• De la Comisión de Participación Ciudadana, de actividades, correspondiente al periodo de diciembre de 2004 a junio de 2005.

• De la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada, segundo sustantivo de actividades.

• De la diputada Leticia Rivera Cisneros, secretaria de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, declaratoria del tercer seminario Análisis comparado y seguimiento de la legislación de niñez y adolescencia en América Latina, celebrado en la ciudad de Bogotá, Colombia, los días 17 y 18 de noviembre de 2005.

Presentación

Con el propósito de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 45, apartado 6, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana presentamos este informe de actividades correspondiente a los meses de diciembre de 2004, y los de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2005.

En este documento, no sólo se pretende dar cuenta de las actividades realizadas por la Comisión de Participación Ciudadana, sino también convertir a la información en instrumento que estimule primero la reflexión, para luego incentivar la participación social en todo lo que tenga que ver con la vida pública del país.

Abrir espacios para el análisis de la vida de la Nación y las perspectivas de su desarrollo integral, es una de las funciones básicas de la Comisión de Participación Ciudadana.

Así, mediante la celebración de diversos foros, nuestra Comisión se ha ligado a la vida social, lo que incluye el contacto con el ciudadano, lo mismo que la transmisión del conocimiento y la propuesta plurales, a fin de lograr mejores niveles de convivencia y bienestar, por la vía del saber y de la responsable participación.

Con ese trascendente propósito, a la celebración de los foros se suma la publicación de sus memorias que contribuyen al enriquecimiento de nuestro sistema de planeación democrática, a la agenda legislativa y al Plan Nacional de Desarrollo, en los términos del 26 constitucional.

Sesiones de Mesa Directiva

La Mesa Directiva está constituida por el diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, Presidente, diputado Juan Bustillos Montalvo, secretario; diputada María del Carmen Izaguirre Francos, secretaria; diputada María Angélica Ramírez Luna, secretaria; diputada Susana Guillermina Manzanares Córdova; quienes se reunieron en 5 ocasiones y en las fechas que a continuación se da cuenta:

Reunión del 1 de marzo de 2005

Se llevó a cabo un las oficinas de la Comisión y durante su desarrollo, se proporcionaron informes, se escucharon porpuestas y se intercambiaron puntos de vista respecto a los siguientes puntos del Orden del Día: Informe sobre la instalación del Foro Permanente de Consulta Ciudadana, Programa de Trabajo 2005, Avances del Tercer parlamento de las Niñas y los Niños de México; Proyecto de Presupuesto 2005 e Informe Financiero.

Reunión del 8 de marzo de 2005

Se celebró en las oficinas asignadas a la Comisión y se continuó con la revisión minuciosa del Informe sobre la totalidad de los recursos recibidos hasta el 31 de diciembre del 2004, así como del anteproyecto del Programa de Trabajo para el ejercicio del 2005, con su respectiva propuesta presupuestal, a presentarse ante el Comité de Administración.

Reunión del 15 de marzo de 2005

Fue realizada en las oficinas de la Comisión y durante su desarrollo, se aprobó el informe Financiero sobre los recursos ejercidos durante el 2004. Durante su desarrollo se aprobó el informe financiero sobre los recursos ejercidos durante el 2004.

Sesiones Plenarias

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 45, apartado 6, inciso d), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la presidencia de la Comisión de Participación Ciudadana convocó, en tiempo y forma , a la sesión plenaria correspondiente a cada uno de los meses que abarca este informe.

Se ofrece, a continuación, una síntesis de los asuntos más destacados que se abordaron y discutieron, así como de los acuerdos más sobresalientes que se obtuvieron:

- Se presentó al doctor Othón Sánchez Cruz como nuevo secretario técnico de la Comisión y al señor Baltazar Ignacio Valadez Montoya como asesor.

- Se aprobó el informe correspondiente al 2004, el Programa de Trabajo 2005 y el Proyecto de Presupuesto para el mismo año.

- Se dio cuenta del informe entregado a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, de conformidad estricta con la normatividad establecida.

- Se dio cabal seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Trabajo aprobado, destacando lo relativo a la celebración del Tercer Parlamento de las Niñas y los Niños de México

Asuntos turnados

La gráfica siguiente muestra el número y tipo de asuntos que fueron recibidos en esta Comisión para su atención durante los meses que comprende este informe.

Intervenciones en el Pleno de los integrantes de la Comisión

Las intervenciones de los diputados integrantes de esta Comisión durante las sesiones del primero y segundo periodo ordinario de sesiones relativas a la participación ciudadana se resumen en la siguiente tabla:

También durante estos meses se realizaron diversas reuniones con representantes de organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones políticas como lo muestra la siguiente tabla:

26 de abril de 2005

En las instalaciones de Palacio Legislativo de San Lázaro se llevó a cabo esta reunión de trabajo con directivos de agrupaciones políticas nacionales, misma en la que se informó de los avances respecto a la elaboración de iniciativa para la reforma del Cofipe. Se acordaron, además, una serie de actividades para promover la participación ciudadana en el proceso electoral federal de 2006.

3 de mayo de 2005

En el Salón Los Cristales del Palacio Legislativo de San Lázaro tuvo efecto esta reunión coordinada por la Comisión de Participación Ciudadana con la participación de dirigentes e ideólogos de las organizaciones Constitución y República, República Nuevo Milenio y Cruzada Democrática Nacional.

Sus acuerdos más destacados fueron los de promover la cultura de la legalidad, así como la vigencia de la Constitución de la República.

31 de mayo de 2005

En esta fecha, en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro se produjo el encuentro de integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana, encabezados por su Presidente, diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, con directivos de la Asociación Nacional de Padres de Familia. Entre sus acuerdos más destacados figuró el de coordinar esfuerzos para realizar foros y acciones a favor de la integración de la familia.

27 de junio de 2005

En esta ocasión, la Comisión de Participación Ciudadana reunió a un número significativo de dirigentes de la Coparmex, quienes expusieron los múltiples obstáculos existentes en perjuicio del sector empresarial y de la competitividad nacional en el difícil mundo globalizado. Se tomó nota de sus propuestas para el perfeccionamiento de un marco jurídico que estimule y propicie el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en México.

30 de junio del 200

En la reunión llevada a cabo este día en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro participaron representantes de las diversas instituciones que estuvieron involucradas en la celebración del tercer Parlamento de las Niñas y los Niños de México. El propósito de la misma fue de evolución del mencionado evento, coincidiendo todos en que fue exitoso y que su aportación a la cultura democrática fue de la mayor importancia y trascendencia. Por otra parte, se tomaron los acuerdos para entregar la estafeta al Senado de la República, a fin de que disponga del tiempo necesario para la celebración del cuarto Parlamento de las Niñas y los Niños de México.

Foros

Los foros realizados se resumen en la tabla siguiente:

Foro permanente de consulta ciudadana

Este evento reunió a más de 400 participantes activos y muchos más gracias a las trasmisiones del Canal del Congreso, quienes se enriquecieron con las más de 40 ponencias de los propios ciudadanos independientes u organizados en asociaciones políticas y civiles.

Así como también se dio a conocer la experiencia e inquietudes en materia de participación ciudadana de 5 entidades federativas desde la óptica de su Congreso local y/o del Gobierno estatal.

Además se enriqueció el foro con la exposición de sendas conferencias magistrales a cargo de:

Foro Dimensiones éticas de la política ciudadana

En el salón Legisladores de la República se llevó a cabo el foro Dimensiones éticas de la política ciudadana, como parte de los trabajos de Foro permanente de consulta ciudadana y convocado por la Asociación Mexicana de Voluntarios, AC., el Instituto Mexicano de Desarrollo Social, las agrupaciones políticas nacionales Acción Afirmativa y Coordinadora Ciudadana, así como por la Comisión de Participación Ciudadana. Se ofrecieron 3 conferencias magistrales y 16 representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, hicieron uso de la palabra para fijar sus posicionamientos. Conclusión convergente de los participantes, fue en el sentido de que la política ha de estar regida por la ética y que éste es el más elevado de los quehaceres del hombre y la mujer.

III Parlamento de las Niñas y los Niños de México

Con éxito esperanzador, y gracias a un extraordinario esfuerzo de sus organizadores, del 23 al 27 de mayo de 2005 se celebró en la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión el III Parlamento de las Niñas y los Niños de México.

Quedó demostrado que nuestras niñas y nuestros niños forman parte de una opinión pública nacional cada vez más informada, formada y demandante, cuya voz obligada estamos a entender y atender.

Necesario es añadir que mediante los ejercicios democráticos que practicaron antes y durante la celebración de su tercer Parlamento, entendieron lo difícil que es ponerse de acuerdo, pero también que sin odios ni violencias que destruyen, la política eso lo hace posible.

Hay razón, entonces, para celebrar la edición de sus conclusiones cuyo contenido fortalece nuestra confianza en que las niñas y los niños de México son porción importante de nuestros recursos humanos, que su sensibilidad y capacidad demostradas, nos garantizan tener el día de mañana espléndidos servidores públicos, sociales y privados.

Mientras tanto, obligados estamos los adultos a no defraudarlos, a construir mediante nuestra voz y acción un presente más amable, uno que les garantice más motivos de sonrisas y alegrías, que de lágrimas y tristezas…

Foro regional Participación ciudadana y procesos electorales

Río Verde, San Luis Potosí

El 3 de junio de 2005, se llevó a cabo el foro regional Participación ciudadana y procesos electorales, que tuvo como sede el Auditorio Ing. Valentín Gama, de la ciudad Río Verde, SLP, participando como conferenciantes el ingeniero Juan Dibildox Martínez, el Lic. Gabriel Cervantes Laguna y el Dip. Dr. Jaime Miguel Moreno Garavilla.

La concurrencia fue numerosa y de ella hubo voces que expresaron su compromiso de promover la participación ciudadana.

Foro Participación Ciudadana y Cultura Democrática

Iztapalapa

Durante los tres días indicados, en la FES-Zaragoza, UAM-Iztapalapa y en el museo Fuego Nuevo se llevó a cabo el Foro Análisis de participación ciudadana y cultura democrática, el que incluyó conferencias magistrales de destacados académicos y actores políticos. La mayoría de la nutrida concurrencia fue de estudiantes.

Atención a la Ciudadanía

En las instalaciones de la Comisión se recibieron y atendieron a 63 ciudadanos quienes solicitaron o plantearon diversos asuntos de su interés del orden federal, estatal o municipal.

Integración de la Comisión de Participación Ciudadana durante el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LIX Legislatura

Diputados: Omar Ortega Álvarez, Rosario Sáenz López, Magdalena Adriana González Furlong, María del Carmen Escudero Fabre, María Elba Garfias Maldonado, Fermín Trujillo Fuentes, Jesús Tolentino Ramán Bojórquez, Norma Patricia Saucedo Moreno, José Julio González Garza, Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Diva Hadamira Gastélun Bajo, Leticia Socorro Userralde Gordillo.

Presentación

En el periodo que abarca de abril a noviembre de 2005 la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada¹ de la Cámara de Diputados LIX Legislatura, continuó con la realización de un conjunto de acciones que había iniciado en abril de 2004, para avanzar en el seguimiento del feminicidio en diversas entidades de nuestro país y en otros países.

En el 1er. Informe² documentamos las solicitudes de información oficial sobre la violencia feminicida y las acciones de gobierno para enfrentarla, dirigidas a la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Desarrollo Social, las procuradurías estatales, los institutos estatales de la mujer y las comisiones estatales de derechos humanos. El resultado fue desigual y la información obtenida insuficiente.

Por ello, la Comisión Especial acordó realizar una investigación científica confiable para conocer de manera directa si había un incremento del número de desapariciones y asesinatos de niñas y mujeres, como lo han denunciado diversas organizaciones civiles feministas y académicas, así como diputadas y diputados. Queríamos saber si hay un patrón en dichos asesinatos, si están relacionados con otras formas de violencia contra las mujeres o a la delincuencia ligada o no al crimen organizado y a condiciones relativas al desarrollo y la democracia, así como conocer la respuesta social y la de los gobiernos federales, estatales y municipales.

Por esa razón hicimos un proyecto de investigación³ y solicitamos recursos económicos que fueron aprobados por el pleno de la Cámara Diputados como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2005. La asignación de estos recursos se hizo a la Comisión Especial a través de la Cámara de Diputados.

Hasta el mes de abril fue posible que la Comisión Especial iniciara las gestiones para conformar una coordinación encabezada por la licenciada Sara Lovera y un equipo de investigación integrado por un Comité Científico formado por destacadas académicas feministas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En los meses siguientes integramos equipos de investigación en once entidades, a su vez constituidos por una coordinadora y tres asistentes, todas investigadoras especialistas en estudios de género. Las entidades elegidas son tres de la frontera norte: Baja California, Sonora y Chihuahua; dos de la frontera sur: Chiapas y Quintana Roo; tres del centro: el Distrito Federal, Morelos y el Estado de México, así como Oaxaca, Guerrero y Veracruz.

Los equipos estatales han trabajado con ritmos diferentes determinados por las circunstancias locales y por diversas dificultades. En esa medida, han realizado la investigación.

Poco a poco, la Comisión Especial entró en contacto con titulares de procuradurías, institutos, secretarías e incluso gobernadores a quienes presentamos la propuesta de investigación y solicitamos su colaboración para contar con información fidedigna y oficial y permitir a las investigadoras realizar su trabajo. Algunas integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Especial y la coordinadora de la investigación nos hemos desplazado en varias ocasiones a cada entidad. Realizamos reuniones de trabajo interinstitucionales para convencer sobre la necesidad de explicar a la sociedad tanto del conocimiento oficial sobre las desapariciones y asesinatos de niñas y mujeres como sobre las acciones que los tres niveles de gobierno realizan.

A pesar de la gravedad del problema y de la obligación de las autoridades de dar satisfacción a la demanda social de solución a la violencia feminicida, no ha sido fácil convencer. Algunas autoridades reaccionan con resquemor y desconfianza. Hay quienes, a pesar de su responsabilidad en gobernación, seguridad pública, procuración y administración de justicia o incluso en el impulso a la transversalidad de género en el gobierno, no se habían percatado del problema o no habían considerado que la violencia contra las mujeres fuera un asunto de su incumbencia. Algunos pusieron un sinfín de obstáculos, actúan con demora y burocratismo o hasta con rechazo a la importancia de los asesinatos de niñas y mujeres o a la intervención de la Comisión Especial. Nos han hecho dar vueltas y dificultado nuestro trabajo. Con ello, contribuyen a hacer más azaroso el acceso a la justicia de las mujeres victimadas y de la sociedad agraviada.

En otros casos, aceptaron colaborar tras varias entrevistas y con amplias explicaciones sobre el feminicidio y el interés de la Comisión Especial en recibir información precisa sobre los asesinatos, las desapariciones, la trata, la prostitución forzada, la violencia familiar, la explotación y cualquier otra forma de violencia contra niñas y mujeres. Logramos avanzar conforme reconocieron que la Comisión Especial busca terminar con información amañada, sexista y misógina y colaborar en el esclarecimiento de la violencia feminicida y terminar con la impunidad que la caracteriza, así como impulsar políticas gubernamentales para erradicarla. Es el caso de varios procuradores, defensores de derechos humanos, directoras de institutos de la mujer, de una secretaria de la mujer y de algunos gobernadores.

Hay tal interés en enfrentar esta problemática que en el diálogo entre poderes y niveles de gobierno, la Comisión Especial ha suscrito convenios de colaboración con varios gobiernos a nombre de la Cámara de Diputados. Varios de ellos han sido signados por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. De acuerdo con el orden cronológico, se firmaron convenios con el Gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, el Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, el Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán (falta la firma oficial), la Gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina y Alejandro Encinas Rodríguez, jefe del Gobierno del Distrito Federal.

Suscribimos, también, convenios de colaboración o cartas de intención con diversas autoridades del Estado de México incluso con el Presidente del Tribunal de Justicia, licenciado José C. Castillo Ambriz y con el Procurador del Estado de Morelos, Hugo Manuel Bello Ocampo. La Comisión Especial participa en una mesa interinstitucional coordinada por el Procurador de Sonora, licenciado Abel Murrieta Gutiérrez. Hemos recibido solicitudes de autoridades de varias entidades federativas de ampliar la Investigación Diagnóstica e incluir a sus estados, tal es el caso de: Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Durango y Guanajuato Tamaulipas.

La Comisión Especial ha colaborado con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en particular con la Coordinación del Programa sobre Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia que encabeza la Maestra Victoria Adato Green, con su Presidente Dr. José Luis Soberanes Fernández y con el Primer Visitador Dr. Raúl Placencia Villanueva. Con su apoyo se convocó y se realizó en la Ciudad de México una reunión de trabajo con la Red Nacional de Comisiones de Derechos Humanos para exponerles la problemática del feminicidio, la importancia y la urgencia de su intervención como defensores de los derechos humanos de las mujeres y de su participación en la investigación sobre la violencia feminicida.

La investigación científica debería concluir en diciembre porque sus recursos están presupuestados sólo para 2005, por la urgencia de su cometido y porque la Comisión Especial concluye en abril de 2006. Sin embargo, habría mucho trabajo más que hacer para concluir lo iniciado y para dar satisfacción a las solicitudes recibidas. Por eso presentamos un punto de acuerdo solicitando la vigencia de la Comisión Especial hasta el 31 de agosto, término de la actual Legislatura, además de recursos suficientes para atender la demanda de investigación que hemos recibido y tener tiempo suficiente de procesar la información y realizar un informe global sobre el feminicidio en México.

Otra prioridad sustancia de la Comisión Especial ha sido la elaboración de una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como la inclusión del feminicidio en nuestra legislación. Este ha sido un esfuerzo conjunto con las Comisiones de Equidad y Género, que preside la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, y la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, que preside la diputada Angélica de la Peña Gómez. La Comisión Especial ha encontrado un gran interés en la tipificación del feminicidio y hemos participado en varias reuniones de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos presidida por la diputada Rebeca Godínez y Bravo.

Tras la desafortunada experiencia en torno a la intervención gubernamental en los asesinatos de Ciudad Juárez, Chihuahua, con el trabajo exiguo y el relevo de la Fiscal Especial, María López Urbina, el inexplicable paso fugaz, sin resultados relevantes, de la Fiscal Mireille Roccatti Velásquez, y las muestras de violencia feminicida en otras entidades, las Comisiones Especiales de las Cámaras de Diputados y de Senadores acordaron, por separado, proponer la creación de una instancia federal no coyuntural, no especial, sino especializada, con personal formado tanto en su campo profesional, como en la procuración de justicia con perspectiva de género, capaz de atender esta problemática en todo el país, de manera permanente, estructural y efectiva.

Por ello, la Comisión Especial presentó un punto de acuerdo para exhortar al Procurador General de la República a crear una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Violentos contra las Mujeres. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados hizo suyo el punto de acuerdo y presentó el exhorto al pleno de la Cámara, el cual lo aprobó y envió al Procurador el primero de marzo de 2005.

La Comisión Especial no tuvo respuesta hasta que el nuevo Procurador General Daniel Cabeza de Vaca asumió la necesidad de establecer un grupo técnico de trabajo entre las Comisiones Especiales de las Cámaras de Diputados y Senadores y la Procuraduría para realizar el proyecto de creación de la Fiscalía Especializada. Esta iniciativa se presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. El 15 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 150 millones de pesos para la Fiscalía Especializada y el Procurador creó, a través de un acuerdo, dicha Fiscalía cuya titular es la doctora Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña.

Centro de Estudios Parlamentarios

Durante la discusión del Presupuesto de 2005 propusimos de manera conjunta con la Comisión de Equidad y Género la creación de un Centro de Estudios Parlamentarios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, con el objeto de contar de manera institucional en la Cámara de Diputados con un centro capaz de realizar investigaciones especializadas con perspectiva de género para fundamentar la acción parlamentaria tanto legislativa como de incidencia en otros poderes del Estado y en la sociedad.

El Comité Directivo del Centro de Estudios Parlamentarios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, fue instalado el 3 de noviembre de 2005 con la presidencia de la Diputada María de Jesús Aguirre. Será un apoyo invaluable para el trabajo de todas las comisiones y de la Cámara, del Congreso en su conjunto, así como de las organizaciones civiles, la academia y la ciudadanía para construir y garantizar los derechos humanos de las mujeres.

Presupuesto con perspectiva de género

Una de las tareas más importantes de la Cámara de Diputados es la discusión y, en su caso aprobación, de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación. El año pasado la Comisión Especial propuso y logró un pequeño pero importante presupuesto para apoyar el trabajo de varias instituciones para enfrentar el feminicidio.

Este mes de noviembre la Comisión Especial elaboró y presentó ante la Comisión de Presupuesto, la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Equidad y Género un presupuesto para asignar recursos etiquetados para enfrentar la violencia feminicida en México durante el 2006. La mínima prioridad es dotar de recursos a la Comisión Especial para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez y de la mayor importancia es asignar recursos suficientes a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Violentos contra las Mujeres para que se instale e inicie sus trabajos ordinarios.

La investigación que realiza la Comisión Especial ha mostrado el desconocimiento real sobre la violencia contra las mujeres en nuestro país, la cual ha sido investigada de manera local o temática, con enfoques diversos. La Comisión Especial sostiene que si no se conocen las verdaderas causas de la violencia contra las mujeres, los tipos de violencia, sus mecanismos sociales, culturales, jurídicos y judiciales, es muy difícil elaborar y poner en marcha políticas de gobierno para prevenir, atender y sancionar dicha violencia. Por eso la Comisión Especial incluyó en el Presupuesto recursos etiquetados para que el Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (Conapo) apoyados por la UNAM, realicen de manera urgente, profesional y científica un diagnóstico sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en todas las entidades, que sea representativa de mujeres de todas las edades, las condiciones sociales y los grupos étnicos.

Diálogo Internacional Interparlamantario

En cuanto al Diálogo la Comisión Especial, después de realizar el 1er Encuentro en la Ciudad de México, el 5 y 6 de mayo realizó el 2o. Encuentro en la ciudad de Antigua, Guatemala, del 30 de junio al 1 de julio, y el 3er. Encuentro del 15 al 16 de septiembre en Madrid, España. En cada encuentro analizamos informes sobre el feminicidio en los tres países, compartimos análisis, puntos de vista diversos, acciones parlamentarias e iniciativas legislativas. Asimismo impulsamos la Red Interparlamentaria por el Derecho a una Vida Sin Violencia de las Mujeres que haga frente a los Feminicidios con legisladoras y legisladores de los tres países.

Productos del diálogo son la Declaración de México, la Declaración de Antigua, Guatemala, y la Declaración de Madrid.

Representantes de Instancias Internacionales

La Comisión Especial recibió a la Sra. Ruth-Gaby Vermont-Mangold, Relatora del Comité de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y le informamos que la violencia feminicida no sólo se da en Ciudad Juárez sino que se presenta en otras entidades federativas, por lo que el trabajo de la Comisión no se circunscribe a Ciudad Juárez sino que abarca todo el país. La Sra. Vermont-Mangold ofreció colaborar con el gobierno de México con recursos y apoyos técnicos y profesionales para enfrentar el feminicidio, se interesó en nuestro enfoque de análisis integral desde una perspectiva de género y en nuestros esfuerzos legislativos. Propuso también, llevar la propuesta de legislación a instancias internacionales.

El europarlamentario del Partido Verde, Raúl Romeva, solicitó entrevistarse con la Comisión Especial y fue recibido el 1 de marzo de 2005.

En las Comisiones Unidas de las Cámaras de Diputados y Senadores dialogamos con la señora Yakin Ertuk, Relatora Especial sobre Violencia Contra la Mujer de la ONU, el 21 de febrero de 2005. Con la Comisión de Relaciones Exteriores participamos en una reunión con las Diputadas Martine Aurillac, Chantal Robin Rodrigo y el Diputado Georges Tron del Parlamento Francés, en ella informamos sobre la situación de la violencia feminicida en México. La Comisión Especial ha sido invitada en enero a participar en Bruselas en una audiencia sobre el feminicidio ante el Parlamento Europeo.

Una parte sustantiva de las actividades y los esfuerzos de la Comisión Especial la hemos realizado de manera conjunta con la Comisión Especial del Senado en este año presidida por la Senadora Lucero Saldaña Pérez. Ha sido clave nuestra suma para exigir al gobierno federal el cese de los homicidios de niñas y mujeres en Ciudad Juárez, en particular durante la crisis que provocaron los homicidios de las niñas Airis Estrella Enríquez Pando y Anahí Orozco Lorenzo. Colaboramos también en los foros regionales y en la plenaria del Parlamento de Mujeres de México, así como en la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Violentos contra las Mujeres.

En breve, con las Comisiones de Equidad y Género de las Cámaras de Diputados y de Senadores realizaremos un trabajo en conferencia para sacar adelante las iniciativas de Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley de Violencia que aprobó el Senado, así como la Iniciativa de Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, en proceso de elaboración en la Cámara de Diputados, y las reformas a la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

Ha sido muy importante dar a conocer las actividades de la Comisión Especial e indagar sobre lo que hacen las organizaciones civiles y académicas, por eso la Comisión Especial se ha reunido en diversas ocasiones con funcionarias como la comisionada Guadalupe Morfín Otero, con las fiscales especiales María López Urbina y Mireille Roccatti, y con un sinnúmero de organizaciones civiles y redes feministas en distintas entidades federativas.

Difusión

Las actividades de difusión de la Comisión Especial son muy diversas y abarcan conferencias de prensa, entrevistas para periódicos y otros medios impresos, programas de radio y televisión, reuniones, foros, coloquios y congresos y conferencias públicas ante estudiantes universitarios y organizaciones civiles.

La publicación de diversos trabajos es fundamental para consolidar el trabajo de la Comisión y difundir análisis, informes y documentos sobre el feminicidio, de lo publicado por la Comisión especial destacan: Fin al feminicidio (versiones en inglés y español); Feminicidio, justicia y derecho libro que recoge las ponencias y las discusiones del Seminario Internacional, realizado por la Comisión en la Ciudad de México 8 y 9 de noviembre del 2004, el Informe sobre las numerosas desapariciones de niñas y mujeres en México de Ruth-Gaby Vermont-Mangold y el libro Feminicidio en el mundo global coordinado por Diana Russell y Roberta A. Harmes, obra indispensable para la teorización del feminicidio, así como para el conocimiento de investigaciones sobre feminicidio en diversos países.

De manera permanente la Comisión Especial ha contado con el aval y el apoyo entusiasta del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem) y del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (Instraw), también de Naciones Unidas.

Conforman el Consejo Asesor de la Investigación Diagnóstica sobre Violencia Feminicida en México Marijke Velzeboer-Salcedo, Jefa de la Unidad para América Latina y el Caribe de Unifem y Teresa Rodríguez directora de Unifem para México, Centroamérica y el Caribe y Carmen Moreno directora del Instraw.

Finalmente, la Comisión Especial tiene el firme propósito de que al término de la LIX Legislatura habremos generado un conjunto de acciones y creado insumos legislativos y reformas institucionales que contribuyan a crear una política de Estado capaz de hacer frente y erradicar la violencia feminicida, en particular, y todas las formas de violencia contra las mujeres. Todas las acciones de la Comisión Especial están encaminadas a establecer mecanismos y normas para garantizar a las mujeres las condiciones de vida que garanticen la vigencia de nuestros derechos humanos.

Por la vida y la libertad de las mujeres

Notas

1. En adelante Comisión Especial del Feminicidio o sólo Comisión Especial.

2. 1er informe Sustantivo de Actividades. Por la vida y la libertad de las mujeres. 14 de abril 2004 al 14 de abril 2005. Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, Cámara de Diputados, México, 2005.

3. Proyecto de Investigación Diagnóstica sobre Violencia Feminicida en México.

Dip. Marcela Lagarde y de los Ríos

Presidenta de la Comisión Especial del Feminicidio

Numeralia

9   Reuniones de Mesa Directiva.

2   Reuniones con el Pleno de la Comisión; 10 reuniones con representantes de instancias internacionales.

3   Encuentros del Diálogo Internacional Interparlamentario sobre Violencia Feminicida.

11   Reuniones con representantes del Poder Ejecutivo federal y del Poder Ejecutivo de entidades federativas.

4   Reuniones con representantes de las organizaciones civiles; 6 reuniones para la elaboración del proyecto de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Violentos contra Mujeres.

20   Reuniones para la elaboración de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la República Mexicana; 12 reuniones para la elaboración de la propuesta de presupuesto con perspectiva de género.

15   Reuniones para la revisión de la propuesta para tipificar el delito de feminicidio.

1   Reunión con instancias educativas.

11   Entidades investigadas dentro del marco de la Investigación Diagnóstica.

8   Entidades investigadas documentalmente.

77   Personas involucradas directamente en la investigación.

15   Entidades visitadas.

4   Convenios de colaboración entre la Comisión Especial y los gobiernos estatales.

1   Reunión de trabajo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los Presidentes Estatales de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.

1   Reunión de trabajo con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y juezas y jueces del estado de México.

4   Reuniones nacionales de trabajo con los equipos de investigadores, el comité científico y la coordinación nacional.

10   Reuniones de trabajo con el comité científico y la coordinación nacional.

Trabajo Parlamentario

La Comisión Especial del Feminicidio, mediante diversas proposiciones con punto de acuerdo ha denunciado el feminicidio y protestado por la extensión de los crímenes y la impunidad que envuelve a la mayoría de éstos. Tal como se señaló en el Primer Informe, esta Comisión Especial tiene como una de sus prioridades proponer iniciativas que permitan un mejor marco jurídico para prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio.

Por ello, en colaboración con otras Comisiones de la Cámara de Diputados trabaja en un conjunto de iniciativas, que den respuesta a la necesidad de superar la ausencia de protección de los derechos de las mujeres y creen condiciones jurídicas de seguridad para la integridad, la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres en la comunidad, la casa, los espacios de trabajo, de tránsito o de esparcimiento. Es parte de una reforma democrática del Estado mexicano que, considerada en su conjunto, permitirá la adecuada prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las niñas y las mujeres en la República Mexicana.

El paquete integral de reformas está conformado por:

1. La propuesta de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que defina y establezca las sanciones a todas las formas de violencia contra las mujeres y las directrices mínimas para el funcionamiento de las diferentes instancias de gobierno que atienden a las mujeres víctimas de violencia. Se elabora en coordinación con las Comisiones de Equidad y Género, y Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.

2. La iniciativa de reforma al Código Penal para tipificar el delito de feminicidio, que se presentó en noviembre de 2004, con la finalidad de sancionar eficazmente la violencia cometida contra las mujeres.

3. La iniciativa de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Violentos contra Mujeres, elaborada en coordinación con la Procuraduría General de la República y la Comisión Especial para Dar Seguimiento al Avance de las Investigaciones en torno al Caso de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, del Senado de la República.

4. La elaboración de un presupuesto con perspectiva de género en coordinación con la Comisión de Equidad y Género.

Iniciativas de Ley

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Esta iniciativa se trabaja en conjunto con las Comisiones de Equidad y Género y Especial de Niñez, Adolescencia y Familias. Las tres Comisiones reconocen que la violencia contra las mujeres es un problema de salud y seguridad pública que afecta el desarrollo social del país, que impide la construcción de una sociedad democrática.

La violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos y a las libertades humanas; es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. La diferencia entre la violencia contra las mujeres y otras formas de agresión estriba en que, en este caso, el factor de riesgo o vulnerabilidad es por el solo hecho de ser mujer.

México, al ser parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém Do Para,¹ se comprometió a actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia cometida contra las mujeres, en términos del artículo 7 de la citada Convención.

Por ello y al considerar que actualmente en nuestra legislación no se encuentra garantizado plenamente el derecho a una vida sin violencia de todas las mujeres, se ha considerado como tema prioritario en la agenda de las tres Comisiones, la elaboración de una ley que establezca el derecho a una vida sin violencia y que garantice los mecanismos necesarios para su protección.

Esta Ley, sin duda, se complementará con la Ley General que crea el Sistema Nacional de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, dos iniciativas aprobadas por el Senado de la República y turnadas a la H. Cámara de Diputados para su análisis, discusión y aprobación.

• Iniciativa para tipificar el feminicidio Propuesta de iniciativa de reforma al Código Penal para tipificar el delito de feminicidio, que se presentó en noviembre de 2004 con la finalidad de sancionar eficazmente la violencia extrema cometida contra las mujeres. A raíz de su presentación y el interés causado, se consulta a diferentes expertos y expertas en derecho penal con la finalidad de integrar sus puntos de vista y perfeccionar la propuesta presentada.

Se trabaja en coordinación con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en el dictamen que será presentado al Pleno de la Cámara de Diputados para su aprobación.

• Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Violentos contra Mujeres.

El 1 de marzo de 2005 la Cámara de Diputados exhortó a la Procuraduría General de la República (PGR) para crear una Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Violentos en Contra de las Mujeres.

Ante la falta de una respuesta por parte de la PGR, el 15 de junio de 2005 se presentó junto con la Comisión Especial del Senado de la República una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal para crear una Fiscalía Especializada en Delitos Violentos contra Mujeres. Esta iniciativa fue realizada por un equipo de trabajo conformado por las dos Comisiones Especiales y la Procuraduría General de la República.

La propuesta señala que la Fiscalía deberá contar con las atribuciones necesarias para ejercer la facultad de atracción en la investigación y en el ejercicio de la acción penal correspondiente, en aquellos casos en que se observe la persistencia de una situación de violaciones graves y sistemáticas al derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia.² Asimismo, que dependa directamente del Procurador General de la República y actúe con plena autonomía técnica, con facultades para recabar información, analizar, evaluar y elaborar los diagnósticos que se necesitan para el diseño de políticas públicas federales y locales tendientes a prevenir, atender y erradicar todas las formas de violencia en contra de las mujeres.

En este contexto, la Fiscalía Especializada no solamente deberá circunscribirse a la labor formal de investigación o consignación, sino que además deberá participar activamente como una instancia de coordinación, conjugando esfuerzos ministeriales, periciales, policiales, criminológicos, criminalísticos y de política criminal de la Federación y las entidades federativas, todo ello en la prevención y combate de todas las formas de violencia en contra de las mujeres que tengan connotación delictiva.

Para garantizar el funcionamiento adecuado de la Fiscalía y el enfoque correcto para investigar los delitos de género, las personas que presten sus servicios en la Fiscalía deberán contar con un perfil profesional que garantice la aplicación de la perspectiva de género en su trabajo y formación en derechos humanos.

Se presentó el 15 de junio de 2005, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, en las cuales se prepara el dictamen.

El 15 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 150 millones de pesos para la Fiscalía Especializada y el Procurador creó, a través de un acuerdo, dicha Fiscalía cuya titular es la doctora Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña.

• Presupuesto

El año pasado la Comisión Especial trabajó para que la Cámara de Diputados aprobara una bolsa presupuestal de 179.5 millones de pesos para la atención y erradicación del feminicidio, principalmente destinado a Ciudad Juárez. Asimismo, en coordinación con la Comisión de Equidad y Género elaboró de un presupuesto encaminado a la eliminación de la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres, y a la erradicación de la violencia feminicida en la República Mexicana. Por lo cual, se propuso destinar recursos etiquetados para la salud sexual y reproductiva de las mujeres, en especial para la planificación familiar y la atención del cáncer de mama y cervicouterino. Además de etiquetar recursos para atender la violencia contra las mujeres desde la educación, la salud, la seguridad social y la justicia.

Un logro importante fue la aprobación de 25 millones de pesos para la creación del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, cuyo objetivo es prestar los servicios de apoyo técnico y la información analítica que la Cámara de Diputados requiere para incorporar de forma transversal la perspectiva de género en la agenda y acciones legislativas. Ésta es una de las aportaciones innovadoras de la LIX Legislatura para las próximas legislaturas.³

La propuesta de la Comisión Especial para atender y erradicar la violencia feminicida en México en el año de 2006 es por un monto total de 269 millones de pesos, desglosado de la siguiente manera:

Proposiciones con Punto de Acuerdo que solicitan, exhortan y proponen acciones relativas a la violencia feminicida

• Solicitud de reunión de trabajo con el Secretario de Gobernación y con el Procurador General de la República.

Las Comisiones Especiales de la Cámara de Diputados para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada y del Senado para Dar Seguimiento al Avance de las Investigaciones en torno al Caso de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, coincidieron en que un diálogo abierto entre el Legislativo y el Ejecutivo sobre la violencia feminicida es obligado y urgente.

El día 25 de mayo se solicitó mediante oficio la realización de una reunión de trabajo con el Presidente de la República, Lic. Vicente Fox Quesada, en la que estuvieran presentes igualmente los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, a efecto de presentar una propuesta plural, bicameral y consensuada sobre las acciones de Estado que se deben realizar para erradicar la violencia contra las mujeres en la República Mexicana.

Ante la falta de respuesta, en Comisiones Unidas se presentó una proposición con punto de acuerdo para solicitar una reunión de trabajo con los titulares de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República.

Dicha solicitud responde a al pleno convencimiento de los y las integrantes de ambas Comisiones Especiales de que la coordinación y el diálogo constituyen un paso fundamental e insustituible en el avance de acciones y respuestas contundentes a la demanda de una vida libre de violencia para las mujeres y niñas, no sólo en Ciudad Juárez, sino en todo el país.

Se presentó el 5 de julio de 2005.

Fue aprobado en votación económica.

• Propuesta para incorporar en los informes de cumplimiento de los avances de los derechos de las mujeres el indicador de violencia feminicida.

Se propuso al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, incorporar la noción de violencia feminicida como indicador de la violencia contra las mujeres en los trabajos de la sesión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, así como en su próximo informe, todo ello en respuesta a la implementación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, en el marco de la Cumbre del Milenio +5 que se llevará a cabo en septiembre de 2005.

Lo anterior por considerar que incorporar como indicador de la violencia contra las mujeres la noción de feminicidio, contribuirá al enriquecimiento de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, ya que la violencia feminicida es una forma extrema de violencia de género, en la cual hay una violación permanente a los derechos humanos de las mujeres que culmina, en algunos casos, en asesinatos crueles, en crímenes misóginos cometidos por hombres al amparo de la impunidad y de la fractura del Estado democrático de derecho.

Se presentó el 13 de julio de 2005 ante la Comisión Permanente y se turnó a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia; posteriormente, el 19 de julio, ésta envió una comunicación al Presidente de la Comisión Permanente, Senador Diego Fernández de Cevallos, para que se rectifique el turno y se remita a la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, con el propósito de que esa Comisión fundamente el dictamen que corresponda, toda vez que el punto de acuerdo aludido se refiere a los compromisos internacionales de México y a los programas de la Organización de las Naciones Unidas.

• Solicitud de información e investigación a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua

Se solicita a la Procuradora General de Justicia del Estado de Chihuahua, Lic. Patricia González, inicie las investigaciones correspondientes contra los funcionarios que estuvieron a cargo de la investigación del caso de Minerva Teresa Torres Abeldaño que ocultaron sus restos. Asimismo, informe sobre las acciones realizadas por la dependencia a su cargo para la identificación de las osamentas y cuerpos de mujeres sin identificar que se encuentran en el Servicio Médico Forense.

Este punto de acuerdo fue presentado ante el ocultamiento que realizaron las autoridades de Chihuahua de los restos, ahora sabemos, de Minerva Torres Abeldaño, que en julio de 2003 fecha de su hallazgo se negó su existencia y por tanto la posibilidad de ser identificados y fue hasta julio de 2005, cuando la familia tuvo acceso a los restos óseos y a la posibilidad de identificarlos.

Este caso es emblemático de la violencia institucional que sufren muchas familias de mujeres asesinadas en la Ciudad de Chihuahua.

Presentado el 6 de julio de 2005 ante la Comisión Permanente y se turnó a la Primera Comisión, ésta el 12 de julio de 2005 resolvió la publicación y envío a la Procuradora el exhorto hecho por las diputadas de la Comisión Especial.

Posicionamientos públicos de la Comisión Especial

• Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de Homicidio de Mujeres.

a) Antecedentes

La Cámara de Diputados aprobó para el ejercicio fiscal 2005, un monto de 31 millones asignado a la Procuraduría General de la República destinados al “Fideicomiso para la reparación del daño a familiares de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez”.⁵ Por su parte, el Ejecutivo Federal anunció que se destinarían 25 millones de pesos para la reparación del daño. Posteriormente el Gobierno del estado de Chihuahua aportó 5 millones de pesos más.

En virtud de lo anterior, la Procuraduría General de la República crea el Consejo Asesor de Aplicación del Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de Homicidio de Mujeres, a través del acuerdo número A/131/05 del Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2005.

El Fondo de Auxilio Económico quedó constituido, originalmente, por la cantidad de 30 millones de pesos, pues no se consideraron los 31 millones aportados por la Cámara de Diputados; este monto se incorpora al Fideicomiso correspondiente a partir del 1 de julio de 2005.

b) Consideraciones respecto al Fondo de Auxilio Económico.

Dicho Fondo se creó y denominó como de auxilio económico y no como reparación del daño a las víctimas y sus familiares. Sin embargo, funcionarias y funcionarios de la Procuraduría General de la República señalan que se otorgará a las víctimas con los criterios internacionales en materia de reparación del daño. Ello permite que se genere una serie de confusiones tanto en relación con los objetivos del Fideicomiso como con las acciones y toma de decisiones del Consejo Asesor.

Para clarificar este punto existen dos posibles consideraciones sustanciales: la primera corresponde fáctica y filosóficamente a una acción asistencial del Estado frente a requerimientos específicos de un grupo de la población, en este caso las familias de las mujeres que han sido asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua; la segunda, a un reconocimiento de la responsabilidad el Estado frente a una situación concreta en la cual se han violado de manera grave y sistemática los derechos a la libertad, integridad y seguridad personal, a la vida y a las garantías judiciales.

En consecuencia, la Comisión Especial visualizó la aplicación del llamado Fondo de Auxilio desde la segunda vertiente, es decir, que sin desconocer que las familias de las víctimas pueden ser consideradas como parte de los grupos que deben ser considerados como beneficiarios preferentes de este tipo de acciones, según la fracción IX del artículo 4 de la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social; mientras que la Procuraduría General de la República al inclinarse por la primera consideración desconoce la responsabilidad del Estado mexicano por el feminicidio en Ciudad Juárez, la cual ha sido señalada por diversas Relatoras y Relatores de Derechos Humanos tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos y del Parlamento Europeo.

En este contexto, la primera forma de visualizar la aplicación del Fondo de Ayuda tiene dos vicios de origen: no cumple con las obligaciones que el Estado tiene con las víctimas y sus familiares, y promueve políticas que no cumplen con los lineamientos internacionales en esta materia de reparación del daño frente a violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos.⁶

Por lo anterior, el concepto la reparación del daño no debe entenderse desde la obligación que tiene el sujeto activo del delito, sino como la obligación que tiene el Estado mexicano para con las víctimas y con la sociedad por las violaciones graves y sistemáticas contra los derechos de las mujeres en Ciudad Juárez. Esta obligación surge porque México es parte de instrumentos internacionales de derechos humanos.

Asimismo, al tratarse de violaciones graves y sistemáticas, se sobrepasan los mejores esfuerzos para proveer de reparaciones únicamente a las víctimas directas e indirectas,⁷ sino que deben de extenderse a todas víctimas del feminicidio y a las mujeres juarenses, y atender a criterios cuantitativos y cualitativos.⁸

De acuerdo con este criterio, si bien los familiares de las mujeres asesinadas y desaparecidas son las víctimas indirectas como consecuencia del homicidio de su familiar, también son las víctimas directas de las violaciones al debido proceso legal y a la integridad personal, por el sufrimiento a consecuencia de la falta de acceso a la justicia, las cuales han sido cometidas por agentes del Estado. Por ello, independientemente de la forma en cómo fueron asesinadas sus familiares, se les debe reparar por los actos que son imputables directamente al Estado, es decir, la negligencia y la omisión de las autoridades que realizaron las investigaciones.

Por otro lado, es necesario contar con un censo confiable sobre el número de mujeres asesinadas y el número de personas que podrían ser las beneficiadas. Es necesario saber con certeza cuántas y quienes son las víctimas directas e indirectas del feminicidio tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua.

En este escenario, no se puede pretender reparar el daño o incluso indemnizar si no se han valorado todos los aspectos que envuelven la situación general de violaciones graves y sistemáticas que prevalece en Ciudad Juárez y en Chihuahua, incluyendo las necesidades de las víctimas directas e indirectas del feminicidio.

Así, es preciso subrayar que el manejo inadecuado de la reparación del daño o de la atención asistencial a las familias de las víctimas puede generar efectos perversos e indeseables en una sociedad ya lastimada como la juarense. Estos efectos podrían ser, desde la desaparición y asesinato de niñas y jóvenes con el fin de engrosar la lista de beneficiarios hasta la extorsión, robo y secuestro de las personas que fueron beneficiadas de un pago considerable por el asesinato de sus hijas.

• Sobre la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

a) Antecedentes

La Comisión Especial del Feminicidio exhortó al Dr. José Luis Soberanes titular de la CNDH, a proporcionar información sobre el seguimiento a la recomendación 44/98; asimismo, le señaló la necesidad de dar continuidad al Informe de noviembre de 2003 y que emitiera una nueva recomendación sobre los homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez.

Ante el exhorto la CNDH informó que la Recomendación 44/98 se había cerrado por incumplimiento y la imposibilidad de emitir una segunda recomendación, ya que su propia normatividad impide emitir más de una recomendación sobre un caso.

Posteriormente, el día 21 de abril de 2005, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un exhorto dirigido al Ombudsman nacional, Dr. José Luis Soberanes, para que la institución a su cargo presentara un informe sobre los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez.

La Comisión Nacional atendió a estos exhortos y presentó ante la Cámara de Diputados un seguimiento al Informe de 2003 sobre la situación actual de las violaciones graves y sistemáticas a los derechos de las mujeres en Ciudad Juárez, el 23 de agosto de 2005.

En dicha reunión se insistió al Ombudsman nacional la necesidad de emitir una segunda recomendación en el caso de las mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez.⁹

El Dr. José Luis Soberanes argumentó la imposibilidad jurídica de emitir una segunda recomendación con base en el artículo 139 del Reglamento Interno de la CNDH que establece que “en ningún caso, la CND tendrá competencia para intervenir con la autoridad involucrada en una nueva o segunda investigación…”

b) Análisis sobre la posibilidad de una segunda recomendación. Si bien ya fue emitida una recomendación en el año de 1998, no se puede considerar como aplicable lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento, pues los hechos mencionados en el informe son distintos. Además el artículo citado hace referencia a una “nueva o segunda investigación” no necesariamente una nueva recomendación.

Al respecto, es necesario precisar que el Informe de 2003 se refiere a hechos nuevos, de los cuales no se había hecho ningún requerimiento o investigación, por lo tanto no tiene que ver con los hechos y funcionarios públicos mencionados en la Recomendación 44/98, que responde a lo ocurrido con 27 víctimas y el Informe a lo sucedido con 236 mujeres.

Asimismo, entre el año de 1999 y 2003 se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y han pasado dos administraciones más de gobierno.¹⁰

Sin duda el Informe Especial de noviembre de 2003 representa un gran esfuerzo y un avance importante en la documentación de las violaciones graves y sistemáticas a los derechos de las mujeres y niñas en Ciudad Juárez. Sin embargo, en éste no se identifica a los servidores públicos involucrados o responsables de los graves hechos violatorios, de modo que no es posible que se les finquen responsabilidades administrativas o penales con base en la información que analizó y sistematizó la CNDH, obtenida de los propios expedientes penales. Asimismo, pese a las violaciones a los derechos humanos identificadas, no se señaló ningún tipo de medida para reparar el daño a las víctimas específicas.

Por otro lado, la emisión de una recomendación permitirá un pronunciamiento con la fuerza que lo amerita por parte del Ombudsman y tendrá efectos distintos en la sanción de los responsables y la reparación del daño, ya que el artículo 44 de la Ley de la CNDH señala que las recomendaciones deben contener las medidas que procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales, y si en su caso procede para la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado. En este mismo sentido, el artículo 132 fracción V señala que una recomendación deberá contener las acciones solicitadas a la autoridad para que repare la violación a derechos humanos y, en su caso, instruya el procedimiento que permita sancionar a los responsables. Así también, cuando del contenido de la recomendación se desprenda la solicitud de inicio de procedimientos administrativos, se remitirá copia a los órganos internos de control correspondientes y se les solicitará, en colaboración, la determinación e informe respecto del procedimiento correspondiente.

Por lo anterior, la Comisión Especial le hizo la solicitud formal al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que realice una segunda recomendación.

Informes de las Procuradurías Generales de Justicia Estatales

Como parte del seguimiento que la Comisión Especial ha realizado a las investigaciones sobre violencia feminicida en la República Mexicana, requirió a las Procuradurías Generales de Justicia de las 32 entidades de la República información sustanciada y suficiente para conocer de los homicidios contra las mujeres.

El 11 de junio de 2004, la Comisión Especial solicitó por primera vez información a los Procuradores Generales de Justicia Estatales (PGJE) acerca de los homicidios de mujeres ocurridos durante los últimos cinco años en sus respectivos estados. Cabe señalar que ante la falta de respuesta de algunos procuradores, se turnaron oficios recordatorios el 11 de agosto de 2004, el 25 de octubre del mismo y finalmente el 16 de febrero de 2005.

En el primer informe presentado por esta Comisión se dio cuenta de las respuestas de 25 procuradurías correspondientes a los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Estado de México, Distrito Federal, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.

En este segundo informe damos cuenta de las respuestas que debido al corte realizado en marzo del presente año no pudieron ser incluidas en el citado primer informe, así como aquellas que fueron recibidas con posterioridad. Cabe señalar que en esta ocasión no se incluye el análisis de cada uno de los homicidios.

Aguascalientes

La PGJ envió una segunda respuesta el 20 de mayo de 2005, en la cual informó acerca cuatro homicidios ocurridos de enero a abril de 2005, cinco en 2004, cuatro en 2003, siete en 2002, tres en 2001 y tres en 2000.

Baja California

La PGJ envió una segunda respuesta el 18 de mayo de 2005 e informó acerca de 26 homicidios ocurridos en 2004, 38 en 2003, 46 en 2002, 52 en 2001 y 29 en 2000, en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada.

Chihuahua

La PGJ informó el 7 de junio del presente acerca de los homicidios de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez, no obstante se le solicitó que informara sobre los homicidios ocurridos en todo el estado de Chihuahua.

De acuerdo con la información, la PGJ da cuenta de los homicidios dolosos de mujeres ocurridos desde 1993 hasta el 31 de mayo de 2005. El documento refiere 364 expedientes registrados de la siguiente manera: 16 de enero al 31 de mayo de 2005, 19 en 2004, 28 en 2003, 35 en 2002, 37 en 2001, 32 en 2000, 18 en 1999, 36 en 1998, 32 en 1997, 37 en 1996, 36 en 1995, 19 en 1994, 18 en 1993.

Durango

La PGJ respondió el 6 de julio de 2005, e informó detalladamente sobre los homicidios de mujeres ocurridos desde septiembre de 1998 hasta junio de 2005.

De acuerdo con la información, de enero a junio de 2005 ocurrieron seis homicidios, 12 en 2004, 15 en 2003, 12 en 2002, seis en 2001, 10 en 2000, cuatro en 1999 y cuatro de septiembre a diciembre de 1998.

Cabe mencionar que la PGJ enuncia estos homicidios como feminicidios, es decir homicidios violentos contra mujeres.

Estado de México

En un segundo informe, la PGJ informó por medio de estadísticas acerca de homicidios dolosos de mujeres ocurridos desde septiembre de 1999 hasta septiembre de 2004, de acuerdo con la información de enero a septiembre de 2004 ocurrieron 89 homicidios, 66 en 2003, 81 en 2002, 66 en 2001, 54 en 2000 y 22 de enero a septiembre de 1999.

Guanajuato

La PGJ envió oficios con fecha 4, 10, 31 de marzo y 17 de mayo de 2005 informando sobre homicidios de mujeres ocurridos desde el año 2000 hasta abril de 2005. De acuerdo con la información, de enero a abril de 2005 hubo 14 homicidios dolosos de mujeres, 23 en 2004, 34 en 2003, 34 en 2002, 33 en 2001, 21 en 2000 y una víctima de la cual no se tiene el dato.

Michoacán

La PGJ respondió por segunda ocasión el 12 de octubre del presente e informó acerca de 43 homicidios dolosos de mujeres durante los años de 2000 a agosto de 2005, ocurridos de la siguiente manera: nueve en 2005, 14 en 2004, cuatro en 2003, siete en 2002, seis en 2001, tres en 2000.

Habrá decir que la información corresponde a varios municipios, y no necesariamente son los mismos que respondieron la primera ocasión, motivo por el cual las cifras por año no concuerdan.

Morelos

La PGJ respondió por segunda ocasión el 18 de agosto de 2005 e informó de homicidios dolosos cometidos contra mujeres durante los años 2000 a julio de 2005, ocurridos de la siguiente manera: 11 de enero a julio de 2005, 24 en 2004, 25 en 2003, 15 en 2002, 17 en 2001 y cuatro en 2000.

Se observa que las cifras por año no concuerdan con las enviadas en su primera respuesta, como puede constatarse en el Primer Informe de esta Comisión Especial. Destaca que a diferencia de la primera ocasión en que enviaron una relación de diversos delitos entre ellos los homicidios, sin especificar si todos eran homicidios dolosos, en esta segunda respuesta sólo enviaron gráficas.

Oaxaca

La PGJ respondió por segunda ocasión el 31 de mayo de 2005 e informó de 32 homicidios ocurridos en 2004 y 11 de enero a mayo de 2005. Cabe decir que la información de la PGJ está completa de acuerdo con lo solicitado por esta Comisión Especial.

San Luis Potosí

La PGJ envió una segunda respuesta el 18 de marzo de 2005, señalando no contar con la información desglosada como se le había solicitado, no obstante remitió los datos con los que cuenta actualmente, informa sobre 15 homicidios ocurridos en 2003, cinco de los cuales fueron dolosos y 10 culposos, y dos ocurridos en 2004 los cuales fueron culposos.

Sinaloa

La PGJ respondió por segunda ocasión el 16 de mayo de 2005 e informó por medio de una base de datos acerca de los homicidios de mujeres ocurridos desde 1993 hasta el 17 de abril de 2005. De acuerdo con la información de enero a abril de 2005 fueron asesinadas mujeres, 29 en 2004, 27 en 2003, 15 en 2002, 12 en 2001, 41 en 2000, 46 en 1999, 52 en 1998, 39 en 1997, 28 en 1996, 36 en 1995, 23 en 1994 y 11 en 1993.

Tamaulipas

De acuerdo con un listado que el procurador entregó a la presidenta de la Comisión Especial durante una reunión de trabajo en el estado, de enero al 12 de julio de 2005 ocurrieron 33 homicidios de mujeres. Cabe señalar que en agosto de 2004 la PGJ informó sobre los homicidios ocurridos en el primer semestre de dicho año.

Tlaxcala

La PGJ respondió el 30 de marzo de 2005, e informó acerca de 19 homicidios dolosos de mujeres ocurridos desde 1999 hasta el 2004, siendo por año los siguientes: uno en 1999, uno en 2000, dos en 2001, cinco en 2002, cinco en 2003 y cuatro en 2004.

Yucatán

La PGJ informó el 11 de noviembre de 2004 de acuerdo con lo solicitado, acerca de tres homicidios dolosos ocurridos en 2004, cuatro en 2003, dos en 2002 y uno en 2001.

II) Comisiones Estatales de Derechos Humanos

El 1 de julio de 2004 la Comisión Especial solicitó a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos o Procuradurías de Derechos Humanos información sobre el número de quejas relacionadas con la violencia contra las mujeres, así como que explicaran el tipo de queja, el año en que se presentó, la institución y/o funcionarios responsables de violar los derechos humanos. También solicitó que las comisiones explicaran si hubo recomendaciones y el resultado de las mismas.

Colima

La CEDH respondió el 28 de septiembre de 2005 e informó acerca de las quejas presentadas por mujeres durante los años 2000 al 2005, y sobre el Programa de Atención a Víctimas del Delito que proporciona atención integral a todas aquellas personas que acuden por esa causa.

Chiapas

La CEDH respondió el 13 de septiembre de 2004 sobre las quejas presentadas por mujeres desde 1999 hasta agosto de 2004.

San Luis Potosí

La CEDH respondió el 10 de enero de 2005 e informó de las quejas presentadas por mujeres, aclarando que no necesariamente se refieren siempre a violaciones a derechos humanos de las mismas.

Sonora

La CEDH respondió por segunda ocasión el 19 de septiembre de 2005, e informó de homicidios de mujeres ocurridos desde el año 2000 hasta el 7 de febrero de 2005. De acuerdo con esta información en 2000 ocurrieron 15 homicidios, 20 en 2001, 25 en 2002, 21 en 2003, 22 en 2004 y siete del 1 de enero al 20 de febrero de 2005.

Tamaulipas

La CEDH respondió el 12 de septiembre de 2005 e informó acerca de las quejas presentadas por mujeres desde 2003 a septiembre de 2005. Asimismo, presenta un listado de las recomendaciones emitidas por violaciones a los derechos humanos de las mujeres desde 1996 hasta el 2003. En otro apartado documenta sobre diversos tipos de delitos y el número de mujeres que fue víctima de cada uno de ellos de 2003 a la fecha.

Yucatán

La CEDH respondió el 27 de septiembre de 2005 e informó acerca del estudio especial que realizó sobre violencia familiar en general, abarcando el aspecto de la agresión hacia las mujeres, mismo que dio lugar a la Recomendación General 03/2005, que se refiere a la falta de coordinación entre las dependencias del Poder Ejecutivo respecto de la aplicación de la Ley para la Protección de la Familia; y otra recomendación por la denuncia de acoso sexual realizada por trabajadoras de la Comisión de Vías Terrestres del estado de Yucatán (Covitey) en contra del jefe de compras de dicha institución.

III) Institutos de las Mujeres en las entidades federativas

Con el fin de conocer si los Institutos Estatales de las Mujeres cuentan con programas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, la Comisión Especial les solicitó en septiembre de 2004 información al respecto.

Coahuila

El Instituto Coahuilense de la Mujer respondió por segunda ocasión el 15 de abril de 2005 e informó que el 30 de marzo del mismo se llevó a cabo en la ciudad de Torreón una reunión con seis de las catorce familias de las víctimas asesinadas en Ciudad Juárez e identificadas como originarias de Coahuila. En esta reunión los familiares entregaron la documentación que solicitó la Procuraduría para la integración de los expedientes e iniciar los trámites correspondientes que hagan factible el acceso al fideicomiso.

La tabla de la siguiente página muestra las condiciones en que las Procuradurías Generales de Justicia Estatales entregaron la información que esta Comisión Especial les solicitó sobre los homicidios de mujeres durante los últimos cinco años.

La evaluación se hizo teniendo como guía el cuestionario enviado a las procuradurías, que incluye los siguientes aspectos: perfil de la víctima, información sobre la persona que denunció, los hechos, la averiguación previa, él o los homicidas, los funcionarios públicos que intervinieron en la investigación, los cuales integran una serie de elementos que debían de ser contemplados para cada uno de los homicidios.

Cabe señalar que ante una nueva revisión de la información, algunas fechas y datos no corresponden con los señalados en el Primer Informe de la Comisión Especial.

Finalmente, es preciso aclarar que no se incluyen los datos que las procuradurías proporcionaron a las investigadoras de los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, como resultado de su colaboración con la Investigación Nacional sobre Violencia Feminicida, la cual está por concluir y dará a conocer sus resultados (véase tabla).

Notas

1. Ratificada por el Senado de la República el 12 de noviembre de 1998.

2. La Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos Violentos contra Mujeres tiene competencia para la investigación de éstos delitos contra mujeres en toda la República, entre los que se pueden encontrar la violación, la tortura, el homicidio.

Respecto a la Fiscalía Especial para Juárez fue una instancia creada para coadyuvar en las investigaciones de los homicidios de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, para analizar las responsabilidades de las funcionarias y los funcionarios negligentes u omisos, así como para dar respuesta a las investigaciones de homicidios de las cuales tiene competencia la federación.

La Comisión no considera que la creación de la Fiscalía Especializada sustituya el trabajo que debe realizar la Fiscalía Especial para Juárez, por ello ha solicitado al Procurador General de la República, desde el 29 de septiembre de 2005, información sobre el estado que guarda las actuaciones del de dicha Fiscalía y un análisis de los resultados que entrega y el mandato que le fue encomendado, la situación sobre las responsabilidades de los funcionarios y funcionarias negligentes u omisos y de las investigaciones de los homicidios que tiene a su cargo la federación.

3. El 3 de agosto de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación al artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que crea el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

4. Este monto, en principio, estaba destinado a la Subprocuraduría de Derechos Humanos para que se ejerciera por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ante la desaparición de esta Fiscalía se reasignó este monto a la Atención de Delitos Violentos contra las Mujeres.

5. Diario Oficial de la Federación, Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, 20 de diciembre de 2004.

6. CEDAW refiere como grave y sistemática la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez. Cfr. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. “Informe de México producido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer bajo el Artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención”, 32° período de sesiones, 10-28 de enero de 2005. CEDAW/ C/2005/OP.8/MEXICO.

7. Dichas violaciones comprenden la crueldad y atrocidad de violaciones a los derechos humanos fundamentales y el patrón sistémico de violencia de género. Cfr. Shelton, Dinah, Remedies in Internacional Human Rights Law, Oxford University Press, Inglaterra, 1999, p. 320 (la traducción es nuestra).

8. Se debe entender que la reparación del daño es un término genérico, el cual se compone de las diferentes formas de cómo un Estado puede hacer frente a su responsabilidad; por ello las medidas deben tender a desaparecer los efectos de la violación cometida; la naturaleza y el monto deben desprenderse del daño ocasionado tanto en el plano material y en el moral; debe ser justa y equitativa, y no puede implicar ni un enriquecimiento, ni un empobrecimiento para la víctima o sus sucesores. Los criterios básicos para una adecuada reparación del daño en casos de violaciones graves y sistema ticas a los derechos humanos son: la indemnización, el daño al proyecto de vida; la rehabilitación; la satisfacción, en la que se incluyen: la verificación de los hechos y la publicidad de la verdad; la declaración de reparación de la dignidad, la disculpa y el reconocimiento público de los hechos y de las responsabilidades, las conmemoraciones y los homenajes a las víctimas; la enseñanza y la difusión de la verdad histórica; la garantía de no repetición, en la que se incluyen: un diagnóstico sobre las causas que originaron la violencia y mecanismos adecuados para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres; que las instituciones de procuración de justicia cuenten con los medios técnicos y científicos, así como con personal capacitado para investigar los homicidios y desapariciones de mujeres; la eliminación de la prescripción de las responsabilidades públicas en materia de violación a los derechos humanos, entre otros. Sólo al considerar estos elementos, complementarios y no excluyentes entre sí, se podrá hablar de una reparación integral.

9. En 1998, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 44/98a para dar seguimiento a la Recomendación 44/98. El 11 de febrero de 2003 dicha Comisión determinó ejercer su facultad de atracción sobre la queja 555/2003 y decide emitir un Informe sobre los homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez.

En este informe de 2003 se analizaron expedientes y se hicieron una serie de observaciones que son una aportación, pues es la primera vez que se documentan y se publican cada uno de los casos. Las actuaciones y omisiones que describe en su análisis muestran una clara responsabilidad del Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

10. Entre los años 1999 y 2003 fueron asesinadas 150 mujeres y niñas. Igualmente, organismos de derechos humanos (públicos, privados, nacionales e internacionales) han documentado las violaciones a los derechos humanos de las mujeres desde 1998: Cfr. Informe de la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Asma Jahangir, de su visita a México, 3 de noviembre de 1999; Informe del relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Dato’Param Coomaraswamy, E/CN. 4/2002/72/Add. 1, 24 de enero de 2002; Informe de la Relatora Especial de la CIDH para los Derechos de las Mujeres, Martha Altolaguirre, tras su visita a Ciudad Juárez, Chihuahua, en febrero de 2002: Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, México: el derecho a no ser objeto de violencia y discriminación; Red Ciudadana de la No Violencia y Dignidad Humana, “Reporte Ciudadano sobre el Feminicidio en Juárez”, 6 de marzo de 2002; Alto a la Impunidad: ni una muerta más, Informe Temático: “Asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua”, presentado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, agosto de 2002; Amnistía Internacional, Muertes Intolerables, Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, 11 de agosto de 2003; Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, ONUDD, sobre la Misión en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, noviembre 2003; Homicidios de mujeres: Auditoría periodística (enero-1993-julio 2003) por encargo del Instituto Chihuahuense de la Mujer (ICHIMU), del Gobierno del Estado de Chihuahua; Informe de México producido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, bajo el artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención y respuesta del Gobierno de México, 27 de enero de 2005; Informe sobre las desapariciones y homicidios de un gran número de mujeres y niñas en México Doc. 10551, 12 de mayo del 2005. Comité sobre Equidad y Género, Relatora: Ruth-Gaby Vermot-Mangold, Suiza, Grupo Socialista.

Diálogo Internacional Interparlamentario sobre Violencia Feminicida

Introducción

La Comisión Especial del Feminicidio comenzó a formular el proyecto de un Diálogo Internacional Interparlamentario sobre violencia feminicida desde julio del año 2004. Entre los meses de julio a octubre de ese año la Presidenta de la Comisión Especial participó en reuniones en el Parlamento Español y en el Congreso de la República de Guatemala para trabajar sobre la violencia de género y el feminicidio.

Verificar que en los tres países –México, Guatemala y España– se estén realizando diagnósticos y acciones parlamentarias sobre violencia contra las mujeres en particular tomando como eje central los asesinatos contra mujeres permitió consolidar la propuesta que también fue bien recibida por la directora ejecutiva de Unifem.

Así, con el apoyo financiero y técnico de organismos de las Naciones Unidas, y con el interés y trabajo de legisladoras y legisladores de los tres países se acordó iniciar con una serie de tres reuniones –una en cada país participante– el Diálogo Internacional Interparlamentario sobre Violencia Feminicida.

Objetivo general

Generar un espacio interparlamentario de intercambio y reflexión desde la perspectiva de género sobre el trabajo legislativo en cuanto a la aplicación del derecho, la cultura de la legalidad y los problemas de procuración y administración de justicia relativos a la violencia feminicida, con la finalidad de establecer una estrategia que permita detener la violencia contra las mujeres en tres ámbitos: internacional, regional y nacional.¹

Objetivos específicos

1. Compartir entre las parlamentarias y expertas la información disponible sobre la violencia feminicida en cada país.

2. Conocer y debatir propuestas de acciones legislativas y de políticas públicas dirigidas a erradicar la violencia feminicida en los países participantes. En particular promover la armonización de la legislación nacional y local con los compromisos internacionales de Derechos Humanos.

3. Posicionar a los Congresos frente a la violencia feminicida.

4. Promover diagnósticos y análisis sobre la violencia feminicida en cada país que permita dirigir las acciones legislativas en la materia.

5. Establecer una Red Interparlamentaria por el Derecho a una Vida Sin Violencia de las Mujeres que haga frente a los Feminicidios.

6. Estudiar y promover en la legislación internacional el concepto de feminicidio, en particular en la legislación penal.

México-Guatemala-España

Diversos factores se tomaron en cuenta para realizar este Diálogo entre los tres países. En primer lugar, la coincidencia en el interés y la perspectiva de las acciones realizadas sobre la violencia de género y el feminicidio.

Un segundo factor a tomar en cuenta fue comprobar que incluso teniendo distintos grados de institucionalidad y de Estado de Derecho, en la actualidad en los tres países los asesinatos de mujeres por motivos vinculados al género son asumidos como un hecho alarmante que requiere acciones de Estado y parlamentarias que es posible dialogar y compartir.

Por otro lado, los tres países han realizado acciones legislativas y de gobierno en los últimos años, por ejemplo, España aprobó en diciembre de 2004 la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género; México desde 1993 –con la denuncia masiva de los asesinatos contra mujeres en Ciudad Juárez– ha realizado diversas acciones ejecutivas y ahora legislativas sobre el tema. En particular, la Comisión Especial inició una Investigación Diagnóstica sobre Violencia Feminicida en 11 entidades de la República Mexicana. Guatemala también ha realizado investigaciones para conocer de manera científica los asesinatos contra mujeres y al respecto ya se están tomando medidas legislativas y ejecutivas.

A continuación se presenta un resumen de lo más sobresaliente de cada uno de los encuentros realizados en esta fase del Diálogo Internacional Interparlamentario.

Diálogo en México

El encuentro se realizó en la Ciudad de México los días 5 y 6 de mayo del 2005.

Asistieron por Guatemala dos legisladoras integrantes de la Comisión de la Mujer del Congreso de Guatemala, así como su equipo de expertas.

Por México asistieron legisladoras y legisladores integrantes de la Comisión Especial del Feminicidio de la Cámara de Diputados y senadoras integrantes de la Comisión Especial sobre Homicidios en Ciudad Juárez del Senado de la República. También asistieron legisladoras de tres entidades: Chihuahua, Sonora y Distrito Federal. Las legisladoras y legisladores de España no pudieron asistir a esta primera sesión por dificultades (impedimentos) administrativas y de procedimiento en su propia entidad, sin embargo enviaron una carta expresando y confirmando su interés y asistencia en los siguientes Diálogos programados.

En este primer Diálogo se privilegió el tiempo para conocer y analizar en conjunto la situación de violencia feminicida en los territorios de cada una de las representantes que asistieron. Se inició con el trabajo que la organización latinoamericana Isis Internacional ha realizado en la documentación regional del feminicidio.

Ana María Portugal, Directora de Isis Internacional informó del Banco de Datos del Feminicidio que se conformó en el año 2004. Sus antecedentes están en el trabajo de sistematización y difusión que ha realizado Isis por más de 30 años y en la coordinación de la Campaña “Por la Vida de las Mujeres, Ni una muerte +” impulsada por la Red Feminista Latinoamericana y del Caribe Contra la Violencia Doméstica y Sexual”, que se realizó durante 2002 y 2003. Una de las acciones sustanciales fue el monitoreo de la información en medios de comunicación sobre violencia contra las mujeres. Isis Internacional realizó un buen trabajo en general sobre el tema, sin embargo todavía se tiene poca información al respecto.

Se decidió abrir el Banco de Datos del Feminicidio, que además de propiciar el debate sobre el contenido del concepto, cuenta con datos e investigaciones del Feminicidio en Ciudad Juárez-México, Costa Rica, Bolivia, Chile y Perú.

Posteriormente las legisladoras de Guatemala y México presentaron los diagnósticos iniciales. También presentaron datos las legisladoras locales de Chihuahua, Sonora y Ciudad de México.

De manera general se propuso construir comisiones parlamentarias de seguimiento al feminicidio que construyan legitimidad para poder cuestionar a los otros poderes del Estado y se cuente con la información necesaria para proponer caminos de corto mediano y largo plazo sobre el tema.

Se acordó, asimismo, la construcción de un discurso homogéneo sobre la violencia feminicida enmarcada en la perspectiva de género y la violencia de género contra las mujeres, que permita a las parlamentarias hacer propuestas legislativas efectivas y exigir políticas públicas para erradicar la violencia feminicida.

Dar prioridad a la asignación de presupuestos suficientes para dar viabilidad a las propuestas legislativas que se presentan, así como para hacer operativas las instituciones que tienen en sus obligaciones erradicar la violencia de género contra las mujeres, incluidas investigaciones diagnósticas sobre el tema.

Se propuso también tener presente las condiciones de migración y las posibilidades de seguimiento a través de los Tratados Internacionales de Comercio y crear una Red Interparlamentaria Nacional en México.

Pacto de México

Pacto Interparlamentario para la Creación de la Red Interparlamentaria por el Derecho a una Vida sin Violencia de las Mujeres.

Preámbulo

Las Parlamentarias y los parlamentarios de México, Guatemala y España que somos signatarias del presente Pacto:

Recordamos que los derechos de las mujeres son derechos humanos, ratificamos los compromisos adquiridos por nuestros países en materia de protección de los derechos de las mujeres consagrados en:

• La Declaración Universal de Derechos Humanos;

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

• La Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer;

• La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y su Protocolo Facultativo;

• La Declaración y el Programa de Acción de Viena de 1993;

• El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;

• La Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo Adicional en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

• La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;

• La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará);

• La Convención sobre los Derechos del Niño

Afirmamos que estos instrumentos internacionales garantizan a las mujeres el goce y ejercicio de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, sin discriminación alguna y reconocen el derecho de todas las mujeres a una vida sin violencia.

Subrayamos que la discriminación contra las mujeres viola el principio de igualdad de derechos, dificulta la participación de las mujeres en la vida política, social, económica y cultural de nuestros países, y constituye un obstáculo para el fortalecimiento de la democracia.

Insistimos en que la violencia contra las mujeres es un mecanismo de poder y discriminación basada en el sexo, fruto de la estructura social, que responde a un sistema patriarcal, asimétrico y desigual de dominación de los hombres y las instituciones sobre las mujeres.

Ratificamos que la violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico.

Destacamos que la violencia contra las mujeres es todo acto de violencia perpetrado en el hogar, en la familia, en el trabajo o en la comunidad, así como los actos perpetrados o tolerados por el Estado o las instituciones en casos de época de guerra o de paz.

Señalamos que el feminicidio es la culminación de diversas formas de violencia contra las mujeres: de género, clase, étnica, etaria, ideológica y política que se concatenan y potencian en un tiempo y un territorio determinados y culminan con muertes violentas, homicidios, accidentes mortales e incluso suicidios que suceden y no son detenidos ni prevenidos por el Estado. Más aún, a los homicidios se suman la violencia institucional de la injusticia y la impunidad.

Responsabilizamos a los Estados que no dan garantías a las mujeres y no crean condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa, en los espacios de trabajo, de tránsito o de esparcimiento.

Instamos a los Estados a que adopten medidas de inmediato para poner fin a la impunidad, al procesar y sancionar a los responsables de los crímenes contra mujeres, pues el clima de impunidad fomenta la persistencia de esas violaciones a los derechos humanos.

Consideramos imprescindible que los Estados asuman la obligación de reparar el daño a todas las mujeres víctimas de violencia.

Reiteramos que las normas internacionales de derechos humanos protegen a las mujeres de la violencia y la discriminación ocurrida en el ámbito de lo público o de lo privado, y que los Estados tienen el deber de adoptar todas las medidas necesarias para eliminar la discriminación que provenga de cualquier persona, organización, institución o empresa. Asimismo, los Estados están obligados a obrar con la diligencia debida para prevenir la violencia contra las mujeres, investigar y sancionar a quienes cometan actos de esa índole, y a tomar medidas de manera permanente para erradicar la violencia contra las mujeres.

Reconocemos que las mujeres que son objeto de actos de violencia y discriminación no gozan de una debida protección de la ley ni tienen acceso a recursos judiciales eficaces, y por ello se deben adoptar políticas públicas que abarquen las reformas legislativas necesarias y, en particular, las reformas del sistema de justicia penal.

En vista de estas preocupaciones comunes, y en nuestra condición parlamentaria de tres Estados donde las mujeres no tienen garantizado plenamente su derecho a una vida sin violencia, convenimos lo siguiente:

1. Conformar una Red Interparlamentaria por el Derecho a una Vida Sin Violencia de las Mujeres, que haga frente a los Feminicidios.

2. Coordinar nuestras actividades para: el intercambio de información, de ideas y de políticas públicas para el análisis concreto del feminicidio en cada país;

3. Impulsar la ejecución de las recomendaciones que surjan de las reuniones del Diálogo Interparlamentario en nuestros respectivos países;

4. Fomentar la creación de políticas de Estado para enfrentar la violencia contra las mujeres.

5. Promover la tipificación del Feminicidio como crimen de lesa humanidad en la legislación internacional.

6. Establecer un diálogo permanente con la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tiene bajo su responsabilidad el seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y el comité de seguridad de la CEDAW.

Las Parlamentarias y los Parlamentarios aquí reunidos nos comprometemos a avanzar en la democratización y en el desarrollo social con equidad de nuestros países y a fortalecer la justicia, la legalidad y el Estado de derecho.

Por la Vida y la Libertad de las Mujeres.

Diálogo en Guatemala

La segunda sesión del Diálogo Internacional Interparlamentario se realizó en las ciudades de Guatemala y Antigua, Guatemala, los días 30 de junio y 1º de julio.

Uno de los requisitos que se definieron para las y los participantes en estos diálogos fue que se respetara la continuidad de quienes asistieron al primer encuentro para garantizar el seguimiento de los trabajos. Así, por México participaron integrantes de la Comisión Especial del Feminicidio y de la Comisión Especial del Senado, así como una legisladora del Congreso local de Sonora. Por España asistió una enviada especial de la Diputada Presidenta de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de Igualdad de Oportunidades del Parlamento Español. Por Guatemala asistieron integrantes de la Comisión de la Mujer del Congreso de Guatemala.

El programa comenzó con una sesión pública en la Ciudad de Guatemala, la diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, presidenta de la Comisión Especial y la Lic. Hilda Morales Trujillo, embajadora de conciencia de Amnistía Internacional dictaron conferencias magistrales sobre la violencia feminicida.

Dado que el primer Diálogo se centró en conocer la información con la que se cuenta respecto a la violencia feminicida; en este segundo encuentro se trabajó principalmente en compartir la información sobre las propuestas y reformas legislativas relativas al tema además de tener referencias sobre su aplicación.

España con su ley recién aprobada y en proceso de implantación fue un referente importante en este encuentro en el que el eje principal de coincidencia estuvo en la importancia de una red articulada y fuerte sobre la violencia feminicida que permita garantizar el avance de pactos concretos sobre el tema.

Como un seguimiento del Encuentro en México, se presentaron los avances de la Investigación Diagnóstica sobre Violencia Feminicida en México que propició preguntas y diálogo sobre cómo mejorar las investigaciones que en los tres países se realizan sobre dicha problemática, pues hasta ahora el principal referente han sido los medios de comunicación, en particular la prensa.

Finalmente, las autoridades de la Ciudad de Antigua, en una ceremonia solemne, nombraron visitantes distinguidas a todas las personas que participaron en el Diálogo Internacional.

Declaración de Guatemala

Las parlamentarias y los parlamentarios de México, Guatemala y España participantes del Segundo Diálogo Internacional Interparlamentario sobre Violencia Feminicida.

Manifestamos:

Que la violencia feminicida es la máxima expresión de la desigualdad entre hombres y mujeres y de la violencia de género en las sociedades a las que representamos, evidenciada en las experiencias presentadas en México en el primer diálogo y en Guatemala en el segundo diálogo.

En la violencia feminicida concurren situaciones similares en México, España y Guatemala que se presentan en el ámbito privado y público y afecta a mujeres de todas las edades, de diferentes clases sociales y de diferentes etnias. Se agrava con la ausencia del Estado de derecho que no garantiza la seguridad de la ciudadanía, en particular de las mujeres.

La violencia feminicida atenta contra los derechos humanos de las mujeres. La injusticia prevaleciente genera impunidad y contribuye a la inseguridad.

Las legisladoras y los legisladores reunidos en Guatemala asumimos, desde el poder legislativo, la responsabilidad de elaborar y modificar leyes hacia normativas institucionales que orienten la reforma del Estado en materia de derechos humanos, así como la prevención sanción y erradicación de la violencia feminicida.

Acordamos:

Reafirmar el pacto de México e impulsar la ampliación de la red interparlamentaria por el derecho a una vida sin violencia de las mujeres en todos los espacios nacionales e internacionales.

Establecer y fortalecer la coordinación entre las y los parlamentarios de los países firmantes del Pacto de México para la eliminación de la violencia feminicida mediante intercambios de cooperación técnica en materia legal y el intercambio de experiencias exitosas que coadyuven al fortalecimiento del quehacer parlamentario en cada país.

Nos responsabilizamos de movilizar recursos de cooperación técnica y financiera para la consecución de proyectos de investigación e intervención para el fortalecimiento institucional del poder legislativo y de los otros poderes del Estado, a fin sentar las bases para la vigencia plena del Estado de derecho.

Nos comprometemos a promover en nuestros países la creación de mecanismos de seguimiento para conocer los avances, los compromisos y los acuerdos internacionales y nacionales para erradicar la violencia contra las mujeres.

Recomendamos:

A los países que no han ratificado el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, que suscriban esta norma fundamental, así como la ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW.

Acudir a la Comisión Interamericana de la Mujer de la OEA y al Comité de Seguimiento e Implementación de la CEDAW.

Exhortamos a los países de la región a avanzar en la armonización legislativa en materia de los derechos humanos de las mujeres.

Para lograr nuestros objetivos consolidaremos alianzas con las y los parlamentarios de los tres países y las mujeres de los otros poderes del Estado y de la sociedad civil para construir el derecho de las mujeres a una vida sin miedo y sin violencia.

Por la vida y la libertad de las mujeres

Diálogo en Madrid

El tercer Encuentro del Diálogo Internacional Interparlamentario se realizó los días 15 y 16 de septiembre en Madrid, España.

Por el Congreso Español asistieron diputadas integrantes de diversas comisiones de trabajo, por Guatemala asistieron legisladoras y legisladores integrantes de la Comisión de la Mujer del Congreso de Guatemala. Por México asistieron legisladoras y legisladores integrantes de la Comisión Especial del Feminicidio de la Cámara de Diputados y senadoras integrantes de la Comisión Especial sobre Homicidios en Ciudad Juárez del Senado de la República; también asistieron legisladoras del estado de Chihuahua y representantes del poder ejecutivo de dicha entidad.

Se contó también con la asistencia de representantes del Consejo Europeo, del Parlamento Europeo y del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer.

Doña Carmen Chacón, Vicepresidenta del Congreso Español dio la bienvenida y la Sra. Soledad Murillo, Secretaria General de Políticas de Igualdad del Instituto de la Mujer de España que impartió la conferencia inaugural. El encuentro permitió escuchar las desalentadoras situaciones locales, por país y en el caso de México se contó con un amplio espacio para que la situación local de Chihuahua tuviera un lugar de escucha importante.

También se contó con el seguimiento de los trabajos realizados desde el Consejo Europeo. La Representante de la Sra. Gaby Ruth Vermot, Sra. María Emelina Fernández enfatizó la importancia de que la resolución 1454 sea la primera donde el Consejo Europeo incorpora el concepto de feminicidio y ahora tienen conformado un equipo de trabajo para estudiarlo jurídicamente.

El concepto y su contenido fue ampliamente debatido en este encuentro, ya que las legisladoras españolas para aceptar incluirlo en su realidad solicitaron quitarle el contenido relativo a la impunidad. Sin embargo se logró un buen consenso en tanto es fundamental colocar como prioridad política y de estudio los homicidios de mujeres.

Con la información presentada por el Consejo de Europa y el apoyo de Unifem e Istraw se acordó generar una sesión con expertas en violencia contra las mujeres para consolidar y socializar el concepto y sus contenidos de manera mundial. A su vez, después de un interesante debate se firmó la Declaración de Madrid.

Declaración de Madrid

Las Parlamentarias y los Parlamentarios de España, Guatemala y México, participantes en el Diálogo Internacional Interparlamentario sobre Violencia Feminicida:

Manifestamos:

Que la violencia feminicida es la forma extrema de la violencia de género contra las mujeres, que atenta contra los derechos humanos de las mujeres, en especial los derechos a la vida, la seguridad y el acceso a la justicia, y limita el desarrollo y la paz en las sociedades a las que representamos.

Que donde prevalecen el Estado de derecho, la democracia, la igualdad y se avanza en la vigencia de los derechos humanos de las mujeres se está en vías de erradicar la violencia en contra de las mujeres.

La violencia feminicida tiene expresiones concretas, analizadas en el primer Diálogo en México, en el segundo Diálogo en Guatemala y en este tercer Diálogo en España.

Coincidimos en que es necesaria una mayor y mejor información institucional que sustente investigaciones que nos permitan avanzar en el conocimiento de las causas y manifestaciones de la violencia feminicida, así como de las mejores vías para garantizar la seguridad y la libertad de las mujeres.

Las legisladoras y los legisladores reunidos en Madrid, España, asumimos desde el poder legislativo, la responsabilidad de construir un marco jurídico, tanto en nuestros países como en los ámbitos regional e internacional, acorde con los derechos humanos de las mujeres y sustentar las garantías jurídicas y presupuestales que permitan una eficiente prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Acordamos:

Reafirmar el Pacto de México y la Declaración de Guatemala e impulsar la ampliación de la red interparlamentaria por el derecho a una vida sin violencia contra las mujeres en todos los espacios nacionales e internacionales.

Luchar por eliminar la desigualdad y discriminación sistemática en contra de las mujeres y erradicar la impunidad de la violencia feminicida en los países en donde exista.

Fortalecer la coordinación y cooperación técnica en materia legislativa mediante el intercambio de experiencias en nuestros países y de experiencias internacionales que permitan optimizar el trabajo parlamentario.

Promover y fortalecer los mecanismos de seguimiento para conocer las necesidades y los avances de los compromisos, los acuerdos y las recomendaciones internacionales y nacionales para erradicar la violencia contra las mujeres, en particular la violencia feminicida.

Recomendamos

Impulsar la acción regional e internacional de nuestros gobiernos para la creación y el fortalecimiento de un sistema jurídico internacional –tratados, resoluciones y declaraciones– para la erradicación de la violencia contra las mujeres, en especial la violencia feminicida.

Dar seguimiento a las recomendaciones, acuerdos y tratados relativos a la violencia de género contra las mujeres pronunciadas desde instancias internacionales y nacionales de derechos humanos.

Consolidar las medidas legales nacionales que garantizan la igualdad, la libertad y la vida de las mujeres, desde los principios de no discriminación y equidad, con el impulso de las instancias internacionales.

Crear medidas de prevención, atención y sanción de manera que las violaciones específicas de los derechos humanos de las mujeres tengan acciones efectivas que lleven a erradicar la violencia contra las mujeres en nuestros Estados.

Fortalecer alianzas con las y los parlamentarios de los países Iberoamericanos para lograr los objetivos acordados. Así como con las y los integrantes de los otros poderes del Estado y de la sociedad civil para sustentar y dar seguimiento a las acciones parlamentarias desarrolladas para erradicar la violencia contra las mujeres.

Por la vida y la libertad de las mujeres.

Apoyos financieros

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de México

Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones

Unidas para la Promoción de la Mujer (Instraw)

Fundación Guatemala.

Fundación Carolina

Seguimiento inmediato

Seminario sobre el feminicidio en la legislación internacional a celebrarse en abril o mayo del 2006.

Reunión con el Parlamento Europeo en enero de 2006.

Nota:

1. Primer informe de la Comisión Especial de femincidios.

Investigación diagnóstica sobre violencia Feminicida en 11 entidades de la República Mexicana

Introducción

La Comisión Especial tiene como mandato conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con la violencia feminicida, incluyendo la procuración de justicia en la República Mexicana. En cumplimiento de ello la Comisión Especial inició su trabajo solicitando a las procuradurías de justicia, a los institutos de las mujeres y a las comisiones de derechos humanos de todas las entidades federativas información sobre las muertes violentas y homicidios contra mujeres.

Debido a la escasa e insuficiente información proporcionada durante el año de 2004, la Comisión elaboró un proyecto de Investigación Diagnóstica sobre Violencia Feminicida en 11 entidades de la República Mexicana para el cual fue aprobado un presupuesto específico a ejercer durante el presente año.

Objetivos

La Investigación Diagnóstica tiene como objetivo explicar las causas locales y los mecanismos que recrea la violencia feminicida con una visión científica e integral, basada en datos oficiales y públicos.

La Comisión Especial se propone hacer un aporte de acuerdo a las obligaciones definidas en el marco jurídico vigente de cada institución de los poderes del Estado para fundamentar la necesidad de un diagnóstico nacional y por entidad federativa sobre la seguridad de las mujeres y la violencia de género contra las mujeres, en particular la feminicida. También se propone presentar las características de las políticas de gobierno que se consideran adecuadas y efectivas en la creación de condiciones de seguridad para las mujeres, la prevención de la violencia de género, el acceso a la justicia y la construcción de los derechos humanos de las mismas.

La información y análisis que se genere en esta Investigación nos permitirá sustentar propuestas que consoliden una política integral de Estado capaz de solucionar la violencia feminicida. Estos resultados se presentarán a la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados, a los poderes locales y sus instituciones que han aportado información a esta Investigación, así como a la sociedad en general.

Las entidades federativas seleccionadas para la investigación diagnóstica

De acuerdo al tiempo destinado para realizar esta investigación y al presupuesto aprobado, se decidió iniciar los trabajos con 11 entidades de la República, éstas se eligieron con base en cuatro criterios básicos:

a) El número de homicidios dolosos contra las mujeres reportados en los informes presentados ante la Comisión en el 2004.

b) El análisis realizado por la Comisión Especial del Feminicidio sobre las condiciones sociales de las mujeres en las distintas entidades federativas, tomando como referentes el Índice de Desarrollo Humano, el Índice de Potenciación de Género, así como los grados de marginación, exclusión y gobernabilidad.

c) Las denuncias recibidas por la Comisión Especial de organizaciones civiles, mesas interinstitucionales, partidos políticos o reportes académicos respecto a la percepción de alarma social sobre la violencia feminicida.

d) La situación geográfica, social, política y cultural de las entidades federativas.

Se buscó diversidad de rangos en cada criterio de manera que permita observar condiciones de riesgo y las condiciones de seguridad que generan o eliminan la violencia feminicida. Por esto se seleccionaron las siguientes entidades: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Veracruz.

Equipo de investigación

Para realizar la investigación se acordó contratar un equipo lo suficientemente amplio y especializado, organizado en una estructura clara que permitiera distribuir las tareas y garantizar resultados rápidos y fundamentados en la teoría de género feminista.

Se cuenta con un Consejo asesor integrado por personalidades de organismos internacionales de las Naciones Unidas, en particular Unifem (Fondo para el Desarrollo de las Mujeres de Naciones Unidas); Imstraw (Instituto de Investigación Internacional y Capacitación de las Naciones Unidas para el Avance de las Mujeres) y al Comité de la CEDAW (Convención para la Eliminación de todas las Formas de Violencia Contra las Mujeres).

Un equipo coordinador integrado por la coordinadora nacional y tres personas de apoyo para la administración, la búsqueda de materiales y la comunicación cotidiana con todos los equipos de trabajo de la investigación y de ésta con los trabajos parlamentarios. Para cada entidad federativa se contrató una coordinadora de investigación y un equipo de investigación de acuerdo a las necesidades de cada entidad. En total se cuenta con 77 personas trabajando para la Investigación Diagnóstica, donde se incluyen a las integrantes del Comité Científico, escritoras especiales, periodistas, redactoras y correctoras.

Para la selección de las coordinaciones estatales se analizaron más de 60 currículos, se recibieron todas las propuestas de Diputadas y Diputados de la Mesa Directiva y de integrantes de la Comisión Especial, incluso de Congresos Estatales y del Senado de la Republica e integrantes del Comité Científico. Cada coordinadora estatal eligió a las personas que integrarían su equipo de trabajo.

Con el objetivo de garantizar una dirección homogénea en el enfoque teórico y hacer el análisis general se constituyó un Comité Científico integrado por ocho expertas en violencia de género contra las mujeres en distintas disciplinas.

Igualmente se seleccionaron ocho expertas en temas específicos que complementen con trabajos especiales la información obtenida, todo ello para profundizar en hechos de algunas entidades federativas, para contar con análisis puntuales sobre presupuesto, impunidad y condición socioeconómica de las mujeres en México.

Para obtener información directa y de manera precisa se han realizado consultas y acuerdos de colaboración con instituciones como el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), el Colegio de la Frontera Norte (Colef), la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio de la Sedesol y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. De manera específica se ha colaborado con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con quienes se está proponiendo un Convenio de colaboración.

El desarrollo y avance de la investigación ha estado marcado por la posibilidad de aplicación de los recursos, las respuestas de cada institución en cada entidad federativa y por el propio proceso de selección y aprobación de los equipos de investigación. Si bien es cierto y de acuerdo al primer cronograma los trabajos se iniciaron con dilación, en este momento todas las investigadoras de las distintas entidades federativas seleccionadas y del Comité Científico están trabajando de tiempo completo para cumplir con lo programado.

Se han realizado cuatro reuniones generales para coordinar y dar seguimiento a los trabajos de investigación con todas las coordinadoras de las entidades federativas, el Comité Científico y con las investigadoras temáticas. En esta última etapa de la investigación el Comité Científico trabaja en conjunto de manera permanente.

En septiembre del 2005 se realizó una reunión de trabajo con la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el objetivo de conocer la labor que realizan en materia de atención y prevención de la violencia contra las mujeres. Se contó con la participación de representantes de 23 entidades federativas, de las cuales 9 entregaron la información solicitada.

El proyecto de la Investigación Diagnóstica se ha presentado a los representantes del Gobierno local de 10 entidades, y cinco han firmado el compromiso de colaborar con la misma.

Presupuesto

El presupuesto aprobado para la Investigación Diagnóstica fue de 10 millones de pesos, que son administrados conjuntamente por la Coordinación Nacional de la Investigación y la Comisión Especial, con la supervisión de la Diputada Blanca Gámez integrante de la Mesa Directiva.

Estados que han solicitado ser parte de la investigación diagnóstica

A lo largo del presente año y desde que se hizo público el proyecto de investigación diagnóstica diversas entidades federativas han pedido la presencia de la Comisión Especial y algunas han solicitado ser incluidas en dicha investigación. Estas entidades son: Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas y Región Lagunera (Durango y Coahuila).

Debido al presupuesto y al programa ya definido no pudieron ser incluidos, pero se está estudiando la posibilidad de incluirlas en una segunda etapa de la investigación en el Primer Semestre del 2006.

Colaboración con instituciones académicas

Como parte de la colaboración que la Comisión Especial ha establecido con instituciones académicas, se ha contado con la participación activa de académicas universitarias que forman parte del Comité Científico que no sólo elaboró la metodología utilizada para la realización de la Investigación Diagnóstica sobre Violencia Feminicida en 11 entidades, sino que con su experticia y desde la perspectiva de género participan en el análisis e interpretación de la información obtenida.

También está por firmarse un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por medio del cual se quiere hacer oficial el vínculo de colaboración que se ha tenido con dicha institución y continuar con el trabajo conjunto, en particular con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH).

Archivo del Feminicidio

El incremento del acervo documental y bibliográfico de la Comisión Especial es sustancial y cuantitativo.

Se han incorporado nuevos libros, videos, informes, revistas y folletos, entre otros materiales, en su mayoría obtenidos durante las reuniones de trabajo realizadas tanto en la Cámara como en los estados a los que ha asistido la Comisión Especial. Se tiene un aproximado de 400 ejemplares.

Como consecuencia de la Investigación Diagnóstica sobre Violencia Feminicida se ha adquirido una considerable cantidad de documentos en materia legislativa, jurídica, económica, social y cultural, referentes a la situación de los 11 estados investigados, así como información a nivel nacional en el mismo sentido.

Seguimiento informativo

Diariamente se elabora un seguimiento periodístico para mantener informados a todas y todos los integrantes de la Comisión Especial sobre los temas relacionados a la violencia contra las mujeres, así como para actualizar el registro de victimas de la violencia feminicida en el estado de Chihuahua.

Notas periodísticas
Aproximadamente 2000

Periódicos y revistas consultados
Diario Monitor
La Jornada
Milenio
El País
El Universal
El Economista
El Sol de México
Reforma
La Prensa
El Financiero
Ovaciones
Unomásuno
Cuestión
Excélsior
La Crónica
Proceso

Páginas web
Cimac Noticias
El Norte
El Mexicano
El Diario de Chihuahua
El Heraldo

Declaración de Bogotá

III Seminario Análisis Comparado y Seguimiento de la Legislación de Niñez y Adolescencia en América Latina

Nosotros y nosotras, parlamentarios, parlamentarias y magistrados representantes de Argentina., Brasil, Colombia, Guatemala y México, reunidos en Bogotá, Colombia, el 17 y el 18 de noviembre, asistentes al III Seminario Análisis Comparado y Seguimiento de la Legislación de Niñez y Adolescencia en América Latina centramos nuestra atención en la niñez y adolescencia de Latinoamérica y expresamos las siguientes consideraciones y acuerdos

I. Considerando

Que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad.

Que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.

Que la Convención Internacional de Derechos del niño establece como derecho fundamental de los niños niñas y adolescentes la de permanecer en su familia de origen y que pueda crecer dignamente en ella.

Que los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos.

Que el artículo 21 de la Convención Internacional de Derechos del Niño, establece que los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y que deben velar por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes,

Que la adopción internacional debe ser una medida humanitaria extraordinaria. Que la primera prioridad es que el niño pueda permanecer en su familia de origen. La segunda prioridad seguirá siendo que mientras en los Estados existan familias en condiciones de adoptar, no proceda la adopción internacional.

Que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen;

Que los Estados deberán velar por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen;

Que los Estados que consideren la adopción como otro medio de cuidar al niño deberán adoptar las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de adopción en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella;

Que en el mundo entero ha sido costumbre de las fuerzas regulares y de los grupos alzados en armas reclutar personas menores de 18 años y mayores de 15 años.

Que la mayoría de los Estados del mundo han ratificado los cuatro Convenios de Ginebra relativos al Derecho Internacional Humanitario con sus dos protocolos adicionales, en particular el Protocolo II, que en su artículo cuatro permite el reclutamiento de personas mayores de 15 años por fuerzas regulares y fuerzas irregulares en caso de conflictos internacionales, o en caso de conflictos internos.

Que Los Estados Partes del CIDN se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a los de más edad.

Que fenómenos como los conflictos armados internos, el narcotráfico, el pandillaje juvenil, las maras, pueden originar el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos alzados en armas o grupos mafiosos.

Que países como Colombia que atraviesan por un conflicto armado con fuerzas armadas irregulares que reclutan y mantienen en sus filas a un número aproximado de 11 mil menores de 18 años.

Que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que cuando a una persona menor de 18 años se le acuse de haber cometido una infracción penal se deberá dirimir su responsabilidad mediante sistemas de justicia que respeten su dignidad sus derechos fundamentales, sin menoscabar los de las víctimas.

Que varios países latinoamericanos no han adecuado su legislación penal juvenil al Convenio Internacional de Derechos del Niño y mantienen legislaciones basadas en la doctrina de la situación irregular que violan los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

Que es imperante dar continuidad a la red legislativa por la niñez y adolescencia en América Latina constituida en la ciudad de Lima, Perú, el 29 de abril.

Que se hace necesario que los participantes de este seminario y miembros de los Parlamentos de América Latina cuenten con información suficiente, objetiva, comparable, sobre la situación de la niñez y adolescencia en cada uno de los países América Latina, en especial los índices de cumplimiento de los derechos de la niñez.

II. Acordamos

Primero. Reconocer la autonomía y soberanía de los Estados latinoamericanos para adherir y ratificar la Convención de La Haya sobre adopción internacional.

Segundo.Impulsar políticas públicas que garanticen la estabilidad de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, que permitan mantener los vínculos familiares y el reencuentro de las familias separadas.

Tercero. Fomentar como medida extraordinaria de última ratio la adopción internacional de niños y niñas estableciendo que ésta se dé cuando en el país de origen no existan familias aptas para adoptar, desarrollando legislación adecuada en cada país.

Cuarto. Impulsar y desarrollar políticas que garanticen que, en el caso de adopción en otro país, no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella; prácticas indebidas que deben ser castigadas desde el ámbito penal.

Quinto. Adoptar medidas que garanticen en el caso de la adopción internacional, el seguimiento, monitoreo y control adecuado de los niños y niñas entregados en adopción, por parte de la autoridad central competente del país de origen.

Sexto. Impulsar a través de la legislación de cada país la prohibición de disponer sobre el destino del hijo no concebido y no nacido y la subrogación de vientres, declarando nulos los contratos y sancionando desde el ámbito penal a los culpables.

Séptimo. Impulsar y fomentar que los Estados latinoamericanos no vinculen al servicio militar obligatorio a personas menores de 18 años como clara reserva al artículo 38 de la Convención Internacional de Derechos del Niño, dado los efectos nocivos que los conflictos armados ocasionan sobre la infancia.

Octavo. Fomentar políticas públicas de infancia y adolescencia mediante mecanismos de atención que garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como medio de prevención de la delincuencia juvenil y el reclutamiento ilícito.

Noveno. Insistir en la inconveniencia de rebajar la edad de responsabilidad penal juvenil por debajo de 18 años como mecanismo de “control social” y la necesidad de contar con una justicia especializada para la investigación y el juzgamiento de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal.

Décimo. Impulsar la inclusión dentro de los presupuestos nacionales de partidas que garanticen el desa-rrollo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y garantizar su aprobación por nuestra parte esa condición.

Undécimo. Crear una comisión de seguimiento de la Red latinoamericana (Redlatina) como soporte técnico de la información integrada sobre legislación e índices de desarrollo y de cumplimiento de metas de niñez y adolescencia, designando como país secretario en la primera etapa a Colombia para dar continuidad a la labor de enriquecimiento recíproco entre los Estados latinoamericanos en el tema de infancia y adolescencia.

Duodécimo. Fijar el mes de abril como fecha para la celebración del IV Seminario en la República de Guatemala, para dar continuidad a la labor de la Red latinoamericana legislativa por la niñez y adolescencia en América Latina.

III Solicitamos

De los gobiernos, de los Parlamentos nacionales y, de la sociedad civil su compromiso político, legal y financiero para desarrollar y garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Del gobierno y el Congreso de la hermana República de Guatemala el estudio de la ratificación de la Convención de La Haya sobre adopción internacional y de la Ley de adopciones que actualmente cursa en el Parlamento.

De los grupos armados ilegales en Colombia el respeto por la Convención Internacional de los Derechos del Niño y del Protocolo II, adicional a los Convenios de Ginebra que prohíben el reclutamiento de niños y niñas.

Finalmente agradecemos la valiosa colaboración del UNICEF, de la Alianza por la Infancia (Colombia) de la Universidad de Los Andes, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a cada una de las autoridades y personas de los países participantes que hicieron posible esta reunión.

Bogotá, a 18 de noviembre de 2005.

Lucrecia Monti (rúbrica)
Diputada del Congreso Argentino

María Nélida Doga (rúbrica)
Diputada del Congreso Argentino

Carmen Ocampo de Auquilla (rúbrica)
Diputada del Congreso de Ecuador

María Leticia Rivera Cisneros (rúbrica)
Diputada del Congreso de México

Jorge Luis Ortega (rúbrica)
Diputado del Congreso de Guatemala

Gina María Parody D. (rúbrica)
Representante de la Cámara de Colombia

Mauro Campello (rúbrica)
Presidente de la Asociación Brasileña de Magistrados y Promotores de la Infancia y la Juventud