El que suscribe, diputado Marcos Morales Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes
Considerandos
La función del Estado en materia de seguridad pública la especifica el artículo 21 constitucional, fracción IV), donde se determina explícitamente la obligación de los tres órdenes de gobierno para dotar a la sociedad de seguridad pública y que a la letra dice: " La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala...
La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios se coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública."
En el artículo 3º de la "Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública", se hace referencia a los instrumentos para alcanzar los fines en esta materia, señalándose que: " La función de seguridad pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las autoridades de policía preventiva, del Ministerio Público, de los tribunales, de las responsables de la prisión preventiva, ejecución de penas y tratamiento de menores infractores, de las encargadas de protección de las instalaciones y servicios estratégicos del país; así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones, deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta ley".
No obstante lo amplio del espectro que abarca lo que se denomina Sistema Nacional de Seguridad Pública, son identificables las partes que en él intervienen. Sin embargo, dentro de los conceptos que integran el presupuesto asignado al Sistema Nacional de Seguridad Pública clasificados por su "origen y destino" de acuerdo al contenido del Anexo del Cuarto Informe de Gobierno 2004 y cuyo cuadro se presenta a continuación, no existe claridad en la cantidad de recursos que se le destinan a la seguridad pública en el rubro denominado "Dependencias federales", ya que ahí se ubican las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y no se especifica cuánto de ese presupuesto asignado le corresponde a la materia de Seguridad Pública y cuánto a la materia de Seguridad Nacional, lo cual provoca confusión en el análisis presupuestal destinado exclusivamente a la seguridad pública.
La falta de claridad anteriormente señalada prevalece en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2005 para la Seguridad Pública presentado por el Ejecutivo Federal, donde en la Exposición de Motivos y en el capítulo correspondiente a la Clasificación Funcional del Gasto Público, el Presupuesto de Egresos solicitado para la Seguridad Pública, está compuesto por los seis rubros siguientes: Policía Federal Preventiva, Prevención y Readaptación Social, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, FASP, "Otras áreas" y "Otras dependencias". Nuevamente, en los conceptos denominados "Otras áreas "y" Otras dependencias", no se especifica si se hace referencia a las Secretarías de la Defensa Nacional y la de Marina y de la cantidad de recursos financieros que de esos presupuestos deben canalizarse específicamente al rubro de la seguridad pública, lo que facilitaría la identificación del total asignado presupuestalmente a dicha materia.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, en el rubro destinado al Sistema Nacional de Seguridad Pública, se especifiquen el origen, destino y cantidad de los recursos asignados específicamente a los conceptos de Seguridad Pública dentro de las Dependencias federales lo correspondiente a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como las asignaciones a las denominadas "Otras áreas", creándose con ello un presupuesto de Seguridad Pública con el total de los recursos asignados específicamente a esa materia, lo cual ofrecerá claridad al momento de su asignación, su análisis, seguimiento e interpretación de las cifras y facilitará las decisiones para las mejoras a dicho presupuesto; todo ello en beneficio de la ciudadanía y la transparencia en la aplicación de los recursos presupuestales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de octubre de 2004.
Dip. Marcos Morales Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN QUE REVISE EL EJERCICIO DE RECURSOS FEDERALES AL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO QUE CONCLUYÓ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1998-2004, A CARGO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL TRABAJO, Y DE CONVERGENCIA
Los suscritos, diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Partido Convergencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
El pasado 15 de septiembre del presente año, en el estado de Durango concluyó la administración gubernamental 1998-2004 del licenciado Ángel Sergio Guerrero Mier, misma que fue conducida bajo un estilo autoritario, sin animo de conciliar a la sociedad, por el contrario provocó, toleró, alentó fracturas y divisiones al interior de los diversos grupos comunitarios; no supo o no quiso conducir a Durango al progreso.
En suma, el ex gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier, ejerció el poder con una clara política autoritaria y de confrontación, es decir, sin diálogos, sin acuerdos, sin la busca de los consensos con la sociedad y los actores políticos, fue pues el final de un sexenio conducido sin negociación, y que dejó al Estado con la sensación de que se perdió la oportunidad de avanzar, porque el ex gobernador del estado sostuvo siempre una posición ríspida, de descalificación, de confrontación con el Gobierno Federal.
Durango ingresó al siglo XXI en un contexto político, económico y social difícil, adverso, registró un déficit con variables trascendentales en su desarrollo, pues mientras que, a nivel nacional, existe un evidente desarrollo político manifestado en la modernización de las instituciones del Estado, Durango permaneció estancado en un inmovilismo, y mientras que la Economía Nacional registró signos de recuperación, Durango permaneció atrapado en rezagos históricos, mientras que organismos internacionales han coincidido en que los índices de extrema pobreza en el país se han reducido, Durango no ha podido avanzar con la misma velocidad y dirección; los procesos de transparencia y rendición de cuentas son nuevos paradigmas en el País, pero a Durango, estos no han llegado, pues se mantuvo la secrecía como política oficial y hubo la resistencia de la administración estatal a transparentar su información financiera.
En fecha 8 de octubre del presente año, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, hizo llegar a la H. LXIII Legislatura del estado de Durango, un informe denominado "Situación financiera del gobierno del estado, programa de contingencia financiera", en el que destacan los siguientes aspectos:
De 1999 al 2004, el gasto corriente se incrementó en 81% mientras que los ingresos tributarios tan sólo crecieron un 44%.
Alto gasto en servicios personales. Por cada peso del presupuesto, Durango destinó 55 centavos al pago de sueldos y prestaciones de los servidores públicos, mientras que el resto de los estados del país asigna, en promedio, 44 centavos a dicho concepto.
De 1999 a 2004, la deuda pública bancaria del gobierno del estado pasó de 624 millones de pesos a 1,699 millones; si a ese monto se le agrega la deuda de corto plazo y otras deudas, hasta ahora identificadas, la deuda total asciende a 2,500 millones de pesos (sin incluir deuda de organismos y municipios).
El pago de intereses y amortizaciones de deuda ascenderá en 2004 a más de 625 millones de pesos. Este monto equivale a 5 veces el presupuesto aprobado por el Congreso del estado para desarrollo rural; más de 7 veces al gasto estatal en seguridad pública; y a más de 46 veces el presupuesto anual del IVED.
En tan sólo un año (2004) el gobierno del estado pagará por servicio de la deuda el equivalente a toda la deuda pública bancaria histórica del estado, acumulada hasta el año 1998.
La deuda pública al 15 de septiembre de 2004 (en millones de pesos):
Adeudo al ISSSTE (SAR y Fovissste)
165
Adeudo al ISSSTE (servicio médico-trabajadores
estatales) 22
Adeudos a Pensiones Estatales
118
Aportaciones pendientes a programas con mezcla de recursos
119
Adeudo a gasto educativo 79
Adeudo a contratistas de obra pública
66
Adeudo a fondos, fideicomisos y otros:
83
Foprodem 17
UJED 15
Fovi 13
Forte (Cuotas Sindicales SNTE 44)
2
SNTE Sección 44 22
Retenciones 5
Otros 9
Escalatorias de obra pública
62
Adeudos por contratos de complemento de obras prioritarias
43
Adeudos a Tesofe 49
Proveedores 2
Total deuda pública directa y avalada 2,764
Total deuda pública sin organismos y municipios 2,507
De acuerdo a las recomendaciones de un despacho de Consultores Financieros, denominado "Protega Consultores" mismo que coordina el C. Pedro Aspe Armella, Ex Secretario de Hacienda, recomendó entre otras las siguientes estrategias financieras:
Reprogramar los pagos por concepto de aportaciones de Durango a programas federales con mezcla de recursos a efecto de garantizar que se cuente con los recursos del Gobierno Federal del 2004.
3. Impuesto Sobre Producción y Servicios 33 millones
518 mil 140 pesos.
4. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 26 millones,
018 mil, 655 pesos.
5. Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos;
118 millones, 457 mil, 078 pesos.
6. Incentivos de Coordinación Fiscal y Fiscalización,
21 millones 220 mil 056 pesos.
3. Fortalecimiento de Municipios; 228 millones 130 mil
560 pesos
4. Asistencia Social; 60 millones 841 mil 575 pesos
5. Educación de Adultos; 23 millones 515 mil, 601
pesos
6. Infraestructura Social 23 millones 515 mil 601 pesos
7. Infraestructura Social Estatal; 270 millones 102 mil
552 pesos
8. Seguridad Pública; 38 millones 723 mil 720
pesos
9. Educación Tecnológica; 68 millones 874
mil 327 pesos
10. Infraestructura Educativa Básica 36 millones
174 mil 327 pesos
11. Infraestructura Educación Superior, 6 millones
813 mil 333 pesos.
Sin embargo, la vocación federalista en el estado se vio acotada por el Ejecutivo estatal ya que no obstante lo anterior, los Municipios de nuestro Estado no se vieron beneficiados en sus Haciendas Municipales, por lo que no se justifica el hecho de que se haya dejado una Administración Estatal totalmente endeudada, lo que hace presumir la existencia de irregularidades en el manejo financiero, y en cumplimiento al principio de transparencia, dada cuenta que el Gobierno del estado de Durango manejó recursos federales, se estima que es pertinente que la Auditoria Superior de la Federación dentro de sus facultades y atribuciones, fiscalice y audite los recursos federales enviados al Gobierno del estado de Durango, desde el 1º de Enero y hasta el 15 de Septiembre del 2004.
Compañeras y compañeros legisladores:
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Primero. Que se instruya a la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, a fin de que fiscalice y audite los recursos federales que fueron transferidos al Gobierno del estado de Durango, por el periodo comprendido del 15 de septiembre de 1998 al 15 de Septiembre del 2004, en cada una de sus partidas presupuéstales, y que de su resultado se emprendan las acciones administrativas o penales contra los responsables.
Segundo. Que se efectúe una investigación respecto de los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo y custodia; y aplicación de fondos y recursos federales, para que en su caso se determinen los daños y perjuicios que afecten al patrimonio del estado de Durango.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil cuatro.
Dip. Francisco Barrio Terrazas
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional
Dip. Pablo Gómez Álvarez
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática
Dip. Manuel Velasco Coello
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México
Dip. Alejandro González Yánez
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Dip. Jesús Martínez Álvarez
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A CUMPLIR LA LEY Y LAS RESOLUCIONES JUDICIALES Y EVITAR QUE SE VULNEREN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA EUMEX, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se considere, de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a que cumpla con la ley y con las resoluciones judiciales y evite vulnerar los derechos humanos de los trabajadores de la empresa Eumex.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal está lleno de vanidad, parece que el poder lo ha cegado. Ha quebrantado el estado de derecho cuantas y tantas veces se le ha venido en gana, es irrespetuoso de las instituciones y, por lo tanto, se sumerge en la ilegalidad, el que dice tener "honestidad valiente" debe responder como cualquier ciudadano ante las autoridades correspondientes, se la pasa culpando a los demás de sus errores, desobedece las órdenes de los jueces, hace tiempo despidió a 39 empleados,1 un juez ordenó que los reinstalara en sus puestos y aún siguen esperando. La obsesión por la candidatura presidencial no lo deja gobernar conforme al mandato que los ciudadanos lo eligieron.
Mucho se ha mencionado sobre su desafuero, las páginas de los diarios le dedican grandes espacios a ese tema, lo que no deja lugar a dudas, su clara postura populista, eso es peligroso para una democracia, porque al populismo se le ha conceptuado como un movimiento demagógico, oportunista, manipulador, corrupto, retórico e ineficaz". Su embudo conocido como segundo piso del periférico es el claro monumento de que quiere que se le vea por encima, ya que por debajo el Sistema de Transporte Colectivo Metro presenta serios deterioros.
Lo que sí vemos todos en la televisión, es que no tiene respeto a las instituciones e intenta burlarse de las mismas.
El caso que nos ocupa es una situación similar como la que tiene al borde del desafuero al jefe de gobierno, porque de igual forma ha desobedecido lo ordenado en otros tantos juicios de garantías, el desafío a las autoridades judiciales y la violación de las leyes no se deben seguir tolerando a dicho funcionario.
En el año de 1995 el entonces Gobierno del Distrito Federal otorgó a la empresa Equipamientos Urbanos de México, un permiso concesión para que realizara la instalación de "parabuses y mupis de piedra" en las avenidas y calles de la capital, entre otras actividades, ya que su giro es la instalación de mobiliario urbano, y actualmente tiene una planta de cinco mil trabajadores. Sin embargo la empresa en mención fue víctima de las autoridades del Distrito Federal al pretender retirarle la concesión respectiva, por lo que tuvo que solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, asignándosele el número de expediente 55/2003, mismo que fue otorgado por el Tribunal Colegiado del Primer Circuito,2, Quedando firme la sentencia.
Lo cierto y verdadero es que el jefe del Gobierno del Distrito Federal ha tomado por costumbre no acatar las resoluciones dictadas por los tribunales de amparo, por lo que actúa con toda impunidad, en este caso en detrimento de la empresa Eumex, por ejemplo, en el expediente número 182/99, el juez de distrito3 dictó una sentencia en la que concedía el juicio de garantías a la empresa agraviada (Eumex), por lo que promovió el incidente de inejecución, el Gobierno del Distrito Federal promovió el recurso de revisión contra dicha resolución mismo que fue negado por el juzgador de referencia, por lo tanto la sentencia dictada en ese expediente continúa surtiendo sus efectos plenamente sin que la autoridad le dé cumplimiento, en total desobediencia al juez amparista.
La multicitada empresa Eumex y sus trabajadores, han sufrido una férrea persecución por parte del jefe de gobierno y por las autoridades del Distrito Federal, todo ello está documentado. El abuso ha llegado a tal extremo que la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal ha formulado diversas querellas por los probables delitos de defraudación fiscal, argumentando que no se pagaban tasas publicitarias por la explotación de paradas de transporte público de pasajeros. Otra vez contra dicho acto abusivo de autoridad se interpuso el juicio constitucional por Eumex y el juez quinto de distrito en materia penal,4 con sede aquí en el Distrito Federal, concedió a los Consejeros de la Sociedad de mérito, el amparo solicitado, considerando que la querella formulada por el apoderado de la Procuraduría Fiscal referida es inexistente, pues dicho apoderado no estaba legitimado legalmente para su formulación.
Es intolerable, reprobable y por lo mismo aberrante que aquellos que actúan bajo el manto de la democracia, en realidad sean represores de la sociedad, es el caso que vistas las sentencias dictadas y en contra de las cuales ya no existe recurso legal alguno la multicitada empresa Eumex, procedió a normalizar sus trabajos y el día 30 de agosto pasado sus trabajadores fueron víctimas de otro atropello policiaco, porque cuando pretendían realizar la instalación de un "parabús y un mupi de piedra", en la avenida Paseo de la Reforma, esquina con la calle de Lieja, en franca violación de las sentencias de amparo, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y con lujo de violencia se les trasladó a la Agencia 50 del Ministerio Público,5 acusándolos del delito de daño en propiedad de bienes de la ciudad.
La misma situación se presentó el día 23 de septiembre pasado, cuando otros cuatro trabajadores de la empresa aludida, que realizaban trabajos de mantenimiento, mismos que fueron solicitados por autoridades del Gobierno del Distrito Federal, fueron detenidos por elementos de seguridad pública y llevados a la agencia6 antes mencionada.
Los abusos de autoridad no han cesado, de tal manera que el día 28 de septiembre de este año, no obstante que se le hizo del conocimiento del jefe de gobierno y de las demás autoridades del Gobierno del Distrito Federal, que se procedería a la instalación de otro "parabús y un mupi de piedra", en la misma avenida Paseo de la Reforma, se presentó el director de Servicios Metropolitanos, en compañía de personal de la Oficialía Mayor del Distrito Federal y giró instrucciones a los guardias de seguridad pública para que procedieran a la detención y consignación ante el Ministerio Público,7 de otros nueve trabajadores de Eumex, violando flagrantemente sus garantías constitucionales, ya que se les mantuvo incomunicados y sin que se les haya indicado cuál era el delito por el cual se les privaba de su libertad.
Ante tales atropellos se han formulado, por los agraviados, las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República,8 asimismo se han presentado las correspondientes quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,9 pero hasta el momento no se han recibido las respuestas.
El hostigamiento no para allí, porque el día 5 de octubre de este año las autoridades del Distrito Federal, concretamente las del perímetro de la delegación Benito Juárez, sin mandamiento legal alguno, evitaron de nueva cuenta que los trabajadores de Eumex instalaran los "parabuses y mupis de piedra" y lo que es peor, fueron detenidos, ocho de ellos, y consignados a la Agencia del Ministerio Público Número 50, a pesar de mediar oficio firmado por el delegado de dicha demarcación, de fecha 15 de julio de 2003, y en donde se desprende la autorización para que la empresa mencionada pudiera realizar libremente sus actividades laborales.
Es muy preocupante la situación que nos ocupa, el doble discurso que utilizan las autoridades del Distrito Federal es para evadir su responsabilidad jurídica y, por lo tanto, violentar sin miramientos el Estado de derecho.
En la Cámara de Diputados no podemos quedarnos insensibles ante la forma arbitraria con que actúan las autoridades cuestionadas, la empresa en mención ha llegado al hartazgo y la desesperación, la andanada de difamaciones que se le han proferido inhibe a la inversión en México. El abuso, la discriminación y los descalificativos no se ven bien en quien ejerce el poder, porque se debe gobernar con objetividad, imparcialidad y sin distingo alguno.
Para robustecer lo antes dicho, el día seis de octubre de los corrientes se publicó en los distintos periódicos de circulación nacional un desplegado donde enfáticamente se hace una protesta pública, por parte de Eumex, para que la ciudadanía se enteré de los abusos de que ha sido víctima esa empresa y los excesos en que han incurrido las autoridades del Distrito Federal.10,11
Compañeras diputadas y compañeros diputados, los convoco para que unamos nuestras voces y aprobemos el presente punto de acuerdo, porque no es la primera vez que el jefe del Gobierno del Distrito Federal se burla de la ley y de la Justicia, el caso de "El Encino", sólo es el principio y el asunto que nos ocupa es la continuación de la arbitrariedad con que se conduce Andrés Manuel, quien tras el abuso del poder comete violaciones a las garantías de los ciudadanos.
Por lo antes expuesto, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a la aprobación de esta H. asamblea el presente
Punto de Acuerdo
Artículo Único. Para exhortar al jefe del Gobierno del Distrito Federal, a que le dé pleno cumplimiento a la ley y a las diversas resoluciones dictadas en los juicios de amparo, promovidos por la empresa Eumex; así como de realizar actos tendientes a vulnerar los derechos humanos de los trabajadores de la empresa mencionada.
Notas:
1 Fuente Noticieros Televisa, de fecha 15 de junio de
2004.
2 Expediente número 55/2003. Séptimo Tribunal
Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito.
3 Expediente 182/99. Juez octavo de distrito en materia
administrativa en el Distrito Federal.
4 Amparo número 134/03. Expediente número
128/2003. Juez quinto de distrito "B" en materia penal, con sede en el
Distrito Federal.
5 Averiguación previa número FAF/BTO/20/02-02.
Agencia del Ministerio Público No. 50.
6 Averiguación previa número FAE/86/04-09.
Agencia del Ministerio Público No. 50.
7 Averiguación previa número FAE/89/04-09.
Agencia del Ministerio Público número 50.
8 Averiguación previa número 3813/DDF/04
de fecha 28/09/04.
9 Expediente número CDHDF/122/03/CUAU/DO724.000
de fecha 20 de febrero de 2003.
10 Sección el "Mundo", página A7, miércoles
6 de octubre de 2004, periódico El Universal.
11 Sección "Nacional", página 13, jueves
7 de octubre de 2004, periódico La Crónica.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 21 días del mes de octubre de 2004.
Diputados: Manuel Velasco Coello, coordinador;
Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Antonio González Roldán
(rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier
Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles
Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo,
Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes
Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra
Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier
Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SEMARNAT, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y AL MUNICIPIO DE MATAMOROS A REVISAR SI LA INSTALACIÓN DE UN RELLENO SANITARIO EN DICHA LOCALIDAD CUMPLE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA AMBIENTAL, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ JULIÁN SACRAMENTO GARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz José Julián Sacramento Garza, en mi calidad de diputado federal en la LXI Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes:
Consideraciones
La ciudad de Matamoros, Tamaulipas cuenta con una población que rebasa los 500 mil habitantes, que generan 392 toneladas de basura diarias aproximadamente. El actual deposito de basura de este municipio, opera desde hace varias décadas, y las autoridades municipales, desde los años noventa, estudian la posibilidad de establecer un nuevo basurero en ejidos aledaños a la ciudad, principalmente entre San Luisito y La Brigada.
Después de haber realizado una licitación pública para otorgar la concesión de recolección y confinamiento de la basura para los próximos 15 años, la supuesta empresa ganadora fue Promotora Ambiental-GEN, sin embargo, los campesinos y madres de familia de los ejidos que colindan el lugar donde se tiene planeado establecer el relleno sanitario, se pronunciaron en contra de la empresa, dado el riesgo que representa este confinamiento de desechos para la salud de los residentes, y la contaminación de las aguas del río Bravo.
El establecimiento del relleno sanitario en esa zona representa un fuerte impacto negativo en la economía de la región, toda vez que el número de familias que viven del cultivo de la okra es considerable. En caso de que se haya otorgado la concesión para el confinamiento de la basura de la ciudad de Matamoros, se generaría un grave deterioro a los campos de producción de okra en virtud de su ubicación y colindancia con el confinamiento sanitario.
No sólo afectaría los sembradíos, sino que también contaminaría los pozos de agua que se encuentran aledaños al relleno sanitario, afectando la salud de la gran mayoría de las familias que utilizan esa agua. Cabe señalar que, el relleno sanitario estará a menos de dos kilómetros del afluente del río Bravo, cuya agua llega a ser utilizada para uso doméstico en la ciudad.
Los ejidatarios de ese lugar, afirman que los compradores de sus productos, principalmente empresas estadounidenses, al enterarse que las parcelas estarán cerca del relleno sanitario, dejaron de ofrecerles contratos de compra-venta, ya que de acuerdo con las normas sanitarias, se consideraría como producto contaminado.
Lo que solicitan los campesinos de los ejidos colindantes al nuevo basurero, es que las autoridades analicen con detalle el impacto ambiental que va a tener ese relleno sanitario el cual afectará a más de mil familias. Afirman que la empresa aún no cuenta con el contrato firmado para la utilización de esas hectáreas, y desde hace un mes los camiones compactadores de basura depositan residuos en ese lugar.
Los ejidatarios ya están cansados de tocar puertas, ya que han pedido la intervención del dirigente del sector campesino del municipio, la dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias, incluso, del presidente municipal de Matamoros y, prácticamente nadie los ha querido escuchar. Incluso han realizado manifestaciones frente a las instalaciones de la empresa Promotora Ambiental.
No es posible que las autoridades locales no atiendan este conflicto, y que los ejidatarios hayan tenido que acudir ante las autoridades y grupos ambientalistas del Condado de Cameron en Texas, quienes al enterarse de la próxima apertura del relleno sanitario, han gestionado el freno de dicha acción, solicitando la intervención de instancias internacionales para evitar la contaminación de las tierras, mismas que como ya se había mencionado, se encuentran cerca del río Bravo.
Es por ello, que solicito la intervención de las autoridades federales en la materia, al Gobierno del estado de Tamaulipas y al municipio de Matamoros, para que dentro del ámbito de sus respectivas responsabilidades, se aseguren de que el mencionado relleno sanitario cumpla con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-083-ECOL-1996, en la cual se definen las condiciones específicas que deben de guardar los sitios destinados a la disposición final de los residuos sólidos municipales y, en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en donde se establecen ciertas prohibiciones respecto a la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente, al Gobierno del estado de Tamaulipas y al municipio de Matamoros a revisar si la instalación de un relleno sanitario en el municipio de Matamoros, Tamaulipas cumple con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-083-ECOL-1996 y, en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Dado en el Palacio Legislativo a los 21 días del mes de octubre de 2004.
Dip. José Julián Sacramento Garza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SOLICITE AL DIRECTOR DE PEMEX UN INFORME DETALLADO SOBRE EL PROCESO DE BAJA Y CONTRATACIÓN DE 16 BUQUES TANQUE, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
La Constitución General de la República señala que en caso de un litigio para conceder prerrogativas o concesiones de algún bien o servicio, debe darse preferencia a los mexicanos en igualdad de circunstancias, siempre que las licitaciones se presenten conforme a la Ley.
Todas las secretarías de Estado, así como las paraestatales deben sujetarse a esa consideración, que tiene un alto significado político, pero si como es el caso, hay un cuantioso contrato que mucho beneficiaría a empresas y trabajadores nacionales, al contratar la renta de embarcaciones petroleras por un monto de mil millones de dólares. Y además, al hacer ese retiro de buques-tanque el director general de Petróleos Mexicanos Raúl Muñoz Leos no presenta un informe detallado acerca de las causas esenciales que motivan ese retiro del servicio.
Por ello mismo es necesario que Pemex dé a conocer las condiciones de la licitación para realizar la operación de contratación de los "nuevos" barcos, por lo cual a juicio del grupo parlamentario de Convergencia se vuelve necesario tomar en cuenta los siguientes:
Considerandos
2.- Que el artículo 74 de nuestra Constitución Política otorga a la Cámara de Diputados la facultad de fiscalizar el buen uso de los recursos públicos.
3.- Que nos parece muy extraño que Pemex tenga la intención de dar de baja 16 embarcaciones y arrendar estos servicios con barcos de bandera panameña en un contrato que ascenderá a más de 1,000 millones de dólares.
4.- Que el artículo 33 de la Ley de Navegación, establece que: La operación o explotación de embarcaciones en navegación de altura, que incluye el transporte y el remolque marítimo internacional está abierta para los navieros y las embarcaciones de todos los países, cuando haya reciprocidad, en los términos de los tratados internacionales.
5.- Que sin embargo, también prevé el artículo antes mencionado que: "La Secretaría", previa opinión de la Comisión Federal de Competencia, podrá reservar, total o parcialmente, determinado transporte internacional de carga de altura, para que sólo pueda realizarse por empresas navieras mexicanas, con embarcaciones mexicanas o reputadas como tales, cuando no se respeten los principios de libre competencia y se afecte la economía nacional.
6.- Que evidentemente la firma de un contrato por 1,000 millones de dólares es algo que afecta a la economía nacional.
Punto de Acuerdo
Unico.- Que la Cámara de Diputados solicite al director general de Petróleos Mexicanos un informe detallado sobre el proceso de baja y contratación de esos 16 buques-tanque para su servicio
Dip. Jesús Martínez Alvarez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Y EN EL MARCO DEL ANÁLISIS LEGISLATIVO, LA CÁMARA DE DIPUTADOS INICIE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES PARA QUE SE ELABOREN DE MANERA URGENTE LAS REFORMAS LABORAL Y FISCAL QUE EL PAÍS NECESITA, A CARGO DEL DIPUTADO JAIME DEL CONDE UGARTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, Jaime del Conde Ugarte, en mi calidad de diputado federal y en conjunto con un grupo de diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como también por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración el siguiente punto de acuerdo, tomando como fundamento las siguientes consideraciones:
El empleo es una necesidad básica, es un constante reclamo social; una nación que no sea capaz de generar empleos, es una nación pobre, que está destinada al más cruel de los fracasos.
El entorno global, cambiante y por ende más competitivo en el cual tienen que desempeñarse las organizaciones en esta década, ha traído consigo el fenómeno de la transformación como necesidad de adaptación a ese entorno. De allí que las empresas tanto públicas como privadas deban realizar grandes esfuerzos para lograr una mayor productividad y competitividad que les garantice sobrevivir en el mercado.
México ingresó al tercer milenio, con el reto de convertirse en una nación comercialmente competitiva, con finanzas públicas sanas y un marco jurídico que lo caracterizará como un verdadero Estado de derecho, así como también con una visión a futuro de poder medirse con las naciones más importantes del mundo, sin el temor a ser devorado por las más grandes potencias económicas.
Sin embargo y tristemente tenemos que reconocer que la competitividad de la economía mexicana no ha podido avanzar como eran sus expectativas, a guisa de ejemplo puedo mencionar que retrocedió un lugar dentro del ranking global elaborado por el Foro Económico Mundial, al pasar del sitio 47 al 48, según cifras oficiales del propio organismo.
De la misma forma a ésta nueva caída se suma al reporte emitido por la Consultoría AT Kearney, que en 2003, ubicó a México en la posición número tres de una lista que mide las preferencias de los empresarios para derramar sus recursos en los países del mundo, y este año lo colocó en el lugar 22, mientras que Chile se encuentra, por primera vez, entre las 25 naciones más importantes del mundo en materia de competitividad global y ha logrado despegarse de América Latina.
Hechos que son de llamar la atención, toda vez que nosotros los legisladores federales representantes de la nación, no hemos tomado con seriedad la gran problemática que tiene México, pues tal vez nos han superado los egoísmos partidistas y no hemos sido capaces de sacar adelante las grandes reformas que el país necesita; sin duda alguna responsables hay muchos, pero sin embargo debemos de asumir con dignidad dicha responsabilidad.
Reflexionemos ¿Qué estamos haciendo como legisladores? ¿Cuál es mi responsabilidad como diputado federal? ¿Qué es lo que no he hecho y que es lo que dejé de hacer para que nuestro país haya descendido del tercer lugar al 22 en cuanto a competitividad y confianza de los inversionistas?
Compañeros debemos de reconocer que no hay una sola nación que pueda considerarse autosuficiente a sí misma y que no necesite de la inversión y apoyo de los demás países, aun las naciones más ricas necesitan de la inversión extranjera para la satisfacción de bienes y recursos de los cuales carecen y que por medio de ésta suplen sus necesidades y carencias en su entorno.
Estoy seguro que es nuestro tiempo de estructurar nuevos mecanismos para la atracción, estabilidad y seguridad legal de la inversión extranjera directa, otorgando garantías y derechos, para evitar que dicha inversión siga disminuyendo en el país.
Una inversión extranjera bien orientada permitirá al país, aumentar la productividad y la competitividad a través de la promoción de exportaciones basadas en sus políticas económicas y sociales, con ello se ampliará la generación de empleo, de mano de obra calificada, capaz de asumir y adaptar tecnologías a las condiciones del país que puedan mejorar el poder adquisitivo de todos los mexicanos, situaciones que se traducirán en un bienestar nacional, por favorecer mercados de competencia perfecta que ofrezcan calidad y precios y que aumenten la capacidad industrial productiva del país.
La inversión en México, se deberá orientar no sólo una simple transferencia de capital, sino que deberá fomentar la transformación de la estructura productiva del país, con el objetivo único de insertarlo a los mercados internacionales con garantías de competitividad. Esta inserción debe ir acompañada de políticas macroeconómicas y microeconómicas, bien manejadas que promuevan la estabilidad financiera, se establezca un encadenamiento productivo entre los diferentes sectores económicos nacionales y se diversifiquen las alianzas con otros países.
Por lo que en esta LIX Legislatura, nosotros los integrantes debemos hacer nuestro mejor esfuerzo en coordinación con el Ejecutivo federal, dejando atrás los mecanismos políticos arcaicos, arbitrarios y monopolizados, que el viejo régimen practicaba con el pobre pueblo de México, es por ello que necesitamos de manera urgente establecer de forma prioritaria, políticas propicias a la entrada de inversión directa, y que ésta genere más y mejores empleos, que sean bien remunerados, respetando la verdadera dignidad de la persona, pero manteniendo su autonomía para decidir frente a la mejor utilización de los recursos, para no caer en un competencia de incentivos absurda otorgando muchos derechos y pocas responsabilidades a los inversionistas, que en vez de mejorar podrían generar el debilitamiento de la soberanía nacional y así poder una visión con nuevos retos que se puedan enfrentar en este tercer milenio, pero siempre con una visión de país en constante crecimiento y superación.
Por lo que exhorto a todos y cada uno de ustedes, a asumir una actitud individual y no de grupo, a que tomemos conciencia para detonar el cambio en nuestro País, es tiempo de hacer de ésta Cámara, una institución responsable, capaz de realizar un trabajo honesto, justo e incluyente, nacionalista sin miramientos particulares, un Congreso integrado por mandatarios incondicionales del pueblo y que trabajen para el pueblo. Pues es intolerable que existan en esta representación, legisladores que asuman posiciones según ellos muy nacionalistas, y que se amparan bajo el pretexto de defender la soberanía del país, y no permitan la gran transformación que necesita México, esas reformas urgentes que permitirán al país crecer y ser competitivo.
Compañeros con estas actitudes el país está siendo arrastrado, ¡ya basta!, hagamos nuestro trabajo.
Por lo expuesto, el que suscribe diputado federal miembro del Partido Acción Nacional, propone ante esta soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. Se exhorta a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el ámbito de su competencia constitucional y en el marco del análisis legislativo, se inicien los trabajos correspondientes para que de manera urgente se elaboren las reformas estructurales que necesita el país.
SEGUNDO. Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de su competencia constitucional, se coordine con las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Prevención Social, y de forma conjunta se inicien los trabajos correspondientes para que de manera urgente se elaboren las reformas estructurales que el país requiere.
Dip. Jaime del Conde Ugarte (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, CON RELACIÓN AL ESPIONAJE, A CARGO DE LA DIPUTADA ELIANA GARCÍA LAGUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos diputados y diputadas federales integrantes de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:
Aunque está establecido el proceso para la intervención lícita de las comunicaciones en nuestro país, suponemos que el espionaje ilícito es la práctica común por parte de quienes poseen la infraestructura tecnológica y el interés político para realizarlo, lo que significa que nadie está exento de ser espiado y se escuchen y graben sus conversaciones.
No existe ninguna justificación legal para llevar a cabo este tipo de espionaje, pues como lo establece el Capítulo IV de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, sólo se pueden investigar las llamadas telefónicas si existe una orden judicial expresa, es decir, se requiere un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa. Este hecho también contraviene el artículo 16 constitucional que establece que las comunicaciones privadas son inviolables.
El espionaje telefónico ha sido costumbre en el sistema político mexicano; el poder público se ha utilizado para vigilar a los adversarios políticos a fin de vencerlos, chantajearlos o conocer sus movimientos.
Como ya se vio, los legisladores no estamos exentos de esta práctica reprochable y en este mismo momento podemos estar siendo vigilados y monitoreados para quién sabe qué fines. En un cuarto oscuro se pueden estar ventilando las comunicaciones oficiales o personales y este estado de vulnerabilidad en nada favorece al arribo de acuerdos entre las fuerzas políticas representadas en esta Cámara.
El propio coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha señalado que "el espionaje telefónico es condenable, que todo lo que violente la intimidad, la privacidad, los derechos personales de un ciudadano debe castigarse, nos está faltando investigación..." Asimismo, el coordinador de la fracción parlamentario del Partido Acción Nacional ha afirmado que "el espionaje político no es una práctica que se considere aceptable bajo ninguna circunstancia".
Es por ello que se debe hacer una investigación exhaustiva a los sistemas de comunicación, especialmente las líneas telefónicas que empleamos cotidianamente todos los diputados y diputadas a fin de descartar la posibilidad de que sean objeto de espionaje.
Por anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados de la LIX Legislatura solicita a la Junta de Coordinación Política de este órgano colegiado que instruya a la Secretaría General de esta soberanía a realizar un peritaje técnico a todos los sistemas de comunicación que existen en esta Cámara, con particular atención en los de telefonía, a fin de detectar posibles prácticas de espionaje a los flujos de información y a las conversaciones que realizan los legisladores.
Segundo. En función de los resultados, proceder de inmediato al desmantelamiento de los dispositivos de intervención.
Tercero. Que se emprendan las acciones legales en contra de quienes resulten responsables de estas prácticas ilícitas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 21 de octubre de 2004
Diputados: Eliana García Laguna, Alfonso
Ramírez Cuellar, Emilio Zebadúa González, Marcela
Lagarde y de los Ríos, Adrián Chávez Ruiz (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A SECRETARIO DE GOBERNACIÓN A SUJETAR SU CONDUCTA ESTRICTAMENTE AL MARCO DE LA LEGALIDAD, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MARÍA DEL CONSUELO RODRÍGUEZ DE ALBA Y ARTURO ROBLES AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, Consuelo Rodríguez de Alba, y Arturo Robles Aguilar, diputados federales integrantes del Partido Revolucionario Institucional, presentan una proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Titular de la Secretaría de Gobernación para que su conducta se sujete estrictamente al marco de la legalidad, en el cumplimiento de su responsabilidad de conducir la política interna de nuestro país, sin preferencias partidistas, que garanticen la paz y la tranquilidad social entre todas las fuerzas políticas nacionales, al tenor de los siguientes
Considerandos
El respeto a la legalidad es un concepto que el Gobierno Federal deja siempre de lado, principalmente, cuando conviene a sus intereses políticos.
El pésimo ejemplo dado por el titular del Ejecutivo federal a sus empleados se extiende y expande sin ninguna restricción. A los insensibles y groseros comentarios personales, fuera de todo respecto a la legalidad, expresados por el Presidente de la República, referentes a la elección en el estado de Veracruz, donde su Partido perdió la elección para gobernador, se suma la actitud provocadora de su secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda en Aguascalientes.
El citado personaje se apersonó en esa entidad el viernes 15 de octubre, día hábil, cabe aclarar, para participar, en nombre del Gobierno Federal, según él, en la ceremonia organizada por el PAN, que conmemoraba el 51 aniversario del voto femenino en México, y a la inauguración del Congreso Nacional Charro. Evidentemente, no eran asuntos oficiales.
Seguramente, su traslado hacia esa entidad lo realizó con recursos públicos, hecho a todas luces ilegal, toda vez que se dedicó a realizar actos proselitistas a favor de su Partido y, por supuesto, para promocionarse en la adelantada sucesión presidencial.
Sin embargo, lo más delicado es que, despreciando la ley y haciendo eco de la conducta de su jefe, aún cuando el inicuo proceso electoral en el estado de Aguascalientes estuvo plagado de irregularidades y evidencias de la grosera intervención federal y estatal, declara y reconoce que el triunfo electoral que obtuvo el PAN en Aguascalientes fue fruto del trabajo conjunto del Partido, el gobierno y la militancia, pero además que declare que "su corazoncito es azul", en clara referencia a su militancia partidista.
Es una falta de sensibilidad y congruencia como funcionario público, porque su obligación es gobernar para todos por igual, sin ningún distingo, esa declaración desafortunada del Señor Secretario Creel, nos obliga a preguntarnos: ¿En su actuación como Secretario va ha privilegiar a sus correligionarios, eso debemos entender?
Es evidente que el Secretario de Gobernación, realiza actividades particulares, partidistas, en días laborables y con recursos públicos, además, haciendo declaraciones que enrarecen aún más el agitado clima político, en virtud de que ha asumido el papel de coordinador de las campañas del PAN en todo el país para promover su candidatura a la presidencia de la República y con los recursos del Estado.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta H. asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión hace un exhorto al Secretario de Gobernación para que en el cumplimiento de su responsabilidad de conducir la política interna de nuestro país su conducta se sujete estrictamente al marco de la legalidad sin preferencias partidistas, que garanticen la paz y la tranquilidad social entre todas las fuerzas políticas nacionales. Le solicitamos al Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara considere este asunto de urgente y obvia resolución.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, jueves 21 de octubre de 2004.
Diputados: Consuelo Rodríguez de Alba, Arturo
Robles Aguilar (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A EMITIR EN LA REUNIÓN DE LA ONU POR CELEBRARSE EL 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO UN VOTO EN FAVOR DE LA EXPERIMENTACIÓN CON CÉLULAS TRONCALES DE EMBRIONES VIVOS Y TRASPLANTE NUCLEAR CON FINES DE INVESTIGACIÓN Y TERAPÉUTICOS, Y A VOTAR CONTRA LA CLONACIÓN CON PROPÓSITOS REPRODUCTIVOS Y EUGENÉSICOS, A CARGO DEL DIPUTADO OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal, a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En los últimos años se ha desarrollado a lo largo y ancho del planeta un debate fundamental sobre las posibilidades y métodos de investigación, a raíz de los avances que la medicina y la biotecnología han observado en los últimos 50 años. Ese debate ha alcanzado a la Organización de las Naciones Unidas, que en estos días discute la conveniencia de aprobar o rechazar los procedimientos de clonación.
La posibilidad de transformar el patrimonio genético de las especies vivientes, el descubrimiento de la estructura molecular de los genes, los mecanismos de duplicación y de transmisión de los caracteres hereditarios, de la capacidad de modificar la expresión de proteínas, la posibilidad de manipular los genes y crear embriones a través de la clonación, considerando la producción de éstos mediante técnicas instrumentales nos obliga a analizar las posibilidades para conducir la investigación en beneficio de la calidad de la vida y de la salud de los seres humanos.
La clonación, es un fenómeno fisiológico normal, tanto a nivel celular como individual. A nivel celular, la clonación o multiplicación es responsable del crecimiento, proceso que permite la construcción y conservación de los organismos multicelulares normales. A nivel individual, explica la existencia de embarazos múltiples, en donde los productos se originan del mismo cigote original, que después de la primera o segunda división celular, ocurridas a partir de la fecundación, siguen su propia evolución.
En el transcurso del debate, la comunidad científica mundial se ha manifestado en incontables ocasiones por la prohibición de los procedimientos de clonación con fines reproductivos principalmente por razones técnicas, ya que la eficiencia de los procedimientos usados hasta hoy, en todas las especies de mamíferos probados es muy baja y el número de abortos y de productos con defectos congénitos es muy elevado.
Esa misma comunidad científica, ha exigido, a través de opiniones y declaraciones que han incluido a más de sesenta Academias Científicas del mundo, libertad y espacio para realizar procedimientos de investigación con fines terapéuticos. Estas técnicas son una gran esperanza para hallar soluciones a enfermedades como el mal de Parkinson, la diabetes que es precisamente la primera causa de muerte en México, ciertas lesiones medulares y muchas otras que actualmente no tienen alternativas de curación.
Los avances científicos y los descubrimientos, han provocado, a lo largo de la historia de la humanidad, miedos, temores y respuestas airadas de los grupos más conservadores en todos los tiempos. Y son esos avances y esos descubrimientos los que hoy le permiten a la humanidad mejorar sus condiciones y su calidad de vida. Aquellos científicos, perseguidos, juzgados y sentenciados por la defensa de los conocimientos producidos, como Galileo o Copérnico, hoy son reconocidos por sus aportes al conocimiento y a la civilización humana.
México es un país con una profunda tradición laica y liberal, que históricamente se ha pronunciado por separar los asuntos legislativos y de Estado de las creencias particulares, que si bien tienen derecho de ser, no tienen derecho de imponer. Esa tradición es la que debe manifestar nuestra representación en el debate al seno de la ONU.
El día de hoy en la sesión a celebrarse en el seno de la Organización de la Naciones Unidas se votará este tema que sin lugar a dudas provoca en todos los países firmantes diferentes opiniones.
La investigación sobre el genoma humano seguramente en los países del tercer mundo no estará entre sus prioridades de investigación, la amplitud conceptual apuntada sino su derivación los parásito, agua potable, higiene, ambiente, incluso las relaciones sexuales. Y si es por modificación genética, entonces las que incrementen el suministro de alimentos.
Más que el genoma humano, para las naciones en desarrollo el genoma trascendente es el de los parásitos, bacterias o virus que afectan a sus poblaciones y el de sus más importantes cosechas, así como la producción de vacunas.
Tal vez en las dos primeras décadas del siglo XXI no habrá beneficio significativo para el tercer mundo derivado del conocimiento del genoma humano. En el corto plazo existe el peligro de que se desprecien o no se concreten las promesas de atacar sus enfermedades por medio de la investigación genética.
Este explosivo desarrollo de la biología en general y de la genética en particular, el empleo de la bioinformática para analizar y acelerar la decodificación de los genomas, así como el nacimiento de nuevas áreas científicas como la proteómica y la fisiómica señalan que el siglo XXI será el siglo de la biología, y sobre el se afianzaría una bioeconomía, que se impondrá a la infoeconomía actual sustentada sobre la informática.
No todo lo que la ciencia indica como posible debe ser llevado a cabo necesariamente. Por el contrario, es necesario que las aplicaciones tecnológicas de los descubrimientos científicos no vayan en detrimento de la configuración de la sociedad. Esto incluye la verificación de los efectos indeseados, con la obligación moral de no permitir el ejercicio de aquellas técnicas cuyas consecuencias reales no se puedan prever tanto a corto plazo como para las generaciones futuras.
La clonación, dirían los científicos de hace cuatro o cinco décadas, parecería magia o tema de ciencia ficción. Quizás lo mismo hubiesen pensado los doctores que ejercían la medicina en las primeras cuatro décadas del siglo XX si hubiesen pensado, por ejemplo, en la penicilina, en el uso de las vacunas para prevenir la poliomielitis o en los trasplantes de órganos. Me imagino que la algarabía médica, y la de la población en general, eran similares a las actuales, a pesar de que los medios de comunicación no publicaban la información con tanta celeridad y con tanta elegancia como hoy sucede.
Para garantizar una correcta dialéctica entre el mundo científico, el poder político y la opinión pública, es fundamental sobre una materia tan delicada, pero a su vez tan importante, recalcar el derecho de los beneficios del estudio del genoma humano para todos los ciudadanos a fin de que las generaciones presentes y futuras alcancen un mejoramiento de sus condiciones. Esto significa transparencia y objetividad en quien opera en el ámbito científico, pero también y sobre todo, actitudes y toma de decisiones con respeto por parte de los gobiernos, los cuales, son responsables del establecimiento de las políticas de fomento, desarrollo y fortalecimiento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a esta Soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- La Cámara de Diputados con pleno respeto a las facultades que le corresponden al titular del Poder Ejecutivo federal, lo exhorta para que en la 59 sesión de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas a celebrarse el 21 y 22 de octubre en la ciudad de Nueva York, emita un voto a favor de la experimentación con células troncales de embriones vivos y transplante nuclear con fines de investigación y terapéuticos, y emita un voto en contra de la clonación con fines reproductivos y eugenésicos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2004.
Dip. Omar Ortega Álvarez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EXHORTE A LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES Y AL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA A ESCLARECER LA INTERVENCIÓN INDEBIDA DE LOS DELEGADOS FEDERALES EN DICHA ENTIDAD Y LA APORTACIÓN ILEGAL DE RECURSOS PÚBLICOS EN LAS CAMPAÑAS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; Y AL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A SUSPENDER LOS ACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE FAVOREZCAN ESE PARTIDO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ PORFIRIO ALARCÓN HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 39 y 45, numeral 6, incisos e), y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 de su Reglamento, nos permitimos someter a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución; con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
Primero.- El catorce de noviembre del presente año se van a efectuar elecciones en cuatro estados de la República, Tlaxcala, Tamaulipas, Sinaloa y Puebla.
Segundo.- en el estado de Puebla se elegirá al gobernador del estado, a 26 diputados locales de mayoría relativa y a 217 presidentes municipales.
Tercero.- El pasado 5 de octubre dos delegados federales en Puebla, el de la Procuraduría Federal del Consumidor y la del Instituto Nacional de Migración, acudieron en horario en que debían estar trabajando, a una reunión de proselitismo en favor de los candidatos del PAN, motivo por el que fue presentada una denuncia el día siete de octubre y se inició la averiguación 08/2004 de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales. Los delegados denunciados argumentaron que habían solicitado permiso sin goce de sueldo para asistir al acto proselitista, pero no presentaron el permiso que apoyara su dicho. Nuestro partido ha presentado cinco quejas administrativas ante el Instituto Electoral de estado en contra del PAN en el transcurso de este proceso electoral. El PRD también presentó denuncia por motivos similares, también contra el PAN y se abrió la averiguación número 608/2004/DMSG-III de la Procuraduría General de Justicia del estado.
Cuarto.- Los miembros del partido revolucionario institucional, no deseamos, no pretendemos que las elecciones se judicialicen, queremos ganar las elecciones en las urnas, no en los tribunales, no queremos que se procese y condene a ningún servidor público de ningún partido político, por intervenir ilegalmente con el uso de recursos públicos, materiales y humanos en favor de los candidatos. Queremos que la ley se respete.
Quinto.- El licenciado Melquiades Morales Flores, gobernador constitucional del estado de Puebla, se ha mantenido respetuoso del proceso electoral, y ha hecho exhortaciones para que ningún servidor público de ningún partido político intervenga de manera ilegal.
Sexto.- Nuestro candidato a gobernador, el licenciado Mario Marín Torres, según encuestas de diarios nacionales y empresas reconocidas de opinión pública, está arriba en las preferencias electorales, en todo el estado, por una ventaja de más de 30 puntos porcentuales, sobre el candidato que ocupa el segundo lugar, lo mismo sucede con nuestro candidato a presidente municipal de la capital, aunque con menor ventaja sobre el candidato de la oposición.
Séptimo.- En los estados donde recientemente se han efectuado elecciones, especialmente en Oaxaca y Veracruz, se han hecho múltiples señalamientos, sobre la indebida intervención de servidores públicos del Poder Ejecutivo federal y por la aplicación de recursos públicos en favor de los candidatos del Partido Acción Nacional. En Puebla, no se los vamos a permitir, denunciaremos y probaremos las intervenciones violatorias de la ley.
Octavo.- La certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la objetividad, deben ser principios rectores en el desarrollo de todo el proceso electoral, según lo establecido por el artículo 41, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Noveno.- El punto de acuerdo que se propone, como de obvia y urgente resolución, por la proximidad de las elecciones; y porque de ser enviado a comisiones, ya no tendría ningún efecto, tiene por objeto exhortar a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Electoral del Estado de Puebla, para que investiguen y esclarezcan la intervención indebida de los delegados federales en el estado y la aportación indebida de recursos públicos en las campañas del Partido Acción Nacional.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos proponer el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Que esta honorable Cámara de Diputados exhorte por una parte, a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Electoral del Estado de Puebla, para que investiguen y esclarezcan la intervención indebida de los delegados federales en el estado de Puebla y la aportación ilegal de recursos públicos en las campañas del Partido Acción Nacional, y por otra que el poder Ejecutivo federal suspenda todo tipo de acciones que directa o indirectamente favorezcan a este mismo partido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2004.
Diputados: Fidel René Meza Cabrera (rúbrica),
José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica),
José Luis Flores Hernández (rúbrica), José
Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Adrián
Víctor Hugo Islas Hernández, Jesús Morales Flores
(rúbrica), José López Medina, Francisco Alberto Jiménez
Merino (rúbrica), Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), María
del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EXHORTE AL GOBIERNO Y AL CONGRESO DE YUCATÁN A EMPRENDER ACCIONES ENCAMINADAS A LA TRANSPARENCIA, LEGALIDAD Y EQUIDAD EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARBELLA CASANOVA CALAM, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada federal Marbella Casanova Calam, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Sin duda alguna, el debate sobre las facultades, atribuciones y obligaciones de las entidades federativas con respecto a los Poderes de la Unión, ha estado más presente que nunca en este Poder Legislativo. Es urgente atender las distintas problemáticas generadas según las características y condiciones de los estados de la República.
Sin embargo, poco habremos de avanzar cuando a nivel local se entiende el ejercicio del gobierno como método para perpetuarse en el poder y para beneficiar solo a aquellos grupos que son afines a los intereses y objetivos planteados por la elite gobernante.
El pasado proceso electoral del dieciséis de mayo en mi estado natal, Yucatán, fue muestra de las prácticas y métodos antidemocráticos evidenciados por la canalización de recursos públicos a disposición del gobierno con fines proselitistas. Así lo demostraron los fallos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en lo que respecta a los municipios de Akil, Quintana Roo y Tahmek, en donde se tuvieron que anular los comicios por las irregularidades comprobadas.
Aún así, parece que la arena electoral no ha sido suficiente para demostrar que la decisión de miles de ciudadanas y ciudadanos yucatecos se está inclinando hacia una verdadera forma democrática de gobierno, a pesar de las condiciones de intolerancia, de parcialidad y de inequidad en la entrega de los recursos estatales.
Me refiero específicamente al municipio de Valladolid. Siendo uno de los económicamente más importantes del estado, existe reiteradamente el hecho de que material aportado por las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Rural y Pesca estatales, se ha entregado de manera unipersonal por parte de una regidora panista: carretillas, machetes, picos, barretas y fertilizantes en la Comisaría de Kanoc, el día 13 de agosto; el 17 de agosto, en Dzinup; en fechas posteriores, en Pixoy, Popolá y Yalcoba, así como en el municipio de Temozón; y en septiembre se entregó azúcar en Zaciabil.
Todos coincidiríamos en que tales acciones corresponden a las tareas que como representantes populares, las y los regidores tienen la obligación de cumplir; si no fuera por que los recursos públicos pertenecientes a los municipios en su conjunto y suministrados por el Gobierno del estado, se están canalizando a una sola persona en su domicilio particular, por encima de la representación oficial y de las facultades constitucionales de la Presidencia municipal. Acciones que contravienen a diversas disposiciones de ordenamientos estatales como la Constitución Política del estado de Yucatán, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de Bienes de Yucatán, la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y la Ley Orgánica de los Municipios.
Por si esto fuera poco, estas dos secretarías ya tienen como antecedente, denuncias fehacientes en contra de sus titulares por el presunto desvío de recursos públicos con fines proselitistas a favor del Partido Acción Nacional, llevándolos a la penosa necesidad de comparecer ante la Subprocuraduría Especial para Delitos Electorales; y en el caso del Gobierno del estado, la malversación de recursos destinados por el Fondo de Desastres Naturales para atender las consecuencias del paso del huracán "Isidore".
El tres de mayo de 2004, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad un exhorto al Gobierno del estado de Yucatán para que vigilara el cumplimiento de los principios democráticos de equidad, transparencia y legalidad en el proceso electoral; ahora le pedimos que como titular del Ejecutivo Estatal, apegue su gestión a lo que establece la ley estatal y federal en materia de administración pública.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Ésta H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno del estado de Yucatán, instruya a la Secretaría de la Contraloría General del Poder Ejecutivo, realizar una auditoría imparcial y objetiva, a las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Rural y Pesca, con relación a la malversación de recursos públicos.
Segundo.- Ésta H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al Congreso del estado de Yucatán, instruya a la Contaduría Mayor de Hacienda, instrumentar las acciones necesarias para transparentar y fiscalizar los recursos públicos destinados a los municipios del estado.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de octubre de 2004.
Dip. Marbella Casanova Calam (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA ENVIAR UNA ENÉRGICA AMONESTACIÓN AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, A CARGO DEL DIPUTADO OMAR BAZÁN FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a proponer el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,:
Al inicio de este gobierno Federal, se presentó ante esta soberanía el Programa del Ejecutivo Federal para el periodo 2000-2006, mismo que fue ampliamente difundido por los medios nacionales y extranjeros.
Entre este Programa se encontraba el famoso Acuerdo Migratorio o " La gran Enchilada", que era la respuesta del Presidente Fox a los migrantes mexicanos, y del cual dependían millones de mexicanos y sus familias.
El pasado día 19 de octubre, nos enteramos que en una entrevista con los medios, el señor Canciller Derbez declaró: "México ya no busca un acuerdo migratorio integral con los Estados Unidos, ahora se trata de lograr reformas en la materia en la que se vean involucrados los países de Centroamérica y América del Sur". Adelante nos repite: "No estamos hablando de un acuerdo migratorio México-Estados Unidos, porque hemos tomado la decisión de trabajar en conjunto con nuestros colegas de América Central y América del Sur".
La agenda inicial consistía de cinco puntos que debían considerarse sin desechar alguno: legalización de los que ya viven en Estados Unidos; incremento en el otorgamiento de visas; negociación de un programa de trabajadores temporales; cooperación bilateral para disminuir el número de muertes en la frontera y promoción del desarrollo en comunidades de origen.
El artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que le corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores el despacho de los siguientes asuntos:
II.- Dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomáticos y consular en los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y, por conducto de los agentes del mismo servicio, velar en el extranjero por el buen nombre de México; impartir protección a los mexicanos; cobrar derechos consulares y otros impuestos; ejercer funciones notariales, de registro civil, de auxilio judicial y las demás funciones federales que señalen las leyes...
La Ley del Servicio Exterior Mexicano en su artículo 2, establece, que "Le corresponde al Servicio Exterior Mexicano:
II.- Proteger de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legitimas reclamaciones".
Si es incapaz de realizar su trabajo, renuncie. Si es incapaz de cumplir con sus funciones, renuncie señor Canciller.
Por lo anterior presento a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se amoneste y se exija al Canciller Luis Ernesto Derbez que cumpla con sus funciones establecidas en el Programa de Gobierno del Presidente Fox, con el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal y demás leyes aplicables.
De lo contrario esta Soberanía lleve a cabo las negociaciones para lograr el Acuerdo Migratorio que regule la situación migratoria de los millones de mexicanos indocumentados o cuya estancia sea irregular.
21 de octubre de 2004.
Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO A LA SITUACIÓN DE LOS INDÍGENAS DETENIDOS EN EL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE PUEBLA Y EN LA PRISIÓN DE TETELA DE OCAMPO, EN LA MISMA ENTIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO ABDALLÁN GUZMÁN CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los campesinos e indígenas nahuatls del municipio de Huitzilán de Serdán, Puebla, integrados en la Unión Campesina Independiente (UCI), han padecido desde los años 80 una sistemática violación de sus derechos individuales y colectivos a manos de Antorcha Campesina, agrupación violenta y provocadora conocida por actos similares en otros lugares del país, que es protegida o cuenta con la franca complicidad de autoridades municipales, estatales y federales.
Desde 1983 y hasta la fecha, en la Sierra Norte de Puebla han sido asesinados 150 campesinos, 427 personas han sido desplazadas de su hogar producto de la violencia y 20 campesinos permanecen presos por delitos prefabricados, según denuncia presentada por la UCI ante organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
Los representantes de la Unión Campesina Independiente han solicitado la intervención de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y han presentado denuncias formales ante autoridades judiciales estatales y federales, exigiendo una investigación a fondo que esclarezca la muerte de 150 indígenas nahuatls, asesinados a partir de 1983 así como un juicio justo a los campesinos detenidos en el Cereso del estado de Puebla y en la prisión de Tetela de Ocampo.
En agosto de 2003, el señor Bartolomé Melchi Santiago, delegado de la UCI, presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, en la que de manera pormenorizada expone la larga lista de agravios y crímenes cometidos por Antorcha Campesina en contra de campesinos e indígenas.
Después de largos años de pedir justicia, lejos de obtenerla los integrantes de la UCI han sido objeto de persecución y varios de ellos han sido encarcelados injustamente. En el Cereso del estado de Puebla, permanecen: Domingo Melchi Santiago, José Santiago Antonio, Sebastián Santiago Santiago, Rogelio Santiago Antonio, Rogelio Cristóbal Cañadero, Mauro Ángel Soto, José Ángel Soto, Antonio Santiago Aguilar, Domingo Tiburcio Damián, Bartolomé Gregorio Pérez, Francisco Tiburcio Joaquín, Víctor Santiago Peralta, Ramírez Ayance Hernández, Francisco Santiago Cabrera, Vicente Vázquez Cabañas, Ignacio Cabañas Cañadero y Eduardo Hernández Hernández. En la cárcel de Tetela de Ocampo se encuentran: Raúl Santiago Vázquez, Francisco Vázquez García y Miguel Cabañas Tadeo.
Son objeto de hostigamiento, persecución y amenazas de muerte, los siguientes integrantes de la UCI: Bartolomé Melchi Santiago, Francisco Ayance Hernández, Marcelino Vázquez García, Gabriel Vázquez García, Bartolomé Vázquez García, Gabriel Santiago Vázquez, Pedro Santiago Xalcuaco, Ángel Ayance Hernández, Gabino Ayance Hernández, Francisco Melchi Hernández, Guadalupe Cabañas Ortiz, Gabriel Hernández Martínez, Nicolás Calderón Santiago, Bartolomé Hernández Gregorio, Ciro Peralta Pérez, Juan Castillo Gómez, Juan Aparicio Ángel, Clemente Aparicio Ángel, Ignacio Antonio Gobierno y María Adela Antonio Gobierno.
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General someto a esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Uno. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades judiciales y estatales del estado de Puebla a que, de conformidad al estado de derecho y en estricta aplicación de la justicia, se revise en forma exhaustiva y cuidadosa cada uno de los casos de los indígenas nahuatls, integrantes de la Unión Campesina Independiente, detenidos injustamente en el Cereso del estado de Puebla y en la prisión de Tetela de Ocampo.
Dos. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades judiciales y estatales del estado de Puebla, así como a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, para que se esclarezcan los asesinatos de 150 campesinos e indígenas nahuatls, ocurridos en la Sierra Norte de Puebla a partir de 1983.
Tres. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno del estado de Puebla, a las autoridades del municipio de Huitzilán de Serdán y a las del ámbito federal a que cese la persecución y hostigamiento en contra de los integrantes de la Unión Campesina Independiente, al tiempo que establecen una mesa de diálogo con dicha organización.
Dip. Abdallán Guzmán Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE REASIGNE EL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE MEXICANOS EN EL EXTERIOR Y SE MANTENGAN LOS 130 MILLONES DE PESOS ETIQUETADOS EN EL PRESUPUESTO DE 2004, A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA ELENA MARTÍNEZ RIVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del PRI a través de la de la voz, presenta a esta H. soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
El 6 de agosto de 2002, en los Pinos, el Presidente Fox anuncia la creación del Consejo Nacional para las Comunidades de Mexicanos en el Exterior, expresando textualmente que: "dicho Consejo estará liderado personalmente por el Presidente de la República lo que me permitirá supervisar directamente la ejecución de proyectos y programas y dar seguimiento a los trabajos para que se vuelvan una realidad". Además del Presidente integran este Consejo los titulares de las Secretarías de Gobernación; de Relaciones Exteriores; de Hacienda y Crédito Publico; de Desarrollo Social; de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Educación Pública; de Salud y del Trabajo y Previsión Social. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fungirá como secretario ejecutivo del Consejo.
El Consejo Nacional para las Comunidades de Mexicanos en el Exterior tendría dos apoyos fundamentales para sus funciones: El Consejo Consultivo y el Instituto de Mexicanos en el Exterior. El 8 de agosto de 2002 se publica el Decreto de creación del Consejo Nacional.
La Embajada de México en los Estados Unidos, en septiembre del 2002, da a conocer el nombramiento del Director del Instituto, sin haber sido creado. El IME está compuesto por la fusión de la Oficina Presidencial para la Atención de Los Mexicanos en el Exterior y el Programa para la Atención de los Mexicanos en el Extranjero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Siete meses después se publica el decreto que crea el Instituto de Mexicanos en el Exterior.
En octubre de 2002 se reciben formalmente los nombres de los candidatos para integrar el Consejo Consultivo del IME, en el consulado de Phoenix, Arizona. En la convocatoria, respectiva, uno de los requisitos para ser consejero, era: el estar en posibilidad de sufragar los costos relativos a sus pasajes para las reuniones del Consejo Consultivo.
Al IME lo forman un director general, siete directores, nueve subdirectores y siete jefes de departamento y el Consejo Consultivo. El IME es ejecutor y operativo del Consejo Nacional para las Comunidades de Mexicanos en el Exterior.
En el informe de trabajo 2003 del IME, se detalla: tres reuniones con el Presidente, la creación de 46 plazas comunitarias, donación de libros, intercambio de maestros y enfermeras, concurso de dibujo infantil, 10 jornadas informativas, envío de 145 síntesis informativas, 59 boletines especiales de la publicación "Lazos", consulta sobre la Matrícula Consular y la elaboración del mensaje que el Presidente dirige semanalmente a nuestros paisanos y el lanzamiento de la pagina Web. Para lo anterior se ejerció un presupuesto de $19,911,669.95.
La Dirección General de Comunidades Mexicanas en el Exterior (que desaparece en 2004) y la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares ejercieron $500,299,636.07.
En su plan de trabajo de 2004, el IME estableció: 10 jornadas informativas, Encuesta del Pew Hispanic Center, instalación del registro único en la página Web, la creación del boletín del IME, contratación de un servicio para enviar masivamente la publicación "Lazos" y consolidar el Consejo Consultivo del IME.
Para el presupuesto original del 2004 se le asignó al IME $46,810,846.00 y, a diferencia del año 2003, a la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares solamente se le asignaron $136,324,298.00.
Mientras al IME se le aumenta el 135 por ciento de 2003 a 2004; a la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares de 2003 a 2004, se le diminuyó en 272 por ciento.
Para el año 2005, la SRE solicita para el IME en el Proyecto de Presupuesto $63,232,275, lo que significa un aumento de 36 por ciento sobre lo ejercido en 2004, bajo el concepto de "realizar eventos para la identificación y atención de las necesidades de las comunidades mexicanas en el exterior".
Para la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares, área que realiza las tareas sustantivas y más sensibles de los servicios consulares, parte medular de la atención a los millones de ciudadanos mexicanos en el exterior, que tienen grandes necesidades y requerimientos como: la defensa de los derechos humanos que son violados permanentemente a quienes cruzan la frontera y a quienes ya se encuentran laborando de manera indocumentada o documentada, en la repatriación de cadáveres, la asistencia y asesoría jurídica, la atención a las mujeres y niños migrantes víctimas de la violencia familiar, migrantes en estado de marginación o mendicidad, programas de apoyo en salud ante el incremento de los migrantes enfermos de SIDA o tuberculosis, apoyo para educación bilingüe y becas para los jóvenes migrantes; en los Foros realizados en 5 ciudades de la Unión Americana con Legisladores del PRI y las comunidades de mexicanos en el exterior, fue muy sentida la queja sobre los deficientes servicios consulares, entre otras: que se requiere largas filas hasta de 4 y 5 horas para la obtención de la matrícula consular, exceso de trámites y documentos para la obtención de la doble nacionalidad, pocos o nulos recursos económicos para apoyos a la comunidad; se solicita sólo $271,623,344 para el ejercicio 2005, lo que significa una caída de 83 por ciento con respecto a lo ejercido en 2003.
El año pasado en esta Cámara de Diputados, en el presupuesto 2004, se etiquetaron $120 millones, además de los asignados, para estos programas y, apoyados por todas las fracciones, propusimos fortalecer el servicio consular con $10 millones más. El mes de julio de 2004 se encuentran estos recursos en la Sagarpa. A finales de ese mismo mes, en una reunión con el subsecretario Gerónimo Gutiérrez, nos informó que estos recursos no habían sido liberados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico. Dos meses después, el mismo funcionario en una reunión en Arizona, nos informó que aún no se había licitado la asignación para los servicios funerarios.
El compromiso con la protección de los mexicanos en el exterior hace que nos preocupe y nos ocupe, vía legislativa, sus demandas, sus sufrimientos al cruzar la frontera sólo son el principio de una larga cadena de ellos. El Consulado debe ser la casa que ofrezca el refugio y los apoyos necesarios para aliviar sus penalidades.
Por lo descrito, vengo a esta H. soberanía a proponer el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se reasigne el presupuesto del Instituto de Mexicanos en el Exterior de la siguiente manera: a la repatriación de cadáveres $40 millones y a la asistencia y asesoría jurídica a los migrantes $22 millones; y dejando $1,232,275 al IME. Asimismo se mantengan los $130 millones etiquetados del presupuesto 2004, de la siguiente manera:
$20 millones para mujeres y niños migrantes
victimas de la violencia familiar.
$20 millones para migrantes en grado de marginación
y mendicidad.
$10 millones para apoyo al pago de transporte de migrantes
que deseen regresar a México.
$15 millones para becas de estudio para jóvenes
migrantes residentes en el extranjero.
Dip. Laura Elena Martínez Rivera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL TRIFE, A LA FEPADE Y A LA PGR A AGILIZAR EL ESCLARECIMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR EL GOBIERNO Y EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL, A CARGO DEL DIPUTADO ROBERTO AQUILES AGUILAR HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscriben, diputados federales del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
La ciudadanía chiapaneca acudió a las urnas el pasado 3 de octubre del presente año, haciendo uso pleno del voto libre, derecho consagrado en nuestra Constitución.
Sin embargo, el Ejecutivo chiapaneco, en un acto por demás antidemocrático e irrespetuoso de la voluntad popular, se erige como señor, como juez, como espada flamígera para imponer mediante el atraco electoral, a los diputados locales y presidentes municipales afines a sus sucios intereses personales, que distan mucho de ser los intereses del pueblo chiapaneco.
Desde el Palacio de Gobierno en Chiapas, se ha alentado la mentira, la calumnia, la venganza, el despotismo y el autoritarismo intransigente de quien, parece hoy haber olvidado que por voluntad popular, el pueblo chiapaneco lo mandató para gobernar con honestidad y con imparcialidad, cuestión que a todas luces y a la vista de todos no se cumple.
El gobierno del estado de Chiapas emplea la violencia para lograr sus fines, oprime las libertades políticas y civiles, pero peor aun, comete fraudes electorales.
Un gobierno como el chiapaneco, que no respeta la garantía jurídica de los derechos fundamentales, que arremete, que reprime, que discrimina; Es un gobierno no democrático en el que permea la ingobernabilidad, provocando en la entidad desestabilización social.
Ante esto, desde la más alta tribuna de la nación, por la trascendencia y gravedad del asunto convocamos a nuestros compañeros legisladores se apruebe como de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Chiapas, a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y a la Procuraduría General de la República se sirvan agilizar las acciones y diligencias necesarias para el esclarecimiento de las irregularidades cometidas por el gobierno del estado de Chiapas y por el Instituto Electoral del Estado de Chiapas, durante el proceso electoral Estatal para la elección de ayuntamientos y diputaciones locales de mayoría, así como las irregularidades cometidas durante la jornada comicial del 3 de octubre de 2004; En especial en los municipios de Tapachula, Pichucalco y Reforma, así como en los distritos electorales locales XVIII y XIX con sede en Tapachula, a efecto de fincar responsabilidad a quien o quienes resulten culpables de delitos electorales y de ser procedente, anular la elección en los municipios y distritos electorales locales antes señalados, a fin de reponer el proceso de elección.
Segundo. Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de Desarrollo Social de la honorable Cámara de Diputados, así como al órgano superior de fiscalización, se sirvan citar a comparecer a la titular de la Secretaria de Desarrollo Social del gobierno Federal, así como al delegado de la Sedesol en Chiapas, a fin de informar sobre el presunto desvío de los recursos federales asignados a programas sociales de la Sedesol, durante el proceso electoral y la jornada comicial del 3 de octubre de 2004 en el estado de Chiapas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de octubre de 2004.
Diputados: Emilio Chuayffet Chemor, Mario Carlos
Culebro Velasco, Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Julián
Nazar Morales, Sonia Rincón Chanona, Juan Antonio Gordillo Reyes,
Florencio Collazo Gómez, Jorge Baldemar Utrilla Robles, Francisco
Grajales Palacios, Carlos Osvaldo Pano Becerra, César Amín
González Orantes, Belisario Iram Herrera Solís, María
Elena Orantes López, Sami David David, Fernando Ulises Adame de
León, Ruiz Cerón Gonzalo, Elpidio Tovar de la Cruz, Paulo
José Luis Tapia Palacios, Eugenio Mier y Concha Campos, Carlos Manuel
Rovirosa Ramírez, María Sara Rocha Medina, José Luis
Briones Briseño, María Hilaria Domínguez Arvizu, Rosalina
Mazari Espín, María del Consuelo Rafaela Rodríguez
de Alba, Raúl Pompa Victoria, María de Jesús Aguirre
Maldonado, Jorge de Jesús Castillo Cabrera, José Mario Wong
Pérez, Raúl Piña Horta, Manuel Velasco Coello, Maximino
Alejandro Fernández Ávila, Carlos Flores Rico, Martha Laguette
Lardizábal, Jaime Fernández Saracho, Rosario Sáenz
López, Pedro Ávila Nevárez, Laura Elena Martínez
Rivera, Eduardo Olmos Castro, Bernardo Vega Carlos, Esteban Valenzuela
García, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, Óscar Félix
Ochoa, Jesús Morales Flores, Juan Manuel Vega Rayet, Alberto Jiménez
Merino, María del Carmen Izaguirre Francos, Fernando Donato de las
Fuentes Hernández, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Roberto Vega Galina,
Francisco Javier Guízar Macías, Evelia Sandoval Urbán,
José Manuel Carrillo Rubio, Armando Leyson Castro, Sergio Armando
Chávez Dávalos, Hugo Rodríguez Díaz, J. Jesús
Lomelí Rosas, Lázaro Arias Martínez, Paulino Canul
Pacab, Jesús Aguilar Bueno, Martha Palafox Gutiérrez, José
Ángel Ibáñez Montes, Cruz López Aguilar, Jorge
Ortiz Alvarado, José Porfirio Alarcón Hernández, Rosalina
Mazari Espín, Quintín Vázquez García, Francisco
Javier Bravo Carbajal, Jesús Ángel Díaz Ortega, Jacobo
Sánchez López, José Guzmán Santos, Mario Moreno
Arcos, Álvaro Burgos Barrera, Marcelo Tecolapa Tixteco, Abel Echeverría
Pineda, Roger David Alcocer García, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco,
Juan Carlos Pérez Góngora, Alfonso González Ruiz,
Humberto Cervantes Vega, Eviel Pérez Magaña, Marco Antonio
Torres Hernández, Gonzalo Guízar Valladares, Mario Alberto
Rafael Zepahua Valencia, Rómulo Isael Salazar Macías, Martín
Remigio Vidaña Pérez, Francisco Herrera León, Jorge
Uscanga Escobar, Gustavo Moreno Ramos, Ángel Heladio Aguirre Rivero,
Homero Díaz Rodríguez, José Adolfo Murat Macías,
Federico Döring Casar, Heliodoro Díaz Escárraga, Héctor
Pablo Ramírez Puga Leyva, Salvador Sánchez Vázquez,
Alfonso Juventino Nava Díaz, Wintilo Vega Murillo, Benjamín
Sagahón Medina, Fermín Trujillo Fuentes, Amalín Yabur
Elías, Ady García López, Sofía Castro Ríos,
José Rangel Espinoza, Marco Antonio Gutiérrez Romero, Arturo
Osornio Sánchez, Miguel Ángel Yunes Linares, María
Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA RENDIR UN HOMENAJE Y ENTREGAR UN RECONOCIMIENTO A LOS ATLETAS MEXICANOS ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, HUGO SÁNCHEZ MÁRQUEZ Y JULIO CÉSAR CHÁVEZ GONZÁLEZ, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO ÁVILA NEVÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado Pedro Ávila Nevárez, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta soberanía, con punto de acuerdo, como de asunto de urgente y obvia resolución para rendir un homenaje y entregar un reconocimiento a los atletas mexicanos: Ana Gabriela Guevara Espinosa, Hugo Sánchez Márquez, Julio César Chávez González, con base en las siguiente
Exposición de Motivos
Estoy convencido de que la perseverancia es la cualidad fundamental con la que el ser humano puede afrontar con éxito los grandes retos que plantea la vida; si a ésta cualidad le agregamos aptitudes físicas y mentales propicias para el desarrollo deportivo, entonces tendremos deportistas de excepción.
México cuenta con deportistas que han destacado en distintas ramas de la actividad deportiva, que son ejemplo e inspiración para nuestra juventud, sin embargo, existe un selecto grupo de deportistas cuyo desempeño ha trascendido las fronteras de nuestro país y se han colocado en distintos momentos de la historia deportiva, como los mejores del mundo.
A éste selecto grupo pertenecen Ana Gabriela Guevara Espinoza, Hugo Sánchez Márquez y Julio César Chávez González quienes han puesto muy en alto el nombre de México y le han dado grandes satisfacciones a millones de mexicanos en cada una de sus actuaciones; por lo anterior con el apoyo de la Comisión de Juventud y Deporte sometemos a la consideración de ésta Honorable asamblea la aprobación de un punto de acuerdo que haga posible la entrega de un reconocimiento público a los tres atletas mexicanos que a nuestro juicio han sido los mas sobresalientes de la historia deportiva de nuestro país.
A continuación me permito hacer un apretadísimo resumen de los principales logros obtenidos por cada uno de éstos distinguidos mexicanos:
Ana Gabriela Guevara Espinoza, se convirtió en la mejor atleta del año en el mundo en la difícil prueba de los 400 metros planos, manteniendo el invicto durante las siete pruebas de la Golden League, reafirmándolo en la final del Grand Prix y ganadora de dos medallas de oro en la Copa Mundial Madrid 2002. mejor registro mundial en la historia de los 300 metros planos, el 3 de mayo de 2003. medalla de oro en Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003 y Campeonato Mundial de Atletismo París 2003.
Cristalizó ocho años de férreo trabajo, conquistando la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y al mismo tiempo se erigió como la primera velocista mexicana que escribe su nombre en la historia olímpica; cerro espectacularmente el 2004 al adjudicarse el primer lugar de la Gala de Mónaco de la IAAF.
El haber recorrido con la frente en alto las siete plazas sede de este serial, exclusivo de la élite del mundo del atletismo y en todas ellas demostrar la entereza y tenacidad que la consolidan como una de las máximas figuras del atletismo mundial.
Hugo Sánchez Márquez ha sido uno de los mejores goleadores del mundo, y como profesionista ha desempeñado un buen trabajo como odontólogo.
Hugo Sánchez Márquez nació en el Distrito Federal el 11 de Julio de 1958. Es hijo de Héctor Sánchez, ex- futbolista de los equipos mexicanos Asturias y Atlante. A la edad de 14 años ya se encontraba en la selección olímpica mexicana y conquistó la Copa CONCACAF. En 1976 ficha por las divisiones inferiores de la UNAM y ese mismo año consigue con el equipo el Campeonato de Liga, primero en la historia de los Pumas. consigue acabar como máximo goleador del campeonato mexicano.
Su primer equipo internacional fue el Atlético de Madrid, y en el que tres años más tarde consigue triunfar, conquistando la Copa del Rey, el subcampeonato de Liga y acabando como Pichichi; el objetivo de Hugo Sánchez, fue darse a conocer en todo el mundo. Conquistó 5 Ligas consecutivas, 2 Copas del Rey, y cuatro Pichichis. Además obtiene el premio de la Bota de Oro
Participó en los Juegos Olímpicos de Montreal 76. Con la selección mexicana debutó, ganando el torneo de la CONCACAF. Hugo destacó siempre por ser un delantero centro, un rematador en estado puro, tanto de cabeza como de chilena o con la pierna izquierda, siempre dispuesto a culminar la jugada en gol. Muy ágil, de hábiles desmarques. Dueño del área y terror de guardametas, no le amedentraba el tirar a puerta, y lo hacía con extraordinaria elasticidad, consiguiendo goles bellísimos. Polémico en el campo, fue siempre un caballero fuera del mismo. Sin duda, el futbolista mexicano de mayor fama internacional y actualmente Director Técnico del equipo de fútbol Pumas de la UNAM.
Julio César Chávez González. El ahora célebre ex campeón sonorense es el único mexicano que conquistó tres títulos en tres categorías diferentes: superpluma, ligero y superligero. La noche del 13 de septiembre de 1984 inicia la llamada era del "César del Boxeo" cuando, contra todos los pronósticos, capturaba su primer título mundial Chávez se convirtió en campeón mundial -obtuvo el título superpluma del CMB- su foja de trabajo era de 44 triunfos, cero derrotas, 37 nocáuts y siete victorias por decisión. Lo llevaron a conquistar a la afición de Estados Unidos, Julio César Chávez llegó a ser campeón mundial, ese joven de cuna humilde se convertiría en una de las figuras pugilísticas con más influencia y arrastre en México y en todo el mundo.
Finalmente, después de conquistar tres títulos mundiales, por la forma como revolucionó y colocó al pugilismo azteca en la cima del universo, y en su epílogo, luego de obtener la gloria y la idolatría que había despertado su arte inigualable en la gente, no queda ninguna duda del porqué a Julio César Chávez se le considera una de las últimas leyendas vivientes del boxeo moderno. Y que a base de arrojo, corazón y confianza en sí mismo hizo grande al boxeo, deporte único y distinto a los demás.
Para los legisladores de esta H. Cámara de Diputados, es motivo de orgullo reconocer a mujeres y hombres como Ana Gabriela Guevara, Hugo Sánchez y Julio Cesar Chávez que sirven de claro y digno ejemplo para la sociedad mexicana y de grandes guías de la niñez y juventud nacional, que día con día encuentran en ellas la más firme inspiración y deseos de triunfar.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito proponer a esta soberanía como de urgente y obvia resolución dicte el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- La LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión realizará a través de la Comisión de Juventud y Deporte un homenaje donde se hará entrega de un reconocimiento a cada uno los atletas, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Hugo Sánchez Márquez, y Julio César Chávez González.
Segundo.- Facúltese a la Comisión de Juventud y Deporte para la realización del homenaje y entrega, en nombre de la H. Cámara de Diputados, del reconocimiento a los atletas Ana Gabriela Guevara Espinoza, Hugo Sánchez Márquez, y Julio Cesar Chávez.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 5 de octubre de 2004
Dip. Pedro Ávila Nevárez (rúbrica)
Suscriben este punto de acuerdo los diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte:
Diputados: José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica),
Presidente; Rosalina Mazarí Espin, (rúbrica) secretaria,
Roberto Jorge Ruiz Esparza Oruña (rúbrica), secretario, Elena
Jazmín Zepeda Burgos (rúbrica), secretaria, Maximiliano Rubén
Alexander Rabago (rúbrica), Miguel Amescua Alejo, (rúbrica),
Alberto Baruch Barrera Zurita (rúbrica), Erandi José Bermúdez
Méndez (rúbrica), Paulino Ángel Canul Pacab (rúbrica),
Sergio Armando Chávez Dávalos, Marko Antonio Cortes Mendoza,
Rodolfo Esquivel Landa, Rogelio Franco Castan, Gonzalo Guizar Valladares,
José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Armando Lesión
Castro, María Isabel Maya Pineda, Alejandra Méndez Solorio,
Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, José Alfonso Muñoz
Muñoz, Jorge Ortiz Alvarado, José Javier Osorio Salcido,
Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Yadira Serrano Crespo (rúbrica),
Isaías Soriano López, Jorge Triana Tena, Gerardo Ulloa Pérez,
Marisol Urrea Camarena, Reynaldo Francisco Valdes Manzo, Jesús Zúñiga
Romero.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR LA REINSTALACIÓN DE LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS INJUSTIFICADAMENTE POR EL TITULAR DEL INEGI, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO ÁVILA NEVÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Pedro Ávila Nevárez, diputado federal a la LIX Legislatura por el estado de Durango e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, como de asunto de urgente y obvia resolución para solicitar la reinstalación de los trabajadores despedidos injustificadamente por el titular del INEGI conforme a los siguientes:
Los trabajadores de este país sufren una gran embestida por parte de algunos colaboradores del titular del Poder Ejecutivo, en contubernio con las autoridades laborales de los distintos niveles, violentando los derechos de la clase asalariada de este país.
Las decisiones de las autoridades laborales y la falta de firmeza en la ejecución de la ley, así como la interpretación que de ella hacen los miembros de los órganos encargados de impartir justicia, hacen urgentes las reformas que frenen la impunidad con la que estos servidores públicos ejercen su función.
Es hora de empezar a revisar cómo poner freno a la injusticia creada desde las instancias que deberían impedirla.
Un ejemplo de esta gran embestida en contra de los trabajadores de México, es el cinismo con el que se conducen los funcionarios del actual gobierno y demuestra el nivel de injusticia que vive la clase trabajadora.
Desde el año 1998 más de 2 mil trabajadores del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, el INEGI, decidieron demandar su calidad de trabajadores de base, ya que cumplían en promedio 10 años de servicio dentro de este instituto. Dichos trabajadores fueron despedidos sin considerar que los programas de trabajo continúan vigentes hasta la fecha y que estos son de carácter sistemático y continuo.
La oferta del director del instituto fue: ó se desisten de sus demandas o no hay trabajo, o lo que es peor, la argumentación del director jurídico del INEGI: "afirmar que para él es mas fácil pagar a un magistrado que pagar lo que se les debe a los trabajadores".
Desde hace más de 7 meses estos trabajadores están en un plantón en la Secretaría de Hacienda, en espera de que el titular de esta dependencia resuelva sus justas demandas, pero al parecer éste ni los ve, ni los oye, por lo que es una obligación de esta Cámara coadyuvar a reparar el daño que este gobierno ha causado a estos trabajadores.
Por los argumentos expresados anteriormente y con la congruencia en los artículos 58 y 59 del reglamento interno que rige la vida institucional de esta Cámara me permito poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Que se conforme una subcomisión encargada de revisar el trabajo de los órganos encargados de la justicia laboral de este país, así como también se cite a comparecer a los magistrados de los Tribunales Colegiados del Primer Circuito en Materia del Trabajo: décimo y duodécimo, con el fin de que expliquen las situación que guardan los expedientes promovidos por los ex trabajadores del INEGI.
Segundo.- Que esta Cámara de diputados incluya dentro del Presupuesto de Egresos para el año 2005 la creación de 2,300 plazas de base para la reinstalación de los trabajadores despedidos por el actual titular del INEGI, mismos que conforman la Coalición de Trabajadores del INEGI.
Asimismo me permito solicitar a esta asamblea, considere este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, dada la situación económica que viven los despedidos del INEGI y el nivel de desesperación por la tan retrasada solución de sus planteamientos.
Palacio Legislativo, a 19 de octubre de 2004.
Dip. Pedro Ávila Nevárez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE ESTA CÁMARA INCLUYA EN LAS NORMAS SUSTANTIVAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA LA REGULACIÓN DE LAS FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO, A CARGO DEL DIPUTADO ALFONSO RODRÍGUEZ OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Alfonso Rodríguez Ochoa, diputado federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión por el estado de Nuevo León e integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados una proposición con un punto de acuerdo para que la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara incluya en las normas sustantivas de la Ley del Impuesto Sobre la Renta la regulación relativa a las facilidades administrativas al pago de los impuestos provenientes del extranjero.
Considerandos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 31 la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, de la Federación, del Distrito Federal, de los estados y de los municipios de manera proporcional y equitativa.
Lo anterior implica que las cargas impositivas deben de ser establecidas de manera tal que paguen más quienes más tiene con independencia de la ubicación de sus capitales.
En los 80, debido a la inestabilidad económica que vivió el país, reflejada en un proceso de devaluaciones aceleradas ocasionó que saliera una cantidad considerable de capitales, que sin duda alguna el país requiere para su desarrollo.
El 15 de mayo de 1990 se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en dónde se establecieron facilidades, para que las personas físicas, que mantuvieron en el extranjero sus recursos, pudieran llevar a cabo la repatriación de los mismos con fecha anterior al 16 de mayo del propio año. Ello comprendía los ingresos por interés y ganancias cambiaria que hubieran generado el depósito o inversión en instituciones financieras en el extranjero.
Posteriormente, en el año de 1995, mediante decreto del Presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León, el 18 de octubre, se emitieron diversas disposiciones a fin de dar facilidades para el pago de impuesto sobre la renta a los capitales de personas físicas, provenientes del extranjero, con anterioridad al mes de septiembre de 1995, a fin de que se retornaran total o parcialmente al país dichos recursos. Estas facilidades correspondían: según la procedencia del capital; por interés o ganancias; por la enajenación de acciones o valores; los rendimientos que en calidad de accionista o beneficiarios, percibieron por personas físicas o morales o fideicomisos; y estableciéndose las limitaciones correspondientes, que considero, no es necesario enumerar para los efectos del presente punto de acuerdo.
Estas disposiciones, como acabo de mencionar, establecieron las opciones de pago y los ingresos por los que se podía aplicar dicha opciones; las tasa de los impuestos; las formas y plazos para el pago del impuesto, y las obligaciones para las personas físicas a que refieren las disposiciones que se mencionan.
Actualmente, se encuentran incorporadas en un artículo transitorio de la Ley de Impuesto sobre la Renta vigente, aprobada por este H. Congreso de la Unión, sin que se le haya dado la difusión necesaria que dicha disposición amerita.
Estas dos condiciones: el que se encuentre en un artículo transitorio y la poca o nula eficiencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para publicitarlo y hacer efectiva la disposición, hacen necesario que esta disposición sea incorporada al cuerpo de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el paquete fiscal federal correspondiente al año 2005.
Con lo anterior, la disposición será más clara, lo que aunado a una publicad adecuada, sin duda alguna generará que se tengan mejores resultados en la repatriación de los capitales que actualmente se encuentran en el extranjero, que serán fundamentales para la reactivación y crecimiento de la economía mexicana, con los impactos sociales benéficos que ello conlleva a través de la generación empleo como el medio más eficaz para el lograr de la justicia social que todos los mexicanos estamos demandando.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Se solicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta honorable Cámara de Diputados incorpore en el paquete fiscal correspondiente al año 2005 lo siguiente:
Primero.- Que las disposiciones referidas a la repatriación de capitales, contenidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que actualmente se encuentran en disposiciones transitorias de la misma, pasen a formar parte de las disposiciones permanentes del cuerpo de la Ley.
Segundo.- Que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que implemente un amplio programa de difusión a fin de garantizar el éxito de las disposiciones que para el efecto se establezcan en la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Dip. Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A DISTRIBUIR DE MANERA INMEDIATA ENTRE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS LOS 150 MILLONES DE PESOS DESTINADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2004 PARA EL FONDO DE RECONVERSIÓN PESQUERA DEL GOLFO DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO EUGENIO MIER Y CONCHA CAMPOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Eugenio Mier y Concha Campos, diputado federal en la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes:
La actividad pesquera es el sustento de miles de familias mexicanas, a pesar de la grave crisis que enfrenta. En repetidas ocasiones las y los legisladores han manifestado desde esta tribuna su inconformidad no sólo por las políticas públicas en la materia sino por las diversas acciones que lejos de impulsar el desarrollo sustentable, van desmantelando la planta productiva y al sector.
Los problemas anteriores se agudizan mucho más, cuando los recursos destinados y etiquetados por esta Cámara no son aplicados en el tiempo y la forma que se requieren, prueba de ello es la ineficiente apljcación de recursos del Fondo de Reconversión Pesquera del Golfo de México, sobre todo en aquellos estados donde como resultado de las acciones de gobierno se afecta a la población que se dedica a esta actividad.
Solamente un ciego no puede ver la realidad de estados como Tabasco, Veracruz, Campeche y Tamaulipas, en donde ya de por sí presentan los grados más altos de pobreza, marginación y exclusión, y ahora con las nuevas disposiciones de Pemex, los pescadores se ven todavía más afectados por la prohibición de pescar cerca de las plataformas petroleras.
Compañeras y compañeros, como legisladores federales, pero también como representantes de nuestros estados, estamos obligados a impulsar al sector pesquero a través de mayores recursos para su desarrollo productivo y adecuada infraestructura que beneficie a la actividad.
A fin de dar soluciones concretas acordes a la realidad que vive el sector pesquero del país, en la sesión del día 30 de diciembre de 2003, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó finalmente al sector pesquero un presupuesto para 2004 de $2´785.6, millones de pesos de los cuales el Fondo de Reconversión Pesquera del Golfo de México, recibió 150 millones de pesos.
Recursos que deben ser destinados de manera urgente para apoyar a quienes se dedican a la actividad pesquera. Porque es por todos sabido, que al igual que en el resto de las actividades, los sectores más desfavorecidos son quienes enfrentan las peores consecuencias de la inadecuada ejecución de las acciones de gobierno.
Por lo anterior, respetuosamente los convoco a sumarnos a estas causas y aprobemos el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente.
Punto de Acuerdo
Único.- Exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que los 150 millones de pesos destinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2004, para el Fondo de Reconversión Pesquera del Golfo de México, se distribuyan de manera inmediata entre las entidades federativas, quienes enfrentan severos problemas derivados del acuerdo intersecretarial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2003, mediante el cual se amplían las áreas de prevención y exclusión marítima de la Sonda de Campeche, que incluye a los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Tamaulipas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2004.
Dip. Eugenio Mier y Concha Campos (rúbrica)