• De las Comisiones Unidas de Economía, y de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V y VI del artículo 1068 del Código de Comercio.

• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Alma Cecilia Villarreal Garza y César Acosta Gámez para prestar servicios en el Centro de Comercio e Inversión de Corea en Monterrey, Nuevo León.

• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Jaime Virgilio Nualart Sánchez, Ramiro Eduardo Osorio Fonseca y General de Brigada DEM Adolfo Domínguez Martínez para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan el Gobierno del Reino de España y la Junta Interamericana de Defensa, respectivamente.

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo en relación con el proyecto de planta de reciclaje y confinamiento de residuos peligrosos en Chapantongo, Hidalgo.

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo a fin de que se realicen de inmediato los trabajos para la remediación de la zona afectada por la empresa Metalclad Corporation.

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar a la Semarnat, a la Profepa y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a establecer medidas de protección coordinadas que permitan detener las acciones ilegales de desmonte y alteración ambiental en el cerro El Molcajete, municipio de Zitácuaro, Michoacán.

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo a fin de que se cite a comparecer al titular de la Semarnat para que informe sobre las causas de los incendios en el bosque La Primavera, Jalisco.

• De las Comisiones Unidas de Pesca, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar a la Sagarpa y a la Semarnat a efecto de que la Profepa y la Secretaría de Marina intervengan para solucionar el grave problema existente con relación a la pesca ilegal en Zihuatanejo, Guerrero.

• De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Recursos Hidráulicos, con puntos de acuerdo para solicitar la reconstrucción y habilitación del bordo de contención de la laguna de La Ciénega de Chapala.

• De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y a las autoridades sanitarias de los gobiernos estatales a vigilar el cumplimiento óptimo de la NOM-028-SSA2-1999, a efecto de que la prevención, el tratamiento y el control de las adiciones, en especial del alcoholismo, se realicen con absoluto respeto de los derechos humanos, de la integridad y de la dignidad de las personas.

• De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Salud a presentar ante las Comisiones de Salud, y de Educación Pública y Servicios Educativos un informe sobre los contenidos de los programas y las actividades para la prevención, el tratamiento y el control de la obesidad infantil.

• De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Hidalgo a informar a esta Comisión de Salud acerca del estado que guardan los casos detectados de hepatitis tipo A en el municipio de Agua Blanca, así como de las acciones de control y vigilancia epidemiológica realizadas.

• De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo para exhortar a las autoridades sanitarias federales y a las estatales a actuar coordinadamente a fin de disminuir la morbilidad y mortalidad por picadura de alacrán.

• De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, con puntos de acuerdo por los que se desechan las iniciativas que reforman los artículos 208, 209 y 210, y deroga el artículo 210-A de la Ley del Seguro Social.

• De las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 259 y 267 de la Ley del Seguro Social y 152 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

• De la Comisión de Seguridad Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 6 y 217 de la Ley del Seguro Social.

• De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona una fracción VII al artículo 96 de la Ley General de Salud.

• De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desechan las iniciativas que reforman los artículos 15, 17, 115 y 306 de la Ley General de Salud.

• De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que adiciona el artículo 203, reforma el artículo 204 y deroga el artículo 213 de la Ley del Seguro Social.

HONORABLE ASAMBLEA:

Las Comisiones Unidas de Economía y de Justicia y Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de la:

INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN MATERIA DE NOTIFICACIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES MERCANTILES.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En sesión celebrada por la Cámara de Diputados, con fecha 28 de abril de 2005, el Diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presentó, INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN MATERIA DE NOTIFICACIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES MERCANTILES.

SEGUNDO.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante Oficio No. D.G.P.L. 59-II-5-1579, acordó que se turnara dicha Iniciativa a las Comisiones Unidas de Economía y de Justicia y Derechos Humanos, para su estudio y dictamen.

TERCERO.- Los integrantes de las Comisiones Unidas de Economía y de Justicia y Derechos Humanos de la LIX Legislatura, procedieron al estudio de la Iniciativa aludida, habiendo efectuado múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en la Iniciativa que se discute.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- La propuesta de reforma que se dictamina, señala que la labor realizada por los notificadores y diligenciarios, concretamente en el Poder Judicial, se encuentra desvirtuada y, por ello, se requieren hacer algunas precisiones al artículo 1068 del Código de Comercio, por lo que respecta a los medios de notificación, con el propósito de que éstas se lleven a cabo de tal manera que no se vean afectados los intereses de las partes en los juicios de naturaleza mercantil.

En este tenor, señala el autor de la Iniciativa que, es necesario garantizar que las notificaciones llevadas a cabo a través de los sistemas de comunicación como el correo y el telégrafo sean eficaces y de pleno derecho, toda vez que ello traería un beneficio económico, dado el volumen de asuntos ventilados ante las instancias judiciales. Por tal motivo, se propone reformar los párrafos primero y segundo del artículo 1068 del Código de Comercio, de la siguiente forma:

"Artículo 1068.- Las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes se verificarán lo más tarde al día siguiente en el que se dicten las resoluciones que las prevengan, cuando el juez en éstas no dispusiere otra cosa. [....]

Las notificaciones en cualquier procedimiento regulado por este Código serán:

I. a IV. .....

V. Por correo, siempre y cuando se haga de manera certificada, y

VI. Por telégrafo, en los mismos términos que el numeral anterior".

El texto vigente establece:

"Artículo 1068.- Las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes se verificarán lo más tarde el día siguiente al en que se dicten las resoluciones que las prevengan, cuando el juez en éstas no dispusiere otra cosa. En el caso de notificaciones personales, dicho término se contará a partir de la fecha en que se entregue el expediente al notificador, lo cual deberá hacerse, dentro de un plazo que no exceda de tres días. Se impondrá de plano a los infractores de este artículo una multa que no exceda del equivalente a diez días de salario mínimo general vigente en el lugar en que se desahogue el procedimiento.

Las notificaciones en cualquier procedimiento judicial serán:

I. Personales o por cédula;

II. Por Boletín Judicial, Gaceta o periódico judicial en aquellos lugares en donde se edite el mismo, expresando los nombres y apellidos completos de los interesados;

III. Por los estrados, en aquellos lugares destinados para tal efecto en los locales de los tribunales, en los que se fijarán las listas de los asuntos que se manden notificar expresando los nombres y apellidos completos de los interesados;

IV. Por edictos que se hagan ostensibles en los sitios públicos de costumbre o que se manden publicar en los periódicos que al efecto se precisen por el tribunal;

V. Por correo, y

VI. Por telégrafo".

Segundo.- Al respecto los integrantes de las Comisiones Unidas de Economía y de Justicia y Derechos Humanos señalan que, sin duda, los avances en la tecnología han permitido que la comunicación se pueda establecer a lejanas distancias en breves lapsos de tiempo, lo cual permite simplificar la transmisión de información a los destinatarios.

Este es el caso del correo y del telégrafo, los cuales se utilizan para hacer las notificaciones de todo procedimiento judicial -incluso los de naturaleza mercantil-. Así entonces, de acuerdo con el citado artículo 1068 del Código de Comercio, las notificaciones, además del correo y el telégrafo, pueden ser:

I. Personales o por cédula;

II. Por Boletín Judicial, Gaceta o periódico judicial en aquellos lugares en donde se edite el mismo, expresando los nombres y apellidos completos de los interesados;

III. Por los estrados, en aquellos lugares destinados para tal efecto en los locales de los tribunales, en los que se fijarán las listas de los asuntos que se manden notificar expresando los nombres y apellidos completos de los interesados, y

IV. Por edictos que se hagan ostensibles en los sitios públicos de costumbre o que se manden publicar en los periódicos que al efecto se precisen por el tribunal.

TERCERO.- Estas Comisiones Dictaminadoras, consideran, en relación a la propuesta de reforma del párrafo primero del artículo 1068 del Código de Comercio, en la cual se pretende sustituir la frase: "Las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes se verificarán lo más tarde el día siguiente al en que se dicten las resoluciones....", por: "Las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes se verificarán lo más tarde al día siguiente en el que se dicten las resoluciones...".

Que tal modificación es innecesaria, toda vez que la misma, no produce ningún cambio sustancial al contenido del precepto. Es decir, aún no haciendo la reforma pretendida, el texto vigente permite comprender el momento en que deben verificarse tanto las notificaciones, citaciones y la entrega de expedientes.

Por lo que se refiere a la propuesta de reforma del párrafo segundo del citado artículo, en el cual se pretende establecer que: "Las notificaciones en cualquier procedimiento regulado por este Código....". Es de señalarse que, si bien es cierto, el texto vigente no hace alusión a que las notificaciones de todo procedimiento "serán de acuerdo al Código de Comercio", ello queda implícito porque al estar contenidas dentro del mismo, son considerados como parte del cuerpo normativo. Para mayor abundamiento, el artículo 1° del Código de Comercio señala que: "Los actos comerciales sólo se regirán por lo dispuesto en este Código y las demás leyes mercantiles aplicables". Por lo tanto, es claro que las notificaciones a que hace alusión el párrafo segundo del artículo 1068 de dicho Código, son de naturaleza mercantil.

Finalmente, relativo a la propuesta de reforma de las fracciones V y VI, contenidas en el párrafo segundo del artículo 1068 del Código de Comercio, es de señalarse nuestra coincidencia con el autor de la Iniciativa, en que debe existir la certeza jurídica de que los destinatarios puedan conocer el requerimiento de la autoridad. Porque si bien es cierto que, tanto el correo como el telégrafo son instrumentos que permiten allegar la información a los interesados -debido a que por la distancia no podría hacerse de otra forma- también es cierto, que el uso de estos medios de comunicación no permiten conocer a ciencia cierta que tales notificaciones hayan sido entregadas a las personas requeridas por la autoridad judicial.

En este tenor, es conveniente establecer la obligatoriedad de que tales comunicaciones se hagan de manera "certificada", lo cual conllevará un beneficio tanto para la autoridad, como para las partes en los juicios mercantiles.

Sin embargo, estas Comisiones Dictaminadoras, consideran que la redacción utilizada por el autor de la Iniciativa, para establecer que las notificaciones por correo y por telégrafo se harán: "siempre y cuando se hagan de manera certificada", no es adecuada en virtud de que carece de la coercitividad que conlleva la norma jurídica. Por tal motivo, proponemos la siguiente redacción: "Por correo certificado" y "por telégrafo certificado", lo cual implica un mandamiento para la autoridad judicial.

Por lo anteriormente expuesto, los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Economía y de Justicia y Derechos Humanos someten a la consideración de la Asamblea para su análisis, discusión y en su caso aprobación el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES V Y VI DEL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones V y VI del Artículo 1068 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 1068.- ......

.....

I. a IV. .......

V. Por correo certificado, y

VI. Por telégrafo certificado.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil cinco.

Por la Comisión de Economía

Diputados: Manuel López Villarreal (rúbrica), Presidente; Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, secretarios; Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), Francisco Javier Barrio Terrazas (rúbrica), Jaime del Conde Ugarte (rúbrica), José Francisco J. Landero Gutiérrez (rúbrica), Jesús Antonio Nader Nasrallah, Miguel Ángel Rangel Ávila (rúbrica), María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica), Fernando Ulises Adame de León, Jorge Baldemar Utrilla Robles, Óscar Bitar Haddad (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala, Juan Manuel Dávalos Padilla, Alfredo Gómez Sánchez (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos, Eduardo Olmos Castro, José Mario Wong Pérez, Juan José García Ochoa, Isidoro Ruiz Argaiz, Yadira Serrano Crespo (rúbrica), Víctor Suárez Carrera (rúbrica), Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica).

Por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Amalín Yabur Elías (rúbrica), Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez, Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), secretarios; María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Mario Carlos Culebro Velasco, José Luis García Mercado (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Martha Laguette Lardizábal (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), María Sara Rocha Medina, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Bernardo Vega Carlos (rúbrica), Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica), Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar, Sergio Penagos García, Leticia Socorro Userralde Gordillo (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo, Francisco Diego Aguilar, Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Eliana Garía Laguna, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Jaime Miguel Moreno Garavilla.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS ALMA CECILIA VILLARREAL GARZA Y CÉSAR ACOSTA GÁMEZ PARA PRESTAR SERVICIOS EN EL CENTRO DE COMERCIO E INVERSIÓN DE COREA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

Honorable Asamblea:

En oficio de fecha 15 de noviembre de 2005, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Alma Cecilia Villarreal Garza y César Acosta Gámez, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en el Centro de Comercio e Inversión de Corea (KOTRA), en Monterrey, Nuevo León.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 24 de noviembre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana Alma Cecilia Villarreal Garza, para prestar servicios como coordinadora de Comercio Internacional, en el Centro de Comercio e Inversión de Corea (KOTRA), en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano César Acosta Gámez, para prestar servicios como asistente de Dirección, en el Centro de Comercio e Inversión de Corea (KOTRA), en Monterrey, Nuevo León.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 24 de noviembre de 2005.

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López (rúbrica), José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios, Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Porfirio González Schmal (rúbrica), Jesús Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Alonso Adrián Juárez Jiménez (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Federico Madrazo Rojas, Guillermo Martínez Nolasco, Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista, José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, Mario Alberto Zepahua Valencia.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS JAIME VIRGILIO NUALART SÁNCHEZ, RAMIRO EDUARDO OSORIO FONSECA Y GENERAL DE BRIGADA DEM ADOLFO DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ PARA ACEPTAR Y USAR LAS CONDECORACIONES QUE LES OTORGAN EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y LA JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA, RESPECTIVAMENTE

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, el 24 de noviembre de 2005, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Jaime Virgilio Nualart Sánchez, Ramiro Eduardo Osorio Fonseca y General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Adolfo Domínguez Martínez, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan el Gobierno del Reino de España y la Junta Interamericana de Defensa, respectivamente.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Jaime Virgilio Nualart Sánchez para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel del la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Ramiro Eduardo Osorio Fonseca para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano General de Brigada DEM Adolfo Domínguez Martínez para que pueda aceptar y usar la Medalla Especial y la Cinta de la Junta Interamericana de Defensa, que le confiere la Junta Interamericana de Defensa.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 25 de noviembre de 2005.

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López (rúbrica), José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios, Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Porfirio González Schmal (rúbrica), Jesús Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Alonso Adrián Juárez Jiménez (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Federico Madrazo Rojas, Guillermo Martínez Nolasco, Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista, José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, Mario Alberto Zepahua Valencia.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTOS DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE PLANTA DE RECICLAJE Y CONFINAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN CHAPANTONGO, HIDALGO

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo con relación al proyecto de planta de reciclaje y confinamiento de residuos peligrosos en Chapantongo, Hidalgo, presentada por el Diputado José Luis Cabrera Padilla, del grupo parlamentario del PRD.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 13 de abril de 2004, fue presentada al Pleno de la Cámara de Diputados la proposición con Punto de Acuerdo con relación al proyecto de planta de reciclaje y confinamiento de residuos peligrosos en Chapantongo, Hidalgo, por el Diputado José Luis Cabrera Padilla, del grupo parlamentario del PRD y turnada a esta Comisión para su análisis y dictaminación.

2.- Con fecha 20 de abril de 2004 fue recibido en esta comisión la proposición en comento.

Tomando como base la información disponible, así como la propuesta, esta Comisión se abocó su estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

Se considera que el proyecto inicial carecía de suficiente conocimiento de la situación de la ubicación del sitio del proyecto y de la geología del lugar así como de las normas en la materia, siendo que solo a solicitud de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se presentaron los programas para un cumplimiento adecuado de los requisitos de la norma relativa a los requisitos que deben reunir los sitios destinados al confinamiento de residuos peligrosos y que si bien está previsto en la propia norma, expone la mala planeación del proyecto. Esta Comisión considera asimismo que no es posible garantizar la inafectibilidad y conservación del acuífero y de los cuerpos de agua que utiliza la población por lo que se debe reconsiderar que 52 condicionantes son demasiadas para el desarrollo de un proyecto de esta naturaleza.

Por lo anterior, la Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con:

Punto de acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a que de conformidad con la normatividad ambiental vigente, se revise el procedimiento por el cual se otorgó la autorización condicionada en materia de impacto ambiental al "Proyecto de Tecnología Aplicada" de la empresa "Promotora Mexicana de Reciclaje, SA de CV.", ubicada en el Municipio de Chapantongo, Estado de Hidalgo y en su caso, se inicien las acciones legales correspondientes y se sancione a los responsables e informe de los resultados a esta Cámara de Diputados a través de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Segundo. De los resultados de los procedimientos mencionados en el resolutivo anterior, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en caso de encontrarse irregularidades en el otorgamiento de la autorización condicionada en materia de impacto ambiental otorgada al "Proyecto de Tecnología Aplicada" de la empresa "Promotora Mexicana de Reciclaje, SA de CV." con ubicación en el Municipio de Chapantongo Estado de Hidalgo, se revoque la misma.

Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo, Alfredo Bejos Nicolás, Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio, Nancy Cárdenas Sánchez, Adrián Chávez Ruiz (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE QUE SE REALICEN DE INMEDIATO LOS TRABAJOS PARA LA REMEDIACIÓN DE LA ZONA AFECTADA POR LA EMPRESA METALCLAD CORPORATION

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar de inmediato los trabajos para la remediación de la zona afectada por la empresa Metalclad Corporation.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada el día 01 de Marzo de 2005, fue presentada la proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar de inmediato los trabajos para la remediación de la zona afectada por la empresa Metalclad Corporation, suscrita por Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, siendo turnada en esa fecha a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tomando como base la información disponible, así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

Entre 1989 y 1991, la empresa Confinamiento Técnico de Residuos Industriales SA (Coterin) realizaba trabajos de perforación en un predio del valle La Pedrera, en el municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí. Coterin informó a los pobladores que estaba buscando agua para surtir a las comunidades vecinas; lejos de cumplirlo, depositó ilegalmente 20 mil 500 toneladas de residuos peligrosos a la intemperie. La noche del 24 de noviembre de 1991 más de 200 personas impidieron la descarga de 20 contenedores con residuos peligrosos; las autoridades intervinieron y ordenaron la clausura de la empresa. (Revista, The social and Enviromental Impact of Nafta, 1999.)

Con la entrada en vigor del TLCAN en 1994 apareció en el conflicto un nuevo actor: la empresa Metalclad Corporation. Esta es una empresa estadounidense, con sede en California, que diseñó un ambicioso plan de expansión ofreciendo sus acciones en el mercado de valores de Estados Unidos y Europa, bajo la promesa de conquistar el mercado de residuos peligrosos en México.

En agosto de 1993, Metalclad sin atender los ofrecimientos del Gobierno del Estado de invertir en sitios alternativos, adquirió Coterin y la propiedad del basurero tóxico denominado "La Pedrera", ubicado en el municipio rural de Guadalcázar, perteneciente al Estado de San Luis Potosí, México. El atractivo para ello fue la cercanía de importantes ejes carreteros y que la empresa mexicana había cumplido con dos de las tres condiciones necesarias para operar un confinamiento de residuos peligrosos: un permiso federal para operar y un permiso estatal de uso del suelo, quedando pendiente el permiso municipal de construcción. (Revista, The social and Enviromental Impact of Nafta, 1999.)

El Municipio de Guadalcázar está situado en el Altiplano Central en el Estado de San Luis Potosí, en el centro de México. Según datos oficiales cuenta con una población de 28,357 habitantes distribuidos en 82 comunidades de las cuales cinco tienen más de mil habitantes. Como muchos otros municipios pobres su población se dedica principalmente a la agricultura de temporal y por su escaso nivel de ingresos se ve obligada a migrar por temporadas a los centros urbanos de México o a los Estados Unidos.

En 1994 las toneladas de residuos peligrosos fueron enterradas en tres celdas aunque de manera inadecuada pues en una de ellas -según reportes oficiales- hay un peligro de explosividad del 100%, quedando pendiente la limpieza del lugar. (Revista, The social and Enviromental Impact of Nafta, 1999.)

El confinamiento no contaba con permiso del Ayuntamiento local, ya que no cumplía con las condiciones para garantizar la protección de sus trabajadores, ni estaban dotados de equipo de protección, lo que los colocaba en elevada probabilidad de recibir un impacto negativo en su salud debido a la exposición continua a dichos residuos, de los habitantes de los poblados vecinos, ni del medio ambiente. (Recomendación No. 21/1992 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de fecha 19 de febrero de 1992).

Quienes no contaban con adecuada capacitación sobre el uso adecuado de los tóxicos que manejaban. (De acuerdo a los efectos documentados por el doctor Fernando Díaz Barriga, toxicólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Potosina, en 1991, 22 trabajadores del confinamiento que laboraron aproximadamente 7 meses sin protección, presentaron un incremento significativo de aberraciones en sus cromosomas y un alto nivel de arsénico en orina y cabello).

Además, el Grupo Pro San Luis Ecológico de Guadalcázar, recopiló datos tanto de personas afectadas como del Registro Civil y la clínica IMSS-COPLAMAR del Municipio de Cerritos, encargada de ofrecer servicios de salud en la zona, en el sentido de que hasta 1991 se habían presentado 38 casos de malformaciones congénitas; y contrario al promedio de años anteriores, de 1992 a 1995, 20 defunciones por cáncer de distinta índole y 3 casos más ya diagnosticados; además de alta incidencia de abortos espontáneos y de nacimientos prematuros.

Para ese momento ya existía una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dirigida a las autoridades del estado y la Federación debido a las consecuencias ocasionadas sobre la salud de los trabajadores, por la falta de datos sobre el contenido y potencial tóxico de dichos residuos, entre ellos, mercurio, asbesto y cadmio; muy probable impacto en la salud de la población de comunidades vecinas; y falta de información adecuada a las poblaciones cercanas al confinamiento las cuales estaban permanentemente expuestas.

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, el compromiso de Metalclad de limpieza ambiental y de presentación de una auditoria ambiental causo controversia. (Según el estudio elaborado por la empresa en 1995, el confinamiento cumplía con la condiciones requeridas por la normatividad para funcionar, sin embargo, un dictamen ciudadano elaborado por la Escuela Regional de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Greenpeace México y el grupo Pro San Luis Ecológico, refutó dicho estudio(Public Citizen, 1996).

Las autoridades permitieron la reapertura del confinamiento, presentándose en México como la primera inversión modelo del TLCAN en materia de infraestructura para el depósito de residuos peligrosos.

Sin embargo en virtud de que lo ofrecido por la empresa no garantizaba la protección de las personas ni del medio ambiente, las autoridades estatales y municipales rechazaron la reapertura y en septiembre de 1997, el gobierno del estado, emitió un decreto declarando reserva estatal el área natural protegida de Real de Guadalcázar, con características de Reserva de la Biosfera ya que contaba con gran diversidad endémica de cactáceas únicas en el mundo.

Que la Declaratoria del área natural protegida bajo la modalidad de Reserva Estatal con características de Reserva de la Biósfera, la región históricamente denominada "Real de Guadalcázar", ubicada en el municipio del mismo nombre de fecha 27 de septiembre de 1997, menciona que en la región de Guadalcázar es, sin duda el centro más importante de concentración de especies de cactáceas del mundo; ya que estudios han revelado la existencia de 68 especies de cactáceas e inclusive se estima que el número de especies puede ascender a 80 aproximadamente, contando con 18 especies amenazadas, de las cuales 5 son únicas (endémicas) a esta región, además de tener un sinnúmero de especies animales de importancia económica y ecológica que existen aun en la región, como por ejemplo: oso negro, puma, venado cola blanca, jabalí de collar, coyote, zorra, conejos, liebres, ratón de campo, y otras numerosas especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, artrópodos, etc.

Un mes después de emitido el decreto mencionado, Metalclad demandó una compensación al gobierno mexicano ante el Tribunal del Centro Internacional para la Resolución de Disputas en Inversión, amparada en el capítulo 11 del TLCAN, acusando al gobierno mexicano de trato discriminatorio y de expropiación de la inversión. (Revista, The social and Enviromental Impact of Nafta, 1999.)

En agosto de 2000, el Tribunal emitió un laudo a favor de la empresa determinando que la denegación del permiso municipal de construcción y la declaratoria del sitio como reserva ecológica, constituían expropiaciones indirectas violatorias de las reglas de transparencia contenidas en el propio capítulo 11 del TLCAN, por lo que el gobierno debía pagarle más de 16 millones 685 mil dólares.

Esta sanción fue acatada por el gobierno mexicano después de una reducción de un millón de dólares lograda con una impugnación promovida ante la provincia canadiense de Columbia Británica de Canadá. (Revista, The social and Enviromental Impact of Nafta, 1999.)

Además, que de acuerdo a un documento presentado por Greenpeace en 2001, se menciona lo siguiente:

Por lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General; y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO: SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA) EN COORDINACIÓN CON LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), A QUE SE REALICE UNA INVESTIGACIÓN DEL ESTADO ACTUAL QUE GUARDAN LAS INSTALACIONES DEL BASURERO TÓXICO DENOMINADO "LA PEDRERA", UBICADO EN EL MUNICIPIO RURAL DE GUADALCÁZAR, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO, Y EN CASO DE ENCONTRARSE IRREGULARIDADES SE SANCIONE A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y NORMATIVIDAD VIGENTE; ASI MISMO SE PRESENTE UN INFORME A ESTA SOBERANÍA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos, Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo, Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio, Nancy Cárdenas Sánchez, Adrián Chávez Ruiz (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SEMARNAT, A LA PROFEPA Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS A ESTABLECER MEDIDAS DE PROTECCIÓN COORDINADAS QUE PERMITAN DETENER LAS ACCIONES ILEGALES DE DESMONTE Y ALTERACIÓN AMBIENTAL EN EL CERRO EL MOLCAJETE, MUNICIPIO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a establecer medidas de protección coordinadas que permitan detener las acciones ilegales de desmonte y alteración ambiental en el cerro "El Molcajete" del Municipio de Zitácuaro, estado de Michoacan suscrita por el Diputado Pascual Sigala Páez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1.- El 28 de abril de 2005 se presentó el Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a establecer medidas de protección coordinadas que permitan detener las acciones ilegales de desmonte y alteración ambiental en el cerro "El Molcajete" del Municipio de Zitácuaro. Y se dictó el trámite de turno a esta Comisión.

2.- El 12 de mayo de 2005, se recibió oficio emitido por la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados de fecha 28 de abril de 2005 con anexo del expediente num. 3459 que contiene la proposición con punto de acuerdo citada.

Tomando como base la información disponible los antecedentes citados, así como la propuesta en comento, estas Comisiones se abocaron su estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

Que en el estudio: "Deforestación en México: Causas Económicas e Incidencia del Comercio Internacional" elaborado por Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. se comenta la dificultad de encontrar datos reales y oportunos de la deforestación en México, y establecen diversas fuentes de datos respecto a la misma, señalando que la FAO (Organización de Las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) sostiene que en el año de 1988 se calculó una tasa de pérdida de área de bosques de orden de 125 mil hectáreas por año y 470 mil hectáreas por año de selvas; mientras que para 1995 el dato de la propia FAO indica la tasa de 678 mil hectáreas por año de pérdida de área forestal en global para bosques y selvas de nuestro País. Además en el Libro: "SOFO 2005 Situación de los Bosques en el Mundo" editado por la FAO se especifica que la superficie forestal de México en el año 2000 es de 55.2 millones de hectáreas que corresponde a un 28.9 % del área del país, dato similar al presentado en los anexos estadísticos del 5º informe de Gobierno de la Presidencia de la República y que además se precisa que la deforestación ha variado en una tasa de 1.1 por ciento anual negativo en la última década, lo que representa una pérdida de más de 600 mil hectáreas por año, para el periodo de 1995-2000.

Que entre los objetivos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, consagrados en su artículo 1° están la preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; y el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas; asimismo que en su artículo 23 considera que para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el Artículo 27 constitucional en materia de asentamientos humanos, considerará además de otros, el siguiente criterio: "....Se establecerán y manejarán en forma prioritaria las áreas de conservación ecológica en torno a los asentamientos humanos"...

Que de acuerdo al artículo 170 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fundada y motivadamente, podrá ordenar diversas medidas de seguridad como son: la clausura temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las instalaciones en que se manejen o almacenen especimenes, productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre, recursos forestales, o se desarrollen las actividades que den lugar a los supuestos a que se refiere dicho artículo.

Es preocupación del diputado promovente y de esta Comisión que se evite la degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad y recursos naturales, por la tala clandestina en todo el país, y que en esta región se conserve la biodiversidad endémica así como los manantiales existentes en la zona.

La zona de referencia del cerro "El Molcajete" aledaño a la ciudad de Zitácuaro se encuentra comprendida dentro de la región terrestre prioritaria "RTP-110 Sierra Chincua" establecida por la Comisión Nacional de Recursos Bióticos (CONABIO) es considerada una región prioritaria para la conservación ya que registra un alto grado de endemismos de vertebrados y por ser la zona de refugio invernal de la mariposa "Monarca". Asimismo esta región es considerada de valor de conservación alto por su función de corredor biológico por encontrase en una zona de transición; tiene un valor de conservación medio ya que existe preocupación por la existencia de importantes procesos de degradación; es considerada por la CONABIO con un alto valor de conservación en cuanto a la importancia de los servicios ambientales, por ser área de captación y valor escénico; además se reporta la existencia de actividades de estudio y de conservación por parte de los gobiernos de los estados de México y Michoacán así como de diversas universidades.

Que por información de la proposición en comento y de medios de información, el Presidente del Comisariado Ejidal del ejido de Chichimequillas lugar donde se encuentra el cerro "El Molcajete" y el área afectada, expresa que dicho ejido consta de una superficie de un mil 395 hectáreas de las cuales 760 de ellas se encuentran en el área de amortiguamiento de la zona del área natural protegida "Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca". Además señala que se extraen cerca de 200 camiones de material pétreo diariamente y que en menos de cinco años se han depredado 500 hectáreas de bosque, asimismo que existen manantiales que se recargan del escurrimiento de los cerros "Pelón", "El Cacique" "El Molcajete" y "El Candilero" y abastecen a cerca de 50 mil personas. Expresó además que el ejido realiza acciones de reforestación mientras los talamontes destruyen los cerros de la zona de "Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca".

En relación a los manantiales El COINBIO (Proyecto de Conservación de la Biodiversidad por Comunidades e Indígenas de los estados de Oaxaca, Michoacán y Guerrero), Méxicorealiza el "Proyecto de Mantenimiento y Protección: Estrategias de protección y mantenimiento para fuentes de agua en el ejido Chichimequillas, Municipio de Zitácuaro, Michoacán, México." Que menciona -"........en el caso específico del Ejido Chichimequillas, desde hace ya varios años se han venido realizando una serie de acciones tendientes a la protección de sus recursos naturales, poniendo especial énfasis en la conservación del recurso hídrico que a diferencia de otras localidades y por la situación orográfica en la que esta situado, el agua es uno de los componentes del ecosistema que se distribuye en importantes superficies de sus terrenos, con la calidad y cantidad para abastecer importantes centros urbanos y ser la base del desarrollo económico.....- Se refiere en dicho proyecto la presencia de manantiales en los que se identificaron dos tipos a) Con un solo ojo de agua o afloramiento, siendo estos: Manantial "Agua Bendita", "El Carrizo", "El Fresno de Las Rosas", "El Tejocote", "Los Carrizos", "Puente de Tubo", "Morita I", "Morita II", b) Conjuntos de afloramientos: Las Rosas - Río San Isidro (con nueve afloramientos), El Chorrito (con cuatro), Los Ailes y El Fresno de Los Ailes (dos), Mamullos I y Mamullos II (dos).

Que de acuerdo con la proposición en comento y de medios de información locales, los bancos de material pétreo de arena y grava del cerro "El Molcajete" están siendo sobre explotados. Siendo que la actividad de explotación está regulada por el artículo 5° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental en relación con la autorización de la SEMARNAT en materia de impacto ambiental y que de acuerdo al artículo 27 de la Ley Minera los titulares de concesiones mineras deben sujetarse a las disposiciones generales y normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minera-metalúrgica en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente aunado a que la NOM-120-ecol-1997 establece especificaciones de protección ambiental para las actividades de exploración minera directa en zonas de bosques de coniferas y otros tipos de vegetación.

Que por la importancia del "Santuario del Cerro Pelón" que se encuentra dentro del perímetro que comprende el área natural protegida "Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca", el cual es considerado como el más grande dentro de la reserva, mismo que representa 50.47% de la superficie total, y que por su cercanía a la ciudad de Zitácuaro y al área del cerro "El Molcajete" se considera que la región está influenciada por los procesos ecológicos y la biodiversidad es compartida.

Que de acuerdo a la información expresada, las inspecciones realizadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en octubre de 2004 detectaron derribes de encino y pino y remoción de suelo para excavación, asimismo la información afirma que las minas están cerradas y se han violado los sellos.

Que de acuerdo a declaraciones de funcionarios de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado de Michoacán; el Jefe de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente afirmó a los medios de comunicación que los bancos de arena del cerro "El Molcajete" serían clausurados y en caso de omisión se ejercería demanda penal. Del mismo modo el Jefe de Investigación y Estadística Ambiental indicó que las empresas que explotan dichos bancos y que no cumplieron los compromisos de dejar en resguardo la tierra fértil, realizar la explotación en forma escalonada, y que de igual forma dejaron barrancas y no llevaron a cabo reforestación del área degradada, están obligadas a resarcir los daños.

Esta Comisión considera necesario que se realicen acciones urgentes para detener el deterioro ambiental a que se ve sujeta la zona del cerro "El Molcajete", debido a la importancia de la zona para la conservación de especies endémicas y de los manantiales de la zona.

Por todo lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General; y los Artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta respetuosamente a que en el marco de sus atribuciones y competencias, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en coordinación con el Gobierno de Michoacán y del Gobierno Municipal de Zitácuaro, a establecer un programa de inspección y vigilancia que permita detener las acciones ilegales de desmonte y de alteración ambiental mediante la extracción sin control de materiales pétreos en el cerro "El Molcajete".

Segundo.- Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a implementar un operativo de inspección y vigilancia en la zona aledaña al cerro "El Molcajete" Municipio de Zitácuaro, a fin de detener las acciones de destrucción de la vegetación natural, desmonte, y extracción sin control de materiales pétreos y a la Procuraduría General de la República para que en su caso se inicien las averiguaciones previas correspondientes y se consigne a los responsables, así como se informe a esta Cámara de Diputados a través de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales los resultados de las acciones.

Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario Ernesto Dávila Aranda, Regina Vázquez Saut (rúbrica), María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo, Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio, Nancy Cárdenas Sánchez, Adrián Chávez Ruiz (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTOS DE ACUERDO A FIN DE QUE SE CITE A COMPARECER AL TITULAR DE LA SEMARNAT PARA QUE INFORME SOBRE LAS CAUSAS DE LOS INCENDIOS EN EL BOSQUE LA PRIMAVERA, JALISCO

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para que se cite a comparecer al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que informe las causas que originaron el incendio, la situación actual que guarda el siniestro y las medidas que se tomaron para combatir los incendios en el Bosque "La Primavera", en el Estado de Jalisco.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada el día 28 de Abril de 2005, el Diputado Francisco Javier Guízar Macías del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo para que informe las causas que originaron el incendio, la situación actual que guarda el siniestro y las medidas que se tomaron para combatir los incendios en el Bosque "La Primavera", en el Estado de Jalisco.

2.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha acordó turnar la proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa para su análisis y dictamen a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

3.- Tomando como base los elementos de información disponibles así como la propuesta multicitada la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

El Bosque "La Primavera", se encuentra catalogado como el pulmón de la Ciudad de Guadalajara en el Estado de Jalisco, el cual enfrenta una variada gama de factores de impacto y deterioro, algunos de tipo natural y otros causados por el hombre, como lo son las condiciones climatológicas extremas, plagas y enfermedades, cambios de uso de suelo, sobrepastoreo, aprovechamientos irracionales y clandestinos, obras de infraestructura mal planeadas y el más grave de todos por su alta incidencia, los incendios forestales.

El Bosque "La Primavera", fue decretado por el Gobierno Federal como Zona de Protección Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre el 6 de marzo de 1980 y recategorizado como Área de Protección de Flora y Fauna el 7 de junio de 2000, sin embargo no ha escapado de ninguna forma a las problemáticas inherentes a él, las cuales se agravan por el crecimiento descontrolado de la zona conurbada de la Ciudad de Guadalajara, lo que conlleva a la invasión de terrenos del bosque, con asentamientos irregulares y el consecuente incremento en los impactos originados por la actividad humana.

El pasado 22 de abril del año en curso, se suscitó un incendio forestal. Las autoridades municipales señalaron que se devastó al menos dos mil cien hectáreas lo cual representa el 7% de su superficie total de 30,500 ha., en los municipios de Zapopan, Tala y el Arenal. El incendio fue de tal magnitud que el día 26 de abril la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de Jalisco declaró contingencia ambiental debido a que la emisión de partículas llegó a un nivel de 378 puntos Imeca en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Así mismo las autoridades manifestaron que para el día 23 del mismo mes, se tenía bajo control el incendio pero debido a los fuertes vientos el fuego reavivo en dos de los tres frentes del incendio, no pudieron determinar las causas que lo originaron. Sin embargo en estudios realizados por el Comité Técnico para la Administración del Bosque "La Primavera" señala que el 15% de los incendios generalmente son ocasionados por fumadores, el 21% por paseantes que realizan fogatas, el 24% por quemas agrícolas y caña y el 40% restante por otras causas.

Los daños al ambiente fueron severos ya que según informó el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara la nube de humo que se creo, se propagó 200 kilómetros hacia el este, cubriendo la totalidad de la zona metropolitana de Guadalajara y alcanzando el Estado de Guanajuato. También se declaró que el daño ecológico tardará al menos 20 años en recuperarse.

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), informa que hay un Programa de Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales en el Bosque "La Primavera" temporada 2004-2005, creado por la Comisión de Protección, Restauración y Vigilancia, Área de Protección de Flora y Fauna.

La estructuración de dicho programa inicio hace ocho años y esta basado en un esquema de colaboración interinstitucional para prevenir y controlar los impactos causados por los incendios forestales al bosque "La Primavera". (Área de Protección de Flora y fauna y Zona de Influencia Inmediata).

Dentro de sus objetivos esta el proteger al hábitat de flora y fauna de los ecosistemas de "La Primavera"; realizar obras y acciones de prevención de incendios forestales; atender oportuna y eficazmente cualquier conato de incendio al interior del ANP y su zona de influencia inmediata; proteger las plantaciones, cercas, infraestructura, estaciones científicas, parcelas demostrativas y demás activos de la comunidad en la zona y proteger los bienes de los particulares, propietarios, poseedores, visitantes y usuarios, así como su integridad física y salud de los combatientes.

El bosque "La Primavera" recibe entre 40 y 50 mil visitantes al año, por lo que es de suma importancia sensibilizar a la población local y regional; usuarios visitantes y no visitantes al Área de Protección de Flora y Fauna "La Primavera", de los efectos ocasionados por el uso inadecuado del fuego; esto se hace a través de los medios de comunicación masivos, material impreso cursos y talleres.

Las diversas autoridades como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), los H. Ayuntamientos de Zapopan, Tala, El Arenal, Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara, Protección Civil, Universidades, Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) y el Comité de Bosque "La Primavera" estan trabajando con la finalidad de evitar los incendios, pero no ha sido suficiente, como se reflejó en el último incendio forestal.

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), además de informar a esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Programa de Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales 2004-2005, proporcionó las acciones emprendidas para recuperar el área natural protegida en cuestión y de la cual se desprende que se ha reforestado un total de 1,171 Ha., encontrándonos un faltante del 50% aproximadamente.

El siguiente cuadro muestra las acciones emprendidas a la fecha:

SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA) A REALIZAR LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANEJO Y LAS REGLAS EN ÉL CONTENIDAS A FIN DE EVITAR EN LO FUTURO EL DETERIORO DEL BOSQUE "LA PRIMAVERA" POR CAUSA DE INCENDIOS FORESTALES.

TERCERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A QUE SE ESTABLEZCA UN DIAGNOSTICO PRECISO, QUE PERMITA DETERMINAR LAS CAUSAS DEL INCENDIO DEL BOSQUE "LA PRIMAVERA" Y EN SU CASO SE SANCIONE A LOS PROBABLES RESPONSABLES.

CUARTO.- SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A TRÁVES DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAFOR) A FORTALECER LA DIFUSIÓN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS ENTRE LOS VISITANTES DEL BOSQUE "LA PRIMAVERA".

Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos, Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo, Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Hernán Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio, Nancy Cárdenas Sánchez, Adrián Chávez Ruiz (rúbrica).
 
 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA, Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SAGARPA Y A LA SEMARNAT A EFECTO DE QUE LA PROFEPA Y LA SECRETARÍA DE MARINA INTERVENGAN PARA SOLUCIONAR EL GRAVE PROBLEMA EXISTENTE CON RELACIÓN A LA PESCA ILEGAL EN ZIHUATANEJO, GUERRERO

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Pesca y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, les fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo presentada por el Diputado Jesús Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, el pasado 5 de abril de 2005, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y Alimentación, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a intervenir para solucionar los conflictos en Zihuatanejo, Guerrero, por la pesca ilegal con trasmallos y cimbras de pez vela, marlín, dorado y tortugas marinas.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numeral 1 y 45, numeral 6, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 60, 65, 66, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes:

Antecedentes

El 5 de abril del año en curso el C. Diputado Jesús Martínez Álvarez presentó la proposición con punto de acuerdo con la propuesta siguiente:

Único: Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y Alimentación, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en el ámbito de sus atribuciones y funciones, intervengan para solucionar el grave problema que existe sobre la pesca ilegal con trasmallos y cimbras de especies que la Ley de Pesca prohíbe para la práctica de la pesca comercial; y estructure un programa continuo de vigilancia y supervisión, con el fin de tener controladas las embarcaciones pesqueras.

Dicha proposición con punto de acuerdo fue turnada esa misma fecha por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Pesca y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión, formulamos los siguientes:

Considerandos

ÚNICO: Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y Alimentación, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y a la Secretaría de Marina, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y funciones, intervengan para solucionar el grave problema que existe sobre la pesca ilegal con trasmallos y cimbras de especies que la Ley de Pesca prohíbe para la práctica de la pesca comercial y estructure un programa continuo de vigilancia y supervisión, con el fin de tener controladas las embarcaciones pesqueras en Zihuatanejo, Guerrero, y zonas aledañas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2005.

Por la Comisión de Pesca

Diputados: Francisco Javier Obregón Espinoza (rúbrica), Presidente; Eugenio Mier y Concha Campos (rúbrica), secretario; Abraham Bagdadi Estrella (rúbrica), secretario; Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, secretaria; José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), secretario; Leonardo Álvarez Romo (rúbrica), José Irene Álvarez Ramos (rúbrica), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), Martín Carrillo Guzmán, Sofía Castro Ríos (rúbrica), Hidalgo Contreras Covarrubias (rúbrica), José Evaristo Corrales Macías (rúbrica), Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica), Josefina Cota Cota, Adrián Chávez Ruiz, Francisco Grajales Palacios, María del Rosario Herrera Ascencio, Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Jesús Humberto Martínez de la Cruz (rúbrica), Jesús Antonio Nader Nasrallah, Oscar Rodríguez Cabrera, Gonzalo Ruiz Cerón (rúbrica), Salvador Sánchez Vázquez, Esteban Valenzuela García, Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Guillermo Zorrilla Fernández (rúbrica).

Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo, Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio, Nancy Cárdenas Sánchez, Adrián Chávez Ruiz (rúbrica).
 
 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y DE RECURSOS HIDRÁULICOS, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA SOLICITAR LA RECONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DEL BORDO DE CONTENCIÓN DE LA LAGUNA DE LA CIÉNEGA DE CHAPALA

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondientes a la LIX Legislatura, les fue turnada para su estudio y dictamen, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RECONSTRUÍR Y HABILITAR EL BORDO DE CONTENCIÓN DE LA LAGUNA EN LA CIENEGA DE CHAPALA, presentada por el C. Diputado Federal Miguel Amescua Alejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 28 de abril de 2005. Lo anterior, en ejercicio del artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

La Comisiones Unidas de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al estudio y análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. En sesión celebrada en el Pleno de esta Cámara de Diputados, el 28 de abril de 2005, los CC. Secretarios de la misma, dieron cuenta al Pleno del Punto de Acuerdo que presentó el C. Diputado Federal Miguel Amescua Alejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

SEGUNDO. En esa misma fecha, el C. Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó dar el siguiente tramite: "Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos".

TERCERO. Mediante sus propios conductos las Comisiones Unidas dieron cuenta a sus integrantes del contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo.

CUARTO. El C. Legislador propone lo siguiente:

PRIMERO. Que con base en los antecedentes indicados, las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos, con las atribuciones y facultades antes señaladas se abocaron a dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo referida.

SEGUNDO. Se sabe que la Ciénega de Chapala es una zona agrícola que actualmente tiene 16,000 campesinos que conforman los módulos de riego La Palma de la Ciénega, Ballesteros de San Cristóbal y Cumuato, los tres de este distrito de riego 024, que comprenden a los municipios de Sahuayo, Venustiano Carranza, Jiquilpan, Villa Mar, Pajacuarán, Ixtlán, Briseñas y la margen izquierda del río Lerma en Vista Hermosa, toda esta zona representa 46,000 hectáreas, mismas que se encuentran en grave riesgo de ser afectadas, ya que el bordote contención de la laguna viene presentando filtraciones a lo largo de sus 15 kilómetros de longitud.

TERCERO. Que en el pasado ciclo de lluvias la laguna recibió 6 mil millones de metros cúbicos de agua, lo cual hizo que el nivel llegara hasta la orilla del bordo de contención de la laguna. Las estimaciones de la Comisión Nacional del Agua son que podemos esperar un ascenso en el próximo temporal de 1.70 m sobre el nivel actual, por tal motivo de presentarse las lluvias como se esperan, toda esta extensa zona de producción agrícola e importante núcleo económico de la ribera de Chapala, provocaría graves inundaciones poniendo en riesgo por el deterioro de los sistemas y equipos de bombeo ya en obsolescencia el patrimonio de miles de familias, equivaliendo a una crisis económica de grandes dimensiones.

En virtud de lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas emiten el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Esta Soberanía aprueba y exhorta al Ejecutivo Federal a través de la SEMARNAT, la Comisión Nacional del Agua y SAGARPA, a la reconstrucción y rehabilitación del bordo de contención de la Laguna de Chapala, para evitar el desbordamiento por el aumento del nivel del agua que ha tenido en los dos últimos ciclos de lluvia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, así se dictaminó y firman a los 28 días del mes de septiembre de 2005.

Por la Comisión de Recursos Hidráulicos

Diputados: Fernando Ulises Adame de León (rúbrica), Presidente; Juan Carlos Núñez Armas (rúbrica), Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica), Jesús Humberto Martínez de la Cruz (rúbrica), Israel Tentory García (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Rangel Ávila (rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Inelvo Moreno Álvarez (rúbrica), Beatriz Mojica Morga (rúbrica), Elpidio Tovar de la Cruz, Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, Gonzalo Rodríguez Anaya (rúbrica), Alberto Urcino Méndez Gálvez (rúbrica), Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), Alfredo Rodríguez y Pacheco (rúbrica), José Guadalupe Osuna Millán (rúbrica), Marco Antonio Gama Basarte, Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica), Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica), Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), Manuel E. Ovalle Araiza, Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Irma Guadalupe Moreno Ovalles (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres, José Rangel Espinosa, Jesús Zúñiga Romero (rúbrica), J. Miguel Luna Hernández.

Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica), Carlos Manuel Rovirosa Ramírez (rúbrica), José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretarios; Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica, punto de La Ciénega, Chapala), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo, Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Hernán Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio, Nancy Cárdenas Sánchez, Adrián Chávez Ruiz (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE LOS GOBIERNOS ESTATALES A VIGILAR EL CUMPLIMIENTO ÓPTIMO DE LA NOM-028-SSA2-1999, A EFECTO DE QUE LA PREVENCIÓN, EL TRATAMIENTO Y EL CONTROL DE LAS ADICIONES, EN ESPECIAL DEL ALCOHOLISMO, SE REALICEN CON ABSOLUTO RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE LA INTEGRIDAD Y DE LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

HONORABLE ASAMBLEA:

En sesión celebrada el 28 de abril de 2005, le fue turnada a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud Federal y a las autoridades sanitarias de los gobiernos estatales a vigilar el cumplimiento óptimo de la NOM-028-SSA2-1999, presentada por el Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1° y 3°, 43, 44, 45 numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen mismo que se realiza bajo la siguiente:

METODOLOGÍA

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo, así como de los trabajos previos de la Comisión.

En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO", se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen.

I. ANTECEDENTES.

El 28 de abril de 2005, el diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la Proposición con Punto de Acuerdo con el propósito de exhortar a la Secretaría de Salud Federal y a las autoridades sanitarias de los gobiernos estatales a vigilar el cumplimiento óptimo de la NOM-028-SSA2-1999.

En la misma fecha fue turnada dicha Proposición a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su respectivo estudio y dictamen.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO.

El Punto de Acuerdo objeto del presente dictamen se realiza con el propósito de que a la Secretaría de Salud Federal y a las autoridades sanitarias de los gobiernos estatales verifiquen que se cumpla con la NOM-028-SSA2-1999, de modo que los establecimientos que se dedican al tratamiento de personas con adicciones atendidas, efectúen su labor de manera profesional y ética.

El diputado proponente manifiesta que en la práctica muchos de estos establecimientos públicos, sociales o privados -los que realizan las actividades de prevención y el tratamiento de adiciones, en especial del alcoholismo y, en su caso, la rehabilitación de los alcohólicos- llevan a cabo esta función sin cumplir las medidas básicas necesarias establecidas en la norma oficial en comento; medidas que, al no cumplirse, atentan contra la dignidad de la persona humana.

III. CONSIDERACIONES.

A. El derecho a la salud es una de las más importantes prerrogativas de las personas no sólo porque constituye un valor fundamental para su desarrollo sino porque además, dignifica al hombre. El artículo 4º de nuestra Constitución Política consagra dicho derecho y determina, para tal efecto, que el Estado tiene la obligación de establecer las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud a través de sus leyes.

Dichos servicios, deben estar enfocados, particularmente en el caso de adictos, a un tratamiento y rehabilitación con total apego a principios éticos y respetuosos de la dignidad humana.

B. Coincidimos con la proposición respecto de que el alcoholismo es un problema de salud pública que lacera nuestra sociedad.

Efectivamente, el tratamiento del abuso o dependencia de alcohol comprende medidas terapéuticas encaminadas a la desintoxicación y eliminación del hábito. Para ello, se combinan tratamientos farmacológicos y psicológicos.

En México, estas labores las desarrollan establecimientos especializados de carácter público, social o privado, cuya actividad está regulada, en primera instancia, por la Ley General de Salud, que en sus artículos 3o., fracciones XIX, XX y XXI; 13, apartados A), fracción I, y B), fracción I; y 133, fracción I, establece las disposiciones sanitarias específicas, de donde se desprende la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999 para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.

C. La NOM-028-SSA2-1999, surge de la necesidad de asegurar un nivel de calidad adecuado en la prestación de los servicios que permita finalmente, reducir la incidencia y prevalencia del uso y abuso de sustancias adictivas, así como la morbi-mortalidad asociadas, a través de condiciones y requisitos mínimos indispensables que regulen la prestación de los mismos. Asimismo, tiene por objeto establecer los procedimientos y criterios para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.

De este modo, la NOM-028-SSA2-1999 establece los lineamientos para que el tratamiento de las personas atendidas en los establecimientos especializados de manera profesional y ética.

Sin embargo, algunos de los establecimientos orientados a la rehabilitación de alcohólicos, no cumplen con lo establecido con la citada Norma.

D. Recientes acusaciones en todo el país ponen de manifiesto que en muchos de los centros de rehabilitación conocidos como "granjas", se abusa de la buena voluntad de las personas, al ofrecer recuperaciones milagrosas en un retiro de un fin de semana.

Las denuncias que encabezan titulares en toda la república coinciden en que en las llamadas "granjas" existe maltrato físico y psicológico e incluso muertes. Este grave problema de salud nacional ha sido revelado durante años por lideres de diversas agrupaciones, solicitando el apoyo de autoridades, tanto federales como estatales y municipales sin recibir una respuesta oportuna. Esta negativa de apoyo ha provocado un surgimiento cada vez mayor de granjas de rehabilitación clandestinas, en las cuales se aprovechan de la necesidad de los enfermos para ver en ellos tan sólo una forma de lucrar.

En enero del presente año, el presidente de la junta de custodios de alcohólicos anónimos, José Manuel Castrejón, informó de grupos que utilizan en forma indebida su logotipo y nombre. El representante de "AA" denunció la existencia de al menos cien organizaciones que manejan las llamadas "granjas" y anexos de internamiento, así como de grupos que abusan física y psicológicamente de los alcohólicos. Estos grupos, mediante retiros espirituales de fin de semana, le ofrecen a la familia una cura mágica, retienen a personas con alcoholismo, las golpean, las maltratan física y psicológicamente, y en algunos casos hasta les dan bebidas con las que les causan una severa psicosis.

E. Por otro lado, es importante señalar que el alcohólico está condicionado por una sustancia, sino también por un estilo de vida. Toda adicción se satisface según un rito y un ambiente determinado, y acaba por configurar la actitud vital de la persona. Por eso, no sirve tratar la dependencia física si no se ataca a la vez la dependencia psíquica.

A base de fármacos, y encerrado en una clínica o en una granja, un toxicómano puede abstenerse de la droga durante varios meses; pero recaerá cuando salga, si no ha aprendido a vivir sin drogas.

Por ello es cuestionable que con fármacos y encerrando a un sujeto en una clínica o granja durante un fin de semana, se pretenda que un adicto se recupere totalmente. El individuo puede abstenerse de la droga durante varios días mientras se encuentre en aislamiento, sin embargo, la posibilidad de una recaída es muy alta cuando salga, si no ha aprendido a vivir sin drogas, lo cual difícilmente ocurre en tan poco tiempo.

F. En otro sentido, es importante destacar que estas granjas son independientes, y corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de los estados, en el ámbito de sus respectivas competencias la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en dicha Norma.

Lo anterior se desprende de lo dispuesto por los artículos 19 y 20 fracción VII, de la Ley General de Salud, donde se expresa la obligación de las estructuras administrativas federales y estatales de "promover y vigilar la aplicación de principios, normas oficiales mexicanas y procedimientos uniformes".

Sin embargo, y pese a las constantes denuncias de maltratos e incluso muertes, la Secretaría de Salud no ha realizado acciones ni operativos suficientes para verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999 ni para supervisar las condiciones en que operan los establecimientos de este tipo que tiene registrados en su padrón, mucho menos en las granjas que trabajan en forma clandestina.

Por lo anteriormente expuesto, los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, con las atribuciones que les confiere el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

ACUERDO.

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a las autoridades sanitarias de los gobiernos estatales a vigilar el cumplimiento óptimo de la NOM-028-ssa2-1999, para que la prevención, el tratamiento y el control de las adicciones, en especial del alcoholismo, se realicen con absoluto respeto a los derechos humanos y a la integridad y dignidad de las personas.

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido, Pablo Anaya Rivera, María Cristina Díaz Salazar, Rafael García Tinajero Pérez, Raúl Rogelio Chavarría Salas, María del Rocío Jaspeado Villanueva, Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Rojas Toledo, María Salomé Elyd Sáenz, Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Isaías Soriano López (rúbrica), Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo, Julio Boltvinik Kalinka, Martha Lucía Mícher Camarena, Irma Sinforina Figueroa Romero, José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Guillermo Velasco Rodríguez (rúbrica), María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD A PRESENTAR ANTE LAS COMISIONES DE SALUD, Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS UN INFORME SOBRE LOS CONTENIDOS DE LOS PROGRAMAS Y LAS ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN, EL TRATAMIENTO Y EL CONTROL DE LA OBESIDAD INFANTIL

HONORABLE ASAMBLEA:

En la sesión celebrada 13 de Septiembre de 2005, le fue turnada a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen, el Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaria de Salud, presente ante las Comisiones de Salud y de Educación Publica y Servicios Educativos, un informe sobre los contenidos de los programas y actividades para la prevención, tratamiento y control de la obesidad infantil, presentado por el Diputado Norberto Enrique Corella Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los integrantes la Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39 numerales 1° y 3°, 43, 44, 45, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen mismo que se realiza bajo la siguiente:

METODOLOGÍA

Las Comisión encargada del análisis y dictamen del Punto de Acuerdo mencionado anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

El 13 de Septiembre de 2005 el Diputado Norberto Enrique Corella Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaria de Salud, presente ante las Comisiones de Salud y de Educación Publica y Servicios Educativos, un informe sobre los contenidos de los programas y actividades para la prevención, tratamiento y control de la obesidad infantil.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO.

El Punto de Acuerdo objeto del presente dictamen pretenden exhortar a la Secretaria de Salud, presente ante las Comisiones de Salud y de Educación Publica y Servicios Educativos, un informe sobre los contenidos de los programas y actividades para la prevención, tratamiento y control de la obesidad infantil.

Así mismo, menciona que para el buen desarrollo y desempeño de cualquier ser humano, es indispensable contar con una salud que le permita su realización como ser.

Por otro lado plasma que según información de la UNICEF, marca que en algunos países enfrentan ya problemas de salud en cuanto hace a la obesidad infantil fenómeno creciente en las zonas urbanas.

La obesidad no es otra cosa sino el producto y consecuencia de alteraciones en el metabolismo por aumento de grasa. Si una dieta que supera el exceso los nutrimentos de ingesta diaria se traducen en grasa y combinada con una vida cada vez mas sedentaria, producto de problemas de inseguridad, urbanización entre muchas otras ocasionan la obesidad.

Por lo anterior considera que se presente un informe para conocer los alcances de los programas y tener de esta forma la oportunidad de hacer llegar las propuestas pertinentes.

III. CONSIDERACIONES.

A. La salud es parte fundamental del buen desarrollo humano integral. La inadecuada nutrición conlleva a problemas de salud que se pueden agravar. Sabemos que la obesidad es una alteración de naturaleza metabólica, caracterizada por un aumento excesivo de la grasa del cuerpo. Así mismo la obesidad constituye un problema de salud pública y es uno de los padecimientos epidémicos de los países desarrollados, en los últimos años por imitación y consumo de alimentos con alto valor energético, se han incrementado su frecuencia en México. En los países en desarrollo la población más afectada es la de clase media.

Y es aún más alarmante la obesidad infantil, actualmente es ya un verdadero problema, ya que muy probablemente, el niño obeso será un adulto obeso, con todas las secuelas que esto conlleva, un niño se considera obeso cuando su peso es superior al 20% del ideal. Por lo tanto es necesario actuar cuanto antes y es esencial prestar atención en la prevención del padecimiento, para evitar consecuencias importantes. Debe desaparecer la idea o creencia de que la "gordura" en los niños es sinónimo de salud, o que con la edad reducirán de peso, para evitar la obesidad es conveniente que desde los primeros meses de la vida los niños adquieran un buen hábito alimentario.

B. Es común que se piense que será transitoria y tan solo una expresión del crecimiento y desarrollo del individuo, desafortunadamente esta opinión no solo es aceptada por la mayoría de las personas, sino por algunos médicos, que no le dan la debida importancia cuando la detectan.

La edad de aparición en 50 por ciento de los casos es antes de los dos años, el resto se observa en los periodos de mayor crecimiento, particularmente en la pubertad y adolescencia. Por ende se incrementará el riego de obesidad en la edad adulta. Cuando la obesidad se inicia entre los seis meses y siete años de vida el porcentaje de los que seguirán siendo obesos en la edad adulta es de hasta el 40%, mientras que para los que comenzaron entre los 10 y 13 años, las probabilidades serán del 70%.

C. En práctica médica institucional como en la privada, cada día es más frecuente enfrentarse a niños y adolescentes, que generalmente provienen de clase media y alta.

Aproximadamente entre 15 y 20% de los niños son obesos, pero lo más preocupante es que en los últimos 20 años este porcentaje alcanzó proporciones muy importantes.

Como ya se menciono en nuestro país existe un problema de salud en los niños en cuanto a su nutrición, como vemos en la siguiente tabla no es un rango normal de peso por edad y va creciendo día a día.

D. La obesidad está asociada a 300 mil muertes por año, aproximadamente un 80 por ciento de los adolescentes obesos lo seguirán siendo durante el resto de su vida, menos del cinco por ciento de los adultos que pierden peso son capaces de mantenerse en su peso ideal durante cinco años después del tratamiento y seis por ciento recupera el peso perdido en los primeros seis a doce meses.

Contribuye entre otras causas a incrementar la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, alteraciones esqueléticas, hipertensión arterial, hipotiroidismo, hipercolesterolemia e inadaptación psicosocial entre las más importantes. Así mismo se puede asociar a conductas como: Sedentarismo, Hipoactividad e Ingestión abundante de alimentos. Y de orden psíquico como: problemas familiares, censura de los hermanos y amigos, rechazo por los compañeros de clase, pobre desempeño de actividades deportivas y baja autoestima.

Por ultimo cabe mencionar que la atención que se le da a la obesidad infantil debe incrementarse, ya que es una verdadera enfermedad la cual sin control, eleva el riesgo de que se tome como grave por lo que la prevención se vuelve la mejor herramienta para aventajarlo o abatirlo.

Por lo anteriormente expuesto, los Diputados integrantes de la Comisión de Salud, con las atribuciones que les confiere el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

ACUERDO

Único. Se exhorta Secretaria de Salud, presente ante las Comisiones de Salud y de Educación Pública y Servicios Educativos de esta Cámara de Diputados, un informe sobre los contenidos de los programas y actividades para la prevención, tratamiento y control de la obesidad infantil.

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido, Pablo Anaya Rivera (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas, María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Rojas Toledo, María Salomé Elyd Sáenz, Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Isaías Soriano López (rúbrica), Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo, Julio Boltvinik Kalinka, Martha Lucía Mícher Camarena, Irma Sinforina Figueroa Romero, José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Guillermo Velasco Rodríguez (rúbrica), María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO A INFORMAR A ESTA COMISIÓN DE SALUD ACERCA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS CASOS DETECTADOS DE HEPATITIS TIPO A EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA, ASÍ COMO DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA REALIZADAS

HONORABLE ASAMBLEA:

En la sesión celebrada 14 de Marzo de 2005, le fue turnada a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen, el Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado de Hidalgo para que realice una investigación sobre la epidemia de Hepatitis tipo A en el municipio de Agua Blanca, presentado por la Diputada Federal Marisol Vargas Bárcena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los integrantes la Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39 numerales 1° y 3°, 43, 44, 45, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen mismo que se realiza bajo la siguiente:

METODOLOGÍA

Las Comisión encargada del análisis y dictamen del Punto de Acuerdo mencionado anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

El 14 de marzo de 2005 la Diputada Marisol Vargas Bárcena, presentó ante el pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado de Hidalgo para que realice una investigación sobre la epidemia de hepatitis tipo A, en el municipio de Agua Blanca, Hidalgo.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO.

El Punto de Acuerdo objeto del presente dictamen pretenden exhortar al Gobierno del Estado de Hidalgo para que realice una investigación sobre la epidemia de Hepatitis tipo A en el municipio de Agua Blanca, por medio de la dirección de servicios de salud del Estado de Hidalgo, para que realice la investigación correspondiente a las condiciones en las que opera el Centro de Salud de dicho municipio e informe a la esta soberanía así como a la Secretaría de salud.

Asimismo en el Punto de Acuerdo se menciona concretamente que dicha enfermedad comenzó en el municipio ya mencionado, con 15 infantes afectados por este virus de la escuela "Álvaro Obregón", así como 2 niños de Preescolar "Carmen Serdan", 3 estudiantes de la Escuela Secundaria No. 32 y un alumno del Telebachillerato.

III. CONSIDERACIONES.

A. Como bien nos lo marca el artículo 4 constitucional, el cual nos marca el derecho a la salud así como el artículo 134 del Título Octavo, Capitulo Segundo, "Enfermedades Transmisibles", en la Ley General de Salud, y que plasma que la Secretaría de Salud y los Gobiernos de las Entidades Federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia realizaran actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades; en su fracción primera marca: Cólera, fiebre tifoidea, paratifoidea, shigelosis, amibiasis, hepatitis virales y otras enfermedades infecciosas del aparato digestivo.

Sabemos que la Hepatitis es una enfermedad frecuente y transmisible, si realizamos una definición de hepatitis virales encontramos que es: la inflamación del hígado por infección con algunos de los virus existentes: A, B, C, D, E.

Es de señalarse que en el Estado de hidalgo se sufre una epidemia fuerte de Hepatitis de tipo A, como vemos esta enfermedad es aquella que comúnmente es trasmitida por agua, alimentos o excretas contaminado por el virus, y es una infección aguda que afecta al hígado causando la desnutrición de pequeñas zonas del tejido hepático, los síntomas varían desde una leve dolencia griposa, hasta una deficiencia hepática grave.

B. En México la edad mas frecuente a la que se presenta la Hepatitis A es la de los preescolares, aunque hay casos en lactantes y escolares, y por supuesto no de descartan a adolescentes y adultos. En nuestro país la tasa de transmisión entre miembros de familia son del 45% en niños y hasta el 20% en adultos.

Este virus (VHA) es el mas frecuente, produce un cuadro leve y cura por sí misma en unas semanas sin dejar secuelas. Entra por la boca, crece en los intestinos y se expulsa con las haces, cabe señalar que la severidad y la duración de la Hepatitis A varia. Para la mayoría de los pacientes, la presencia de ictericia se asocia con el alivio rápido de otros síntomas seguidos por la recuperación de la enfermedad en algunas semanas. Durante el periodo activo de la enfermedad el paciente no puede hacer su vida normal, perdiendo horas escolares o laborales. La recuperación completa usualmente tarda entre seis meses y un año. Sin embargo, complicaciones serias y, a veces, fatales se presentan en una minoría de pacientes con Hepatitis A. Como vemos es una enfermedad contagiosa y que se puede propagar muy rápido y enquistarse en una sociedad, por ende provocar una epidemia.

C. Cada estado de la República Mexicana reglamenta el derecho a la salud, en este caso lo contempla el artículo 8 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en el cual se establecen las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud así mismo plasma el derecho a la misma.

Por ende el estado de Hidalgo tiene que proporcionar servicios de salud a toda la población de la misma entidad, así mismo tiene la obligación de prevenir cualquier tipo de enfermedad más aun si es infecciosa y pueda causar una epidemia en este territorio. Se debe atender a los problemas sanitarios prioritarios del estado y a los factores que condicionen y causen daños a la salud con especial interés en acciones preventivas.

D. Por otro lado la Ley General de Salud en su artículo 136 marca que es obligatoria la notificación, de cualquier entidad federativa, a la Secretaría de Salud o a la autoridad sanitaria más cercana de las siguientes enfermedades y en los términos que a continuación se especifican:

Fracción II. Inmediatamente, en los casos de cualquier enfermedad que se presente en forma de brote o epidemia;

Asimismo en su artículo 141 nos marca que la Secretaría de Salud coordinará sus actividades con otras dependencias y entidades públicas y con los gobiernos de las entidades federativas, para la investigación, prevención y control de las enfermedades transmisibles.

E. Por lo señalado en el artículo 134, 136 y 141 de la Ley General de Salud, así como los argumentos mencionados del brote de una epidemia de Hepatitis A, en el Estado de Hidalgo específicamente en el municipio de Agua Blanca, consideramos viable este Punto de Acuerdo, para que se realicen las investigaciones y acciones necesarias.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Salud, con las atribuciones que les otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:

ACUERDO

Único. Se solicita a la Secretaría de Salud del Gobierno del estado de Hidalgo informe a esta Comisión de Salud del estado que guardan los casos detectados de Hepatitis tipo A del Municipio de Agua Blanca, así como las acciones de control y vigilancia epidemiológica realizadas.

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido, Pablo Anaya Rivera, María Cristina Díaz Salazar, Rafael García Tinajero Pérez, Raúl Rogelio Chavarría Salas, María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña, Lucio Galileo Lastra Marín, Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Rojas Toledo, María Salomé Elyd Sáenz, Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Isaías Soriano López (rúbrica), Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka, Martha Lucía Mícher Camarena, Irma Sinforina Figueroa Romero, José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Guillermo Velasco Rodríguez (rúbrica), María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).
 
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LAS AUTORIDADES SANITARIAS FEDERALES Y A LAS ESTATALES A ACTUAR COORDINADAMENTE A FIN DE DISMINUIR LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD POR PICADURA DE ALACRÁN

HONORABLE ASAMBLEA:

En la sesión celebrada el 28 de abril de 2005, le fue turnada a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud federal y a las Secretarías de Salud de los estados de Guerrero, Jalisco, Guanajuato, Morelos y Michoacán, a adoptar medidas para mantener un abasto suficiente de suero antialacránico y para exhortar a las autoridades sanitarias federales y a las de esos estados, a actuar coordinadamente en la provisión de servicios de salud preventivos, de capacitación de personal sanitario y de atención oportuna, a fin de disminuir la morbilidad y mortalidad por picadura de alacrán, presentada por el diputado Ángel Pasta Muñuzuri, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1° y 3°, 43, 44, 45 numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen mismo que se realiza bajo la siguiente:

METODOLOGÍA

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo, así como de los trabajos previos de la Comisión.

En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO", se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen.

I. ANTECEDENTES.

El 28 de abril de 2005, el diputado Ángel Pasta Muñuzuri, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la Proposición con Punto de Acuerdo con el propósito de exhortar a las autoridades sanitarias federales y estatales a actuar coordinadamente a fin de disminuir la morbilidad y mortalidad por picadura de alacrán.

En la misma fecha fue turnada dicha Proposición, a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su respectivo estudio y dictamen.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO.

El Punto de Acuerdo objeto del presente dictamen se realiza con el propósito de que se efectúen labores de prevención y abastecimiento de suero antialacránico en los estados de Jalisco, Guanajuato, Morelos, Michoacán y Durango, donde se incrementan considerablemente las picaduras de alacrán en época de calor, para evitar secuelas y defunciones.

El diputado proponente manifiesta que México presenta una de las mayores incidencias de alacranismo en el mundo, siendo las entidades federativas que presentan mayor número de casos Guerrero, Jalisco, Guanajuato, Morelos y Michoacán. El alacranismo es un problema de salud pública que debe ser prevenido con el abasto suficiente del antídoto a las picaduras de éstos animales ponzoñosos.

III. CONSIDERACIONES.

A. El derecho a la salud es una de las más importantes prerrogativas de las personas no sólo porque constituye un valor fundamental para su desarrollo sino porque además, dignifica al hombre. El artículo 4º de nuestra Constitución Política consagra dicho derecho y determina, para tal efecto, que el Estado tiene la obligación de establecer las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud a través de sus leyes.

B. En México la incidencia de picaduras de alacrán es muy alta. Existen siete especies nocivas para el ser humano que pertenecen al género Centruroides (suffusus suffusus, noxius, limpidus limpidus, limpidus tecomanus, elegans, infamatus infamatus y sculpturatus) que se encuentran a lo largo de la costa del Pacífico mexicano y en algunas partes del centro de la República como Durango, Querétaro, estado de México, Puebla y Morelos (en este último se reportan 15 mil casos anuales en el área urbana). En León, Guanajuato, suceden nueve mil casos anuales.

La intoxicación por picadura de alacrán se considera una urgencia médica y es de suma importancia para la Salud Pública por su magnitud y trascendencia, ya que es un problema que presenta un patrón endémico en el 70% del territorio nacional, aunque con mayor incidencia en áreas que reúnen condiciones geográficas, epidemiológicas, demográficas y socioeconómicas, así como de marginación y pobreza de la población afectada, que favorecen su presencia.

Asimismo, la variedad climatológica de nuestro país, así como su diversidad regional y los movimientos migratorios, propician el desarrollo de diferentes especies de alacrán. Este problema de salud pública denominado alacranismo, esta determinado por las intoxicaciones originadas por arácnidos del genero Centuroide.

Pese a que los riesgos de picaduras de alacrán se presentan con mayor frecuencia entre hombres de 15 a 45 años, quienes laboran en el campo, son los niños -particularmente los de menos de 30 kilogramos- y los adultos mayores quienes peligran más ya que la cantidad de este veneno de alta toxicidad que reciben es la misma que la de un adulto en plenas facultades. Esto da por resultado que cerca de un 80 por ciento de las personas que mueren actualmente por esta causa, son niños.

C. La intoxicación por picadura de alacrán (IPPA) se entiende -de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SSA2-2002- como el cuadro sindromático tóxico muy variado, ocasionado por la picadura de alacrán que afecta a diferentes órganos y sistemas, produciendo una amplia gama de signos y síntomas causados por estimulación simpática o parasimpático (sistema nervioso central).

La picadura de alacrán puede producir un cuadro tóxico que, si no es atendido oportunamente, puede ser sumamente grave e incluso causar la muerte.

D. Es importante señalar que de acuerdo a la Secretaría de Salud, el manejo y tratamiento de la IPPA deben ser específicos con antiveneno antialacrán, en cualquiera de sus variedades: suero o faboterápico, aplicándolo en todos los grupos de edad y pacientes embarazadas, en el transcurso de los primeros 30 minutos posteriores a la picadura, evitando esperar a que un cuadro evolucione y presente manifestaciones graves para ser tratado.

Ningún otro medicamento, aún cuando pueda ser utilizado en el tratamiento de picaduras de alacrán sustituye bajo ninguna circunstancia al antiveneno antialacrán, que además de proteger la vida, reduce la permanencia hospitalaria, gastos médicos, calma el dolor y evita molestias y complicaciones diversas.

De lo anterior se desprende la importancia del suero antialacránico y la necesidad de un correcto y suficiente abastecimiento del mismo, particularmente en las zonas de alto riesgo y en épocas de calor, ya que son el periodo en que los casos de IPPA son mayores, de acuerdo a datos de 2003 y 2004 de la Dirección Nacional de Epidemiología.

E. Con el propósito de reducir los efectos que causan las enfermedades causadas por alacranismo, la actual administración, se dio al propósito de fortalecer las medidas de prevención, control y vigilancia epidemiológica de este problema de salud pública.

En la actualidad, conforme al 4to. Informe de Labores de la Secretaría de Salud, existe vigilancia epidemiológica en toda la República y, además, se cuenta con un Programa de Alacranismo que se desarrolla en las 16 entidades federativas, en las que habitan especies de alacranes altamente tóxicos del género Centruroides.

Asimismo, existe la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SSA2-2002, Para la vigilancia, prevención y control de la intoxicación por picadura de alacrán; que tiene como objetivo establecer los lineamientos, criterios, actividades y procedimientos para la vigilancia, prevención, control así como lo relativo al manejo terapéutico de la intoxicación por picadura de alacrán.

Pese a lo anterior, la morbilidad por picadura de alacrán se mantiene dentro de las 20 principales causas de enfermedad nacional, en el 2003 como la número 16 y en el 2004 como la número 14, además de que en algunas entidades y municipios continúa una tendencia al incremento. Además, según cifras de la Dirección Nacional de Epidemiología de 2004, existen enormes disparidades entre los 16 estados que se encuentran bajo el Programa de Alacranismo, por un lado tenemos al Estado de México que estando dentro de este selecto grupo, sólo tiene una tasa de incidencia de intoxicación por picadura de alacrán de 36.82 por cada 100,000 habitantes, mientras que en Colima, la entidad con mayor incidencia, la tasa se dispara hasta los 1821.71.

F. La Secretaría de Salud espera que con la introducción de los sueros de tercera generación se incremente el uso del antiveneno en la terapia de las IPPA, situación que favorecerá la disminución de la mortalidad, con el propósito de lograr cero defunciones por IPPA en el 2006.

Pero para lograr esto, se requiere que en todo el país y no sólo en 16 entidades federativas se desarrolle el Programa de Alacranismo, además, se requiere de acciones coordinadas por parte de todos los estados a fin de combatir este problema de una forma integral. A través de la oportuna atención de los agredidos en las unidades de salud y centro comunitarios, atendidos por voluntarios, así como a la amplia distribución del suero antialacrán y el incrementado en el uso de antiveneno en la terapia de IPPA; el mejoramiento del control físico y químico contra el alacrán y actividades de mejora en las viviendas y empresas.

Asimismo, consideramos que la Norma Oficial Mexicana debe contemplar como Medidas de prevención y control, no sólo el "Mejoramiento de la vivienda y su entorno", sino también el mejoramiento de las instalaciones de las empresas que por sus características constituyan un factor de riesgo para que proliferen los alacranes así como la incidencia de picaduras de los mismos.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Salud, ponemos a consideración el siguiente:

ACUERDO.

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a las Secretarías de Salud de los estados a adoptar las medidas pertinentes para mantener un abasto suficiente de suero antialacránico, acorde a la tasa de incidencia de intoxicación por picadura de alacrán de sus respectivos estados y a sus variantes en las distintas épocas del año.

Segundo. Se exhorta a las autoridades sanitarias federales y estatales de las entidades a actuar coordinadamente en la provisión de servicios de salud preventivos, de capacitación de personal sanitario y de atención oportuna, a fin de disminuir la morbilidad y mortalidad por picadura de alacrán.

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido, Pablo Anaya Rivera, María Cristina Díaz Salazar, Rafael García Tinajero Pérez, Raúl Rogelio Chavarría Salas, María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Rojas Toledo, María Salomé Elyd Sáenz, Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Isaías Soriano López (rúbrica), Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo, Julio Boltvinik Kalinka, Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Irma Sinforina Figueroa Romero, José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Guillermo Velasco Rodríguez (rúbrica), María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).
 
 

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, fue turnada para su análisis y dictamen, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 208, 209, 210 y 251 y deroga el artículo 210-A de la Ley del Seguro Social. Dicha iniciativa fue puesta a consideración de esta H. Asamblea el día 26 de septiembre de 2002 por el C. Diputado Jorge Urdapilleta Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Asimismo, a la Comisión de Seguridad Social fue turnada para su análisis y dictamen, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 208, 209, 210 y 251 y deroga el artículo 210-A de la Ley del Seguro Social, recibida del Congreso del Estado de Jalisco en sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión celebrada el miércoles 18 de agosto de 2004, y presentada ante ese H. Congreso por el mismo diputado.

En atención a ello y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y las atribuciones que les otorgan los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

EXPOSICIÓN DEL MOTIVOS

CONSIDERACIONES

CONCLUSIONES

ACUERDO

Primero. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 208, 209, 210 y 251 y deroga el artículo 210-A de la Ley del Seguro Social, presentada por el Diputado Jorge Urdapilleta Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 26 de septiembre de 2002.

Segundo. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 208, 209, 210 y 251 y deroga el artículo 210-A de la Ley del Seguro Social, enviada por el Congreso del Estado de Jalisco, el 18 de agosto de 2004.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados, a los 16 días del mes de marzo de dos mil cinco.

Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Mayela Quiroga Tamez (rúbrica), Graciela Larios Rivas (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica), Sergio Álvarez Mata (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), secretarios; Miguel Alonso Raya (rúbrica), José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Marko Antonio Cortés Mendoza, Tomás Cruz Martínez (rúbrica), Blanca Eppen Canales, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Pablo Franco Hernández (rúbrica), Marco Antonio García Ayala, José García Ortiz, Francisco Grajales Palacios, Salvador Márquez Lozornio, Carlos Mireles Morales (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Ángel Pasta Muñuzuri (rúbrica), Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Juan Pérez Medina, Sergio Arturo Posadas Lara, José Felipe Puelles Espina, Ricardo Rodríguez Rocha (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica).

Por la Comisión de Seguridad Social

Diputados: Miguel Alonso Raya (rúbrica), Roberto Javier Vega Galina (rúbrica), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Manuel Pérez Cárdenas, Pablo Anaya Rivera (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho, David Hernández Pérez (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Óscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier, Martín Carrillo Guzmán (rúbrica), Roberto Colín Gamboa, Israel Raymundo Gallardo Sevilla, Gisela Juliana Lara Saldaña, Miguel Ángel Llera Bello, Juan Francisco Molinar Horcasitas, Carlos Tiscareño Rodríguez (rúbrica), Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes, Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos.
 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL, Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 259 Y 267 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y 152 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social les fue turnada para su estudio y dictamen Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 259 y 267 de la Ley del Seguro Social y 152 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con objeto de modificar la forma en que se designa a los directores generales de ambos institutos, así como los criterios para la integración de sus máximos órganos de gobierno, presentada en sesión ordinaria de la Comisión Permanente el miércoles 11 de agosto de 2004 por el diputado Omar Ortega Álvarez, en nombre del diputado Iván García Solís, ambos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

En atención a ello, y de conformidad con las atribuciones que les otorgan los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e y f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

1. Con fecha 11 de agosto de 2004, se presentó por el diputado Omar Ortega Álvarez, en nombre del diputado Iván García Solís, ambos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 259 y 267 de la Ley del Seguro Social y 152 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con objeto de modificar la forma en que se designa a los directores generales de ambos institutos, así como los criterios para la integración de sus máximos órganos de gobierno.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dictó el siguiente trámite: "Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados".

Previo estudio y análisis, se procedió a elaborar el presente dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

1. La iniciativa en comento tiene como propósito modificar la forma en la que se nombra a los directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como las bases con las que se integran sus órganos directivos y de gobierno.

El texto que se propone es el siguiente:

LEY DEL SEGURO SOCIAL:

Según se establece en la Exposición de Motivos, la facultad de designar a los directores de una y otra instituciones, establecidas en sus leyes respectivas, recayó en el titular del Ejecutivo. En el caso del IMSS, en su ordenamiento de 1943, se estableció que el director general sería nombrado por el Presidente de la República, con el requisito de que el designado debería ser mexicano por nacimiento, de reconocida honorabilidad y capacidad técnica, mismo que podría ser destituido por el propio Presidente pero a condición de acreditar causas graves y después de haber escuchado su defensa. En la Ley del Seguro Social expedida en 1973, sin embargo, sólo subsistió la exigencia de que tal funcionario fuera mexicano por nacimiento, disposición que fue recogida tal cual en la Ley del Seguro Social vigente desde el 1 de julio de 1997.

Continuando con su razonamiento, los iniciadores señalan que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) surgió en enero de 1960, con el antecedente inmediato de las grandes luchas de maestros y otros trabajadores del Estado entre 1956 y 1958, entre cuyas demandas figuró la de implantar una eficaz seguridad social, entonces inexistente, para este creciente sector de asalariados. Desde su origen, se estableció en el Instituto la facultad del Ejecutivo de nombrar y remover libremente al Director General.

3. Por lo que se refiere a los máximos órganos de gobierno de estas instituciones, refiere la iniciativa en comento en sus consideraciones, se constituyó, para el IMSS, una Asamblea General integrada por diez representantes del Ejecutivo federal, diez de organizaciones patronales y diez de organizaciones de trabajadores. En los dos últimos casos, es atribución del propio Ejecutivo establecer las bases para determinar las organizaciones que deban intervenir en la designación de los miembros de dicha asamblea.

Para el ISSSTE, en cambio, la Junta Directiva se compone por seis representantes del gobierno nombrados por el Presidente de la República y cinco representantes que serán designados por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

Concluyen los proponentes que tanto los directores de una y otra institución, así como los miembros de sus órganos directivos han representado, a lo largo de años, casi de modo exclusivo, la voz del gobierno. Los trabajadores, en cambio, siendo parte fundamental en el financiamiento de IMSS y del ISSSTE, y los derechohabientes, que son sus destinatarios, no cuentan con una representación genuina. Esto es así, enuncian los autores de la iniciativa, porque quienes se ostentan con tal carácter, no provienen de una decisión universal y directa ni presentan una composición plural, sino que son miembros de las directivas de sólo algunas de las organizaciones de trabajadores reconocidas por el propio gobierno y afines o subordinadas a éste.

4. En consecuencia, se propone reformar el artículo 267 de la Ley del Seguro Social así como el artículo 152 del la Ley del ISSSTE, para que la designación de los directores generales de ambas instituciones sea ratificada por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. Lo anterior, se dice, para garantizar una mayor representatividad, profesionalismo e idoneidad de quienes desempeñen estos cargos.

Asimismo, se propone reformar los artículos 259 de la Ley del Seguro Social y 152 de la Ley del ISSSTE, con objeto de establecer, en ambos casos, criterios de pluralidad y representatividad en la designación de representantes de los trabajadores. De este modo, se afirma, se rompería el monopolio que han mantenido las organizaciones corporativas y oficialistas en estas instancias, lo que ha ocasionando un grave daño a los intereses de afiliados y derechohabientes de las más importantes instituciones de seguridad social del país.

CONSIDERACIONES

1. Para su análisis, las Comisiones que dictaminan presentan a continuación sus consideraciones, refiriéndose a los componentes de la iniciativa de modo independiente.

En primer lugar, se revisó la propuesta de que los Directores Generales del IMSS y del ISSSTE fueran propuestos por el Ejecutivo y luego ratificados por dos terceras de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, llegándose a las conclusiones que siguen.

Los nombramientos de los Directores Generales de los organismos descentralizados, como lo son el IMSS y el ISSSTE, están conferidos exclusivamente al Presidente de la República en virtud de que en nuestra Carta Magna, el artículo 89, en su fracción II, establece dentro de las facultades exclusivas del Presidente:

En congruencia con estas disposiciones, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que es el marco normativo a través del cual se regula la organización, funcionamiento y control de las entidades paraestatales de la Administración Pública federal, entre las que se encuentran el IMSS y el ISSSTE, se establece claramente que los directores generales de dichas entidades serán designados por el Presidente de la República, tal y como lo señala el artículo 21:

2. La siguiente propuesta contenida en la iniciativa en comento es que el Ejecutivo Federal establezca las bases de la organización del Consejo Técnico y de la Comisión de Vigilancia del IMSS, a través de la reforma al artículo 259 de la Ley del Seguro Social.

Al respecto, es preciso señalar que en el ordenamiento vigente se establece tal disposición exclusivamente para la organización de la Asamblea General del IMSS. Esto se desprende en virtud de que la propia Ley del Seguro Social señala en el artículo 257 de la Ley del Seguro Social que los órganos superiores del Instituto son: la Asamblea General, el Consejo Técnico, la Comisión de Vigilancia y la Dirección General

No obstante, en el artículo 258 de la misma ley, se establece que la Asamblea General es la autoridad suprema del IMSS, tal y como lo dicta el artículo 258 de su propia Ley:

Lo anterior no obsta para señalar que esta situación ha cambiado por la resolución tomada el pasado 3 de junio por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de aceptar el registro de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP). Las consecuencias de la toma de nota a esta Federación para la integración de la Junta Directiva del ISSSTE y para el cumplimiento de los preceptos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional citados, se mantienen pendientes.

CONCLUSIONES

En conclusión, a juicio de las Comisiones que emiten el presente Dictamen, las propuestas plasmadas en esta iniciativa carecen de fundamento legal para poder llevarse a cabo y por tanto no pueden dictaminarse en sentido positivo, en virtud de que todas las disposiciones consideradas para ser modificadas, tienen sustento en diversos ordenamientos de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional y adoptar los cambios propuestos sin reformar los ordenamientos citados irían contra el principio de congruencia que debe guardar nuestro sistema normativo.

Por último, además de invadir la competencia, de aprobarse estas reformas se entraría en contradicción con los ordenamientos mencionados, con la misma Ley del Seguro Social y con los artículos 74 y 89 constitucionales que definen las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados y las del Presidente de la República por lo que sin modificarse el ordenamiento superior, las modificaciones serían del todo nulas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, con fundamento en los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

ACUERDO

Único. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 259 y 267 de la Ley del Seguro Social y 152 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez, en nombre del diputado Iván García Solís, ambos del Partido de la Revolución Democrática, en sesión ordinaria de la Comisión Permanente el miércoles 11 de agosto de 2004.

Salón de Comisiones de la H. Cámara de Diputados, a los 21 días del mes de junio de dos mil cinco.

Por la Comisión de Seguridad Social

Diputados: Miguel Alonso Raya (rúbrica en contra), Roberto Javier Vega Galina (rúbrica), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Manuel Pérez Cárdenas, Pablo Anaya Rivera (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho, David Hernández Pérez (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Óscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier, Martín Carrillo Guzmán (rúbrica), Roberto Colín Gamboa (rúbrica), Israel Raymundo Gallardo Sevilla (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Carlos Tiscareño Rodríguez (rúbrica), Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes, Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica en contra), Francisco Javier Carrillo Soberón, Rocío Sánchez Pérez (rúbrica en contra), Emilio Serrano Jiménez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica).

Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Mayela Quiroga Tamez (rúbrica), Graciela Larios Rivas (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica), Sergio Álvarez Mata (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica en contra), secretarios; Miguel Alonso Raya (rúbrica en contra), José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica en contra), Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Tomás Cruz Martínez (rúbrica en contra), Blanca Eppen Canales (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Pablo Franco Hernández (rúbrica en contra), Marco Antonio García Ayala, José García Ortiz, Francisco Grajales Palacios, Salvador Márquez Lozornio (rúbrica), Carlos Mireles Morales, Armando Neyra Chávez (rúbrica), Ángel Pasta Muñuzuri, Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Juan Pérez Medina, Sergio Arturo Posadas Lara, José Felipe Puelles Espina, Ricardo Rodríguez Rocha (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 6 Y 217 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Seguridad Social le fue turnada, para su estudio y dictamen, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6 y 217 de la Ley del Seguro Social, presentada por el Congreso del Estado de Zacatecas en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados el 4 de mayo de 2005.

En atención a ello, y de conformidad con las atribuciones que le otorgan los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e y f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Seguridad Social presenta a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

1. La H. LVIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en sesión del 21 de abril de 2005, mediante Acuerdo No. 31, aprobó en sesión ordinaria, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 6 y 217 de la Ley del Seguro Social.

2. Con fecha 4 de mayo de 2005, se presentó al Pleno de la Cámara de Diputados dicha iniciativa.

3. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados ordenó que el asunto fuera turnado a la Comisión de Seguridad Social.

Previo estudio y análisis de la Iniciativa, se procedió a la elaboración del presente dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

1. La iniciativa propone incorporar un nuevo régimen denominado "de atención a las víctimas del delito", mismo que se atendería por solidaridad social, y establece que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deba proporcionar el servicio para el caso de personas que sean víctimas de la comisión de algún delito y que requieran tratamiento médico y/o psicológico de urgencia como consecuencia del ilícito, aún en el caso de que personas no aseguradas, señalando que para la admisión y el tratamiento médico integral, baste solicitud del Ministerio Público acreditando el carácter de víctima y el requerimiento del tratamiento médico o psicológico de urgencia.

2. Refiere la iniciativa en comento, que a partir de la reforma constitucional para ampliar las garantías en materia penal y derechos de las víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de septiembre de 2000, la legislación secundaria no ha desarrollado apropiadamente la garantía consignada en el artículo 20, apartado B, fracción III de nuestra Ley Fundamental, para que el ofendido reciba, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia.

De acuerdo al Congreso promoverte de esta iniciativa, esta garantía debe respaldarse en la reforma a la Ley del Seguro Social descrita, para que el Estado no se sustraiga de su obligación primaria de garantizar seguridad jurídica a los gobernados.

3. El Proyecto de Decreto de la Iniciativa objeto del presente Dictamen establece lo siguiente:

De hecho, la atención de urgencia a las personas víctimas del delito se encuentra prevista en el artículo 56 de la Ley General de Salud que establece lo siguiente:

Se indica que la atención médica y Psicológica se proporcione aún a las personas no aseguradas, estimándose que en estricto sentido debió omitirse el adverbio aún, toda vez que las personas aseguradas, por esa sola calidad, tiene el derecho a recibir dicha atención sin necesidad de adiciones o reformas a la Ley.

Otra inconsistencia es la contenida en el párrafo cuarto que se adicionaría, según el cual la atención médica se otorgaría "por solidaridad social", toda vez que se propone que el Instituto se constituya, para todos los efectos legales, en acreedor para reclamar por cualquier vía contra el autor del ilícito, el pago del servicio médico o psicológico proporcionado a la víctima, inclusive mediante la instauración del procedimiento económico-coactivo.

Según la opinión del IMSS, los legisladores, autores de la iniciativa, pierden de vista lo establecido en el primer párrafo del artículo que se pretende adicionar, en el sentido de que los servicios de solidaridad social son financiados por la Federación y por los propios beneficiados. En tal virtud, es improcedente proponer que el Instituto emprenda contra el autor del ilícito, acción que, por otra parte, resultaría infructuosa en el supuesto de que éste no fuera localizado o detenido por la autoridad correspondiente.

Además, si se acepta que la atención de la víctima forma parte de la reparación del daño, correspondería al Ministerio Público, o en su caso, al Juez de la causa hacer la reclamación correspondiente, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente.

Finalmente, concluye la opinión del Instituto que la iniciativa carece de claridad y precisión. En el párrafo tercero que se propone adicionar, en primera instancia se habla de atención médica de urgencia. Sin embargo, a continuación se habla de que para el "tratamiento médico integral" será suficiente la solicitud del Ministerio Público.

5. El derecho a la seguridad social, reglamentario de la fracción XXIX del apartado A del artículo 123 constitucional está regulado a través de la Ley del Seguro Social. Este ordenamiento define que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.

En la Ley en comento, se define que el Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional en los términos de ley, sin prejuicio de los sistemas instituidos por otros ordenamientos.

La Ley establece que el Seguro Social comprende dos regímenes: el obligatorio y el voluntario.

El régimen obligatorio comprende los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales.

Los sujetos de aseguramiento de este régimen son las personas que se encuentran vinculadas de manera permanente o eventual, por una relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquier que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón y aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de impuestos o derechos; los miembros de las sociedades cooperativas de producción y las personas que determine el Ejecutivo federal mediante decretos, bajo los términos y condiciones que señala la ley.

El régimen voluntario es el que está comprendido en el Seguro de Salud para la Familia, que es un seguro de salud para las familias no derechohabientes que celebren con el IMSS un convenio para el otorgamiento de las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, en los términos del reglamento respectivo.

6. En consecuencia, a opinión de esta dictaminadora, añadir un nuevo régimen a la estructura de la Ley del Seguro Social debe considerar los elementos que tienen los regímenes ya existentes: un régimen financiero, la definición de sujetos de aseguramiento y un cuadro de prestaciones, en especie y/o en dinero.

La iniciativa pretende establecer un nuevo régimen tomando por alto todos estos elementos y sólo define a los sujetos de aseguramiento: las personas víctimas del delito. La sola enunciación de los pretendidos beneficiarios es insuficiente para configurar un nuevo régimen del Seguro Social, por lo que no resulta procedente su aceptación por parte de la Comisión que emite el presente Dictamen.

7. Según lo establecido en la iniciativa en comento, la atención a las personas víctimas del delito se otorgaría "por solidaridad social". Al respecto, es conveniente referir que las prestaciones de solidaridad social están comprendidas en la Sección Cuarta, del Capítulo Sexto del Título Segundo de la Ley del Seguro Social vigente.

Las prestaciones a que se refiere esta Sección son financiadas por la Federación y con aportes en efectivo o mediante la prestación de servicios a la comunidad de los núcleos de la población que constituyan polos de profunda marginación rural, suburbana o urbana y que el Poder Ejecutivo Federal determine como sujetos de solidaridad social.

Estos esquemas de atención son ajenos a las personas víctimas del delito que la iniciativa pretende encuadrar como sujetos de "solidaridad social".

Además, en las propuestas de adición de la iniciativa, se cae en dos severas contradicciones. En primer lugar se garantiza la atención médica de urgencia a las personas víctimas del delito y mediante una simple solicitud del Ministerio Público, se le da derecho a la "atención médica integral".

Finalmente, se desnaturaliza el origen de los recursos de las prestaciones de solidaridad social y al carácter propio del Instituto al constituirlo en acreedor para reclamar el pago del servicio médico o psicológico que se proporcione a la víctima.

8. En conclusión, la Comisión que emite el presente Dictamen considera que la iniciativa de mérito carece de viabilidad, dado que pretende incorporar un régimen nuevo al Seguro Social sin considerar un régimen financiero propio, la definición de sujetos de aseguramiento y un cuadro de prestaciones, en especie y/o en dinero. Así mismo, pretende legislar sobre la atención médica de urgencia a las personas víctimas del delito, cuando esto ya está contemplado en otros ordenamientos y debiera ser materia de una reforma a la legislación penal vigente, no a la legislación de seguridad social. Por último, desnaturaliza las prestaciones de solidaridad social al equiparlas o hacerla exclusiva con la atención a las personas víctimas del delito y al IMSS, al pretender convertirlo en acreedor de quienes cometen delito, sin ser autoridad constituida para ello.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Seguridad Social, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e y f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

ACUERDO

Único. No es de aprobarse la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 6 y 217 de la Ley del Seguro Social, presentada por el Congreso del Estado de Zacatecas en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados el 4 de mayo de 2005. Archívese el expediente.

Salón de Comisiones de la H. Cámara de Diputados, a los 30 días del mes de noviembre de dos mil cinco.

Diputados: Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Roberto Javier Vega Galina (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín, Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Pablo Anaya Rivera, Martín Carrillo Guzmán, Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Marco Antonio García Ayala, David Hernández Pérez (rúbrica), Graciela Larios Rivas (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Óscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), Roberto Colín Gamboa (rúbrica), Israel Raymundo Gallardo Sevilla, Gisela Juliana Lara Saldaña, Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas, Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón, Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos.
 
 

DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 96 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

HONORABLE ASAMBLEA:

En la sesión celebrada el día 27 de julio de 2005, le fue turnada a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 96 de la Ley General de Salud, presentada por el Diputado Jesús Martínez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1° y 3°, 43, 44, 45 numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen mismo que se realiza bajo la siguiente:

METODOLOGÍA

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la Iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida Iniciativa, así como de los trabajos previos de la Comisión.

En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO", se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, así mismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen.

I. ANTECEDENTES.

El 27 de julio de 2005, el Diputado Jesús Martínez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción VII al artículo 96, de la Ley General de Salud.

En la misma fecha fue turnada dicha Iniciativa a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su respectivo estudio y dictamen.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

La propuesta de la Iniciativa objeto del presente dictamen se realiza con el fin de que entre los rubros que comprende la investigación sobre enfermedades en el artículo 96 de la Ley General de Salud, se incluya una fracción que determine la inversión como una herramienta necesaria en el estudio de enfermedades hereditarias.

En la Iniciativa se afirma que es necesario que se establezcan fondos de inversión más sólidos para la exploración en el campo de la ciencia, lo cual generará provechos muy útiles para que México esté a la vanguardia en la investigación médica.

III. CONSIDERACIONES.

A. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, párrafo tercero, consagra el derecho a la salud, valor fundamental e indispensable en todo ser humano que condiciona el desarrollo y bienestar de las comunidades humanas. El propio artículo señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que para hacer efectiva esta prerrogativa, el Estado tiene la obligación de establecer las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud a través de sus leyes.

B. Si bien coincidimos en que las enfermedades hereditarias y genéticamente heredadas a través de las generaciones constituyen una problemática para la salud pública, es preciso señalar que nuestro país ya cuenta con un sistema de salud con fondos para la investigación científica sobre los genes recesivos que guardan información relacionada con enfermedades que van pasando en línea descendente y se manifiestan, lo que hace innecesaria la reforma propuesta.

El lunes 19 de julio de 2004, en el salón Adolfo López Mateos de la Residencia oficial de Los Pinos, el Presidente de la República, Lic. Vicente Fox Quesada firmó el Decreto para expedir las modificaciones a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, aprobadas por el Congreso de la Unión, mediante las cuales se crea el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN). La creación del INMEGEN forma parte del Plan Nacional de desarrollo 2000-2006 y coloca a México en capacidad de acceder a una nueva era en el cuidado de la salud.

El INMEGEN, undécimo Instituto Nacional de Salud, tiene como misión contribuir a generar y aplicar el conocimiento derivado del genoma humano para mejorar la salud de los mexicanos. Asimismo, destacó que el INMEGEN impulsará el desarrollo de recursos humanos de alto nivel, la innovación tecnológica, la difusión del conocimiento sobre la medicina genómica y la generación de bienes y servicios a partir de la investigación científica en esta disciplina.

C. De lo anterior se desprende si bien anteriormente se contaba con un sistema de salud carente de fondos para la investigación científica sobre los genes recesivos que guardan información relacionada con enfermedades que van pasando en línea descendente y se manifiestan, en la actualidad, México ha superado esa problemática y ahora se cuenta con un Instituto especializado en la medicina genómica, que no se limita sólo al estudio de las enfermedades hereditarias.

En años anteriores ya se contaba con investigación y desarrollos en Ciencias Genómicas de instituciones como la UNAM, el CINVESTAV, la Comisión Nacional para el Genoma Humano, el IMSS, la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Sociedad Mexicana de Medicina Genómica (SOMEGEN) a las que desde hace más de un año se suma el INMEGEN, para la construcción de una plataforma nacional en medicina genómica.

Además, los esquemas innovadores que desarrolla el INMEGEN incluyen aquellos que estimulan la generación de productos y servicios a partir de la investigación científica en medicina genómica, la cual está dirigida al desarrollo de nuevas herramientas que permiten conocer el riesgo de padecer enfermedades comunes, antes de que aparezcan, y con ello llevar a cabo una atención médica más individualizada, preventiva y predictiva, con enormes beneficios médicos, sociales y financieros para los mexicanos.

D. El INMEGEN contará gradualmente con laboratorios de investigación, unidades de alta tecnología genómica e infraestructura para docencia, que le permitirían establecer una sólida vinculación horizontal a lo largo y ancho del territorio nacional, así como con instituciones del extranjero. Su estructura esta diseñada en tres componentes:

E. En el INMEGEN se llevan a cabo actividades de investigación en salud y docencia relacionadas con investigación básica y clínica en la especialidad, así como de divulgación del conocimiento; por otra parte, se impulsará la vinculación horizontal con instituciones nacionales e internacionales en el campo de la medicina genómica y disciplinas afines. De esta manera, se buscará la realización de proyectos conjuntos de investigación, el intercambio de profesores visitantes y la formación de recursos humanos especializados.

En materia de investigación en salud, se realizan estudios genómicos poblacionales, el desarrollo de tecnologías de análisis y diagnóstico a gran escala, el desarrollo de protocolos clínicos para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades comunes, el desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico y de nuevos fármacos, la identificación de mecanismos moleculares que confieren riesgos para enfermedades comunes como diabetes mellitus, asma, hipertensión arterial y muchas otras.

Lo anterior, hará posible disminuir el costo de la salud pública, dado que los costos de prevención de las enfermedades más frecuentes son menores que los costos de tratamiento crónico, rehabilitación y de las bajas en la fuerza productiva del país. Esto permitirá la incorporación de nuevas intervenciones costo-efectivas en la cada vez más amplia cobertura de servicios, lo que facilitará la protección financiera de los usuarios de los servicios de salud.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud con las atribuciones que les otorgan los artículos 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a su consideración el siguiente:

ACUERDO.

Único. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción VII al artículo 96 de la Ley General de Salud, presentada por el Diputado Jesús Martínez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, el 27 de julio de 2005.

Por la Comisión de Salud

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas, María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Rojas Toledo, María Salomé Elyd Sáenz, Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Isaías Soriano López (rúbrica), Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), María Angélica Díaz del Campo, Julio Boltvinik Kalinka, Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Irma Sinforina Figueroa Romero, José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Guillermo Velasco Rodríguez (rúbrica), María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHAN LAS INICIATIVAS QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 15, 17, 115 Y 306 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

HONORABLE ASAMBLEA:

A la comisión de salud fue turnada para su estudio y posterior dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15, 17, 115, y 306 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Así mismo, fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 115 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1º y 3º, 43, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

En sesión celebrada con fecha 12 de Septiembre de 2005, por el pleno de la H. Cámara de Diputados, el diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15, 17, 115, y 306 de la Ley General de Salud.

En la misma fecha, la mesa directiva del mencionado órgano legislativo turnó la iniciativa a ésta Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

Con fecha 27 de Septiembre de 2005, el diputado Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el pleno de la H. Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 115 de la Ley General de Salud.

En la misma fecha, la Mesa Directiva, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen.

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS.

La iniciativa presentada por el diputado Hinojosa Moreno, pretende reformar diversos artículos de Ley General de Salud, para ahondar en la trayectoria de los profesionales médicos que formen parte del Consejo de Salubridad General.

Así mismo, y preocupado por lo que él considera vaguedad del texto vigente, propone un modificación al artículo 17 para lograr una mayor vinculación entre las actividades a nivel educativo, respecto a lo que ocurre en la realidad del Sector Salud en nuestro país, afirmando que dicha reforma redundará en un ahorro de recursos, tanto humanos, como financieros.

También pretende reformar la fracción II del artículo 115, para lograr en la población una mayor conciencia del valor y calidad de los alimentos así como una mejor conducta en materia de nutrición.

Por último propone reformar el artículo 306 a fin de que la publicidad motive a la población a considerar el valor de la salud como un estado completo de bienestar tanto físico como mental.

En otro orden de ideas, el diputado González Yáñez, pretende reformar, la fracción II del artículo 115, a fin de incluir una leyenda precautoria en las botanas y refrescos, como una forma de prevención de la obesidad.

III. CONSIDERACIONES.

ACUERDO.

Artículo Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15, 17, 115, y 306 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 12 de Septiembre de 2005.

Artículo Segundo. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 115 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 27 de Septiembre de 2005.

Por la Comisión de Salud

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido, Pablo Anaya Rivera (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas, María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña, Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Rojas Toledo, María Salomé Elyd Sáenz, Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Isaías Soriano López (rúbrica), Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), José Porfirio Alarcón Hernández, María Angélica Díaz del Campo, Julio Boltvinik Kalinka, Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Irma Sinforina Figueroa Romero, José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Guillermo Velasco Rodríguez (rúbrica), María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).
 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SEGURIDAD SOCIAL, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 203, REFORMA EL ARTÍCULO 204 Y DEROGA EL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social les fue turnada para su estudio y dictamen Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 203, reforma el artículo 204 y deroga el artículo 213 de la Ley del Seguro Social.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículo 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 60, 87 y 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Seguridad Social somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen.

ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del 29 de abril de 2003, la Cámara de Senadores discutió y aprobó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 203, que reforma el artículo 204 y que deroga el artículo 213 de la Ley del Seguro Social, presentada en sesión ordinaria del 14 de abril de 2003, por el Senador Genaro Borrego Estrada, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. Para los efectos de los dispuesto en el artículo 72, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó el 29 de abril de 2003 a la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto que adiciona el artículo 203, que reforma el artículo 204 y que deroga el artículo 213 de la Ley del Seguro Social.

3. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 29 de abril de 2003, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó que este asunto fuera turnado a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

4. Previo estudio y análisis de la minuta en comento, se procedió a la elaboración del presente dictamen.

CONSIDERACIONES

1. La obligación de los patrones de establecer servicios de guardería y custodia de los hijos de las madres trabajadoras fue establecida en la Ley Federal del Trabajo expedida en 1931, con el objeto de que las empleadas estuvieran en posibilidad de desempeñar un trabajo remunerado sin afectar el cuidado y la atención que debían a sus hijos. El escaso cumplimiento de esta obligación indujo al Ejecutivo Federal a incluir en un reglamento esta obligación exclusivamente para los patrones que tuvieran contratadas a más de 50 mujeres.

En 1962, se reformó la legislación laboral para establecer que este servicio fuera proporcionado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, dada su experiencia técnica y administrativa en la prestación de servicios sociales. Esta garantía quedó consagrada consagrada en el artículo 171 de la Ley Federal del Trabajo y sigue vigente hasta nuestros días.

Desde 1946, tres años después de su fundación, el Instituto Mexicano del Seguro Social estableció los primeros servicios de guardería, que en ese momento era exclusivo de los trabajadores a su servicio, para atender a los infantes de 45 días de nacidos hasta los seis años de edad. Esta prestación contractual sigue vigente y cuenta con ocho establecimientos.

Es en la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de marzo de 1973 que se incluyó la prestación del servicio de guardería como un derecho de los asegurados y como una obligación del Instituto.

En la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación de 1995 y vigente desde el 1 de julio de 1997, el Seguro de Guarderías comprendido en la Ley de 1973, dio paso al Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales, precisando su fuente de financiamiento y prohibiendo expresamente el uso de recursos de este seguro para otro del Régimen Obligatorio.

En la legislación vigente, se establece que el Ramo de Guarderías cubre el riesgo de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél que detente la custodia de los hijos, de no poder proporcionar cuidados maternos durante su jornada de trabajo.

Por mandato de ley, estos servicios incluyen el aseo, la alimentación, el cuidado de la salud, la educación y recreación de los menores desde la edad de los 43 días de nacidos hasta los cuatro años de edad. El servicio se brinda durante las horas de trabajo del asegurado y puede extenderse cuatro semanas en caso de baja del régimen obligatorio del trabajador.

El financiamiento del Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales es cubierto íntegramente por los patrones mediante la aportación de uno por ciento del salario de cotización de sus trabajadores, independientemente de que tengan o no trabajadores a su servicio que hagan uso de las prestaciones que otorga este Seguro y que no más del 20 por ciento de las cuotas de este Seguro se utilizarían para Prestaciones Sociales.

La Ley mandató al Instituto a establecer instalaciones especiales para otorgar el servicio en zonas convenientemente localizadas en relación a los centros de trabajo y la habitación y en localidades donde opere el régimen obligatorio del Seguro Social. Asimismo, se estableció que el Instituto podría celebrar convenios de reversión de cuotas o subrogación de servicios con los patrones que tuvieran instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos.

2. Con el tiempo, el servicio de guarderías prestado por el Instituto Mexicano del Seguro Social empezó a sufrir de graves problemas. Por un lado, el contexto económico de elevadas tasas de inflación y deterioro en el empleo elevó los costos de operación del servicio y disminuyó sus ingresos. Por otra parte, la necesidad de atender otras carencias institucionales hicieron que el Instituto ocupara recursos de este Seguro para aliviar el déficit de otros como el de Enfermedades y Maternidad, limitando, por décadas la posibilidad de ampliar la cobertura del servicio.

Para tratar de enfrentar esta situación, a partir de 1983 creo un esquema de atención denominado "guardería participativa", que mediante el mecanismo previsto en la Ley de reversión de cuotas o subrogación es operado mediante asociaciones civiles organizadas por cámaras patronales en instalaciones dadas en comodato por el Instituto.

En 1997, se inició la aplicación del esquema "vecinal comunitario", mediante el cual el Instituto presta el servicio a través de microempresas sociales operadas por especialistas, mediante contratos de subrogación.

A partir de 2003, la prestación del servicio por particulares de dio bajo un solo esquema, el "vecinal comunitario único", con contratos de tres años, que permiten -de acuerdo a información del IMSS-ofrecer un servicio de calidad, bajo condiciones de certidumbre jurídica y económica.

El Instituto estima que el costo de atención por niño en las guarderías del esquema "vecinal comunitario" es de aproximadamente el 40 por ciento del que se incurre en las guarderías operadas por él mismo.

De acuerdo con el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2003-2004, estos esquemas alternativos han permitido que en los últimos tres años, la capacidad instalada de las guarderías aumente en 75 por ciento y en 194 por ciento respecto a 1998. Aún así, la oferta se encuentra muy por debajo de la demanda de servicio. El Instituto estima en 508 mil casos la demanda potencial del servicio de guarderías, medida por el número de certificados de maternidad expedidos por el IMSS, lo que significa que sólo se cubre la tercera parte de esa demanda.

En 2003, de 181 mil 972 lugares disponibles, 29 mil 868 correspondieron a guarderías operadas por el IMSS y el resto, 152 mil 104, a servicios prestados por particulares. En cuanto al número de guarderías, de 1 mil 320 que prestan el servicio a los derechohabientes, sólo 142 se otorgaban por la prestación directa del servicio y 1 mil 178 por prestación indirecta. Cinco de cada seis lugares y nueve de cada diez guarderías disponibles para derechohabientes del IMSS eran operados por particulares.

El Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales en 2003 tuvo ingresos por 8 mil 354 millones de pesos y gastos totales de 11 mil 938 millones, por lo que el déficit fue de 3,584 millones. Para 2004, el Instituto ha estimado un déficit de 3 mil 861 millones; para 2005 y 2006 se estima que se tenga déficit por 4 mil 127 y 4 mil 354 millones, respectivamente.

La situación tenderá a ser más difícil, dado que las estimaciones actuariales del IMSS indican que en 10 años este déficit seguirá creciendo bajo el supuesto de que se duplicará la oferta de espacios en guarderías.

3. Una evaluación del servicio de guardería ofrecido a los derechohabientes del Seguro Social se encuentra en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2002, en el cual la Auditoría Superior de la Federación practicó una Auditoría de Desempeño al Proyecto 032 "Otorgamiento de Servicios de Guardería y Ampliación de Cobertura".

El Órgano Superior de Fiscalización detectó que el IMSS incumple lo establecido en el artículo 213 de la Ley del Seguro Social en el sentido de celebrar convenios de reversión de cuotas o subrogación de servicios con los patrones que tengan instaladas guarderías al servicio de sus trabajadores; encontró también que el Instituto opera con discrecionalidad la aplicación de cuotas de subrogación, en vez de manejar una cuota única; tampoco construyó metas ni indicadores consolidados de cobertura y de calidad¹ (valoración nutricional, de salud y del desarrollo psicomotor) en el otorgamiento de este servicio; así mismo, no tuvo capacidad en 2002 para ofrecer el servicio a 50 mil madres trabajadoras que lo solicitaron; además, constató que en los últimos 4 años, los menores atendidos en guarderías propiedad del IMSS tuvieron un decremento de 7.3 por ciento, mientras que en las guarderías subrogadas se incrementaron 175.4 por ciento; finalmente, se encontraron diferencias entre la Cuenta Pública y los Estados Financieros del Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales, hasta por 2 mil 387.1 millones de pesos.

En suma, la situación del Ramo de Guarderías del Régimen Obligatorio del Seguro Social enfrenta severos problemas por su falta de cobertura, su desfinanciamiento, la falta de aplicación de la normatividad vigente, la ausencia de medición adecuada de la calidad del servicio y la falta de transparencia en el manejo de recursos.

4. Ante esa problemática, la Minuta objeto del presente dictamen propone adicionar el artículo 203, reformar el artículo 204 y derogar el artículo 213 de la Ley del Seguro Social. De acuerdo al dictamen aprobado por la Cámara de Senadores el 29 de abril de 2003, el objeto de las modificaciones es reformar el Ramo de Guarderías para reforzar los esquemas de atención vigentes a fin de ampliar la cobertura, conservando la calidad en el servicio.

Valorando de manera positiva el desempeño de las guarderías subrogadas, se considera que es necesario contar con una regulación adecuada que proporcione seguridad jurídica a las partes que lo conforman, tomando en cuenta que la prestación del servicio por un particular implica una fuerte inversión y asumir fuertes cargas laborales. Por parte del Instituto, se dice, se requiere certidumbre en cuanto a los servicios que se prestan bajo el esquema subrogado, a efecto de que éste tenga seguridad, permanencia y continuidad en la prestación del servicio, abatiendo costos y garantizando la calidad en la atención.

Se sostiene en el dictamen mencionado que con estas modificaciones no se pierde la rectoría del Instituto para la prestación de los servicios.

La reforma buscaría hacer explícito que la atención educativa que se da en las guarderías se haga conforme a la política educativa vigente; establecer en la Ley las características que deben contemplar los convenios de subrogación entre el IMSS y los particulares e integrar en un solo artículo las tres modalidades de atención vigentes en el Ramo de Guarderías: atención directa, subrogación y reversión de cuotas.

La modificación propuesta por el Senador Genaro Borrego Estrada y aprobada por la Cámara de Senadores establece lo siguiente:

Esto es evidente, al retomar las conclusiones de los considerandos anteriores en los que se repasa la problemática que enfrentan las guarderías al servicio de los derechohabientes del Seguro Social. Más que la falta de una regulación adecuada, los problemas se relacionan más con la falta de cobertura, los problemas financieros y la operación discrecional con que el IMSS opera este Ramo.

Quienes dictaminan, consideran improcedente incorporar el Programa Nacional de Educación a la normatividad del Seguro Social toda vez que el objetivo de este último es atender en este Ramo una prestación social que de ceñirse a lo establecido en una norma de naturaleza diferente distorsionaría los objetivos de la prestación. En adición, es evidente que la realización de actividades educativas en estos centros de atención a los hijos de los derechohabientes en la actualidad cumplen con los objetivos de la educación nacional por ser estos parte de nuestra Ley Fundamental.

Las Comisiones que dictaminan difieren del criterio establecido en la Minuta en comento de que la alternativa a la falta de cobertura sea atendida de manera preferente de manera preferente mediante los convenios de subrogación, dado que el incremento de la capacidad instalada de los establecimientos particulares no ha venido aparejada con un esfuerzo institucional para ampliar la cobertura de guarderías propias del Instituto y tampoco queda claro, dados los resultados encontrados por la Auditoría Superior de la Federación, que el establecimiento de un mayor número de guarderías subrogadas se corresponde con una adecuada rectoría y supervisión del organismo público responsable de la prestación del servicio, como lo es el IMSS, por lo que no se deduce que la salida más adecuada para ampliar la cobertura del servicio de guarderías deba ser apoyar uno solo de los esquemas que ya prevé la Ley del Seguro Social vigente desde julio de 1997.

Por otra parte, la normatividad que se quiere incorporar en la Ley del Seguro Social, a juicio de quienes elaboran el presente dictamen, tiene que ser materia de disposiciones reglamentarias y administrativas, como sucede con los otros esquemas de subrogación y reversión de cuotas que, como en el caso del Seguro de Enfermedades y Maternidad, sólo es previsto por la Ley para que sea el Instituto el responsable de desarrollarlo. A juicio de estas Comisiones Dictaminadoras, resultaría más adecuado que el IMSS cumpla con el Reglamento y con los convenios aprobados para la prestación del servicio subrogado que regular desde la Ley las características que deban incluir esos convenios. Incluso, plasmar en detalle las características de estos puede llegar a limitar a las partes para la celebración de los mismos e implicaría desconocer la facultad el Instituto para celebrar instrumentos de este tipo.

Tampoco parece adecuado, a juicio de las Comisiones que elaboraron el presente dictamen concentrar los artículos 294 y 213, ya que el primero se refiere a un aspecto específico (la ubicación de las guarderías), y el segundo a la forma de celebración de convenios de subrogación y reversión de cuotas.

Estas Comisiones coinciden en la necesidad de encontrar alternativas a mejorar el servicio de guarderías a cargo del IMSS y establecer medidas que coadyuven a la ampliación de la cobertura de este importante derecho de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con fundamento en los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y para los efectos del inciso d) del artículo 72 Constitucional, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

ACUERDO

Único. Se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 203, reforma el artículo 204 y deroga el artículo 213 de la Ley del Seguro Social, remitida por la H. Cámara de Senadores, turnada a estas Comisiones el 29 de abril de 2003.

Nota:
1 En 28 de las 72 guarderías estudiadas se encontraron porcentajes menores al 100 por ciento en la cobertura del esquema básico de vacunación; en 19 por ciento, los menores registraron peso menor al adecuado a su edad y en 31 por ciento de las guarderías visitadas se realizan prácticas discriminatorias al no aceptar a menores discapacitados.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados, a los 16 días del mes de marzo de 2005.

Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Mayela Quiroga Tamez (rúbrica), Graciela Larios Rivas (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica), Sergio Álvarez Mata (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), secretarios; Miguel Alonso Raya (rúbrica), José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica en contra), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica en contra), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Marko Antonio Cortés Mendoza, Tomás Cruz Martínez (rúbrica), Blanca Eppen Canales (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Pablo Franco Hernández (rúbrica), Marco Antonio García Ayala, José García Ortiz, Francisco Grajales Palacios, Salvador Márquez Lozornio (rúbrica), Carlos Mireles Morales, Armando Neyra Chávez (rúbrica), Ángel Pasta Muñuzuri, Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Juan Pérez Medina, Sergio Arturo Posadas Lara, José Felipe Puelles Espina, Ricardo Rodríguez Rocha (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo.

Por la Comisión de Seguridad Social

Diputados: Miguel Alonso Raya (rúbrica), Roberto Javier Vega Galina (rúbrica), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Manuel Pérez Cárdenas, Pablo Anaya Rivera (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho, David Hernández Pérez (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Óscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier, Martín Carrillo Guzmán (rúbrica), Roberto Colín Gamboa, Israel Raymundo Gallardo Sevilla, Gisela Juliana Lara Saldaña, Miguel Ángel Llera Bello, Juan Francisco Molinar Horcasitas, Carlos Tiscareño Rodríguez (rúbrica), Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes, Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos.