Gaceta Parlamentaria, año VII, número 1605-III, jueves 14 de octubre de 2004

Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 1605-III, jueves 14 de octubre de 2004.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de que en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se disponga el otorgamiento de un estímulo fiscal a las empresas dedicadas a producir cine, suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.
Con punto de acuerdo, para exhortar al procurador de Justicia del estado de Tamaulipas a agilizar las acciones y diligencias conducentes a esclarecer los asesinatos contra periodistas en dicha entidad, a cargo de la diputada Gisela Juliana Lara Saldaña, del grupo parlamentario del PAN.

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a instaurar, en coordinación con el gobierno del estado de Michoacán y con los municipios de Pátzcuaro, Erongarícuaro, Quiroga y Tzintzuntzan, un programa de saneamiento de la cuenca del lago de Pátzcuaro, a cargo del diputado Miguel Amezcua Alejo, del grupo parlamentario del PRI.
Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se destinen 150 millones de pesos a la conservación y el desarrollo de las ciudades mexicanas declaradas por la UNESCO patrimonio mundial, a cargo del diputado Rafael Flores Mendoza, del grupo parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, relativo a las carreteras concesionadas, a cargo del diputado Rogelio Rueda Sánchez, del grupo parlamentario del PRI.
Con punto de acuerdo, a fin de adicionar un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, a cargo del diputado Baruch Barrera Zurita, del grupo parlamentario del PAN.

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sagarpa a expedir las disposiciones jurídicas correspondientes a cada energético agropecuario, conforme lo dispone la Ley de Energía para el Campo, a cargo del diputado Inelvo Moreno Álvarez, del grupo parlamentario del PRD.
Con punto de acuerdo, mediante el cual el Pleno de la Cámara de Diputados aprueba el Acuerdo Nacional por el Agua y mandata a la Comisión de Recursos Hidráulicos que realice las acciones necesarias a fin de que lo suscriban los representantes de los diversos órdenes de gobierno, organizaciones interesadas y sociedad en general, a cargo del diputado Jesús Vizcarra Calderón, del grupo parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, para exhortar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a ajustarse en su resolución con motivo de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Baja California a los principios de legalidad, equidad y justicia, a cargo del diputado Hidalgo Contreras Covarrubias, del grupo parlamentario del PAN.
Con punto de acuerdo, para crear la comisión especial encargada de coadyuvar, vigilar y dar seguimiento al estado que guarda la empresa Agroindustrias del Balsas, SA de CV (Fertinal), a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que presente a esta soberanía el documento con acuse de recibo de la protesta formulada al Gobierno de Estados Unidos de América por la muerte de tres mexicanas ocurrida en la frontera norte el 23 de septiembre pasado, a cargo de la diputada Laura Elena Martínez Rivera, del grupo parlamentario del PRI.
Con punto de acuerdo, para exhortar a los municipios del país a incorporarse en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del PAN.

Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar a los Poderes Ejecutivos y a las Legislaturas locales a modificar los ordenamientos jurídicos para regular el procedimiento de autorización de interrupción del embarazo por violación y la prestación de los servicios de salud en esos casos, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del grupo parlamentario del PRD.
Con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2005 se consideren los recursos necesarios que el Ejecutivo federal destine a incrementar el patrimonio del Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, a cargo del diputado Víctor Félix Flores Morales, del grupo parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que exponga ante la Comisión del Distrito Federal de esta H. Cámara el estado que guardan las denuncias presentadas contra ex funcionarios del gobierno local, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del PAN.
Con punto de acuerdo, a efecto de que se asigne al Instituto Politécnico Nacional una partida presupuestal de 7 mil 500 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2005, a cargo del diputado Marcos Morales Torres, del grupo parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar al Ejecutivo federal que implante un programa de condonaciones fiscales y adeudos administrativos para rescatar las micro, pequeñas y medianas empresas, a cargo de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRI.
Con punto de acuerdo, para solicitar al jefe de Gobierno del Distrito Federal que convoque a sesiones ordinarias del Consejo de Protección Civil del Distrito Federal, a cargo del diputado Ernesto Herrera Tovar, del grupo parlamentario del PAN.

Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación aplique una auditoría técnica al organismo público Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a cargo del diputado Inelvo Moreno Álvarez, del grupo parlamentario del PRD.
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir al titular de la Sagarpa para que informe a esta Cámara respecto al estado que guardan los numerales que establecen diversas disposiciones sobre la operación del Programa Especial Concurrente, a cargo del diputado Arturo Robles Aguilar, del grupo parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Salud a llevar a cabo, en coordinación con instituciones educativas, de seguridad social y de salud, programas y acciones que impulsen una cultura de prevención del cáncer de mama entre la población estudiantil, a cargo de la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN.
Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales integre una subcomisión que atienda la problemática relacionada con la construcción de un relleno sanitario en la mina La Bezana, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplazar, mediante la Secretaría de Gobernación, la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, suscrito por los diputados Claudia Ruiz Massieu Salinas y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del PRI.
Con punto de acuerdo, para solicitar al director general del ISSSTE la construcción de una clínica en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a cargo del diputado Ramón González González, del grupo parlamentario del PAN.

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a verificar el estado físico de la autopista de El Sol, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del PRD.
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a conservar en su estructura orgánica la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica, así como a revisar los nuevos planes y programas de estudio del bachillerato tecnológico, a cargo del diputado Salvador Sánchez Vázquez, del grupo parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a las autoridades responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia en la frontera norte que se aboquen a generar condiciones de seguridad para la población, a cargo de la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN.
Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al secretario de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a concluir la tramitación del acuerdo por el que se autoriza a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, que comprenden la prestación de servicios de televisión restringida a través de redes cableadas, para prestar el servicio de transporte de señales de telefonía básica, a cargo de la diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, del grupo parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se destinen recursos suficientes a las mujeres del sector rural, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del grupo parlamentario del PRI.
Con punto de acuerdo, para exhortar a los ayuntamientos costeros del país a cumplir el Programa Nacional de Turismo 2000-2006, a cargo del diputado Raúl Leonel Paredes Vega, del grupo parlamentario del PAN.

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2005 se destine al menos 5 por ciento del presupuesto de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas al diseño, la instrumentación y la operación de un programa específico que atienda a desplazados internos indígenas, a cargo del diputado Bernardino Ramos Iturbide, del grupo parlamentario del PRD.
Con punto de acuerdo, para que se integre un grupo de diputados de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía que visite y atienda la problemática relacionada con la actividad minera en el estado de San Luis Potosí, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del PRD.

Excitativas

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Carlos Blackaller Ayala, del grupo parlamentario del PRI.

Proposiciones

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 SE DISPONGA EL OTORGAMIENTO DE UN ESTÍMULO FISCAL A LAS EMPRESAS DEDICADAS A PRODUCIR CINE, SUSCRITO POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Los suscritos, diputados de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los antecedentes, consideraciones y fundamentos que a continuación se detallan.

Antecedentes

1. Con el advenimiento del cine sonoro, únicamente tres países de América Latina consiguieron proyectar las imágenes de su realidad cultural, no sólo en las pantallas de su país, sino en algunas otras del resto del continente. Esto se debió a que organizaron métodos de producción de forma sistemática y constante. En las épocas de auge, Argentina produjo cerca de 50 películas al año, mientras que las cinematografías brasileña y mexicana rebasaron los 100 títulos cada una, siendo la mexicana la que mantuvo este nivel de producción un mayor número de veces.

2. A partir de la década de los cuarenta, México desarrolló una envidiable estructura industrial; como resultado de este avance, de 1931 a la fecha logró producir más de 4900 películas, cantidad que supera con creces la totalidad de la producción cinematográfica de habla hispana de estos 70 años.

3. En la actualidad, ante las circunstancias de apertura comercial mundial que se vive en el concierto de las naciones, la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte ha significado para nuestro país el inicio de una nueva era, en donde la premisa para nuestra industria cinematográfica nacional, se basa en el apoyo y orientación de las entidades gubernamentales.

4. Ante este escenario, en los últimos diez años, ha surgido en México una nueva concepción del cine nacional, permitiendo que gran número de películas mexicanas compitan hoy en día con las extranjeras, logrando incluso igualarlas en los montos de recaudación en taquillas.

5. No debemos olvidar que el cine es una expresión cultural que ha dado a conocer a México en el ámbito internacional, y resulta innegable que el cine mexicano está recuperando a su propio público, consideración que se demuestra con el hecho de que durante el año anterior, aproximadamente 14.7 millones de espectadores acudieron exclusivamente a ver películas mexicanas, constituyendo casi el 10 por ciento del público total que acudió a salas cinematográficas comerciales.

Consideraciones I. La etapa de prosperidad del cine nacional, que coincidió con la señalada "época de oro", declinó al finalizar la década de los cincuenta, debido a una suma de factores adversos. El primero de ellos se originó en la contracción del mercado doméstico, ante el empuje de otras cinematografías; el segundo, obedeció a la llegada de la televisión; el tercero y último -que tuvo las más graves repercusiones- se debió a la paulatina pérdida de los mercados de habla hispana, con el consecuente desplome del ingreso de divisas.

II. Fue así que de una floreciente industria de exportación, el cine mexicano se vio constreñido a una escasa recuperación comercial en su menguante mercado doméstico, que por disposición gubernamental, tenía congelado el precio del boleto de entrada a las salas de cine, situación que prevaleció durante más de treinta años.

III. A partir de la segunda posguerra, la producción de cine norteamericano se había incrementado de tal suerte que inundó a Europa y América Latina con películas de grandes presupuestos, precedidas de costosas campañas publicitarias, que eran financiadas por los grandes estudios de Hollywood.

IV. Para sobrevivir, la industria cinematográfica mexicana se vio precisada a reducir sus niveles de producción, lo que dio como resultado películas baratas, de escasa imaginación y con fórmulas repetitivas, salvo algunas honrosas excepciones.

V. No sobra mencionar las etapas de altibajos que ha vivido el cine mexicano; los factores que la ocasionan son múltiples y van desde las crisis económicas que ha vivido el país, pasando por la visión de los gobiernos en turno, de que su función consistía en propiciar el cine de calidad y no el abocarse al rescate de una industria estratégica para el desarrollo cultural y económico del país.

VI. De lo expuesto se evidencia el atraso que existe en la industria cinematográfica nacional, así como la ausencia de mecanismos fiscales y de cualquier índole que incentiven el desarrollo de la actividad cinematográfica en nuestro país; sin dejar de manifestar la ausencia de una política integral sobre una industria estratégica, como es la cinematográfica.

VII. Asimismo, debe destacarse que el artículo 3 de la Ley Federal de Cinematografía dispone que "Las empresas que promuevan la producción, distribución, exhibición y/o comercialización de películas nacionales o cortometrajes realizados por estudiantes de cinematografía, contarán con estímulos e incentivos fiscales que, en su caso, establezca el Ejecutivo Federal? Así mismo, las que promuevan la exhibición en cine clubes y circuitos no comerciales de películas extranjeras con valor educativo, artístico o cultural, o las que realicen el copiado, subtitulaje o doblaje en territorio nacional, contarán con los estímulos e incentivos referidos en el párrafo precedente."

VIII. En tal virtud, y a efecto de que la disposición indicada en el apartado anterior cobre plena vigencia y deje de ser letra muerta -como hasta ahora lo ha sido-, se propone adicionar el artículo 17 de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, a efecto de que se otorgue un estímulo fiscal a las empresas dedicadas a la producción de cine mexicano, brindándoles el apoyo del gobierno federal para la realización de sus operaciones, de modo que la importación temporal quede exenta del pago de impuestos de importación, del impuesto al valor agregado y, en su caso, de las cuotas compensatorias de las materias primas, maquinaria y equipo que se requieren para el desarrollo de sus actividades.

Por las razones antes expuestas, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que se adicione la fracción XV al artículo 17 de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 17. En materia de estímulos fiscales, durante el ejercicio fiscal de 2005, se estará a lo siguiente:

I. a XIV. .......

XV. Se otorga un estimulo fiscal a las empresas dedicadas a la producción de cine mexicano, consistente en que, para la realización de los proyectos cinematográficos, realicen importaciones temporales sin pago de impuesto de importación, de impuesto al valor agregado y, en su caso, de las cuotas compensatorias de la maquinaria y equipo para la realización de sus operaciones.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil cuatro.

Diputados: Francisco Agustín Arroyo Vieyra (PRI), Lorenzo Miguel Lucero Palma (PRI), Marcela Guerra Castillo (PRI), Manuel Gómez Morín Martínez del Río (PAN), Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (PRD), Javier Orozco Gómez (PVEM), Marcela González Salas y Petricioli (PRD) (rúbricas).

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL PROCURADOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A AGILIZAR LAS ACCIONES Y DILIGENCIAS CONDUCENTES A ESCLARECER LOS ASESINATOS CONTRA PERIODISTAS EN DICHA ENTIDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA GISELA JULIANA LARA SALDAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La que suscribe diputada federal Gisela Juliana Lara Saldaña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados de este H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta H. asamblea, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al procurador del Estado de Tamaulipas, se sirva agilizar las acciones y diligencias necesarias para el esclarecimiento de los asesinatos de los periodistas del estado de Tamaulipas bajo las siguientes

Consideraciones

Hoy como nunca antes, los Derechos Humanos han alcanzado una importancia excepcional, En esta materia se aprecia un gran interés de la opinión pública nacional e internacional; los medios de comunicación subrayan diariamente noticias sobre actos que los niegan o los menosprecian.

La gran batalla por lograr el respeto de la dignidad humana en todos los frentes cobra nuevos impulsos y renovados alientos. El panorama mundial de grandes cambios no podía ser más propicio para afianzar logros positivos en el terreno legislativo y social y hacer de los Derechos Humanos la guía en las relaciones humanas a todos los niveles.

No obstante, también existen amenazas y desafíos para el progreso y desarrollo de una cultura democrática, cuyo sustento habrán de ser los derechos de las personas y la sociedad. Entre logros y retos, entre una sociedad civil que empuja fuertemente y un estado que presenta resistencias y obstáculos, el respeto a los derechos y libertades del hombre es el clamor sagrado de la humanidad.

Así lo establece la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) en su Artículo 13:

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. En el mismo sentido es reconocido este derecho fundamental, por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 19 señala que: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Este derecho fundamental de primera generación se encuentra garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así la libertad de expresión, y la de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, están garantizadas por los artículos Sexto y Séptimo de nuestra Constitución; de esta forma el Estado mexicano está obligado a garantizar la libertad de expresión de cualquier ciudadano mexicano y en particular la de los comunicadores de todo el país. Para los cuales esta libertad también representa su medio de trabajo.

Como es de todos conocido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano junto con los Tratados Internacionales suscritos por el Ejecutivo y aprobados por el Senado de la República, son Ley Suprema de la Federación.

México, es hoy en día un país en transición democrática donde la libertad de expresión ha experimentado pleno respeto para su ejercicio por parte del Gobierno Federal. Incluso al grado de ser victimas; muchas veces de los excesos de algunos medios de comunicación amarillistas; que abusan de este derecho difamando y ejerciendo en ocasiones de manera poco ética su libertad de expresión, sin embargo este avance a nivel del Gobierno Federal, no se observa en los gobiernos estatales, la censura y el control a los medios de información continúan bajo una vieja estructura casi intacta que se resiste a la crítica y al escrutinio público.

En el estado de Tamaulipas el ejercicio de las Garantías Individuales no se garantizan, existe un control de los medios a través de cuotas de publicidad y pagos a reporteros. No es infrecuente, por ejemplo que los boletines publicados como noticias sean pagados por oficinas y dependencias Estatales y Municipales.

Las actividades de la delincuencia en Tamaulipas, han sido dominada en los últimos años por el cartel del Golfo y por los Zetas, esta última una organización que actúa de manera coordinada con los personeros del Cártel, dirigida por desertores de Elite del Ejército Mexicano.

La delincuencia organizada y el narcotráfico han provocado un fenómeno de autocensura en los medios, ya que estos evitan la cobertura activa de tales temas como una forma de autoprotección o sobrevivencia.

El Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, Cefprodhac, con sede en Reynosa Tamaulipas e integrante de la Comisión En memoria, ha documentado 27 casos de ataques a periodistas desde 1999 a 2004, los delitos cometidos van desde lesiones, amenazas de muerte e incluso con asesinatos.

La recopilación es exclusivamente de los casos que han sido públicos, en los diez municipios fronterizos de Tamaulipas. Aunque han ocurrido otros ataques, éstos no han sido denunciados.

Es un hecho reprobable que en Estado de Tamaulipas no se garantice la libertad de palabra, una muestra de le violencia ejercida contra la libertad de expresión es el brutal asesinato del periodista Francisco Arratia Saldierna, ocurrido en la cuidad fronteriza de matamoros el martes 31 de agosto del 2004. Este es el tercer crimen en lo que va del año en el país, en contra de periodistas, y el segundo en el estado de Tamaulipas.

Los mexicanos condenamos estos hechos y exigimos, una investigación seria y profunda sobre estos acontecimientos, también requerimos acciones concretas y urgentes para proteger el ejercicio periodístico en todo el país y en particular en el Estado de Tamaulipas.

Finalmente, dada la importancia que reviste esta situación anteriormente expuesta, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta asamblea como de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorte al procurador del estado de Tamaulipas, se sirva agilizar las acciones y diligencias necesarias para el esclarecimiento de los asesinatos de los periodistas del estado de Tamaulipas, y sobre todo el ocurrido el pasado martes 31 de agosto de 2004.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2004.

Diputadas: Gisela Juliana Lara Saldaña, Maki Esther Ortiz Domínguez, María Antonia García Sanjinés (rúbrica).

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A INSTAURAR, EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Y CON LOS MUNICIPIOS DE PÁTZCUARO, ERONGARÍCUARO, QUIROGA Y TZINTZUNTZAN, UN PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL LAGO DE PÁTZCUARO, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL AMEZCUA ALEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Miguel Amezcua Alejo, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre ante esta soberanía para solicitar que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en coordinación con el gobierno del estado de Michoacán y los municipios de Pátzcuaro, Erongaricuaro, Quiroga y Tzintzuntzan a instrumentar un programa de saneamiento de la cuenca del lago de Pátzcuaro, Michoacán. Lo anterior se solicita en fundamento a los siguientes

Antecedentes

La cuenca del lago de Pátzcuaro, localizada en la parte central del estado de Michoacán es una de las regiones más notables del país debido a su importancia biológica, ecológica, cultural, histórica, escénica y arquitectónica. Asimismo, pertenece a la región hidrológica Lerma-Chapala-Santiago, una de las más grandes en América Latina.

La cuenca es de tipo endorreico con marcadas pendientes y abrupta topografía. Comprende el lago y el territorio que lo rodea, y tiene una extensión total aproximada de mil kilómetros cuadrados, de los cuales el 10% corresponde al espejo del lago. Está constituida por los municipios de Coeneo, Huiramba, Lagunillas, Nahuatzen, Tingambato, Erongarícuaro, Pátzcuaro, Quiroga, y Tzintzuntzan. Siendo estos cuatro últimos los municipios que circundan la cuenca, incluyendo igualmente las localidades de Pichátaro (Tingambato) y San Isidro (Nahuatzen).

Es una subprovincia neovolcánica tarasca, donde se observan gran cantidad de sierras y la presencia de alrededor de 150 pequeños volcanes. El clima es templado subhúmedo, con una temperatura media anual de 14-20°C, con una precipitación anual que va de 700 a 1400 mm, con una evapotranspiración de 800 milímetros.

Esta localizada en la porción sureste del altiplano mexicano, entre los 19°32? y 19°42? de latitud norte, y entre 101 °43? de longitud oeste, a una altura de 2,035 m.s.n.m.; el lago de Pátzcuaro es somero y tiene una longitud y anchura máxima de aproximadamente veinte y diez kilómetros, respectivamente, con su eje mayor alineado en dirección sureste-noreste.

Es un lago tropical de alta montaña con importantes variaciones en su profundidad, debido a su topografía y la permanente sedimentación de materiales acarreados por la acción del agua y el viento.

El lago presenta una alta diversidad ecológica: existen seis pisos altitudinales, ocho tipos de vegetación, cinco clases de climas, 14 paisajes morfoedafológicos y 18 diferentes tipos de suelo.

Por tratarse de una cuenca endorreica, el agua que llega al lago proviene únicamente de la precipitación pluvial, las escorrentías superficiales y los manantiales que afloran en su interior. Las pérdidas de agua son debidas a la evaporación, transpiración de las plantas y a las extracciones.

Los bosques están compuestos por varias especies de encinos, pinos y oyameles, con fuerte presencia de hierbas, arbustos, pastizales, matorrales subtropicales y desérticos micrófilos, especialmente asociaciones de huizache-mezquite. Asimismo, presenta vegetación halófila, acuática y subacuática.

El turismo, la pesca, el comercio, las actividades forestales y del campo, así como las pequeñas industrias son las principales fuentes de ingreso de la micro región. Las tierras agrícolas se sitúan principalmente en las riberas y laderas, ocupando aproximadamente 40% del paisaje de la cuenca. Los principales productos agrícolas incluyen maíz, fríjol avena, janamargo y lenteja.

De la población total de la cuenca, 63% se concentra en zonas urbanas y 27% en zonas rurales. Los hablantes de lengua purépecha representan el 23% de la población total distribuida en 24 comunidades, de las cuales cinco son isleñas, dos se encuentran en la montaña y 17 son ribereñas. De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la cuenca existen un total de 122 asentamientos poblacionales, entre los que se destacan la ciudad de Pátzcuaro, que concentra el 37.9% del total de la población de la cuenca y Quiroga con el 10.5%.

El crecimiento acelerado de estas dos ciudades en los últimos años ha provocado una desmedida demanda de servicios urbanos, los cuales aumentan la problemática generada por la expansión de la superficie agrícola y la actividad turística que producen una gran cantidad de desechos que se acumulan en diversos sitios o se emiten como descargas de contaminantes hacia las zonas ribereñas o entran al lago de tres maneras principales: A) mediante los emisores que conducen las aguas residuales municipales, generalmente vertidas y sin tratamiento previo; B) como consecuencia de las actividades humanas realizadas en la ribera del lago, las cuales producen desechos que contienen agroquímicos usados en agricultura, grasas y aceites empleados por los vehículos acuáticos, basura derivada de las actividades turísticas, etcétera, y C) a través de pequeños cauces de arroyos que arrastran agroquímicos y sólidos sedimentables desde las partes altas de la cuenca.

En fechas recientes se publico en los diarios que las aguas del lago de Pátzcuaro se encuentran contaminadas en un 70 por ciento por la degradación causada por la erosión y el arrastre de sedimentos, a consecuencia de la deforestación, y que a pesar de ello, los pobladores siguen pescando, lo cual puede generar problemas de salud porque los productos no están en buen estado y no existe un control por parte de las autoridades sanitarias.

Por lo anterior, y como un esfuerzo conjunto, el gobierno del estado de Michoacán, los gobiernos municipales de Pátzcuaro, Quiroga, Tzintzuntzan y Erongarícuaro, así como la Fundación Gonzalo Río Arronte (FGRA) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el 26 de febrero de 2003, en la comunidad de Napízaro, municipio de Erongarícuaro, Michoacán, firmaron el Convenio General de Colaboración para ejecutar acciones diversas orientadas hacia la recuperación ambiental de la cuenca del lago, a través del Programa para la Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, no obstante esto parece ser insuficiente.

La recuperación del lago se planeaba llevar a cabo en dos etapas: la primera, en el corto plazo, a ejecutarse durante el periodo 2003-2004 y, la segunda, a mediano plazo, de 2004 a 2007, pero ya estamos terminando el año y no vemos ningún avance.

Por lo anteriormente expuesto, como integrantes del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a su consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en coordinación con el gobierno del estado de Michoacán y los municipios de Pátzcuaro, Erongaricuaro, Quiroga y Tzintzuntzan a instrumentar un programa de saneamiento de la cuenca del lago de Pátzcuaro, Michoacán.

Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por conducto de la Comisión Nacional del Agua (CNA) a verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, NOM-001ECOL-1996 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales en aguas y bienes nacionales, en la cuenca del lago de Pátzcuaro, de conformidad a lo dispuesto por la fracción 6 de dicha norma.

Tercero: Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en coordinación con la Secretaría de Seguridad Publica (SSP) a implementar un operativo permanente de revisión en las carreteras de Michoacán para prevenir el trafico de madera clandestina.

Cuarto: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar un estudio de impacto ambiental que determine el estado actual que guarda la cuenca del lago de Pátzcuaro, Michoacán.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, el día 14 de octubre de 2004.

Dip. Miguel Amezcua Alejo (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 SE DESTINEN 150 MILLONES DE PESOS A LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES MEXICANAS DECLARADAS POR LA UNESCO PATRIMONIO MUNDIAL, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL FLORES MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las diputadas y diputados firmantes presentamos ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Cultura y de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados incorporen dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo ejercicio fiscal una asignación presupuestaria destinada al fortalecimiento, conservación y desarrollo de las Ciudades Mexicanas declaradas Patrimonio Mundial, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

1.- Que el 6 de noviembre del año en pasado un grupo de diputadas y diputados de las distintas fracciones parlamentarias representadas en esta Cámara conscientes de la necesidad de impulsar acciones a favor de las 9 ciudades mexicanas declaradas como Patrimonio Mundial por la UNESCO, propusimos al Pleno un punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2004 se canalizará se canalizará una cantidad no menor a 100 millones de pesos, a fin de contribuir a su preservación y mejoramiento;

2.- Que aquella propuesta resaltó que la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO contiene 787 bienes culturales, naturales y mixtos distribuidos en 133 países; que de entre esos países, México ocupa el octavo lugar en el mundo y el primero en el continente Americano al contar con 24 bienes culturales y naturales inscritos en dicha Lista; y que de esos 24 bienes nueve corresponden a los centros históricos de Puebla, Oaxaca, México-Xochimilco, Guanajuato y Minas Adyacentes, Morelia, Zacatecas, Querétaro, Tlacotalpan y Campeche. Así, el país ocupa el tercer lugar con mayor número de ciudades inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial, sólo superado por Italia que cuenta con 16 y España con 14;

3.- Que las nueve ciudades inscritas en el Patrimonio Mundial a diferencia de los otros 15 bienes culturales y naturales de nuestro país, presentan una problemática más compleja, en virtud de que son lugares vivos, donde a diario miles de seres humanos realizan sus actividades cotidianas, y en donde confluyen y en ocasiones se contraponen todo tipo de intereses;

4.- Que como primer punto de acuerdo aprobado por unanimidad en materia presupuestal, los Diputados de todos los partidos políticos representados en ésta Cámara , dimos un importante paso en el rescate de nuestro legado cultural iniciando la reversión del grave deterioro del que son objeto las nueve Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, al destinar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2004, noventa millones de pesos distribuidos en dos rubros: 40 millones en el Ramo 11, bajo el concepto "Ciudades Patrimonio Cultural"; y 50 millones de más en Ramo 20, en el Programa Hábitat Centros Históricos. Con lo que el Estado mexicano cumplió, aunque de manera incipiente, con la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural que suscribió en 1984, donde asumió el compromiso internacional de trabajar por el ciudadano del patrimonio situado en su territorio hasta el máximo de sus recursos y capacidades;

5.- Que los 90 millones de pesos asignados por esta soberanía se han multiplicado hasta alcanzar los 250 millones de pesos al adicionárseles las aportaciones estatales y municipales aplicándose en mas de 60 obras que van desde cableado subterráneo, iluminación escénica, restauración de fuentes, monumentos, edificios y fachadas; hasta el mejoramiento de parques, plazas, callejones, mercados y panteones; y el equipamiento de mobiliario urbano;

6.- Que hoy, a casi un año, los primeros resultados están a la vista y se aprecian en la nueva fisonomía que presenta cada uno de los nueve centros históricos. De esta transformación dan testimonio los diputados Federales originarios de esas Ciudades aquí presentes, así como sus habitantes y los millones de visitantes que se han asombrado al constatar las obras de rescate y puesta en valor; entre las que destacan: el mejoramiento del parque de Santa Ana en Campeche; la intervención en el ex templo de Corpus Cristi en la Ciudad de México; la restauración de las Antiguas Casas Reales (hoy sede de la Presidencia Municipal), y del órgano tipo barroco español del templo de San Diego, en Guanajuato; el rescate de la Plaza Valladolid en la Ciudad de Morelia; el mejoramiento de Imagen urbana del Callejón Boca del Monte en la Ciudad de Oaxaca; rescate de los portales del zócalo de la Ciudad de Puebla; cableado subterráneo en la Av. Juárez frente al teatro de la República en la Ciudad de Querétaro; Restauración de la parroquia de Tlacotalpan Veracruz y Restauración de la antigua Alhóndiga, iluminación del Cerro de la Bufa y del Templo de Nuestra Señora de Fátima en la Ciudad de Zacatecas, entre otros;

7.- Que los recursos aprobados no sólo han beneficiado al sector cultural y artístico, sino que también han fortalecido la actividad económica y turística de las Ciudades beneficiando a prestadores de servicios, industriales gastronomicos y hoteleros, taxistas, guías de turistas y en general a todos los involucrados en la atención de visitantes nacionales y extranjeros, estimulando la creación de un importante número de fuentes de empleo; así como la captación de divisas y recursos fiscales;

8.- Que pese a lo alentador de los primeros resultados no podemos estar satisfechos. Es necesario incrementar nuevos programas y destinar recursos adicionales a la conservación, promoción y desarrollo de estas nueve ciudades;

Por todo lo anteriormente expuesto las suscritas diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios nos permitimos presentar ante esta Honorable Asamblea la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución para que:

Primero.- Que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Cultura, Turismo y Desarrollo Social en el momento de analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo ejercicio fiscal y con base en el análisis de la situación de las Ciudades Mexicanas declaradas Patrimonio Mundial, determinen una asignación presupuestaria especifica adicional para su rescate, conservación, promoción y desarrollo, que dado el estado en que se encuentran no deberá de ser inferior a los 150 millones de pesos.

Segundo.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que con el concurso de las autoridades locales instrumente políticas para la restauración, conservación, protección y desarrollo de las ciudades mexicanas inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en atención a los compromisos asumidos por nuestro país en la suscripción de la Convención en 1984.

No detengamos el paso ahora que nuestra Iniciativa comienza a rendir frutos. Estamos obligados a no relajar el esfuerzo. Vamos por buen camino. Démosle a nuestro pasado, un mejor futuro.

Diputados: Rafael Flores Mendoza, Francisco Arroyo Vieyra, José Isabel Trejo Reyes, Jesús Martínez Alvarez, Wintilo Vega Murillo, José Luis Medina Lizalde, Arturo Nahle García, Rafael Candelas Salinas, María Elba Garfias Maldonado, Marbella Casanova Calam, Jesús Porfirio González Schmal, Socorro Díaz Palacios, Guillermo Huízar Carranza, Nancy Cárdenas Sánchez, María Angélica Díaz del Campo, Clara Marina Brugada Molina, María de los Dolores Padierna Luna, Jorge Uscanga Escobar, Ernesto Alarcón Trujillo, Gonzalo Guízar Valladares, Marco Antonio Torres Hernández, Pablo Anaya Rivera, Romulo Isael Salazar Macías, Carlos Flores Rico, Fidel René Meza Cabrera, María del Carmen Izaguirre Francos, José López Medina, Francisco Javier Guízar Macías, José Luis Flores Hernández, Óscar Pimentel González, Alfonso Juventino Nava Díaz, Benjamín Sagahón Medina, Luis Antonio Ramírez Pineda, José Lamberto Díaz Nieblas, Filemón Primitivo Arcos Suárez Peredo, Juan Bustillos Montalvo, Gustavo Moreno Ramos, Martín Carrillo Guzmán, Marko Antonio Cortés Mendoza, Ramón Galindo Noriega, María Sara Rocha Medina, Ángel Augusto Buendía Tirado, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Enrique Burgos García, Roberto Rafael Campa Cifrián, Enrique Ariel Escalante Arceo, Adrián Víctor Hugo Islas Hernández, José Luis García Mercado, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Juan Manuel Dávalos Padilla, María Marcela González Salas y Petricioli, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, Leonardo Álvarez Romo, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Alejandra Méndez Salorio, María Ávila Serna, Raúl Piña Horta, Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, Alejandro Agundis Arias, Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, Campos Eugenio Mier y Concha, Luis Felipe Madrigal Hernández, Alfredo Villegas Arreola, Omar Bazán Flores, Juan Carlos Pérez Góngora, Consuelo Muro Urista, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Nora Elena Yu Hernández, Raúl Pompa Victoria, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, José Mario Wong Pérez, Jaime Fernández Saracho, Laura Elena Martínez Rivera, Sergio Armando Chávez Dávalos, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Óscar Rodríguez Cabrera, Quintín Vázquez García, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, María Esther de Jesús Scherman Leaño, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Julio César Córdova Martínez, Rafael Galindo Jaime, María Viola Corella Manzanilla, Pablo Antonio Villanueva Ramírez, Francisco Javier Lara Arano, Luis Andrés Esteva Melchor, José Guadalupe Osuna Millán, José Felipe Puelles Espina, Francisco Xavier López Mena, Marco Antonio Gama Basarte, Felipe de Jesús Díaz González, Mario Ernesto de San Alberto Magno Dávila Aranda, Francisco Isaias Lemus Muñoz Ledo, Alfonso Moreno Morán, Norma Patricia Saucedo Moreno, María Angélica Ramírez Luna, Francisco Javier Saucedo Pérez, Eliana García Laguna, Jorge Martínez Ramos, Adrián Chávez Ruiz, Francisco Chavarría Valdeolivar, Juan García Costilla, Margarito Fierros Tano, César Antonio Chávez Castillo, Juan Pérez Medina, Reynaldo Francisco Valdés Manzo, Isidoro Ruiz Argáiz, Víctor Lenin Sánchez Rodríguez, Omar Ortega Alvarez, Irma Sinforina Figueroa Romero, Javier Manzano Salazar, Bernardino Ramos Iturbide, J. Miguel Luna Hernández, Gelacio Montiel Fuentes, Josefina Cota Cota, Rosa María Avilés Nájera, Martha Lucía Mícher Camarena, Inti Muñoz Santini, Rocío Sánchez Pérez, René Arce Islas, Antonio Mejía Haro, Elpidio Tovar de la Cruz, Luis Eduardo Espinoza Pérez, Francisco Javier Carrillo Soberón, Ana Lilia Guillén Quiroz, Salvador Pablo Martínez Della Rocca, María Guadalupe Morales Rubio, Abdallán Guzmán Cruz, Agustín Rodríguez Fuentes, Minerva Hernández Ramos, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita, Edgar Torres Baltazar, Yadira Serrano Crespo, Carlos Hernán Silva Valdés, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Tomás Cruz Martínez, Francisco Javier Obregón Espinoza, Javier Salinas Narváez (rúbricas)

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LAS CARRETERAS CONCESIONADAS, A CARGO DEL DIPUTADO ROGELIO RUEDA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Antecedentes

1. El 27 de agosto de 1997, mediante decreto presidencial, se implementó el Programa de Rescate Carretero para las autopistas que habían sido concesionadas por el Gobierno Federal a empresas privadas.

2. En esa fecha se constituyó en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, (Banobras), SNC, el Fideicomiso 1936 denominado de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), cuyo fin es cubrir la indemnización a los concesionarios y administrar los recursos provenientes de los caminos y puentes rescatados, explotar, administrar y operar las autopistas de cuota rescatadas, así como emitir títulos de crédito para solventar las obligaciones derivadas del rescate carretero.

3. Estas carreteras se otorgaron en concesión a Banobras, quien además es la institución fiduciaria del Fideicomiso 1936, por lo que la misma institución actúa como fiduciario y fideicomitente.

4. El Fideicomiso 1936 es un fideicomiso público no paraestatal, cuyo presupuesto no se regula por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público ni por el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que la revisión y autorización de los programas corresponde exclusivamente a su Comité Técnico y no al H. Congreso de la Unión.

5. Basado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la vigilancia de las actividades financieras de este fideicomiso se limita exclusivamente a una revisión por el fiduciario Banobras, por lo que la actividad de la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de sus programas y el cumplimiento de los mismos se ve seriamente limitada.

6. La autoridad máxima del Fideicomiso 1936 es el Comité Técnico, en donde se toman las decisiones financieras, operativas y técnicas de los caminos y puentes que pertenecen a esa red. En dicho fideicomiso participan como integrantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien preside dicho Comité y cuenta con dos votos, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos en su carácter de concesionario con un voto y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con un voto. Participan además con voz pero sin voto, la Secretaría de la Función Pública y la institución fiduciaria, en este caso la misma representación del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

7. De acuerdo con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgar las concesiones y permisos, vigilar su cumplimiento y resolver su revocación o terminación de las mismas; es responsabilidad de la misma Secretaría vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los servicios auxiliares, cumplan con los aspectos técnicos y normativos; asimismo le corresponde determinar las características y especificaciones técnicas de los caminos y puentes.

8. El organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), conforme a su decreto de creación tiene como objeto administrar y explotar por sí o a través de terceros, mediante concesión otorgada los caminos y puentes federales; llevar a cabo por sí o a través de terceros la conservación, reconstrucción y mejoramiento de los caminos y puentes; proponer las tarifas que se aplicarán para la explotación de las vías y los servicios que presta así como percibir y disponer de su ingreso conforme a su presupuesto.

Considerando

Que el FARAC actualmente recaba por concepto de ingresos de peaje aproximadamente 16,000 millones de pesos anualmente;

Que el Comité Técnico del FARAC destina 30% de estos ingresos para el mantenimiento y operación de los tramos carreteros, utilizando el 70% restante para el pago de obligaciones, además de un uso discrecional revisado y autorizado por ese órgano colegiado;

Que el fideicomitente Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito ha emitido deuda que cuenta con el aval del Gobierno Federal, y sin embargo no ha sido registrada como deuda pública, por lo cual se contraviene lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley General de Deuda Pública;

Que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos en su calidad de fiduciario responde únicamente hasta donde rinde el patrimonio del fideicomiso y en caso de que fueran insuficientes, el Gobierno Federal deberá hacer frente a los compromisos;

Que sin el conocimiento de este H. Congreso, han sido transferidas al FARAC las concesiones de los principales tramos carreteros a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, lo cual excede el objeto por el que fue constituido el citado fideicomiso;

Que la deuda del Fideicomiso 1936 asciende actualmente a más de 157,000 millones de pesos, de los cuales sólo 103,000 millones corresponden a aspectos de infraestructura carretera; y el resto, a requerimientos de ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Que, de acuerdo con las proyecciones financieras y con los flujos que por ingresos se recaba en los tramos carreteros, la deuda será amortizada en su totalidad en un plazo de alrededor de 17 años;

Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la dependencia responsable de otorgar, revocar o terminar las concesiones;

Que para la operación y conservación de los tramos carreteros Banobras celebró un contrato de prestación de servicios con Capufe, cuyas cláusulas y compromisos salen de los esquemas tradicionales de un contrato de prestación de servicios;

Que para la operación de los tramos carreteros del fideicomiso 1936, Capufe contrató a través de un tercero la administración de 3,600 empleados, cuya situación laboral es distinta a la plantilla de personal con la que cuenta el mismo Organismo para la operación y conservación de los tramos carreteros que tiene concesionados actualmente, por lo permanentemente existe la posibilidad de un conflicto laboral, ya que las prestaciones del personal administrado por un tercero son inferiores;

Que debido a que se trata de un fideicomiso público no paraestatal, existen restricciones presupuestales para la ejecución de programas de apoyo a comunidades afectadas por la construcción de vías de comunicación o comunidades que coadyuvan en la ejecución de programas de obra y mejoramiento de autopistas;

Que el organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos ha acumulado gran experiencia en la operación y conservación de los tramos carreteros que se le han encomendado y dicha función, por principio de congruencia y racionalidad, debe corresponder a la entidad de la administración pública federal creada para tal objeto; y

Que resulta impostergable y necesario que este H. Congreso de la Unión conozca los aspectos financieros y presupuestales de las autopistas de cuota a cargo de la administración pública federal, se propone la adopción del siguiente

Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, a dar por terminada de manera anticipada las concesiones de las autopistas del Fideicomiso 1936 (FARAC) constituido en dicha Sociedad Nacional de Crédito, a fin de asignarla al Organismo Descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a partir del 1 de enero de 2005.

Segundo. Se requiere a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe al H. Congreso de la Unión, los antecedentes, la composición y el destino de los pasivos de la deuda del fideicomiso 1936 constituido en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, y justifique las razones por las cuales dichos compromisos no han sido registrados como deuda pública y se tomen las medidas correctivas correspondientes.

Tercero. Las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión vigilarán que en la Ley de Ingresos de la Federación y en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se prevean, en lo relativo al Organismo Descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, los ingresos y egresos correspondientes a lo dispuesto en el presente acuerdo, conforme a las siguientes bases:

I. Se deberán incluir los recursos suficientes para la administración, operación y conservación de los tramos carreteros, así como los recursos que destinará el Organismo Descentralizado al cumplimiento de los compromisos del pago de deuda. Incluirá también programas de obra de beneficio social para las zonas con índices de alta marginación afectadas por la construcción o por el cruce de una autopista de cuota, o bien apoyos y programas de obra para aquellas comunidades que coadyuven en el desarrollo y mejoramiento de las propias autopistas;

II. El organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos deberá resolver la contingencia laboral que enfrenta, para lo cual las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública proveerán lo conducente para regularizar las plazas de los empleados cuya situación laboral es distinta a la del personal de la entidad;

III. Las obras y contratos que se encuentren vigentes a la fecha de término de la concesión a favor del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, serán asumidos hasta su conclusión y finiquito por el Organismo Descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos;

IV. La deuda emitida por el FARAC para aspectos de infraestructura carretera será asumida por el organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, y sus proyecciones de pago no deberán exceder el plazo de 17 años; y

V. De los ingresos generados, los recursos remanentes se utilizarán, con la autorización del H. Congreso de la Unión, para el desarrollo de la infraestructura carretera y de comunicaciones, a propuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Cuarto. Túrnese al Ejecutivo federal para los efectos correspondientes.

Dip. Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE ADICIONAR UN ARTÍCULO TRANSITORIO A LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005, A CARGO DEL DIPUTADO BARUCH BARRERA ZURITA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado federal Baruch Barrera Zurita, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo que tiene como objetivo solicitar que se adicione un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, al tenor de las siguientes

Consideraciones Constitucionales

1. El artículo 73 fracción XXIX-F de la Carta Magna, faculta al Congreso de la Unión: "Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional".

2. En tanto que el artículo 74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, confiere de manera exclusiva a la Cámara de Diputados las siguientes atribuciones: "Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior".

Antecedentes

Nuestro país cuenta con 12,456 kilómetros de litoral en los cuales se encuentran enclavados los 107 puertos que componen el sistema portuario mexicano. En estos 107 puertos se mueven anualmente 262 millones de toneladas de mercancía. Los datos anteriores reflejan el enorme potencial de nuestro país en materia de comercio marítimo, así como la importante infraestructura con la que contamos para atender dicha actividad, sin embargo, nos encontramos con una cruda realidad: la flota mercante mexicana cuenta con la exorbitante cantidad de una sola embarcación para realizar actividades de altura. Por ende, nuestro país carece por completo de embarcaciones suficientes para enfrentar las necesidades de cabotaje y navegación de altura de la marina mercante nacional. Esta situación obliga a nuestras autoridades a otorgar permisos temporales de navegación a embarcaciones de bandera extranjera, para cubrir la demanda de estos dos importantes mercados.

Uno de los pilares para la reactivación de las actividades de la marina mercante, es la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Navegación y Comercio Marítimos que fuera aprobada por unanimidad por esta soberanía el 12 de diciembre de 2002 en la LVIII Legislatura y que la Colegisladora nos regresó el pasado 15 de diciembre, cuyo trámite legislativo está pendiente en las Comisión de Marina de esta LIX Legislatura ya que fue dictaminada favorablemente por la Comisión de Transporte en su sesión de fecha 22 de abril del presente año. Sin embargo, esta ley per se, sólo es una herramienta que requiere de normas complementarias que coadyuven a la reactivación de las actividades de este importante subsector económico.

Los ejes rectores de dicha iniciativa son promover la adquisición y el abanderamiento de un número mayor de embarcaciones como mexicanas. Con el logro de este objetivo no sólo se incrementaría la flota mercante, sino que se generarían fuentes de empleo para los marinos mexicanos y se da plena vigencia a las disposiciones del artículo 32 Constitucional.

Exposición de Motivos

En virtud de la importancia que tiene la marina mercante para el desarrollo marítimo y portuario del país, estimamos como prioridad nacional, que se establezcan estímulos para impulsar la adquisición de embarcaciones por inversionistas y navieros mexicanos y, por tal motivo, proponemos que se exima de la obligación de pagar el Impuesto al Valor Agregado a las importaciones de barcos para transporte de mercancías y personas y, que dicha medida, se aplique a través de una disposición de vigencia anual, mediante la adición de un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005.

Consideramos que el principal beneficiario de la medida en comento será sin duda el país, ya que en lo últimos años la flota mercante nacional ha ido disminuyendo considerablemente, toda vez que la legislación mexicana no cuenta con incentivos para promover la importación de embarcaciones por el alto costo de las mismas, lo que desalienta a los inversionistas nacionales por las onerosas erogaciones que tienen que realizar.

Tenemos absoluta confianza en que este estímulo motivará que inversionistas y empresas nacionales que cuentan con capacidad para adquirir embarcaciones de mediano y gran calado para transportar personas o mercancías, realicen inversiones a mediano y largo plazo para sustituir los buques que por su edad y obsolescencia, no pueden hacer navegación de altura porque lo prohíben los tratados internacionales, además de que se convierten en un riesgo potencial de contaminación marina.

De igual manera, estamos ciertos de que esta medida impulsará la renovación de la flota petrolera cuya edad productiva ha caducado y que por ser embarcaciones de casco sencillo, no pueden realizar navegación de altura por la prohibición citada. Cabe mencionar, que directivos de Pemex y algunos empresarios de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo, han entablado negociaciones con astilleros de diferentes países de Europa para adquirir 10 embarcaciones para sustituir los buques tanque.

Estimamos pertinente, que la exención del impuesto en comento abarque a trasatlánticos, cruceros, transbordadores y barcos cargueros para el transporte de personas y/o mercancías, tenga una periodicidad anual y se incorpore en un artículo transitorio.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este honorable asamblea el siguiente decreto

Artículo Único. Se adiciona un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, para quedar como sigue:

"Artículo... Durante el ejercicio fiscal 2005, aquellos contribuyentes que importen barcos trasatlánticos, cruceros, transbordadores y barcos cargueros para el transporte de personas y/o mercancías, que presenten carta compromiso de abanderar a la brevedad posible dichas embarcaciones en México, gozarán de un estímulo fiscal equivalente al Impuesto al Valor Agregado que deban pagar en la aduana. Si no se cumpliere con el abanderamiento mexicano y con las disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, deberá pagarse el Impuesto al Valor Agregado mediante la declaración correspondiente". Dip. Baruch Barrera Zurita (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA SAGARPA A EXPEDIR LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS CORRESPONDIENTES A CADA ENERGÉTICO AGROPECUARIO, CONFORME LO DISPONE LA LEY DE ENERGÍA PARA EL CAMPO, A CARGO DEL DIPUTADO INELVO MORENO ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, conforme a las siguientes:

Consideraciones

El 30 de diciembre de 2002 fue publicada la Ley de Energía para el Campo, cuyo objetivo es coadyuvar al desarrollo rural del país, estableciendo acciones de impulso a la productividad y competitividad, como medidas de apoyo tendientes a reducir las asimetrías con respecto a otros países de conformidad con lo que establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Para cumplir con ese objetivo, el Ejecutivo federal establecería un Programa de Energía para el Campo, aplicando precios y tarifas de estímulo para los hidrocarburos y la energía eléctrica, empleados en actividades agropecuarias.

A su vez, la ley citada menciona que la cuota energética o volumen de consumo energético y los precios y tarifas, serían establecidos por la Sagarpa, en el Reglamento que de conformidad con el transitorio segundo, sería expedido por el Ejecutivo federal dentro de los 75 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la Ley.

Sin embargo, en contravención a lo anterior, hasta el 4 de diciembre de 2003, fue publicado el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo y el decreto que establece el "Programa Especial de Energía para el Campo".

En dicho reglamento, continua indeterminada la fijación de las cuotas energéticas, así como los precios y tarifas de estímulo, ya que en su articulado se hace referencia a que tales parámetros, serán fijados en "instrumentos jurídicos" para cada uno de los energéticos previstos en la Ley, que serían emitidos por la Sagarpa, dentro de los 45 días hábiles siguientes a la publicación. No obstante, a la fecha los instrumentos jurídicos mencionados aún no han sido publicados.

De los antecedentes referidos, se deduce una falta de voluntad política del Ejecutivo federal, expresada en la actitud de la Sagarpa, para aportar elementos de apoyo a los productores del campo, dado que después de 21 meses de promulgada la Ley de Energía para el Campo, aún no se deriva de la misma ninguna acción de impulso a la productividad y competitividad en el campo. Mientras tanto, se han dado acuerdos en tarifas de energía eléctrica, sin considerar el Programa de Energía para el Campo previsto en la ley citada y por tanto sin estar inscritos dentro de ese programa y con otra lógica.

La negligencia del Ejecutivo federal para completar las disposiciones jurídicas que de manera integral atiendan las necesidades del campo, infringe el mandato legal dictado por esta soberanía, en virtud de que el reglamento fue expedido un año después de aprobada la ley y, en el caso de los instrumentos jurídicos que habrán de fijar la cuota energética y el precio para cada uno de los energéticos agropecuarios, aún no son expedidos a pesar de que el mandato legal establece un plazo de 45 días siguientes al 4 de diciembre de 2003.

La situación de los productores del campo es sumamente grave, y por lo mismo, es el origen de diferentes reclamos y expresiones de inconformidad; siendo los gastos por energía uno de los componentes que en mayor medida contribuyen a los altos costos en que se incurre en la producción agrícola y que los excluye de la competencia.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la expedición en un plazo perentorio de los instrumentos jurídicos para cada energético agropecuario, de conformidad con el artículo 6º de la Ley de Energía para el Campo y los artículo 3º y 12 de su Reglamento.

Segundo.- Se exhorta al Ejecutivo federal a evaluar y hacer públicos los beneficios que los productores del campo han dejado de obtener por la ineficacia mostrada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, al no poner en marcha las disposiciones dictadas en la Ley de Energía para el Campo, concertando, además, acciones con los productores para resarcir los daños ocasionados.

Dip. Inelvo Moreno Alvarez (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS APRUEBA EL ACUERDO NACIONAL POR EL AGUA Y MANDATA A LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS QUE REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE LO SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES DE LOS DIVERSOS ÓRDENES DE GOBIERNO, ORGANIZACIONES INTERESADAS Y SOCIEDAD EN GENERAL, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS VIZCARRA CALDERÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los que suscribimos, diputados integrantes de los diferentes grupos parlamentarios que constituyen la LIX Legislatura federal, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que el Pleno de la Cámara de Diputados aprueba el Acuerdo Nacional por el Agua, y mandata a la Comisión de Recursos Hidráulicos a que a la brevedad realice las acciones necesarias para que lo suscriban los representantes de los diversos órdenes de gobierno, organizaciones interesadas y sociedad en general, al tenor de los siguientes

Considerandos

Que el agua es soporte de la vida; determina la preservación y equilibrio de los ecosistemas; es indispensable para el bienestar y la salud; y se constituye como recurso estratégico para el desarrollo de los países.

Que en los últimos 35 años se duplicó el consumo de agua en el mundo. Si el uso indiscriminado del recurso sigue su tendencia, para el 2025 la mitad de la población mundial vivirá en países donde más del 40% del agua se habrá agotado. Al día de hoy, ya han sido destruidos cerca de la mitad de los humedales del mundo, y el clima ha sufrido graves modificaciones que ponen en riesgo la sustentabilidad del planeta.

Que México comparte los recursos hídricos del planeta y en esa virtud es parte de diversos tratados internacionales, en los que debe cumplir con un conjunto de acciones sobre ordenamiento y aprovechamiento integrado de dichos recursos y su evaluación; su protección; de su calidad y de los ecosistemas acuáticos; el abastecimiento del agua potable y saneamiento y las previsiones sobre el cambio climático.

Que el agua en nuestro país es ya un asunto de seguridad nacional por su escasez, baja calidad, pocas posibilidades de renovabilidad y la irregular distribución que ocasiona el constante crecimiento de la demanda, la ineficiencia de su uso y el aumento de los niveles de contaminación. El uso de los recursos hídricos en el país lo hace no sustentable.

Que los recursos hídricos de la nación son cada vez menores por el agotamiento de los acuíferos, la sobreexplotación y contaminación de las cuencas fluviales por contaminantes de difícil depuración.

Que casi la mitad de las aguas superficiales en lagos y ríos están contaminadas y sólo una tercera parte de éstas tienen agua de buena calidad. Algunos ríos se han vuelto intermitentes debido a tasas de extracción insostenibles a mediano plazo.

Que de los 653 acuíferos subterráneos que existen en México, 102 están sobreexplotados, particularmente los ubicados en la zona centro y norte del país, de los cuales 17 ya tienen intrusión salina y 13 presentan un fenómeno de salinización. Aproximadamente 75 millones de mexicanos abastecen sus necesidades de consumo con el 70% del volumen del agua que se suministra de aguas subterráneas. El grado de sobreexplotación de las aguas subterráneas está en aumento.

Que las zonas del país donde se ha concentrado el crecimiento demográfico y económico y donde se localiza una parte sustancial de la infraestructura productiva y social, son aquellas donde hay una menor disponibilidad de agua, debiendo recurrir a fuentes externas, sin el pago de las compensaciones ambientales correspondientes.

Que en todo el país hay carencias en la cobertura y calidad de los servicios de agua. 12 millones de mexicanos carecen de agua potable y 23 millones no cuentan con alcantarillado en sus viviendas. En el sector rural 3 de cada 10 habitantes no cuentan con agua potable entubada.

Que en México ocupamos el lugar 106 de un total de 122 países evaluados en cuanto a la calidad del agua. En México no hay cultura de reúso del agua; aún cuando el 94.6% del agua suministrada a localidades urbanas es desinfectada, sólo se da tratamiento en plantas potabilizadoras al 29 por ciento. Algunas plantas de tratamiento de aguas negras no están operando por falta de recursos económicos y en gran medida las descargas de aguas industriales no son tratadas.

Que en México, según la OMS, el 80% de las enfermedades infecciosas y parasitarias gastrointestinales, y una tercera parte de las defunciones causadas por éstas se deben al uso y consumo de agua insalubre. Las enfermedades diarreicas representan uno de los problemas más graves de salud pública en el país si se considera que en el año 2000 se notificaron más de 5 millones de casos, de los cuales el 32% afectaron a niños menores de 5 años.

La deficiencia en los servicios de saneamiento y de salud dieron como resultados que en la década pasada resurgieran enfermedades como el cólera, de las cuales de 1991 a 2002 se reportaron cerca de 42 mil casos y más de 500 muertes por esa causa.

Que del total del suministro de agua en el país, 10% se destina al agua de uso humano y 11% al uso industrial. La falta de mantenimiento en los sistemas de suministro y distribución originan la pérdida del 40% del agua y la prestación de los servicios se realiza con niveles de eficiencia y productividad bajos. De la facturación total que emiten los sistemas municipales de agua, sólo se cobra en promedio nacional el 71.7%, o sea, el 30% del agua suministrada no se paga, en perjuicio de los sistemas de agua.

Que la infraestructura hidroagrícola ha reducido su eficiencia. En la agricultura se utiliza el 79% del agua del país. El 55% de la producción nacional agrícola proviene de las 6 millones 200 mil hectáreas de agricultura dominada por infraestructura de riego. El 57% de la infraestructura de riego agrícola se encuentra en mal estado por falta de mantenimiento adecuado. No se puede incrementar la producción agropecuaria, sin un uso eficiente del agua.

Que en México se muestra una insuficiencia de la inversión en infraestructura hidráulica, que se ubica en casi la mitad de la inversión que se hubiera requerido para alcanzar un escenario sustentable para el agua en los próximos 20 años. Los requerimientos de inversión en el sector hidráulico para los próximos años ejercerán una presión sin precedente sobre las disponibilidades presupuestarias y la capacidad financiera del sector público.

Que la decreciente disponibilidad del agua augura una crisis por este recurso en México, si no se aumentan las fuentes de recursos públicos, privados e internacionales, para el financiamiento de la infraestructura hidráulica necesaria y las acciones de restauración y preservación de los acuíferos. La falta de un sistema fiscal que genere incentivos al cobro del agua ha generado ineficiencias en el sector, y las tarifas actuales no representan los costos reales del suministro.

Que es factible que el sector privado complemente al Estado en la tarea de impulsar al sector; la suma de esfuerzos es la mejor garantía de que el país contará con un sector hidráulico acorde con su dinámica de crecimiento y con las aspiraciones de progreso, bienestar y sustentabilidad de los mexicanos.

Que es necesario contar con información oportuna y confiable sobre el estado que guarda el agua en el país y su interrelación con los aspectos sociales, económicos y ambientales y complementarla con información estadística actual para fundamentar la toma de decisiones sobre dicho recurso.

Que frente a las elevadas tasas de crecimiento de la demanda hidráulica que se prevén para los próximos años, se requiere de una transformación de las estrategias hidráulicas nacionales; que reafirme la rectoría del Estado en un entorno de mayor apertura y competencia en el sector.

Que conforme a la Ley, el agua es un bien de dominio público, vital, vulnerable y finita, con valor social, económico y ambiental, cuya sustentabilidad y preservación en cantidad y calidad es prioridad y asunto de seguridad nacional y una tarea que comparten el Estado y la sociedad.

Que la solución de la problemática hidráulica para responder a las expectativas de desarrollo y bienestar de la sociedad requiere de la concurrencia de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, con la participación de los usuarios y la sociedad organizada, para el cuidado, preservación y mantenimiento del ciclo del vital recurso.

Que la capacidad de nuestro país para mantener el dinamismo de su economía y mejorar las condiciones de vida de la población depende, en gran medida, del cuidado, planeación, reglamentación, mantenimiento, expansión y modernización del sector hidráulico nacional.

Que en mérito de lo expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, como asunto de urgente y obvia resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero: La H. Cámara de Diputados suscribe el siguiente:

Acuerdo Nacional por el Agua

Los que suscriben el Acuerdo Nacional por el Agua consideran urgente y fundamental realizar las acciones que propicien la sustentabilidad del agua con un marco jurídico adecuado, un enfoque económicamente viable, técnicamente factible, y social y ambientalmenteaceptable, y asumen los siguientes compromisos:

1. Reconocer el recurso agua como un asunto de seguridad nacional y de carácter estratégico para el país, así como dar seguridad jurídica a los titulares de derechos de agua.

2. Fortalecer la política hidráulica nacional que responda a la crítica situación de los recursos hídricos, mediante la conformación y puesta en marcha de acciones inmediatas, considerando la problemática local, estatal, regional y nacional.

3. Impulsar mayor conciencia y participación de la sociedad y sus organizaciones en los organismos de cuenca y en la formulación y ejecución de las políticas hidráulicas, a efecto de descentralizar funciones y recursos, para que tengan mayor efecto en las regiones y una mejor aplicación en los estados y municipios, desarrollar capacidades humanas y profundizar reformas fundamentales e institucionales que permitan eficiencia en el desarrollo sustentable del recurso.

4. Promover que las entidades federativas del país eleven en el máximo nivel de su legislación, el uso y aprovechamiento sustentable del agua, consignando que éste es un recurso prioritario para su desarrollo, así como a la cuenca hidrológica como la unidad básica para la gestión de los recursos hídricos.

5. Propiciar que la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios establezcan mecanismos de coordinación y colaboración, en el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para instrumentar programas con visión de largo plazo sobre el agua, la vida y el medio ambiente, destinándoles recursos financieros y técnicos.

6. Fortalecer un enfoque integral de manejo de cuenca para mejorar la gestión de los recursos hídricos ambientales y forestales, así como prevenir su deterioro y contaminación para preservar y garantizar una calidad de agua adecuada a las necesidades de la población, considerando los riesgos ante la ocurrencia de fenómenos hidrometereológicos extraordinarios.

7. Detener la sobreexplotación de los mantos acuíferos y redoblar los esfuerzos para mejorar la eficiencia del uso del agua en la agricultura de riego, mediante la tecnificación, aumento de eficiencia en su uso y mayor inversión.

8. Dar un mayor peso a la protección de los ecosistemas acuáticos en la gestión integrada de los recursos hídricos para promover la gestión y desarrollo coordinado del agua, la tierra, los recursos relacionados con éstos y el ambiente, con el fin de maximizar el bienestar social y económico equitativamente sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales.

9. Considerar al agua como bien económico y un insumo en los procesos de producción de bienes y servicios, que impulse a la creación de esquemas innovadores de ahorro y uso eficiente y para ello realizar los estudios sobre la valoración económica y financiera del agua, para apoyar el diseño de tarifas de cuenca y derechos de agua, así como para difundir los resultados, para mejorar el conocimiento de precios y costos del agua y fortalecer la cultura de pago por la gestión y los servicios del agua y por la protección de ecosistemas vitales vinculados con el agua.

10. Avanzar en la transición hacia la asignación de tarifas a los servicios del agua, bajo criterios de equidad y desarrollar un mayor número de medidas de gestión de la demanda que estimulen el uso sustentable del agua y la superación de la pobreza.

11. Promover la creación, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, de un Ramo del Agua específico, para administrar de forma transparente y eficiente los recursos que se destinen al sector y la reinversión de los derechos provenientes del agua a la creación y modernización de la infraestructura hidráulica.

12. Impulsar un incremento sustancial de los presupuestos del sector y fortalecer el cobro por los servicios de agua y la orientación de los recursos con criterios de gasto público congruentes, perfectamente evaluados y jerarquizados, eficientes y transparentes.

13. Asignar un porcentaje del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social del Ramo 33 para obras de infraestructura hidráulica, de manera que se garantice continuidad y sustentabilidad de los programas hídricos regionales, estatales y municipales.

14. Desarrollar y promover la investigación y la tecnología del agua, y establecer mecanismos de promoción y acceso a ellos para su incorporación en los diferentes usos del agua, así como establecer sinergias y alianzas necesarias entre las diversas instituciones con información sobre agua.

15. Promover el establecimiento de un modelo de pago de servicios ambientales, con el objeto de ampliar la canalización de apoyos económicos a la preservación y uso sustentable de los recursos hídricos, así como a la realización de obras de infraestructura que permitan la captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua de lluvia.

16. Diseñar y formular mecanismos que permitan la creación de reservas de agua y de zonas de protección y restauración de las Fuentes del Agua o sitios donde brota o se almacena el vital líquido, realizando paralelamente acciones de recuperación de suelos, reforestación, saneamiento, reciclaje de descargas tratadas o su inyección al subsuelo.

17. Promover programas de género que fomenten la sustentabilidad de este recurso, ya que la mujer es determinante en la defensa y manejo cuidadoso del agua, así como a jóvenes y niños para fomentar un uso sustentable del recurso.

18. Incorporar al sistema educativo nacional el uso sustentable del agua, y promover en la población una cultura del agua con cambio de patrones de consumo y hábitos que permitan su ahorro y uso eficiente, con apoyo de los medios de comunicación.

19. Convocar a la Primera Cumbre Nacional del Agua, buscando la participación de todos los sectores e instituciones públicas y privadas, organismos del agua y partidos políticos, para la definición de las políticas públicas en materia hidráulica nacional, en la que se concluya con una Declaratoria del Agua de la Nación para la Cuarta Cumbre Mundial del Agua que se llevará a cabo en nuestro país en el año 2006.

20. En general, propiciar el aprovechamiento sustentable del recurso, considerado como eje fundamental del desarrollo de la nación mexicana.

Los que suscribimos el Acuerdo Nacional por el Agua, confirmamos nuestro firme compromiso con el destino de la Nación, el Estado, sus Instituciones y sus recursos naturales.

Segundo: La Cámara de Diputados promoverá la participación de todas las instituciones públicas y privadas; los Poderes de la Unión; los gobiernos y congresos estatales; los gobiernos municipales; representantes de organizaciones no gubernamentales; los Organismos del Agua; universidades; profesionales y técnicos; partidos políticos y, en general, de toda la sociedad mexicana, en el Acuerdo Nacional por el Agua.

Tercero: Se mandata a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados para que a la brevedad posible realice las acciones necesarias para que se suscriba e instrumente el Acuerdo Nacional por el Agua, a fin de garantizar su cumplimiento e impulsar las iniciativas de ley que correspondan, para lograr los objetivos del acuerdo.

Cuarto: Se aprueba el punto de acuerdo en los términos de asunto de urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a siete de octubre del año 2004.

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A AJUSTARSE EN SU RESOLUCIÓN CON MOTIVO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EQUIDAD Y JUSTICIA, A CARGO DEL DIPUTADO HIDALGO CONTRERAS COVARRUBIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Hidalgo Contreras Covarrubias, en mi carácter de diputado integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, 73, fracción X, y demás relativos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo mediante el cual, respetuoso del pacto federal, de la división de los poderes de la Unión y de su autonomía, se haga un atento exhorto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que la resolución que se sirva emitir respecto del recurso interpuesto con motivo de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Baja California que modifica el resultado de la elección de munícipes en favor de la "Alianza para Vivir Seguros", se apegue a los principios de equidad y justicia que prevalecen en ese órgano jurisdiccional.

Exposición de Motivos

El primero de agosto en el estado de Baja California se llevaron a cabo elecciones para renovar las cinco presidencias municipales y el Congreso local; la jornada resultó tranquila y los ciudadanos eligieron a sus mejores candidatos, resultando ganador en Mexicali, la capital del estado, el candidato del Partido Acción Nacional con una ventaja de 118 votos, siendo una contienda muy competida tal y como lo demuestra el escaso margen del resultado.

Esta elección fue impugnada por el Partido "Alianza para Vivir Seguros" por lo que presentaron sus argumentos ante el Tribunal Estatal Electoral de Baja California; el Partido Acción Nacional hizo lo mismo impugnando algunos hechos que se consideraban irregulares, con esos detalles se inicia el proceso de revisión que el Tribunal debía resolver de acuerdo a lo establecido en la ley.

Con gran sorpresa, vimos que la resolución emitida por la autoridad electoral fue de revertir los resultados que favorecían a Acción Nacional dando el triunfo a la "Alianza para Vivir Seguros", mediante ciertos criterios que hemos comprobado no son apegados a derecho.

La forma en que la magistrada Elva Regina Jiménez Castillo resolvió al revertir los resultados del primero de agosto, son una muestra real de pretender minimizar el ambiente democrático y la tranquilidad que se sustenta en nuestro estado, lo que es grave en virtud de los hechos que son históricos por la forma que se condujo y por el contenido inédito de dicha resolución jamás vista en la historia del estado, pues declara que el PAN pierde la elección no porque tenga menos votos, sino porque algunas casillas se conformaron con dos funcionarios designados por el Instituto Estatal Electoral, anulándolas bajo esta razón siendo que la legislación estatal lo prevé y lo considera suficiente para hacer válida la votación.

Dicha magistrada va aún mas allá en su afán por alterar los resultados, el criterio muy personal que aplicó para anular aquellas casillas que sólo contaban con dos funcionarios, no fue aplicado en 9 casillas donde coincidentemente gana "la Alianza para Vivir Seguros" lo que influye grandemente en el resultado permitiendo revertir el triunfo de Acción Nacional.

Siguiendo con el dolo y la mala fe de la magistrada Elva Regina Jiménez Castillo, rechaza la impugnación que hace el PAN en relación al cierre de una casilla a las 16:00 horas siendo que la ley claramente dice que el cierre de casillas se llevara a cabo a las 18:00 horas o antes, siempre y cuando haya votado el 100% de los electores. Esto no fue así, porque sólo había votado el 48% de la misma, y siguiendo con la línea de las "casualidades" el PRI gana con amplio margen en esta sección.

Asimismo y con la firme intención de seguir beneficiando a la "Alianza para Vivir Seguros", al momento de hacer los conteos después de las respectivas anulaciones sin fundamento jurídico válido, vuelve a aparecer la mano negra de la magistrada Elva Regina y en dos casillas en lugar de anular las actas para munícipes donde el PAN obtiene mínima ventaja, anula actas que corresponden a diputados y donde el PAN obtiene una mayor votación lo que provoca que se le anulen más votos dando a la "Alianza para Vivir Mejor" más ventaja para revertir el resultado.

Las actitudes de dicha magistrada hacen que el ambiente democrático en el estado se enrarezca y esto se fortalece cuando dos días antes de que el Tribunal se reuniera para deliberar el caso Mexicali, el presidente estatal del PRI muestra a los medios de comunicación un documento donde indica que el resultado se revierte a favor de la "Alianza para Vivir Seguros" con 111 votos arrebatándole el triunfo al candidato de Acción Nacional. Esto demuestra que hubo mala fe por parte de algún magistrado o magistrada al filtrar información que es exclusiva del Tribunal Estatal Electoral precisamente a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, que forma parte de la "Alianza para Vivir Seguros".

Por "casualidad" cuando el Tribunal emite la resolución ya mencionada, el resultado coincide con lo declarado por el presidente del PRI: la "Alianza para Vivir Seguros" gana la elección de alcalde por 111 votos"; situación que hace pensar a los ciudadanos que tal vez hubo una resolución "a la carta" solicitada por el líder estatal del PRI. La votación de los tres magistrados fue dos a favor de la resolución y uno en contra, por "casualidad" los que votaron a favor de la misma fue la magistrada Elva Regina Jiménez y el magistrado Germán Leal Franco, este ultimo, compadre del presidente estatal del PRI y miembro de su despacho de abogados.

Sin duda, estas acciones representan un atentado contra la democracia y la voluntad de los ciudadanos, la perversidad debe ser extinguida con la justicia. Por tal motivo presento ante esta honorable Cámara de Diputados la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Proposición con punto de acuerdo mediante el cual, respetuoso del pacto federal, de la división de los poderes de la Unión y de su autonomía, se haga un atento exhorto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que la resolución que se sirva emitir respecto del recurso interpuesto con motivo de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Baja California que modifica el resultado de la elección de munícipes en favor de la "Alianza para Vivir Seguros" se apegue a los principios de equidad y justicia que prevalecen en ese órgano jurisdiccional.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados el día 14 de octubre del año 2004.

Dip. Hidalgo Contreras Covarrubias (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CREAR LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE COADYUVAR, VIGILAR Y DAR SEGUIMIENTO AL ESTADO QUE GUARDA LA EMPRESA AGROINDUSTRIAS DEL BALSAS, SA DE CV (FERTINAL), A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL GARCÍA TINAJERO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, según los sucesivos

Antecedentes

Que el 8 de mayo de 2002, el diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo sobre la huelga en Fertinal, la cual fue turnada para su estudio correspondiente.

Que la fabricación de fertilizantes en nuestro país está relacionada con varias actividades económicas, entre ellas destacan: la agricultura, pues en todos los productos de riego se utilizan fertilizantes; Otra actividad industrial relacionada estrechamente con la elaboración de agroquímicos; la del petróleo que abastece a sus fabricantes con materias primas, principalmente amoniaco y combustóleo.

Que la empresa Agroindustria del Balsas SA de CV, mejor conocida como Fertinal, es la más grande del país y de América Latina en materia de producción de fertilizantes.

Que dicha empresa tiene como antecedentes la paraestatal Fertimex cuya operación inició en 1985 y al privatizarse en 1992, adquiere el nombre de Grupo Fertinal, como todavía se le conoce.

Que el capital de Fertinal está compuesto por un 53% de inversión privada y el 47% restante es aún propiedad del Gobierno, da empleo a mil 500 familias, entre personal sindicalizado de planta y eventuales. Adicionalmente crea un número similar de empleos entre subcontratistas y proveedores, la importancia económica de esta empresa es indiscutible.

Que la empresa Fertinal se encontraba ante un conflicto laboral que la tenía paralizada. Lo anterior, derivado de la inconformidad de los resultados de la revisión anual de salarios de los trabajadores agremiados en el Sindicato de Petroquímica, sección 97 de Lázaro Cárdenas, Michoacán, quienes emplazaron a huelga y cuyo entallamiento estaba programado para el 1º de octubre de 2001, pero al presentarse frente a una difícil negociación y mostrando una actitud prudente, los trabajadores prorrogaron su huelga hasta por tres ocasiones.

Que la empresa Fertinal ha tenido pérdidas económicas considerables en los últimos años, derivadas de la falta de competitividad y de operar con una inversión inestable, además es de considerar la deuda que tiene con Pemex y Bancomext, entre otros acreedores

Que en su momento los grupos parlamentarios PRI, PAN, PRD y PT representados en la Comisión aludida consideraron la imperiosa necesidad de coadyuvar a la resolución del conflicto laboral que se presentó en la empresa Fertinal y que ponía y pone en riesgo la fuente de trabajo de numerosas familias mexicanas.

Que respecto a la reestructuración financiera, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y Energía junto con Pemex y el IPAB propusieron en su momento alternativas de solución con el socio mayoritario de Fertinal en virtud de que la empresa es deudora de Pemex y Bancomext, así como de otras personas morales privadas, por lo que existiría la posibilidad de capitalizar los adeudos con las entidades públicas, lo que llevaría al Gobierno federal a convertirse en accionista mayoritario o, por otra parte, promover un procedimiento de concurso mercantil para dicha reestructuración.

Que no obstante lo anterior, el presidente del Consejo de Administración y director general de la empresa no ha aceptado a la fecha las propuestas que se le han formulado por parte de los funcionarios del IPAB.

Que ante este panorama, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al parecer decidió por conducto de la Procuraduría Fiscal de la Federación, que el camino viable era el concurso mercantil.

Que ante la incertidumbre de los trabajadores en cuanto al concurso mercantil y sus derechos laborales, es por lo que sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión acuerda crear la Comisión Especial encargada de coadyuvar, vigilar y dar seguimiento del estado que guarda la empresa Agroindustrias del Balsas SA de CV Fertinal y de los derechos de los trabajadores, en el ámbito de su competencia. Asimismo solicitará la información pertinente ante las autoridades competentes.

Segundo.- La Comisión Especial estará integrada por diputadas y diputados, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios y concluirá una vez que haya terminado el objeto de la misma.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2004.

Dip. Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES QUE PRESENTE A ESTA SOBERANÍA EL DOCUMENTO CON ACUSE DE RECIBO DE LA PROTESTA FORMULADA AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA POR LA MUERTE DE TRES MEXICANAS OCURRIDA EN LA FRONTERA NORTE EL 23 DE SEPTIEMBRE PASADO, A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA ELENA MARTÍNEZ RIVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la de la voz, diputada Laura Martínez Rivera, someto a la consideración de esta H. Soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

Exposición de Motivos

Para muchos mexicanos la pobreza extrema los obliga a cruzar la frontera a los Estados Unidos de Norteamérica, su destino final es la muerte, por deshidratación, por picaduras de reptiles e insectos, de frío extremo; a las duras condiciones ambientales se suman los cazamigrantes y la Border Patrol, cuyas acciones xenofóbicas hoy son más rabiosas e imitan perfectamente las prácticas nazis, cada vez más constantes reiteradas y con más saña, son las agresiones en contra de los migrantes.

Gracias a los medios impresos y electrónicos conocemos estos innobles sucesos.

Los tratados internacionales para la protección de los derechos humanos, especialmente, los de los migrantes, es letra muerta; la indiferencia y la negligencia ante las graves y en muchos casos mortales agresiones a los más vulnerables de los pobres equivalen a un genocidio anunciado desde ambos gobiernos, así lo muestran el Acuerdo para el Programa de Repatriación "Voluntaria", que no es voluntaria y que lo único que garantiza es empujar a los migrantes por regiones cada vez más hostiles, inaugurar nuevos y más peligrosos puntos de cruce. Así también lo prueba el Acuerdo Bilateral para utilizar balas de plástico con gas pimienta.

El Gobierno federal ya no sólo es testigo pasivo de las constantes violaciones de los derechos de los migrantes, ahora es cómplice y colaboracionista eficaz; sus declaraciones tibias y mediáticas como siempre expresan su discurso sólo al interior y al exterior firma acuerdos indignos contra los mexicanos más vulnerables.

Las innumerables veces que la Cámara de Diputados ha exhortado al Gobierno federal, especialmente a la Cancillería a reclamar y protestar las violaciones constantes a los derechos de los mexicanos que intentan mejorar sus condiciones de vida, solamente hemos oído sus declaraciones y nunca hemos tenido prueba documental alguna de acuse de recibo y de la contestación a que se tiene derecho.

Esta H. Cámara de Diputados, tiene también la obligación de dar seguimiento a los exhortos y reclamaciones para asegurar el cumplimiento y en su caso recibir explicación de la autoridad exhortada.

El día 23 de septiembre del año en curso murieron en la frontera con Piedras Negras, Coahuila tres jóvenes mujeres, Carmen Bustamante Aguirre de 33 años, María Guadalupe Gómez Patiño de 37 años y su hija Adriana Martínez Gómez de 16 años, originarias del estado de Guanajuato, ahí de donde se expulsan más mexicanos y ahí donde nació el Presidente Fox, "el Presidente del cambio".

Murieron al intentar regresar a nuestro país, según testigos fueron obligadas a pedradas a nadar el río Bravo por agentes de migración de los Estados Unidos de Norteamérica muriendo ahogadas al enfrentar una fuerte corriente.

Por lo anterior y a conociendo de que han sido presentados otros puntos de acuerdo sobre este fatídico caso, es que pido se apruebe también por esta H. Soberanía para ampliar y fortalecer los anteriormente presentados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores presente a esta H. Soberanía a la brevedad, el documento con acuse de recibo de la protesta presentada al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.

Asimismo se envíe una solicitud por los canales diplomáticos para que se informe al gobierno mexicano los resultados de la investigación que el Departamento de Asuntos Internos del gobierno norteamericano realice al respecto.

Finalmente, se proporcione de inmediato el apoyo jurídico y la asistencia legal a los familiares de las mujeres con el propósito de entablar una demanda para quien resulte responsable y obtener la indemnización correspondiente para los familiares de la víctimas.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a los 5 días del mes de octubre del año 2004.

Dip. Laura Martínez Rivera (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LOS MUNICIPIOS DEL PAÍS A INCORPORARSE EN EL PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍA AMBIENTAL, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN GALINDO NORIEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, en mi calidad de diputado federal integrante de la LIX Legislatura del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución para hacer un atento y respetuoso exhorto a los municipios de nuestro país para que se incorporen al Programa Nacional de Auditoría Ambiental.

Acudo a esta honorable soberanía a plantear un asunto de suma importancia el cual considero no puede demorarse más. Se trata de la protección ecológica en los municipios, donde poco hemos hecho al respecto, motivo por el que me he permitido robarles unos minutos de su atención para plantearles lo siguiente:

Antecedentes

El Sistema de Gobierno de la República, tiene como base al Municipio como unidad elemental de la administración pública, estableciendo un sistema de concurrencias entre los tres niveles de gobierno (municipio, estado y federación), asignado a cada una de estas esferas objetivos particulares. En este sentido, el municipio no solamente tiene la obligación del marco normativo vigente, si no que adquiere el compromiso de ser órgano rector, con las consecuencias ambientales intrínsecas.

Como es de su conocimiento, existe una buena cantidad de normas jurídicas con aplicación en los distintos órdenes de gobierno que regulan el tema de la protección al ambiente. Nuestra Carta Magna establece la concurrencia del tema.

Dentro del ámbito Federal, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente establece específicamente las acciones que en esta materia corresponden aplicar a los gobiernos federal, estatal y municipal, la cual fue expedida en diciembre de 1996. La política ecológica que plantea la Ley, se basa en una serie de principios entre los que destaca el hecho de considerar a los recursos naturales como patrimonio común de la sociedad y de cuyo equilibrio depende la vida y las posibilidades productivas de la nación a corto y largo plazos.

Ahora bien, en el ámbito estatal, las respectivas Constituciones contemplan la formulación de la política y de los criterios ecológicos en cada entidad federativa, mismas que deberán guardar congruencia con los que en su caso hubiere formulado la Federación.

Asimismo, existen leyes estatales de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, mismas que parten de lo dispuesto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, las cuales contemplan adecuaciones que las Legislaturas de los estados hayan propuesto para su mejor aplicación, referente a aspectos como ejercer las atribuciones que las disposiciones jurídicas federales y estatales otorgan a los municipios en materia de recursos naturales y protección al medio ambiente.

Como todos ustedes saben, en nuestro país, la autoridad competente para la atención de los asuntos relacionados con la protección y preservación del medio ambiente es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Esta dependencia, órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), es la responsable de coordinar, desarrollar y evaluar el Programa Nacional de Auditoría Ambiental, conforme lo señala el artículo 38 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Inicialmente el Programa Nacional de Auditoría Ambiental se venía desarrollando entre el sector industrial y de servicios, sin embargo, la necesidad de ampliar el programa a otros sectores y ámbitos de la vida nacional, a partir del año pasado se impulsa dicho programa entre los municipios de nuestro país.

La auditoría ambiental a municipios tiene como propósito fomentar el fortalecimiento del desempeño y la gestión ambiental municipal, para lograr con ello el mejoramiento de la calidad de vida, de las zonas o regiones que se incorporen al PNAA. Asimismo, con lo anterior se aspira a lograr el establecimiento de bases para el desarrollo sustentable en los municipios.

Entendiéndose por desempeño, al cumplimiento normativo de las actividades del municipio y a la gestión ambiental, como una serie de programas, estrategias o medidas, instrumentos y herramientas (elementos administrativos, normativos y técnicos) a través de los cuales los tomadores de decisiones llevan la política ambiental a acciones concretas para prevención y control de la contaminación.

La gestión ambiental municipal debe estar basada en el marco legal que rige al municipio, ya que en este se establecen las atribuciones así como las obligaciones que un municipio tiene como autoridad a cargo de la política ambiental y como prestador de servicios. Asimismo, en dicho marco legal, se establece la organización institucional y los mecanismos de coordinación que un municipio debe tener para la instrumentación de la gestión ambiental.

Como se puede llegar a apreciar, debido a la complejidad que conlleva el desarrollo de la gestión ambiental municipal, la cual involucra el desarrollo de planes y programas para todos los aspectos ambientales susceptibles de ser revisados, así como la extensión geográfica de la influencia de las acciones del municipio, la Profepa ha considerado que el "Programa de Municipio Limpio" se llevará a cabo en 3 diferentes etapas. Lo anterior tiene como propósito, el hacer un programa viable que fomente el fortalecimiento paulatino de la gestión ambiental municipal, manteniendo un equilibrio entre el tipo de objetivos que se persigue y el tipo y modalidad de instrumentos que se utilicen.

Cada una de las etapas considerará diferentes niveles de evaluación y por consecuencia, a cada etapa le corresponderá un reconocimiento diferente.

La primera etapa, Cumplimiento Ambiental, consiste en una evaluación del desempeño y gestión ambiental integral (técnica y administrativa-institucional) de uno o más procesos municipales (manejo integral de aire, agua y residuos; administración de la calidad del aire y servicios municipales), aunada a una evaluación general de los planes o programas municipales de desarrollo urbano.

La segunda etapa, Municipio Limpio, considera la evaluación del desempeño y la gestión ambiental integral de todos los procesos municipales, además de contar con un sistema de administración ambiental1 y un avance en el ordenamiento territorial que incluyan el manejo del agua y los residuos.

Finalmente, la tercera etapa, Municipio Sustentable, consiste en incorporar los criterios de sustentabilidad, en todos los procesos municipales evaluados en las etapas anteriores, así como un ordenamiento territorial acorde a las necesidades del municipio.

Actualmente la Profepa, se encuentra definiendo los alcances y criterios particulares de la segunda y tercera etapas, con el fin de hacerlas congruentes y viables para el fortalecimiento de la gestión ambiental municipal.

A continuación se presentan los alcances y criterios generales, para la realización de la auditoría ambiental a municipios en su primera etapa, a través de la cual, los municipios podrán hacerse acreedores al certificado de cumplimiento ambiental, por proceso municipal para el área geográfica determinada.

En esta etapa, se auditará lo siguiente:

I. La evaluación integral de uno o más de los procesos municipales mencionados a continuación:

1. Manejo Integral de Residuos (recolección, reciclaje, tratamiento y disposición; incluyendo el manejo de residuos peligrosos de competencia federal, etc.)

2. Manejo Integral de Agua (explotación, potabilización, suministro, tratamiento, rehuso, infraestructura hidráulica, plantas de tratamiento, sistema de drenaje y alcantarillado, etc.)

3. Administración de la Calidad del Aire (sistemas de monitoreo atmosférico, inventario de emisiones, verificación vehicular, programas de inspección, programas con las industrias, programas de vialidad, etc.)

4. Recursos Naturales (manejo de especies, diversidad, explotación, áreas naturales protegidas, zoológicos, programas de inspección, etc.)

5. Servicios Municipales por unidad ó en conjunto (alumbrado público; mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, calles (pavimentación), parques, jardines y su equipamiento; construcción y mantenimiento de caminos).

La evaluación se llevará a cabo sobre una base geográfica definida o polígono de actuación (todo el municipio, la cabecera municipal, una ciudad o población o un grupo de poblaciones). Cabe señalar que la base geográfica la definirá el propio municipio.

Por lo anteriormente expuesto, vengo a exhortar a todas las autoridades municipales para que se incorporen voluntariamente al Programa Nacional de Auditoría Ambiental, un programa que no tiene ni colores, ni tintes políticos, sino que solo busca ayudar a las autoridades y a la sociedad, y con ello también, los ciudadanos hagamos conciencia de la gravedad que implica este problema y podamos contar con una mejor calidad de vida.

Si logramos incorporar a este Programa Nacional de Auditoría Ambiental a todos los municipios y dotamos sus autoridades de las herramientas para abatir la problemática de la contaminación en toda la extensión de la palabra, tendremos municipios limpios y sustentables y sobre todo, una población confiada en que se esta trabajando en su beneficio.

En la actualidad tenemos municipios preocupados y ocupados por el tema ambiental, a ellos nuestro reconocimiento y apoyo para continuar en esta lucha por mejorar el entorno en que vivimos, y es menester mencionarlos en este exhorto:

Aguascalientes, Aguascalientes. Que ya obtuvo el certificado de cumplimiento ambiental, el pasado 6 de mayo del año en curso, en los rubros de manejo de agua y manejo de residuos sólidos no peligrosos.

Otros municipios que se encuentran actualmente en proceso de auditoría ambiental son: Salina Cruz, Oaxaca; Apizaco, Tlaxcala; Zacualtipan de Angeles, Hidalgo; Zacazonapan, estado de México; San Jacinto Amilpas, Oaxaca; Orizaba, Veracruz y Xochitepec, Morelos.

Entre los municipios que ya han manifestado su interés por incorporarse al programa se encuetran: La Paz y Loreto en Baja California Sur; Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez en Colima; Ixtapa-Zihuatanejo en Guerrero; Santa María Rayón, estado de México; Lagos de Moreno, Jalisco; Compostela, Nayarit.

Así como Apodaca, Guadalupe, Monterrey, Santa Catarina, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García en Nuevo León y Actopan, Boca del Río, Coatepec, Minatitlán, Perote, Teocelo, Veracruz Puerto, Xico en Veracruz.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución:

Único.- Se hace un atento y respetuoso exhorto a todos los municipios de nuestro país a que se incorporen voluntariamente al Programa Nacional de Auditoría Ambiental.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 14 de octubre de 2004.

Nota:
1 Sistema de Administración Ambiental.- Conjunto ordenado de procedimientos para planificar, implementar, revisar y mejorar las actividades o procesos, en este caso basado en los 10 puntos mencionados en el documento "Hacia un mejor desempeño y cumplimiento ambiental" de la CCA.

Dip. Ramón Galindo Noriega (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE EXHORTAR A LOS PODERES EJECUTIVOS Y A LAS LEGISLATURAS LOCALES A MODIFICAR LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS PARA REGULAR EL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO POR VIOLACIÓN Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN ESOS CASOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA LUCÍA MÍCHER CAMARENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita, Martha Lucía Mícher Camarena, diputada federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Diversos organismos internacionales, así como organizaciones sociales, han señalado reiteradamente que el aborto debe verse como un problema social y de salud pública debido a las altas tasas de muerte materna que se presentan por abortos clandestinos y mal practicados.

En América Latina, el aborto inducido llega a los cuatro millones al año, de los cuales 800 mil casos requieren hospitalización por complicaciones posteriores. Cinco mil mujeres latinoamericanas mueren anualmente por estas complicaciones, cifra que corresponde al 21 por ciento de las muertes maternas a nivel mundial.

Según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), en México cada año se realizan 220 mil abortos en condiciones inseguras. Otra fuente como el Instituto Nacional de Perinatología apunta que el número de interrupciones por embarazos alcanzan los 850 mil casos al año.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) señala que existe un subregistro de abortos, debido a su clandestinidad y por tanto falta de registro por parte de alguna institución.

Asimismo, esta organización afirma que los motivos más frecuentes por los que las mujeres deciden abortar son: violaciones, abandono de la pareja, malformaciones graves en el producto, que el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer, pobreza y miseria.

En México, el aborto está penalizado, no obstante en 29 estados de la República se prevé el aborto imprudencial; en 27 entidades se permite por el riesgo de muerte para la mujer; en 13 estados se autoriza por malformaciones genéticas graves del producto; en nueve se considera cuando corre peligro la vida de la mujer; en 8 entidades por inseminación artificial no consentida y sólo en Yucatán se permite por razones socioeconómicas.

Cuando el embarazo es producto de una violación, el aborto está permitido en todos los Códigos Penales del país, con distintas regulaciones específicas. Sin embargo, en la mayoría de los Códigos de procedimientos Penales no existe disposición alguna que regule el procedimiento mediante el cual deberá autorizarse por el Ministerio Público, la interrupción legal del embarazo.

Por lo que el dispositivo penal que prevé la no penalización, es letra muerta. De esta forma, se impone la necesidad de legislar al respecto, adicionando en los Códigos respectivos de las entidades federativas, la norma que regule esta facultad y los requisitos para ello.

Así, se dará efectividad a la norma sustantiva y se colmará el vacío existente en la materia, lo que coadyuvará en la disminución de la mortalidad de las mujeres que se encuentran en estas circunstancias.

Por otro lado, también existe una ausencia de legislación en los servicios de salud que los gobiernos están obligados a prestar en los casos de abortos permitidos.

Muestra de ello, es el caso de Paulina Ramírez, quien se embarazó como producto de una violación y a la cual hace cinco años, los funcionarios de Baja California le negaron el derecho de abortar. Y el caso más reciente de María, una adolescente sordomuda oaxaqueña que fue violada por su tío, quien tuvo que recurrir a servicios médicos particulares, para que le fuera interrumpido su embarazo, después de que se enfrentó a la negligencia de una agente del Ministerio Público, un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del personal del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso.

De esta forma, es indispensable regular en todas las entidades federativas los procedimientos bajo los cuales deben de regirse los funcionarios y funcionarias públicas, que tengan algún tipo de ingerencia en los casos aborto por violación.

La figura de objeción de conciencia debe ser muy clara, ya que concomitantemente debe operar la correlativa obligación de las instituciones públicas de salud de contar con médicos no objetores, de modo tal que respetando la libertad de trabajo y de asociación, reconocidas en los artículos 5° y 9° de la Constitución, se asegure la prestación de los servicios en los casos de abortos permitidos, lo que está dentro del marco constitucional y contribuye al ejercicio pleno de las libertades democráticas, ya que el disenso y la discrepancia pacíficos no deben provocar violencia, agresión, ni discriminación contra quien ejerce su derecho de libertad de pensamiento, por lo que corresponde a las y los legisladores establecer los mecanismos y límites para que se pueda ejercer el derecho a actuar por motivos de conciencia, sin violentar el orden jurídico o afectar los intereses de otras personas, dado que la objeción de conciencia, al igual que los restantes derechos, no tiene un carácter absoluto, pues tiene por límite necesario el que su ejercicio no exponga a la mujer embarazada a un peligro de afectación a su salud o a su vida, ya que de actualizarse alguno de dichos supuestos subsiste la obligación de atender médicamente a la mujer.

Con la finalidad de proteger los derechos fundamentales a la vida, a la protección a la salud y a la integridad corporal de que son titulares las mujeres, se propone colmar el vacío legal existente en la mayoría de las entidades federativas, estableciendo los mecanismos que permitan a las mujeres gozar de la prestación de los servicios de salud que son necesarios para la interrupción del embarazo, cuando ésta se encuentra autorizada por la ley, asegurando la gratuidad, calidad y disponibilidad a todas las mujeres, lo que evitará cualquier forma de discriminación en el acceso a los servicios de salud, que usualmente está condicionado por la situación económica de las propias mujeres.

Por lo expuesto, presentó la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo

Primero: Exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo local y a las Legislaturas locales para que se adicione a los códigos de procedimientos penales, el procedimiento mediante el cual deberá autorizarse, por el Ministerio Público, la interrupción del embarazo producto de una violación, en los casos que la mujer lo solicite.

Segundo: Exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo local y a las Legislaturas locales para que se establezcan en las leyes estatales de salud los procedimientos y mecanismos para que las mujeres puedan gozar de la prestación de los servicios de salud que son necesarios para la interrupción del embarazo, cuando éste se encuentra autorizado por la ley, asegurando la gratuidad, calidad y disponibilidad a todas las mujeres. Esta regulación debe incluir la objeción de conciencia, sin desconocer que ésta tiene por límite necesario el que su ejercicio no exponga a la mujer embarazada a un peligro de afectación a su salud o a su vida, ya que de actualizarse alguno de estos supuestos, subsiste la obligación de atender médicamente a la mujer. Así como la obligación de las instituciones públicas de salud, de contar con médicos no objetores.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso de la Unión, a 14 de octubre de 2004.

Dip. Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE A 2005 SE CONSIDEREN LOS RECURSOS NECESARIOS QUE EL EJECUTIVO FEDERAL DESTINE A INCREMENTAR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO FERRONALESJUB 5012-6 DE NACIONAL FINANCIERA, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR FÉLIX FLORES MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Víctor Félix Flores Morales en nombre propio y de los diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que suscriben el presente documento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, fracción II, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura Federal, propuesta que contiene la siguiente:

Propuesta con punto de acuerdo para que se contemplen dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2005, los recursos necesarios, dentro de la partida presupuestal correspondiente, para que el Ejecutivo federal los destine a incrementar el patrimonio del Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC. que administra el Fondo de Jubilaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados del Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, actualmente en liquidación, para incrementar el número de días de aguinaldo y las pensiones de este grupo de jubilados recibe.

Antecedentes

1. El proceso de privatización del Sistema Ferroviario Mexicano, resultado de la reforma aprobada por el Constituyente Permanente al cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la aplicación de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, expedida por el Congreso de la Unión; tuvo como una de sus consecuencias que 56,372 ( cincuenta y seis mil trescientos setenta y dos ) trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, obtuvieran el beneficio de su jubilación al concluir las relaciones obrero-patronales y cumplir con los requisitos establecidos en el contrato colectivo de trabajo, los convenios laborales y/o los reglamentos correspondientes.

2. A efecto de garantizar el pago vitalicio de las pensiones y prestaciones de los trabajadores ferrocarrileros que obtuvieron el beneficio de su jubilación, el Gobierno federal atendiendo la gestión de la dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, aportó por conducto de Ferrocarriles Nacionales de México, conforme a los estudios actuariales pertinentes, los recursos económicos necesarios para tal fin. Tales recursos económicos fueron destinados por Ferrocarriles Nacionales de México para constituir mediante contrato de fideicomiso a Nacional Financiera, SNC de fecha 19 de diciembre de 1997 el Fideicomiso Ferronalesjub número 5012-6, modificado mediante convenio de fecha 26 de septiembre de 2000 para constituir el Fondo de Jubilaciones, el que se ha hecho cargo del pago de las citadas pensiones y prestaciones, así como del incremento anual de tales conceptos en los términos y condiciones precisados en el propio contrato y el estudio actuarial correspondientes.

3. Conforme a los estudios actuariales y al desarrollo del referido Fideicomiso que constituye el Fondo de Jubilaciones de los ferrocarrileros jubilados por Ferrocarriles Nacionales de México, su patrimonio es suficiente, y sólo suficiente, para pagar en forma vitalicia a los ferrocarrileros jubilados sus pensiones y prestaciones por el monto que obtuvieron conforme al contrato colectivo de trabajo y las normas para el otorgamiento de la jubilación, incrementándolas anualmente conforme a la inflación determinada con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor dado a conocer por Banco de México para el año inmediato anterior.

4. El desfasamiento entre el inicio de operaciones del Fondo de Jubilaciones, 26 de septiembre de 2000; el ultimo proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo, 1º. De junio de 1999, y el ejercicio fiscal tomado en cuenta por el Banco de México para determinar el Índice Nacional de Precios al Consumidor, originó que las pensiones y prestaciones en el primer año de operaciones del Fondo de Jubilaciones se incrementaran en un porcentaje inferior a la inflación del año inmediato anterior, por lo que resulta además de justo y conveniente que este grupo de jubilados, con cuyo esfuerzo se forjó y desarrollo una de las industrias mas importantes y representativas del desarrollo de nuestro país, reciban un ajuste en sus pensiones y prestaciones para resarcirlos del perjuicio que este procedimiento les ocasionó.

5. Por otra parte, durante la vigencia de las relaciones laborales entre Ferrocarriles Nacionales de México y el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, dentro de los procesos de revisión del contrato colectivo de trabajo, la Dirigencia Sindical solicitó del patrón reiteradamente, el incremento en el número de días (15) que la empresa pagaba a los jubilados por concepto de aguinaldo anual, para igualarlos con el número de días (40) que por igual concepto se pagaba anualmente a los trabajadores en servicio activo y con los que reciben, por este concepto, los jubilados y pensionados de otros regímenes jubilatorios del país. Sin embargo, esta negociación no se llegó a formalizar ante la conclusión del proceso de privatización y de esta forma el Fondo de Jubilaciones únicamente cubre a los ferrocarrileros jubilados una cantidad por concepto de aguinaldo anual equivalente a quince días sobre el importe de la pensión mensual jubilatoria, lo cual resulta injusto y discriminatorio si atendemos que la mayoría de los pensionados y jubilados dentro de los sistema oficiales de seguridad social (IMSS, ISSSTE, etc, ) reciben el equivalente a un mes de sus pensiones, de ahí que se estime necesario que se aporten al Fideicomiso que administra el Fondo de Jubilaciones los recursos necesarios para que esta prestación anual se ajuste en su monto a lo que reciben por idéntico concepto la mayoría de los pensionados y jubilados de este país.

6. Este tema ha sido recurrentemeote planteado por la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y por integrantes del honorable Congreso de la Unión, senadores y diputados, de las distintas fracciones parlamentarias; quienes han abordado la tribuna de ambas Cámaras y de la Comisión Permanente para apoyar este justo reclamo de los ferrocarrileros jubilados y su dirigencia sindical, tal es el caso, el punto de acuerdo que en este mismo sentido aprobara el Pleno del Senado de la República, con el consenso y apoyo de todos los partidos en él representados, en su sesión de fecha 10 de diciembre de 2002 y que la dirigencia sindical, mediante correspondencia el 11 de diciembre de 2002, hiciera del conocimiento y solicitara el apoyo de los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura federal, sin que se hubiere atendido este reclamo en esa ocasión, corriendo igual suerte la propuesta con punto de acuerdo presentado con fecha 2 de diciembre de 2003 ante el Pleno de esta soberanía por el diputado Francisco Grajales Palacios.

7. Por ello la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de los diputados firmantes de la presente propuesta con punto de acuerdo, convoca al resto de las fracciones parlamentarias representadas ante esta honorable soberanía para que se adopte el acuerdo de que la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados al elaborar el dictamen de la iniciativa del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, incluya una partida presupuestal con los recursos necesarios para que el Gobierno federal los destine a incrementar el patrimonio del Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC que administra el Fondo de Jubilaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, y de esta forma el Comité Técnico del mismo esté en condiciones de incrementar las pensiones jubilatorias en un porcentaje superior a la inflación determinada por el Banco de México con base en el índice nacional de precios al consumidor y el aguinaldo anual que recibe este grupo de pensionados y jubilados y se incremente permanentemente a 30 (treinta) días para hacerlo coincidir con el que recibe el resto de los pensionados y jubilados en este país.

8. Lo anterior guarda congruencia con lo dispuesto por el honorable Congreso de la Unión al imponer la obligación del Gobierno federal conforme al artículo 4º del decreto por virtud del cual se extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de junio del 2001, de constituirse en garante permanente de los derechos de los ex trabajadores del Organismo Público Descentralizado y de que el Fondo de Jubilaciones establecido para garantizar el pago vitalicio de las pensiones de los ferrocarrileros jubilados cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

9. Por lo anterior, los ferrocarrileros jubilados por conducto de su representación sindical y de los representantes populares que rubricamos la presente propuesta, atentamente solicitan de los integrantes de esta H. Soberanía se apruebe el punto de acuerdo que proponemos y ante la inminente formulación del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2005, se vote como de urgente y obvia resolución, y sea incorporado el tema dentro del citado dictamen.

Por lo expuesto a usted C. Presidente de la Mesa Directiva solicitamos con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se someta a la consideración de esta Soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente:

Propuesta con punto de acuerdo

Unico.- Que las fracciones parlamentarias representadas en la honorable Cámara de Diputados acuerden que la Comisión de Hacienda y Crédito Público, al elaborar el dictamen a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2005 que presentó el Ejecutivo federal ante esta soberanía, incluya una partida con los recursos económicos necesarios para que el Poder Ejecutivo federal los destine a incrementar el patrimonio del Fideicomiso Ferronalesjub número 5012-6 de Nacional Financiera, SNC relativo al Fondo de Jubilaciones de los trabajadores jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, y hacer posible que las pensiones, las prestaciones y el aguinaldo anual que reciben los fideicomisarios sean incrementados en los términos señalados en la presente propuesta.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2004.

Diputados: Víctor F. Flores Morales, Francisco Grajales Palacios, Jorge Uscanga Escobar, Ubaldo Aguilar Flores, Alfonso Sánchez Hernández, Juan Bustillos Montalvo, Pablo Anaya Rivera, Rómulo I. Salazar Macías, Guillermo Zorrilla Fernández, Gustavo Moreno Ramos, Ernesto Alarcón Trujillo, Marco Antonio Torres Hernández, Mario A. R. Zepahua Valencia, Gonzalo Guízar Valladares, Pablo Pavón Vinales, José Luis García Mercado, Concepción O. Castañeda Ortiz, Filemón Arcos Suárez, Martín R. Vidaña Pérez, Armando Neyra Chávez, José García Ortiz, Enrique Burgos García, Carlos Mireles Morales, Fernando Alberto García Cuevas (rúbricas).

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL QUE EXPONGA ANTE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL DE ESTA H. CÁMARA EL ESTADO QUE GUARDAN LAS DENUNCIAS PRESENTADAS CONTRA EX FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO LOCAL, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Antecedentes

Mas de siete meses han pasado desde que los medios de comunicación dieron a conocer a la opinión pública el "pejegate". Tres videos, tres funcionarios, tres escándalos. En la medida en que cada uno de los videos proyectaba a estos personajes, la perplejidad, la indignación, la incredulidad se apoderaban de quienes, a través de la televisión, observábamos al entonces secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Gustavo Ponce Meléndez, en el casino del hotel Bellagio de Las Vegas mientras apostaba jugando black jack en la zona VIP de este lujoso casino; al ex secretario particular del jefe de gobierno del Distrito Federal y a la postre diputado local del PRD, René Bejarano, guardar en su portafolios, en los bolsillos de su saco y en donde pudiera, cuantiosos fajos de billetes producto de la corrupción y cuyo destino final fueron las campañas de candidatos del Partido de la Revolución Democrática en la capital; y al entonces candidato perredista a jefe delegacional de Tlalpan, Carlos Imaz, guardar en bolsas de plástico también numerosas cantidades de billetes para su campaña.

Tres videos que nos muestran a tres funcionarios corruptos, pero solamente uno de ellos -Gustavo Ponce- se encuentra detenido y no gracias a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; Bejarano se defiende escudado en su fuero y a Imaz le impusieron una fianza cuyo monto no llega ni a la quinta parte del dinero que se guardó en las bolsas de plástico.

Poco, por no decir que prácticamente nada, ha avanzado la Procuraduría capitalina para investigar a fondo los actos de corrupción en los que incurrieron los funcionarios mencionados, aún cuando desde el lunes 15 de marzo de 2004, en conjunto con tres diputados locales panistas, el suscrito presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal contra René Bejarano, Carlos Ímaz y Gustavo Ponce, por los delitos de enriquecimiento ilícito, extorsión, peculado y posibles delitos electorales. Y por esas fechas también el priísta Florentino Castro presentó una denuncia en contra de Ponce y Bejarano por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado.

Pero estos "ilustres" perredistas no son los únicos involucrados en el "pejegate". Hay cuando menos ocho jefes delegacionales perredistas que también tienen mucho que informarnos: Leticia Robles de Álvaro Obregón, Ignacio Ruíz de Cuajimalpa, Laura Velázquez de Azcapotzalco, Fátima Mena de Tláhuac -quien tiene mucho que explicarnos sobre la contratación de servicios que nunca se prestaron de empresas del Grupo Quart en la actual administración de esa delegación, y sobre los cobros indebidos para la apertura de gaseras en la propia demarcación-, Faustino Soto de Xochimilco y Miguel Bortolini de Coyoacán, además de Carlos Imaz de Tlalpan, y Octavio Flores de Gustavo A. Madero, este último prófugo de la justicia. Todos ellos, según declaraciones del -hasta hace unos meses- perredista Ramón Sosamontes, también recibieron recursos del empresario Carlos Ahumada.

El caso de Octavio Flores se cuece aparte. Luego de que el procurador capitalino Bernardo Bátiz revelara que la dependencia a su cargo realizaba una investigación relacionada con el manejo de fondos de la Tesorería del Distrito Federal, un presunto fraude por más de treinta y un millones de pesos y en el que estarían involucrados funcionarios públicos de la delegación Gustavo A. Madero y colaboradores de Gustavo!Ponce, así como empresas privadas, el Juez Once en materia penal con sede en el Reclusorio Norte giró órdenes de aprehensión en contra de Gustavo Ponce y Carlos Ahumada por el delito de fraude genérico por más de treinta y un millones de pesos en la delegación Gustavo A. Madero. También ordenó la detención de María Martha Delgado Arroyo, Luis Salazar Cano y Alierzo Caetano de Oliveira Contreras, presuntos cómplices en el fraude en esa demarcación. De igual modo, están involucrados Carlos Álvarez Cardoso y Blanca Estela Hernández Puga.

El ocho de marzo de dos mil cuatro, en una carta enviada al periódico Reforma, Ahumada afirmó haber entregado a personas cercanas a Flores Millán más de dos millones de pesos, y el diez de marzo de dos mil cuatro, se publica en un diario de circulación nacional que Octavio Flores Millán adquirió un auto Rover de contado con valor de cuatrocientos cuatro mil pesos cuando era jefe delegacional electo, dos días antes de que Carlos Ahumada le habría entregado la quinta remesa de recursos. Una semana mas tarde, Octavio Flores Millán pide licencia para ausentarse del cargo durante noventa días.

El veintiuno de marzo de dos mil cuatro, el grupo parlamentario de Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal anunció el inicio de un procedimiento de remoción definitiva en contra de Flores Millán y presentaron documentos que vinculan al delegado con la autorización de las cuentas certificadas con que se efectuó el fraude.

De forma inesperada y en medio de fuertes acusaciones en su contra, el veinticuatro de mayo de dos mil cuatro, Flores Millán vuelve a la delegación; y a partir de esa fecha, ciento cuarenta y nueve servidores públicos de la delegación han renunciado a sus cargos.

El tres de agosto de dos mil cuatro, la autoridad encontró elementos suficientes para responsabilizar al jefe delegacional, por lo que el Ministerio Público cambió la condición de Flores Millán de testigo a indiciado.

El doce de agosto de dos mil cuatro, el Juez Once en materia penal con sede en el Reclusorio Norte, Carlos Casiano, entregó una orden de aprehensión en contra del jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Octavio Flores, por el delito de fraude genérico; al siguiente día, el procurador Bernardo Bátiz declara a Octavio Flores prófugo de la justicia.

El dieciséis de agosto de dos mil cuatro fue la última vez que tuvimos conocimiento de Octavio Flores, pues envió una carta al Jefe de Gobierno en la que asegura que la orden de aprehensión en su contra por un delito que no cometió, lo ha obligado a no poder ejercer el cargo para el que fue electo. El Jefe de Gobierno aclara entonces que no recibió una, sino dos cartas de Octavio Flores Millán, sin embargo, dice que ambas misivas resultan confusas, pues en una menciona que no se ausentará del cargo y en la otra plantea una especie de renuncia.

Finalmente, el diez de septiembre de dos mil cuatro la Asamblea Legislativa del Distrito Federal removió de su cargo de manera unánime, definitiva, inatacable e inmediata al jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Octavio Flores Millán.

Estos casos de corrupción en el Distrito Federal han demolido la valiente honestidad tan pregonada por el jefe de gobierno, el señor López. El ex diputado local y ex presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, René Bejarano, el ex secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal, Gustavo Ponce, el ex jefe delegacional en Tlalpan Carlos Imaz y ahora también el ex jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Octavio Flores, no sólo son culpables de los hechos de corrupción imputados en su contra sino que son un referente público y notorio de la calidad moral de servidores públicos que tiene el Gobierno perredista en el Distrito Federal.

Compañeros diputados: mas de siete meses han pasado y prácticamente nada se ha avanzado. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha sido incapaz de conducir eficientemente las investigaciones en los casos de Octavio Ponce, René Bejarano, Carlos Imaz, Octavio Flores y los demás "servidores públicos" de las delegaciones mencionadas. Y el actuar de la procuraduría capitalina con relación a estos escandalosos actos de corrupción nos dan la pauta para afirmar que el señor Bernardo Bátiz o es torpe o es cómplice de los corruptos al solaparlos y protegerlos.

El procurador capitalino Bernardo Bátiz está obligado a perseguir los delitos del orden común tal como lo establecen los artículos del 2 al 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, y en tanto no haga lo conducente para castigar a cada uno de los funcionarios perredistas inmiscuidos en el "pejegate", el señor Bátiz estará incumpliendo con los ordenamientos legales y nos demostrará una vez mas que antepone el interés partidista y faccioso de su jefe Andrés López por encima del marco legal.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. Se solicita al procurador general de Justicia del Distrito Federal, exponga ante el pleno de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, el estado que guardan las denuncias presentadas ante esa procuraduría contra ex funcionarios del Gobierno del Distrito Federal y de las delegaciones Tlalpan y Gustavo A. Madero, así como las razones por las cuales la Procuraduría no tomó las medidas precautorias necesarias para evitar la fuga de Octavio Flores Millán.

Finalmente, y con fundamento en lo establecido en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta Soberanía sea puesto a discusión inmediatamente esta proposición con punto de acuerdo por considerarse de urgente resolución.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los doce días mes de octubre de dos mil cuatro.

Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE QUE SE ASIGNE AL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL UNA PARTIDA PRESUPUESTAL DE 7 MIL 500 MILLONES DE PESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005, A CARGO DEL DIPUTADO MARCOS MORALES TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado Marcos Morales Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes

Considerandos

El 13 de noviembre del 2003 presente al pleno un punto de acuerdo en donde solicitaba a la Comisión de Presupuesto de esta Cámara, la asignación al Instituto Politécnico Nacional de un presupuesto de 7,500 millones de pesos. En el mismo expresaba que en los últimos tres años, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha percibido incrementos presupuestales que no corresponden a las enormes necesidades de la institución.

Esta H. Cámara de Diputados para el ejercicio de 2004 le autorizó al Instituto Politécnico Nacional 6,151.8 millones de pesos, de los cuales 5, 312.0 van a servicios personales (86.3%) y sólo 130 millones de pesos son para inversión física (2.1%).

El proyecto de presupuesto 2005 presentado por el Poder Ejecutivo a esta Cámara el 8 de este mes, otorga un monto de 6,256,508,883, esto apenas representa un incremento de 1.7 % y ni siquiera cubre la inflación esperada (3.9%) de este año 2004.

Además, la escasez presupuestal le ha generado al IPN enormes carencias que afectan negativamente y de manera ostensible la labor educativa del instituto.

Por ejemplo, el mobiliario y el equipo utilizado para el cumplimiento de las actividades institucionales sufre un desgaste natural, soportando condiciones de sobre utilización, llegando a la obsolescencia y viéndose obligado por falta de recursos a seguir utilizándolo.

De tal manera que algunas carreras realizan prácticas educativas con equipos caducos, que incluso ya no se utilizan en el sector productivo, poniendo en desventaja a los egresados del IPN respecto de otras instituciones privadas de educación superior.

Los equipos de cómputo y material educativo, necesarios para el registro, control y apoyo a los alumnos son igualmente en su mayoría obsoletos, razón por la cual es importante su sustitución por otros de tecnología actualizada.

Gran parte del parque vehicular con que la institución cuenta para que los estudiantes realicen prácticas de campo para vincularse con el sector productivo es antiguo e insuficiente.

Se requiere también actualizar gran parte del equipo de enseñanza en los laboratorios de biología, física y química; como microscopios, centrífugas y equipos básicos para una mejor enseñanza.

No se explican cuales son los criterios para asignar el Presupuesto al Instituto, cuando el artículo 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior establece que:

"Los recursos que conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación se asignen a las instituciones de educación superior se determinarán atendiendo a las prioridades nacionales y a la participación de las instituciones en el desarrollo del sistema de educación superior y considerando la planeación institucional y los programas de superación académica y de mejoramiento administrativo, así como el conjunto de gastos de operación previstos.

Para decidir la asignación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, en ningún caso se tomarán en cuenta consideraciones ajenas a las educativas. "

Mucho menos cuando, en nota periodística de "El Universal" de fecha 15 de junio de este año, se establece que la Secretaría de Educación Pública excluyó al Instituto Politécnico Nacional del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional de la Educación Media Superior, donde se otorgaron fondos extras.

Cabe hacer notar que el señalamiento en la Ley General de Educación del 8% del PIB se aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados el 25 de noviembre de 2002. Este porcentaje del PIB aplicado en la educación proviene de la recomendación de la UNESCO emitida durante la Conferencia Regional de Ministros de Educación y Ministros encargados de la Planificación Económica de los Estados miembros de América Latina, celebrada en 1979.

Partiendo de todo lo antes expuesto, se plantea que el IPN requiere para este ejercicio presupuestal del año 2005, una partida presupuestal de por lo menos 7,500 millones de pesos. Hay que considerar que el IPN es una institución que en sus 70 años de existencia ha colaborado de manera sustancial al desarrollo tecnológico y educativo de nuestro país, formando a varias generaciones de ingenieros industriales, electrónicos, metalúrgicos, petroleros, químicos, así como profesionistas de otras áreas del conocimiento como médicos, químicos farmacobiólogos, economistas, contadores, entre otros, cuyo aporte al crecimiento y desarrollo de México ha sido invaluable. Actualmente el Instituto alberga a poco más de 170 mil estudiantes. Con el monto que se plantea apenas podría empezar a cubrirse el rezago histórico que se tiene en operación e infraestructura, en algunos casos desde el año de 1940, y que impide al instituto cumplir adecuadamente con su labor de investigación, enseñanza y vinculación productiva con la sociedad mexicana. De acuerdo con información proporcionada por autoridades del propio IPN, de contar con los 7,500 millones de pesos que se solicitan, se cubrirían rezagos de materiales, reactivos y sustancias químicas, refacciones y accesorios para cómputo, estructuras y manufacturas, material eléctrico y electrónico, medicinas y productos farmacéuticos, transporte, etcétera.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que en su Dictamen con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2005, asigne como mínimo una partida presupuestaria total de 7,500 millones de pesos al Instituto Politécnico Nacional, con la finalidad de que éste cuente con los recursos mínimos para poder desarrollar de manera adecuada su labor educativa y de investigación científica y tecnológica en beneficio de los alumnos y de la nación en su conjunto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de octubre de 2004.

Dip. Marco Morales Torres (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR AL EJECUTIVO FEDERAL QUE IMPLANTE UN PROGRAMA DE CONDONACIONES FISCALES Y ADEUDOS ADMINISTRATIVOS PARA RESCATAR LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fecha primero de octubre del presente año, el Secretario Parlamentario del H. Congreso del estado de Tlaxcala, me hizo llegar un escrito que contiene punto de acuerdo, aprobado por esa soberanía, donde solicita al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, implementar un programa de condonaciones fiscales y adeudos administrativos para rescatar a las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, que cumplan con ciertos criterios de elegibilidad.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y siendo originaria del estado de Tlaxcala, es que vengo ante esta H. Cámara de Diputados, a refrendar este punto de acuerdo.

Si bien en el primer semestre de este año el crecimiento del PIB en 3.7%, lo cierto es que en los primeros tres años de gobierno, este crecimiento, en promedio, no supera el 0.6%. Lo cual nos habla de una economía estancada.

Por si esto no fuera suficiente, la tasa de desempleo abierta se ha disparado de manera preocupante, llegando al mes de agosto a 4.35%. Sin embargo, esta tasa esta muy subestimada, toda vez que dentro de la clasificación que hace el INEGI en la "Encuesta Nacional del Empleo Urbano", hay un indicador que se denomina " Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación", que incorpora a los desempleados, así como los empleados con ingresos menores a un salario mínimo, se mantiene en los niveles de 9.2%.

Esto quiere decir que poco menos de 4 millones de personas de la población económicamente activa son desempleados y/o perciben ingresos menores a un salario mínimo. Este concepto expresa en realidad, el nivel que alcanza el desempleo en nuestro país.

Así las cosas y considerando que el estancamiento económico que estamos viviendo les afecta mas a las micro, pequeñas y medianas empresas toda vez que, de acuerdo a los censos económicos que publica el INEGI, del total de las empresas manufactureras, las micro y pequeñas absorben el 99.6% y en promedio el personal ocupado por establecimiento es de 8 empleados, en las del sector comercio de 2.3 empleados y en el de servicios de 3.1, es de considerar que estas empresas, en los tres sectores económicos son las mas golpeadas, provocando con ello una situación insostenible para que sigan funcionando, lo que origina, en la mayoría de ellas, el despido de sus empleados.

Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 58, fracción I, de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, y dada la situación de crisis que están viviendo las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país, es que vengo ante esta tribuna de la nación a suscribir el punto de acuerdo que el Congreso del estado de Tlaxcala enviará a esta honorable Cámara de Diputados y al Ejecutivo federal, en los siguientes términos:

Unico. Se solicita al Ejecutivo federal y al honorable Congreso de la Unión, implementar un programa de condonaciones fiscales y adeudos administrativos, para rescatar a las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales que cumplan con ciertos criterios de elegibilidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre del 2004.

Dip. Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL QUE CONVOQUE A SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO ERNESTO HERRERA TOVAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Ernesto Herrera Tovar, diputado federal en la LIX legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58, 59 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de esa H. Cámara de Diputados la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita al jefe de gobierno del Distrito Federal convoque a sesiones ordinarias del Consejo de Protección Civil del Distrito Federal.

En razón a los siguientes:

Antecedentes

1.- La Ley de Protección Civil para el Distrito Federal publicada el 23 de julio de 2002 establece que el Consejo de Protección Civil es el órgano superior de consulta, opinión, decisiones y coordinación de las acciones en la materia, en el que se integran, en forma multidisciplinaria e interinstitucional los órganos de gobierno del Distrito Federal, las organizaciones civiles e instituciones científicas, académicas y profesionales, cuyos fines, funciones o atribuciones se vinculan a las acciones de la protección civil.

2.- El Consejo estará integrado de la siguiente manera: por el jefe de gobierno del Distrito Federal, quien lo presidirá; el secretario de Gobierno, quien fungirá como secretario ejecutivo del Consejo y los demás secretarios de la Administración Pública del Distrito Federal; el director general de Protección Civil, quien será el secretario técnico; el director general de Comunicación Social; quien será el coordinador informativo y de enlace; los jefes delegacionales del Distrito Federal; el secretario de Seguridad Pública; el presidente de la Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y dos integrantes de la misma; un representante de la Universidad Nacional Autónoma de México, uno de la Universidad Autónoma Metropolitana y uno del Instituto Politécnico Nacional, designados en los términos que establezca la normatividad interna de esas instituciones; y, diez representantes de organizaciones civiles especializadas

4.- Dicho Consejo forma parte esencial del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal el cual tendrá como objetivo brindar la prevención, protección, auxilio y recuperación de la normalidad de las personas y sus bienes ante la presencia de los diversos agentes perturbadores.

5.- Por mandato expreso del artículo 25 de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal el Jefe de Gobierno deberá convocar y presidir las sesiones ordinarias, extraordinarias y permanentes.

6.- Que el presidente del Consejo de Protección Civil del Distrito Federal ha incumplido con su obligación de convocar a sesiones, entre cuyos objetivos de las mismas se encuentra la misión de analizar los problemas reales y potenciales de la protección civil, promover las investigaciones y estudios que permitan conocer los agentes básicos de las causas de siniestros y desastres y propiciar su solución por medio del Sistema de Protección Civil.

Considerando

Primero.- Desde su fundación la Ciudad de México se ha caracterizado por ser una zona de alto riesgo, sufriendo desde entonces severos desastres por inundaciones y sismos, principalmente; hoy en día estos riesgos se multiplican debido a diferentes factores

Segundo.- En el Distrito Federal y municipios conurbados viven mas de 18 millones de personas, circulan mas de 3 millones de vehículos y operan cerca de 30,000 industrias y 12,500 establecimientos relacionados con sustancias peligrosas.

Tercero.- La Ciudad de México es la sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto en ella se encuentran ubicadas las oficinas centrales de las secretarías de Estado, así como de varias empresas privadas que operan en todo el territorio nacional.

Cuarto.- En el terremoto de 1985 que sacudió a la ciudad de México las autoridades reconocieron más de 9 mil 500 muertos, 150 mil damnificados, 53 mil edificios afectados, de los cuales 757 se colapsaron y tuvieron que ser demolidos; daños millonarios en infraestructura, vivienda y servicios públicos que paralizaron a la ciudad, tan solo recordemos que los edificios destinados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Comercio y Fomento Industrial fueron destruidos por dicho acontecimiento.

Quinto.- Un desastre como el mencionado anteriormente no solamente repercute en el ámbito local, por el contrario el país entero se trastorna y se ve seriamente afectado el panorama social, político y económico de toda la nación.

Sexto.- Hoy en día el Sistema de Protección Civil en el Distrito Federal es inoperante en atención de que un elemento componente del mismo no se ha integrado de conformidad con la ley y en mas de tres años no ha sesionado.

Séptimo.- El Consejo de Protección Civil del Distrito Federal, tiene entre otras atribuciones las de evaluar los instrumentos de la protección civil y coadyuvar en su aplicación, procurando su amplia difusión en el Distrito Federal; fomentar la participación activa y corresponsable de todos los sectores de la sociedad del Distrito Federal en la formulación, ejecución y evaluación de los programas destinados a satisfacer las necesidades preventivas de protección civil de la población.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único.- Se solicita al jefe de gobierno del Distrito Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de presidente del Consejo de Protección Civil del Distrito Federal, para que convoque a sesión a dicho Consejo de conformidad a la Ley de Protección Civil del Distrito Federal

Dado en la ciudad de México Distrito Federal a los catorce días del mes de octubre de dos mil cuatro.

Atentamente
Dip Ernesto Herrera Tovar (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN APLIQUE UNA AUDITORÍA TÉCNICA AL ORGANISMO PÚBLICO CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS, A CARGO DEL DIPUTADO INELVO MORENO ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal en la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta asamblea el presente punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El objetivo fundamental de los sistemas de cobro electrónico es el de proporcionar un mecanismo de recaudación automática de los derechos que se causan en el momento en que se cobren o sean exigibles los pagos a favor de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

Pero, además, el cobro automático en carreteras de peaje permite no sólo hacer más eficiente la captación de recursos y reducir la evasión en el pago del mismo, sino acelerar el tráfico de vehículos y hacer concurrente a las empresas privadas de transporte a las autopistas de cuota, dado que el tránsito por carreteras de peaje garantiza un paso más seguro, eficiente, confiable, rápido y de menor costo, así como el cargo electrónico de las cuentas bancarias de los usuarios y el depósito del peaje en las cuentas de Capufe.

En este ámbito, Capufe convocó, en enero de 2003, a la licitación pública internacional para la contratación de los servicios de administración de la gestión de cobro del sistema de Telepeaje que incluía el licenciamiento del software, equipamiento, mantenimiento, operación y comercial ización, por un plazo de 8 años.

El propósito fundamental de la licitación se dirigía a canalizar, a través del nuevo servicio de Telepeaje, el cobro de 121 millones de cruces anuales por las casetas de las autopistas al octavo año de operación, mismos que representan para Capufe un ingreso anual estimado del orden de seis mil millones de pesos, con un costo anual aproximado por concepto del servicio licitado de seiscientos millones de pesos.

Lo anterior significa, y así se asienta en las bases de licitación, que el ganador de la convocatoria deberá tener 300 carriles instalados con diez millones de transacciones y 70 mil usuarios registrados en el primer año, condiciones que después de un año cuatro meses la empresa ganadora, Información para la Diversión, ha incumplido totalmente.

Por otro lado, el sistema electrónico de peaje del país es administrado, desde 1993, por la empresa Integra que opera el sistema IAVE de telepeaje, por lo que la pretendida sustitución lleva a cuestionar sobre las ventajas técnicas y económicas que surgirían con la misma o bien sobre la compatibilidad del actual sistema electrónico con el nuevo y sus posibles beneficios.

Cabe señalar, que en ningún sentido se trata de proteger los intereses de una empresa, sino de evitar la destrucción de una infraestructura de peaje que ha significado un costo público durante más de diez años y que, en su caso, sólo debe ser desplazado una vez que se valoren, certeramente, todas las ventajas jurídicas, técnicas y económicas, situación que no se observa en los resultados de la adjudicación del contrato que resultó de la citada licitación, a favor de la empresa Información para la Diversión.

Pero, además, no hay que olvidar que los sistemas.de telepeaje tienen un alcance internacional, que se encuentran avalados, mediante memorandum de entendimiento sobre cooperación científica y tecnológica en el campo de transporte, por los gobiernos de México, Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica con el propósito de homologar sus sistemas, de tal forma que se promueve el uso de tecnologías compatibles que permitan operar los transportes entre los tres países en forma eficiente y segura.

Esto es, si IAVE opera con una frecuencia compatible con nuestros vecinos del norte, ¿Por qué adjudicar un contrato a una empresa que promovió una frecuencia diferente y que por lo mismo representa graves riesgos para las operaciones comerciales?. Ello, incluso pasando por alto resoluciones de la Procuraduría General de la República a favor de sistema del Telepeaje actual.

En tal virtud, dentro de los parámetros de evaluación y contratación de los sistemas de telepeaje se deben considerar los estándares internacionales para no ocasionar un problema adicional que se sume a las injustificadas argumentaciones del vecino país para negar la entrada de transportistas mexicanos a su territorio, con la consecuente pérdida de oportunidades de negocios para los empresarios nacionales.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar, ante esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- Que la Auditoría Superior de la Federación aplique una auditoria técnica y de desempeño al organismo público Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, con objeto de transparentar el uso de los recursos aprobados y en especial en lo relacionado a la convocatoria, adjudicación y estado actual de la licitación pública internacional para la contratación de servicios de telepeaje.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 14 de octubre de 2004.

Dip. Inelvo Morales Alvarez (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR AL TITULAR DE LA SAGARPA PARA QUE INFORME A ESTA CÁMARA RESPECTO AL ESTADO QUE GUARDAN LOS NUMERALES QUE ESTABLECEN DIVERSAS DISPOSICIONES SOBRE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE, A CARGO DEL DIPUTADO ARTURO ROBLES AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, Arturo Robles Aguilar, diputado federal del estado de Aguascalientes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera.- El artículo 74 constitucional establece que es facultad de la h. Cámara de Diputados velar por el cumplimiento estricto, puntual, pleno y oportuno de los mandatos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Segunda.- El Decreto correspondiente al año 2004, establece diversas disposiciones que orientan un cambio de forma y de fondo para operar programas sustantivos para el sector rural, contenidos en el Anexo 17 del decreto y que corresponden al Programa Especial Concurrente (PEC).

Tercera.- Además de orientar un impulso decidido hacia el federalismo, el decreto establece distintos reportes que le permiten a esta legislatura evaluar los impactos reales de los programas que se están operando en el marco del Programa Especial Concurrente y que constituyen elementos de juicio fundamentales para orientar o reorientar el contenido de sus programas y subprogramas.

Cuarta.- el Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establece las sanciones por incumplimiento a la legalidad y eficiencia de los servidores públicos, por lo que cualquier dependencia o entidad del Poder Ejecutivo Federal, deberá cumplir con lo estipulado en el Presupuesto de Egresos de la Federación; de lo contrario, la Auditoría Superior de la Federación deberá encargarse de aplicar las sanciones correspondientes.

El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 establece, entre otras cosas, que:

a) La Sagarpa esta impedida, con base en el decreto, de operar recursos de manera centralizada de los programas y subprogramas previstos en el artículo 64 Bis C, último párrafo

b) De la misma manera la Secretaría de Desarrollo Social no podrá operar recursos del Programa de Empleo Temporal

Quinta.- No obstante estas disposiciones, el Ejecutivo y en particular el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en claro desacato a estas disposiciones ha informado de manera incompleta a esta soberanía el cumplimiento de estas disposiciones, entre las que destacan:

1. Artículo 12 párrafo II.- Al menos el 25% de los recursos asignados al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, en lo que respecta al fondo de aportaciones para la infraestructura social, podrán ser destinados, con la aprobación del Cabildo o del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, a actividades productivas del sector primario así como a la adquisición de insumos, maquinaria y servicios en apoyo a actividades agropecuarias. De igual manera, podrán mezclarse con recursos provenientes de otros programas federales, estatales o municipales.

2. Artículo 19 párrafos III y IV.- La Secretaría reportará en los informes trimestrales a la Cámara los saldos en líneas globales y específicas para evitar acumulación de saldos o subejercicios presupuestales, en los plazos y términos de este Decreto.

Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario, la Secretaría deberá reasignar dichos recursos a los programas de desarrollo social y de inversión en infraestructura aprobados en este presupuesto. La Secretaría estará obligada a reportar al respecto en los informes trimestrales.

3. Artículo 30 fracción 1 E.- Reducir las estructuras y gastos de administración de las delegaciones, oficinas y representaciones de los estados, que tengan establecidas las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades. Dicha reducción deberá ser, cuando menos, por el equivalente al 15 por ciento del presupuesto aprobado en el año 2003 para dichas estructuras.

Para tal efecto, las dependencias y entidades deberán presentar, a más tardar el 15 de febrero, a la Secretaría y la Función Pública y someter a la opinión de la Cámara, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, un diagnóstico que incluya la cuantificación monetaria de los ahorros que se generarán y la estrategia de compactación de estructuras.

4. Artículo 30 fracción XVI.- La Secretaría y la Función Pública elaborarán un diagnóstico con el objeto de lograr una reingeniería en el servicio público para los puestos de mandos medios y superiores, en términos de lo previsto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, analizando las funciones, el grado de responsabilidad y las percepciones correspondientes. Asimismo, deberán remitir dicho diagnóstico a la Cámara, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a más tardar el último día hábil de mayo.

Artículo 55 fracción IV A.- Enviar a la Cámara por conducto de las comisiones correspondientes, turnando copia a la Secretaría y a la Función Pública, informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos, con base en los indicadores de resultados previstos en las reglas de operación. Dichos informes se deberán presentar a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre, salvo en el caso de programas que operen en zonas rurales aisladas y de difícil acceso, que cuenten con las autorizaciones de las Comisiones para remitir la información en un plazo distinto.

Artículo 62 fracciones VIII, IX y X.-

VIII.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, deberá observar que los importes que se establecen para cada uno de los programas enlistados en el Anexo 17 de este Decreto, efectivamente se canalicen para los propósitos de cada uno de ellos, por lo que, a fin de transparentar la aplicación de los recursos y mejorar el control presupuestario, entregará 15 días hábiles después del término de cada trimestre, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara, un informe del ejercicio presupuestario de sus programas, desglosando los beneficiarios, el presupuesto ejercido y comprometido por programa y, en su caso, por entidad federativa, cultivo, ciclo agrícola, volumen apoyado y número de productores beneficiados.

IX.- El calendario del ejercicio presupuestal de los programas enlistados en el Anexo 15 a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación deberá corresponder con el desarrollo de los ciclos productivos y climáticos. Para ello, se deberán alinear los recursos con el ejercicio fiscal, previendo tener suficiencia presupuestaria para los ciclos agrícolas: otoño invierno (inicio del ejercicio fiscal); primavera verano; y, otoño invierno (meses finales del ejercicio fiscal).

X.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación preverá que a través de sus programas enlistados en el Anexo 15, se fomente y consolide el desarrollo de fondos regionales de combate a la pobreza, a través de las organizaciones campesinas y sociales, que permita ampliar el capital social, la constitución de empresas prestadoras de servicios técnicos, el desarrollo de capacidades y el establecimiento de centros para el fomento de agronegocios y opciones productivas.

7. Artículo 64 Bis C (último párrafo).- Se deberá garantizar la federalización en su totalidad de los siguientes programas: de la Alianza para el Campo los subprogramas: Desarrollo Rural, Fomento Agrícola, Fomento Ganadero e Integración de Cadenas Agroalimentarias; el Programa de Empleo Temporal y el Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva en Zonas con Siniestralidad Recurrente (Piasre). Para lo cual, deberán establecerse los criterios de distribución de recursos a las entidades federativas para cada uno de estos programas, que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 27 de febrero de 2004. Para la definición de estos criterios deberán de participar los Consejos Estatales de Desarrollo Rural Sustentable.

Por todo lo anterior expuesto, el que suscribe, diputado federal a la LIX legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con base en los artículos 23, numeral 1, inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución:

Primero.- Solicitar con carácter de urgente al titular del Ejecutivo Federal instruya al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en un plazo que no rebase los diez días hábiles a partir de esta fecha, cumpla con las obligaciones derivadas del ordenamiento mencionado e informe por escrito a los presidentes de las Comisiones Unidas para el Desarrollo Rural de esta H. Cámara, el estado que guardan los numerales que establecen diversas disposiciones sobre la operación de la dependencia y en su caso del programa especial concurrente; de modo que si no lo hiciere, se entenderá como desacato a esta legislatura el incumplimiento de las disposiciones mencionadas.

Segundo. - Túrnese copia al titular de la Auditoría Superior de la Federación para que observe el cumplimiento de esta disposición toda vez de que se trata de ordenamientos de cumplimiento obligatorio para el titular de la dependencia.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2004.

Dip. Arturo Robles Aguilar (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD A LLEVAR A CABO, EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE SALUD, PROGRAMAS Y ACCIONES QUE IMPULSEN UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA ENTRE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL, A CARGO DE LA DIPUTADA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Salud a llevar a cabo, en coordinación con instituciones educativas, de seguridad social y de salud, programas y acciones que impulsen una cultura de prevención del cáncer de mama entre la población estudiantil, a cargo de la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN

La suscrita, diputada del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, a efecto de exhortar a la Secretaría de Salud a que en coordinación con las instituciones educativas, de salud y de seguridad social, desarrollen programas y acciones de orientación y fomento al autoexamen para la detección oportuna de cáncer de mama entre los estudiantes de bachillerato, universitarios y la población en general a fin de impulsar una cultura de prevención en torno a esta enfermedad, bajo las siguientes:

Consideraciones

La protección de la salud es garantía constitucional y condición básica para que toda persona desarrolle sus capacidades. La salud, entendida como el estado de completo bienestar físico, mental y social en un contexto ecológico-social propicio para su sustento y desarrollo, incluye la prevención de enfermedades, entre estas el cáncer de mama.

En México, esta neoplasia representa la segunda causa de muerte por tumores malignos pero, de acuerdo a estimaciones, puede convertirse en la primera causa en un plazo de cinco años.

La probabilidad de desarrollar cáncer de mama entre las mujeres, a lo largo de su vida, es de una por cada ocho. Aun cuando es más común la enfermedad en mujeres mayores de 50 años, se puede presentar en mujeres de cualquier edad y de cualquier raza.

La causa exacta por la que una mujer desarrolla cáncer de mama es aun desconocida, aunque existen factores que aumentan el riesgo de padecer esta enfermedad. Son factores de riesgo tener 65 años y más, uso de reemplazo hormonal, menopausia tardía, antecedentes familiares de cáncer de mama, o biopsias previas con atipia, así como, mujeres que tuvieron su primer hijo después de los 30, o iniciaron su período menstrual antes de los doce años.

Existen otros riegos que se estudian y que tienen hoy por hoy un valor controversial como es la dieta alta en grasas o el consumo de alcohol.

Por otro lado, el éxito de los métodos para tratar la enfermedad está fuertemente vinculado con la etapa de desarrollo en que es detectado. De ahí, que lo más importante con respecto al cáncer de mama es su detección temprana, pues entre más pronto se descubra, las posibilidades de cura son mayores.

Para detectar el cáncer de mama, existen tres métodos: la mamografía, el examen hecho por el médico o enfermera y la autoexaminación.

La mamografía debe realizarse cada año en pacientes mayores de 40 años o en menores de esta edad si hay historia de cáncer de mama. La examinación por un médico o una enfermera debe hacerse cada año en el examen de papanicolau preferentemente a partir de los 20 años.

Por su parte, la autoexaminación, espacio en el que pretendo incidir con el punto de acuerdo que pongo a la consideración de esta Asamblea, debe hacerse cada mes, a partir de los 18 a 20 años. Se recomienda realizar la autoexaminación de dos a tres días de haber finalizado un período menstrual y debe enfocarse a detectar nódulos, cambios en la piel, en la forma del pezón, así como, secreciones por el mismo, o cambios en la forma de la mama.

Dado que las alteraciones son en la mayoría de las veces demasiado ligeras, la propia mujer debe tener la capacidad de explorar y detectar anomalías que la hagan acudir al médico para cerciorarse de que no presenta la enfermedad. De ahí, la necesidad de educar a nuestros jóvenes a conocer su cuerpo desde temprana edad para que puedan detectar cambios que sean importantes para su salud.

Si una mujer se educa para explorar su cuerpo desde los veinte años seguramente se acostumbrará a ir al médico cada año a su examen de mama, a hacerse una mamografía anual después de los cuarenta años. La mayoría de nuestros hábitos los adquirimos en la juventud por lo que debemos invertir en prevenir más que en curar.

La detección temprana, puede cambiar el destino de una mujer, la única forma de asegurar que el cáncer de mama no llegue a ser el primer tipo de cáncer por el que una mujer muere como lo es hoy en muchos países del mundo, incluido el nuestro, es educando a nuestras mujeres desde la juventud para que conozcan su cuerpo y lo exploren cada mes para detectar cualquier cambio.

La diferencia entre detectar un cáncer de mama en etapa temprana y otra en etapa tardía es tan sencilla como la vida y la muerte. La mejor forma de atacar los efectos mortales de esta neoplasia es concientizando a la población sobre los factores de riesgo y proporcionándoles servicios de salud preventivos y de diagnostico oportuno.

Finalmente es pertinente mencionar que la materia de promoción y educación para la salud es competencia de la Secretaría de Salud en coordinación con las autoridades educativas y las dependencias y entidades del sector salud. El artículo 113 de la Ley General de Salud faculta a esta dependencia para proponer y desarrollar programas en este rubro.

Con base en lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con las autoridades e instituciones educativas, de seguridad social y de salud de los estados y del Distrito Federal, desarrolle programas y acciones de orientación y fomento al autoexamen para la detección oportuna del cáncer de mama entre los estudiantes de bachillerato, universitarios y la población en general a fin de impulsar una cultura de prevención en torno a esta enfermedad.

Se solicita el trámite de urgente resolución con fundamento en el artículo 59, a cuyo efecto se presenta esta proposición con la debida oportunidad acompañado de su archivo en versión electrónica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2004.

Diputados: Maki Esther Ortiz Domínguez, José Ángel Córdova Villalobos, Pablo Anaya Rivera, Martha Lucía Mícher Camarena, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Sara Rocha Medina, Eliana García Laguna, Clara Marina Brugada Molina (rúbricas).

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES INTEGRE UNA SUBCOMISIÓN QUE ATIENDA LA PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN RELLENO SANITARIO EN LA MINA LA BEZANA, A CARGO DEL DIPUTADO OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado federal a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En estos tiempos de cambio de las estructuras sociales, de un nuevo orden económico, social, político y cultural, de el cual mucho se ha hablado respecto de la no trasgresión de la norma; del respeto al estado de derecho, que nadie puede estar por encima de la ley por intereses personales o de grupo, incluyendo en este rubro a las autoridades independientemente del ámbito de las mismas; existen dentro del sistema personas, que ahora investidas de poder, pretenden anteponer su voluntad aún en contra de los derechos, seguridad y del patrimonio de aquellos que en un acto de buena voluntad y creyendo en promesas de campaña, los llevaron a alcanzar un cargo público promesas que expresaban beneficio y provecho a los gobernados.

No es desconocido el hecho de que uno de los grandes problemas a nivel nacional, es el relativo a los desechos sólidos, mejor conocidos o llamados comúnmente como basura, al respecto, asociaciones privadas, instituciones públicas y autoridades de todos los ámbitos, han manifestado su preocupación y al punto se han expresado múltiples opiniones; sabemos, que lo relativo a este tema, no es sencillo y sí en cambio, muy delicado, esto, no solo por el daño ambiental que se provoca por el mal manejo de estos residuos, sino también por los daños que se pueden ocasionar, indudablemente, en la salud de las personas, cuando no se toman las decisiones adecuadas y precisas al respecto.

En esta ocasión, diputadas y diputados, me refiero a los actos de Julieta Villapando Riquelme, presidenta municipal de Coacalco de Berriozabal, estado de México, lugar, en el cual existe una grave preocupación por parte de la comunidad en general y muy en especial por lo que toca a la comunidad de Calpulli del Valle, preocupación fundada, ya que las acciones emprendidas por la alcaldesa ponen en riesgo el medio ambiente del lugar, la salud de los habitantes y el interés general de quienes ahí habitamos.

La comunidad de Calpulli del Valle y colonias aledañas, han expresado a través de diversos escritos dirigidos a las autoridades federales, estatales y municipales, la preocupación que les embarga, estas personas han recurrido a las diversas instancias que han estimado pertinentes para poder encontrar una solución al problema que innegablemente ven venir sobre de ellos, toda vez que se encuentra afectando su salud, su patrimonio y el entorno que les rodea; estimo que no es desconocido por los miembros de esta honorable asamblea el hecho del que emana esta preocupación, pues en diferentes medios informativos se ha hecho del conocimiento de la comunidad mexicana, lo relativo a este problema, que es la utilización de una mina como relleno sanitario.

Cuando se atenta contra la seguridad de cualquier grupo, comunidad o sociedad, las autoridades estamos obligados a asumir la responsabilidad que de acuerdo a nuestros cargos, nos ha sido impuesta, más aún cuando esta investidura deviene de la voluntad de los gobernados, quienes a través de su libre voluntad han depositado en nuestra persona la manifestación de su voz, como representantes de los mismos.

En este sentido, debo referir que la actual administración municipal, asumiendo una conducta de irresponsabilidad, negligencia y arbitrariedad, viene solapando y tolerado la violación a la norma, porque aún cuando tiene conocimiento de las condiciones actuales de esta mina, conocida como "La Bezana" la cual ha sido explotada violando las normas legales y de seguridad, la alcaldesa nada ha realizado al respecto y por otro lado, tratando de dar una aparente solución al problema de los desechos sólidos del municipio, en forma por demás contraria a derecho y a la lógica, ha tomado la decisión unilateral de utilizar esta mina como relleno sanitario, sin tomar en cuenta el grave daño de carácter irreversible, que su decisión, puede ocasionar.

Al respecto, el 21 de septiembre del presente, se llevó a cabo una sesión de cabildo en la cual se presentó el proyecto de construcción del relleno sanitario en "Mina La Bezana", mismo que fue aprobado por la mayoría de sus integrantes, en dicha sesión extraordinaria se autorizó a la presidenta municipal de Coacalco de Berriozabal a realizar el saneamiento, clausura y rehabilitación del tiradero municipal del predio "El Ayacatl", así como la construcción y operación de un relleno sanitario mediante concesión por un periodo de 15 años de manera directa dentro de este territorio municipal a la empresa que ofrezca el servicio integrado y erogue la inversión para llevar a cabo este proyecto. Asimismo, se autorizó para tramitar el decreto ante la legislatura del estado de México para que esta última otorgue su autorización y aprobación al municipio de Coacalco para concesionar el saneamiento, clausura y rehabilitación del tiradero del predio "El Ayacatl". Sin embargo, dicho proyecto jamás ha sido dado a conocer a la comunidad, inclusive las autoridades municipales afirmaban categóricamente desconocer que existiera proyecto alguno.

Lo grave, no es el hecho que la autoridad municipal pretenda dar una solución al problema de los desechos sólidos, sino que, consideramos que es prioritario y necesario llevar a cabo actos tendientes a encontrar soluciones adecuadas y precisas no sólo en ese municipio, sino en todo el país, también es preocupante, que se pretenda utilizar una mina como relleno sanitario para dar solución a este problema, además esta mina es un espacio que se encuentra a escasos diez metros de las viviendas más próximas, encontrándose dentro de la zona urbana y que se encuentra sobre la red de abastecimiento de agua del sistema Cutzamala.

Al respecto es de mencionarse que la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión aprobó la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y reformó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ambos ordenamientos establecen que sus disposiciones son de orden e interés social; en el ámbito estatal, en el año de 1997, se expidió la Ley de Protección al Ambiente para el Desarrollo Sustentable del estado de México, ordenamiento, que es claro y determinante al señalar en su artículo 1º que es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio del estado de México.

Lo anterior, tal vez, no signifique nada para muchas personas, como lo es el caso de los miembros de la administración municipal de Coacalco, que han tomado una decisión ilícita e ilógica, sin embargo, es de resaltar que en todos estos ordenamientos, se impone la observancia irrestricta al considerar lo relativo al medio ambiente como de interés social, general y público, esto, no a capricho del legislador, sino precisamente previniendo los graves daños que por negligencia, irresponsabilidad, intereses personales o económicos se puedan causar al entorno ambiental y salud del pueblo mexicano.

La decisión tomada unilateralmente y contraria a todas las disposiciones del orden legal, ecológico y social que regulan lo relativo al manejo, deposito y trato de los residuos sólidos, por Julieta Villalpando Riquelme, de ninguna manera viene a solucionar el problema de la basura en el municipio de Coacalco, muy por el contrario a los argumentos que ha expresado la administración que dirige, la utilización de la mina como relleno sanitario, no solo agravaría la situación ambiental en este municipio, sino que va más allá de afectar a un grupo social o comunidad, en este sentido me refiero a que las redes de abastecimiento de agua potable del sistema Cutzamala, las que sufrirían contaminación en sus aguas derivado de la filtración de los residuos contaminantes de los deshechos que se pretenden depositar en la mina, todo esto por los fenómenos naturales como la lluvia, que se filtra a los mantos acuíferos subterráneos, asimismo, la mina en cuestión se encuentra demasiado cerca de los límites territoriales de la sierra de Guadalupe, área forestal protegida y restringida por el Gobierno federal por considerarla como uno de los grandes pulmones de nuestra valle de México.

Aunado a lo anterior, esta mina se encuentra colindando con un espacio en el cual el gobierno municipal autorizó la realización de actividades comerciales de compraventa de autos, lugar al cual acuden los fines de semana un gran número de personas; y a veinte metros del área en que se pretende establecer el basurero se encuentra ubicado un centro de educación escolar y a escasos cincuenta metros se encuentra la avenida José López Portillo, una de las principales arterias vehiculares que permiten el acceso y salida a este municipio, tanto de los habitantes del lugar, como de municipios aledaños, como Tlalnepantla, Tultitlán, Ecatepec, Tultepec y aún del Distrito Federal, entre otros, esta vía, no solo es un acceso a los automovilistas, sino que además es la entrada de vehículos de trasportes de alimentos y medicamentos que son traídos a esta ciudad de las entidades del interior del país.

Esta afectación, la sufrirían directamente los habitantes de colonias como Bosques del Valle, El Obelisco, La Garita, Paraíso I y II, San Felipe, Coacalco Centro, entre otras muchas, ello por los focos de infección que sin ser peritos en la materia, sabemos existen en cualquier lugar utilizado como depósito de desechos.

Pero aún más afectados resultan, no solo en su salud, sino además en su seguridad y patrimonio, la comunidad de Calpulli del Valle, cuyo centro de población, se ubica a escasos diez metros de la mina y digo esto, por que desde el inicio de los trabajos para la preparación y equipamiento del lugar se utilizarían instrumentos de alto riesgo como dinamita y maquinaria pesada que de acuerdo a las condiciones de inseguridad en que se realizó su explotación, con una profundidad mayor a los cien metros y con taludes de noventa grados, son propicios para provocar derrumbes y movimientos del suelo que conllevaría la caída o derrumbe de las viviendas de los habitantes de Calpulli del Valle, observando que, incluso me consta en forma personal, en algunas de estas viviendas ya existen fracturas en su construcción, como consecuencia de los actos realizados en "La Bezana".

Ante ello, y derivado de estos actos, que afectan en forma inmediata, directa y contundente a un grupo social y colectividad, los cuales tienen efectos sociales de interés general y del orden público, ante la ilícita conducta desplegada por Julieta Villalpando Riquelme, en afectación de este grupo social y en general de la comunidad coacalquense, en un asunto tan delicado de acuerdo a los daños inmediatos, a largo plazo y de carácter irreversible, que ponen en inminente peligro el interés público y general, negando además toda información al respecto, manejándo los asuntos sociales en forma hermética, sin tomar en cuenta las expresiones y manifestaciones de inconformidad de los habitantes del municipio Coacalco; y de conformidad con lo establecido en el los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Duodécimo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, me permito someter ante esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Que en términos del numeral 4 del artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales integre una Subcomisión para que se entreviste con la presidenta municipal de Coacalco, Julieta Villalpando Riquelme, y con las autoridades municipales competentes visite y atienda la problemática relacionada con la instalación y construcción de un relleno sanitario en la mina conocida como "La Bezana", por los daños ecológicos y ambientales que se pueden ocasionar con la misma a las redes de agua potable del sistema Cutzamala, así como por el daño al interés público y general de Coacalco y municipios aledaños, y muy en particular al grupo comunitario de Caulpulli del Valle.

La Subcomisión deberá integrarse por una diputada o diputado de cada uno de los grupos parlamentarios con representación en la Comisión, asimismo podrán participar en la misma diputados del estado de México, una vez que hayan cumplido con el objeto de su creación deberán de presentar un informe que contenga las recomendaciones para atender dicha problemática al pleno de la Cámara de Diputados, a través de la presidencia de la mencionada Comisión.

Segundo. La Cámara de Diputados hará llegar dicho informe a las autoridades competentes para que en uso de sus facultades realicen las acciones conducentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 7 de octubre de 2004.

Dip. Omar Ortega Alvarez (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A APLAZAR, MEDIANTE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, LA ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS, SUSCRITO POR LOS DIPUTADOS CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS Y HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplazar, mediante la Secretaría de Gobernación, la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, suscrito por los diputados Claudia Ruiz Massieu Salinas y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del grupo parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales Claudia Ruiz Massieu Salinas y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentamos ante esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 31 de diciembre de 1947, durante la administración del Presidente Miguel Alemán Valdés, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Juegos y Sorteos, dicho ordenamiento da facultades a la Secretaría de Gobernación, para que por medio de una Dirección General de Juegos y Sorteos, se puedan vigilar, controlar y reglamentar toda aquella clase de juegos con apuesta con excepción de los organizados por la Lotería Nacional.

En la Cámara de Diputados se han presentado alrededor de una decena de iniciativas, algunas que datan de la LVII Legislatura con el propósito de actualizar esta ley de acuerdo a las realidades que hoy imperan.

Si bien es cierto que al interior del Congreso se han discutido los temas relacionados con Juegos y Sorteos, no se han logrado los consensos necesarios para poner en marcha una Ley, que regule la materia y adecuar a la realidad la realización de estas actividades en lo que se refiere a juegos de azar, ferias, peleas de gallos, carreras con apuestas y loterías.

Se debe crear una ley que favorezca el fortalecimiento del federalismo y dote de mas elementos y recursos a los estados para que cumplan con el compromiso social de apoyar a los grupos vulnerables.

Es necesario ampliar los cauces de la participación estatal para que se siga construyendo una sociedad más fuerte, más unida y mejor organizada; la creación de reglamentaciones ambiguas que no satisfacen los principios esenciales del federalismo, no puede tener cabida en nuestro sistema democrático.

La interrelación entre los estados, los municipios y la federación no es hoy un mero concepto teórico, es un hecho de la vida cotidiana, que se manifiesta en el descubrimiento de una nueva tecnología política que genera un alto impacto en la economía nacional y familiar.

Tenemos que emprender medidas importantes para adaptar al Estado a la nueva dinámica social. La consolidación de un sistema federalista permitirá en el futuro destinar mayores recursos para satisfacer las demandas sociales y el cumplimiento de las responsabilidades directas del Estado en la previsión de servicios básicos.

Para la construcción de un Estado moderno que cuente con instituciones sólidas y normas claras y justas, es pertinente trabajar a favor de una reglamentación que permita en este rubro clarificar el destino de los premios no reclamados, situación que no se manifiesta en el reglamento.

En este proceso de fortalecimiento del federalismo, habremos de reconocer la decisión y la claridad con la que se fueron enfrentando adversidades y mantener así, la vigencia de las instituciones.

Convencidos de la importancia que tiene fortalecer esta figura, manifestamos nuestra preocupación de que en el reglamento de la Ley recientemente publicada en el DOF no se respeta este principio rector del Estado.

Tratándose de un reglamento de carácter federal es de suma importancia tomar en cuenta la participación de los estados y municipios, para respetar las competencias locales y contribuir a fortalecer el federalismo mexicano.

En el artículo primero transitorio se señala que la entrada en vigor será a los 20 días hábiles después de su publicación, por lo tanto la fecha para tal efecto se cumplirá el 15 de octubre.

Del estudio del texto que tendrá vigencia a partir de la fecha antes señalada, se detectan anomalías que no permiten que éste sea un ordenamiento creado con absoluta madurez y responsabilidad política.

Si desde 1947 no se ha reglamentado en esta materia, es claro que la responsabilidad que tenemos los legisladores es la de analizar puntualmente la calidad y contenido de un reglamento que no señala la participación de los estados en esta materia.

Pugnar por que los recursos que provengan de tales actividades, sean distribuidos en proporciones equitativas entre las haciendas estatal y municipal, privilegiando su destino para la asistencia pública y grupos vulnerables en el caso de premios no reclamados.

Establecer de forma conjunta la operación, control y supervisión de las actividades relacionadas con juegos y sorteos.

Pretender ordenar una ley de diecisiete artículos en un reglamento que en muchos casos va mas allá de la misma, daría origen a un ambiente de incertidumbre jurídica al contemplar aspectos no incluidos en la Ley correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los principios esenciales de un Estado democrático y federal, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal por conducto de la Secretaria de Gobernación a aplazar por 90 días naturales la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Diputados: Claudia Ruiz Massieu Salinas, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbricas).

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CLÍNICA EN LA CIUDAD DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito Ramón González González, diputado federal en la LIX Legislatura, por el tercer distrito electoral de Jalisco, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en los numerales 58,59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco a solicitar se turne a las Comisiones correspondientes la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitarle al Director General del ISSSTE, Lic. Benjamín González Roaro, la construcción de una Clínica debidamente equipada, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que brinde servicios de calidad a los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Para lo cual hago las siguientes:

Consideraciones

Con fecha 16 de julio de 1986, el H. Ayuntamiento de Tepatitlán, por sesión ordinaria de cabildo, otorgó en comodato al Lic. Enrique Martínez Macías, Delegado Estatal del ISSSTE en aquellos años, un terreno ubicado al sur de la ciudad entre las calles "Revolución" "Ayuntamiento" y "Manuel Altamirano", el cual cuenta con una superficie de 3021.75 metros cuadrados.

Posteriormente el Lic. Jesús Rangel Díaz de León, Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Delegación Jalisco, solicitó se modificara el acuerdo de Cabildo de fecha 16 de Julio de 1986, mediante el cual se otorgaba el predio mencionado en el párrafo anterior, y se tomara otro acuerdo, en el que se concediera la donación pura y simple de dicho predio, a lo cual, en sesión ordinaria de Cabildo el día 24 de Marzo de 1999, se decidió negar dicha donación, hasta en tanto, el Instituto no presentará un proyecto, a realizarse en un corto plazo y que del mismo se desprendiera la total utilización del terreno del cual hacemos referencia.

Nuevamente el Delegado Estatal del ISSSTE, Solicitó la revocación del acuerdo de Cabildo, en el que dicho terreno se otorgaba en comodato, y en su lugar se le entregará en donación, por lo que en sesión de Cabildo de fecha 23 de mayo del 2001, se rechazó dicha solicitud , hasta en tanto, se presentará un proyecto de construcción de la clínica y el tiempo de duración del mismo, por parte del Instituto.

Cabe señalar, que a 18 años de que se les otorgó, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el terreno mencionado con antelación, únicamente se ha construido un miniconsultorio, el cuál utiliza un espacio de 60m2 (sesenta metros cuadrados), lo cual equivale a tan sólo el 2% del aprovechamiento total del inmueble.

Tepatitlán es una ciudad, ubicada en el Estado de Jalisco, en la Región de los Altos y concretamente en la Circunscripción del Tercer Distrito Electoral de Jalisco, que cuenta con 383 localidades, con una población mayor a los 120,000 habitantes y una extensión superficial de 1532.78 kms2, es reconocido por sus atractivos turísticos, su arquitectura y por el privilegio de tener al Señor de la Misericordia quién es muy visitado, además de San Tranquilino Ubiarco canonizado el 21 de mayo del año 2000, y próximamente la beatificación del licenciado Anacleto González Flores. Lo que ha convertido a Tepatitlán en una Ciudad de Turismo Religioso. Además, es reconocido internacionalmente por su producción avícola la cual incluso es exportada a varios países, en los últimos años, ha mostrado un gran desarrollo a nivel nacional tanto en la Agricultura , Ganadería y Porcicultura, por lo que el mencionado desarrollo ha traído como consecuencia un crecimiento en general acelerado, por lo cual, es un gran problema, el sólo tener un pequeño consultorio para brindar atención a los derechohabientes del ISSSTE; es insuficiente y por sus mismas características, no es de calidad y falta el equipo necesario.

Cabe destacar que no sólo es la ciudad de Tepatitlán la que resultaría beneficiada con la construcción de la multicitada clínica, también lo serían los trabajadores del Estado de algunos municipios circunvecinos, tales como: Yahualica, San Miguel, Arandas, Tototlán, Zapotlanejo, Atotonilco el Alto, Acatic, Cuquío, Jesús María, Mexticacán, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán y Valle de Guadalupe, entre otros, que si bien, cuentan algunos con unidades médicas familiares, estas no son suficientes, por lo que el número de beneficiados con la construcción de la ya mencionada clínica aumentaría de manera considerable.

Hace ya 18 años que se comenzó con ésta tarea y es fecha en que aún no se ha cumplido, a pesar de que las Autoridades Municipales que han pasado por Tepatitlán, han gestionado ante las instancias Federales y Estatales, la construcción de dicha clínica, es por eso, entre otras razones, por las que el actual Presidente Municipal, el Lic. Leonardo García Camarena y Funcionarios de Tepatitlán, así como lideres y dirigentes de diversas Asociaciones de maestros y trabajadores de instituciones públicas, que tienen su domicilio en esta ciudad y en delegaciones vecinas, donde ni siquiera se cuenta con algún espacio para la atención médica, han acudido con el suscrito para que por este medio se le solicite a la Secretaría de Salud la construcción de la ya mencionada clínica.

La Construcción de la clínica tantas veces señalada en este ocurso, es un asunto de bien común y de justicia, es además un derecho consagrado en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4; el derecho a la salud de todos los mexicanos, y específicamente en el artículo 123 inciso B, fracción XI, se tutela el derecho de los Trabajadores del Estado a la seguridad social, y es deber de esta soberanía trabajar y vigilar para que estos derechos sean garantizados, los cuales realmente no se están cumpliendo, tal como lo demuestran las quejas que continuamente llegan sobre la ineficacia del miniconsultorio existente; sé que cuando hay una solicitud como la que hoy se hace, sobran justificaciones que pueden ser: económicas, técnicas o hasta políticas para no atenderlas, espero que en esta ocasión no existan ninguna de ellas, ya que hay obras que tienen que hacerse por el bien y el progreso de los pueblos aún cuando no reditúen en ingresos económicos para el Erario Nacional, además el H. Ayuntamiento de Tepatitlán esta dispuesto a cooperar con la donación del terreno ya mencionado anteriormente, el cual jamás se ha negado siempre y cuando se construya la tan solicitada clínica, pero es importante mencionar que el término del comodato es el 31 de diciembre del 2004.

Creemos que hay muchos argumentos debidamente sustentados para que se contemple el presupuesto necesario para la construcción de una clínica que brinde un adecuado servicio a los trabajadores del estado que radican en la región de los Altos de Jalisco.

Espero que después de tantas solicitudes y esfuerzos que han hecho autoridades locales y ciudadanos Alteños, no se agote su paciencia y que juntos por las vías del civismo y la legalidad, logremos sus pretensiones.

Por lo anteriormente señalado comparece ante esta Honorable Soberanía a presentar el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se solicita al director general del ISSSTE, licenciado Benjamín González Roaro, la construcción de una clínica debidamente equipada en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que brinde servicios médicos de calidad a los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 14 de octubre de 2004.

Dip. Ramón González González (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A VERIFICAR EL ESTADO FÍSICO DE LA AUTOPISTA DE EL SOL, A CARGO DE LA DIPUTADA IRMA S. FIGUEROA ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1.- El cuarto informe de actividades que emite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes manifiesta los grandes logros obtenidos durante este año de trabajo.

2.- Según el Manual de Organización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Unidad de Autopista de Cuota dependiente de la Subsecretaría de Infraestructura, tiene como objetivo, dar seguimiento permanente al funcionamiento de las autopistas de cuota, incluyendo sus aspectos operativos financieros, tecnológicos y de conservación y para asegurar que presten un servicio acorde con las expectativas de los usuarios en términos de seguridad, economía y rapidez para propiciar su aprovechamiento como instrumentos de integración nacional y regional.

3.- Entre las funciones de la Unidad de Autopista de Cuota encontramos: Tramitación de permisos y autorizaciones, supervisar el cumplimiento de la ley, verificar el estado financiero de las empresas concesionarias, emitir las disposiciones operativas para la adecuada utilización de los caminos y puentes de cuota, llevar el registro del movimiento de vehículos, revisar que los estudios y proyectos de obra se realicen conforme a la normatividad, verificar el estado físico de los caminos y puentes de cuota, así como emitir disposiciones relativas a la conservación y mantenimiento de los mismos a fin de evitar su deterioro progresivo, entre otras actividades.

4.- Por otra parte el informe de labores hace mención de la misión del Organismo Descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), la cual se orienta a "consolidarse como una institución modelo en la prestación de servicios carreteros de calidad, que facilite el desplazamiento de personas, bienes y servicios con seguridad, comodidad, rapidez y economía. Que opere en forma optima, con infraestructura de primer nivel y contribuya a la expansión e integración de la Red Nacional de Caminos y Puentes de Cuota".

5.- Que la realidad dista mucho del discurso oficial y los buenos deseos. Por ello en adelante me avocaré a tratar una grave situación en base a que no se cumple la reglamentación y normatividad de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes.

6.- La Autopista del Sol consta de 261.6 kilómetros de longitud, según las estadísticas de la SCyT. Fue construida hace 11 años. Esta autopista, hoy en día presenta un grave deterioro, físico, que va desde los derrumbes, baches, espacios en reparación que hacen más difícil el transito por ella, además de que los teléfonos de emergencia en su mayoría se encuentran descompuestos.

7.- Lo anterior demuestra una desatención total por parte de las autoridades, pero lo más preocupante y lamentable es que se han suscitado diversos accidentes automovilísticos que en más de una ocasión ha costado la vida de muchas personas. Según la Secretaría de Salud, más de 26 mil mexicanos mueren al año por accidentes automovilísticos, cuyo motivo es el exceso del consumo de alguna droga, exceso de velocidad, mal estado de los vehículos, cansancio y mal estado de las carreteras.

8.- Sabemos que esta Autopista del Sol es sumamente transitada justamente porque conduce a lugares con amplia trayectoria turística. Es lamentable que siendo una autopista de cuota, carísima, hoy en día se encuentre en pésimas condiciones.

9.- Consideramos que se deben tomar acciones que eviten la muerte de personas inocentes y que no contribuya el mal estado de las carreteras a incrementar las estadísticas de muerte por accidentes vehiculares.

Por lo anteriormente expuesto y en base a las disposiciones invocadas en el proemio, presentamos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, arquitecto Pedro Cerisola Y Weber para que instruya a los responsables de verificar el estado físico de las autopistas de cuota, y de la conservación y mantenimiento de las mismas para que brinden especial atención a la Autopista del Sol, ya que su grave deterioro físico ha ocasionado lamentables decesos de personas.

Dip. Irma S. Figueroa Romero (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A CONSERVAR EN SU ESTRUCTURA ORGÁNICA LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA, ASÍ COMO A REVISAR LOS NUEVOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO, A CARGO DEL DIPUTADO SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Salvador Sánchez Vázquez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a la consideración de los integrantes de esta Asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes:

Antecedentes

1. El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004 dispuso en su artículo 30, fracción I, inciso c) que, como parte de las medidas de austeridad a las que el Ejecutivo Federal está obligado, las dependencias y entidades deben ajustar su estructura a tres subsecretarías o niveles salariales equivalentes, como máximo, salvo en los casos de excepción que se justifiquen ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, y se sometan a la opinión de la Cámara, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

2. Con fecha 9 de septiembre de 2004, la Secretaría de Educación Pública presentó ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el Anteproyecto de Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, así como un addendum al mismo, el pasado 5 de octubre.

3. Entre las principales propuestas contenidas en el documento anteriormente referido, se encuentra la desaparición de la Subsecretaría de Planeación y Coordinación, así como de la Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal; y se propone la sustitución de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas por una nueva Subsecretaría denominada Educación Media Superior, con lo que quedaría la Secretaría de Educación Pública integrada por tres subsecretarías.

4. Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública, mediante el Acuerdo número 345 determinó el Plan de Estudios del Bachillerato Tecnológico vigente a partir del ciclo escolar 2004 -2005, el cual disminuye los contenidos y las asignaturas de formación científica y humanísticas, y deja sin definir las especialidades y los programas de las actividades tecnológicas.

Consideraciones

La educación tecnológica tiene como finalidad el posibilitar en los alumnos el aprendizaje del conocimiento tecnológico para su comprensión y práctica del saber - hacer humano. Conocimiento tecnológico que está relacionado con la lógica de los objetos y procesos técnicos, su estructura y funcionamiento; los procesos presentes en su elaboración; las necesidades a las que da respuesta y, su impacto en el medio natural y social. Al mismo tiempo, también es importante que los alumnos comprendan las dimensiones científica y técnica de los productos de la tecnología, así como las fuerzas sociales, opciones políticas y condicionantes culturales que se encuentran en ellos.

En todos los países desarrollados y los países con economías en desarrollo, la educación tecnológica es un tema de la mayor relevancia en sus sistemas educativos nacionales, ya que en la mayoría de los casos ésta es abordada desde los primeros grados de la educación básica como plataforma, entre otros objetivos, para la preparación futura de aquellos recursos humanos que habrán de aportar al desarrollo tecnológico del país.

En una visión integral, se debe considerar que los sistemas de formación, cuyo eje es la educación tecnológica en todos sus niveles y modalidades, en la mayoría de esos países muestran marcadas iniciativas para hacer avanzar sus esquemas de educación y formación con base en las nuevas exigencias del cambio; en muchos de ellos se asiste a un proceso de recomposición de las estrategias educativas como criterio de reforma.

La sola posibilidad de lograr que un buen número de alumnos de secundaria se incorpore al bachillerato tecnológico y de ahí a una educación superior tecnológica, puede significar importantes avances en la conformación de una masa crítica de científicos y tecnólogos que tanto requiere el país para lograr un desarrollo socialmente más justo y equitativo, pero también sustentable en beneficio de las generaciones futuras.

En esta visión, México ha venido construyendo y consolidando su Sistema Nacional de Educación Tecnológica a partir de la creación y articulación de distintos niveles educativos, desde secundaria hasta superior, pasando por la formación para el trabajo, como una opción para la incorporación inmediata al mundo laboral.

Con el objeto de darle mayor viabilidad y articulación a ese proceso, se creó en 1958 dentro de la estructura orgánico-funcional de la Secretaría de Educación Pública, la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica (SEIT) y como soporte académico y operativo, el Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica (Cosnet).

En la actualidad, el Sistema Nacional de Educación Tecnológica tiene registrados a más de dos mil planteles en sus diferentes niveles educativos en el territorio nacional, que atienden aproximadamente a dos millones de alumnos en las modalidades educativas de capacitación, secundaria técnica, licenciaturas, especialización, maestría y doctorado, a través de una plantilla docente de más de cien mil profesores.

La existencia de una vía tecnológica y de una unidad orgánica en la Secretaría de Educación Pública responsable de su correcta evolución y desarrollo, le da al Sistema Educativo Nacional una ventaja estratégica que sería de trascendental importancia en la construcción de los sistemas de educación y formación permanente que demandan las sociedades del conocimiento del siglo XXI.

Se requiere pues, de una instancia formal que organice, impulse, coordine y regule las tareas educativas referentes a la formación profesional, la investigación y la difusión de la cultura tecnológica de todos los tipos y niveles que conforman el Sistema Nacional de Educación Tecnológica, a efecto de garantizar la relevancia y pertinencia del desarrollo tecnológico que requiere el país en lo general y de sus diversas regiones en lo particular.

En tal sentido, resulta contradictorio que en un proceso de reestructuración de la Secretaría de Educación Pública, se opte por la desaparición de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas y con ello se propicie la desarticulación y fragmentación del propio Sistema Nacional de Educación Tecnológica, con los siguientes efectos previsibles:

La desarticulación de los programas y los servicios de capacitación y educación tecnológicas entre el nivel medio superior y superior.

La posibilidad de no contar con una instancia que realice planeación estratégica para la asignación con equidad de los recursos disponibles y, la consecución armónica de metas y objetivos en materia de educación e investigación tecnológicas, que correspondan a las expectativas de crecimiento del país.

La inevitable pérdida de los avances que en materia de cultura tecnológica ha venido articulando la SEIT, a través de los distintos tipos y niveles educativos que hasta la fecha coordina.

La eliminación de un mecanismo alternativo que complemente los esfuerzos nacionales para la formación de docentes e investigadores altamente especializados, para cubrir las necesidades del propio Sistema Nacional de Educación Tecnológica.

En el sentido más amplio, la importancia del Sistema Nacional de Educación Tecnológica y con ello la pertinencia y permanencia de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas, está determinada por el carácter estratégico que tiene para el país la generación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico y, su contribución en la transformación acelerada de los procesos de producción de bienes y servicios. Asimismo, en la formación de recursos humanos con competencias profesionales que sustenten los cambios tecnológicos con las herramientas intelectuales que les permita aprender a lo largo de la vida.

Sería lamentable y un error histórico, desarticular todos los esfuerzos realizados para consolidar un Sistema Nacional de Educación Tecnológica, en virtud de las necesidades actuales y futuras de la globalización económica mundial, en la que el conocimiento científico y tecnológico y la formación de recursos humanos altamente especializados son estrategias nodales para la competencia mundial.

No se trata de defender, a ultranza, ninguna posición de pertenencia a un grupo, por digna y destacada que haya sido su trayectoria, sino por el contrario, se trata de defender un proyecto de país que en el futuro inmediato habrá de marcar la diferencia entre la pobreza generalizada y la oportunidad de lograr un desarrollo justo, equitativo y menos dependiente en el concierto mundial.

En cualquier proceso de reorganización de las estructuras administrativas de gobierno, si bien es cierto que deben prevalecer criterios de eficiencia y eficacia, no deben demeritarse los avances logrados, como es el caso de la reestructuración de la Secretaría de Educación Pública, en la cual no se ha reflexionado sobre el impacto negativo que puede traer consigo la desarticulación del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, mediante la desaparición de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas.

Por otra parte, es pertinente reflexionar sobre el Plan de Estudios del Bachillerato Tecnológico, el cual fue modificado mediante Acuerdo 345, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto pasado. Este plan reduce el número de horas-clase en las materias científicas; fusiona y desaparece algunas de las asignaturas humanísticas y deja indefinido el contenido de las áreas tecnológicas. Este hecho, aunado a la propuesta de desaparición de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica, limita las capacidades y aptitudes de los estudiantes egresados, propiciando que compitan en desventaja con los estudiantes egresados de otros sistemas de educación media superior.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, diputado Salvador Sánchez Vázquez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a la consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. Dada la importancia que para el desarrollo del país tiene la educación tecnológica, se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que mantenga la articulación del sistema de educación tecnológica del país, conservando dentro de su estructura orgánica la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a revisar los nuevos planes y programas de estudio del Bachillerato Tecnológico que se implantaron a partir del ciclo escolar 2004-2005, mediante el Acuerdo número 345, de manera que permita conservar la formación integral de los estudiantes de Bachillerato, en una proporción adecuada de conocimientos científicos, humanísticos, propedéuticos y tecnológicos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de octubre de 2004.

Dip. Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN LA FRONTERA NORTE QUE SE ABOQUEN A GENERAR CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA POBLACIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Los abajo firmantes, diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los incisos b) y d) del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo para solicitar a las distintas autoridades responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia en las ciudades de la frontera norte que se aboquen a generar, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, las condiciones de seguridad en la población, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Hemos observado con tristeza como las condiciones de seguridad pública en el estado de Tamaulipas, ha ultimas fechas han tendido a deteriorarse, para muestra este fin de semana se leía en la prensa nacional que pese a raíz de los incidentes del narcotráfico ocurridos en las últimas tres semanas, la mañana de ayer cinco hombres fueron encontrados muertos en una casa con el tiro de gracia.

En el mismo inmueble se encontraron dos recados en los que se advierte que las ejecuciones son un mensaje para Joaquín "El Chapo" Guzmán y Arturo Beltrán Leyva "El Barba", por lo que extraoficialmente las líneas de investigación apuntan a "Los Zetas" como presuntos responsables.

En una habitación estaban los cuerpos de dos hombres vestidos de negro, con los ojos vendados y las manos esposadas, a un lado estaba una cartulina con el recado: "este mensaje es para ti, Chapo Guzmán, y para ti, Arturo Beltrán Leyva".

Noticias como esta desafortunadamente son la regla y no la excepción, asesinatos de periodistas, asaltos, narcotráfico, donde la inseguridad no afecta o se da solo entre carteles de la droga, es un problema que atañe a todos, es en efecto, lamentable que sea prácticamente imposible para las personas de estas ciudades fronterizas del norte, y particularmente en Tamaulipas llevar una vida normal, poder salir a convivir a trabajar con tranquilidad, a diario escuchamos de homicidios y robos, de violencia.

Inclusive, el Cónsul norteamericano en Tamaulipas, ha advertido a sus compatriotas sobre la preocupante situación de la seguridad pública y de los peligros a los que se verían expuestos al viajar a la ciudad de Reynosa, el cual mediante un comunicado ha manifestado incluso que lo más preocupante es la presunta participación de cuerpos policíacos municipales involucrados en el crimen, concretamente se mencionan en este sentido casos de secuestro exprés.

En este sentido los habitantes, de las ciudades fronterizas no piden más allá de lo que es su derecho, el derecho a las mínimas condiciones de seguridad que permitan el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

Consideraciones

Si bien es cierto que contamos con la Ley que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública la cual dota al Estado mexicano de instrumentos de coordinación en la lucha contra la delincuencia, no obstante parece no haber sido suficiente, por lo que debemos reconocer la realidad y las problemáticas de urgente resolución como la que hoy se presenta en nuestra frontera norte y concretamente en la ciudad de Reynosa; en efecto todos debemos coincidir en términos generales con la necesidad de generar las condiciones que posibiliten la materialización de a través de una política criminal integral, la seguridad pública a todos los niveles, por que a fin de cuentas a la ciudadanía no le importa de quien es o no la competencia, o las atribuciones, lo único que nos pide es seguridad y paz social.

Estamos ciertos en que la seguridad pública representa una exigencia que se puede (o al menos se debe) apreciar en la vida cotidiana de nuestra sociedad, la cual puede llegar a incidir directamente y de manera determinante en el modelo de desarrollo y bienestar social en nuestro país. Por ello, se considera que las posibles soluciones a los problemas relacionados con la seguridad pública, deben ser planteados desde una óptica integral, que tome en cuenta todos los aspectos que en ellos intervienen y que permita generar propuestas de importantes transformaciones culturales, es especialmente urgente esta situación en el ámbito municipal, por que es allí donde el ciudadano tiene la relación más directa e inmediata con sus autoridades.

Pero desafortunadamente es en el ámbito estatal y municipal en el estado de Tamaulipas donde las autoridades encargadas de la seguridad pública han demostrado una completa incapacidad, podemos afirmar, por decir lo menos, que se han replegado frente al crimen, que no luchan por responderle a la ciudadanía, no lo sigamos permitiendo.

Aquí, mediante el presente punto de acuerdo, sostenemos la necesidad de una política preventiva y no sólo reactiva, se considera que uno de los principios de toda política de Estado para contrarrestar la inseguridad pública y la delincuencia debe ser el de fomentar así como difundir una verdadera cultura preventiva del delito, pues el costo de la prevención siempre será menor al costo humano, económico y material de la represión de las conductas delictivas.

Ahora bien ante tan grave problemática, los representantes de la nación debemos velar por el respeto al estado de derecho y la protección a las más esenciales garantías y no podemos dejar pasar como si nada ocurriese la situación de la seguridad pública particularmente en Tamaulipas.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados abajo firmantes presentamos el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero: Se solicita a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas garantice las necesarias condiciones de seguridad de los habitantes de aquel estado, asimismo, a las Procuradurías Generales de Justicia de los estados de nuestra frontera norte que en el ámbito de sus competencias colaboren a garantizar la seguridad de sus respectivas entidades federativas.

Segundo: Se solicita al C. gobernador del estado de Tamaulipas colabore en el ámbito de sus atribuciones a generar las condiciones de seguridad pública necesarias para la convivencia social, particularmente en la ciudad de Reynosa.

Tercero: Se solicita al Secretario de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas se sirva tomar las medidas necesarias a efecto de controlar la situación de desbordada inseguridad que impera en ese estado, y particularmente en la ciudad de Reynosa.

Cuarto: Se solicita al presidente municipal de Reynosa, Tamaulipas que dentro del ámbito de su competencia garantice la seguridad pública de los habitantes de esta ciudad.

Quinto: Se solicita a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Seguridad Pública a que de manera solidaria continúen apoyando las labores de las autoridades locales en el estado de Tamaulipas, para garantizar las necesarias condiciones de seguridad pública particularmente en la ciudad de Reynosa.

Palacio legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2004.

Diputados: Maki E. Ortiz Domínguez, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, María Guadalupe Suárez Ponce, María Antonia García Sanjinés, Ruth Trinidad Hernández Martínez, Francisco Landero Gutiérrez, Óscar Martín Ramos, Humberto Filizola Haces, Gisela Lara Saldaña (rúbricas)

CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE EXHORTAR AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y A LA COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA A CONCLUIR LA TRAMITACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA A LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES, QUE COMPRENDEN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA A TRAVÉS DE REDES CABLEADAS, PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEÑALES DE TELEFONÍA BÁSICA, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES DEL CARMEN GUTIÉRREZ ZURITA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita diputada federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III, del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a l secretario de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a concluir la tramitación del acuerdo por el que se autoriza a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, que comprenden la prestación de servicios de televisión restringida a través de redes cableadas, a prestar el servicio de transporte de señales de telefonía básica, atendiendo a las observaciones que por esta vía se realizan, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. Con motivo de los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones que nuestro país ha venido experimentado, la autoridad administrativa se ha visto precisada a llevar a cabo modificaciones en los Anexos de los Títulos de Concesión, por virtud de los cuales los particulares pueden instalar, operar y explotar redes públicas de telecomunicaciones. Inicialmente, el otorgamiento de estos títulos de concesión se limitaba a la prestación del servicio de televisión restringida, ya sea mediante redes cableadas, o a través de microondas o vía satélite.

2. Posteriormente, mediante Acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de octubre de 2003, se modificó el Anexo A y se adicionó el Anexo B o C, según fuera el caso, a los Títulos de Concesión para instalar, operar y explotar redes públicas de telecomunicaciones que comprenden el servicio de televisión restringida a través de redes cableadas, para incluir el servicio de transmisión bidireccional de datos, es decir, la prestación del servicio de internet. De este modo, los concesionarios que así lo decidan, pueden adherirse a dicho Acuerdo, quedando autorizados para prestar un servicio adicional.

3. El 22 de junio de 2004, se publicó en la página web de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el anteproyecto de Acuerdo que modifica el diverso precisado en el párrafo que antecede, con la finalidad de agregar a los Títulos de Concesión el Anexo C o D, según corresponda, para la prestación del servicio de transporte de señales de telefonía básica, así como el propio Anexo C o D que permitirá a los concesionarios que así lo determinen, prestar el servicio a que éste se refiere.

Consideraciones

I. El artículo 10 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone que las dependencias y entidades deberán hacer públicos los anteproyectos de leyes y disposiciones administrativas, por lo menos con 20 días hábiles de anticipación a la fecha en que se pretendan publicar o someter a la firma del titular del Ejecutivo Federal.

II. En este sentido, desde el 22 de junio del 2004, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, publicó en su página Web los anteproyectos de Acuerdo y Anexo, relativos a la prestación del servicio de transporte de señales de telefonía básica.

III. Asimismo, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que los anteproyectos de disposiciones jurídicas de carácter general elaborados por la administración pública federal deben ser remitidos a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para su revisión y dictamen, junto con una manifestación de impacto regulatorio en los casos en que impliquen costos de cumplimiento para los particulares.

IV. Así, la Dirección General de Política de Telecomunicaciones, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes remitió el 9 de septiembre del 2004 a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el Acuerdo por el que se adicionan el numeral A.1.3. al Acuerdo Primero, un segundo párrafo a los Acuerdos Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto Y Sexto, el Anexo C o D, según corresponda, para incluir el Servicio de Transporte de Señales del Servicio Local, y el Formato de Aviso de inicio de la prestación del Servicio de Transporte de Señales del Servicio Local al "Acuerdo por el que se modifica el Anexo A y se adiciona, según corresponda, el Anexo B, o C, a los títulos de concesión para instalar, operar y explotar redes públicas de telecomunicaciones que comprenden el servicio de televisión restringida a través de redes cableadas, para incluir el servicio de transmisión bidireccional de datos" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de octubre de 2003, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

V. En otro orden de ideas, y en recientes declaraciones, el Subsecretario de Comunicaciones, ha señalado que las condiciones para que las empresas de televisión por cable ofrezcan el servicio de telefonía, podrían estar dadas en un plazo máximo de tres meses; sin embargo, para ello sería necesario que los concesionarios de cable desistan de su petición de contar con un periodo de protección de siete años, durante el cual se impidiera a las empresas telefónicas prestar el servicio de video, que éstas últimas han venido reclamando como una acción inmediata, todas que sus actuales Títulos de Concesión no les permiten prestar tal servicio.

VI. El plazo de protección que solicitan los concesionarios de televisión por cable atiende a un principio de competencia leal, que encuentra su razonable justificación en el hecho de que éstos no están en igualdad de circunstancias frente a las empresas telefónicas -tanto en número de clientes como en condiciones de infraestructura tecnológica-, mientras que los concesionarios de servicios de telefonía cuentan ya, en muchos casos, con adelantos importantes para iniciar la prestación del servicio de video. Al efecto, es de relevancia señalar que la mayor empresa telefónica en nuestro país cuenta con 16 millones de clientes y su infraestructura le permitiría acceder completamente a los servicios de televisión en tan sólo 2 años, en tanto que los casi 600 sistemas de televisión por cable en México, tienen sólo 3 millones de usuarios y la infraestructura que requieren para la prestación del servicio de telefonía es de un elevado costo.

Además, debe considerarse que en aquellos países en los que los concesionarios de cable ya prestan el servicio de telefonía, siempre se ha otorgado el plazo de transición antes de que las telefónicas puedan iniciar la prestación de servicios de video; tal es el caso de Inglaterra -donde el plazo de protección fue de 10 años- y de los Estados Unidos de Norteamérica -en el que se otorgó un plazo de 7 años- tal y como lo solicitan los concesionarios de cable mexicanos.

VII. De este modo, en el caso de no otorgarse el plazo de protección que solicitan los concesionarios de cable, las más beneficiadas serían las empresas telefónicas, porque podrían ahorrarse infraestructura y rentar capacidad para transportar sus señales a través del servicio de video.

Sobre este último aspecto, es de destacarse que el anteproyecto de Anexo -más que brindarle a los concesionarios de televisión por cable la opción de prestar el servicio de telefonía- los obligaría a asociarse con las telefónicas, para que éstas accedan a la llamada "última milla", es decir, al par de hilos de cobre que permite al usuario conectarse a la central pública telefónica y que le provén de dicho servicio.

Así, en términos de las condiciones 2 y 4 del anteproyecto de Anexo, los concesionarios de televisión por cable únicamente podrán prestar el servicio de transporte de señales de telefonía básica, pero no están autorizados a prestar directa o indirectamente el servicio público de telefonía básica, ni a explotar ninguna concesión de red pública local para prestar dicho servicio.

Sin embargo, no existe justificación alguna para imponer esta limitante, máxime que los propios concesionarios de televisión por cable han manifestado en diversos medios de comunicación que cuentan con la infraestructura y capacidad técnica para prestar el servicio de telefonía de manera integral, es decir, incluyendo la denominada "última milla".

Por otra parte, del análisis del anteproyecto de Anexo se desprende que éste presenta ciertas inconsistencias, por ejemplo, en la Condición 1 se plasman definiciones sustancialmente diferentes a las establecidas en las Reglas del Servicio Local, las Reglas de Larga Distancia, así como a las señaladas en los propios títulos de concesión de operadores de telefonía local y de larga distancia, lo que podrían generar eventuales contradicciones en la aplicación de textos normativos.

En la condición 2 no se justifica que el transporte de señales se limite a operadores de telefonía local, cuando los concesionarios de larga distancia tienen derecho a llegar a los usuarios finales, para efectos del servicio de larga distancia.

En la condición 6 no se definen específicamente las obligaciones a cargo de los concesionarios de redes de cable y las que deben asumir los operadores telefónicos locales; en consecuencia, el concesionario de cable debe ser responsable de la calidad del servicio autorizado en el Anexo que se refiere al transporte de señales, y no debe ser responsable por lo que hace al servicio de telefonía local.

La condición 10 prevé que los contratos que los concesionarios celebren para la prestación del servicio de telefonía deben someterse a la previa aprobación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones; sin embargo, se estima que tal disposición es inadecuada, toda vez que deben seguirse las mismas reglas previstas en el Capítulo IV de la Ley Federal de Telecomunicaciones para los contratos de interconexión.

En la condición 14 se establece un plazo de 30 días naturales para que el concesionario exhiba la sustitución de la fianza, no obstante que este plazo resulta insuficiente, debido a las nuevas reglas administrativas que siguen las instituciones de fianzas autorizadas.

En la condición 15 se prevé que el incumplimiento de alguna obligación derivada del Anexo es causa de la revocación de la concesión en su conjunto, lo cual resulta desproporcionado, toda vez que la revocación debiera darse en relación con el incumplimiento del servicio autorizado en el Anexo.

Por lo anteriormente expuesto, y por considerarse de urgente u obvia resolución, me permito presentar ante esta Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se conmina al Secretario de Comunicaciones y Transportes para que se otorgue a los concesionarios de televisión por cable, el plazo de protección de siete años que solicitan, para el efecto de que durante este período, no se permita a las empresas telefónicas prestar el servicio de video.

Segundo.- Se solicita respetuosamente al titular de la Dependencia Federal antes citada, que atienda a las observaciones realizadas en el presente Punto de Acuerdo, respecto del contenido del Anexo C o D, según corresponda, de los títulos de concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, que comprende la prestación del servicio de televisión restringida a través de redes cableadas, que agrega a dichos Títulos la prestación del servicio de transporte de señales de telefonía básica.

Tercero.- Se exhorta al titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para que concluya la revisión y dictamen del Acuerdo por el que se autoriza a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, que comprenden la prestación de servicios de televisión restringida, a través de redes cableadas, a prestar el servicio de transporte de señales de telefonía básica.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 12 días del mes de octubre de 2004.

Dip. Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 SE DESTINEN RECURSOS SUFICIENTES A LAS MUJERES DEL SECTOR RURAL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA SARA ROCHA MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El 15 de octubre celebraremos una vez más el día internacional de la mujer rural, el cual tiene su origen en la Conferencia de Beijing organizada en septiembre de 1995 por las Naciones Unidas, como resultado del planteamiento de diversas organizaciones no gubernamentales, tales como La Federación Internacional de Productores Agrícolas (IFAP), la Red de Asociaciones de Mujeres Campesinas Africanas (NARWA) y la Fundación de la Cumbre Mundial de Mujeres (WWSF), motivo por el cual llego a esta tribuna para referirme a esas mujeres, que además de enfrentarse a las situaciones de inequidad de género enfrentan la dificultad de vivir en las localidades que concentran los más altos índices de precariedad.

Sin negar los importantes logros que en el país se han experimentado en relación a la condición social, jurídica, económica y política de la mujer, sigue persistiendo para ella marginación y exclusión en diversos ámbitos sociales. Lo anterior es particularmente pronunciado para las mujeres trabajadoras del campo por encontrarse inmersas en situaciones de pobreza, rezago educativo y trabajo agobiante y de muy baja rentabilidad.

Entonces pues, esta fecha resulta propicia para analizar desde una posición objetiva la realidad que viven nuestras hermanas del campo.

El papel de la mujer en el siglo XX evolucionó para abarcar otros ámbitos como los de representación social, política y de inserción en el mercado laboral. En el siglo XXI las mujeres en México enfrentan el reto de mantener el equilibrio entre su vida personal, familiar, económica y laboral.

La mujer rural dependiendo de su edad, etnia y condición, también ha evolucionado y avanzado en el reconocimiento y ejercicio de sus derechos civiles y políticos pero en menor medida en sus derechos económicos, sociales y culturales entre los que se encuentran el acceso a los recursos productivos y a la toma de decisiones para generar procesos de desarrollo, muy a pesar de que en la producción y el comercio de los productos agrícolas y de alimentos para el sustento de la salud humana, el 80% de la fuerza laboral, está constituida por mujeres.

En ese sentido, la formación, educación y capacitación de las mujeres rurales es una prioridad para asegurar el futuro del medio rural, incrementar la productividad, desarrollar su espíritu emprendedor y mejorar la salud y nutrición de las familias, entre otros aspectos.

La prolongada crisis del campo mexicano ha ocasionado que la actividad agrícola sea insuficiente para el sostenimiento de un gran número de familias, orillándolas a migrar del campo a las ciudades, pues el medio rural es un espacio de contrastes y contradicciones, es el espejo de un mundo plural y diverso, de diferencias y coincidencias, de pobreza y más pobreza. Es donde se manifiesta la violencia más dura y cruel, el hambre y la desnutrición.

Es en las áreas rurales donde los problemas de salud de las mujeres se vinculan a carencias nutricionales, excesivas cargas de trabajo, alta fecundidad y embarazos frecuentes, inadecuada atención prenatal y del parto, elevada mortalidad materna e infantil, así como condiciones de insalubridad en su entorno y en sus viviendas.

La educación de las residentes rurales se ve limitada por su marginación socioeconómica y cultural, además de las desventajas asociadas con su condición femenina. Así, 30 por ciento de las mujeres rurales de 15 años o más no saben leer ni escribir, proporción significativamente mayor que la de los hombres (20 por ciento). Mientras en el conjunto del país nueve de cada diez niñas de 6 a 14 años asisten a la escuela, en el medio rural sólo lo hacen tres de cada cuatro.

Hoy se afirma que "el futuro de nuestros países está en lo rural", pero para que ese futuro sea realidad es preciso romper la cáscara dura y amarga que oculta esa semilla maravillosa capaz de generar la nueva ruralidad. La tarea es difícil porque ese cambio paradigmático no vendrá de afuera como por encantamiento o como un conjuro más de "salvadores liberales y desinteresados".

Invertir en las mujeres rurales es garantía para mejorar las condiciones de vida de la población. Existe mayor potencial en las mujeres para generar desarrollo rural porque la mujer es madre, es esposa, es trabajadora y es educadora.

Entonces pues, para mejorar la situación de las mujeres rurales es necesario:

Aumentar la titularidad de las mujeres en los derechos de propiedad de la tierra,

Fomentar el liderazgo de las mujeres, facilitando su acceso a los puestos de decisión.

Incrementar los programas de formación e información dirigidos a las mujeres.

Fomentar el acceso a las oportunidades de inversión

Incentivar su participación en organizaciones representativas de sus necesidades e intereses.

Otorgar prioridad a los proyectos de desarrollo gestionados por mujeres.

Desarrollar el sector servicios en las áreas rurales.

Dar mayor difusión de los derechos de las mujeres rurales a la organización, a la igualdad de oportunidades, a los mercados laborales, al acceso a los recursos (tierra, crédito y nuevas tecnologías), a la reducción de las jornadas de trabajo y a una mayor participación social.

Promover la inclusión social.

Debemos comprometer esfuerzos y recursos en la capacitación para la productividad y el desarrollo personal y, particularmente, para que las niñas y las mujeres del campo tengan acceso a la información sobre programas, derechos y servicios que mejoren su calidad de vida y aseguren el disfrute de sus derechos.

En razón de lo anterior y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Exhortar a mis compañeras y compañeros legisladores para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2005, se etiqueten y destinen recursos suficientes que permitan sentar las bases económicas y sociales, para que las mujeres y niñas del sector rural puedan acceder de manera efectiva a los beneficios del desarrollo.

Segundo. En cabal cumplimiento con la función de fiscalización de esta Cámara, propongo sea precisamente, la Comisión de Equidad y Género de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, quien vigile la aplicación de dichos recursos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México Distrito Federal, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil cuatro.

Dip. María Sara Rocha Medina (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LOS AYUNTAMIENTOS COSTEROS DEL PAÍS A CUMPLIR EL PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO 2000-2006, A CARGO DEL DIPUTADO RAÚL LEONEL PAREDES VEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Raúl Leonel Paredes Vega del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, pone a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los ayuntamientos costeros de los Estados Unidos Mexicanos dar cumplimiento al Programa Nacional de Turismo 2000-2006 (en su segundo eje rector, fracción séptima), a través de la integración de un programa permanente de vigilancia por salvavidas en las playas, lagunas, presas, cenotes, albercas y aguas confinadas que se encuentren dentro de su territorio con la finalidad de salvaguardar la seguridad y la vida de las personas, y así dar cumplimiento a los requisitos estipulados en las legislaciones de seguridad pública, protección civil, turismo y salud.

Consideraciones

Nuestro país posee un extenso litoral. Más de 11 mil kilómetros de playas le confieren una importancia indiscutible, tanto para el turismo como para las actividades relacionadas con la pesca y el comercio.

La Agenda 21 para el Turismo Mexicano es un programa de trabajo que propone estrategias y acciones en el corto, mediano y largo plazo, con objeto de fortalecer la dinámica de las regiones turísticas; incluir a las comunidades locales en las actividades económicas generadas y asegurar la preservación de los recursos naturales y culturales de los destinos turísticos de México.

Los gobiernos municipales tienen un papel protagónico en la implantación del programa y en la aplicación de la Agenda 21 para el Turismo Mexicano porque son los promotores estratégicos para atender los desafíos ambientales locales, conductores de los procesos de cambio y enlace entre los grupos que interactúan en los procesos locales de desarrollo económico, social y cultural.

Dentro del proceso de aplicación el Gobierno federal tiene un papel fundamental, con el apoyo de los gobiernos estatales participa como el gran promotor y coordinador de las campañas nacionales para la aplicación de la Agenda, en tanto que los municipios, destinos o las localidades turísticas, son los encargados de establecer objetivos y metas por medio de una amplia consulta con las comunidades locales y con una evaluación participativa.

La falta de políticas claras de desarrollo regional ha dado lugar a la coexistencia de distintas realidades del país, dentro de un mismo modelo de desarrollo. Los aspectos positivos del Turismo, han generado beneficios económicos que se reflejan fundamentalmente en términos de empleo, captación de divisas y participación en el producto interno bruto. Como ejemplo, la Organización Mundial del Turismo reporta que en 2002, México fue el octavo destino mundial con 19.7 millones de turistas internacionales. Esto lo colocó en el noveno lugar dentro de América y representó 8.858 millones de dólares. Estos beneficios no han sido suficientes para detonar integralmente procesos de desarrollo y alternativas económico-sociales en todas las regiones, algunas se sostienen como enclaves turísticos en el mejor de los casos, pero son insuficientes para apoyar el desarrollo de sus entornos.

La actividad turística de nuestro país enfrenta grandes retos y oportunidades por lo que las instituciones públicas que conforman el sector turismo han asumido la responsabilidad de conducir los esfuerzos en esta materia, a fin de hacer de México un país líder en la actividad turística, convirtiendo al Turismo en un motor del desarrollo económico, revalorizando su entorno natural, social y cultural.

Uno de los ejes rectores del Programa Nacional de Turismo 2001-2006 es tener turistas totalmente satisfechos mediante el fortalecimiento de la promoción turística, la ampliación de los servicios de información, seguridad y asistencia al turista, el mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos y el impulso del desarrollo del turismo doméstico. En materia de seguridad se han tenido avances notables en los aeropuertos y carreteras, pero no así en las playas y centros recreativos.

En junio de 2002, se celebró en Holanda el Congreso Mundial sobre Ahogamiento (World Congress on Drowning). El ahogamiento es la segunda causa de muerte por lesión involuntaria en todo el mundo. Aproximadamente 50-75% de los ahogamientos que se presentan, en todo el mundo, ocurren en océanos, lagos, ríos, estanques o presas y cerca del 60% de las muertes por ahogamiento entre niños ocurren en albercas. Entre las conclusiones de la reunión, se mencionó que los ahogamientos son prevenibles mediante la adopción de medidas simples, como restringir las áreas de natación, colocar señales de advertencia, cercar los perímetros de albercas, tener servicio de salvavidas en todas las áreas públicas acuáticas o alentar a las personas a nadar sólo en aquellas zonas con servicio de salvavidas. Se afirmó también que 90% de las defunciones por ahogamientos se producen en los países del tercer mundo.

En México, las principales causas de fallecimiento por accidente son por vehículo de motor, caídas, ahogamiento, proyectil de arma de fuego y envenenamiento. Ante esta situación la Secretaría de Salud, a través del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes (Conapra), lleva a cabo campañas permanentes de prevención, las cuales intensifica durante las temporadas vacacionales de Semana Santa y fin de año. La dependencia trabaja de forma coordinada con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para informar a la población sobre las medidas para evitar accidentes, principalmente en carretera, así como en zonas de recreación como playas, balnearios y parques. Particularmente para los centros vacacionales la dependencia solo recomienda: Ubicar el servicio médico más cercano, ingerir agua y alimentos en buen estado; los pescados y mariscos deben consumirse cocidos o hervidos, no exponerse a los rayos del sol en forma directa por más de 30 minutos y utilizar protector solar, ninguna persona debe nadar sola y los menores tienen que utilizar chalecos salvavidas.

Como se puede apreciar, las medidas preventivas sugeridas por las autoridades mexicanas son menos estrictas a las adoptadas internacionalmente. Definitivamente no se cumple cabalmente con el Programa Nacional de Turismo, por el contrario, durante la investigación realizada se encontró en páginas de Internet un gran número de ellas que hacen referencia a la belleza de las playas mexicanas, sin embargo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica en su hoja de información consular advierte su peligrosidad e innumerables muertes por ahogamiento debido a la ausencia de salvavidas, falta de señales de advertencia, o fuertes corrientes (www.mdtravelhealth.com/destinations/mamerica_carib/mexico_city.html#21, www.surf-mexico.com/states/Oaxaca/PuertoAngel/index.php). B. Chris Brewster, Presidente de la Región de las Américas de la Federación Internacional de Salvamento (ILS, por sus siglas en inglés) asegura que cuando cualquier playa acumula una reputación de peligrosa, el ingreso proveniente del turismo orientado puede ser severamente impactado.

Hasta hace algunos años, en muchos países del mundo, gran parte del público pensaba que los salvavidas solo eran adoradores del sol que dan indicaciones. Esta manera de pensar ha cambiado, gracias al esfuerzo de los mismos salvavidas, porque entendieron que un reconocimiento apropiado está directamente relacionado con su nivel de profesionalismo. Algunos estudios serios realizados en los Estados Unidos sugieren que los servicios de salvavidas benefician la seguridad pública cuando salvan una vida, disminuyen las razones de ahogamientos y previenen lesiones en ambientes acuáticos recreativos. Indirectamente proporcionan beneficios económicos y sociales porque aumentan el ahorro en cuidados médicos de emergencia y tratamientos hospitalarios de largo plazo relacionados con casos de casi ahogamiento y alivian el trauma emocional y costos sociales a la familia y amigos. Internacionalmente también se reconoce que los salvavidas profesionales, en comparación con cualquier otro servicio de emergencia, tienen un impacto más directo y profundo en la seguridad pública porque hacen la diferencia entre la vida y la muerte a través de sus actos preventivos. Mientras que la policía o los bomberos sólo pueden responder una vez que la emergencia se ha presentado, los salvavidas pueden prevenir el desarrollo de una emergencia y rescatar personas que no estaban conscientes de su propio peligro.

En nuestro país algunos destinos turísticos de playa cuentan con servicio de salvavidas (Acapulco, Guerrero; Puerto Escondido, Oaxaca; Cozumel, Quintana Roo; Veracruz, Veracruz; Puerto Vallarta, Jalisco; Ensenada, Baja California; Tijuana, Baja California; Rosarito, Baja California; Mazatlán, Sinaloa). En Ensenada y Puerto Vallarta, este importante servicio es voluntario y subsiste gracias a la iniciativa de organizaciones no gubernamentales, el apoyo de los mismos turistas y negocios locales. En Tijuana, Rosarito, Cozumel, Acapulco, Puerto Escondido, entre otros destinos, este servicio es parte de la Dirección de Bomberos o de Protección Civil.

Por lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen con

Proposición con Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta a los ayuntamientos costeros de los Estados Unidos Mexicanos dar cumplimiento al Programa Nacional de Turismo 2000-2006 (en su segundo eje rector, fracción séptima), a través de la integración de un programa permanente de vigilancia por salvavidas en las playas, lagunas, presas, cenotes, albercas y aguas confinadas usadas con fines recreativos que se encuentren dentro de su territorio con la finalidad de salvaguardar la seguridad y la vida de las personas, y así dar cumplimiento a los requisitos estipulados en las legislaciones de seguridad pública, protección civil, turismo y salud.

Segundo.- Se le solicita a la Dirección General de Protección Civil, se designe a un experto en rescate acuático en océano a fin que se lleve a cabo una estricta vigilancia de la integración de los programas permanentes de vigilancia por salvavidas en los ayuntamientos costeros de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero.- Se pide a la Dirección General de Protección Civil informe periódicamente a esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Turismo progreso en la integración de los programas permanentes de vigilancia en los ayuntamientos costeros de los Estados Unidos Mexicanos motivo del presente punto de acuerdo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de octubre de dos mil cuatro.

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE A 2005 SE DESTINE AL MENOS 5 POR CIENTO DEL PRESUPUESTO DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AL DISEÑO, LA INSTRUMENTACIÓN Y LA OPERACIÓN DE UN PROGRAMA ESPECÍFICO QUE ATIENDA A DESPLAZADOS INTERNOS INDÍGENAS, A CARGO DEL DIPUTADO BERNARDINO RAMOS ITURBIDE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Asamblea la proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2005 se destine y etiquete al menos el cinco por ciento del presupuesto total de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para el diseño, la instrumentación y la operación de un programa especifico para la atención de los desplazados internos indígenas, bajo los siguientes:

Considerandos

Que la problemática derivada de la desatención de los desplazados internos es reflejo de la ausencia de un compromiso institucional del poder público y un elemento sustancial de debiera abordarse para configurar un nuevo trato hacia los pueblos y comunidades.

Que a la fecha, no existe un mandato explícito a dependencia u organismo público para atender el citado fenómeno.

De los informes recibidos por parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se desprende efectivamente la no existencia formal de un programa para tal fin.

Si acaso, ha existido una débil intervención de la CDI para destinar la minúscula cantidad de recursos, veinte millones de pesos durante el bienio 2002-2003.

La poca atención a éste problema bien pudiera tener su origen en la astringencia presupuestal que afecta a la mayor parte de las de las dependencias y organismos públicos; sin embargo, ello no puede ser pretexto para eludirlo.

Los grupos de desplazados internos producto del conflicto militar de 1994, de la represión militar y paramilitar, de los conflictos religiosos e intercomunitarios sobreviven de forma lesiva para su dignidad.

Época en que los hechos son aceptados sólo sí están registrados en video, basta recordar el estrujante trabajo presentado por el periodista Ricardo Rocha a fines de 1997, en el cual trató, precisamente el problema de los indígenas desplazados.

Las imágenes y las palabras pasan revista, se señala, se acusa: Chenalhó, Polhó, Sabanilla, Máscaras Rojas, Chinchulines, Paz y justicia; no dan tregua.

Quién tenga memoria, recordará los testimonios de los indígenas: "Llegaron armados en camiones con judiciales; nos dispararon; quemaron nuestras casas; salimos porque tenemos miedo; no estamos armados para defendernos... Empezamos a caminar en la montaña de madrugada, cinco, seis horas hasta llegar aquí". El aquí, es un sitio lodoso bajo la lluvia, con neblina y apenas un enorme plástico para cubrirse del frío. Las escenas donde sobresalían niños y mujeres, eran tan brutales que uno de los reporteros del equipo del periodista Rocha exclamó avergonzado ante el micrófono "Nunca imaginé que les hicieran esto a nuestros indígenas".

Días después, fruto de la impunidad con la que operaban los grupos paramilitares, se produjo la barbarie de Acteal.

Los desplazados internos no son una cifra vacía, son indígenas de carne y hueso que requieren salud, educación, alimentación, casa y en el mejor de los casos retornar a sus lugares de origen donde tienen sus tierras y donde han asentado su identidad y cultura. Incluyendo, por supuesto, el cese de la persecución política en su contra.

Dicho fenómeno ha sido documentado por distintas ONGs. Entre ellas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas quién en extenso documento hacen una cronología de eventos de desplazamiento forzado, desaparición forzada y ejecuciones en la zona norte de Chiapas, el período comprendido entre 1995 y 2002 y las consecuencias y secuelas que de manera dramática aún persisten.

Que dada sus proporciones, ha sido ya objeto de estudio por diversos organismos de las Naciones Unidas.

Que al respecto, tanto el Representante del secretario general de la ONU sobre las personas internamente desplazadas, como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México emitieron sendos informes, en los cuales ubican la problemática y vierten diversas recomendaciones.

Para los organismos de la ONU los desplazados internos son

Para los propósitos de este Diagnóstico los desplazados internos son personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a huir de su lugar de residencia habitual o abandonar sus hogares, particularmente como resultado de o para evitar los efectos de conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos, conflictos relacionados con prácticas religiosas, conflictos por tierras entre los que se cuentan las invasiones ilegales, tráfico de drogas, desalojos forzados por parte de autoridades gubernamentales o grupos armados irregulares y que migran dentro del territorio mexicano. En el informe de la Oficina del Alto Comisionado, se señala que a raíz del conflicto quedaron desplazadas más de doce mil personas, que algunas recibieron ayuda del gobierno y de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, que sus condiciones de existencia son sumamente difíciles; que el retorno o el reasentamiento ha incluido sólo a algunas centenas de familias; que el gobierno desarrolló algunas acciones en la materia aunque reconociendo lo limitación de recursos; afirma que, entre los desplazados la inseguridad y el temor persiste y a mediados de 2003 el problema sigue vigente.

Las acciones posteriores o inacciones nos permiten asegurar que esa situación persiste el día de hoy 30 de septiembre de 2004.

De los mismos el Gobierno federal, habría establecido el compromiso de crear una coordinación intersecretarial y la operación de un programas ad hoc.

Sin embargo, no hay ningún hecho tangible, ningún resultado que amerite nuestro reconocimiento sobre este tema.

No obstante lo descrito, hemos acudido a verificar con nuestros propios ojos las ingentes necesidades de grupos de desplazados en el estado de Chiapas; entre los puntos visitados sobresalen Chenalhó, Pholó y Masojá.

En todos ellos, la demanda es una: que los gobiernos federal y estatal asuman la responsabilidad que les toca y que el Congreso de la Unión haga lo propio.

Con alcanzar ese propósito, solicito a ésta H. Legislatura -a través de las comisiones correspondientes- prever, orientar y aprobar, dentro del presupuesto asignado a la CDI, una partida para apoyar el diseño, la instrumentación y la operación de un Programa Especial de Atención a los Desplazados Internos.

Por lo anteriormente expuesto proponemos a esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único: Que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2005, se destine y etiquete al menos el cinco por ciento del presupuesto total de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para el diseño, la instrumentación y la operación de un programa especifico para la atención de los desplazados internos indígenas.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a los catorce días del mes de octubre de 2004.

Diputados: Bernardino Ramos Iturbide, PRD; Jaime Moreno Garavilla, Convergencia; Jesús González Schmal, Convergencia; Francisco Amadeo Espinosa Ramos, PT; Pedro Vázquez González, PT; Javier Manzano Salazar, PRD; Marbella Casanova Calam, PRD; Emilio Zebadúa González, PRD (rúbricas).

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE INTEGRE UN GRUPO DE DIPUTADOS DE LAS COMISIONES DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y DE ECONOMÍA QUE VISITE Y ATIENDA LA PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD MINERA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, A CARGO DEL DIPUTADO OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado federal, a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El día de hoy hago uso de esta tribuna para denunciar un caso que puede parecer muy particular, pero que refleja una problemática nacional en la cual los representantes del Ejecutivo priorizan cualquier tipo de inversión y actividad económica aún cuando ésta vaya en detrimento de la salud de la población y del medio ambiente. Este es el caso de la actividad minera que se desarrolla en San Luis Potosí.

Tenemos dos casos sumamente preocupantes, por una parte el de la Minera de San Xavier, que es un proyecto de una empresa de capital canadiense y estadounidense al cual se han venido oponiendo los vecinos. Entre los motivos que argumentan esta la contaminación del acuífero por el uso de arsénico de cianuro y de cianuro de sodio, así como la consecuente afectación por los residuos que se generen. Además de la depredación ambiental, existe el daño a los recursos culturales. Los vecinos impugnaron el contrato de arrendamiento que la Minera tenía con el ejido Cerro de San Pedro, por lo que el mismo fue anulado de acuerdo a la sentencia del Tribunal Unitario Agrario con fecha 17 del mes de marzo del 2004. Esta decisión determina la suspensión de las obras y anula cualquier permiso que haya emitido la autoridad, sin embargo, estas continúan.

A este respecto presente en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en julio pasado, un punto de acuerdo para integrar una comisión plural de legisladores, sin embargo ésta no se nombró. La inconformidad de los habitantes crece: en la reciente comparecencia del secretario de Economía, en esta Cámara de Diputados, los inconformes desplegaron una manta pidiendo atención al asunto.

Me pregunto hasta cuando atenderemos un conflicto que crece día a día y que exige nuestro interés. Será hasta que se consumen los hechos y se presenten los graves problemas de salud que provoca otra minera del mismo estado, cuya situación más allá de atentar contra las leyes lacera la salud de los niños y de la población.

El municipio de Villa la Paz en el norte del estado de San Luis Potosí ubicado en la zona semidesértica es eminentemente minero, en él se ha producido por años plata, oro, plomo, cobre y zinc. Sin embargo, lejos de obtener beneficios por esta riqueza natural, la población oriunda, a lo largo de los años se ha visto expuesta a una terrible contaminación que ha sido denunciada reiteradamente.

El problema está ampliamente documentado en un expediente perfectamente organizado que inicia en 1991. Los documentos ahí contenidos reflejan una larga peregrinación por gobiernos e instituciones de un grave problema: la afectación de la población de la región con residuos de arsénico y plomo.

Respecto a este grave problema, se cuenta con estudios completos realizados por universidades, publicados en revistas de prestigio y avalados por instituciones públicas, estos estudios demuestran que los niños que habitan en la área urbana de Villa de la Paz San Luis Potosí, así como aquellos que viven en la periferia, en la colonia Real de Minas, presentan una alta concentración de arsénico y plomo, con los datos obtenidos en múltiples análisis realizados se concluye que los niños presentan riesgo de daño neurológico.

Las graves condiciones que enfrenta la población de San Luis Potosí es inadmisible y no podemos permitir que nuestra infancia este expuesta a una situación de tal gravedad. A continuación haré un breve resumen de la situación que han vivido los habitantes de esta zona.

Las instalaciones de la planta beneficiadora de la Minera Santa María de la Paz y Anexas, SA, tienen su origen en el año 1864 y si bien su capacidad ha ido aumentando con el transcurso de los años, su proceso está basado en los mismos principios desde su origen. Esto se asienta en una declaración unilateral de voluntad del señor José Cerillo Chowell, dueño y gerente de la empresa el 28 de septiembre de 1998, en la cual reconoce la generación de "ligeras" nubes de polvo en la fase de trituración y vibraciones de tal intensidad que es "posible" afecten las viviendas de los vecinos.

La población indica que desde el año de 1931 esta planta de beneficio ha trabajado con el sistema de cianuración en el cual se recupera la plata por medio de ciaouro en tanques de asentamiento. Los residuos o "jales"son colocados en presas de almacenamiento o lagunas de desperdicios mineros conocidas como "lameros". Los residuos de la actividad minera se han ido acumulando al paso del tiempo, llegando a formar una montaña de material fino que al encontrarse al aire libre, han logrado impactar al ambiente de diversas maneras. En época de lluvias el material es transportado por escurrimientos superficiales hasta un arroyo intermitente llamado Arroyo La Paz, el cual transporta el residuo minero hasta que se introduce al subsuelo a través de fracturas geológicas.

En época de estiaje, el sedimento seco del arroyo y el material del depósito son transportados por el viento hasta las zonas agrícolas y las áreas habitacionales, además, la quebradora que se encuentra en operación dentro de las instalaciones de la compañía minera, origina polvos.

Desde 1991 la población ha denunciado que la planta beneficiadora de la Minera Santa María de la Paz y Anexas, SA, propiedad del señor José Cerillo Chowell, opera con múltiples irregularidades que han afectado gravemente su salud y el medio ambiente.

De acuerdo a los estudios realizados por la Facultad de Medicina de la Universidad de San Luis Potosí un 30 por ciento de los niños de Villa de la Paz rebasa los límites tolerables de arsénico en sangre, por otra parte, demostraron el problema de los lameros, los cuales son tóxicos pues al ingerirse por ratas presentaron daño en cerebro e hígado.

El expediente cuenta con infinidad de denuncias ante el gobierno local y federal, acuerdos y mesas de trabajo sostenidas entre las partes, medidas expedidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente entre las que destacan disminuir la contaminación ambiental originada por los polvos de los jales en las épocas de viento y la elaboración de estudio de impacto ambiental Profepa. Esto se emitió en agosto 1998 y al año siguiente, se impuso una sanción económica de 3000 días de salario mínimo vigente en el DF y la implementación de medidas técnicas a fin de corregir la problemática ambiental que genera dicha empresa.

Sin embargo, la población no ve resultados objetivos, por el contrario día a día observan el detrimento de la salud de sus vecinos, la proliferación de casos de sinusitis y otras enfermedades pulmonares, asimismo viven con el temor constante de las posibles secuelas neurológicas en sus niños.

Hasta el día de hoy, nadie ha podido obligar al dueño a desarrollar un procedimiento y medidas de corto y largo plazo que les de alguna certeza sobre su futuro y su salud.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Que en términos del numeral 4 del artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión de Economía integren una Subcomisión para que visite y atienda la problemática relacionada con la actividad minera del estado de San Luis Potosí, en específico la Minera de San Xavier y la planta beneficiadora de la Minera Santa María de la Paz y Anexas, SA.

La Subcomisión deberá integrarse por una diputada o diputado de cada uno de los grupos parlamentarios con representación en las Comisiones y una vez que hayan cumplido con el objeto de su creación deberán de presentar un informe que contenga las recomendaciones para atender la problemática que sufre la población de San Luis Potosí al pleno de la Cámara de Diputados, a través de la presidencia de la mencionada Comisión.

Segundo. La Cámara de Diputados hará llegar dicho informe a las autoridades competentes para que en uso de sus facultades realicen las acciones conducentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2004.

Dip. Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Excitativas

A LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, A SOLICITUD DEL DIPUTADO CARLOS BLACKALLER AYALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.

El que suscribe, Carlos Blackaller Ayala, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a esta Presidencia que tenga a bien formular Excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a emitir el Dictamen correspondiente a la iniciativa por el que se adiciona un segundo párrafo al inciso C) fracción III del artículo 5 y un tercer párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por quien suscribe la presente, en la sesión del 9 de diciembre de 2003.

Antecedentes

Como se expone al inicio del presente, quien suscribe, siendo fecha 9 de diciembre de 2003, presentó ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados, la iniciativa por el que se adiciona un segundo párrafo al inciso C) fracción III del artículo 5 y un tercer párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo como finalidad corregir una laguna en la Ley de Amparo, que dolosamente ha venido siendo aprovechada en materia de importación de diversos bienes agrícolas y agroalimentarios.

En misma fecha, los senadores Dulce María Sauri Riancho y Fauzi Hamdan Amad, presentaron al Pleno del Senado la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Amparo y el Código Fiscal de la Federación en relación con la importación irregular de productos agroalimenticios.

Por su parte, el senador Fidel Herrera Beltrán, junto con otros senadores y diputados, presentó el 3 de marzo pasado, ante la Comisión Permanente una similar que adiciona el inciso c) del artículo 5° y un tercer párrafo al artículo 135 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo cual claramente demuestra la imperiosa necesidad de legislar sobre los artículos referidos, toda vez que nuestra legislación actual observa una laguna legal, que esta erosionando a la planta productiva nacional en total contraposición con nuestra Ley de Comercio Exterior, misma que tiene por objeto regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población.

Consideraciones

Empresas comercializadoras sin ningún tipo de escrúpulos, ni compromiso con la economía nacional, vienen aprovechando de forma dolosa y alevosa la noble figura del Amparo para obtener insultantes beneficios económicos importando de forma irregular diversos bienes sujetos al pago de aranceles, legalmente establecidos bajo las facultades del Ejecutivo federal.

Recientemente, enterándonos por diversos medios de comunicación, nos hemos ido percatando que el tamaño de las operaciones, realizadas aprovechando dolosamente la Ley de Amparo, esta llegando más allá de estimaciones iniciales, diversos bienes agrícolas y agroalimentarios han sido importados irregularmente alcanzando los miles de toneladas, en productos como azúcar, fríjol, cárnicos, etcétera.

Esta laguna legal también es aprovechada de forma indiscriminada en otros bienes de consumo.

Si adicionalmente agregamos lo correspondiente al contrabando bronco, estamos ante una gravísima situación que amenaza seriamente a la planta productiva nacional, cuestiona la legalidad de la Ley de Comercio Exterior, de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Fiscal de la Federación.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que se sirva efectuar la excitativa propuesta, en los términos siguientes:

Único. Se excite a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a efecto de que con la mayor brevedad haga llegar al Pleno de la Cámara de Diputados el Dictamen correspondiente a la iniciativa referida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2004.

Dip. Carlos Blackaller Ayala (rúbrica)