• De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código de Comercio.

• De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 1056 del Código de Comercio.

• De las Comisiones Unidas de Salud, y de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Federal de Procedimientos Penales.

• Al dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Federal de Procedimientos Penales.

• De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Guatemala.

• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano embajador Carlos Rodríguez y Quezada para aceptar y usar la condecoración de la Estrella Yugoslava de Primer Grado, que le otorga el Gobierno de Serbia y Montenegro.

• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Verónica Solís Pesquera y Enrique Gutiérrez Carmona para prestar servicios en la Embajada de la República Checa y en la Delegación de la Comisión Europea en México, respectivamente.

• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Luis Antonio Morán Mora, Luz del Carmen Salcedo Vaudrecourt, Teodora María López Noriega y Mercedes González Gutiérrez para prestar servicios en la Embajada y en los Consulados de Estados Unidos de América en México, Hermosillo, Sonora, y Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Felipe Camelo Schwars, Miguel González Calette, Salvador Meléndez Mena, José Saúl Juárez Vega, Miguel Hakim Simón, Juan Benito Artigas Hernández y Raúl Sergio Arroyo García, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los Gobiernos de la República de Guatemala, del Reino de Dinamarca, de la República Francesa, del Reino de España, de la República de El Salvador y de la Republica de Panamá, respectivamente.

• De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, con puntos de acuerdo por los que se desechan las iniciativas que reforman los artículos 208, 209 y 210, y deroga el artículo 210-A de la Ley del Seguro Social.

• De las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 259 y 267 de la Ley del Seguro Social y 152 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

• De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que adiciona el artículo 203, reforma el artículo 204 y deroga el artículo 213 de la Ley del Seguro Social.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 78 Y 80 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, presentada por el C. Diputado Francisco Luis Monárrez Rincón del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 19 de octubre de 2004. Lo anterior, que en ejercicio de la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del Honorable Congreso de la Unión.

La Comisión de Economía de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos d), e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la Iniciativa descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 19 de octubre de 2004, los CC. Secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la Iniciativa que presentó el C. Diputado Francisco Luis Monárrez Rincón del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

SEGUNDO. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Economía".

TERCERO. Mediante oficio CE/1048/04, de fecha 15 de octubre de 2004, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de esta Iniciativa.

CUARTO. El legislador propone lo siguiente:

MODIFICACIONES

PRIMERO. Sobre la adición propuesta por el Legislador, se considera más conveniente que la misma se prevea en el artículo 79 del Código de Comercio, ya que tal disposición es la encargada de regular las excepciones al diverso artículo 78, que establece las reglas generales que le serán aplicables a los contratos mercantiles. En este sentido y atendiendo que el espíritu de la iniciativa obedece a incorporar una excepción a las reglas generales de las convenciones mercantiles, es que se propone la siguiente modificación:

Artículo 79.-.........

SEGUNDO. Sobre el artículo 80 del Código de Comercio, se estima que debe agregarse el "teléfono" como medio para celebrar convenciones mercantiles, así como establecer como excepción al precepto legal citado, lo dispuesto por la fracción III del artículo 79; motivo por el cual se propone la siguiente modificación:

Artículo 80.- Los convenios y contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, teléfono, telégrafo, o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, quedarán perfeccionados desde que se reciba la aceptación de la propuesta o las condiciones con que ésta fuere modificada, salvo lo dispuesto por la fracción III del artículo 79 de esta ley.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la Iniciativa de referencia.

SEGUNDO. Que el Código de Comercio tiene por objeto, entre otros, el de regular los actos de comercio, los cuales se señalan de manera enunciativa más no limitativa, en el artículo 75 del ordenamiento jurídico mencionado, así como las relaciones contractuales en las que los comerciantes formen parte.

TERCERO. Que el Código de Comercio menciona a las personas que deberán reputarse en derecho "comerciantes", considerando de igual forma, que las personas que accidentalmente realicen alguna operación de comercio, aunque no sean consideradas en derecho "comerciantes", quedan por disposición de la propia ley, sujetas a la aplicación de las leyes mercantiles.

CUARTO. Que tal y como se prevé en el artículo 1794 del Código Civil Federal, uno de los elementos de existencia de un contrato, es el consentimiento, entendido éste como la manifestación de voluntad, expresa o tácita, por la cual se exterioriza el acuerdo de conseguir un fin común determinado, de lo cual se presupone que si falta el elemento de consentimiento en cualquier contrato mercantil, dicha convención es nula de pleno derecho y por tanto no produce efecto jurídico alguno.

QUINTO. Que existen empresas que ofrecen servicios a los particulares sin que estos los hubieren solicitado y que en la gran mayoría de los casos ni siquiera son utilizados, y que no obstante ello, las empresas realizan el cobro de tales servicios, aún y cuando tales convenciones carecen de un elemento esencial de existencia que consiste en el consentimiento, lo cual da origen a una evidente incertidumbre jurídica que permite a las empresas, de forma indiscriminada y unilateral, hacer cobros a los particulares de servicios que no fueron solicitados.

SEXTO. Que debido a un mercado cada vez más globalizado y competitivo, las empresas han tenido que desarrollar mecanismos alternos para captar clientes, cuya legalidad se encuentra seriamente cuestionada, y que han ocasionado infinidad de reclamaciones instauradas por los particulares ante autoridades administrativas y judiciales, de lo que se infiere que estamos en presencia de una importante inseguridad jurídica generada por las prácticas irregulares de las empresas, exponiendo a los particulares al cobro de servicios prestados no solicitados, abusando con ello, del principio consignado en la legislación mercantil que establece que los actos comerciales no dependen de la observancia de formalidades o requisitos determinados.

SÉPTIMO. Que los CC. Diputados que integran la Comisión de Economía que dictamina, reconocen y concluyen que resulta indispensable brindar protección a los particulares de cobros por servicios no pactados, mediante la adición dentro de la ley, de la aceptación expresa y por escrito como requisito para la validez de convenciones mercantiles en las que intervienen empresas que prestan servicios al público, así como establecer claramente el tipo de servicio, el pago correspondiente, duración de las obligaciones, y las sanciones en caso de incumplimiento, motivo por el cual se considera viable la propuesta en los términos del presente dictamen.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Economía presenta al Pleno de esta Honorable Asamblea para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL CODIGO DE COMERCIO.

Artículo Único. Se adiciona la fracción III al artículo 79 y se reforman el último párrafo del artículo 79 y el artículo 80 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 79.- Se exceptuarán de lo dispuesto en el artículo que precede:

Artículo 80.- Los convenios y contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, teléfono, telégrafo, o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, quedarán perfeccionados desde que se reciba la aceptación de la propuesta o las condiciones con que ésta fuere modificada, salvo lo dispuesto por la fracción III del artículo 79 de este Código.

TRANSITORIO

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de noviembre de 2005.

Diputados: Manuel López Villarreal (rúbrica), Presidente; Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, secretarios; Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), Francisco Javier Barrio Terrazas (rúbrica), Jaime del Conde Ugarte (rúbrica), José Francisco J. Landero Gutiérrez (rúbrica), Jesús Antonio Nader Nasrallah (rúbrica), Miguel Ángel Rangel Ávila (rúbrica), María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), José Manuel Abdala de la Fuente, Fernando Ulises Adame de León, Jorge Baldemar Utrilla Robles, Óscar Bitar Haddad, Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Alfredo Gómez Sánchez (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos, Eduardo Olmos Castro, José Mario Wong Pérez, Juan José García Ochoa, Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Yadira Serrano Crespo, Víctor Suárez Carrera, Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 1056 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 1056 DEL CODIGO DE COMERCIO, presentada por el C. Diputado Juan Fernando Perdomo Bueno del Grupo Parlamentario Convergencia, el 13 de julio de 2005. Lo anterior, que en ejercicio de la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del Honorable Congreso de la Unión.

La Comisión de Economía de la LIX Legislatura, con fundamento en los Artículos 39 y 45 numeral 6 incisos d), e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la Iniciativa referida, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Que en sesión celebrada en la Comisión Permanente, el día 13 de julio de 2005, los CC. Secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la Iniciativa que presentó el C. Diputado Juan Fernando Perdomo Bueno del Grupo Parlamentario Convergencia.

SEGUNDO. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados".

TERCERO. Que mediante oficio CE/1611/05, de fecha 18 de julio de 2005, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de la Iniciativa.

CUARTO. El Legislador propone lo siguiente:

Que los ausentes o ignorados sean representados de acuerdo con las disposiciones señaladas en el Código Civil para el Distrito Federal o el Código Civil Federal, según sea el caso.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que con base en los antecedentes antes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la Iniciativa de referencia.

SEGUNDO. Que la supletoriedad consiste en la aplicación complementaria de una ley respecto de otra, sin embargo, tal supletoriedad solo se aplica para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integren con principios generales contenidos en otras leyes, con la característica que generalmente se realiza mediante referencia expresa de un texto legal que la reconoce, por lo que debe entenderse que la aplicación de la supletoriedad se hará en los supuestos no contemplados por la primera ley y que la complementará ante posibles omisiones o para la interpretación de sus disposiciones.

TERCERO. Que el artículo 2° del Código de Comercio establece que a falta de disposiciones expresas en dicho ordenamiento, y demás leyes mercantiles, se aplicaran supletoriamente, las disposiciones contenidas en el Código Civil Federal.

CUARTO. Que el Código de Comercio en el Capítulo II del Título Primero, Libro Quinto denominado "De la Capacidad y Personalidad", previene que los ausentes e ignorados serán representados en los términos que dispone el Código Civil del Distrito Federal, de lo que se infiere que se aplicarían las disposiciones de dicho ordenamiento jurídico y no del Código Civil Federal, a pesar de ser ésta la ley supletoriamente aplicable.

QUINTO. Que tanto el Código Civil para el Distrito Federal como el Código Civil Federal contienen disposiciones idénticas en cuanto a la representación de los ausentes e ignorados, sin embargo, resulta ser el Código Civil Federal la norma adecuada para ser aplicada supletoriamente al Código de Comercio, pues así esta dispuesto en su artículo 2°.

SEXTO. Que los CC. Diputados integrantes de la Comisión de Economía que dictamina, reconocen y concluyen que es de importante trascendencia jurídica que nuestros ordenamientos legales gocen de homogeneidad, coherencia y armonía entre sus disposiciones, razón por la cual resulta conveniente reformar el artículo 1056 del Código de Comercio, a fin de que se establezca que la representación de ausentes e ignorados se regirá por las disposiciones del Código Civil Federal, al ser la norma legal aplicable de forma supletoria.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Economía presenta al Pleno de esta Honorable Asamblea para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 1056 DEL CODIGO DE COMERCIO.

Artículo Único. Se reforma el artículo 1056 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 1056.- Todo el que, conforme a la ley esté en el pleno ejercicio de sus derechos puede comparecer en juicio. Aquellos que no se hallen en el caso anterior, comparecerán a juicio por medio de sus representantes legítimos o los que deban suplir su incapacidad conforme a derecho. Los ausentes e ignorados serán representados como se previene en el Código Civil Federal.

TRANSITORIO

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de noviembre de 2005.

Diputados: Manuel López Villarreal (rúbrica), Presidente; Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), secretarios; Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), Francisco Javier Barrio Terrazas (rúbrica), Jaime del Conde Ugarte (rúbrica), José Francisco J. Landero Gutiérrez (rúbrica), Jesús Antonio Nader Nasrallah, Miguel Ángel Rangel Ávila (rúbrica), María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica), Fernando Ulises Adame de León, Jorge Baldemar Utrilla Robles, Óscar Bitar Haddad (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala, Juan Manuel Dávalos Padilla, Alfredo Gómez Sánchez (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos, Eduardo Olmos Castro, José Mario Wong Pérez, Juan José García Ochoa, Isidoro Ruiz Argaiz, Yadira Serrano Crespo (rúbrica), Víctor Suárez Carrera (rúbrica), Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica).
 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD, Y DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

HONORABLE ASAMBLEA:

Las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia y Derechos Humanos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 208 bis y una fracción VII al artículo 260, y se reforma el artículo 464, todos de la Ley General de Salud; se adiciona una fracción XV al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; y se adiciona una artículo décimo transitorio a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

ANTECEDENTES

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en fecha 6 de abril de 2004, la Diputada María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un artículo 208 bis y una fracción VII al artículo 260, y reforma el artículo 464, todos de la Ley General de Salud; adiciona una fracción XV al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; y adiciona un artículo décimo transitorio a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

La Mesa Directiva, en esa misma fecha, mediante oficio número D. G. P. L. 59-II-4-494, acordó se turnara a las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia y Derechos Humanos dicha iniciativa, la cual presenta dictamen al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

A. La autora de la iniciativa expresa su preocupación en lo relativo a la falsificación de medicamentos, en razón de que la legislación sanitaria vigente contempla los casos en que debe considerarse que un determinado producto resulta alterado o adulterado, pero no falsificado, que es una conducta totalmente distinta en cuanto a su significado, y que hasta el momento, no se encuentra considerada legalmente. En atención a ello, propone adicionar un artículo 208 bis a la Ley General de Salud, para incluir una definición del término falsificación, entendiéndose como tal cuando el envase o la etiqueta, sin autorización, llevan la marca registrada, el nombre comercial o cualquier otra marca de identificación, el impreso, el emblema o cualquier parecido de los mismos de un fabricante de medicamentos, procesador, empacador o distribuidor distinto a la persona o personas que, de hecho, fabricaron, procesaron, empacaron o distribuyeron ese medicamento, pretendiendo en forma falsa o representando ser el producto que fue empacado o distribuido por otro fabricante, procesador, empacador o distribuidor de medicamentos.

Al respecto, las Comisiones que hoy dictaminan consideramos importante la adición propuesta, y concordamos con la autora de la iniciativa en la necesidad de la inclusión de una descripción del término "falsificación", ya que de acuerdo a los argumentos vertidos por la Dip. Cristina Díaz Salazar, adulteración, alteración, contaminación y falsificación son términos totalmente distintos, y este último no se encuentra contemplado en la Ley General de Salud, por lo que los actos relacionados con la falsificación de medicamentos, han estado fuera del marco jurídico, lo cual no significa que no sea una realidad tangible que sucede día con día, si tomamos en consideración que la salud pública de todo mexicano en este aspecto es vulnerable, por lo que la adición propuesta puede aventajar este problema que cada día crece en perjuicio de la salud pública mexicana. Sin embargo, estas Comisiones Dictaminadoras estiman que, siguiendo la estructura de la vigente Ley General de Salud, el nuevo artículo 208 bis debe referirse a "productos" de tal forma que, por un lado se tenga una secuencia lógica en la definición o descripción de términos que hoy tiene ese ordenamiento cuando en los artículos 206, 207 y 208 se habla de adulteración, contaminación y alteración, y ahora en el 208 bis de falsificación, y por otra parte, al referirse a "productos" queden incluidos no solo los medicamentos, sino otros artículos de consumo humano.

B :En la iniciativa se propone también la adición de la fracción VII al artículo 260 de la Ley General de Salud, a efecto de que sea obligación de los responsables sanitarios de los establecimientos que se destinen al proceso de los productos, incluyendo su importación y exportación, contar con un libro de control autorizado por la Secretaría de Salud y firmado por el responsable sanitario, incluyendo nombre del medicamento, número de lote y su procedencia, facultando a la Secretaría para realizar verificaciones respecto de los datos declarados. Lo anterior se estima inviable, ya que por una parte, dicho precepto se enfoca a establecer los requisitos para ser responsable sanitario de establecimientos y no para establecer requisitos sobre el funcionamiento de éstos, por otro lado, el artículo 261 en vigor prevé una responsabilidad solidaria de las sanciones, por el responsable del establecimiento y el propietario del mismo, en los casos en que resulten afectados, por acción u omisión, la identidad, pureza, conservación, preparación, dosificación o manufactura de los productos.

C. La autora de la iniciativa manifiesta que, a fin de hacer coherentes las adiciones propuestas, resulta necesario reformar el artículo 464 de la precipitada ley, para prever la conducta de falsificación de medicamentos. El texto propuesto es el siguiente:

"Artículo 464.- En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas:

Las penas señaladas en los párrafos anteriores se aplicarán con independencia de aquellas señaladas por la ley, cuando se trate de tráfico de estupefacientes o psicotrópicos.

Las penas mencionadas en los párrafos anteriores, se aplicarán independientemente de que alguna persona o personas sufrieran lesiones o la muerte, al responsable, le serán aplicadas, además, las penas que señale la legislación común en materia penal".

En lo relativo a dicha reforma, estas Comisiones Unidas coincidimos plenamente. Además, es importante destacar que entre más precisa sea una ley, más elementos tendrá la autoridad encargada de investigar y sancionar los delitos, para emitir una resolución justa, debidamente fundada y motivada, excluyendo la posibilidad de que actúe conforme a su criterio, lo que en algunos casos resulta necesario debido a los vacíos que presentan algunas legislaciones. En la fracción III del nuevo artículo 464 ter se hacen algunos ajustes de redacción para la adecuada formulación del tipo.

Por lo anterior, la reforma en comento se considera lo suficientemente clara y por supuesto el texto propuesto se estima mucho más completo que el actual.

También es necesario hacer mención de que la reforma contempla supuestos delictivos que actualmente no se encuentran en la ley de la materia, lo que evidentemente fortalece el marco jurídico y el estado de derecho que debe imperar, ya que contempla todos los supuestos, en que puede incurrir un sujeto dedicado a la falsificación, adulteración, alteración o contaminación de medicamentos, tomando en consideración todas sus etapas, desde su producción hasta su comercialización.

Ahora bien, se sugiere que en la fracción II se incluya la palabra "vigente" para hacer referencia a la multa que se impondrá, de conformidad con el salario mínimo, y cambiar "de" por "en" la zona económica de que se trate, para mejorar la redacción.

No obstante lo anterior, se advierte que la reforma deja de lado lo referente a alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia de uso o consumo humano, lo que es de suma importancia que siga siendo regulado tal y como lo prevé el artículo 464 en vigor, al repercutir directamente en la salud, de igual forma que en materia de medicamentos, por lo que se propone eliminar del texto del artículo 464 actual a los medicamentos, e incluir la reforma en estudio como la adición del artículo 464 ter, considerando que existe un numeral 464 bis, en obvio de no recorre la numeración actual.

En otro orden de ideas, se considera que la fracción IV que propone la legisladora, no debe incluirse en el artículo en estudio, en razón de que se trata de un tema distinto, como lo es la venta de muestras médicas gratuitas, por lo que al abordarse en este numeral conductas relacionadas con la adulteración, falsificación, contaminación y alteración de medicamentos, el contenido de dicha fracción no guarda relación alguna con la problemática que se aborda.

D. Asimismo, la autora propone adicionar una fracción XV al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para que se consideren como delitos graves las conductas precisadas en el numeral 208 bis que pretende adicionar, así como las contenidas en el artículo 464 propuesto. Al respecto consideramos que la comisión de los delitos previstos en las fracciones I, II y III del artículo 464 ter de la Ley General de Salud entrañan dolo para su comisión, con lo que se pone en riesgo y la vida de quien llegue a consumir los medicamentos falsificados.

En virtud de lo anterior y a efecto de dar cumplimiento a la fracción I del artículo 20 constitucional, se considera procedente que las conductas antes mencionadas sean consideradas como graves dentro del catálogo legal contenido en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que en consecuencia se deberá adicionar una fracción XV al citado dispositivo para que se incluyan las conductas previstas en las fracciones I, II y III del artículo 464 ter de la Ley General de Salud.

E:- Finalmente, la iniciativa propone adicionar una artículo décimo transitorio a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a efecto de prever la constitución de una Unidad Especializada de Investigación de Delitos Sanitarios, que esté facultada para instruir a los agentes de la Policía Federal Investigadora y peritos que le estén adscritos, sobre los elementos o indicios que deban ser investigados o recabados, así como sobre otras acciones que fueren necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado.

Sobre el particular, resulta importante destacar que en razón de que la Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, ha hecho importantes detenciones con motivo de los ilícitos cometidos por personas u organizaciones que se dedican al tráfico, falsificación, transportación y comercialización de productos de uso o consumo humano, estas Comisiones estimamos que la creación de la Unidad referida no es necesaria, ya que actualmente existe un órgano dedicado a la persecución de este tipo de delitos.

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia y Derechos Humanos someten a la consideración de esta Asamblea el presente:

PROYECTO DE DECRETO POR QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Artículo Primero.- Se reforma el Artículo 464 y se adicionan los Artículos 208 Bis y 464 Ter a Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 208 Bis.- Se considera falsificado un producto cuando se fabrique, envase o se venda haciendo referencia a una autorización que no existe, utilizando una otorgada legalmente a otro o imitando al legalmente fabricado y registrado.

Artículo 464.- A quien, adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia o producto de uso o consumo humano, con peligro para la salud, se le aplicará de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Artículo 464 Ter.- En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación se mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas:

I.- A quien adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos para uso o consumo humanos o los fabrique sin los registros, licencias o autorizaciones que señala esta Ley, se le aplicará una pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente a cien mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate;

II.- A quien falsifique o adultere o permita la adulteración o falsificación de material para envase o empaque de medicamentos, sus leyendas, la información que contengan o sus números o claves de identificación, se le aplicará una pena de uno a cinco años de prisión y multa equivalente a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, y

III.- A quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, sus leyendas, información que contengan o números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de uno a cinco años de prisión y multa equivalente a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Para los efectos del presente artículo, se entenderá por medicamento, fármaco, materia prima, aditivo y material, lo preceptuado en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 221 de esta Ley; y se entenderá por adulteración, contaminación, alteración y falsificación, lo previsto en los artículos 206, 207, 208 y 208 bis de esta Ley.

Artículo Segundo.- Se adiciona la fracción XV al Artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. a XIV. ............

XV. De la Ley General de Salud, los previstos en las fracciones I, II y III del artículo 464 Ter.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por la Comisión de Salud

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido, Pablo Anaya Rivera (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Rojas Toledo, María Salomé Elyd Sáenz, Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala, Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás, Isaías Soriano López (rúbrica), Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), José Porfirio Alarcón Hernández, María Angélica Díaz del Campo, Julio Boltvinik Kalinka, Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Irma Sinforina Figueroa Romero, José Luis Naranjo y Quintana, Guillermo Velasco Rodríguez (rúbrica), María Angélica Ramírez Luna.

Por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Félix Adrián Fuentes Villalobos, Miguelángel García-Domínguez, Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica, en abstención), Amalín Yabur Elías (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Mario Carlos Culebro Velasco (rúbrica), Angélica de la Peña Gómez, Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Francisco Diego Aguilar (rúbrica), José Luis García Mercado (rúbrica), Eliana García Laguna, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica, en abstención), Ernesto Herrera Tovar (rúbrica,), María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Consuelo Muro Urista (rúbrica), Sergio Penagos García (rúbrica, en abstención), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), María Sara Rocha Medina, Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Leticia Socorro Userralde Gordillo (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Bernardo Vega Carlos, Margarita Zavala Gómez del Campo.
 
 

Palacio Legislativo, a 1 de diciembre de 2005

Dip. Heliodoro Díaz Escárraga
Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados
Presente

Por medio de la presente nos permitimos solicitar, la modificación del dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que adiciona una fracción XV al Art. 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; un Artículo Décimo transitorio a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; un Artículo 208 bis y reforma el Artículo 464 de la Ley General de Salud, conforme al texto que se anexa.

Agradeciéndole de antemano la atención que le sirva dar a la presente, aprovechamos la ocasión para hacerle llegar un afectuoso saludo.

Atentamente

Dip. José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica)
Presidente de la Comisión de Salud

Dip. Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica)
Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
 

Texto del Dictamen

Artículo 208 Bis.- Se considera falsificado un producto cuando se fabrique, envase o se venda haciendo referencia a una autorización que no existe, utilizando una otorgada legalmente a otro o imitando al legalmente fabricado y registrado.

Texto Propuesto

Artículo 208 Bis.- Se considera falsificado un producto cuando se fabrique, envase o se venda haciendo referencia a una autorización que no existe o utilizando una otorgada a otro imitando al legalmente fabricado y registrado.

Atentamente

Dip. José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica)
Presidente de la Comisión de Salud

Dip. Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica)
Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
 
 

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados
PRESENTES:

La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias recibió mediante turno, la Iniciativa que ha quedado señalada en el acápite del presente documento, misma que fue presentada por el Diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta Comisión se abocó a la formulación del presente dictamen, de conformidad con lo siguiente:

I.- ANTECEDENTES.

La iniciativa propone adicionar la fracción XVII al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Conforme a la exposición de motivos de la propia iniciativa, los argumentos en que sustenta su propuesta son:

La Comisión que dictamina considera que es de aprobarse la iniciativa presentada con las modificaciones expuestas por las razones previstas y por lo tanto propone a esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo Único.- Se adiciona una nueva fracción XVII, al Numeral 2, del Artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39. .......

1. .........

2. ...

I. a XVI. ..........

XVII. Función Pública;

XVIII. Gobernación;

XIX. Hacienda y Crédito Público;

XX. Justicia y Derechos Humanos;

XXI. Juventud y Deporte;

XXII. Marina;

XXIII. Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XXIV. Participación Ciudadana;

XXV. Pesca;

XXVI. Población, Fronteras y Asuntos Migratorios;

XXVII. Presupuesto y Cuenta Pública;

XXVIII. Puntos Constitucionales;

XXIX. Radio, Televisión y Cinematografía;

XXX. Recursos Hidráulicos;

XXXI. Reforma Agraria;

XXXII. Relaciones Exteriores;

XXXIII. Salud;

XXXIV. Seguridad Pública;

XXXV. Seguridad Social;

XXXVI. Trabajo y Previsión Social;

XXXVII. Transportes;

XXXVIII. Turismo, y

XXXIX. Vivienda.

3. ............

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en noviembre del año dos mil cinco.

Diputados: Iván García Solís (rúbrica), Presidente; Raúl José Mejía González (rúbrica), secretario; Adrián Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica), secretario; Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica), secretario; Sergio Álvarez Mata (rúbrica), Federico Barbosa Gutiérrez (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbrica), Rafael Sánchez Pérez (rúbrica), Salvador Sánchez Vázquez, Pedro Vázquez González (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO PORFIRIO ALEJANDRO MUÑOZ LEDO Y LAZO DE LA VEGA PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN DE LA ORDEN DEL QUETZAL, EN GRADO DE GRAN CRUZ, QUE LE OTORGA EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Guatemala.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III, del apartado C), del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único.- Se concede permiso al ciudadano Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Guatemala.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 11 de noviembre de 2005.

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle, David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Jesús Porfirio González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Alonso Adrián Juárez Jiménez (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Federico Madrazo Rojas (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández, José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO EMBAJADOR CARLOS RODRÍGUEZ Y QUEZADA PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN DE LA ESTRELLA YUGOSLAVA DE PRIMER GRADO, QUE LE OTORGA EL GOBIERNO DE SERBIA Y MONTENEGRO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano embajador Carlos Rodríguez y Quezada, para aceptar y usar la condecoración de la Estrella Yugoslava de Primer Grado, que le otorga el Gobierno de Serbia y Montenegro.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único.- Se concede permiso al ciudadano embajador Carlos Rodríguez y Quezada, para aceptar y usar la condecoración de la Estrella Yugoslava de Primer Grado, que le otorga el Gobierno de Serbia y Montenegro.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 11 de noviembre de 2005.

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle, David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Jesús Porfirio González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Alonso Adrián Juárez Jiménez (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Federico Madrazo Rojas (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández, José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS VERÓNICA SOLÍS PESQUERA Y ENRIQUE GUTIÉRREZ CARMONA PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA CHECA Y EN LA DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN MÉXICO, RESPECTIVAMENTE

Honorable Asamblea:

En oficios fechados los días 8 de noviembre y 25 de octubre del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Verónica Solís Pesquera y Enrique Gutiérrez Carmona, puedan prestar servicios como ayudante de limpieza y asistente administrativo, en la Embajada de la República Checa y en la Delegación de la Comisión Europea, en México, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 22 de noviembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana Verónica Solís Pesquera, para prestar servicios como ayudante de limpieza, en la Embajada de la República Checa en México.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Enrique Gutiérrez Carmona, para prestar servicios como asistente administrativo, en la Delegación de la Comisión Europea, en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 23 de noviembre de 2005.

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle, David Hernández Pérez, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Jesús Porfirio González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Alonso Adrián Juárez Jiménez (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Federico Madrazo Rojas (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández, José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS LUIS ANTONIO MORÁN MORA, LUZ DEL CARMEN SALCEDO VAUDRECOURT, TEODORA MARÍA LÓPEZ NORIEGA Y MERCEDES GONZÁLEZ GUTIÉRREZ PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA Y EN LOS CONSULADOS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO, HERMOSILLO, SONORA, Y MONTERREY, NUEVO LEÓN, RESPECTIVAMENTE

Honorable Asamblea:

En oficio de fecha 7 de noviembre de 2005, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Luis Antonio Morán Mora, Luz del Carmen Salcedo Vaudrecourt, Teodora María López Noriega y Mercedes González Gutiérrez, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada y en los Consulados de los Estados Unidos de América, en México, Hermosillo, Sonora y Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 22 de noviembre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Luis Antonio Morán Mora, para prestar servicios como inspector de Mantenimiento Residencial, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana Luz del Carmen Salcedo Vaudrecourt, para prestar servicios como asistente en la Sección de Recursos Humanos, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero.- Se concede permiso a la ciudadana Teodora María López Noriega, para prestar servicios como asistente de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso a la ciudadana Mercedes González Gutiérrez, para prestar servicios como empleada del Departamento de Ciudadanía, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 23 de noviembre de 2005.

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle, David Hernández Pérez, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Jesús Porfirio González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Alonso Adrián Juárez Jiménez (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Federico Madrazo Rojas (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández, José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS FELIPE CAMELO SCHWARS, MIGUEL GONZÁLEZ CALETTE, SALVADOR MELÉNDEZ MENA, JOSÉ SAÚL JUÁREZ VEGA, MIGUEL HAKIM SIMÓN, JUAN BENITO ARTIGAS HERNÁNDEZ Y RAÚL SERGIO ARROYO GARCÍA, PARA ACEPTAR Y USAR LAS CONDECORACIONES QUE LES CONFIEREN LOS GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DEL REINO DE DINAMARCA, DE LA REPÚBLICA FRANCESA, DEL REINO DE ESPAÑA, DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR Y DE LA REPUBLICA DE PANAMÁ, RESPECTIVAMENTE

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Felipe Camelo Schwars, Miguel González Calette, Salvador Meléndez Mena, José Saúl Juárez Vega, Miguel Hakim Simón, Juan Benito Artigas Hernández y Raúl Sergio Arroyo García, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los Gobiernos de la República de Guatemala, del Reino de Dinamarca, de la República Francesa, del Reino de España, de la República de El Salvador y de la República de Panamá, respectivamente.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso al C. Felipe Camelo Schwarz, cónsul honorario de Guatemala en Monterrey, Nuevo León, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Quetzal, en grado de Gran Oficial, que le otorga el Gobierno de la República de Guatemala.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al C. Miguel González Calette, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno del Reino de Dinamarca.

Artículo Tercero.- Se concede permiso al C. Salvador Meléndez Mena, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas en grado de Caballero, que le otorga el ministro de Educación Nacional del Gobierno de la República Francesa.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al C. José Saúl Juárez Vega, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Artículo Quinto.- Se concede permiso al C. Juan Benito Artigas Hernández, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Artículo Sexto.- Se concede permiso al C. Dr. Miguel Hakim Simón, para que pueda aceptar y usar la condecoración José Matías Delgado, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le otorga el Gobierno de la República de El Salvador.

Artículo Séptimo.- Se concede permiso al C. Dr. Miguel Hakim Simón, para que pueda aceptar y usar la condecoración Vasco Núñez de Balboa, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Gobierno de la República de Panamá.

Artículo Octavo.- Se concede permiso al C. Raúl Sergio Arroyo García, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 23 de noviembre de 2005.

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle, David Hernández Pérez, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Jesús Porfirio González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Alonso Adrián Juárez Jiménez (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Federico Madrazo Rojas (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández, José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia.
 
 

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, fue turnada para su análisis y dictamen, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 208, 209, 210 y 251 y deroga el artículo 210-A de la Ley del Seguro Social. Dicha iniciativa fue puesta a consideración de esta H. Asamblea el día 26 de septiembre de 2002 por el C. Diputado Jorge Urdapilleta Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Asimismo, a la Comisión de Seguridad Social fue turnada para su análisis y dictamen, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 208, 209, 210 y 251 y deroga el artículo 210-A de la Ley del Seguro Social, recibida del Congreso del Estado de Jalisco en sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión celebrada el miércoles 18 de agosto de 2004, y presentada ante ese H. Congreso por el mismo diputado.

En atención a ello y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y las atribuciones que les otorgan los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

EXPOSICIÓN DEL MOTIVOS

CONSIDERACIONES

CONCLUSIONES

ACUERDO

Primero. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 208, 209, 210 y 251 y deroga el artículo 210-A de la Ley del Seguro Social, presentada por el Diputado Jorge Urdapilleta Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 26 de septiembre de 2002.

Segundo. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 208, 209, 210 y 251 y deroga el artículo 210-A de la Ley del Seguro Social, enviada por el Congreso del Estado de Jalisco, el 18 de agosto de 2004.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados, a los 16 días del mes de marzo de dos mil cinco.

Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Mayela Quiroga Tamez (rúbrica), Graciela Larios Rivas (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica), Sergio Álvarez Mata (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), secretarios; Miguel Alonso Raya (rúbrica), José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Marko Antonio Cortés Mendoza, Tomás Cruz Martínez (rúbrica), Blanca Eppen Canales, Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Pablo Franco Hernández (rúbrica), Marco Antonio García Ayala, José García Ortiz, Francisco Grajales Palacios, Salvador Márquez Lozornio, Carlos Mireles Morales (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Ángel Pasta Muñuzuri (rúbrica), Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Juan Pérez Medina, Sergio Arturo Posadas Lara, José Felipe Puelles Espina, Ricardo Rodríguez Rocha (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica).

Por la Comisión de Seguridad Social

Diputados: Miguel Alonso Raya (rúbrica), Roberto Javier Vega Galina (rúbrica), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Manuel Pérez Cárdenas, Pablo Anaya Rivera (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho, David Hernández Pérez (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Óscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier, Martín Carrillo Guzmán (rúbrica), Roberto Colín Gamboa, Israel Raymundo Gallardo Sevilla, Gisela Juliana Lara Saldaña, Miguel Ángel Llera Bello, Juan Francisco Molinar Horcasitas, Carlos Tiscareño Rodríguez (rúbrica), Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes, Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos.
 
 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL, Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 259 Y 267 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y 152 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social les fue turnada para su estudio y dictamen Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 259 y 267 de la Ley del Seguro Social y 152 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con objeto de modificar la forma en que se designa a los directores generales de ambos institutos, así como los criterios para la integración de sus máximos órganos de gobierno, presentada en sesión ordinaria de la Comisión Permanente el miércoles 11 de agosto de 2004 por el diputado Omar Ortega Álvarez, en nombre del diputado Iván García Solís, ambos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

En atención a ello, y de conformidad con las atribuciones que les otorgan los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e y f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

1. Con fecha 11 de agosto de 2004, se presentó por el diputado Omar Ortega Álvarez, en nombre del diputado Iván García Solís, ambos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 259 y 267 de la Ley del Seguro Social y 152 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con objeto de modificar la forma en que se designa a los directores generales de ambos institutos, así como los criterios para la integración de sus máximos órganos de gobierno.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dictó el siguiente trámite: "Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados".

Previo estudio y análisis, se procedió a elaborar el presente dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

1. La iniciativa en comento tiene como propósito modificar la forma en la que se nombra a los directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como las bases con las que se integran sus órganos directivos y de gobierno.

El texto que se propone es el siguiente:

LEY DEL SEGURO SOCIAL:

Según se establece en la Exposición de Motivos, la facultad de designar a los directores de una y otra instituciones, establecidas en sus leyes respectivas, recayó en el titular del Ejecutivo. En el caso del IMSS, en su ordenamiento de 1943, se estableció que el director general sería nombrado por el Presidente de la República, con el requisito de que el designado debería ser mexicano por nacimiento, de reconocida honorabilidad y capacidad técnica, mismo que podría ser destituido por el propio Presidente pero a condición de acreditar causas graves y después de haber escuchado su defensa. En la Ley del Seguro Social expedida en 1973, sin embargo, sólo subsistió la exigencia de que tal funcionario fuera mexicano por nacimiento, disposición que fue recogida tal cual en la Ley del Seguro Social vigente desde el 1 de julio de 1997.

Continuando con su razonamiento, los iniciadores señalan que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) surgió en enero de 1960, con el antecedente inmediato de las grandes luchas de maestros y otros trabajadores del Estado entre 1956 y 1958, entre cuyas demandas figuró la de implantar una eficaz seguridad social, entonces inexistente, para este creciente sector de asalariados. Desde su origen, se estableció en el Instituto la facultad del Ejecutivo de nombrar y remover libremente al Director General.

3. Por lo que se refiere a los máximos órganos de gobierno de estas instituciones, refiere la iniciativa en comento en sus consideraciones, se constituyó, para el IMSS, una Asamblea General integrada por diez representantes del Ejecutivo federal, diez de organizaciones patronales y diez de organizaciones de trabajadores. En los dos últimos casos, es atribución del propio Ejecutivo establecer las bases para determinar las organizaciones que deban intervenir en la designación de los miembros de dicha asamblea.

Para el ISSSTE, en cambio, la Junta Directiva se compone por seis representantes del gobierno nombrados por el Presidente de la República y cinco representantes que serán designados por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

Concluyen los proponentes que tanto los directores de una y otra institución, así como los miembros de sus órganos directivos han representado, a lo largo de años, casi de modo exclusivo, la voz del gobierno. Los trabajadores, en cambio, siendo parte fundamental en el financiamiento de IMSS y del ISSSTE, y los derechohabientes, que son sus destinatarios, no cuentan con una representación genuina. Esto es así, enuncian los autores de la iniciativa, porque quienes se ostentan con tal carácter, no provienen de una decisión universal y directa ni presentan una composición plural, sino que son miembros de las directivas de sólo algunas de las organizaciones de trabajadores reconocidas por el propio gobierno y afines o subordinadas a éste.

4. En consecuencia, se propone reformar el artículo 267 de la Ley del Seguro Social así como el artículo 152 del la Ley del ISSSTE, para que la designación de los directores generales de ambas instituciones sea ratificada por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. Lo anterior, se dice, para garantizar una mayor representatividad, profesionalismo e idoneidad de quienes desempeñen estos cargos.

Asimismo, se propone reformar los artículos 259 de la Ley del Seguro Social y 152 de la Ley del ISSSTE, con objeto de establecer, en ambos casos, criterios de pluralidad y representatividad en la designación de representantes de los trabajadores. De este modo, se afirma, se rompería el monopolio que han mantenido las organizaciones corporativas y oficialistas en estas instancias, lo que ha ocasionando un grave daño a los intereses de afiliados y derechohabientes de las más importantes instituciones de seguridad social del país.

CONSIDERACIONES

1. Para su análisis, las Comisiones que dictaminan presentan a continuación sus consideraciones, refiriéndose a los componentes de la iniciativa de modo independiente.

En primer lugar, se revisó la propuesta de que los Directores Generales del IMSS y del ISSSTE fueran propuestos por el Ejecutivo y luego ratificados por dos terceras de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, llegándose a las conclusiones que siguen.

Los nombramientos de los Directores Generales de los organismos descentralizados, como lo son el IMSS y el ISSSTE, están conferidos exclusivamente al Presidente de la República en virtud de que en nuestra Carta Magna, el artículo 89, en su fracción II, establece dentro de las facultades exclusivas del Presidente:

En congruencia con estas disposiciones, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que es el marco normativo a través del cual se regula la organización, funcionamiento y control de las entidades paraestatales de la Administración Pública federal, entre las que se encuentran el IMSS y el ISSSTE, se establece claramente que los directores generales de dichas entidades serán designados por el Presidente de la República, tal y como lo señala el artículo 21:

2. La siguiente propuesta contenida en la iniciativa en comento es que el Ejecutivo Federal establezca las bases de la organización del Consejo Técnico y de la Comisión de Vigilancia del IMSS, a través de la reforma al artículo 259 de la Ley del Seguro Social.

Al respecto, es preciso señalar que en el ordenamiento vigente se establece tal disposición exclusivamente para la organización de la Asamblea General del IMSS. Esto se desprende en virtud de que la propia Ley del Seguro Social señala en el artículo 257 de la Ley del Seguro Social que los órganos superiores del Instituto son: la Asamblea General, el Consejo Técnico, la Comisión de Vigilancia y la Dirección General

No obstante, en el artículo 258 de la misma ley, se establece que la Asamblea General es la autoridad suprema del IMSS, tal y como lo dicta el artículo 258 de su propia Ley:

Lo anterior no obsta para señalar que esta situación ha cambiado por la resolución tomada el pasado 3 de junio por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de aceptar el registro de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP). Las consecuencias de la toma de nota a esta Federación para la integración de la Junta Directiva del ISSSTE y para el cumplimiento de los preceptos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional citados, se mantienen pendientes.

CONCLUSIONES

En conclusión, a juicio de las Comisiones que emiten el presente Dictamen, las propuestas plasmadas en esta iniciativa carecen de fundamento legal para poder llevarse a cabo y por tanto no pueden dictaminarse en sentido positivo, en virtud de que todas las disposiciones consideradas para ser modificadas, tienen sustento en diversos ordenamientos de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional y adoptar los cambios propuestos sin reformar los ordenamientos citados irían contra el principio de congruencia que debe guardar nuestro sistema normativo.

Por último, además de invadir la competencia, de aprobarse estas reformas se entraría en contradicción con los ordenamientos mencionados, con la misma Ley del Seguro Social y con los artículos 74 y 89 constitucionales que definen las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados y las del Presidente de la República por lo que sin modificarse el ordenamiento superior, las modificaciones serían del todo nulas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, con fundamento en los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

ACUERDO

Único. Se deshecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 259 y 267 de la Ley del Seguro Social y 152 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez, en nombre del diputado Iván García Solís, ambos del Partido de la Revolución Democrática, en sesión ordinaria de la Comisión Permanente el miércoles 11 de agosto de 2004.

Salón de Comisiones de la H. Cámara de Diputados, a los 21 días del mes de junio de dos mil cinco.

Por la Comisión de Seguridad Social

Diputados: Miguel Alonso Raya (rúbrica en contra), Roberto Javier Vega Galina (rúbrica), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Manuel Pérez Cárdenas, Pablo Anaya Rivera (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho, David Hernández Pérez (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Óscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier, Martín Carrillo Guzmán (rúbrica), Roberto Colín Gamboa (rúbrica), Israel Raymundo Gallardo Sevilla (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Carlos Tiscareño Rodríguez (rúbrica), Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes, Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica en contra), Francisco Javier Carrillo Soberón, Rocío Sánchez Pérez (rúbrica en contra), Emilio Serrano Jiménez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica).

Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Mayela Quiroga Tamez (rúbrica), Graciela Larios Rivas (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica), Sergio Álvarez Mata (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica en contra), secretarios; Miguel Alonso Raya (rúbrica en contra), José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica en contra), Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Tomás Cruz Martínez (rúbrica en contra), Blanca Eppen Canales (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Pablo Franco Hernández (rúbrica en contra), Marco Antonio García Ayala, José García Ortiz, Francisco Grajales Palacios, Salvador Márquez Lozornio (rúbrica), Carlos Mireles Morales, Armando Neyra Chávez (rúbrica), Ángel Pasta Muñuzuri, Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Juan Pérez Medina, Sergio Arturo Posadas Lara, José Felipe Puelles Espina, Ricardo Rodríguez Rocha (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica).
 
 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SEGURIDAD SOCIAL, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 203, REFORMA EL ARTÍCULO 204 Y DEROGA EL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social les fue turnada para su estudio y dictamen Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 203, reforma el artículo 204 y deroga el artículo 213 de la Ley del Seguro Social.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículo 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 60, 87 y 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Seguridad Social somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen.

ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del 29 de abril de 2003, la Cámara de Senadores discutió y aprobó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 203, que reforma el artículo 204 y que deroga el artículo 213 de la Ley del Seguro Social, presentada en sesión ordinaria del 14 de abril de 2003, por el Senador Genaro Borrego Estrada, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. Para los efectos de los dispuesto en el artículo 72, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, turnó el 29 de abril de 2003 a la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto que adiciona el artículo 203, que reforma el artículo 204 y que deroga el artículo 213 de la Ley del Seguro Social.

3. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 29 de abril de 2003, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó que este asunto fuera turnado a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

4. Previo estudio y análisis de la minuta en comento, se procedió a la elaboración del presente dictamen.

CONSIDERACIONES

1. La obligación de los patrones de establecer servicios de guardería y custodia de los hijos de las madres trabajadoras fue establecida en la Ley Federal del Trabajo expedida en 1931, con el objeto de que las empleadas estuvieran en posibilidad de desempeñar un trabajo remunerado sin afectar el cuidado y la atención que debían a sus hijos. El escaso cumplimiento de esta obligación indujo al Ejecutivo Federal a incluir en un reglamento esta obligación exclusivamente para los patrones que tuvieran contratadas a más de 50 mujeres.

En 1962, se reformó la legislación laboral para establecer que este servicio fuera proporcionado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, dada su experiencia técnica y administrativa en la prestación de servicios sociales. Esta garantía quedó consagrada consagrada en el artículo 171 de la Ley Federal del Trabajo y sigue vigente hasta nuestros días.

Desde 1946, tres años después de su fundación, el Instituto Mexicano del Seguro Social estableció los primeros servicios de guardería, que en ese momento era exclusivo de los trabajadores a su servicio, para atender a los infantes de 45 días de nacidos hasta los seis años de edad. Esta prestación contractual sigue vigente y cuenta con ocho establecimientos.

Es en la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de marzo de 1973 que se incluyó la prestación del servicio de guardería como un derecho de los asegurados y como una obligación del Instituto.

En la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación de 1995 y vigente desde el 1 de julio de 1997, el Seguro de Guarderías comprendido en la Ley de 1973, dio paso al Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales, precisando su fuente de financiamiento y prohibiendo expresamente el uso de recursos de este seguro para otro del Régimen Obligatorio.

En la legislación vigente, se establece que el Ramo de Guarderías cubre el riesgo de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél que detente la custodia de los hijos, de no poder proporcionar cuidados maternos durante su jornada de trabajo.

Por mandato de ley, estos servicios incluyen el aseo, la alimentación, el cuidado de la salud, la educación y recreación de los menores desde la edad de los 43 días de nacidos hasta los cuatro años de edad. El servicio se brinda durante las horas de trabajo del asegurado y puede extenderse cuatro semanas en caso de baja del régimen obligatorio del trabajador.

El financiamiento del Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales es cubierto íntegramente por los patrones mediante la aportación de uno por ciento del salario de cotización de sus trabajadores, independientemente de que tengan o no trabajadores a su servicio que hagan uso de las prestaciones que otorga este Seguro y que no más del 20 por ciento de las cuotas de este Seguro se utilizarían para Prestaciones Sociales.

La Ley mandató al Instituto a establecer instalaciones especiales para otorgar el servicio en zonas convenientemente localizadas en relación a los centros de trabajo y la habitación y en localidades donde opere el régimen obligatorio del Seguro Social. Asimismo, se estableció que el Instituto podría celebrar convenios de reversión de cuotas o subrogación de servicios con los patrones que tuvieran instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos.

2. Con el tiempo, el servicio de guarderías prestado por el Instituto Mexicano del Seguro Social empezó a sufrir de graves problemas. Por un lado, el contexto económico de elevadas tasas de inflación y deterioro en el empleo elevó los costos de operación del servicio y disminuyó sus ingresos. Por otra parte, la necesidad de atender otras carencias institucionales hicieron que el Instituto ocupara recursos de este Seguro para aliviar el déficit de otros como el de Enfermedades y Maternidad, limitando, por décadas la posibilidad de ampliar la cobertura del servicio.

Para tratar de enfrentar esta situación, a partir de 1983 creo un esquema de atención denominado "guardería participativa", que mediante el mecanismo previsto en la Ley de reversión de cuotas o subrogación es operado mediante asociaciones civiles organizadas por cámaras patronales en instalaciones dadas en comodato por el Instituto.

En 1997, se inició la aplicación del esquema "vecinal comunitario", mediante el cual el Instituto presta el servicio a través de microempresas sociales operadas por especialistas, mediante contratos de subrogación.

A partir de 2003, la prestación del servicio por particulares de dio bajo un solo esquema, el "vecinal comunitario único", con contratos de tres años, que permiten -de acuerdo a información del IMSS-ofrecer un servicio de calidad, bajo condiciones de certidumbre jurídica y económica.

El Instituto estima que el costo de atención por niño en las guarderías del esquema "vecinal comunitario" es de aproximadamente el 40 por ciento del que se incurre en las guarderías operadas por él mismo.

De acuerdo con el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2003-2004, estos esquemas alternativos han permitido que en los últimos tres años, la capacidad instalada de las guarderías aumente en 75 por ciento y en 194 por ciento respecto a 1998. Aún así, la oferta se encuentra muy por debajo de la demanda de servicio. El Instituto estima en 508 mil casos la demanda potencial del servicio de guarderías, medida por el número de certificados de maternidad expedidos por el IMSS, lo que significa que sólo se cubre la tercera parte de esa demanda.

En 2003, de 181 mil 972 lugares disponibles, 29 mil 868 correspondieron a guarderías operadas por el IMSS y el resto, 152 mil 104, a servicios prestados por particulares. En cuanto al número de guarderías, de 1 mil 320 que prestan el servicio a los derechohabientes, sólo 142 se otorgaban por la prestación directa del servicio y 1 mil 178 por prestación indirecta. Cinco de cada seis lugares y nueve de cada diez guarderías disponibles para derechohabientes del IMSS eran operados por particulares.

El Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales en 2003 tuvo ingresos por 8 mil 354 millones de pesos y gastos totales de 11 mil 938 millones, por lo que el déficit fue de 3,584 millones. Para 2004, el Instituto ha estimado un déficit de 3 mil 861 millones; para 2005 y 2006 se estima que se tenga déficit por 4 mil 127 y 4 mil 354 millones, respectivamente.

La situación tenderá a ser más difícil, dado que las estimaciones actuariales del IMSS indican que en 10 años este déficit seguirá creciendo bajo el supuesto de que se duplicará la oferta de espacios en guarderías.

3. Una evaluación del servicio de guardería ofrecido a los derechohabientes del Seguro Social se encuentra en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2002, en el cual la Auditoría Superior de la Federación practicó una Auditoría de Desempeño al Proyecto 032 "Otorgamiento de Servicios de Guardería y Ampliación de Cobertura".

El Órgano Superior de Fiscalización detectó que el IMSS incumple lo establecido en el artículo 213 de la Ley del Seguro Social en el sentido de celebrar convenios de reversión de cuotas o subrogación de servicios con los patrones que tengan instaladas guarderías al servicio de sus trabajadores; encontró también que el Instituto opera con discrecionalidad la aplicación de cuotas de subrogación, en vez de manejar una cuota única; tampoco construyó metas ni indicadores consolidados de cobertura y de calidad¹ (valoración nutricional, de salud y del desarrollo psicomotor) en el otorgamiento de este servicio; así mismo, no tuvo capacidad en 2002 para ofrecer el servicio a 50 mil madres trabajadoras que lo solicitaron; además, constató que en los últimos 4 años, los menores atendidos en guarderías propiedad del IMSS tuvieron un decremento de 7.3 por ciento, mientras que en las guarderías subrogadas se incrementaron 175.4 por ciento; finalmente, se encontraron diferencias entre la Cuenta Pública y los Estados Financieros del Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales, hasta por 2 mil 387.1 millones de pesos.

En suma, la situación del Ramo de Guarderías del Régimen Obligatorio del Seguro Social enfrenta severos problemas por su falta de cobertura, su desfinanciamiento, la falta de aplicación de la normatividad vigente, la ausencia de medición adecuada de la calidad del servicio y la falta de transparencia en el manejo de recursos.

4. Ante esa problemática, la Minuta objeto del presente dictamen propone adicionar el artículo 203, reformar el artículo 204 y derogar el artículo 213 de la Ley del Seguro Social. De acuerdo al dictamen aprobado por la Cámara de Senadores el 29 de abril de 2003, el objeto de las modificaciones es reformar el Ramo de Guarderías para reforzar los esquemas de atención vigentes a fin de ampliar la cobertura, conservando la calidad en el servicio.

Valorando de manera positiva el desempeño de las guarderías subrogadas, se considera que es necesario contar con una regulación adecuada que proporcione seguridad jurídica a las partes que lo conforman, tomando en cuenta que la prestación del servicio por un particular implica una fuerte inversión y asumir fuertes cargas laborales. Por parte del Instituto, se dice, se requiere certidumbre en cuanto a los servicios que se prestan bajo el esquema subrogado, a efecto de que éste tenga seguridad, permanencia y continuidad en la prestación del servicio, abatiendo costos y garantizando la calidad en la atención.

Se sostiene en el dictamen mencionado que con estas modificaciones no se pierde la rectoría del Instituto para la prestación de los servicios.

La reforma buscaría hacer explícito que la atención educativa que se da en las guarderías se haga conforme a la política educativa vigente; establecer en la Ley las características que deben contemplar los convenios de subrogación entre el IMSS y los particulares e integrar en un solo artículo las tres modalidades de atención vigentes en el Ramo de Guarderías: atención directa, subrogación y reversión de cuotas.

La modificación propuesta por el Senador Genaro Borrego Estrada y aprobada por la Cámara de Senadores establece lo siguiente:

Esto es evidente, al retomar las conclusiones de los considerandos anteriores en los que se repasa la problemática que enfrentan las guarderías al servicio de los derechohabientes del Seguro Social. Más que la falta de una regulación adecuada, los problemas se relacionan más con la falta de cobertura, los problemas financieros y la operación discrecional con que el IMSS opera este Ramo.

Quienes dictaminan, consideran improcedente incorporar el Programa Nacional de Educación a la normatividad del Seguro Social toda vez que el objetivo de este último es atender en este Ramo una prestación social que de ceñirse a lo establecido en una norma de naturaleza diferente distorsionaría los objetivos de la prestación. En adición, es evidente que la realización de actividades educativas en estos centros de atención a los hijos de los derechohabientes en la actualidad cumplen con los objetivos de la educación nacional por ser estos parte de nuestra Ley Fundamental.

Las Comisiones que dictaminan difieren del criterio establecido en la Minuta en comento de que la alternativa a la falta de cobertura sea atendida de manera preferente de manera preferente mediante los convenios de subrogación, dado que el incremento de la capacidad instalada de los establecimientos particulares no ha venido aparejada con un esfuerzo institucional para ampliar la cobertura de guarderías propias del Instituto y tampoco queda claro, dados los resultados encontrados por la Auditoría Superior de la Federación, que el establecimiento de un mayor número de guarderías subrogadas se corresponde con una adecuada rectoría y supervisión del organismo público responsable de la prestación del servicio, como lo es el IMSS, por lo que no se deduce que la salida más adecuada para ampliar la cobertura del servicio de guarderías deba ser apoyar uno solo de los esquemas que ya prevé la Ley del Seguro Social vigente desde julio de 1997.

Por otra parte, la normatividad que se quiere incorporar en la Ley del Seguro Social, a juicio de quienes elaboran el presente dictamen, tiene que ser materia de disposiciones reglamentarias y administrativas, como sucede con los otros esquemas de subrogación y reversión de cuotas que, como en el caso del Seguro de Enfermedades y Maternidad, sólo es previsto por la Ley para que sea el Instituto el responsable de desarrollarlo. A juicio de estas Comisiones Dictaminadoras, resultaría más adecuado que el IMSS cumpla con el Reglamento y con los convenios aprobados para la prestación del servicio subrogado que regular desde la Ley las características que deban incluir esos convenios. Incluso, plasmar en detalle las características de estos puede llegar a limitar a las partes para la celebración de los mismos e implicaría desconocer la facultad el Instituto para celebrar instrumentos de este tipo.

Tampoco parece adecuado, a juicio de las Comisiones que elaboraron el presente dictamen concentrar los artículos 294 y 213, ya que el primero se refiere a un aspecto específico (la ubicación de las guarderías), y el segundo a la forma de celebración de convenios de subrogación y reversión de cuotas.

Estas Comisiones coinciden en la necesidad de encontrar alternativas a mejorar el servicio de guarderías a cargo del IMSS y establecer medidas que coadyuven a la ampliación de la cobertura de este importante derecho de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con fundamento en los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y para los efectos del inciso d) del artículo 72 Constitucional, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

ACUERDO

Único. Se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 203, reforma el artículo 204 y deroga el artículo 213 de la Ley del Seguro Social, remitida por la H. Cámara de Senadores, turnada a estas Comisiones el 29 de abril de 2003.

Nota:
1 En 28 de las 72 guarderías estudiadas se encontraron porcentajes menores al 100 por ciento en la cobertura del esquema básico de vacunación; en 19 por ciento, los menores registraron peso menor al adecuado a su edad y en 31 por ciento de las guarderías visitadas se realizan prácticas discriminatorias al no aceptar a menores discapacitados.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados, a los 16 días del mes de marzo de 2005.

Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Enrique Burgos García (rúbrica), Presidente; Mayela Quiroga Tamez (rúbrica), Graciela Larios Rivas (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica), Sergio Álvarez Mata (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), secretarios; Miguel Alonso Raya (rúbrica), José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica en contra), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica en contra), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Marko Antonio Cortés Mendoza, Tomás Cruz Martínez (rúbrica), Blanca Eppen Canales (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Pablo Franco Hernández (rúbrica), Marco Antonio García Ayala, José García Ortiz, Francisco Grajales Palacios, Salvador Márquez Lozornio (rúbrica), Carlos Mireles Morales, Armando Neyra Chávez (rúbrica), Ángel Pasta Muñuzuri, Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Juan Pérez Medina, Sergio Arturo Posadas Lara, José Felipe Puelles Espina, Ricardo Rodríguez Rocha (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo.

Por la Comisión de Seguridad Social

Diputados: Miguel Alonso Raya (rúbrica), Roberto Javier Vega Galina (rúbrica), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Manuel Pérez Cárdenas, Pablo Anaya Rivera (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho, David Hernández Pérez (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Óscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier, Martín Carrillo Guzmán (rúbrica), Roberto Colín Gamboa, Israel Raymundo Gallardo Sevilla, Gisela Juliana Lara Saldaña, Miguel Ángel Llera Bello, Juan Francisco Molinar Horcasitas, Carlos Tiscareño Rodríguez (rúbrica), Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes, Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos.