• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSP y al Congreso de Chiapas a auditar los recursos correspondientes a la construcción del Cereso de Motozintla, Chiapas, a cargo del diputado Belizario Iram Herrera Solís, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se invita al titular de la PGR a que de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 destine una parte a los programas de prevención de delitos electorales referentes al voto de los mexicanos en el extranjero, suscrita por los diputados Pablo Alejo López Núñez y Sergio Penagos García, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y al Conacyt a restituir el monto total asignado al proyecto Efectos Ecológicos de la Pesca en el Ecosistema Marino del Golfo de California, a cargo del diputado Adrián Chávez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, para revocar el permiso de explotación minera a la compañía Linear Gold en Motozintla, Chiapas, a cargo del diputado Belizario Iram Herrera Solís, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a los Congresos locales a emitir el marco jurídico y regulatorio para coordinar la operación de las casas de empeño, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno mexicano a poner en ejecución la recomendación 190 de la OIT, sobre las peores formas de trabajo infantil, a cargo de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que mediante la SSP y el Consejo Nacional de Seguridad Pública se asignen al estado de Tamaulipas recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública previsto en el Ramo 33 del PEF de 2006, a cargo del diputado José Manuel Abdala de la Fuente, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a presentar un informe sobre la asignación de cupos de importación de pollo fresco o refrigerado durante los últimos tres años en los estados de la frontera norte del país, a cargo del diputado Hidalgo Contreras Covarrubias, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que el resto de los fideicomisos que se adeudan a los ex obreros del sector azucarero sean pagados y se evite mayor afectación a los trabajadores y la actividad productiva relacionada, a cargo del diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal a valorar la conveniencia de suscribir un convenio de participación y coordinación de acciones en materia de transporte, a cargo del diputado Pablo Bedolla López, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una auditoría de desempeño a los trabajadores de producción de gas natural que efectúa Pemex Exploración y Producción en la cuenca de Burgos mediante el esquema de contratos de servicios múltiples, a cargo del diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, para que esta soberanía se pronuncie contra la modificación del decreto de creación y la reestructuración académico-administrativa del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, a cargo del diputado Arturo Robles Aguilar, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados instituye el premio Francisco Zarco al periodismo legislativo, en los géneros de crónica, reportaje, artículo de fondo y nota informativa, a cargo del diputado José Luis Medina Lizalde, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Gobernación que establezca cuanto antes contacto con la Segob para agilizar los pagos del Programa ex Bracero, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al embajador mexicano ante la OMC sobre la próxima reunión ministerial del organismo, en Hong Kong, del 13 al 18 de diciembre de 2005, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, a fin de solicitar la reclasificación de la tarifa eléctrica, de la 1-D a la 1-E, para el consumo doméstico en Matamoros, Tamaulipas, a cargo del diputado Érick A. Silva Santos, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a realizar las investigaciones conducentes a la consignación y sanción de quienes participaron como ejecutores de tortura de presuntos miembros del grupo de Los Zetas, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del PRD.

• A la Comisión de Gobernación, a solicitud del diputado Roger David Alcocer García, del grupo parlamentario del PRI.

• A la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, a solicitud de la diputada Angélica Ramírez Luna, del grupo parlamentario del PAN.

El que suscribe diputado federal Belizario Iram Herrera Solís, integrante del grupo parlamentario del PRI de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y al Congreso Local del Estado de Chiapas para auditar los recursos de la construcción del Cereso del municipio de Motozintla, Chiapas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En fecha 9 de diciembre de 2004 presenté un punto de acuerdo en esta alta tribuna de la nación con el propósito de exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública Federal su intervención ante el Gobierno del estado de Chiapas, para que detuvieran la construcción de la obra del Cereso en Motozintla de Mendoza, toda vez que se estaba construyendo en el lecho del cauce del río seco que atraviesa la ciudad en mención, situación que dio como resultado el poco caso de esta denuncia pública por parte de las autoridades involucradas en esta obra.

Por tal motivo, es claro que la dependencia federal comunicó al Gobierno del estado la petición solicitada por el de la voz: La cancelación de la obra referida, de lo que se desprende la negligencia con la que actuaron las instancias involucradas.

Actuar como se ha actuado en la construcción del Cereso en Motozintla es permanecer en una constante de despilfarro de los recursos públicos que todos los ciudadanos aportan a través del pago de impuestos; así como, por el esfuerzo de las aportaciones federales, que de alguna medida también se referencia en el estado en ese tipo de obras de carácter participativo con apoyo federal.

Esta actitud que denota por parte de las dependencias involucradas poca previsión, falta de pericia, mala planeación e insensibilidad ante los fenómenos meteorológicos ocurridos en el pasado 1998, cuando fue devastada la zona donde se desplantaba y construía el Centro de Readaptación Social, aunado al impacto social que toda obra de este rango crea, tampoco fue considerado por dichas autoridades.

No quiero hacer gala de perito, pero ocurrió lo que se preveía: Otro fenómeno meteorológico acabó con la tozudez y negligencia del quehacer del hombre contra la naturaleza, la famosa obra quedó expuesta nuevamente y con más riesgo como una forma de justicia poética divina ante un reclamo social al cual no se tenía respuesta alguna.

El huracán Stan de octubre pasado, no sólo arrasó la costa de Chiapas, la cabecera de la Perla del Soconusco, Tapachula, había quedado incomunicada; Motozintla, devastada y sin comunicación, ciudad serrana de 30,000 habitantes, que vio que el reclamo social de la obra Cereso se había quedado a escasos metros donde bajó el río. Pero ahora quedaba otro malestar, el reclamo de que con ese dinero tirado pudo hacerse otras obras e inclusive la misma, pero en otro lugar, cumpliendo con las especificaciones que se necesitan para la seguridad de esos centros.

Esta situación tiene en constante molestia a la población de donde soy oriundo; es tanta la necesidad que padece esta basta zona de la sierra, que los recursos cuando son mal aplicados, como es el caso, detienen en la sociedad que los padece un rencor hacia todo lo que es Gobierno, porque con seguridad la justificación de estos presupuestos asignados para esta obra lo harán bajo el concepto de caso fortuito fenómeno meteorológico, cuando a simple vista se demuestra que fue una causa de negligencia en todos sentidos.

Quiero ser claro ante ustedes, no se puede seguir gobernando a la ligera y mucho menos tirando recursos por errores que causan descontento, engendrando malestar en la población y sobre todo ingobernabilidad, cuando todo gobierno tiene la obligación de generar certidumbre, confianza y sobre todo gobernabilidad, asimismo; construyendo paz social, que mucho necesitan las zonas rurales de mi estado y de todos los estados del país.

Estas consideraciones son suficientes para dejar de manifiesto la forma que durante los últimos cinco años ha sido la constante de quehacer público en mi estado, donde emerge la necesidad de la ciudadanía perjudicada con el despilfarro de recursos de esa obra. Es en razón de lo antes expuesto que pongo a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y al Congreso Local del Estado de Chiapas, para que se investigue y auditen los recursos aplicados en la obra del Centro de Readaptación Social de Motozintla de Mendoza, Chiapas, para que en caso de ser procedente se apliquen las sanciones a los responsables de las diferentes dependencias involucradas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los trece días del mes de diciembre de dos mil cinco.

Dip. Belizario Iram Herrera Solís (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE INVITA AL TITULAR DE LA PGR A QUE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 DESTINE UNA PARTE A LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES REFERENTES AL VOTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS PABLO ALEJO LÓPEZ NÚÑEZ Y SERGIO PENAGOS GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Los suscritos integrantes del grupo parlamentario del PAN en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Como ya sabemos, el voto de nuestros connacionales residentes en el extranjero se realizará a través de la vía postal, este sistema ha generado muchas inquietudes por parte de legisladores, funcionarios y ciudadanía en general, al señalar que es un sistema muy vulnerable, en este sentido el IFE ha adoptado ciertas medidas que buscan dar seguridad al sistema de votación aprobado, no obstante de ello estamos conscientes de que se pueden suscitar un número considerable de conductas ilícitas y que el conocimiento de tales hechos es de la competencia de la Procuraduría General de la República, se pretende proteger para darle la certeza que requieren los mexicanos residentes en el extranjero para salvaguardar su derecho al voto.

Ello nos lleva a buscar blindar el voto extraterritorial que hemos aprobado, una de esas formas de blindaje se da a través de la información y orientación que se les proporcione a nuestros connacionales en el extranjero para que estén debidamente enterados del procedimiento en que se desarrollará el envío y recepción de los votos, así como de los delitos que se pueden cometer por esta vía postal aprobada, razón por la cual es de apoyar las actividades de prevención de estos delitos creando conciencia de la importancia que tiene el denunciar aquellas conductas que afecten o atenten a la democracia de nuestro país.

Debemos ser conscientes de que la prevención general se debe privilegiar sobre la actividad sancionadora del Estado, por ser tal política su rasgo distintivo de las democracias modernas.

Por ello es a través de la difusión del contenido de los tipos penales electorales federales; que se desarrolla la función persuasiva esta tarea es de suma importancia; en este sentido, se deben implementar acciones de política criminal que logren inhibir la comisión de este tipo de infracciones.

Debemos subrayar que prevenir la comisión de delitos electorales contra nuestros connacionales es una corresponsabilidad pública, por esta razón es indispensable implementar diferentes programas con instituciones públicas y privadas; partidos y agrupaciones políticas; organismos electorales y ciudadanía en general; de esa tarea se debe encargar a la Procuraduría General de la República a través de su Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Entre las diversas líneas de acción que realiza la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para prevenir el delito electoral, destacan la impartición de conferencias sobre delitos electorales; cursos y talleres de capacitación sobre la naturaleza de los delitos electorales; publicación de revistas especializadas en derecho penal electoral y manuales ciudadanos sobre delitos electorales, así como la emisión de trípticos de contenido informativo referente a la importancia de los valores democráticos; y la transmisión de anuncios en radio y televisión, destacando la importancia de la cultura democrática y sobre todo respecto de la denuncia.

Asimismo, será necesario reforzar y realizar diversas acciones en coordinación y colaboración con Secretarías de Estado que manejen programas sociales con el objetivo de evitar que sean utilizados a favor de algún partido político o candidato en elecciones; también se debe dar énfasis especial a las campañas de difusión y capacitación para servidores públicos pertenecientes al Servicio Exterior Mexicano a efecto de que sea a través de ellos el conducto para la difusión de los programas que impulsa la Fepade referentes a las responsabilidades, delitos y sanciones en los que pueden incurrir los servidores públicos, buscando concientizarlos sobre la importancia de actuar con apego a legalidad, eficiencia y eficacia, en un marco de calidad en el servicio público.

Por ello, para esta soberanía el apoyo al programa de prevención del delito electoral es una prioridad; en términos de lo anterior se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Este H. Congreso de la Unión, hace una atenta invitación al procurador Ggeneral de la República para que de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2006 destine cuando menos una cantidad de diez millones de pesos a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para promover programas de prevención de delitos electorales y la atención al voto de los mexicanos en el extranjero, sugiriéndose se atienda este punto de acuerdo lo antes posible con el objeto de que de las acciones descritas se atiendan con oportunidad frente al proceso electoral 2005-2006.

Dado en el Salón de Sesiones el día 13 de diciembre de año 2005.

Diputados: Pablo Alejo López Núñez, Sergio Penagos García (rúbricas).
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SAGARPA Y AL CONACYT A RESTITUIR EL MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO EFECTOS ECOLÓGICOS DE LA PESCA EN EL ECOSISTEMA MARINO DEL GOLFO DE CALIFORNIA, A CARGO DEL DIPUTADO ADRIÁN CHÁVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe diputado federal, Adrián Chávez Ruiz, integrante del grupo parlamentario del PRD de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; se permite poner a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que actualmente existen diversos acuerdos internacionales sobre medio ambiente y legislaciones internas para la protección de la diversidad biológica en las que se prohíbe los métodos de pesca no selectivos para los recursos vivos (Convenio de Berna). En estos acuerdos se incluye un anexo especial con un listado de métodos prohibidos para la captura.

Que de manera general en dichos acuerdos se reconoce la diversidad biológica como una responsabilidad común de la humanidad e impone a los Estados firmantes la obligación de usar los recursos biológicos de una manera sostenible.

Que no obstante, el conocimiento de que el uso incontrolado de los métodos de pesca no selectivos es contrario a los principios generales del Derecho Internacional del Medio Ambiente en México existen pesquerías en las que se continúa con el uso de estas artes de pesca, sin que se haya determinado el grado de afectación a los recursos y al medio ambiente.

Que en ese marco de referencia, la pesca de arrastre de fondo ha sido señalada a nivel internacional como aquella que más impactos genera en el hábitat del fondo del mar en todo el mundo.

Que este arte de pesca es utilizado sobre todo en el Golfo de California el cual está considerado como una de las regiones más productivas del planeta y de gran diversidad de especies de crustáceos, moluscos y peces. Asimismo el área se caracteriza por ser la región de México donde se obtiene la mayor parte de la captura comercial de las principales especies pesqueras que se extraen en el país.

Que particularmente la especie que es capturada con este arte de pesca no selectiva es el camarón y esta pesquería constituye una de las actividades económicas más importantes en el Golfo de California, proporcionando divisas y empleos para un sector muy importante de la población pesquera ya que desde sus inicios, en 1921, registró un desarrollo ascendente aunque en la actualidad las posibilidades del recurso se acercan a sus límites racionales.

Que lo anterior hace necesario generar la información básica de esta pesquería que está sujeta a un método de captura con artes de pesca no selectivos y así evaluar los efectos ambientales y los costos económicos al permitir que se continúe practicando este tipo de pesca.

Que en la actualidad hay poca información que ayude a entender la dinámica de los ecosistemas marinos, lo que ha imposibilitado la identificación de los efectos de la pesca. Por ello es necesario adquirir el conocimiento suficiente para un manejo sustentable de nuestros recursos renovables, ya que la carencia de información puede inducir a la toma de decisiones erróneas en materia de pesca y conservación provocando la incompatibilidad entre ambos objetivos.

Que es necesario recordar que México tiene el compromiso del cuidado de la biodiversidad para las generaciones futuras de mexicanos y, en contraparte, la actividad pesquera es generadora de empleos y divisas, además de ser fuente de producción de proteína de alto valor nutricional y cualquier esfuerzo que se oriente para su uso sustentable es justificable a la luz de la creciente presión social. Con estos antecedentes, podemos afirmar que existe una dualidad de intereses que en ocasiones pudieran parecer irreconciliables y que plantean un fuerte reto para legislar y administrar los recursos.

Que en este sentido, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Cibnor, se dio a la tarea de realizar estudios con el objeto de proveer la información necesaria que permitiera la toma de decisiones adecuadas en el área de pesca; y por ello, solicitó recursos económicos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el que en 2003 decidió asignarle dos millones cuatrocientos mil pesos para posteriormente ajustarle este presupuesto a tan sólo 1 millón doscientos mil pesos; con lo que este centro de investigación queda imposibilitado de cumplir sus objetivos en dicho proyecto, por lo que consideramos necesario se respete el monto originalmente asignado.

Por lo anteriormente expuesto propongo a esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a que restituyan de manera inmediata el monto total asignado al proyecto Efectos Ecológicos de la Pesca en el ecosistema marino del Golfo de California: Identificación, evaluación y mitigación de sus impactos potenciales. Fase 1: Pesquería de camarón, con número de proyecto 120-C de fondos Sagarpa-Conacyt, 2003.

Dip. Adrián Chávez Ruiz (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA REVOCAR EL PERMISO DE EXPLOTACIÓN MINERA A LA COMPAÑÍA LINEAR GOLD EN MOTOZINTLA, CHIAPAS, A CARGO DEL DIPUTADO BELIZARIO IRAM HERRERA SOLÍS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe Belizario Iram Herrera Solís, diputado federal del grupo parlamentario del PRI ante la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo para revocar el permiso de explotación minera a la Compañía Linear Gold, en el municipio de Motozintla, Chiapas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Algunos ambientalistas consideran que la explotación minera a cielo abierto o subterráneo tiene impacto negativo. Señalan que a cielo abierto el impacto es visual y trastorna el clima. La explotación subterránea puede causar derrumbes.

Por definición las actividades mineras impactarán negativamente en la flora y fauna. Aun si la actividad minera es subterránea (menor impacto que la minería a cielo abierto), ésta afectará a la fauna debido a la presencia humana, maquinaria, movimiento de vehículos o ruido.

Si la actividad minera se desarrolla cerca de centros urbanos, la voladura de rocas puede inducir vibraciones inaceptables en éstos. A este problema debemos agregar el de las ondas de choque generadas por las explosiones. El polvo puede ser un problema serio para la salud de la población. Aun si la zona no está habitada el polvo afectará a la vegetación.

Si las hojas se recubren de polvo disminuye la capacidad de fotosíntesis de la planta. Por otra parte, la obstrucción de las estomas (poros en las hojas) impedirá la absorción de CO2.

Otras emisiones relacionadas con la actividad minera incluyen las generadas por la combustión de los motores de los vehículos y maquinaria minera, y muy importantemente, las producidas por las fundiciones. Recordemos que el fundido de sulfuros produce emisiones de dióxido de azufre, arsénico, y otros compuestos en fase gaseosa que son enviados a la atmósfera.

Según la información que se tiene y que ha proporcionado el Gobierno federal, la concesión de explotación en beneficio de la Compañía Linear Gold en el municipio de Motozintla, Chiapas, abarca una extensión de 7 mil 755 hectáreas.

Cabe hacer mención, que para la explotación de oro es necesario realizar el método de lixiviación con cianuro, el cual no debe hacerse en zonas de alta pluviosidad, como es el caso de las 7 mil 755 hectáreas ubicadas en la Sierra Madre de Chiapas.

La población afectada ha solicitado a la Semarnat información sobre los reportes del impacto ambiental y a la vida humana, para saber, en caso de ser rentable, si la explotación se hará en una mina a tajo abierto o si se empleará el proceso de lixiviación con cianuro, sin que hasta el momento se haya recibido dichos informes.

Con las lluvias provocadas por el huracán Stan en el estado de Chispas, en especial en la zona de la Sierra, el subsuelo ha quedado reblandecido, por lo que de continuar con los trabajos de explotación de la mina se corre el riesgo de provocar deslaves que podrían costar incluso vidas humanas.

No está por demás expresar que las comunidades y ejidos del municipio de Motozintla han manifestado su inconformidad al establecimiento de la Compañía Linear Gold, por lo que han solicitado al Ejecutivo federal su intervención inmediata sin obtener respuesta alguna, lo que ha llevado la población a organizarse en un frente regional en defensa de sus tierras, ya que la concesión del gobierno abarca terrenos ejidales.

Es en razón de lo antes expuesto que pongo a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: Se solicita al titular de la Secretaría de Economía, así como al titular de la Semarnat, se sirvan presentar a la honorable Cámara de Diputados un informe detallado de los permisos de explotación minera dados en el estado de Chiapas a la Compañía Linear Gold, así como los estudios de impacto ecológico de los mismos.

Segundo: Se exhorta ala Secretaría de Economía y a la Semarnat se cancele el permiso de concesión de explotación de minerales en el municipio de Motozintla, Chiapas, a la Compañía Linear Gold debido al impacto ambiental y ecológico, así como a los daños a la salud que se provocan por la actividad minera.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los trece días del mes diciembre de 2005.

Dip. Belizario Iram Herrera Solís (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y A LOS CONGRESOS LOCALES A EMITIR EL MARCO JURÍDICO Y REGULATORIO PARA COORDINAR LA OPERACIÓN DE LAS CASAS DE EMPEÑO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO CABELLO GIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe diputado José Antonio Cabello Gil, integrante del grupo parlamentario del PAN de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía, así como a los Congresos locales de las entidades federativas para que se emita el marco jurídico y regulatorio necesario para coordinar el desempeño de las casas de empeño.

Consideraciones

A lo largo de la historia reciente de nuestro país, las casas de empeño se han constituido como una alternativa de financiamiento accesible para asistir a las personas de bajos recursos o que requieren dinero de inmediato.

Debido a su enfoque asistencialista las casas de empeño se convirtieron en una opción muy recurrida por este segmento de la población, toda vez que el sector financiero les imponía diversos requisitos y trámites para ser sujetos de crédito.

Al contrario del sector bancario comercial, las casas de empeño ofrecen liquidez inmediata sin necesidad de aval o requisitos tales como comprobante de ingresos y domicilio entre otros. Basta presentar una prenda como garantía para acceder al recurso monetario.

Originalmente, las casas de empeño de asistencia privada se crearon con el objetivo de satisfacer las necesidades de las personas que no tenían acceso al sector financiero, sin fines de lucro. Sin embargo, en los últimos años se ha presentado un fenómeno en el cual ha proliferado la creación de casas de empeño constituidas bajo figuras mercantiles que lucran con su actividad.

Esta situación ha distorsionado notablemente la naturaleza original de las casas de empeño de asistencia pública, dando lugar a la creación de empresas que buscan la obtención de ganancias, a través de altos intereses que cobran o por la exigencia de prendas que exceden en la mayoría de los casos el valor de la deuda y de los intereses, lo cual lleva a los deudores o pignorantes a no poder recuperar los bienes que entregaron en garantía, lo que les ocasiona un daño económico y al mismo tiempo moral.

Actualmente la actividad que realizan las casas de empeño de naturaleza mercantil no se encuentra regulada. El marco jurídico se limita a regular su constitución, pero no su desempeño cotidiano y la relación que establece con el público usuario del servicio prendario. No existe la facultad de la Federación para regular esta actividad, misma que se acota al ámbito estatal, por lo que son las Legislaturas locales las únicas facultadas para emitir un marco jurídico específico.

Al no existir regulación ni supervisión, estas empresas cuentan con el marco ideal para operar con el único fin de multiplicar sus ganancias a costa de la necesidad de las personas.

En este contexto, estas nuevas empresas han dejado de lado los principios éticos, de justicia y la idea original para la cual fue creado el concepto de las casas de empeño.

Derivado de estas consideraciones, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional considera que es imprescindible impulsar un proceso para regular a este sector de las casas de empeño. El objetivo es claro: evitar que estas empresas tomen ventaja de la precaria situación económica de los mexicanos con bajos recursos que recurren a ellas para solucionar problemas económicos urgentes e impostergables.

Para lograr este objetivo, este punto de acuerdo propone dos acciones específicas

Por una parte, solicitar al Poder Ejecutivo que a través de la Secretaría de Economía emita una Norma Oficial Mexicana para que regule y supervise el funcionamiento de las sociedades mercantiles que realizan contratos de mutuo con intereses y garantía prendaria.

Por otro lado, se propone exhortar a las Legislaturas locales a que promulguen su propio marco jurídico que regule esta actividad, dejando claro que esta legislación es en beneficio de la sociedad de cada Estado del país. Algunos estados ya han emprendido esfuerzos en la materia y son fiel ejemplo para reproducirlo a nivel nacional. Tal es el caso del Congreso de Baja California con una ley que regula la instalación y funcionamiento de establecimientos de esta naturaleza.

Debe quedar claro que esta proposición tiene como finalidad sentar las bases para realizar un esfuerzo en toda la República Mexicana, encaminado a la emisión de un marco jurídico que neutralice los efectos negativos que se han generado por la actividad de las casas de empeño contra los usuarios del servicio.

Asimismo es preciso señalar que este esfuerzo no atenta contra la generación de instituciones de asistencia privada, asociaciones civiles o sociedades mercantiles que realizan esta actividad. Más bien se trata de combatir frontalmente las prácticas abusivas e ilegales que se pudieran y que, de hecho, se desarrollan hoy en día.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente

Proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Secretaría de Economía que realice los estudios y procedimientos necesarios para elaborar una Norma Oficial Mexicana que regule y supervise la actividad de las sociedades mercantiles que realizan contratos de mutuo con intereses y garantía prendaria.

Segundo. Gírese oficio a los Congresos locales de las entidades federativas a efecto de concientizarlas sobre la problemática, haciendo un atento exhorto para que emitan un marco jurídico que regule la instalación y funcionamiento de establecimientos cuyo objeto sea ofertar al público la celebración de contratos de mutuo con interés y contratos de prenda, así como para fijar los mínimos requerimientos que un contrato de prenda y de mutuo interés debe contener.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 13 de diciembre de 2005.

Dip. José Antonio Cabello Gil (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO MEXICANO A PONER EN EJECUCIÓN LA RECOMENDACIÓN 190 DE LA OIT, SOBRE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL, A CARGO DE LA DIPUTADA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Antecedentes

En la actualidad millones de niñas y niños que trabajan en condiciones que son un obstáculo para su formación, educación, desarrollo y porvenir. Al trabajar, las niñas y niños son privados de sus derechos al descanso, educación, esparcimiento, juego y a las actividades recreativas propias de su edad

La OIT fue fundada en 1919 para promover la justicia social y la paz. En el transcurso de los años este organismo ha elaborado un Código Internacional del Trabajo, con convenios y recomendaciones que se someten a la aprobación de los Estados miembros. En diversos instrumentos la OIT ha manifestado su preocupación histórica respecto de la abolición del trabajo infantil.

Nuestro país el 30 de junio del año 2000 ratificó a través del Senado de la República el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil.

Considerandos

Con fundamento en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los tratados que estén de acuerdo con ésta, serán ley suprema de la Unión. Por tanto, el Ejecutivo tiene la obligación de acatar la Recomendación 190 de la OIT.

La eliminación efectiva del trabajo infantil está estrechamente relacionada con factores económicos y sociales del país, por lo que la erradicación del trabajo infantil requerirá tiempo, sin embargo, existen determinadas formas de trabajo infantil que no pueden ser toleradas a pesar de la situación del país, por lo que el Convenio 182 y la Recomendación 190 de la OIT determinan lo intolerable así como solicitan a los Estados la implementación de acciones inmediatas para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil.

La Recomendación 190 de la OIT son orientaciones y guías que aconsejan a los Estados para aplicar las obligaciones aceptadas en el Convenio 182 de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil por lo que deben ser aplicadas conjuntamente así como ser examinandas a fin de ponerlas en ejecución.

El Comité de los Derechos del Niño ha recomendado a nuestro país reexaminar la situación en lo que respecta al trabajo infantil, mereciendo especial atención a la situación de niñas y niños que realizan trabajos peligrosos en el sector no estructurado.

El Poder Ejecutivo como el Legislativo estamos obligados a tomar todas las medidas necesarias para eliminar todas las peores formas de trabajo infantil hasta alcanzar el objetivo de erradicar por completo el trabajo infantil en México. Estas medidas legislativas deben ser acompañadas de políticas públicas para atender las necesidades de niñas, niños y adolescentes que sustenten su desarrollo pleno.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en el Art. 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, ejecute la Recomendación 190 de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 13 de diciembre de 2005.

Dip. Angélica de la Peña Gómez (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE MEDIANTE LA SSP Y EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA SE ASIGNEN AL ESTADO DE TAMAULIPAS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA PREVISTO EN EL RAMO 33 DEL PEF DE 2006, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL ABDALA DE LA FUENTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito José Manuel Abdalá de la Fuente, diputado federal integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Antecedentes

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 2006 ha sido autorizado por esta soberanía el ejercicio de cinco mil millones de pesos en el Ramo 33 para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, con sujeción a lo previsto por los artículos 44, 45 y 46 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Para calcular los porcentajes de participación, se aplican los criterios y ponderadores que se han venido utilizando desde el año 2000 y que consideran a los factores: población, avance de aplicación de programas, inversión en proyectos convenidos de alcance nacional, ocupación penitenciaria e índice delictivo sujetos a la aplicación de una fórmula matemática.

Así, al estado de Tamaulipas se le ha venido asignando 3.860 por ciento de participación.

Pero compañeras y compañeros diputados, como todos ustedes saben, por su ubicación geográfica y el flujo de personas y todo tipo de bienes que se producen con motivo de la relación con nuestros vecinos del norte, Tamaulipas ha estado padeciendo los efectos de todo tipo de violaciones al orden legal, con altos índices de criminalidad, en delitos del orden común y del fuero federal. Se trata de hechos notorios que son del dominio público.

Es un hecho. Hoy en día, lo que acontece en Tamaulipas tiene resonancia nacional e incluso internacional, por lo que se requiere de una acción coordinada de los tres niveles de gobierno, más aún si tomamos en consideración el alto índice de delitos del fuero federal.

Es por ello que consideramos urgente el fortalecimiento de todos los componentes de la seguridad pública, para hacer frente con oportunidad y de mejor manera a este fenómeno delincuencial.

Mucho podemos argumentar y abonar a favor de la propuesta que hoy presentamos a su consideración y que se inscribe y enmarca en nuestro federalismo y que obedece a circunstancias coyunturales y extraordinarias.

Lo que hoy sometemos a su consideración es que con sustento en la grave problemática de inseguridad pública que hoy se vive en Tamaulipas, se exhorte al titular del Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Seguridad Publica Federal y el Consejo Nacional de Seguridad Pública, se asigne al estado de Tamaulipas cuando menos cinco por ciento de participación en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública previsto en el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006.

Es decir, que con motivo de la aplicación del factor del índice delictivo y de conformidad con los criterios de asignación y los ponderadores establecidos, se transite de 3.860 a 5% la participación de Tamaulipas en el fondo de aportaciones para la seguridad pública, lo que contribuirá al avance que se requiere urgentemente en el cumplimiento del imperativo constitucional de garantizar a la población la seguridad pública.

Por lo antes señalado y con el fundamento antes citado, me permito presentar a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Seguridad Publica Federal y el Consejo Nacional de Seguridad Pública, se asigne al estado de Tamaulipas cuando menos cinco por ciento de participación en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública previsto en el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro,a trece de diciembre de dos mil cinco.

Dip. José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A PRESENTAR UN INFORME SOBRE LA ASIGNACIÓN DE CUPOS DE IMPORTACIÓN DE POLLO FRESCO O REFRIGERADO DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS EN LOS ESTADOS DE LA FRONTERA NORTE DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO HIDALGO CONTRERAS COVARRUBIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito diputado Hidalgo Contreras Covarrubias y diputados federales del grupo parlamentario del PAN sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición de punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Por naturaleza comercial existen empresas que se dedican a la importación de productos de diferente índole con el fin de distribuirlos en nuestro territorio proporcionando alternativas de calidad y precio al consumidor. Estos movimientos económicos dan origen a otras actividades importantes como el empleo y fortalecen la economía de nuestra región.

Este proceso mercantil deberá representar una actividad transparente y válida dándole a dichas empresas un trato justo, igual y equilibrado por parte de las autoridades de gobierno correspondientes; me quiero referir particularmente a la autorización de cupos de importación de pierna y muslo de pollo fresco y refrigerado y su ejercicio de los mismos año con año.

En la frontera norte de nuestro país existen varias empresas que se dedican a esta actividad; entre ellas tenemos algunas con mucho tiempo, otras con poco y también de reciente creación ejerciendo cupos de importación otorgados por la Secretaría de Economía. Por tal motivo, es importante definir cuales de ellas cumplen con los lineamientos establecidos para ser sujetas de asignación de los mismos en los años subsecuentes.

Estamos concientes que la Secretaría de Economía al momento de autorizar asignaciones de cupos para importación de pollo a empresas que lo solicitan, lo hace apegándose a las disposiciones legales vigentes y cerciorándose que cumplen con los requisitos necesarios para poder iniciar con sus operaciones comerciales en este rubro.

Sin embargo, existen supuestos de que algunas de estas empresas, generalmente cadenas comerciales grandes, reciben cupos para la importación de miles de toneladas de pollo que no son ejercidas en su totalidad en el año y que por las disposiciones establecidas por la SE, al siguiente se les deben quitar con el fin de redistribuirlos en aquellas que cumplen con las especificaciones solicitadas.

También hemos recibido información fidedigna de que algunas empresas que cumplen con infraestructura y demás requisitos y que han estado laborando durante mucho tiempo en esta actividad, se ven perjudicados por la SE ya que se otorgan cupos superiores a empresas de reciente creación y que además no cumplen con algunos de los requisitos, por ejemplo, los cuartos fríos para almacenaje del producto.

En este mismo sentido nos encontramos que estas grandes cadenas comerciales al no poder vender la totalidad del producto en sus establecimientos, lo ofrecen a las que agotaron su cupo prematuramente mediante supuestos proveedores independientes que las contactan y que por la necesidad de la demanda lo compran. En estas transacciones comerciales es evidente que son mediadores de las grandes empresas ya que al momento de presentar los pedimentos de importación lo hacen con la razón social de dichas mega-empresas, esta afirmación puede ser comprobada con documentos que tenemos en nuestro poder.

Es claro que buscan cumplir con el ejercicio total del cupo otorgado por el Gobierno federal sin importar los medios, convirtiéndose en entidades que monopolizan la distribución de este producto dejando en desventaja a los empresarios que también compiten en la misma actividad.

Nuestro interés se fija particularmente, en conocer directamente de la Secretaría de Economía la información real que desmienta estos argumentos, para lo cual hemos solicitado por escrito información al delegado en Baja California y no hemos recibido la atención de una contestación al respecto, aun cuando contamos con documentos que nos hacen creer lo que estamos afirmando en el presente documento. De la misma manera, queremos dejar muy en claro, que debe existir en el caso de que no sea así, una actitud de imparcialidad por parte de la SE en el asunto de la autorización de cupos de importación de este producto; que es innegable el derecho de los inversionistas de ser tratados con equilibrio y aplicar en las mismas condiciones las disposiciones establecidas por el Gobierno y evitar beneficios a determinados entes empresariales.

Por tales antecedentes y para garantizar una real competencia comercial entre las empresas importadoras, presentamos a esta H. asamblea legislativa para su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Para que esta soberanía haga un exhorto a la Secretaría de Economía para que presente un informe sobre la asignación de cupos de importación de pierna y muslo de pollo fresco o refrigerado durante los últimos 3 años en los estados de la frontera norte del país que permita identificar a las empresas que no los han ejercido en su totalidad de manera anual. Dicho documento deberá contener las medidas que habrán de realizarse para corregir esta situación y evitar que dicha problemática se siga presentando.

Dado en el salón de sesiones a los 13 días del mes de diciembre de 2005, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF.

Dip. Hidalgo Contreras Covarrubias (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EFECTO DE QUE EL RESTO DE LOS FIDEICOMISOS QUE SE ADEUDAN A LOS EX OBREROS DEL SECTOR AZUCARERO SEAN PAGADOS Y SE EVITE MAYOR AFECTACIÓN A LOS TRABAJADORES Y LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA RELACIONADA, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los suscritos Emiliano Vladimir Ramos Hernández y Diego Palmero Andrade, diputados a la LIX Legislatura integrantes del grupo parlamentario del PRD y de AN, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar con carácter de urgente y obvia resolución una proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta al Gobierno federal para que intervenga dentro del marco de sus facultades constitucionales y legales en pro de los derechos laborales de ex trabajadores de diversos ingenios, al tenor de los siguientes

Considerandos

I. Numerosos ex obreros de la industria azucarera atraviesan una difícil situación: Sus derechos laborales han sido conculcados, pues tras décadas de trabajo se ven privados del producto de toda una vida de esfuerzo, cristalizado en una serie de fideicomisos, algunos existentes desde 1956.

II. Estos trabajadores, agremiados en las secciones 28, 31, 67, 72, 74 y 77 así como en la sucursal número 1 de esta última, todas del Sindicato de Trabajadores de la Industria Mexicana de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana, cotizaron a lo largo de su vida laboral, vía aportaciones sindicales, para diversos fideicomisos existentes por lo menos desde 1986, todos ellos contenidos en el contrato ley vigente entre noviembre de ese año y noviembre de 1988, como a continuación se enumera

IV. Del estado actual de esos fideicomisos es una interrogante. A través de trascendidos e informaciones diversas con sustento documental, los afectados han tenido conocimiento de que los fideicomisos fueron disueltos en diversos momentos y el saldo depositado en un fondo concentrador. Lo que se sabe a ciencia cierta es que los fideicomisos como tales no existen ya, salvo tres que se encuentran activos.

V. Que según un informe de la Cámara de la Industria Azucarera y Alcoholera valuó los fideicomisos hasta julio de 2000, en 21 mil millones de pesos. La propia Cámara desconocía el funcionamiento real de los fideicomisos, habida cuenta que el comité técnico de los mismos estaba constituido por representantes del sindicato, lo que daría lugar, en el mejor de los casos, a una ominosa opacidad en su manejo. En todo caso, los agremiados no tienen cabal conocimiento del destino de los fideicomisos. Salvo de tres que siguen en funcionamiento, el resto sin duda alguna ya fueron disueltos y debieron ser liquidados dando a los trabajadores una parte de las aportaciones.

VI. Cabe hacer mención que en año 2004, mediante un acuerdo conciliatorio, el sindicato pactó con el sector patronal ante la Secretaría del Trabajo la liquidación del Fideicomiso para la construcción de casas de propiedad de los trabajadores, mediante el pago de cien mil pesos a cada beneficiario o a sus herederos. No es menos que extraño pues el fideicomiso desapareció en noviembre de 1995, pero su liquidación se concretó nueve años después, en un acuerdo conciliatorio, lo que señala una controversia entre los actores. El acuerdo, además sostiene que la administración de esta liquidación, así como del remanente del monto original quedaría bajo control de los ingenios. A la fecha, no se ha terminado el proceso de pago, que otorga cien mil pesos a cada beneficiario, independientemente del tiempo que cotizó en el fideicomiso.

VII. Otro caso en particular que vale la pena mencionar es el del Fondo de protección familiar que a la fecha no ha pagado un solo peso a las cerca de dos mil viudas que debieron ser beneficiarias de los fideicomisos.

VIII. Las acciones legales que los afectados han iniciado no han fructificado pues el secreto bancario impide conocer el estado de los fideicomisos, amén de que se encuentran indefensos al interior del gremio. Lo anterior se agrava en este caso en particular, pues los ex trabajadores son gente de edad avanzada o que ya no puede reintegrarse a las labores que desarrollaron toda su vida.

IX. El Estado Mexicano es garante de los derechos laborales por mandato constitucional. El Estado es capaz de aliviar el peso de la indefensión económica de este vulnerable sector. Es del conocimiento de esta asamblea que la intervención del Gobierno federal es posible y fructífera.

En virtud de lo anterior, propongo a esta soberanía de la manera más respetuosa apruebe el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que intervenga dentro del marco de sus facultades constitucionales y legales, a través de los conductos legales y administrativos competentes, como garante de los derechos laborales en el Estado, con la finalidad de que el resto de los fideicomisos que se adeudan a los ex obreros del sector azucarero sean pagados conforme a derecho y se evite mayor afectación para los trabajadores y la actividad productiva relacionada.

Palacio Legislativo de San Lázaro,a 13 de diciembre de 2005.

Diputados: Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Diego Palmero Andrade (rúbricas)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEL DISTRITO FEDERAL A VALORAR LA CONVENIENCIA DE SUSCRIBIR UN CONVENIO DE PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO BEDOLLA LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe Pablo Bedolla López, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario por el Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, considerando la urgente demanda de la población que se moviliza a través del llamado Sistema Metrobús, y toda vez que el mismo tiene una de sus estaciones junto a la terminal del metro en Indios Verdes, la cual se ubica en la zona limítrofe con el estado de México, existe la viabilidad de que este importante transporte pueda ser ampliado al mismo, a fin de apoyar a miles de mexiquenses de escasos recursos quienes diariamente se mueven a través de ese importante medio de transporte, presento proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Es nuestro deber, como representantes de la nación, gestionar que las más urgentes necesidades de la población sean atendidas de manera puntual por las autoridades competentes, y en este caso concreto el transporte constituye sin lugar a dudas uno de los rubros estratégicos que la población demanda de manera creciente. Grandes núcleos de la zona norte del estado de México se transportan por medio del metrobús, aprovechando la estratégica ubicación de una de sus terminales en la zona anexa a la estación Indios Verdes del Sistema de Transporte Colectivo (metro), sita en la delegación Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México, que los transporta hasta la zona sur de la misma (San Ángel, en la delegación Álvaro Obregón) y constituye una alternativa para apoyar la economía y optimizar la transportación masiva de los grupos de más bajos ingresos de la entidad.

No debemos soslayar que en los últimos años se ha incrementado la necesidad de transporte masivo barato, rápido y eficiente, y ante esa imperiosa necesidad el Gobierno de la Ciudad de México, por decreto de fecha 9 de marzo de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de esa misma fecha, crea el organismo público del Distrito Federal, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con carácter descentralizado denominado Metrobús, el cual forma parte del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal, mismo que tiene entre otros objetivos la disminución de contaminantes y preservación del medio ambiente, mediante un transporte moderno, limpio y eficiente a la vanguardia mundial.

Este importante medio de transporte inició formalmente sus labores el día 11 de octubre del presente año para sumarse al Sistema de Transporte Colectivo (metro), al Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, a las Redes de Transportes del Distrito Federal así como a la de servicio concesionado existente de la Ciudad de México.

En nuestra ciudad la demanda de transporte es creciente ya que los grandes núcleos de población ubicados en la zona metropolitana y que comprenden, entre otros, los municipios de Naucalpan de Juárez, Tlanepantla, Ciudad Neza, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Ecatepec de Morelos, requieren de la movilización de grandes cantidades de usuarios, y dado que por cuestiones de índole técnico es menester que dicho transporte cargue combustible en la zona limítrofe con el estado de México se estima que es viable, en razón de su cercanía con el mismo, establecer dos paradas en territorio mexiquense, lo que motivaría ampliar su cobertura actual y que sólo implicaría ampliar unos cinco kilómetros su actual circuito, para así estar en aptitud de incorporar estos dos municipios del Estado de México, que están entre los mas industrializados del país, lo que permitiría fortalecer en gran medida la movilización de miles de usuarios.

Por los grandes beneficios que traería consigo ampliar esta cobertura se considera la conveniencia de exhortar a los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México, así como de los municipios de Ecatepec de Morelos y Tlanepantla de Baz, pertenecientes a esta misma entidad, a que suscriban convenio de participación y coordinación de acciones en materia de transporte masivo, a fin de que los mismos puedan realizar las obras necesarias para que ampliar el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal al Estado de México por medio del Sistema Metrobús, estableciendo una nueva estación en cada uno de estos municipios; A) México-Pachuca, entronque con Periférico, en Tlanepantla, B) México-Pachuca, entronque con Vía Morelos en Ecatepec.

Por lo anterior estimamos impostergable la necesidad de ampliar este servicio, dada su ubicación tan estratégica, así como su rapidez, eficiencia y limpieza, lo que redundaría no sólo en diversificar la transportación masiva de pasajeros, sino que aportaría un gran beneficio a ambas entidades vecinas ya que aliviaría en gran medida otros medios de transporte evitándose así la sobresaturación en especial en las horas pico, es por lo que me permito someter a su amable consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorte a los gobiernos del estado de México y del Distrito Federal a efecto de que en el ámbito de su respectiva competencia, valoren la conveniencia de suscribir convenio de participación y coordinación de acciones en materia de transporte a efecto de que se pueda ampliar la cobertura existente a partir de la terminal Indios Verdes, de los corredores de transporte público de pasajeros del Distrito Federal, mediante la construcción y establecimiento de dos estaciones del metrobús en la zona limítrofe entre el Distrito Federal y los municipios de Tlanepantla de Baz y Ecatepec de Morelos, estado de México, una en cada municipio, sobre la autopista México-Pachuca la primera (Tlanepantla) y la segunda sobre la Vía Morelos (Ecatepec) dada la conveniencia social y la factibilidad técnica y operativa de ese medio de transporte.

Segundo: En lo particular señor Presidente, en base al artículo 58 del reglamento interior del congreso, solicito se le otorgue el trámite correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2005.

Dip. Pablo Bedolla López (rúbrica)

Firman la presente proposición con punto de acuerdo, los siguientes legisladores

Gaspar Ávila Rodríguez, Blanca Estela Gómez Carmona, Gema Isabel Martínez López, Felipe Medina Santos, Roger David Alcocer García, Mario Carlos Culebro Velasco, Francisco Grajales Palacios (rúbricas).
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN QUE REALICE UNA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A LOS TRABAJADORES DE PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL QUE EFECTÚA PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN EN LA CUENCA DE BURGOS MEDIANTE EL ESQUEMA DE CONTRATOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CARRILLO SOBERÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito Francisco Javier Carrillo Soberón, diputado a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, miembro del grupo parlamentario del PRD; de conformidad con lo establecido en los artículos 77, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59, 60 y 90 del Reglamento Interior del Congreso General; someto a consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde que fue anunciado el esquema de Contratos de Servicios Múltiples (CSM) para la explotación de gas no asociado en la Cuenca de Burgos, el grupo parlamentario del PRD señaló la inconstitucionalidad de los mismos, puesto que su objetivo central es encomendar al contratista la ejecución de actividades de exploración, producción, transporte y procesamiento de gas natural por un periodo de hasta 20 años. En la práctica, se trata de contratos a través de los cuales Petróleos Mexicanos cede a un tercero la exclusividad que en materia de hidrocarburos le otorga la Constitución.

Los llamados Contratos de Servicios Múltiples (CSM) no son en realidad contratos de servicios sino una modalidad de contratos de riesgo. Los contratos de servicios no rebasan los 5 años; mientras que una duración de 20 años es propia de los contratos-riesgo.

Los CSM no están orientados hacia los servicios especializados asociados a la actividad petrolera como el tratamiento de datos, la prospección sismológica, el mantenimiento de equipo, etc., sino que implican el corazón mismo de esta actividad reservada al Estado. Para ocultar este hecho Pemex, con una creatividad digna de mejores causas, ha recurrido a lo que podemos denominar la epistemología conceptual del contratismo, para erigir un muro lexicológico que intenta alejar lo más posible, hasta volverlos completamente ajenos, a los significados jurídicos de los términos empleados en la industria petrolera, de lo que éstos representan en la actividad concreta. Por ejemplo, en los CSM, se emplea el término mantenimiento para encubrir que el contratista se encargará de la operación de pozos, instalaciones, equipos y sistemas de monitoreo de supervisión de operaciones; además del mantenimiento en sentido estricto de los mismos.

De hecho, las actividades de exploración, perforación, extracción y conducción que realizan las empresas contratistas en un área o bloque determinado, mediante los Contratos de Servicios Múltiples derivan en que Pemex Exploración y Producción pierde el control de todo lo que se haga al interior de ese bloque. De facto, la empresa substituye a Petróleos Mexicanos en el bloque objeto del CSM.

De acuerdo a la opinión de ingenieros petroleros, geólogos y geofísicos; existen indicios de que los trabajos realizados por las contratistas no se ciñen estrictamente a las mejores prácticas internacionales de desarrollo de campos (a diferencia de lo que ocurre del otro lado de la frontera, donde los trabajos se rigen por el Código de Reglamentos Federales de Estado Unidos), ni son lo suficientemente acuciosas con el cumplimiento de las normas ambientales (tal vez porque el clausulado de los contratos traslada esa responsabilidad a Pemex), ni han significado una fuente de aprendizaje tecnológico para nuestra empresa petrolera, vaya: Ni siquiera están cumpliendo con el incremento esperado de producción de gas natural.

De ahí que nos parezca de suma importancia para la nación que se haga una evaluación rigurosa y objetiva, desde el punto de vista técnico y económico de los trabajos que realizan las contratistas en la Cuenca de Burgos. Los mexicanos tenemos derecho a saber, por ejemplo, a cuánto ascienden las inversiones realizadas hasta la fecha por las contratistas, el monto que han recibido de PEP como contraprestación a sus servicios, la cantidad de gas natural producido, el número de pozos perforados y el porcentaje esperado de recuperación de gas en los mismos, sus planes de protección ambiental, cuántas y cuáles actividades han subrogado y bajo qué condiciones, qué aprovechamiento hacen de las instalaciones y el personal de la propia PEP, si PEP sigue manteniendo el dominio de la información histórica del control geológico, geofísico y de yacimientos y cual es la información que entrega a los contratistas de los CSM y un largo etcétera.

En resumen, estamos pidiendo que se esclarezca hasta qué punto las empresas contratistas han cumplido con los compromisos establecidos en sus respectivos contratos; y con los objetivos cualitativos y cuantitativos de producción y desarrollo de los diferentes bloques licitados.

La pregunta es ¿ha valido la pena otorgar a trasnacionales de segunda categoría, como Repsol, contratos que menosprecian las competencias profesionales de nuestros técnicos y cuya inversión se paga con el propio flujo de efectivo?

Para responder a ella y con base en todo lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para presentarse como de urgente y obvia resolución:

Único. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría de desempeño a los trabajos de producción de gas natural que efectúa Petróleos Mexicanos Exploración y Producción en la Cuenca de Burgos bajo el esquema de Contratos de Servicios Múltiples.

Dado en el Salón de Sesiones, a 13 de diciembre 2005.

Dip. Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE ESTA SOBERANÍA SE PRONUNCIE CONTRA LA MODIFICACIÓN DEL DECRETO DE CREACIÓN Y LA REESTRUCTURACIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS AGRÍCOLAS, A CARGO DEL DIPUTADO ARTURO ROBLES AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Hace dos años, esta Honorable Cámara de Diputados impidió la aprobación del Artículo Segundo Transitorio del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2004. Con esto logramos evitar la desincorporación del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, entre otras instituciones vinculadas con el agro mexicano. Dan fe de este rechazo generalizado 9 puntos de acuerdo emitidos por mis compañeros diputados de distintas fracciones parlamentarias, así como un punto de acuerdo turnado a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos a efecto de conferir al Colegio de Postgraduados la autonomía que por derecho le corresponde a una institución de educación superior en concordancia a los principios establecidos en la fracción VII del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Hoy, nuevamente, el Colegio de Postgraduados apela a nuestro compromiso social para impedir su reestructuración. Lejos de ser un caso resuelto, esta institución creada como un organismo público descentralizado y posteriormente reconocida por sus logros como un centro público de investigación, sufre un brutal desmantelamiento de la estructura colegiada y organizativa de sus 15 programas de postgrado calificados con excelencia por los estándares del Conacyt; la desaparición de sus cuatro institutos de enseñanza, investigación y servicio; la generación de líneas de investigación ajenas mayoritariamente a las fortalezas reales de la institución o definidas más con fines mercadotécnicos; la conformación de cuerpos colegiados sin considerar la asimetría del desarrollo institucional, y la fuerte concentración de la toma de decisiones académicas y administrativas. En suma, la creación de una nueva institución orientada predominantemente a ofertar servicios técnicos con una visión corporativa, que no sólo violenta la misión sustantiva sino que se aparta totalmente de los retos que enfrenta el país en materia agrícola.

Este desmantelamiento, sustentado primero en nuevos reglamentos institucionales, y ahora en un proyecto de decreto de creación en concordancia con el acuerdo 01.05ex.04. de su junta de gobierno, en la cual no tienen representación los académicos, intenta fortalecer un modelo paraestatal que dilapida una masa crítica de 620 docentes investigadores del más alto nivel, menospreciando el desarrollo histórico académico, el liderazgo institucional nacional e internacional, negando los principios y valores del Colegio de Postgraduados y demostrando la ausencia total de respeto al espíritu y misión de otras instituciones del agro dedicadas a la capacitación y al desarrollo y transferencia tecnológica.

Esta nueva agresión institucional resulta paradójica en el marco de las discusiones en materia agrícola de la Organización Mundial de Comercio en Hong Kong, donde es claro que México carece de competitividad para acceder a los mercados internacionales y, lo que es más grave, cada vez se aleja de las aspiraciones a una soberanía alimentaria, reducto al que todo país no debe ceder a ningún costo. Pero la autonomía también la estamos perdiendo en materia tecnológica y educativa. Así, por ejemplo, la Comisión de Ciencia y Tecnología estima en 400 mil millones de pesos la dependencia tecnológica mientras que la inversión extranjera en la educación superior en los últimos tres años alcanza los dos mil millones de dólares.

Desmantelar y cambiar la misión de instituciones educativas del sector rural hacia un enfoque de servicio empresarial no revierte la realidad del campo mexicano y en nada coincide con la visión de los académicos del Colegio de Postgraduados. Refleja, en cambio, un profundo desconocimiento de la diversidad étnica, ecológica, tecnológica, social y económica del agro mexicano, así como una completa ausencia de sensibilidad a las necesidades de más de 17 millones de mexicanos que viven y dependen del campo y la negación absoluta a los valores culturales que definen en mucho nuestra identidad como mexicanos. Demostrado está que los beneficios de este enfoque empresarial se concentran en las grandes trasnacionales y en menos de 10% de los productores rurales. Los estímulos fiscales para la inversión privada en la ciencia y tecnología, otorgados a través del Conacyt, han resultado en beneficios para las grandes y medianas empresas principalmente de otros sectores distintos al agrícola. En el campo prevalece otra realidad.

Compañeros legisladores, no es demagogia afirmar que el desarrollo del país no puede construirse sin atender debidamente al campo en todas sus dimensiones: la social, económica, cultural y ambiental. Seguro estoy, que todos reconocemos la necesidad de generar políticas de Estado incluyentes y transexenales, que den certidumbre a la inversión y al desarrollo productivo con un sustento científico y tecnológico y revierta el magro 0.33% del PIB que operará en 2006.

Esa es la esencia de la propuesta de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria que la Comisión de Agricultura ha propuesto a esta H. Cámara Legislativa. Pero esta propuesta necesita de organizaciones que generen y articulen a la investigación agrícola de frontera, formen recursos humanos de alto nivel y desarrollen los productos tecnológicos que permitan recuperar la competitividad que el campo mexicano necesita. Aquí es donde resulta imperativo preservar la misión del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, líder en el postgrado agrícola nacional y latinoamericano y motivo de orgullo de todos los mexicanos.

¡Cómo no dar crédito a una institución que con recursos que escasamente representan 1% del presupuesto de la Sagarpa, a la cual el Colegio de Posgraduados está sectorizada, atiende a más de mil estudiantes de maestría y doctorado en sus 21 programas de posgrado! Ello representa un crecimiento de 66% de la matrícula en los últimos diez años, tanto nacionales como extranjeros. Así, del año 2000 a la fecha, el Colegio de Posgraduados ha contribuido con poco más de 200 graduados por año, con una eficiencia terminal de por lo menos 70 por ciento.

Es meritorio mencionar que las necesidades financieras para la adquisición de insumos e infraestructura de los 357 cursos de postgrado y de proyectos de investigación de esta creciente población estudiantil son cubiertas principalmente por la participación directa de académicos y alumnos vía su participación en convocatorias internacionales, nacionales o estatales. Los resultados de sus investigaciones, a su vez, propician la generación de productos en áreas científicas y tecnológicas de prioridad nacional o regional.

Como mexicanos y como legisladores conscientes de nuestro deber ciudadano y representativo, los exhorto a que nos pronunciemos demandando la voluntad política del Ejecutivo para que preserve una institución que ha cumplido en sus 46 años de existencia con una función trascendental para el país, por el respeto a una comunidad que clama por una estabilidad y certidumbre para continuar con su labor creativa en beneficio del país.

Por ello, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: Que la H. Cámara de Diputados exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal para que deseche el proyecto de decreto por el que se modifica el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 1979, que creó al Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, toda vez que este nuevo decreto legitima una arbitraria reestructuración académica y administrativa en detrimento de su misión fundamental que es la formación de recursos humanos del más alto nivel en los sectores agrícola, pecuario y forestal.

Segundo: La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que instruya al máximo órgano de gobierno del Colegio de Postgraduados y a su cabeza de sector, la Sagarpa, para que se detenga la reestructuración unilateral académica y administrativa ya que lesiona las fortalezas institucionales, ha causado incertidumbre y desaliento colectivo al interior de su comunidad y pone en riesgo los acuerdos académicos con Conacyt a través de sus 15 programa de postgrado de excelencia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 13 de diciembre de 2005.

Dip. Arturo Robles Aguilar (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS INSTITUYE EL PREMIO FRANCISCO ZARCO AL PERIODISMO LEGISLATIVO, EN LOS GÉNEROS DE CRÓNICA, REPORTAJE, ARTÍCULO DE FONDO Y NOTA INFORMATIVA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS MEDINA LIZALDE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito diputado federal integrante del grupo parlamentario del PRD de la LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados y con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados instituye el premio Francisco Zarco, al Periodismo Legislativo, en los géneros de crónica, reportaje, artículo de fondo y nota informativa al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestra constitución política establece en sus artículos 6° y 7° las garantías individuales que dan sustento a la libre manifestación de las ideas y a la libertad de publicar escritos sobre cualquier materia. Señalan que el Estado deberá garantizar el derecho a la información, pero también la prohibición expresa de que ninguna ley o autoridad puede establecer la previa censura.

El contenido de estos dos artículos constitucionales son posibles gracias a la férrea defensa que en su momento hicieran de la libertad de imprenta en nuestro país connotados hombres de nuestra historia política.

Sin duda alguna, uno de esos grandes hombres que trascienden en la historia, cuando nos referimos a la libertad de prensa, es Francisco Zarco. Precisamente en reconocimiento a la lucha que encabezó por que en nuestro país quedara garantizada esta garantía constitucional es el motivo que me trae hoy a esta asamblea para presentar una propuesta que contiene un punto de acuerdo para constituir el premio de periodismo legislativo en reconocimiento a la trayectoria periodística, parlamentaria y política de Francisco Zarco, con el fin de que se reconozca a los periodistas que cubren con su labor las tareas parlamentarias en el Congreso de la Unión y en los Congresos locales.

Hoy la democracia en México se está consolidando gracias a la labor de los medios de comunicación, gracias al trabajo de investigación, reportaje, entrevista, crónica, etcétera, que desarrollan los trabajadores de los medios de comunicación, para dar a conocer a la opinión pública lo que sucede en los recintos parlamentarios, en el trabajo en comisiones, en el salón de sesiones.

De ahí que sometamos a consideración de esta soberanía, esta proposición para que la Cámara de Diputados instituya el Premio Francisco Zarco al periodismo legislativo.

¿Por qué Francisco Zarco y por qué un premio específicamente a este género?

Porque Francisco Zarco es el promotor del periodismo nacional, el cronista parlamentario por antonomasia, el escritor liberal de la Reforma, quien plasmó en sus escritos la memoria del Congreso Constituyente de 1856-1857.

A este género del periodismo legislativo, porque con ello estaremos reconociendo la labor que desarrollan diariamente los medios de comunicación y los trabajadores de esos medios por dar a conocer lo que aquí en el Congreso federal o en los Congresos locales hacen y dejan de hacer sus representantes populares.

Francisco Zarco, duranguense, que nació el 4 de diciembre de 1829 y murió el 29 del mismo mes, pero del año de 1869, contando tan sólo con 40 años. Zarco, el escritor liberal de la Reforma, el cronista parlamentario más importante del mundo, reconocido por el trabajo que desarrolló para reseñar la actividad del Constituyente del 56-57.

Francisco Zarco definió en su momento a los gobiernos a partir de su postura respecto a la libertad de prensa. Escribió

"No hay acaso regla más segura para conocer la ilustración y el liberalismo de un gobierno, que la de las disposiciones que dicta en materia de imprenta. Si no teme el examen de sus actos; si desea sinceramente el bien público; si en vez de impedir la discusión, él mismo la provoca y la escucha, puede asegurarse con evidencia que no son sus tendencias las del despotismo. Si por el contrario se afana por sofocar el pensamiento, poniendo trabas a la circulación de los periódicos, persiguiendo a los escritores, exigiéndoles fianzas, imponiendo multas, estableciendo la censura previa, no puede ya caber la menor duda de que aspira a un dominio tiránico y a una obediencia ciega".

De ahí que para los compañeros de los medios de comunicación que cubren las actividades legislativas sería un reconocimiento importante, que su actividad profesional adquirida en su desempeño al cubrir la fuente de la Cámara de Diputados, el Senado de la República, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa fuera reconocida al obtener este premio y ser galardonados por su labor periodística en los géneros de crónica, reportaje, artículo de fondo y nota informativa, publicada por cualquier medio: Televisión, radio, periódico escrito o digital (internet).

Nadie puede negar la importancia que ha ido adquiriendo la especialización que se requiere para cubrir la fuente legislativa. Muchos periodistas han hecho crónicas excelentes de las sesiones ordinarias y extraordinarias de las Cámaras legislativas; han realizado entrevistas dignas de ser reconocidas y sobre todo un gran cúmulo de trabajos periodísticos en los que han dejado al descubierto los intereses que rodean a los representantes populares y que han permitido que estos sean conocidos finalmente por quienes los eligieron: los ciudadanos.

En esta propuesta se considera que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados constituirá un jurado integrado por periodistas y académicos de reconocida trayectoria y autoridad moral a toda prueba y que serán propuestos por las instituciones académicas de mayor prestigio y reconocimiento de nuestro país.

El premio constaría de una medalla de oro, un pergamino y una suma en dinero equivalente a un mes de dieta mensual de los diputados y se entregaría anualmente el 18 de febrero de cada año para conmemorar el inicio de la reseña de los trabajos del Constituyente de 1856-57.

Por las consideraciones anteriores se somete esta H. asamblea la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados instituye el Premio Francisco Zarco al periodismo legislativo en los géneros de crónica, reportaje, artículo de fondo y nota informativa que se entregará el 18 de febrero de cada año, fecha en que inició la reseña del Congreso Constituyente de 1856.

Segundo. Se entregará una medalla de oro pendiente de un listón con los colores patrios, por cada género galardonado, en una de sus caras estará la efigie de Francisco Zarco con la leyenda: "Libertad para que cada uno sostenga los principios políticos que profese" (número de la Legislatura que entrega) y en la otra el Escudo Nacional; así como un pergamino con el dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por el que se decide quien es la persona galardonada.

Tercero. La Cámara de Diputados entregará a los galardonados una suma de dinero junto con la medalla, que será equivalente a una dieta mensual de un ciudadano diputado.

Cuarto. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados constituirá un jurado conformado por periodistas reconocidos en el ejercicio de su profesión, a propuesta de las instituciones de educación superior más importantes del país.

Transitorios

Primero. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados determinará el día y la hora de la sesión solemne en que se entregarán los premios correspondientes, que deberá celebrarse en el marco de una sesión ordinaria que anteceda o preceda al 18 de febrero cuando la sesión ordinaria no se corresponda con este día.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dip. José Luis Medina Lizalde (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN QUE ESTABLEZCA CUANTO ANTES CONTACTO CON LA SEGOB PARA AGILIZAR LOS PAGOS DEL PROGRAMA EX BRACERO, A CARGO DEL DIPUTADO OMAR BAZÁN FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para que la Comisión de Gobernación como Comisión dictaminadora establezca a la brevedad posible contacto con la Secretaría de Gobernación para agilizar los pagos al Programa ex Bracero, así como para ser informada esta comisión por parte de la Secretaría de Gobierno de todos y cada uno de los avances del mismo programa.

Antecedentes

En el año 1942 se formó un programa denominado Programa Bracero para el cual se crea un Fondo de Ahorro Campesino en el que se destinaría 10 por ciento del salario devengado con el fin de colocarlo en dicho fondo de ahorro la cantidad determinada. El pasado 10 de noviembre del año 2000 se presentó una solicitud por parte de ex braceros en la Cámara de Diputados para crear una comisión especial que recabara información y conocer el destino de los fondos pertenecientes a los braceros para la elaboración de un padrón de los ex braceros. Los sujetos de apoyo podrán exhibir documentación que soporte su petición.

En esta problemática se han logrado acuerdos como es el caso del consenso de otorgar apoyos a personas que acrediten haber sido trabajadores braceros durante el periodo de 1942-1946 o, en su caso, sus viudas o deudos correspondientes.

Por su parte la Comisión Especial para darle seguimiento al fondo de los braceros ha cumplido su cometido siendo que de origen esta comisión no es dictaminadora, debido a esto es importante que la Comisión de Gobernación esté involucrada en dicha problemática y por ende trabajar con la Secretaría de Gobernación, en un plan totalmente institucional, mirando la necesidad de resolver el problema siempre en un ámbito de respeto institucional y de irrestricto respecto a la división de poderes.

Con esto se quiere encontrar la posibilidad de rebasar los objetivos para la que fue creada dicha comisión y se buscará acertar respuestas que contribuyan el compromiso adquirido y ofrecer a estos braceros pronta solución, siempre en un ámbito de respeto institucional y de irrestricto respecto a la división de poderes.

Por lo anteriormente expuesto presento ante esta H. soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Único: Para que la Comisión de Gobernación como Comisión dictaminadora establezca a la brevedad posible, contacto con la Secretaría de Gobernación para agilizar los pagos al Programa ex Bracero, así como para ser informada esta comisión por parte de la Secretaría de Gobierno de todos y cada uno de los avances del mismo programa.

Palacio de San Lázaro a 13 días del mes de diciembre de 2005.

Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EMBAJADOR MEXICANO ANTE LA OMC SOBRE LA PRÓXIMA REUNIÓN MINISTERIAL DEL ORGANISMO, EN HONG KONG, DEL 13 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2005, A CARGO DEL DIPUTADO INTI MUÑOZ SANTINI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Que presenta el suscrito integrante del grupo parlamentario del PRD en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:

El pasado mes de septiembre, esta soberanía se manifestó a favor de la defensa del interés cultural y económico nacional con la aprobación de la Convención sobre la protección de la diversidad de los contenidos culturales y las expresiones artísticas , entonces manifestamos la necesidad de ratificar el articulado de la Convención, especialmente el artículo 20 que se refiere a la relación de la Convención con otros tratados: la mutua dependencia y complementariedad de éstos con la Convención; su fortalecimiento y mutua relación, los cuales en su interpretación y aplicación deberán considerar los contenidos de la Convención y su no subordinación a ninguno de éstos, en especial los tratados comerciales.

Aún no ha sido ratificada la Convención sobre la protección de la diversidad de los contenidos culturales y las expresiones artísticas considerada como prioritaria para el desarrollo económico y la soberanía de los países signatarios, cuando ya corre peligro al incluírsele en las negociaciones comerciales bilaterales, lo que contradice el espíritu del artículo 20 mencionado. Hay una gran presión sobre los países miembros de la OMC para que hagan nuevos compromisos en un amplio espectro de servicios, incluyendo el sector audiovisual.

Las llamadas pruebas patrón (benchmarks), que hubieran obligado a los países desarrollados a someter a las reglas del GATS (Acuerdo General sobre Comercio de Servicios) un mínimo de 139 de los 163 subsectores de servicios (85%), mientras que los países en vías de desarrollo hubieran tenido que poner sobre la mesa 93 subsectores (57%), fueron abandonadas tras una fuerte presión de los gobiernos del Tercer Mundo y de los activistas. Pero la Unión Europea, ignorando la voluntad de estos países miembros, insiste en que la propuesta vuelva a la mesa de negociaciones en Hong Kong. Los altos porcentajes del área de servicios a ofrecer harán casi inevitable que se incluyan los sectores culturales, y otros sectores sensibles de la red de protección social.

Otra estrategia de presión, que resulta más peligrosa aún, es el llamado enfoque plurilateral, según el cual un grupo de países definirán para febrero de 2006 su combinación ideal de compromisos, requiriendo de los demás gobiernos que respondan a sus solicitudes.

Estos agrupamientos de países son conocidos como los grupos de amigos y uno de los más visibles es el de amigos de los servicios audiovisuales, liderado por los EU y en el que participa México. Pero hay también grupos que promueven la liberalización de las telecomunicaciones, la educación, los servicios informáticos, postales, de distribución de producciones culturales y otros bienes, etc.

De acuerdo con la última propuesta, estos grupos de amigos presentarían sus solicitudes a algunos o a todos los demás gobiernos miembros de la OMC y dichos gobiernos tendrían que abrir negociaciones sobre dichas solicitudes. Eso haría caso omiso del derecho, actualmente vigente, de los gobiernos para ignorar esas solicitudes. No es difícil imaginar la presión que se ejercerá sobre los países más pobres, pequeños o vulnerables, para que se plieguen a esta estrategia, especialmente si se les dice que ése es el precio para obtener concesiones en algún área importante para ellos.

Esto significa que los EU y sus aliados podrían exigir que todos los gobiernos que han firmado la Convención sobre la protección de la diversidad de los contenidos culturales y las expresiones artísticas entablen negociaciones para abrir sus servicios audiovisuales. Y sabemos cuán difícil puede ser resistirse a ello.

Estas propuestas están incluidas en el texto que los ministros discutirán en la reunión de Hong Kong. Es urgente y crucial que los responsables de la cultura en México establezcan las necesidades mínimas de protección para las políticas culturales vigentes y por venir. Es también un imperativo que los responsables mexicanos ante la OMC reconozcan la importancia de estas políticas, su carácter prioritario para nuestro país. Es fundamental que defiendan el interés nacional más que el fundamentalismo neoliberal, que mantengan un marco de protección para el sector cultural, evitando hacer cualquier compromiso o suscribir cualquier moción que pueda afectar a las políticas culturales o al comercio de bienes y servicios culturales. Esto debe hacerse en apego a la Convención para la Protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO, de la que México es signatario.

Por las razones antes expuestas presento el siguiente

Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución

Único: Solicitamos de manera respetuosa a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Economía y a las autoridades culturales del país, representantes en las instancias internacionales, a que expresen en las reuniones de la OMC una postura firme y única en apoyo de la Convención sobre la protección de la diversidad de los contenidos culturales y las expresiones artísticas. Exhortamos especialmente al embajador De Mateos que defienda por sobre cualquier ideología el interés nacional, que consulte con las autoridades culturales de México, así como con las Comisiones de Cultura de la Cámara de Diputados y del Senado toda decisión que pudiera afectar a este sector estratégico para nuestro país.
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR LA RECLASIFICACIÓN DE LA TARIFA ELÉCTRICA, DE LA 1-D A LA 1-E, PARA EL CONSUMO DOMÉSTICO EN MATAMOROS, TAMAULIPAS, A CARGO DEL DIPUTADO ÉRICK A. SILVA SANTOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito diputado federal Erick A. Silva Santos, integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a adoptar las medidas necesarias a efecto de reclasificar la tarifa eléctrica en la Ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, para el consumo de uso doméstico, de la 1D a la 1E, al tenor de los siguientes

Considerandos

Las demandas más sentidas y reiteradas de la sociedad y sobre todo de quienes habitamos en zonas extremadamente cálidas del país ha sido la solicitud de tarifas eléctricas más bajas, especialmente cuando el intenso calor nos obliga a utilizar aparatos eléctricos que representan 80% del consumo eléctrico total, como es el caso de la ciudad de H. Matamoros Tamaulipas, en donde el clima extremoso en la temporada de verano oscila entre los 35 y 40 grados centígrados.

Sabemos y entendemos los rezagos en tarifas acumulados por años, y de los altos costos de mantenimiento de las fuentes que generan electricidad. Pero no aceptamos los supuestos beneficios para las zonas cálidas, toda vez que en el norte del país la mayoría de las regiones que lo conforman son de clima extremo, o muy fríos o extremadamente cálidos, sin embargo, el costo por el servicio eléctrico es cada vez más caro e incosteable.

La decisión del Gobierno federal de reducir el subsidio a las tarifas domésticas, tal como se estableció en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de febrero de 2002, dio como resultado un nuevo incremento de las tarifas eléctricas sobre todo en las regiones más cálidas de nuestro estado.

El rango de consumo medio de energía eléctrica requerido para proporcionar las condiciones razonables de comodidad que demanda las necesidades de la vida moderna; necesidades que están presentes en los hogares al margen de que se cuente o no con débiles ingresos y por lo tanto la elevación en el costo de facturación de energía eléctrica ha erosionado las economías familiares de la mayor parte de la población a lo largo de los últimos años.

Tal elevación afectó severamente a un segmento de la población con incrementos en la facturación del orden de 100%, introdujo una estructura tarifaria sumamente complicada, inequitativa y falta de lógica, ya que una pequeña variación en el consumo de energía da lugar a cambios desproporcionados en la facturación.

La situación anterior es particularmente grave para los usuarios que habitamos localidades con climas extremosos, que obligan a un mayor consumo de energía eléctrica, situación reconocida desde el año de 1973 en que la CFE estableció la primera tarifa estacional (1A). En estos casos las tarifas estacionales establecidas después en el acuerdo de febrero de 2002, además de presentar cargos elevados, los incrementos respecto a los cargos anteriores fueron mayores en temporada de verano que en temporada fuera de verano, apartándose del criterio aplicado en los acuerdos anteriores referentes a tarifas estacionales, de "brindar protección a los usuarios que habitamos en localidades que afrontan condiciones climáticas particularmente altas".

Un reconocimiento implícito de que un tratamiento equitativo es reconocer las diferencias climáticas que implican un mayor consumo de energía eléctrica lo representa el hecho de que la clasificación actual de tarifas estacionales para servicio doméstico considera menores cargos a temperaturas ambientales mayores porque a mayor temperatura también se requiere mayor consumo de electricidad.

En H. Matamoros, Tamaulipas, contamos actualmente con la tarifa 1D la cual se asigna a ciudades con temperatura media mínima en verano de 31° centígrados cuyo limite por mes es de mil kilowatts hora y solicitamos la tarifa 1E asignada a ciudades cuya temperatura media mínima en verano es de 32° centígrados, pero con la diferencia que el límite de consumo por mes es de dos mil kilowatts hora; por ello solicitamos dicha reclasificación por ser un solo grado de temperatura la diferencia, además dicha tarifa 1E está establecida en ciudades muy cercanas a Matamoros, como es el caso de Río Bravo y Reynosa, Tamaulipas.

Por citar un ejemplo, durante los meses de julio y agosto de cada año tenemos una temperatura promedio por arriba de los 40 grados centígrados y una humedad relativa promedio de 70%; esto eleva considerablemente la temperatura registrada. Las condiciones climáticas nos hacen consumir más electricidad por habitante que en zonas templadas.

En la sociedad matamorense es manifiesta la preocupación bimestral que sufrimos a causa de la alta tarifa eléctrica existente, en este sentido, debemos tomar en cuenta que a muchas familias matamorenses se les hace algunas veces imposible de solventar su consumo energético, toda vez que la facturación es demasiada alta. En ocasiones tienen que definir comprar el medicamento para su hijo enfermo, pagar la educación de sus hijos, o más aún darle de comer a la familia o pagar el recibo de la luz.

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a la alta consideración de este honorable Pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución

Primero. Esta honorable Cámara de Diputados se pronuncia a favor de reclasificar las tarifas eléctricas de la ciudad de H. Matamoros Tamaulipas, para el consumo de uso doméstico, de la 1D a la 1E.

Segundo. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta al jefe del Poder Ejecutivo Federal a que, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Economía a efecto de que, con fundamento al artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, proceda a la reclasificación de las tarifas de electricidad para uso doméstico en la Ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas.

Dip. Érick A. Silva Santos (rúbrica)
 
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA PGR A REALIZAR LAS INVESTIGACIONES CONDUCENTES A LA CONSIGNACIÓN Y SANCIÓN DE QUIENES PARTICIPARON COMO EJECUTORES DE TORTURA DE PRESUNTOS MIEMBROS DEL GRUPO DE LOS ZETAS, A CARGO DE LA DIPUTADA ELIANA GARCÍA LAGUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los suscritos diputados y diputadas federales integrantes de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

En días pasados se difundió un video en el que aparecen presuntos miembros del grupo Los Zetas, con visibles señales de tortura y que culmina con la probable ejecución arbitraria de uno de ellos, queda de manifiesto que el Gobierno federal ha perdido control sobre sus propias corporaciones policíacas, en este caso la AFI. Cabe mencionar que esta administración ha manifestado la erradicación de la tortura tanto en los foros nacionales como internacionales.

De confirmarse la declaración del subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, en el sentido de que los ejecutores del secuestro de los presuntos narcotraficantes eran agentes federales adscritos a la delegación de la PGR en el estado de Guerrero y al parecer trabajaban para el cártel que encabezan Héctor Beltrán Leyva y Joaquín El Chapo Guzmán, nos enfrentamos a un hecho que denigra y desprestigia la institución del Ministerio Público encargada constitucionalmente de perseguir y castigar estos delitos.

En el video (editado para no dar a conocer nombres de funcionarios) se narra la manera en que los sicarios y narcotraficantes reciben protección de autoridades mexicanas y de por qué se asesinó a la periodista de Nuevo Laredo, Dolores García Escamilla, lo que pone en evidencia la corrupción que prevalece en la Agencia Federal de Investigación (AFI), por tanto exigimos que se realice una investigación a fondo para sancionar conforme a la ley a quienes participaban o participan como protectores del crimen organizado.

Voces como la del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Amérigo Incalcaterra, ha señalado que la PGR tiene la gran responsabilidad de esclarecer el caso de tortura que aparece en dicho video.

Por tanto, reiteramos nuestra indignación y rechazo a las prácticas de tortura y otras violaciones graves a los derechos humanos presuntos responsables de delitos y solicitamos al Gobierno federal el irrestricto apego a la ley para investigar y procesar a los delincuentes.

Por lo antes expuesto, ponemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición a efecto de que se considere de urgente y obvia resolución

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, licenciado Daniel Cabeza de Vaca, realice de manera pronta y eficaz las investigaciones necesarias que den con la consignación y sanción de los responsables que participaron como ejecutores de tortura y aclare los nexos con funcionarios públicos que se mencionan en el video citado en la presente proposición; asimismo informe a esta soberanía de los avances de las mismas.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de diciembre de 2005.

Dip. Eliana García Laguna (rúbrica)
 
 

El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicita respetuosamente por este conducto a la Presidencia de esta H. Cámara tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Gobernación, de conformidad con lo establecido en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de las siguientes

Consideraciones

Primero.- El 17 de agosto del 2004 se presento ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por el suscrito, una proposición con punto de acuerdo para que el movimiento del 4 de junio de 1910 denominado la "Primera Chispa de la Revolución" fuera reconocida como movimiento precursor de la revolución Mexicana, para que fuera incluida en el orden del día del 18 de agosto del 2004.

Esta fue presentada por el Diputado Cruz López Aguilar en la sesión de la Comisión Permanente del 25 de agosto del 2004.

Segundo.- El 25 de agosto del 1004 se público el Punto de Acuerdo por parte del Senado, donde se turnó a la Comisión de Gobernación, y se dio turno de recibido.

Tercero.- La Comisión de Gobernación a la cual fue turnada dio como respuesta un documento que sirve como acuse e informe a la presidencia de fecha 25 de agosto de 2004, sin que posteriormente nos diera información sobre el estado que guardaba dicho punto de acuerdo.

Cuarto.- En el mes de marzo del 1005 solicite al Dr. Juan Martín Sandoval de Escurdía, investigador Parlamentario, Titular de la División de política Social de la H. Cámara de Diputados su apoyo institucional para fundamentar y adecuar bibliográficamente el Punto de acuerdo referido; derivado de ello el 25 de mayo del 2005 se realizó en Valladolid, Yucatán una mesa de análisis de la " Primera Chispa de la Revolución Mexicana" , de esta reunión el 18 de octubre de 2005 remití al Diputado Julián Angulo Góngora, Presidente de la Comisión de Gobernación de la H. Cámara de Diputados el resultado del estudio y análisis de la " Primera Chispa de la Revolución Mexicana" mismo que respalda con mayor objetividad el punto de acuerdo, como lo solicito la Comisión de Gobernación.

Quinto.- La proposición tiene por objeto que el movimiento insurreccional del 4 de junio de 1910, denominado la "Primera Chispa de la Revolución "sea reconocido como un movimiento precursor de la Revolución Mexicana.

Sexto.- Las primeras acciones bélicas de trascendencia contra Porfirio Díaz se realizaron en Valladolid de ahí que se le denominara la primera chispa de la revolución mexicana. El Punto de acuerdo referido ha sido perfectamente cumplimentado y se ha respaldado de manera objetiva dado con ello la factibilidad de obtener un dictamen en sentido positivo por parte de la Comisión de Gobernación.

En virtud de que ha trascurrido con exceso el término establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y tomando en cuenta que la proposición con punto de acuerdo en cuestión, se consideramos oportuno que se proceda enviar excitativa en los términos reglamentarios a la Comisión de Gobernación a fin de que emitan su dictamen con la mayor brevedad.

En mérito de lo expuesto, a usted, C. Presidente de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva:

Único. En los términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite, remitiendo el presente documento, a la Comisión de Gobernación a fin de que presente el dictamen correspondiente a la proposición con punto de acuerdo que se identifica en esta excitativa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2005.

Dip. Roger David Alcocer García (rúbrica)
 
 
 
A LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, A SOLICITUD DE LA DIPUTADA ANGÉLICA RAMÍREZ LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La que suscribe, diputada federal María Angélica Ramírez Luna, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional a la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 6, inciso f), del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción XVI del artículo 21 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía a efecto que emita el dictamen correspondiente a la inactiva presentada el 19 de abril del presente año, por la que se reforma el artículo 59, se adiciona una fracción VI al artículo 59 bis y se reforma el artículo 63, de la Ley Federal de Radio y Televisión, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1.- En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados con fecha 19 de abril de 2005, fue presentada a la consideración de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan los artículos 59, 59 Bis y 63 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

2.- En la misma sesión el presidente de la Mesa Directiva giró el turno a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para su estudio, análisis y dictaminación.

3.- Hasta la fecha dicha comisión, no ha emitido dictamen alguno, así como la solicitud de la ampliación del plazo de dictaminación hacia la Presidencia de la Mesa Directiva.

Consideraciones

Primera.- El Presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme al XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las Comisiones a nombre de la Cámara a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, y si no fuere suficiente, la emplazará para día determinado y, sí ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra Comisión.

Segunda.- Es de señalarse que han transcurrido más de siete meses desde que la iniciativa fue presentada ante el Pleno de esta soberanía y el presidente de la Mesa Directiva la turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y que hasta la fecha no se ha presentado el dictamen correspondiente, postergando el plazo enmarcado en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Marco Jurídico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercera.- Que el tema sobre la dignificación de las mujeres ha sido analizado por varios años por especialistas en la materia y por teóricos de la sociología y comportamiento social, de igual forma, los gobiernos locales y el federal han realizado grandes esfuerzos en materia de equidad de género y fortalecimiento de los valores, sin embargo aún es insuficiente, los valores humanos vistos desde la perspectiva, como agentes externos que coadyuvan a avanzar en la cultura democrática de nuestro país.

El trabajo que las mujeres desempeñan dentro de la sociedad mexicana, ha pasado de generación en generación, la importancia radica en la educación y la dotación de valores humanos hacia sus descendientes.

Cuarto.- Los espacios oficiales en los medios masivos de comunicación encaminados a la dignificación de la familia y de las mujeres mexicanas, aún no se ha contemplado en la legislación mexicana, a pesar de ser parte fundamental de nuestra organización social, y de nuestra forma de vida cotidiana, de igual forma, no existen datos que señalen de la existencia de programas de televisión y radio o de spots televisivos o en radio que abarquen el tema de la dignificación familiar y de la mujer e incremento de valores.

Señor Presidente: por todo lo anteriormente expuesto, le solicito de la manera más atenta la siguiente

Excitativa

Único.- Excite a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, que presente el dictamen respectivo ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados, de la iniciativa por la que se reforman y adicionan los artículos 59, 59 Bis y 63 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a la mayor brevedad.

Dado en el Palacio Legislativo, a los 13 días del mes de diciembre de 2005.

Dip. María Angélica Ramírez Luna (rúbrica)