Jacqueline Argüelles Guzmán, diputada de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.
Exposición de Motivos
El medio ambiente es, sin duda, uno de los objetos de protección del Derecho Administrativo más relevantes hoy en día, ya que la sociedad es consciente de que las agresiones que éste recibe, amenazan directamente su futuro. Por ello, la administración pública se ha erigido como la gestionadora y uno de sus principales defensores, ya que ésta es responsable de procurar un ambiente sano para los mexicanos.
La protección jurídica del medio ambiente es hoy una necesidad, reconocida universalmente. Las acciones que realizan las personas y las industrias que afectan gravemente los elementos que componen los recursos naturales como el aire, el agua, el suelo, la fauna, la flora, etcétera, están tipificadas en nuestra legislación, lo cual significa que están descritas en las leyes como prohibidas y su violación trae como consecuencia sanciones administrativas y penales.
En materia ambiental, todos los expertos coinciden en la necesidad de primar la prevención y la reparación del daño sobre la represión, puesto que en la mayoría de las ocasiones el daño causado resulta irreparable, al menos a corto y mediano plazo, dada la lentitud de los procesos regeneradores naturales. Esto pareciera en primera instancia provocar un rechazo de los instrumentos fundamentalmente represivos, como lo son las sanciones ambientales. No obstante, no debemos olvidar que este tipo de medidas también pueden cumplir una función preventiva de las infracciones contra el medio ambiente, mediante la disuasión que la amenaza de su imposición genera en los sujetos. Esto no significa, que toda política medioambiental deba centrarse en los aspectos represivos, bien al contrario debe hacerse especial hincapié en las campañas de formación e información de los individuos. Pero también resulta decididamente eficaz, en esa prevención del daño, la existencia de unas sanciones administrativas susceptibles de ser impuestas a los infractores. En suma, los problemas ambientales de un país no sólo pueden resolverse a fuerza de sanciones penales o administrativas como ir a la cárcel o pagar una multa, pero éstas son sin duda necesarias.
Es así que a cada infracción se le debe asignar una sanción. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el principal objetivo de toda política ambiental, en la que se incluyen las sanciones administrativas en la materia, debe ser la reducción o eliminación de la contaminación y degradación del medio ambiente. La ley otorga a la administración pública la potestad de imponer sanciones y también es ella quien fija los límites de este poder que le atribuye. La aplicación de las sanciones administrativas corresponden a la administración, la cual goza de un margen de discrecionalidad en la fijación de la sanción, pudiendo determinar el contenido de la sanción concreta, cuya cuantificación exacta se deja en manos de la entidad misma en función de la concurrencia de determinadas circunstancias objetivas y subjetivas . Lo normal, en cualquier caso, es el establecimiento de una cantidad mínima y otra máxima dentro de las cuales la administración deberá elegir.
Como podemos percibir, el prescindir de sanciones administrativas tales como la multa o el decomiso de los bienes involucrados en el deterioro ambiental, serían una grave omisión cuyos efectos repercuten en la eficaz procuración de la legislación ambiental.
La reciente Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de octubre del 2003, excluye en su artículo 112 considerar a la multa y decomiso como sanciones, a pesar de que el artículo 107 hacen remisión a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para la imposición de sanciones, esto se refiere a los montos de la sanción y los elementos para motivarla, lo cual impide a este órgano desconcentrado que pueda aplicar la multa y el decomiso como sanciones en residuos peligrosos.
Con el fin de no dejar en estado de indefinición e incertidumbre jurídica al particular debe acreditarse que la multa impuesta se encuentra comprendida en una disposición legal, ya que tal obligación deviene del artículo 21 constitucional1 en relación con el artículo 16 de la Carta Magna, en el cual se exige que todos los actos de autoridades deben estar debidamente fundados y motivados. Esto significa que todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica del gobernado debe estar contemplado en una ley o reglamento y contener las reglas para que las autoridades tengan la posibilidad de fijar su imposición, por lo que si no existen esos requisitos, la imposición de las sanciones en comento resultan ser violatorias de sus garantías individuales.
Por otra parte, la imposición de sanciones debe otorgarle a la autoridad la certeza de que la substanciación de un procedimiento por infracciones a la ley, será castigado a través de la multa o el decomiso evitando la impunidad para quienes no cumplan con sus obligaciones.
La reforma que se propone obedece a la necesidad de asegurar la actuación de la autoridad para que ésta en uso de sus facultades, pueda hacer cumplir la legislación ambiental. Con base en todo lo antes mencionado, la diputada que firma al calce, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración de este pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se modifica y adiciona las fracciones V y VI al artículo 112 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:
Artículo Único
Artículo 112. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, y disposiciones que de ella emanen serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, con una o más de las siguientes sanciones:
V. Multa por el equivalente de veinte a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, y
VI. El decomiso de materiales o residuos peligrosos, y demás bienes involucrados directamente en la comisión de infracciones.
Único.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Nota:
1 Artículo 21.- Compete a la autoridad administrativa
la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos
gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán
en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor
no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutara ésta
por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún
caso de treinta y seis horas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 19 días del mes de octubre de 2004.
Dip. Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Octubre 19 de 2004.)
QUE ADICIONA, REFORMA Y DEROGA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO PEDRO VÁZQUEZ GONZÁLEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESIÓN DEL MARTES 19 DE OCTUBRE
DE 2004
Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII, corriéndose en su orden la actual fracción VIII, para pasar a ser fracción IX, del artículo 74; se reforman la fracción II del artículo 76 y el primer párrafo, apartado A, del artículo 102; y se derogan las fracciones V del artículo 78 y IX del artículo 89, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
En los artículos 21 y 102 de la Ley Fundamental de 1917 se centra lo relativo al Ministerio Público, así el contenido de mayor trascendencia del primer precepto mencionado es la persecución de los delitos por el Ministerio Público y la Policía Ministerial. Dicho precepto representó el fruto, tanto de un intenso debate en el pleno del Congreso Constituyente, como de una extensa justificación en la exposición de motivos del proyecto de Constitución presentado por el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, en las que se recalcó la necesidad de otorgar autonomía al Ministerio Público para su participación dentro del proceso penal, ya que al actuar conforme a la legislación derivada de la Constitución de 1857, y no existir la policía judicial como organismo independiente del Poder encargado de impartir justicia originaba que los jueces ejercieran la función de investigar y allegar pruebas en el proceso, convirtiéndose, con perjuicio para los procesados, en verdaderos acusadores.
El modelo para la creación de la policía judicial, según se explicó en el debate, fue la organización del Ministerio Público Federal de los Estados Unidos de América, con la policía bajo su mando directo. De modo que el objeto del artículo 21 de nuestra Constitución fue suprimir los excesos de los jueces que, según se ha mencionado, se constituían en acusadores al ejercer funciones de investigación que correspondía realizar a la policía judicial, dando al Ministerio Público una real intervención en la investigación y persecución de los delitos y en el ejercicio de la acción penal ante los tribunales.
Pocas instituciones jurídicas mexicanas han sido objeto de debates tan apasionados e intensos como el Ministerio Público, en especial respecto a la interpretación constitucional de su estructura y funcionamiento. Estos debates se han efectuado en una doble perspectiva: en primer lugar, en cuanto a la organización del Ministerio Público de acuerdo con sus múltiples y muy diversas atribuciones; y en segundo término, de manera concreta, respecto a su intervención en el proceso penal.
En el primer aspecto, cabe mencionar la controversia de dos distinguidos juristas mexicanos en el Congreso Jurídico del año de 1932, don Luis Cabrera y don Emilio Portes Gil, este último, en ese momento, procurador general de la República.
Don Luis Cabrera, en su ponencia al citado Congreso, propuso la reforma de la Constitución Federal en todo lo que se refería a la composición del Poder Judicial y del Ministerio Público, en especial del artículo 102, de manera que se estableciera en dicho precepto constitucional que el jefe del Ministerio Público fuera designado por el Congreso de la Unión, otorgándosele la inamovilidad y la misma dignidad que a los Ministros de la Suprema Corte y a que debía formar parte del Alto Tribunal y hacerse oír en sus sesiones, personalmente o por medio de delegados.
En cuanto a la institución del Ministerio Público en su conjunto, según la opinión de don Luis Cabrera, debía estimarse como una institución encargada exclusivamente de vigilar el cumplimiento estricto de la Constitución y de las Leyes, y además ser guardián de los derechos del hombre y de la sociedad y defensor de las garantías constitucionales, interviniendo en todos los asuntos federales y de interés público, ejercitando sus atribuciones con sujeción a la Ley, para todo lo cual los miembros de la institución deberían ser independientes del Departamento Ejecutivo y su presupuesto comprendido dentro del correspondiente al Poder Judicial.
Además, propuso que con independencia del Ministerio Público, debería establecerse un abogado o procurador general de la nación, dependiente en forma directa del Presidente de la República, con categoría de Secretario de Estado y con funciones de representante de la Nación en los juicios en que ésta fuera parte de las diversas dependencias del Ejecutivo cuando éstas, como actor o demandados, participaran en un litigio. También debería considerársele como Consejero Jurídico del Gobierno y jefe nato de los departamentos jurídicos de las diversas dependencias administrativas, encabezando además un Consejo que fijara las normas de interpretación oficial de las Leyes, para efectos de su aplicación concreta para cada una de las Secretarías y Departamentos de Estado.
La iniciativa que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete a la consideración de esta soberanía consiste, fundamentalmente, en adicionar una fracción VIII al artículo 74 constitucional, corriéndose la actual fracción VIII, para pasar a ser fracción IX, con el propósito de que sea facultad exclusiva de esta Cámara de Diputados designar, de entre una terna que ésta integrará, al procurador general de la República. Esto en atención a que esta soberanía se integra conforme a lo dispuesto por el artículo 51 constitucional por representantes de la nación.
De igual forma, se propone reformar el apartado A del artículo 102 constitucional con el propósito de dotar de plena autonomía a la Procuraduría General de la República, para que pueda cumplir sin interferencia alguna, el mandato que esta Constitución y los diferentes ordenamientos jurídicos secundarios le imponen. En este apartado A se propone también el que el procurador general de la República sea designado por esta soberanía de entre una terna que la misma Cámara integrará, atentos al procedimiento establecido en la adición al artículo 74 constitucional, durando en su encargo seis años.
Se propone también reformar la fracción II del artículo 76 constitucional para eliminar la facultad exclusiva del Senado de la República de ratificar la designación que el titular del Ejecutivo hace del procurador general de la República, dejando a salvo el resto de los nombramientos que el Senado debe ratificar.
En congruencia con las adiciones y reformas antes expuestas se propone derogar la fracción V del artículo 78 para eliminar la posibilidad de que la Comisión Permanente pueda ratificar la designación del procurador general, ya que ésta pasa a ser facultad exclusiva de la honorable Cámara de Diputados.
Asimismo, la iniciativa en comento plantea derogar la facultad del titular del Ejecutivo Federal de designar, con ratificación del Senado, al procurador general de la República.
Compañeras y Compañeros Diputados:
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII, corriéndose en su orden la actual fracción VIII, para pasar a ser fracción IX, del artículo 74; se reforman la fracción II del artículo 76 y el primer párrafo, apartado A, del artículo 102; y se derogan las fracciones V del artículo 78 y IX del artículo 89, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo Primero. Se adiciona una fracción VIII corriéndose en su orden la actual fracción VIII para pasar a ser fracción IX del artículo 74; se reforman la fracción II del artículo 76 y el primer párrafo apartado A del artículo 102; se derogan las fracciones V del artículo 78 y la fracción IX del artículo 89, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 74. ...
VIII. La Cámara de Diputados designará mediante votación calificada de las dos terceras partes del total de sus integrantes al procurador general de la República, de entre una terna, que la misma Cámara integrará, mediante consulta que efectúe entre las barras, colegios de abogados, escuelas y facultades de derecho del país.
Si en la primera votación, ninguno de los integrantes de la terna alcanzara la mayoría que se menciona en el párrafo anterior la Cámara integrará una nueva terna.
Si ninguno de los integrantes obtuviera la mayoría que se menciona en el párrafo primero, el procurador general de la República será designado mediante insaculación, de entre las seis personas que integraron las dos ternas.
IX. ...
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga.
III. a X. ...
V. Derogada.
VI. a VIII. ...
IX. Derogada.
X. a XX. ...
A. La Ley organizará al Ministerio Público de la Federación, cuyo titular, el procurador general de la República, será designado de entre una terna integrada por la Cámara de Diputados, conforme al procedimiento señalado en el artículo 74 de esta Constitución y en la ley respectiva. La Procuraduría General de la República es un organismo autónomo del Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones. Para ser procurador se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento y que no adquiera otra nacionalidad; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de la designación; contar con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador general de la República durará en su encargo seis años improrrogables. El procurador general de la República podrá ser removido por la Cámara de Diputados, mediante votación calificada de las dos terceras partes del total de sus integrantes, por cualquiera de las causas graves que se establezcan en la ley respectiva.
...
...
...
...
...
Transitorios
Primero. El presente decreto iniciará su vigencia a partir de los 180 días naturales de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Para los efectos presupuestales, la Procuraduría enviará su anteproyecto de presupuesto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que ésta lo incorpore en la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos que el Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados. Son aplicables a la Procuraduría General de la República las disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, en todo lo referente a la materia presupuestal y de gasto público.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil cuatro.
Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputados: Alejandro González Yáñez, coordinador; Pedro Vázquez González, vicecoordinador; Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña, Óscar González Yáñez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Octubre 19 de 2004.)
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE
LOS RESIDUOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MANUEL VELASCO COELLO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DEL MARTES 19 DE OCTUBRE DE
2004
Manuel Velasco Coello, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley
Exposición de Motivos
La contaminación provocada por los residuos tiene múltiples dimensiones, ya que abarca el deterioro del aire, del agua, del suelo y de las cadenas alimenticias; asimismo, rebasa la esfera local, puesto que las sustancias contaminantes contenidas en los residuos, pueden movilizarse desde los sitios donde éstos han sido depositados hasta grandes distancias, que no sólo rebasan las esfera municipal o estatal, sino que pueden ir más allá de las fronteras de los países en donde se liberaron al ambiente.
Además, la contaminación ambiental provocada por los residuos conlleva riesgos de distinta índole, pues no sólo es capaz de hacer perder su productividad a los suelos en los que se depositan y de alterar de manera casi irreversible la calidad del agua, sino que también puede provocar daños a la salud humana de distinto grado de severidad, poner en riesgo a los ecosistemas y afectar el valor de las propiedades vecinas a los sitios contaminados.
A pesar de que hace más de veinte años diversos países, entre los que se encuentra México han planteado la necesidad de evitar la generación de los residuos, de reciclarlos para recuperar su valor, de tratarlos para disminuir su volumen y peligrosidad y no confinar mas que una mínima parte de ellos, son poco significativos los avances logrados en la materia.
Por otro lado, los problemas asociados tanto a la generación como al manejo de los residuos, han hecho necesario el desarrollo de disposiciones legales en las que se sustentan las medidas para su control y gestión, las cuales han evolucionado, a partir de enfoques tendientes a remediar y disminuir los impactos negativos de los residuos.
También se han desarrollado otros instrumentos jurídicos que tratan el tema de la remediación de los sitios contaminados con residuos que representen riesgos significativos, con lo cual se han ido acumulando experiencias al respecto en el mundo, las cuales de manera consistente indican que es más costoso remedir que prevenir.
Es importante destacar que la normatividad ambiental prevé la posibilidad de imponer medidas correctivas a efecto de que el infractor cumpla con las disposiciones que ha dejado de observar, cuando se ha detectado su incumplimiento en una visita de inspección. Lo anterior, a fin de evitar que el infractor continúe transgrediendo la normatividad aplicable y en última instancia, prevenir afectaciones al ambiente a consecuencia de su actuar.
Así y a pesar de que en los artículos 111 y 112 incisos a) y c) de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos se hace referencia a las medidas correctivas, se observa que en el texto de dicha Ley no se indica con claridad en que consisten, ni la autoridad facultadapara imponerlas, pues únicamente se encuentran disposiciones relativas a las medidas de seguridad.
De igual forma, existe en la legislación de la materia la posibilidad de ordenar o adicionar este tipo de medidas en la resolución sancionatoria que ponga fin al procedimiento, específicamente para que el infractor subsane las irregularidades observadas o corrija las deficiencias con las que venía operando.
Por lo anterior, se considera necesario señalar en la propia Ley en qué consisten las medidas correctivas y el objeto de las mismas, para de esta manera hacer efectivo el cumplimiento de la ley a través de la intervención de la autoridad en el caso concreto, o bien, para recompensar el esfuerzo de los infractores en cumplir dichas medidas en el tiempo y forma ordenados por la autoridad competente, considerando esta situación como atenuante de la infracción cometida al momento de imponer una sanción o bien, para modificar la sanción impuesta y no sólo considerar el incumplimiento de las medidas correctivas como agravante como sucede actualmente en la Ley.
Por las razones antes expuestas, el que suscribe, respetuosamente somete a la consideración de esta LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto mediante el cual se reforman los artículos 1 fracción XIII, 7 fracción VIII, 101, la denominación del Capítulo II y se adiciona un párrafo al artículo 104 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Artículo Primero.- Se reforman los artículos 1 fracción XIII, 7 fracción VIII y 101, para quedar como sigue:
Artículo 1. ...
...........
XIII. Establecer medidas de control, medidas correctivas y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y las disposiciones que de ella se deriven, así como para la imposición de las sanciones que correspondan.
Artículo 7. .........
VIII. Verificar el cumplimiento de la normatividad en las materias de su competencia e imponer las medidas correctivas, de seguridad y sanciones que en su caso correspondan;
Artículo 101. La Secretaría realizará los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, en materia de residuos peligrosos e impondrá las medidas correctivas, de seguridad y sanciones que resulten procedentes, de conformidad con lo que establece esta Ley y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Artículo Segundo.- Se cambia la denominación del Capítulo II, para quedar como sigue:
Capítulo II
Medidas Cerrectivas y de Seguridad
Artículo Tercero.- Se adiciona un primer párrafo al artículo 104, para quedar como sigue:
Artículo 104. Si de las visitas de inspección se desprenden infracciones a la presente Ley, en el emplazamiento respectivo la autoridad ordenadora requerirá al interesado, cuando proceda, mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las medidas correctivas que, en su caso, resulten necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, así como los permisos, licencias, autorizaciones o concesiones respectivas, señalando el plazo que corresponda para su cumplimiento, fundado y motivado el requerimiento.
..........
..........
Transitorio
Único.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 19 días del mes de octubre de 2004.
Dip. Manuel Velasco Coello (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Octubre 19 de 2004.)
QUE REFORMA DIVERSOS ARTICULOS DEL
CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS
PENALES Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, PRESENTADA
POR EL DIPUTADO PEDRO VÁZQUEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PT, EN LA SESIÓN DEL MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2004
Los suscritos, diputados federales a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan el párrafo primero del artículo 115 y el artículo 116 bis, ambos de la Ley de Instituciones de Crédito; se derogan los párrafos cuarto y quinto del artículo 400 bis del Código Penal Federal; se reforma la fracción VIII del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y se adiciona una fracción VI al artículo 2° y se reforma el párrafo primero del artículo 3° ambos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
En el Congreso Constituyente de 1916-1917 se discutió ampliamente la propuesta de dotar al Ministerio Público, en su carácter de representante de la sociedad, del monopolio del ejercicio de la acción penal. Lo cual significa que sólo esta institución es la que se encuentra legitimada para solicitar a los órganos jurisdiccionales órdenes de aprehensión y consignación de expedientes y/o detenidos a través del conocimiento que tiene de la comisión de delitos, en la fase de averiguación previa.
El artículo 21 párrafo primero de nuestra Norma Fundamental establece: "La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. ...". A su vez el segundo párrafo del artículo 116 establece: " No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que proceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado".
A su vez la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que en la persecución de los delitos del orden federal, en su artículo 8 numeral 1 inciso a) se señala en la averiguación previa: a) recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito.
De igual forma el artículo 2° del Código Federal de Procedimientos Penales establece que: "Compete al Ministerio Público Federal llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales.
En la averiguación previa corresponderá al Ministerio Público:
II. Practicar y ordenar la realización de todos los actos conducentes a la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, así como la reparación del daño.
A su vez, la querella como medio para iniciar la averiguación previa, al igual que la denuncia, es hacer del conocimiento del órgano persecutorio de los delitos, hechos presuntamente constitutivos de delito, realizada por persona determinada, pero que a diferencia de la denuncia, debe tratarse de un supuesto delito que se persigue a petición del ofendido y debe ser hecha por éste o por su representante legal.
Aunado a lo anterior el artículo 113, fracción I, del propio código adjetivo establece: "cuando se trate de delitos en los que solamente se pueda proceder por querella necesaria, si ésta no se ha presentado".
Y en el artículo 114 de dicho ordenamiento se señala: "es necesaria la querella del ofendido, solamente en los casos que así lo determine el Código Penal u otra ley".
Compañeras y compañeros legisladores:
De las disposiciones constitucionales y legales antes citadas, se desprende claramente la facultad de la institución del Ministerio Público como órgano encargado de la persecución de los delitos y, en su caso, del ejercicio del monopolio de la acción penal.
Sin embargo, en la actualidad hay una serie de disposiciones legales que supeditan la facultad del conocimiento y persecución de los delitos a un requisito de procedibilidad de previa querella por parte de otra autoridad pública, sin la cual el Ministerio Público no puede actuar.
Nos referimos específicamente a lo que se prevé en el artículo 115 primer párrafo de la Ley de Instituciones de Crédito que señala: "En los casos previstos en los artículos 111 al 114 de esta ley, se procederá a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien escuchará la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; también se procederá a petición de la Institución de Crédito de que se trate, o que tenga interés jurídico".
También en el artículo 116 bis de la ley antes citada se señala: "La acción penal en los casos previstos en esta Ley perseguibles por petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público..."
Por otra parte en la Ley de Instituciones de Crédito se establecen los denominados delitos bancarios, que por ser ésta una ley de carácter federal, la actualización de las hipótesis normativas que ahí se señalan, en tanto que delitos federales, son competencia del Ministerio Público de la Federación.
Sin embargo, la intervención de la representación social no puede darse de manera directa, sino que se requiere la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, la cual deberá presentar querella ante el Ministerio Público Federal.
Es pertinente destacar que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorga en su artículo 31 fracción VII, la facultad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para "planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende al banco central, a la banca nacional de desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito".
Sin embargo, esta facultad de vigilancia del sistema bancario nacional a cargo de esta dependencia del Ejecutivo federal no se cumple de manera eficiente, razón por la cual al amparo de la deficiente vigilancia por parte de la Secretaría y la negligente actuación de los funcionarios bancarios en la prestación de las operaciones activas a las que se refiere la ley de la materia, generaron junto con las erráticas políticas gubernamentales de las dos administraciones presidenciales anteriores la crisis del sistema bancario mexicano.
Esta situación que estuvo a punto de poner en riesgo el sistema nacional de pagos, tuvo que ser apoyada por el gobierno mexicano al asumir los quebrantos bancarios a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), mismos que se convirtieron indebidamente como deuda pública, a través de la firma de los pagarés correspondientes a cargo del gobierno. Pero además nunca investigó a fondo las irregularidades cometidas bajo el argumento de que muchos banqueros habían quebrado.
En diciembre de 1998, los Legisladores del PRI y el PAN aprobaron la denominada Ley del IPAB y como resultado del inicio en vigor de dicha ley, la honorable Cámara de Diputados ordenó, a través de la contratación de un auditor externo, la realización de auditorías al fideicomiso antes señalado.
El auditor encontró severas fallas en la forma en la que los bancos otorgaron créditos, ya que existían muchos créditos cruzados o que no contaban con una garantía suficiente. El resultado de dichas deficiencias ha sido el enorme rescate bancario que el pueblo de México ha tenido que pagar y que ha endeudado a las futuras generaciones de mexicanos.
Los bancos son apoyados financieramente, son intervenidos o vendidos, pero en muy pocos casos se han logrado determinar responsabilidades de carácter penal, ya que, como lo hemos expuesto anteriormente el Ministerio Público se encuentra supeditado en su actuación al cumplimiento del requisito de procedibilidad, consistente en la previa querella de las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La sociedad mexicana se ha enterado que prominentes banqueros o financieros obtienen rápidamente su libertad ante los tribunales federales bajo el argumento de que la Procuraduría Fiscal de la Federación no se querelló oportunamente ante el Ministerio Público Federal para la debida persecución de estos delitos, razón por la cual los juzgadores dictan autos de libertad.
O bien, que se otorga por parte de los jueces de amparo la suspensión de los actos reclamados bajo la hipótesis de que no se está en el caso de delitos graves. Lo cual ocasiona que los mexicanos tengamos la firme convicción de que hay personas que cuentan con la capacidad económica para comprar la justicia, cuando de origen la autoridad administrativa es omisa o negligente en el cumplimiento de sus atribuciones legales.
Por esta situación los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo sometemos a su consideración la presente iniciativa que tiene como propósito, en primer lugar, derogar el párrafo primero del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece actualmente el requisito de procedibilidad a favor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que ésta se querelle ante el Ministerio Público.
También proponemos derogar el artículo 116 bis que contiene reglas de prescripción de los delitos bancarios que son diferentes y por supuesto menores a las que se establecen en el Título Quinto, Capítulo VI, de los artículos 100 al 103 del Código Penal Federal. De este mismo ordenamiento proponemos que del artículo 400 bis se deroguen los párrafos cuarto y quinto que establece, también, el requisito de denuncia previa por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder investigar en tratándose de delitos con recursos de procedencia ilícita.
Además proponemos que se reforme el artículo 194 en su fracción VIII del Código Federal de Procedimientos Penales para incluir todos los delitos previstos en la Ley de Instituciones de Crédito y que son los artículos 111, 112, 112 bis, 113, 113 bis, 113 bis-1, 113 bis-2, 113 bis-3 y 114.
En días pasados los medios informativos publicaron que la Policía Federal Preventiva en el marco de sus atribuciones y conforme a su organización y funcionamiento previsto en el artículo 4°, Capítulo II, de su propia ley, interviene, con la finalidad de prevenir la comisión de ilícitos que dañan la economía nacional, en la vigilancia, supervisión, despacho y transportación de diversos fluidos energéticos elaborados en algunas de las refinerías e instalaciones localizadas en diversos puntos geográficos del país en los que petróleos mexicanos exporta, produce, refina y entrega a diversas empresas transportistas los energéticos necesarios para el consumo tanto en el país como fuera de él, entregándose los mismos a efecto de que se distribuyan entre sus consumidores.
La vigilancia y prevención que la Policía Federal Preventiva actualmente realiza in situ se debe a que es hecho público y notorio el daño que sufre petróleos mexicanos y consecuentemente nuestro país, virtud a que se ha propiciado la venta de gasolina adulterada por concesionarios o en puntos específicos lo cual daña al particular quien ajeno a la adquisición de energéticos adulterados sufre cuantiosos daños en sus vehículos.
Amén del que se produce una competencia desigual entre quienes expenden gasolinas y diesel de procedencia lícita y quienes la adquieren de origen ilícito por lo que es obvio que las conductas anteriores son objeto de intervención de más de tres personas que intervienen en la preparación, transportación y venta de gasolinas cuyo origen es ilícito y por ello, a efecto de proveer herramientas de carácter legal tanto a las autoridades, investigadores y jurisdiccionales con las sana intención de que se sancione a quien daña la economía nacional y también el patrimonio de los particulares a quienes a veces, de buena fe adquieren a precio oficial gasolinas o diesel cuyo valor, calidad y octanaje no es el que se publicita y por ende ocurre un enriquecimiento en perjuicio del adquiriente de buena fe y la consumación de un ilícito que provoca la evasión fiscal del expendedor de mala fe y en perjuicio de la economía del país.
Actualmente, los artículos 367 y 368 fracción II del Código Penal Federal, en el título correspondiente a los delitos que se realizan en contra de las personas en su patrimonio, define como equiparable al robo y se castiga como tal, a quien se apodere, use o aproveche cualquier fluido, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de los mismos. Por otro lado el título décimo cuarto del mismo Código Penal Federal establece como delitos contra el consumo y la riqueza nacional y sanciona a la persona que sin derecho realice cualquier sustracción o alteración a equipos e instalaciones de la industria petrolera que se refiere a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Ramo del Petróleo.
Dentro del catalogo de ilícitos contemplados por el Código Penal Federal en relación con los delitos cometidos contra la economía pública no existe una precisión respecto de las conductas delictivas que ahora se advierten en cuanto a las características que la delincuencia organizada adopta para dañar al país en primer término y a los consumidores de buena fe de energéticos adulterados y si bien es cierto que los daños y perjuicios ocasionados en ambos supuestos pueden ser reclamados tanto por el Ministerio Público Federal en representación de la parte ofendida en el proceso correspondiente, en la realidad, el particular debe seguir un difícil y a veces inútil proceso para reclamar los daños causados a los vehículos por la adquisición de gasolinas o diesel adulterado que provocan cuantiosos daños al particular de difícil recuperación.
Compañeras y compañeros diputados:
Por las consideraciones antes expuestas el grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete a su consideración la presente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan el párrafo primero del artículo 115 y el artículo 116 bis, ambos de la Ley de Instituciones de Crédito; se derogan los párrafos cuarto y quinto del artículo 400 bis del Código Penal Federal; se reforma la fracción VIII del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y se adiciona una fracción VI al artículo 2° y se reforma el párrafo primero del artículo 3° ambos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como siguen:
Artículo Primero. Se derogan el párrafo primero del artículo 115 y el artículo 116 bis, ambos de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como siguen:
Artículo 115. Derogado
Párrafos del segundo al sexto...
Artículo 116 bis. Derogado
Artículo Segundo. Se derogan los párrafos cuarto y quinto del artículo 400 bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 400 bis. ...
...
...
Derogado
Derogado
...
...
Artículo Tercero. Se reforma la fracción VIII del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Artículo 194.
...
VIII. De la Ley de Instituciones de Crédito los previstos en los artículos 111, 112, 112 bis, 113, 113 bis, 113 bis-1, 113 bis-2, 113 bis-3 y 114.
IX. a XV. ...
Artículo 2°. ...
VI. ...Delitos contra el consumo y la riqueza nacional particularmente el señalado en el artículo 253 inciso j) relacionado con la interrupción o interferir en la distribución de gas natural, artificial o licuado de petróleo y fracción IV, alterar o reducir por cualquier medio las propiedades que las mercancías o productos debieran tener. Delito establecido en la fracción VII del artículo 254 del Código Penal Federal que se refiere a responsabilizar a quien sin derecho realice cualquier sustracción o alteración a equipos o instalaciones de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Ramo del Petróleo.
...
Transitorio
Primero.- El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil cuatro.
Diputados: Alejandro González Yáñez, coordinador; Pedro Vázquez González, vicecoordinador; Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña, Óscar González Yáñez, Francisco A. Espinosa Ramos (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Octubre 19 de 2004.)
Palacio Legislativo, a 27 de septiembre de 2004.
Con permiso de la Presidencia:
Señoras y señores:
El grupo parlamentario de Convergencia considera que en estos momentos de la geopolítica que soportan los países del mundo, es muy importante para nuestro pueblo conocer el pensamiento que nos anima acerca de la grandeza de nuestra memoria histórica.
Para los legisladores de Convergencia ninguna otra fecha es más digna de conmemoración que la del 27 de septiembre de 1821, momento en que culminaba la lucha del pueblo mexicano por su emancipación total de la esclavitud colonialista durante más de 300 años.
Por ello es tan significativo que uno de los primeros decretos del Padre de la Patria haya sido el de la abolición de la esclavitud, reconocimiento que tenía el significado absoluto de la liberación total.
Luego vendría el espíritu de búsqueda de la legitimación normativa que constituyó la combatividad de José María Morelos y Pavón, quien supo desde el comienzo de sus actividades independentistas que sólo con un sustento en leyes emanadas de la propia insurgencia, la Revolución de Independencia sería legítima, legal y respetada por todos los demás Estados del mundo, aunque éstos estuvieren dominados por las monarquías.
Con la promulgación del Plan de Iguala y poco antes -el 24 de agosto de 1821, con la firma de los Tratados de Córdoba por el último virrey Juan O?Donojú-, se confirmó la inteligencia de los luchadores mexicanos, quienes con las armas en la mano, usaban también la pluma y el pensamiento político para plasmar en el papel la continuación de la guerra por otros medios.
Esas fueron las negociaciones entre el militar que encabezaba los restos del ejército realista, Agustín de Iturbide, éste como representante de los conjurados del templo de La Profesa de la Ciudad de México, y el caudillo sureño Vicente Guerrero, quien tuvo la inteligencia y patriotismo de hacer a un lado cualquier ambición personal, y, cedió la preeminencia a Iturbide, sellando esa decisión con el famoso Abrazo de Acatempan, y aceptar la fusión de los dos ejércitos, para constituir el llamado Ejército Trigarante.
Los insurgentes encabezados por la agudeza serrana de Guerrero, comprendieron que ese era el momento exacto para buscar la pacificación, con motivo de los acontecimientos políticos en España, que mostraban una debilidad por las luchas internas en la metrópoli española.
Para el grupo parlamentario de Convergencia es necesario que retornemos las enseñanzas de la historia, con la finalidad de que con todo ese bagaje sepamos actuar como legisladores del poder autónomo de la nación que el pueblo nos ha conferido, para consolidar, defender y prestigiar más cada día las instituciones de la República.
Para el pueblo de México, nosotros debemos ser su voz y auténtica representación. Para ello, tenemos que demostrar que somos en la realidad sociopolítica que estamos viviendo vigías del respeto irrestricto entre los Poderes de la Unión.
De ninguna manera, los miembros de la IX Legislatura podemos ser simples espectadores del acontecer nacional. Para el grupo parlamentario de Convergencia, aunque hace ya 183 años de esa hazaña popular, iniciada por el dinamismo de un sacerdote culto y universalista como Miguel Hidalgo, la consumación de la Independencia, hoy en el siglo XXI debemos preservarla y defenderla mediante el ejercicio cotidiano para su consolidación, reforzarla y mantenerla viva en la conciencia colectiva de nuestro pueblo.
El grupo parlamentario de Convergencia llama así en estos momentos de amenazas extraterritoriales a nuestra soberanía nacional, con el pretexto de una guerra psicológica contra el terrorismo internacional.
Terrorismo impuesto extrafronteras de manera unilateral. Es necesario que seamos coincidentes con el pensamiento universalista y humanista de los iniciadores de la guerra de Independencia.
Mexicanos amantes de nuestra memoria histórica, hoy en el siglo XXI, desde esta alta responsabilidad social, ética, moral, histórica y política que nos tocó vivir en el seno de la LIX Legislatura mantengamos, con la búsqueda de nuestra ejemplaridad la llama viva, junto a nuestro pueblo, de los significados de la consumación hace 183 años de la Independencia de México frente a cualquier potencia extranjera. Muchas gracias.
Atentamente
Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
SOBRE EL 239 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Palacio Legislativo, a 30 de septiembre de 2004.
Señoras y señores:
El inmenso poeta Carlos Pellicer, cantor de la naturaleza y de los héroes epónimos, escribió el poema épico: Canto en honor y gloria a Morelos. Ahí dijo: "¡Imaginad una piedra lanzada en medio de un festín,/ eso es Morelos!/¡imaginad una espada clavada en medio de un jardín,/ eso es Morelos!". Esta epopeya escrita por Pellicer, mereció ser musicalizada por Eduardo Mata, y, dirigida por este músico mexicano con la Orquesta Sinfónica Nacional, en la voz del poeta se estrenó en el Palacio de Bellas Artes.
Recordar ahora, 30 de septiembre de 2004 cuando se cumplen 239 años del natalicio del Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón es un motivo más del orgullo nacionalista que como legisladores nos conmueve en el seno del grupo parlamentario de Convergencia, por sus altos contenidos de esfuerzo y sacrificios con profundo amor a la causa de la Independencia del pueblo de México, desarrollados a lo largo de su vida por Morelos.
Es enigmático y de una enorme trascendencia emotiva la corriente afectiva que dos hombres grandiosos como Hidalgo y Morelos establecieron al conocerse. Con esa agudeza del conocimiento que, un político inteligente y luchador, debe tener acerca de los hombres que lo rodean, Hidalgo haya escogido a Morelos para que continuara su obra, y, que, profundo conocedor del alma humana, haya sabido de antemano Hidalgo que podía ser derrotado, asesinado o traicionado, pero que su causa iniciada ya, no debería morir, y, por ello comisiona a Morelos para que vaya a encender la antorcha de la insurrección en el sur del país. Como sabemos no se equivocó.
Para el Grupo Parlamentario de Convergencia es posible deducir que de ese gesto grandioso, donde el cura en armas, le cede su representatividad al cura de Carácuaro, José María Morelos y Pavón nos hace ver cómo los grandes hombres quienes muchas veces sin saberlo labran su sino en la historia, se identifican con gestos de afecto humano y fraternal, cuya confianza íntima decide responsabilidades.
Nunca un hecho personal tuvo tal trascendencia en el intercambio de estafetas sociales, como ese gesto. Morelos fue leal en su grandeza humana hasta el último día de su existencia. Calificó en sus últimas horas, al lugar de su nacimiento con sus propias palabras, al ver los caminos por donde lo levaban al cadalso: "Y yo que he nacido en el jardín de la Nueva España". Así, el poeta no se equivocó. Morelos fue la espada clavada en medio de ese jardín.
Morelos tuvo siempre la preocupación, cedida por Hidalgo, de que se legislara para dar una norma legal de legitimidad a la insurgencia. De ahí el Congreso de Chilpancingo donde expresara Los Sentimientos de la Nación.
Para Morelos no fue una simple frase nacida al calor de una respuesta coyuntural, a quienes quisieron halagarlo como Generalísimo, su gesto de autonombrarse el Siervo de la Nación era ni más ni menos que la congruencia del hombre de leyes y de la palabra empeñada en aquel encuentro con su maestro para empuñar las armas.
Como han expresado los grandes pedagogos: "El mejor predicador es Fray Ejemplo", Morelos fue congruente y ejemplar desde el mismo instante en que aceptó la alta responsabilidad política de representar al iniciador de la Independencia hasta el momento mismo de su fusilamiento. Muchos años después corría el misterio de la coincidencia de que se desbordaran las aguas del río que circundaba la casa donde fue ajusticiado Morelos, y, en el imaginario popular era la naturaleza que lavaba la sangre del martirizado cuerpo del héroe.
El grupo parlamentario de Convergencia hoy rinde con estas sencillas palabras un homenaje de sentimiento patriótico al natalicio del cura Morelos, quien con su vida y su obra consolidó a profundidad la continuidad de la guerra de Independencia hasta su consumación. Tal coincidencia histórica, en un mes de septiembre, y que por lo mismo con justa razón para México y su pueblo es el mes de la Patria.
Atentamente
Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
CON MOTIVO DE LA INCORPORACION DE LAS LEYES DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Palacio Legislativo, a 21 de septiembre de 2004.
Con permiso de la Presidencia:
Señoras y señores:
Las Leyes de Reforma fueron un conjunto de instrumentos civiles que conformaron en su momento el cuerpo legislativo que construyó el músculo nodal de la Constitución General de la República que se promulgara el 5 de febrero de 1857.
Sin embargo, éstas no estaban incorporadas como tales a ese Código, aunque en la práctica ya estuvieran siendo aplicadas en su materia respectiva, por ello es tan importante en la historia de México, el hecho decisivo del Presidente Sebastián Lerdo de Tejada, quien decretó dicha incorporación.
Para el grupo parlamentario de Convergencia es un orgullo rendirles un sencillo recuerdo de homenaje a los principales promotores de las Leyes de Reforma: José María Luis Mora (fallecido en París, Francia, el 14 de julio de 1850), Valentín Gómez Farías (fallecido en la Ciudad de México, el 5 de julio de 1858) y Melchor Ocampo, quien fue asesinado el 2 de junio de 1860, en Tepeji del Río. Los tres grandes impulsores del liberalismo mexicano.
La ley más controvertida fue la que conocemos como Ley Lerdo, denominada Ley de Desamortización de los Bienes Eclesiásticos (25 de junio de 1856); luego se consolidaría con la Ley de Nacionalización de los Bienes de la Iglesia (12 de julio de 1859). Salvaguardando a la República, el presidente Benito Juárez llega al puerto de Veracruz, y ahí expide la Ley sobre el Matrimonio Civil (23 de julio de 1859).
Pocos días después se promulga la ley por medio de la cual se crea el Registro Civil (28 de julio de 1859), cuyo contenido ha venido rescatando la defensa y consolidación de la familia, exigiendo que para legalizar de pleno derecho la unión de la pareja, ésta tiene que efectuarse ante un juez del Poder Judicial.
Corren los días y los hombres de la Reforma consolidan con claro sentido histórico y espíritu de grandes legisladores la ley mediante la cual se determinan con certeza los días festivos laicos, y, se prohíbe la asistencia oficial de funcionarios públicos a los actos litúrgicos de la Iglesia Católica, rompiendo de facto toda oficialización de una religión de Estado.
Para el grupo parlamentario de Convergencia esta decisión, que marca la moderna separación entre la Iglesia y el Estado, fue la cúspide de la Reforma, la cual rescataba a la nación y nos mostraba al mundo como un pueblo con ideas de futuro progresista.
El núcleo de liberales conocidos históricamente como Generación de la Reforma, luego del asesinato de Melchor Ocampo, confirma con ese crimen que van por el camino correcto, y Benito Juárez decreta el 6 de septiembre de 1860 la proclamación de las Leyes de Reforma como un conjunto de leyes que consolidan de hecho todos los ideales republicanos que habían nacido con el Congreso de Anáhuac, en Chilpancingo, donde Morelos diera a conocer Los sentimientos de la nación, el 13 de septiembre de 1813.
El grupo parlamentario de Convergencia quiere señalar, por lo tanto, que son las Leyes de Reforma las que determinan la grandeza de nuestra trayectoria legislativa constitucionalista. Su alto contenido de avanzada y congruencia con los ideales y las enseñanzas históricas obtenidas de la Revolución Francesa, buscando hacer posibles los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad.
La reafirmación máxima de la concepción de libertad del pensamiento fue a través de implantar racionalmente el laicismo, éste que busca respetar la libertad de pensamiento, por medio de la libertad de creencias religiosas o la no necesidad de ellas, con lo que queda garantizada a plenitud la libertad de expresión de todo pensamiento ciudadano, así como el respeto a las garantías individuales.
Por lo tanto, no existió mejor homenaje a la memoria de la Generación de la Reforma irrepetible hasta la fecha, que rindiera el Presidente de la República Sebastián Lerdo de Tejada a la muerte del Benemérito Benito Juárez, que incorporar al conjunto de la Carta Magna las Leyes de Reforma, el 25 de septiembre de 1873, fecha señalada que hoy traemos a la consideración de esta soberanía.
Recuerdo que significa para los miembros del grupo parlamentario de Convergencia, un punto de partida para identificarnos con claridad ideológica laica, frente a los titubeos de confusión o ambigüedad que observamos en algunos momentos actuales de nuestra vida pública. Por todo ello, siempre es grato remontarnos a los momentos luminosos de las hazañas que realizaron mujeres y hombres de nuestra memoria histórica. Muchas gracias.
Atentamente
Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
CON MOTIVO DE LA DECLARACION DEL 14 DE OCTUBRE DE 1814 SOBRE LA LIBERTAD DE LA AMÉRICA MEXICANA EN LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Palacio Legislativo, a 14 de octubre de 2004.
Con permiso de la Presidencia:
Señoras y señores:
Desde que se diera el Grito de Independencia por el cura Miguel Hidalgo, éste por su propia formación enciclopédica se puede considerar como natural que en sus primeras palabras de la proclama emancipadora comenzara a hacer política. Su información le permitía saber lo que sucedía en la península, y los problemas que enfrentaba el monarca Fernando VII, contra cuya usurpación del poder de Bonaparte se rebelaba Hidalgo.
Por ello, el primer gran documento está reseñado en el mismo título del periódico que echaría a andar: El Despertador Americano, justamente para hacer teoría revolucionaria e informar de los hechos. Vendría en seguida el decreto expresado en la ciudad de Guadalajara, pero leído por primera vez en la ciudad de Valladolid (hoy Morelia), por medio del cual se abolía la esclavitud.
Al caer ajusticiados los primeros líderes de nuestra Independencia, tomaría la estafeta de la conducción José María Morelos; él tuvo la idea firme de consolidar un cuerpo de leyes, cuyas tesis dieran la legalidad a la insurrección armada. Así, su documento Los sentimientos de la nación, en el Congreso de Chilpancingo, hizo que fuera conocido como Siervo de la Nación.
Posteriormente, al realizarse el Congreso de Apatzingán, en Michoacán, el 14 de octubre de 1814, se promulgó el decreto por medio del cual se declaraba constitucionalmente la libertad de la América mexicana.
En sus justos términos se puede constatar que la intención exacta de los caudillos insurgentes era acuerpar en un conjunto de leyes la legitimidad teórica del levantamiento, que para 1814 puede considerarse indetenible. Por ello mismo, Morelos se sacrifica dando protección con escasas fuerzas militares a los diputados constituyentes, interponiéndose entre éstos y su perseguidor el coronel De la Concha, quien finalmente fue su captor.
La declaración constitucional mediante los congresistas de Apatzingán señala la primera piedra legal de que, a pesar de mantenerse en guerra, la Independencia declarada dos años antes, el 15 de septiembre de 1810, se consolidaba.
Era así un hecho político y social consumado, puesto que si en las primeras escaramuzas de combate, las fuerzas realistas no los habían podido destruir, mucho menos cuando habiendo pasado ya dos años, y con el mando sucesorio legitimado por el generalísimo insurgente Morelos, no podrían desbaratarlos militarmente, menos sustentados en las tesis legales.
El ideal constitucional de Hidalgo y Morelos quedaba plasmado en el texto de dicha declaración de otorgarle libertad a la América de los mexicanos. En reconocimiento de facto a la primera declaración realizada pocos años antes por la declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, el 4 de julio de 1779.
Desde entonces puede decirse, sin temor a equivocaciones, que el sentimiento reformador es el espíritu libertario, independentista y soberano del pueblo de México. Darle libertad a la parte de América, con el gentilicio específico de "mexicana", hace conscientes a los iniciadores de nuestras luchas de Independencia, de la existencia en el tiempo histórico de la otra América", en Estados Unidos.
Para el grupo parlamentario de Convergencia hoy precisamente cuando se cumplen 190 años de aquella declaración, es un acto de justicia en nuestra memoria recordar a aquellos constituyentes, quienes con su sensibilidad teórico-política, a pesar de estar con las armas en la mano, fueron capaces de poner por delante su visión de futuro, como pioneros del Estado mexicano.
Las instituciones de la República que hoy disfrutamos, puede afirmarse que vienen de lejos. De esos momentos críticos de quienes en medio del fragor de los combates, no descuidaron la necesidad social de la teoría revolucionaria, ésta plasmada en leyes, cuya normatividad construyeron las bases de nuestra legalidad como Estado libre y soberano.
Atentamente
Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
CON MOTIVO DE LA PROMULGACION DEL PLAN DE SAN LUIS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO DE LA VEGA ASMITIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
En nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, acudo a esta tribuna para conmemorar la promulgación del Plan de San Luis, hace 94 años.
El desarrollo de la vida política en México, a principios del siglo XX, parecía estar inexorablemente vinculado a las decisiones del presidente Porfirio Díaz, quien si bien había logrado un desarrollo económico importante bajo el modelo positivista que propugnaba el "orden y progreso", también había conseguido aplazar la vigencia de un régimen democrático, el cual era demandado por actores procedentes de ámbitos diversos, interesados en participar en el proceso de toma de decisiones y conducción de México.
En este contexto, y ante la inminente reelección del presidente Díaz, Francisco I. Madero irrumpió en el escenario político nacional, a través de la edición del libro La sucesión presidencial y de la fundación del Partido Antirreleccionista, para propugnar la urgencia de instaurar un sistema democrático.
En muy poco tiempo Francisco I. Madero logró la adhesión de personas procedentes de todos los ámbitos, deseosas de conformar un sistema político distinto y de tomar parte en el proceso de toma de decisiones. La respuesta del régimen porfirista fue el encarcelamiento de Madero en la ciudad de San Luis Potosí.
Lejos de arredrarse, Francisco I. Madero redactó el 5 de octubre de 1910 el Plan de San Luis, el cual descalificaba las elecciones y, a través de la consigna "Sufragio efectivo. No reelección", exhortaba a establecer un régimen democrático, donde la elección de los gobernantes estuviera únicamente determinada por el voto de los ciudadanos.
Así, hace 94 años, comenzó en México el arduo trayecto hacia la instauración de un sistema democrático. En ese trayecto hemos participado muchas generaciones de mexicanos, que procedentes de diferentes ámbitos y regiones del país y de manera independiente o identificados con diferentes signos partidistas, hemos convergido y conjuntado esfuerzos para configurar un régimen distinto, auténticamente democrático.
Son muchos los obstáculos que conseguimos remontar y los avances que logramos acumular: hoy, gracias al esfuerzo de muchos, México se encuentra en un proceso de consolidación democrática.
En este contexto, tan distinto al de hace 94 años, es un honor recordar y honrar la memoria de todos aquellos que atendieron el llamado contenido en el Plan de San Luis y que heredaron al pueblo de México el compromiso de luchar, sin claudicaciones, por la instauración de un sistema democrático.
Nosotros, como legisladores que representamos a ese gran pueblo que es México, hemos heredado también ese compromiso y, por tanto, estamos obligados a continuar la magna tarea de garantizar la consolidación democrática. Por ello, debemos asumir la responsabilidad de conferir al país un marco legal acorde con los nuevos tiempos, un marco legal que signifique el fortalecimiento y creación de instituciones democráticas, cuya vigencia promueva y garantice la experiencia cotidiana de la democracia.
He señalado que son muchos los avances que hemos logrado quienes nos comprometimos en la lucha por la democracia, sin embargo, es preciso recordar que ésta siempre está en proceso y, por consiguiente, requiere de la voluntad de todos y cada uno de nosotros para seguirse construyendo y consolidando.
Es por ello que, en nombre de Acción Nacional, los exhorto a confirmar la vocación democrática de nuestro pueblo, a demostrar una generosa voluntad política que, a través de un diálogo plural, donde todas las voces sean escuchadas, se comprometa a la construcción de tantos y tantos acuerdos que aún deben concretarse, para cristalizar así el anhelo democrático expresado hace ya 94 años en la convocatoria realizada por Madero mediante la promulgación del Plan de San Luis.
Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2004.
Dip. José Antonio de la Vega Asmitia (rúbrica)
SOBRE EL ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA, A CARGO DEL DIPUTADO ÁNGEL PASTA MUÑUZURI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Es un honor recordar a Don Belisario Domínguez Palencia, homenajeamos en este día a un hombre que marcó la historia.
Don Belisario Domínguez, hombre cuya trayectoria hizo que el Senado de la República instituyera en 1953 una medalla que lleva su nombre y que se entrega anualmente a los mexicanos que han acumulado mérito cívico, ciudadano patriótico como para merecer el honor.
Don Belisario Domínguez nació en Comitán de las Flores, Chiapas, el 25 de abril de 1853. Hizo sus primeros estudios en la ciudad natal y cursó la preparatoria en el Instituto Literario y Científico del estado de San Cristóbal de las Casas.
En 1879 marchó a París para cursar sus estudios profesionales y permaneció ahí 10 años. El 17 de julio de 1889, recibió su título de médico y regresó a su patria enseguida. Venía saturado de ideas filantrápicas y de servicio social y con deseo de servir a la gente más humilde. Instaló su consultorio en Comitán y comenzó a emprender largos viajes para llegar a las zonas marginadas con el fin de atender a sus moradores.
Continuando con sus actividades políticas, fundó un periódico donde publicó artículos sobre la situación política del país y su oposición al régimen del presidente Porfirio Díaz.
Como político humanista, en una reunión en el Tívoli del Elíseo, ante un auditorio de chiapanecos, manifestó sus ideas liberales y se distinguió entre los hombres de su generación por la solidez de sus argumentos y la valentía con que los defendía.
"Vigilad de cerca, chiapanecos -decía a sus paisanos-, todos los actos públicos de sus gobernantes; elogiadlos cuando hagan bien; criticadlos siempre que obren mal. Sed imparciales en vuestras apreciaciones, decid siempre la verdad y sostenedla con vuestra firmeza entera y muy clara. Nada de anónimos ni pseudónimos, sostened la verdad con firmeza entera". Ése fue el camino que trazó Belisario Domínguez.
Fundó un club democrático y comenzó a participar en las contiendas electorales en 1909. Fue electo presidente municipal de Comitán, y fue tan importante la obra que realizó al frente del ayuntamiento, que su prestigio trascendió a todo el estado y pronto fue uno de los más distinguidos políticos.
Su adhesión a las ideas avanzadas, la limpieza de su conducta y la tendencia a hacer el bien a los desvalidos, unidos a su habitual franqueza, le valió un gran respeto de la ciudadanía.
Para las elecciones de senadores de 1912, los chiapanecos pensaron en el desde luego, pero su modestia lo hizo declinar aquel honor y aceptar tan sólo la suplencia en la planilla que encabezó Leopoldo Wood.
El doctor Domínguez permaneció unos meses en Comitán, pero a principios de 1913 se trasladó a la capital del país y ahí fue testigo de los acontecimientos de la Decena Trágica. Con dolor e indignación recibió el doctor la noticia del sacrificio de los señores Francisco I. Madero y José María Pino Suárez.
La ciudad presentaba un aspecto aterrador, numerosos muertos y heridos en las calles, gente inocente en su mayor parte a quienes no bastaban los servicios médicos.
El doctor Belisario Domínguez, con su acostumbrado desinterés, colaboró en esta labor humanitaria, pero él estaba destinado a otras tareas. El 3 de marzo falleció Leopoldo Wood y enseguida fue llamado el suplente para cubrir la vacante, le correspondía actuar en el alto plano de la política nacional en un momento sumamente crítico.
Desde la tribuna, en varias ocasiones se manifestó en contra del gobierno encabezado por el General Huerta. Con claridad y contundencia lo expresaba el senador chiapaneco. En sus discursos repitió varias veces su oposición, sin otra idea que sostener la firmeza de la verdad.
"La sentencia contra su vida no se hizo esperar. Se movieron los resortes oficiales y la noche del 7 de octubre fue sacado de su habitación en el hotel en el que se hospedaba y conducido al cementerio de Xoco, en Coyoacán, donde se le martirizó y asesinó cruelmente.
"La muerte del doctor Belisario Domínguez contribuyó a la caída de Huerta; 40 años después de su muerte, se instituyó la Medalla Belisario Domínguez.
"El decreto determinó que la presea se otorgara a aquella mexicana o mexicano que se hubiera distinguido por toda una vida dedicada al servicio de la nación y porque en todos los ámbitos de su desempeño se hiciera un homenaje cotidiano a los valores que también Belisario Domínguez representó y que por ello se lleva su nombre.
"La honestidad, la congruencia cotidiana entre el decir y el hacer, un valor a toda prueba para defender la justicia y la verdad y un profundo sentimiento de la responsabilidad en el desempeño de la encomienda, son los principios y los valores que se ponderan para decir quién merece este galardón que se otorga en un acto que está marcado por el espíritu de don Belisario.
"Don Belisario Domínguez...
Muchas gracias
Dip. Ángel Pasta Muñuzuri (rúbrica)
DEL DICTAMEN DE LA COMISION DE SALUD, CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO
81 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR)
Introducción
El presente programa de trabajo de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados se fundamenta en lo que establece el artículo 45, numeral 6, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, así como por el artículo 12, inciso b, del Acuerdo Parlamentario Relativo a la Organización y Reuniones de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados.
Antecedentes
La transformación del marco normativo en materia de agua es evidente cuando se revisa que la actual Ley de Aguas Nacionales, es el resultado de diversas leyes como son: La Ley sobre Irrigación (1926), Leyes de Aguas de Propiedad Nacional (1929, 1934, 1946), Ley de Riego (1946), Ley Reglamentaria del Párrafo Quinto del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Aguas del Subsuelo (1956).
La instrumentación de la política hídrica en el país, esta a cargo de la Comisión Nacional del Agua. Esta Comisión fue creada por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de enero de 1989, como órgano administrativo desconcentrado de la anterior Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Sin embargo, atendiendo a los preceptos constitucionales, entre los que se incluye el artículo 115, existen múltiples organismos municipales que se encargan de la distribución y cobro de derechos relacionados con los servicios de agua potable, alcantarillado (colectores), aguas residuales y saneamiento, en todas las entidades federativas, así como otros organismos que trabajan en combinación con diferentes demarcaciones, como son las que están en zonas conurbadas o comparten márgenes de ríos o lagos; ejemplo de éstos y el más representativo del país, que es el correspondiente al de la Ciudad de México y zonas conurbadas del estado de México, llamada Comisión de Aguas del Valle de México.
Por otra parte, para optimizar la eficiencia en la gestión del agua en el país, el territorio nacional ha sido dividido en 13 Regiones Hidrológicas Administrativas por parte de la Comisión Nacional del Agua (CNA). Dichas regiones son, en general de superficie similar y están integradas por cuencas hidrológicas naturales.
En materia internacional, México forma parte del Tratado de Aguas Internacionales; asimismo, en el marco de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef) y con el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), la CNA inició en el año 2003, la preparación de proyectos de conservación del agua que contribuyan a resolver el problema por la escasez.
Con relación al marco jurídico que regula las aguas en el país, queda representado fundamentalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 27, 28 y 115); por la Ley de Aguas Nacionales la cual es reglamentaria del artículo 27 Constitucional en materia de aguas nacionales; el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; la Ley Federal de Derechos; la Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura Hidráulica; las leyes estatales en materia de agua promulgadas por las entidades federativas y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
En materia de recursos financieros, los datos oficiales señalan que la inversión federal en el sector en los últimos años, muestra una tendencia a estabilizarse en niveles significativamente menores a los deseables.
En impacto de la insuficiencia en los recursos económicos se ve reflejada en la economía de los sectores productivos nacionales. Por ejemplo, el subsector agrícola presenta en gran medida problemas financieros relacionados con el mantenimiento, conservación, rehabilitación y modernización de los distritos y unidades de riego, conservación de las zonas de temporal, así como la imposibilidad de hacer frente a la mayor demanda de alimentos, originada por el crecimiento de la población y los efectos causados por los mercados internacionales que presionan los precios y disminuyen la capacidad económica de los productores.
Presentación
El modelo de desarrollo seguido durante el proceso de industrialización de México y el consecuente paso a una sociedad urbana, en donde dos de cada tres mexicanos viven en ciudades, ha constituido una causa determinante de depredación, abuso y contaminación tanto de las aguas del subsuelo, de las destinadas al uso agrícola, industrial ó energético, así como las que se dirigen al consumo humano, muestra de ello es que sólo en un porcentaje mínimo del agua es apto su consumo.
En la actualidad, la problemática del agua señala un fuerte contraste entre el desarrollo del país y la disponibilidad del recurso, así como una sobre explotación de los acuíferos, la contaminación de los cuerpos de agua, las afectaciones derivadas de la presencia de fenómenos meteorológicos extremos, y la competencia por el uso del agua.
Adicionalmente, aun cuando en el corto y mediano plazo la dotación de agua pudiera ser suficiente para las necesidades actuales de la población, la industria y el sector agropecuario; lo cierto es que en el largo plazo, la situación se presenta como de naturaleza muy delicada, amenazando la gobernabilidad, la producción nacional y la supervivencia humana.
Debemos tener conciencia en que no podemos sufragar permanentemente el costo económico, social y ambiental de traer más ríos a las ciudades, de agotar los acuíferos con los que contamos o de alterar la calidad de las aguas. No podemos enfrentar el problema del agua pensando que la disponibilidad del recurso se da en forma ilimitada y gratuita, por ello la importancia de fomentar una cultura del agua.
Es muy importante que haya certidumbre para que las próximas generaciones de mexicanos cuenten con agua suficiente en calidad y en cantidad, se requiere un cambio cultural tanto en los ciudadanos como en las instituciones: el énfasis deberá darse en regular óptimamente su manejo y la demanda de agua, en evitar su desperdicio y deterioro; en lugar de buscar ampliar indefinidamente la oferta.
Sin duda, que para avanzar en éste sentido, se requiere de la intervención de los tres poderes gobierno, en el mejoramiento de la infraestructura necesaria y en realizar las acciones imprescindibles para elevar la eficiencia y productividad del uso del agua en las actividades productivas.
Sin embargo, no podremos enfrentar con éxito el reto que representa el manejo eficiente del agua sin una sociedad más actuante y más corresponsable. El Estado no puede ni debe ser el único responsable. Deben abrirse mayores espacios de participación y, por lo tanto, de corresponsabilidad a los productores, a los gobiernos locales, a los usuarios y a la sociedad civil en general.
El uso sustentable del agua debe lograrse partiendo de una realidad que es preocupante. En una extensa área de nuestro territorio -en donde se ha concentrado el crecimiento demográfico y económico y en donde se localiza una parte muy substancial de la infraestructura productiva y social-, la disponibilidad de agua ya es baja en relación con los estándares normalmente reconocidos. En el futuro, la creciente competencia por el uso del recurso puede generar graves conflictos en diversas áreas del país.
Por ello, diversos sectores han señalado la necesidad de considerar a este recurso como de seguridad nacional. En ese mismo sentido, dada la degradación de la calidad de vida, por el daño a suelos, bosques y selvas, las migraciones, la pobreza, la baja educación y el derroche y contaminación del agua, entre otros bienes de capital social y natural; la Organización de las Naciones Unidas ha lanzado el planteamiento de una doctrina de seguridad humana. Esta busca señalar aquellas variables que indican el agotamiento de insumos necesarios para la supervivencia humana y que necesitan un manejo urgente en forma de una nueva gestión compartida, corresponsable, preventiva, racional, adecuadamente reglamentada, con el fin de no detonar severas crisis de supervivencia humana, así como de subsistencia del Estado, de la nación y de la sociedad.
Si bien la disponibilidad natural media de agua en el país, considerada en su conjunto, no es particularmente alarmante, existen regiones en donde las existencias son muy bajas. Por ejemplo, en la península de Baja California, en el Río Bravo, en las cuencas centrales del norte o en el Valle de México. De hecho, sólo el 28 por ciento del escurrimiento se da donde habita el 77 por ciento de la población y se genera el 84 por ciento del producto interno bruto.
No obstante los avances substanciales en el tratamiento de las aguas residuales, a nivel nacional solamente el 10% de las aguas superficiales presentan buena calidad, en tanto que dicha calidad es media en el 65% y mala en el 25% restante, lo que afecta la disponibilidad natural del agua de las corrientes superficiales.
Es necesario prestar atención especial a la sobreexplotación de los acuíferos del país: en 1999 de los 600 acuíferos identificados, 100 estaban ya en situación de sobreexplotación, lo que no sólo pone en entredicho la sustentabilidad de su aprovechamiento, sino que causa impactos ambientales negativos de diversos géneros.
El uso consuntivo predominante en el país es el agrícola, que representa el 76% de la extracción de corrientes y acuíferos, seguido por el uso público con el 17% y el de la industria, con el 5%. Y el uso en el área acuícola y en hidroeléctricas, se ocupa el 2%.
En la actualidad, nuestro país cuenta con 6.3 millones de hectáreas de infraestructura de riego, lo que coloca a México en el séptimo lugar mundial en este renglón. La productividad de las áreas de riego es, en promedio, 3.6 veces mayor que las de temporal, la agricultura de riego genera más de la mitad de la producción agrícola nacional. Los métodos aplicados son tradicionales en la mayoría de la superficie por lo que la eficiencia promedio en el uso del agua se estima en 46%. La unidad administrativa encargada del agua en México señala que aumentos relativamente modestos en la eficiencia del riego permitirían liberar volúmenes apreciables para otros usos en varias regiones. Para ello es necesario incrementar los recursos financieros disponibles, mejorar substancialmente la medición de los volúmenes entregados y establecer políticas de derechos por aprovechamiento del agua que estimulen su uso eficiente.
En lo que respecta a los usos urbanos, se han logrado incrementos muy notables en la cobertura de los servicios, que es una responsabilidad directa de los municipios, de modo que hoy cuenta con infraestructura de agua potable el 87% de la población y con alcantarillado el 73%; sin embargo, 13 millones de personas aún no tienen acceso al agua potable; situación que es particularmente preocupante en las áreas rurales.
En consecuencia, un sistema eficiente y eficaz de gestión del agua es una condición de la gobernabilidad que asegure que México se proyecte con sustentabilidad hacia el futuro. No obstante, se trata de una gobernabilidad democrática, en la que todos los actores que integran la política del agua asuman la parte de corresponsabilidad que les toca. Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo, gobiernos estatales y municipales, usuarios, en todas sus modalidades, debemos sumar esfuerzos para satisfacer las condiciones que lo permitan. El uso eficiente, el control de la contaminación, la descentralización, la recaudación, el financiamiento, la innovación tecnológica, el mercado eficiente, el arbitraje, la participación y la organización son los componentes de mejores políticas públicas hidrológicas.
Por todo lo anterior, los diputados de la Comisión de Recursos Hidráulicos consideramos que la problemática del agua no es un asunto concluido y si muy urgente, por lo que se requiere de un mayor esfuerzo de consenso y trabajo en el ámbito legislativo, con este compromiso habremos de orientar nuestro mejor esfuerzo.
Objetivo general
Atender los asuntos legislativos turnados por el Pleno de la H. Cámara de Diputados a la Comisión de Recursos Hidráulicos, entre los que se encuentran la integración, análisis y discusión de los dictámenes, así como resolver iniciativas, proyectos y proposiciones que sean turnados y lograr a través de la legislación un mejor marco jurídico para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos.
Objetivos específicos
2.- Dar seguimiento puntual al Programa Nacional Hidráulico 2001 - 2006 verificando su correcta aplicación.
3.- Impulsar desde la Comisión una política de estado en materia de recursos hidráulicos.
4.- Organizar y promover los diagnósticos y consultas necesarios con todos los sectores involucrados con los recursos hidráulicos para impulsar los consensos necesarios en el ámbito de responsabilidad de la Comisión.
5.- Coordinación con la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República en las actividades y decisiones legislativas de la materia.
6.- Mantener una relación de respeto, comunicación y trabajo permanente con la Comisión Nacional del Agua como instancia del Ejecutivo federal.
I.- Ley de Aguas Nacionales
Es importante reiniciar el proceso de revisión sobre este proyecto de Ley que fue regresado con observaciones por el Ejecutivo Federal, estableciendo, un trabajo permanente con la Comisión homologa del Senado de la República con la participación de todos los sectores interesados, a fin de construir una nueva Ley de Aguas Nacionales.
II.- Presupuesto
Es necesario hacer una revisión a los recursos presupuéstales para el sector Hidrológico y en su caso proponer y aprobar los incrementos necesarios, sobre todo en los programas de operación e inversión.
III.- Tratado de Aguas Internacionales
Se debe retomar este asunto por la Comisión de Recursos Hidráulicos, conocer la opinión de los sectores y establecer un mecanismo de seguimiento.
Para que los avances se vayan consolidando, es necesario ir construyendo la agenda de trabajo en el corto, mediano y largo plazo, para ello se propone lo siguiente:
1) Agenda a corto plazo
1.2 Realizar propuestas al Presupuesto de Egresos de la Comisión Nacional del Agua, el cual debe ser igual o mayor al ejercicio del 2003.
1.3 Orientar que los montos presupuestales asignados para cada estado, sean avalados por los Consejos Estatales Agropecuarios para su aplicación.
1.4 Trabajo constante y permanente con la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República sobre las observaciones enviadas por el Poder Ejecutivo al proyecto de modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales emitidas por el Congreso de la Unión, con la participación del Poder Ejecutivo.
1.5 Fortalecer la comunicación y relación con la Comisión Nacional del Agua, desde el director general, las diferentes subdirecciones responsables y las gerencias de todos los estados.
1.6 Incorporar sin excepción a todos los sectores a participar con sus propuestas en torno a la problemática del recurso hidrológico del país, entre otros, debe escucharse la opinión de los usuarios de riego, así como los organismos operadores e instancias relacionadas con los servicios de agua potable y alcantarillado.
1.7 Atención a las demandas ciudadanas de los diversos sectores sociales, buscando ser interlocutores de sus asuntos ante las instancias que correspondan.
1.8 Seguimiento con la Cámara de Senadores de los principales acuerdos internacionales en materia de agua, como es el caso del Tratado de Distribución de Aguas Internacionales, que son competencia del Senado.
1.9 Dar seguimiento a los Programas de la Comisión Nacional del Agua en cuanto a la operación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura, manteniendo información sobre los recursos ejercidos, sus principales obras de infraestructura y su avance correspondiente.
2.3 Análisis y revisión de la Cuenta Pública,
verificando el correcto uso de los recursos públicos.
2.4 Evaluación de los programas de gobierno.
2.5 De ser necesario, programar visitas a las regiones hidrológicas y atender la problemática de los usuarios.
2.6 De acuerdo con la importancia del recurso agua en el ámbito internacional, es indispensable establecer una vinculación legislativa Internacional bilateral y multilateral, por lo que se propone realizar giras de trabajo internacionales.
2.7 Participar en el foro mundial del agua que se llevará a cabo en México, en marzo del 2006.
2.8 Impulsar y generalizar proyectos pilotos que tengan relación con la conservación eficiente y cuidado de agua, vinculando los aspectos ambientales.
2.9 Impulsar junto con los usuarios y las autoridades el rescate de volúmenes de agua y la compra de derechos de pozos.
3.3 Mantener un presupuesto adecuado y suficiente para
las necesidades del sector hidrológico.
3.4 Otros.
Para el desahogo oportuno de los asuntos legislativos turnados, se acordó conformar las siguientes subcomisiones:
Grupos de trabajo
Siendo las nueve horas con quince minutos del día ocho de octubre de dos mil tres, en el salón C del restaurante Los Cristales, del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados, previa convocatoria suscrita por el Presidente de la Comisión de Economía, se llevó a cabo la reunión de instalación de esta Comisión, bajo el siguiente orden del día:
I.- El Presidente de la Comisión, el diputado Manuel López Villarreal, dio la bienvenida a los CC. diputados presentes; acto seguido se realizó la presentación de los diputados asistentes, el diputado Jesús Nader Nasrallah, la diputada Nora Elena Yu Hernández, el diputado José Ma. de la Vega Lárraga, el diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno, el diputado Ricardo Alegre Bojórquez, la diputada Elizabeth Yánez Robles, el diputado Jorge Baldemar Utrilla Robles, el diputado Óscar Bitar Hadad, el diputado José Manuel Abdala de la Fuente, el diputado Eduardo Olmos Castro, el diputado Jesús María Ramón Valdez, el diputado Ramón Galindo Noriega, el diputado Alfredo Gómez Sánchez, el diputado Javier Salinas Narváez, el diputado Eduardo Bailey Elizondo y el diputado Julio H. Lujambio Moreno, terminadas las presentaciones de los diputados que nos acompañaban en ese momento y habiéndose verificado el quórum legal, se procedió al desahogo de la reunión convocada al tenor de lo siguiente:
II.- Se puso a consideración del pleno el siguiente
Orden del Día
Finalmente, y siendo las nueve veintisiete horas, del día ocho de octubre, declaró oficialmente instalada la Comisión de Economía de la Quincuagésima Novena Legislatura de esta Honorable Cámara de Diputados.
IV. En el rubro de aspectos generales, diversos diputados expresaron sus felicitaciones por la instalación de la Comisión, además de la necesidad de elaborar a la brevedad posible un plan de trabajo y de establecer las subcomisiones que trabajaran durante esta Legislatura.
También se comentó sobre la importancia de tener una reunión de trabajo con el licenciado Fernando Canales Clariond, secretario de Economía, así como con los subsecretarios.
Sobre el tema del plan de trabajo, los temas que fueron sugeridos son:
Participación en las controversias comerciales que Estados Unidos está interponiendo ante México, frente a México, entre otros, el asunto de la alta fructosa de maíz y otro sobre las investigaciones antidumping en carne de res, carne de cerdo.
Medidas de reactivación del mercado interno.
El tema del conflicto azúcar-maíz-fructosa
y TLCAN.
Impulso de las Pymes.
Problemática de las maquiladoras.
De las intervenciones realizadas por los integrantes de esta Comisión, se alcanzaron los siguientes acuerdos:
Solicitar la visita y comparecencia del secretario del
ramo.
Se solicitó a los diputados que enviaran, a través
de sus secretarios, las propuestas que tienen para la integración
del plan de trabajo de la Comisión.
Se acordó que las reuniones ordinarias de la Comisión
fueran el tercer martes de cada mes a las diecisiete horas.
Realizar una reunión extraordinaria el próximo
día 14 de octubre de 2003, a fin de determinar las subcomisiones.
Diputados: Manuel López Villarreal, Presidente;
Jesús Nader Nasrallah (rúbrica), secretario; Eduardo Bailey
Elizondo (rúbrica), secretario; Nora Elena Yu Hernández (rúbrica),
secretaria; Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), secretario;
Javier Salinas Narváez, secretario.
DE LA COMISION DE RECURSOS HIDRÁULICOS, RELATIVA A SU SESIÓN DE INSTALACIÓN, LLEVADA A CABO EL MIÉRCOLES 8 DE OCTUBRE DE 2003
El 8 de octubre de 2003, a las 12 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales de la Cámara de Diputados, reunidos los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos tuvo verificativo la reunión de instalación de la misma, bajo el siguiente
Orden del Día
El Presidente presenta a los CC. secretarios de la Comisión y solicita que modere la reunión el diputado Israel Tentory García, secretario de la Comisión, quien da lugar a la presentación personal de los miembros de la Comisión, quienes lo hacen de viva voz.
Hecho lo anterior, se registra una asistencia de 21 integrantes y se declara el quórum legal.
Enseguida, el Presidente hace uso de la palabra para dirigir un mensaje a los asistentes.
El mismo diputado Presidente declara formalmente instalados los trabajos de la Comisión.
El diputado moderador da el uso de la palabra al licenciado Jesús Burgos Pinto, quien fungió como Presidente de la Comisión en la LVIII Legislatura. Se refiere al contexto nacional de la gestión del agua y a las acciones realizadas en el periodo correspondiente de la LVIII Legislatura.
Acto continuo, el moderador cede el uso de la palabra a los secretarios e integrantes de la Comisión. Hacen uso de la palabra los diputados Luis Felipe Madrigal Hernández, Humberto Martínez de la Cruz, Juan Carlos Núñez Armas e Israel Tentory García, secretarios de la Comisión.
El Presidente de la Comisión propone establecer un día para las sesiones ordinarias de la Comisión, con una duración de dos horas, y que se haga uso de la palabra de manera breve para facilitar sus trabajos. El secretario lo somete a consideración de la asamblea. Se somete a votación económica el acuerdo de convocar a sesión los días martes, por la tarde, con un máximo de dos horas de duración, y enviar una comunicación a los presidentes de la comisión, para que se pondere este acuerdo y cuidar que no se empalmen sus reuniones, en lo posible. El secretario somete a votación la propuesta, en forma económica, y es aprobada por mayoría.
Intervienen los diputados Abraham Velázquez Iribe, Roberto Marrufo Torres, Roberto Aguilar Hernández, José Guadalupe Osuna Millán, Marco Antonio Gama, Elpidio Tovar de la Cruz, Miguel Ángel Rangel Ávila, José Rangel Espinosa, Humberto Martínez de la Cruz, Miguel Luna Hernández y Fernando Ulises Adame de León, quienes expresan sus opiniones sobre la importancia del agua en el desarrollo nacional, la situación actual de la legislación que regula su aprovechamiento y la problemática que podría abordarse en el desarrollo de los trabajos inherentes a la Comisión.
En la misma sesión se presentan las propuestas que se detallan a continuación:
El diputado Roberto Aguilar Hernández propone invitar a una reunión plenaria al director general de la Comisión Nacional del Agua. El diputado José Guadalupe Osuna Millán hace una propuesta en el mismo sentido, además de sugerir que, en una segunda etapa, también se invite al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se somete a votación la que corresponde a invitar al director general de la Comisión Nacional del Agua, que es aprobada por mayoría, en forma económica, facultando al Presidente de la Comisión para las gestiones respectivas.
El diputado José Rangel Espinosa propone un punto de acuerdo para que la Comisión someta a la Junta de Coordinación Política la inclusión del tema del agua en la agenda de reformas estructurales legislativas. Sometida la propuesta a votación, en forma económica, se aprueba por mayoría.
El diputado Elpidio Tovar de la Cruz solicitó que se planteen, en forma posterior, los ejes de un programa de trabajo. El diputado Jesús Vizcarra Calderón planteó que ése será el objeto de las próximas reuniones, considerando las propuestas de los CC. diputados, las que se incluirían en el programa anual de trabajo de la Comisión.
El diputado Miguel Ángel Rangel Ávila solicitó abordar el asunto de las observaciones del titular del Poder Ejecutivo a la reforma de la Ley de Aguas Nacionales, que se encuentra en el Senado de la República, en forma de conferencia bicamaral. El Presidente de la Comisión le comentó que podría haber cambios en la integración de las comisiones de la Colegisladora. Pidió esperar a que ello se defina y que en el trabajo de conferencia también participen funcionarios del Poder Ejecutivo.
Realizado lo anterior, el Presidente de la Comisión
declara clausurada la sesión a las 13:40 horas de esta fecha.
DE LA COMISION ESPECIAL PARA ANALIZAR LOS PROBLEMAS DE LA AGROINDUSTRIA MEXICANA DE LA CAÑA DE AZÚCAR, CORRESPONDIENTE A SU QUINTA REUNIÓN DE TRABAJO, QUE TUVO VERIFICATIVO EL MIÉRCOLES 28 DE JULIO DE 2004
En la Ciudad de México, Distrito Federal, y de conformidad con lo establecido en los artículos 44, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos d) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se citó a los integrantes a la quinta reunión de trabajo de la Comisión Especial para Analizar los Problemas de la Agroindustria de la Caña de Azúcar el 28 de julio de 2004, en el salón C del restaurante Los Cristales, a las 14 horas, para desahogar los asuntos de su competencia, bajo el siguiente
Orden del Día
En primera instancia, se cedió el uso del micrófono al doctor José Pinto, miembro de la CNIAA, para referirse al tema del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y la controversia en materia de endulzantes que interpuso el Gobierno de Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Al respecto, el doctor Pinto comentó que, a lo largo de las conversaciones y desde la primera reunión que se tuvo con los estadounidenses, se platicó acerca de cuáles eran las cortapisas de temas en que la CNIAA tenía un mandato específico que era no poder negociar sobre ello.
De estos temas, uno de los más relevantes -explicó- es el hecho de que México, durante las negociaciones del TLC con Estados Unidos, subió por así decirlo de categoría a ser un país con calidad de socio comercial que le permitía ser socio, desde el primer día del Tratado, incluso desde las primeras cuotas que dieron los estadounidenses -comenzaron con 7 mil, luego subieron a 25 y llegaron a la cúspide a 148 mil toneladas-, México tendría el derecho, de acuerdo con el TLCAN, a vender azúcar en Estados Unidos en cualquier presentación.
De hecho, explicó, durante el tiempo en que se estuvo exportando azúcar a Estados Unidos así había funcionado: se mandaban algunas partidas de estándares de baja calidad que iban a las refinerías, en donde además se tenía valor agregado, ganado por México a través del Tratado de Libre Comercio.
Mencionó que no se pudo aprovechar totalmente porque fue muy errática la cuota que se tuvo con Estados Unidos. En consecuencia, ser un cliente serio con los estadounidenses implica contratos, poder hacer contratos de largo plazo, y la verdad es que durante el tiempo en que se ha visto que ellos han sido escépticos en el otorgamiento de la cuota, por esta razón era muy difícil poder llegar a hacer contratos de este tipo con firmas grandes en Estados Unidos, por ello es menester aclarar que en este punto no se iba aceptar negociar, puntualizó.
Asimismo, mencionó que el principio fueron dos puntos: primero, que no se renegociaba el Tratado de Libre Comercio; y segundo, que se solicitaría una adecuación al TLCAN en razón de lo que se vivió en 2003 y lo que se espera para 2008.
En su oportunidad, el doctor Rodolfo Cruz Miramontes, abogado de la CNIAA, comentó que el grupo de productores de fructosa ha estado impulsando que su gobierno interponga una demanda contra México ante la OMC, que implicaría una defensa como país para evitar cualquier consecuencia de este juicio.
Agregó que ésta no es la primera vez que Estados Unidos demanda a México ante la OMC: ya en 2001 se había interpuesto una demanda similar.
Y ahora viene esta demanda que, a su parecer, entorpece las pláticas y negociaciones que se han estado sosteniendo con los representantes de la industria del azúcar y fructosa estadounidense, por lo que afirma que éste es un doble juego, impulsado por Robert Zoellick y respaldado por la industria fructosera estadounidense.
Informó que, con relación al aspecto técnico-jurídico, se han llevado a cabo acciones relevantes, como la del 16 de marzo, en la que el gobierno estadounidense fijó la posibilidad de celebrar consultas, tal como se establece en el proceso de solución de diferencias, que es el que contiene los mecanismos adecuados para atender ese tipo de conflictos y de planteamientos.
Asimismo, dijo que esas consultas son necesarias, ya que existe un término establecido de 30 días, en el entendido de que si no hay una solución condensada, nace el derecho de la parte quejosa a solicitar la instalación de un tribunal arbitral, llamado "Panel".
El doctor Cruz Miramontes hizo hincapié en la visita que hizo a Ginebra, Suiza, en representación de la CNIAA, a fin de entrevistarse con sus colegas para que en la junta del 13 de mayo que se iba a celebrar sobre las consultas se solicitara en nombre del gobierno mexicano que se difiera el plazo para que pudiéramos tener tiempo suficiente para asegurar en este lapso un arreglo con los representantes de la industria de la fructosa y lograr sentarnos nuevamente a la mesa de negociación.
Infortunadamente, dijo, la respuesta estadounidense no fue la que esperábamos y el 11 de junio solicitaron el panel de manera formal, por lo que ahora se espera la respuesta del gobierno mexicano para iniciar un proceso de defensa.
Manifestó su preocupación por las declaraciones del Gobierno Federal en el sentido de que no se interpondría recurso legal de defensa ante la OMC y pidió a los diputados el apoyo y la conjunción de esfuerzos para exhortar al Ejecutivo a llevar a cabo las acciones pertinentes.
Enumeró algunos de los elementos que pueden usarse como parte de la contrademanda, entre los que destacan: el incumplimiento del TLCAN, principalmente del artículo 703.2, que faculta a México para enviar sus excedentes de azúcar. En el mismo tenor está el incumplimiento del Capítulo Tercero, porque está utilizando medidas no idóneas para controlar importaciones procedentes de México.
Finalizó su intervención reiterando su postura de contrademandar a Estados Unidos ante la OMC.
Posteriormente, el diputado Lázaro Arias hizo uso de la palabra para preguntar a los miembros de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera acerca de las importaciones de azúcar a nuestro país.
El licenciado García Treviño, representante de la CNIAA, respondió al diputado que durante nueve semanas se había parado totalmente la importación de azúcar y que se acaba de recibir información de que una nueva compañía, Exacto Internacional, introdujo en el país 1,800 toneladas de azúcar por la frontera de Reynosa. Afirmó que son azúcares acaparados que vienen con fianza.
En otro orden de ideas, el licenciado García Treviño dijo que, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Economía redujo el arancel de importación de azúcar sin hacer caso a las solicitudes reiteradas que tanto el Legislativo como la Cámara de las Industrias Azucarera y Alcoholera hicieran para que esto no se diera.
Expresó su preocupación por la actitud de la Secretaría de Economía en este sentido dado, que sin previo aviso y a pesar de las exhortaciones que se le hicieron para no llevar a cabo esta reducción, fue publicada recientemente en el Diario Oficial de la Federación.
En su momento, el diputado Carlos Blackaller Ayala dio la bienvenida a los miembros de la CNIAA y se refirió inmediatamente al tema del Panel ante la OMC, en el sentido de que empieza para México una cuenta regresiva de defensa, y de que en materia de impuestos se cuestiona en función de que aparentemente viola disposiciones del GATT original.
Mencionó que, desde su óptica, México está padeciendo la falta de estrategias, de programas y de proyectos serios en sectores estratégicos como el azucarero, a diferencia de Estados Unidos, que sí tiene una estrategia muy clara para su maíz, para su azúcar de remolacha y de caña. En cambio, afirmó, en México el Ejecutivo federal no tiene una definición clara de qué quiere para con el sector de la agroindustria azucarera.
Dijo sentirse preocupado porque a la fecha México no cuenta con un proyecto de agroindustria azucarera nacional o agroindustria de la caña de azúcar y que a través de la Ley de Comercio Exterior, de la Ley de Competencia Económica y diferentes ordenamientos que se tienen en el país el sector funcionaría de manera ordenada.
Informó sobre algunos cambios que se están dando en el ámbito internacional, en específico en el sector azucarero, ya que recientemente se anunció en la Unión Europea un cambió a su esquema comunitario del azúcar, que está siendo muy cuestionado por todos los países productores; o sea, los agricultores, los industriales están cuestionando fuertemente la propuesta de modificación del esquema del azúcar en Europa, que implica la reducción de la producción en alrededor de 2.8 millones de toneladas, prácticamente el volumen de lo que ellos exportan con subsidios al mercado mundial y que en buena parte distorsionan los precios.
Comentó que Australia, Brasil y Tailandia tienen establecida una demanda ante la OMC contra la Unión Europea por esos aranceles.
Recordó que, en apoyo de este rubro, el entonces senador Fidel Herrera Beltrán presentó una iniciativa que establece la adición de tres artículos transitorios a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con lo que el gobierno se vería obligado a instrumentar y cumplir el Programa Especial Azucarero, lo que se traduciría en tener una estrategia, líneas de acción, planes y proyectos para desarrollar la industria azucarera, la cual se tiene considerado sea aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones.
El Presidente, diputado Marco Antonio Torres Hernández, concluyó la primera parte de la reunión con un acuerdo aprobado por los miembros de la Comisión en el sentido de convocar a una reunión de trabajo con la Secretaría de Economía, la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, las organizaciones cañeras, la representación obrera y la Comisión Especial de la Caña de Azúcar para definir directamente las líneas de acción para beneficio del sector y, por otro lado, llevar a cabo un frente común para la defensa de nuestro país ante el Panel formado por la OMC.
Por otro lado, se refirió al tema del IEPS y al del Plan Nacional Azucarero como temas centrales de discusión. Asimismo, solicitó a la CNIAA, que es la que debe tener en un principio la información más clara y precisa de la producción y de la existencia de azúcar, para que vía boletín se informe sobre el asunto en este sentido.
Al retirarse los miembros de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, el Presidente se refirió al orden del día, en el que uno de los puntos centrales es el estudio y análisis de las iniciativas pendientes de dictamen, el informe sobre el Foro regional cañero en Ciudad Hidalgo, Chiapas.
Entregó un informe de la Comisión en el que se listan los organismos con que se han sostenido reuniones de trabajo, como el Infonavit y el Seguro Social, que informaron sobre la situación actual de adeudos y demás. Todo esto ya se cumplió, y sigue pendiente la reunión con la Sagarpa, que esperamos se lleve a cabo con la mayor brevedad.
Se hizo constar que se estaban entregando por escrito los informes correspondientes a la visita a la Secretaría de Economía, la reunión con la Financiera Rural y con el Fondo de Empresas Expropiados del Sector Azucarero y el acta de la cuarta reunión de trabajo.
Entre los asuntos que se consideran importantes para incluir en la agenda de trabajo de la Comisión destacaron la reunión sobre el tema de exportaciones y lo relativo al Programa de Importaciones Temporales (Pitex). Otros puntos pendientes son éstos: primero, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y el panel de controversia que comentó el licenciado Cruz Miramontes, el análisis de las importaciones de alcohol, los recursos económicos captados por el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, su condición legal y propuestas, la situación del IEPS a los productos elaborados con un endulzante distinto de la caña de azúcar y la propuesta de un foro regional cañero en Ciudad Valles, San Luis Potosí, que se llevaría a cabo el 20 de agosto.
Entre las iniciativas pendientes de dictamen se encuentran las presentadas por el senador Fidel Herrera (ya comentada por el diputado Carlos Blackaller); otras dos, una del senador Fidel Herrera y otra del diputado Blackaller Ayala, en el sentido de hacer reformas de fondo a la Ley de Amparo; y, por último, el proyecto de Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar.
El diputado Presidente propuso por último la posibilidad de crear una subcomisión de la Comisión para sostener una reunión con el procurador fiscal y revisar la interpretación que se está dando del decreto de expropiación de los ingenios.
El Presidente de la Comisión clausuró la reunión de trabajo a las 16:30 horas dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, firman al calce por la Mesa Directiva de la Comisión Especial para Analizar los Problemas de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar de la LIX Legislatura:
Dip. Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica)
Presidente
Dip. José María de la Vega Lárraga
(rúbrica)
Secretario
Dip. Rogelio Franco Castán (rúbrica)
Secretario
Dip. Lázaro Arias Martínez (rúbrica)
Secretario
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
3, numeral 2, del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información
Pública de la H. Cámara de Diputados, se instruye a la Secretaría
Técnica publicar la presente acta en la Gaceta Parlamentaria.
DE LA COMISION DE GOBERNACION, DE SU REUNIÓN EN COMISIONES UNIDAS CON LA DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS, Y LA ESPECIAL PARA LA REFORMA DEL ESTADO, REALIZADA EL MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE DE 2004
MINUTA DE LA
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
En el salón del Protocolo del edificio A, planta principal, (salón del Protocolo viejo) de este recito legislativo de San Lázaro, se celebró la reunión en Comisiones Unidas de Gobernación; Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y la de Reforma del Estado, el día miércoles 06 de octubre de 2004, que dio inicio a las 12:35 horas, misma que se llevó a cabo bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Dip. Julián Angulo Góngora
Dip. Yolanda Valladares Valle
Dip. Claudia Ruiz Massieu Salinas
Dip. Miguelángel García-Domínguez
Dip. Fernando Álvarez Monje
Dip. José Luis Briones Briseño
Dip. Gonzalo Moreno Arévalo
Dip. Jesús González Schmal
Dip. Guillermo Martínez Nolasco
Dip. Consuelo Muro Urista
Dip. María Sara Rocha Medina
Dip. Hugo Rodríguez Díaz
Dip. Sergio Vázquez García
Justificaron su inasistencia por escrito los diputados José Eduviges Nava Altamirano y José González Morfín.
Copresiden esta reunión los señores Diputados Julián Angulo Góngora Presidente de la Comisión de Gobernación, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa Presidente de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y Víctor Manuel Camacho Solís Presidente de la Comisión de la Reforma del Estado.
El Diputado Julián Angulo Góngora Presidente de la Comisión de Gobernación, expresa que en el marco del análisis, estudio y dictamen de las diversas iniciativas presentadas por Diputados y Senadores al Congreso de la Unión y por el titular del Poder Ejecutivo Federal, respecto de la figura jurídica "voto de los mexicanos en el extranjero" las Comisiones de Gobernación; Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y la de Reforma del Estado, acuerdan invitar a la Doctora María de los Ángeles Fromow Rangel, Fiscal Especializada para la Atención en Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, para que exprese sus opiniones y conceptos en esta materia y de acuerdo con sus funciones.
A continuación hace uso de la palabra la Doctora María de los Ángeles Fromow Rangel, Fiscal Especializada para la Atención en Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República. Así como también procede a contestar las preguntas que la formularon las diputadas y diputados presentes.
Siendo las 14:30 horas se da por terminada la reunión.
Dip. Julián Angulo Góngora (rúbrica)
Presidente
Dip. David Hernández Pérez (rúbrica)
Secretario
Dip. Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica)
Secretaria
Dip. Miguelángel García-Domínguez
(rúbrica)
Secretario
Dip. Claudia Ruiz Massieu Salinas
Secretaria
Dip. Maximino Alejandro Fernández Ávila
(rúbrica)
Secretario
DE LA COMISION DE ENERGIA, DE LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE ENERGÍA, LICENCIADO FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, REALIZADA EL LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2003
Con la Presidencia del diputado Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano.
Siendo las 17:15 horas del día 20 de octubre de
2003, se reúnen en el Salón Legisladores de la República
en el Palacio Legislativo de San Lázaro, para llevar a cabo la comparecencia
del Secretario de Energía, licenciado Felipe Calderón Hinojosa,
bajo el siguiente
Orden del Día
Diputados: Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano, Manuel Enrique Ovalle Araiza, Francisco Javier Carrillo Soberón, Óscar Pimentel González, Pablo Pavón Vinales, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Juan Fernando Perdomo Bueno, Carla Rochín Nieto, Hidalgo Contreras Covarrubias, Jorge Luis Hinojosa Moreno, José Antonio de la Vega Asmitia, Manuel López Villarreal, Miguel Ángel Toscano Velasco, Ricardo Alegre Bojórquez, Jorge Martínez Ramos, Narciso Agúndez Montaño, Rosa María Avilés Nájera, Alfredo del Mazo González, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Francisco José Rojas Gutiérrez, Humberto Cervantes Vega, Raúl Pompa Victoria, Ricardo Rodríguez Rocha, Sergio Arturo Posadas Lara, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, Óscar González Yáñez.
Comprobado el quórum requerido, en términos del artículo 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procedió al desahogo del segundo punto del orden del día.
El diputado Óscar Pimentel González dio lectura al artículo cuarto del Acuerdo Parlamentario por el que se establecen las bases para el desarrollo de las comparecencias de los funcionarios del Ejecutivo federal ante la Cámara de Diputados, las comparecencias se realizarán conforme a lo establecido por el artículo tercero del acuerdo.
Se refieren a continuación las participaciones de los diputados:
Primer turno de preguntas y respuestas
Juan Fernando Perdomo Bueno, Partido de Convergencia
Óscar González Yáñez, Partido
del Trabajo
Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Partido Verde
Ecologista de México
Francisco Javier Carrillo Soberón, Partido de
la Revolución Democrática
Hidalgo Contreras Covarrubias, Partido Acción
Nacional
Manuel Enrique Ovalle Araiza, Partido Acción Nacional
Francisco José Rojas Gutiérrez, Partido
Revolucionario Institucional
Segundo turno de preguntas y respuestas
Rosa María Avilés Nájera, Partido
de la Revolución Democrática
Víctor Manuel Alcérreca Sánchez,
Partido Revolucionario Institucional
Jorge Luis Hinojosa Moreno, Partido Acción Nacional
Ricardo Alegre Bojórquez, Partido Acción
Nacional
Óscar Pimentel González, Partido Revolucionario
Institucional
Comentarios finales:
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre
de 2003.
DE LA COMISION DE ENERGIA, DE LA COMPARECENCIA DEL DIRECTOR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INGENIERO ALFREDO ELÍAS AYUB, LLEVADA A CABO EL MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 2003
Con la Presidencia del Dip. Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano.
Como representante de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, atestigua el diputado José Antonio Morales de la Peña, vicepresidente de la misma.
Siendo las 17:20 horas del día 5 de noviembre de 2003, se reúnen en el salón Legisladores de la República en el Palacio Legislativo de San Lázaro, para que tenga verificativo la comparecencia del Director de la Comisión Federal de Electricidad, ingeniero Alfredo Elías Ayub, de conformidad con el numeral 4 del artículo 7º. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de llevar a cabo el análisis del III Informe de gobierno del Presidente de la República, bajo el siguiente
Orden del Día
Comprobado el quórum requerido, en términos del artículo 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procede al desahogo del segundo punto del orden del día.
El diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, da lectura al artículo Cuarto del Acuerdo Parlamentario por el que se establecen las bases para el desarrollo de las comparecencias de los funcionarios del Ejecutivo federal ante la Cámara de Diputados.
Para dar cumplimiento al punto segundo numerales I, II, III y IV, se inscriben para hacer preguntas y réplicas los siguientes ciudadanos diputados:
Por el Partido de la Revolución Democrática,
el diputado Jorge Martínez Ramos;
Por el Partido Acción Nacional, el diputado José
Antonio Pablo de la Vega;
Por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado
Jesús Vizcarra Calderón;
Por el Partido de la Revolución Democrática,
el diputado Francisco Javier Carrillo Soberón;
Por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado
Raúl Pompa Victoria;
Por el Partido Acción Nacional, el diputado Hidalgo
Contreras Covarrubias; y
Por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado
Óscar Pimentel González.
DE LA COMISION DE ENERGIA, DE SU DUODÉCIMA REUNIÓN DE TRABAJO, QUE TUVO LUGAR EL MARTES 29 DE JUNIO DE 2004
Con la Presidencia del diputado Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano.
Siendo las nueve horas con treinta minutos, del día 29 de junio de 2004, se reúnen en el salón C del restaurante Los Cristales del Palacio Legislativo de San Lázaro, a fin de que se lleve a cabo la Undécima Reunión de Trabajo de la Comisión de Energía, los siguientes ciudadanos
Diputados: Francisco Javier Salazar Díez de Sollano, Manuel Enrique Ovalle Araiza, Francisco Javier Carrillo Soberón, Óscar Pimentel González, Pablo Pavón Vinales, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, José Antonio de la Vega Asmitia, Manuel Ignacio López Villarreal, Miguel Ángel Toscano Velasco, Ricardo Alegre Bojórquez, Jorge Martínez Ramos, Rosa María Avilés Nájera, José Adolfo Murat Macías, Raúl Pompa Victoria, Sergio Arturo Posadas Lara, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez.
Comprobado el quórum requerido, en términos del artículo 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procede al desahogo del siguiente
Orden del Día
Por lo que corresponde al segundo punto, el diputado Salazar solicita que se expresen observaciones, si las hubiera, al acta y minuta de las dos últimas reuniones de la Comisión de Energía; asimismo, que las hicieran llegar a la presidencia a fin de incorporarlas al texto entregado.
Sin que se den a conocer observaciones a dichos documentos, se aborda el punto 3 del orden del día. Al respecto, el Presidente de la Comisión cede la palabra al licenciado Juan José Suárez Coppel, Director Corporativo de Finanzas de Petróleos Mexicanos, quien inicia una exposición sobre el régimen fiscal de la paraestatal.
Una vez concluida su exposición, el licenciado Suárez Coppel da repuesta a los cuestionamientos de los siguientes diputados: Ricardo Alegre Bojórquez, Óscar Pimentel González, Pablo Pavón Vinales, Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano, Francisco Javier Carrillo Soberón, Raúl Pompa Victoria, Sergio Posadas Lara y José Adolfo Murat Macías.
Se da por concluida la sesión, siendo las once horas con quince minutos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de junio de 2004.
Por la Mesa Directiva de la Comisión de Energía
Diputados: Francisco Javier Salazar Díez
de Sollano, Presidente; Óscar Pimentel González, Manuel Enrique
Ovalle Araiza, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Francisco Javier
Carrillo Soberón, Juan Fernando Perdomo Bueno, Pablo Pavón
Vinales, secretarios (rúbricas).
DE LA COMISION DE ENERGIA, RELATIVA A SU DECIMOTERCERA REUNIÓN DE TRABAJO, QUE TUVO VERIFICATIVO EL MIÉRCOLES 28 DE JULIO DE 2004
Con la Presidencia del diputado Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano.
Siendo las doce horas, del día 28 de julio de 2004, se reúnen en el salón Fundadores, situado en el cuarto nivel del edificio H del Palacio Legislativo de San Lázaro, a fin de que se lleve a cabo la decimotercera reunión de trabajo de la Comisión de Energía, los siguientes ciudadanos
Diputados: Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano, Manuel Enrique Ovalle Araiza, Francisco Javier Carrillo Soberón, Óscar Pimentel González, Juan Fernando Perdomo Bueno, Carla Rochín Nieto, Jorge Luis Hinojosa Moreno, Manuel Ignacio López Villarreal, Miguel Ángel Toscano Velasco, Ricardo Alegre Bojórquez, Jorge Martínez Ramos, José Adolfo Murat Macías, Humberto Cervantes Vega, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez.
En virtud de no cubrir el quórum requerido, en términos del artículo 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a informar sobre los siguientes puntos:
2. Se presentan para su discusión seis dictámenes, en el siguiente orden:
a. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; 253 y 368 Quárter del Código Penal Federal y 194 del Código de Procedimientos Penales.
b. Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a Petróleos Mexicanos tomar medidas para solucionar el riesgo de venta, desaparición o subutilización de la terminal marítima de Ciudad Madero.
c. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, para que de acuerdo a sus facultades, establezcan los Mecanismos de Coordinación a fin de prevenir accidentes por parte de las Compañías que tienen a su cargo la Concesión de la Distribución de Gas Natural en el Distrito Federal.
d. Proposiciones con punto de acuerdo acerca de los avances y resultados de los Programas de Productividad y Modernización de Luz y Fuerza del Centro y de la Comisión Federal de Electricidad.
e. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía y a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad a que se reclasifiquen la tarifa del Servicio Residencial de Energía Eléctrica en 11 municipios del estado de Veracruz.
f. Proposición con punto de acuerdo para solicitar se cite a comparecer al director general de Pemex-Refinación para que rinda un informe sobre las acciones para reparar el daño ocasionado en los municipios de Nogales, Ciudad Mendoza y Río Blanco por la ruptura de ductos y la explosión en el poblado de la Balastrera acaecido el 5 de junio de 2003 en el estado de Veracruz.
b. En referencia al dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo sobre la terminal marítima de Ciudad Madero, se acepta convocar a una reunión con el personal de Pemex encargado de la flota petrolera, personal de la Secretaría de Hacienda y a los diputados integrantes de la Comisión de Marina.
c. Sobre el dictamen de la proposición con punto de acuerdo para la prevención de accidentes en la distribución de gas natural, se considera fortalecer el contenido del dictamen con una carta suscrita por la Mesa Directiva de la Comisión y dirigida al Gobierno del Distrito Federal, para obtener información sobre los avances en el tema.
d. Sobre el dictamen de la proposición con punto de acuerdo relacionado con los Programas de Productividad y Modernización en Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad, no se expresan comentarios.
e. Respecto al dictamen de la proposición con punto de acuerdo relativo a la reclasificación de tarifas en el estado de Veracruz, se propone además del contenido, elaborar un oficio suscrito por la Mesa Directiva de la Comisión a la Comisión Nacional del Agua o a la Comisión Federal de Electricidad, para considerar la posibilidad de generar un convenio con alguna institución educativa que permita la elaboración de mediciones más especificas para la región. Asimismo, se hacen modificaciones al contenido del mismo sugeridas por los diputados Carrillo Soberón y Alcérreca Sánchez.
f. Con relación al dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo relativa a las acciones realizadas por Pemex por la ruptura y explosión de ductos, el diputado Perdomo Bueno indica una adición al mismo, respecto al estudio sobre la reubicación de los ductos en los municipios afectados.
Agotados los asuntos presentados a los asistentes, se termina la reunión de trabajo a las catorce horas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de julio de 2004.
Por la Mesa Directiva de la Comisión de Energía
Diputados: Francisco Javier Salazar Díez
de Sollano, Presidente; Óscar Pimentel González, Manuel Enrique
Ovalle Araiza, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Francisco Javier
Carrillo Soberón, Juan Fernando Perdomo Bueno, Pablo Pavón
Vinales, secretarios (rúbricas).
DE LA COMISION DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE A SU DECIMOCUARTA REUNIÓN DE TRABAJO, LLEVADA A CABO EL MARTES 31 DE AGOSTO DE 2004
Con la Presidencia del diputado Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano.
Siendo las nueve horas con treinta minutos del día 31 de agosto de 2004, se reúnen en el salón B del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, a fin de lleve a cabo la decimocuarta reunión de trabajo de la Comisión de Energía, los siguientes ciudadanos
Diputados: Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano, Óscar Pimentel González, Pablo Pavón Vinales, Carla Rochín Nieto, Hidalgo Contreras Covarrubias, Jorge Luis Hinojosa Moreno, José Antonio de la Vega Asmitia, Jorge Martínez Ramos, Josefina Cota Cota, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Francisco Herrera León, Jesús Vizcarra Calderón, Raúl Pompa Victoria, Ricardo Rodríguez Rocha, Sergio Arturo Posadas Lara, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez.
Comprobado el quórum requerido, en términos del artículo 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado presidente procede al desahogo del siguiente
Orden del Día
El contenido de la exposición, considera los siguientes puntos:
Diputado Óscar Pimentel González. Expresa que en el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se tiene el interés de analizar los temas relacionados al desarrollo del Sector Energético, en consecuencia propone acelerar los trabajos de la Comisión de Energía, para avanzar en sus resultados legislativos.
Diputado Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano. En coincidencia con el interés del diputado Pimentel, propone la creación de un grupo de trabajo en la Comisión, a fin de organizar y avanzar en los temas prioritarios, entre ellos el de autonomía de gestión.
Diputado Jorge Martínez Ramos. Solicita información sobre las iniciativas turnadas a la Comisión de Energía, relacionadas con la autonomía de gestión y modificación al régimen fiscal de Pemex.
Diputado Víctor Alcérreca Sánchez. Manifiesta su apoyo a favor de elevar la eficiencia en Pemex, mediante la mayor captación de recursos y muestra dudas sobre la incorporación de la figura de consejeros independientes.
Doctor Juan José Suárez Coppel. Hace señalamientos más específicos sobre la incorporación de la figura de consejeros independientes, precisando su función.
Diputado Pablo Pavón Vinales. Retoma el tema de consejeros independientes y refiere que éstos tomarían el papel de un asesor.
Doctor Juan José Suárez Coppel. Aclara que los consejeros independientes no son asesores pues tienen capacidad de toma de decisión y estarían sujetos a rendición de cuentas.
Diputado Raúl Pompa Victoria. Solicita a la Presidencia de la Comisión las iniciativas de la LVIII, relativas a fortalecer la administración y eficiencia de Pemex.
Diputado Víctor Alcérreca Sánchez. Refiere que Pemex tiene una ineficiencia en la toma de decisiones debido a los problemas fiscales que tiene dicha empresa.
Diputado Pablo Pavón Vinales. Refiere que sería fundamental incorporar a Pemex a otro esquema de dirección para elevar su eficiencia.
Diputado Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano. Afirma que tras los infructíferos intentos por modificar el esquema de administración de Pemex, resulta indispensable que la Comisión de Energía en la LIX Legislatura es la que debe destrabar esas reformas.
Diputada Guadalupe Fonz Sáenz. Refiere que es indispensable analizar la vigencia y operatividad del contenido de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, verificar el trabajo de los comités alternos (intermediarios). Refiere además que es urgente un trabajo de comisiones unidas entre la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la Comisión de Energía para analizar la reforma fiscal en Pemex. Asimismo, sugiere que en la medida en que se incrementen los recursos asignados para Pemex, se mejorarán los pasivos existentes en los Estados y con ello se mejorarán las técnicas de sustentabilidad.
Diputado Sergio Arturo Posadas Lara. Manifiesta su resistencia de adoptar medidas para mejorar la administración y los recursos de Pemex, siempre que no se observen los ahorros que se pueden tener en dicha empresa, refiere como ejemplo la reparación de buques marítimos en el extranjero.
Diputado Víctor Alcérreca Sánchez. Refiere que es indispensable conseguir que se mantenga un precio promedio por barril en 25 dólares, para estabilizar el sector.
Diputado Óscar Pimentel González. Refiere que es indispensable el trabajo en conjunto dentro de la Comisión. Solicita el Código de Mejores Prácticas Corporativas de la CNBV y solicita adelantar la reunión de la Mesa Directiva.
Diputado Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano. Solicita que se concede un término de tres días para recibir observaciones de las actas anteriores así como de los dictámenes que ya habían sido discutidos y consensuados en la reunión de trabajo del 28 de julio de este año.
Agotados los asuntos del orden del día, se termina la reunión de trabajo a las once horas, cuarenta minutos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de agosto de 2004.
Por la Mesa Directiva de la Comisión de Energía
Diputados: Francisco Javier Salazar Díez
de Sollano, Presidente; Óscar Pimentel González, Manuel Enrique
Ovalle Araiza, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Francisco Javier
Carrillo Soberón, Juan Fernando Perdomo Bueno, Pablo Pavón
Vinales, secretarios (rúbricas).
DE LA COMISION DE ENERGIA, DE LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE ENERGÍA, LICENCIADO FERNANDO ELIZONDO BARRAGÁN, EFECTUADA EL MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2004
Con la Presidencia del diputado Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano.
Siendo las 17:15 horas, del día 22 de septiembre de 2004, se reúnen en el salón Legisladores de la República en el Palacio Legislativo de San Lázaro, para que tenga verificativo la comparecencia del secretario de Energía, licenciado Fernando Elizondo Barragán, como parte de la Glosa del IV Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada, con la asistencia de los siguientes ciudadanos
Diputados: Francisco Xavier Salazar Díez de Soriano, Manuel Enrique Ovalle Araiza, Francisco Javier Carrillo Soberón, Óscar Pimentel González, Pablo Pavón Vinales, Carla Rochín Nieto, Hidalgo Contreras Covarrubias, Jorge Luis Hinojosa Moreno, José Antonio de la Vega Asmitia, Manuel López Villarreal, Miguel Ángel Toscano Velasco, Ricardo Alegre Bojórquez, Rosa María Avilés Nájera, José Adolfo Murat Macías, Humberto Cervantes Vega, Raúl Pompa Victoria, Sergio Arturo Posadas Lara, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, Óscar González Yáñez.
Comprobado el quórum requerido, en términos del artículo 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procede al desahogo del siguiente
Orden del Día
Para dar cumplimiento al punto cuarto, fracciones II, IV y V, se inscriben para la primera ronda de preguntas y réplica, los siguientes ciudadanos diputados:
Desahogada la comparecencia del secretario de Energía, y agotados los asuntos señalados en el orden del día, finaliza la reunión de trabajo a las 20:41 horas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre
de 2004.
Al Foro de análisis sobre el marco jurídico del cooperativismo mexicano, que se realizará el miércoles 20 de octubre, a las 8:30 horas, en el hotel Emporio, sala Chopin, situado en Paseo de la Reforma número 124, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc.
Objetivo general: Someter a la consideración de un grupo selecto de expertos constitucionalistas, académicos y líderes históricos del cooperativismo mexicano el anteproyecto de iniciativa con proyecto de decreto para adicionar la fracción XXIX-N al artículo 73 constitucional, con objeto de establecer la facultad expresa del Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios en materia de cooperativas, como punto de partida para la reflexión más amplia en torno al marco jurídico del cooperativismo mexicano.
Dinámica del foro: Se trabajará bajo
un sistema de tres paneles, con la participación de tres conferencistas
por panel. Cada uno de los panelistas dispondrá de un tiempo máximo
de exposición de 20 minutos, existiendo al final de las tres presentaciones
un periodo de preguntas y respuestas con el público; agotado esto
último, se abrirá un receso de 15 a 20 minutos previos a
la instalación del siguiente panel.
Programa
Panel número I
8:30 a 9:00 horas: Registro de participantes.
9:00 a 9:15 horas: Sesión inaugural.
9:15 a 11:00 horas: Panel número 1.
Panelistas:
1) Profesor Florencio Eguía Villaseñor,
líder histórico del Movimiento Nacional de Cajas Populares.
2) Licenciado Eduardo Miranda Esquivel, Presidente de
la Unión de Juristas de México, AC.
3) Licenciada Edna Barba y Lara, asesora de la Secretaría
de Servicios Parlamentarios de la H. Cámara de Diputados.
Panel número II
(11:00 a 13:00 horas)
Panelistas:
1) Licenciado Antonio Salinas Puente, experto en derecho
constitucional, autor del libro Derecho Cooperativo, editorial ECLAL,
1954.
2) Licenciado José Sandoval Ulloa, maestro emérito
de la Facultad de Derecho de la UNAM.
3) Doctor Eduardo José Torres Maldonado, especialista
en derecho constitucional y social, académico de la UAM y miembro
del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt.
Panel número III
(13:00 a 15:00 horas)
Panelistas:
1) Luis Ugalde Monroy, líder moral del cooperativismo
nacional.
2) Diputado federal Jaime Moreno Garavilla, Presidente
de la Comisión de Participación Ciudadana de la H. Cámara
de Diputados.
3) Licenciado Mario Ruiz de Chávez, ex diputado
federal, autor del libro La cooperativa: contribución a la crítica
de las formas autogestionarias de organización social y actualmente
catedrático de la ENEP Acatlán.
Atentamente
Dip. Francisco Javier Saucedo Pérez
Presidente
DE LA COMISION DE TRANSPORTES
A su reunión mensual de trabajo, que tendrá lugar el miércoles 20 de octubre, a las 8:30 horas, en los salones 1 y 2 del edificio B, planta baja.
Orden del Día
DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Conjuntamente con las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Seguridad Pública, y el Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, a la Reunión nacional de análisis y propuestas para las reformas al sistema de justicia penal mexicano, que se llevará a cabo el miércoles 20 de octubre, a las 9 horas, en el salón de protocolo del edificio C, con la participación de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia y la Procuraduría General de la República.
Atentamente
Dip. Rebeca Godínez y Bravo
Presidenta
DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
A su reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 20 de octubre, a las 9 horas, en la sala de juntas de la Comisión de Relaciones Exteriores (edificio D, planta baja).
Orden del Día
3. Propuestas de dictamen:
De la Subcomisión de Rezago Legislativo;
De la Subcomisión de Proyectos de Ley, de Decreto
y de Dictamen, iniciativa que adiciona el artículo 26, párrafo
2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; y
De la Subcomisión de Letras de Oro y Consultas,
propuesta de fecha para que se inscriba con letras de oro en el Muro de
Honor de la Cámara de Diputados el nombre de "Nezahualcóyotl"
e iniciativa de Ley para que se Cree el Comité del CVC Aniversario
de la Instalación del Primer Ayuntamiento del México Independiente,
el 17 de septiembre de 1810, en la villa de San Miguel el Grande, hoy San
Miguel de Allende, Guanajuato.
4. De la Subcomisión de Foros, Eventos y Actividades
Editoriales:
Proyecto para serie de cuadernillos; y
Propuesta de foros.
5. Comunicaciones:
De la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados,
con la que da cuenta de las adecuaciones de comisiones y comités;
y
6. Asuntos generales:
Diputados faltantes del PAN y del PVEM.
DE LA COMISION DE REFORMA AGRARIA
A su reunión plenaria, que se efectuará el miércoles 20 de octubre, a las 10 horas, en el salón A del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
4. Minuta:
Sobre la Procuraduría Agraria (dictaminar).
5. Iniciativas:
5.1. Reforma al artículo 17 de la Ley Orgánica
de los Tribunales Agrarios (dictaminar); y
5.2. Reforma al artículo 94 de la Ley Agraria,
en materia de expropiación (información avances).
6. Punto de acuerdo:
Para solicitar la comparecencia de diversos funcionarios
ante la problemática en la zona selva Lacandona (información).
7. Comparecencia del C. secretario de la Reforma Agraria
en la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno (información).
8. Presupuesto de Egresos de la Federación de
2005 (información).
9. Asuntos generales:
9.1. Página web de la Comisión.
DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
A su reunión de trabajo con el CP Víctor Manuel Borras Setién, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que se llevará a cabo el miércoles 20 de octubre, a las 10:30 horas, en la sala de juntas de la diputación del sector obrero (edificio B, primer piso).
Atentamente
Dip. Enrique Burgos García
Presidente
DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA REFORMA DEL CONGRESO
A su reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 20 de octubre, a las 11 horas, en el salón de reuniones de la Junta de Coordinación Política, situado en el segundo piso del edificio H.
Atentamente
Dip. Sami David David
Presidente
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A su décima sesión ordinaria, que tendrá lugar el miércoles 20 de octubre, a las 12 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
DE LA COMISION DE EDUCACION PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS
A la reunión de trabajo de la Subcomisión de Educación Superior y Postgrado, que se efectuará el miércoles 20 de octubre, a las 12 horas, en la sala 2 del edificio B, planta baja.
Orden del Día
IV. Revisión y análisis sobre las dos iniciativas
entregadas con anterioridad en la oficina de cada diputado, según
acuerdo de asignación para su estudio previo y entrega de conclusiones.
Ley General para el Ejercicio de las Profesiones, por
el diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, asignada al diputado Norberto
Corella Torres.
Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversos artículos de la Ley Reglamentaria del artículo 5º,
asignada al diputado Felipe de Jesús González Díaz
y al diputado Salvador Martínez Della Rocca.
V. Asignación de la iniciativa que reforma la Ley
General de Educación, a fin de crear las becas laborales para egresados
de las instituciones de educación superior, presentada por el diputado
Francisco A. Espinoza Ramos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
VI. Asuntos generales.
DEL GRUPO DE AMISTAD MEXICO-POLONIA
A su reunión de instalación, que se efectuará el miércoles 20 de octubre, a las 13 horas, en el salón de protocolo del edificio A.
Atentamente
Dip. José Ángel Córdova Villalobos
Presidente
DE LA COMISION DE EDUCACION PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS
A su reunión plenaria, que tendrá verificativo el miércoles 20 de octubre, a las 13:30 horas, en el salón Libertadores (edificio H, primer nivel) del Palacio Legislativo.
Orden del Día
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A su reunión plenaria, que tendrá verificativo el miércoles 20 de octubre, a las 14 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán
Presidenta
DE LA COMISION DE RECURSOS HIDRÁULICOS
A su duodécima reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 20 de octubre, a las 16:30 horas, en la zona C del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. Jesús Vizcarra Calderón
Presidente
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDÍGENAS
A la reunión de trabajo que sostendrá con la secretaria de Desarrollo Social, licenciada Josefina Vázquez Mota, el miércoles 20 de octubre, a las 17 horas, en el salón de protocolo situado en el edificio A, planta principal, del Palacio Legislativo.
Atentamente
Dip. Javier Manzano Salazar
Presidente
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ENERGIA, ESPECIAL INVESTIGADORA DEL DAÑO ECOLÓGICO Y SOCIAL GENERADO POR PEMEX, Y ESPECIAL DE LA CUENCA DE BURGOS
A la comparecencia del ingeniero Raúl Muñoz Leos, director general de Petróleos Mexicanos, que se verificará el miércoles 20 de octubre, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República.
Atentamente
Dip. Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano
Presidente de la Comisión de Energía
Dip. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz
Presidenta de la Comisión Especial investigadora
del daño ecológico y social generado por Pemex
Dip. Humberto Cervantes Vega
Presidente de la Comisión Especial de la Cuenca
de Burgos
DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
A su sesión ordinaria, que tendrá verificativo el jueves 21 de octubre, a las 8:30 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
DE LA COMISION DE SALUD
A la 2ª jornada de vacunación contra la hepatitis B, que se realizará el jueves 21 de octubre, de las 9 a las 21 horas, en el vestíbulo del edificio E.
Atentamente
Dip. José Ángel Córdova Villalobos
Presidente
DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA EVALUACION DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
A su cuarta reunión ordinaria de trabajo, que tendrá verificativo el jueves 21 de octubre, a las 10:30 horas, en la sala 64, situada en el tercer piso del edificio B.
Orden del Día
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A la comparecencia del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, doctor Santiago Levy Algazi, que se efectuará el jueves 21 de octubre, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde) -edificio A, segundo piso- de la Cámara de Diputados.
Atentamente
Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ENERGÍA
A su reunión de trabajo, que se efectuará el jueves 21 de octubre, a las 17 horas, en los salones C y D del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. Gustavo Madero Muñoz
Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito
Público
Dip. Francisco X. Salazar Díez de Sollano
Presidente de la Comisión de Energía
DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
A la reunión de trabajo que sostendrá con el Centro de Políticas Agrícolas y Alimenticias de la Universidad de Texas A&M -constituido por el Congreso de Estados Unidos-, con la participación de los doctores Ronald D. Knutson, profesor emérito de dicho Centro -del que fue director durante 20 años-, y René Ochoa, coordinador internacional de Proyectos, el jueves 21 de octubre, a las 17 horas, en el salón Libertadores (edificio H, primer piso) del Palacio Legislativo.
Atentamente
Dip. Víctor Suárez Carrera
Presidente
DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL
A petición de los diputados integrantes de la Junta Directiva de ésta Comisión, se modifica la fecha de la convocatoria a la séptima reunión plenaria, la cual se llevará a cabo el próximo viernes 22 de octubre a las 9:30 horas, en el salón B del edificio G del restaurante Los Cristales.
Se recuerda a los CC. diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal que, de acuerdo con la práctica que se sigue en esta Comisión, se da un término de 20 minutos de espera para que haya quórum y, en su caso, iniciar la sesión.
Orden del Día
3. Dar cuenta del proyecto de modificación del
Estatuto del Distrito Federal para dotar de personalidad jurídica
y patrimonio a las delegaciones.
4. Dar cuenta de la propuesta con punto de acuerdo mediante
el cual la Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicita se realicen
acciones que incrementen sustancialmente el presupuesto de salud asignado
al Gobierno del Distrito Federal.
5. Dar cuenta del acuerdo de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal relativo a la desconcentración educativa integral
para el Distrito Federal para que no solo se transfiera a las entidades
locales los servicios educativos, sino también la administración
de los recursos financieros necesarios para una educación pública
de calidad.
6. Dar cuenta del punto de acuerdo para reiterar al Congreso
de la Unión el exhorto a que se incluya al Distrito Federal en el
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para el ejercicio
fiscal de 2005. Remite la Asamblea del Distrito Federal.
7. Dar cuenta de la iniciativa que reforma el inciso
a) del sexto párrafo del artículo 37 del Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal, presentada por el diputado Jorge Legorreta Ordorica
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
8. Dar cuenta de la iniciativa que adiciona un artículo
decimoséptimo transitorio al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal,
presentada por el diputado Jorge Legorreta Ordorica del grupo parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México.
9. Fecha de instalación y programa de trabajo para
las diversas subcomisiones.
10. Metodología para integrar los trabajos y hacer
más eficiente su desempeño.
11. Informe sobre las conferencias magistrales durante
el mes de septiembre.
12. Asuntos generales.
13. Clausura.
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL
A la presentación del libro América Latina: crisis del Estado clientelista y la construcción de repúblicas ciudadanas, de Miguel Sobrado y Juan José Rojas, secretario técnico de la Comisión, que se verificará el lunes 25 de octubre, a las 11 horas, en la zona C del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. Francisco Javier Saucedo Pérez
Presidente
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL
A su undécima sesión plenaria ordinaria, que se llevará a cabo el martes 26 de octubre, a las 9 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
4.- Informe de dictámenes e iniciativas legislativas
elaborados:
a) Ley de Educación.
b) Punto de acuerdo para apoyar la Cooperativa Pascual.
c) Punto de acuerdo para exhortar a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación para 2005 se incluya una partida especial
de fomento cooperativo.
d) Iniciativa de decreto que adiciona el Título
III-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la fracción VIII del
artículo 95 del Código Fiscal de la Federación y el
artículo 389 Bis A del Código Penal Federal.
e) Iniciativa con proyecto de decreto para adicionar la
fracción XXIX-N al artículo 73 constitucional, con objeto
de establecer la facultad expresa del Congreso de la Unión para
expedir leyes que establezcan la conveniencia del Gobierno Federal, de
los gobiernos de los estados y de los municipios en materia de cooperativas.
f) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un
inciso e) a la fracción III del artículo 19 de la Ley Orgánica
del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.
5.- Segundo informe semestral de la Comisión de
Fomento Cooperativo y Economía Social.
6.- Propuesta del plan de trabajo 2005 de la Comisión
de Fomento Cooperativo y Economía Social.
7.- Asuntos generales:
a) Invitaciones.
DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Al foro Alternativas sociales, que se llevará a cabo el miércoles 27 de octubre, de las 9 a las 16 horas, en el auditorio norte del Palacio Legislativo.
Atentamente
Dip. Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán
Presidenta
DE LA COMISION ESPECIAL ENCARGADA DE COADYUVAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DEL SUR-SURESTE DE MÉXICO
A su novena sesión ordinaria, que tendrá verificativo el miércoles 27 de octubre, a las 10 horas, en el salón Fundadores (edificio H, cuarto piso) del Palacio Legislativo.
Orden del Día
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, Y DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A la comparecencia del C. secretario de Relaciones Exteriores, doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, que se verificará el miércoles 27 de octubre, a las 10 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).
Atentamente
Dip. Adriana González Carrillo
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores
Dip. Juan Antonio Guajardo Anzaldúa
Presidente de la Comisión de Población,
Fronteras y Asuntos Migratorios
DEL COMITE DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
A su cuarta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 27 de octubre, a las 10 horas, en el salón Libertadores (edificio H, primer nivel).
Atentamente
Dip. Víctor Suárez Carrera
Presidente
DE LA COMISION DE MARINA
A su reunión de trabajo con el secretario de Marina, Almirante Marco Antonio Peyrot González, para tratar asuntos relativos a la Armada de México, que se verificará el miércoles 27 de octubre, a las 11 horas, en el salón de protocolo del edificio C.
Atentamente
Dip. Sebastián Calderón Centeno
Presidente
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
A su vigésima reunión ordinaria, que se verificará el miércoles 27 de octubre, a las 15 horas, en la sala de juntas de la Comisión (edificio D, segundo nivel).
Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A la comparecencia del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, licenciado Benjamín González Roaro, que se realizará el miércoles 27 de octubre, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde) -edificio A, segundo piso- de la Cámara de Diputados.
Atentamente
Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A la reunión de su Junta Directiva, que se efectuará el jueves 28 de octubre, a las 8:30 horas, en el salón A del edificio G (Los Cristales).
Atentamente
Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión ordinaria, que se efectuará el jueves 28 de octubre, a las 16 horas, en el salón E del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL
A su reunión de trabajo con el presidente de la Consar, que se efectuará el jueves 4 de noviembre, a las 17 horas, en el salón B del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
En el título de la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al gobernador constitucional de Veracruz, licenciado Miguel Alemán Velasco, a abstenerse de realizar manifestaciones de carácter público que agravien a los actores y partidos políticos distintos de los de su propia filiación partidista, a cargo del diputado Sergio Penagos García y publicada en la Gaceta Parlamentaria número 1608-II, correspondiente al anexo II del martes 19 de octubre
Dice:
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobernador constitucional de Veracruz, licenciado Miguel Alemán Velasco, a abstenerse de realizar manifestaciones de carácter público que agravien a los actores y partidos políticos distintos de los de su propia filiación partidista, a cargo del diputado Sergio Penagos García, del grupo parlamentario del PRI.
Debe decir:
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobernador
constitucional de Veracruz, licenciado Miguel Alemán Velasco, a
abstenerse de realizar manifestaciones de carácter público
que agravien a los actores y partidos políticos distintos de los
de su propia filiación partidista, a cargo del diputado Sergio Penagos
García, del grupo parlamentario del PAN.