• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.

• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que establece las características de una moneda conmemorativa del bicentenario del natalicio del licenciado Benito Juárez García.

• De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que expide la Ley para la Conservación y Restauración de las Tierras; y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes generales de Desarrollo Forestal Sustentable, y del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Fomento Cooperativo y Economía Social, con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo VII-A al Título Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

• De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que expide el Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 39 Bis a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma el numeral dos del artículo 239 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 31 y las fracciones IV y IX del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 34, recorriéndose el orden de la subsecuente, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que adiciona la fracción V al artículo 112 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que adiciona los párrafos tercero y cuarto al artículo 111 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 1, fracción XIII, 7, fracción VIII y 101; y adiciona un párrafo al artículo 104 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 167 Bis, 167 Bis 1, 167 Bis 2, 167 Bis 3 y 167 Bis 4 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alfonso Barnetche Pous para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Portuguesa en la ciudad de Cancún, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo.

Abril 19 de 2005.

Honorable Asamblea

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Diputado Miguel Ángel Toscano Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Esta Comisión que suscribe, se abocó al análisis de la Iniciativa antes señalada y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en Pleno, presentan a esta Honorable Asamblea el presente

DICTAMEN

ANTECEDENTES

1.- En fecha 12 de abril de 2005, el Diputado Miguel Ángel Toscano Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.

2.- En esta misma fecha, la mesa directiva de esta H. Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la Iniciativa en comento para su estudio y dictamen.

3.- En sesión ordinaria los Diputados integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público procedieron al análisis de la Iniciativa, con base en el siguiente:

RESULTANDO

ÚNICO.- Los suscritos integrantes de la Comisión estiman procedente puntualizar la Iniciativa presentada por el Diputado Miguel Ángel Toscano Velasco, que a la letra señala:

PRIMERA.- Esta Comisión resulta competente para dictaminar la Iniciativa presentada por el Diputado Miguel Ángel Toscano Velasco, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- Esta Dictaminadora procede a dictaminar favorablemente la iniciativa presentada por el Diputado Miguel Ángel Toscano Velasco.

En efecto, conforme al artículo 1o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, el objeto imponible lo es la enajenación de automóviles nuevos, es decir, de aquellos que se enajenan por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador por el distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos, así como la importación definitiva de los automóviles que corresponden al año modelo posterior al de aplicación de la ley, al año modelo en que se efectúe la importación o a los diez años modelo inmediato anteriores.

Ahora bien, esta Comisión que dictamina coincide con los argumentos expuestos en la Iniciativa que nos ocupa, en el sentido de establecer que tratándose de la importación de vehículos por los fabricantes o por los comerciantes en el ramo de vehículos, el impuesto se pague al momento en que se enajenen al consumidor, ello a efecto de eliminar la carga financiera con que actualmente cuentan los citados fabricantes y comerciantes que importan vehículos.

Así mismo se estima pertinente, según se refiere en la Iniciativa, establecer que se integrarán a la base del impuesto, los gastos y el margen de utilidad de los fabricantes y comerciantes que importen vehículos.

Lo anterior permitirá que la Entidad Federativa en la que se enajenen los vehículos importados en definitiva por el fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos, reciba el monto del impuesto sobre automóviles nuevos.

De la misma forma, se considera atinente la propuesta de reforma al párrafo segundo del artículo 11 de la Ley de la materia, a efecto de precisar que, cuando el impuesto sobre automóviles nuevos se haya pagado con motivo de la importación o cuando el vehículo forme parte del activo fijo de las empresas, no se deberá volver a pagar el citado impuesto.

Asimismo, esta Comisión que dictamina conviene con la reforma al tercer párrafo del referido artículo 11, ya que establece que los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados de automóviles, no deberán hacer la separación del impuesto sobre automóviles nuevos en el documento que ampare la enajenación, toda vez que al ser sujetos de este impuesto, los comerciantes en el ramo de vehículos deben cumplir con ese requisito.

No obstante lo anterior, los Diputados integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, consideran que no resulta adecuada la derogación de la exención a que se refiere la fracción II del artículo 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, que se propone en la iniciativa que se dictamina.

Finalmente, por lo que hace al Artículo Segundo Transitorio de la Iniciativa que se dictamina, se estima innecesario, toda vez que el impuesto correspondiente a los vehículos importados por los fabricantes, ensambladores, distribuidores autorizados o comerciantes en el ramo de vehículos a que se refiere dicho artículo, se causará en el momento en el que se enajenen dichos vehículos, y, por otra parte, en el caso de vehículos importados por los que ya se hubiera pagado el impuesto sobre automóviles nuevos en el momento de su importación, con base en la reforma propuesta al artículo 11 de la Ley de la materia, ya no se deberá pagar dicho impuesto,toda vez que en este caso no se considerarán como vehículos nuevos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.

Artículo Único. Se REFORMAN los artículos 1o., fracciones I y II; 5o., inciso d), y 11, segundo y tercer párrafos; se ADICIONA el artículo 1o., con un último párrafo, y se DEROGA el penúltimo párrafo, del artículo 2o., de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, para quedar como sigue:

Artículo 1o.........

I. Enajenen automóviles nuevos. Se entiende por automóvil nuevo el que se enajena por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos.

II. Importen en definitiva al país automóviles, siempre que se trate de personas distintas al fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos.

Para los efectos de lo dispuesto en las fracciones anteriores, los automóviles importados por los que se cause el impuesto establecido en esta Ley, son los que corresponden al año modelo posterior al de aplicación de la Ley, al año modelo en que se efectúe la importación, o a los 10 años modelo inmediato anteriores

Artículo 2o......

Penúltimo párrafo. (Se deroga.)

..........

Artículo 5o.......

d) Comerciantes en el ramo de vehículos, a las personas físicas y morales cuya actividad sea la enajenación de vehículos nuevos o usados.

Artículo 11. ........

Para los efectos de esta Ley, no se considerarán automóviles nuevos, aquéllos por los que ya se hubiera pagado el impuesto establecido en esta Ley, incluyendo los que se devuelvan al enajenante.

Los fabricantes, ensambladores, distribuidores autorizados de automóviles o comerciantes en el ramo de vehículos, no harán la separación del monto de este impuesto en el documento que ampare la enajenación.

TRANSITORIO

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados a 19 de abril de 2005.

Diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), Presidente; Francisco Suárez Dávila, Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica), José Felipe Puelles Espina (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Óscar González Yáñez, Jesús Emilio Martínez Álvarez, secretarios; José Alarcón Hernández, José Arturo Alcántara Rojas, Ángel Buendía Tirado, Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Enrique Ariel Escalante Arceo (rúbrica), Francisco Humberto Filizola Haces, José Luis Flores Hernández (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), José Adolfo Murat Macías (rúbrica), Jorge Carlos Obregón Serrano, José Osuna Millán (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna, Manuel Pérez Cárdenas, Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica), Luis Antonio Ramírez Pineda, Javier Salinas Narváez, María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Emilio Zebadúa González.
 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA

Abril 19 de 2005

Honorable Asamblea

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Diputado Jesús Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia, a nombre de los integrantes de la Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez, presentó Iniciativa que establece las características de una Moneda Conmemorativa del Bicentenario del Natalicio del Lic. Benito Juárez García, la cual fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Esta Comisión que suscribe, se avocó al análisis de la iniciativa antes señalada y realizó diversas reuniones de trabajo con la Comisión Especial de Festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez, por lo que, conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público reunidos en Pleno, presentan a esta Honorable Asamblea el presente

DICTAMEN

ANTECEDENTES

1.- En fecha 23 de noviembre de 2004, el Diputado Jesús Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia, a nombre de los integrantes de la Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez, presentó Iniciativa que establece las características de una Moneda Conmemorativa del Bicentenario del Natalicio del Lic. Benito Juárez García.

2.- En esa misma fecha, la mesa directiva de esta H. Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la iniciativa en comento para su estudio y dictamen.

3.- En sesión ordinaria los Diputados integrantes de esta H. Comisión de Hacienda y Crédito Público procedieron al análisis de la Iniciativa, con base en el siguiente:

RESULTANDO

ÚNICO.- Los suscritos integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público estiman procedente puntualizar los aspectos fundamentales de la iniciativa presentada por el Diputado Jesús Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia, a nombre de los integrantes de la Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez, que a la letra señala:

PRIMERA.- Esta Comisión resulta competente para dictaminar la iniciativa presentada por el Diputado Jesús Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- Esta Comisión considera procedente dictaminar favorablemente la Iniciativa del Diputado Jesús Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia, a fin de que se acuñe una moneda de plata conmemorativa del Bicentenario del natalicio de Don Benito Juárez, toda vez que, al Lic. Benito Juárez García se le reconocen las aportaciones que aun, forman parte de nuestra estructura jurídica y política como nación independiente y han contribuido a la configuración de un Estado orientado al servicio de las mayorías nacionales.

La que dictamina reconoce que Don Benito Juárez representa la síntesis de la historia nacional. El derecho y la razón fueron sus armas tanto en la Revolución de Ayutla, como en la guerra de Reforma y en la intervención francesa. Las leyes de Reforma fueron el principal instrumental legislativo del presidente Juárez para transformar el país y consolidar el carácter de la nación mexicana.

Por ello, Juárez representa el poder civil por excelencia. Su lucha tenaz y perseverante por la abolición de los fueros subrayaba su aspiración de ver instaurada la igualdad entre los mexicanos como el único fundamento posible para la existencia de la República. Su mérito excepcional, el legado más valioso y trascendente que dejó a los mexicanos fue, la confianza inquebrantable que tuvo en la ley como el supremo recurso de una nación para superar sus dificultades, progresar en la paz y enfrentar con éxito el gran reto de construir su futuro.

Esta Comisión reconoce que los principios que Juárez enarboló en aquel entonces han normado permanentemente la conducta de México en el ámbito internacional y se mantienen invariables: la igualdad jurídica entre los estados, no intervención y autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias y cooperación entre los miembros de la comunidad de naciones.

En efecto, las Leyes de Reforma, la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos y la Ley del Matrimonio Civil, son instituciones de nuestro país que corresponden a Juárez, asimismo México le debe el triunfo de la República, y consecuente el mantenimiento de la soberanía, la supremacía de los principios de no intervención en nuestros asuntos internos y la consolidación de la Independencia nacional.

En razón de lo anterior, se coincide con los razonamientos expresados en la iniciativa que se dictamina, para conmemorar con toda justicia con la acuñación de una moneda conmemorativa de plata, el centenario del nacimiento del Benemérito de las Americas Don Benito Juárez, haciendo sólo las precisiones de carácter técnico correspondientes, siendo procedente dictaminar en sentido positivo su contenido y propuesta.

En razón de lo anterior se somete a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de:

DECRETO QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA

ARTICULO ÚNICO.- Se establecen las características de una Moneda Conmemorativa del Bicentenario del Natalicio del Presidente Benito Juárez, Presidente de México y Benemérito de las Américas, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2o de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:

Anverso: El Escudo Nacional en relieve escultórico, en semicírculo superior la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". El marco liso.

Reverso: El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo Segundo Transitorio del presente Decreto, apruebe el Banco de México a propuesta de la Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Don Benito Juárez García de la Cámara de Diputados. Dicho motivo deberá referirse, invariablemente, a conmemorar el 200 Aniversario del Natalicio del Licenciado Benito Juárez García, Presidente de México y Benemérito de las Américas.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez de la Cámara de Diputados, enviará al Banco de México, el diseño del motivo que se contendrá en el reverso de la moneda a que se refiere el artículo único del presente Decreto, a más tardar dentro de los 60 días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En caso de que la mencionada Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez no presente una propuesta del motivo indicado en este artículo, dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, corresponderá al Banco de México realizar el diseño de que se trate, a fin de que se contenga en el reverso de la moneda.

La moneda a que se refiere el artículo único de este Decreto podrá comenzar a acuñarse a los 90 días naturales posteriores a la fecha límite de entrega del diseño señalado en el párrafo primero del presente artículo.

TERCERO. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran para que el motivo que proponga la Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez en los términos del artículo único, así como del Segundo transitorio de este Decreto, pueda ser utilizado en el reverso de la moneda conmemorativa a que se refieren los citados artículos. En todo caso, los ajustes técnicos que se realicen en los términos de este artículo deberán ser acordes con las características esenciales del motivo propuesto.

CUARTO. Corresponderá al Banco de México cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual derivado del diseño de acuñación de la moneda a que se refiere el presente Decreto.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados a 19 de abril de 2005.

Diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), Presidente; Francisco Suárez Dávila, Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica), José Felipe Puelles Espina (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Óscar González Yáñez, Jesús Emilio Martínez Álvarez, secretarios; José Alarcón Hernández, José Arturo Alcántara Rojas, Ángel Buendía Tirado, Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Enrique Ariel Escalante Arceo (rúbrica), Francisco Humberto Filizola Haces, José Luis Flores Hernández (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), José Adolfo Murat Macías (rúbrica), Jorge Carlos Obregón Serrano, José Osuna Millán (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna, Manuel Pérez Cárdenas, Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica), Luis Antonio Ramírez Pineda, Javier Salinas Narváez, María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Emilio Zebadúa González.
 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, Y DE DESARROLLO RURAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS TIERRAS, Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES GENERALES DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE Y DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión les fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley para la Restauración y Conservación de la Tierras, presentada por los Diputados Antonio Mejía Haro y Pascual Sigala Paez a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el día 23 de octubre de 2003.

Con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 65, 87, 88, 89 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a estas Comisiones dictaminadoras el análisis y estudio de la Iniciativa en comento para presentar ante el Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen correspondiente.

ANTECEDENTES

El 23 de octubre de 2003, con el fin de instrumentar las disposiciones del Tratado Internacional contenido en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación y enfrentar de manera eficaz y realista el problema de mantener y mejorar la base productiva y de servicios ambientales del país, con un enfoque que apostara a la participación de los ciudadanos, los diputados Antonio Mejía Haro y Pascual Sigala Paez, presentaron la Iniciativa de Ley para la Restauración y Conservación de las Tierras. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha Iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

A solicitud de las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural, se amplió el turno por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados el 10 de junio de 2004 y el 22 de febrero del 2005 respectivamente, ya que el contenido de la Iniciativa repercute en el ámbito de competencia de ambas comisiones.

Diputados pertenecientes a las tres comisiones responsables del dictamen de la iniciativa integraron un grupo de trabajo, el cual diseñó un programa con el objetivo de analizar puntualmente y de manera objetiva la iniciativa. Dicho programa incluyó cinco foros regionales y un foro nacional, que tuvieron la asistencia de más de mil doscientos participantes.

Además, se estableció un mecanismo de consulta permanente para recibir propuestas y comentarios a través de los diferentes medios electrónicos y escritos.

La Iniciativa mencionada fue minuciosamente estudiada y sometida a la opinión de los sectores de la sociedad involucrados en las importantes materias objeto de la misma, para lo cual se llevaron a cabo foros regionales en las ciudades de Zacatecas, Morelia, Guadalajara, Mérida y Chihuahua, para culminar dicho proceso con un foro final que tuvo lugar en la ciudad de México el día 29 de marzo de 2005.

A la vez, se hizo la difusión correspondiente y debe señalarse también que el proyecto que nos ocupa ha recorrido un largo tramo de consulta con los especialistas, productores, legisladores y funcionarios, ya que su primera versión había sido formulada desde el año de 1995 y presentada durante la LVII Legislatura, en una versión anterior a la promulgación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, por lo que recoge un considerable acervo de inquietudes y propuestas específicas.

Tan sólo en el proceso de consulta, se recogieron y registraron más de 150 ponencias específicas: 14 en Zacatecas; 29 en Guadalajara; 30 en Morelia; 13 en Mérida; 18 en Chihuahua; 22 en la ciudad de México y otras 33 a través de las comisiones dictaminadoras en esta H. Cámara de Diputados.

De esas propuestas, 27 fueron pronunciamientos generales; 33 versaron sobre cuestiones de arreglo institucional y participación social; 8 sobre normas; 56 sobre instrumentos; 5 sobre sanciones; 11 sobre procedimientos legislativos y técnica jurídica y 9 sobre propuestas específicas acerca de tecnologías consideradas recomendables.

Tal riqueza de aportaciones sustanciales dio lugar a muchas modificaciones de contenido en el texto original, así como varias mejoras en cuanto a presentación y cuestiones gramaticales, que ayudaron a depurar el texto.

Con el conjunto de opiniones y propuestas, se integró el presente documento, objeto del presente dictamen.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

La Iniciativa para la Ley de Conservación y Restauración de Tierras contiene 99 artículos y cinco transitorios y tiene una estructura sencilla y lógica, con cinco títulos; los dos primeros incluyen el encuadre constitucional, propósitos y distribución de atribuciones; un tercer título está dedicado a establecer las normas para el uso y aprovechamiento de las tierras en las principales actividades, mientras el cuarto define los instrumentos para la prevención y combate a la degradación y desertificación de las tierras; un quinto y último título contiene las infracciones y sanciones correspondientes.

El primer título incluye definiciones y conceptos básicos, mientras que el segundo, un aspecto de coordinación y otro, enfático, de participación social.

En el aspecto de coordinación, ratifica y refuerza el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación, encuadra su esquema operativo en las estructuras de los municipios y los Distritos de Desarrollo Rural, evitando así el aislamiento del tema; establece su agenda de coordinación en la estructura, ya existente, de la Comisión Intersecretarial y establece la Comisión Nacional de Lucha contra la Desertificación como el órgano de gobierno especializado en el tema. Además, propone aprovechar las estructuras existentes y guardar de manera estricta el espíritu de concurrencia que dicta la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS).

En cuanto a la participación social, propone también adaptarse a la estructura de participación de la LDRS, a través de los consejos municipales, distritales, estatales y el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, dentro de cuyo seno se establecerán comisiones o grupos de trabajo para dar parte al Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación.

Un tercer título establece las normas para el desarrollo sustentable de las actividades productivas, de acuerdo con los diferentes usos de las tierras: agrícola, ganadero, forestal o minero y establece el enunciado para la integración de un estatus especial en las tierras periurbanas, así como disposiciones para la construcción y mantenimiento de las obras de infraestructura de gran impacto sobre el comportamiento de las cuencas y su regulación para los distintos casos de cambio de uso.

El cuarto gran apartado prevé los instrumentos para poder aplicar las normas e inducir los cambios de sistemas de manejo de las tierras, a través de: la integración de un sistema de información, con énfasis en catalogar, validar y evaluar las tecnologías, incluyendo las del conocimiento vernáculo y mejorar el mercado de tecnología; de la misma manera, establecer mecanismos para el mejoramiento de los servicios técnicos, parte clave para la reconversión sustentable; establece las figuras de áreas prioritarias y críticas, donde las primeras ameritan un tratamiento preferencial y las segundas, además, un régimen de regulación estricta; hace hincapié, con disposiciones específicas, en la importancia de la educación y cultura, la investigación y la organización de los productores.

En el título quinto y último, se incluyen las disposiciones para las sanciones, sus correspondientes infracciones, excepciones y medios de recurso. Dentro de las faltas, destacan el exceso de carga animal y las infracciones a las disposiciones en zonas con declaratoria de área crítica.

Una serie de artículos transitorios se encargan, principalmente, de disponer de los recursos institucionales y económicos necesarios, mediante la reubicación y refuncionalización de activos ya existentes, adicionalmente, es necesario incluir en el presente dictamen las disposiciones correspondientes para relocalizar disposiciones de las leyes ambiental y forestal, a fin de evitar confusión y duplicidad.

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA

Entre las discusiones de fondo, planteadas en el proceso de análisis de la iniciativa, con mayor contenido polémico, se incluyen los temas de: la posible invasión de competencias con las materias agraria, de minas, forestal, de orden municipal y del desarrollo rural; la viabilidad financiera; la congruencia con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; el aprovechamiento de estructuras ya existentes; la definición de la cabeza de sector de adscripción; el marco de la Convención de Lucha contra la Desertificación; la interacción con la problemática del cambio climático; el enfoque preventivo frente al tradicional enfoque correctivo; la creación de un Fondo; la aplicación de instrumentos como los contratos de aprovechamiento de tierras o el esquema de Riesgo Compartido; el énfasis en la organización de productores; el enfoque de cuencas y la necesidad de medidas concretas y potentes para la transversalidad en la armonización de políticas y la coordinación , entre otros temas.

De dicha discusión destacan los siguientes aspectos:

También de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se aprovechan las disposiciones que dan prioridad a las acciones de conservación y restauración de tierras para el acceso a los apoyos previstos por la misma, así como la obligatoriedad de las recomendaciones sobre carga animal, el mandato para delimitar las tierras frágiles y los contratos de aprovechamiento de tierras, en la búsqueda de opciones de diseño institucional que reduzcan las necesidades financieras para la aplicación de la Ley.

En este caso, se puede estimar que la aplicación de los contratos de aprovechamiento de tierras en las zonas con tierras frágiles, puede significar un ahorro neto al fisco del orden de varios miles de millones de pesos, incluyendo en el cálculo el costo administrativo y operativo del Sistema Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales y la creación de la Comisión de Lucha contra la Desertificación, aprovechando estructuras administrativas ya existentes.

En resumen, el proyecto legislativo que aquí se propone, instrumenta, por fin, las disposiciones del Tratado Internacional contenido en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y enfrenta de manera eficaz y realista el problema de mantener y mejorar la base productiva y de servicios ambientales del país, con un enfoque que apuesta a la participación de los ciudadanos y que significa una reducción neta sustancial del costo administrativo para el erario público, a la vez que la disminución del costo de transacción para los particulares.

CONSIDERACIONES

Que en el contexto de crisis del campo, que ha ocupado la atención de la agenda nacional, ha destacado la urgencia de actuar sobre las causas estructurales de la problemática rural, con un enfoque de largo plazo, para alcanzar una política de Estado que resuelva de manera significativa los problemas de la producción y supere la inaceptable condición de la calidad de vida de la población, donde se encuentra la mayor proporción de pobres, la pobreza extrema y la marginación.

Que entre los principales aspectos de la situación actual del campo, está la degradación de los recursos naturales, que afecta radicalmente la productividad, con sus consecuentes efectos en la problemática socioeconómica y la soberanía alimentaria del país, a la vez que repercute en intereses nacionales estratégicos de conservación de los servicios ambientales, provisión del agua en calidad y cantidad y la diversidad biológica.

Que en México, la pérdida de recursos forestales y biodiversidad, la escasez del agua y su contaminación, han alcanzado dimensiones que ubican a esos procesos como materia de seguridad nacional, por las implicaciones que conllevan y por el riesgo de pérdida de su control con los medios nacionales disponibles, lo que hace impostergable la solución de estos problemas con carácter urgente y prioritario.

Que México, en sus 196 millones de hectáreas, cuenta con riquezas naturales extraordinarias que presentan severos daños: las tierras están degradadas en un 48%, principalmente por pérdida de fertilidad (18%), erosión hídrica (10%) y eólica (10%), pero sufren también pérdida de materia orgánica y organismos del suelo, así como salinización, deforestación, compactación, acidificación, y otros procesos. Un total de 21.7 millones de hectáreas de tierras frágiles no aptas para la agricultura y la ganadería soportan actividades de productividad marginal que aceleran la degradación. Estos procesos provocan la reducción de la capacidad de las tierras para capturar agua de lluvia en órdenes de magnitud de 40 a 60%, por lo que la degradación de las tierras agrícolas y de pastoreo, al igual que las forestales, es determinante en el mal desempeño de las cuencas hidrográficas.

Que en el país, la pérdida de utilidad agrícola de unas 10 mil hectáreas anuales de las mejores tierras irrigadas por causa de la acumulación de sales, ha sumado ya una superficie de 425 mil hectáreas que han dejado de ser útiles para la producción agrícola intensiva.

Que un ritmo calculado entre 0.9 y 1.6% anual, la deforestación afecta alrededor de 600 mil hectáreas anuales. Se han perdido el 30% de los bosques y selvas existentes en 1960, ante lo cual, con un esfuerzo enorme, solamente se han alcanzado reponer por reforestación 200 mil hectáreas anuales en los últimos dos años y las plantaciones comerciales son incipientes.

Que entre las principales causas inmediatas de la deforestación, está el cambio de utilización de las tierras para fines agropecuarios, promovidas por factores como la dinámica económica y la dinámica de crecimiento poblacional en condiciones de pobreza y pobreza extrema, que ejercen presiones por medio del costo de oportunidad, al no existir una valoración de los servicios ambientales de los recursos naturales y la biodiversidad; la presencia del narcotráfico; la aplicación de esquemas de concesiones de aprovechamiento forestal con escaso beneficio para los dueños de los recursos, así como los incendios, que afectan anualmente un promedio de 276 mil hectáreas (calculado para el periodo de 1991 a 1998), de las cuales el 34% son arboladas y alrededor de una quinta parte de ellas resultan dañadas letalmente.

Que la reducción de las superficies arboladas, de su densidad y continuidad, ponen en peligro las especies de flora y fauna que son uno de los activos estratégicos de México. El 3.6% de las especies nativas de México son raras, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial, y la tasa de extinción es de 5.6 especies por año, de acuerdo con cálculos de la CONABIO hasta el año de 1995.

Que la pérdida de capital natural tiene costos inaceptables e imposibles de sufragar por México. El Banco de México estima que solamente por reducción directa en la rentabilidad, la degradación de los recursos naturales provoca pérdidas del orden de los 40 mil millones de pesos anuales mientras que el costo agregado, incluyendo el agotamiento de recursos, es del orden del 10.6% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con los cálculos del Producto Interno Neto Ecológico formulados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

Que las pérdidas por desastres llamados "naturales", magnificados o provocados por las acciones del hombre, se estiman en magnitudes de cientos de miles de millones de pesos. Si bien dichos fenómenos no son evitables en el corto plazo, sí pueden ser mitigados sus efectos por medio de la conservación y mejoramiento de las tierras.

Que los procesos de deterioro ambiental no son consecuencia inevitable del desarrollo, sino la secuela de procesos de desarrollo insustentable. Por ejemplo, detrás de la deforestación está la acumulación de la explotación maderera con criterios extractivos y con escasa o nula participación de las comunidades propietarias de los recursos, así como la presión de poblaciones campesinas crecientes sin oportunidades económicas alternativas; en el origen de la erosión está la deforestación en tierras preferentemente forestales, el sobrepastoreo de predios mal atendidos o prácticas de roturación inadecuadas. Atender esta problemática constituye un reclamo social creciente, ya que el daño económico que provoca es muy superior al costo de su prevención.

Que la atención al problema de la degradación de las tierras ha seguido un enfoque principalmente orientado a la restauración, a partir de la instauración de los programas de conservación de agua y suelo, introducidos de la tradición conservacionista de la agricultura estadounidense a través de la Fundación Rockefeller y el establecimiento de la llamada Revolución Verde. Estos lineamientos fueron plasmados en la legislación aprobada en 1946.

Que el enfoque de restauración implica cuantiosas inversiones con escasos resultados, mientras que las causas del mal manejo de las tierras subsisten, por lo que es necesario hacer énfasis en un nuevo acento en la transformación de las prácticas de manejo de las tierras en el proceso productivo, por tecnologías que tomen en cuenta la conservación e incremento de la productividad, lo que no solamente ha demostrado ser posible, sino también conveniente al productor.

Que es indispensable llamar la atención hacia casos en toda clase de condiciones climáticas, edáficas y socioeconómicas en donde bajas inversiones para cambiar de enfoques tecnológicos, a la vez que arreglos institucionales y concertación social para la gobernabilidad de los recursos de propiedad común, han dado alentadores resultados, como la elevación sustancial de la productividad y reducción de costos con la aplicación de labranza de conservación o el empleo de cultivos leguminosos de cobertera; la contribución a la solución de graves problemas ambientales y sociales mediante el empleo de cercos vivos para proteger los cultivos y suministrar a la vez combustible para uso doméstico; el incremento significativo de la cosecha de becerros en ganadería extensiva de zonas secas al ordenar el uso de los potreros y la carga animal, o la recuperación de terrenos de regadío salinizados, entre otros muchos ejemplos.

Que estudios recientes sobre las agriculturas en América Latina muestran situaciones semejantes y remiten a causas estructurales en donde la dispersión de políticas impide tomar las medidas adecuadas para resolver los problemas de la degradación de las tierras y sus funestas consecuencias.

Que la problemática, se ha considerado, ya desde las consultas para la formulación del plan de trabajo de la entonces naciente Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), la urgencia del viraje en las políticas en la materia, hacia un enfoque preventivo a través de la acción cotidiana de los productores, para lo que es indispensable potenciar la capacidad normativa de la autoridad ambiental sobre las actividades sustanciales del desarrollo, en este caso, del desarrollo rural. En esa ocasión, de hecho, se planteó la necesidad de revisar y poner en efecto la mencionada Ley de 1946.

Que el Consejo Nacional para la Restauración y Conservación de Suelos, que operó durante el periodo de vigencia de la SEMARNAP, fue procesando un proyecto de nueva Ley, que sustituyera el texto legislativo ya referido; sin embargo, otros proyectos legislativos fueron considerados prioritarios en ese tiempo, por lo que el tema no alcanzó a ser abordado en un proyecto legislativo mientras que, en ese transcurso, fue derogada la Ley de 1946, sin ser sustituida y dejando así un vacío legislativo que no han llenado la Ley ambiental ni otras disposiciones jurídicas posteriores.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y después de un arduo trabajo de consenso entre los actores involucrados en esta Iniciativa de Ley, los diputados integrantes de las comisiones dictaminadoras sometemos ante el Pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente:

DECRETO QUE EXPIDE LA EXPIDE LA LEY PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS TIERRAS, Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES GENERALES DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE Y DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

ARTÍCULO PRIMERO: Se expide la Ley para la Conservación y Restauración de las Tierras.

LEY PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS TIERRAS

TITULO PRIMERO

Capítulo I
De las Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 4º y del párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de conservación y restauración de las tierras y el derecho a un medio ambiente adecuado; así mismo, es instrumental de la Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación, de observancia general en todo el territorio nacional; sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las bases para:

Capítulo I
De la Autoridad, la Planeación, Coordinación y Concurrencia en Materia de Lucha contra la Desertificación

Artículo 4.- Las atribuciones que en materia de lucha contra la desertificación correspondan al Estado, serán ejercidas por el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría y la Comisión Nacional de Lucha contra la Desertificación que para el efecto se crea, Dichas atribuciones serán ejercidas en coordinación con las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de la competencia que les permita la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaría, directamente o a través de sus órganos sectorizados, establecerá los lineamientos, normas e instrumentos de política, así como ejercerá los actos de autoridad, mientras que la Comisión será la responsable de ejecutar y coordinar las acciones de lucha contra la desertificación.

Para el ejercicio de las atribuciones que esta Ley le confiere, la Secretaría se coordinará con las demás dependencias participantes en la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, prevista en la Ley de Desarrollo.

Artículo 5.- Son atribuciones de la Secretaría en materia de lucha contra la desertificación, las siguientes:

En los términos de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Comisión estará dirigida por un Director General, designado por el titular del Ejecutivo Federal; asimismo, tendrá una Junta de Gobierno formada por los representantes de las dependencias de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable como máxima autoridad, la cual será presidida por el titular de la Secretaría y, en lo demás se regirá por el Reglamento interno que para tal efecto se expida.

Artículo 7.- Son atribuciones de la Comisión:

Dichas unidades operarán en el marco de las disposiciones aplicables para el funcionamiento de los DDR.

Artículo 9.- La Secretaría establecerá, con los gobiernos de los estados y municipios, los acuerdos y convenios que en materia de conservación y restauración de tierras se requieran para la aplicación de la presente Ley.

Artículo 10.- La Comisión, mediante convenio de coordinación con las dependencias competentes de los gobiernos Federal, estatales, municipales y del Distrito Federal, podrá establecer y operar unidades de lucha contra la desertificación en los distritos de desarrollo rural existentes en la República, las cuales, con la colaboración de los propios DDR, tendrán los siguientes objetivos:

Artículo 12. La Secretaría promoverá y coordinará el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales a través de la Comisión; el Sistema tendrá las siguientes funciones:

Artículo 14. La Secretaría promoverá el establecimiento de los correlativos consejos estatales, regionales, distritales y municipales para la lucha contra la desertificación, en el marco de los consejos estatales, distritales y municipales para el desarrollo rural sustentable que establece la Ley de Desarrollo.

Artículo 15. El Consejo Nacional y los consejos estatales, regionales, distritales y municipales para la Lucha contra la Desertificación, en el ámbito de sus competencias respectivas, operarán como órganos de consulta y espacios de participación ciudadana, en el ámbito de su respectiva jurisdicción, y tendrán, entre otras, las siguientes funciones:

Artículo 18. Las acciones orientadas a la lucha contra la desertificación, serán coordinadas teniendo en cuenta la existencia de los órganos e instancias de coordinación y participación social consideradas en la Ley de Desarrollo y basándose en la delimitación por cuencas hidrográficas y microcuencas.

TITULO TERCERO

DE LAS NORMAS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 19. El uso y aprovechamiento de las tierras se hará sobre las bases y métodos que tiendan a mejorar su productividad, sin poner en riesgo la calidad de los recursos naturales y el equilibrio de los ecosistemas, de modo que no comprometa el patrimonio de las generaciones venideras. Asimismo, la realización de otras actividades observará las medidas necesarias para evitar la desertificación y la degradación de tierras y cuencas hidrográficas. Para ello, la Secretaría expedirá normas, lineamientos técnicos y otras disposiciones para establecer dichas bases y métodos.

Artículo 20. La Secretaría, coadyuvará con las dependencias competentes y dentro de las disposiciones establecidas por la Ley General de Asentamientos Humanos y demás ordenamientos aplicables, en la delimitación de las zonas urbanas, periurbanas y rurales y en el establecimiento de los parámetros, las disposiciones reglamentarias y acuerdos de coordinación para la actualización de dicha delimitación.

Artículo 21. La Secretaría delimitará en el Inventario Nacional de las Tierras, las tierras frágiles y las zonas de restauración, en las cuales la aplicación de los programas de desarrollo rural deberá realizarse con las consideraciones normativas y modalidades que la Secretaría establezca en coordinación con las dependencias competentes y con la participación del Consejo y el Consejo Mexicano.

Artículo 22. Los recursos aplicados en programas de apoyo en las zonas dictaminadas por la Secretaría en condición de tierras frágiles, serán otorgados a los particulares mediante gestión única y con las prerrogativas y preferencias destinadas a fines de mejoramiento de recursos naturales e incremento de los servicios ambientales, a través de contratos de aprovechamiento de tierras, fundados en planes de manejo sustentable de tierras, formulados con el apoyo de servicios técnicos que la Comisión instrumentará, en el marco del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral y utilizando tecnologías aprobadas en el marco del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable de acuerdo a las especificaciones que señale el Reglamento.

Artículo 23. El Ejecutivo Federal deberá incluir el rubro de Lucha contra la Desertificación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que presente para su aprobación a la Cámara de Diputados.

Artículo 24. Los distritos de desarrollo rural deberán incluir en su programa anual un Plan Integral de Manejo Sustentable de tierras agrícolas, pecuarias y forestales, según corresponda, dentro del área de su circunscripción, así como el correspondiente plan de lucha contra la desertificación.

Artículo 25. La Secretaría definirá las técnicas recomendables de acuerdo con las características de aptitud y restricciones de utilización de las tierras. Para tal efecto, establecerá procedimientos transparentes y no discrecionales de validación de técnicas recomendadas en el marco del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable y del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable.

Artículo 26. Los planes de manejo de las tierras agrícolas, ganaderas o forestales, una vez concertados entre la Secretaría y los productores, deberán ser inscritos en el Registro Nacional de Lucha contra la Desertificación.

Artículo 27. Los reglamentos internos ejidales y estatutos comunales a que hace referencia la Ley Agraria, deberán establecer las reglas para el uso, aprovechamiento y conservación de las tierras parceladas y de uso común, dedicadas a las actividades ganaderas o forestales, así como contener las previsiones y medidas organizativas que garanticen una adecuada gestión de tales tierras, por lo que antes de su inscripción el Registro Agrario Nacional, solicitará a la Comisión su opinión técnica.

Artículo 28. La Secretaría coadyuvará con la Procuraduría Agraria, en la formulación y revisión de los reglamentos internos o estatutos de ejidos y comunidades agrarias, a fin de proveer condiciones adecuadas para la correcta gestión de las tierras agrícolas, ganaderas o forestales de propiedad común.

Artículo 29. Se prohíbe la disposición de residuos contaminantes y el uso de los compuestos tóxicos y contaminantes de las tierras que determine la Secretaría mediante la emisión de las NOM correspondientes, en los términos de la legislación aplicable.

Artículo 30. La Secretaría se coordinará en el seno de la Comisión Intersecretarial, para establecer los procedimientos y normas para definir los cultivos y tecnologías sustentables de manejo de tierras que tienen prioridad para recibir apoyos de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Desarrollo.

Capítulo II
Del Uso y Aprovechamiento Agrícola

Artículo 31. Quienes se dediquen a las actividades agrícolas deberán seleccionar cultivos, técnicas y sistemas de manejo que favorezcan la integridad física, química y biológica de la tierra, su capacidad de infiltración hídrica, el ahorro de agua y la protección de los acuíferos. Las dependencias de la administración pública, dentro de su ámbito de competencia, fomentarán la adopción de las medidas señaladas anteriormente.

Capítulo III
Del Uso y Aprovechamiento Ganadero

Artículo 32. Quienes aprovechen tierras de pastoreo y opten por establecer contratos de aprovechamiento de tierras, presentarán a la Secretaría, para la autorización de apoyos, un Plan de Manejo de Tierras, conforme a las normas oficiales mexicanas aplicables.

Los ejidos y comunidades y quienes cuenten con superficies con capacidad para menos de 50 unidades animal podrán solicitar a la Secretaría, apoyo técnico y financiero para la formulación y ejecución del mencionado Plan, en los términos establecidos por el Reglamento.

Artículo 33. Es obligatoria la observancia de los límites de carga establecidos por los coeficientes de agostadero que determine la autoridad competente. Sólo se podrá asignar una carga mayor, cuando así lo justifiquen los planes de manejo de tierras de pastoreo a que se refiere el artículo anterior.

Capítulo IV
Del Uso y Aprovechamiento Forestal

Artículo 34. Los programas de manejo forestal mediante los cuales son otorgadas las autorizaciones de aprovechamiento, deberán incluir medidas para proteger y conservar las tierras y las cuencas hidrográficas.

Artículo 35. La Secretaría coadyuvará con la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, para la dictaminación y certificación de la condición forestal de los predios, en los términos de la Ley Forestal, con el objeto de vigilar que en la certificación de derechos ejidales, conversión de régimen legal y demás procedimientos de traslado de dominio o usufructo de tierras ejidales o comunales, no se asignen ni subdividan parcelas en terrenos forestales que violenten la Ley de la materia y degraden las tierras.

Artículo 36. La autoridad competente brindará asistencia técnica especializada a las comunidades indígenas propietarias de tierras forestales, para la formulación del Plan de Manejo de Tierras, para los efectos de la celebración de contratos de aprovechamiento de tierras y la consecuente asignación de apoyos gubernamentales.

Capítulo V
De la Mitigación de la Degradación Causada por el Uso y Aprovechamiento Minero

Artículo 37. La Secretaría emitirá las normas técnicas y normas oficiales mexicanas para establecer los lineamientos de minimización y mitigación de los efectos adversos sobre las tierras durante y después de la realización de actividades de extracción de materiales del subsuelo; exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de sustancias minerales, excavaciones y todas aquellas acciones que alteren la cubierta vegetal, las tierras, las aguas superficiales o subterráneas o las cuencas hidrográficas, a las que se sujetarán los titulares de concesiones mineras.

Capítulo VI
Del Uso para Infraestructura

Artículo 38. La construcción y operación de obras de infraestructura caminera, hidráulica, conducción eléctrica o cualquiera otra que pueda causar degradación a las tierras en cualquiera de sus formas, o alterar las características hidrográficas de las cuencas, tanto en el proceso de ejecución, como en su operación ulterior, deberá hacerse de manera tal que evite dichos daños o, en caso contrario, justificar clara, precisa y plenamente su utilidad pública y realizar las medidas de mitigación y compensación que establezca el Reglamento, las NOM y demás disposiciones aplicables.

Capítulo VII
De los Cambios de Utilización de las Tierras

Artículo 39. Los cambios de utilización de la tierra en zonas frágiles y zonas de restauración, dentro de los márgenes establecidos por esta Ley, la Ley Forestal y correlativas, requieren autorización de la Secretaría, de conformidad con los siguientes criterios:

Artículo 41. Las solicitudes para el cambio de utilización de la tierra en terrenos de uso común ejidales o comunales, requerirán de la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de su asamblea ejidal o comunal respectiva, misma que deberá celebrarse cumpliendo con las formalidades exigidas para los asuntos señalados en las disposiciones aplicables de la Ley Agraria y demás ordenamientos normativos.

Capítulo VIII
De las Áreas Periurbanas

Artículo 42. La Secretaría, coadyuvará con las autoridades competentes a fin de delimitar las áreas periurbanas, en las cuales tendrán prioridad, para todo efecto normativo, de planeación y fomento, su aspecto paisajístico y la prestación de servicios ambientales a las zonas urbanas contiguas.

TÍTULO IV
DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN

Capítulo I
De la Armonización de Políticas y los Contratos de Aprovechamiento de Tierras

Artículo 43. La Secretaría, en coordinación con las dependencias correspondientes y con la participación del Consejo, revisará continuamente las reglas de operación y la aplicación de los componentes del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, a fin de evitar efectos indeseados de la aplicación de éstos y aprovecharlos como incentivo al manejo sustentable de las tierras, sin demérito de los objetivos específicos de cada uno de dichos programas.

Artículo 44. La Comisión diseñará los mecanismos idóneos para la instrumentación de contratos de aprovechamiento de tierras, que serán suscritos por el gobierno, a través de las unidades de lucha contra la desertificación con los productores, de manera individual o, preferentemente, organizada.

Dichos contratos incluirán los apoyos necesarios para la aplicación de planes de manejo de tierras basados en prácticas y sistemas sustentables de manejo de tierras seleccionadas libremente por los productores, de entre aquellas aprobadas por el Consejo Municipal o, en su defecto, el Consejo Distrital correspondiente y, en su caso, congruentes con la zonificación y ordenamiento formulado por el Ayuntamiento con la participación del Consejo Municipal.

El Ejecutivo, mediante los contratos de aprovechamiento de tierras, ofrecerá a los productores un esquema anual único y simplificado de negociación e integración de la documentación y requisitos de los programas aplicables, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con las reglas de operación de cada uno de ellos.

La Comisión, en coordinación con las dependencias competentes de los diversos órdenes de gobierno, aportará asesoría calificada a los productores, a fin de formular sus planes y contratos de aprovechamiento de tierras.

Los productores participantes en los contratos de aprovechamiento de tierras se comprometen, en términos de la legislación aplicable, a ejecutar los planes de manejo contenidos en dichos contratos.

Artículo 45. Cuando se trate de tierras frágiles, la Comisión intervendrá en la concertación de los contratos de aprovechamiento de tierras.

Capítulo II
De las Áreas Especiales de Conservación y Restauración de Tierras

Artículo 46. La Secretaría elaborará y ejecutará, en coordinación con las instancias correspondientes de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, los programas para las áreas críticas y zonas de tierras frágiles, encaminados a revertir la tendencia a la degradación, a partir de los estudios realizados por el Inventario Nacional de las Tierras. Los programas de lucha contra la desertificación en las zonas de restauración y de tierras frágiles se ejecutarán mediante convenios de concertación con los sectores social y privado y acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades o de los municipios, según sea el caso, conforme a lo establecido por esta Ley y las demás aplicables.

Artículo 47. Las zonas de restauración, requerirán declaratoria por parte del Ejecutivo, en los términos señalados por la LGEEPA.

Artículo 48. Los programas de las zonas de restauración serán de carácter preventivo o correctivo. Los programas de carácter preventivo tendrán por objeto preservar la calidad de las tierras en aquellas áreas que aún conserven cualidades físicas, químicas y biológicas suficientes para la producción agropecuaria o forestal.

Los programas de carácter correctivo son aquellos que se orientan hacia las zonas de restauración de conformidad con los criterios establecidos por el Inventario Nacional de las Tierras.

Artículo 49. Los programas mencionados en el artículo anterior establecerán:

Artículo 50. La Secretaría participará, con las dependencias competentes, en el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable y el Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Integral que dispone la Ley de Desarrollo, a fin de establecer en éstos, los lineamientos y acciones necesarios para la aplicación de las tecnologías idóneas para la conservación, restauración y manejo sustentable de las tierras y las cuencas hidrográficas, así como para integrar un directorio de servicios técnicos que será incorporado al registro.

Artículo 51. En el marco del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, La Secretaría establecerá los criterios y procedimientos para la clasificación, evaluación, certificación y autorización de los servicios técnicos, de conformidad con los criterios expresados en el Reglamento, así como en las NOM que para el efecto emita la Secretaría.

Los prestadores de los servicios técnicos podrán ser contratados libremente. Cualquier persona física o moral que acredite su competencia y capacidad, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento, podrá prestar los servicios técnicos.

Artículo 52. La Secretaría, en coordinación con las demás dependencias competentes, realizará acciones de promoción y difusión de los servicios técnicos a que se refiere esta Ley, con preferencia a los productores que establezca la tipología dispuesta por la Ley de Desarrollo.

Artículo 53. La Secretaría, en el seno de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, coordinará el establecimiento de un sistema de laboratorios certificados especializados en fertilidad de suelos, así como actualizará la NOM en dicha materia, para su aplicación por la Comisión.

Artículo 54. Tomando en cuenta la tipología de productores a que hace referencia la Ley de Desarrollo, aquellas personas que por carencia de recursos económicos o por el reducido tamaño de sus terrenos no estén en posibilidades de contar con servicios técnicos, podrán recurrir a la Secretaría para que ésta brinde los servicios correspondientes, en los términos que señale el reglamento de esta Ley.

Capítulo IV
De los Apoyos e Incentivos

Artículo 55. La Secretaría formulará un sistema coherente y suficiente de programas y recursos para el apoyo a los proyectos de conservación y restauración de tierras, y para la inducción de prácticas y sistemas de manejo sustentable de tierras, dentro de los márgenes de disponibilidad presupuestaria y utilizando los recursos y programas existentes.

Artículo 56. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, definirá los mecanismos para el establecimiento de incentivos fiscales al manejo sustentable de las tierras.

Artículo 57. Para todo fin aplicable, las actividades e inversiones en mejoramiento de tierras, tanto directo como en infraestructura dentro de los predios o con efecto en las tierras y las cuencas hidrográficas, se considerará como un concepto de inversión en infraestructura rural.

Capítulo V
Del Fomento y Financiamiento

Artículo 58. La Banca de Desarrollo participará solidariamente en la protección de las tierras y los recursos naturales. Para ello, creará mecanismos de crédito que tengan por objeto la conservación y restauración de tierras y cuencas hidrográficas.

Artículo 59. Las instituciones públicas de financiamiento, crédito y afianzamiento, establecerán mecanismos en sus procedimientos de selección y aprobación de propuestas y solicitudes, para que los proyectos apoyados financieramente, cuenten con méritos en materia de conservación, restauración y manejo sustentable de tierras y cuencas hidrográficas.

Artículo 60. Se crea el Fondo Nacional para la Lucha contra la Desertificación, a fin de apoyar la formulación y ejecución de proyectos y programas para la conservación y restauración de tierras. La Comisión y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público coordinarán, con la participación de las Entidades Federativas, la definición de las modalidades para el establecimiento y operación de dicho fondo, considerando invariablemente la participación de los sectores representados en los consejos en sus órganos de gobierno, a fin de apoyar la formulación de proyectos y programas para la conservación y restauración de tierras.

El Fondo se podrá integrar con las asignaciones de entidades y dependencias de los tres órdenes de gobierno; los créditos y apoyos de organismos internacionales; los impuestos con destino específico, las cuotas y derechos designados para tal efecto; las aportaciones de personas físicas o morales de carácter privado, mixto, nacionales e internacionales y los demás recursos que se obtengan por cualquier otro concepto.

Artículo 61. La Secretaría, la Comisión y los órganos colegiados contemplados en la Ley, establecerán las negociaciones conducentes para que las empresas del sector energético, de construcción de infraestructura y otros agentes causantes de efectos degradantes de las tierras, el agua y las cuencas hidrográficas, aporten recursos de carácter compensatorios a través del Fondo Nacional para la Lucha contra la Desertificación.

Artículo 62. El Fondo Nacional para la Lucha contra la Desertificación incluirá, en sus recursos, un monto adecuado para dar suficiencia a la garantía de ingresos de tantos productores como el Consejo considere necesarios para lograr un efecto demostrativo en la aplicación de técnicas y sistemas sustentables de manejo de tierras, dentro del marco de las disponibilidades presupuestarias.

Artículo 63. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las acciones conducentes para que las aportaciones que hagan las personas físicas o morales de carácter privado al Fondo Nacional para la Lucha contra la Desertificación sean deducibles del Impuesto sobre la Renta.

Artículo 64. En el marco de los sistemas de investigación y transferencia tecnológica; y de capacitación y asistencia técnica, los apoyos que se otorguen al tenor de los artículos precedentes, deberán orientarse hacia:

I. Promover la investigación, capacitación, difusión y divulgación del conocimiento para la conservación, restauración y manejo sustentable de las tierras y cuencas hidrográficas;

Artículo 66. Las entidades y dependencias de la administración pública federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las medidas económicas y financieras para el fomento de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de las tierras y para obras dentro de los DDR.

Capítulo VI
De la Investigación y Capacitación

Artículo 67. En el marco de los sistemas de investigación y transferencia tecnológica para el desarrollo rural sustentable, información para el desarrollo rural sustentable y capacitación y asistencia técnica rural integral, previstos en la Ley de Desarrollo, las instituciones gubernamentales de investigación competentes incluirán en sus programas de trabajo actividades para la lucha contra la desertificación.

Artículo 68. La Comisión establecerá programas de capacitación directa a productores, tomando en cuenta los conocimientos de los mismos y los medios para la implantación de un programa permanente de capacitación de productor a productor.

Artículo 69. El Gobierno Federal establecerá, dentro de sus programas, recursos específicos para capacitación en materia de lucha contra la desertificación.

Artículo 70. La Comisión establecerá los medios para contar con un catálogo de técnicas aprobadas de restauración y manejo sustentable de tierras y cuencas hidrográficas, de acceso amplio y expedito; con información oportuna sobre la naturaleza de las técnicas; los fundamentos científicos en que se basan; las referencias bibliográficas correspondientes; los derechos de propiedad intelectual, tanto académica como de patentes; las condiciones necesarias, riesgos y precauciones para su aplicación y un directorio de usuarios y proveedores.

Artículo 71. El Ejecutivo incluirá el concepto de lucha contra la desertificación en los fondos sectoriales para la investigación ejercidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Artículo 72. La Comisión promoverá la participación de las universidades e instituciones de investigación y docencia, a fin de fomentar su participación en las tareas de investigación y capacitación, en el marco del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología, previsto por la Ley de Desarrollo.

Artículo 73. La Comisión establecerá y dará continuidad a los padrones de técnicos calificados en materia de lucha contra la desertificación y para la formulación y aplicación de planes y contratos de aprovechamiento de las tierras, incluyendo la selección, capacitación continua, evaluación, certificación, expedición de licencias y registro de los mismos.

Capítulo VII
De la Educación y Cultura para la Lucha contra la Desertificación

Artículo 74. La Secretaría promoverá, coordinadamente con las dependencias competentes, una cultura que reconozca la importancia de la lucha contra la desertificación, el desarrollo científico y tecnológico, así como la formación de los recursos humanos necesarios para tal efecto, mediante las siguientes acciones:

Artículo 76. El Gobierno Federal establecerá un programa especial de promoción y apoyo a la organización social para la lucha contra la desertificación, en el marco de las disposiciones contenidas en la Ley de Desarrollo, programa que tendrá los siguientes propósitos:

Capítulo IX
De los Instrumentos de Mercado y el Pago de Bienes y Servicios Ambientales

Artículo 78. En el marco de los tratados internacionales, de las disposiciones aplicables de la LGEEPA, del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable y demás disposiciones aplicables, la Secretaría promoverá el desarrollo de mercados de bienes y servicios ambientales y el acceso a mercados especializados que retribuyan a propietarios o productores que adopten un manejo y aprovechamiento sustentable de sus tierras.

Artículo 79. La Secretaría establecerá los acuerdos y acciones conducentes a contar con los conocimientos, acuerdos, procedimientos, disposición de recursos, actividades indicativas, información de mercado y demás elementos necesarios para hacer efectivo el pago de los bienes y servicios ambientales y el acceso a mercados especializados.

Artículo 80. La Secretaría promoverá la formación de personas físicas y morales en materia de valoración y certificación de manejo sustentable de tierras y de bienes y servicios ambientales, a fin de que presten asesoría a quienes hagan un aprovechamiento y manejo sustentable de sus tierras, y los vinculen con consumidores, usuarios o beneficiarios de los bienes y servicios ambientales, así como con los mercados nacionales e internacionales correspondientes; lo anterior, se hará tomando en cuenta experiencias y esfuerzos ya disponibles.

Artículo 81. Las entidades y dependencias de la administración pública federal, en sus compras, preferirán, en igualdad de condiciones, los productos nacionales provenientes de producción sustentable, y considerarán lo anterior en el establecimiento de los manuales de sistemas de manejo ambiental referidos en la LGEEPA.

Capítulo X
De la Información, Inventario y Registro

Artículo 82. La Secretaría integrará un sistema de información para la restauración y el manejo sustentable de las tierras, el cual estará encuadrado en el Sistema Nacional de Información para el desarrollo rural sustentable, previsto en la Ley de Desarrollo, el cual contendrá, al menos, los siguientes elementos:

Artículo 83. La Comisión, considerando el ordenamiento ecológico general, realizará y actualizará el Inventario Nacional de las Tierras, para determinar los usos potenciales y la calidad de las mismas.

Artículo 84. El Inventario deberá contener, por lo menos, los siguientes aspectos:

Artículo 86. El Registro Nacional de Lucha contra la Desertificación, será de carácter público y en el se inscribirán:

Artículo 88. La Secretaría establecerá la coordinación del Registro Nacional de Lucha contra la Desertificación, con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el Registro Agrario Nacional y con el Registro Público de la Propiedad establecido en cada entidad federativa.

Artículo 89. Los resultados del Inventario Nacional de las Tierras, su actualización, así como las inscripciones del Registro Nacional de Lucha contra la Desertificación y demás información en la materia, se integrarán al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, previsto en la LGEEPA, al Sistema Nacional de Información Forestal, previsto en la Ley Forestal y al Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, previsto en la Ley de Desarrollo.

TITULO V
DE LAS INFRACCIONES Y DE LAS SANCIONES

Capítulo I
De las Infracciones

Artículo 90. Son infracciones en términos de ésta Ley, las siguientes:

Artículo 91. Para el caso de las fracciones mencionadas en el artículo anterior, la Secretaría aplicará una o varias de las siguientes sanciones, sin demérito de las previstas en otros ordenamientos legales aplicables:

I. La gravedad de la falta;

De igual manera, la Secretaría o el Consejo, podrá promover ante autoridades federales o locales competentes, con base en los estudios que elabore, la limitación o suspensión de la instalación o funcionamiento de industria, comercios, servicios, desarrollos turísticos o de cualquier actividad que dañe o pueda dañar las tierras o cuencas hidrográficas.

Artículo 94. Si una vez transcurrido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones que se hubieren cometido y resultare que dicha infracción o infracciones aún subsisten, la autoridad podrá imponer multas por cada día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de las mismas exceda el monto máximo permitido en el artículo 91.

Artículo 95. Las resoluciones dictadas por la Secretaría con motivo de la aplicación de esta Ley, su reglamento y disposiciones que de ella emanen, podrán ser impugnadas, en un plazo que no exceda de los treinta días naturales a partir de la notificación correspondiente, mediante el recurso de inconformidad previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 96. Habrá responsabilidad solidaria en los siguientes supuestos:

Artículo 97. La Secretaría está facultada para realizar auditorias técnicas del manejo y restauración de las tierras, con el propósito de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 98. Los usuarios, propietarios o poseedores de las tierras a que se refiere esta Ley estarán obligados a prestar toda la colaboración a las autoridades competentes, a fin de permitirles realizar los exámenes, controles, toma de muestras y acopio de información y cualquier otra operación para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 99. Para las materias del presente título se aplicarán de manera supletoria las disposiciones contenidas en la LGEEPA.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforman, La fracción V del artículo 12; la fracción VII del artículo 13; la fracción XII del artículo 15; la fracción X del artículo 16; la fracción VI, XVI y XXV del artículo 22; la fracción III del artículo 35; artículo 37; la fracción I del artículo 40; artículo 44; párrafo primero y la fracción III del artículo 45; la fracción IV del artículo 46; párrafo primero del artículo 47; artículo 49; párrafo primero del artículo 55; párrafo primero del artículo 61; el artículo 130; el nombre de la sección 3 del capítulo II del Título Tercero y Se derogan, la fracción XXII del artículo 3; fracción XXII del artículo 22; todos ellos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para quedar como siguen:

Artículo 3. ...

I a XXI. ...

XXII (se deroga)

XXIII a XXXII. ...

Artículo 12. ...

I a IV. ...

V.- Realizar el Inventario Nacional Forestal; y determinar los criterios e indicadores para el desarrollo, diseño y actualización de los inventarios correspondientes a las Entidades;

VI a XXXVII. ...

Artículo 13. ...

I a VI. ...

VII.- Elaborar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Estatal Forestal, bajo los principios, criterios y lineamientos que se establezcan para el Inventario Nacional Forestal;

VIII a XXXII. ...

Artículo 15. ...

I a XI. ...

XII Participar en la planeación y ejecución de la reforestación, forestación y conservación de los bienes y servicios ambientales forestales, dentro de su ámbito territorial de competencia;

XIII a XXI. ...

Artículo 16. ...

I a IX. ...

X. Regular la integración, monitoreo y actualización del Inventario Nacional Forestal y coordinar el diseño del mismo;

XI a XXVII. ...

Artículo 22. ...

I a V. ...

VI. Integrar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Nacional Forestal así como participar en el diseño del mismo;

VII a XV. ...

XVI. Ejecutar y promover programas productivos, de restauración, de protección, de conservación y de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales.

XVII a XXI. ...

XXII (se deroga)

XXIII y XXIV. ...

XXV. Diseñar y ejecutar programas de prevención, protección, conservación, y restauración de los recursos forestales;

XXVI a XXXIX. ...

Artículo 35. ...

I y II. ...

III. El Inventario Nacional Forestal;

IV a VII. ...

...

...

Artículo 37.- En la planeación del desarrollo forestal se elaborarán programas regionales, atendiendo la geografía de las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrológico-forestales y considerando particularmente la situación que guarden los ecosistemas forestales. La Secretaría y la Comisión promoverán que los gobiernos de las Entidades Federativas, se coordinen a efecto de participar en la elaboración de dichos programas y garanticen la participación de los interesados.

Artículo 40. ...

I La contenida en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos y en los inventarios forestales de las entidades federativas;

II a X. ...

...

Artículo 44.- La Secretaría regulará los procedimientos y metodología a fin de que la Comisión integre el Inventario Nacional Forestal, el cual deberá relacionar de manera organizada y sistemática los datos estadísticos y contables de los bienes y servicios ambientales.

Artículo 45.- El Inventario Nacional Forestal deberá comprender la siguiente información:

I y II. ...

III. Los tipos de vegetación forestal, su localización, formaciones y clases, con tendencias y proyecciones que permitan clasificar y delimitar el estado actual de la degradación, así como las zonas de conservación, protección, restauración y producción forestal, en relación con las cuencas hidrológicas-forestales, las regiones ecológicas, las áreas forestales permanentes y las áreas naturales protegidas;

IV a VIII. ...

Artículo 46. Los datos comprendidos en el Inventario Nacional Forestal serán la base para:

I a III. ...

IV. La evaluación y seguimiento de los planes a largo, mediano y corto plazo. En el Reglamento de la presente Ley se determinarán los criterios, metodología y procedimientos para la integración, organización, actualización y monitoreo de los datos que deberá contener el Inventario Nacional Forestal.

Artículo 47. En la formulación del Inventario Nacional Forestal y de la zonificación forestal, se deberán considerar los siguientes criterios:

I a IV. ...

Artículo 49.- La Comisión deberá llevar a cabo la zonificación con base en el Inventario Nacional Forestal y en los programas de ordenamiento ecológico, y lo someterá a la aprobación de la Secretaría.

Artículo 55.- La Secretaría emitirá normas oficiales mexicanas en materia forestal, en los términos establecidos en la Ley Federal de Metrología y Normalización, que tengan por objeto:

I a X. ...

Artículo 61.- En caso de transmisión de la propiedad o de los derechos de uso o usufructo sobre terrenos forestales o preferentemente forestales, los transmitentes deberán declarar bajo protesta de decir verdad, circunstancia que el notario público ante quien se celebre la transmisión hará constar en el documento en que se formalice la misma, si existe autorización de cambio de uso del suelo, programa de manejo forestal, programa de manejo de plantación forestal comercial o aviso de plantación forestal comercial. En caso afirmativo, los notarios deberán notificar del acto que se celebre al Registro Forestal Nacional en un plazo de treinta días naturales, contados a partir del otorgamiento de la escritura correspondiente. En caso de los actos que se lleven a cabo ante el Registro Agrario Nacional, éste deberá notificar de los mismos al Registro Forestal Nacional en el mismo plazo.

...

...

...

Artículo 130. La Secretaría emitirá normas oficiales mexicanas tendientes a prevenir y controlar el sobrepastoreo en terrenos forestales; regular los procesos de reforestación y restauración de áreas afectadas; y a compatibilizar las actividades silvopastoriles.

Título Tercero ...

Capítulo II ...

ARTÍCULO TERCERO: Se deroga el Capítulo II, del Título Tercero sobre la Preservación y aprovechamiento sustentable del suelo y sus recursos, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

TÍTULO TERCERO ...

CAPÍTULO I ...

CAPÍTULO II ... (se deroga)

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. En la observancia del presente ordenamiento jurídico, se aplicará de manera supletoria la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la LGEEPA y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

ARTÍCULO TERCERO. El Ejecutivo, con la participación del Consejo, expedirá el Reglamento dentro del plazo comprendido de 180 días naturales a partir de la publicación del presente Decreto

ARTÍCULO CUARTO. El Ejecutivo dispone de 180 días naturales a partir de la publicación del presente Decreto, para instrumentar y poner en marcha la Comisión Nacional para la Lucha Contra la Desertificación, sectorizada en la Secretaría, utilizando para ello los recursos presupuestales, humanos y materiales con que cuenta la la actual Comisión Nacional de las Zonas Áridas.

La Comisión Nacional para la Determinación Regional de los Coeficientes de Agostadero en la República Mexicana (COTECOCA) pasa a formar parte de la nueva Comisión Nacional para la Lucha contra la Desertificación, directamente dentro de su organigrama regular.

La Secretaría, en un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de publicación de la Ley, coordinará con las dependencias correspondientes las acciones necesarias para la adecuación normativa de dicha disposición y para la transferencia de los activos correspondientes a dicha dependencia, así como los relativos a los programas o porciones de programas y presupuestos relacionados con dichas dependencias.

ARTÍCULO QUINTO. El Ejecutivo Federal integrará al proyecto de presupuesto de egresos de la federación, para el año inmediato posterior a la entrada en vigor de la Ley, previsiones presupuestarias para los siguientes rubros:

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco J. Lara Arano, secretario; Roberto A. Aguilar Hernández (rúbrica), secretario; Carlos M. Rovirosa Ramírez (rúbrica), secretario; José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretario; Irene H. Blanco Becerra, Raúl Leonel Paredes Vega, Raúl R. Chavarría Salas, Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo, Pascual Sigala Páez (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio, Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Carlos Silva Valdés, Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila, Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Lorena Torres Ramos, Regina Vázquez Saut, Guillermo Tamborrel Suárez, Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), Mario E. Dávila Aranda (rúbrica), María G. García Velasco, Bernardo Loera Carrillo.

Por la Comisión de Agricultura y Ganadería:

Diputados: Cruz López Aguilar (rúbrica), Presidente; Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón (rúbrica), Edmundo Valencia Monterrubio (rúbrica), Diego Palmero Andrade (rúbrica), Antonio Mejía Haro (rúbrica), secretarios; Julián Nazar Morales (rúbrica), Lázaro Arias Martínez (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Gaspar Ávila Rodríguez, Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica), Lamberto Díaz Nieblas, María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica), Rafael Galindo Jaime (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), José Irene Álvarez Ramos, Mario Ernesto Dávila Aranda, Javier Castelo Parada, José María de la Vega Larraga, Roció Guzmán de Paz, Alberto Urcino Méndez Gálvez, Miriam Marina Muñoz Vargas, Regina Vázquez Saut, Valentín González Bautista (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Enrique Torres Cuadros, Víctor Suárez Carrera (rúbrica).

Por la Comisión de Desarrollo Rural:

Diputados: Miguel Luna Hernández (rúbrica), Ramón González González, Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc, Norma Elizabeth Sotelo Ochoa (rúbrica), Alfredo Rodríguez Pacheco, Edmundo Valencia Monterrubio, José de Jesús Vázquez González, JuanAntonio Gordillo Reyes, Eugenio Mier y Concha y Campos, Ubaldo Aguilar Flores, Adrían Villagómez García (rúbrica), Antonio Mejía Haro (rúbrica), Margarito Fierros Tano (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica), Joel Padilla Peña, José Eduviges Nava Altamirano, Rosalina Mazari Espín (rúbrica), José Guzmán Santos (rúbrica), Benjamín Sagahón Medina (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica), Lázaro Arías Martínez (rúbrica), Hidalgo Contreras Covarrubias (rúbrica), Alfredo Fernández Moreno, Alberto UrcinoMéndez Gálvez, Armando Rangel Hernández.
 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN CAPÍTULO VII-A AL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

21 de abril de 2005.

Honorable Asamblea

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los Diputados Luis Francisco Monárrez Rincón del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Javier Saucedo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y José Juan Bárcenas González del Partido Acción Nacional, presentaron la iniciativa de decreto que adiciona el Titulo III-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la fracción VIII del articulo 95 del Código Fiscal de la Federación y el artículo 389-Bis-A del Código Penal Federal.

Estas Comisiones que suscriben, se abocaron al análisis de las iniciativas antes señaladas y conforme a las deliberaciones y el análisis que de las mismas realizaron los miembros de estas Comisiones Unidas en Pleno, presentan a esta Honorable Asamblea el presente dictamen:

ANTECEDENTES

1.- En sesión de fecha 21 de octubre de 2004, los Diputados Luis Francisco Monárrez Rincón del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Javier Saucedo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y José Juan Bárcenas González del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa de decreto que adiciona el Titulo III-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la fracción VIII del articulo 95 del Código Fiscal de la Federación y el artículo 389-Bis-A del Código Penal Federal.

2.- En esa misma fecha la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados turnó la iniciativa antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social, para su estudio y dictamen.

3.- En fecha 2 de diciembre de 2004, los Diputados Luis Francisco Monárrez Rincón del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Javier Saucedo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y José Juan Bárcenas González del Partido Acción Nacional, presentaron adiciones a la Iniciativa de Decreto que adiciona el título III-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la fracción VIII del artículo 95 del Código Fiscal de la Federación y el artículo 389-BIS-A del Código Penal Federal.

4.- En esa misma fecha la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados turnó la iniciativa antes señalada, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social, para su estudio y dictamen.

5.- En sesión ordinaria los Diputados integrantes de estas Comisiones Unidas procedieron al análisis del dictamen, con base en el siguiente

RESULTANDO

ÚNICO.- Los suscritos integrantes de estas Comisiones Unidas estiman procedente puntualizar sendas iniciativas presentadas por los Diputados Luis Francisco Monárrez Rincón del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Javier Saucedo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y José Juan Bárcenas González del Partido Acción Nacional, que a la letra señalan:

"El diputado Francisco Luis Monárrez Rincón, del grupo parlamentario del PRI, diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, del grupo parlamentario del PRD, diputado José Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del PAN, y varios diputados de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados e integrantes de diferentes grupos parlamentarios, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de la Asamblea de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que adiciona, el Titulo III-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la fracción VIII del artículo 95 del Código Fiscal de la Federación, y el artículo 389 Bis-A del Código Penal Federal, de acuerdo a la siguiente

PRIMERA.- Estas Comisiones resultan competentes para dictaminar las iniciativas presentadas por los Diputados Luis Francisco Monárrez Rincón del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Javier Saucedo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y José Juan Bárcenas González del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- Estas Comisiones consideran procedente dictaminar favorablemente las Iniciativas presentadas por los Diputados Luis Francisco Monárrez Rincón del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Javier Saucedo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y José Juan Bárcenas González del Partido Acción Nacional.

En efecto, se conviene con los razonamientos expresados en las iniciativas que se dictaminan, toda vez que el desempleo, según se refiere, es uno de los problemas sociales más sentidos por la población de escasos recursos; por lo cual las sociedades cooperativas representan una alternativa viable para la generación de empleo productivo con bajos montos de inversión.

En razón de lo anterior se considera acertada la implementación de un estímulo fiscal orientado a invertir en el desarrollo de las capacidades empresariales y asociativas de la población marginada y en situación de pobreza para que, en base a su propio esfuerzo organizativo, se encuentren en condiciones de generar su propio empleo y una fuente digna de ingresos de carácter sustentable.

En el mismo orden de ideas, se encuentra coincidencia en que se adopte una política fiscal de aliento y promoción de las cooperativas, ya que dicho esquema es ampliamente aceptado en diferentes latitudes con resultados altamente favorables para las economías de países tan disímbolos como Chile y Venezuela en América Latina; España, Noruega o Finlandia en Europa y, China en Asía.

Sin embargo, el contenido de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Título III-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no se considera viable, toda vez que rompe con el principio de equidad tributaria que establece la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, el principio de equidad radica principalmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, entre otras, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente.

Motivo por el cual, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social, consideran pertinente modificar el cuerpo de la iniciativa en cuestión, a efecto de que reciban estímulos fiscales las sociedades cooperativas de producción, sin que haya una afectación al resto de sociedades mercantiles.

TERCERA.- Por lo que hace a la propuesta contenida en las iniciativas que se dictaminan, en las que se pretende adicionar una fracción al artículo 95 del Código Fiscal de la Federación, debe señalarse que éstas resultan improcedentes al contemplar un tipo penal, en un precepto que regula la responsabilidad de los sujetos que se ubiquen en cualquiera de los supuestos previstos como delitos fiscales.

Debe señalarse que, no obstante que la fracción VII que se pretende adicionar establece conductas delictivas, no se determinan las sanciones o penas que corresponde aplicar a quien se encuadre en dichos supuestos.

Además, debe mencionarse que la fracción en comento resulta inaplicable, en razón de que en principio establece como sujetos de delito a las personas morales, lo que en nuestro Derecho Positivo Mexicano no se encuentra regulado, además de que la conducta que se pretende introducir como delictiva, ya se encuentra contemplada en la fracción IV del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, o según la particularidad del caso en el artículo 108 del mismo ordenamiento legal.

Al respecto el delito de simulación, ya se encuentra tipificado por el artículo 109 fracción IV del Código Fiscal que establece lo siguiente:

CUARTA.- Ahora bien, de las argumentaciones realizadas en el considerando segundo del presente dictamen, se desprende que estas Comisiones Unidas estiman pertinente modificar el cuerpo de la iniciativa, sin romper con el espíritu de la misma, es decir, visto con un enfoque global, el costo fiscal es poco significativo; en cambio, el impacto social es enorme, lo cual nos arroja un saldo favorable en la relación costo-beneficio implícita en otorgar beneficios fiscales a las sociedades cooperativas de producción.

Efectivamente, con la modificación a la iniciativa se generaría un círculo virtuoso de estímulo fiscal y productividad claramente enfocado hacia la economía social, por lo que la reforma legislativa propuesta se traduciría en la generación de un número mayor de empleos, que a su vez, provocará una mayor recaudación fiscal y en consecuencia, montos cada vez más amplios destinados a la inversión productiva.

Lo anterior, en virtud de que con incorporar el beneficio a los socios cooperativistas en el régimen de transparencia, se aplicaría el veinticinco por ciento con relación a los rendimientos de dichos socios cooperativistas.

Finalmente, queremos llamar la atención en el hecho de que adoptar una política fiscal de aliento y promoción de las cooperativas es un asunto ampliamente aceptado en diferentes latitudes con resultados altamente favorables para las economías de países tan disímbolos como Chile y Venezuela en América Latina; España, Noruega o Finlandia en la vieja Europa y, China en Asía. En suma, el proyecto de decreto nos permitiría no solamente adecuar nuestra legislación a las tendencias internacionales, sino también cumplir con lo dispuesto en la Recomendación 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la promoción de las Cooperativas, suscrita por nuestro país en Ginebra en el año dos mil dos, principalmente en donde establece lo siguiente:

DECRETO QUE ADICIONA UN CAPÍTULO VII-A AL TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

ARTÍCULO ÚNICO.- SE ADICIONA un Capítulo VII-A "De las Sociedades Cooperativas de Producción", que comprende los artículos 85-A y 85-B, al Título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

CAPÍTULO VII-A
De las Sociedades Cooperativas de Producción

ARTÍCULO 85-A.- Las sociedades cooperativas de producción que únicamente se encuentren constituidas por socios personas físicas, para calcular el impuesto sobre la renta que les corresponda por las actividades que realicen, en lugar de aplicar lo dispuesto en el Título II de esta Ley, podrán aplicar lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de la misma, considerando lo siguiente:

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o de enero de 2006.

Artículo Segundo.- Para los efectos del tercero y cuarto párrafos de la fracción I, del artículo 85-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se pagará el impuesto sobre la renta conforme a la tarifa del artículo 177 de la citada Ley vigente al momento en el que se generaron las utilidades que se distribuyan.

Artículo Tercero.- Las sociedades cooperativas de producción que distribuyan anticipos o rendimientos a sus miembros en los términos de la fracción XI del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para los efectos del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, podrán considerar el impuesto sobre la renta que hubieren retenido por dichos conceptos conforme a lo dispuesto en el Capítulo I del Título IV de la ley mencionada, como impuesto sobre la renta correspondiente a la sociedad cooperativa de que se trate.

Asimismo, las sociedades cooperativas de producción, para los efectos del acreditamiento a que se refiere el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, será el que se determine conforme a lo dispuesto en la fracción I, del artículo 85-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados a 21 de abril de 2005.

Por la Comisión de Hacienda y Crédito Público:

Diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), Presidente; José Felipe Puelles Espina (rúbrica), secretario; Marko Antonio Cortés Mendoza, Juan Francisco Molinar Horcasitas, Jorge Carlos Obregón Serrano, José Osuna Millán, Manuel Pérez Cárdenas, Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda, Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica), Francisco Suárez Dávila, José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), José Carmen Arturo Alcántara Rojas, Ángel Augusto Buendía Tirado (rúbrica), Enrique Ariel Escalante Arceo (rúbrica), Humberto Francisco Filizola Haces (rúbrica), José Luis Flores Hernández (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna, Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Emilio Zebadúa González, Jesús Emilio Martínez Álvarez, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Óscar González Yáñez, José Adolfo Murat Macías (rúbrica), Luis Antonio Ramírez Pineda (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica).

Por la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social:

Diputados: Francisco J. Saucedo Pérez (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica), José Juan Bárcenas González (rúbrica), Belizario Hiram Herrera Solís (rúbrica), Huberto Aldaz Hernández (rúbrica), Gaspar Ávila Rodríguez (rúbrica), Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova, Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Lino Celaya Luría (rúbrica), Felipe de Jesús Díaz González, Luis Andrés Esteva Melchor (rúbrica), María Concepción Fajardo Muñoz, David Ferreyra Martínez (rúbrica), José García Ortiz, Manuel Gómez Morín Martínez del Río (rúbrica), César Amín González Orantes (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), José Julio González Garza, Benjamín Fernando Hernández Escalante (rúbrica), Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica), Miriam Marina Muñoz Vargas (rúbrica), José Alfonso Muñoz Muñoz (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica), Aníbal Peralta Galicia (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Alfredo Rodríguez y Pacheco (rúbrica), Israel Tentory García (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica).
 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE EL REGLAMENTO DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. C. Secretarios de la Cámara de Diputados
PRESENTES:

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de esta Cámara de Diputados, le fue turnada la "Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide el Reglamento del Canal De Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos", que remitiera el Senado de la República.

La así responsable de elaborar el dictamen, tuvo a bien hacer el presente documento de conformidad con lo siguiente:

I.- ANTECEDENTES.

A) En General propone una serie de normas para regular el trabajo del Canal de Televisión del Congreso, que den certeza y legalidad a las acciones que desde hace más de cuatro años realiza este medio de comunicación y difusión del Poder Legislativo.

B) En particular:

D) Por cuanto al Capítulo II, denominado "Del objeto, principios y funciones del canal", este se conforma por los artículos 3 a 6, y en ellos se destaca la naturaleza jurídica del Canal, las actividades que constituyen su objeto, su característica de ser un medio de comunicación de Estado, de interés público, listando los principios que regirán su actividad, y destacando el carácter público que tienen la señal y los contenidos del propio Canal de Televisión.

E) En el capítulo III, denominado "Del Presupuesto y financiamiento del Canal", se integran los artículos 7 a 11, y en ellos se especifica cómo se integra el patrimonio del Canal, sus ingresos, la forma de efectuar las adquisiciones y licitaciones de equipo y servicios y se resalta la independencia del presupuesto asignado al Canal respecto del que le corresponde a la propia Comisión Bicamaral.

F) El Capítulo IV, denominado "De la Comisión Bicamaral", que se integra por los artículos 12 y 13, reitera que la conducción del Canal está a cargo de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso.

G) El Capítulo V, denominado "De las atribuciones y responsabilidades de la Comisión", se conforma por el artículo 14, en el cual se regula el funcionamiento de la propia Comisión Bicamaral, destacándose las reglas de quórum y votación, periodicidad de sus reuniones, requisitos para que puedan celebrarse, integración de las secretarías técnicas, así como la posibilidad de creación de subcomisiones especiales, entre otros aspectos.

H) En el Capítulo VI, denominado "Del titular de la Dirección General del Canal", se conforma por los artículos 15 y 16, a través del cual se mencionan, el perfil requerido para ser Director General del Canal y la duración en el cargo.

I) El capítulo VII, llamado "de las atribuciones del titular de la Dirección General del Canal", como su nombre lo indica, enumera las facultades de este funcionario en los varios incisos que integran el artículo 17.

J) El capítulo VIII se denomina "de la conformación del consejo consultivo" se integra por los artículos 18 a 24 y establece la figura del consejo consultivo así como su regulación, lo considera órgano plural de representación social, cuya dirección le corresponde a la presidencia de la Comisión Bicamaral y su coordinación al Director General del Canal. Establece que dicho Consejo esta conformado por once ciudadanos o ciudadanas de amplio y reconocido prestigio profesional en el campo de los medios de comunicación; asimismo, determina las reglas para seleccionar a sus integrantes, las características del cargo de consejero, su duración, la posibilidad de su reelección, los requisitos que deben cumplir y las causales de sustitución de cualquiera de ellos.

K) En el Capítulo IX, denominado "Del Funcionamiento y Atribuciones del Consejo Consultivo", integrado por los artículos 25 a 27, se definen la periodicidad de las reuniones del Consejo, la definición de las reglas de funcionamiento y organización del propio Consejo a su pleno, y se establecen las diversas actividades que constituyen las atribuciones y responsabilidades de los consejeros.

L) Finalmente, en el Capítulo X, denominado "De las Relaciones laborales", se conforma por los artículos 28 y 29, se determina que el personal del Canal será de confianza, bajo dos modalidades de contratación y se especifica que su régimen laboral se regirá por lo que dispone la fracción XIV, Apartado B del artículo 123 constitucional.

III.- CONSIDERACIONES Y ANÁLISIS

A la luz del análisis realizado, por los elementos vertidos y las consideraciones expuestas, la Comisión que hoy dictamina considera que es de aprobarse la Minuta de la Colegisladora en sus términos y propone a esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Único: Se expide el siguiente Reglamento del Canal del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos

CAPÍTULO I

DEL OBJETO DE ESTE REGLAMENTO

Artículo 1.

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento tienen por objeto normar el funcionamiento del Canal de Televisión del Congreso General en los términos de lo dispuesto por los artículos 130, 131 y 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables.

DEFINICIONES

Artículo 2.

Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

Artículo 3.

1. El Canal es un medio de comunicación de Estado, de servicio público, con presupuesto, organización, infraestructura técnica y personal, dependiente del Poder Legislativo y pertenece a la Nación.

2. El Canal tiene por objeto reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las responsabilidades de las Cámaras del Congreso y de la Comisión Permanente, así como contribuir e informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad nacional vinculados con la actividad legislativa.

3. El Canal tiene su sede en el Distrito Federal.

Artículo 4.

El Canal deberá informar a la sociedad mexicana bajo los principios de objetividad, veracidad, ética, pluralidad, equidad, suficiencia, oportunidad y con pleno respeto a los derechos fundamentales. (.)

Artículo 5.

El Canal tiene entre sus funciones:

La señal y los contenidos del Canal serán públicos. Podrán ser empleados por cualquier medio de comunicación, mencionando la fuente y respetando el logotipo del Canal, excepto los programas cuyos derechos pertenezcan a terceros, los cuales, para su reproducción, necesitarán autorización expresa de sus propietarios o de los titulares de los derechos.

CAPÍTULO III

DEL PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DEL CANAL

Artículo 7.

El presupuesto del Canal se integra con los derechos e ingresos que por cualquier título legal adquiera o perciba a través de las Cámaras del Congreso, mismo que deberá sujetarse a los principios de racionalidad y eficiencia presupuestaria.

Artículo 8.

Los ingresos del Canal se integran con:

El presupuesto de la Comisión será el que le asigne cada Cámara, en su calidad de Comisión legal, mismo que será independiente del presupuesto asignado al Canal.

Artículo 10.

Las adquisiciones y licitaciones de equipo y servicios se realizarán de acuerdo a la normatividad que al efecto rija para cada Cámara.

Artículo 11. El Canal contará con un fondo revolvente, sujeto a la normatividad administrativa que para tales efectos rija en cada Cámara.

CAPÍTULO IV

DE LA COMISIÓN BICAMARAL

Artículo 12.

El órgano rector del Canal será la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General, el cual será el responsable de conducir sus actividades.

Artículo 13.

La Comisión estará integrada por tres miembros de cada Cámara, en términos de lo dispuesto por el artículo 132 numeral 2 de la Ley Orgánica, debiendo ser constituida durante él primer mes de ejercicio de la Legislatura, misma que funcionará de la siguiente manera:

Artículo 14.

Son atribuciones de la Comisión:

DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CANAL

Artículo 15.

1. El Titular de la Dirección General será el responsable del Canal al que alude el numeral 4 del artículo 132 de la Ley Orgánica y su función será la de coordinar y ejecutar las tareas que permitan el mejor cumplimiento de las actividades del Canal, de conformidad a los acuerdos y/o las políticas que para tal efecto determine la Comisión.

2. El Titular de la Dirección General del Canal de Televisión durará en su encargo por un lapso de 4 años, pudiendo ser reelegido en una sola ocasión, por acuerdo de la mayoría de los integrantes de la Comisión por un segundo período con la misma duración. Dicho funcionario podrá ser objeto de extrañamientos, reconvenciones, o en su caso remoción por parte de la Comisión cuando incurra en faltas u omisiones a la Ley Orgánica, a su reglamento y demás normas aplicables, disposiciones y acuerdos que adopte la Comisión; su actuación estará sujeta a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Artículo 16.

Para ser Titular de la Dirección General del Canal se requiere:

DE LAS ATRIBUCIONES DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CANAL

Artículo 17.

Son atribuciones y obligaciones del Titular de la Dirección General del Canal las siguientes:

DE LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO

Artículo 18.

El Consejo Consultivo es un órgano plural de representación social, conformado por once ciudadanos, de amplio y reconocido prestigio profesional, en el campo de los medios de comunicación.

Artículo 19.

Los consejeros serán seleccionados por la Comisión, a propuesta de instituciones académicas, organizaciones civiles u otras de comprobada trayectoria y amplio reconocimiento, cuyas actividades y objetivos profesionales se relacionen principalmente con la comunicación social. Para ello, la Comisión realizará la convocatoria pública correspondiente.

Artículo 20.

El Consejo será encabezado por la Presidencia de la Comisión y apoyado por la Dirección General del Canal.

Artículo 21.

La Comisión dispondrá lo necesario para que el Consejo pueda cumplir debidamente con sus labores.

Artículo 22.

Los consejeros durarán en su cargo un año y podrán ser reelectos. El cargo es a título honorífico; su actuación y participación es de carácter personal y, por lo tanto, intransferible; las instituciones que los hayan propuesto no ejercerán en ellos representación alguna.

Artículo 23.

Para formar parte del Consejo, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

DEL FUNCIONAMIENTO Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO

Artículo 25.

El Consejo deberá reunirse por lo menos una vez cada 6 meses en sesión ordinaria. Podrá también reunirse en sesiones extraordinarias, ya sea en pleno o por comisiones, cuando sea convocado por la Presidencia o cuando un tercio de los consejeros así lo soliciten.

Artículo 26. Las reglas de funcionamiento y organización necesarias para sus labores deberán ser definidas por el pleno del Consejo.

Artículo 27.

Son atribuciones y por lo tanto, responsabilidades de los consejeros:

DE LAS RELACIONES LABORALES

Artículo 28.

1. El personal del Canal será de confianza, en términos de lo dispuesto por la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás normas aplicables.

2. Sus percepciones serán las que aprueben las Mesas Directivas de ambas Cámaras a propuesta del proyecto de presupuesto que presente la Comisión Bicamaral.

3. Se asignará plaza presupuestal a los funcionarios de los dos primeros niveles, y quedarán sujetos a las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

4. El personal técnico especializado y operativo será contratado como personal de confianza, conforme a las condiciones que determine la Secretaría General de Servicios Administrativos de cada Cámara.

Artículo 29.

Para efectos de contratación, el personal del Canal se ajustará a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las políticas internas de orden general, los programas de trabajo, y demás disposiciones que apruebe la Comisión Bicamaral de acuerdo con la normatividad administrativa de las Cámaras.

Artículo 30.

1. Independientemente de la Cámara que contrate los servicios del personal, éste tiene la obligación de realizar sus actividades en beneficio del Canal, atendiendo los lineamientos de ambas Cámaras y las políticas internas de orden general

2. La Comisión revisará y aprobará una política interna de orden general relativa a la estructura y organización del Canal, la que deberá contener las áreas, oficinas, y las relaciones de mando y supervisión que conformen el Canal de Televisión del Congreso General, así como sus modificaciones.

Artículo 31.

En todo lo no previsto en el presente Reglamento se estará a lo dispuesto por la Ley Orgánica, las políticas internas de orden general, los programas de trabajo y demás disposiciones que apruebe la Comisión.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. A más tardar 60 días naturales después de la entrada en vigor de este Reglamento, la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión expedirá la Política Interna del Orden General relativa a la estructura y organización del Canal, la que deberá contener las relaciones de mando y supervisión, así como las áreas y oficinas que conformen el Canal de Televisión del Congreso General.

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Diputados: Iván García Solís (rúbrica), Presidente; Raúl José Mejía González (rúbrica), Adrián Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica), Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica), secretarios; Sergio Álvarez Mata (rúbrica), Federico Barbosa Gutiérrez (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Socorro Díaz Palacios, Álvaro Elías Loredo (rúbrica), Pablo Gómez Álvarez, José González Morfín, Jaime Miguel Moreno Garavilla (rúbrica), Arturo Osornio Sánchez (rúbrica), Rafael Sánchez Pérez (rúbrica), Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica en contra).
 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 y adiciona el artículo 46 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, presentada por el Diputado Víctor Manuel Alcérreca Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Esta Comisión con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción XXIX-B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 39, 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES

CONSIDERACIONES

I. Análisis de la Iniciativa

I. Señala el iniciador que la afirmación de la identidad histórica y cultural del país es condición para la estabilidad y el desarrollo. El homenaje a los héroes nacionales y el culto a los símbolos patrios reiteran la adhesión a los "principios superiores de México". Un elemento patrio el cual refleja la expresión de estos principios superiores de la Nación mexicana es el Himno Nacional.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 46 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 46. Es obligatoria la enseñanza del Himno Nacional en todos los planteles de educación preescolar, primaria y secundaria.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a los veinte días del mes de abril de dos mil cinco.

Diputados: Julián Angulo Góngora, Presidente (rúbrica); David Hernández Pérez, secretario (rúbrica); Yolanda Guadalupe Valladares Valle, secretaria (rúbrica); Claudia Ruiz Massieu Salinas, secretaria (rúbrica); Daniel Ordóñez Hernández, secretario (rúbrica); Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretario (rúbrica); José Porfirio Alarcón Hernández, Patricia Garduño Morales (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), José González Morfín, Omar Bazán Flores, Jesús González Schmal, Pablo Bedolla López (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), José Sigona Torres, Socorro Díaz Palacios, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Federico Madrazo Rojas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, Sergio Vázquez García (rúbrica).
 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 39 BIS A LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, le fue turnada, para su estudio y dictamen, la Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 39 Bis a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 y 73, fracción XXIX-B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 57, 85, 87, 88, 90, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la Minuta de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

CONSIDERACIONES

a) En lo general

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 39 BIS A LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 39 bis a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 39 BIS.- Los pueblos y las comunidades indígenas podrán ejecutar el Himno Nacional, traducido a la lengua que en cada caso corresponda. Para tales efectos, se faculta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para realizar las traducciones correspondientes, las cuales deberán contar con la autorización de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Educación Pública.

Los pueblos y comunidades indígenas podrán solicitar a las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública la autorización de sus propias traducciones del Himno Nacional. La Secretaría de Gobernación llevará el registro de las traducciones autorizadas.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a los veinte días del mes de abril de dos mil cinco.

Diputados: Julián Angulo Góngora, Presidente (rúbrica); David Hernández Pérez, secretario (rúbrica); Yolanda Guadalupe Valladares Valle, secretaria (rúbrica); Claudia Ruiz Massieu Salinas, secretaria (rúbrica); Daniel Ordóñez Hernández, secretario (rúbrica); Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretario (rúbrica); José Porfirio Alarcón Hernández, Patricia Garduño Morales (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), José González Morfín, Omar Bazán Flores, Jesús González Schmal, Pablo Bedolla López (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), José Sigona Torres, Socorro Díaz Palacios, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Federico Madrazo Rojas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, Sergio Vázquez García (rúbrica).
 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL NUMERAL DOS DEL ARTÍCULO 239 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral dos del Artículo 239 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Esta Comisión con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción XXX, en relación con el artículo 41, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 39, 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES

CONSIDERACIONES

I. Análisis de la Iniciativa

I. La llamada "Ley Seca" tiene su origen en 1915 cuando el General Plutarco Elías Calles, gobernador de Sonora, ordenó la prohibición de la elaboración y tráfico de bebidas embriagantes como consecuencia de la crisis política y social que se vivía en el Estado y en la República.

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL DOS DEL ARTÍCULO 239 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el numeral dos del Artículo 239 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 239.

1 ...

2. El día de la elección y el precedente, a juicio de las autoridades competentes y de acuerdo a la normatividad que exista en cada entidad federativa, se ordenará, cuando sea indispensable para preservar el orden de la jornada, el cierre de los establecimientos que expendan bebidas embriagantes.

3 ...

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 21 de abril de dos mil cinco.

Diputados: Julián Angulo Góngora, Presidente (rúbrica); David Hernández Pérez, secretario (rúbrica); Yolanda Guadalupe Valladares Valle, secretaria (rúbrica); Claudia Ruiz Massieu Salinas, secretaria (rúbrica); Daniel Ordóñez Hernández, secretario (rúbrica); Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretario (rúbrica); José Porfirio Alarcón Hernández, Patricia Garduño Morales (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), José González Morfín, Omar Bazán Flores, Jesús González Schmal, Pablo Bedolla López (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), José Sigona Torres, Socorro Díaz Palacios, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Federico Madrazo Rojas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, Sergio Vázquez García (rúbrica).
 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 31 Y LAS FRACCIONES IV Y IX DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la Iniciativa que reforma las fracciones IX y XXII y adiciona la fracción XXIII, todas del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 y 73, fracción XXX, a la luz de lo dispuesto en el artículo 90, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Con fecha 9 de diciembre de 2004, el Diputado Gonzalo Moreno Arévalo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, la Iniciativa que reforma las fracciones IX y XXII y adiciona la fracción XXIII, todas del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

II. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.

III. En sesión del 20 de abril de 2005 se sometió a consideración de los miembros de la Comisión de Gobernación el anteproyecto de dictamen respectivo, siendo aprobado en esa misma sesión.

Establecidos los antecedentes, los miembros de la Comisión de Gobernación de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

CONSIDERACIONES

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 31 Y LAS FRACCIONES IV Y IX DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción X del artículo 31 y las fracciones IV y IX del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 31

...

...

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a los veinte días del mes de abril de dos mil cinco.

Diputados: Julián Angulo Góngora, Presidente (rúbrica); David Hernández Pérez, secretario (rúbrica); Yolanda Guadalupe Valladares Valle, secretaria (rúbrica); Claudia Ruiz Massieu Salinas, secretaria (rúbrica); Daniel Ordóñez Hernández, secretario (rúbrica); Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretario (rúbrica); José Porfirio Alarcón Hernández, Patricia Garduño Morales (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), José González Morfín, Omar Bazán Flores, Jesús González Schmal, Pablo Bedolla López (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), José Sigona Torres, Socorro Díaz Palacios, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Federico Madrazo Rojas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, Sergio Vázquez García (rúbrica).
 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX AL ARTÍCULO 34, RECORRIÉNDOSE EL ORDEN DE LA SUBSECUENTE, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXX al artículo 34, recorriéndose el orden de las subsecuentes de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Esta Comisión con fundamento en los artículos 39, 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la Minuta de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES

CONSIDERACIONES

a) Contenido de la Minuta

1. El artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las secretarías de Estado y departamentos administrativos, por lo que esta Cámara es competente para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y asignar una nueva facultad a la Secretaría de Economía.

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX AL ARTÍCULO 34, RECORRIÉNDOSE EL ORDEN DE LA SUBSECUENTE DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XXX, recorriéndose el orden de la subsecuente, al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 34. A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinte días del mes de abril de 2005.

Diputados: Julián Angulo Góngora, Presidente (rúbrica); David Hernández Pérez, secretario (rúbrica); Yolanda Guadalupe Valladares Valle, secretaria (rúbrica); Claudia Ruiz Massieu Salinas, secretaria (rúbrica); Daniel Ordóñez Hernández, secretario (rúbrica); Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretario (rúbrica); José Porfirio Alarcón Hernández, Patricia Garduño Morales (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), José González Morfín, Omar Bazán Flores, Jesús González Schmal, Pablo Bedolla López (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), José Sigona Torres, Socorro Díaz Palacios, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez, Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Federico Madrazo Rojas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, Sergio Vázquez García (rúbrica).
 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 112 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su análisis y dictamen, la Iniciativa que modifica y adiciona las fracciones V y VI al artículo 112 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos; somete a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen con Proyecto de Decreto, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada el día 19 de Octubre de 2004, fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen, la Iniciativa que modifica y adiciona las fracciones V y VI al artículo 112 a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, por la Diputada Jacqueline G. Argüelles Guzmán del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Tomando como base la información disponible así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

La iniciativa en estudio pretende modificar y adicionar las fracciones V y VI al artículo 112 a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Según el informe anual que presenta la Procuraduría Federal de Protección al ambiente en su informe del 2003 publicado en 2004, en México operan aproximadamente veintiséis mil establecimientos industriales y de servicios que generan residuos peligrosos, ubicados principalmente en ocho regiones prioritarias; Frontera Norte, Golfo de México, Puebla- Tlaxcala, Querétaro - León, Lerma - Toluca y Zonas Metropolitanas de Guadalajara, Monterrey y del Valle de México; en 2003 se visitaron 5,427 establecimientos de este tipo a través de 5,752 inspecciones y verificaciones, las cuales derivaron en la emisión de 3,745 resoluciones administrativas, de las que en 2,381 resoluciones se impusieron, además de medidas correctivas, sanciones económicas por ciento once punto cuatro millones de pesos.

En materia ambiental, los expertos coinciden en la necesidad de dar prioridad a la prevención y la reparación del daño sobre la represión, ya que ni con el pago de una sanción, en la mayoría de las ocasiones el daño causado puede ser reparado, al menos a corto y mediano plazo, dada la lentitud de los procesos regeneradores naturales, sin embargo, debido a la creciente comisión de infracciones en la materia, resulta necesario establecer las sanciones económicas; en el caso el de la figura del decomiso, resulta de urgente y obvia necesidad decomisarle al infractor los residuos peligrosos o cualquier material que puedan causar un daño ecológico irreparable al medio ambiente.

La ley otorga a la administración pública la facultad de imponer sanciones y también es ella quien fija los límites de este poder que le atribuye. La aplicación de las sanciones administrativas corresponden a la administración, la cual goza de un rango de discrecionalidad en la fijación de la sanción, pudiendo determinar el contenido de la sanción concreta, en función de la concurrencia de determinadas circunstancias objetivas y subjetivas. Lo normal, cualquiera que sea el caso, es el establecimiento de una cantidad dentro del rango mínimo y máximo sin exceder ninguno de los dos.

Como podemos percibir, el prescindir de sanciones administrativas tales como la multa o el decomiso de los bienes involucrados en el deterioro ambiental, serían una grave omisión cuyos efectos repercuten en la eficaz procuración de la legislación ambiental.

La reciente Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de octubre del 2003, excluye en su artículo 112 considerar a la multa y decomiso como sanciones, a pesar de que el artículo 107 hacen remisión a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para la imposición de sanciones, esto se refiere a los montos de la sanción y los elementos para motivarla, lo cual impide a este órgano desconcentrado que pueda aplicar la multa y el decomiso como sanciones en residuos peligrosos.

Con el fin de no dejar en estado de indefensión e incertidumbre jurídica al particular, debe acreditarse que la multa impuesta se encuentra comprendida en una disposición legal vigente, ya que tal obligación deviene de los artículos 21 en relación con el 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se exige que todos los actos de autoridades deben estar debidamente fundados y motivados. Esto significa que todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica del gobernado debe estar regulado en una ley o reglamento y contener las reglas para que las autoridades tengan la posibilidad de fijar su imposición, por lo que si no existen esos requisitos, la imposición de las sanciones en comento resultan ser violatorias de sus garantías individuales.

Por otra parte, la imposición de sanciones debe otorgarle a la autoridad la certeza de que la substanciación de un procedimiento por infracciones a la ley, será castigado a través de la multa o el decomiso evitando la impunidad para quienes no cumplan con sus obligaciones.

La reforma que se propone obedece a la necesidad de asegurar la actuación de la autoridad para que ésta en uso de sus facultades, pueda hacer cumplir la legislación ambiental.

Sin embargo esta Comisión dictaminadora, no considera procedente la adición de una fracción VI, en virtud de que la autoridad no cuenta con la estructura y capacidad suficiente para decomisar materiales o residuos peligrosos.

Con base en todo lo antes mencionado, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 112 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS.

Artículo Único. Se adiciona la fracción V al Artículo 112 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 112. ...

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 20 días del mes de abril de dos mil cinco.

Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta, (PVEM); Francisco J. Lara Arano (rúbrica), secretario, (PAN); Roberto A. Aguilar Hernández (rúbrica), secretario, (PRI); Carlos M. Rovirosa Ramírez, secretario, (PRI); José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretario, (PRD); Irene H. Blanco Becerra (rúbrica), PAN; Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), PAN; Raúl R. Chavarría Salas (rúbrica), PAN; Lorena Torres Ramos (rúbrica), PAN; Mario E. Dávila Aranda (rúbrica), PAN; Regina Vázquez Saut, PAN; María G. García Velasco (rúbrica), PAN; Guillermo Tamborrel Suárez, PAN; Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), PAN; Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), PRI; Julián Nazar Morales (rúbrica), PRI; Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), PRI; Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), PRI; Óscar Félix Ochoa (rúbrica), PRI; Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), PRI; Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), PRI; Jacobo Sánchez López (rúbrica), PRI; Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), PRI; Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), PVEM; Pascual Sigala Páez (rúbrica), PRD; Carlos Silva Valdés, PRD; María del Rosario Herrera Ascencio, PRD; Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), PRD; Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), PRD.
 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO AL ARTÍCULO 111 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su análisis y dictamen, la Iniciativa que adiciona los párrafos tercero, cuarto y quinto al artículo 111 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos; somete a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen con Proyecto de Decreto, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada el día 25 de Noviembre de 2004, fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen, la Iniciativa que adiciona los párrafos tercero, cuarto y quinto al artículo 111 a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, por la Diputada Jacqueline G. Argüelles Guzmán del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Tomando como base la información disponible así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

La iniciativa en estudio pretende adicionar los párrafos tercero, cuarto y quinto al artículo 111 a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Uno de los problemas ambientales que requiere mayor atención en México es el relativo al manejo de residuos sólidos y peligrosos, ya que la cantidad y las características de los residuos generados están creciendo de tal forma que rebasan la capacidad de los ecosistemas para integrarlos nuevamente a los ciclos naturales.

A lo largo de la historia ambiental, el sector industrial se ha caracterizado por provocar una mayor degradación ambiental, debido en gran parte, a los productos químicos utilizados en sus procesos de producción, donde se genera altos niveles de residuos sólidos y en la mayoría residuos peligrosos que contaminan nuestro medio ambiente de manera irreversible, no hay que perder de vista que no sólo la industria es causante de este problema, cada persona contribuye, en grados diferentes, a la generación de residuos contaminantes ya que los residuos peligrosos se generan prácticamente en todas las actividades humanas, inclusive en el hogar.

Con la expedición de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre del 2003, se ha tratado de normar de la mejor manera, entre otros aspectos, el tratamiento y disposición de los residuos y a su vez se han estipulado las sanciones a las que se hace acreedor el infractor de la ley. Las infracciones a la ley sobre residuos pueden dar lugar a la imposición sanciones importantes, entre las que se contempla siempre la posibilidad de el cierre definitivo o temporal de la instalación emisora de los residuos, pero también da pie a la remediación de sitios contaminados, aunado a que la Ley General del Equilibrio ecológico y la Protección al Ambiente en su articulado contempla diversas sanciones.

Es de considerarse que, los párrafos que se proponen para adición al artículo 111 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, en ningún momento rechazan o sustituyen la reparación del daño causado al medio ambiente ya que independientemente de que la autoridad sancione con dicha reparación, sabemos que el daño causado muchas veces es irreparable por lo que, son necesarios para no dejar lagunas de procedimiento al momento de que la autoridad administrativa dicte su resolución.

Dentro de los párrafos que se propone adicionar se establece la figura jurídica de la reconsideración , es decir, la autoridad ambiental tiene la facultad de revocar o modificar las multas impuestas a aquellos infractores que han violentado el estado de Derecho en materia ambiental, y que obviamente han sido sancionados por la autoridad administrativa, siempre y cuando los mismos hayan cumplido con una serie de medidas que establece la misma norma; que no sean reincidentes y que no entren dentro del supuesto que marca el artículo 170 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es decir, que no exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño y deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública.

Con este mecanismo, se busca reconocer los esfuerzos materiales y económicos de los infractores, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad, y también se pretende irlos involucrando en la protección del medio ambiente, concientizándolos sobre el deber que tienen de asumir los costos del daño ambiental generado por sus actividades.

Por las razones antes expuestas, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales , somete a la consideración de esta LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO AL ARTÍCULO 111 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS.

Artículo Único.- Se adicionan los párrafos tercero y cuarto al Artículo 111 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 111.- ...

...

En la resolución administrativa correspondiente, se señalaran o, en su caso, adicionaran, las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas y las sanciones a que se hubiere hecho acreedor.

Dentro de los cinco días hábiles que sigan al vencimiento del plazo otorgado al infractor para subsanar las deficiencias e irregularidades observadas, este deberá comunicar por escrito y en forma detallada a la autoridad ordenadora, haber dado cumplimiento a las medidas ordenadas en los términos del requerimiento respectivo.

TRANSITORIO.

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta, (PVEM); Francisco J. Lara Arano (rúbrica), secretario, (PAN); Roberto A. Aguilar Hernández (rúbrica), secretario, (PRI); Carlos M. Rovirosa Ramírez, secretario, (PRI); José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretario, (PRD); Irene H. Blanco Becerra (rúbrica), PAN; Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), PAN; Raúl R. Chavarría Salas (rúbrica), PAN; Lorena Torres Ramos (rúbrica), PAN; Mario E. Dávila Aranda (rúbrica), PAN; Regina Vázquez Saut, PAN; María G. García Velasco (rúbrica), PAN; Guillermo Tamborrel Suárez, PAN; Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), PAN; Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), PRI; Julián Nazar Morales (rúbrica), PRI; Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), PRI; Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), PRI; Óscar Félix Ochoa (rúbrica), PRI; Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), PRI; Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), PRI; Jacobo Sánchez López (rúbrica), PRI; Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), PRI; Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), PVEM; Pascual Sigala Páez (rúbrica), PRD; Carlos Silva Valdés, PRD; María del Rosario Herrera Ascencio, PRD; Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), PRD; Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), PRD.
 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 1, FRACCIÓN XIII, 7, FRACCIÓN VIII Y 101; Y ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 104 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su análisis y dictamen, la Iniciativa que modifica la fracción XIII del artículo 1, fracción VIII del artículo 7 y del artículo 101, se cambia la denominación del Capítulo II, y se adiciona un primer párrafo al artículo 104 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos; somete a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen con Proyecto de Decreto, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada el día 19 de Octubre de 2004, fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen, la Iniciativa que modifica la fracción XIII del artículo 1, fracción VIII del artículo 7 y del artículo 101, se cambia la denominación del Capítulo II, y se adiciona un primer párrafo al artículo 104 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, por el Diputado Manuel Velasco Coello del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Tomando como base la información disponible así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

La iniciativa en estudio pretende modificar la fracción XIII del artículo 1, fracción VIII del artículo 7 y del artículo 101, se cambia la denominación del Capítulo II, y se adiciona un primer párrafo al artículo 104 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Para todos es conocido que la problemática de la contaminación provocada por los residuos abarca múltiples dimensiones, ya que implica el deterioro del aire, del agua, del suelo y de las cadenas alimenticias, salud, etc.; asimismo, no se puede hablar de que éste problema es competencia local o estatal o incluso internacional ya que no se puede controlar las sustancias contaminantes contenidas en los residuos, en caso de que estas sustancias salgan de control no hay forma eficaz de controlar su expansión y el daño causado al medio ambiente muchas veces es irreparable.

Dentro de los objetivos señalados en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su exposición de motivos, está que buscará siempre la protección de la salud pública y los ecosistemas mediante la prevención de la generación de residuos peligrosos, buscando políticas de minimización, reciclaje y recuperación de dichos materiales, sin embargo, con el movimiento de globalización que se viene dando es imposible eliminar por completo la utilización de sustancias que generan residuos peligrosos, nos queda claro que se tiene que prever la promoción de inversiones en infraestructura para el mejor manejo y disposición de los residuos peligrosos, debiéndose los usuarios de éstos, responsabilizarse por el uso que les den.

La necesidad del presente decreto es dejar claro que, aunque la normatividad ambiental prevé la posibilidad de imponer medidas correctivas a efecto de que el infractor cumpla con las disposiciones que ha dejado de observar, cuando se ha detectado su incumplimiento a través de una visita de inspección y a pesar de que en los artículos 111 y 112 incisos a) y c) de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos se hace referencia a las medidas correctivas, se observa que en el texto de dicha Ley no se indica con claridad en que consisten, ni la autoridad facultada para imponerlas, pues únicamente se encuentran disposiciones relativas a las medidas de seguridad.

Por las razones antes expuestas, esta Comisión somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS.

Artículo Único.- Se reforman los Artículos 1o. fracción XIII; 7 fracción VIII y 101 y se adiciona un primer párrafo, recorriéndose los demás párrafos en su orden al Artículo 104 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 1o.- ...

...

Artículo 104. Si de las visitas de inspección se desprenden infracciones a la presente Ley, en el emplazamiento respectivo la autoridad ordenadora requerirá al interesado, cuando proceda, mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las medidas correctivas que, en su caso, resulten necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, así como los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones respectivas, señalando el plazo que corresponda para su cumplimiento, fundado y motivado el requerimiento.

...

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta, (PVEM); Francisco J. Lara Arano (rúbrica), secretario, (PAN); Roberto A. Aguilar Hernández (rúbrica), secretario, (PRI); Carlos M. Rovirosa Ramírez, secretario, (PRI); José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretario, (PRD); Irene H. Blanco Becerra (rúbrica), PAN; Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), PAN; Raúl R. Chavarría Salas (rúbrica), PAN; Lorena Torres Ramos (rúbrica), PAN; Mario E. Dávila Aranda (rúbrica), PAN; Regina Vázquez Saut, PAN; María G. García Velasco (rúbrica), PAN; Guillermo Tamborrel Suárez, PAN; Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), PAN; Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), PRI; Julián Nazar Morales (rúbrica), PRI; Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), PRI; Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), PRI; Óscar Félix Ochoa (rúbrica), PRI; Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), PRI; Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), PRI; Jacobo Sánchez López (rúbrica), PRI; Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), PRI; Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), PVEM; Pascual Sigala Páez (rúbrica), PRD; Carlos Silva Valdés, PRD; María del Rosario Herrera Ascencio, PRD; Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), PRD; Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), PRD.
 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 167 BIS, 167 BIS 1, 167 BIS 2, 167 BIS 3 Y 167 BIS 4 A LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su análisis y dictamen, la Iniciativa que adiciona los artículos 167 Bis, 167 Bis 1, 167 Bis 2, 167 Bis 3 y 167 Bis 4 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos; somete a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen con Proyecto de Decreto, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En sesión celebrada el día 30 de Noviembre de 2004, fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen, la Iniciativa que adiciona los artículos 167 Bis, 167 Bis 1, 167 Bis 2, 167 Bis 3 y 167 Bis 4 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por la Diputada Jacqueline G. Argüelles Guzmán del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Tomando como base la información disponible así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

La iniciativa en estudio pretende adicionar los artículos 167 Bis, 167 Bis 1, 167 Bis 2, 167 Bis 3 y 167 Bis 4 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), es el organismo encargado del estricto cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. El objetivo principal es son contener la destrucción de nuestros recursos naturales y revertir los procesos de deterioro ambiental, mediante la inspección y vigilancia al cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable a las actividades industriales y de servicios, y al aprovechamiento de los recursos naturales; así como a través del fomento de esquemas y mecanismos voluntarios para el cumplimiento de la normatividad ambiental en las actividades industriales y de servicios y en el aprovechamiento de los recursos naturales.

Para llevar a cabo lo anterior y estar en posibilidad de dar debido cumplimiento a dicho objetivo, se ha intensificado la instauración de procedimientos administrativos de inspección y vigilancia , en los que la autoridad en la materia ha impuesto severas sanciones por infracciones a los diversos ordenamientos ambientales, siendo estos un medio efectivo de detección de los responsables, que ya sea por acción u omisión afectan el ambiente. La autoridad ambiental tiene la responsabilidad de iniciar y concluir los procedimientos jurídicos necesarios para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en el territorio nacional, así como procurar de manera urgente el desarrollo de los instrumentos de acceso a la justicia administrativa ambiental, en beneficio de los gobernados al resolver en todos los casos sobre el fondo de la cuestión planteada en el procedimiento administrativo.

La reforma que hoy nos ocupa, nace debido a la problemática que existe en materia de notificaciones, ya que por ser un órgano desconcentrado, no cuenta con recursos propios y como el trabajo que se realiza principalmente es a través de sus Delegaciones en las Entidades Federativas, esto implica la erogación excesiva de recursos financieros, materiales y humanos, además de vehículos, gasolina y notificadores, infraestructura con la que por lo general no cuentan dichas Unidades Administrativas y por ende resulta extremadamente difícil llevarlas a cabo.

Son una gran cantidad de procedimientos administrativos los que se inician día con día por el ejercicio de esta facultad verificativa, ya que la materia administrativa es demasiado extensa aunado a la problemática que se presenta por las características mismas de la materia , en la cual no se requiere el impulso de las partes para llevarlo a termino. En materia ambiental, por ejemplo, a diario se realizan actos administrativos tendientes a procurar el cumplimiento de la normatividad ambiental, los que ante la inconformidad de los particulares afectados, en las más de las ocasiones son recurridos mediante el recurso interno correspondiente dándose inicio a procedimientos administrativos en los que se impugnan los actos de las autoridades ambientales.

En busca de robustecer las acciones emprendidas, la propuesta de adiciones que se plantean, obedece a que en reiteradas ocasiones es sumamente difícil realizar las notificaciones de las resoluciones y demás actos de autoridad, por diversos factores por ejemplo, que se desconoce el domicilio de los infractores o bien éstos no señalan domicilio en la sede de la autoridad administrativa, etc., lo que dificulta, entorpece y retrasa el curso de los procedimientos administrativos.

Es de reconocerse que existe en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo como en el Código Federal de Procedimientos Civiles, la figura de los edictos, por medio de los cuales se pueden llevar a cabo las notificaciones que requiera efectuar la autoridad durante el ejercicio de sus facultades, sin embargo los procedimientos que inicia la autoridad ambiental en todo el territorio nacional hacen prácticamente imposible la utilización de dicho medio, en virtud de que su aplicación resulta bastante oneroso.

El hecho de no poder llevar a cabo las notificaciones de forma expedita y eficaz tiene como consecuencia el rezago de los expedientes, y por ende la imposibilidad de continuar con los procedimientos administrativos, situación que atenta a todas luces en contra de los principios rectores de la política de procuración de justicia ambiental.

Bajo este esquema, se pretende incorporar a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente un conjunto de normas jurídicas que establecen las diversas clases y los requisitos de las notificaciones; procurando evitar formulismos innecesarios, de modo tal que no impliquen una violación a las garantías constitucionales del gobernado y que generen certidumbre, al tiempo que permita a la autoridad ambiental desarrollar sus funciones de una forma adecuada, expedita y eficaz en beneficio del medio ambiente y de un acceso a la justicia ambiental.

Las notificaciones son reguladas por los artículos 167 Bis, 167 Bis 1, 167 Bis 2, 167 Bis3 y 167 Bis 4 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. El artículo 167 Bis refiere los tipos de notificaciones , prevaleciendo la de carácter personal o por correo certificado con acuse de recibo, se incorpora la notificación por rotulón con el objeto de poder notificar validamente a los interesados cuando la persona a quien deba notificarse no pueda ser ubicada después de iniciadas las facultades de inspección, vigilancia o verificación, o bien cuando se oponga a la diligenciación, o cuando no hubiera señalado domicilio en la circunscripción territorial de la autoridad ordenadora.

Del mismo modo se conserva la notificación por edictos cuando se desconozca el domicilio del interesado o en su caso cuando la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, se ignore su domicilio o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal, diferenciándose de la prevista en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en virtud de que el artículo 167 Bis 2 da la posibilidad para que la autoridad pueda optar para publicar el edicto en el Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta o Periódico oficial de la Entidad Federativa en la que tenga su sede la Unidad Administrativa que conozca del asunto. Asimismo y con la misma intención de dar celeridad al procedimiento sin dejar de lado las garantías del debido proceso y de legalidad de que debe estar revestido todo acto administrativo.

Por su parte el artículo 167 Bis 1 se encarga de establecer la forma de proceder en la realización de notificaciones personales, las cuales se harán en el domicilio del interesado o en el último domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante las Autoridades Administrativas de la Secretaría. Así mismo se establece la obligación del notificador para cerciorarse que se constituye en el domicilio del interesado, entregando copia del acto que se notifique y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia.

También se prevé la obligación de entender la notificación personal con la persona que deba ser notificada o su representante legal; y se prevé el mecanismo a seguir en caso de no encontrarse éstos en el domicilio respectivo.

En el artículo 167 Bis 3 se señalan los tiempos en que surtirán efectos las notificaciones, para finalmente prever en el artículo 167 Bis 4 que toda notificación deberá efectuarse en un plazo máximo de quince días hábiles, contados a partir de la emisión de la resolución o acto que se notifique y deberá contener el texto integro del acto, así como el fundamento legal en que se apoye con la indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, y en su caso, la expresión del recurso administrativo que contra la misma proceda, órgano ante la cual hubiera de presentarse y plazo para su interposición.

La iniciativa de adiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, contiene importantes avances en la regulación jurídica de las notificaciones, porque al tratarse en forma sistemática se mejorará la actuación de los órganos de la administración pública federal en el ejercicio de sus atribuciones, dándose mayor certidumbre jurídica a sus actos y se ampliará la tutela de los derechos y las libertades de los particulares frente aquellos.

Por las razones antes expuestas, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, somete a la consideración de esta LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 167 BIS, 167 BIS 1, 167 BIS 2, 167 BIS 3 Y 167 BIS 4 A LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

Artículo Único.- Se adicionan los Artículos 167 Bis, 167 Bis 1, 167 Bis 2, 167 Bis 3, 167 Bis 4 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 167 Bis.- Las notificaciones de los actos administrativos dictados con motivo de la aplicación de esta Ley, se realizarán:

Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará en un lugar visible del mismo, o con el vecino más inmediato.

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio, o con el vecino más cercano, lo que se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez.

De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón por escrito.

Artículo 167 Bis 2.- Las notificaciones por edictos se realizarán haciendo publicaciones que contendrán un resumen de los actos por notificar. Dichas publicaciones deberán efectuarse por dos días consecutivos en el Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta o Periódico oficial de la Entidad Federativa en la que tenga su sede la Unidad Administrativa que conozca del asunto y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la Entidad Federativa correspondiente.

Artículo 167 Bis 3.- Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquel en que se haya surtido efectos la notificación.

Se tendrá como fecha de notificación por correo certificado la que conste en el acuse de recibo.

En las notificaciones por edictos se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación en el Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta o Periódico Oficial de la Entidad Federativa en la que se tenga su sede la Unidad Administrativa de la Secretaría que ordenó la publicación y en un de los periódicos diarios de mayor circulación en la Entidad Federativa correspondiente.

Las notificaciones por rotulón surtirán sus efectos al día hábil siguiente al de la fijación del mismo.

Artículo 167 Bis 4.- Toda notificación deberá efectuarse en un plazo máximo de quince días hábiles, contados a partir de la emisión de la resolución o acto que se notifique, y deberá contener el texto íntegro del acto, así como el fundamento legal en que se apoye con la indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, y en su caso, la expresión del recurso administrativo que contra la misma proceda, órgano ante el cual hubiera de presentarse y plazo para su interposición.

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 20 días del mes de abril de dos mil cinco.

Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta, (PVEM); Francisco J. Lara Arano (rúbrica), secretario, (PAN); Roberto A. Aguilar Hernández (rúbrica), secretario, (PRI); Carlos M. Rovirosa Ramírez, secretario, (PRI); José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretario, (PRD); Irene H. Blanco Becerra (rúbrica), PAN; Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), PAN; Raúl R. Chavarría Salas, PAN; Lorena Torres Ramos (rúbrica), PAN; Mario E. Dávila Aranda (rúbrica), PAN; Regina Vázquez Saut, PAN; María G. García Velasco (rúbrica), PAN; Guillermo Tamborrel Suárez, PAN; Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), PAN; Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), PRI; Julián Nazar Morales (rúbrica), PRI; Víctor Manuel Alcerreca Sánchez, PRI; Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), PRI; Óscar Félix Ochoa (rúbrica), PRI; Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), PRI; Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), PRI; Jacobo Sánchez López (rúbrica), PRI; Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), PRI; Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), PVEM; Pascual Sigala Páez (rúbrica), PRD; Carlos Silva Valdés, PRD; María del Rosario Herrera Ascencio, PRD; Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), PRD; Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), PRD.
 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fueron turnadas para su análisis y dictamen, las siguientes Iniciativas:

1.- Iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 56 de la Ley General de Vida Silvestre, presentada por el Diputado Jorge Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

2.- Iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 49 de la Ley General de Vida Silvestre, presentada por el Diputado Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos; somete a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen con Proyecto de Decreto, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

Primero: En sesión celebrada el día 07 de Diciembre de 2004 fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 56, de la Ley General de Vida Silvestre, presentada por el Diputado Jorge Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Segundo: En sesión celebrada el día 17 de Febrero de 2005 fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 49, de la Ley General de Vida Silvestre, por el Diputado Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Tomando como base la información disponible así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

I.- La iniciativa en estudio pretende reformar los artículos 49 y 56 de la Ley General de Vida Silvestre.

II.- En lo relativo a la primera iniciativa (adición al artículo 56) la comisión dictaminadora la considera procedente y coincidimos con el proponente en la necesidad de mantener actualizados los listados nacionales de especies en riesgo, para lo cual debemos discurrir lo siguiente:

La rápida destrucción de los ecosistemas más diversos del mundo, especialmente en los trópicos, ha llevado a los expertos a concluir que probablemente una cuarta parte de la totalidad de la diversidad biológica del planeta está en serio peligro de extinción durante los próximos 20-30 años.

Las tasas de extinción predicen que una de cada cincuenta especies del total que hoy pueblan la Tierra habrá desaparecido a finales del siglo XXI.

Sabemos que las políticas de conservación y manejo de la biodiversidad biológica deben ser definidos considerando los tres niveles básicos de organización de la biodiversidad y éstas deberán ser agrupadas, sistematizadas, jerarquizadas y analizadas de acuerdo con el nivel de organización biológica que estemos tratando.

Desde 1994 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) adoptó un conjunto de reglas, las Categorías de Clasificación de Especies Amenazadas en las Listas Rojas y en los Libros Rojos. Ese sistema cuantitativo sustituyó a una serie de definiciones cualitativas existentes desde comienzos del decenio de 1960, muy difundidas y ampliamente utilizadas en círculos científicos, políticos y en otros contextos para poner de relieve la situación que guardaban de las especies más amenazadas del planeta.

En ese mismo sentido, nuestro país publicó un listado de especies en categoría de riesgo, la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994, de Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo; este ordenamiento fue actualizado y reformado hasta fines del año 2001, lo que nos deja un periodo de vigencia de 7 años.

En vista de lo anterior reflexionemos, que los principales procesos que rigen la extinción son antropogénicos y resultan de la pérdida de hábitat, la explotación excesiva, las especies introducidas y las interacciones entre todos esos factores. Hay muchos subtipos dentro de cada uno de los procesos principales mencionados. Esos procesos pueden considerarse fuerzas extrínsecas, es decir, las causas últimas de la extinción, o agentes subyacentes según el "paradigma de la población en disminución". Son estos procesos los que crean clara diferencia en los actuales espasmos de extinción de los períodos anteriores.

Es fundamental comprender la naturaleza de los procesos de amenazas antropogénicas, debido a su inmensa importancia y puesto que es factible que sus efectos se modifiquen de manera no lineal con el aumento de la densidad demográfica humana causando la desaparición de mas especies de las esperadas hasta hace algunos años, es por ello que debemos mantener al día los listados de especies en riesgo para tomar las acciones necesarias para preservar la biodiversidad de nuestro país.

III.- En lo correspondiente a la segunda iniciativa (reforma al artículo 49), la comisión dictaminadora la considera procedente toda vez que:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE.

Artículo Único: Se reforman los Artículos 49 segundo párrafo y 56 segundo párrafo de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Artículo 49.- ...

Las listas respectivas serán revisadas y actualizadas cada 3 años o antes si se presenta información suficiente para la inclusión, exclusión o cambio de categoría de alguna especie o población. Las listas y sus actualizaciones indicarán el género, la especie y, en su caso, la subespecie y serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Ecológica.

TRANSITORIO

Único. EL presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 20 días del mes de abril de dos mil cinco.

Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta, (PVEM); Francisco J. Lara Arano, secretario, (PAN); Roberto A. Aguilar Hernández, secretario, (PRI); Carlos M. Rovirosa Ramírez, secretario, (PRI); José Luis Cabrera Padilla, secretario, (PRD); Irene H. Blanco Becerra (rúbrica), PAN; Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), PAN; Raúl R. Chavarría Salas, PAN; Lorena Torres Ramos (rúbrica), PAN; Mario E. Dávila Aranda (rúbrica), PAN; Regina Vázquez Saut, PAN; María G. García Velasco (rúbrica), PAN; Guillermo Tamborrel Suárez, PAN; Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), PAN; Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), PRI; Julián Nazar Morales (rúbrica), PRI; Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), PRI; Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), PRI; Óscar Félix Ochoa (rúbrica), PRI; Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), PRI; Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), PRI; Jacobo Sánchez López (rúbrica), PRI; Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), PRI; Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), PVEM; Pascual Sigala Páez (rúbrica), PRD; Carlos Silva Valdés, PRD; María del Rosario Herrera Ascencio, PRD; Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), PRD; Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), PRD.
 
 
 
DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO ALFONSO BARNETCHE POUS PARA ACEPTAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO DE CÓNSUL HONORARIO DE LA REPÚBLICA PORTUGUESA EN LA CIUDAD DE CANCÚN, CON CIRCUNSCRIPCIÓN CONSULAR EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Honorable Asamblea:

En oficio de fecha 7 de abril de 2005, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alfonso Barnetche Pous, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Portuguesa en la ciudad de Cancún, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 19 de abril del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede permiso al ciudadano Alfonso Barnetche Pous, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Portuguesa en la ciudad de Cancún, con circunscripción consular en el estado de Quintana Roo.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF., a 20 de abril de 2005.

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; David Hernández Pérez (rúbrica), secretario; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), secretaria; Miguelángel García-Domínguez, secretario; Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), secretaria; Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Patricia Garduño Morales, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Omar Bazán Flores, Jesús González Schmal (rúbrica), Pablo Bedolla López (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Federico Madrazo Rojas, José Luis Briones Briseño, José Sigona Torres (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández, Gonzalo Moreno Arévalo, Consuelo Muro Urista (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina, José Eduviges Nava Altamirano.