado de la Coparmex y dirigente del Instituto Ciudadano de Seguridad Pública, estaba obligado a denunciar los hechos y presentar ante la PGR el documento anónimo para que ésta instancia sea la que investigue si es cierto o falso. El abogado dijo luego de la denuncia de hechos se reunió el pasado 19 diciembre con el subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada José Luis Santiago Vasconcelos, para conocer los avances en torno al caso, para saber si los datos eran ciertos. Vasconcelos le dijo que las cosas iban bien, que la información aportada era importante y que se seguía investigando. Sin embargo Arturo Guzmán Loera fue asesinado.
Es claro que el secretario de Seguridad Pública Federal, ha carecido de capacidad y por lo tanto tiene responsabilidad al no tomar las medidas urgentes para detener la corrupción, la ineficiencia e inoperancia que prevalece dentro de los Ceferesos.
Funcionarios de la SSP federal, a cargo de Ramón Martín Huerta, no supieron explicar cómo fue que el homicida pudo acceder armado al área de locutorios y estar al mismo tiempo que Guzmán Loera en esa zona, si supuestamente cada interno cuando acude a ese lugar es llevado desde su celda por un vigilante.
Este asesinato ha venido a reiterar la inaceptable fragilidad e ineficiencia de la autoridad gubernamental en los reclusorios federales. A pesar de su carácter de "alta seguridad" al Cefereso de La Palma en Almoloya, estado de México, siguen llegando armas de fuego. Desbordados, los funcionarios a cargo de la vigilancia en ese sitio han reconocido numerosas irregularidades.
También incurre en omisión el Secretario al mantener y no querer ver los errores que ha cometido el comisionado de este órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Carlos Tornero Díaz, que ha permitido que el Cefereso de La Palma, esté en manos de los cárteles del narcotráfico y sea el espacio para que actúen con total impunidad y se desate una guerra entre éstos.
El responsable de los Ceferesos, admitió que el de La Palma "es una bomba de tiempo" y que ahí "hay una enorme capacidad enclaustrada de agresividad, impulsividad y capacidad de peligro". Las armas "siempre entran por las puertas. Es una tremenda verdad" que admitió el funcionario.
En los meses de febrero y marzo, diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública realizamos una visita a diversos Ceferesos incluyendo el de La Palma, en donde nos percatamos que los sistemas de seguridad no funcionan o no los ocupan y no hay una revisión exhaustiva para las personas que ingresan al Cefereso a pesar de que existen varios puntos de revisión, y los gastos en éstos sistemas de seguridad son muy onerosos.
Por ello también hacemos un exhorto para que la Auditoría Superior de la Federación haga las auditorías necesarias en los Ceferesos para saber exactamente que pasa con los recursos destinados a estos aparatos, que en su mayoría son de primer nivel.
Es claro que el modelo de readaptación social es un fracaso, y es urgente reformular dicho modelo para crear una política penitenciaria que este acorde a las necesidades de nuestro país y cumpla el objetivo principal de readaptar a los internos de los Ceferesos, esta reformulación se debe realizar con la participación de todos los actores que estén directamente involucrados, es decir, especialistas, académicos, y autoridades.
En virtud de lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la normatividad mencionada, someto a la consideración de este honorable pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Que el procurador general de la República, general Rafael Macedo de la Concha, con base en las investigaciones correspondientes, finque responsabilidades penales a quienes resulten responsables.
Segundo.-Se solicita la comparecencia de Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad Pública ante la Comisión de Seguridad Pública de la H. Cámara de Diputados a fin de que informe sobre los hechos ocurridos en el Cefereso de máxima seguridad de La Palma en el estado de México.
Tercero.- Se hace un exhorto al secretario de Seguridad Pública para que de manera inmediata cese al comisionado Carlos Tornero Díaz, al director del Cefereso de La Palma Guillermo Montoya Salazar así como al jefe de Custodios del mismo penal.
Cuarto.- Que el titular del Ejecutivo haga una revisión y depuración exhaustiva del personal de la SSP en los Ceferesos.
Quinto.- Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que en el ámbito de su competencia realice las auditorías correspondientes a los todos los Ceferesos que incluya la revisión sobre la situación patrimonial de todo el personal administrativo y de custodia que labora en los Ceferesos.
Palacio Legislativo, 5 de enero de 2005.
Dip. Lizbeth E. Rosas Montero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES PARA ABSTENERSE DE LLEVAR A CABO CUALQUIER ACCIÓN RELACIONADA CON LA PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LAS LLAMADAS MISIONES DE PAZ, A CARGO DEL DIPUTADO ARTURO NAHLE GARCÍA Y SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE MARTÍNEZ RAMOS, AMBOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Jorge Martínez Ramos, diputado federal de la LIX legislatura, integrante del grupo parlamentario del PRD, conforme a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución con base en los siguientes
Antecedentes
Desde 2003 se ha generado un debate en gran medida artificial, provocado por la Cancillería mexicana en torno al envío de tropas de nuestro país al extranjero en las llamadas misiones de paz. A partir del gobierno foxista se sostiene que se trata de compromisos ineludibles en el marco de nuestra participación en los Organismos de Naciones Unidas, y por ello se han iniciando, en días pasados, gestiones con la Secretaría de Seguridad Pública a fin de reorganizar un antiguo grupo de intervención perteneciente a las filas de la extinta Policía Federal de Caminos. Existen sin embargo fuertes resistencias a esta propuesta que se sostienen principalmente en las siguientes
Consideraciones
La realidad mundial en esta década supone un reto de enormes proporciones por la prevalencia de conflictos armados en diversas regiones del planeta, y por la forma en que se han visto rebasadas las instancias de dialogo y concertación internacionales.
Ahora bien, asumir una mayor responsabilidad en el ámbito internacional implica, sobre todo, trabajar a favor del fortalecimiento y la mayor eficiencia de los foros multilaterales, globales y regionales, en particular en aquellas áreas en las que es posible hacer valer los principios de política exterior que establece nuestra Constitución y que marcan la solución pacifica de las controversias, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los asuntos de política interior de naciones extranjeras.
No es admisible, entonces, un pragmatismo que en aras de obtener ventajas en el marco de nuestras relaciones bilaterales, violenta los principios nacionales en política exterior y se constituyen en formas de injerencia que abonan al recrudecimiento de la violencia civil en terceros países, como es el caso de las últimas guerras en el medio oriente, en las cuales el argumento de la intervención humanitaria se ha visto desmentido a la luz de atrocidades de las que todos hemos sido testigos.
Desde la lógica hegemónica del guardián del mundo, se nos plantea que existe un supuesto derecho de intervención humanitaria basado en el argumento de que la comunidad internacional debe proteger los derechos humanos de quienes estén siendo amenazados por las autoridades de su propio país, sin embargo, la propia Corte Internacional de Justicia sostiene que la legislación internacional contemporánea no prevé ningún tipo de derecho de intervención, por lo que este tema constituye hoy día únicamente un concepto que a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 se ha visto trastocado, como se han trastocado, también, muchos de los fundamentos políticos y jurídicos en los que se asentaba el sistema internacional. El concepto de guerra preventiva y el supuesto derecho de intervención humanitaria se han visto mezclados de tal manera en los últimos años que cualquier cuestionamiento sobre los verdaderos resultados de las intervenciones en zonas de conflicto, no es solo legítimo y deseable, sino del todo indispensable.
El titular de la Cancillería mexicana actúa en tal sentido, al tiempo que compite por la Secretaría General de la OEA y cuenta para ello con el aval del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, quien facilita la organización de tropas para su envío al extranjero, mientras se hace evidente su incapacidad para los recintos penales a su cargo y es fuertemente cuestionado por permitir que las organizaciones de narcotraficantes se disputen impunemente el control de las cárceles mexicanas.
Como legisladores expresamos nuestro enérgico rechazo a la participación de México en las llamadas misiones de paz, sobre todo porque hemos visto absolutamente rebasado al Consejo de Seguridad de la ONU en su tarea de contener los conflictos bélicos generados a partir del 11 de septiembre y facilitar su resolución pacífica; porque vemos la urgente necesidad de una reforma integral a su estructura, y, finalmente, porque es inadmisible que con base en un supuesto derecho de intervención humanitaria, cinco países definan dónde y cuándo interviene Naciones Unidas, excluyendo de estas decisiones al resto del mundo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Unico. Se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al secretario de Relaciones Exteriores a abstenerse de llevar cabo cualquier acción relacionada con el envío de tropas mexicanas a las llamadas misiones de paz.
Dip. Jorge Martínez Ramos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACION AL ASESINATO DEL INTERNO ARTURO GUZMÁN LOERA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NO. 1 "LA PALMA", A CARGO DEL SENADOR CESAR RAÚL OJEDA ZUBIETA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, César Raúl Ojeda Zubieta, senador del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Unico.- Se solicita la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, y del comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Carlos Tornero Díaz, a fin de que informen sobre el estado que guardan las investigaciones y de las acciones emprendidas con motivo del asesinato del interno Arturo Guzmán Loera en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social No. 1, La Palma, y expliquen a la vez, las deficiencias y problemática de los centros federales de readaptación social de máxima seguridad.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los cinco días del mes de enero de 2005.
Sen. César Raúl Ojeda Zubieta (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA TRANSMISIÓN POR EL CANAL DEL CONGRESO DE MENSAJES QUE INVITEN A LA POBLACIÓN A CONTRIBUIR CON AYUDA HUMANITARIA Y FINANCIERA PARA LOS DAMNIFICADOS DE LOS MAREMOTOS OCURRIDOS EN ASIA, A CARGO DEL SENADOR ARMANDO CHAVARRÍA BARRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, Armando Chavarría Barrera, senador del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el Artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 123 numeral 1 y 131 numeral 2 y del la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano y 58,59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta H. Comisión Permanente la siguiente:
Proposición con Punto de Acuerdo
Único.- La H. Comisión Permanente solicita al Canal del Congreso la transmisión de mensajes cuyo contenido convoque a su audiencia a solidarizarse con las victimas de los maremotos sucedidos en Asia y contribuyan con la donación de ayuda humanitaria o financiera de acuerdo con las direcciones y números de cuenta proporcionados por las Embajadas de México en los países afectados o a la Cruz Roja Mexicana.
Dado en la H. Cámara de Diputados, en la sesión
de la Comisión Permanente, a los 5 días del mes de enero
del año 2005.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA, ANTE LA SEGUNDA COMISIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DEL SUBSECRETARIO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, MIGUEL HAKIM, RESPECTO A LA CANDIDATURA DEL SECRETARIO LUIS ERNESTO DERBEZ A LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, A CARGO DEL SENADOR ARMANDO CHAVARRÍA BARRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, Armando Chavarría Barrera, senador del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, y 93, párrafo II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 123, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 90 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta H. Comisión Permanente la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo
Único.- Se solicita la comparecencia ante la Segunda Comisión de esta Comisión Permanente, del subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Hakim, a fin de que exponga la razón, motivación y valoración llevada a cabo por esa dependencia, que justifica la candidatura del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos.
Dado en la H. Comisión Permanente, a los 5 días del mes de enero del año 2005.
El 31 de marzo de 2004 la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas falló a favor de la reclamación interpuesta por el gobierno mexicano, que solicitaba la reposición del proceso judicial de 51 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, a quienes no se les otorgó el derecho de protección consular conforme a lo que marca el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Este juicio histórico, fue posible gracias al trabajo conjunto de la Cancillería mexicana, legisladores de varios grupos parlamentarios, familiares de los presos y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos; sin embargo la tarea no puede darse por concluida puesto que la sentencia del Tribunal de La Haya ha sido ignorada por los gobernadores de los estados de Oklahoma, California, Texas, Arkansas, Nevada, Ohio, Oregon e Illinois al no reponer el procedimiento en ninguno de los 51 casos.
La situación de los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, y el fallo del Tribunal de La Haya son la expresión jurídica de un conflicto que crece entre México y Estados Unidos por la sistemática violencia en contra de nuestros connacionales migrantes y la forma discrecional en que los Estados Unidos maneja el tema de los derechos humanos, que son respetados o no, importantes o no, dependiendo de quién se trate y de los intereses geopolíticos que se vean implicados.
La ausencia de un acuerdo entre México y Estados Unidos que reconozca y atienda en sus términos el fenómeno migratorio, subraya la situación de indefensión en que se encuentran los mexicanos allende la frontera y mantiene intactos los graves vacíos jurídicos que junto con el racismo y la discriminación, constituyen una constante en la violación sistemática de sus derechos humanos.
Hoy, cuando se conoce la negociación que le permitió a Bush reformar su aparato de inteligencia a cambio de varias iniciativas que criminalizan y marginan aún más a los migrantes, se hace evidente que las expectativas generadas a partir de los discursos demagógicos de los Ejecutivos de ambos países sobre un acuerdo migratorio, no sólo son falsas, sino deliberadamente creadas para tender una cortina de humo sobre la despiadada política antiinmigrantes que aprobará como primera iniciativa para el 2005 el Congreso estadounidense.
Mientras esto ocurre, algunos legisladores anuncian acciones de apadrinamiento a disidentes de un régimen extranjero, en un acto por demás inoportuno dado el reciente conflicto diplomático, y violentando nuestros principios y leyes en materia de política exterior, utilizan la bandera de los derechos humanos para justificar lo injustificable: la intromisión en la política interna de un país vecino.
Es particularmente grave que legisladores del partido en el gobierno con responsabilidades institucionales en la diplomacia parlamentaria mexicana, utilicen el espacio legislativo para orquestar campañas que buscan debilitar al gobierno de un país amigo. Pero aún más grave, es que no se asuman éticamente obligados a reaccionar con similar energía en el caso de la terrible violencia que día con día se cierne sobre nuestros connacionales que migran a Estados Unidos.
El Congreso de la Unión no puede ser un observador pasivo ante las arbitrariedades que nuestros connacionales viven diariamente, por lo que es necesario llevar a cabo acciones concretas que denuncien la gravedad de estos hechos y logren movilizar a los órganos de gobierno y a la sociedad civil mexicana e internacional en favor de la protección de los derechos humanos de los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos.
Quienes son objeto de esta campaña son 53 mexicanos condenados a muerte, 51 de ellos beneficiados por el fallo de la Corte Internacional de Justicia no acatado hasta ahora por las autoridades estadounidenses; sin embargo, son cientos de miles más los que sufren violaciones de diversa índole a sus derechos humanos, y muchos otros los que purgan hoy día condenas en cárceles estadounidenses que no recibieron la debida protección a través de las oficinas consulares y que no han sido respaldados por una enérgica queja de su gobierno exigiendo respeto a sus más elementales derechos.
Por lo anterior, es que convocamos a los legisladores federales de todos los grupos parlamentarios, a que junto con los funcionarios del gobierno federal y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos involucradas, se sumen a la "campaña nacional por la adopción y hermanamiento con los 53 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos" bajo el compromiso de lograr el cumplimiento de la resolución de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas en relación con la reposición del proceso judicial para 51 mexicanos a los que no se les dio el derecho al debido proceso conforme lo establece la Convención de Viena, y a que una vez logrado el cumplimiento del fallo, los procesos repuestos sean acompañados por legisladores mexicanos a través de diversas acciones.
Acciones y compromisos
b) Establecer contacto con los condenados a muerte en Estados Unidos, con sus familiares, así como con las correspondientes oficinas consulares de México en la Unión Americana.
c) Inicio de acciones para impulsar que los gobernadores y las cortes judiciales de los estados en que se encuentran recluidos nuestros connacionales, den cumplimiento a la resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. (visitas a gobernadores, jueces y o cortes así como a legisladores locales y federales de aquel país vecino)
d) Una vez repuestos los procesos respectivos, garantizar la presencia física de los legisladores mexicanos en las audiencias de los tribunales estadounidenses.
e) Exhortar al Ejecutivo federal, para que, en su caso, eleve la petición a nivel del Consejo de Seguridad de la ONU, a fin de que este organismo proceda de acuerdo a los lineamientos establecidos para garantizar el cumplimiento del multimencionado fallo de la Corte Internacional de Justicia, o en su defecto el gobierno de los Estados Unidos se haga acredor a las sanciones previstas.
A su segunda reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 5 de enero, a las 15 horas, en el salón C del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
DE LA SEGUNDA COMISION -DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA Y EDUCACIÓN PÚBLICA- DE LA COMISIÓN PERMANENTE
A su reunión de instalación, que tendrá lugar el miércoles 5 de enero, al término de la sesión, en el anexo del Salón Verde.
Orden del Día