• Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Ejecutivo federal a instruir a diversas secretarías de Estado y a diversos gobernadores para que sus dependencias responsables de los asuntos de medio ambiente y equilibrio ecológico acaten las normas ambientales y coordinen acciones a fin de hacer más eficiente el ejercicio de sus funciones, a cargo del diputado Humberto Cervantes Vega, integrante de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos.

 
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Ejecutivo federal a instruir a diversas secretarías y a diversos gobernadores para que las acciones en materia de servicios de energía, comunicaciones, transportes, vialidades, vivienda y demás elementos de infraestructura básica, así como los de salud, educación, cultura, esparcimiento y deporte que realice cualquier entidad pública o privada, se incluyan en los programas de desarrollo establecidos en los estados y los municipios afectados por los trabajos del proyecto de la cuenca de Burgos, a cargo del diputado Humberto Cervantes Vega, integrante de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos.

 
• Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya a las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, así como a Petróleos Mexicanos, para que realicen las gestiones y adopten las medidas necesarias a fin de que las actividades de la paraestatal citada se orienten a impulsar el desarrollo de la región y del país, a cargo del diputado Humberto Cervantes Vega, integrante de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Pleno de la Cámara de Diputados autorización para celebrar el segundo Foro de consulta ciudadana para el análisis de la problemática de la cuenca de Burgos, a cargo del diputado Humberto Cervantes Vega, integrante de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos.

 
• Con punto de acuerdo, para reestructurar Pemex en función de los intereses nacionales, considerando diversos conceptos que señala esta propuesta, a cargo del diputado Humberto Cervantes Vega, integrante de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal la suspensión de la publicidad en los medios electrónicos de los programas sociales y asistenciales donde se menciona la frase "el gobierno de Fox", a cargo de la diputada Laura Elena Martínez Rivera, del grupo parlamentario del PRI.

 
• Con punto de acuerdo, para solicitar que comparezca ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el director general del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, a fin de que explique la situación de las muestras de virus de influenza H2N2 encontradas en nuestro país, a cargo del diputado José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del PAN.

 
• Con punto de acuerdo, para solicitar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos la actualización del Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, a cargo del diputado Horacio Martínez Meza, del grupo parlamentario del PRD.

 
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT y a la SHCP a que, en el ejercicio de sus funciones y competencias, liberen los recursos destinados a la realización del proyecto de ampliación de la infraestructura portuaria de Puerto Vallarta, a cargo del diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del PRI.

 
• Con punto de acuerdo, para solicitar al subsecretario de Infraestructura Carretera de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al secretario de la Función Pública que comparezcan y expliquen ante las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados por qué no se han reanudado los trabajos de las carreteras Lagos de Moreno-Las Amarillas y Lagos de Moreno-León; y exhortar al procurador general de la República a que consigne conforme a derecho la averiguación previa 3554/04, que se encuentra en la delegación Jalisco de la PGR, e informe amplia y detalladamente a esta soberanía sobre el estatus de dicha averiguación, a cargo del diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN.

 
• Con punto de acuerdo, para solicitar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos la actualización del Reglamento de Cooperativas Escolares, a cargo del diputado Horacio Martínez Meza, del grupo parlamentario del PRD.

 
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del PAN.

 
• Con punto de acuerdo, para que las Comisiones de Energía, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados soliciten a las comisiones de la Cámara de Senadores encargadas de dictaminar la minuta de la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Derechos, aprobada por esta soberanía el 28 de octubre de 2004, que sesionen en conferencia, a cargo del diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del PRD.

• A las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, a solicitud del diputado Arturo Robles Aguilar, del grupo parlamentario del PRI.

Los suscritos, diputados integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten presentar ante esta Honorable Asamblea una Proposición con Punto de Acuerdo con el fin de exhortar al Titular del Ejecutivo Federal que instruya a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía y de la Función Pública, así como a Petróleos Mexicanos, y solicitar a los Gobernadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas que instruyan a sus dependencias responsables de los asuntos del medio ambiente y el equilibrio ecológico, para que en los trabajos que realiza dicho organismo público se acaten las normas ambientales y, por otra parte, las dependencias de los Ejecutivos Federal y de los Estados que se mencionan, coordinen sus acciones para hacer más eficiente el ejercicio de sus funciones, como precisa esta propuesta, suscrita por los Diputados que integran la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados.

Antecedente

En 2004 se creó la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, cuyo objeto es "dar seguimiento al Proyecto Integral de la Cuenca de Burgos que desarrolla Petróleos Mexicanos, a través de su subsidiaria Pemex Exploración y Producción, para la explotación de los yacimientos de energéticos en esa región; detectar la problemática que dicha explotación genere en los municipios y estados en que se encuentra localizada, y su impacto ambiental, para manifestarla oportunamente, así como realizar las acciones legislativas que aseguren un desarrollo sustentable y equilibrado de la zona que beneficie directa e indirectamente a la comunidad nacional".

Consideraciones

Punto de Acuerdo

Único. Que se proponga al Congreso de la Unión y a los Congresos de las entidades que se mencionan que realicen los esfuerzos necesarios para lograr la armonización de las leyes federales y estatales en estas materias. Que se exhorte al Titular del Ejecutivo Federal para que instruya a las Secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía y de la Función Pública, así como a Petróleos Mexicanos, y se solicite a los Gobernadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas que instruyan a sus dependencias responsables de los asuntos del medio ambiente y el equilibrio ecológico, para que en los trabajos que realiza Petróleos Mexicanos se acaten las normas ambientales y, por otra parte, las dependencias del Ejecutivo Federal y de los Ejecutivos de los Estados que se mencionan, coordinen sus acciones para hacer más eficiente el ejercicio de sus funciones, adoptando, por lo menos, las siguientes medidas:

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A DIVERSAS SECRETARÍAS Y A DIVERSOS GOBERNADORES PARA QUE LAS ACCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS DE ENERGÍA, COMUNICACIONES, TRANSPORTES, VIALIDADES, VIVIENDA Y DEMÁS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA, ASÍ COMO LOS DE SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE QUE REALICE CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA, SE INCLUYAN EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO ESTABLECIDOS EN LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DE LA CUENCA DE BURGOS, A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO CERVANTES VEGA, INTEGRANTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA CUENCA DE BURGOS

Los suscritos, diputados integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten presentar ante esta Honorable Asamblea una proposición con Punto de Acuerdo con el fin de exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal, que instruya a las Secretarías de Desarrollo Social, Energía, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Salud y de la Función Pública, así como a Petróleos Mexicanos y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Comisión Nacional del Deporte, y solicitar a los Gobiernos de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, para que las acciones que en materia de energía, comunicaciones y transportes, vialidades, vivienda y demás elementos de infraestructura básica, así como los de salud, educación, cultura, esparcimiento y deporte que realice cualquier entidad pública o privada se incluyan en los programas de desarrollo establecidos en los Estados y Municipios afectados por los trabajos del Proyecto de la Cuenca de Burgos, para evitar duplicidades e ineficiencias, lograr el mayor aprovechamiento de los recursos e impulsar así el desenvolvimiento de las comunidades de la región, conforme a lo siguiente:

Antecedente

En abril de 2004, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo con el que se creó la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, que en sus considerandos describe los aspectos más relevantes de la región y del proyecto, sus dimensiones y metas, y se define su objeto: "dar seguimiento al Proyecto Integral de la Cuenca de Burgos que desarrolla Petróleos Mexicanos, a través de su subsidiaria Pemex Exploración y Producción, para la explotación de los yacimientos de energéticos en esa región; detectar la problemática que dicha explotación genere en los municipios y estados en que se encuentra localizada, y su impacto ambiental, para manifestarla oportunamente, así como realizar acciones legislativas que aseguren un desarrollo sustentable y equilibrado de la zona que beneficie directa e indirectamente a la comunidad nacional".

Consideraciones

Punto de Acuerdo

Único. Exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya a las Secretarías de Desarrollo Social, Energía, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Salud, y de la Función Pública, así como a Petróleos Mexicanos y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Comisión Nacional del Deporte, y solicitar a los Gobiernos de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, que las acciones en materia de servicios de energía, comunicaciones, transportes, vialidades, vivienda y demás elementos de infraestructura básica, así como los de salud, cultura, educación, esparcimiento y deporte que realice cualquier entidad pública o privada se incluyan en los programas de desarrollo establecidos en los Estados y Municipios afectados por los trabajos del Proyecto de la Cuenca de Burgos, para evitar duplicidades e ineficiencias, lograr el mayor aprovechamientote los recursos e impulsar así el desenvolvimiento de las comunidades de la región.

De los avances al respecto, se informará a la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos de la Cámara de Diputados cada tres meses.

Dip. Humberto Cervantes Vega (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE INSTRUYA A LAS SECRETARÍAS DE ENERGÍA, DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO A PETRÓLEOS MEXICANOS, PARA QUE REALICEN LAS GESTIONES Y ADOPTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE QUE LAS ACTIVIDADES DE LA PARAESTATAL CITADA SE ORIENTEN A IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA REGIÓN Y DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO CERVANTES VEGA, INTEGRANTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA CUENCA DE BURGOS

Los suscritos, diputados integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten presentar ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo con el fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya a las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, así como a Petróleos Mexicanos (Pemex) para que realicen las gestiones y adopten las medidas necesarias para que las actividades de la paraestatal citada en último término se orienten a impulsar el desarrollo de la región, conforme a lo siguiente:

Antecedente

Con fecha de 2004 se creó la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, cuyo objeto es "dar seguimiento al Proyecto Integral de la Cuenca de Burgos que desarrolla Petróleos Mexicanos, a través de su subsidiaria Pemex Exploración y Producción, para la explotación de los yacimientos de energéticos en esa región; detectar la problemática que dicha explotación genere en los municipios y estados en que se encuentra localizada, y su impacto ambiental, para manifestarla oportunamente, así como realizar las acciones legislativas que aseguren un desarrollo sustentable y equilibrado de la zona que beneficie directa e indirectamente a la comunidad nacional".

Consideraciones

Punto de Acuerdo

Único: Exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya a las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, así como a Petróleos Mexicanos (Pemex), para que realicen las gestiones y adopten las medidas para que las actividades de la paraestatal citada en último término se orienten a impulsar el desarrollo de la región, adoptando al efecto las siguientes medidas:

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL PLENO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR EL SEGUNDO FORO DE CONSULTA CIUDADANA PARA EL ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA CUENCA DE BURGOS, A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO CERVANTES VEGA, INTEGRANTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA CUENCA DE BURGOS

Los suscritos diputados integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten presentar ante esta honorable asamblea, con el carácter de urgente u obvia resolución, una proposición con punto de acuerdo para solicitar del Pleno de la Cámara de Diputados autorización para la celebración del segundo Foro de consulta ciudadana para el análisis de la problemática de la cuenca de Burgos, conforme a lo siguiente:

Antecedentes

Se llevaron a cabo sesiones públicas en Monterrey, Nuevo León; en Sabinas, Coahuila; en Reynosa, Tamaulipas, y el 6 de diciembre de 2004, tuvo lugar en Saltillo, Coahuila, la sesión de conclusiones del primer Foro de propuestas y opiniones de consulta ciudadana para el análisis de la cuenca de Burgos, según fue informado oportunamente a esta soberanía por conducto de su Presidente de la Mesa Directiva.

Como resultado de dicho Foro se inició la instrumentación de una serie de medidas, por conducto de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión de Desarrollo Social, así como con la presentación de una Proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal, que instruya a las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, así como a Petróleos Mexicanos (Pemex), a que realicen las gestiones y adopten las medidas necesarias para que las actividades de la paraestatal citada en último término se orienten a impulsar el desarrollo de la región y del país.

En el primer Foro de propuestas y opiniones de consulta ciudadana para el análisis de la cuenca de Burgos participaron representantes de todos los sectores interesados, expertos académicos e instituciones de educación superior públicas y privadas, quienes externaron su visión sobre los problemas y sus opiniones, las que han sido importantes para el desarrollo de los trabajos realizados hasta el momento.

Consideraciones

Que la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos tiene por objeto "dar seguimiento al Proyecto Integral de la Cuenca de Burgos que desarrolla Petróleos Mexicanos, a través de su subsidiaria Pemex Exploración y Producción, para la explotación de los yacimientos de energéticos en esa región; detectar la problemática que dicha explotación genere en los municipios y estados en que se encuentra localizada, y su impacto ambiental, para manifestarla oportunamente, así como realizar las acciones legislativas que aseguren un desarrollo sustentable y equilibrado de la zona que beneficie directa e indirectamente a la comunidad nacional".

Que las aportaciones de los representantes de la sociedad civil durante el primer foro de consulta mencionado en los antecedentes, resultaron muy útiles e importantes, por lo que durante dicho Foro se consensuó la conveniencia de institucionalizar y dotar de permanencia a dicha participación, mediante la constitución del Consejo de Consulta Ciudadana de la Cuenca de Burgos, como un órgano colegiado representativo de la sociedad civil de la región que tenga por objeto la expresión de los problemas que los programas de exploración y explotación de Pemex causarán en la zona y servir de órgano de consulta ciudadana a la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos de la Cámara de Diputados, en el adecuado y oportuno ejercicio de la función que le fue encomendada.

Se pretende que el Consejo mencionado, se constituya con motivo de la Convocatoria y durante el desarrollo del segundo Foro de consulta ciudadana para el análisis de la problemática de la cuenca de Burgos.

Los lineamientos generales para la constitución y funcionamiento del Consejo en cuestión son las siguientes:

Punto de Acuerdo

Único. Se autoriza a la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos de ésta H. Cámara de Diputados, para convocar y celebrar el segundo Foro de Consulta Ciudadana para el Análisis de la Cuenca de Burgos, conforme al siguiente orden del día.

Dip. Humberto Cervantes Vega (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA REESTRUCTURAR PEMEX EN FUNCIÓN DE LOS INTERESES NACIONALES, CONSIDERANDO DIVERSOS CONCEPTOS QUE SEÑALA ESTA PROPUESTA, A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO CERVANTES VEGA, INTEGRANTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA CUENCA DE BURGOS

Los suscritos, diputados integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, con fundamento en los artículos 68 y 70 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten presentar ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para reestructurar a Petróleos Mexicanos en función del interés nacional considerando diversos conceptos.

Antecedente

La actual estructura orgánica de Petróleos Mexicanos se estableció para facilitar la privatización gradual del Organismo Público en forma de bloques, que consideraban sistemas separados.

Consideraciones

Expresado en forma resumida, se puede expresar lo siguiente:

Organización

Punto de Acuerdo

Único. Exhortar al Congreso de la Unión y al Ejecutivo federal para que, cada uno en el ámbito de su competencia pero en forma coordinada, se realice una reestructuración integral de Pemex en función de los intereses nacionales considerando los conceptos que contiene este documento y principalmente lo siguiente:

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL LA SUSPENSIÓN DE LA PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y ASISTENCIALES DONDE SE MENCIONA LA FRASE "EL GOBIERNO DE FOX", A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA ELENA MARTÍNEZ RIVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la de la voz, diputada Laura Martínez Rivera, del grupo parlamentario del PRI, presento a esta H. soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución.

Queremos denunciar en esta tribuna, que sí es la más alta de la Nación, el uso ilegal, faccioso, tramposo y perverso del Gobierno Federal y su Partido Acción Nacional, de los programas sociales de la Sedesol, en una verdadera acción electorera a su favor, lo que rompe la equidad electoral.

Hemos sido testigos de campañas intensivas, en los medios electrónicos, en los tiempos oficiales y comprados, donde se usan los programas sociales a la exaltación y culto de una persona, "el Gobierno de Fox", lo que representa el uso ilegal de programas oficiales a favor de un gobernante y su partido, contraviniendo el artículo 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, agregando que el Gobierno Federal no es el Gobierno de Fox. Constituyendo, además del ilícito, una grave ofensa al federalismo, ya que estos programas usan las infraestructuras educativas y de salud de las entidades federativas, y recursos de la Federación que no son propiedad del señor Fox y su esposa. Dónde quedaron las denuncias de antaño de los panistas sobre el uso faccioso de los recursos públicos a favor de un partido. ¡Actúan ahora como sepulcros blanqueados!

El PAN usa ilegalmente los programas del Gobierno Federal, como publicidad en su campaña electoral. El Gobierno Federal está obligado a realizar sin intereses partidistas estos programas. Ahora los usan como parte de su campaña electoral, usando su logo, en la propaganda de quien es su verdadero jefe, el señor Fox.

Denunciamos el trabajo tramposo y perverso del Gobierno Federal y la señora Josefina Vázquez Mota, de la Sedesol, por la utilización del supuesto blindaje electoral de los programas sociales y asistenciales, a través de la firma del convenio interinstitucional con la PGR-Fepade, como fachada de una verdadera acción electoral a favor del PAN, usando de manera facciosa el padrón de beneficiarios para aplicar una selección rigurosa de las familias beneficiadas, como poder fáctico de decidir quien vive o muere al abandono de su miseria, aplicando criterios partidistas. Como sucede en el estado de México, Coahuila y Nayarit.

El término "selección rigurosa" tiene el objetivo de excluir a los contrincantes políticos. Los programas asistenciales solo deben tener el criterio del combate a la pobreza. Cualquier familia mexicana, independientemente del partido de su preferencia, tiene el derecho a recibir los apoyos que la sociedad mexicana paga a través de sus impuestos. ¿Será suficiente saber que un grupo de mexicanos pobres son del PRI, para dejar de entregarles los apoyos que son del pueblo y para el pueblo? ¡Como pueden decir que van a vigilar el uso de los programas sociales que ellos mismos administran!

La Sedesol utiliza sus recursos humanos, físicos y financieros, el padrón de beneficiarios (que ellos guardan celosamente), para realizar actividades que no son de su naturaleza y objetivo, como sí lo es el combate frontal a la pobreza. La Ley de Desarrollo Social no faculta a la Sedesol a realizar actividades de prevención de delitos electorales, no son órgano fiscalizador.

Bajo una estrategia llamada "Compromiso manos limpias", utilizan al personal de Sedesol, de Oportunidades, Salud y Educación, Enlaces y municipal, así como a los titulares de becas y beneficiarios, para actos de vigilancia a favor del PAN, escondiéndose en el supuesto de prevención de delitos electorales. Aplicando una estrategia fascista para usarlos como un ejercito de denunciantes, sabiendo que este personal recibe salario de la propia Secretaría. Ya sabemos para quien van a trabajar. El uso de la miseria, ignorancia, necesidad y miedo es en si un acto de la más baja delincuencia. Se induce a la insidia, traición, contubernio, usando el terrorismo y la amenaza velada de ser denunciados a la PGR y convertidos en posibles delincuentes electorales por el simple hecho de ser de otro partido, o simplemente, atacar a miembros de los partidos de oposición bajo presunciones sesgadas o utilizadas solo por interés partidista.

Son preocupantes las acciones soterradas y agazapadas de Sedesol al utilizar técnicas subliminales de publicidad para promocionar de manera clara al partido del Ejecutivo federal. En la publicidad que se maneja, lleva, sin el menor rubor, los colores azules del Partido Acción Nacional. Uno de los carteles tiene el título "En tus manos ésta....", dice: "si eres beneficiaria del Programa Oportunidades ¡consérvalo! Solo tienes que ir a tus pláticas de orientación". Y abajo aparece la leyenda "el Gobierno del Cambio...Cumple" para rematar con "Tu voto es libre". Lo cual es igual a decirles: "todo te lo da el Gobierno de Fox y por eso tu voto es...mío".

Este tipo de campañas corresponden a las autoridades facultadas para ello, los institutos electorales, federal y estatales, lo que significa duplicidad en el gasto del presupuesto federal. No puede la Fepade transferir a la Sedesol en todo caso, sus funciones, esto es un acto ilegal.

Por lo anterior, propongo a esta H. soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Exigir al Ejecutivo federal la inmediata suspensión de la publicidad, en los medios electrónicos, de los programas sociales y asistenciales donde se menciona la frase: "el Gobierno de Fox".

Segundo.- Exigir al Ejecutivo federal la inmediata suspensión de las acciones de la Sedesol, bajo el supuesto blindaje del programa Oportunidades, y que sean las autoridades electorales competentes, así como la Fepade, la que hagan las labores de promoción y prevención de delitos electorales, respectivamente, de acuerdo a la Ley aplicable.

Tercero.- Se investigue, por esta H. Cámara de Diputados, el uso por la Sedesol de los recursos públicos, de su personal y los beneficiarios de los programas asistenciales y sociales, en estas acciones de vigilancia, con el fundamento de la posible desviación de recursos públicos para otra función a la que no fueron asignados.

Siendo en San Lázaro, los 18 días del mes de abril del año 2005.

Dip. Laura E. Martínez Rivera (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR QUE COMPAREZCA ANTE LA COMISIÓN DE SALUD DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES, A FIN DE QUE EXPLIQUE LA SITUACIÓN DE LAS MUESTRAS DE VIRUS DE INFLUENZA H2N2 ENCONTRADAS EN NUESTRO PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL CÓRDOVA VILLALOBOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito diputado federal José Ángel Córdova Villalobos; a nombre de los diputados integrantes de la Comisión de Salud, y con las atribuciones que me confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de este Pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con la finalidad hacer comparecer al director general del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, ante la Comisión de Salud de la LIX Legislatura para que explique los hechos relacionados con la entrada a nuestro país de una variante del virus de la influenza.

Antecedentes

El pasado mes de marzo, funcionarios de salud canadienses identificaron el virus de la influenza durante las pruebas de rutina de una muestra de un paciente en uno de sus laboratorios. Inmediatamente realizaron una investigación que determinó que una pequeña cantidad del mortal virus de la influenza fue hallado en un equipo de prueba.

El 14 de abril, nos enteramos por los medios de comunicación que la administración de salud pública en Estados Unidos y otros 17 países, entre los que se encuentra México, recibieron un llamado urgente para localizar y destruir la peligrosa cepa del virus de influenza que fue enviada por error a tres mil 747 laboratorios, situación que pone a estos países en un riesgo inminente de un brote epidémico.

Según los medios de comunicación estas circunstancias se suscitaron cuando una compañía privada, Meridian Biosciences Inc. de Cincinnati, envió el virus a más de seis mil laboratorios de 18 países, a petición del College of American Pathologists así como a otros grupos como parte de unas pruebas rutinarias de certificación para laboratorios.

La OMS precisó que el 90 por ciento de los laboratorios implicados se encuentran en América del Norte. Otros 61 están repartidos en 16 países de Asia, Europa, Medio Oriente y América del Sur.

Del mismo modo, los medios de comunicación dieron a conocer que la Secretaría de Salud informó que el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica, junto con la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgo Sanitario, destruyeron las muestras del virus letal de influenza H2N2 que recibieron por error tres laboratorios privados de la red mexicana Flunet perteneciente a la Organización Mundial de la Salud.

Por la misma fuente se dio a conocer que el Dr. Pablo Kuri, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud declaró que a México sólo llegaron tres kits a tres laboratorios clínicos que reciben muestras para certificar controles de calidad, no la fabricación de vacunas, descartando así un posible riesgo.

Por su parte la Secretaría de Salud aseguró que el error en que incurrió el College of American Pathologists (CAP) de Estados Unidos, al enviar a 18 países, incluido el nuestro, dichas muestras, fueron controladas inmediatamente por las autoridades sanitarias de México mediante un operativo conjunto entre el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (Cenavece) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Además, aclara que desde el miércoles 13 de abril, a las 17:00 horas, la Organización Mundial de la Salud fue enterada de que en México las muestras fueron destruidas y la situación controlada en su totalidad y que no existe ningún riesgo para la población mexicana, ello, toda vez que dicha cepa nunca ingresó a territorio mexicano.

Consideraciones

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la gripe aviar es una enfermedad infecciosa de las aves causada por cepas A del virus de la gripe. Esta enfermedad, identificada por vez primera en Italia hace más de cien años, se da en todo el mundo.

Se conocen 15 subtipos de virus de la gripe que infectan a las aves, lo que representa un amplio reservorio de virus gripales potencialmente circulantes en las poblaciones de aves. Hasta la fecha, todos los brotes de la forma hiperpatógena han sido causados por los subtipos H5 y H7 de la cepa A.

Los virus de la gripe aviar no suelen infectar a otros animales aparte de las aves y los cerdos. El primer caso de que se tiene noticia de infección del hombre por virus de la gripe aviar se produjo en Hong Kong en 1997, cuando la cepa H5N1 causó una enfermedad respiratoria grave a 18 personas, seis de las cuales fallecieron. Esa infección coincidió con una epidemia de gripe aviar hiperpatógena, causada por esa misma cepa, en la población de aves de corral de Hong Kong.

Una amplia investigación de ese brote concluyó que el contacto estrecho con las aves infectadas vivas había sido el origen de la infección humana. Los estudios genéticos realizados posteriormente mostraron que el virus había saltado directamente de las aves al hombre. Se produjo también una transmisión limitada al personal sanitario, sin llegar a causar síntomas de gravedad.

De los 15 subtipos del virus de la gripe aviar, la cepa H5N1 es especialmente preocupante por varias razones. Es una cepa que muta rápidamente y tiene una tendencia demostrada a adquirir genes de virus que infectan a otras especies animales. Su capacidad para causar una enfermedad grave en el hombre ha quedado ya constatada en dos ocasiones. Además, los estudios de laboratorio realizados han demostrado que los aislados de este virus tienen una alta patogenicidad y pueden tener serios efectos en el hombre. Las aves que sobreviven a la infección excretan el virus durante al menos 10 días, oralmente y por las heces, lo que facilita la ulterior propagación en los mercados de aves de corral vivas y a través de las aves migratorias.

La epidemia de gripe aviar altamente patógena causada por la cepa H5N1, que comenzó a mediados de diciembre de 2003 en la República de Corea y está afectando ahora a otros países asiáticos, representa por tanto una amenaza especial para la salud pública. La cepa de H5N1 demostró su capacidad de infectar directamente al hombre en 1997, y ha vuelto a hacerlo en Vietnam en enero de 2004. La propagación de la infección entre las aves aumenta la probabilidad de una infección directa del hombre. Si a medida que pasa el tiempo crece el número de personas infectadas, aumentará también la probabilidad de que el ser humano, cuando se vea infectado simultáneamente por cepas de la gripe humana y la gripe aviar, sirva también de "tubo de ensayo" del que emerja un nuevo subtipo que posea los suficientes genes humanos para poder transmitirse fácilmente de una persona a otra. Ese hecho marcaría el inicio de una pandemia de gripe.

Según la Secretaría de Salud, la Organización Mundial de la Salud informó, a través de la oficina en México de la Organización Panamericana de la Salud, que ya fue localizada la muestra de influenza H2N2 en las bodegas de la compañía que la iba a transportar y ahí se aseguró; sin embargo, los diputados integrantes de la Comisión de Salud de esta LIX Legislatura, como representantes de los mexicanos, manifestamos nuestra preocupación ya que según los medios de comunicación, solo 4 países han confirmado la destrucción de las muestras infectadas y entre esos países, no se encuentra el nuestro; razón por la que solicitamos la comparecencia del director general del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, para que dé a conocer las acciones de prevención que esa Área está realizando, y si las muestras localizadas han sido destruidas.

Debido al peligro que la muestra de virus de influenza H2N2, representa para la población Nacional, los diputados integrantes de la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados, de la LIX Legislatura, sometemos a la consideración ésta honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita la comparecencia del director general del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, ante la Comisión de Salud de ésta H. Cámara de Diputados para que explique la situación de las muestras de virus de influenza H2N2 encontradas en nuestro país.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 19 de abril de 2005.

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), José Javier Osorio Salcido.
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA, A CARGO DEL DIPUTADO HORACIO MARTÍNEZ MEZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe diputado Horacio Martínez Meza, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La educación en nuestro país ha sufrido cambios de acuerdo a la evolución de las características de la sociedad, desde los Constituyentes de 1917, se ha dado énfasis a la procuración de la educación de acuerdo a las necesidades y condiciones sociales, económicas, culturas, internacionales, políticas y sobretodo en la evolución de los valores y principios de la familia.

La Constitución Política establece en su artículo 3º el derecho a recibir educación; la educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano; será democrática, entendiéndola más allá de un régimen político, como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento, económico, social y cultural del pueblo; contribuirá a la mejor convivencia humana robusteciendo el aprecio por la dignidad de la persona y la integridad de la familia, así como la convicción del interés general de la sociedad.

La familia es el núcleo de la sociedad, en ella se emancipan los valores de las personas, se forja el carácter; la escuela forma a los individuos en el ámbito científico, cultural, deportivo. La familia y la escuela persiguen fines comunes en la educación de la humanidad, por ello resulta necesaria la existencia de un puente de comunicación entre ambas instituciones que permita la mejor coadyuvancia para la mejor obtención de los beneficios de la formación educativa.

El desarrollo de las capacidades, habilidades, conocimientos, preparación y potencialidades de los niños depende en gran medida de las condiciones físicas de los planteles educativos a donde asisten a aprender, en este orden de ideas, la organización de los padres de familia resulta ser una respuesta natural para la búsqueda de soluciones que permitan el mejoramiento de la formación y educación tanto en el hogar como en la escuela. La organización de los padres, tutores y responsables de los educandos se cristaliza en la creación de las agrupaciones de padres de familia.

La organización de los padres de familia por medio de las asociaciones en las escuelas es un fenómeno que se ha presentado de manera natural y como respuesta al interés y cuidado con los hijos. La esencia de las asociaciones ha sido el procurar el acercamiento y cooperación entre los padres de los estudiantes y las autoridades para el mejoramiento de las condiciones educativas.

En un principio el espíritu y preocupación sobre estos temas se expresaron en el primer Reglamento de la Confederación Nacional de Padres y Maestros emitido por la Secretaría de Educación Pública en 1929, el cual abarcaba la atención de las condiciones educativas en el hogar, en la escuela y en los alrededores de la misma con una función social más allá del edificio escolar resaltando sobre todo la importancia del entorno social.

Entre las atribuciones principales que tenían los padres de familia en el reglamento de 1929 resaltan la procuración de medidas para resolver problemas higiénicos relacionados con la educación, tanto en el hogar como en la escuela y la sociedad; procurarían una alimentación sana y suficiente para los educandos, extraña de enervantes, estimulantes, tóxicos y sedativos; buscarán los medios apropiados y lícitos para constituir un fondo numerario, pero sin señalar cuotas, ni la falta de pago podía influir en la asistencia de los niños, ni privaba de ninguno de los derechos que les corresponden; procurarían el mejoramiento del servicio médico escolar; las agrupaciones tenían ingerencia en las instituciones escolares desde el punto de vista material, social y económico; procurarían que los edificios tuvieran las mejores condiciones posibles en cuanto a amplitud, comodidad, higiene y belleza, que el mobiliario fuera suficiente y se conservara en las mejores condiciones de servicio; procurarían que las escuelas contaran en su interior y en sus alrededores con lugares apropiados para esparcimiento y diversión de los niños, celebración de fiestas escolares, reuniones sociales y conferencias de carácter higiénico, moral, instructivo y recreativo; y Las Uniones de Padres que resultaban de la conformación de varias agrupaciones procurarían el establecimiento dentro de sus respectivas jurisdicciones de parques, jardines, campos para deportes, bibliotecas, teatros y en general de cuanto influyera al sano y culto esparcimiento de la sociedad y muy especialmente de los alumnos, así como del establecimiento de dispensarios.

En 1933, se publicó en el Diario Oficial el Reglamento de las Agrupaciones de Padres de Familia en el Distrito Federal que abrogaba al de 1929, su objetivo era procurar el mejoramiento de la escuela en su aspecto material, moral y técnico pedagógico de acuerdo con el director, sin embargo, con este reglamento se le quitaron las siguientes atribuciones a las agrupaciones: se eliminó la competencia relacionada con el mejoramiento y aprovisionamiento del exterior de la escuela en materia de higiene, salud y espacios de recreación y esparcimiento; se eliminaron los aspectos de la alimentación y de hábitos en el hogar; se eliminó la libre participación de los padres en el mejoramiento de los edificios y mobiliarios escolar; y se eliminó la atribución a las Uniones de Padres de la procuración de establecimientos en las afueras de las escuelas. Asimismo se incluían estas consideraciones: el mejoramiento de los edificios y mobiliarios escolar se realizaría con acuerdo del director; la convocatoria y designación de la mesa directiva será a través de la mesa saliente o en su caso por el director; la integración de la mesa directiva era por el presidente, el secretario y un tesorero; la disposición de un salón para sus reuniones o asambleas; la SEP fomentará el desarrollo de las agrupaciones y procurará el establecimiento de las uniones de zonas y agrupaciones de padres en donde haga falta.

Posteriormente, el 22 de enero de 1949, se expidió un nuevo reglamento que derogaba al de 1933, éste era el Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de las Asociaciones de Padres de Familia en las escuelas dependientes de la Secretaría de Educación Pública.

Los cambios entre el reglamento de 1933 y el de 1949 eran mínimos, solo incluían aspectos como el de las Asociaciones de Zona, las cuales tendrían que resolver las quejas presentadas sobre irregularidades en la constitución y funcionamiento de las asociaciones de su jurisdicción; las Asociaciones de Padres de Familia organizadas en cada establecimiento de educación tenían la obligación de enviar a la SEP un tanto del acta de su constitución y el nombramiento de su mesa directiva debidamente legalizado con la firma del director de la escuela de que se trate; podían recurrir en queja a las autoridades educativas denunciando irregularidades y proponer ante las autoridades correspondientes cuando estimaran necesario para el mejoramiento cultural, moral y material de los planteles y educandos.

La última versión de este reglamento se dio el miércoles 2 de abril de 1980, cuando se publicó el Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, las atribuciones que se adicionan a las Asociaciones con este reglamento son: podrán constituirse asociaciones regionales de padres de familia cuando la SEP así lo establezca y señale las circunscripciones territoriales respectivas; colaboraran con las autoridades e instituciones educativas en las actividades que estas realicen; propiciaran el establecimiento de centros y servicios de promoción y asesoría de educación para adultos; participaran en el fomento de las cooperativas escolares, del ahorro escolar, de las parcelas escolares y de otros sistemas auxiliares de la educación; cooperaran en los programas de promoción para la salud y participaran coordinadamente con las autoridades competentes en las acciones que estas realicen para mejorar la salud física y mental de los educandos, la detención y prevención de los problemas de aprendizaje y el mejoramiento del medio ambiente; las asociaciones nacional, estatales y del DF, elaborarán y aprobarán sus estatutos; colaborarán a solicitud de las autoridades escolares en las actividades culturales y sociales que se realicen en los planteles; establecerán para su funcionamiento como órganos de gobierno las asambleas, consejos y mesas directivas; y es facultad del director convocar a la constitución de las nuevas mesas directivas. Este reglamento tuvo una adición el 16 de octubre de 1981.

Este recuento de los reglamentos de las Asociaciones de Padres de Familia, nos permite apreciar como se ha ido procurando construir espacios para la cooperación y participación de los Padres de Familia y tutores, reconociendo el interés en la calidad de la educación y formación personal de los niños y jóvenes, además, los padres organizados han conseguido ir ganando en diversos campos una mayor colaboración; sin embargo, las limitantes establecidas en el marco jurídico de las asociaciones han detenido o entorpecido el desarrollo y crecimiento de estos espacios de participación.

Entre los problemas más evidentes que podemos encontrar, citaremos las limitaciones que las asociaciones encuentran para la participación en actividades de gestión administrativa. Las necesidades físicas de los planteles educativos son sentidas en primera línea por los estudiantes, éstos, a su vez lo hacen saber a los padres de familia quienes forman escenarios sobre las necesidades y requerimientos de mantenimiento, reparaciones y materiales en la escuela, por ejemplo, los padres y tutores son los primeros en reconocer la necesidad de la impermeabilización de las aulas, la reparación de instalaciones hidráulicas en los baños y bebederos, el cambio de herrerías, la sustitución de vidrios, la falta de bombas de agua; esto sin mencionar que la preocupación de los padres y tutores en estos momentos, va más allá del interior de la escuela, ahora, el interés se amplia a la seguridad del plantel, las condiciones del entorno y la imagen en el entorno de la escuela, entre otras consideraciones.

Hace más de 25 años que se expidió el último reglamento que norma las actividades de las asociaciones de padres de familia en los planteles educativos de nuestro país y es por ello que resulta necesaria su actualización. Esto obedece a que las condiciones sociales, políticas, económicas, tecnológicas y culturales han rebasado las consideraciones del reglamento de 1980, además de que la legislación que le dio sustento, en este caso la Ley Federal de Educación de 1973, fue abrogada por la Ley General de Educación en 1993.

Actualmente podemos encontrar diversos programas orientados a incrementar la calidad en la educación, tales como las escuelas de tiempo completo, donde las asociaciones de padres de familia no tienen participación. Resultaría provechoso regresar a los padres de familia las atribuciones sobre el entorno y exterior de las escuela. Es preciso reconocer que la escuela no es un espacio apartado de la sociedad, podemos observar que muchos de los problemas de la población se trasladan al interior de los planteles educativos.

Los índices delictivos, el deterioro del tejido social y las condiciones generales del entorno urbano influyen directamente en la vida interna de las escuelas. La falta del cultivo y promoción de los valores reside en el incremento de la violencia social, en el uso de armas, en el consumo y tráfico de drogas, en la proliferación de la pornografía infantil, en el cuidado de los giros mercantiles cercanos y en general en detrimento de la calidad humana de los estudiantes.

La evolución de una sociedad conservadora hacia una sociedad más liberal, en constante cambio ha generado modificaciones en el objetivo inicial de las Asociaciones de Padres de Familia circunscribiéndola a tan solo aspectos del interior de las escuelas relativos a la representación de los padres de familia, colaboración del mejoramiento de la comunidad escolar y la denuncia de quejas e irregularidades ante las autoridades correspondientes.

Es por ello, que se somete a la consideración de ésta H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Que esta Cámara de Diputados solicite al C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Vicente Fox Quezada, la actualización del Reglamento de Padres de Familia, considerando para ello, la realización de foros de consulta pública organizados por la Secretaría de Educación Pública y la Asociación Nacional de Padres de Familia.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 21 de abril del 2005.

Dip. Horacio Martínez Meza (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SCT Y A LA SHCP A QUE, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS, LIBEREN LOS RECURSOS DESTINADOS A LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE PUERTO VALLARTA, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER BRAVO CARBAJAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El proyecto de ampliación de la infraestructura portuaria de Puerto Vallarta, Jalisco, mediante la construcción de dos muelles adicionales para el atraque de grandes cruceros, es considerado trascendental para el desarrollo de la industria del turismo en México, dado que se fortalece a México como un importante destino turístico.

Proyecto que en efecto se considera no solo importante sino determinante para el constante desarrollo de la industria turística del municipio de Puerto Vallarta, del estado de Jalisco y del país; que es a la vez uno de los más importantes pilares de la economía nacional. La importancia del proyecto, de su inmediata atención y ejecución, radica en lo que a continuación señalo:

Las acciones de mejoras que se realicen en Puerto Vallarta, repercutirán positivamente en Ensenada, Cabo San Lucas, Mazatlán y Acapulco principalmente.

Cabe señalar que desde el inicio de operaciones de cruceros, la tendencia de los arribos a Puerto Vallarta ha sido positiva, el promedio de pasajeros por arribo se ha ido incrementando, pero los buques son cada vez mayores, es decir, la tendencia por parte de las líneas navieras en las rutas establecidas, tiende al uso de la embarcaciones de elevado tonelaje y del orden de trescientos metros de eslora.

En el presente año, se tendrán 220 llegadas de las cuales habrá 10 con tres arribos simultáneos, 32 con dos simultáneos y uno de los cruceros, por sus dimensiones, no podrá atracar.

En total habrá 49 cruceros que fondearán fuera de la dársena, por lo que desembarcarán menos pasajeros y la derrama económica en la ciudad será menor.

En distintos foros y ante distintas autoridades las líneas de cruceros han manifestado su preocupación por la falta de posiciones de atraque en Puerto Vallarta, planteando los inconvenientes actuales y obstáculos para el crecimiento.

Con el proyecto de ampliación de la infraestructura portuaria, se obtendrán los siguientes beneficios:

Además de lo anterior, es decir la necesidad del proyecto por sí mismo, ha quedado demostrado que el mismo requiere una inversión que se recuperará en un plazo de ocho años, sin tomar en cuenta que los beneficios al Puerto y a la industria turística en general, iniciarán en el mismo momento en que se termine la obra, posicionando a México como un destino turístico con suficiente infraestructura para recibir y atraer el turismo a gran escala.

Respecto a lo anterior puede señalarse que sólo considerando el gasto promedio de 60 dólares por pasajero de una de estas embarcaciones, cuando arriba al Puerto, y considerando la existencia de los tres espacios de atraque, tenemos que en veinte años, el Puerto recibiría una derrama de ocho mil doscientos setenta millones de pesos aproximadamente, lo que demuestra la evidente viabilidad y necesidad de hacer realidad este proyecto a la brevedad posible.

Es de señalarse que en relación con este proyecto, ya se han dado grandes pasos, se tiene el lugar adecuado, se tiene los estudios y proyectos previos a la construcción, se tiene la autorización de la autoridad ambiental, se tiene la proyección aprobada del análisis de costo beneficio y el proyecto se encuentra contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, es decir de un costo total de ciento ochenta millones de pesos, en este momento se tiene autorizado en el Presupuesto, la cantidad de ciento veinte millones de pesos, quedando pendiente en este momento que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes expida el oficio para la liberación de la inversión y por su parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público apruebe la liberación de recursos por la cantidad aprobada para iniciar el proceso de licitación.

Lo anterior nos lleva a hacer el señalamiento y la petición a las autoridades responsables, para que tomen, a la brevedad posible, las medidas necesarias para la liberación de los recursos aprobados para este proyecto, en el entendido de que entre más pronto se inicie y complete, más pronto la sociedad y la industria turística nacional recibirá los beneficios de tan importante obra. Razonamiento que además me lleva a solicitar respetuosamente a esta H. Asamblea, sea autorizada la discusión y votación de esta proposición con punto de acuerdo en la misma fecha de su presentación, en los términos del artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que a la brevedad posible se instrumente la petición a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se acuerde la liberación de los recursos necesarios para la ejecución de este proyecto.

En atención a lo anterior, el suscrito diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, someto a la elevada consideración de la Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por la que

ÚNICO: Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ejercicio de sus funciones y competencias implementen la liberación de los recursos destinados a la realización del proyecto de ampliación de la infraestructura portuaria de Puerto Vallarta, Jalisco; recursos que por un monto de ciento veinte millones de pesos, se contemplan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, aprobado por esta H. Cámara de Diputados. Lo anterior, en el entendido de que compete a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la expedición del oficio de liberación de inversiones; y por su parte, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la liberación de dichos recursos, para iniciar el proceso de licitación correspondiente y posteriormente la ejecución material del proyecto.

Dip. Francisco Javier Bravo Carbajal (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y AL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA QUE COMPAREZCAN Y EXPLIQUEN ANTE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS POR QUÉ NO SE HAN REANUDADO LOS TRABAJOS DE LAS CARRETERAS LAGOS DE MORENO-LAS AMARILLAS Y LAGOS DE MORENO-LEÓN; Y EXHORTAR AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE CONSIGNE CONFORME A DERECHO LA AVERIGUACIÓN PREVIA 3554/04, QUE SE ENCUENTRA EN LA DELEGACIÓN JALISCO DE LA PGR, E INFORME AMPLIA Y DETALLADAMENTE A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTATUS DE DICHA AVERIGUACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS TREVIÑO RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito diputado federal por el Distrito 02 de Jalisco, con cabecera en Lagos de Moreno, José Luis Treviño Rodríguez, integrante de la fracción parlamentaria de Acción Nacional en la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión en el ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55 y 57, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, expone ante esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia y amplia explicación a las comisiones correspondientes de esta H Cámara del subsecretario de Infraestructura Carretera de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al C. secretario de la Secretaría de la Función Pública, del por qué los trabajos de la carretera Lagos de Moreno - Las Amarillas y la carretera Lagos de Moreno - León no han reanudado los trabajos de dichas obras y al titular de la Procuraduría General de la República exhortarle a que consigne conforme a derecho la Averiguación Previa 3554/04 que se encuentra en la delegación Jalisco de la PGR e informe amplia y detalladamente a esta soberanía sobre el status de dicha averiguación.

Antecedentes

El pasado 29 de diciembre del 2004, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se manifestó a través de un punto de acuerdo la urgente necesidad de que en conjunto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de la Función Publica Federal "?que realicen en conjunto actividades necesarias para llevar a la brevedad posible y en buen término las obras de la carretera Lagos de Moreno - San Luis Potosí, en el tramo comprendido entre Lagos de Moreno y Las Amarillas y el nodo vial que está inconcluso en Lagos de Moreno."

El 5 de enero del presente año la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dictaminó lo siguiente: "Los legisladores se manifiestan a favor de que los responsables del ramo, de acuerdo con sus facultades legales realicen las acciones necesarias y cumplan con los principios de eficiencia y eficacia en el desempeño de los cargos públicos a favor de los intereses de los ciudadanos y realicen las acciones necesarias para que concilien los conflictos y se reinicien a la brevedad las obras de construcción de los tramos carreteros enunciados y que retrasan las acciones de progreso de los ciudadanos de los municipios del norte de Jalisco y de los cientos de miles de personas que transitan por esas importantes vías de comunicación."

Hasta hoy es día en que no se ha visto ninguna solución al conflicto entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la constructora Qhuazcani, SA, de CV, y lo que sí hemos visto con mayor insistencia han sido los accidentes de tránsito en dichas vías de comunicación, accidentes que ya han costado la vida de personas, sin contar los daños materiales que se han manifestado. ¿Cuántos mexicanos más necesitan morir, quedar inválidos o lisiados de por vida en dicha vía carretera para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes resuelva este problema que desde tiempo atrás viene manifestándose?

La inconformidad de los habitantes de los Altos de Jalisco, transportistas foráneos, líneas de autobuses foráneos está llegando al límite de la tolerancia, por la falta de sensibilidad de nuestras autoridades federales para resolver un conflicto que en sus manos esta dar una puntual y pronta solución.

Por la antes expuesto ante esta honorable Cámara de Diputados me permito presentar la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Único.- Solicitar la comparecencia y amplia explicación a las comisiones correspondientes de esta H Cámara del subsecretario de Infraestructura Carretera de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al C. secretario de la Secretaría de la Función Pública, del por qué los trabajos de la carretera Lagos de Moreno-Las Amarillas y la carretera Lagos de Moreno-León no han reanudado los trabajos de dichas obras y al titular de la Procuraduría General de la República exhortarle a que consigne conforme a derecho la averiguación previa 3554/04 que se encuentra en la delegación Jalisco de la PGR e informe amplia y detalladamente a esta soberanía sobre el status de dicha averiguación

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2005.

Dip. José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE COOPERATIVAS ESCOLARES, A CARGO DEL DIPUTADO HORACIO MARTÍNEZ MEZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe diputado Horacio Martínez Meza, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La impartición de la educación en México se ha dado en un contexto de varias transformaciones en el tejido social, desde la Independencia de México, pasando por la Revolución Mexicana que dio origen a las instituciones en nuestro país, hasta la actualidad.

La educación en México tiene como principal característica la gratuidad y el carácter laico, plasmados ambos en la Constitución Política de 1917, sin embargo, resultaba necesaria la coadyuvancia en la participación de los gastos y el manejo de los recursos para alcanzar una impartición de la educación con más calidad.

Consciente de esta situación, el Presidente Abelardo L. Rodríguez promulgó el 29 de noviembre de 1934 el primer Reglamento de las Cooperativas Escolares Federales, el cual reconocía la figura de la cooperativa escolar integrada por alumnos y profesores de la escuela en la que se constituyera dicha cooperativa, la cual tenía entre sus funciones establecer las normas generales de la administración de la cooperativa; aprobar y desechar el balance de las cuentas y los informes relacionados con el manejo y la administración de la sociedad; integrar los certificados de las aportaciones; determinar el plan general de los negocios sociales; e integrar las Comisiones de Administración y Vigilancia.

Más tarde en abril de 1937, la Secretaría de Educación Pública da a conocer por medio del Diario Oficial de la Federación un nuevo Reglamento de Cooperativas Escolares dependientes de la misma secretaría, argumentando que el Reglamento de 1934 se apartaba de las tendencias plasmadas en el artículo 3º constitucional. En el nuevo reglamento reconocía tan solo a los maestros, alumnos y empleados para la integración de las cooperativas escolares y a su vez para la creación de los consejos de administración y vigilancia; las cooperativas escolares tenían como finalidad desenvolver la iniciativa; realizar trabajo productivo y socialmente útil; reconocía que con los recursos se integraría un fondo de operaciones de reserva, de previsión social, de recreación y acción social, de fomento y el distribuible; el fondo de reserva era irrepartible y de propiedad colectiva y se integraba por el 10% de los rendimientos y era para reponer las pérdidas y no sería mayor al fondo de operaciones; el fondo de previsión se constituía con el 10% de los rendimientos y era con fines de auxilio de los socios en caso de accidente, invalidez o quebranto de económico; el fondo de recreación, también se integraba con el 10% de los rendimientos y era para fines de esparcimiento, de acción social y cultural, este era distribuible; el fondo de fomento se constituía con el 10% de los rendimientos y era para impulsar las operaciones de la misma cooperativa; el 60% de los rendimientos restantes era para distribuirlos entre los miembros de acuerdo a su consumo y trabajo verificado.

El Consejo de Administración se integraba exclusivamente por alumnos y éstos tenían diversas comisiones; el Consejo de Vigilancia se integraba con socios alumnos; las cooperativas escolares en ese reglamento, también contaban con un Consejo de Asesores, éste se conformaba con el director de la escuela, dos maestros de la misma y dos padres de familia, cabe recalcar que este fue el único Reglamento de Cooperativas Escolares que reconocía la participación de los padres de familia y tutores; al Consejo de Asesores le correspondía orientar y ayudar con su experiencia la marcha de la cooperativa contando para ello en las asambleas únicamente con voz, obtener de los consejos de administración y vigilancia los datos relativos a la autoridad de la cooperativa y enterarse del manejo de fondos de la misma y ocurrir en queja cuando hubiese motivo ante la SEP.

En marzo de 1962, el Presidente Adolfo López Mateos emite un nuevo Reglamento de Cooperativas Escolares, éste volvía a reconocer tan solo a los maestros, alumnos y empleados para la integración de las cooperativas escolares excluyendo a los padres de familia y tutores, además, no permitía realizar actividades comerciales a la cooperativa escolar en los establecimientos educativos; suponía una finalidad exclusivamente educativa; las cooperativas escolares debían proveer a los socios de útiles escolares, vestuario y alimentos durante la jornada escolar; sus actividades eran exclusivamente en el recreo y sus precios inferiores a los comerciales; este reglamento reconocía que con los rendimientos se constituirían dos fondos: el social y el repartible, el primero sería con el 50% del rendimiento y se destinaría para actividades culturales, cívicas, deportivas, de recreación, de mejoramiento de la biblioteca escolar, las excursiones educativas y el aseo y embellecimiento del edificio escolar, el segundo fondo era formado por el 50% restante y era para distribuirse al finalizar el año escolar; los recursos en efectivo eran manejados de manera mancomunada entre el director y el tesorero de la sociedad; la función de asesoría se circunscribía tan solo a los maestros del plantel; el Consejo de Administración se integraba por maestros y el de Vigilancia por alumnos.

La última modificación al Reglamento de Cooperativas Escolares la realizó el Presidente José López Portillo en abril de 1982 y desde entonces tiene finalidad eminentemente educativa, para ello, las cooperativas escolares deberán promover actividades de solidaridad, ayuda mutua, cooperación, responsabilidad de tareas, de beneficio individual y colectivo; facilitar la asimilación teórica y experimentación práctica de principios básicos de convivencia social, igualdad, democracia, comunidad de esfuerzo y espíritu de iniciativa; vincular la realidad del medio ambiente con el educando; procurar un beneficio económico para la comunidad escolar mediante la reducción del precio de venta de los artículos con respecto a los precios de mercado, disminución de los costos de producción y la contribución económica para la mejora de las instalaciones, equipamiento y el desarrollo de las actividades docentes del plantel.

Este último reglamento reconoce diversos tipos de cooperativas escolares, entre ellas las de consumo y las de producción, las primeras son las que se organicen para la adquisición y venta de materiales didácticos, útiles escolares y alimentos que requieran los socios durante la jornada escolar, y las de producción son las que administren y exploten bienes, instalaciones, talleres, herramientas, u otros elementos con el objeto de elaborar productos y en su caso prestar servicios que beneficien a la comunidad escolar. Como en los anteriores, únicamente se reconoce la participación de los maestros, alumnos y empleados en la integración de la Cooperativa Escolar, ésta a su vez contará con un Consejo de Administración, un Comité de Vigilancia y demás comisiones que se formen.

Estas cooperativas escolares integraran su capital social con aportaciones de los socios, de los fondos que cree la Secretaría de Educación Pública u otras dependencias públicas y privadas, los rendimientos del capital social y de las donaciones en especie o efectivo de los padres de familia y demás particulares. Los recursos obtenidos por dependencias o donaciones de los padres de familia no podrán ser distribuidos entre los socios.

Con los rendimientos del capital social se constituirán tres fondos: el social, el de reserva y el repartible, el primero es conformado con el 40% de los rendimientos y sirve para apoyar las necesidades prioritarias del plantel; el segundo se constituye con el 20% de los rendimientos y será para evitar interrupciones e incrementar las actividades de la cooperativa; y el tercero se forma con el 40% restante del rendimiento y se empleará para distribuirse entre los socios al finalizar el ejercicio social. Los recursos serán depositados a nombre de la cooperativa en cuentas mancomunadas con el nombre del Presidente del Comité de Administración y el tesorero de la cooperativa

En este sentido, y a 23 años de su última reforma, resulta necesaria su actualización para adecuarlo a los tiempos de la nueva sociedad, en donde se de prioridad a la atención de las condiciones físicas del plantel. Es necesario reconocer que los objetivos planteados en el Reglamento de Cooperativas Escolares de 1982 no son cumplidos; actualmente, las cooperativas escolares existentes son de consumo, y los productos que éstas venden no resultan ser del todo beneficiosos a la alimentación de los educandos por tratarse de productos chatarra; en el actual reglamento se establece que los alumnos que son menores de edad podrán ser representados por los maestros, negando de ésta manera el derecho al padre de familia o tutor; el reglamento propicia el desconocimiento del monto global de los ingresos percibidos por la cooperativa escolar; y es necesario reconocer la participación de las Asociaciones de Padres de Familia en las cooperativas escolares, con el fin de darle mayor prioridad al buen estado físico del plantel educativo.

Por esta razón, la propuesta es en el sentido de reconocer tres fondos a partir de los rendimientos netos del capital social, uno, el Fondo Social que sería formado por el 70% de los rendimientos y se destinaría para el mantenimiento del plantel, el segundo Fondo de Reserva que se integraría con el 10% de los rendimientos y el tercer Fondo Distributivo que se formaría con el restante 20% de los rendimientos netos del capital social y que se repartiría entre los socios al término del año escolar.

Por último y como reconocimiento y justicia a la aportación hecha por los padres de familia y tutores, además de su natural interés en el desarrollo integral de los niños, es necesario establecer dentro de la actualización del reglamento, la participación de los mismos en la cooperativa escolar con voz y voto.

Es por ello, que se somete a la consideración de ésta H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Que esta Cámara de Diputados solicite al C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Vicente Fox Quezada, la actualización del Reglamento de Cooperativas Escolares, considerando para ello la realización de foros de consulta pública organizados por la Secretaría de Educación Pública y la propia Asociación Nacional de Padres de Familia.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 21 de abril del 2005.

Dip. Horacio Martínez Meza (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, A CARGO DEL DIPUTADO NORBERTO ENRIQUE CORELLA TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado Norberto Enrique Corella Torres a la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal a expedir con la mayor brevedad el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, basada en las siguientes

Consideraciones

En la agenda de todo gobierno, la implantación de políticas sociales en favor de la población más vulnerable deber ser uno de los puntos centrales del quehacer cotidiano, de tal forma que las acciones instrumentadas tengan como objetivo fundamental cumplir el principio de equidad para que los sectores más desprotegidos tengan condiciones que les garanticen mejores condiciones de bienestar.

El fenómeno del envejecimiento de la población, inédito en la historia demográfica del país, trae consigo oportunidades y costos, ya que -por un lado- se tiene una esperanza de vida mayor, lo que permite aprovechar la experiencia y los conocimientos de las personas adultas mayores, pero -por otro lado- en edad avanzada es cuando se enfrentan los mayores problemas de salud, desempleo, pobreza, marginación y vulnerabilidad.

En junio de 2002, hace casi tres años, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. No obstante, hasta el momento el Ejecutivo federal no ha expedido el reglamento correspondiente, conforme a su atribución establecida en la fracción I del artículo 89 constitucional, aunque es cierto que no todas las normas legales requieren un reglamento para su inmediata puesta en práctica.

Pero, en el caso que nos ocupa, considero que es necesaria su expedición, principalmente porque los beneficios que en términos económicos contempla la ley sólo se pueden concretar a través de la aplicación de decisiones administrativas, las que se inscriben dentro de la esfera de actuación del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con la información obtenida en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, para ese año había en este país alrededor de 6.8 millones de personas con 65 años y más de edad. Si consideramos que este segmento de la población registra un crecimiento de 3.7 por ciento anual, entonces actualmente la población de personas adultas mayores debe rondar 8 millones de individuos. Esto representa un enorme reto a las instituciones públicas para dar atención especializada que se requiere en esta etapa de la vida en materia de salud, trabajo y esparcimiento.

Por parte del Congreso, los legisladores aportaron precisamente la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que busca integrar a través de un texto normativo los esfuerzos que ya se llevan a cabo por parte de las diversas dependencias de la Administración Pública Federal a través de los distintos programas de atención especializados para este grupo poblacional. Sin embargo, existen disposiciones en la ley que requieren la expedición de instrumentos administrativos para su ejecución y, por tanto, para que las personas adultas mayores puedan disfrutar de los beneficios que estableció el Congreso en dicha ley.

Como ejemplo de lo anterior se encuentra la fracción XIII del artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que establece como un objetivo de la política pública nacional en la materia establecer las bases para la asignación de descuentos y exenciones para este sector de la población. Asimismo, el Capítulo II de la ley en comento establece que en el diseño y la puesta en práctica de la política pública en la materia habrá concurrencia entre los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Considero que estas características de la ley pueden dificultar la expedición de un reglamento, sobre todo porque se requieren diversos acuerdos específicos entre las autoridades para hacer realidad el apoyo económico que se garantiza en dicho instrumento normativo. Sin embargo, es necesario que las dependencias y las entidades tanto de la Administración Pública Federal como de las respectivas autoridades en los ámbitos estatal y municipal traduzcan con la mayor brevedad en decisiones y acciones concretas las disposiciones de la ley.

Por señalar sólo un ejemplo, deseo resaltar la necesidad de apoyo que las personas adultas mayores requieren para hacer frente a los costos de la energía eléctrica en el estado de Baja California, necesidad que si bien no es exclusiva de este grupo poblacional, sí lo afecta de forma más intensa, dadas las condiciones económicas y sociales que deben enfrentar.

Como es de su conocimiento, en la ciudad de Mexicali, capital del estado, se presentan algunas de las temperaturas más extremosas tanto del país como del mundo entero: según datos de la Comisión Nacional del Agua, el promedio de temperatura entre abril y octubre -los meses más calurosos del año- de 1994 a 2003 fue de 43.8° C.

Esas condiciones climáticas obligan al uso intensivo de equipos de refrigeración para las viviendas, máxime en aquellas donde habitan menores y personas adultas mayores, dada su predisposición a sufrir deshidratación. Como consecuencia, los recursos económicos que estas personas deben destinar para el pago de la energía eléctrica representan una parte sustancial de sus ingresos.

Por lo anteriormente expuesto, y remarcando que los derechos de las personas adultas mayores no podrán ser realmente ejercidos si no se cuenta con las normas reglamentarías para dotarlos de operatividad, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a que, con fundamento en la fracción 1 del articulo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expida con la mayor brevedad el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2005.

Dip. Norberto Enrique Corella Torres (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LAS COMISIONES DE ENERGÍA, Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SOLICITEN A LAS COMISIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES ENCARGADAS DE DICTAMINAR LA MINUTA DE LA INICIATIVA DE REFORMAS A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, APROBADA POR ESTA SOBERANÍA EL 28 DE OCTUBRE DE 2004, QUE SESIONEN EN CONFERENCIA, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CARRILLO SOBERÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, Francisco Javier Carrillo Soberón, diputado a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, miembro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; de conformidad con lo establecido en los artículos 77, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59, 60 y 90 del Reglamento Interior del Congreso General; someto a consideración de este pleno la Proposición con punto de acuerdo para que las Comisiones de Energía y Hacienda de la Cámara de Diputados, soliciten a las Comisiones de la Cámara de Senadores encargadas de dictaminar la minuta de la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Derechos, aprobada por esta soberanía el 28 de octubre de 2004; sesionar en conferencia, al tenor de lo siguiente:

I. Antecedentes

El 28 de octubre del año pasado, esta Cámara de Diputados aprobó por unanimidad diversas reformas a la Ley Federal de Derechos que, en conjunto, implican una transformación substancial del draconiano régimen fiscal que durante años ha asfixiado a Petróleos Mexicanos.

El nuevo régimen fiscal, producto de las reformas aprobadas busca garantizar la viabilidad financiera de Pemex y de cada una de sus empresas subsidiarias; el aprovechamiento racional de los yacimientos que ya están produciendo y de los que serán puestos en explotación; la inversión en exploración suficiente no sólo para remplazar las cantidades extraídas, sino para incrementar las reservas probadas, probables y posibles; así como generar las condiciones de desarrollo industrial y tecnológico para reproducir la renta petrolera en el mediano y largo plazos.

El nuevo modelo fiscal está diseñado también para diferenciar los impuestos a la actividad industrial petrolera, de los gravámenes que sirven como mecanismo de transferencia de la renta petrolera al Estado. Al mismo tiempo, otorga transparencia a las Entidades Federativas en su participación de la renta petrolera, incluidos los hoy denominados "excedentes petroleros", vía el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; y sienta las bases para un manejo menos opaco del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.

En suma, el objetivo central de este régimen fiscal es extraer la renta que le corresponden a la Nación, pero dejando a Pemex mayores recursos financiar la reproducción de la misma renta, sobre todo en condiciones de elevados precios del petróleo.

Ahora bien, la iniciativa se ha enfrentado con la incomprensión de muy variados actores políticos y sociales.

Una primera crítica que se nos hace va en el sentido de que el nuevo régimen acelerará el agotamiento de los hidrocarburos, acentuando el carácter monoexportador de Petróleos Mexicanos. Quienes afirman esto parecieran desconocer que al no diferenciar el tratamiento fiscal de las actividades extractiva e industrial de Petróleos Mexicanos, el régimen actual inhibe el desarrollo de la refinación y la petroquímica, canalizándose los escasos recursos para inversión a la producción y con ello acelerando el agotamiento de los hidrocarburos, al no estimularse la exploración para reposición de reservas. De ahí que en el esquema propuesto las inversiones en exploración sean deducibles a 100.0 por ciento, y se diferencie el tratamiento fiscal a las actividades industriales de Pemex, para que nuestra empresa pueda agregar valor a la cadena productiva del petróleo. Por supuesto, nos parece de un gran simplismo afirmar que bastaría bajar 60.8 por ciento sobre ingresos que actualmente paga Pemex, puesto que las actividades industriales no generan una renta económica como si lo hace la extractiva, lo que permite gravar de esta forma los ingresos por explotación del crudo.

Otro argumento que se ha esgrimido, tiene que ver con la temeraria aseveración de que el nuevo régimen es un paso hacia la privatización, pues to que al pagar Pemex menores derechos por la extracción de gas se busca legalizar los contratos de servicios múltiples. La legalidad o ilegalidad de los contratos de servicios múltiples no se dirime en la definición de las obligaciones fiscales de Pemex. Además, en la medida que Petróleos mexicanos pueda contar con mayores recursos para financiar sus proyectos, dependiendo menos del endeudamiento, en esa misma medida menos se justificará recurrir a esquemas como el de los CSM. Adicionalmente, se establece una menor tasa fiscal para el gas respondiendo a la necesidad de que Pemex invierta más en su explotación; y en virtud de que la rentabilidad del gas es menor a la del crudo.

Como resultado de las diferencias expuestas anteriormente, en la Cámara de Senadores se han presentado dos propuestas alternas a lo aprobado por esta Cámara. Esto nos lleva a plantear las siguientes

II. Consideraciones

Punto de Acuerdo

Con la solicitud de que sea dictaminado como de urgente y obvia resolución

Único. La Cámara de Diputados instruye a las Comisiones de Hacienda y Energía para que soliciten a sus comisiones homólogas de la Cámara de Senadores, encargadas de dictaminar la iniciativa de reforma a la Ley de Derechos, aprobada por esta soberanía el 28 de octubre de 2004; a sesionar en conferencia, con el objeto de que los Diputados y los Senadores puedan efectuar el debate conjunto, tanto del dictamen ya votado en esta Cámara, como de las propuestas actualmente en proceso legislativo en la Cámara de Senadores, a fin de que el dictamen que procesalmente deba votarse en dicha Cámara, contenga ya el consenso de su colegisladora y de este modo poder obtener un decreto positivo en el actual periodo de sesiones; dada la urgencia que el tema reviste para el país.

Dado en el Salón de Sesiones, a 21 de abril de 2005.

Dip. Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica)
 
 

Antecedentes

La senadora Dulce María Sauri Riancho del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó el 9 de diciembre de 2004 a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Primera, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Servicio Civil de Carrera de la Administración Pública Federal.

En ella se proponía modificar el artículo 8 de la Ley del Servicio de Carrera de la Administración Pública Federal a efecto de exceptuar a la Secretaría de Relaciones Exteriores de su cumplimiento, para proteger y salvaguardar la integridad institucional y profesional del Servicio Exterior Mexicano.

La iniciativa, en su exposición de motivos, manifestó:

La senadora Dulce Maria Sauri Riancho alertó oportunamente que la definición y publicación de este Acuerdo, sin que haya habido un aviso oficial de su negociación y publicación al Senado de la República, que se encuentra analizando una iniciativa de reforma a la ley objeto del propio Acuerdo, constituye un precedente negativo que no se debe dejar pasar.

El suscrito, diputado federal Arturo Robles Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, coincide con la Senadora Sauri en que:

Por lo anteriormente expuesto, por la preocupación que nos merece la Política Exterior de nuestro país y la profesionalización del personal de carrera de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el diputado abajo firmante, en uso de las atribuciones que me confiere la ley, me permito presentar a esta soberanía la propuesta de la siguiente:

Excitativa

Única.- A las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Primera, de la colegisladora, les solicita el análisis y dictamen, en sus términos, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley del Servicio Civil de Carrera de la Administración Pública Federal, la cual les fue turnada para su atención por la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores en la sesión del 9 de diciembre de 2004.

Dado en San Lázaro a 21 de abril de 2005.

Dip. Arturo Robles Aguilar (rúbrica)