• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que en sus respectivas leyes penales prevean como delitos las conductas relativas al abandono de personas o, en su caso, procedan a la revisión de los referidos tipos penales, a fin de otorgar mayor tutela en este rubro, a cargo del diputado Ángel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, para solicitar a la Comisión Federal de Electricidad que actualice los registros de temperaturas medias mensuales de diversos municipios del estado de Michoacán, con objeto de reclasificar la tarifa de consumo aplicada en ellos, a cargo del diputado Inelvo Moreno Álvarez, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, para la urgente emisión del dictamen sobre la derogación del artículo 29 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia.

• Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión respalda los trabajos del Gobierno Federal para promover una reforma amplia de la Organización de las Naciones Unidas, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría General de la Cámara de Diputados a llevar a cabo programas permanentes de actualización y profesionalización para los empleados de la misma, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Puebla a emitir resolución sobre el conflicto limítrofe entre los municipios de Puebla y San Andrés Cholula, respetando la actual división territorial y el marco normativo vigente en ese estado, a cargo del diputado Rogelio Flores Mejía, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, para solicitar a diversas comisiones de la H. Cámara de Diputados que se acepte y analice el estudio que realizará la Universidad Nacional Autónoma de México sobre la instalación de casinos en México, previo dictamen de la iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos, suscrita por los diputados Nancy Cárdenas Sánchez y René Arce Islas, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que, por conducto de las dependencias competentes, en el próximo proyecto de Presupuesto se amplíe la asignación de recursos a los Ramos 33 y 20, a fin de fortalecer la cobertura de servicios de salud y nutrición, así como combatir la marginación y la pobreza extrema de los mexicanos, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que se inhumen los restos del jurista Manuel Crescencio Rejón en la Rotonda de las Personas Ilustres del panteón civil de Dolores, a cargo del diputado Sebastián Calderón Centeno, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, para exhortar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Chiapas a evitar la apertura del mercado de recursos genéticos sin la debida discusión y construcción de consensos, y a promover decididamente en su legislación el cumplimiento del Convenio sobre la Diversidad Biológica, del que México forma parte, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a las autoridades laborales de los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas a dar a conocer, de acuerdo con lo establecido en los artículos 540 y 541 de la Ley Federal del Trabajo, los resultados de las inspecciones periódicas y extraordinarias en las industrias maquiladoras establecidas a lo largo de sus respectivas franjas fronterizas practicadas de 2004 a la fecha, a cargo de la diputada Irma Guadalupe Moreno Ovalles, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, así como a los titulares de las instituciones que forman la banca de desarrollo, a impulsar el microcrédito y los programas referidos a éste y, en su caso, a estructurar estrategias que desarrollen esta modalidad del crédito en 2005, proclamado por la ONU Año Internacional del Microcrédito, a cargo del diputado Francisco Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ministerio Público Militar a conducirse con imparcialidad y transparencia, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del PRD.

• A las Comisiones de Gobernación, de Puntos Constitucionales, de Justicia y Derechos Humanos, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Jurisdiccional, a solicitud del diputado Lino Celaya Luría, del grupo parlamentario del PRI.

El que suscribe, diputado federal Ángel Pasta Muñuzuri, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Legislaturas de las Entidades Federativas, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que en sus respectivas leyes penales contemplen como delitos las conductas relativas al abandono de personas, o en su caso, procedan a la revisión de los referidos tipos penales, así como de las penalidades previstas para los mismos, con el fin de otorgar una mayor tutela jurídica a las personas abandonadas, presento al Pleno de esta Cámara Diputados proposición con punto de acuerdo de Urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En una sociedad con crisis económica, social, y con carencia de valores, la subsistencia de las familias se ve gravemente afectada, esto por la irresponsabilidad de quienes construyen núcleos familiares inestables, sin la más mínima idea de lo que implican las relaciones en una familia; dichas relaciones son generadoras de deberes, derechos y obligaciones que surgen entre las personas vinculadas por lazos de parentesco ya sea consanguíneo, afinidad o adopción, constituyendo así, un deber de los miembros de la familia de observar entre ellos respeto, consideración y solidaridad recíprocos en el desarrollo de las relaciones familiares.

En este contexto, el desarrollo de la vida en familia es frecuentemente violentado teniendo como resultado, la mayoría de las veces, el abandono del cónyuge, concubina y desde luego a los hijos, quienes son los mas perjudicados en esta situación. Pero no son los únicos casos de abandono, hoy en día es muy frecuente el dejar sin amparo a las personas de edad adulta y desde luego que también se presentan los casos de abandono de personas con enfermedad mental.

En tal circunstancia, consideramos que la prevención, y en su caso, el combate eficaz a este tipo de conductas delictivas representa un gran reto para las autoridades, las cuales tienen obligación de pugnar por alcanzar el bien común y la seguridad jurídica de todo gobernado, creando dispositivos legales que sancionen la conducta delictiva como tal, así como emprender una lucha de carácter frontal contra éste mal que tanto aqueja a nuestra sociedad, lo cual únicamente será posible cuando exista el compromiso de gobierno y la sociedad, para unirse en la lucha contra éste grave problema, que atenta contra la integridad de quienes forman parte de la familia.

Por ello, los legisladores de Acción Nacional estamos convencidos de que, no puede concebirse un orden y equilibrio en una sociedad, sin un desarrollo adecuado de niños, jóvenes, esposas (os), ancianos y también enfermos mentales en el entorno familiar, para que desarrollen con plenitud todas sus capacidades y con pleno conocimiento de sus deberes, pero también de sus derechos, a fin de garantizar, su adecuado desarrollo dentro de nuestra sociedad.

Asimismo consideramos que es indispensable garantizar a todos los integrantes de la familia, que le aseguren un desarrollo pleno e integral, así como la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad, toda vez que las entidades integrantes de la federación, han de establecer en sus respectivas legislaciones penales el castigo enérgico a quienes cometan el delito de abandono de personas; porque no debemos de olvidar que todo miembro de la familia ha de ser protegido contra cualquier forma de comisión de delito que amenace su integridad, teniendo la obligación los estados y el Distrito Federal, a través de sus respectivas legislaciones, el establecimiento de tipos penales que castiguen el abandono de personas.

Pese a que ya en algunos de los estados de la República Mexicana y el Distrito Federal se encuentra tipificado el delito de abandono de personas, es necesario revisar y actualizar dichas disposiciones con el objeto de castigar y prevenir de manera eficaz este desafortunado hecho. En los últimos años, a lo largo y ancho de nuestro país, se ha observado un alarmante aumento de las conductas delictivas relacionadas con el abandono de personas, tendencia que se ha venido agudizando día a día. Tristemente, no escapa a esta realidad, que hoy en día existe un gran número de ancianos y enfermos mentales que sufren el abandono de sus familias, muriendo en la soledad de sus hogares o en las calles, debido a que los familiares se niegan a brindarles el apoyo asistencial, pero también económico.

En efecto, resulta innegable que hoy en día, la perdida de valores de los miembros de nuestra sociedad, permite que se cometan este tipo de delitos en contra del cónyuge, hijos, abuelos y enfermos mentales, realizando conductas deplorables para toda sociedad, toda vez que se encuentran encaminadas hacia la comisión del delito de abandono de personas, así como al menosprecio a la dignidad y autoestima de las niñas, niños, adolescentes, personas en edad senil y enfermos mentales, llegando a vulnerar de manera alarmante su integridad, libertad y adecuado desarrollo. Es por ello que este tipo de conductas deplorables constituye un grave atentado contra este sector tan indefenso y vulnerable de nuestra sociedad.

Ante esta preocupante situación, se hace necesario implementar medidas legislativas tendientes a reforzar la protección jurídica de todos aquellos que sufren el abandono de sus familiares en el ámbito penal.

En tal virtud, conscientes de legislar sobre este tipo de conductas delictivas constituye competencia exclusiva de las entidades federativas así como del Distrito Federal, se considera necesario exhortar respetuosamente a dichas instancias, para que dentro del ámbito de sus respectivas competencias, revisen, y en su caso, establezcan o actualicen, los tipos penales referentes a los delitos de abandono de personas. Lo anterior, a efecto de que las entidades federativas, y en su caso, el Distrito Federal, cuenten con tipos penales funcionales, actualizados y acordes a las necesidades que demanda la sociedad, que logren brindar una mayor y mejor tutela jurídica a la integridad de las personas que conforman una familia.

Asimismo, se considera necesario exhortar a las entidades federativas así como al Distrito Federal, que ya cuenten con tipos penales relativos a las conductas de abandono de personas, a efecto de que revisen, y en su caso, adecuen las penalidades previstas para los delitos antes referidos, de tal manera que dichas penalidades sean acordes y proporcionales al bien jurídico tutelado por este tipo de conductas delictivas, encargadas de proteger la integridad personal y familiar y la seguridad de los individuos.

De esta manera, se plantea la posibilidad de que las entidades federativas así como el Distrito Federal, refuercen e implementen dentro del ámbito de sus respectivas competencias, las medidas legislativas necesarias, tendientes a reforzar la protección jurídica de los miembros de la familia.

No desconocemos que existen diversas entidades federativas que actualmente prevén en sus respectivos Código Penales, delitos como los relativos al abandono de personas, abandono de familia, delitos contra la seguridad de la subsistencia familiar, tal es el caso, Chihuahua, Nuevo León, así como el Distrito Federal, entre otros; sin embargo, en contravención existen diversas entidades federativas que actualmente no contemplan como delito este tipo de conductas, propiciando la impunidad de todas aquellas personas que cometen este tipo de deplorables conductas.

Es por ello que conscientes de la necesidad de que las entidades federativas en su totalidad, así como el Distrito Federal, reconozcan y salvaguarden de manera adecuada los derechos de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: los menores e incapaces así como los ancianos, quienes por sus condiciones de vulnerabilidad, se encuentran en mayor riesgo de que sus derechos fundamentales sean violentados, se somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Que esta H. Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a las Legislaturas de las entidades federativas, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en caso de que dichas instancias no contemplen como delitos las conductas relativas al abandono de personas, comprendiendo a cónyuges, hijos, abuelos, enfermos mentales, procedan dentro del ámbito de su competencia, a la tipificación de dichas conductas en sus respectivas leyes penales.

Segundo.- Que esta H. Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a las Legislaturas de las Entidades Federativas, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el caso de que dichas instancias ya contemplen como delitos las conductas ilícitas relativas al abandono de personas, procedan en el ámbito de su competencia, a la revisión de los tipos penales correspondientes y, en su caso, a su adecuación y perfeccionamiento procurando en todo caso, garantizar una adecuada tutela jurídica a todos los grupos vulnerables que se ven afectados por este tipo de conductas que atentan contra la integridad personal, familiar y la seguridad de los individuos

Tercero.- Que esta H. Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a las Legislaturas de las Entidades Federativas, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el caso de que dichas instancias ya contemplen como delitos en sus respectivas leyes penales, las conductas ilícitas relativas al abandono de personas, con independencia de la denominación que le asigne cada Entidad Federativa, procedan en el ámbito de su competencia, a la revisión y, en su caso, adecuación de las penalidades previstas para los tipos penales anteriormente señalados, con base a su bien jurídico tutelado.

Palacio Legislativo de San Lázaro a los 30 días del mes de abril de 2005.

Dip. Ángel Pasta Muñuzuri (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE ACTUALICE LOS REGISTROS DE TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES DE DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, CON OBJETO DE RECLASIFICAR LA TARIFA DE CONSUMO APLICADA EN ELLOS, A CARGO DEL DIPUTADO INELVO MORENO ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, conforme a las siguientes

Consideraciones

El 2 de diciembre del año 2003, pobladores de los municipios de Apatzingán y Mújica, se manifestaron en las instalaciones que la Comisión Federal de Electricidad tiene en dichos municipios, para protestar por el incremento sustancial de los cobros domésticos de energía eléctrica. Dado que sus peticiones no fueron atendidas por los funcionarios del organismo, con el argumento de que la solución se encontraba fuera de su alcance, los usuarios bloquearon por algún tiempo las oficinas de la paraestatal.

En virtud de los hechos descritos, el suscrito sometió a la consideración de esta soberanía, con fecha 10 de diciembre de 2003, una proposición con punto de acuerdo con el objeto de que las poblaciones en cuestión fueran objeto de una reclasificación tarifaria. Esta proposición, en un gesto que reconozco ampliamente como diputado que soy del distrito electoral con cabecera en Apatzingán, encontró el respaldo de esta Cámara con lo que se iniciaron los trámites correspondientes ante las autoridades involucradas en la fijación de las tarifas.

Como resultado de las gestiones y las movilizaciones realizadas, en enero del año en curso, la Comisión Federal de Electricidad, con base en la actualización de los registros de temperaturas hecha por la Comisión Nacional del Agua; determinó asignar la tarifa 1D a los municipios de Apatzingán y Mújica, en lugar de la 1C que venía aplicándose. Este hecho es una señal inequívoca de que, en el caso de muchos municipios, o bien la correlación entre el registro de temperaturas y la clasificación tarifaria no se ha hecho en forma acuciosa; o bien el propio registro del Sistema Meteorológico de la CNA es ya obsoleto y debe actualizarse incorporando las variaciones observadas en los últimos años. En cualquier caso, nosotros pensamos que un deber ineludible de las autoridades es aplicar las disposiciones legales de tal forma que se prevenga el surgimiento de conflictos sociales.

Es evidente que la reclasificación de los municipios citados se debió a la movilización decidida de la gente, lo que indujo a los diferentes actores involucrados en el tema a responder en forma expedita para apaciguar un foco de tensión social. Sin embargo, el resto de los municipios colindantes, que conforman la región conocida como Valle de Tierra Caliente: Aguililla, Buenavista, Gabriel Zamora, La Huacana, Nuevo Urecho, Tepalcatepec, Arteaga, Tumbiscatío, Churumuco, Parácuaro y Tancítaro; y que presentan condiciones climáticas similares no fueron beneficiados por esta reclasificación.

Desde nuestro punto de vista, sería injusto que el criterio de facto para acceder a una posible reclasificación tarifaria, lo constituyera la capacidad de organización y de movilización, en lugar del criterio general asociado al clima. Por tal motivo, y para evitar que se produzca una situación de inequidad entre los habitantes de la región circunvecina con Apatzingán y Mújica, es que someto al pleno de esta Cámara el siguiente

Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución

Único.- Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a que, como en el caso de Apatzingán y Mújica, actualice los registros de temperaturas medias mensuales y, con base en ello, considere la procedencia de aplicar una tarifa más barata en los municipios de Aguililla, Buenavista, Gabriel Zamora, La Huacana, Nuevo Urecho, Tepalcatepec, Arteaga, Tumbiscatío, Churumuco, Parácuaro y Tancítaro; del estado de Michoacán.

Dip. Inelvo Moreno Álvarez (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA LA URGENTE EMISIÓN DEL DICTAMEN SOBRE LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS GONZÁLEZ SCHMAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El que suscribe, diputado Jesús González Schmal, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, Partido Político, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Considerandos

En virtud de que ya se ha hecho pública la decisión por parte de las Secretarías de Hacienda, y de Comunicaciones y Transportes, a través de los voceros del Grupo Aeroportuario del Pacífico que controla doce empresas aeroportuarias de participación estatal mayoritaria, de igual número de aeropuertos de esa región de la República Mexicana; que en el mes de junio se pretende llevar a cabo la bursatilización de 85 por ciento de la participación del Gobierno Federal, para la venta al público de sus títulos accionarios representativos a través de la Bolsa Mexicana de Valores, consideramos de nuestra irrenunciable responsabilidad ejercer las acciones y medidas pertinentes para el resguardo del patrimonio nacional expuesto a pérdida en esa operación, por las siguientes razones:

Las reformas de la Ley de Aeropuertos de 1995, dentro de la línea neoliberal de Ernesto Zedillo, subastó las concesiones que administraba una empresa descentralizada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tratándose de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, para que fueran adquiridas por inversionistas mexicanos con participación minoritaria (15 por ciento) y de socios estratégicos extranjeros, bajo el pretexto de aportar tecnología a los servicios aeroportuarios.

Es el caso que mediante el subterfugio de socio estratégico, se hizo de dicha posición en 12 aeropuertos de toda la región del Pacífico (Guadalajara, Tijuana, Vallarta, entre los más importantes), la empresa Aeropuertos Españoles de Navegación Aérea, la cual, mediante una maniobra financiera con Holdingmex adquirió a través de su propia Institución de ese carácter denominada Unión Fenosa y Dragados de España, la participación que el Grupo Ángeles de inversionistas mexicanos había obtenido al parecer sólo como esquirol o prestanombres.

A la fecha, el control de las 12 empresas, a través del señor Carlos del Río Carcaño, de nacionalidad española, hace y deshace en los aeropuertos mexicanos con la resignación de la Secretaría de Comunicaciones quien por las condiciones del contrato de transferencia de las concesiones no puede ni siquiera revocar éstas, ante los innumerables incumplimientos e infracciones al contrato y los simulados planes quinquenales de inversión que no se reflejan en mejoría alguna en nuestras centrales aeroportuarias.

Por lo anterior y en virtud de que para ocultar los manejos turbios de toda esta operación y a pesar de que el gobierno mexicano es todavía dueño de 85 por ciento de las acciones de las empresas, pero éstas son no auditables por la Auditoría Superior de la Federación, en virtud de que se constituyeron como "empresas mercantiles temporales" y con base en el artículo 29 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales no son susceptibles de ser revisadas.

Sirva aclarar que en septiembre de 2004 se presentó por vez primera la iniciativa para reformar dicho artículo 29, y en enero del año en curso la excitativa correspondiente, ante la Comisión Permanente de la H. Cámara de Diputados, sin resultado alguno a la fecha.

Por lo anterior, sin lugar a demora, proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se obligue, a través de la Presidencia de esta Cámara, al titular de la Comisión de Gobernación, con el apercibimiento de incurrir en el delito previsto en el artículo 109, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que dictamine de inmediato la iniciativa de derogación del artículo 29 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales para que, aprobada por el Pleno, se puedan llevar a cabo las auditorias de las empresas señaladas antes de su bursatilización y la correspondiente pérdida de la información de los posibles peculados ocultos en la misma.

Solicitamos que, por tratarse de la tercera promoción, se apruebe este punto de acuerdo con el carácter de urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo, a 12 de abril de 2005.

Dip. Jesús González Schmal (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN RESPALDA LOS TRABAJOS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA PROMOVER UNA REFORMA AMPLIA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, SUSCRITA POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

Quienes suscribimos, diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión respalda los trabajos del Gobierno Federal para promover una reforma amplia de la Organización de las Naciones Unidas, con base en las siguientes

Consideraciones

La institución fundamental que la humanidad se ha dado a sí misma para prevenir los conflictos y asegurar la paz y la seguridad internacionales, la Organización de las Naciones Unidas, se encuentra inmersa en un intenso debate para la reforma de su sistema de toma de decisiones, la membresía de sus órganos y su funcionamiento.

En septiembre de 2003, el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, lanzó un llamado a los Estados para trabajar a favor de una reforma institucional que permitiera a ese foro multilateral responder a los nuevos retos que le impone la realidad internacional contemporánea.

Desde su formación, México ha apoyado la labor del Panel de Alto Nivel del Secretario General de la ONU para promover la reforma. Luego de la presentación de su Informe, ha considerado que sus esfuerzos contribuirán a hacer de las Naciones Unidas una instancia más eficiente, transparente, democrática y representativa.

Como muestra de su compromiso con el fortalecimiento al multilateralismo y con la Organización de las Naciones Unidas, México ha emprendido un esfuerzo de concertación activa a favor de la reforma a la organización y se encuentra promoviendo este tema en el marco del Grupo de Amigos para la Reforma de las Naciones Unidas al que también pertenecen Alemania, Argelia, Australia, Canadá, Chile, Colombia, España, Japón, Kenya, México, Nueva Zelanda, Países Bajos, Pakistán, Singapur y Suecia.

A lo largo de casi un año de deliberaciones, el Grupo de Amigos examinó propuestas sobre diferentes aspectos de la reforma y elaboró 14 documentos de posición con propuestas concretas para revitalizar el trabajo de la Asamblea General; fortalecer el Consejo Económico y Social; mejorar los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad; reforzar el papel de la Corte Internacional de Justicia; promover y proteger los derechos humanos; impulsar las actividades de consolidación de la paz de las Naciones Unidas; mejorar los medios civiles en la prevención y gestión de los conflictos, entre otros.

La reforma del Consejo de Seguridad es, sin duda alguna, el tema más controvertido de la reforma integral y México ha venido promoviendo una propuesta para democratizar dicho órgano y hacerlo más transparente, eficaz y representativo. Su intensa labor diplomática, desplegada de manera individual o a través de grupos de estados que comparten visiones comunes, como el caso del Grupo de Países Afines, ha estado encaminada a que el Consejo de Seguridad aumente su número de miembros, pero únicamente en la categoría no permanente a fin de asegurar que todos los Estados y no solo unos cuantos puedan participar en las labores de este importante órgano.

La indispensable ampliación del Consejo de Seguridad puede alcanzarse con la creación de una categoría de miembros electos no permanentes, con un término de mandato con más duración que los dos años que actualmente tienen los miembros no permanentes y con la posibilidad de reelección inmediata. Esta propuesta implica también una institucionalización de mejoras en sus métodos de trabajo, la reglamentación y, por tanto, limitación del derecho de veto y un amplio esquema de rendición de cuentas de sus trabajos.

Asignar asientos a un número limitado de nuevos miembros permanentes conduciría a que menos países, no más, concentren la toma de decisiones. Dicha concentración de poder se haría todavía más profunda si los nuevos miembros permanentes contaran con el poder de veto, entorpeciendo la toma de decisiones y propiciando la pérdida progresiva de una contribución efectiva del conjunto de los Estados miembros a las labores de la Organización. Con la propuesta de México, en cambio, las oportunidades de la comunidad internacional para participar activamente en el Consejo de Seguridad se amplían y no se reducen.

Entre otros aspectos de la reforma, el Gobierno Mexicano impulsa la promoción del desarrollo, el combate a la pobreza, el respeto de los derechos humanos, la acción preventiva para hacer frente a situaciones que pueden poner en peligro la paz y la seguridad internacionales y el cumplimiento de los compromisos de la Conferencia de Monterrey sobre la financiación del desarrollo. Uno de los aspectos más relevantes es que nuestro país busca una reforma integral que mejore la capacidad de la organización en su conjunto y no una reforma limitada a un solo órgano.

Dada la alta prioridad que tiene el tema de la reforma de las Naciones Unidas, las acciones instrumentadas por nuestro país incluyen el trabajo sistemático de sus representaciones en el exterior y la participación activa de la Misión Permanente en Nueva York en las consultas que sobre este tema han tenido lugar en la Asamblea General. Nuestro país también ha procurado fomentar el diálogo y la interacción con el Secretario General y sus colaboradores, con miembros del Panel de Alto Nivel y del Proyecto del Milenio.

A la luz de la importancia que tiene la reforma de las Naciones Unidas para la conformación del nuevo sistema de seguridad colectiva en gestación, en el que México estará participando, y dado que las posiciones que promueve el Gobierno Federal reflejan valores e intereses comunes de todos los mexicanos, resulta fundamental que la Cámara de Diputados adopte una proposición con punto de acuerdo para respaldar los esfuerzos del gobierno federal en la materia pronunciándose a favor de una Organización de las Naciones Unidas más democrática, transparente, eficaz y fortalecida.

Por las consideraciones anteriores, se somete a la consideración del Pleno de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión expresa su respaldo a las acciones encabezadas por el Gobierno Federal para promover una reforma integral de la Organización de las Naciones Unidas y reconoce el alto valor de dichos esfuerzos.

Segundo. La Cámara de Diputados apoya la actividad de la diplomacia mexicana en el marco del Grupo de Amigos para la Reforma de las Naciones Unidas y del Grupo de Países Afines.

Tercero. La Cámara de Diputados se pronuncia a favor de una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU encaminada a democratizar dicho órgano y a propiciar la transparencia, rendición de cuentas y la participación igualitaria de los Estados en sus trabajos, a través de la ampliación de miembros de no permanentes.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a mantener un canal de diálogo permanente con los diputados federales a fin de conocer los desarrollos que se vayan registrando en el tema.

Quinto. La Cámara de Diputados se compromete, mediante la Mesa Directiva de este órgano legislativo, a difundir el presente punto de acuerdo entre las legislaturas de otros países de la región y a exhortarlas para que tengan una mayor participación en la discusión de un tema de gran importancia para la comunidad internacional en su conjunto.

Igualmente, que dicho órgano sobre el cual recae la representación diplomática de esta Soberanía, informe a los diversos Foros y Organismos Parlamentarios Internacionales a los que concurre esta Cámara de Diputados de la LIX Legislatura el presente punto de acuerdo.

Asimismo, que los ciudadanos diputados que participen como delegados de esta Soberanía ante los referidos Foros y Organismos Parlamentarios, difundan y comuniquen en su oportunidad este punto de acuerdo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2005.

Por la Comisión de Relaciones Exteriores

Diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica), Presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica), Carlos Jiménez Macías, Arturo Robles Aguilar (rúbrica), Jorge Martínez Ramos (rúbrica), secretarios; Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Ángel Juan Alonso Díaz Caneja (rúbrica), Humberto Cervantes Vega, José Alberto Aguilar Iñárritu, Sami David David (rúbrica), Homero Díaz Rodríguez, María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), José Luis Flores Hernández (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica), Carlos Flores Rico, Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas (rúbrica), Juan José García Ochoa (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Alejandro González Yáñez, Francisco Javier Guízar Macías (rúbrica), Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica), Guadalupe Morales Rubio, Sergio Penagos García (rúbrica), Cristina Portillo Ayala (rúbrica), Francisco Saucedo Pérez, Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (rúbrica), Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica).
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A LLEVAR A CABO PROGRAMAS PERMANENTES DE ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA MISMA, A CARGO DEL DIPUTADO ALFREDO BEJOS NICOLÁS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, Alfredo Bejos Nicolás, diputado de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; presenta ante esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, para exhortar respetuosamente a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, lleve a cabo de manera permanente programas de actualización y profesionalización, para los empleados de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en las siguientes

Consideraciones

En esta Cámara de Diputados laboran casi tres mil 900 empleados sindicalizados, de base, por honorarios y de confianza; por supuesto, hablamos desde asistentes, auxiliares, secretarias, asesores, hasta secretarios técnicos y directores de área.

De su buen desempeño depende parte de nuestro trabajo, por lo que se requiere mejorar la actualización profesional de una buena parte de estos trabajadores, ya que los avances tecnológicos y las constantes modificaciones al reglamento interno así lo demandan.

Cada día el cumplimiento de nuestra función como representantes populares nos demanda mayor rapidez en la realización de las tareas legislativas, por lo que es fundamental dotar a nuestros colaboradores de las herramientas e instrumentos suficientes y acordes con la realidad para que nos ayuden adecuadamente.

Sin lugar a dudas, hay gente destacada como la señorita Elena Sánchez Algarín así como el señor Alejandro Azcoytia Ruiz quien hace pocos días falleció; ellos merecen un reconocimiento por su larga trayectoria y dedicación por su trabajo en la Cámara de Diputados.

No hay que olvidar que así como hay trabajadores que tienen un año laborando en este cuerpo legislativo, existen muchos más que tienen diversas antigüedades, que van de los 5 ó 10 años hasta más de 30 años, hay que aprovechar su experiencia capacitándolos para hacerlos más profesionales en lo que ellos saben hacer, para enfrentar los nuevos retos de la modernización tecnológica y simplificación administrativa, que les permita desarrollar con más eficiencia, y calidad las actividades que realizan día con día, en las oficinas administrativas y parlamentarias de la Cámara de Diputados.

Que la actualización hará de los empleados personas más seguras de si mismas, al contar con los conocimientos necesarios para cumplir con sus tareas y responsabilidades, lo que redundará en beneficio para todos.

La actualización y profesionalización incrementa la productividad y la calidad de trabajo, permite a los empleados acceder a mejores posiciones en su trabajo y en consecuencia mejorar su nivel económico.

Por ende, la actualización y profesionalización es incrementar la productividad y la calidad del proceso laboral, tanto por la mayor calificación técnica o administrativa del trabajador, como por la gratificación que conlleva la superación personal y los estímulos económicos adicionales derivados de la mayor eficiencia lograda, específicamente hacer al trabajador mas profesional en la labor que desempeña dentro de su área de trabajo.

Es necesario que la Cámara de Diputados cuente con la Unidad de Actualización y Formación Permanente, con esta infraestructura, se puede otorgar la capacitación y profesionalización que requieren los trabajadores según la labor que desarrollan en su área de trabajo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, a llevar a cabo de manera permanente, programas de actualización y profesionalización para los empleados de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Segundo- Que la actualización y profesionalización se lleve a cabo según la actividad que desarrollan los empleados, en su área de trabajo.

Tercero- Que la actualización y profesionalización conlleve una mejoría en la calidad para obtener buenos resultados en los trabajos Legislativos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de abril del 2005.

Dip. Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE PUEBLA A EMITIR RESOLUCIÓN SOBRE EL CONFLICTO LIMÍTROFE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRÉS CHOLULA, RESPETANDO LA ACTUAL DIVISIÓN TERRITORIAL Y EL MARCO NORMATIVO VIGENTE EN ESE ESTADO, A CARGO DEL DIPUTADO ROGELIO FLORES MEJÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La definición de los límites territoriales entre los municipios de Puebla y San Andrés Cholula, del estado de Puebla, ha sido motivo de controversia hasta nuestros días.

A pesar de la claridad y especificidad de los estudios técnicos y de los datos históricos, una fracción importante en el Congreso del estado, propone que los límites entre ambos municipios se recorran de tal forma que importantes establecimientos de negocios y servicios como es el centro comercial Angelópolis, las universidades Tecnológico de Monterrey, Iberoamericana y Anahuac, así como importantes desarrollos residenciales, pertenezcan al municipio de Puebla y no al de San Andrés Cholula a partir de la modificación de los límites territoriales entre ambos municipios.

Por sus características económicas, la Ciudad de Puebla ha propiciado y consolidado un crecimiento urbano metropolitano de repercusiones económicas, físicas, ecológicas, políticas, sociales y culturales para los demás municipios del estado de Puebla, especialmente para aquellos que cuya geografía encuentra colindancia con la capital, como es el caso del municipio de San Andrés Cholula.

La controversia que en la actualidad existe sobre los límites de ambos municipios, ha generado una serie de confusiones en relación a la identidad del ciudadano metropolitano; la generación de una cultura metropolitana y la resolución de los problemas de interés común.

Esta controversia, sin duda, afecta las acciones gubernamentales para atender en forma efectiva las demandas de las comunidades. Así lo expresaron los habitantes de la zona en conflicto en la consulta popular realizada el día 30 de junio del año 2002.

Los municipios de Puebla y San Andrés Cholula, requieren de un proyecto de desarrollo integral que se elabore directamente en esas poblaciones, iniciando precisamente con la definición de sus ámbitos territoriales y reconociendo sus particularidades para que este instrumento sirva de partida a los procesos de coordinación metropolitana.

Para dar solución definitiva al conflicto limítrofe entre Puebla y San Andrés Cholula, los respectivos cabildos optaron por realizar una consulta ciudadana para que fueran los residentes de las colonias en conflicto quienes decidieran el municipio al que querían pertenecer.

La consulta popular se llevó a cabo el día 30 de junio con los habitantes y vecinos de las siguientes colonias: Residencial Zavaleta, Rincón de San Andrés, Universidad Madero, La Cuchilla, Campestre Villa Alejandra, Flor de Nieve, Arcoiris del Sur, Estrella del Sur, Concepción la Cruz, Geovillas, Universidad Iberoamericana, San José Vista Hermosa, Ampliación Concepción Guadalupe, Concepción Guadalupe, y Centros Comerciales de la zona.

Para la consulta popular se instalaron 8 mesas de consulta donde participaron con su voto 10 mil 589 personas. La consulta ciudadana hizo ver que la mayoría de los colonos de la zona en conflicto, preferían pertenecer al municipio de San Andrés Cholula que al municipio de Puebla: el 76% estuvieron a favor de pertenecer al municipio de San Andrés Cholula, tal y como están definidos hasta el día de hoy los límites territoriales entre ambos municipios.

Este hecho marcó un precedente importante para considerar la definición legal de los límites territoriales, y con ello, se ha consolidado el hecho de que el territorio y las colonias en conflicto pertenecen a San Andrés Cholula.

A finales del 2002, los entonces presidentes municipales de Puebla y San Andrés Cholula, Luis Paredes y Guillermo Paisano, respectivamente, acordaron firmar un convenio de concertación y coordinación intermunicipal a efecto de encontrar soluciones al problema limítrofe. Para ello, el cabildo de San Andrés acordó la elaboración de una serie de estudios técnicos cuyos resultados son los siguientes:

La controversia sobre los límites entre los municipios de Puebla y San Andrés Cholula, en el fondo se sustenta a partir de la interpretación que se hace del decreto publicado el en Periódico Oficial del gobierno constitucional del estado de Puebla el 30 de octubre de 1962. Dicho decreto emitido por el entonces gobernador constitucional del estado, Fausto M. Ortega, se realizó con el objeto de suprimir y anexar cinco municipios a la ciudad de Puebla bajo la figura jurídica de Juntas Auxiliares.

El artículo primero del mencionado decreto, establece lo siguiente: "DECRETO por el cual se suprimen los Municipios de San Jerónimo Caleras; San Felipe Hueyotlipan; San Miguel Canoa; Resurrección y Totimehuacán; los que se anexan al Municipio de Puebla".

El artículo segundo del decreto de 1962, fija como límites del municipio de Puebla por el poniente los siguientes: "A partir del Puente de Echeverría y siguiendo aguas arriba el río Atoyac hasta su confluencia con la barranca o río Zapateros a través del Ejido de Temoxtitlan, Ejido de Cacalotepec, Hacienda Castillotla y Hacienda Mayorazgo pertenecientes al Municipio de Puebla se sigue aguas arriba el curso de esta barranca en terrenos del Ejido de San Andrés Cholula de la Hacienda Concepción Buenavista, (donde termina el Municipio de San Andrés Cholula) y terrenos de Romero Vargas límite entre: Ejido de Romero Vargas, Hacienda Zavaleta y Hacienda Santa Cruz con el ejido de la Trinidad: Lindero de la Hacienda Santa Cruz con el Pueblo de Momoxpan, linderos de los pueblos de Cuautlancingo, La Trinidad y Sanctórum con terrenos de la Trinidad se sigue el lindero poniente de la Hacienda de Apetlachica hasta encontrar el cauce del río Atoyac aguas arriba de la barranca honda, se sigue el cauce de este río hacia el norte hasta encontrar el punto de partida, o sea la barranca de ATLACOMONTE lo anterior pertenece al municipio de Cuautlancingo".

Los artículos tercero y cuarto del decreto de 1962 establecen lo siguiente: "ARTICULO TERCERO.- en los términos anteriores quedan indicados y definidos los límites de los Municipios de Amozoc, San Andrés Cholula y Cuautlancingo. En los distritos de Tecali y Cholula".

Al estado actual que presentan los límites territoriales entre los municipios de Puebla y San Andrés Cholula, sólo le falta el fallo final del Congreso del estado de Puebla.

El fallo que emita el Congreso del estado deberá estar fundamentado en el siguiente marco normativo:

Si bien es cierto que el conflicto inter-municipal ha estado fuertemente motivado por la rentabilidad económica que implica la captación de recursos fiscales de esta importante zona de desarrollo, el resolutivo final debe estar basado fundamentalmente en un estricto apego a la ley.

En éste orden de ideas, consideramos que existen suficientes elementos legales, sociales y técnicos para que el Congreso del estado determine que los límites territoriales entre ambos municipios son los que actualmente rigen la división político-territorial entre ambos municipios.

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados exhorta al Congreso del estado de Puebla para que emita resolución sobre el conflicto limítrofe entre los municipios de Puebla y San Andrés Cholula, respetando la actual división territorial.

Dado el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo del 2005.

Dip. Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A DIVERSAS COMISIONES DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS QUE SE ACEPTE Y ANALICE EL ESTUDIO QUE REALIZARÁ LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO SOBRE LA INSTALACIÓN DE CASINOS EN MÉXICO PREVIO DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE LEY FEDERAL DE JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS NANCY CÁRDENAS SÁNCHEZ Y RENÉ ARCE ISLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 25 de agosto, en la Comisión Permanente se presentó un punto de acuerdo, que convocaba a diversas comisiones de la Cámara de Diputados, para que se analizará y en su caso, considerará la opinión de personalidades y organizaciones, con presencia en la vida política, económica, social y cultural del país, previo al dictamen de la iniciativa de la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos y en particular sobre el tema de casinos.

El 19 de agosto del 2004, 45 personalidades y 7 organizaciones que participan de manera activa en la vida política, económica, social y cultural del país, publicaron en varios medios periodísticos un comunicado dirigido a los legisladores y a la opinión pública con el título "Casinos ¿oportunidad o error?", donde se manifiesta la preocupación porque se está discutiendo en la Cámara de Diputados un anteproyecto de Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos que busca legislar sobre casas de apuestas, así como autorizar casinos en nuestro país.

En el documento se realizaron diversos cuestionamientos sobre las repercusiones económicas y sociales que traería consigo la instalación de los casinos en México, tales como: ¿Realmente llegarían más turistas a México? ¿Serían más y mejor remunerados los empleos que se generarían que los que se perderían por legalizar el juego? ¿Habría un ingreso neto de divisas mayor por la inversión extranjera y por el gasto de turistas extranjeros que acudirían a los casinos? ¿Qué repercusión tendría para quienes actualmente no participan en juegos con apuestas? ¿Beneficiaría a la población o la perjudicaría? ¿Qué costos económicos y de repercusiones sociales tendrían los jugadores compulsivos mexicanos que se generarán por cada casino que se instale en el país? Entre otros.

Si bien el texto del comunicado en comento da respuesta breve a algunas de estas interrogantes, lo fundamental radica en dos aspectos:

Por su parte, la Junta de Coordinación de la H. Cámara de Diputados, solicito el presupuesto a la UNAM para solicitar dicho estudio, sin embargo, al recibir respuesta, se contestó que no era posible cubrir dicho costo.

Ante esta negativa por parte de la Cámara, un grupo empresarial mexicano, en particular el Consejo Nacional Empresarial Turístico ha anunciado en diversos medios de comunicación que solicitarán el estudio completo e imparcial, donde se analicen las repercusiones que tendría la instalación de los casinos en México, cubriendo el costo de dicho estudio, diversos empresarios del ramo. Dicho estudio resulta una herramienta fundamental para que los diputados podamos emitir una opinión razonada, dadas las posibles consecuencias de largo plazo que conllevaría tomar una decisión apresurada, sin tener los elementos suficientes.

Si bien es cierto, que la actividad legislativa no debe depender de lo que resuelvan los empresarios, es importante destacar que ellos pretenden solicitar que la Máxima Casa de Estudios realice el mismo estudio que le propusieron a la Cámara de Diputados.

Por tales motivos y considerando que las y los legisladores deben hacer eco de las propuestas y recomendaciones que los sectores de la sociedad tengan a bien emitir, me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Que las Comisiones de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Turismo de la H. Cámara de Diputados reciban y analicen y, en su caso, consideren las recomendaciones que se expresarán en el estudio imparcial que realizará la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre las repercusiones de la instalación de los casinos en México, previo dictamen de la iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos.

Diputados: Nancy Cárdenas Sánchez, René Arce Islas (rúbrica).
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE, POR CONDUCTO DE LAS DEPENDENCIAS COMPETENTES, EN EL PRÓXIMO PROYECTO DE PRESUPUESTO SE AMPLÍE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LOS RAMOS 33 Y 20, A FIN DE FORTALECER LA COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD Y NUTRICIÓN, ASÍ COMO COMBATIR LA MARGINACIÓN Y LA POBREZA EXTREMA DE LOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO ALFREDO BEJOS NICOLÁS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El C. Alfredo Bejos Nicolás, diputado federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión por el estado de Hidalgo e integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el honorable pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

Que la pobreza contribuye directamente a acelerar la enfermedad y la muerte, y pone en situación de desventaja al individuo desde el arranque de la vida al nacer, sin acceso a servicios de salud lo que deja huellas irreversibles en el crecimiento y desarrollo, impidiéndoles incorporarse a actividades productivas precipitándose en una dinámica de empobrecimiento que no tiene fin.

Que el arranque desigual se manifiesta desde la atención prenatal lo que desencadena que más de la mitad de estas mujeres sean atendidas durante el parto en sus hogares, sin atención médica adecuada pre y perinatal.

Que la alimentación deficiente en la infancia deja huellas irreversibles con mayores riesgos de enfermedad y bajo desempeño escolar, lo que en la edad adulta produce un rendimiento laboral mermado en el desempeño del trabajo que requiere de una alta demanda física.

Que la población de extrema pobreza está perfectamente delimitada por lo que se le pueden proporcionar servicios y subsidios de manera clara, ya que sus ingresos no superan el umbral denominado línea de pobreza.

Que en consecuencia es necesario destinar a ellos los beneficios de los programas y políticas públicas acordes a la situación actual de nuestro país, conviniendo así mismo con una visión de futuro.

Que si bien hay una responsabilidad en los niveles de gobierno estatal y municipal para determinar las áreas de alta marginación y pobreza extrema, es el gobierno Federal el que debe instrumentar acciones e impulsar y financiar el combate a la pobreza.

Que en consecuencia el gobierno Federal debe garantizar el acceso a los programas de nutrición y a los servicios de salud a la población más desprotegida, acercando los servicios médicos a las zonas más necesitadas donde puedan contar con la infraestructura, equipamiento y personal capacitado.

Que para lograr una mejor y mayor distribución de los servicios de salud y nutrición, en las zonas marginadas es necesaria la participación conjunta de las Secretarías de Salud, de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público, para integrar un presupuesto acorde a las necesidades de nuestro país.

Que para abatir los rezagos en nuestras zonas de pobreza extrema es importante que el proyecto de presupuesto se elabore con anticipación en coordinación estrecha con los gobiernos estatales y municipales, logrando así una distribución equitativa que permita implementar acciones y políticas públicas acordes a las necesidades, de manera integral para prevenir la aparición de gastos que precipitan a una mayor pobreza.

Que el programa de desarrollo humano Oportunidades tiene dentro de sus fines fortalecer en mayor grado y cobertura a los más pobres de nuestro país, asimismo, que la Secretaría de Salud dentro de sus prioridades está dirigir sus acciones hacia las comunidades más desprotegidas.

Por lo aquí expuesto y con la premisa estipulada en el Programa Nacional de Salud 2001-2006 donde se menciona que la mala salud genera, profundiza y ayuda a perpetuar la pobreza, me permito someter a su consideración la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta al Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se amplíe en el próximo proyecto de presupuesto la asignación de recursos a los ramos 33 y 20 con el fin de fortalecer la cobertura de servicios de salud y nutrición, que permitan elaborar mecanismos que establezcan políticas publicas que contribuyan a resolver la marginación y la pobreza extrema de los mexicanos.

Segundo: El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, en los términos de lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, deberá comunicar a la Cámara de Diputados las instrucciones y acciones que realice la secretaría de despacho competente en el proceso de atención del contenido de este acuerdo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de abril de 2005.

Dip. Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL QUE SE INHUMEN LOS RESTOS DEL JURISTA MANUEL CRESCENCIO REJÓN EN LA ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES DEL PANTEÓN CIVIL DE DOLORES, A CARGO DEL DIPUTADO SEBASTIÁN CALDERÓN CENTENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Sebastián Calderón Centeno, diputado federal de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, sean inhumados los restos del Jurista Manuel Crescencio Rejón en la Rotonda de las Personas Ilustres en el panteón civil de Dolores. Lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá nació el 23 de agosto de 1799, en Bolonchén-Ticul, una población de la región de Los Chenes de la parte noroeste del actual territorio del estado de Campeche. En la época del nacimiento del señor Rejón, todo la península integraba una sola entidad federativa llamada Yucatán.

Desde la separación de Campeche, en 1857, la región de Los Chenes pasó a formar parte de este estado. Y es una de las dos ciudades más importantes del municipio de Hopelchén. A la fecha, Bolonchén lleva agregado el apellido Rejón, en honor del ilustre jurista.

Por esta razón, tanto Yucatán como Campeche se sienten muy orgullosos de considerar como uno de sus más preclaros hijos a don Manuel Crescencio Rejón y Alcalá.

Y hoy, ante el olvido de que nuestro coterráneo se encuentre en la Rotonda de las Personas Ilustres, es que los legisladores campechanos del Partido Acción Nacional promovemos el presente punto de acuerdo.

Es prudente significar, que don Manuel Crescencio Rejón escribía y firmaba con tan solo esos dos apelativos y un solo patronímico, con la salvedad de que prescindía de la "s" en su nombre de Crescencio.

Así está su firma en el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, de enero de 1824, que desemboca el 4 de octubre de ese mismo año en la primera Constitución Federal de México. Se anexa copia fotostática.

La trayectoria de Manuel Crescencio Rejón, sin lugar a dudas, es destacable en cualquiera de sus facetas. A lo largo de su vida, fue ministro de Relaciones Exteriores, Embajador, legislador, periodista y un excelente abogado.

El 19 de agosto de 1843, Antonio López de Santa Anna llamó a Rejón para ocupar por primera vez el encargo de ministro de Relaciones Exteriores. Posteriormente, fue designado Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ante las Repúblicas del Sur e Imperio del Brasil y Consejero de Gobierno, encargado de los Asuntos Exteriores.

Se destacó por su lucha en contra de la pena de muerte en nuestro país, por considerarla contraria a la humanidad. Propuso que fueran abolidas las condiciones degradantes a que estaban sujetos los indígenas en Yucatán.

En su papel como legislador, se destacó por ser un promotor de reformas políticas encaminadas a la consolidación de la democracia. Propuso la implementación de la votación directa para la elección de los integrantes del Congreso y de las autoridades del Ejecutivo. Luchó incansablemente por la creación de la Universidad de la Ciudad de Mérida.

Crescencio Rejón, también fue un destacado patriota. En mayo de 1822, atacó y criticó a Agustín de Iturbide por proclamarse emperador. Esta situación, tuvo como consecuencia que al disolver Iturbide al Congreso, Rejón fuera a parar a prisión. Cuando Iturbide renuncia y marcha al destierro, se vuelve a plantear en el Congreso la posibilidad de crear una nueva Constitución. En este proyecto, participa don Manuel Crescencio Rejón. Propone la redacción de diversos artículos, realizando en la tribuna, destacadas y apasionadas defensas de los mismos. Entre sus aportaciones se encuentran las bases para la independencia del Poder Judicial, así como la ampliación de las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia. Rejón también participa en la creación de la Constitución yucateca de 1841. Defendió la soberanía e integridad nacionales frente a la agresión extranjera. Nunca comulgó con quienes aceptaron la mutilación de nuestro territorio para enajenarlo a Estados Unidos de América. Una vez concluida la guerra contra Estados Unidos, Rejón publicó sendas observaciones contra los Tratados de Guadalupe-Hidalgo de 1848, por considerarlos contrarios a la Constitución, en vista de que cedían más de la mitad del territorio mexicano y cancelaban las hostilidades sin autorización del Congreso.

Rejón fue un periodista de primer nivel. Participó constantemente en la redacción de diversos periódicos liberales de la época. Para él, la libertad de expresión no era un principio abstracto, sino una forma de vida.

Manuel Crescencio Rejón se distinguió más que nada durante su vida y especialmente durante su juventud en diversos asuntos que le dan suficientes meritos para que ingresa a la Rotonda de las Personas Ilustres de Panteón Nacional, en donde inexplicablemente hasta la fecha no ha sido llevado.

Esos acontecimientos en la vida de Rejón son:

Como ya se dijo, inexplicablemente don Manuel Crescencio Rejón no está aún en el sitial de honor que le corresponde por ser uno de los forjadores de nuestra nación, quizá ello se deba a que sus restos mortuorios, que fueron depositados en la fosa número 3, en el panteón de San Fernando de la Ciudad de México, ya desaparecieron de ese lugar, ignorándose hasta la fecha en dónde se encuentran.

Por lo anterior y por la ausencia de los restos del señor Rejón, debemos recomendar aquí que dentro de la Rotonda de las Personas Ilustres se erija un cenotafio, tal como acontece con los restos ausentes de Juan A. Mateos y Jesús Reyes Heroles.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo segundo del decreto por el que se establecen las bases y procedimientos que rigen la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores, es facultad del Ejecutivo Federal, decretar la inhumación en la Rotonda de las Personas Ilustres y las honras póstumas a personas que hubieren tenido en vida los merecimientos por sus acciones heroicas, sus virtudes cívicas, o políticas o sus aportaciones destacadas en los campos de las ciencias, de las artes o de la cultura.

Con fundamento en lo estipulado por el artículo séptimo del referido decreto, cualquier ciudadano o institución mexicanos, podrán proponer al titular del Poder Ejecutivo federal, el o los candidatos cuyas acciones considere que lo hacen merecedor de la declaración de hombre o mujer ilustre.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Se decrete la erección en esa rotonda, a falta de los restos mortuorios de don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, un cenotafio en su honor.

Segundo.- Se informe al C. secretario de Gobernación, en su carácter de Presidente del Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, del contenido del presente punto de acuerdo, para que proceda conforme a las facultades que le confiere el referido decreto.

Tercero.- Invítese al Poder Judicial, por conducto del C. ministro Presidente de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se sume a este homenaje.

Salón de Sesiones del H. Cámara de Diputados, a 12 de abril de 2005.

Dip. Sebastián Calderón Centeno (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS A EVITAR LA APERTURA DEL MERCADO DE RECURSOS GENÉTICOS SIN LA DEBIDA DISCUSIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONSENSOS, Y A PROMOVER DECIDIDAMENTE EN SU LEGISLACIÓN EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, DEL QUE MÉXICO FORMA PARTE, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR SUÁREZ CARRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Desde el mes de febrero próximo pasado se inició en el estado de Chiapas el proceso de consulta internacional sobre la iniciativa de Ley para la Conservación de la Biodiversidad y la Protección Ambiental del estado de Chiapas.

En la convocatoria que da cuenta de los diferentes eventos que se celebrarán, se señala que la gestión ambiental es una prioridad de la administración del estado de Chiapas, por lo cual se elaboró este proyecto de Ley. Asimismo, en este documento se indica que, sustentados en la tesis de más sociedad y menos gobierno, nace la necesidad de realizar una consulta internacional para enriquecer el contenido del proyecto de iniciativa.

Por una parte, sorprende que una iniciativa estatal, promovida por el Poder Ejecutivo de la entidad, deba someterse a opiniones extranjeras. La "consulta internacional" en torno al proyecto de Ley para la conservación de la biodiversidad y la protección ambiental de Chiapas, que culminó el día 10 de marzo en San Cristóbal de las Casas, como han señalado diversas organizaciones de la sociedad civil chiapanecas, va en contra del derecho y la soberanía nacional.

2. En su contenido, el mencionado proyecto de ley incluye por primera vez la bioprospección, es decir, la colecta y el uso de material genético para fines comerciales.

En el artículo 136 del Capítulo VIII referente al Aprovechamiento Extractivo se señala que los aprovechamientos podrán autorizarse para actividades de colecta científica, bioprospección, captura, con fines de reproducción, restauración, recuperación, repoblación, reintroducción o educación ambiental.

También prevé normar el conocimiento tradicional indígena. Además de definir los conocimientos tradicionales como aquellos que "entrañan estilos de vida pertinentes a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica". Señala en el artículo 71 que "El gobierno del estado y los ayuntamientos, fomentarán investigaciones científicas y promoverán programas para el conocimiento de los recursos naturales con que cuenta la entidad para propiciar su aprovechamiento racional y proteger los ecosistemas, buscando el rescate y reconocimiento de los conocimientos tradicionales..."

Por todos es conocida la riqueza que entraña el territorio chiapaneco. En Chiapas se concentra 40 por ciento de la biodiversidad total del país, así como, buena parte de las semillas madre de los alimentos que hoy consume el mundo, y también probados remedios medicinales (herbolarios), además de conformar el bastión eje de paso de los corredores biológicos de la región.

Como ha sido divulgado en diversos medios de comunicación, desde hace varios años trabajan en la entidad organizaciones como Conservación Internacional, agrupación estadounidense asentada en Chajul; la Unión Europea, con un proyecto de café cerca de la reserva El Triunfo, e incluso Monsanto, que adquirió la empresa Seminis, la cual trabaja en el municipio de Comitán, en Yax Na, cerca de las lagunas de Montebello.

El Grupo Pulsar, antecesor de Seminis, creado por Alfonso Romo, tenía en su haber bancos genéticos que colectó, entre los que no sólo había vainilla, sino amplias colecciones de frijol, chile, calabaza y experiencias con agave transgénico (todos originarios de México). Estos bancos pasaron a ser de acceso directo de Monsanto, con la reciente compra de Seminis, principal subsidiaria del extinto Grupo Pulsar. Operación que por cierto incluyó que Romo siga dirigiendo Seminis. Monsanto por su parte ya tenía acuerdos previos de "investigación" del teocintle, ancestro del maíz, en la Reserva de Manantlán.

Cientos de muestras forman parte ahora de los laboratorios de la Universidad de Georgia en Estados Unidos y de las grandes farmacéuticas. Brent Berlín engañó a los pueblos indios y a cambio de pagos en especie recibía material genético de las ricas regiones de Chiapas.

El objetivo central de las transnacionales biotecnológicas, farmacéuticas y agroalimentarias como Pfizer, Pharmacia, Monsanto, Coca cola, Syngenta, Glaxo, Dupont, Ford Motors Co., y General Motors, entre otros, es apoderarse de los territorios mega diversos -en tanto su carácter de inmensos bancos genéticos. Para ello cuentan con la complicidad consciente o inconsciente de socios y contrapartes locales, como pueden ser centros de investigación y, sobre todo, de pseudo ONG "conservacionistas".

3. La actitud de nuestras autoridades frente a esta situación que atinadamente se ha llamado "biopiratería", no responde exactamente a la defensa de la soberanía nacional, como lo demuestran las declaraciones que el pasado 8 de marzo, Alberto Cárdenas, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realizó en el estado. Anunció que "en Chiapas se abren oportunidades para mercados legales de los recursos genéticos y la biodiversidad, ya que esa entidad es la segunda más rica del país en estos recursos". (La Jornada, Angélica Enciso, 8-3-05). Esto lo declara en el contexto de la firma de una carta de intención entre el gobierno de Chiapas y la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, para abrir a la inversión privada los 6 millones de hectáreas de bosques en ese estado.

En esa ocasión el secretario Cárdenas aclaró que con la nueva iniciativa de Ley de Conservación de la Biodiversidad y la Protección Ambiental del Estado de Chiapas, también habrá oportunidades para la bioprospección, los servicios ambientales y el ecoturismo.

En el mismo sentido días antes (La Jornada, 23 de febrero 2005) el director del Conacyt, Jaime Parada, señaló que ante la recién aprobada Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados era necesario "patentar las especies nativas antes que lo hagan extranjeros".

4. El Convenio sobre la Diversidad Biológica CDB es el primer acuerdo mundial integral que aborda todos los aspectos de la diversidad biológica: recursos genéticos, especies y ecosistemas, mismos que se expresan en sus tres objetivos:

A través del CDB se reconoce, por primera vez, que la conservación de la diversidad biológica es del interés de toda la humanidad y que ésta, a su vez, es parte integrante del proceso de desarrollo. De hecho, la conservación de la diversidad biológica se ha convertido en parte fundamental de las propuestas hacia el desarrollo sustentable.

El CDB quedó abierto a su firma en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo ("Cumbre de la Tierra" de Río de Janeiro) el 5 de junio de 1992 y entró en vigor el 29 de diciembre de 1993, con 43 países ratificantes. Actualmente, alrededor de 177 países han ratificado el Convenio.

En 1993, México ratificó la firma al Convenio, siendo el 12avo país en hacerlo. Con esto, nuestro gobierno se declara responsable de la conservación de la biodiversidad nacional y se compromete a tomar medidas que así lo garanticen a fin de no poner en peligro la diversidad biológica del país ni la de países vecinos.

La CDB señala en particular en su artículo 8, inciso j, lo siguiente: "Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente".

México, tiene compromisos internacionales que cumplir, que van en contra de cualquier intento de generar normas a favor de intereses particulares sobre el bien público. Es decir, no se debe pretender legitimar acciones de biopirateria sobre la diversidad biológica del país.

En conclusión consideramos que el tema de la "bioprospección", tiene fuertes implicaciones para la riqueza cultural y biológica de nuestro país por ello no podemos permitir que una legislación estatal abra el mercado de los recursos genéticos sin la suficiente discusión. El debate de este delicado tema deberá plantearse en el plano nacional y tener en cuenta sobre todo el punto de vista y consenso de los pueblos indígenas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta respetuosamente al honorable Congreso del estado de Chiapas y al Poder Ejecutivo del mismo estado para que evite la apertura del mercado de recursos genéticos sin la debida discusión y construcción de consensos, y que promueva decididamente en su legislación el cumplimiento del Convenio sobre la Diversidad Biológica del que México forma parte, reconociendo el derecho soberano del país sobre sus recursos naturales con el propósito de evitar posibles actos que legitimen acciones de biopiratería sobre la diversidad biológica del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de marzo de 2005.

Dip. Víctor Suárez Carrera (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y A LAS AUTORIDADES LABORALES DE LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA, CHIHUAHUA, COAHUILA Y TAMAULIPAS A DAR A CONOCER, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 540 Y 541 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LOS RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES PERIÓDICAS Y EXTRAORDINARIAS EN LAS INDUSTRIAS MAQUILADORAS ESTABLECIDAS A LO LARGO DE SUS RESPECTIVAS FRANJAS FRONTERIZAS PRACTICADAS DE 2004 A LA FECHA, A CARGO DE LA DIPUTADA IRMA GUADALUPE MORENO OVALLES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, diputada Irma Guadalupe Moreno Ovalles, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a las autoridades laborales de los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, dar a conocer los resultados de las inspecciones periódicas y extraordinarias, de acuerdo a lo señalado en los artículos 540 y 541 de la Ley Federal del Trabajo en las industrias maquiladoras establecidas, a lo largo de sus respectivas franjas fronterizas, practicadas del año 2004 a la fecha.

Antecedentes

En el sexenio de 1970 a 1976, el Ejecutivo federal implemento un plan industrial, para incentivar la exportación de manufacturas mexicanas, que incluyó la promoción de la instalación de empresas maquiladoras a lo largo de la franja fronteriza norte de nuestro país, por medio de un decreto para el fomento y operación de la industria maquiladora de exportación, que a la fecha se sigue aplicando en renovadas modalidades, a lo largo de la franja fronteriza norte.

La manufactura de esta industria, aunque de escaso contenido de integración nacional, provocó un efecto multiplicador que estimuló la demanda interna de la región, por efecto de la derrama económica derivada de los salarios, permitiendo el crecimiento y desarrollo principalmente de las ciudades de Tijuana, Baja California, de Ciudad Juárez, Chihuahua, y de otras más en los estados de Tamaulipas y Coahuila.

A partir de esos años la zona fronteriza norte se colocó en una posición de privilegio en muchos sentidos, debido a que como región estratégica cuenta actualmente con los mayores índices de desarrollo social. Sin embargo los altos niveles de vida que caracterizan a las entidades del norte de nuestro país, no alcanzan a toda su población y en consecuencia las oportunidades no están en proporción a los niveles de bienestar pleno.

Desde mediados de la década de los setentas a la fecha los mercados laborales de esta región, ofrecen un panorama atractivo a las mujeres, debido a que la oferta de trabajo es destinada principalmente a ellas, creándose mayores oportunidades de acceso al empleo formal remunerado, esto no significa una mejoría plena en sus condiciones de calidad de vida, ya que mantienen una constante violación de sus derechos humanos y laborales elementales, que van desde los requisitos del certificado de no embarazo, previo a la contratación; la no modificación del estado civil, el acoso sexual, las condiciones de falta de seguridad y amenazas a su salud, por exposición o manejo de materiales peligrosos y/o dañinos; la interrupción de las relaciones laborales por causa de maternidad; despidos injustificados; jornadas extenuantes de trabajo y otros.

De acuerdo a datos del INEGI en el año 2004, se encontraban ocupadas en el sector de la maquila para exportación casi seiscientas mil trabajadoras en ocupaciones, que van desde operadoras hasta técnicas de producción y empleadas.

Son conocidas por todos, las constantes discriminaciones por causa de género y violaciones a la Ley Federal del Trabajo, que a pesar de las recurrentes denuncias de las trabajadoras de este sector industrial, muchas no se atienden a satisfacción de ellas, por el temor a las represiones por parte del sector patronal quedando en situaciones de vulnerabilidad laboral continua, por su condición de clase.

El articulado comprendido en el capítulo V del título once de la vigente Ley Federal del Trabajo, encomienda a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como también a las autoridades designadas por los gobiernos de las entidades federativas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias jurisdiccionales, conforme a los artículos 540 y 545 de la Ley en comento, a realizar visitas de inspección periódicas y/o extraordinarias en los centros de trabajo y que de acuerdo al artículo 541 de la misma ley, instruye a los inspectores del trabajo, vigilar el cumplimiento de las normas entre las que se consignan los derechos y obligaciones de trabajadores y patrones, como también las que reglamentan el trabajo de las mujeres y los menores, además de las que determinan las medidas preventivas de riesgos de trabajo, seguridad e higiene. A su vez examinar las sustancias y materiales utilizados en las empresas y establecimientos cuando se trate de trabajos peligrosos. En estas visitas de inspección se incluye la aplicación de la observancia de las normas oficiales mexicanas, como también es el caso para el debido pago correspondiente de la participación de utilidades generadas por las empresas y demás ordenamientos contenidos en esta misma ley.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara del H. Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero- Se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a que en el ámbito de sus facultades y competencias informe a esta H. Cámara de los resultados de las visitas de inspección practicadas del año 2004 a la fecha, a que se refiere los artículos 540 y 541 de la Ley Federal del Trabajo y de las acciones realizadas para combatir la discriminación y violencia contra las mujeres trabajadoras, efectuadas en las plantas maquiladoras establecidas a lo largo de las zonas fronterizas de los estados de Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila.

Segundo- Se exhorta a las autoridades laborales designadas por los respectivos gobiernos de los estados de Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila, dé conocimiento a esta H. Cámara los resultados de las inspecciones del trabajo que señalan los artículos 540 y 541, en función a su competencia jurisdiccional, que hayan efectuado a la industria maquiladora establecidas en sus respectivas franjas fronterizas, como también de las acciones realizadas para combatir la discriminación y violencia en contra de las mujeres trabajadoras, en lo que corresponde al periodo del año 2004, y lo comprendido del presente.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados.

Dip. Irma Guadalupe Moreno Ovalles (rúbrica).
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA, Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ASÍ COMO A LOS TITULARES DE LAS INSTITUCIONES QUE FORMAN LA BANCA DE DESARROLLO, A IMPULSAR EL MICROCRÉDITO Y LOS PROGRAMAS REFERIDOS A ÉSTE Y, EN SU CASO, A ESTRUCTURAR ESTRATEGIAS QUE DESARROLLEN ESTA MODALIDAD DEL CRÉDITO EN 2005, PROCLAMADO POR LA ONU AÑO INTERNACIONAL DEL MICROCRÉDITO, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO LANDERO GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través del suscrito, diputado Francisco Landero Gutiérrez, perteneciente a la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

La Asamblea General de la ONU en su resolución 53/197 proclama Año Internacional del Microcrédito al 2005 y es a través de ésta que pide se aproveche la ocasión para dar impulso a los programas de microcrédito en todo el mundo.

Invita a los gobiernos a que se dé publicidad y que se otorgue reconocimiento especial a la función de erradicación de la pobreza que cumple el microcrédito, su aportación al desarrollo social y el efecto positivo que tiene en la vida de las personas que viven en pobreza.

Invita además a todos los participantes en programas de erradicación de la pobreza a que estudien la posibilidad de adoptar nuevas medidas para que se puedan proporcionar crédito y servicios conexos, destinados a fomentar el trabajo por cuenta propia y las actividades de obtención de ingresos a un número cada vez mayor de personas que viven en pobreza.

Además, en su Resolución 58/488, reconoce la importancia de elevar los servicios de microcrédito y microfinanciamiento y de usar el Año como plataforma para encontrar formas de intensificar el impacto y la sostenibilidad del desarrollo a través de la divulgación de las mejores prácticas y las lecciones aprendidas. Asimismo invita a los Estados miembros a que consideren la posibilidad de establecer comités o centros de coordinación nacionales que se encarguen de promover las actividades relacionadas con la preparación y la celebración del Año.

México como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas y en vista de que la iniciativa de fomentar el microcrédito es de cabal importancia para nuestro país, sobre todo en el segmento de las personas que viven en pobreza y excluidos en muchas ocasiones del acceso a los servicios financieros, que les permitirían el autoempleo, el aumento de capital, formar un patrimonio y reducir su vulnerabilidad ante situaciones imprevistas, debe acoger favorablemente la invitación de la ONU.

Así se deben de fortalecer los servicios que prestan las sociedades nacionales de crédito y en su caso ampliarlos, cumplir a cabalidad los programas de microcréditos como el Pronamfim e incentivar a las instituciones de banca múltiple a desarrollar productos y servicios relacionados con el microcrédito.

Además, brindar la capacitación necesaria a los beneficiarios de esta modalidad del crédito e informar en gran escala sobre la importancia del microcrédito, sus ventajas y las formas de acceso a éste y en su caso desarrollar estrategias nuevas que lo hagan más accesible al mayor número de familias y de personas.

No se debe olvidar la integración en este esfuerzo a las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, las instituciones de educación y al sector privado.

Las medidas antes mencionadas y la iniciativa misma son acordes con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en donde se señala: "Promoveremos que las herramientas de acceso a la economía estén disponibles para todos y no sólo para unos cuantos, tendremos, así, una fuerte expansión de la ciudadanía económica, se democratizarán los mercados y aumentarán las oportunidades para participar en la economía formal".1 Además, el Plan señala que "el gobierno... promoverá el círculo virtuoso ahorro-inversión; reactivará la banca de desarrollo".2

Las Secretaría de Economía, y la de Hacienda y Crédito Público, así como las sociedades nacionales de Crédito cuentan con atribuciones suficientes para coordinar los esfuerzos amplios referentes al microcrédito y microfinanciamiento.

No sería correcto dejar el impulso a esta actividad sólo en el presente año, antes bien buscar su proyección hacia el futuro y hacer de la democratización de la economía algo permanente y consistente.

Tampoco omitimos hacer un llamado a redoblar esfuerzos en cuanto a la transparencia en el manejo de los recursos y en su caso a la inspección y vigilancia de los mismos ya sean públicos o privados.

El ahorro y el crédito son instrumentos muy importantes para hacer permanentes los logros obtenidos en el campo del desarrollo social. Sumarnos como Estado a esta iniciativa puede colocarnos de una manera congruente en el concierto de las naciones, sobre todo a aquellas comprometidas a reducir la pobreza, a fomentar el empleo, la iniciativa y la inclusión de sus ciudadanos.

Sirva pues, este punto de acuerdo para dar un nuevo impulso al microcrédito y a la participación del sector público, privado y social para el bien de aquellos con dificultad de acceder a oportunidades que permitan su desarrollo integral.

Punto de Acuerdo

Único. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, y a la de Hacienda y Crédito Público, y en general a los titulares de las instituciones que forman la banca de desarrollo, a impulsar acuciosamente el microcrédito, los programas que se refieran a éste y, en su caso estructurar estrategias que desarrollen esta modalidad del crédito en 2005, que ha sido proclamado por la Organización de las Naciones Unidas Año Internacional del Microcrédito.

Notas:
1 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, página 55.
2 Ibídem, página 56.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 12 de abril de 2005.

Dip. Francisco Landero Gutiérrez (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL MINISTERIO PÚBLICO MILITAR A CONDUCIRSE CON IMPARCIALIDAD Y TRANSPARENCIA, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO FRANCO HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones.

El Ejército Mexicano es una institución encargada de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación. El Ejército como parte del Estado debe garantizar a sus integrantes las garantías establecidas en la Constitución Política, sin menoscabo de los derechos humanos adquiridos para todos los mexicanos.

El Procurador General de Justicia Militar (PGJM) y otros oficiales de la Procuraduría General de Justicia Militar han reafirmado en distintas ocasiones su compromiso a favor de la protección de los derechos humanos en México.

Lamentablemente los abusos e injusticias que se comenten al interior del ejército son una realidad. No se denuncian por miedo a ser despedidos, degradados o dados de baja del instituto castrense. La sociedad tiene la percepción generalizada de que la PGJM no investiga o juzga con seriedad los casos de abusos perpetrados por los militares a militares o a la población civil.

La falta de transparencia del sistema de procuración e impartición de justicia militar menoscaba la actuación que los integrantes del Ejército pudieran tener a favor de la defensa de los derechos humanos de este instituto.

Diversos actos ocurridos en el campo militar, ubicado en Rancho Nuevo Chiapas durante 2003 denotan actitudes prepotentes, irregularidades y tráfico de influencias, por parte del coronel Mario Alfredo Ovalle Gutiérrez. Actos que denunciaron integrantes de este campo militar y que hasta la fecha uno de ellos se encuentra en calidad de indiciado en un proceso por demás irregular.

Es necesario que la CNDH emita una resolución dirigida a las autoridades de la Secretaría de la Defensa, en la cual se solicite que el ejército realice investigaciones profundas y no superficiales.

Reiteramos nuestra exigencia en la necesidad de mejorar el sistema de procuración e impartición de justicia militar, lo ideal sería a través de una participación más activa de la población civil en las investigaciones y en el juicio como coadyuvantes.

El secretario de defensa mexicano ha reconocido la necesidad de reactivar el sistema de coadyuvancia que no ha estado activo durante los últimos años. La opción del amparo es complicada porque el período durante el que se pueden presentar las peticiones es restringido (dos semanas a partir de que el caso ha sido cerrado por la PJGM), y porque requiere el uso de recursos legales que muchas víctimas y sus familiares no pueden permitirse.

Punto de Acuerdo

Primero: La H. Cámara de Diputados manifiesta su preocupación por las averiguaciones previas 35ZM/-
84/2003 y 31ZM/068/2003 que se encuentran en posesión del Ministerio Público Militar, por lo cual se exhorta a las autoridades correspondientes para que realicen las investigaciones con imparcialidad y transparencia.

Segundo: La H. Cámara de Diputados solicita que se respeten los derechos de los indiciados con la finalidad de salvaguardar su integridad personal y las garantías del debido proceso legal en el procedimiento penal militar.

Tercero: La H. Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que inicie una investigación de oficio y emita la recomendación respectiva a la queja 2005/793.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de abril de 2005.

Dip. Pablo Franco Hernández (rúbrica)
 
 

El que suscribe, diputado federal Lino Celaya Luría, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo décimo quinto del Acuerdo parlamentario de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicita a esta Presidencia que tenga a bien formular excitativa a las Comisiones de Gobernación, de Puntos Constitucionales, Jurisdiccional, de Justicia y Derechos Humanos, y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que, de conformidad con el artículo 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, elaboren con la mayor brevedad los dictámenes correspondientes a las iniciativas presentadas en esta Legislatura en materia de responsabilidades de los servidores públicos del Estado en su ámbito civil, penal, administrativo y político, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El día 10 de febrero de 2005, el diputado José Luis Medina Lizalde, del grupo parlamentario del PRD, presentó a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan los artículos 38, 74, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de la siguiente Exposición de Motivos: Si aspiramos a la construcción de una patria democrática, de un México justo e igualitario, donde la premisa fundamental sea el fortalecimiento de las Instituciones y el respeto al Estado de derecho, debemos realizar puntualmente la correspondiente adecuación de las leyes que norman el ejercicio responsable y honesto del servicio público a la realidad que impera en nuestro país. Donde los servidores públicos fundamenten su actuar siempre en el beneficio a favor del pueblo y el respeto irrestricto a la ley.

Aunado a lo anterior, se han presentado las siguientes iniciativas:

Consideraciones

Primera. Que entre los primeros antecedentes internacionales de la figura denominada "fuero" encontramos el impeachment, la cual se contemplaba dentro del Parlamento Inglés. Y en el siglo XVII, en las colonias inglesas de América del Norte, las asambleas legislativas usaban frecuentemente el impeachment para destituir a los gobernadores.

En México, la figura jurídica conocida como fuero y los procedimientos relativos a la fincación de responsabilidades a los servidores públicos, tienen sus antecedentes en varios ordenamientos de nuestra vida constitucional, entre los que destacan: La Constitución de Cádiz de 1812, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814 o mejor conocido como Constitución de Apatzingán, que estableció hacer efectiva ante el Supremo Congreso, la responsabilidad de los individuos de las supremas corporaciones.

El Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano del 18 de diciembre de 1822, delimitó para los jueces, magistrados, secretarios de Estado y Despacho, un procedimiento para que se declare que ha lugar a exigir responsabilidad.

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, en sus artículos 38 al 40, estableció la declaratoria de que ha lugar a la formación de causa en contra del Presidente de la Federación, los miembros de la Corte Suprema de Justicia y los Gobernadores de los Estados, a través del gran jurado por una de las Cámaras del Congreso.

Las Leyes Constitucionales de la República Mexicana de 1836, en la segunda, tercera, cuarta y quinta ley, establecieron mecanismos para el enjuiciamiento de funcionarios públicos, entre los que sobresale la declaratoria de que ha lugar a la formación de la causa, estableciéndose plazos, requisitos, formalidades, garantía de audiencia, penas y separación del cargo.

La Constitución federal de 1857 en su Título IV correspondiente a la Responsabilidad de los Funcionarios Públicos, específicamente en los artículos 103 al 108, señaló los delitos por los cuales los funcionarios públicos podían ser juzgados, así como el mecanismo para proceder, absolver o condenar al acusado. Estableciendo además, que en demandas del orden civil no hay fuero ni inmunidad para ningún funcionario público.

En nuestra vigente Constitución Política se estableció en su texto original la instauración del gran jurado y la declaratoria de ha lugar de procedencia, al igual que señalaba las disposiciones relativas a las funciones que competen a cada una de las cámaras del Congreso en la sustanciación del procedimiento, señalando además en su articulo 111, que a la brevedad posible el Congreso de la Unión expedirá una Ley sobre Responsabilidades de todos los Funcionarios y empleados de la Federación, determinando como faltas oficiales todos los actos u omisiones que puedan redundar en perjuicio de los intereses públicos y de buen despacho.

Dicho texto original de la Constitución de 1917, específicamente en cuanto hace a las disposiciones contenidas en los artículos del 108 al 114 en materia de responsabilidades de los servidores públicos, han sido objeto de numerosas modificaciones que han ido evolucionando hasta llegar a la actual redacción vigente; siendo la reforma de 1982 la que introdujo finalmente la figura que conocemos como declaración de procedencia, en sustitución del término declaración de desafuero. En virtud de la mencionada reforma de 1982, se creó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuya naturaleza jurídica es la de reglamentar el Capítulo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a las responsabilidades de los funcionarios públicos y patrimonial del Estado, encontrándose contenidas en dicho cuerpo normativo, entre otras, las disposiciones legales concernientes a las autoridades competentes, sanciones y procedimientos relativos a la sustanciación tanto del juicio político, como de la declaración de procedencia.

Segunda. Que de conformidad con lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los principios que rigen la responsabilidad de un servidor público son: La legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia. No obstante lo anterior, la realidad muestra que existen disposiciones que facilitan la evasión de las sanciones de los servidores públicos que cometen alguna irregularidad, aún cuando se trate de casos de corrupción. Por eso, es recomendable que el Marco Jurídico vigente en la materia, sea actualizado y perfeccionado, previo proceso de revisión conjunta de los órganos que tienen participación, como lo es el Poder Legislativo; ya que el combate a la corrupción e impunidad se practica con la aplicación estricta y puntual de la ley, por lo que no es admisible una serie de disposiciones imprecisas o vulnerables.

Tercera. En este sentido, cabe mencionar que en el Marco de la Organización de Estados Americanos, México suscribió la Convención Interamericana contra la Corrupción, en la cual los Estados Parte como el nuestro, se comprometen a promover, fortalecer, facilitar y regular los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos específicamente vinculados con tal ejercicio; a través de la adopción de medidas legislativas de derecho interno.

Cuarta. Que como se observa, el combate a toda forma de corrupción e impunidad en el ejercicio de la función pública, es un elemento indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de todo Estado Democrático, y por ende, del Estado de Derecho; donde el gobernante puede hacer solo aquello que la ley le permite, y donde el gobernado puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe.

Por lo expuesto y habiéndose cumplido con el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a usted C. Presidente de la Mesa Directiva, atentamente solicito:

Único. En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a las Comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales, Jurisdiccional, Justicia y Derechos Humanos, y Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que formulen en el ámbito de su competencia, el dictamen correspondiente a las iniciativas mencionadas.

Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2005.

Dip. Lino Celaya Luría (rúbrica)