México, DF, a 24 de agosto de 2005.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se recibieron cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite otros de diversas dependencias, en respuesta a sendos acuerdos aprobados por la Cámara de Diputados.
La Presidencia dispuso que dicha documentación se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
Atentamente
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica)
Vicepresidente en Funciones de Presidente
México, DF, a 11 de agosto de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-1009, signado el 9 de noviembre de 2004 por los diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Antonio Morales de la Peña, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número BOO.00.04.08.-441, suscrito el 4 del mes en curso por la MCC Heidi Storsberg Montes, titular de la Unidad de Comunicación Social de la Comisión Nacional del Agua, así como el anexo que en él se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a ese órgano a realizar los estudios y análisis para conocer el estado actual y el nivel de contaminación en que se encuentran los ríos Zahuapan y Atoyac, en el estado de Tlaxcala; asimismo, a etiquetar por lo menos 10% de los recursos destinados a ese estado en el Programa de Apoyo a Entidades Federativas del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005, para emplearlos en los trabajos iniciales de descontaminación de los citados ríos.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 4 de agosto de 2005.
Lic. Dionisio Alfredo Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría
de Gobernación
Presente
Hago referencia al oficio número SEL/300/4256/04, de fecha 10 de noviembre del presente, mediante el cual se envió al titular de esta dependencia el punto de acuerdo, aprobado por la H. Cámara de Diputados el día 9 de noviembre de 2004, relacionado con la solicitud de estudios y análisis para conocer el nivel de contaminación de los ríos Zahuapan y Atoyac, en el estado de Tlaxcala, y asimismo que del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005 se destine 10% del Programa de Apoyo a Entidades Federativas para la descontaminación de dichos ríos.
En anexo me permito enviar a usted el oficio número BOO.00.R05.05.-1902, de fecha 22 de julio de 2005, mediante el cual la Gerencia Regional Balsas de la Comisión Nacional del Agua informa lo siguiente en torno a los dos puntos señalados:
Respecto al primero, informa del exhorto de la Semarnat para impulsar el Programa de Saneamiento Integral de los ríos mencionados, en coordinación con los gobiernos de Puebla y de Tlaxcala, y de las acciones llevadas a cabo para su ejecución.
En cuanto al segundo punto, comunica sobre los montos considerados en el Presupuesto de Egresos del estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal de 2005, y específicamente dentro del PAFEF. Asimismo, se anexa nota informativa sobre el plan de acciones de la Coordinación de Ecología del gobierno de Tlaxcala para el saneamiento del río Zahuapan.
En espera de que la información le sea de utilidad, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
MCC Heidi Storsberg Montes (rúbrica)
Titular de la Unidad de Comunicación Social
Cuernavaca, Morelos, a 22 de julio de 2005.
MCC Heidi Storsberg Montes
Gerenta de la Unidad de Comunicación Social
Presente
Por medio del presente hago referencia a su oficio número BOO.00.04.-522, de fecha 18 de noviembre de 2004, relacionado con el punto de acuerdo, aprobado por la H. Cámara de Diputados el 9 de noviembre de 2004, referente a la contaminación de los ríos Zahuapan y Atoyac, en el estado de Tlaxcala. En lo que sigue, informo a usted del avance en la integración del Programa de Saneamiento Integral de los Ríos Zahuapan en el estado de Tlaxcala y Atoyac en el estado de Puebla, con el concurso de funcionarios de la Semarnat, de la CNA y de los gobiernos de los estados de Tlaxcala y de Puebla. Siguiendo el orden de los acuerdos, tenemos:
"Acuerdo Primero. Se exhorte a la Semarnat y a la Comisión Nacional del Agua a que con la mayor brevedad realicen los estudios y análisis necesarios para conocer el estado actual y el nivel de contaminación en el que se encuentra el río Zahuapan y Atoyac, en el estado de Tlaxcala, incluyendo alternativas de solución y costos (presupuesto) que ello representa."
Como antecedente se tiene la reunión celebrada el 9 de marzo de este año entre el director general de la CNA y los gobernadores de Puebla y de Tlaxcala, en la que se expuso brevemente la problemática del saneamiento de los ríos Zahuapan y Atoyac, definiéndose las diferentes instancias que intervendrían. Posteriormente, el 1 de abril de este año, el titular de la Semarnat, en visita a Tlaxcala, convocó a la Comisión Nacional del Agua y a los gobiernos de los estados de Tlaxcala y de Puebla para que coordinadamente trabajaran un programa de saneamiento integral de los ríos mencionados, e instruyó que se realizaran visitas a las empresas que descargan al río Zahuapan.
Atendiendo la instrucción del titular de la Semarnat, se realizaron 14 visitas a industrias, encontrándose que 2 de ellas no contaban con el permiso de descargas correspondiente, ordenándose la suspensión temporal de actividades del rastro de la ciudad de Apizaco y la empresa Acabados Textiles Zaldo, SA de CV. Actualmente, las empresas están laborando normalmente, toda vez que presentaron programa de acciones.
Actualmente, ya se trabaja en el estudio de clasificación de los ríos Zahuapan y Atoyac, que consiste en realizar el diagnóstico de calidad de agua y el anteproyecto de declaratoria de clasificación, con su respectiva manifestación de impacto regulatorio. Este estudio constituye la primera parte del proceso, que requiere un plazo de cuando menos tres años, desde su inicio hasta la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Al término del proceso se podrán fijar las condiciones particulares de descarga específicas tramo por tramo de los ríos.
Cabe mencionar que Tlaxcala, para los programas federalizados de Apazu y Prossapys, ha definido su contraparte con una inversión de $5,392,600.00 y, por lo que respecta a las actividades del Programa de Saneamiento de los Ríos Zahuapan y Atoyac, se informa que ya se concluyó el diagnóstico documental para los dos estados, realizado por Puebla, y ellos mismos iniciaron diagnóstico municipio por municipio con base en visitas de campo, en tanto que Tlaxcala no presenta avance.
"Acuerdo Segundo. Que del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005, del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), por lo menos se etiquete 10% de los recursos destinados al estado de Tlaxcala de este programa, para destinarlos a los trabajos iniciales de descontaminación de los ríos Zahuapan y Atoyac."
En el entendido de que el cumplimiento del acuerdo anterior es competencia del gobierno del estado de Tlaxcala, en función de las prioridades identificadas por ellos mismos, la Comisión Nacional del Agua, a través de esta Gerencia Regional Balsas, ofreció apoyar con la información que se tiene respecto de las necesidades identificadas en el plan de saneamiento mencionado.
Al parecer existe conflicto, ya que mediante el decreto número 154, de fecha 24 de diciembre de 2004, el Ejecutivo estatal en Tlaxcala publicó en el Periódico Oficial el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal de 2005, que incluye un anexo de integración del PAFEF 2005, donde distribuyen en 161 acciones un presupuesto de $154,861,369.00, describiendo el proyecto, la ubicación (localidad y municipio) y el presupuesto asignado. Dentro de este presupuesto se consideran sólo una acción de saneamiento, con presupuesto de $500,000.00; dos acciones de alcantarillado, con $750,000.00; y ocho acciones de agua potable, con presupuesto de $11,050,000.00.
Adicionalmente a lo anterior, le informo que sobre este tema está interviniendo la Subdirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana. El ingeniero Roberto J. Contreras Martínez, gerente de Potabilización y Tratamiento, emitió comunicado dirigido al licenciado José Eduardo Mangas Luna en fecha 29 de junio de 2005.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Ing. Jorge A. Hinojosa Martínez (rúbrica)
Gerente Regional Balsas
(Remitida a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Agosto 25 de 2005.)
México, DF, a 18 de agosto de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-1941, signado el 26 de abril del año en curso por los diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número 106./73/05, suscrito el 15 del actual por el C. Antonio Alvarado Briones, director general de Comunicación Social de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a liberar los recursos destinados a la realización del proyecto de ampliación de la infraestructura portuaria de Puerto Vallarta, Jalisco, por un monto de ciento veinte millones de pesos, previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 15 de agosto de 2005.
Lic. Dionisio A. Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
En atención al oficio número SEL/300/2311/05, por el que la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación transmite al secretario de Comunicaciones y Transportes el punto de acuerdo, aprobado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en su sesión de fecha 26 de junio de 2005, que a continuación se transcribe:
"Único. La Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público a que, en el ejercicio de sus funciones y competencias, liberen los recursos destinados a la realización del proyecto de ampliación de la infraestructura portuaria de Puerto Vallarta, Jalisco, por un monto de ciento veinte millones de pesos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, aprobado por esta H. Cámara de Diputados. Lo anterior, toda vez que compete a la SCT la expedición del oficio de liberación de inversiones y, por su parte, a la SHCP la liberación de dichos recursos a efecto de iniciar el proceso de licitación correspondiente y, posteriormente, la ejecución material del proyecto de mérito."
Sobre el particular, en opinión de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de esta dependencia acerca del punto de acuerdo en comento, le comunico lo siguiente:
El proyecto consiste en la construcción de dos muelles para cruceros de hasta 300 m de eslora y demolición parcial del muelle 2. Con ello se tendrá capacidad para recibir simultáneamente tres cruceros mayores. Se aprovecha el terreno de 2.8 ha que se adquirió en 2004, así como el terreno correspondiente a una calle sin utilidad pública de 1,400 m2 que se compró al municipio de Puerto Vallarta en junio de 2005.
Este proyecto tiene los mejores índices financieros y económicos, además del impacto político que representa para el Gobierno Federal por los beneficios que significan para la región.
El importe total calculado del proyecto era de $181 millones, por lo que la API se dirigió a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de esta Secretaría, solicitándole el compromiso de recursos para el año próximo tomando en cuenta los incrementos, con un importe aproximado de $94 millones, resultado de actualizar el costo del proyecto para un total de $214 millones en dos ejercicios. De esta manera, se podría licitar la totalidad de las obras.
Los recursos para esta obra son de origen fiscal y fueron tramitados por la Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, como entidad paraestatal, de acuerdo con la normatividad vigente. Los recursos para la primera etapa del proyecto, por $120 millones, fueron liberados en mayo.
El pasado 23 de junio de publicó la convocatoria para la construcción de estas obras, habiendo culminado el proceso con el fallo del 12 de agosto de 2005, con un importe de $188 millones. Se considera que con los trabajos adicionales, la inflación y los ajustes en volúmenes de obra, el importe final será de aproximadamente $201 millones, por lo que será necesario considerar un presupuesto para este proyecto por aproximadamente $80 millones para el ejercicio de 2006. La solicitud formal lo hará la API a través de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, una vez que se definan las cifras.
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, y hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Antonio Alvarado Briones (rúbrica)
Director General de Comunicación Social
(Remitida a la Comisión de Transportes. Agosto
25 de 2005.)
México, DF, a 18 de agosto de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-3-406, signado el 18 de febrero de 2004 por los secretarios de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número STPCE/645/2005, suscrito el 11 del actual por el C. Adalberto Núñez Ramos, secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a emitir un acuerdo que regule la importación de llantas usadas a México e impida cualquier autorización que cause daño ambiental.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 11 de agosto de 2005.
Lic. Dionisio A. Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Hago referencia al oficio número SEL/300/385/04, a través del cual comunica al titular de esta dependencia la aprobación de un punto de acuerdo, por parte de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, referente a un exhorto formulado a esta Secretaría a fin de que emita un acuerdo, en el ámbito de sus facultades, que regule la importación de llantas usadas a México e impida cualquier autorización que cause daño ambiental. Sobre lo anterior, le comunico lo siguiente:
Para atender la preocupación ambiental generada por la importación de llantas usadas a México, se requiere mayor coordinación entre los países involucrados, no necesariamente la instrumentación de una medida comercial para solucionar esta problemática.
El tema de llantas usadas se abordó en la Mesa 3 del Programa Ambiental México-Estados Unidos: Frontera 2012, sobre el cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha dado a conocer los avances alcanzados en la zona fronteriza de nuestro país.
La disposición final de llantas es un tema que debe analizarse desde una perspectiva ambiental y competitividad, ya que las decisiones que se tomen en la materia deben contemplar aspectos económicos, ambientales y jurídicos; a fin de lograr un impacto favorable para nuestro país.
Actualmente, se están desarrollando diversos proyectos para solucionar el problema de los tiraderos de neumáticos a lo largo de la frontera norte entre México y Estados Unidos. Ejemplo de ello son las acciones que realizan el gobierno municipal de Ciudad Juárez y el sector empresarial, particularmente las cementeras, con el apoyo de la Semarnat y de la Agencia para la Protección del Ambiente de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés).
En materia de pavimentación, se encuentra el proyecto para material de pavimentación llamado "Llancreto", desarrollado por la empresa Cementos de México (Cemex), el cual se compone de concreto y llantas en desuso, con lo que se promueve su uso en calles y avenidas de tránsito ligero, así como en las calles de conjuntos habitacionales e instalaciones deportivas en los estados de Baja California y de Nuevo León.
Cabe mencionar que el procesamiento de llantas en hornos cementeros es una alternativa técnica, ambiental y económicamente viable, que cumple la legislación correspondiente, particularmente las especificaciones técnicas establecidas en la NOM-040-SEMARNAT-2002 (relativa a la fabricación de cemento hidráulico-niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera), protegiendo así la salud de las personas y el medio ambiente, a través de un monitoreo constante de las plantas cementeras que han sido certificadas en los últimos 10 años, como parte del compromiso de mantener una industria limpia.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Adalberto Núñez Ramos (rúbrica)
Secretario Técnico de Planeación, Comunicación
y Enlace
(Remitida a las Comisiones de Economía, y de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. Agosto 25 de 2005.)
México, DF, a 11 de agosto de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes
En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-3-1333, signado el 28 de febrero del año en curso por los diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y Marcos Morales Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar número STPCE/631/2005, suscrito el 5 del actual por el C. Adalberto Núñez Ramos, secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo por el que se solicita a esa dependencia implantar los programas a su cargo que tienen por objeto fomentar y difundir la artesanía nacional.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 5 de agosto de 2005.
Lic. Dionisio A. Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Hago referencia al oficio número SEL/300/940/05, de fecha 1 de marzo del presente año, por el que comunica al titular de esta dependencia la aprobación de un punto de acuerdo, por parte de la H. Cámara de Diputados, referente a la solicitud formulada a las Secretarías de Desarrollo Social, y de Economía para que implanten con la mayor brevedad los programas a su cargo que tienen por objeto difundir la artesanía nacional, así como canalizar los recursos necesarios a fin de impulsar el desarrollo de esta actividad. Sobre lo anterior, le comunico lo siguiente:
El Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad (Fonaes) ha venido atendiendo las solicitudes de apoyo que presentan los grupos o empresas sociales de artesanos para fortalecer sus proyectos productivos.
En 2004 se invirtieron 39.7 millones de pesos para apoyar 121 proyectos artesanales, en beneficio de 2,680 artesanos. Es importante destacar que una alta proporción de estos recursos se canalizó a las mujeres y a comunidades indígenas.
Considerando que uno de los principales problemas que enfrenta el sector de las artesanías es el de la comercialización de sus productos, en 2004 el Fonaes realizó las siguientes acciones de promoción comercial y desarrollo empresarial en apoyo de los artesanos:
En las ferias nacionales de empresas sociales y microempresas sociales Fonaes 2004 participaron 192 organizaciones de artesanos. (Cabe señalar que, gracias a la coordinación interinstitucional establecida con la Secretaría de la Reforma Agraria y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a las ferias mencionadas asistieron adicionalmente 40 grupos de artesanos apoyados por esas instituciones.)
Se elaboraron un catálogo digital de artesanías y dos catálogos de empresas sociales, en los cuales se incluye la oferta de empresas artesanales.
Se apoyó la participación de artesanos en 27 tianguis municipales organizados por el Fonaes en 11 ferias y exposiciones comerciales promovidas por terceros.
Se proporcionaron recursos para la elaboración de tarjetas de presentación, trípticos, catálogos y otros promocionales de grupos y empresas artesanales.
Participaron grupos de artesanos en el resto de los eventos de capacitación y formación empresarial y en las actividades de promoción de enlace comercial auspiciadas por el Fonaes en 2004.
Se constituyeron dos sucursales de cajas solidarias, integradas fundamentalmente por artesanos.
Las representaciones del Fonaes actualmente están recibiendo y evaluando las demandas de apoyo que presentan, entre otros, los grupos de artesanos, y se dictarán instrucciones a fin de brindar especial atención a este sector, en el marco de las Reglas de Operación que rigen el Fonaes. (Para referencia sobre otro tipo de apoyos que ofrece el Fondo Nacional para Empresas en Solidaridad a favor de los grupos artesanales, se anexa copia del reporte de las actividades de fomento y difusión de las artesanías correspondiente al periodo enero-junio de 2005.)
Por otra parte, se ha brindado otro tipo de apoyos a este sector, al establecer acciones que permitan a los artesanos obtener capacitación, consultoría y promoción, a fin de que cuenten con las herramientas necesarias para mejorar la comercialización de sus productos.
El Programa de Apoyo al Diseño Artesanal (Proada) ha brindado capacitación y asistencia técnica en diseño y comercialización a grupos y comunidades artesanales, en coordinación con otras instituciones vinculadas al sector. Este programa ha desarrollado y fortalecido las capacidades de organización de los artesanos, así como su capacidad de producción y la comercialización de sus productos. Además, les ha permitido acceder al mercado nacional e internacional en mejores condiciones en términos de productividad y competitividad.
En 2004 se celebró un convenio de coordinación y cooperación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) para la ejecución del Proada 2004. El programa permitió proporcionar capacitación y asistencia técnica a 659 artesanos, de los que 615 la concluyeron satisfactoriamente. Hubo participación de artesanos provenientes de 25 comunidades de 12 entidades federativas: Aguascalientes (Tepezalá), Chiapas (Macvilhó, San Andrés Larráinzar y Magdalena de los Altos), Guerrero (Xochitlahuaca), Guanajuato (Milpillas, Cieneguillas y Puruahua), Hidalgo (Ejido López Mateos, San Pablo el Grande y Bethi-Dadho), Jalisco (Colotlán), Michoacán (Zipiajo y Santa Fe de la Laguna), Oaxaca (Pinotepa de Don Luis y San Bartolomé Ayautla), Puebla (Hueyapan, San Miguel Tenango, Xiloxochico, Los Reyes Metzontla, Chigmecatitlán, Chachahuatla), Querétaro (Amealco), Sinaloa (Cosalá) y Veracruz (Tlaquilpa). En estas localidades se realizan actividades artesanales en las ramas textiles, fibras, vegetales, talabarterías y alfarería.
Para 2005 se planea redefinir la mecánica de operación del programa, pues se espera atender al menos 450 artesanos mediante acciones de asesoría, capacitación y consultaría.
Los resultados de este programa han sido los siguientes:
En lo que se refiere al acceso al mercado externo, de un total de 2,547 micro, pequeñas y medianas empresas iniciadas o consolidadas a la exportación entre 2001 y 2004, 14.9 por ciento corresponde a las actividades artesanales, rubro que ocupa el segundo lugar en importancia después del sector textiles, vestido y cuero, que ocupa el primer lugar, con una participación de 20 por ciento.
Las exportaciones de las artesanías mexicanas se han orientado principalmente a los mercados de Estados Unidos, Canadá y Europa, destinos donde se ha enviado gran cantidad de productos, como cerámica mayólica, velas decorativas, cerámica, latón con vidrio, vidrio soplado, hierro forjado, talavera, macetas de fibra de vidrio, bolsas, palo fierro, sombreros, marcos de herrería para espejos, barros, muebles de madera pintados y decorados a mano, flores de papel manta, artesanías de migajón, concha de caracol, tela, cantera, obsidiana tallada y pulida, ónix, y portarretratos de palmera y palma.
Estos resultados se han logrado en virtud de los apoyos a la oferta exportable artesanal que brinda la Secretaría de Economía a través de una red de 30 centros Pymexporta e Impulsoras de la Oferta Exportable en México, mediante la cual los artesanos con potencial exportador reciben servicios de capacitación, consultoría especializada y promoción de internacional. Asimismo, las impulsoras de la oferta exportable auspiciadas por la Secretaría de Economía en los mercados internacionales (Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y la Unión Europea) se encargan de identificar nichos de mercados, consolidar exportaciones, ofrecer asesoría aduanera, logística de exportación, negociaciones internacionales, mercadeo, distribución y comercialización.
Para 2005 se han otorgado apoyos para la Asociación Mexicana de Fabricantes de Artículos para Regalo, Decoración y Artesanías, AC (AMFAR), para la realización de un proyecto que tiene como propósito apoyar la comercialización de productos mexicanos en Estados Unidos de 51 micro, pequeñas y medianas empresas, de las cuales 15 tienen el objetivo de comercializar artesanías mexicanas.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Adalberto Núñez Ramos (rúbrica)
Secretario Técnico de Planeación, Comunicación
y Enlace
Fonaes
Fomento y difusión de la artesanía nacional
Enero-junio 2005
Coordinación General del Programa Nacional de
Apoyo para las Empresas de Solidaridad
Apoyos para el Fomento y la Difusión de la
Artesanía Nacional
Periodo enero-junio 2005
Presentación
La H. Cámara de Diputados aprobó el 28 de febrero del año en curso un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Economía implantar los programas a su cargo que tienen por objeto fomentar y difundir la artesanía nacional, canalizar tos recursos necesarios y suficientes a fin de impulsar el desarrollo de esa actividad, e informar sobre tas acciones realizadas por la dependencia en cumplimiento de dicho acuerdo.
La Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (Fonaes), órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, informa sobre las acciones realizadas por el Programa para fomentar y difundir la artesanía nacional en el periodo de enero a junio de 2005, y atender el punto de acuerdo citado.
Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (Fonaes)
El Fonaes constituye una herramienta del Gobierno Federal para atender las iniciativas productivas, individuales y colectivas de emprendedores de escasos recursos mediante el apoyo de proyectos productivos, la constitución y consolidación de empresas sociales y la participación en esquemas de financiamiento social.
Bajo la coordinación de la Secretaría de Economía, el Fonaes ha dado a sus acciones una visión que articula los objetivos del desarrollo social con los del desarrollo económico promoviendo y fomentando entre sus beneficiarios:
Constituyan figuras asociativas de segundo y tercer niveles
que promuevan su integración a cadenas de valor,
Se organicen para generar sus propios esquemas de capitalización
y financiamiento, e
Impacten en el desarrollo local y regional.
El Fonaes propicia el facultamiento empresarial integral de su población objetivo a través de apoyos para la formación de capital productivo y el facultamiento empresarial, en favor de empresas sociales y proyectos productivos de diversas ramas productivas, entre ellas la artesanal.
Los apoyos que otorga el Fonaes se destinan principalmente a la compra de maquinaria y equipo, la adquisición en común de materias primas, y el acopio y la venta organizada de las artesanías.
Esos recursos se complementan con actividades de capacitación y asistencia técnica que fortalecen e incrementan las habilidades de los artesanos, y con acciones de promoción comercial, como la participación de los productores en eventos comerciales organizados por el Fonaes u otras instancias de fomento.
Una elevada proporción de los proyectos artesanales apoyados por el Programa son ejecutados por mujeres y por población indígena en estados con importante tradición artesanal, como Chiapas y Guerrero.
Actividades de fomento y difusión de la artesanía nacional al 30 de junio de 2005
Resultados del periodo
El Fonaes ejerció de enero a junio de 2005 10.2 millones de pesos en apoyos para fomentar y difundir la artesanía nacional a través de los instrumentos que opera. El 91.8 por ciento de esos recursos se destinó a la formación de capital productivo, en beneficio de 85 empresas sociales y proyectos productivos; y 8.2 por ciento, a la formación empresarial, a través de 1,073 acciones.
El Fonaes apoyó a través del instrumento denominado "Impulso Productivo de la Mujer" 26 empresas sociales y proyectos productivos formados exclusivamente por artesanas, con una inversión de 2.1 millones de pesos. Con esos recursos se benefició a 181 socias y se generarán 172 empleos directos.
Con el apoyo para capitalización al comercio, la industria y servicios se apoyaron 48 empresas y microempresas sociales dedicadas a la producción y venta de artesanías, por un monto de 5.8 millones de pesos, en beneficio de 148 empresarios sociales. Asimismo, se crearán 214 empleos directos.
Mediante el apoyo a comercializadoras sociales se benefició a 11 empresas que ofertan artesanías, con una inversión de 1.4 millones de pesos. Esos apoyos permitirán la creación de 42 empleos directos.
Las acciones de formación empresarial ejecutadas complementaron los apoyos de capital productivo, y brindaron herramientas para incrementar la productividad y la competitividad de los artesanos apoyados.
Las entidades federativas con mayor participación en la inversión total fueron Guerrero (16.0 por ciento), Jalisco (13.6 por ciento), Chiapas (12.1 por ciento) y Querétaro (9.1 por ciento). La inversión en esos estados significó 50.8 por ciento de la inversión en apoyos para el fomento y la difusión de la artesanía nacional.
Las actividades apoyadas fueron, entre otras, alfarería, fabricación de esferas, grabados, herrería, joyería, artesanía en madera, mármol, palma, peletería, talabartería y productos textiles.
Acciones relevantes
Se apoyó en el estado de Querétaro a la empresa Artesanos San Ilde, SA de CV, integradora comercial de productos artesanales elaborados por 16 artesanos indígenas de la etnia ñahñu. El proyecto permite dar valor agregado al producto en los procesos de diseño, cocido y pintado, logrando con ello un precio de venta mayor. Esa empresa acopia los productos de la región para comercializarlos con marca propia.
Se apoyó en el estado de Durango a la empresa Integradora de Productos de Piedra Natural, SA de CV, para fortalecer el esquema productivo y abaratar costos, en beneficio de tres cooperativas. Esa empresa permite que cinco organizaciones apoyadas por el Fonaes y otros productores de la región se integren como proveedores. La calidad, el volumen y la diversidad de productos que ofrece le permiten competir en el mercado nacional, en el de Estados Unidos de América y en Canadá.
En el marco del II encuentro nacional de empresarias sociales Fonaes 2005, llevado a cabo los días 9 y 10 de junio en la Ciudad de México, participaron 200 empresarias sociales dedicadas a la actividad artesanal, provenientes de diferentes entidades federativas. En el encuentro se impartieron conferencias magistrales y se llevaron a cabo cinco paneles temáticos y dos talleres de capacitación.
(Remitida a la Comisión de Economía. Agosto 25 de 2005.)
México, DF, a 24 de agosto de 2005.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio por el que informa que la Comisión Intersecretarial de Desincorporación emitió acuerdo por el que se dictamina favorablemente desincorporar, vía extinción, el Fideicomiso para Construcciones Militares, creado por Acuerdo Presidencial de fecha 19 de mayo de 1960.
La Presidencia dispuso que dicha documentación se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
Atentamente.
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica).
Vicepresidente en funciones de Presidente
México, DF, 16 de agosto de 2005.
CC. Secretarios de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
Presentes.
Con fundamento, en lo establecido por la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a fin de dar cumplimiento con lo establecido por el artículo 24 del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 2005, con el presente me permito remitir a ustedes, copia del oficio No. 60652, signado el 26 de julio del año en curso, por el C. General Gerardo Vega García, Secretario de la Defensa Nacional, a través del cual solicita se informe a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, que a petición de esa Dependencia, la Comisión Intersecretarial de Desincorporación, emitió el acuerdo CID-05-IV-1 por el que se dictamina favorablemente desincorporar, vía extinción, el Fideicomiso para Construcciones Militares, creado por Acuerdo Presidencial número 1023, de fecha 19 de mayo de 1960, toda vez que el mismo ya no cumple con los fines para los que fue creado.
Por lo anterior, acompaño al presente, copia simple de los documentos a que me he referido, así como de los anexos que en los mismos se señalan, para que por su digno conducto sean remitidos a la Cámara de Diputados, del H. Congreso de la Unión.
Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica).
Subsecretario de Enlace Legislativo.
Nota informativa
10 de mayo de 2005
Propuestas para desincorporar como entidad paraestatal y posteriormente extinguir el Fideicomiso para Construcciones Militares (Ficomi).
Antecedentes
Por Acuerdo Presidencial número 1023 de fecha 19 de mayo de 1960, se ordenó la creación del Ficomi, estableciéndose como fiduciario al Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras Públicas, SA, con el objeto de enajenar previa su desincorporación, los inmuebles destinados a la Secretaría de la Defensa Nacional, que resultaran inadecuados para la satisfacción de las necesidades de la propia Secretaría, lo que permitiría obtener recursos adicionales para la ejecución del Programa de Nuevas instalaciones y Servicios Militares; formalizándose el Contrato del Fideicomiso, el 23 de marzo de 1961.
Por Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de agosto de 1969, se establece que el Banco concentrará a la Tesorería de la Federación el 100% de las cantidades que obtenga de la venta de los predios, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los aplique a incrementar las partidas correspondientes al presupuesto de egresos del ramo VII (Defensa Nacional), a efecto de que esta Secretaría las destine a obras militares por administración, en los términos que el Ejecutivo Federal apruebe las inversiones respectivas por conducto de la Secretaría de la Presidencia; suscribiéndose el Convenio Modificatorio el 10 de octubre de 1969, señalándose en la CLÁUSULA SEGUNDA que el patrimonio del fideicomiso, estará constituido por los predios desincorporados y entregados a la fiduciaria.
Por Acuerdo Presidencial publicado el 27 de agosto de 1981 en el Diario Oficial de la Federación, se establece que para lograr el óptimo desarrollo de los recursos económicos y de los elementos técnicos con que cuenta actualmente el fideicomiso, se estimó conveniente que el Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras Públicas, SA, sea sustituido en sus funciones de Fiduciario, por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SA (actualmente Sociedad Nacional de Crédito).
Con fecha 16 de Diciembre de 1981. se celebró el convenio de sustitución fiduciaria, mediante el cual se acordó que Banjercito, SNC, en su calidad de sustituta asume la totalidad de los derechos y obligaciones que deriven del fideicomiso mencionado, sustituyendo en la titularidad fiduciaria de todos los bienes y derechos que integran el patrimonio de dicho fideicomiso.
El Ficomi, considerado como entidad paraestatal
Actualmente, el Ficomi, es considerado como entidad paraestatal; sin embargo, es de resaltarse que el mismo no debería ser considerado como tal, en virtud de que no reúne la totalidad de los requisitos que para el efecto establece el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás disposiciones legales relativas, siendo entre otras:
No tiene asignada una actividad prioritaria para el desarrollo del país, al tener únicamente encomendada la venta de los inmuebles que ya no resultan de utilidad para el servicio de las actividades castrenses que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional.
Asimismo, no cuenta con una partida presupuestal y su operación se sostiene con la administración de los recursos que se encuentran afectos al fideicomiso.
La inscripción que al efecto se ha realizado del mismo en el "Registro de la Administración Pública Federal Paraestatal", no es determinante para que se le considere como una Entidad Paraestatal como tal, en virtud de que su registro únicamente tiene jurídicamente efectos declarativos, más no constitutivo de derechos.
Por último, debe tomarse en consideración que el fideicomiso ha cumplido con los fines y objetivos para los cuales fue creado, dejando de representar una utilidad para la Secretaría de la Defensa Nacional y generando una carga innecesaria para la propia Administración Pública Federal.
Disposición del C. secretario de la Defensa Nacional, para extinguir el Fideicomiso para Construcciones Militares.
Desde el 2001, el C. General secretario de la Defensa Nacional, ordenó la extinción de dicho fideicomiso, en razón de que ahora, la legislación en materia inmobiliaria federal, señala que aquellos inmuebles que dejen de ser útiles a esta Secretaría, ya no se podrán desincorporar del dominio público de la Federación y puestos a disposición del Ficomi para su venta, sino que son puestos a disposición de la Secretaría de la Función Pública, para que les dé el destino final que corresponda o en su caso los enajene para la captación de recursos a favor del Erario Federal, por lo que dicho Fideicomiso, ya no cumple el objeto para el cuál fue creado.
En cumplimiento a lo anterior, en la nonagésima octava reunión del H. Comité Técnico del Fideicomiso para Construcciones Militares, acordó la extinción del fideicomiso, debiendo realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Situación general del Ficomi
El fideicomiso durante sus etapas iniciales presentó un funcionamiento ágil y operativamente rentable, cumpliendo con los objetivos trazados y metas propuestas.
Sin embargo, al paso del tiempo, su funcionamiento se volvió improductivo y poco funcional en lo que respecta a sus objetivos fijados, representando una carga para el erario Federal, ya que el patrimonio del fideicomiso dejó de incrementarse, al no aportársele nuevos inmuebles para su comercialización.
Aunado a lo anterior, los fines del fideicomiso resultaron prácticamente inalcanzables, toda vez que los inmuebles que se encuentran dentro de su patrimonio presentan diversas problemáticas que van desde la invasión por dependencias gubernamentales hasta el despojo por parte de particulares, lo que ha sido imposible su venta.
A. Situación financiera
En la última sesión ordinaria del Comité Técnico, de fecha 23 de febrero del 2005, se informó que el activo del Fideicomiso para Construcciones Militares asciende a un total de $27'890,075.31 (veintisiete millones ochocientos noventa mil setenta y cinco pesos 31/100 mn.), el cual se encuentra integrado por:
b) Recursos en efectivo que obran en custodia y administración de la Institución Fiduciaria, por la cantidad de $6'010,837.44 (seis millones diez mil ochocientos treinta y siete pesos 44/100 mn.)
c) Gastos pendientes de recuperar (avalúos y gastos de comercialización) la cantidad de $61,268.43 (sesenta y un mil doscientos sesenta y ocho pesos 43/100 mn.)
Los 12 inmuebles que integran el Patrimonio del Ficomi. y que ya fueron puestos a disposición del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, a través de la dirección general del Patrimonio Inmobiliario Federal, presentan la situación siguiente:
Predios actualmente ocupados por instalaciones militares y en uso por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Con el propósito que la extinción del fideicomiso se lleve en los mejores términos, esta Secretaría de Estado Coordinadora de Sector, propone que el patrimonio fideicomitido sea liquidado en los términos siguientes:
A).- Los recursos en efectivo que obran en custodia y administración de la Institución Fiduciaria, deberán ser enterados a la Tesorería de la Federación, para incremento del presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional de conformidad con los instrumentos citados en el capitulo de antecedentes.
B).- De los 12 inmuebles que integran el Patrimonio Inmobiliario del Ficomi., se propone que se continúe con los tramites siguientes:
1 (un) inmueble: El Beaterio" OCUPADO POR DEPENDENCIAS FEDERALES, Banjercito como fiduciario, con autorización del órgano de Gobierno del Ficomi., lo puso a disposición del INDAABIN., para que lo destine a las dependencias federales ocupantes.
Los 4 (Cuatro) predios: "Lote 14, BC., Caborca y Empalme, Son. Y Santa Fe, DF" INVADIDOS POR PARTICULARES, estos inmuebles, dado su alto grado de ocupación, son irrecuperables desde el punto de vista legal, ya que un juicio en contra de los posesionarios generaría un caos social al Gobierno Federal, por lo que se estableció coordinación con la dirección general del Patrimonio Inmobiliario Federal, para que reciba dichos predios en la situación en que cada uno se encuentra, con objeto de que sean donados como un servicio público a los gobiernos estatales, municipales o del Distrito Federal, donde se encuentran los mismos, o bien a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, para que proceda a su regularización a favor de los ocupantes.
2 (dos) predios, libres de invasión, denominado Lote V, en El Opio. de Ensenada, BC. y Parras de la Fuente municipio de Parras de la Fuente, Coah., Banjercito con autorización del órgano de Gobierno del Fideicomiso, ya los puso a disposición del propio INDAABIN, para que le de el destino final que corresponda, ya que los mismos se encuentran libres de invasiones y pueden ser utilizados por alguna otra dependencia en la prestación de servicios públicos, o en su caso proceder a su venta.
Las acciones mencionadas, ya fueron debidamente consensuadas con la propia Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal y aprobadas por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública en oficio número 1101.3-1223 de 2 de marzo de 2005, así como por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), conforme a los oficios que se anexan. Lo anterior, permitirá liquidar el patrimonio del Fideicomiso y facilitará la extinción del mismo.
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 5/o. del Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales, 189 y 189 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal; 18 y 24 del Decreto de Presupuesto Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, esta Secretaría de la Defensa Nacional, como Coordinadora de Sector, atentamente solicita a esa Comisión Intersecretarial de Desincorporación, se emitan los acuerdos siguientes:
Primero.- Se emita el dictamen favorable a fin que el Fideicomiso para Construcciones Militares sea desincorporado vía extinción, por los razonamientos antes expuestos y en razón de que ya no cumple con los fines para los que fue creado.
Segundo.- Derivado de lo anterior, la Secretaría de la Defensa Nacional, llevará a cabo las gestiones pertinentes en términos de la normatividad aplicable.
Tercero:- Se exceptúe el proceso de desincorporación del Fideicomiso de ser incluido en el Fondo de Desincorporación de Entidades.
Atentamente.
Gral. Brig.. J. M. y Lic. Saúl Bobadilla Rodríguez
(rúbrica).
Jefe de la Asesoría Jdca. del Estado Mayor del
la Defensa Nacional
Lomas de Sotelo, DF, a 26 de julio de 2005.
C. Lic. Carlos María Abascal Carranza
Secretario de Gobernación
Abraham González 48
Col. Juárez
CP 06699, DF
Distinguido señor secretario:
De conformidad con lo establecido por los artículos 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 24, fracción II, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que por su digno conducto se informe a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, que a petición de esta Secretaría, la Comisión Intersecretarial de Desincorporación, en su sesión de fecha 30 de junio de 2005, emitió el acuerdo CID-05-IV-1, dictaminando favorablemente desincorporar, vía extinción, el Fideicomiso para Construcciones Militares, creado por acuerdo presidencial número 1023, de fecha 19 de mayo de 1960, sectorizado a esta dependencia, toda vez que el mismo ya no cumple con los fines para los que fue creado; anexándole para el efecto copia del citado dictamen y de la nota informativa que fue sometida a consideración de dicha Comisión.
Para cualquier coordinación del presente asunto, designo al ciudadano General Brigadier de Justicia Militar y Licenciado Saúl Bobadilla Rodríguez, jefe de la Asesoría Jurídica del Estado Mayor de la Defensa Nacional, así como a los CC. Coronel de Justicia Militar Licenciado Eduardo Enrique Gómez García y Capitán Primero de igual servicio y profesión Pedro Bonilla Muñoz, pertenecientes a dicha Asesoría Jurídica, quienes se encuentran localizables en los teléfonos 26-29-82 y 53-87-51-39.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para perennizarle mi más atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
General Gerardo Clemente Ricardo Vega García
(rúbrica)
Secretario de la Defensa Nacional
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, CON LA QUE REMITE DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO DE LA SEGUNDA COMISIÓN
México, DF, a 24 de agosto de 2005.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente con el siguiente punto de acuerdo:
Atentamente
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica)
Vicepresidente en Funciones de Presidente
Punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y a la Confederación Deportiva Mexicana, para que por su conducto, sea garantizado el respeto a las garantías individuales de todas y todos sus afiliados
La que suscribe Jazmín Zepeda Burgos Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario del PRD Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta Soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
México es un país que se encuentra en la búsqueda de la transición democrática y todo lo que sucede en el entorno, ya sea en el ámbito económico, político social, cultural y en este caso en el deportivo, será de particular interés para los ciudadanos y ciudadanas.
El deporte es una de las actividades que logra aglutinar al mayor número de espectadoras y espectadores en los eventos que se disputan, esto no sólo es de carácter coyuntural, el deporte a lo largo de la historia se ha consolidado como parte de la cultura y cotidianidad de los pueblos.
Es de todas y todo conocido que en algunas disciplinas deportivas existe una marcada inclinación de las y los ciudadanos, es aquí donde se conforma la afición, en el caso de México es el fútbol soccer el deporte más reconocido y popular.
Es así, que ya es una práctica de inicio de jornada los comentarios sobre los partidos celebrados en el fin de semana, así como los diferentes sucesos o declaraciones vertidas por los futbolistas, los directivos y/o entrenadores de los equipos de fútbol de la primera división en los diferentes medios de comunicación del país.
Es por ello que resulta inaceptable, por decir lo menos, la sanción impuesta al entrenador del equipo de fútbol soccer de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por la comisión disciplinaria de la federación mexicana de fútbol de imponer una multa por las declaraciones vertidas en contra de los federativos que manejan el fútbol en este país.
Podemos estar de acuerdo o no con lo expresado por el técnico de la UNAM, pero lo cierto es que se esta violentando su derecho a la manifestación de las ideas, derecho que se preserva de manera irrestricta en las garantías individuales con el artículo 6º Constitucional. Que a la letra dice: "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado.
Y que de no señalarse enfáticamente, podemos estar en riesgo de acercarnos a eventos represivos de carácter individual o colectivo por la manifestación o expresión de nuestras ideas.
Por otra parte, en diversas ocasiones se informa que las sanciones que establece la Federación Mexicana de Fútbol A. C. (FMF) son de tipo suspensivo por una determinada cantidad de partidos sin jugar, lo anterior, viola la garantía constitucional consagrada en el artículo 5º que señala: "A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial."
...Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio.
Así entonces, ningún reglamento o sanción puede eliminar el derecho establecido en nuestra Carta Magna, tampoco ningún interés individual o colectivo, o por la importancia de una organización o empresa que lo impulse.
Es por ello que resulta necesario solicitar a la Conade y la Codeme, el que se revisen y establezcan los mecanismos necesarios para que la Federación Mexicana de Fútbol, adecue sus reglamentos de tal manera que, por ningún motivo estos se contrapongan a los derechos establecidos en nuestra Carta Magna.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la Consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, realice un exhorto a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y a la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme) para que se avoque a revisar la legalidad de todos los reglamentos de la Federación Mexicana de Fútbol que limiten, condicionen o nieguen el ejercicio de las garantías individuales de sus afiliados.
Segundo.- Que una ves concluido este proceso la Conade informe a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Juventud y Deporte de los resultados, y en su caso, las medidas adoptadas al respecto.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los quince días del mes de agosto de 2005.
Dip. Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica)
(Remitida a la Comisión de Juventud y Deporte.
Agosto 25 de 2005.)
El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, interesado en que los programas de combate a la inseguridad sean manejados de manera coherente con las normas y las directrices que rigen el operativo México Seguro, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a los siguientes:
Considerandos
Un problema constante en el país sin lugar a dudas es la inseguridad, durante los últimos cinco años este fenómeno se ha incrementado de manera alarmante los estados de Jalisco, Sonora, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Chihuahua, zonas que se consideran las más violentas del país por ser los lugares que más han registrado muertes violentas, sin que las autoridades responsables hayan determinado con eficiencia las causas de estos hechos que tanto ofenden a la sociedad.
Actualmente es imposible tratar de aminorar la gravedad de la situación, porque el número de asesinatos hasta agosto del año en curso se ha elevado a 850 personas, lo cual demuestra que el Estado de Derecho ha sido rebasado por el crimen organizado y que el Gobierno Federal perdió el control de los espacios territoriales viéndose imposibilitando para crear un clima de seguridad para la ciudadanía, gracias a la ineficiencia de los órganos encargados del sistema de seguridad pública federal.
Debido a estos penosos eventos, el gobierno federal en un intento de respuesta al reclamo social, puso en marcha el operativo México Seguro el pasado once de junio del año en curso, aplicado por autoridades estatales y municipales con 517 efectivos de la Agencia Federal de Investigación, un millar de elementos de patrullaje y retenes militares en Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Culiacán, Navolato, Mazatlán, Tijuana y Mexicali, coordinados por la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Secretaría de Gobernación, ahora con dos meses de infructuosa vigencia.
La inseguridad en México, lejos de disminuir parece ir en aumento, no obstante que los simpatizantes de la afiliación política del Poder Ejecutivo Federal opinen lo contrario, señalando en declaraciones públicas que el hecho de que no cesen los asesinatos en el norte del país de ningún modo significa el fracaso del operativo México Seguro, argumento que evidencia la inoperatividad de la estrategia.
Sin embargo, el operativo México Seguro presenta incongruencias en lo que respecta a la coordinación de acciones en las esferas de atribuciones del gobierno federal con las estatales y municipales, en lo tocante a las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, toda vez que el marco competencial de las mismas esta subordinada a la conducción del Poder Ejecutivo Federal conforme a lo establecido en el artículo 73, fracción XXIII de la Ley Fundamental, pero esta coordinación no se encuentra preceptuada de manera contundente en el Artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, normatividad que establece las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Por lo ello a todas luces los órganos de seguridad pública locales orgánicamente carecen de atribuciones para consolidar la política de colaboración derivada de los acuerdos de voluntades suscritos con la Procuraduría General la República y la Secretaría de Seguridad Pública Federal necesarios para actuar de manera coordinada y dentro de la ley.
Estas deficiencias demuestran que es imposible eficientar la operatividad que legalmente debe existir entre los órganos de seguridad pública, porque sus niveles competenciales están condicionados a cumplir requisitos de ordenamientos que solo facultan a la Secretaría de Seguridad Pública Federal a establecer por conducto del Consejo Nacional de Seguridad Pública, vínculos destinados al único estudio de programas en la materia, sin que se cuente con un marco legal que defina las facultades de todos los involucrados y atacar de frente la comisión de delitos federales.
Ante todo esto el operativo México Seguro, resulta ineficiente para combatir la inseguridad del país, que demuestra la ingobernabilidad en que se encuentra el país, gracias a la incapacidad del gobierno federal para resolver los problemas de seguridad que aquejan a la población mexicana.
Situación que constituye un motivo justificado para que la sociedad civil, conozca los argumentos ilustrativos del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, licenciado Ramón Martín Huerta, sobre cómo conduce las acciones que están bajo encomienda dentro del operativo México Seguro, toda vez que las normas vigentes lo supeditan a las instrucciones de la Procuraduría General de la República, así como la forma en que invierte las cantidades de dinero erogadas en los dos meses de vigencia del operativo en comento.
Por lo anterior, convoco a esta honorable asamblea para que respetuosamente solicite el referido informe al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal para transparentar el desarrollo de su gestión a todos los mexicanos sobre el particular.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Que se exhorte al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, licenciado Ramón Martín Huerta para que se sirva rendir un informe de las actividades realizadas en el marco de la coordinación que debe tener con las dependencias y entidades federativas dentro del operativo México Seguro.
Segundo.- Se mantenga informada a esta honorable Cámara sobre lo referente al punto anterior.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticuatro días del mes de agosto de dos mil cinco.
Dip. Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Seguridad Pública.
Agosto 24 de 2005.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A NO RATIFICAR EL NOMBRAMIENTO DEL ACTUAL ENCARGADO DE DESPACHO DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y SE SOLICITA AL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA NUEVA MODALIDAD DE CONTRATOS QUE PERMITIRÍA A LA INICIATIVA PRIVADA PARTICIPAR EN LA EXTRACCIÓN DE CRUDO MEXICANO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAFAEL GARCÍA TINAJERO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DE 2005
El suscrito, diputado Federal de la LIX legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para le Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de los siguientes:
Antecedentes
La pasada semana en reunión con la prensa el encargado de despacho de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales Gil, anunció que diseñan un nuevo modelo de contrato, cuya finalidad es que compañías petroleras trasnacionales participen en la extracción de crudo nacional y eventualmente de gas.
Este anuncio se suma a otro realizado por el propio titular del Ejecutivo Federal en el que se da a conocer que se buscan fórmulas para que la iniciativa privada invierta en el mantenimiento de la infraestructura de Pemex, particularmente de los ductos de petróleo.
Luego de los consecutivos fracasos en materia de reformas privatizadoras, el ejecutivo federal intenta de manera desesperada hacia el final de su administración, abrir la puerta (aunque sea la trasera) a consorcios extranjeros en toda clase de operaciones de Pemex, incluido como ya hemos visto, el cuidado y mantenimiento de los ductos.
El ejecutivo no ha acabado de entender que el país no se dejará sorprender por sus novedosas estrategias de privatización de Pemex y ello porque en efecto somos una enorme mayoría quienes estamos convencidos de la necesidad de una política energética que responda a los intereses públicos nacionales en lugar de los intereses privados extranjeros y también porque la realidad es que los hidrocarburos constituyen aún la columna vertebral de nuestro desarrollo, un desarrollo que no estamos dispuestos a hipotecar a favor de las trasnacionales petroleras.
La nueva formula en estudio, promete repetir el mismo esquema de los Contratos de Servicios Múltiples, cuya pertinencia y constitucionalidad están todavía por resolverse.
Es muy grave que con este antecedente se sigan planteando esquemas que no son más que burdos intentos por llevar cabo privatizaciones parciales de la paraestatal. Recordemos solamente que este mismo debate llevó a la Cámara de Diputados a considerar inelegible al ingeniero Luis Ramírez Corzo como director general de Pemex y hacer un extrañamiento al Presidente Fox por su nombramiento.
Por lo visto esto no ha cambiado para el ingeniero Carlos Morales Gil y aún bajo este antecedente, el nuevo encargado de despacho de PEP se permite insistir en esta modalidad de contratos cuya constitucionalidad hemos cuestionado insistentemente varios sectores de la sociedad, incluyendo desde luego a los legisladores.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al ejecutivo federal para que no ratifique el nombramiento del ingeniero Carlos Morales Gil al frente de Pemex Exploración y Producción en tanto no se aclare en qué consiste la nueva figura de contrato que se propone para permitir la participación de inversionistas privados en la explotación de hidrocarburos.
Segundo: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al director general de Petróleos Mexicanos toda la información relativa a esta nueva modalidad de contrato que pretenden implementar a partir del año 2006.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 24 de agosto de 2005
Diputados: Jorge Martínez Ramos, Rafael García Tinajero (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Energía. Agosto
24 de 2005.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL IPAB QUE INFORMEN SOBRE EL PROCESO ACTUAL DE VENTA DE LAS EMPRESAS PERTENECIENTES A CORPORACIÓN INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS GONZÁLEZ SCHMAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, RECIBIDA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DE 2005
El que suscribe, diputado Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, Partido Político, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes:
Considerandos
El espacio aéreo se encuentra bajo el dominio directo de la Nación, el artículo 27 constitucional establece que su uso, aprovechamiento y explotación podrá llevarse a cabo mediante concesiones otorgadas por el gobierno a empresas mexicanas, asegurando la preservación de la soberanía y seguridad nacional, por lo que resulta de interés, para nuestro país y su representación democrática, en la Cámara de Diputados y Senadores, conocer acerca de su control y operación.
La SCT publicó en el Diario Oficial del 29 de octubre de 2001, el "Acuerdo mediante el cual se establece la Política Aeronáutica que dará rumbo y contenido a las actividades del Estado, de los concesionarios, permisionarios y operadores del transporte aéreo, del personal técnico aeronáutico, de los aeropuertos y de los prestadores de los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales, así como de los demás interesados en el fortalecimiento y desarrollo de la industria, como las aseguradoras, los fabricantes de aeronaves, los arrendadores, entre otros". Con lo ya citado, el actual proceso de venta, y la apremiante necesidad de que la SCT actualice e informe la política aeronáutica aplicable, a fin de dar certidumbre a dicho proceso.
Por su parte, el IPAB ha iniciado el proceso tendiente a la desincorporación de los activos de Cintra, habiendo manifestado lo siguiente:
"el Instituto, en su carácter de accionista y como miembro integrante del Consejo de Administración de la empresa, ha procurado que durante el proceso de desinversión de Cintra se observen los siguientes lineamientos generales:
b) El procurar la creación de condiciones favorables para que las aerolíneas sean viables en el mediano y largo plazo, lo que redundará en un mayor valor de recuperación cuando se enajenen.
c) El establecer las condiciones de competencia en el mercado aéreo nacional con base en la política aeronáutica emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
d) Tomar en cuenta la opinión de los trabajadores y sus Sindicatos."
Igualmente solicitar al secretario de la SCT que emita a la brevedad, con la opinión ya conocida de la Comisión Federal de Competencia y con base en la política aeronáutica que rige a dicho mercado, la regulación conducente para que las aerolíneas en proceso de venta y las diversas de origen nacional que operan a la fecha, no resulten afectadas en el futuro, por dicha desincorporación a terceros.
Por lo anterior y debido a la importancia que la aviación representa para el desarrollo económico, social y político del país, las Comisiones de Comunicaciones y de Transportes, de ambas Cámaras, consideren la imperiosa necesidad de transparentar el proceso de desinversión de los activos de Cintra, por lo que proponemos el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Se cite a comparecer al secretario de Comunicaciones y Transportes para que informe, a partir de la Política Aeronáutica publicada en el año 2001, el grado de avance de los principales objetivos ahí planteados, los programas adoptados y el curso de las acciones calendarizadas que permitan evaluar las condiciones en que se va a dar la enajenación de tales activos, considerando que las empresas que estarán sujetas a tal proceso, se encuentran sirviendo al mercado doméstico con una participación del 67% y al mercado internacional con el 24%, significando el 43% del total del mercado mexicano (pasajeros en rutas domésticas, internacionales y fletamento).
Segundo.- El cumplimiento de los objetivos expuestos por la SCT en la Política Aeronáutica es imprescindible, para dar certidumbre a cualquier inversión que se lleve a cabo en este sub-sector, por lo que el secretario debe informar si la estructura orgánica de la autoridad es la idónea para cumplir con los objetivos de manera oportuna y eficiente.
Tercero.- Se le solicite al secretario de la SCT que emita, ya conociéndose la opinión de la Comisión Federal de Competencia y con base en la política aeronáutica que rige a dicho sector, la regulación conducente en materia de competencia para el mercado aéreo nacional, no obstante haber iniciado el proceso de desinversión de Cintra.
Cuarto.- Con lo anterior, asimismo, que informe sobre la estrategia para recuperar y aumentar la participación de las empresas mexicanas en el mercado internacional.
Quinto.- Resulta necesario solicitar la comparecencia del secretario Ejecutivo del IPAB para que informe, sobre la situación financiera de cada una de las empresas participantes en el proceso de desinversión, el destino de los recursos producto de la venta (rescate bancario-Fobaproa), las bases sobre las que se fijó el precio, el perfil del inversionista, así como las medidas que se tomarán para asegurar de los adquirentes, la inversión progresiva a mediano plazo; el plazo de amortización de la inversión; disposiciones para prevenir el incremento de tarifas y evitar el debilitamiento de las empresas como estrategia de amortización, ya que de no lograrse lo anterior, pondría en riesgo la permanencia de los servicios y la garantía de la comunicación aérea, tanto para las empresas en venta, como las actuales y futuras de inversionistas nacionales.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 24 días del mes de agosto del 2005
Dip. Jesús González Schmal (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Transportes. Agosto 24
de 2005.)
 
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN LA NOM-125-SCFI-1998 Y EMITIR CON LA MAYOR BREVEDAD LA NOM-125-SCFI-2003, A CARGO DE LA DIPUTADA NORMA SAUCEDO MORENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, RECIBIDA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DE 2005
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la que suscribe, diputada federal Norma Saucedo Moreno del Partido Acción Nacional, someto a la consideración del honorable Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que se cumpla con lo establecido en la NOM-125-SCFI-1998, y se emita a la brevedad posible la NOM-125-SCFI-2003, bajo el tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En 1985, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó las directrices de la ONU para la protección al consumidor, ocasión en la que se logró el reconocimiento internacional de siete derechos básicos entre los que se encuentran los siguientes:
Derecho a la información. La publicidad, las etiquetas, los precios, los instructivos, las garantías y, en general, toda la información de los productos y servicios que le ofrezcan debe ser oportuna, completa, clara y verdadera, para que pueda elegir sabiendo qué está comprando.
Derecho a la seguridad y calidad. Los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado deben cumplir con normas y disposiciones en materia de seguridad y calidad; asimismo, los instructivos deben incluir las advertencias necesarias y explicar claramente el uso recomendado de los productos.
Derecho a la protección. Si los proveedores no respetan sus derechos, usted puede ser defendido por las autoridades y exigir la aplicación de las leyes. También tiene derecho a organizarse con otros consumidores para defender intereses comunes.
En México, es responsabilidad del Gobierno Federal determinar las medidas para garantizar que los productos y servicios que se comercializan dentro del territorio nacional contengan la información necesaria con el fin de lograr una efectiva protección del los derechos del consumidor.
Y la Secretaría de Economía es la institución que a través del Código de Comercio y leyes relacionadas, es responsable de emitir la normatividad relacionada para el buen equilibrio en las actividades comerciales y evitar desequilibrios que afecten la economía de los ciudadanos.
De acuerdo a la Ley Federal de Protección al Consumidor y demás ordenamientos legales y por ser una norma (NOM) de información comercial, corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) vigilar para que dicha normatividad se cumpla.
De acuerdo a su objetivo como institución que fortalece el poder de los ciudadanos y hace cumplir la ley, para lograr la equidad en las relaciones de consumo, también promueve el desarrollo de los consumidores y proveedores para que ejerzan sus derechos y cumplan con sus obligaciones.
Elegir la mudanza más adecuada es una de las muchas tareas que debemos realizar cuando nos cambiamos de casa y es importante informarse para que tomemos la decisión mas acertada y evitar abusos.
Profeco, menciona que las empresas de mudanzas ofrecen servicios locales (traslado vía terrestre en la misma ciudad o localidad), foráneos (traslados de un estado a otro, por lo general vía terrestre) e internacionales (vía terrestre, marítima o aérea).
Adicionalmente, que de acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes existen cuatro tipos de empresas dedicadas a las mudanzas: las microempresas (generalmente constituidas por personas físicas, también llamados hombres-camión o mudanceros, que son propietarios de 1 a 5 vehículos), las pequeñas empresas que tienen entre 6 y 30 unidades), las empresas medianas (propietarias de 31 a 100 vehículos), y las grandes (con mas de 100 unidades).
Y que los servicios de mudanzas que se ofrecen pueden ir de lo más sencillo a lo más complicado y que dependiendo de su complejidad la Profeco considera cuatro tipos de servicios: la mudanza completa, media, económica y súper económica.
Pero advierte Profeco, que existen diferencias importantes de precios en estos servicios y entre proveedores.
Que en las empresas chicas o grandes, seguridad y contratos, los precios del servicio de mudanza no se sujetan a ninguna tarifa oficial, sino que se establecen de acuerdo con la oferta y la demanda del mercado. Cada empresa define sus precios por negociación con base en factores como la cantidad de muebles, la distancia a recorrer, la dificultad de maniobra y, en menor medida la época del año y la contratación de seguros.
Por otro lado, la Secretaría de Economía, responsable de emitir la normatividad relacionada a éste tipo de prácticas comerciales, define que cualquier empresa debe estar registrada ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-125-SCFI-1998.
Y que las empresas previo a la contratación debe proporcionar la siguiente información por escrito: Tipo de vehículo, duración del servicio, precio total del servicio, el cual será negociado libremente entre el prestador del servicio y el consumidor, incluyendo el desglose de costos adicionales como voladura de muebles, seguros e impuestos, garantías en caso de daños al mobiliario y procedimiento para hacerla válida, a la contratación del servicio el consumidor debe poseer una copia del contrato, el cual debe estar registrado ante Profeco y contener cuando menos la siguiente información: Nombre o razón social, registro federal de causantes y domicilio del prestador del servicio, objeto del contrato, indicando si el servicio es local, foráneo o internacional, condiciones de los bienes a transportar, valor de la carga que declare el consumidor, precio del servicio incluyendo el costo por maniobras y seguros, lugar, fecha, y hora de carga y entrega, datos de la póliza contratada para cubrir al consumidor los daños o extravíos de bienes que se transportan, garantías que ofrece el proveedor, así como una explicación del procedimiento para que el consumidor sea indemnizado. Requisitos que sólo las empresas grandes cumplen a cabalidad, no así las más chicas, y en un alto porcentaje las medianas, como lo reporta la siguiente información.
Profeco llevó a cabo un sondeo entre algunas empresas de mudanzas: 82 en la Ciudad de México, 14 en Querétaro y 6 en Tepic. Cada empresa proporcionó sus precios para un caso hipotético, arrojando los siguientes resultados: Se encontró que a mayor complejidad de trabajo, mayor costo. Sin embargo, se encontró también una gran disparidad de precios en la Ciudad de México. En la mudanza súper económica, en donde se encontró que el precio máximo es 16 veces más grande que el mínimo. Se encontró una gran discrecionalidad en la fijación del precio por parte del proveedor.
Pero lo que llamó más la atención es que no existe una relación clara entre costos y tamaño de la empresa. Es decir, para un servicio similar, una microempresa y una empresa grande pueden cobrar exactamente lo mismo.
Si se opta por un servicio completo solo el 44% de las empresas lo ofrecen, mientras que las empresas grandes lo ofrecen el 100%.
El 28% no contaba con placa ni con la tarjeta otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y solo el 7% tenía registrado su contrato ante Profeco, aún cuando lo exige la normatividad, además solo el 19% de la compañías estudiadas entregan por escrito el presupuesto, quedando un altísimo 81% sin entregarlo por escrito.
Y en las pequeñas y medianas empresas, solo el 9% ofrecen un contrato por escrito, mientras que todas las grandes sí lo dan, y de las que entregan el contrato, sólo el 8% especifican el valor estimado de los bienes a transportar.
Con respecto a las facturas que las empresas deberían de entregar a los clientes para futuras reclamaciones, se encontró que el 19% de las microempresas no la proporcionan, otro 41% reportó que las entrega si el cliente lo exige, sólo que deben pagar el IVA correspondiente.
Por otro lado, se encuentra aún en proyecto la NOM-125-SCFI-2003, en donde se han hecho varias adiciones que permitirán disminuir y eliminar las inequidades mencionadas anteriormente.
Por ejemplo: Se obliga al prestador del servicio para que entregue un presupuesto por escrito antes de la celebración del contrato, el que debe contener como mínimo: precio y características del servicio así, como mayores obligaciones por parte del prestador del servicio para el consumidor.
Sin embargo, dicha norma aún se encuentra en proyecto y a pesar de haber cumplido con los términos establecidos, ésta no ha sido publicada.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Economía para que a la brevedad posible emita la Norma Oficial Mexicana NOM-125-SCFI-2003, con las adiciones correspondientes a fortalecer las actividades de prestación de servicios de autotransporte de carga, en beneficio de ambas partes y protección del ciudadano.
Artículo Segundo.- Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que incremente y fortalezca las acciones relacionadas a la protección del consumidor y coordinada con las entidades e instituciones que corresponda, incremente las acciones relacionadas a la información y protección del usuario de este tipo de servicios para evitar abusos en toda la república mexicana y sobre todo en el Distrito Federal.
Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada en el Senado de la República el 24 de agosto de 2005.
Dip. Norma Saucedo Moreno (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Economía. Agosto
24 de 2005.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A QUE SE CONSIDERE UN INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN EL RAMO 33 (FONDO III Y IV), EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE TAPILULA, CHIAPAS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, RECIBIDA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DE 2005
La suscrita María Elena Orantes López, diputada federal de la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58,59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. Al tenor de las siguientes
Consideraciones
El municipio es la célula fundamental del Estado, en donde el ejercicio del poder toca la base social. Es en esta instancia en donde el pueblo tiene contacto con el aparato de gobierno. Lo que se haga o se deje de hacer ahí es lo que la ciudadanía percibe como acto efectivo de sus gobernantes.
Las necesidades se generan en el territorio y ahí se procesan socialmente para convertirse en demandas. Por eso los presupuestos que no aterrizan territorialmente en beneficio de la gente son recursos improductivos.
En todos los estados existen localidades que han sido ignoradas por quienes diseñan y aplican las políticas públicas y los presupuestos. Sigue siendo una constante que los lugares más lejanos de la geografía nacional casi siempre son los que tienen mayores rezagos.
Este es el caso de un municipio enclavado en la selva, en la parte norte de Chiapas, de nombre Tapilula. Ahí pareciera que la descentralización, el fortalecimiento municipal y el Ramo 33 no existen. El presupuesto con que cuenta corresponde a las épocas cuando el dinero del pueblo se dilapidaba en el Centro y a los municipios solo se les asignaban recursos para pagar sus nóminas.
Los 126.7 kilómetros cuadrados de su territorio demandan infraestructura básica para detonar su desarrollo, ya que a pesar de ser un centro regional de comercio, cuenta con menos recursos que los municipios que en él confluyen a realizar sus transacciones. El principal atractivo de Tapilula consiste en que es atravesado por la carretera federal Tuxtla Gutiérrez-Villahermosa; motivo por el cual se ha convertido en un centro estratégico a donde ocurren municipios vecinos como Ixhuatan, Rayón, Tapalapa, Pantepec, Solosuchiapa y Pueblo Nuevo Solistahuacan, entre otros. Por tales circunstancias se requiere que el municipio cuente con los servicios públicos suficientes para lograr un desarrollo acorde no solo a sus necesidades, sino a las de la región.
La población total del municipio asciende a 15 mil habitantes, de los cuales el 57.34% viven en la cabecera municipal, mientras que el 42.66% se ubica en 28 comunidades rurales, donde más del 50% gana por debajo de 2 salarios mínimos y vive en condiciones de atraso y marginación, de acuerdo a los datos publicados en el año 2000 por el Conapo.
En lo que compete al sector educativo, cuenta actualmente con los niveles de preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior, pero en todos los casos con rezagos de infraestructura, servicios y enseñanza. En el año 2000 se reveló un índice de analfabetismo del 26%, constituyéndose en uno de los municipios con mayor porcentaje de analfabetismo de la región norte, por arriba de la medida estatal que es del 23%.
La población mayor de 15 años, equivalente al 26.35%, no tiene instrucción escolar, el 26.6% tiene primaria incompleta, el 12.33% completó el nivel de primaria y el 34% cursó algún grado de instrucción posprimaria.
En lo que se refiere a los servicios básicos, disponen de energía eléctrica únicamente el 80% de los habitantes en la cabecera municipal y 40% en zonas rurales.
Por otra parte, sólo el 75% de la población de la cabecera municipal cuenta con agua entubada, y utilizan fosas sépticas el 26% de los tapilulenses radicados en la zona rural.
Es evidente compañeros legisladores que en Tapilula, Chiapas, se vive una injusticia en términos de asignación presupuestaria. Así lo pone de manifiesto el hecho de que siendo el centro estratégico para varios municipios, tiene un techo financiero por debajo de sus vecinos como Pantepec, que cuenta con un presupuesto de $9,843,024, Ixhuatán de $8,179,372, y Rayón con $6,820,430 todos en el ejercicio del 2004, cuando Tapilula apenas figura con $6,527,515.
En este caso no se han hecho presentes los principios de equidad y proporcionalidad que debe tener el reparto de la hacienda pública, en detrimento de una población que por condiciones geográficas, históricas y culturales, se encuentra entre los grupos sociales más desprotegidos. Es urgente que se autoricen adecuaciones presupuestarias.
Señoras y señores legisladores, Tapilula, Chiapas, demanda agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural, entre otras cosas. Los convoco a que hagamos un acto de justicia con la población de Tapilula, que está pidiendo a gritos desde la selva que volteemos a verla.
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, propongo el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorte a la SHCP, que dentro del próximo ejercicio fiscal 2006 se considere un aumento del presupuesto federal en el Ramo 33 (fondo III y IV), destinado al municipio de Tapilula, Chiapas, para así poder sufragar con mayor eficiencia las necesidades básicas del municipio, solicitando un incremento del 100% sobre los techos financieros que actualmente recibe el municipio.
Dado en la Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 24 días del mes de agosto de 2005.
Dip. María Elena Orantes López (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública. Agosto 24 de 2005.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE FORMULA UN EXTRAÑAMIENTO A LA DIRECTORA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN POR SU CAMPAÑA DE DESPIDOS, ACOSOS LABORALES Y PERSECUCIÓN CONTRA LOS INVESTIGADORES DE ESE CENTRO Y SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE LOS TITULARES DE LA SEP Y DEL IPN, PRESENTADA POR EL DIPUTADO SALVADOR MARTÍNEZ DELLA ROCCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DE 2005
El que suscribe, diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
1. La política de fomento al desarrollo científico de México tiene como uno de sus principales ejecutores a los miembros del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), dependiente del Instituto Politécnico Nacional, por ser uno de los organismos de mayor generación de ciencia y educación de posgrado en el país.
2. De acuerdo con su decreto de creación, publicado el 24 de septiembre de 1982 en el Diario Oficial de la Federación, el Cinvestav es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y para la realización de sus funciones cuenta con subsidio federal, además del apoyo de aportaciones provenientes de diversas fuentes: empresas de participación estatal o privadas, organismos descentralizados, instituciones extranjeras, del sector industrial y de particulares.
3. Dentro de los objetivos fundamentales del Cinvestav están el preparar investigadores y profesores especializados a nivel de posgrado, que promuevan la constante superación de la enseñanza; así como generar las condiciones para la realización de investigaciones básicas y aplicadas originales en diversas áreas científicas y tecnológicas que permitan elevar los niveles de vida e impulsar el desarrollo del país.
4. En la actualidad, el Cinvestav cuenta con 32 agrupaciones académicas organizadas en 7 unidades: dos en la Ciudad de México y 5 en el interior de la República Mexicana. Estas unidades son cuerpos de trabajo del servicio público nacional que concentran preparación profesional, perseverancia, capacidad de negociación, integridad en sus acciones y un profundo compromiso con México.
5. Lamentablemente, esa importantísima labor del Cinvestav ha sido violentada y desestabilizada por su directora, la doctora Rosalinda Contreras Theurel, quien ha aplicado una campaña de despidos, acosos y persecución laboral y personal contra investigadores del Centro, en especial hacia aquellos que con gran calidad y eficiencia han progresado y fomentado la actividad científica y que han sido distinguidos nacional e internacionalmente con innumerables reconocimientos y nombramientos. Sin mediar razón académica o causa justificada, porque no la hay, han sufrido las arbitrariedades y el uso impune del poder de la directora Contreras Theurel los siguientes investigadores:
6. Al doctor Francisco Javier Álvarez Leefmans, investigador nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores, le rescindió su contrato después de 26 de trabajar en el Cinvestav. El pasado 18 de abril fue convocado por la directora Contreras Theurel a una junta. La funcionaria no asistió a la reunión y en su lugar el investigador fue recibido por los abogados del Centro y del notario público Luis Alfonso Torres Gómez, quien le entregó el oficio número 0500280 mediante el cual se le rescindía su relación laboral, argumentando que "no cumplía con los compromisos contraídos en el Instituto Nacional de Psiquiatría" y que "trabajaba para la Universidad de Wright 22 horas a la semana". Este trabajo, por cierto lo obtuvo por intermediación del Cinvestav desde 1990, con el propósito de obtener apoyo financiero para sus investigaciones.
7. Unas semanas después fueron despedidos José Norberto Farfán García y Teresa Mancilla Percino, ambos adscritos al Departamento de Química y con una amplia trayectoria en el Cinvestav; y el investigador nivel III del SNI, Jorge Sánchez, quien a pesar del apoyo que recibió por parte del Colegio Académico, no se le renovó la titularidad como Jefe del Departamento de Farmacología.
8. Uno de los casos más inverosímiles de acoso y vileza por parte de la directora del Cinvestav es el del doctor Octavio Paredes López, actual presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, investigador y científico reconocido nacional e internacionalmente con innumerables distinciones de gran importancia. Su calidad y trayectoria está fuera de toda duda. Baste mencionar que el doctor Paredes es investigador nacional III del SNI; cuenta con la calidad de Investigador Nacional de Excelencia otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; es premio nacional de ciencias; asesor invitado por el National Research Council de Washington DC; miembro del Comité de Premiación Academy of Sciences of the Developing World (TWAS) en Trieste, Italia en 1993-94; y recipiente del Premio TWAS 2000; doctor honoris causa por la Universidad de Manitoba, Canadá en 2005; editor asociado del Critical Reviews in Food Science and Nutrition (la publicación de más impacto científico en esta especialidad); editor general de la revista estadounidense-holandesa Plant Foods for Human Nutrition; y miembro de diversos consejos editoriales de revistas nacionales e internacionales de alto impacto en el ámbito científico.
9. No obstante el amplio reconocimiento a su producción científica, el doctor Paredes no se ha salvado de la campaña de acoso laboral de la directora del Cinvestav, quien en público y en privado se ha dedicado a difamarlo y tratar de desprestigiarlo. El pasado 8 de julio, la funcionaria difamó al doctor Paredes al declarar en diversos medios periodísticos que era "aviador" (palabras textuales), siendo que la situación de este investigador dista siquiera de acercarse a tal infamia, pues se puede comprobar que el doctor Paredes cumple puntualmente con sus obligaciones académicas y de investigación, como lo ha hecho durante los 24 años que tiene laborando en el Cinvestav.
Su función como presidente de la Academia Mexicana de Ciencias no la desarrolla de tiempo completo, por lo que en ningún momento afecta su actividad en el Centro; y la realiza de manera honorífica, es decir, no recibe retribución económica. Sirva de sustento a lo anterior, que el doctor Paredes desde el 28 de abril de 2004, fecha en que fue designado presidente de la Académica Mexicana de Ciencias y hasta el día último de julio del 2005, ha tenido, entre otras, la siguiente producción científica y académica: Ha graduado 4, 3 y 5 estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, respectivamente (sin incluir a otros graduados en instituciones del interior del país), de un total de 86 dirigidos por él mismo. En este periodo ha generado 22 publicaciones entre artículos científicos internacionales, capítulos y libros, de un total de 240 que tiene en su haber. Adicionalmente, en el periodo señalado, funge como responsable de tres importantes proyectos financiados de investigación y de otros tres como corresponsable.
10. Es importante mencionar que el Estatuto del Personal Académico del Cinvestav otorga el derecho a sus investigadores de dar cátedras o desempeñar labores académicas en otras instituciones u organizaciones con o sin remuneración, con el sólo conocimiento del director general. Por tanto, está más que claro que se trata de una campaña de hostigamiento y acoso laboral, que aplica por motivaciones personales la doctora Contreras Theurel.
11. Esa situación es inadmisible, más aún en una persona que se dice académica y que en nada la dignifican como directora de un centro de investigación científica. Con su actitud incumple su responsabilidad de fomentar y apoyar el quehacer de los científicos y, al mismo tiempo, pone en riesgo la estabilidad del Cinvestav y de sus cuerpos académicos y de investigación.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Soberanía la proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- La Comisión Permanente hace un extrañamiento a la directora general del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, doctora Rosalinda Contreras Theurel, por su campaña de despidos, acosos y persecución contra investigadores y académicos de ese Centro; y asimismo solicita de manera respetuosa la intervención de los titulares de la Secretaría de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra; y del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Villa Vera, a fin de reinstalar a los investigadores injustamente despedidos y cesen los hostigamientos laborales y personales en contra del doctor Octavio Paredes López.
Dado en el Senado de la República, Sede de la Comisión Permanente, a 24 de agosto de 2005.
Dip. Salvador Pablo Martínez Della Rocca (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Educación Pública
y Servicios Educativos. Agosto 24 de 2005.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DE LA SEMARNAT QUE AUTORICEN LAS CONCESIONES DE LA ZONA MARÍTIMA Y TERRESTRE A LOS HABITANTES DEL POBLADO PESQUERO LA MANGA, MUNICIPIO DE SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS, SONORA, A CARGO DEL DIPUTADO OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, RECIBIDA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DE 2005
El que suscribe, diputado federal Omar Ortega Álvarez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
Desde hace más de cuarenta años, setenta familias del poblado La Manga, en el municipio de San Carlos Nuevo Guaymas, en el estado de Sonora, dieron vida a ese inhóspito poblado pesquero en donde no había un solo servicio básico. Con su propio esfuerzo y recursos aportados por ellos mismos, han logrado establecer dos escuelas de preescolar y primaria, con el apoyo del Consejo Nacional de Fomento Educativo.
Sus viviendas, no obstante, son de cartón y las autoridades municipales les proporcionan servicios asistenciales como salud y abastecimiento de agua por pipas una vez a la semana, pero no cuentan con energía eléctrica; a pesar que la han solicitado a las autoridades competentes y que han aceptado aportar el 20 por ciento del costo de la introducción de ese servicio.
Los pobladores de La Manga tienen como única fuente de ingresos la pesca, a la que se han dedicado desde hace más de tres décadas, a través de la constitución de cuatro cooperativas pesqueras para un mayor aprovechamiento de los recursos naturales y el beneficio económico de la comunidad. También estas cooperativas pesqueras han servido para establecer proyectos productivos acuícolas, a fin de de elevar el nivel de vida de los pobladores.
Sin embargo, desde hace tres años han padecido la burocracia y la indolencia de las dependencias federales involucradas para otorgarles las concesiones sobre el predio de La Manga, ubicado a la orilla del mar en terrenos nacionales en una superficie de 1,750 metros, donde están asentadas sus viviendas y sus pequeños comercios. Un grueso expediente con los trámites realizados ante diferentes instancias, constata la indolencia gubernamental hacia este grupo de pobladores de escasos recursos que hacen esfuerzos para tener una vida digna.
Por ejemplo, en noviembre de 2001, dirigieron un escrito a la esposa del presidente Vicente Fox para solicitarle su intervención para obtener las concesiones del predio y créditos para la edificación de sus viviendas, recordándole que con anterioridad ya le habían hecho esa solicitud al jefe del Ejecutivo federal, pero no tuvieron respuesta. Su carta a Martha Sahagún fue turnada a la Secretaría de Desarrollo Social, la que su vez los remitió a la delegación de esta dependencia en Sonora.
En diversas ocasiones, el Cuerpo de Regidores del H. Ayuntamiento de Guyamas ha avalado ante las autoridades de la Semarnat que las setenta familias asentadas en La Manga son las legítimas propietarias del predio y, por consiguiente, son a las que se les deben otorgar las concesiones de la zona terrestre y marítima del mismo.
Sin embargo, las múltiples gestiones hechas tanto por los pobladores como las autoridades municipales de San Carlos Nuevo Guaymas, ante instancias federales y estatales, pero en particular ante los responsables de la dependencia de Semarnat, se han topado con burocratismo e indiferencia ante sus apremiantes solicitudes.
Pero esa situación tiene como trasfondo el interés de empresas particulares de obtener la concesión del predio, toda vez que es un sitio que ha cobrado importancia en afluencia turística. En ese contexto, han solicitado la concesión dos empresas privadas "ELCA SA de CV" e "Insumos del Pacífico SA de CV", que pretenden ocupar el predio para espacios de esparcimiento y explotar la zona marítima y terrestre.
Además, los constantes cambios de titulares de la Semarnat han provocado que los nuevos funcionarios no asuman la solución del problema, bajo el argumento que "todo lo tramitado fue en otra administración". En lo que va del sexenio los pobladores por lo menos han tenido que enfrentar la inoperancia de tres titulares y equipos en esa secretaría. Primero lo hicieron con Víctor Lichtinger Waisman; luego con Alberto Cárdenas, que ahora anda solicitando en precampaña en pos de la nominación presidencia por el PAN; y el actual José Luis Luege Tamargo, quien tampoco ha respondido a sus demandas.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a esta H. soberanía la proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- La Comisión Permanente solicita a la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgue las concesiones de la zona marítima y terrestre del poblado pesquero de La Manga, en el municipio de San Carlos Nuevo Guaymas, en el estado de Sonora, a sus pobladores por haber demostrado ante esa secretaría ser los legítimos posesionarios de dicha zona federal y porque la pesca es su única fuente de trabajo y sostén de sus familias.
Segundo.- Se solicita de la manera más atenta que, en el ámbito de sus facultades, el gobernador del estado de Sonora, intervenga ante la Semarnat para que esta dependencia agilice la otorgación de las concesiones en los términos referidos en el anterior párrafo, así como la introducción de los servicios de agua potable y energía eléctrica.
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 24 de agosto de 2004.
Dip. Omar Ortega Álvarez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Pesca. Agosto 24 de 2005.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A QUE INSTRUYA A ESA ENTIDAD PARA QUE REVISE EL USO Y DESTINO DE FONDOS FEDERALES EN EL ESTADO DE YUCATÁN E INFORME SOBRE EL RESULTADO DE DICHA REVISIÓN, PRESENTADA POR EL DIPUTADO SALVADOR MARTÍNEZ DELLA ROCCA, EN NOMBRE DE LA DIPUTADA BEATRIZ MOJICA MORGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DE 2005
La suscrita, diputada federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la alta consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
En México una de las debilidades de nuestros gobernantes, acaso la más importante, ha consistido en la promoción y desarrollo de obras espectaculares, en ocasiones llamadas "elefantes blancos" por su inutilidad, en lugar de atender las necesidades más sentidas por la comunidad que gobiernan llámese, municipio, estado o país.
El propósito es pasar a la historia como el gobernante que más obras construyó, no importando si son útiles y necesarias y si son las que la comunidad demanda y reclama, ello aparte de que al frenesí constructor y en el proceso de adjudicación de contratos se emparejan viejas prácticas de corrupción que por desgracia ocurren a lo largo y ancho del país, como es de conocimiento público.
No se cuestiona la iniciativa de nuestros gobernantes por emprender el desarrollo de proyectos, sobre todos los de inversión física por la construcción de obras, que son detonantes del empleo y tienen un efecto multiplicador en la economía nacional o regional.
Lo que en ocasiones se critica es si dichos proyectos, primero, se encuentran contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo o en los planes locales de los estados, que son los instrumentos que se formulan por mandato de ley y que son la guía que han de seguir los gobernantes en su gestión, o bien se tratan de ocurrencias que surgen en el camino.
Segundo, si son necesarios es decir útiles, porque traerán beneficios directos e inmediatos a la población, o bien están desplazando la atención de otras necesidades que sí son de interés prioritario para la comunidad, y tercero, si cuentan con los estudios de impacto ambiental y presupuestos acabados que muestren el origen y destino de los recursos, entre otros.
Por desgracia y eso lo sabemos, no siempre los gobernantes hacen una exposición pública detallada de sus intenciones y no siempre los proyectos definen su grado de esencialidad, su importancia estratégica, el beneficio, la demanda actual y la proyectada y la parte que atenderá el nuevo proyecto, su localización óptima avalada por expertos o autoridades de la materia, las necesidades totales de capital y las fuentes de financiamiento, y lo más importante la principales relaciones del proyecto con la economía del país, región o sector.
Lo anterior viene a colación porque hoy en el estado de Yucatán el gobernador Patricio Patrón Laviada ha anunciado con bombo y platillo la realización de un megaproyecto que incluye la construcción de un nuevo aeropuerto en el municipio de Hunucmá que sustituiría al de la ciudad de Mérida, la construcción de un moderno centro comercial en las instalaciones de la actual terminal aérea, la construcción de una supercarretera para conectar al nuevo aeropuerto, la edificación de un nuevos fraccionamiento con siete mil viviendas, un nuevo zoológico y un parque recreativo.
Ante ello no deberíamos sino ver con buenos ojos la iniciativa que ha desplegado el gobernador Patrón Laviada porque tiene miras de altura su megaproyecto, sin embargo en la algarabía de la noticia, se han dejado escuchar voces en los diferente medios y por ciudadanos respetables que cuestionan las negociaciones en sigilo para la compra de los terrenos donde se construiría el nuevo aeropuerto, por intermedio de un corredor de bienes raíces, habiendo desechado, dicen, el instrumento legal que tiene el gobierno local para expropiar.
Pero sobre todo, se cuestiona incluso por algunos diputados locales, la manera de que el gobierno del estado se valió para la compra de las tierras, "bajo el agua", utilizando recursos federales por 35 millones de pesos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES), recursos del excedente petrolero que llegan etiquetados, y recursos por 26 millones de pesos que salieron de los fondos del Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la Entidades Federativas (PAFEF), dando un total de 61 millones de pesos que se dice pagó por la compra de tres mil hectáreas.
A este embrollo creado por el gobernador se suma el reclamo de los ejidatarios de Hunucmá porque se sienten despojados por el intermediario que le pagó 0.72 centavos por metro cuadrado y se los vendió al estado a 1.61 pesos el metro cuadrado.
Es difícil concebir como es que existan gobernantes despreciativos del marco de derecho que nos rige, pues en este caso, no sólo no se utilizó el mecanismo de la expropiación que le permite la Ley, sino que además ignoró la normatividad establecida en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles del estado de Yucatán para la señalada compra.
Por otra parte queda la duda de si el proyecto de nuevo aeropuerto se encuentra avalado por la autoridad en la materia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues hasta el momento no se conocen los planos y las maquetas que siempre se elaboran para sustentar y negociar nuevas instalaciones.
Por la fuerte polémica desatada en el estado de Yucatán debido a la opacidad de este asunto y por el uso de recursos federales de los fondos antes mencionados es que se considera que debe intervenir la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados para que instruya a su órgano auxiliar, la Auditoría Superior de la Federación, a que audite el uso de los recursos federales y determine si es que existe violación a las normas para su uso.
Por las consideraciones antes señaladas es que me permito someter a esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Único. Se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados a que instruya a su órgano auxiliar la Auditoria Superior de la Federación, para que revise el uso de los fondos federales del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados, el Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la Entidades Federativas, así como las asignaciones derivadas de los excedentes petroleros, todos ellos asignados al estado de Yucatán y que recientemente utilizó el gobierno de dicho estado para la compra de terrenos para la construcción de un nuevo aeropuerto, e informe a esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión sobre el resultado de dicha revisión.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el día 24 de agosto de 2005.
Dip. Beatriz Mojica Morga (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación. Agosto 24 de 2005).
 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A SOLICITAR AL CONSEJO DE SEGURIDAD EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA EMITIDO EL 5 DE FEBRERO DE 2003, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL GARCÍA TINAJERO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, RECIBIDA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DE 2005
Los suscritos diputados y diputadas integrantes de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes:
Consideraciones
El 10 de agosto pasado un panel de tres jueces del undécimo Tribunal de apelaciones de Atlanta (Georgia) ordenó un nuevo juicio a los cinco cubanos Gerardo Hernández, Fernando González, Antonio Guerrero, René González y Ramón Labañino, condenados en 2001 en Miami por espionaje, por considerar que a los detenidos, desde 1998, no se les garantizó un proceso "justo ni imparcial" cuando fueron procesados.
La decisión fue tomada por tres jueces integrantes del tribunal, y podrá ser apelada por la fiscalía y con ello ser considerada por la sala en pleno integrada por once magistrados. El juicio podría iniciar en 2006 y por primera vez sería fuera de Miami.
Este hecho sienta un importante precedente judicial en Estados Unidos y pone nuevamente en la agenda bilateral México-Estados Unidos, la necesidad de que las cortes de varios estados de aquel país cumplan con la resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que ordenó la reposición de los procesos de nuestros 52 connacionales sentenciados a pena de muerte por considerar que no se había dado debido cumplimiento a lo dispuesto por la Convención de Viena sobre relaciones consulares no había sido cumplida.
La esperanza de que nuestros 52 connacionales condenados a pena de muerte en Estados Unidos cuenten con la reposición de juicio ordenada por la Corte Internacional aumenta con esta decisión que, sin lugar a duda, sienta un precedente importante en el common law de los Estados Unidos de América para que se reconsideren las declaraciones de culpabilidad y las sentencias de los mexicanos condenados a pena de muerte tal cual fue la resolución del 5 de febrero de 2003 de la Corte Internacional de Justicia.
En cuanto a la responsabilidad internacional de Estados Unidos para con la reposición de los procedimientos judiciales a los 52 connacionales, baste recordar que la Carta de las Naciones Unidas establece, en el primer párrafo de su artículo 94 que "cada miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte". Mientras que en el segundo párrafo establece que "si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo".
Al mismo tiempo, manifestamos nuestra preocupación respecto a la posibilidad de que esta decisión sea en realidad una decisión judicial que esconda el interés político de abrir la posibilidad de no juzgar ni extraditar al presunto terrorista Posadas Carriles y que este no sea juzgado.
Por lo antes expuesto sometemos a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo
Primero.- El H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se reactive la solicitud de cumplimiento de la Corte Internacional de Justicia del pasado 5 de febrero de 2003, al gobierno de los Estados Unidos de América.
Segundo.- El H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que de acuerdo con el artículo 94, párrafo 2, de la Carta de las Naciones Unidas, solicite al Consejo de Seguridad el cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia emitido el 5 de febrero de 2003.
Pleno de la Comisión Permanente, miércoles 24 de agosto de 2005.
Diputados: Eliana García Laguna (rúbrica), Jorge Martínez Ramos (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Agosto 24 de 2005.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA Y AL GOBIERNO FEDERAL A RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALES DEL C. RUBÉN SARAVIA SÁNCHEZ, A CARGO DEL DIPUTADO ADRIÁN CHÁVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, RECIBIDA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DE 2005
El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Rubén Sarabia Sánchez (Simitrio) fue encarcelado en 1989; al poco tiempo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una de sus primeras recomendaciones, en la que pedía mediante el expediente 9/71 que terminara la segregación en que se mantenía a Simitrio en el Centro de Readaptación Social de San Miguel. El entonces gobernador de Puebla, Mariano Piña Olaya, nunca hizo caso a esa petición. En 1993, el líder de la UPVA fue trasladado al penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, en donde su situación se agravó.
En esa cárcel tapatía, Simitrio estaba igual de aislado, en una prisión en donde todo era de color beige, desde la ropa hasta las paredes y el mobiliario. A sus familiares únicamente los podía ver una vez por semana, en una visita que duraba ocho horas, luego de que eran sometidos a una revisión que incluía una inspección de las partes íntimas de sus cuerpos. Adentro, una norma era guardar silencio; pese a ello, Rubén Sarabia procuraba cantar todo el tiempo para no perder el ejercicio del habla.
En 1997 fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno de Almoloya de Juárez, estado de México. Ahí continuaron las mismas condiciones inhumanas. Tres años después salió libre. En las tres cárceles en que estuvo luchó contra una enfermedad que le afectaba el sistema nervioso.
La UPVA ha sido la organización popular más importante de la ciudad de Puebla. En la década de los años 80 tuvo su mayor auge pues en sus filas militaron más de 10 mil comerciantes y al final de esa década inició un largo periodo de altibajos, a raíz de la detención de su líder.
Esta situación fue resultado de "la represión brutal" que el gobierno de Manuel Bartlett Díaz ejerció contra la 28 de Octubre.
En el sexenio bartlista, el abogado Carlos Talavera intentó tomar a mano armada el mercado Miguel Hidalgo de Puebla y, en general, se buscó expulsar de todos los centros de abasto a militantes de la UPVA. Además, hubo cinco secuestros de integrantes de la organización, en lo que pareció ser detenciones extrajudiciales. Durante ese periodo, la 28 de Octubre perdió más de 5 mil puestos de ventas.
A lo largo de los sexenios de Piña Olaya y Bartlett la estrategia que se usó en contra de la UPVA fue "comprar" a los dirigentes de la organización a cambio de importantes beneficios.
Actualmente a 4 años de su liberación las condiciones de excarcelación impuestas al líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez , son violatorias de la Constitución Política Mexicana, de la legislación penal y penitenciaria vigente, así como de los acuerdos y tratados internacionales suscritos por México en esta materia. Durante un año, Sarabia Sánchez ha tenido que purgar "una condena extralegal" que le obliga a acatar disposiciones "incomprensibles desde el punto de vista jurídico y del espíritu de los sistemas y disposiciones de rehabilitación social", como el hecho de que prácticamente viva arraigado en su domicilio y no pueda ingresar a Puebla.
También como resultado de su proceso de preliberación la Segob ha recrudecido la hostilidad contra Simitrio, ya que le prohibió hablar con la prensa, disposición que le comunicó verbalmente, tras advertirle que si hace una declaración a un reportero será nuevamente encarcelado.
Además resulta aberrante que para salir de su actual lugar de residencia actualmente en la Ciudad de México no lo puede hacer sin autorización del gobierno de Puebla, lo cual viola su garantía de libre tránsito y demuestra a toda luz que los derechos humanos en México siguen siendo violados por motivos y razones políticas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión la aprobación de la siguiente:
Proposición con Punto de Acuerdo
Primero. De conformidad con el pacto federal, Se exhorte respetuosamente al C. gobernador del estado de Puebla Mario Marín Torres y al Gobierno Federal, a respetar los derechos humanos y constitucionales del C. Rubén Saravia Sánchez, y en estricto apego de derecho se eliminen las condiciones extracarcelarias impuestas contra el ciudadano.
Segundo. De conformidad con el pacto federal, se exhorte respetuosamente al C. gobernador del estado de Puebla Mario Marín Torres y al Gobierno Federal, a entablar una mesa de diálogo con el afectado.
Dip. Adrián Chávez Ruiz (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Agosto 24 de 2005.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE ABASTO DE AGUA POTABLE DE LOS POBLADORES DE SAN ANTONIO LA LABOR Y PUERTECITOS, DEL MUNICIPIO DE APATZINGÁN, Y DEL JUNCO, MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN, A CARGO DEL DIPUTADO INELVO MORENO ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, RECIBIDA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DE 2005
El que suscribe, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
He recibido la documentación de los poblados de San Antonio la Labor y Puertecitos del muncipio de Apatzingán, así como, del Junco municipio de Paracuáro del estado de Michoacán sobre las múltiples solicitudes y trámites realizados desde 1999 para contar con agua potable.
El agua es un derecho de todos los ciudadanos, los que más pagan por ella son los que menos tienen. Es un tema, que debe abordarse y discutirse en forma prioritaria.
El Informe de México 2004, Objetivos de Desarrollo del Milenio realizado por el Ejecutivo Federal señala textualmente que:
En la Conferencia Río/92 y en la conferencia paralela de la sociedad civil organizada (Eco/92) quedó pautada la importancia de la cuestión del agua, de tal forma que la Agenda 21 trata de la protección de la calidad y abastecimiento de los recursos hídricos: aplicación de criterios integrados en el desarrollo, manejo y uso de los recursos hídricos. Diez años más tarde, en la Cumbre de la Tierra celebrada en Johannesburgo, se adoptó el compromiso de reducir a la mitad, hasta el 2015, el número de personas que no poseen agua potable en sus casas: 2.400 millones según la ONU.
Es innegable, que en México todos somos afectados, sin embargo son las familias pobres quienes padecen las mayores consecuencias de esta falta adecuada de infraestructura y servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.
Por ello, resulta por demás preocupante que tres poblados rurales lleven más de seis años solicitando y tramitando que el agua de riego con la que cuentan pueda ser utilizada, en parte, para agua potable. Relatan que la obra la han suspendido por dos ocasiones un grupo de personas que se hacen llamar Frente Cívico de Parácuaro.
Señalan que ya han muerto varias personas por consumir agua de mala calidad por ello no podemos aceptar que se destine el preciado líquido para riego en lugar de que satisfaga las necesidades básicas de la población.
La conclusión de lo anterior, es que tienen que establecer las bases para llegar a acuerdos entre las partes y que las autoridades deben coadyuvar a la resolución de este añejo conflicto.
Existen cuatro principios fundadores en torno al agua. Estos son: el acceso al agua en cantidad (40 litros por día para uso doméstico) y calidad suficientes debe ser reconocido como un derecho constitucional humano y social, universal, indivisible e imprescindible. El agua debe ser considerada como un bien común que pertenece a todos los seres humanos y a todas las especies vivientes del planeta. Es a la colectividad pública de asegurar el financiamiento de las inversiones necesarias para concretizar el lema de "agua potable para todos". Y, por último, los ciudadanos deben participar, sobre bases representativas y directas, a la definición y realización de la política del agua, desde el nivel local al mundial.
Por lo antes expuesto someto a este pleno la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único.- Para exhortar al titular de la Comisión Nacional del Agua a solucionar el problema de abasto de agua potable que tienen los poblados de San Antonio La Labor y Puertecitos del municipio de Apatzingán, así como, del Junco municipio de Paracuáro del estado de Michoacán.
Dado a los 24 días del mes de agosto de 2005.
Dip. Inelvo Moreno Álvarez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Agosto 24 de 2005.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA RECONVENIR A LA PARAESTATAL PETRÓLEOS MEXICANOS POR EL DESASTRE ECOLÓGICO OCURRIDO EN XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA, Y EXHORTARLA A REPARAR LOS DAÑOS Y OTORGAR LAS INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTES, A CARGO DEL DIPUTADO RENÉ MEZA CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, RECIBIDA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DE 2005
El suscrito, René Meza Cabrera, diputado federal en ejercicio, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta: proposición con punto de acuerdo para reconvenir a la paraestatal Petróleos Mexicanos, por el desastre ecológico ocurrido en Xicotépec de Juárez, Puebla y exhortar a la reparación e indemnización de los daños, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
El enésimo desastre ecológico ocurrido en el presente año, ha sido -como todos-, originado por derrame del hidrocarburo o alguno de sus derivados, que la paraestatal Petróleos Mexicanos, distribuye por alguno de sus poliductos.
El jueves último, 18 del presente mes, en la comunidad de San Lorenzo, del municipio de Xicotépec de Juárez del estado de Puebla, se reventó un ducto y se derramaron aproximadamente diez mil litros de gasolina, que afectó de doscientas a trescientas hectáreas de diferentes cultivos, correspondientes a las comunidades de la ya citada San Lorenzo y la de Gilberto Camacho, contaminando asimismo, el río Cilima, originando la muerte de diversas especies de peces y acamayas, que lo habitan.
La corriente contaminada del río, puede afectar a las poblaciones de El Tepetate, integrantes del municipio de Xicotépec de Juárez así como a los municipios de Tlacuilotepec, Jalpan, Pantepec, Tlaola y Pahuatlan, ubicadas en la zona del desastre. Habrá que esperar el resultado de una minuciosa inspección.
Existen varias versiones acerca del origen de este derrame de combustible, originada por el rompimiento de un poliducto de 18 pulgadas que va de Poza Rica, Cima a Azcapozalco, en el tramo La Ceiba-Zoquital, atribuyendo los técnicos de Pemex a causas naturales derivadas de las continuas lluvias registradas en la región y que provocaron el "desgajamiento de un cerro, que produjo una acumulación excesiva de tierra, la cual rompió el ducto".
Aparentemente, se trata de atribuir este desastre a causas naturales o sea fortuitas y así Pemex evadir o al menos evadir disminuir su responsabilidad.
No podemos permitir que con esta argumentación se vaya a dejar de indemnizar a las comunidades afectadas que si en efecto, el poliducto se rompió por presión del exceso de tierra llevada por la corriente de agua, es una contingencia previsible por los técnicos de Petróleos Mexicanos, quienes debieron calcular los riesgos, al instalar los ductos y proteger las tuberías, para que estos accidentes no dañaran las instalaciones de la paraestatal.
Por lo expuesto y fundado, me permito proponer a la honorable Asamblea de la Comisión Permanente, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Reconvenir a la paraestatal Petróleos Mexicanos por los constantes desastres que se vienen suscitando en sus instalaciones y que causan graves perjuicios en los lugares en que tiene sus instalaciones y exhortarla para:
2.- En el caso especifico del municipio de Xicotépec de Juárez, Puebla; la indemnización se realice a la brevedad posible de manera integral por lo que respecta a los daños sufridos en las comunidades de San Lorenzo y Gilberto Camacho.
Dip. René Meza Cabrera (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Energía. Agosto
24 de 2005.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A ESTABLECER EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA DENTRO DE LA COBERTURA DEL SEGURO POPULAR Y QUE SEA FINANCIADO POR EL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL CÓRDOVA VILLALOBOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, RECIBIDA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DE 2005
El que suscribe, diputado federal José Ángel Córdova Villalobos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría Salud para que dentro de la cobertura del Seguro Popular se establezca el diagnostico y tratamiento del cáncer de mama, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El derecho a la salud, se tiene contemplado en nuestra constitución política en el artículo 4, el cual nos marca que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.
El gasto en salud representa una auténtica inversión para contribuir al bienestar familiar, al desarrollo social y al desarrollo económico de un país. Además es una condición indispensable para alcanzar una auténtica igualdad de oportunidades en la población y por tanto, justicia social.
Sabemos que el Programa Nacional de Salud 2001-2006 establece a la protección financiera como una de las líneas estratégicas de acción de la actual administración. El objetivo principal es brindar protección financiera a la población sin seguridad social a través de un esquema de aseguramiento justo con el fin de reducir el pago de bolsillo y fomentar la atención oportuna de la salud. Debido a ésto, dentro de todos los objetivos con que cuenta este programa encontramos al Seguro Popular de Salud, instrumento que ha sido creado como una opción de aseguramiento público en materia de salud a familias y los ciudadanos que por su condición laboral y socioeconómica no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social.
Aún cuando son cada vez más las familias que tienen acceso a los servicios de salud a través del Seguro Popular, al día de hoy 2 y medio millones de familias se empobrecen anualmente debido a que emplean más de la tercera parte de su ingreso para solventar sus gastos en salud. Este gasto se destina principalmente a la compra de medicamentos y consultas médicas afectando sobre todo a los hogares de bajos ingresos.
La solución a este problema no sólo estriba en la afiliación de más familias al Seguro Popular, sino también en la ampliación de la cobertura de los servicios que ofrece así como en plantear estrategias y líneas de acción en contra de los principales problemas de salud presentes en nuestra sociedad.
Por lo anterior, se creó dentro del Seguro Popular lo que se ha denominado una arquitectura financiera y, con ella, por primera vez se establece un fondo de reserva nacional que financia enfermedades de alto costo: El fondo para gastos catastróficos.
Con el fondo para gastos catastróficos, se financian enfermedades que no podían esperar, del tal modo que paulatinamente se han incorporado nuevas enfermedades a esta categoría, actualmente se da tratamiento y medicamento de forma gratuita a mujeres con cáncer cérvico-uterino, niños con cáncer (leucemia), así como a la población con VIH/sida y cirugía de cataratas a adultos mayores.
De conformidad con lo que establece el artículo 77 bis 29 de la Ley General de Salud, se considerarán gastos catastróficos "los que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren".
El objetivo de este fondo -según el citado artículo- es apoyar el financiamiento de la atención principalmente de beneficiarios del sistema de protección social en salud que sufran enfermedades de alto costo de las que provocan gastos catastróficos.
El reto de las muertes prevenibles en mujeres que enfrenta el sistema de salud mexicano, se puede atacar desde varios frentes, entre los que destaca la atención a mujeres que padecen cáncer cérvico-uterino a través del Seguro Popular con cargo al Fondo para Gastos Catastróficos, en atención a la búsqueda de la equidad en la protección a la salud, ya que el 60% de las mujeres con cáncer invasor carece de recursos económicos para su tratamiento.
En los albores del tercer milenio, México enfrenta otro importante reto en materia de salud materna cuyo diagnóstico y tratamiento debe también ser incluido dentro del Seguro Popular con cargo al Fondo para Gastos Catastróficos: el cáncer de mama, que es, sin duda alguna, uno de los principales problemas de salud en la mujer y que afecta a esta población, sin distinción de posición económica o social.
Según el Informe Salud: México 2004 "Pese a haberse estabilizado en los últimos cinco años, el número de muertes por cáncer de mama igualó ya la cifra de decesos por el cérvico uterino (más de diez cada día) y se prevé que en los próximos cinco años asumirá plenamente su posición como el cáncer más frecuente entre las mujeres", lo anterior como consecuencia del nuevo escenario demográfico y de la transición epidemiológica que vive actualmente nuestro país.
Diariamente se registran en México más de 10 muertes por cáncer mamario y se registran alrededor de nueve mil casos nuevos cada año, por lo que se ha generado la pérdida de un importante número de años de vida y una carga económica considerable para múltiples familias. Para dar respuesta a este importante problema de salud pública, el Programa Nacional de Salud 2001-2006, establece como una de sus estrategias sustantivas, el Programa de Acción para la Prevención y el Control del Cáncer Mamario, cuyo propósito es disminuir la mortalidad por este tipo de neoplasia entre la población femenina, sin embargo, las estrategias que se han planteado a partir del mismo han sido insuficientes.
De acuerdo con el Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas, cada año mueren más de tres mil quinientas mujeres por cáncer de mama, convirtiéndose en una de las primeras causas de mortalidad, así como el tipo de tumor más frecuente en este grupo de población, junto con el cáncer cérvico-uterino. Además, quienes ya han padecido esta enfermedad y la han superado continúan con el riesgo de una recaída, de ahí la necesidad de que este grupo de pacientes continúe en observación después de cinco años de haber tenido cáncer de mama, para evitar recidivas, las cuales pueden ser más agresivas que en la primera vez, porque además se genera resistencia a los tratamientos convencionales.
Aún con el Programa de Acción para la Prevención y el Control del Cáncer Mamario operando, en México se diagnostican 38 casos de cáncer de mama por cada 100 mil mujeres, mientras que en Estados Unidos la incidencia es de 132 casos por 100 mil mujeres, además de que en nuestro país este padecimiento va en aumento. Entre los factores que inciden en el incremento de este padecimiento se deben a las mejores condiciones de salud y la reducción constante de los niveles de mortalidad el descenso de la mortalidad materna, la disminución de la tasa de fecundidad, que en la actualidad es de 2.3 hijos y el incremento de la esperanza de vida, que en la mujer alcanza los 76 años.
En la mujer mexicana la edad promedio para desarrollar este tipo de tumor es de 51 años, mientras que en otros países llega hasta 63 años, pero lo alarmante es que el 45.5% de los casos se presenta en menores de 50 años. En nuestro país el 48% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama fallecen a consecuencia de esta enfermedad en los siguientes 20 años.
Uno de los principales problemas del cáncer de mama es la detección oportuna, ya que de 70 a 80% de los casos acude a solicitar atención en etapas avanzadas de la enfermedad, que si bien no se puede prevenir, es curable si se detecta a tiempo.
La mamografía es una herramienta valiosa para el diagnóstico temprano de esta enfermedad, sin embargo, de acuerdo al informe Salud: México 2004, sólo 20 por ciento de las mujeres mexicanas de 40 a 69 años se someten a una mamografía cada año. Por ello, es importante mantener una vigilancia médica estricta en las pacientes para detectar cualquier problema posterior.
Por otro lado, según datos de Conapo, el grupo de mujeres de 25 años o más de edad se encuentra en un momento demográfico de franca expansión. Según sus proyecciones, en el año 2000 había 23.9 millones de mujeres en este grupo de edad y se estima que para el año 2020 este grupo alcanzará los 38.8 millones; es decir casi un tercio de la población total, por lo que nos enfrentamos ante una latente posibilidad de incremento en la mortandad por cáncer de mama.
La razón por la cual en nuestros días prevalece un rezago en materia de mortalidad materna, se debe a que el cambio demográfico y epidemiológico en México se ha producido con suma velocidad, de modo que hoy nos encontramos ante la necesidad de atender efectos del alto crecimiento poblacional del pasado, del envejecimiento de la población y de la presencia cada vez mayor de las enfermedades crónico-degenerativas que incluyen los procesos neoplásicos, específicamente el cáncer de mama en las mujeres. Otro problema consiste en que los patrones reproductivos que disminuyen el riesgo de cáncer de mama han disminuido. Las mexicanas se embarazan a edades más avanzadas, tienen menos hijos y les dan seno materno por menos tiempo.
Como consecuencia de la incidencia del cáncer de mama en el país y en paralela, al Programa de Acción para la Prevención y Control del Cáncer Mamario, comenzó en agosto de 2004 la campaña "A tiempo contra el cáncer de mama", que si bien juntos han logrado sensibilizar a gran parte de la población femenina sobre la importancia de prevenir y combatir este problema, no han sido suficientes para lograr un cambio significativo, particularmente en personas de escasos recursos. Por lo manifestado considero que para combatir y aventajar los problemas emergentes -como el cáncer de mama- debe hacerse una labor integral, por lo que deben incorporarse también al Seguro Popular medidas específicas y eficaces para lograr mayores avances en relación al cáncer de mama, principalmente en beneficio de las personas que cuentan con menos recursos, a fin de vincular la salud con el desarrollo económico y social.
Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de mis atribuciones pongo a consideración de esta LIX Legislatura la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud a que establezca el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama dentro de la cobertura del Seguro Popular y que sea financiado por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
Dip. José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Salud. Agosto 24 de 2005.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DEL ESTADO DE PUEBLA Y DEL DISTRITO FEDERAL A QUE INVESTIGUEN, EN SUS ÁMBITOS DE COMPETENCIA, EL COBRO DE LAS CUOTAS EXTRA QUE SE IMPONEN EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES, EN NOMBRE DE LOS DIPUTADOS ANGÉLICA RAMÍREZ LUNA Y FELIPE DE JESÚS DÍAZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, RECIBIDA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DE 2005
Los suscritos diputados federales a la LIX Legislatura, integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del honorable pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y al Gobierno del estado de Puebla para que investiguen el cobro de cuotas extras que se imponen en las escuelas públicas de educación básica en sus respectivos ámbitos de competencia, bajo las siguientes:
Consideraciones
1.- El artículo 3o Constitucional establece que todos los individuos tienen derecho a recibir educación, siendo el Estado, la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios los encargados de impartir la educación preescolar, primaria y la secundaria, las cuales conforman la educación básica obligatoria. De igual forma en la fracción IV del mismo precepto constitucional establece que la educación que impartirá el Estado será gratuita.
2.- Por su parte, la Ley General de Educación, establece en su artículo 6o que la educación que el Estado imparta será gratuita y las donaciones destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Sin embargo, las donaciones se están convirtiendo en obligaciones para los padres de familia, sin respetar lo estipulado en la Ley ni en la Constitución.
Una vez más observamos que se ha rebasado lo establecido en nuestra Carta Magna por el actuar de algunos malos gobernantes, pues la educación en nuestro país empieza a transformarse de ser laica y gratuita, a ser una educación dónde sólo aquellos que cubran las cuotas que se les requieren pueden acceder a las aulas de clase.
El cobro de cuotas "opcionales" ha sido una modalidad que han adoptado ciertas autoridades escolares en los estados de Puebla y el Distrito Federal sin prejuicio alguno.
3.- Si bien es cierto, que los esfuerzos del Gobierno Federal por aumentar el nivel educativo del país ha resultado en gran medida benéfico para la sociedad mexicana, también es cierto que algunos funcionarios tratan de lacerar el enorme esfuerzo de este Gobierno cobrando cuotas extras usualmente llamadas "cuotas opcionales", las cuales también son exigidas en las escuelas principales del estado de Puebla, dónde los directores de dichos planteles saben que la matrícula de estudiantes es alta, haciendo de ello un caldo fértil de corrupción sin que exista hasta la fecha restricción alguna.
4.- En prensa escrita en los últimos días han aparecido diversos reportajes que han mostrado anomalías al momento del registro e inscripción de los niños, dichos reportajes han sido sustentados con entrevistas de padres de familia molestos por la exigencia de las autoridades para el cumplimiento del pago de cuotas no establecidas y en caso de hacer caso omiso a dichas cuotas no se les permite el acceso a la inscripción y se les niega el derecho fundamental a la educación básica.
5.- En últimas fechas la Secretaría de Educación Pública Federal ha reconocido que existe un grave problema en el estado de Puebla y en el Distrito Federal, en el cobro de cuotas excesivas, sin embargo el secretario de Educación Pública del estado de Puebla, ha declarado que no tiene porqué existir investigación alguna puesto que no existen denuncias formales por parte de padres de familia ni de los consejos cívicos de educación, así como de las directivas de la sociedad de padres de familia, fundamentando en que las cuotas que se piden, sólo son para realizar mejorías en las escuelas públicas.
Compañeras y compañeros este problema no es menor, se ha presentado en dos entidades federativas que cuentan con un registro alto de matrícula escolar, no dejemos que las autoridades encargadas de preservar de manera íntegra nuestro marco normativo abusen del encargo que se les ha otorgado, es momento de velar por los intereses de quienes más nos necesitan como sus representantes.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentados en las potestades que nos confiere el Reglamento para el Gobierno Interior del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter ante esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorte respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de los estados de Puebla y el Distrito Federal, a que investiguen en el ámbito de sus competencias el cobro de cuotas extraordinarias en escuelas de educación básica y en su caso que se apliquen las sanciones correspondientes.
Diputados: Angélica Ramírez Luna, Felipe de Jesús Díaz González, Germán Martínez Cázares (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Educación Pública
y Servicios Educativos. Agosto 24 de 2005.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A REFORZAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PLANES, PROGRAMAS Y CONTENIDOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA NORMA SAUCEDO MORENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DE 2005
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la que suscribe, diputada Federal Norma Patricia Saucedo Moreno del Partido Acción Nacional, someto a la consideración del honorable Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública, para que refuerce la perspectiva de género en los planes, programas y contenidos educativos de Educación Básica, bajo el tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el desarrollo de los países depende del desarrollo de las mujeres.
En la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su protocolo facultativo (firmado por México el 17 de julio de 1980), además de las disposiciones relativas a la adopción de medidas especiales de carácter temporal que permitan acelerar el camino hacia la igualdad de facto entre hombres y mujeres, se incluyen las medidas para eliminar la discriminación en materia de educación, empleo, participación política, salud y toma de decisiones. Asimismo, se solicita la adopción de medidas legislativas que consagren la igualdad.
En su artículo 5 establece que los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
Además, en su artículo 10, menciona que los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación.
En México, según el último Censo Nacional de 2000, de un total de 97.4 millones de personas, 47.4 millones son hombres y 50 millones son mujeres, más de la mitad de nuestra población total son mujeres. Por otro lado, uno de cada tres habitantes es menor de 15 años (34.2%).
La población infantil, constituye un importante grupo de población, tanto por el volumen que concentra 33.1 millones, como por la demanda específica que esto representa en ámbitos tan importantes como la salud y la educación, entre otros.
Al interior del país se pueden observar entidades federativas con estructuras mas jóvenes que la que muestra el promedio nacional, tal es el caso de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde mas del 38% de los habitantes son niñas y niños.
La asistencia escolar es fundamental para apoyar el desarrollo personal, familiar y social de la población, particularmente la asistencia a la educación básica que comprende preescolar, primaria y secundaria.
En nuestro país, los porcentajes de niños y niñas que asisten a la escuela se incrementaron de manera notoria entre 1970 y el año 2000, al pasar de 65.6% a 92.4% para los hombres y de 63.3% a 91.8% para las mujeres.
Estos datos revelan una proporción de asistencia a la escuela ligeramente mayor de los niños que de las niñas; sin embargo, se observa que entre 1970 y 2000 el porcentaje de asistencia de las niñas se incrementó en 28.5 puntos porcentuales, mientras que el correspondiente a los niños lo hizo en 26.8 puntos porcentuales, lo que significa que la brecha entre niñas y niños se ha reducido considerablemente, pero todavía en el año 2000 más niños (9.3 millones) van a la escuela que niñas (9.1 millones).
De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (SEP), uno de los propósitos actuales de la educación básica es desarrollar, en niños y adolescentes, valores y principios que garanticen y hagan viable su convivencia con las demás personas, que consideren que cuando se presentan diferencias, es necesaria la reflexión y discusión colectiva para llegar a obtener soluciones que beneficien al conjunto, así como entender que, ante las diferencias, se requiere el respeto a la diversidad. Además, a partir de las actividades que se desarrollan en la escuela se busca fortalecer comportamientos de ayuda mutua, honestidad, responsabilidad, equidad e igualdad.
La misma SEP, establece en sus planes y programas educativos a largo plazo, una visión para el 2025, y menciona que se han incorporado asignaturas de Civismo y de Formación Cívica y Ética que ayudan a constituir el eje rector que forma a los alumnos y alumnas durante la educación básica y su inclusión en el currículo de secundaria tuvo lugar en 1999 y se reconoce que la mayor parte de las asignaturas marcha en ese sentido en temas como valores y estilos de vida en la sociedad contemporánea, la diversidad entre los adolescentes, autoestima y aceptación, sin embargo el proceso es muy lento.
Y aunque se hace mención del tema de equidad de género y de la inclusión de la perspectiva de género como una producción cultural, este se describe como uno de muchos otros y solo se hace de forma muy general, sin que él mismo profundice y logre verdaderamente buscar una transformación de fondo de los comportamientos y actitudes, aún cuando uno de los objetivos rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 es impulsar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales.
Es imperioso su fortalecimiento ante la grave problemática que se encuentra día a día en todo el país, donde la violencia le gana terreno a una vida de cordialidad, de respeto, de tranquilidad y convivencia responsable entre hombres y mujeres,
El Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (Proequidad), menciona que el enfoque de género significa tomar en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres que adopta el proceso de desarrollo y analizar, en cada sociedad y circunstancia, las causas y los mecanismos institucionales o culturales que estructuran la desigualdad de oportunidades y de resultados entre ambos sexos.
Y representa trasladar el acento puesto hasta ahora en las mujeres como grupo particular, hacia una visión que permite ver como las diferencias entre ellas y los hombres constituyen un eje generador de la desigualdad social que atraviesa el conjunto de las relaciones sociales y jerarquiza, en detrimento de ellas, oportunidades, habilidades, capacidades, roles y funciones, meritos y recompensas para unas y otros.
La perspectiva de género propone nuevos criterios para la definición de las políticas públicas. El reto es hacer visibles y medibles las condiciones específicas en que las mujeres y hombres enfrentan la cotidianeidad, para modificarlas.
Asimismo, establece que una de las razones principales de la incorporación de la perspectiva de género en la Administración Pública es darle a la transformación del ejercicio institucional un carácter de cambio sostenido y permanente con el fin de que se garantice que la equidad pase a ser una práctica habitual de las relaciones sociales. Esto implica un proceso complejo que requiere aunar voluntades, mecanismos, ampliar las conciencias específicamente en las niñas y niños que son quienes apenas se van formando, ampliar las conciencias y establecer nuevos compromisos, entre las personas y la sociedad.
El Proequidad desde sus inicios en el año 2001, estableció acciones concertadas con la Secretaría de Educación Pública. Dichas acciones concertadas encuentran que el objetivo 5 relacionado a la inclusión de la perspectiva de género en la curricula de educación básica aún no se ha cumplido.
Que el 20% de los cursos impartidos a docentes en servicio sobre perspectiva de género y, la elaboración y difusión de materiales educativos con perspectiva de género tampoco se ha cumplido.
Y que hasta hoy se sigue observando la necesidad de fortalecer la perspectiva de género, mediante distintas estrategias en todo el sistema educativo nacional.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo:
Punto de acuerdo
Artículo Único.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación para que refuerce la perspectiva de género en los planes, programas y contenidos educativos de Educación Básica, con el propósito de ir eliminando de raíz las desigualdades sociales entre hombres y mujeres.
Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada en el Senado de la Republica el 24 de agosto de 2005
Dip. Norma Saucedo Moreno (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Educación Pública
y Servicios Educativos. Agosto 24 de 2005.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A ABSTENERSE DE SEGUIR DESPRESTIGIANDO Y CALUMNIANDO EL PROGRAMA SEGURO POPULAR DE SALUD Y A INICIAR UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN PARA DAR A CONOCER A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD LOS BENEFICIOS DE ESTE PLAN, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, RECIBIDA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DE 2005
El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Antecedentes
El quince de mayo de dos mil tres fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la iniciativa de reformas a la Ley General de Salud, enviada por el Presidente Vicente Fox, para incorporar la protección social en salud, atendiendo así los rezagos sociales en materia de servicios de salud para que todo individuo, sin importar su condición social, económica y lugar de residencia, tenga acceso a dichos servicios.
De esta manera, se impulsó el establecimiento de un programa piloto que permitiera implementar medidas encaminadas a impulsar un mecanismo de protección financiera de salud para la población sin seguridad social. Dicho programa se denominó oficialmente "Programa de Salud para Todos" y fue conocido comúnmente como "Seguro Popular de Salud".
El Seguro Popular respondió al menos a tres grandes objetivos fundamentales:
Segundo. Crear una cultura de prepago en los beneficiarios del Seguro Popular.
Tercero. Disminuir el número de familias que se empobrecen anualmente al enfrentar gastos de salud.
Los beneficios del Seguro Popular estuvieron conformados por una serie de intervenciones que permiten recuperar la salud perdida debido a ciertos padecimientos específicos. Al día de hoy, se consideran en total noventa y un intervenciones con más de doscientos medicamentos asociados a los que tienen derecho los afiliados.
En el caso del Distrito Federal, el pasado veintisiete de junio se firmó el "Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud" entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Distrito Federal. En apego a estos lineamientos se acordó entre las partes iniciar la afiliación en las delegaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa y abarcar, en una primera instancia, a las familias no aseguradas inscritas en el programa de leche Liconsa. Estas familias están exentas del pago de la cuota familiar debido a sus precarias condiciones socio-económicas. El propio acuerdo señala que serán consideradas, además, de máxima prioridad aquellas familias que tienen en su seno algún enfermo de cáncer cérvico-uterino invasivo o leucemia linfoblástica así como los mayores de sesenta años con cataratas.
El Seguro Popular de Salud es, indiscutiblemente, un exitoso programa del Gobierno Federal pero en el que la colaboración interinstitucional y la participación de los gobiernos estatales es fundamental. Es un claro ejemplo de que la coordinación y el trabajo en equipo entre las diversas instancias de gobierno son las mejores herramientas para la prestación de servicios públicos. Así, para principios del mes de agosto de este año, en todo el país se habían incorporado dos millones y medio de familias a este programa, beneficiando a más de diez millones de mexicanos.
Por eso no se puede entender la pobre y muy desafortunada visión de algunos funcionarios del gobierno capitalino que pretenden sabotear el programa, porque su éxito, consideran, va en detrimento de sus mezquinos intereses particulares.
En el mismo evento en el que el Presidente de la República y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal dieron inicio a la implementación del Seguro Popular en esta ciudad, personal de comunicación social del gobierno capitalino repartieron un documento en el que se señalaban las diferencias entre el Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos, operado por el gobierno local, y el Seguro Popular. En el documento, el gobierno de la capital afirma que a diferencia del Seguro Popular, su programa no requiere el pago de una cuota familiar, que se financia enteramente por recursos locales, provenientes del Ramo 33 y que incluye un mayor número de servicios.
Las afirmaciones son imprecisas y falaces, pues si bien es cierto que el programa tiene un costo, están exentos de éste las familias con menores recursos, de tal suerte que el noventa y tres por ciento de los inscritos no pagan nada, y en el caso del Distrito Federal -ya que este programa se implementó a través del padrón de Liconsa- ninguno de estos beneficiarios está pagando un centavo por el servicio.
Las autoridades del Gobierno del Distrito Federal siguen empeñadas en seguir comparando sus programas médicos con el Seguro Popular, a pesar de que en tal comparación salgan perdiendo porque éste último incluye intervenciones que los programas del gobierno local no incluyen (como el tratamiento para niños que padezcan leucemia y las mujeres con cáncer cérvico uterino invasivo).
Y hace apenas unos días, el dieciocho de agosto de dos mil cinco, la propia secretaria de Salud del Gobierno del Distrito Federal, Assa Cristina Laurel, se atrevió a decir, torpemente, que a los capitalinos no les interesa inscribirse al Seguro Popular según ella porque "como tienen el programa de gratuidad -del gobierno de la ciudad- no ven ninguna ventaja".
Aún más. En los últimos días, en diversas lecherías de Liconsa en las delegaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa, se han presentado jóvenes que se identifican como trabajadores del Gobierno del Distrito Federal para decirles a las personas que van por su dotación de leche que no se inscriban al Seguro Popular porque cuesta mucho dinero y casi no tiene ventajas, que mejor sigan con los programas del Gobierno capitalino.
¿Cuál es la pretensión de las autoridades del gobierno local con esta actitud? Pareciera que están empeñadas en hacer fracasar el programa por la sencilla razón de que es un programa del Gobierno Federal. Esa es su apuesta: sabotear el Seguro Popular en la ciudad porque sus laxas y miopes "ecuaciones políticas" les indican que es lo mejor para sus mezquinos intereses facciosos. Están operando para hacer fracasar este programa que, paradójicamente, la Conago pide que se eleve a rango constitucional. No cabe duda de que el gobierno de la ciudad va de reversa.
Y todavía se atreven las autoridades capitalinas a defender sus programas de salud por encima del Seguro Popular cuando la Secretaría de Salud del Distrito Federal es la cuarta dependencia más criticada por los habitantes de la ciudad, debido a la deficiente atención de la salud y por la falta de medicamentos en los reclusorios y en los hospitales.
Y para colmo, se quejan de que militantes del Partido Acción Nacional estén realizando una campaña informativa acerca del Seguro Popular afirmando, de forma burda e increíble, que están cometiendo delito de peculado; cuando debiera ser el propio gobierno de la ciudad quien encabezara esta campaña informativa. Hay que recordarles que no es el Partido Acción Nacional quien utiliza programas de gobierno para lucrar políticamente con ellos, y quienes sí lo hicieron fueron el secretario de Desarrollo Social de la ciudad, Marcelo Ebrard, y el jefe delegacional en Coyoacán, Miguel Bortolini.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal abstenerse de seguir realizando actos encaminados a desprestigiar, calumniar y generar desaliento en la afiliación de ciudadanos al programa "Seguro Popular de Salud"
Segundo. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal iniciar una campaña de información para dar a conocer a los habitantes de la ciudad los beneficios de la afiliación al programa "Seguro Popular de Salud".
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veinticuatro días del mes de agosto de dos mil cinco.
Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Salud. Agosto 24 de 2005.)
México, DF, a 24 de agosto de 2005.
CC. Secretarios de la H. Cámara
de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se dio cuenta con solicitud de la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de excitativa a comisiones en relación con la iniciativa de reformas al artículo 198 de la Ley Federal de Derechos.
La Presidencia dispuso que dicha solicitud se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
Atentamente
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica)
Vicepresidente en Funciones de Presidente
La que suscribe, diputada de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente de esta Presidencia tenga a bien formular una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a fin de que dictamine la iniciativa que reforma el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos.
Consideraciones
1.- El 7 de diciembre de 2004, presenté la iniciativa referente a la necesidad de que los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos a los que se refiere el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos, se asignen a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, quien deberá destinar al menos el 50% del recurso, para acciones y proyectos de protección, manejo, restauración y gestión para la conservación y aprovechamiento sustentable de las Áreas Naturales Protegidas Marinas, generadoras del derecho, conforme a lo establecido en su programa de manejo.
2.- Sabemos que las denominadas Áreas Naturales Protegidas, se conforman por diversos espacios de conservación ambiental en el territorio mexicano, en estas zonas se han logrado establecer y desarrollar, gestión y corresponsabilidad, tanto de instituciones públicas y privadas, como de las comunidades que en ellas habitan, esto ha sido con el objetivo primordial de una adecuada conservación y preservación de estas áreas ecológicas, por lo que se ha hecho indispensable además, realizar un plan especial para cada una de éstas, lo que también permite fomentar y permitir actividades de turismo ecológico, turismo cultural, educación medioambiental y por supuesto la conservación de los ecosistemas en un marco de desarrollo sustentable.
3.- También señalé en la exposición de motivos que para llevar a cabo lo anterior, se requiere de la participación y apoyo de los municipios, organizaciones civiles y de los individuos que viven dentro y alrededor de las reservas de ecosistemas, así como de los prestadores de servicios turísticos y eventualmente de inversionistas y empresarios que desarrollen proyectos en las llamadas áreas naturales.
4.- Es un deber fomentar actividades de conservación, preservación y cuidado del ambiente a través de instituciones de los tres niveles federal, estatal y municipal, promover y permitir la participación del sector privado, ya sea para el manejo de procesos y/o proyectos de turismo alternativo y del cuidado de la totalidad de un área natural. Para que un proyecto ecoturístico y medio ambientalista tenga resultados favorables, se necesitan realizar todas las actividades anteriormente enunciadas, lo que dará como resultado el desarrollo sustentable de personas, comunidades y empresas ecológicas en las áreas naturales protegidas.
Por lo anteriormente expuesto y toda vez que ha transcurrido el periodo a que se refiere el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sin que se emita ningún dictamen, ni pronunciamiento alguno por parte de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La que suscribe la presente, con fundamento en lo que disponen las fracciones III y XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicito de esta presidencia:
Único.- Se sirva formular una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a fin de que emita el dictamen de la iniciativa que presenté el 7 de diciembre de 2004, para que se brinden los recursos económicos suficientes para la protección, manejo, restauración y gestión para la conservación y aprovechamiento sustentable de las Áreas Naturales Protegidas Marinas.
Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica)
(Se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público. Agosto 25 de 2005.)
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, A SOLICITUD DEL DIPUTADO EDUARDO ALONSO BAILEY ELIZONDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, RECIBIDA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DE 2005
México, DF, a 24 de agosto de 2005.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se dio cuenta con solicitud del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de excitativa a comisiones en relación con la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 33, 56, 57 y 65 de la Ley General de Educación.
La Presidencia dispuso que dicha solicitud se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
Atentamente
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica)
Vicepresidente en Funciones de Presidente
El C. Eduardo Alonso Bailey Elizondo, diputado federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión por el estado de Nuevo León e integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos, 22, 23, numeral 1, inciso f) y el Título Cuarto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Comisión Permanente del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente excitativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la H. Cámara de Diputados a fin de que se dictamine la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 33, fracción VIII, 56, 57, fracción IV, y 65, fracción V, de la Ley General de Educación, presentada por el suscrito y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la H. Cámara de Diputados de fecha miércoles 17 de agosto de 2004.
Considerando
Que ha transcurrido con creces el término señalado por el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para llevar a cabo el dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 33, fracción VIII, 56, 57, fracción IV, y 65, fracción V, de la Ley General de Educación, publicada en la Gaceta Parlamentaria de la H. Cámara de Diputados de fecha miércoles 17 de agosto de 2005 y turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la H. Cámara de Diputados para su dictamen.
Que la iniciativa tiene como objeto que los padres de familia tengan certeza en cuanto a que no se les soliciten cuotas adicionales a las oficialmente establecidas, en su caso, para los sectores público y privado, y la certeza en cuanto a las colegiaturas que los alumnos cubren a estas ultimas por los servicios que les prestan.
Que esta iniciativa pretende precisar con claridad que las cuotas y/o colegiaturas deben de establecer claramente cuales son los servicios a los que dan derecho al estudiante, las cuales por ningún motivo pueden ser variadas en el transcurso del periodo escolar.
Que además establece que las cuotas y/o colegiaturas deben de darse a conocer con la suficiente antelación que permita a los padres de familia contar con opciones educativas para sus hijos.
Que con preocupación vemos en los diversos medios masivos de comunicación la notoria anarquía que se está presentando en cuanto a la solicitud del pago de cuotas oficiales y extraoficiales, o los incrementos desmedidos que algunas instituciones privadas están cobrando por concepto de colegiaturas y otros servicios vinculados con la educación que éstas prestan.
Que lo anterior, aunado a los altos costos de los útiles escolares y el también alto desempleo que se está presentando entre la población con menores recurso, amenazan con hacer nugatorio el derecho legítimo de acceso a la educación que tenemos todos los mexicanos, por lo que debemos de tomar acciones inmediatas para evitar a toda costa que este derecho se vea cancelado para amplios sectores de la población.
Que en términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia cuenta con las atribuciones para excitar a las comisiones, una vez transcurrido el plazo ahí señalado, a que se elaboren los dictámenes de la iniciativas que les son turnadas para ese efecto.
Por todo lo anterior, se solicita muy respetuosamente a la Presidencia de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión dé turno a la siguiente
Excitativa
A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la H. Cámara de Diputados a fin de que se dictamine la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 33, fracción VIII, 56, 57, fracción IV, y 65, fracción V, de la Ley General de Educación, presentada por el diputado federal Eduardo Alonso Bailey Elizondo, publicada en la Gaceta Parlamentaria de la H. Cámara de Diputados de fecha miércoles 17 de agosto de 2004.
Dip. Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica)
(Se excita a la Comisión de Educación Pública
y Servicios Educativos. Agosto 25 de 2005.)
A LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, RECIBIDA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DE 2005
México, DF, a 24 de agosto de 2005.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se dio cuenta con solicitud del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de excitativa a comisiones en relación con la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte, para que las instalaciones deportivas que se encuentren sujetas al régimen de dominio publico de la Federación y que estén destinadas a la preparación y entrenamiento de atletas de alto rendimiento sean administradas por un fideicomiso.
La Presidencia dispuso que dicha solicitud se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
Atentamente
Sen. César Jáuregui Robles (rúbrica)
Vicepresidente en Funciones de Presidente
El suscrito, Jorge Triana Tena, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, propone a esta Presidencia, formule excitativa a la Comisión de Juventud y Deporte para que, de conformidad con el artículo 45, apartado 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dictamine acerca de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley General de Cultura Física y Deporte, para que las instalaciones deportivas que se encuentren sujetas al régimen de dominio público de la Federación y que estén destinadas a la preparación y entrenamiento de atletas de alto rendimiento sean administradas por un fideicomiso, en razón de los siguientes
Antecedentes
I.- En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 14 de marzo de 2005, presenté al Pleno de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley General de Cultura Física y Deporte, para que las instalaciones deportivas que se encuentren sujetas al régimen de dominio público de la Federación y que estén destinadas a la preparación y entrenamiento de atletas de alto rendimiento sean administradas por un fideicomiso.
II.- La iniciativa en comento fue turnada a la Comisión de Juventud y Deporte para su dictamen, misma que a la fecha no ha sido presentado por lo que me presento ante esta soberanía para expresar las siguientes:
Consideraciones
Primero.- El artículo 14 de la Ley General de Cultura Física y Deporte establece que la actuación de la Administración Pública Federal en este ámbito corresponde y será ejercida directamente por un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, conductor de la política nacional en tal rubro, denominado Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
Segundo.- Por otro lado, existe una asociación civil cuya actuación es indispensable para comprender la práctica del deporte de alto rendimiento en nuestro país: el Comité Olímpico Mexicano (COM).
La propia Ley General de Cultura Física y Deporte define al COM como una asociación civil autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, compuesto entre otros, por las asociaciones deportivas nacionales debidamente afiliadas a las federaciones deportivas internacionales, que cuentan con el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional, de conformidad con el contenido de la Carta Olímpica, cuya actividad es de utilidad pública; en virtud de que su objeto consiste fundamentalmente en fomentar, proteger y velar por el desarrollo del deporte y el movimiento olímpico, así como la difusión de los ideales olímpicos en nuestro país y representar al Comité Olímpico Internacional en México.
Tercero.- Pareciera lógico, a partir de lo establecido por la ley en comento, que la preparación de deportistas de alto rendimiento es una actividad que compete exclusivamente a la Conade, por ser éste el conductor de la política nacional en materia de cultura física y deporte; sin embargo, en la realidad el asunto es mas complejo debido a la complicada interacción entre la Conade y el COM con relación a la administración y práctica de este ámbito deportivo y que conlleva a la descoordinación, desorganización e ineficacia en la preparación de estos atletas.
El caso más evidente de dicha descoordinación es lo acontecido luego de la conclusión del ciclo olímpico de Atenas 2004, donde los responsables de ambos organismos -la Conade y el COM- iniciaron un intercambio de acusaciones sobre la responsabilidad por la actuación de la delegación mexicana en dicha competencia, en la que se obtuvieron tres medallas de plata y una de bronce.
Cuarto.- La posición asumida por el director de Conade fue afirmar que el mejoramiento en los resultados de los representantes mexicanos depende de que el Gobierno Federal asuma de facto el control del deporte mexicano, pues los cotos de poder imperan en la administración deportiva, lamentando así la falta de coordinación y de un trabajo profesional entre el organismo que tiene la representación de llevar a los deportistas y de inscribirlos -el COM- y el Gobierno Federal -la Conade-, argumentando así la necesidad de que el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) sea administrado por el Gobierno Federal.
Quinto.- Mientras que la posición del COM fue deslindarse de cualquier responsabilidad sobre el papel de México en Atenas 2004 y responsabilizar a la Conade de tales resultados, explicando que fue la Conade la encargada de la preparación de los ciento catorce atletas que participaron en la justa helénica, y que la función del COM se redujo a inscribir, acreditar y llevar a la delegación a Atenas, ver por su participación y facilidades.
Sexto.- En México solo existe un centro de alto rendimiento para la preparación de atletas, el CDOM, el cual ha sido administrado desde mil novecientos setenta y seis por el COM (1). De entonces a la fecha, en estas instalaciones se han preparado los atletas que han representado a México en siete justas deportivas, que han representado para el país la obtención de únicamente tres medallas de oro, diez de plata y once de bronce.
Séptimo.- Las veinticuatro preseas obtenidas por veinte atletas mexicanos -más los ocho integrantes de los dos equipos ecuestres que ganaron medallas de bronce en Moscú 80- son, indiscutiblemente, el producto del esfuerzo de cada uno de ellos y de sus entrenadores, y no el resultado de la aplicación efectiva de programas deportivos para atletas de alto rendimiento en el CDOM, que es el lugar en el que se preparan. Tan es así, que solo dos de ellos han obtenido dos preseas en la misma justa olímpica, y ninguno de ellos ha repetido el podium en dos o más olimpiadas. Y tan es así, que de las diecinueve disciplinas olímpicas que son practicadas en el CDOM, en este lapso solamente se han obtenido medallas en siete de ellas. En casi treinta años de administración del CDOM por parte del COM, el resultado no es nada halagador.
Octavo.- El CDOM se ha convertido en la manzana de la discordia entre la Conade y el COM debido a que en este lugar se concentran y se preparan los atletas preseleccionados nacionales. Si los resultados de los representantes mexicanos en competencias internacionales deben ser considerados de regulares a malos, ello implica la existencia de un error en el diseño y la estructura de administración del deporte de alto rendimiento, por lo que debe replantearse qué hacer con la administración de las instalaciones del CDOM.
Noveno.- Partiendo del supuesto, lógico, de que el gobierno debe participar en la formación y preparación de atletas de alto rendimiento, tendríamos, hasta aquí, dos opciones: a) Que el Ejecutivo federal destine el CDOM a la Conade; o b) Que se construyan nuevas centros de alto rendimiento administrados por Conade y que el COM se quede con la administración del CDOM.
Cualquiera de las dos opciones expuestas en el cuerpo de este documento, implica darle la razón a alguno de los actores (a la Conade en el primer caso o al COM en el segundo). Si de lo que se trata es de sumar esfuerzos para el desarrollo del deporte nacional, lo menos que debemos hacer es tomar una decisión que genere confrontación entre la Conade y el COM, sino que, por el contrario, sume lo mejor de ambos órganos para que los dos contribuyan en la preparación de atletas de alto rendimiento.
Y aún más. No solamente involucrar al gobierno (Conade) o a una asociación civil (COM), sino también a un representante de los deportistas (Codeme), a un representante de las asociaciones y organismos involucrados en el deporte (Sinade), e incluso de la iniciativa privada. Todos ellos deben ser considerados en la toma de decisiones para la administración del alto rendimiento en México.
Décimo.- El objetivo de la iniciativa en comento, es que las instalaciones deportivas que se encuentren sujetas al régimen de dominio público de la Federación y que estén destinadas a la preparación y entrenamiento de atletas de alto rendimiento sean administradas por un fideicomiso.
El artículo 90 constitucional, consigna las bases de la Administración Pública Federal al señalar que ésta será centralizada y paraestatal, remitiendo a la ley orgánica que expida el Congreso de la Unión, la cual distribuirá los negocios del orden administrativo entre las Secretarías de Estado y departamentos administrativos, sentará los principios generales de creación de las entidades paraestatales.
Undécimo.- Es en este tenor que el artículo 1º, párrafo segundo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, prescribe las figuras y estructuras administrativas que integran las llamadas entidades paraestatales, al señalar que: "Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal".
Así tenemos que en la práctica, la Administración Pública Federal para el desempeño de sus atribuciones y el manejo de recursos públicos de manera más eficaz, crea fideicomisos, pero si se refiere a fideicomisos que conciben una estructura orgánica, en términos de lo prescrito por el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, deben tener como fin, impulsar las áreas prioritarias del desarrollo.
Décimo segunda.- La definición legal del fideicomiso se encuentra en el artículo 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el cual a la letra señala que "En virtud del fideicomiso, el fideicomitente destina ciertos bienes a un fin lícito determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria".
De la descripción legal anterior, tenemos que el fideicomiso implica siempre la existencia de un patrimonio que se transmite por el fideicomitente, al fiduciario, para la realización de un fin lícito y que éste se convierte en titular del mismo, con las modalidades y limitaciones que establezcan en el acto constitutivo.
Décima tercera.- El titular del patrimonio fiduciario, lo será siempre la institución de crédito que desempeñe el cargo de fiduciaria, y en su caso, los fideicomisos o beneficiarios, solo tendrán derecho a los rendimientos que produzca el patrimonio, o en su caso, a los remanentes que quedaron una vez cumplido el fin para el cual se constituyó, o los derechos que expresamente se hubieren reservado en el acto constitutivo.
Décima cuarta.- En la iniciativa en comento se plantea la creación de un comité técnico del fideicomiso, integrado por el secretario de Educación Pública o quien éste designe (quien además lo presidiría, por ser la cabeza de este sector en la administración pública), un Secretario General (propuesto por el director general de la Conade y ratificado por la mayoría de los integrantes del fideicomiso), un representante del Comité Olímpico Mexicano, un representante de la Confederación Deportiva Mexicana, un representante del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, un representante de la iniciativa privada (propuesto por el Comité Técnico del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento de entre sus miembros, tomando en consideración a aquellas empresas que se hayan distinguido por su contribución al desarrollo del deporte nacional), un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y un representante de la Secretaría de la Función Pública.
El objetivo es que en el Comité Técnico queden representados todos los actores inmersos en el deporte en México, además de aquellas autoridades gubernamentales necesarias para su efectivo funcionamiento técnico y legal.
También se establecen las facultades de este comité, así como el patrimonio fideicomitido.
Décima quinta.- La creación de este fideicomiso, pretende poner orden al caótico procedimiento de la administración del deporte de alto rendimiento y sus instalaciones, hecho que ha repercutido negativamente en la preparación de nuestros atletas para las competencias internacionales.
Décima sexta.- La propuesta tampoco se limita al problema de la administración del CDOM, sino trasciende a éste, considerando que conflictos similares pudieran presentarse en otras instalaciones en donde se preparen estos atletas (algunas de éstas instalaciones ya existen, muchas mas están en proyectos).
Si una acción adjetiva, como es la modificación de la administración de los centros de alto rendimiento en México, puede implicar el mejoramiento de la preparación de nuestros atletas, es decir, en la acción sustantiva, bien vale la pena replantear los procedimientos. El mejoramiento en los resultados de estos atletas, nos darán la razón en el mediano plazo.
Por lo expuesto y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, atentamente solicito:
Único. En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Juventud y Deporte, para que formule el dictamen correspondiente a la iniciativa mencionada.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de agosto de 2005.
Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica)
(Se excita a la Comisión de Juventud y Deporte.
Agosto 25 de 2005.)