• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a analizar y certificar la propuesta elaborada por el Colegio de Posgraduados sobre el control biológico del lirio acuático en la cuenca del río Lerma y principalmente en el lago de Chapala, a cargo del diputado Quintín Vázquez García, del grupo parlamentario del PRI.

 
• Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo, a través de la Sagarpa, a considerar prioritaria la aplicación del Programa del Sistema de Seguimiento Satelital, suscrita por los diputados José Antonio Cabello Gil y Miriam Muñoz Vargas, del grupo parlamentario del PAN.

 
• Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados hace un extrañamiento al Ejecutivo federal por no haber considerado las opiniones del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos respecto al sentido del voto emitido en la 61ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra respecto al tema de los derechos humanos en Cuba, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del PRD.

 
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a agilizar a través de las áreas correspondientes, como la Comisión Nacional del Agua, los trámites necesarios para la supresión de la veda de aguas de la cuenca del río Papaloapan, a cargo del diputado Gonzalo Ruiz Cerón, del grupo parlamentario del PRI.

 
• Con punto de acuerdo, para exhortar a las Legislaturas de los estados a reformar sus Constituciones y leyes locales en materia electoral, a fin de garantizar la homologación de los tiempos y periodos electorales, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del PAN.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir para que se adopten las medidas necesarias a efecto de detener el cierre del hospital Juárez del Centro, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del PRD.

 
• Con punto de acuerdo, a fin de solicitar al Ejecutivo federal que se extiendan los subsidios anunciados para los consumidores domiciliarios de gas natural y los de gas licuado de petróleo -o LP-, así como al consumo agrícola de estos energéticos; y que declare una suspensión inmediata de cualquier autorización de aumentos a estos energéticos, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del PRI.

 
• Con punto de acuerdo, para solicitar a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación que cumpla las disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión y su respectivo reglamento, en materia de restricción a la trasmisión de programas de radio y televisión con contenido sexual y violento en horarios para menores, a cargo del diputado Manuel López Villarreal, del grupo parlamentario del PAN.

 
• Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados solicite al titular de la SEP que investigue y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes a los responsables de haber coaccionado a comunidades de instituciones educativas a asistir a un acto proselitista organizado por el PAN, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del PRD.

 
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y a la Sagarpa a integrar en el Programa Nacional de Normalización 2005 la NOM-CCA-002-ECOL/1993 y la NOM-015 SEMARNAP/SAGAR-1997, con objeto de que se actualicen, a cargo del diputado Francisco Javier Lara Arano, del grupo parlamentario del PAN.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob y a la PGR que investiguen las circunstancias en que ingresó en territorio mexicano el terrorista de origen cubano Luis Posada Carriles, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del PRD.

 
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo a establecer un programa de apoyo a los invidentes que cursan primaria, secundaria y educación media superior, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del PAN.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a diversas secretarías que revisen el incumplimiento de Pemex a las medidas de seguridad y de las empresas contratistas al requisito de contar con adecuados planes de protección civil y seguridad industrial, así como que realicen las investigaciones conducentes y finquen las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar, a cargo del diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del PRD.

 
• Con punto de acuerdo, para exhortar a las fuerzas políticas representadas en el estado de Chihuahua a formar un frente amplio junto con las autoridades contra la delincuencia organizada, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del PAN.

• A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del PRI.

 
• A las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Fortalecimiento del Federalismo, a solicitud del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del PRI.

Antecedentes

Surge un nuevo problema para el lago de Chapala, en virtud de que existen ocho mil hectáreas cubiertas por el lirio acuático.

Es importante señalar que los pescadores han manifestado que la presencia del lirio acuático en el lago, afecta la actividad pesquera, porque esta planta inhibe el crecimiento del fitoplancton, principal alimento de los peces, por consecuencia, disminuye la cantidad de éstos, su tamaño y su aprovechamiento; refiriendo además, que el lirio es un verdadero problema para las embarcaciones, ya que no sólo impide la libre navegación, sino que estropea los motores de las lanchas.

Lo cierto es que el lirio se ha convertido en un problema para todos aquellos que de una u otra forma viven o se recrean de y en las aguas del lago de Chapala.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo, que es de obvia
y urgente resolución

Único.- Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que analice y certifique para su aplicación, la propuesta elaborada por el Colegio de Postgraduados, del control biológico del lirio acuático en la cuenca del río Lerma y principalmente en el lago de Chapala,

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos en el mes de abril de 2005.

Dip. Quintín Vázquez García (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVÉS DE LA SAGARPA, A CONSIDERAR PRIORITARIA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SATELITAL, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JOSÉ ANTONIO CABELLO GIL Y MIRIAM MUÑOZ VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Los que suscribimos, diputados Miriam Muñoz Vargas y José Antonio Cabello Gil, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo, a través de la Sagarpa, a que se considere prioritaria la aplicación del Programa del Sistema de Seguimiento Satelital, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I.- La pesca y la acuicultura constituyen una fuente vital de alimentos, empleo, recreación, comercio y bienestar económico para las poblaciones de todo el mundo. Asimismo debieran serlo para las generaciones futuras y, por tanto, la explotación pesquera tendría que llevarse a cabo de forma responsable. Antes los recursos acuáticos se percibían como un don ilimitado de la naturaleza, mito que los hechos han desvanecido al constatar que, aun siendo renovables, en realidad se encuentran limitados y tienen que someterse a una ordenación adecuada si se quiere que su contribución al bienestar nutricional, económico y social de la creciente población mundial sea sostenible.

Es un hecho que la excesiva demanda de alimentos provoca la sobreexplotación de los recursos pesqueros. Este efecto negativo afecta a aquellas especies que son buscadas por los pescadores (especies objetivo) y muy a menudo ocurre la captura incidental de especies acompañantes, muchas de las cuales son simplemente descartadas en alta mar puesto que carecen de valor comercial. De manera indirecta, la pesca puede redundar en deterioro ambiental y contaminación, especialmente en las áreas costeras, provocando la destrucción del hábitat. El deterioro ambiental antropogénico y natural que se experimenta en buena parte de la zona costera, de donde se extrae el 80% de la pesca, es cada vez más evidente. En una buena proporción de los embalses continentales la situación es similar, debido al deterioro de las cuencas hidrológicas y la sobrepesca.

Hasta fines de los sesenta el ritmo de crecimiento de la producción pesquera era superior al de la población mundial; ahora el crecimiento es nulo o negativo, salvo por la producción acuícola. Según la FAO, la producción mundial notificada de la pesca de captura y la acuicultura bajó de 122 millones de toneladas en 1997 a 117 millones en 1998, debido principalmente a los efectos de la anomalía climática El Niño sobre algunas de las principales pesquerías de captura marinas. Sin embargo, se recuperó en 1999 y, según una estimación preliminar, la producción de ese año ascendió a 125 millones de toneladas. Los cambios más grandes en la producción pesquera se deben a la acuicultura, que creció en alrededor de 20 millones de toneladas con respecto al decenio anterior (en especial en Asia y el Pacífico), al tiempo que las capturas mundiales de peces, moluscos y crustáceos parecen haberse estabilizado en 90 millones de toneladas aproximadamente.

A pesar de esta relativa estabilidad en la producción, el esfuerzo de pesca (número de embarcaciones, tonelaje de las mismas o frecuencia con la que se lanzan las artes de pesca) sigue creciendo debido a la presión social derivada de la pobreza y a la falta de controles eficientes para el acceso al recurso pesquero. Las flotas pesqueras han registrado un incremento tanto en el número de grandes barcos pesqueros como en la incorporación de nuevas tecnologías, lo que resulta en que el tamaño de la flota pesquera mundial se encuentre sobredimensionado respecto al tamaño óptimo. Esto significa, entre otras cosas, que ahora se requiere un mayor esfuerzo para producir lo mismo, una evidencia del creciente deterioro de los recursos. El número de especies insuficiente o moderadamente explotadas disminuye, mientras que el número de las sobreexplotadas, agotadas y en recuperación está aumentando. La cantidad de especies explotadas a plenitud se mantiene relativamente estable, abarcando la mayoría de los recursos marinos.

Los indicadores ecológicos en torno a la pesca sugieren que en la mayoría de las zonas los ecosistemas se encuentran próximos a la explotación plena. El Océano Índico oriental y el Pacífico centro-occidental son las únicas zonas donde hay potencial para continuar desarrollando los recursos y se manifiestan pocos signos de tensión. Los recursos acuáticos continentales siguen sometidos a la presión causada por la pérdida o degradación del hábitat y la sobre pesca. Se señala que los vertebrados de agua dulce son los más amenazados entre aquellos que el hombre captura, pero es difícil obtener datos exactos. En zonas donde se han realizado estudios, alrededor del 20% de las especies están sobreexplotadas.

Pese a las fluctuaciones en la oferta, la demanda y el estado de los recursos, la pesca y la acuicultura siguen siendo muy importantes como fuentes de alimentos, empleo e ingresos en muchos países y comunidades. Por ello, y en respuesta a que se están alcanzando los límites de producción en las principales especies, ha tendido a aumentar la variedad de los recursos explotados.

Además de la preocupación relacionada con la baja en el potencial productivo de determinadas poblaciones, existe un interés creciente en los ecosistemas y en el impacto que la pesca puede ejercer en su estructura y función. Hay poca información regional o mundial sobre la relación entre la situación de los ecosistemas marinos y la pesca.

II.- A diferencia de lo que ocurre a escala global, el número de embarcaciones que constituyen la flota mexicana de altura (buques mayores a 15 metros de eslora) se ha mantenido cercano a 3, 500 desde 1980. Esto no corresponde, sin embargo, a un estancamiento en la capacidad pesquera. Ha habido un recambio de barcos de medio tonelaje por otros de mayor capacidad. En 1979 sólo el 1.8% de los barcos rebasaban las 100 toneladas, cifra que creció hasta un 7% en 2000.

No es éste el caso de la pesca ribereña (que comprende lanchas de hasta diez metros, tanto las empleadas en el mar como en los ríos), donde el incremento en el número de botes ha sido muy rápido, superando los 100, 000 actualmente. Los barcos se concentran principalmente en la vertiente del Pacífico, que cuenta con 2, 014 embarcaciones de altura y 56, 412 ribereñas, mientras que en el Golfo se registran 1, 552 y 43, 392 respectivamente.

En México 268, 727 personas dependen de manera directa de la producción pesquera para su subsistencia, población que ha crecido a una tasa del 1.23% anual entre 1992 y 2001, especialmente en el Pacífico (1.17% anual), mientras que en el Golfo el número de personas que se ocupan en este sector se ha mantenido esencialmente constante (0.6% de incremento anual). Este crecimiento poblacional es modesto en comparación con el acelerado aumento en el número de embarcaciones dedicadas a la pesca ribereña, por lo que más bien estamos observando que muchos pescadores que antes laboraban en navíos mayores ahora se desplazan hacia pequeñas lanchas; esto es, hay cambios que están modificando la estructura social y económica de la pesca en el país.

III.- La explotación de un recurso puede ser elevada debido a que las condiciones económicas de los productores son adversas, por lo que extraen mayores cantidades del recurso a fin de satisfacer sus necesidades monetarias, o bien debido a que la demanda del mismo es alta. La sobreexplotación agota los recursos pesqueros y conlleva a la captura incidental de especies no-objetivo, así como al descarte de las especies sin valor comercial, lo que daña al ecosistema en su conjunto.

Ante el evidente deterioro de varias pesquerías en todo el mundo, se han adoptado los conceptos de desarrollo sustentable y pesca responsable. La sustentabilidad se considera como "la relación entre la explotación o aprovechamiento y la capacidad de renovación biológica de los recursos, modulada por las condiciones del medio ambiente natural y social con una visión de largo plazo". Desde luego, el reto ha sido aplicar estos conceptos a acciones prácticas que no sólo consideren lo ambiental, sino también lo económico y lo social.

IV.- Los Sistemas de Seguimiento Satelital que han sido implementados por los países del mundo, a través de sus agencias encargadas del ámbito pesquero, tienen como objetivo el contribuir en la adopción de medidas de ordenamiento pesquero y lograr el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, así como complementar las acciones de seguimiento, control y vigilancia de las actividades extractivas.

Para este caso particular, los Sistemas de Seguimiento Satelital se entienden como la totalidad de los equipos (hardware) y los servicios de comunicación vía satélite, así como los centros de procesamiento y control de la información recibida y del comportamiento de la flota. El Equipo, está constituido por aquellos bienes y dispositivos que como parte del sistema son instalados a bordo de las embarcaciones pesqueras, y cuentan con las especificaciones técnicas apropiadas para la transmisión de señales vía satélite. Los Centros de Control son centros de recepción y procesamiento de los datos, que elaboran reportes y de toda la información transmitida a través del sistema.

V.- El Sistema de Seguimiento Satelital, consiste en la transmisión vía satélite de datos de localización desde una embarcación pesquera que lleva instalado a bordo un equipo o plataforma de transmisión de datos hasta un centro de control.

Los Sistemas de Seguimiento Satelital están orientados a complementar las acciones de seguimiento, vigilancia y control de las actividades extractivas, así como las medidas de ordenamiento pesquero.

Podríamos citar como antecedentes internacionales algunos VMS (Vessel Monitoring System) actualmente en uso en diferentes gobiernos y en organizaciones regionales de ordenación pesquera tales como:

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) explicó que a nivel internacional se utilizan de manera generalizada los dispositivos de seguimiento satelital de las embarcaciones, para incrementar la seguridad en el mar, prevenir la pesca ilegal y aumentar el control de la operación de las embarcaciones con objeto de asegurar el desarrollo de una pesca responsable y sustentable.

Dichos dispositivos son útiles para transmitir información en tiempo real sobre las capturas de pesca, así como para facilitar acciones de salvamento en caso de contingencias y con ello aumentar la seguridad de la vida humana en el mar.

En diversos instrumentos y organizaciones internacionales de pesca se dispone la utilización de dichos sistemas, tal es el caso de la FAO, donde en su Plan de Acción Internacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal no Declarada y no Reglamentada (INDNR), se señala que los Estados deben considerar la elaboración de sistemas de seguimiento satelital, incluso promoviendo sistemas de seguimiento de las capturas y localización de buques en tiempo real, el seguimiento de los desembarques, el control en el puerto, y las inspecciones y reglamentaciones de los transbordos.

En el marco de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA), organismo del cual México es parte y se encuentra obligado legalmente a dar cumplimiento a sus resoluciones, más de 30 países adoptaron en 1997 una disposición para fomentar el uso de VMS y para iniciar un programa piloto de VMS.

En este sentido, resulta una obligatoriedad para los buques mexicanos mayores de 24 metros de eslora operando en el área del Atlántico y Golfo de México, la utilización de tales dispositivos, así como de manera voluntaria para las embarcaciones menores a la citada eslora.

Asimismo, existe la obligatoriedad para las embarcaciones atuneras mexicanas de utilizar VMS en la zona regulada por la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), ya que en esta Comisión se aprobó una resolución en junio del 2004 en Lima, Perú, donde cada país con buques pescando en el Océano Pacífico Oriental y capturando especies reguladas por la Comisión deben establecer, antes del 1° de enero de 2005 un sistema de seguimiento de buques satelital (VMS). Los países miembros de la CIAT son Costa Rica, España, Ecuador, El Salvador, Francia, Guatemala, Japón, México, Nicaragua, Perú, Panamá, Estados Unidos, Vanuatu y Venezuela.

En el Acuerdo de Naciones Unidas sobre Pesca en Alta Mar, en su Parte V, que se refiere a los "Deberes del Estado del Pabellón", se señala que todo Estado adoptará respecto de los buques que enarbolen su pabellón, medidas para el seguimiento, control y la vigilancia de tales buques, y de sus operaciones pesqueras y actividades conexas, en particular mediante la elaboración y puesta en práctica de sistemas de vigilancia de buques, que incluyan, sistemas de transmisión por satélite.

Igualmente en la Convención sobre la Conservación y Ordenación de Stocks de Peces Altamente Migratorios en el Océano Pacífico Occidental y Central (Convención MHLC); y en la Forum Fisheries Agency (FFA) existe la obligatoriedad de utilizar tales dispositivos.

VII.- Para el caso de México, este tipo de sistemas ha empezado a implementarse. Pues el pasado mes de diciembre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a través de la Conapesca y de la Dirección General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, y dentro del marco del Programa de Ordenamiento Pesquero, giró oficio número DGOPA/13789/031204 dirigido a los permisionarios y/o concesionarios de las pesquerías en donde operan embarcaciones mayores en el océano pacífico.

En dicho oficio se menciona el "compromiso establecido durante la décima sesión ordinaria del Consejo Nacional, celebrada en marzo del 2004, en donde se hizo del conocimiento de los consejeros, entre ellos tres dirigentes de las principales agrupaciones pesqueras, el Programa del Sistema de Seguimiento Satelital de embarcaciones pesqueras mayores. En esta reunión se solicitó el apoyo de los productores para la instalación del dispositivo y se informó que se iniciaría con la flota del Pacífico y que se avanzaría posteriormente en la flota del Golfo y el Caribe".

VIII.- El Sistema de Seguimiento Satelital coadyuvará en las labores de monitoreo de la flota y a colaborar en el cumplimiento del ordenamiento pesquero de nuestro país.

El nivel de control con que se contará con el Sistema de Seguimiento Satelital será muy grande, el nivel de precisión es considerable ya que se podrá obtener la posición, velocidad, rumbo y ubicación de una embarcación pesquera las 24 horas del día y los 365 días al año, mostrando el recorrido y cualquier cambio de rumbo aún estando en puerto, generándose así reportes más dinámicos y completos.

Con ello se mantendrá un control efectivo sobre las áreas restringidas de nuestro litoral, realizando también un monitoreo de las zonas prohibidas que se establecen de forma variable según los informes técnicos de las autoridades y normatividad correspondientes y vigentes en nuestro país.

IX.- La modernidad pero al mismo tiempo la legalidad pueden ser ahora los valiosos aliados para vigilar el mar mexicano. Así, en virtud a un nuevo y moderno sistema de satélites y redes de información cibernética, la intensa actividad pesquera que se produce en las aguas territoriales de México, considerado uno de los más ricos en el planeta, será vigilado en forma permanente y con información actual, gracias al Sistema de Seguimiento Satelital.

Sin embargo, creemos que para alcanzar resultados concretos de esta vigilancia, se debe de integrar una normativa a fin de que existan disposiciones sobre el uso del sistema satelital. Ello con el objetivo principal de proteger la enorme y rica biomasa que existe en las aguas continentales que, en varios casos, debido a una actividad excesiva de sobre pesca y, por cierto, depredatoria de algunas naves, ha sido puesto en peligro.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta H. Soberanía, la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Primero.- Esta Honorable Asamblea exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que el Programa del Sistema de Seguimiento Satelital, actualmente dirigido por la Sagarpa, sea considerado como un programa prioritario.

Segundo.- Que el sistema de seguimiento satelital permita rastrear la ruta y actividad de la vasta flota pesquera industrial no sólo nacional, sino también extranjera cuando se hagan a la mar.

Tercero.- Solicitar la instalación el Sistema de Seguimiento Satelital en todas las embarcaciones mayores y medianas de la flota pesquera industrial, para asegurar el cumplimiento del ordenamiento pesquero en resguardo de las zonas restringidas establecidas para la pesca artesanal y para asegurar el desarrollo normal y adecuado del ciclo biológico de las especies.

Cuarto.- Solicitar la apertura en el provisionamiento, a fin de que empresas calificadas puedan brindar el servicio de seguimiento satelital a las embarcaciones pesqueras de mayor y mediana escala (evitando el monopolio); estableciendo cronogramas de instalación a las embarcaciones pesqueras de madera y metálicas.

Quinto.- Esta Honorable Asamblea, asimismo, propone que para que haya un mayor impacto, perspectivas de innovación y mejoramiento del Sistema de Seguimiento Satelital, ya que la tecnología avanza a pasos agigantados, es necesario que no sólo la Sagarpa, sino también la Profepa y la Semarnat se coordinen para aplicar dicha teología, y vayan acorde con estos avances, siempre con la firme intención de hacer cumplir los ordenamientos pesqueros y ambientales para llevar una pesca responsable preservando el recurso, protegiendo las zonas establecidas para la pesca artesanal, generando divisas y preservando la riqueza ictiológica.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 19 de abril de 2005.

Diputados: Miriam Muñoz Vargas, José Antonio Cabello Gil (rúbrica).
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS HACE UN EXTRAÑAMIENTO AL EJECUTIVO FEDERAL POR NO HABER CONSIDERADO LAS OPINIONES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS RESPECTO AL SENTIDO DEL VOTO EMITIDO EN LA 61ª SESIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN GINEBRA RESPECTO AL TEMA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CUBA, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL GARCÍA TINAJERO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, legislador de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 15 de marzo, esta Cámara de Diputados votó una proposición con punto de acuerdo en el sentido de solicitar al poder ejecutivo que la delegación mexicana ante la 61ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos votara en contra de cualquier resolución que atentara contra la dignidad, soberanía e independencia del Estado Cubano y se manifestara en contra del bloqueo económico impuesto a Cuba por Estados Unidos.

Días después, en el Senado de la República, se aprobó otra proposición con punto de acuerdo para solicitar también al Ejecutivo Federal abstenerse de votar en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU cualquier proyecto de resolución relativo a la situación de los Derechos Humanos en Cuba por considerar que dicha proposición constituye un instrumento de presión política sistemática, que atenta contra los principios fundamentales del derecho internacional y que nada tiene que ver con una preocupación legítima por la situación de los derechos humanos en la isla.

Ambas propuestas, la del Senado y la de los diputados, contaron con el voto casi unánime de las fracciones parlamentarias representadas en cada una de las Cámaras.

Sin embargo, el Ejecutivo federal votó, una vez más, como lo hizo hace un año, adhiriéndose servilmente a la propuesta que tradicional y obstinadamente promueve la delegación norteamericana cada año. Haciendo caso omiso a los exhortos del Congreso.

Si bien, este año no tuvimos que vivir la vergüenza de que el sentido del voto de la delegación mexicana fuera anunciado por el Departamento de Estado Norteamericano, es evidente que, en el ánimo de quienes conducen nuestra política exterior pesa más la opinión del gobierno de Estados Unidos que la del Poder Legislativo mexicano.

En este mundo al revés, muchas cosas pasan como su contrario. En este caso se intenta disfrazar como nobilísima cruzada en pro de los derechos humanos aquello que en realidad es una coartada para pisotear los derechos humanos de los cubanos.

México, en realidad, votó en contra de los lazos de amistad que unen a los pueblos cubano y mexicano. Votó en contra de los principios de la política exterior que consagra nuestra Constitución y que durante mucho tiempo dieron a nuestro país prestigio en el concierto de las naciones. Votó a favor del asedio que durante 45 años ha sufrido una nación pequeña y pobre por parte de la nación más poderosa de que se tenga memoria. La misma potencia que tiene el record en violaciones de los derechos humanos en el mundo: Irak, Afganistán, Guantánamo, el apoyo al genocidio israelí contra los palestinos, son solo algunos recientes ejemplos. Votó, sobre todo, por el envilecimiento del tema de los derechos humanos, que pierde todo contenido y razón de ser cuando se le usa como coartada para legitimar la agresión contra un pueblo cuyo único delito es seguir un camino distinto al dictado por la potencia hegemónica mundial.

Los dobles raseros y el uso faccioso por parte de algunos Estados del tema de los Derechos Humanos han llenado de desprestigio a la Comisión de la ONU encargada de velar por ellos. El mismo Kofi Annan en su informe: "En una mayor libertad: hacia el desarrollo, la seguridad y los derechos humanos para todos" donde llama a reformar la comisión de Derechos Humanos señala que la pérdida de credibilidad de esta " ha ensombrecido la reputación de todo el sistema de la ONU" ya que " se ha visto superada por las nuevas necesidades y reducida por la politización de sus periodos de sesiones y la selectividad de su labor" Annan señala: " Los gobiernos entran a la comisión para protegerse a si mismos o asegurarse que otros serán juzgados. Se ha vuelto (la CDH) un contencioso y en el camino se pierden los derechos de los individuos y los derechos humanos que deben proteger"

"La Comisión pierde en consecuencia su credibilidad y la reputación del sistema de naciones Unidas se encuentra en entredicho".

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados hace un extrañamiento al Ejecutivo Federal por no haber considerado las opiniones del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos respecto al sentido del voto emitido en la 61ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra con respecto al tema de los derechos humanos en Cuba.

Segundo: Se exhorta al Ejecutivo a hacer suyo el llamado de Kofi Annan para reformar la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2005.

Dip. Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A AGILIZAR A TRAVÉS DE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES, COMO LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA SUPRESIÓN DE LA VEDA DE AGUAS DE LA CUENCA DEL RÍO PAPALOAPAN, A CARGO DEL DIPUTADO GONZALO RUIZ CERÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Gonzalo Ruiz Cerón integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento a esta H. soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de sus áreas correspondientes como es la Comisión Nacional del Agua, agilice los trámites necesarios para la supresión de la veda de aguas de la cuenca del río Papaloapan.

Antecedentes

El 23 de julio de 1947 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de la Secretaría de Recursos Hidráulicos mediante el cual se declaró vedado, por tiempo indefinido, el otorgamiento de concesiones; para aprovechar las aguas del río Papaloapan y las de todos sus afluentes y subafluentes que constituyen su cuenca tributaria, desde sus orígenes dentro del estado de Oaxaca, hasta su desembocadura en el Golfo de México, estado de Veracruz.

Los fundamentos para emitir el citado acuerdo fueron los siguientes:

Por acuerdo presidencial de fecha 26 de febrero de 1947, publicado en el Diario Oficial del día 24 de abril de ese mismo año se creó un organismo técnico y administrativo, dependiente de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, para planear, diseñar y construir las obras requeridas para el integral desarrollo de la extensión del país que constituía la cuenca del río Papaloapan, cuya extensión total es de 45,000 kilómetros cuadrados abarca zonas muy ricas de los estados de Oaxaca y Veracruz.

En aquel entonces se preveían obras fundamentales como grandes presas de almacenamiento y de derivación; canales de riego y de drenaje; canales de fuerza; plantas hidroeléctricas, etcétera.

Así que para el eficaz desarrollo de los estudios preliminares y la realización de las obras que comprendían el amplio proyecto que se planeaba en el acuerdo presidencial de referencia, era necesario procurar que "por ahora" no se alteren las condiciones hidráulicas que prevalecen en la cuenca del río Papaloapan.

Considerandos

A más de medio siglo de vigencia de dicho acuerdo, es incuestionable el cambio de las condiciones de la mencionada cuenca y de las necesidades de ésta. En dicho tiempo sólo se ha construido una planta hidroeléctrica para la generación de energía, quedando sin efecto los otros objetivos que dieron lugar a dicha veda, es decir, la construcción de grandes presas de almacenamiento y de derivación; canales de riego y de drenaje y canales de fuerza.

Esta situación ha generado una grave problemática en la producción agrícola en la región de influencia del río Papaloapan. Existen necesidades de inversión en la construcción, operación, conservación y mantenimiento de obras hidráulicas; pero sobre todo, la necesidad del uso racional del agua; es decir; el manejo integral y eficiente de este recurso.

Sin duda, una de las demandas reiteradas del sector productivo agrícola de esta región ha sido la supresión de esta veda para estar en posibilidad de utilizar de forma racional las aguas de la "cuenca del río Papaloapan".

En la producción agropecuaria el agua es vital, sin embargo, sólo un reducido porcentaje de la superficie dedicada a ésta, dispone de este recurso de manera segura y permanente, la mayor parte de dicha producción es de temporal.

La agricultura que se desarrolla en la cuenca del río Papaloapan que abarca los estados de Oaxaca y Veracruz es fundamentalmente bajo condiciones de temporal con bajos rendimientos y prácticamente de subsistencia.

La sequías recurrentes han venido a agravar la situación de producción en esta área, sin embargo, eso no quiere decir que no se disponga de agua superficial y subterránea a poca profundidad, que con poca inversión se podría disponer del vital líquido que aportaría entre otras cosas, la certeza de la aplicación del agua en las etapas fenológicas que más se requieren los diferentes cultivos, mayores rendimientos y por ende mayores ingresos para los productores y una mayor aportación en la economía regional.

Debido a las condiciones favorables de clima y suelo que imperan en la cuenca del río Papaloapan, una gran variedad de cultivo se explotan como son: maíz, café, pastos, caña de azúcar, frijol, mango, limón, trigo, cacahuate, copra, piña, plátano, agave mezcalero y sorgo entre otros, pero obviamente los son más con la disponibilidad de agua, por lo que existe enorme interés de particulares en invertir en infraestructura hidroagrícola, respaldados con proyectos productivos sustentables que apoyarían el desarrollo regional, sobre todo de las áreas rurales en donde se acentúa más el desempleo, sin embargo este acuerdo emitido hace más de medio siglo impide que proyectos productivos sustentables se realicen en la región.

Por lo que en forma reiterada se ha solicitado la supresión de la veda, que se ha convertido en uno de los principales factores que frena el desarrollo sustentable de la región de influencia de la cuenca del río Papaloapan.

Estas solicitudes ya han tenido respuesta parcial por parte de la áreas correspondientes del Ejecutivo; a la fecha, la Subdirección General Técnica y la Gerencia Regional Golfo Centro han elaborado los estudios de disponibilidad y la Manifestación de Impacto Regulatorio.

De forma paralela la Gerencia Regional Golfo Centro elaboró ya cuenta con el estudio técnico justificativo para la supresión de la veda, el cual ya ha sido presentado y aprobado por el Consejo de la Cuenca del Río Papaloapan. Dicho Consejo en coordinación con la Subdirección General Técnica ya han iniciado la elaboración del anteproyecto de "Supresión de Veda".

De igual forma existen estudios que evidencian el desaprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca del río Papaloapan, por lo que es necesario replantear la política hídrica al respecto, para estar en posibilidad de dar respuesta a las demandas, tanto de particulares para el uso sustentable de este recurso, como a la demanda misma de la economía regional ávida de generación de empleos.

En resumen, los sectores potencialmente beneficiarios de la supresión de la veda en comento, ya no pueden ni tienen por qué seguir esperando otro medio siglo para hacer uso racional de este vital recurso.

Por lo anteriormente expuesto someto a la Consideración de esta H. soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución.

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de sus áreas correspondientes como es la Comisión Nacional del Agua, agilice los trámites necesarios para la supresión de la veda de aguas de la cuenca del río Papaloapan.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a los 19 días del mes de abril de 2005.

Dip. Gonzalo Ruiz Cerón (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS A REFORMAR SUS CONSTITUCIONES Y LEYES LOCALES EN MATERIA ELECTORAL, A FIN DE GARANTIZAR LA HOMOLOGACIÓN DE LOS TIEMPOS Y PERIODOS ELECTORALES, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN GALINDO NORIEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, en mi calidad de diputado federal integrante de la LIX Legislatura del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Legislaturas de los estados a reformar sus constituciones y leyes locales en materia electoral, para garantizar la homologación de los tiempos y períodos electorales, atendiendo a las siguientes

Consideraciones

I.- Como es por todos conocido cada seis años, ejerciendo nuestro derecho a voto establecido en nuestro máximo precepto legal, elegimos Presidente de la República. Todo ello se genera, a través de la realización de campañas electorales que se efectúan durante el periodo precedente a las elecciones de acuerdo con la reglas que, previamente se encuentran establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se restringen sus métodos, tiempos y costos.

II. Asimismo, se dice que las campañas son una forma de comunicación política persuasiva. Se dice que es política, porque en ellas se intercambian discursos contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre esta materia: candidatos de los partidos, periodistas y opinión pública. Es persuasiva, porque pretende cambiar o reforzar las opiniones y las acciones de los electores en determinada dirección, particularmente por medio de imágenes y mensajes emocionales más que definir objetivos claros, precisos y específicos.

Sin embargo, en nuestro país pareciera que tenemos "campañitis" o "eleccionitis", porque cuando todavía no concluye un procedimiento electoral, ya en otra entidad federativa o probablemente en la misma pero para aspirar a otro cargo de elección popular, nos encontramos iniciando otro.

III. Actualmente, el propio artículo 41 Constitucional establece que los Partidos Políticos son entidades de interés público, que la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Son personas jurídicas o colectivas reconocidas por el artículo 22 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), como organizaciones o agrupaciones políticas que pretenden participar en las elecciones federales, su característica principal es la de gozar de personalidad jurídica y, desde luego, disfrutar de los derechos y prerrogativas, así como afrontar las obligaciones que la Constitución y la ley les imponen, en razón del tipo de registro que hayan obtenido.

Las prerrogativas que, según el artículo 41 del Cofipe, tienen los partidos políticos, son las siguientes:

En este sentido, es oportuno comentar que ya hemos dado grandes pasos para lograr la modernidad jurídica que tanto anhelamos. Como ejemplo, podríamos mencionar la Transparencia y Rendición de Cuentas que tanto la ciudadanía como nosotros, estábamos reclamando; y con la cual ahora todos los organismos públicos están obligados a informar a la ciudadanía de sus erogaciones y sus ingresos.

Por ello, es menester comenzar a reducir el costo de la democracia e iniciar la generación de condiciones que incentiven el diálogo y la concreción de acuerdos. Derivado de lo anterior, y tomando como base la presentación de la Iniciativa en materia Electoral por el Ejecutivo Federal en marzo del año pasado, considero que es imprescindible dejar de postergar las reformas al sistema electoral para permitir realmente la instrumentación de nuevas bases que definan, modernicen y marquen las reglas para la competencia entre los partidos políticos.

V. Por ejemplo, las campañas electorales llevan a los partidos y candidatos a buscar posiciones y discursos que los diferencien para ganar el voto popular, lo cual le da valor y sentido a la democracia. Sin embargo, esta confrontación impide llegar a acuerdos que al final redunden en beneficio para la sociedad. En consecuencia, entre más procesos electorales se tengan en un año, se dispondrá de menos tiempo para acordar y desahogar la agenda pública y la derrama económica seguirá siendo mayúscula. Un sistema que obliga a sus partidos a estar compitiendo de manera recurrente, acorta innecesariamente los tiempos de la negociación y socava las condiciones para formar mayorías y llegar a acuerdos definidos.

México tiene uno de los calendarios electorales más desordenados de los sistemas presidenciales. Si se toman los seis años del mandato presidencial, se encuentra que el número anual de procesos electorales, repartidos en diversos meses, va de ocho en el año con menor número de elecciones a quince en el año con mayor número. Para muestra de lo anterior, basta con ver el siguiente calendario:

El calendario anterior, nos da una clara muestra de la disparidad de los tiempos electorales que nuestro país enfrenta. Sin embargo, el problema no versa solamente en la disparidad de las fechas electorales, sino en las implicaciones económicas, políticas y sociales que ello conlleva.

VI. Por lo tanto, la propuesta que hoy vengo a presentar ante ustedes, versa sobre la conveniencia para nuestro sistema político y sobre todo para nuestro sistema electoral, el que los Congresos Locales adopten la homologación de los tiempos y procesos electorales. Ello implicaría que en un mismo día se celebren elecciones para elegir gobernadores, renovar congresos locales y a los integrantes de los ayuntamientos.

Las ventajas de la propuesta que comento se verían reflejadas, primeramente, en la disminución de costos electorales.

Asimismo, para lograr la homologación de los procesos y tiempos electorales que estamos buscando, es necesario ajustar la temporalidad de los encargos de gobernadores, integrantes de los ayuntamientos y diputados locales.

Para ello, y tomando en consideración que la próxima elección federal la tenemos en el muy cercano 2006, se tomó como base la elección federal que se llevará a cabo en el año 2012, lo cual nos dará mayor tiempo de planeación, seguida de una coordinación entre los tres órdenes de gobierno para llevar a cabo tal propuesta; el Instituto Federal Electoral y los Institutos Electorales de las Entidades Federativas podrán coadvuyar en la coordinación y planeación de los trabajos que para tal efecto se necesiten realizar, y , por último, en esta propuesta, establecemos un calendario electoral que contempla la duración de los encargos que se pretenden homologar.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a esta H. Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta a las Legislaturas Locales a reformar sus constituciones y leyes locales en materia electoral, para garantizar la homologación de los tiempos y períodos electorales, tomando en consideración que la jornada electoral ordinaria se lleve a cabo el primer domingo de julio del año de la elección.

Segundo.- Derivado de lo anterior, se propone que se adecuen sus respetivos órdenes jurídicos, donde el Congreso de la Unión y las Legislaturas Locales incluirán los artículos transitorios necesarios para ajustar, por única ocasión, el período de duración del Gobernador, Diputados Locales e integrantes de los Ayuntamientos, con el objeto de que los siguientes pudieran ser electos de conformidad al siguiente calendario:

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, a diecinueve de abril del año dos mil cinco.

Dip. Ramón Galindo Noriega (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR PARA QUE SE ADOPTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE DETENER EL CIERRE DEL HOSPITAL JUÁREZ DEL CENTRO, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIO SERRANO JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del PRD de esta LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya para se adopten las medidas necesarias a efecto de que detenga el cierre del hospital Juárez del Centro, presentado por el diputado Emilio Serrano Jiménez conforme a los siguientes

Considerandos

La Secretaría de Salud dentro de su Misión, reconoce: contribuir a un desarrollo humano justo, incluyente y sustentable, mediante la promoción de la salud como objetivo social compartido y el acceso universal a servicios integrales y de alta calidad que satisfagan las necesidades y respondan a las expectativas de la población, al tiempo que ofrecen oportunidades de avance profesional a los prestadores, en el marco de un financiamiento equitativo, un uso honesto, transparente y eficiente de los recursos y una amplia participación ciudadana.

Como diputados, representantes del pueblo, observamos con enorme preocupación, que al ordenar la Secretaría de Salud, de una manera tajante y autoritaria el cierre del hospital Juárez del Centro, se rompe con los postulados que enarbola, ya que, no esta contribuyendo a "un desarrollo humano, justo incluyente y sustentable mediante la promoción de la salud como objetivo social compartido" en virtud de que al mandar el cierre definitivo del hospital Juárez del Centro excluye automáticamente de la promoción de la salud, a los cientos de usuarios que acuden a ese centro hospitalario y que son personas con un perfil económico bajísimo y sin ningún tipo de seguridad social, que no pueden pagar los altos costos que tiene la promoción de la salud.

Plasmada así mismo dentro de su Misión leemos "el acceso universal a servicios integrales y de alta calidad que satisfagan las necesidades y respondan a las expectativas de la población" quien mejor que la Secretaría de Salud conoce y reconoce que los servicios en este rubro son insuficientes para una población de más de cien millones de mexicanos de los cuales más de la mitad viven en situación de pobreza, por lo que el acceso universal a servicios integrales y de alta calidad, no lo tienen y aún menos lo tendrán si se cierra el hospital Juárez del Centro.

Postulan dentro de la Misión también, "oportunidades de avance profesional a los prestadores", mismo que carece de sentido al ser materialmente expulsados todos los estudiantes de Posgrado en sus diversas especialidades al cerrarse su Centro de Estudios.

También parece letra muerta el final de su llamada Misión "una amplia participación ciudadana" ya que no están tomando en cuenta a todos los usuarios actuales y futuros así como a las Damas Voluntarias del hospital Juárez del Centro.

Administrativamente dentro de la llamada Visión de la Secretaría de Salud tenemos que refiere que "los ciudadanos de manera individual, o en forma organizada, estarán involucrados en todas las decisiones que afecten su salud: representados en los cuerpos directivos de las unidades de salud, participando en los foros de discusión del sector; sumando inquietudes a las agendas estatales y nacionales de salud; opinando sobre las grandes decisiones de políticas. Además contarán con acceso a la información pública y con instancias sensibles y eficientes para la presentación de quejas y sugerencias".

Resulta totalmente falso lo anterior ya que, empezando por los propios empleados del hospital Juárez del Centro, desconocían el atentado que se fraguaba en contra suya y de los usuarios y fue hasta el día 6 de abril del presente año que tuvieron acceso a diversos documentos expedidos desde el año pasado, como el del 28 de septiembre de 2004 firmado por el Presidente de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales y dirigido al Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lic. Pablo Torres Salmerón que textualmente dice en una de sus partes: "De acuerdo con las instrucciones del Señor Secretario Eduardo Romero Ramos, me permito anexarle un plano del predio que hoy ocupa el hospital Juárez en el centro de ésta ciudad, así como la ruta crítica de las actividades que habría que realizar para lograr su uso por parte de la SCJN".

Como se desprende de su lectura, en ninguna parte de dicho documento hace alusión a problemas de tipo estructural y de construcción -como se argumentan actualmente- pero si en cambio indica los pasos a seguir para apoderarse de dichos predios ocupados por el mencionado Hospital, la Comisión Nacional de Bioética, y la Capilla de San Pablo.

El 11 de octubre de 2004 en oficio de la Secretaría de Salud, firmado por el C.P. Miguel Villaseñor Miranda, Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, le solicita al Lic. Héctor Domínguez Castillo, Director de Coordinación y Contratos le indica que se coordine con los representantes de la Dirección General de Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y "elabore un cronograma de actividades" así como un informe sobre la comprobación documental del predio donde se ubica el hospital Juárez del Centro, dicha información deberá reportar, lo referente al Impuesto Predial, Agua, Dictamen Estructural y otros. El dictamen estructural se refirió al tipo de inmuebles, superficies, sin contemplar memorias de cálculo, ni peritajes estructurales, por lo que estamos ante un caso de implementación legal para apoderarse de los predios ocupados.

En otro documento de la Secretaría de Salud, de fecha 14 de abril de 2005, marcando como asunto: Relativo al hospital Juárez del Centro firmado por el C.P. Miguel Villaseñor Miranda, Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, le indica textualmente al Dr. Odón Vázquez Argot Subdirector de Servicios Operativos y encargado de la Dirección de Servicios Generales, lo siguiente: "Hago referencia a las gestiones que realiza ésta Secretaría con objeto de destinar a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el inmueble donde se ubica el hospital Juárez del Centro, el cual como es de su conocimiento contempla una superficie de 23,299.94 m2 que pertenece al Patrimonio de la Beneficencia Pública y otra de 6,017.53m2 propiedad del Gobierno Federal.

En tal virtud, instruyo a usted a efecto de que lleve a cabo una visita de inspección en el referido inmueble con objeto de que identifique si existen además de la Unidad Hospitalaria en comento, otras Áreas o Unidades dependientes de ésta Secretaría que utilicen el inmueble, identificando, en su caso, si éstas ocupan superficies de propiedad Federal y/o del Patrimonio de la Beneficencia Pública, a efecto de proceder a su desocupación inmediata y solicitar, tratándose de superficies federales su cambio de destino. Para mayor referencia, envío a usted antecedentes de las áreas y superficies que se tienen identificadas como ocupantes de dicho inmueble".

Con éste último documento se da la instrucción tajante y autoritaria del desalojo del inmueble, sin argumentar las dizque fallas estructurales a causa del sismo de 1985 y sin informar en todo caso al Director del Hospital Elías Rescala Baca y sin ningún aviso a todos los usuarios del nosocomio.

Resulta sumamente fácil expresar, que los enfermos y pacientes pueden ser atendidos en otros Centros Sanitarios cercanos al hospital Juárez, pero la realidad es tan abrumadora, que termina por imponerse y es que actualmente no tenemos la capacidad de atención para cubrir con calidad y oportunidad a tantos mexicanos que en este momento demandan servicios de salud. Tan es así, que, en éste Hospital se atiende a enfermos de toda la República con cuotas desde $16 a $50 pesos y cirugías de corta estancia con precios de $600 a $800 pesos.

Como representantes ciudadanos, no debemos permitir un atropello a la salud pública donde se hace uso del argumento de la seguridad de los trabajadores y usuarios y que no ha sido demostrado plenamente y que deja un sinnúmero de dudas sin aclarar como:

El por qué, si, desde 1985 estaban dañados los edificios se permitió continuar prestando el servicio.

El por qué a los empleados vía sindical se les hace el ofrecimiento de reubicación con mejora de clasificación escalafonaria.

El por qué nunca se informó a la opinión pública la intención de dar los predios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El por qué a los enfermos jamás se les pregunto su opinión al respecto.

El por qué se cierra un Hospital fundado el 23 de agosto de 1847 en plena intervención americana y que durante décadas se le ha identificado como "el hospital de los pobres", al privilegiar, desde su origen, a la población con menores recursos como son ancianos abandonados, indigentes, prostitutas, niños de la calle y diableros de la Merced.

El por qué se ha hecho tortuguismo en la descentralización hospitalaria y concluir ya la entrega de 6 hospitales en manos de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal al Gobierno capitalino.

¿Que acaso le resulta más fácil al Secretario de Salud Dr. Julio Frenk Mora "regalar" para su destrucción un hospital que funciona a cabalidad que descentralizarlo o mejorarlo?

Queremos creer que éste no es un arreglo entre Poderes Ejecutivo-Judicial, sino que gente menor, inescrupulosa, hace arreglos y pactos para su beneficio personal, gente a la que no le importa nuestro País ni los mexicanos que habitamos aquí.

Señores Diputados no continuemos condenando a la enfermedad y sufrimiento a miles de compatriotas, no permitamos el cierre del hospital Juárez del Centro por caprichos o convenios hechos a espaldas de los legítimos interesados.

Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad de continuar brindando el servicio de salud integral a familias mexicanas de escasos recursos, pongo a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Uno. Esta Honorable Cámara de Diputados hace un exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que instruya, se adopten las medidas necesarias a efecto de que detenga el cierre del hospital Juárez del Centro girando su instrucción al C. Secretario de Salud a fin de que implemente una política de remodelación del inmueble o lleve a cabo la descentralización del mismo.

Dos. Que éste Punto de Acuerdo sea de urgente y obvia resolución.

Dip. Emilio Serrano Jiménez (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR AL EJECUTIVO FEDERAL QUE SE EXTIENDAN LOS SUBSIDIOS ANUNCIADOS PARA LOS CONSUMIDORES DOMICILIARIOS DE GAS NATURAL Y LOS DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO -O LP-, ASÍ COMO AL CONSUMO AGRÍCOLA DE ESTOS ENERGÉTICOS; Y QUE DECLARE UNA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE CUALQUIER AUTORIZACIÓN DE AUMENTOS A ESTOS ENERGÉTICOS, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO ÁVILA NEVÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Pedro Ávila Nevárez, del grupo parlamentario del PRI, presento a esta H. soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución.

El gas natural y licuado de petróleo, es de la nación, y por lo tanto del pueblo de México.

El artículo 27 constitucional, en su segundo párrafo, nos indica que:

El Ejecutivo federal, ha mentido al pueblo, ha utilizado los bienes de la nación en contra del beneficio social, y cree ser dadivoso al ir repartiendo monedas en el camino a quien le demanda apoyo, como fue cuando dijo a los campesinos en Tlaxcala, que "el precio del diesel en el país era el más barato del mundo", para después de que arreciaban los reclamos, decir: "y si no, lo hacemos".

Así es como se maneja la política económica, energética o alguna, en este gobierno, a puntadas. Basta ya de depender del humor del Ejecutivo federal, es hora de imponer en este país el respeto a la Constitución.

Ahora le tocó el turno al gas natural, que se le ha permitido un aumento que ya afecta la competitividad de nuestras empresas y los hogares del pueblo mexicano, un ejemplo de esto son: La Laguna y Nuevo León. Y como siempre, en este gobierno, a las voces de demandas del pueblo, el Ejecutivo anuncia un subsidio al consumo de este energético tan necesario.

Pero esta respuesta, antes de que alguno de los tantos pregoneros que tiene el Ejecutivo federal salga a su defensa, no corresponde a un Ejecutivo sincero y comprometido con el pueblo. Una vez más, la realidad le ganó a sus fantasías. La sociedad mexicana completa, se da cuenta del fracaso de su política energética, al ver que los permisionarios privados han demostrado su despiadado objetivo, enriqueciéndose a costa del fracaso del país. ¿No es claro que nuestra industria se muere por que la competencia internacional recibe a menor precio sus energéticos? ¿No esta claro que los industriales le han venido diciendo desde hace 2 años que estos precios los saca de la competitividad?

No es lanzando migajas a los hambrientos como se solucionan los problemas del país, señor Presidente; es haciendo con seriedad las cosas, y, pensando en un gobierno comprometido socialmente con el pueblo, como se realiza.

Usted anunció un subsidio del gas natural al consumo doméstico, de 35 metros cúbicos al mejor precio del año 2004, lo que es un paliativo que no resuelve el problema. Sin embargo, no sólo debe el Ejecutivo federal hacer esta oferta al consumo del gas natural, sino que debe extenderse de inmediato al consumidor del gas LP, porque de no hacerlo estará violando la ley, al discriminar a un sector de la sociedad que también esta sufriendo el embate de los aumentos criminales en las tarifas del consumo del gas LP.

Esta soberanía deberá hacer cumplir la Constitución en cuanto al uso de los recursos naturales en beneficio de la sociedad mexicana. Exijámonos el cumplimiento de la responsabilidad adquirida como representantes populares, hagamos lo que nos ordena nuestra ley, nuestra conciencia nacionalista y revolucionaria, aunque le pese a la derecha, que fue derrotada por las armas y por la razón.

Por lo anterior, solicito a esta H. soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se le exige al Ejecutivo federal, de conformidad con la Constitución Política que juro cumplir, se extiendan los subsidios anunciados a los consumidores domiciliarios del gas natural, a los consumidores del gas licuado de petróleo o gas LP, así como, al consumo agrícola de estos energéticos; y declare, en beneficio de la nación, una suspensión inmediata de cualquier autorización de aumentos a estos energéticos.

Siendo en San Lázaro, a los 18 días del mes de abril de 2005, en el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LIX Legislatura.

Dip. Pedro Ávila Nevárez (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN QUE CUMPLA LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO, EN MATERIA DE RESTRICCIÓN A LA TRASMISIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN CON CONTENIDO SEXUAL Y VIOLENTO EN HORARIOS PARA MENORES, A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL LÓPEZ VILLARREAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado federal Manuel López Villarreal, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo: se solicita a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, cumpla con las disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión y su respectivo reglamento, en materia de restricción a la trasmisión de programas de radio y televisión con contenido sexual y violento en horarios para menores, bajo las siguientes

Consideraciones

La libertad de expresión y el derecho a la información, garantías individuales contempladas por nuestra Constitución, representan elementos fundamentales para fortalecer y avanzar con solidez en nuestra transición democrática. En este sentido, es menester que el Estado garantice que los medios de comunicación escritos, de radio y televisión puedan ejercitar libremente y sin censura, su función social de trasmitir programas que fomenten la convivencia humana, la educación, la cultura y el sano entretenimiento.

Por otro lado, debemos reconocer que en las sociedades actuales, toda libertad demanda el establecimiento de reglas que prevengan el abuso y la violación de otros derechos. En este orden, es responsabilidad del legislador, garantizar que las leyes y políticas públicas, respondan a criterios técnicos, democráticos, éticos y morales que satisfagan el interés público.

El progreso tan acelerado de la tecnología y la globalización, reta a los legisladores a responder con leyes modernas que se adecuen a la realidad de la sociedad en que vivimos.

En materia de trasmisión de programas de radio y televisión, enfrentamos la influencia de otras culturas y sociedades distintas a la idiosincrasia de los mexicanos. En muchos casos, esto se traduce en un enriquecimiento cultural y de entretenimiento que permite una sana apertura de criterios, pero también introduce la influencia de contenido no apto para todas las edades. Esta es la realidad que podemos observar en películas, telenovelas, reality shows, programas, concursos, publicidad, así como series nacionales e internacionales que se trasmiten en horarios indistintos en nuestro país.

La Ley Federal de Radio y Televisión, en su artículo 63, prohíbe todas las trasmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido, apología de la violencia o del crimen, también, todo aquello que sea denigrante u ofensivo para el culto cívico de los héroes y para las creencias religiosas, o discriminatorio de las razas; así mismo el empleo de recursos de baja comicidad y sonidos ofensivos.

Por su parte, el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las trasmisiones de Radio y Televisión contempla en el artículo 24, la autorización y clasificación de programas para niños, adolescentes y adultos. No obstante, debemos reconocer que algunas cadenas nacionales y extranjeras, aprovechándose de la subjetividad de la ley, rebasan las garantías a las libertades de expresión e información al incluir en horarios aptos para menores, programación con contenido sexual y de violencia.

En consecuencia, es fundamental que esta Cámara de Diputados como un Poder Soberano, solicite a la Secretaría de Gobernación, que emprenda las acciones necesarias para vigilar la aplicación efectiva de los lineamientos y los criterios de clasificación de contenidos establecidos en la Ley Federal de Radio y Televisión y su respectivo reglamento, a fin de que se restrinja la trasmisión de programas no aptos para menores antes de las veintiuna horas.

Es por todo lo anterior, que con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se solicita a la Secretaría de Gobernación, haga las reformas necesarias al Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Trasmisiones de Radio y Televisión, para delimitar claramente lo que en esta materia representa una práctica contraria a la moral, a la integridad o bien cause una influencia nociva.

Segundo.- Se solicita a la Secretaría de Gobernación, aplique estrictamente a las cadenas de radio y televisión tanto abierta como cerrada, la Ley Federal de Radio y Televisión y su Reglamento, a fin de que se restrinja la trasmisión de programas con contenido sexual y violento en horarios para menores.

Dip. Manuel López Villarreal (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SOLICITE AL TITULAR DE LA SEP QUE INVESTIGUE Y, EN SU CASO, APLIQUE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES A LOS RESPONSABLES DE HABER COACCIONADO A COMUNIDADES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A ASISTIR A UN ACTO PROSELITISTA ORGANIZADO POR EL PAN, A CARGO DEL DIPUTADO OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado Omar Ortega Álvarez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En algunos casos, las palabras salen sobrando ante la contundencia de los hechos. Por ello, me voy a permitir leer la misiva que la maestra Flor de María Jiménez, directora académica de la Universidad ETAC, ubicada en el municipio de Coacalco, envió al profesorado de asignatura de esa institución educativa, de fecha 11 de abril del presente año.

Leo textual, es decir, con las faltas sintaxis: "Le solicitamos informar a sus estudiantes que el viernes 15 de abril, administrativos, docentes y alumnado de la Universidad ETAC, participará (sic) en la inauguración del Puente "Juan pablo II", ubicado en el Boulevard José López Portillo.

Lo anterior no tendría ninguna relevancia o trascendencia, sino fuera porque entraña consecuencias de carácter político, social, jurídico y administrativo, porque ese tipo de actividades va más allá de una simple invitación. Se trata, en esencia, de una acto de carácter proselitista a favor de un partido político, es decir, el PAN, y en el contexto del actual proceso electoral en el estado de México.

Pero, lo más grave es que se infringe, sin derecho, razón o justificación los derechos consagrados en la Constitución Política, no solo del alumnado, sino también de los profesores y del personal administrativo, a quienes además les vulneran los derechos de la Ley Federal de Trabajo y demás ordenamientos legales en materia laboral.

Se viola, en perjuicio de los objetivos de la educación y sus instituciones de nivel superior, lo dispuesto en el artículo 3 constitucional, respecto a su obligación de realizar los fines para los cuales fueron creadas, esto es, educar, investigar y difundir la cultura.

Se viola, en perjuicio de los docentes y del personal administrativo, el artículo 5 Constitucional, ya que se les obligó a asistir a un evento que nada tiene que ver con sus labores o prestar servicios personales fuera de la institución educativa y sin su pleno consentimiento, porque además en el oficio que recibieron los hacen responsables de la integridad física y las conductas de los alumnos en un lugar ajeno a la fuente de trabajo.

Asimismo, se infringe el artículo 16 constitucional, en razón de que indebidamente y a través de la coacción, se causa molestia a los convocados, cuando muchos de ellos no tendrían interés de asistir a un acto que no es prioritario para su formación educativa o personal, y también porque no necesariamente comparten la ideología de los convocantes.

En materia educativa, la legislación al respecto es muy clara al estipular que los particulares que presten servicios educativos, deben respetar y regularse por el contenido del artículo 3 constitucional y sus leyes reglamentarias.

Así, los artículos 75 de la Ley General de Educación y 107 de la Ley de Educación del estado de México señalan que se considerarán como infracciones de quienes presten servicios educativos, las siguientes:

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra, investigue porqué se coaccionó a alumnos, docentes y personal administrativo de la Universidad ETAC y, si fuera el caso de otras instituciones educativas, para asistir el pasado 15 de abril del presente, a la inauguración del puente "Juan Pablo II", ubicado en el municipio de Coacalco, estado de México; toda vez que entraña consecuencia de carácter político, social, jurídico y administrativo.

Lo anterior, con base en la presunta y fundada infracción a lo dispuesto en los artículo 3, 5 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; las leyes de Educación del estado de México y General de Educación; así como la Ley Federal del Trabajo y demás normatividad en materia laboral, en perjuicio de los docentes y el personal académico de la institución educativa.

Segundo.- La Cámara de Diputados solicita al secretario Reyes Tamez investigue porqué se conminó al profesorado, para que el alumnado asistiera vestido de blanco y azul al acto mencionado en el párrafo anterior y que reviste un carácter proselitista político a favor del Partido Acción Nacional.

Tercero.- La Cámara de Diputados solicita al secretario Reyes aplique, si es el caso, la normatividad en materia educativa a quien resulte responsable de la comisión de las infracciones estipuladas en el párrafo segundo del numeral primero del presente punto de acuerdo.

Cuarto.- La Cámara de Diputados solicita al secretario Reyes Tamez emita un acuerdo, a fin de prohibir que los alumnos, profesores y personal administrativo o cualesquiera que labore en instituciones educativas del país, sean públicas o particulares, sean obligados dentro o fuera del horario oficial de clases y labores, a asistir a actos proselitistas de carácter político.

Dip. Omar Ortega Álvarez (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SEMARNAT Y A LA SAGARPA A INTEGRAR EN EL PROGRAMA NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 2005 LA NOM-CCA-002-ECOL/1993 Y LA NOM-015 SEMARNAP/SAGAR-1997, CON OBJETO DE QUE SE ACTUALICEN, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER LARA ARANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 58 de su Reglamento para el Gobierno Interior, el suscrito, diputado federal Francisco Javier Lara Arano, del Partido Acción Nacional, solicita que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura, Ganadería y Pesca a que integren al Programa Nacional de Normalización 2005 la NOM-CCA-002-ECOL/1993 y la NOM-015 SEMARNAP/SAGAR-1997, con el objeto de que sean actualizadas. Lo anterior se solicita con fundamento en los siguientes

Antecedentes

El estado de Veracruz cuenta con una gran diversidad biológica que ha sido base de su desarrollo. Sin embargo, desde hace ya más de media década, esta diversidad se ha deteriorado de manera paulatina.

Los programas agropecuarios y de agua durante muchos años han sido de corto alcance y con una gran desvinculación con los principios de conservación ambiental. Las deficiencias de estos programas han provocado el aumento de la contaminación de suelos, agua dulce, salobre y marina en los arroyos, ríos, embalses, humedales y plataforma costera de mi estado, colocando la situación en un punto muy cercano a la alteración irreversible de sus ecosistemas.

Veracruz ha perdido gran parte de su cubierta forestal, debido a que los pastizales, potreros y el cultivo de caña de azúcar han sustituido a su vegetación original. La tasa de deforestación ha sido muy alta, aproximadamente el 40% de su territorio padece una erosión grave.

Sabemos que esta situación no es propia únicamente de mi Estado, sino que México destaca por la acelerada degradación del suelo que afecta la base productiva del sector rural, impacta al ciclo hidrológico y acentúa el deterioro ambiental.

También sabemos que entre las principales causas, está el acortamiento de ciclos de barbecho en los sistemas de tumba-roza-quema, lo cual adicionalmente representa una fuente de contaminación atmosférica que genera monóxido de carbono, dióxido de azufre, y ozono.

Por otra parte, en lo correspondiente al manejo de desechos líquidos en el estado de Veracruz, es importante reconocer que existe un alto índice de contaminación de las cuencas hidrológicas que reciben descargas agroindustriales.

Los ingenios azucareros contribuyen de manera importante en el proceso de descarga de residuos con un alto contenido orgánico, lo que incrementa la demanda bioquímica de oxígeno, y de elevada temperatura como es el caso del agua empleada en los condensadores. En particular, las vinazas producidas en los ingenios que cuentan con destilerías para la producción de alcohol, son consideradas como uno de los afluentes más nocivos para los cuerpos de agua.

Todo ello amenaza con crear un efecto de hipoxia en las desembocaduras de las principales cuencas del golfo de México.

Para la atención de esta situación, se han desarrollado diversas acciones, entre las que se encuentra la elaboración de la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAP/SAGAR-1997, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1997 y tiene, entre otros fines, el de regular el uso del fuego en terrenos forestales y agropecuarios.

Asimismo, desde 1993 se cuenta con la NOM-CCA-002-ECOL/1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores provenientes de la industria productora de azúcar de caña.

Estas normas están enfocadas a la delimitación clara de acciones de control y prevención de áreas verdes y de los recursos acuíferos de nuestro país, dentro de un marco normativo más amplio delineado por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Sin embargo, al revisar su contenido se aprecia la necesidad de adecuaciones y actualizaciones para que cumplan mejor los objetivos que en ellas se plantean. Esto aunado a una mayor vigilancia en el cumplimiento de las mismas por parte del Gobierno Federal y del Estado, permitirá avanzar en la restauración del flujo y calidad del agua y de la fertilidad del suelo, la superficie de la cubierta forestal y vegetal, y por ende el mantenimiento de la diversidad biológica de Veracruz.

En tal virtud, resulta necesario que el ejecutivo Federal emprenda las acciones correspondientes para incorporar dichas Normas en el Programa Nacional de Normalización 2005, que es el instrumento para planear, informar y coordinar las actividades de normalización, y mediante el cual se integra el listado de normas oficiales mexicanas, entre otras, a ser iniciadas y desarrolladas cada año.

Por lo anteriormente expuesto, como integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Para exhortar a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura, Ganadería y Pesca que integren al Programa Nacional de Normalización 2005 la NOM-CCA-002-ECOL/1993 y la NOM-015 SEMARNAP/SAGAR-1997, con objeto de que sean actualizadas.

Segundo. Se exhorta a los gobiernos federal y del estado de Veracruz, en el ámbito de sus respectivas competencias, a implantar programas permanentes de vigilancia e inspección del cumplimiento de las normas antes mencionadas, con el fin de controlar la pérdida de áreas naturales y las emisiones de residuos a los cuerpos de agua el estado de Veracruz.

Tercero. Se pide a los gobiernos federal y del estado de Veracruz que informen a esta soberanía sobre los resultados alcanzados por la aplicación del programa permanente de vigilancia e inspección del cumplimiento de las normas antes mencionadas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 19 de abril de 2005.

Dip. Francisco Javier Lara Arano (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SEGOB Y A LA PGR QUE INVESTIGUEN LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE INGRESÓ EN TERRITORIO MEXICANO EL TERRORISTA DE ORIGEN CUBANO LUIS POSADA CARRILES, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE MARTÍNEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, Jorge Martínez Ramos, diputado federal de la LIX legislatura, con base en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes:

Antecedentes

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República que investigue las circunstancias en las que ingresó a territorio mexicano el terrorista Luis Posada Carriles para que se establezcan las responsabilidades por este hecho.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2005.

Dip. Jorge Martínez Ramos (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL PODER EJECUTIVO A ESTABLECER UN PROGRAMA DE APOYO A LOS INVIDENTES QUE CURSAN PRIMARIA, SECUNDARIA Y EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, A CARGO DEL DIPUTADO NORBERTO ENRIQUE CORELLA TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado Norberto Enrique Corella Torres, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, somete a la consideración de esta Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo del Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, a que establezca un Programa de apoyo a los estudiantes de educación primaria, secundaria y media superior que son invidentes.

Exposición de Motivos

Las limitaciones físicas que tienen algunas personas, que se conocen como discapacidades, representan un obstáculo para acceder a la Educación así como a otros satisfactores. Según el censo del año 2000, la escolaridad promedio de las personas con necesidades educativas especiales en nuestro país era de 3.8 años, cuando el promedio nacional es de 7.3 años.

No puede negarse que el Gobierno Federal se ha esmerado en apoyar el desarrollo de estas personas con diferentes acciones. Una muestra de ello, que se ubica en el campo educativo, es que el Instituto Nacional de Antropología e Historia trabaja en la creación de materiales y las condiciones para que las personas con necesidades educativas especiales puedan acceder a los museos.

Se calcula que hay unos 190 mil jóvenes con alguna discapacidad en nuestro país. En una población de más de 100 millones de habitantes, quizás no se consideren muchos, pero desde un esquema de autentica equidad, y aunque fueran menos, estaríamos obligados a que se haga realidad la garantía de igualdad que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quiero resaltar que el articulo tercero constitucional de nuestra Carta Fundamental, habla de la igualdad de oportunidades que los mexicanos tenemos a la educación, y que a las personas con capacidades diferentes lamentablemente no se les ofrece de manera eficaz.

En materia de apoyo para el acceso a la Educación, la Secretaría de Educación Pública fundo a fines de los años 70, la Dirección General de Educación Especial, para organizar, dirigir, desarrollar, administrar y vigilar lo que en aquel entonces era el Sistema Federal de Educación Especial y la formación de maestros especializados. Con ello se le dio una mejor estructura a planes y programas de educación, diseñados para las personas con necesidades educativas especiales. En épocas más recientes, a partir de 1992, con el Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica, algunas reformas al articulo 3° Constitucional y la promulgación de la Ley General de Educación, se inicia un proceso de integración, de los alumnos con necesidades educativas especiales, y es así como, en algunos casos asisten a los planteles regulares del Sistema Educativo.

Dado que el Censo señala que el 26% de las personas con capacidades diferentes son invidentes o débiles visuales, es importante darle seguimiento a la atención que el Sistema Educativo le presta a estas personas.

En este sentido podemos observar que la Secretaria de Educación Pública ha realizado algunas acciones. Así por ejemplo, desde 1996 la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito produce libros en Braille para Educación Primaria, y esta, publicó el primer Diccionario en sistema Braille para preescolar, primeras lecturas, libros del rincón y otros materiales. También sabemos que dentro de las metas Presidenciales para el año 2004, inició la producción de libros en Braille para secundaria y libros para personas débiles visuales que estudian el nivel básico.

No se puede negar que el Sistema Educativo ha realizado un esfuerzo notable para dar apoyo a los estudiantes invidentes o con debilidad visual. Pero como en otros renglones, el crecimiento de la población ha rebasado a la cantidad de recursos disponibles para darles atención de calidad a estos estudiantes. Una muestra de ello es que en Preescolar y Primaria los libros de texto a veces no alcanzan, en Secundaria no existen y en los tres casos los estudiantes no reciben otros apoyos como útiles especiales. No hablemos ya de la educación media superior la cual es poco accesible para estos estudiantes, los cuales tienen que valerse por sus propios medios para alcanzar sus metas educativas.

Dado lo anterior es que se propone a esta H. Cámara de Diputados la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Único.- Que la H. Cámara de Diputados exhorte al Poder Ejecutivo para que por conducto de la Secretaría de Educación Pública se establezca un programa de producción de libros y material didáctico especializado para estudiantes invidentes y débiles visuales, de los niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria y Educación Media Superior.

H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a 19 de abril de 2005.

Dip. Norberto Enrique Corella Torres (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A DIVERSAS SECRETARÍAS QUE REVISEN EL INCUMPLIMIENTO DE PEMEX A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS AL REQUISITO DE CONTAR CON ADECUADOS PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, ASÍ COMO QUE REALICEN LAS INVESTIGACIONES CONDUCENTES Y FINQUEN LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y PENALES A QUE HAYA LUGAR, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CARRILLO SOBERÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, Francisco Javier Carrillo Soberón diputado a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; de conformidad con lo establecido en los artículos 77, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59, 60 y 90 del Reglamento Interior del Congreso General; someto a consideración de este pleno la Proposición con punto de acuerdo para solicita a diversas Secretarías, a revisar el incumplimiento de Pemex y las empresas contratistas de contar con adecuados planes de protección civil y seguridad industrial, así como realizar las investigaciones conducentes a fincar responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar, al tenor de los siguientes:

Antecedentes y Consideraciones

A escasos tres meses de que en el mismo municipio de Nanchital se registrara un derrame de crudo que ocasionó daños graves a la ecología, este miércoles 13 de abril del presente, un error humano ocasionó la muerte de cinco trabajadores y heridas a treinta personas, al explotar a la altura de la colonia Los Mangos de dicha ciudad, un ducto de amoniaco de 10 pulgadas de diámetro, de una línea de polipropileno, que corre de Minatitlán a la Terminal Marítima de Pajaritos. Además, unas seis mil personas debieron ser evacuadas ante la amenaza de ser alcanzados por la nube de gas amoniaco, fugado de la tubería de Pemex. Los obreros que murieron son Daniel Armas Galván, Adolfo Santiago Morales, Víctor Vasconcelos Domínguez, Eusebio González y Ezequiel Fuentes Velázquez.

Según lo consigna la prensa de Coatzacoalcos, a las 22:35 horas (casi 7 horas después del percance), el director de Pemex Petroquímica, Rafael Beverido Lomelín, llegó a esa ciudad acompañado del representante de la compañía Reparaciones Navales y Petroquímicas SA de CV, contratada por Pemex para efectuar el cambio de tubería en ese punto, y señaló que no tenía conocimiento de que hubiera fallecido alguna persona en el percance. Por otra parte y siempre de acuerdo con los diarios de Coatzacoalcos, Celso Pérez Hernández, quien era uno de los obreros que trabajaban en el lugar, afirmó que trabajaban sin un equipo de seguridad y desconocían lo que contenían dichas tuberías, las cuales terminarían de reparar en estos días.

Horas más tarde, el secretario de Protección Civil del estado, Ranulfo Márquez Hernández, informó a los medios de comunicación que la explosión se registró a consecuencia de que los trabajadores de la empresa contratista habían cortado una tubería de amoniaco confundiéndola con una de polipropileno.

Además de lamentar profundamente la pérdida de vidas, queremos centrar nuestra intervención en torno a la disminución de las capacidades técnicas de Pemex, producto de una irracional política de despilfarro de los recursos humanos formados a lo largo de décadas en nuestra industria petrolera.

En lo que va de la administración foxista, se ha venido atentando sistemáticamente contra el sustento intelectual socialmente construido en Pemex a lo largo de los años, despidiendo o jubilando de manera forzada a personal altamente calificado, inflando artificial e irresponsablemente con esta medida, la carga del pasivo laboral de nuestra empresa petrolera.

Simplemente por poner un ejemplo, en su sesión del 11 de febrero de 2004, con el pretexto de acatar los lineamientos de austeridad establecidos por esta Soberanía, el Consejo de Administración de la paraestatal; decidió suprimir 3206 plazas de técnicos y profesionistas en las subsidiarias que son el corazón mismo de las actividades sustantivas de Petróleos Mexicanos.

En contraste, y burlando la supuesta austeridad, fueron contratados miles de profesionistas provenientes en buena medida del sector privado y en particular del sector financiero, lo que muestra claramente cuál es la intención de este recambio de personal: hacer de nuestra empresa una simple agencia de administración de contratos.

Los resultados de este irresponsable manejo de los recursos humanos de la empresa están a la vista de todos:

El primero de ellos es la exacerbación del contratismo. Así, todo un conjunto de trabajos que durante décadas eran efectuados en forma rutinaria por personal experto de Pemex, ahora es encomendado a empresas cuya calidad técnica es, por decir lo menos, dudosa. De hecho, este caso muestra hasta qué punto dichas empresas se valen de personal sin calificación alguna contratado en condiciones laborales precarias y al que nunca se preocupan en capacitar. Si bien, un sector como el petrolero puede y debe servir para estructurar y fomentar el desarrollo de diversas actividades de la industria nacional, la forma en que desde hace varios años se ha manejado este aspecto, sólo ha servido para facilitar los negocios de un sector privilegiado de empresarios nacionales y extranjeros, con un casi nulo efecto en el incremento del savoir faire nacional en el terreno de las empresas parapetroleras y de servicios.

A diferencia de otros accidentes, en los que se ha aducido la escasez presupuestal para mantener en buen estado la red de ductos, todo apunta a que en esta ocasión el origen se encuentra en la nula o casi nula supervisión de Pemex, en la incompetencia para formular, convenir y licitar dichos contratos y en la incapacidad técnica del contratista. El accidente nos muestra que la calidad de la supervisión de los trabajos encomendados a empresas contratistas que Pemex está obligada a hacer, deja mucho que desear. De hecho, en muchos casos la inexperiencia e incluso incompetencia de los nuevos responsables de la misma, vuelve completamente ineficaz e inútil el trabajo de supervisión. En no pocos casos, la inoperancia de la supervisión no es sino la expresión de lazos crecientes de connivencia con los contratistas. Un abandono técnico equiparable a una especie de corrupción intelectual, cuando no corrupción a secas.

Tras la cadena de percances en los que se ha visto envuelto Pemex en los últimos meses, es evidente también que ni la empresa paraestatal ni en este caso la contratista, cuentan con adecuados planes de protección civil y de seguridad industrial; y que sólo reaccionan casuísticamente ante los hechos. De tal suerte que las autoridades de la Secretarías de Gobernación, de la Función Pública, del Trabajo y del Medio ambiente, deben cumplir cabalmente con su obligación de revisar el incumplimiento de la petrolera en la materia.

Asimismo, se deben realizar investigaciones serias y profundas sobre este y los demás accidentes, que ya no sólo han dañado a la población y al medio ambiente, sino que están costando vidas humanas, para terminar con la impunidad de quienes resulten responsables de los mismos, a quienes se les deben fincar todas las sanciones que las leyes administrativas y penales indiquen.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Para presentarse de urgente y obvia resolución

Único. Se solicita a las Secretarías de Gobernación, de Trabajo y Previsión Social, de Medio Ambiente, y de la Función Pública, a revisar el incumplimiento de Pemex y sus empresas contratistas de contar con adecuados planes de protección civil y seguridad industrial, así como realizar las investigaciones conducentes a fincar responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar, derivado de los accidentes acontecidos en los ductos de la paraestatal en los últimos meses.

Dado en el Salón de Sesiones, a 19 de abril de 2005.

Dip. Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LAS FUERZAS POLÍTICAS REPRESENTADAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA A FORMAR UN FRENTE AMPLIO JUNTO CON LAS AUTORIDADES CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN GALINDO NORIEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, en su calidad de diputado federal integrante de la LIX Legislatura del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar a las fuerzas políticas representadas en el estado de Chihuahua a conformar un frente amplio junto con las autoridades en contra de la delincuencia organizada, atendiendo a las siguientes

Consideraciones

En noviembre del 2004, diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM y PC, presentamos a su consideración una iniciativa de Reforma Constitucional Federalista, cuyo objetivo primordial es lograr un federalismo subsidiario, en el que la coordinación intergubernamental se de en los hechos, y la cooperación entre los tres ámbitos de gobierno se traduzca en la solución de los problemas ciudadanos.

Estoy convencido de que ésta fórmula bien podría aplicarse en una gran cantidad de asuntos de interés público para obtener más y mejores resultados, como en educación, salud, seguridad social, vivienda, pero también contra un problema que parece estar ganándonos la batalla, la delincuencia.

El estado de Chihuahua, por su cercanía y frontera con Estados Unidos, se ha convertido en una zona estratégica para las actividades del crimen organizado.

Los narcotraficantes encontraron en ciudades medias, lugares ideales para planear y fortalecer sus estructuras delictivas, mientras que otras ciudades pujantes e industrializadas, les ofrecieron la oportunidad de lavar su dinero sin mucho riesgo ante una economía en crecimiento.

Entre enero y marzo del 2005, los homicidios en Ciudad Juárez ascendieron a 64, un incremento del 45% si se compara con los 44 registrados en el mismo periodo del año anterior.

De esta cantidad, 10 fueron contra mujeres, 14 reúnen características para ligarlos con el crimen organizado, 9 más ocurrieron por enfrentamientos entre pandillas y el resto responde a distintos móviles, según declaraciones de autoridades a medios periodísticos. Para el 11 de abril, la cifra de muertes se incrementó a 69.

Los asesinatos son continuos y algunos ante la vista de todos los ciudadanos a plena luz del día, retando a las autoridades.

El 18 de enero de este año se localizaron los cuerpos de Manuel Eduardo Pallares López, de 40 años, Luis Carlos Alarcón Acosta, de 55, y Antonio Ibarra Amparán, de 52. Los mataron a balazos, les taparon los ojos con cinta adhesiva gris, y los ataron de pies y manos.

El 23 de marzo pasado, el empleado de una cerrajería Santiago Rubio, de 23 años de edad, fue ejecutado en presencia de la esposa del dueño del negocio. Quince días antes, ya habían pretendido dar muerte a Rubio en el mismo lugar, pero en esa ocasión resultó ileso.

Conforme a estadísticas oficiales del 2002 relativas a delitos sentenciados del fuero federal1 -en su mayoría narcóticos y violación a la ley de armas de fuego-, 9 entidades registran cifras muy por arriba de los demás, casi todos del norte del país o identificados con la operación del narcotráfico y/o el crimen organizado: Baja California, 2492; Chihuahua, 1,767; DF, 1,980; Guanajuato, 1,138; Jalisco; 1,788; Michoacán, 1,154; Sinaloa, 1,164; Sonora, 2,631, Tamaulipas, 1,312.

Estas mismas entidades presentan altas cifras de homicidios, conforme a estadísticas de la misma fuente relativa a delitos sentenciados del fuero común, por ejemplo Chihuahua con 356 casos de este tipo, cuando el promedio general fue de 189.

Esto nos indica que existe una estrecha relación entre los delincuentes que cometen ilícitos del orden federal y los del fuero común, porque alrededor del crimen organizado, específicamente del narcotráfico, se dan otros ilícitos como el robo de autos, el secuestro y los homicidios.

Y al margen de argumentos en el sentido de que los asesinatos se dan por lo regular sólo entre los miembros de las organizaciones criminales, lo cierto es que desde hace tiempo se han rebasado los límites poniendo en riesgo la seguridad de todos los mexicanos.

El viernes 1 de abril, Alonso Baeza López, reconocido empresario, ex dirigente de Coparmex y regidor del Ayuntamiento de Chihuahua, fue cobardemente acribillado precisamente frente a su domicilio.

Dos crímenes más, ocurridos apenas el 11 de abril pasado, son de llamar la atención. El primero por la saña con la que fue cometido, y el segundo por ser consecuencia de amenazas directas hacia funcionarios estatales por parte de criminales y un abierto reto a las autoridades policíacas y de procuración de justicia.

Rafael Roacho Hinojos, de 34 años, fue localizado en el interior de su casa en Parral, Chihuahua, con el cráneo destrozado a martillazos.

El abogado Víctor Villar Chavarría, Jefe de Inspectores de Gobernación del Estado, fue acribillado frente a su despacho en Ciudad Juárez. Un amigo cercano reveló que había recibido amenazas a raíz de la clausura de varios establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, donde se decomisaron drogas.

Y si estos hechos son lamentables, debe también preocuparnos que quienes se encargan de brindar seguridad a los ciudadanos caigan en excesos y se hagan justicia por su propia mano. Los chihuahuenses tampoco deseamos eso.

El miércoles 23 de marzo, un día después de que dos policías municipales de Ciudad Juárez fueran desarmados, asesinado uno de ellos y herido el otro, decenas de uniformados se trasladaron al domicilio de los presuntos responsables, donde abrieron fuego para dar muerte a cuatro hombres y herir a una niña y una mujer.

En conclusión, lo que el problema exige es un compromiso serio de las autoridades, federales, estatales y municipales.

Lo que la ciudadanía pide a gritos y ya no puede esperar más, es una actuación coordinada y eficaz de los cuerpos de seguridad y de las instituciones encargadas de la administración de la justicia.

El desafío de los criminales a la autoridad, exige medidas concretas para la prevención del delito, para la captura de los delincuentes y para la aplicación de sanciones contundentes por parte de los tribunales.

Compañeras y Compañeros que me acompañan en este recinto legislativo, el asunto de la seguridad pública es imprescindible para el desarrollo de la sociedad, para la protección y tutela de los valores de la familia, es algo que no puede esperar más. No es posible que no estemos seguros en ninguna parte. Antes creíamos que al llegar a nuestro hogar encontraríamos la seguridad y certidumbre que la calle nos quitaba.

Al día de hoy, no hay lugar seguro. Los ciudadanos tienen en la mente que saldrán de su casa pero nada, escúchenlo bien, nada les garantiza que regresarán a su hogar al anochecer.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

Primero. Que esta H. Cámara de Diputados haga un atento exhorto a al C. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, licenciado José Reyes Baeza Terrazas, para que convoque con carácter de urgente a todas las fuerzas políticas, públicas, privadas y sociales, para la integración de un frente amplio y común en contra del crimen.

Segundo. Que como resultado de dicha convocatoria, se apruebe un documento en el que se establezcan compromisos de todos los participantes, para involucrarse en tareas definidas previamente. Los Diputados Federales del Estado de Chihuahua, de todos los partidos políticos, nos comprometemos a integrarnos a este esfuerzo conforme se decida en esta asamblea que nuestra colaboración es necesaria.

Tercero. Que derivado del Punto anterior, se informe a esta Honorable Soberanía sobre los resultados del mismo y se mantenga un canal de comunicación constante para conocer el desarrollo de esta petición, por tratarse de la seguridad de la población del estado de Chihuahua.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los catorce días del mes de abril del año dos mil cinco.

Nota:
1 Reyes Tépach Marcial (2005), "La seguridad pública en México: Indicadores delictivos y su presupuesto público federal ejercido y aprobado, 1994-2005", H. Cámara de Diputados, páginas 41 y 42.

Dip. Ramón Galindo Noriega (rúbrica)
 
 

De conformidad a los artículos 21 fracción XVI, 87 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, solicito a esta H. Presidencia se sirva excitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que presenten el dictamen al punto de acuerdo que tiene como objeto que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, así como, la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, establezcan nuevas tarifas al suministro y venta de electricidad a los productores agropecuarios del estado de Chihuahua, los otros estados del país y la creación de una tarifa preferencial para uso ganadero en el mismo estado, presentada por su servidor, el día 3 del mes de marzo del año 2004.

El suscrito, en mi carácter de diputado federal a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 87 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante esta soberanía la siguiente solicitud, con el ánimo de que la Presidencia de esta Mesa Directiva, realice una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que presente el dictamen correspondiente al punto de acuerdo que se menciona, en las siguientes

Consideraciones

Primera: El día 3 de marzo del año 2004, el suscrito diputado federal de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de esta LIX Legislatura, presentó ante el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, un punto de acuerdo que tiene por objeto que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, así como, la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, establezcan nuevas tarifas al suministro y venta de electricidad a los productores agropecuarios del estado de Chihuahua, los otros estados del país y la creación de una tarifa preferencial para uso ganadero en el mismo estado.

Segunda: El Presidente de la Mesa Directiva en ese entonces, dictó su turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tercera: El artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que "toda Comisión deberá presentar su dictamen en los negocios de su competencia dentro de los cinco días siguientes de la fecha en que los haya recibido. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación", y que es la fecha en que la Comisión de Hacienda y Crédito Público, no ha resuelto el punto de acuerdo mencionado.

Cuarta: Entendimos que la Comisión referida cuenta normalmente con una gran carga de trabajo legislativo, pero es importante que también se realicen los dictámenes a los puntos de acuerdo presentados por los legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias, sobre todo aquellas relacionadas con precios y tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica a los productores agropecuarios, las cuales deben constituir un verdadero apoyo y estímulo para la realización de sus actividades en las mejores condiciones de competitividad y rentabilidad, atendiendo a los principios y objetivos establecidos en la Ley de Energía para el Campo.

Quinta: El punto de acuerdo que motiva la presente solicitud de excitativa, también tiene como objeto el de exhortar al titular del Poder Ejecutivo para que proceda, en coordinación con las autoridades competentes, a la abrogación del Reglamento de la Ley de Energía para el Campo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre del año 2003, y a la consecuente publicación, entrada en vigor y aplicación del Reglamento aprobado en el marco del Acuerdo Nacional para el Campo.

Sexta: De la misma manera, se solicita al titular del Poder Ejecutivo, que instruya a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión de Luz y Fuerza del Centro, a efecto de que se establezca y aplique una tarifa preferencial para uso agrícola y otra para uso ganadero en el estado de Chihuahua y en el resto de los estados del país.

Séptima: Igualmente, se le solicita a las instituciones arriba mencionadas, a que establezcan una mesa de diálogo y concertación para que, con la participación de los representantes de las organizaciones movimientos sociales involucrados en el conflicto, busquen una solución adecuada y equitativa al problema de las tarifas eléctricas de los pozos agrícolas en el estado de Chihuahua.

Octava: De igual forma, se solicita en otros rubros del mismo punto de acuerdo, la supresión de los cortes de energía eléctrica y, en su caso, la reconexión inmediata de dicha energía a los pozos de uso agrícola; que en la búsqueda de la solución a estos problemas, se privilegie el diálogo y los acuerdos que permitan el impulso a la productividad y rentabilidad de las actividades del campo; se dé cabal cumplimiento a la Ley de Energía para el Campo y finalmente, que las entidades de gobierno enunciadas anteriormente, informen a esta H. Cámara de Diputados sobre las propuesta de las legislaturas estatales a esta H. Cámara de Diputados, sobre las propuestas que se han realizado en materia de aplicación de las tarifas eléctricas, a partir de la Ley de Energía para el Campo, que incluya las gestiones, resoluciones y acuerdos que se hayan adoptado sobre el particular.

Las propuestas anteriores surgen de la imperiosa necesidad de apoyo que en materia de tarifas de energía eléctrica tienen, no tan solo los campesinos del estado de Chihuahua, sino los de todo el país.

Por lo antes expuesto a usted, señor Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados en turno, atentamente le solicito:

Único: Tenga por presentada esta excitativa, se sirva exhortar al Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que presente su dictamen respecto al punto de acuerdo citado, a fin de que se establezcan nuevas tarifas al suministro y venta de electricidad a los productores agropecuarios del estado de Chihuahua y la creación de una tarifa preferencial para uso agrícola y otra para uso ganadero en el mismo estado y el resto del país, apercibiéndole que para el caso de incumplimiento, se turnará a otra Comisión de esta H. Cámara de Diputados.

Dado en el Salón de Plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro a los 14 días del mes de abril de 2005.

Dip. Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica)
 
 
 

A LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JORGE DE JESÚS CASTILLO CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

De conformidad a los artículos 21, fracción XVI, 87 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, solicita a esta H. Presidencia se sirva excitar a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Fortalecimiento al Federalismo, para que presenten el dictamen a la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentada por su servidor, el día 28 del mes de octubre del año 2004.

El que suscribe, en mi carácter de diputado federal a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante esta soberanía la siguiente solicitud, para que la Presidencia de esta Mesa Directiva excite a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Fortalecimiento al Federalismo, para que presenten el dictamen correspondiente a la iniciativa que se menciona en los siguientes

Antecedentes

Primero: Con fecha 28 del mes de octubre del año 2004, el suscrito presentó ante el Pleno de esta H. Cámara una iniciativa de ley, que reforma y adiciona los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de normar el que las legislaturas de los estados de la República, establezcan las normas para determinar el derecho de alumbrado público (DAP), por el servicio que prestan los municipios sobre el consumo particular de cada usuario, autorizando a los propios municipios a realizar su cobro y a disponer del ingreso correspondiente.

Segundo: El Presidente de la Mesa Directiva, le dio su turno a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Fortalecimiento al Federalismo.

Tercero: El artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que "toda Comisión deberá presentar su dictamen en los negocios de su competencia dentro de los cinco días siguientes de la fecha en que los haya recibido. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación", y que es la fecha en que las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Fortalecimiento al Federalismo, no han resuelto el punto de acuerdo mencionado.

Por lo anterior, me permito realizar a usted, las siguientes:

Consideraciones

La iniciativa que es motivo de la presente solicitud tiene como objetivo proponer:

Esta es una inquietud no sólo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sino de la mayoría de las autoridades municipales, por lo que considero que es el momento propicio para legislar sobre la materia, es también responsabilidad de este Congreso, en donde debemos apoyar a los municipios para su fortalecimiento financiero, fortalecimiento que se verá reflejado en obras de beneficio a la comunidad.

Por lo anterior, considero procedente rogar al Presidente de la Mesa Directiva que en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excite a las Comisiones del Puntos Constitucionales y de Fortalecimiento del Federalismo, a fin de que emitan el dictamen correspondiente de la iniciativa señalada en la primera consideración del presente documento.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 14 de abril de 2005.

Dip. Jorge de Jesús Castillo Cabrera (rúbrica)