• De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal, y de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que adiciona una Base Sexta al apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 
• De las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud, y la fracción IX del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

 
• De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

• De la Comisión de Cultura, sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el último párrafo de la fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional "Al Mérito", en grado de Gran Collar, que le confiere el Gobierno de la República de Ecuador.
• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración "Congreso Nacional del Ecuador, General Eloy Alfaro", que le confiere el Congreso Nacional de la República de Ecuador.

 
• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Felipe Larios Cortés, General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo Paulino López Bernal, Antonino Fernández Rodríguez e ingeniero Sergio Alfonso Verduzco Rosan para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confieren el Gobierno de Estados Unidos de América, el Ministerio de Defensa de la República Federativa de Brasil, el Reino de España y el Gobierno de la República Francesa, respectivamente.

 
• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Jacobo Hamui Cárdenas, Alejandra María Nahas Espinosa, Jaime Ayala Orona y Mónica Saavedra Díaz para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Graciela Balcázar Rivera y Cecilia Araceli Navarrete Laborde para prestar servicios en los Consulados Generales de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California, y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

 
• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Karla Guadalupe García-Moreno Navarro, María Cristina Prado Castañeda, Martha Robles Gil Torres, Mirna Teresita Garduño Villalobos, Arely María de Lourdes Viveros Aldana, Martín Benites Proaño, Magdalena Padilla Aguilar, Adriana Lizabeth Romo González, Isaí Granados Santiago, Rogelia Guadalupe González Camacho, Elsie Woller Gutiérrez, Julio Alejandro Mendoza Llamas, Alberto Villanueva Garduño, Erico David Cerezo Andrade, Helam Ramón Sapién Valdez, Carolina Montiel Luna y Félix Guillermo Muñoz Segura para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en el Consulado General en Tijuana, Baja California, respectivamente.
• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Heyner Antonio Bolaños Méndez, Érika Villar Astorga, Germán Herrera Gavito, Elizabeth Dávila Macuil, Elizabeth Fortoul Audiffred, Gina Muñoz Islas y Cynthia Martínez Cortés para prestar servicios en las Embajadas de Australia, de la República de Bolivia, de Canadá y de Noruega en México, respectivamente.

 
• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Florinda Yolanda de Jesús Zamora, Alfredo Lugo Dávila, Luisa Josefa Andrade Osorio, Édgar Domínguez Pérez, María del Pilar Unda Jiménez, María Teresa Beorlegui Estévez, Simón Baizábal Lagunes y Julio Xilo García para prestar servicios en las Embajadas de Dinamarca y de Japón en México, respectivamente.
• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Luis Guillermo López Moreno para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

 
• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alberto Manuel Cabezut Madaria para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Federal Democrática de Etiopía en México, con circunscripción consular en toda la República.

 
• De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo en relación con la proposición para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informe sobre la situación financiera y administrativa de los ingenios azucareros expropiados.

• De la Comisión Especial para Analizar los Problemas de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar, respecto al dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería con puntos de acuerdo en relación con la proposición para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informe sobre la situación financiera y administrativa de los ingenios azucareros expropiados.

• De las Comisiones Unidas de Energía, y de Hacienda y Crédito Público, con puntos de acuerdo en relación con diversas proposiciones relacionadas con el tema de las tarifas para uso doméstico de energía eléctrica.

 
• De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que expida el Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

HONORABLE ASAMBLEA

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal y de Educación Pública y Servicios Educativos, de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su análisis y dictamen Constitucional, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona una BASE SEXTA al apartado C del Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal y de Educación Pública y Servicios Educativos con fundamento en lo establecido por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las facultades que le otorgan el artículo 39, numerales 1, 2 fracciones XXVII, XII y 3; artículo 40, numerales 1 y 3; artículo 45, numeral 6, incisos f) y g), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como las contenidas en los artículos 55, 56, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En sesión celebrada por esta H. Cámara de Diputados, el día once de diciembre de dos mil tres, fue presentada al Pleno la INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UNA BASE SEXTA AL APARTADO C DEL ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, por los Ciudadanos Diputados Alfredo del Mazo González, Rebeca Godínez y Bravo, Blanca Estela Gómez Carmona y Marco Antonio Gutiérrez Romero, del Partido Revolucionario Institucional.

SEGUNDO.- Con fecha once de diciembre de dos mil tres, la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, dio cuenta al Pleno con la Iniciativa de Decreto aludida, ordenando su turno a la Comisión de Puntos Constitucionales.

TERCERO.- El 15 de diciembre de 2003, por acuerdo de la Mesa Directiva, se amplió el turno de la Iniciativa presentada para quedar de la siguiente forma: "Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión del Distrito Federal".

CUARTO.- El 13 de febrero de 2004, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a solicitud del diputado José Agustín Ortiz Pinchetti, acordó la modificación de trámite a la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona una Base Sexta al apartado "C" del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: "Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal".

QUINTO.- El 27 de abril de 2004, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados acordó la modificación de trámite, para quedar como sigue: "Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito federal y de Educación Pública y Servicios Educativos".

Los miembros integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal y de Educación Pública y Servicios Educativos de la LIX Legislatura, procedimos al Estudio de la Iniciativa aludida, habiendo efectuado múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en la Iniciativa que se discute, en el siguiente sentido.

VALORACION DE LA INICIATIVA

El Federalismo encuentra su asiento en determinados conceptos y, para ser más precisos, en determinados contenidos como son la democracia, la pluralidad y la igualdad. Una de las virtudes del sistema federal es su capacidad de reconocer e integrar en un todo mayor las diferencias existentes entre las partes. En términos negativos, el principio de igualdad puede expresarse de la siguiente manera: No pueden existir partes ignoradas en el funcionamiento del sistema, ni partes excluidas de su proceso institucional. De ocurrir lo anterior, se estaría cuestionando la igualdad jurídica y en la práctica, la vigencia del mismo federalismo.

Como antecedente de lo anterior, deseamos señalar que, desde su promulgación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido objeto de múltiples y abundantes reformas en respuesta a las necesidades de nuestro país y en beneficio de todos los mexicanos. Sin duda, la Carta de Querétaro, ha sido el Ordenamiento Constitucional que ha sufrido más reformas; también, la de mayor vigencia en el tiempo, lo que demuestra que nuestra Constitución es fuerte y sólo necesita, como toda norma jurídica, por esencia cambiante, adecuarse a la evolución de la sociedad.

La primera Constitución del México Independiente, del 3 de octubre de 1824, publicada el día 5 del mismo mes y año, otorgaba al Congreso Federal facultades exclusivas para elegir el lugar de residencia de los Supremos Poderes de la Federación, y ejercer en su distrito las atribuciones del Poder Legislativo de un Estado. Posteriormente, Guadalupe Victoria, en su carácter de primer presidente mexicano, promulgó el 20 de noviembre de 1824, el decreto de creación del Distrito Federal expedido por el Congreso General Constituyente dos días antes, en ese instrumento jurídico se designó a la Ciudad de México como residencia de los poderes y según su artículo 1°, se le denominó "Distrito Federal"; asignándole como superficie original un círculo de dos leguas de radio. Este territorio, cabe señalar, le fue segregado al Estado de México.

La Constitución de 1857, por su parte, preveía que el Congreso tendría la facultad "para el arreglo interior del Distrito Federal y Territorios, teniendo por base el que los ciudadanos elijan popularmente a las autoridades políticas, municipales y judiciales, designándole rentas para cubrir sus atenciones locales".

En lo que se refiere al gobierno del Distrito Federal, los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, lo fueron también para el Distrito Federal, es decir, el Congreso y el Presidente de la República, además de las funciones que detentaban como órganos federales, tenían facultades para gobernar el Distrito Federal. No ocurrió lo mismo con el Poder Judicial que, desde 1855 y a semejanza del de los Estados, reside en un Tribunal Superior de Justicia.

A través de nuestra historia, el Distrito Federal subsistió en los regímenes federalistas o desapareció con gobiernos centralistas. La Constitución de 1917, de naturaleza federalista, señala en su artículo 43 al Distrito Federal como parte integrante de la Federación, y en el artículo 73 fracción VI, se otorgaba al Congreso de la Unión la facultad para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal.

Con la entrada en vigor de la reforma constitucional de 1929, el gobierno del Distrito Federal quedo a cargo del Presidente de la República. Posterior a esa reforma, surgió otra en el año de 1987 y merced a ella, en el año de 1988 se creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, concebida como un órgano de representación de la ciudadanía del Distrito Federal, integrada por 40 representantes de mayoría relativa y 26 representantes electos bajo el principio de representación proporcional y con facultades reglamentarias.

El Gobierno del Distrito Federal sin embargo, seguía a cargo del titular del Ejecutivo Federal, limitando el derecho de sus ciudadanos para elegir a su gobernante.

La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1993, comprende, entre otros, a los artículos 73 y 122, en los que se establecen como órganos locales del Gobierno del Distrito Federal a la Asamblea de Representantes, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Tribunal Superior de Justicia. El Congreso de la Unión, continuaba siendo el órgano competente para legislar en todo lo concerniente al Distrito Federal, pero la Asamblea de Representantes contaba con atribuciones para emitir bandos, ordenanzas, reglamentos de policía y buen gobierno, en diversas materias como salud, educación, abasto, mercados, espectáculos públicos, ecología, agua, drenaje, vialidad, etc., con el fin de atender a las necesidades de los habitantes de la ciudad Capital.

El artículo 122 vuelve a reformarse en 1994, y el 22 de agosto de 1996, se publica la última reforma que establece la elección directa para el año de 1997, del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y, para el 2000, la de los Jefes Delegacionales. En adición a lo anterior se le otorgan a la Asamblea facultades de emitir leyes.

Desde el marco funcional constitucional, la nueva organización política del Distrito Federal se ubica en el Título Quinto que regula la estructura y funcionamiento de los estados; se reforma el Título para dejarlo en lo sucesivo como el de los Estados de la Federación y el Distrito Federal, para distinguir la importancia del cambio. Esa es la evolución del Gobierno del Distrito Federal.

Sin embargo, a cambio de su discapacidad política, gozaba, y sigue gozando, de prebendas en el Presupuesto Federal que van desde conceptos jurídicos en las leyes tributarias para beneficiarlo con el producto de los impuestos federales, hasta enormes privilegios en el gasto, que no tienen igual en el resto del país. Por eso, el Distrito Federal, tiene un presupuesto que supera en el doble al Estado que le sigue y tiene requerimientos de gasto por la mitad de los conceptos, que obligatoriamente sufragan el resto de las entidades del País.

Tal situación urge corregirla en términos de equidad y transparencia, ya que de continuar así, además de la notoria falta de equidad que ello implica, se está contribuyendo al desarrollo social de una entidad federativa a costa de los demás estados federados.

Muestra de la situación de privilegio de que disfruta el Distrito Federal, radica en el hecho de que dentro de sus obligaciones, atribuciones y facultades que le confiere el artículo 122 de nuestra Carta Magna, se soslaya la prestación del servicio de educación básica, tan es así que ese servicio se ha venido prestando en el Distrito Federal con cargo a recursos federales; resulta incongruente que si de acuerdo con la reforma constitucional de 1996, se le otorgó el nivel de Entidad Federativa, no se le haya impuesto la obligación de participar en el gasto público destinado a cubrir la educación básica obligatoria, como lo hacen las demás Entidades Federativas.

Las reformas constitucionales, antes citadas constituyeron un avance importante para el Distrito Federal, sin embargo, es necesario reconocer la necesidad de proponer una adición al artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que se establezca la obligación del Distrito Federal de participar en el gasto de educación básica obligatoria.

La esencia del federalismo es el arreglo espacial del poder que se proyecta en las finanzas públicas. El Federalismo Fiscal resuelve por consideraciones técnicas y por medio de un sistema de compromisos entre los gobiernos federales y locales, la unidad de gobierno apropiada para cada función pública.

El objetivo básico del Sistema de Coordinación Fiscal, es que las entidades federativas y los municipios reciban recursos de manera proporcional a sus necesidades, esto implica la adecuada y justa distribución de los mismos a los Estados y Municipios, así como al Distrito Federal, para que puedan, a su vez, cumplir con sus obligaciones y proporcionar los servicios que requiere la población.

El sistema también busca redefinir responsabilidades en la recaudación fiscal y en el ejercicio del gasto público, reafirmar la responsabilidad que cada orden de gobierno -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios- tiene de proveerse de sus propios ingresos para el sostenimiento de su gasto. Con este propósito del sistema, objetivamente, tendría que desaparecer la casi total dependencia del Distrito Federal respecto de las participaciones y aportaciones federales. En este sentido deberán garantizarse suficientes recursos para aplicarlos en educación, pues su adecuada distribución impedirá desequilibrios en las finanzas de los estados.

Con el propósito de establecer un mecanismo ágil en la aportación del gasto mencionado, a cargo del Distrito Federal, se propone que la cantidad que resulte sea descontada de sus participaciones de contribuciones federales que le correspondan. Dicha cantidad será destinada a los Estados que participen en proporción mayor al sostenimiento de dichos servicios, considerando que en la ley secundaria deberán establecerse los mecanismos de distribución. La equidad es el trato igual a los iguales.

CONSIDERACIONES

En 1917 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3º, plasmó el régimen educativo, sin determinar distribución de competencias entre los poderes federal, los estados y los municipios.

Actualmente, se reconoce la efectiva concurrencia con la que debe operar el Sistema Educativo Nacional en el marco de la modernización de la educación básica. De esta manera corresponde, ahora, a los gobiernos de los Estados encargarse de la dirección de los establecimientos educativos con los que la Secretaría de Educación Pública prestó en cada Estado los servicios de educación, sin embargo, esto sólo es posible llevarse con éxito si se cuenta con los recursos suficientes, lo cual se vé truncado con la existencia de un trato carente de equidad.

El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en la fracción VIII: "El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República expedirá las Leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los estados y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público ..."

De lo anterior, destaca la necesidad de fijar las aportaciones y asignaciones económicas, correspondientes, que permitan llevar a cabo la tarea educativa en nuestra República. Ello implica acciones equitativas en la distribución de los recursos para la educación básica a nivel nacional.

En ese sentido, el Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica que: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta Ley Fundamental".

Es decir, el pacto descansa en principios y competencias inviolables que en ningún caso podrán contravenirse, como lo indica el Artículo 41 de la misma Constitución, al señalar que: "El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores..., las que en ningún coso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal".

La presente Iniciativa contempla un propósito trascendente: El que se refiere a la participación equitativa de los estados miembros de la federación en el gasto destinado al sostenimiento de la educación y la exclusión que se ha hecho hasta la fecha del Distrito Federal.

Cuando se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal en 1992, se establecieron las Reglas de Procedimiento mediante las cuales la Secretaría de Educación Pública ejecutaría la transferencia de esos niveles y modalidades educativas a los gobiernos de los Estados y, por otro, las reformas de tipo constitucional y legal que permitieran dotar de estabilidad y certidumbre a esa decisión, lo que finalmente ocurrió con la reforma al artículo 3º Constitucional y, al año siguiente, con la promulgación de la Ley General de Educación.

Sin embargo, simultáneamente a la firma de ese Acuerdo, el entonces Departamento del Distrito Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, celebraron una serie de acuerdos que impiden que, tanto los anteriores como el actual Gobierno Capitalino, aporten recursos financieros para el gasto educativo.

Esta situación ha prevalecido, creando condiciones de profunda falta de equidad en relación al resto de las entidades federativas que ya administran la educación básica y normal.

Por su parte, el artículo 16 de la Ley General de Educación, señala que las atribuciones relativas a la educación básica "corresponderán, en el Distrito Federal al Gobierno de dicho Distrito y a las entidades que, en su caso establezca". Añade, que el Gobierno del Distrito Federal "concurrirá al financiamiento de los servicios educativos" en el propio Distrito Federal y hace la excepción en cuanto a la educación normal, que seguirán siendo prestados por la Secretaría de Educación Pública.

Sin embargo, en el artículo Cuarto Transitorio de la Ley General de Educación, se estableció el proceso para que el Gobierno del Distrito Federal se encargue de la prestación de los servicios de educación básica "en los términos y fecha que se acuerde con la organización sindical". Dicho proceso, once años después, no ha concluido.

El último propósito es el expresado en el Programa Nacional de Educación 2001-2006, el cual señala que se terminará el proceso de "Federalización" con la transferencia al Distrito Federal de la Educación Básica y del Subsistema Tecnológico a los Estados. Hasta ahora, el único progreso es la creación de una Unidad de Reestructuración de la Secretaría de Educación Pública.

En el Federalismo no deben existir tratos de excepción. Sin embargo, el Distrito Federal, no contribuye, en términos de equidad porcentual, como lo hacen todos las demás Entidades Federativas. Atentándose claramente contra el Pacto Federal, en detrimento de los integrantes de nuestra Federación.

En consecuencia, el Gobierno del Distrito Federal, ha sido privilegiado por la excepción de participar en la Federalización del gasto educativo. Por ello, lo urgente es que el Distrito Federal, participe al igual que lo hacen el resto de las Entidades Federativas, en el gasto de la Federalización en la Educación Básica.

Por último, estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal y de Educación Pública y Servicios Educativos, consideran:

DECRETO QUE ADICIONA UNA BASE SEXTA AL APARTADO C DEL ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

Artículo Único.- Se adiciona una BASE SEXTA al apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 122 ...

A ... a C ...

BASE SEXTA.- El Distrito Federal participará en la proporción que las demás entidades federativas en el gasto destinado al sostenimiento de la educación básica obligatoria.

TRANSITORIOS

Primero.- El Distrito Federal, al igual que las demás entidades federativas, deberá contribuir al gasto educativo, junto con la Federación, en un equilibrio equivalente al gasto medio nacional de aportación federal y estatal que se ajustará, anualmente, en función del crecimiento de la matrícula compuesta por alumnos de educación básica obligatoria.

Segundo.- La Federación descontará de las participaciones en las contribuciones federales que correspondan al Distrito Federal, la cantidad que resulte conforme al párrafo anterior. Dicha cantidad será destinada a los Estados que participen en proporción mayor al sostenimiento del servicio mencionado, a partir del primero de enero del año dos mil cinco.

Tercero.- La aplicación de la presente reforma no afectará en modo alguno, salarios y prestaciones de los trabajadores de la educación del Distrito Federal, siendo el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, el titular de la representación de los derechos laborales, profesionales, económicos y sociales de dichos trabajadores.

Cuarto.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal a los veintiún días del mes de septiembre del año dos mil cuatro.

Comisión de Puntos Constitucionales

Diputados: Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica); Rubén Alexander Rábago (rúbrica), secretario; Sergio Álvarez Mata (rúbrica); René Arce Islas; Francisco Antonio Astiazarán Gutiérrez (rúbrica), secretario; Federico Barbosa Gutiérrez; Francisco Barrio Terrazas (rúbrica); Ángel Augusto Buendía Tirado; Enrique Burgos García (rúbrica); Víctor Manuel Camacho Solís; Horacio Duarte Olivares; Álvaro Elías Loredo (rúbrica), secretario; Enrique Ariel Escalante Arceo (rúbrica); Francisco Cuauhtémoc Frías Castro (rúbrica), Presidente; Luis Antonio González Roldán (rúbrica), secretario; J. Jesús Lomelí Rosas (rúbrica), secretario; Luis Maldonado Venegas (rúbrica), secretario; Germán Martínez Cázares (rúbrica); Arturo Nahle García, secretario; Jorge Ortiz Alvarado; Janette Ovando Reazola (rúbrica); Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica); Laura Reyes Retana Ramos; Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica); Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica); Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica); Socorro Userralde Gordillo; Marisol Vargas Bárcena (rúbrica); Pedro Vázquez González, secretario; Emilio Zebadúa González.

Comisión del Distrito Federal

Diputados: José Agustín Ortiz Pinchetti, Presidente; Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Secretaria; Ernesto Herrera Tovar (rúbrica), Secretario; Marco Antonio Gutiérrez Romero (rúbrica), Secretario; Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Secretario; Fernando Espino Arévalo (rúbrica), Secretario; Roberto Colín Gamboa (rúbrica); Federico Döring Casar (rúbrica); Patricia Garduño Morales; Adriana González Furlong (rúbrica); Rubén Maximiliano Alexander Rábago (rúbrica); Jorge Triana Tena (rúbrica); Miguel Angel Toscano Velasco (rúbrica); Marcela Guerra Castillo (rúbrica); Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica); Jorge Ortiz Alvarado (rúbrica); Roberto Campa Cifrián (rúbrica); Roberto Javier Vega y Galina; Jorge Ortiz Alvarado (rúbrica); Víctor Ernesto González Huerta (rúbrica); Fernando Fernández García; Pablo Bedolla López (rúbrica); Fidel René Meza Cabrera (rúbrica); Filemón Primitivo Arcos Suárez (rúbrica); Susana Guillermina Manzanares Córdoba; Gilberto Ensástiga Santiago; Horacio Martínez Meza; Nancy Cárdenas Sánchez; Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica); Lizbeth Eugenia Rosas Montero.

Comisión de Educación y Servicios Educativos

Diputados: Salvador Pablo Martínez Della Rocca, Presidente; José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica), secretario; Humberto Francisco Filizola Haces (rúbrica), secretario; Consuelo Camarena Gómez (rúbrica), secretaria; Tatiana Clouthier Carrillo (rúbrica), secretaria; Juan Pérez Medina, secretario; Francisco Amadeo Espinosa Ramos, secretario; María Viola Corella Manzanilla (rúbrica), Norberto Enrique Corella Torres (rúbrica), Blanca Judith Díaz Delgado; Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica); Florentino Domínguez Ordóñez (rúbrica); Carmen Guadalupe Fonz Sáenz; Israel Raymundo Gallardo Sevilla (rúbrica); Iván García Solís; María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica); José Angel Ibáñez Montes (rúbrica); Moisés Jiménez Sánchez (rúbrica); Alejandra Méndez Salorio; Gerardo Montenegro Ibarra (rúbrica); Inti Muñoz Santini; Oscar Pimentel González (rúbrica); Oscar Martín Ramos Salinas; Sonia Rincón Chanona (rúbrica); Agustín Rodríguez Fuentes; Alfonso Rodríguez Ochoa; Rocío Sánchez Pérez; José Luis Tapia Palacios; Lorena Torres Ramos (rúbrica).
 
 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE, Y DE SALUD, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 112 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, Y LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

HONORABLE ASAMBLEA:

En la sesión celebrada 20 de Abril de 2004, a la comisiones unidas Juventud y Deporte y de Salud de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por la Diputada Maki Ester Ortiz Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los integrantes de las Comisiones de Juventud y Deporte y Salud con fundamento en su atribución que le otorgan los artículos 39 numerales 1° y 3°, 43, 44, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, mismo que se realiza bajo la siguiente.

METODOLOGÍA

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe.

I.- En el Capitulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa.

II.- En el Capitulo correspondiente a " CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III.- En el capitulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión mencionada expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar en lo general la iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES

1. El 20 de abril del 2004 la Diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó ante el pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud y la fracción IX del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

En la misma fecha, la iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y Salud.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa objeto del presente dictamen pretenden que las adicciones, prevención de enfermedades de transmisión sexual y el SIDA sean parte de la educación para la salud.

Por lo que respecta a la reforma a Ley del Instituto Mexicano de la juventud, pretende que el Instituto tenga por atribución la elaboración de programas y cursos de orientación sobre adicciones, educación sexual y salud reproductiva.

III. CONSIDERACIONES

A. Sabemos que actualmente los jóvenes constituyen el grupo de edad mas sano en términos biomédicos. Presentan proporcionalmente menos enfermedades y muertes, no obstante, consolidan hábitos de vida vinculados con prácticas sociales que los hacen vulnerables de presentar padecimientos crónico degenerativos y enfermedades emergentes.

B. De acuerdo al Programa Nacional de la Juventud 2002-2006 el abuso de sustancias adictivas, el ejercicio de la sexualidad, los hábitos alimenticios, la morbi-mortalidad por accidentes y violencia impactan negativamente en la salud de los jóvenes.

Y el ejercicio desinformado e irresponsable de la sexualidad puede derivar en enfermedades de transmisión sexual.

C. El uso, abuso y dependencia al tabaco; el abuso y la dependencia a las bebidas alcohólicas y el uso, abuso y dependencia a otras sustancias psicoactivas o psicotrópicas, de empleo lícito o ilícito, constituyen un grave problema de salud pública y tienen además, importantes consecuencias negativas que trascienden en el ámbito de la salud individual y repercuten en la familia, en la escuela, en el trabajo y en la sociedad.

Diversos estudios y sistemas de información y vigilancia, dan cuenta de la magnitud y de las tendencias del uso y abuso de tales sustancias en nuestro país, lo que ha permitido establecer que el abuso de bebidas alcohólicas y el alcoholismo constituyen nuestra problemática más importante, seguida por el tabaquismo y el consumo de otras sustancias psicoactivas en suma las adicciones.

El uso y abuso de sustancias psicoactivas, representan una preocupación creciente para el gobierno federal, las entidades federativas y la sociedad en general. Esta problemática exige contar con una variedad de recursos humanos y técnicos, así como con la coordinación de las instituciones y programas disponibles en el país, de tal modo que permita implantar estrategias y acciones de investigación, prevención, tratamiento, normatividad y legislación, así como de sensibilización y capacitación, para garantizar que las acciones beneficien a la población. En síntesis una integral educación para la salud, así mismo, para asegurar un nivel de calidad adecuado en la prestación de los servicios que permita finalmente, reducir la incidencia y prevalencia del uso y abuso de sustancias adictivas, así como la morbi-mortalidad asociadas, se requiere establecer las condiciones y requisitos mínimos indispensbles que regulen la prestación de los mismos.

En el caso de las bebidas alcohólicas, la población juvenil inicia su consumo a edades cada vez más tempranas, y su consumo excesivo repercute en los índices de morbi-mortalidad y en el costo social.

En relación al tabaquismo, es innegable la asociación directa e indirecta del consumo del tabaco y sus productos, con graves padecimientos de alta mortalidad, así como su impacto familiar, laboral, social y económico

Entre los problemas asociados al abuso de bebidas alcohólicas y alcoholismo se pueden citar: accidentes y conducta violenta, cirrosis hepática, conducta sexual riesgosa, síndrome alcohólico-fetal, trastornos mentales y de la conducta.

En el caso del tabaco: cáncer pulmonar y de otros órganos, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades vasculares cerebrales y problemas perinatales, entre otros.

El uso y abuso de otras sustancias psicoactivas conlleva a la aparición de problemas psicosociales y psiquiátricos, enfermedades de transmisión sexual, criminalidad, lesiones por causa externa, alteraciones en la gestación (retraso en el crecimiento intrauterino, abortos, parto pretérmino y muerte fetal, entre otros).Todo esto afecta al sector juvenil de nuestro país.

Así mismo hacemos mención que tenemos en cuenta la existencia de la norma norma oficial mexicana NOM-028-SSA2-1999, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones. Sin embargo consideramos que ningún esfuerzo es exagerado para terminar con este problema.

D. Es una obligación social proteger este grupo, a la juventud, otorgándole los servicios de salud mas rentables como son las acciones que incurren en la educación para la salud.

Es necesario potenciar la actuación coordinada de las instituciones públicas de los diferentes órdenes de gobierno y promover la participación de las instancias privadas en la promoción y educación para la salud. Esto para lograr mejores resultados en la salud y en la reducción de la desigualdad en el mediano y largo plazo.

Observamos que actualmente en los jóvenes existe un sector activo y estratégico del desarrollo nacional.

E. Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) representan a un grupo de padecimientos infecciosos que se transmiten predominantemente por contacto sexual. Algunos de éstos son considerados como de notificación obligatoria en la mayoría de los países, y continúan teniendo una frecuencia inaceptablemente alta, fundamentalmente entre gente joven en edad reproductiva y con vida sexual activa. Las ETS, y sus complicaciones, no están distribuidas uniformemente entre la población, pues sólo algunos grupos específicos son los que se encuentran en riesgo de adquirirlas o transmitirlas; a ellos se les debe reconocer con el fin de incluirlos en los programas de vigilancia y control. Hay también algunos subgrupos de individuos que sufren particularmente las complicaciones; por ejemplo, las mujeres que inician su actividad sexual a edad temprana y que tienen varias parejas en lapsos cortos.

El problema de las ETS no se conoce debidamente en México; las pocas clínicas especialmente instaladas con ese propósito atienden a un número muy limitado de hombres y trabajadoras sexuales, de tal manera que la información que se desprende de su actividad no es representativa de lo que ocurre en la población. Sin embargo, se ha estimado que la frecuencia de ETS en la población general fluctúa entre 0.1 y 0.5%; en cambio, para la población considerada como de alto riesgo, se calcula una frecuencia que va de 10 a 20%. La población más afectada se encuentra entre los 18 y 24 años de edad.

F. El SIDA también se debe incluir como objeto de la educación sexual, sabemos que es una enfermedad causada por un virus llamado VIH que ocasiona la destrucción del sistema inmunitario de la persona que la padece.

Tan solo en el 2002 se notificaron mas de 16,000 casos, subiendo un gran porcentaje año con año, El SIDA constituye la cuarta causa de muerte de los hombres entre 25 y 34 años de edad, es por ello que se debe realizar las acciones necesarias para combatir este problema.

Así mismo tenemos en cuenta los distintos tipos de vías de transmisión del Síndrome de inmunodeficiencia adquirida como los son los tres modos fundamentales de transmisión del VIH: Transmisión sexual, transmisión parenteral por el uso compartido de agujas o jeringuillas, instrumentos contaminados, transfusión sanguínea y transmisión vertical o de la madre al feto.

G. La educación para la salud sexual y reproductiva es de suma importancia, los adolescentes de 15 a 19 años de edad representan casi la cuarta parte de la población nacional, y actualmente se registran 43,000 embarazos anuales en mujeres de esa edad.

Uno de los resultados de las uniones tempranas son los embarazos en mujeres jóvenes, muchos de los cuales se caracterizan por la presencia de toxemia, desproporción cefalopélvica y otros cuadros que aumentan el riesgo reproductivo. Por otra parte, el primer producto de una madre adolescente corre más riesgos de tener bajo peso al nacer y de ser prematuro, que los primeros hijos de madres de más de 20 años de edad.

La falta de una educación sólida con respecto a la vida sexual y reproductiva, desde los primeros años de la escuela o desde otros ámbitos en la comunidad, es una de las causas que influyen en el inicio muy temprano, y de manera desinformada, de la vida sexual, con el frecuente resultado de un embarazo no planeado ni deseado en ese momento.

H. Existen Programas y Proyectos para la educación Gubernamentales, como lo son:

Escuelas Promotoras de Salud..
Estrategia de Capacitación para Educadores en Salud
La Escuela. Eje de la Salud Comunitaria.

Modelo Avanzado de Atención Primaria a la Salud.
Masculinidad y Salud Reproductiva.
En las universidades encontramos algunos como los son:

Diagnóstico de los Patrones de Automedicación en el Rincón Zapoteca.
Estrategia Cogestionaria para Revitalizar el Ambiente Natural, Económico y Cultural en el Rincón Zapoteca.
Género y Salud Reproductiva. Una Propuesta Metodológica.

Producción de Discos Compactos. Libro de Ciencias Naturales.
Programa de Capacitación por Videoconferencia Interactiva para Educadores para la Salud en el Empleo de los Medios Tecnológicos para la Educación Presencial y a Distancia.
Programa Universidad en Línea. Educación para la Salud.

I. Por todo lo anterior se debe actuar de una forma permanente y eficaz. Sabemos que la prevención de ciertos aspectos como son enfermedades entre otros, se encuentra ya regulada en el artículo 134 fracción XIII de la Ley General de Salud, pero es muy diferente la prevención que la educación para la salud, aunque van de la mano son distintas formas de atacar dichos problemas.

Es por ello, que consideramos que con esta reforma se concretaría de una manera sólida y eficaz el combate y ventaja a estos problemas que día con día crecen y se incrustan mas en el sector juvenil ya mencionado y se vuelve un problema de salud pública ya que no solo afecta a este sector sino a toda la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de las Comisiones de Juventud y Deporte y Salud con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCION III DEL ARTÍCULO 112 DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y LA FRACCION IX DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:.

ARTÍCULO 112. La educación para la salud tienen por objeto:

ARTÍCULO 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

ÚNICO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de agosto de 2004.

Por la Comisión de Salud

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), Jesús Aguilar Bueno (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Abraham Velázquez Iribe, Martha Palafox Gutiérrez, Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández, María Angélica Díaz del Campo, Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar (rúbrica), Irma Sinforina Figueroa Romero, José Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Raúl Piña Horta (rúbrica), María Angélica Ramírez Luna (rúbrica).

Por la Comisión de Juventud y Deportes

Diputados: José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica), Jorge Roberto Ruiz Esparza Oruña (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), José Francisco Lanero Gutiérrez, Maximiliano Alexander Rábago (rúbrica), Baruch Alberto Barrera Zurita (rúbrica), J. Erandi Bermúdez Méndez, Rodolfo Esquivel Landa, José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Marko Antonio Cortés Mendoza, Marisol Urrea Camarena, Jesús Zúñiga Romero (rúbrica), Jorge Ortiz Alvarado (rúbrica), Isaías Soriano López, María Isabel Maya Pineda (rúbrica), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), José Alfonso Muñoz Muñoz (rúbrica), Sergio Chávez Dávalos (rúbrica), Armando Leyson Castro (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), Ángel Paulino Canul Pacab (rúbrica), Rogelio Franco Castán (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica), Yadira Serrano Crespo (rúbrica), Reynaldo Francisco Valdés Manzo (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISION DE ECONOMIA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, presentada por el C. Diputado Federal José Antonio Cabello Gil del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 30 de marzo de 2004. Lo anterior, que en ejercicio de la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración del Honorable Congreso de la Unión.

La Comisión de Economía de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos d), e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la Iniciativa descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Que en sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 30 de marzo de 2004, los CC. Secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la Iniciativa que presentó el C. Diputado Federal José Antonio Cabello Gil del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

SEGUNDO. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Economía, con opinión de la Comisión de Cultura".

TERCERO. Mediante oficio CE/0509/04 de fecha 30 de marzo de 2004, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de esta Iniciativa.

CUARTO. El legislador propone lo siguiente:

En este orden de ideas, nuestra iniciativa pretende dar pauta para establecer un mecanismo jurídico que permita que este sector sea reconocido en el marco jurídico correspondiente (Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa) y que pase a ser beneficiario del mismo, a través de la aplicación de mecanismos de financiamiento públicos, de los efectos positivos del libre mercado; y, al mismo tiempo, facilite el desarrollo cultural del país, de los estados y de los municipios. Es decir, el interés de esta iniciativa es el de incluir una serie de fondos de financiamiento público (de los fondos de la Secretaría de Economía dirigidos a impulsar las Mipyme) al alcance y canalizables a las iniciativas privadas de producción de bienes y servicios culturales que carezcan de los recursos económicos necesarios para ver a la luz del día sus esfuerzos.

........

........

Para concluir, es necesario recordar que las Mipyme culturales debemos visualizarlas como instrumentos y patrimonio histórico vivo, recurso que proporciona empleo e ingresos, actividad económica que produce retornos tributarios, pero sobre todo son medios para coordinar los deseos, las aspiraciones y las preocupaciones ciudadanas, y son dispositivos que pueden mostrar la gran diversidad, pluralidad y riqueza de las manifestaciones culturales en el sentido más amplio: lenguajes, músicas, costumbres, vestidos, cocinas, etcétera, que existen en el país.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta H. soberanía la siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Artículo Único. Se reforma el último párrafo de la fracción III del Artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 3.-.........

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."

QUINTO. El 8 de junio de 2004, la Comisión de Cultura emitió la opinión a la iniciativa en comento, anexo al presente, manifestándose a favor de su aprobación, por lo que esta Unidad Legislativa hace suyos los considerandos vertidos por esa Comisión.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la Iniciativa de referencia.

SEGUNDO. Que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en el mundo se han convertido en un nicho de oportunidad para impulsar el crecimiento económico sostenido de los países a través de la creación de empleos, generación de valor agregado, aportaciones fiscales, fortaleciendo el mercado interno y aumentando la oferta exportable.

TERCERO. Que en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, existen alrededor de 2 millones 844 mil unidades empresariales, de las cuales el 99.7% son MIPYMES, que en conjunto generan el 42% del Producto Interno Bruto y el 64% del empleo del país.

CUARTO. Que el Ejecutivo Federal ha impulsado una serie de acciones para aumentar la competitividad y productividad de las empresa del país, para ello creó la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa dentro de la Secretaría de Economía y elaboró el Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006, con la finalidad de fomentar y promover la calidad, competitividad, capacitación, desarrollo e innovación tecnológica y el desarrollo empresarial de la planta productiva, en especial de las MIPYMES, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal y organismos del sector público, privado, social y educativo competentes.

QUINTO. Que este Honorable Congreso de la Unión aprobó por consenso de todos los partidos políticos, la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través de fomentar la creación de MIPYMES y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad.

SEXTO. Que las MIPYMES denominadas culturales, abarcan un gran conjunto de actividades de producción, comercialización y comunicación, tales como: la editorial, fonográfica, artesanal, televisión, cine, radio, video, prensa, revistas, nuevas tecnologías, publicidad, entre otros bienes y servicios culturales, que favorecen la difusión masiva de la cultura.

SÉPTIMO. Que las MIPYMES culturales tienen una influencia significativa en la economía, mediante la creación de empleos, mayor inversión productiva, incremento del comercio exterior, así como el aumento de las contribuciones y derechos, entre otros beneficios indirectos. Así, este conjunto de actividades pueden participar e impulsar el Producto Interno Bruto nacional de manera significativa, como ha sucedido en diversos países de América y Europa.

OCTAVO. Que las MIPYMES culturales cumplen satisfactoriamente con su responsabilidad social, por un lado, aprovechan sus aptitudes para contribuir al desarrollo de la economía del país, generando riqueza y empleos, y por el otro, promueven la trasmisión de ideas y valores en la sociedad, mediante la producción de bienes y servicios culturales.

NOVENO. Que el Estado mexicano tiene la gran responsabilidad de promover las diferentes expresiones y propiciar la elevación del nivel cultural de los mexicanos, así como la defensa, el rescate, la conservación y la difusión del patrimonio cultural y el estímulo a los procesos culturales.

DÉCIMO. Que el Poder Legislativo junto con el Ejecutivo deben alentar y apoyar las manifestaciones culturales, así como fomentar la igualdad de acceso a los bienes y servicios culturales, para que las personas no solamente gocen de las distintas expresiones de la cultura, sino que también tengan una oportunidad para participar en su creación, a través de las MIPYMES culturales.

DÉCIMO PRIMERO. Que las MIPYMES culturales deben aprovechar y gozar los Programas y Fondos con los que cuenta la Secretaría de Economía, para llevar a cabo sus actividades culturales con una visión empresarial y con suficiencia económica, enriqueciendo la cultura de nuestro país, al tiempo, que se estarían apuntalando y complementando los Programas de Desarrollo Empresarial y el Nacional de Cultura.

DÉCIMO SEGUNDO. Que los CC. Diputados integrantes de la Comisión de Economía que dictamina, junto con los CC. Diputados integrantes de la Comisión de Cultura, reconocen y concluyen, que esta Iniciativa viene a fomentar y promover la cultura en un ambiente empresarial, donde el negocio de las expresiones culturales tiene cada día un espacio relevante en el quehacer cotidiano de la sociedad, dado que el arte y la cultura, forman parte fundamental del desarrollo integral de cada persona.

RESUELVE

PRIMERO. Que con fundamento en los considerandos vertidos en el presente Dictamen, se aprueba la Iniciativa que presentó el C. Diputado Federal José Antonio Cabello Gil del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

SEGUNDO. La Comisión de Economía, con la opinión de la Comisión de Cultura, presenta al Pleno de esta Honorable Asamblea para su análisis, discusión y, en su caso aprobación, el siguiente:

DECRETO QUE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Artículo Único. Se reforma el último párrafo de la fracción III del Artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 3.- ........

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación"

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de junio del año 2004.

Comisión de Economía

Diputados: Manuel López Villarreal (rúbrica), Presidente; Jesús Antonio Nader Nasrallah, Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, secretarios; Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), José María de la Vega Lárraga (rúbrica), Jaime del Conde Ugarte, Ramón Galindo Noriega (rúbrica), Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), José Francisco J. Landero Gutiérrez (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), Miguel Ángel Rangel Ávila (rúbrica), Jorge Baldemar Utrilla Robles (rúbrica), José Mario Wong Pérez, Jesús María Ramón Valdez, Eduardo Olmos Castro, Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Oscar Bitar Haddad, Carlos Blackaller Ayala, Alfredo Gómez Sánchez (rúbrica), Fernando Ulises Adame de León, José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos, Isidoro Ruiz Argaiz, Yadira Serrano Crespo, Juan José García Ochoa (rúbrica), Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica), Víctor Suárez Carrera (rúbrica).
 
 

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Cultura correspondiente a la LIX legislatura le fue turnada para su opinión, la "INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ULTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 3° DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA", presentada por el diputado José Antonio Cabello Gil, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Cultura de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada el día 30 marzo de 2004 por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el diputado José Antonio Cabello Gil, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo de la fracción 111 del artículo 30 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, misma que fue turnada a la Comisión de Economía, con opinión de la Comisión de Cultura.

2. En reunión de la Comisión de Cultura, celebrada el 13 de abril de 2004,- se dio trámite de recibo correspondiente a la iniciativa referida en el numeral 1 de este apartado.

3. En, sesión celebrada el 20 de abril de 2004, los integrantes de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se reunieron con diversos representantes de la comunidad cultural para escuchar sus opiniones sobre la iniciativa en comento.

4. En reunión de la Comisión de Cultura celebrada el día 8 de junio de 2004, los integrantes realizaron el estudio y debate de la iniciativa de ley correspondiente al numeral 1 de este apartado, para emitir la opinión correspondiente.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que la cultura es un modo de vida, costumbres, conocimientos, tradiciones, manifestaciones y expresiones artísticas de los pueblos, sociedades y naciones. Que la cultura otorga identidad personal, colectiva y nacional a los pueblos, y dota de pertenencia a las personas en una determinada sociedad.

SEGUNDO. Que la cultura fomenta y estimula en las personas los valores de la tolerancia, la libertad, la pluralidad, la diversidad, los cuales son pilares en la vida democrática de nuestro país.

TERCERO. Que los bienes y servicios culturales, por su naturaleza, son bienes públicos que generan efectos externos positivos y que no se agotan en la utilidad que pueden obtener de ellos las personas. Es decir, los bienes culturales son bienes sociales irreductibles cuyos beneficios trascienden a los individuos concretos y benefician a la sociedad en su conjunto.

CUARTO. Que la cultura no se circunscribe al plano espirítual de la degustación de las obras o bienes culturales, sino también participa activamente en el desarrollo económico del país. Según cifras presentadas en investigaciones recientes revelan que la participación económica del sector cultura¡ alcanza entre un 6 y 7 por ciento del producto interno bruto, lo cual lo ubica por encima de sectores que tradicionalmente se consideran relevantes para el rumbo y crecimiento de¡ país como el sector automotriz.

QUINTO. Que en consecuencia y dada la relevancia de la cultura en términos de edificación personal y social, así como en términos económicos nacionales, se enfatiza la necesidad y justificación de alentar a través de la política pública gubernamental y del orden jurídico, el desarrollo, fomento y promoción de las actividades culturales. Es decir, el Estado está obligado a impulsar la producción y el desarrollo cultural como un medio para el fortalecimiento y engrandecimiento de nuestro país.

SEXTO. Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través de¡ fomento a la creación de este tipo de empresas y brindar apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad.

SÉPTIMO. Que el Estado debe brindar las facilidades y mecanismos de financiamiento a los productores de bienes culturales y prestadores de servicios, culturales, entre muchos otros participantes de la cultura, para que éstos tengan las mismas oportunidades de crecimiento y apoyo por parte de las instancias gubernamentales en su actividad económica.

OCTAVO. Que la reforma a la fracción 111 del artículo 3 a dicha ley, propone incorporar a los productores de bienes culturales, así como a los prestadores de servicios culturales como sujetos potenciales de los beneficios que esta ley provee. Lo cual no es propiamente una solución integral, sino tan sólo un esfuerzo en el sentido de poner en igualdad de circunstancias a las micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas al sector cultura¡, respecto a otros sectores, y así hacerlas susceptibles de asesoría, de crédito, de capacitación, de información de mercados, entre otros aspectos, que les permitan potenciar y explotar sus capacidades.

NOVENO. Que los objetivos de la reforma son proveer de ese piso mínimo necesario para el florecimiento del sector cultural, incrementar la participación de las industrias culturales en los mercados, y que generen mayor valor agregado nacional. Lo anterior- como lo tiene previsto la ley en cuestión-, con la finalidad de fomentar el empleo y el bienestar social y económico de todos los participantes en la micro, pequeña y mediana empresa del sector cultural.

DÉCIMO. Que el marco jurídico debe reflejar la aspiración que como sociedad tenemos, y en consecuencia incorporar en las normas los principios que constituyan el cauce de la cultura como objeto de¡ derecho y, en particular, de las oportunidades fundamentales para el fortalecimiento y florecimiento de la cultura.

DÉCIMO PRIMERO. Que a juicio de los integrantes de la Comisión de Cultura la incorporación de productores de bienes culturales, como de los prestadores de servicios culturales en la propia ley, con el fin de darles acceso a mecanismos de financiamiento, es esencial para fortalecer los principios y valores superiores que hacen posible un desarrollo cultural democrático.

DÉCIMO SEGUNDO. Que en este tenor, la reforma que nos ocupa se inscribe en una de las vertientes que el orden jurídico mexicano deberá ahondar con el objeto de beneficiar a todos los participantes de¡ sector cultural.

DÉCIMO TERCERO. Que esta reforma es encomiable en el sentido que coadyuva a insertar en la democracia y fijar operativamente en el Estado de Derecho, en forma de reglas, principios y valores jurídicos, las aspiraciones de la sociedad en relación con la cultura, convirtiendo así al Estado democrático y de Derecho en un Estado de Cultura, en tanto hace del reconocimiento y protección una parte de la actividad cultural, y favorece el progreso de la cultura como un fin indeclinable del Estado.

Por todo lo anterior, es de emitirse la siguiente:

OPINIóN

PRIMERO. Que la Comisión de Cultura se manifiesta a favor de que la iniciativa presentada por el Diputado José Antonio Cabello Gil del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sea aprobada en sus términos, en virtud de las razones expuestas en los Considerandos:

Artículo Unico. Se reforma el último párrafo de la fracción 111 de¡ artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 3.-

I. a III

Se incluyen productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros, artesanos y de bienes culturales, así como prestadores de servicios turísticos y culturales.

SEGUNDO. Por medio de oficio, túrnese la presente opinión a la Comisión de Economía para los efectos legales a que haya lugar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de junio de 2004.

Diputados: Filemón Primitivo Arcos Suárez (rúbrica), José Antonio Cabello Gil (rúbrica), María Elba Garfias Maldonado (rúbrica), Paulo José Luis Tapia Palacios (rúbrica), Lilia Isabel Aragón del Rivero (rúbrica), José Guillermo Aréchiga Santamaría, Rafael Candelas Salinas (rúbrica), Marbella Casanova Calam (rúbrica), Florencio Collazo Gómez (rúbrica), María Viola Corella Manzanilla (rúbrica), Norberto Enrique Corella Torres (rúbrica), Abel Echeverría Pineda (rúbrica), Blanca Eppen Canales (rúbrica), Patricia Flores Fuentes (rúbrica), Rafael Flores Mendoza (rúbrica), Moisés Jiménez Sánchez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Germán Martínez Cázares (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos (rúbrica), Inti Muñoz Santini (rúbrica), Alfonso Juventino Nava Díaz (rúbrica), Jesús María Ramón Valdez, Laura Reyes Retana Ramos, Carla Rochín Nieto (rúbrica), Evelia Sandoval Urbán, Bernardo Vega Carlos, Pablo Antonio Villanueva Ramírez (rúbrica).
 
 

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional "Al Mérito", en grado de Gran Collar, que le confiere el Gobierno de la República del Ecuador.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III, del apartado C), del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único.- Se concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional "Al Mérito", en grado de Gran Collar, que le confiere el Gobierno de la República del Ecuador.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 22 de septiembre de 2004.

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, José Eduviges Nava Altamirano.
 
 
 

DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO LICENCIADO VICENTE FOX QUESADA, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN "CONGRESO NACIONAL DEL ECUADOR, GENERAL ELOY ALFARO", QUE LE CONFIERE EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración "Congreso Nacional del Ecuador, General Eloy Alfaro", que le confiere el Congreso Nacional de la República del Ecuador.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III, del apartado C), del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único.- Se concede permiso al ciudadano licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración "Congreso Nacional del Ecuador, General Eloy Alfaro", que le confiere el Congreso Nacional de la República del Ecuador.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 22 de septiembre de 2004.

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, José Eduviges Nava Altamirano.
 
 
 

DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS GENERAL BRIGADIER DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR FELIPE LARIOS CORTÉS, GENERAL DE GRUPO PILOTO AVIADOR DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR AÉREO PAULINO LÓPEZ BERNAL, ANTONINO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ E INGENIERO SERGIO ALFONSO VERDUZCO ROSAN PARA ACEPTAR Y USAR LAS CONDECORACIONES QUE EN DIFERENTES GRADOS LES CONFIEREN EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EL MINISTERIO DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, EL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA, RESPECTIVAMENTE

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, con fecha 23 de septiembre del año en curso, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con las Minutas Proyecto de Decreto que conceden permiso a los ciudadanos GENERAL BRIGADIER D.E.M. FELIPE LARIOS CORTÉS, GENERAL DE GRUPO PILOTO AVIADOR D.E.M.A. PAULINO LÓPEZ BERNAL, ANTONINO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ E INGENIERO SERGIO ALFONSO VERDUZCO ROSAN, para aceptar y usar las Condecoraciones que en diferentes grados les confieren: el Gobierno de los Estados Unidos de América, el Ministerio de Defensa de la República Federativa de Brasil, el Reino de España y el Gobierno de la República Francesa, respectivamente.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la Fracción III, del Apartado C), del Artículo 37 Constitucional y el Segundo Párrafo del Artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano General Brigadier D.E.M. Felipe Larios Cortés, para aceptar y usar la Condecoración "Legión de Mérito", que le otorga el Gobierno de los Estados Unidos de América.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano General de Grupo Piloto Aviador D.E.M.A. Paulino López Bernal, para aceptar y usar la Medalla "Mérito Santos-Dumont", que le confiere el Ministerio de Defensa de la República Federativa de Brasil.

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Antonino Fernández Rodríguez, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Reino de España.

ARTÍCULO CUARTO.- Se concede permiso al ciudadano Ingeniero Sergio Alfonso Verduzco Rosan, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito Francés, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 24 de septiembre de 2004.

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo, Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, José Eduviges Nava Altamirano.
 
 
 

DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS JACOBO HAMUI CÁRDENAS, ALEJANDRA MARÍA NAHAS ESPINOSA, JAIME AYALA ORONA Y MÓNICA SAAVEDRA DÍAZ, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EN MÉXICO Y EN SU CONSULADO GENERAL EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, RESPECTIVAMENTE

HONORABLE ASAMBLEA:

En oficio de fecha 6 de septiembre de 2004, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos JACOBO HAMUI CARDENAS, ALEJANDRA MARIA NAHAS ESPINOSA, JAIME AYALA ORONA y MONICA SAAVEDRA DIAZ, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en su Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 21 de septiembre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Jacobo Hamui Cárdenas, para prestar servicios como Especialista político en la Sección Política, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la ciudadana Alejandra María Nahas Espinosa, para prestar servicios como Auxiliar de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Jaime Ayala Orona, para prestar servicios como Auxiliar de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso a la ciudadana Mónica Saavedra Díaz, para prestar servicios como Auxiliar de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 22 de septiembre de 2004.

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, José Eduviges Nava Altamirano.
 
 
 

DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LAS CIUDADANAS GRACIELA BALCÁZAR RIVERA Y CECILIA ARACELI NAVARRETE LABORDE PARA PRESTAR SERVICIOS EN LOS CONSULADOS GENERALES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, Y EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, RESPECTIVAMENTE

HONORABLE ASAMBLEA:

En oficio fechado el 6 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que las Ciudadanas GRACIELA BALCÁZAR RIVERA Y CECILIA ARACELI NAVARRETE LABORDE, puedan prestar servicios como Asistente Administrativo y Auxiliar de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 14 de septiembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso a la Ciudadana Graciela Balcázar Rivera, para prestar servicios como Asistente Administrativo, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la Ciudadana Cecilia Araceli Navarrete Laborde, para prestar servicios como Auxiliar de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 15 de septiembre de 2004.

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, José Eduviges Nava Altamirano.
 
 
 

DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS KARLA GUADALUPE GARCÍA-MORENO NAVARRO, MARÍA CRISTINA PRADO CASTAÑEDA, MARTHA ROBLES GIL TORRES, MIRNA TERESITA GARDUÑO VILLALOBOS, ARELY MARÍA DE LOURDES VIVEROS ALDANA, MARTÍN BENITES PROAÑO, MAGDALENA PADILLA AGUILAR, ADRIANA LIZABETH ROMO GONZÁLEZ, ISAI GRANADOS SANTIAGO, ROGELIA GUADALUPE GONZÁLEZ CAMACHO, ELSIE WOLLER GUTIÉRREZ, JULIO ALEJANDRO MENDOZA LLAMAS, ALBERTO VILLANUEVA GARDUÑO, ERICO DAVID CEREZO ANDRADE, HELAM RAMÓN SAPIÉN VALDEZ, CAROLINA MONTIEL LUNA Y FÉLIX GUILLERMO MUÑOZ SEGURA PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO, Y EN EL CONSULADO GENERAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, RESPECTIVAMENTE

HONORABLE ASAMBLEA:

En oficio fechado el 1º de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Karla Guadalupe García-Moreno Navarro, María Cristina Prado Castañeda, Martha Robles Gil Torres, Mirna Teresita Garduño Villalobos, Arely María de Lourdes Viveros Aldana, Martín Benites Proaño, Magdalena Padilla Aguilar, Adriana Lizabeth Romo González, Isai Granados Santiago, Rogelia Guadalupe González Camacho, Elsie Woller Gutiérrez, Julio Alejandro Mendoza Llamas, Alberto Villanueva Garduño, Erico David Cerezo Andrade, Helam Ramón Sapién Valdez, Carolina Montiel Luna y Félix Guillermo Muñoz Segura, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, y en el Consulado General en Tijuana, Baja California.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 7 de septiembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso a la ciudadana Karla Guadalupe García-Moreno Navarro, para prestar servicios como Asistente de Desarrollo/Secretaria, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la ciudadana María Cristina Prado Castañeda, para prestar servicios como Especialista en Asuntos Públicos en la Sección USAID, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso a la ciudadana Martha Robles Gil Torres, para prestar servicios como Asistente Administrativo en la Sección de Administración, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso a la ciudadana Mirna Teresita Garduño Villalobos, para prestar servicios como Asistente en la Agencia de USAID, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

ARTICULO QUINTO.- Se concede permiso a la ciudadana Arely Maria de Lourdes Viveros Aldana, para prestar servicios como Visa Clerk, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO SEXTO.- Se concede permiso al ciudadano Martín Benites Proaño, para prestar servicios como Mecánico de Mantenimiento, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO SEPTIMO.- Se concede permiso a la ciudadana Magdalena Padilla Aguilar, para prestar servicios como Visa Clerk, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO OCTAVO.- Se concede permiso a la ciudadana Adriana Lizabeth Romo González, para prestar servicios como Visa Clerk en el Area de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO NOVENO.- Se concede permiso al ciudadano Isai Granados Santiago, para prestar servicios como Asistente Consular del Area de Distribución, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO DECIMO.- Se concede permiso a la ciudadana Rogelia Guadalupe González Camacho, para prestar servicios como Asistente Consular del Area de Distribución, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Elsie Woller Gutiérrez, para prestar servicios como Asistente Consular del Area de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano Julio Alejandro Mendoza Llamas, para prestar servicios como Asistente Consular del Area de Distribución, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO DECIMO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Alberto Villanueva Garduño, para prestar servicios como Supervisor del Centro de Distribución, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO DECIMO CUARTO.- Se concede permiso al ciudadano Erico David Cerezo Andrade, para prestar servicios como Asistente Consular del Area de Distribución, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO DECIMO QUINTO.- Se concede permiso al ciudadano Helam Ramón Sapién Valdez, para prestar servicios como Chofer, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO DECIMO SEXTO.- Se concede permiso a la ciudadana Carolina Montiel Luna, para prestar servicios como Asistente de Visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Se concede permiso al ciudadano Félix Guillermo Muñoz Segura, para prestar servicios como Técnico en Telecomunicaciones, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 8 de septiembre de 2004.

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle, David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios, Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo, Consuelo Muro Urista, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano.
 
 
 

DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS HEYNER ANTONIO BOLAÑOS MÉNDEZ, ÉRIKA VILLAR ASTORGA, GERMÁN HERRERA GAVITO, ELIZABETH DÁVILA MACUIL, ELIZABETH FORTOUL AUDIFFRED, GINA MUÑOZ ISLAS Y CYNTHIA MARTÍNEZ CORTÉS PARA PRESTAR SERVICIOS EN LAS EMBAJADAS DE AUSTRALIA, DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA, DE CANADÁ Y DE NORUEGA EN MÉXICO, RESPECTIVAMENTE

HONORABLE ASAMBLEA:

En oficios de fecha 1 de septiembre de 2004, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Heyner Antonio Bolaños Méndez, Erika Villar Astorga, Germán Herrera Gavito, Elizabeth Dávila Macuil, Elizabeth Fortoul Audiffred, Gina Muñoz Islas y Cynthia Martínez Cortés, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en las Embajadas de Australia, de la República de Bolivia, de Canadá y de Noruega, en México, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 7 de septiembre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Heyner Antonio Bolaños Méndez, para prestar servicios como Recepcionista y Asistente Contable, en la Embajada de Australia, en México.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la ciudadana Erika Villar Astorga, para prestar servicios como Asistente de Política y Economía, en la Embajada de Australia, en México.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Germán Herrera Gavito, para prestar servicios como Chofer Mensajero, en la Embajada de la República de Bolivia, en México.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso a la ciudadana Elizabeth Dávila Macuil, para prestar servicios como Asistente de Inmigración, en la Embajada de Canadá, en México.

ARTICULO QUINTO.- Se concede permiso a la ciudadana Elizabeth Fortoul Audiffred, para prestar servicios como Asistente Económica, en la Embajada de Canadá, en México.

ARTICULO SEXTO.- Se concede permiso a la ciudadana Gina Muñoz Islas, para prestar servicios como Asistente Comercial, en la Embajada de Canadá, en México.

ARTICULO SEPTIMO.- Se concede permiso a la ciudadana Cynthia Martínez Cortés, para prestar servicios como Asistente Técnica, en la Embajada de Noruega, en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 8 de septiembre de 2004.

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle, David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios, Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo, Consuelo Muro Urista, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS FLORINDA YOLANDA DE JESÚS ZAMORA, ALFREDO LUGO DÁVILA, LUISA JOSEFA ANDRADE OSORIO, ÉDGAR DOMÍNGUEZ PÉREZ, MARÍA DEL PILAR UNDA JIMÉNEZ, MARÍA TERESA BEORLEGUI ESTÉVEZ, SIMÓN BAIZÁBAL LAGUNES Y JULIO XILO GARCÍA PARA PRESTAR SERVICIOS EN LAS EMBAJADAS DE DINAMARCA Y DE JAPÓN EN MÉXICO, RESPECTIVAMENTE

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos FLORINDA YOLANDA DE JESÚS ZAMORA, ALFREDO LUGO DÁVILA, LUISA JOSEFA ANDRADE OSORIO, EDGAR DOMÍNGUEZ PÉREZ, MARIA DEL PILAR UNDA JIMÉNEZ, MARÍA TERESA BEORLEGUI ESTÉVEZ, SIMÓN BAIZABAL LAGUNES Y JULIO XILO GARCÍA, puedan prestar servicios de carácter administrativo en las Embajadas de Dinamarca y de lapón, en México, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 21 de septiembre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso a la ciudadana Florinda Yolanda de Jesús Zamora, para prestar servicios como Cocinera, en la Embajada de Dinamarca, en México.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano Alfredo Lugo Dávila, para prestar servicios como Guardia, en la Embajada dé Dinamarca, en México.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso a la ciudadana Luisa Josefa Andrade Osorio, para prestar servicios como Empleada Doméstica, en la Embajada de Dinamarca, en México.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso al ciudadano Edgar Domínguez Pérez, para prestar servicios como Guardia, en la Embajada de Dinamarca, en México.

ARTICULO QUINTO.- Se concede permiso a la ciudadana María del Pilar Unda Jiménez, para prestar servicios como Administradora, en la Embajada de Dinamarca, en México.

ARTICULO SEXTO.- Se concede permiso a la ciudadana María Teresa Beorlegui Estévez para prestar servicios como Asesora Administrativa y Consular, en la Embajada de Dinamarca, en México.

ARTICULO SÉPTIMO.- Se concede permiso al ciudadano Simón Baizabal Lagunas, para prestar servicios como Guardia, en la Embajada de Dinamarca, en México.

ARTICULO OCTAVO.- Se concede permiso al ciudadano Julio Xilo García, para prestar servicios como Empleado del Departamento Administrativo, en la Embajada de Japón, en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 22 de septiembre de 2004.

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, José Eduviges Nava Altamirano.
 
 
 

DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO LUIS GUILLERMO LÓPEZ MORENO PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO

HONORABLE ASAMBLEA:

En oficio de fecha 14 de septiembre de 2004, la Cámara de Senadores remite el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano mexicano Luis Guillermo López Moreno, para que pueda prestar sus servicios como Ayudante General (Tradeshelper) en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, Distrito Federal.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 23 de septiembre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso al ciudadano mexicano Luis Guillermo López Moreno, para que pueda prestar sus servicios como Ayudante General (Tradeshelper) en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, Distrito Federal.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 24 de septiembre de 2004.

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo, Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, José Eduviges Nava Altamirano.
 
 
 

DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO ALBERTO MANUEL CABEZUT MADARIA PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CÓNSUL HONORARIO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DEMOCRÁTICA DE ETIOPÍA EN MÉXICO, CON CIRCUNSCRIPCIÓN CONSULAR EN TODA LA REPÚBLICA

HONORABLE ASAMBLEA:

En oficio de fecha 1 de septiembre de 2004, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alberto Manuel Cabezut Madaria pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Federal Democrática de Etiopía, en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 14 de septiembre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso al ciudadano Alberto Manuel Cabezut Madaria, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Federal Democrática de Etiopía, en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 15 de septiembre de 2004.

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño, Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, María Sara Rocha Medina, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, José Eduviges Nava Altamirano.
 
 
 

DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, CON PUNTOS DE ACUERDO EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS INGENIOS AZUCAREROS EXPROPIADOS

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Juan Fernando Perdomo Bueno del Grupo Parlamentario de Convergencia, para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Fideicomiso de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero informen sobre la situación financiera y administrativa de los Ingenios expropiados, asimismo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit, informen sobre los adeudos existentes de estos Ingenios.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65,66,85,87,88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión corresponde dictaminar la presente Proposición con Punto de Acuerdo a partir de los siguientes:

ANTECEDENTES

El 29 de abril de 2004, el Diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Fideicomiso de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero informen sobre la situación financiera y administrativa de los Ingenios Expropiados, asimismo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit, informen sobre los adeudos existentes de estos Ingenios.

En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada proposición para su correspondiente estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión formulamos las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que la administración de las unidades industriales expropiadas, y la toma de decisiones no ha sido la más adecuada, debido a un problema de falta de definición en cuanto a responsabilidades y facultades, a tal grado de que a raíz de la toma de administración por parte de FEESA los adeudos con autoridades administrativas se han incrementado por el sólo transcurso del tiempo y la falta de medios de defensa adecuados, así mismo los flujos de fondos se han visto afectados por compensaciones de oficio, llevadas a cabo por la autoridad hacendaria.

Que la situación que se vive y se padece en muchos de los ingenios expropiados es por la falta de regulación de la situación financiera y administrativa así como por la falta de aplicación de una política que dé certidumbre e impulse el crecimiento y desarrollo del Sector Azucarero Nacional.

La actividad agroindustrial es fuente demás de 440,000 empleos permanentes y temporales, por lo que sus beneficios, directos e indirectos se extienden a 2.5 millones de personas, lo cual se logra con la operación de la totalidad de los ingenios funcionando de manera normal.

Es indispensable que el Gobierno Federal aplique una política de fomento a la agroindustria azucarera con miras a afrontar la apertura comercial que ocurrirá a partir del año 2008, por lo que deberá trabajarse con balances azucareros de edulcorantes totales por país y prácticas para mejorar los niveles de competitividad de los eslabones de la cadena producción, transformación, consumo.

Que es indispensable que el Gobierno Federal, previendo la situación del año 2008 ponga decidida atención en el sector y regularice las cuestiones financieras con el Instituto Mexicano del Seguro Social, los adeudos con la Comisión Nacional del Agua y la relación impositiva con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por las consideraciones anteriormente expuestas los integrantes de esta Comisión decidimos apoyar el punto de acuerdo en sentido positivo por lo que sometemos al Pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: Solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Fideicomiso de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, informen sobre la situación financiera y administrativa de los Ingenios Expropiados.

SEGUNDO: Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit, informen sobre los adeudos existentes de estos Ingenios.

Dado en Palacio Legislativo, a los diecisiete días de junio de 2004.

Diputados: Cruz López Aguilar, Presidente (rúbrica); Juan Manuel Dávalos Padilla, secretario (rúbrica); Gonzalo Ruiz Cerón, secretario (rúbrica); Isidro Camarillo Zavala, secretario (rúbrica); Diego Palmero Andrade, secretario (rúbrica); Antonio Mejía Haro, secretario (rúbrica); Julián Nazar Morales (rúbrica), Lázaro Arias Martínez (rúbrica), Gonzalo Moreno Arevalo, Gaspar Avila Rodríguez (rúbrica), Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica), Guillermo del Valle Reyes (rúbrica), Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica), Rafael Galindo Jaime (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Arturo Robles Aguilar, José Irene Alvarez Ramos, Mario Ernesto Dávila Aranda, Javier Castelo Parada, José María de la Vega Lárraga (rúbrica), Rocío Guzmán de Paz (rúbrica), Alberto Urcino Méndez Gálvez, Edmundo Valencia Monterrubio (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Víctor Suárez Carrera (rúbrica).
 
 

HONORABLE ASAMBLEA.

A la Comisión Especial para Analizar los Problemas de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar, correspondiente a la LIX legislatura le fue turnada para su opinión, la proposición con Punto de Acuerdo, para solicitar a la SAGARPA y al Fideicomiso de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, informen sobre la situación financiera y administrativa de los ingenios expropiados, asimismo que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit, informen sobre los adeudos existentes de estos ingenios. Presentada en sesión celebrada el día 29 de abril del 2004, en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por el Diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

La Comisión Especial para Analizar los Problemas de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar, con fundamento en los artículo 39, 42 y 45, numeral 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la proposición con Punto de Acuerdo descrito anteriormente, al tenor de los siguiente:

ANTECEDENTES:

OPINIÓN

PRIMERO: Se permita a la Comisión Especial para Analizar los Problemas de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar, continuar con las reuniones de trabajo con los Funcionarios del Gobierno Federal que son invitados a participar y que de no acceder a la invitación se transforme en Punto de Acuerdo para su comparecencia.

Por medio de oficio túrnese la presente opinión a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para los efectos legales que haya lugar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de mayo de 2004.

Diputados: Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica), Presidente; José María de la Vega Lárraga (rúbrica), secretario; Rogelio Franco Castán (rúbrica), secretario; Lázaro Arias Martínez (rúbrica), secretario; Miguel Amezcua Alejo, Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Rubén Figueroa Smutny (rúbrica), Enrique Guerrero Santana (rúbrica), Rosalina Mazari Espín, Eviel Pérez Magaña, Rocío Guzmán de Paz, Alberto Urcino Méndez Gálvez, Alejandro Higuera Osuna (rúbrica), Diego Palmero Andrade (rúbrica), María del Carmen Escudero Fabre, Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Israel Tentory García, Francisco Javier Alvarado Villazón, Juan Fernando Perdomo Bueno.
 
 

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39 y 45, párrafo sexto, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Energía y de Hacienda y Crédito Público ponen a consideración de los miembros de esta H. Asamblea el presente dictamen sobre diversas Proposiciones con Punto de Acuerdo que les fueron turnadas, en relación con el tema de las tarifas eléctricas domésticas en las regiones con clima cálido extremo, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Durante la LVIII y LIX legislaturas, ciudadanos diputados de diferentes fracciones parlamentarias presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados distintas Proposiciones con Punto de Acuerdo en las que se proponen, cuestiones tales como: la derogación del Decreto del 7 de febrero de 2002, en el que se autorizó el ajuste a las tarifas domesticas de energía eléctrica y se redujo el monto del subsidio; la reclasificación de tarifas en distintos estados del norte y sur de la Republica; la aplicación de tarifas especiales a los adultos mayores y a los grupos económicamente más desfavorecidos; la introducción del factor humedad para determinar la temperatura aparente en las diversas localidades del país.

Aunque la materia de estos asuntos se corresponde con la competencia de las comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público, la presidencia de la Mesa Directiva del periodo correspondiente, no siempre determinó turnar tales asuntos a estas comisiones dictaminadoras, A pesar de ello, en el presente dictamen se incluyen todas aquellas propuesta que versan sobre tarifas para el consumo de energía eléctrica de uso doméstico.

En la LVIII Legislatura se turnaron estos Puntos de Acuerdo:

Dado que el subsidio a las tarifas domesticas beneficiaba a los usuarios con mayores consumos de energía eléctrica y que las empresas públicas de energía eléctrica requerían de mayores recursos para atender la demanda creciente de electricidad con altos niveles de calidad, el 7 de febrero de 2002 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expidió el decreto que autorizaba el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y reducía el monto del subsidio a las tarifas domesticas,

Esta medida provocó un sinfín de inconformidades en la población, que en varios casos se ha expresado en grandes movilizaciones sociales por parte de grupos de usuarios domésticos, sobre todo en las ciudades que registran altas temperaturas, donde los sistemas de aire acondicionado y equipos de refrigeración no son un lujo sino una necesidad para soportar las intensas olas de calor.

Aunado a lo anterior, miles de habitantes de varias ciudades de la República han manifestado su profundo descontento por la forma en que la Comisión Federal de Electricidad determina la temperatura de sus lugares de residencia. Al respecto, conviene señalar que la Comisión Federal de Electricidad toma como referencia las mediciones que realizan las estaciones meteorológicas de la Comisión Nacional del Agua, las cuales en la mayoría de los casos se encuentran instaladas en los ríos, presas y áreas arboladas, por lo tanto la temperatura que dichas estaciones registran, es varios grados centígrados inferior a las reales condiciones climatológicas de las ciudades, con el lógico perjuicio para sus habitantes ya que con esas temperaturas no tienen acceso a otras tarifas con subsidio mayor. Haciéndose eco de estos reclamos populares, ciudadanos diputados de todas las fracciones parlamentarias han solicitado al Titular del Ejecutivo Federal y a los organismos públicos responsables de la política tarifaria eléctrica, la implementación de diferentes medidas para aliviar la difícil situación por la que a partir del referido decreto, atraviesa la economía familiar de un sinnúmero de hogares.

Otro elemento muy importante que se ha sumado a este gran malestar, es el que tiene que ver con los habitantes de los estados de Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca que desde hace mucho tiempo han solicitado el establecimiento de tarifas preferenciales, dado que estas entidades cuentan con una capacidad efectiva de generación de energía eléctrica de aproximadamente 10,000 megawatts. Consecuentemente, representantes sociales y populares de los más diversos signos políticos, recogiendo el sentir de la población, han demandado a la Comisión Federal de Electricidad que tomando en cuenta la significativa aportación que hacen a la Federación en materia de producción de energía eléctrica se apliquen a estos estados del sur del país mecanismos de compensación por su capacidad de generación, que se traduzcan en tarifas eléctricas adecuadas a la realidad social y económica de esa región.

Con el propósito de atender las demandas sociales y los diferentes planteamientos de los legisladores, la Comisión Federal de Electricidad, durante los años de 2002 y 2003, instrumentó una serie de medidas, tales como: la reclasificación de tarifas en 53 localidades del país, con lo que se beneficiaron cerca de 2,5 millones de usuarios; el establecimiento de la nueva tarifa 1-F para localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados y la disminución del factor de ajuste mensual acumulativo a los cargos de las tarifas para servicio doméstico. A decir, de las autoridades estas medidas han implicado un costo fiscal cercano a los 800 millones de pesos.

Si bien, se reconoce el esfuerzo técnico y económico que ha significado la aplicación de estas medidas por parte de las autoridades competentes para reducir el costo de las tarifas eléctricas, también se advierte que esto no ha sido suficiente, ya que en varias localidades del país, sobre todo en la temporada de mayor calor, los usuarios se encuentran ante la disyuntiva de pagar la luz o destinar esos recursos para la manutención familiar.

La reducción generalizada de las tarifas ha sido una de las propuestas más reiteradas para solucionar este complejo problema, sin embargo, como sabemos, esta medida perjudicaría severamente la situación financiera de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro y favorecería a los que más tienen, debido al esquema regresivo que caracterizan a los subsidios generalizados.

Además, una decisión de esta envergadura provocaría que en los hogares con altos ingresos el consumo de energía eléctrica se elevara por arriba de su nivel óptimo, ya que el grado de elasticidad precio de la demanda de este bien muestra que ante una disminución de su valor, los usuarios incrementan más que proporcionalmente a dicha disminución su consumo de luz.

Ante este panorama, una salida viable para enfrentar esta problemática consistiría en que el Ejecutivo Federal instrumentara un programa de subsidios orientados a los estratos sociales que más lo necesitan en las localidades con altos niveles de temperatura. Este programa se llevaría a cabo con cargo a los programas de desarrollo social autorizados en el Presupuesto de Egresos y mediante aportaciones de aquellas entidades federativas a las cuales se canalizaran los apoyos a la población.

Un esquema de esta naturaleza, permitiría que los subsidios a la energía eléctrica que actualmente se otorgan a la oferta empezaran a trasladarse a la demanda garantizándose, así, que los apoyos se orienten efectivamente a quienes más los necesitan, dándole a este tema un verdadero enfoque social.

Finalmente, cabe mencionar que la creación y puesta en marcha de un programa de tal naturaleza son compatibles con lo dispuesto en diversos preceptos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004.

Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas emiten su dictamen a los puntos de acuerdo referidos, en los siguientes puntos:

Resolutivos

Primero.- Se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que establezca un programa de subsidios orientados a los consumidores domésticos de energía eléctrica de bajos ingresos en las regiones con temperaturas elevadas extremas, y en el que participen operativa y económicamente las entidades federativas donde se localizan estas regiones.

Segundo.- Que para tal efecto, el Titular del Ejecutivo Federal expida el decreto correspondiente en el que se establezcan las características y las condiciones para que población objetivo pueda aprovechar los subsidios al consumo residencial de energía eléctrica.

Tercero.- Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, para que acelere los trabajos de revisión y reclasificación de las tarifas eléctricas del consumo doméstico, considerando los registros de temperaturas más recientes en las áreas donde efectivamente se asientan las ciudades y localidades con climas cálidos extremos.

Cuarto.- Se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía para que informe periódicamente a las comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados, sobre el avance de los trabajos en torno a la reestructuración del sistema de tarifas eléctricas que actualmente está llevando a cabo este organismo. Igualmente, se exhorta a esta dependencia para que el nuevo esquema de tarifas incluya el factor de capacidad de generación eléctrica, como un elemento para fijar tarifas preferenciales a las entidades y regiones del país donde exista ésta capacidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 12 días del mes de mayo de 2004

SE ADJUNTAN FIRMAS APROBATORIAS DEL PRESENTE DICTAMEN DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ENERGíA Y DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

Comisión de Energía

Diputados: Francisco X. Salazar Díez de Sollano (rúbrica), Manuel E. Ovalle Araiza (rúbrica), Francisco J. Carrillo Soberón, Oscar Pimentel González (rúbrica), Pablo Pavón Vinales, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica), Carla Rochín Nieto (rúbrica), Hidalgo Contreras Covarrubias (rúbrica), Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), José A. de la Vega Asmitia (rúbrica), Manuel López Villarreal, Miguel Angel Toscano Velasco, Ricardo Alegre Bojórquez, Jorge Martínez Ramos (rúbrica), Narciso Agúndez Montaño, Rosa María Avilés Nájera (rúbrica), Yadira Serrano Crespo (rúbrica), José Adolfo Murat Macías, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Francisco Herrera León (rúbrica), Francisco J. Rojas Gutiérrez (rúbrica), Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Jesús Vizcarra Calderón (rúbrica), Raúl Pompa Victoria (rúbrica), Sergio Arturo Posadas Lara (rúbrica), Víctor M. Alcérreca Sánchez (rúbrica), Oscar González Yáñez (rúbrica), Julio H. Lujambio Moreno (rúbrica).

Comisión de Hacienda y Crédito Público

Diputados: Gustavo Madero Muñoz (rúbrica), Presidente; Francisco Suárez Dávila, Juan Carlos Pérez Góngora (rúbrica en contra), José Felipe Puelles Espina (rúbrica), Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (rúbrica), Alejandro Agundis Arias, Óscar González Yáñez (rúbrica), Jesús Emilio Martínez Álvarez (rúbrica), secretarios; José Alarcón Hernández (rúbrica en contra), José Arturo Alcántara Rojas (rúbrica en contra), Ángel Buendía Tirado, Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Enrique Escalante Arceo, José Luis Flores Hernández (rúbrica en contra), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón, Mario Moreno Arcos (rúbrica en contra), José Adolfo Murat Macías (rúbrica en contra), Jorge Carlos Obregón Serrano (rúbrica), José Osuna Millán (rúbrica), María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica), Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica), Luis Antonio Ramírez Pineda, Javier Salinas Narváez (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica en contra), Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), Jesús Vizcarra Calderón (rúbrica en contra), Emilio Zebadúa González (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISION DE ECONOMIA, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE EXPIDA EL REGLAMENTO DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE EXHORTE AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE EXPIDA EL REGLAMENTO DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, presentada por el C. Diputado Pablo Anaya Rivera del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 29 de abril de 2004. Lo anterior, que en ejercicio del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a la consideración de esta Cámara.

La Comisión de Economía de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos d), e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 29 de abril de 2004, los CC. Secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la Proposición con Punto de Acuerdo que presentó C. Diputado Pablo Anaya Rivera del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

SEGUNDO. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Economía".

TERCERO. Mediante oficio CE/0871/04, de fecha 11 de agosto de 2004, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de esta Proposición con Punto de Acuerdo.

CUARTO. El legislador solicita lo siguiente:

"Único. Se exhorte al Ejecutivo Federal, de cumplimiento con su obligación Constitucional que le impone la frac. I del Art. 89 de nuestra Carta Magna, en virtud a lo ordenado por el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y se expida el Reglamento de Ley, toda vez que el término de 180 días contados a partir de la expedición de la misma, ha transcurrido en exceso."

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo referida.

SEGUNDO. Que a nivel mundial las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) desempeñan un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo económico de las naciones, tanto en países avanzados como en las economías en desarrollo, a través de la creación de empleos, generación de valor agregado, aportaciones fiscales, fortaleciendo el mercado interno y aumentando la oferta exportable.

TERCERO. Que en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, existen alrededor de 2 millones 844 mil unidades empresariales, de las cuales el 99.7% son MIPYMES, que en conjunto generan el 42% del Producto Interno Bruto y el 64% del empleo del país.

CUARTO. Que el Gobierno Federal en el 2001, creó la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa dentro de la Secretaría de Economía, con la finalidad de coordinar los esfuerzos nacionales para promover la formación empresarial y las habilidades administrativas, laborales y productivas, a través de asesoría, capacitación, financiamiento, innovación y desarrollo tecnológico, orientadas para el desarrollo de la competitividad de la planta productiva, en especial de las MIPYMES.

QUINTO. Que en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Secretaría de Economía elaboró el Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006, el cual se establece como un programa sectorial que articula el conjunto de políticas, estrategias, acciones e instrumentos que apoyan a las empresas y a los emprendedores, en particular a las MIPYMES.

SEXTO. Que este H. Congreso de la Unión en la LVIII Legislatura, para apuntalar las acciones emprendidas por el Ejecutivo Federal, elaboró y aprobó la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ley MIPYME), que tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad.

SÉPTIMO. Que la Ley MIPYME por su misma naturaleza, contiene exclusivamente principios y enunciados de carácter general, toda vez que la finalidad del acto legislativo consiste en establecer la normatividad genérica aplicable globalmente a esta materia, por lo que en su artículo cuarto transitorio señala que, el Reglamento de la Ley deberá expedirse en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de su entrada en vigor, plazo que ya feneció a mediados de 2003.

OCTAVO. Que es necesario que el Ejecutivo Federal en cumplimiento de su facultad, que le confiere el artículo 89 Constitucional fracción I, emita el Reglamento de la Ley MIPYME, con el propósito de pormenorizar, particularizar y desarrollar en forma concreta los principios y enunciados generales contenidos en esta Ley, a fin de llevar a cabo su ejecución y su exacta observancia.

NOVENO. Que los CC. Diputados integrantes de la Comisión de Economía que dictamina, reconocen y coinciden que es menester que se consoliden los esfuerzos que se han venido desplegado en favor de las MIPYMES, que son importantes generadoras de riqueza y de empleos, mediante la expedición del Reglamento de la Ley MIPYME.

RESUELVE

PRIMERO. Con base en los considerandos vertidos en el presente Dictamen, se aprueba la Proposición con Punto de Acuerdo que presentó el C. Diputado Pablo Anaya Rivera del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

SEGUNDO. Se solicita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, que a la brevedad, emita el Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de septiembre de 2004.

Por la Comisión de Economía

Diputados: Manuel López Villarreal (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), José María de la Vega Lárraga (rúbrica), Jaime del Conde Ugarte (rúbrica), Ramón Galindo Noriega, Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Miguel Ángel Rangel Ávila (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), José Manuel Abdala de la Fuente (rúbrica), Óscar Bitar Haddad (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Juan Manuel Dávalos Padilla, Alfredo Gómez Sánchez, Gustavo Moreno Ramos, Eduardo Olmos Castro, Jesús María Ramón Valdez (rúbrica), Fernando Ulises Adame de León (rúbrica), Jorge Baldemar Utrilla Robles, José Mario Wong Pérez, Juan José García Ochoa (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Yadira Serrano Crespo, Víctor Suárez Carrera, Jazmín Elena Zepeda Burgos.