El suscrito, diputado federal Roberto Antonio Marrufo Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional correspondiente a la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, la cual solicita que sea turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería, y de Recursos Hidráulicos, de esta Honorable Cámara de Diputados, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Es indudable que el agua es el recurso natural indispensable para la vida, sin agua las expectativas disminuyen; la escasez de este vital liquido se a agudizado a nivel global, grandes sequías en el mundo han ocasionado graves problemas de supervivencia por falta de alimentos, en nuestro país la falta de agua ya es notoria sobre todo en las grandes ciudades, por ahora, el manejo del agua en México plantea un reto especial al existir una disparidad entre la disponibilidad del agua y la ubicación de los principales centros de demanda, dos terceras partes de nuestro país son desérticas, semidesérticas o áridas. El norte representa, 30% de la superficie del país, generando el 4% del escurrimiento. En zonas costeras el 20%, en el sureste 50%, y 26% en la zona centro, los indicadores dicen que la presión del agua en nuestro país aun es moderada, pero se puede agravar de no tomar las medidas adecuadas para ahorrar el vital líquido.
Una medida que sin duda dará un enorme ahorro de agua en el uso agrícola que continua utilizando el método tradicional de riego con un enorme desperdicio , la exigencia al campo mexicano de una mejor atención técnica y financiera para elevar y hacer competitiva nuestra producción, la solución, seria que el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la Comisión Nacional del Agua, destine recursos adicionales etiquetados al campo para obras de infraestructura de riego tecnificado, lo anterior, obedece a que los altos costos de estas técnicas están fuera del alcance de los pequeños productores primarios y ejidatarios en nuestro país cuya tecnificación de regular calidad oscila entre los 2 mil y 5 mil dólares por hectárea, aprovechándose con estas medidas este recurso cada día mas escaso.
El área irrigable en nuestro país asciende a mas de diez millones de hectáreas, de las cuales seis ya se abrieron al cultivo irrigado; La incorporación al riego de cuatro millones de hectáreas restantes que ahora se dedican para agostadero y a la siembra de temporal seria factible incorporarlas con esta técnica.
Para la tecnificación del riego en el campo mexicano, indudablemente se requiere de recursos provenientes del gobierno federal en apoyo directo a los agricultores, esta medida beneficiaria de manera considerable la producción alimentaría en nuestro país, tomemos como ejemplo la agricultura estadounidense en el que más de la mitad de las áreas de riego en ese país han sido construidas con fondos federales, lográndose con estos sistemas de riego un ahorro de agua de aproximadamente el 65%.
En la actualidad casi la totalidad de los distritos de riego de nuestro país se utiliza el riego tradicional, por gravedad, rodado o hasta el de entarquinamiento, esto ocasiona un gran desperdicio que asciende al 78% del agua superficial y subterránea; Con los sistemas de tecnificación además del ahorro de agua, también se cuidaría la calidad de suelos evitando la erosión y salinización de las áreas de cultivo, incrementándose de manera considerable la producción agrícola al asignársele a cada cultivo exactamente la humedad que requiera
El ahorro que se conseguiría con la aplicación de estas técnicas de irrigación, permitirá que los grandes volúmenes de liquido que se conseguirá ahorrar, sirvan para restablecer el equilibrio hidrológico en Cuencas y Acuíferos, sobreexplotados.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, es necesario que desde esta Soberanía impulsemos la cultura de ahorro del agua donde exista la posibilidad de que este sea factible, desgraciadamente en un futuro muy próximo los grandes conflictos internacionales serán por obtener este preciado liquido, nuestro país debe tomar las medidas necesarias para no padecer los graves problemas que ocasiona la falta de agua.
Por lo anteriormente expuesto, acudo a esta Soberanía, para solicitar sea turnada a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Recursos Hidráulicos, de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión Nacional del Agua, Para que apoye a los productores agrícolas con recursos Federales, para el mejoramiento de técnicas de riego y que los volúmenes ahorrados sirvan para restablecer el equilibrio hidrológico en cuencas y acuíferos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 30 días del mes de noviembre de 2004.
Dip. Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SAGARPA A PUBLICAR DE INMEDIATO LOS LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DEL SUBPROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS AL INGRESO OBJETIVO CORRESPONDIENTES A LA COSECHA DEL CICLO PRIMAVERA-VERANO 2004 PARA EL ESTADO DE JALISCO, A CARGO DEL DIPUTADO ROBERTO ANTONIO MARRUFO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Roberto Antonio Marrufo Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional correspondiente a la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, somete a la consideración de esta soberanía, para que sea turnada a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo a la siguiente
Exposición de Motivos
A finales del mes de noviembre, se generalizará la cosecha de maíz del ciclo primavera-verano 2004 en el estado de Jalisco, con una producción estimada de un millón trescientas mil toneladas de maíz blanco que se integrarán al mercado.
Pese a lo anterior, ni los productores ni los acopiadores, transformadores, industrializadores o compradores, conocen en qué condiciones habrá de darse la comercialización.
La Sagarpa, y Aserca en lo particular, como ha venido ocurriendo de manera sistemática, como ya se ha hecho costumbre, aún no informan a los mercados ni a los productores, los criterios que normarán dicho proceso.
Las autoridades responsables, siguen omitiendo publicar, con la oportunidad debida, y a que están obligados, los lineamientos específicos a los que se apegarán los procesos de comercialización de cosechas, situación que a creado un clima de insatisfacción entre los productores del estado de Jalisco.
Los productores están exigiendo a los compradores el precio de $1,650.00 pesos por tonelada de maíz blanco, que actualmente señalan como ingreso objetivo, es decir, no como precio de mercado para este producto.
De no ceder los compradores a tal expectativa, los productores han indicado que procederían al cierre de plantas, toma de carreteras y otras medidas que desquiciarían todo el proceso de comercialización. Se retrasarían los pagos de las cosechas y se pondría en riesgo la viabilidad operativa y financiera de las empresas adquirientes.
Las reglas de operación actuales establecen muy claramente la distinción entre el ingreso objetivo por tonelada y el precio de mercado. La diferencia aritmética es precisamente lo que se conoce como apoyo complementario al ingreso, que debe cubrirse a cargo de las partidas que para tal efecto maneja la Secretaría de Agricultura a través de Aserca.
Un criterio central para descubrir el precio de mercado se basa en el llamado precio de indiferencia internacional en zona de consumo. Es decir, el precio al que un comprador potencial le resultaría igual adquirir una tonelada de maíz de cosecha nacional o de maíz importado del mercado internacional, bajo los mismos criterios de calidad y especificaciones.
Actualmente este precio para el maíz blanco en zona de consumo de Jalisco se estima en el orden de $1,375.00 pesos por tonelada al día de hoy. Es claro que el precio de indiferencia internacional representa, al mismo tiempo, el nivel que permitiría a una empresa procesadora nacional mantenerse en márgenes equilibrados de competitividad respecto a sus similares de otras regiones del país, de otros países y de otras cadenas agroalimentarias.
Adquirir el producto a un nivel superior, sin compensaciones de apoyos, implicaría trasladar a los consumidores, en el precio de los productos elaborados, los mayores costos de los insumos. Y, tarde o temprano, por efectos en la demanda deprimida, se afectaría la propia viabilidad de las procesadoras, y lo que es más grave, se destruiría la cadena de valor maíz-tortilla.
Al mismo tiempo, los costos de producción de los agricultores se han visto incrementados, con la consecuente merma en la rentabilidad de su actividad. Y, en rigor, el ingreso objetivo por tonelada se debió haber ajustado a tal evolución.
Pero sería a todas luces injusto que el ajuste tuviera que absorberse por otros agentes de la cadena, y mucho menos por los consumidores. El propósito de los programas de apoyo es atender de manera integral los requerimientos de competitividad de todos sus eslabones. Justamente para eso están los apoyos procedentes de recursos públicos.
La ausencia de información que prevalece actualmente sobre los lineamientos para la comercialización de la cosecha de maíz del estado de Jalisco está enfrentando a los eslabones de la cadena del maíz. Las dependencias responsables del Ejecutivo Federal no están asumiendo su papel y obligación de regulación. Y si en cambio son los principales distorsionadores del mercado.
Cabe la pena señalar que, enmarcado en el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, vigente al día de hoy, señala que El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, deberá informar con un calendario límite del 31 de enero para el ciclo primavera-verano, y el 31 de agosto para el ciclo otoño invierno, con las correspondientes fechas límite del 30 de abril y 30 de octubre, sobre los montos, porcentajes e instrumentos con base en las Reglas de Operación del Programa correspondiente y sus lineamientos específicos.
Con relación a los granos de la dieta básica del mexicano, maíz y fríjol, el Gobierno Federal actuara como comparador en alianza con el sector privado en todas las entidades federativas, de manera que se garantice que los precios objetivos obtenidos lleguen de manera efectiva a los productores.
Es decir, obligaciones por Ley que hasta la fecha, no se han cumplido o cumplidas parcial y deficientemente.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el Articulo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la siguiente
Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a publicar de inmediato los lineamientos específicos del Subprograma de Apoyos Directos al Ingreso Objetivo correspondientes a la cosecha de maíz del ciclo primavera-verano 2004 del estado de Jalisco.
Segundo.- Sagarpa deberá publicar los lineamientos solicitados y enterar por escrito a más tardar en 15 días naturales, a esta H. soberanía.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de noviembre de 2004.
Dip. Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN, Y DE LA REFORMA AGRARIA, ASÍ COMO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, CON RELACIÓN AL PAGO DE LAS VEINTICINCO MIL HECTÁREAS A LOS DESPLAZADOS DE LOS MUNICIPIOS DE LAS MARGARITAS, ALTAMIRANO Y OCOSINGO, CHIAPAS, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN ANTONIO GORDILLO REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal Juan Antonio Gordillo Reyes, de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo respecto del pago de las veinticinco mil hectáreas a los desplazados de los municipios de Las Margaritas, Altamirano y Ocosingo, del estado de Chiapas, solicitando a las Secretarías de Gobernación, y de la Reforma Agraria, así como de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, su intervención. Lo anterior, al tenor de los antecedentes y las consideraciones siguientes
Antecedentes
Desde 1994, hace ya diez años, fueron despojados de sus propiedades cientos, miles de chiapanecos, de los municipios Las Margaritas, Altamirano y Ocosingo, del estado de Chiapas, sin que hasta la fecha se les haya restituido un solo centavo ni recuperado su patrimonio, pese al desahogo puntual de los procedimientos administrativos y judiciales que se encuentran instaurados ante las autoridades de los Poderes Ejecutivo y Judicial correspondientes. Al perder estos coterráneos sus pertenencias, también perdieron sus fuentes de trabajo, su futuro y hasta la vida. Muchos de ellos o de quienes les sobreviven tienen sin embargo la esperanza ultima de que el Ejecutivo local y el federal cumplan su palabra empeñada públicamente.
Consideraciones
El gobernador actual, Pablo Salazar Mediguchía, quien proclamó abiertamente en su oferta electoral, en específico en el documento intitulado Ruptura para construir la alianza, páginas 16 y 17, la certeza y el compromiso que para resolver el conflicto armado era preciso que alcanzara la gubernatura del estado, situación que se cumplió hace mas de tres años, sin que a la fecha haya una respuesta positiva de su parte y mucho menos de las diversas autoridades que conocen del asunto y que está dentro de su competencia.
A Chiapas la han convertido en un testigo de piedra, en rehén de un doloroso drama. Tanto el Gobierno Federal como el del estado han evadido esta grave cuestión, reduciéndola con el discurso prometedor a un juego de máscaras que lastima la dignidad y la esperanza de los chiapanecos y, sobre todo, de los desplazados de esa basta zona de conflicto.
No existe por el Gobierno Federal y del estatal compromiso a fondo de cara a la sociedad y a la historia nacional. No existe una propuesta posible y concreta para una salida pronta y justa de esta crucial fractura, que lastima y pone en antesala un conflicto de consecuencias irreparables, como no existe voluntad real para con este grueso grupo de desterrados de su pasado, de sus costumbres y de su tierra.
Con esta indiferencia y olvido, ambas instancias políticas incurren en mayor desdén del que tanto criticaron a sus antecesores inmediatos, quienes sí tuvieron respuestas, acertadas o no, pero no cayeron en la indiferencia.
El Gobierno Federal y el estatal no se comprometen ni dan respuestas a cuatro años de sus promesas, dejando pasar este fenómeno, que persiste en peores circunstancias que antes de su aparición.
Por ello, demando que termine la indiferencia e instrumenten el pago a los desplazados de las veinticinco mil hectáreas arrebatadas en las invasiones y despojos consumados en los municipios de Las Margaritas, Altamirano y Ocosingo, donde les quitaron su calidad de vida, la equidad social y las normas prácticas de la convivencia humana.
En la fortaleza de los sistemas democráticos y en los estándares prácticos que no los incluye, hacia el desarrollo social, la capacidad y creatividad de las personas de estas comunidades se pierde, como si no existieran. Este hecho, que ha lacerado y discriminado a nuestros hermanos chiapanecos, ha limitado la posibilidad de hacer de México un país justo, próspero y creativo por la profunda desigualdad de la sociedad, por lo que es tiempo de recuperar la confianza, compensándoles lo que en derecho les corresponde, ya que no es posible devolverles sus propiedades de las que fueron despojados y las que hicieron que la economía urbana rural, de por sí precaria, los empobreciera más. Por ello se requieren los recursos presupuestados como emergentes o para imprevistos o el apartado de lo no programado, de las Secretarías de Gobernación, y de la Reforma Agraria, así como de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para apoyar el pago de estas veinticinco mil hectáreas para reconstruir las oportunidades de progreso interrumpidas desde 1994 para estos desplazados.
Por ello es necesario que estos recursos económicos, marcados como emergentes en los ramos referidos, sean ocupados en este asunto urgente de los desplazados, para que el Estado mexicano les pueda restituir mediante el pago la pérdida de sus terrenos, y en lo futuro les proporcione el auxilio y la asesoría adecuada para fomentar un plan de trabajo productivo que tenga como objeto el desarrollo y paz social al cual todo coterráneo tiene derecho por la sola razón de ser mexicano.
Por lo anterior y como diputado federal de la LIX Legislatura, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados solicita a las Secretarías de Gobernación, y de la Reforma Agraria, así como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que dentro del ramo de su presupuesto y en especial en lo considerado como emergente o para imprevistos o el apartado de lo no programado, se cubra la cantidad de doscientos millones de pesos para subsanar el pago de los desplazados de las veinticinco mil hectáreas de las invasiones y los despojos consumados a partir de 1994 de los municipios de Las Margaritas, Altamirano y Ocosingo, del estado de Chiapas, además de proporcionarles el auxilio y la asesoría adecuados para fomentar un plan de trabajo que tenga como objetivo restituirles su actividad productiva.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2004.
Dip. Juan Antonio Gordillo Reyes (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS LOCALES A REFORMAR SUS CÓDIGOS CIVILES, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ JAVIER OSORIO SALCIDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, solicita respetuosamente, por este conducto, a esta Honorable Asamblea, tenga a bien formular excitativa a las Legislaturas locales, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para solicitar sea turnada la presente proposición con punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas locales a reformar sus códigos civiles en materia de tutela y curatela para posibilitar a las personas morales ejercer dichos cargos; con base en lo siguiente
Consideraciones
La intención más pura de la ley es el recoger y resolver sobre las necesidades de los gobernados; el hecho de que algunas instituciones no se hayan dado en el derecho neo romanista, obedece a que nunca fueron necesarias, sino hasta hoy; en el sistema patriarcal de la antigua Roma hubiera sido impensable que alguien distinto del pater ejerciera la patria potestad o que una mujer fuese sui iuris y, sin embargo esas instituciones se han ido modificando hasta tener la conformación dinámica y moderna de hoy día.
El hablar de la tutela plural no es tampoco totalmente ajeno a las instituciones de nuestra tradición jurídica, pues en la antigüedad se dio entre los pueblos griegos y se continúa de manera tangible entre algunos de los códigos más importantes de nuestra tradición, por no hablar de los del common law, donde este método de tutela se encuentra altamente reconocido.
En el código civil de Francia se establece un modelo de tutela plural llamado "consejo de familia", en el cual la figura de tutela se ejerce por un colegiado que designa al "tutor ejecutor" y al "protutor", que ejercería las funciones que nosotros dejamos al curador.
Del código francés se trasladaron las figuras y fórmulas directamente a la legislación federal española y argentina y se tomaron someramente los conceptos en otras codificaciones, incluyendo la nuestra, donde existe la figura de un "consejo local de tutelas" en diversos códigos, pero es una institución de carácter público contrario a lo que se busca en el código francés, donde los integrantes son elegidos entre los miembros de la familia, en lo posible.
Bien se entiende que la colegialidad o pluralidad en la tutela es algo coherente y aceptable para nuestra tradición jurídica neo romanista, pero se pretende con esta excitativa que las legislaturas locales reformen sus códigos civiles un poco más allá, en atención a lo dictado por nuestra realidad histórica, donde algunas veces los parientes no existen, son inaccesibles o no se encuentran en condiciones económicas o de solvencia moral para hacerse cargo de la tutela de un menor o un incapaz, y el aparato estatal es insuficiente, ergo ineficiente, para suplir estas fallas, pero existen instancias asistenciales de carácter privado que son de inapreciable ayuda y que podrían ser auxiliares a la sociedad moderna en el ejercicio de una tutela o curatela "corporativa" de los individuos en discapacidad de cualquier tipo.
La reforma a la figura de la tutela que se pretende debe ser integral así se propone se realicen las reformas necesarias para que una persona que goza de todas sus capacidades jurídicas, pueda designar, mediante acta notarial, a su tutor y curador para el caso de ser incapacitado jurídicamente en el futuro. La motivación de esta reforma se basa en el hecho de que, cada vez más, se reduce el numero de integrantes de las familias, aunado al hecho que no son pocas las personas que optan por no tener descendencia, y a que, actualmente, existe en la sociedad una crisis de valores en la que se sobrevalora al individualismo.
El Código Civil Español ha materializado este hecho, cada vez mas generalizado en nuestras sociedades modernas y lo ha plasmado en el segundo párrafo de su artículo 223.
Por lo anterior expuesto, me permito presentar a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo.
Primero.- Se exhorta a las legislaturas locales a reformar sus códigos civiles para posibilitar a las personas morales -cuyo objeto sea el cuidado y rehabilitación de personas con incapacidades físicas o intelectuales- ejercer el cargo de tutores y curadores, a fin de aprovechar los recursos humanos, materiales, intelectuales y médicos con los que cuentan estas instituciones de asistencia.
Segundo.- Se exhorta a las legislaturas locales a que se efectúen las reformas legales necesarias para permitir a una persona que goza de todas sus capacidades jurídicas, pueda designar, mediante acta notarial, a su tutor y curador para el caso de ser incapacitado jurídicamente en el futuro.
Tercero.- Para auxiliarse en el proceso de elaboración de estas reformas, esta honorable asamblea hace una recomendación especial para que se consulte a las instituciones de Asistencia Privada que se podrían ver involucradas con la aprobación de dichas reformas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en los Estados Unidos Mexicanos a Noviembre del 2004.
Dip. José Javier Osorio Salcido (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ANALIZAR Y PONDERAR LA REMOCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, A CARGO DEL DIPUTADO SALVADOR PABLO MARTÍNEZ DELLA ROCCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Son del dominio público las protestas e inconformidades de diversos sectores de la comunidad científica respecto a las decisiones y actitudes adoptadas por el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Jaime Parada Ávila, en detrimento del avance y rumbo de este importante sector para el país, así como el descontento de investigadores jóvenes y de becarios del Consejo.
Desde su llegada a la Dirección General del Conacyt, se manifestó una administración revanchista. Tanto en las iniciativas y los hechos como en diversas reuniones, los actuales responsables del Conacyt han insistido en que llegó la hora de los tecnólogos, luego de largos años de dominio de los científicos. Por lo mismo, disminuyó la presencia de científicos en los puestos de responsabilidad.
Larga es la lista de atropellos, desatinos y conflictos que ha provocado el director del Conacyt pero, por respeto a su tiempo, únicamente mencionaré algunos de esos hechos, como los siguientes:
Intentó desaparecer el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República; pretendió dispersar los Centros Públicos de Conacyt, a través de una iniciativa de ley; canceló abruptamente este año el Programa de Repatriación y Retención de Científicos y Tecnólogos y otros programas importantes para el desarrollo de la investigación y el fortalecimiento de la comunidad científica; suprimió irresponsablemente los comités evaluadores de pares y en su lugar instaló una política discrecional en la asignación de apoyos; puso en cuestionamiento el padrón de posgrados de excelencia y ha mantenido una política de desinterés al respecto, que incluso pareciera dirigida a trasladar esa responsabilidad a la Secretaría de Educación Pública.
En días pasados, un grupo amplio de científicos de la Academia Mexicana de Ciencias documentó públicamente que el Conacyt ha desviado recursos a empresas privadas, mediante el apoyo de programas ajenos al desarrollo científico. Aun cuando los científicos desconocen el monto de los desvíos, están integrando las evidencias de ese tipo de irregularidades para solicitar formalmente a la Cámara de Diputados que la Auditoría Superior de la Federación audite el Conacyt.
Una de las pruebas irrefutables es el Diario Oficial de la Federación de los años 2001, 2002 y 2003, que constatan que más de 400 grandes empresas entre locales y transnacionales han sido beneficiadas con recursos públicos por el Conacyt, como son BMG Entertainment México, General Motors, IBM de México Comercialización y Servicios, Hitachi Global Storage Technologies México, Hewllett Packard de México, Motorola de México, Ericsson Telecom, Du Pont México, Bimbo, Barcel, Brito Corporativo, Vitro Automotriz, Servicios Condumex, Banco Inbursa, Comercial Acros Whirpool, así como los hospitales particulares Ángeles y Médica Sur, entre otras.
Basten dos ejemplos: la disquera BMG Entertainment México, a la que en el ejercicio de 2001 el monto del estímulo fiscal otorgado por el proyecto, con la clave BEM-961021-S83/2001-2, ascendió a 5 millones 150 mil pesos. En tanto, en el ejercicio 2003, a Hewlett Packard de México, que ha sido beneficiada con 12 proyectos, la cantidad del estímulo entregado tan sólo a uno de ellos, con clave HME-871101-RG3/2003-10, fue de 4 millones 960 mil 286 pesos. En el mismo año, a la empresa Ganaderos Productores de Leche Pura, con la clave de proyecto GLP-860521-FW8/2003-1, se otorgó un estímulo de 7 millones 967 mil 280 pesos.
Un hecho por demás lamentable es la cancelación del Programa de Repatriación y Retención de Científicos y Tecnólogos, que irresponsablemente el Conacyt abrió primero la convocatoria y luego la cerró, dejando en la incertidumbre a 300 investigadores que se encuentran en el extranjero y quieren regresar al país, pero no lo pueden hacer por esa miopía de Parada Ávila.
Esa falta de visión también se registró en julio pasado, cuando canceló de manera inesperada la ampliación del plazo de las becas a los estudiantes de posgrado, afectando la situación académica y la residencia de los becarios en distintos países. La intervención de los legisladores del PRD hizo que dieran marcha atrás a esa medida. El menosprecio hacia los investigadores jóvenes es patente, dada su negativa para la creación de nuevas plazas y al apoyo para programas o proyectos en los que participa una nueva generación de científicos.
En un análisis reciente, la comunidad científica del país, encabezada por el director de la Academia Mexicana de Ciencias, Octavio Paredes, Rosaura Ruiz, Alejandro Frank, José Luis Reyna, Rafael Loyola, Alberto Azis Nasif, señala que, de manera sistemática, la administración del Conacyt ha provocado y sostenido enfrentamientos y desacuerdos con los organismos representativos de las comunidades científicas y académicas, entre ellos los siguientes:
Con la Academia Mexicana de Ciencias ha mantenido visiones encontradas sobre el quehacer científico y tecnológico, y en represalia le ha reducido los recursos; con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior son conocidos sus desacuerdos con las principales universidades públicas y también han sido abiertos sus conflictos con los ahora llamados Centros Públicos Conacyt, a los cuales incluso pretendió dispersar a través de una iniciativa legislativa. De igual manera, son conocidos sus enfrentamientos y desacuerdos con la Secretaría de Hacienda y Crédito y con la Secretaría de Educación Pública; y sus constantes tensiones con la Secretaría de la Función Pública.
El Programa Especial de Ciencia y Tecnología se caracteriza por su pobreza hacia la ciencia; las iniciativas de ley, tanto para la política científica y tecnológica como para la reestructuración del Conacyt, se caracterizan por el avasallamiento de la innovación sobre las otras responsabilidades, que se refleja en el énfasis al viejo concepto de "investigación aplicada", la búsqueda de los "negocios" como muestra de la "utilidad" de la ciencia, la relegación y el menosprecio de la comunidad científica en la toma de decisiones, el desconocimiento del papel de la universidad pública en la investigación y la formación de sus obligados cuadros de renovación, el menosprecio hacia las humanidades y una visión centralizadora-burocrática de las decisiones.
La Dirección del Conacyt ha desconocido los ámbitos de responsabilidad que tiene asignados en la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo. A esta última, los legisladores la dotaron de un contenido eminentemente científico, para lo cual también se diseñaron instancias de participación de la comunidad científica con objeto de que tuviera injerencia en la definición de las políticas. Empero, en la práctica la administración de los tecnólogos ha ignorado las reformas y ha actuado al margen de lo que debieran ser sus responsabilidades, dando como resultado acciones que poco tienen que ver con una política científica.
Dicho de otro modo, se tiene una ley científica que está instrumentada por una concepción sesgada de la tecnología, que se caracteriza por su divorcio de la generación del conocimiento. Por lo mismo, además de que se rompió erróneamente una continuidad de treinta años que estaba dando frutos, se ha provocado un riesgoso y torpe enfrentamiento entre científicos y tecnólogos.
La administración del Conacyt se caracteriza por una visión unilateral de la ciencia y la tecnología, poco profesionalismo, soberbia y alta inestabilidad. Así, a escasos dos años de que concluya la actual administración gubernamental, no hay un equipo serio y profesional de dirección. Por lo mismo, predominan decisiones improvisadas y falta de continuidad en áreas de responsabilidad, entre ellas, las Direcciones Adjuntas de Ciencia, de Redes y Grupos de Investigación, y de Internacionales.
Hacia el modelo de Centro Público de Investigación y respecto a los Centros Públicos Conacyt, la gestión del Consejo ha sido por demás desafortunada y errática. Si se toma en cuenta que la anterior administración del Conacyt tuvo la virtud de dar forma a un nuevo modelo público de generación de conocimiento y formación especializada, se puede concluir que la actual Dirección General del Conacyt no sólo no entendió lo que significaba continuar el trabajo, sino que prácticamente no ha hecho nada significativo.
En el mismo sentido, se menospreció el papel que podrían haber desempeñado los Centros Públicos de Investigación del Conacyt para acabar de troquelar el modelo y dinamizarlo. Por el contrario, la Dirección del Conacyt primero trató de dispersar el modelo de ese sistema de centros, luego mantuvo una política de confrontación y ha terminado por utilizarlos como caja chica e imponer un estilo vertical y autoritario que de nada sirve en el medio científico. En suma, no ha habido política para el modelo de los Centros Públicos de Investigación del Conacyt.
En el discurso del titular del Conacyt, la ciencia sigue siendo un elemento decorativo y pretexto para buscar más fondos públicos, continúa defendiendo como logros principales la Ley de Ciencia y Tecnología y la instrumentación de fondos sectoriales, y mantiene una política de sumisión y devoción al titular del Ejecutivo federal que se percibe anticuado en la época de la alternancia.
Por tanto, el desatino de la política en ciencia y tecnología impulsada por la administración del Conacyt se puede resumir en lo siguiente: falta de continuidad en los avances en el ramo; pobres resultados si se toma en cuenta que se le duplicaron los recursos presupuestales y tuvo el apoyo del legislativo para impulsar el sector; desinterés en la ciencia; debilitamiento de la comunidad científica al obstaculizar su renovación y crecimiento, desinterés en la formación de los cuadros que se requieren para el sector, falta de correspondencia entre las metas proyectadas y su cumplimiento, dispendio de fondos públicos y dudas razonables respecto a los resultados de su política en materia de innovación. En suma, se carece de una política en ciencia y tecnología.
Por todo lo anterior, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados, respetando en todo momento el principio de división de poderes, exhorta al Ejecutivo federal a fin de que analice y pondere, en ejercicio de sus facultades, la remoción del director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Jaime Parada Ávila.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil cuatro.
Dip. Salvador Pablo Martínez Della Rocca (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA DESTITUCIÓN DEL COMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA Y DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ PORFIRIO ALARCÓN HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal José Porfirio Alarcón Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de la República, en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento del mismo Congreso, someto a consideración de esta soberanía la siguiente: proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, la destitución del comisionado de la Policía Federal Preventiva y la del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, respectivamente, por su negligencia e incapacidad en el ejercicio de sus funciones, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Con indignación, pero sobre todo con vergüenza y con la limitación de tiempo, voy a referirme, a los hechos cobardes de hace algunas horas en San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac, aquí en el corazón de nuestro país, en donde como es del conocimiento del mundo entero, una turba rabiosa, asesinó a dos elementos de la Policía Federal Preventiva y dejó gravemente herido a otro ¡Tiran la piedra y esconden la mano!
Por desgracia ésta no es la primera ocasión que suceden estos hechos. En años recientes, en varias partes del país, a través de los medios de comunicación, hemos presenciado algunos de estos actos de barbarie, de crueldad extrema, cometidos por turbas enloquecidas, envalentonados por el alcohol y sedientas de sangre, que privan de la libertad, hieren, torturan, matan a golpes o queman vivos a otros seres humanos, sin importarles que éstos sean ciudadanos, delincuentes o servidores públicos. Estas turbas delictivas, no tienen justificación alguna. El rumor es su combustible, como el que usan para incinerar a sus víctimas.
Cuando suceden estos hechos, se afirma que "el pueblo" enardecido tomó la justicia por sus manos para tratar de justificar estos actos criminales. Esta turba delincuente, que se escuda en la cobardía del anonimato, está impedida para hacerse justicia, no es juez.
En ningún Código Penal de la República se impone la pena de muerte, ni mucho menos de esta manera cruel, sanguinaria, bestial, ¡Este linchamiento nada tiene que ver con el sistema penal mexicano! Estos sanguinarios asesinatos cometidos por esta turbamulta, no tienen justificación alguna, aún cuando algunos pudieran pensar que es una manifestación del hastío hacia la autoridad. No es cometiendo crímenes multitudinarios como se va a solucionar el problema.
Los medios de comunicación tienen, como sabemos gran influencia en la población, no sólo informan también forman opinión, no en balde son llamados el cuarto poder, por eso es irresponsable que algunos hagan crítica generalizada a las autoridades policíacas, al poder legislativo y al poder judicial. Diariamente observamos cómo algunos conductores de programas noticiosos dan su opinión jurídica sobre cualquier acontecimiento, sin ser abogados, ni estar apoyados con los conocimientos de abogados de la empresa para la que trabajan o previa consulta con jurisconsultos.
La sociedad se quedó pasmada ante estos hechos irracionales, las autoridades también; no hicieron lo que debieron hacer para rescatar a las víctimas. La Delegada en Tláhuac se limitó al intento de diálogo sin pedir ayuda policíaca, se preocupó más "por el rumor de que se llevaron a dos niñas en un taxi". El Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal argumentó la accidentada orografía, la distancia hacia el lugar de los hechos y porque no tenían los elementos necesarios para efectuar el rescate. El comisionado de la Policía Federal Preventiva, argumentó que no los dejaron pasar los de la Policía Judicial del Distrito Federal. Los policías y las demás autoridades de la población no intervinieron, los cuatrocientos veinte policías de la Delegación tampoco. Ninguna autoridad cumplió con su deber; la ley les obliga a ejercer su función en caso de delitos flagrantes. Debieron detener al menos, al núcleo de la multitud y no detuvieron a nadie.
No se justificaría que los autores de estos hechos vivieran en las selvas. Los propios animales se avergonzarían de estos hechos. Por desgracia los tenemos aquí en el Distrito Federal, una de las ciudades más pobladas del mundo y ahora sin duda la más salvaje.
Este tipo de hechos, que no se castigan, crean impunidad y por consecuencia propician la repetición de los mismos.
Un pueblo sin ley, es un pueblo sumergido en la anarquía; no permitamos que la patria se nos deshaga entre las manos, no podemos permitir que estos casos se repitan, por este motivo propongo a esta H. Cámara de Diputados, se pronuncie a favor de la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Uno.- Solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, la destitución del comisionado de la Policía Federal Preventiva y la del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, respectivamente, por su negligencia e incapacidad en el ejercicio de sus funciones.
Dos.- Solicitar a los nuevos jefes de estas corporaciones o a quién corresponda, consideren el otorgamiento de tres millones de pesos como indemnización, a los deudos de los servidores públicos asesinados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 noviembre de 2004.
Dip. José Porfirio Alarcón Hernández
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A ESTABLECER, EN COORDINACIÓN CON LA INDUSTRIA DEL ACERO, LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA MEXICANA, A CARGO DEL DIPUTADO ROGELIO A. FLORES MEJÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
De acuerdo a publicaciones la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero), durante el periodo de 1999 a 2002, la industria acerera mundial, especialmente en Norteamérica entró en una crisis financiera severa debido a una caída generalizada de precios del acero, razón por la que varias empresas pasaron por procesos de quiebra, suspensión de pagos, reestructuración financiera y cierres de capacidad.
Lo anterior ocasionó a nivel mundial un freno importante a las inversiones en su modernización, así como en incrementos y capacidad, especialmente en los insumos básicos como son: mineral, coque, carbón, fierro esponja, chatarra, ferroaleaciones, energéticos, entre otros.
Debido a lo anterior, se establece una sobreoferta durante varios años en productos siderúrgicos, motivando una alta demanda del acero por parte de China, generado una escasez generalizada del metal a partir del tercer trimestre de 2003, acentuándose en 2004.
A nivel global se han conjuntado varios factores que están afectando seriamente la industria del acero, dentro de ellos podemos mencionar los siguientes:
El espectacular aumento de la demanda de acero en China, país que se ha consolidado como uno de los principales consumidores del mundo en respuesta a las necesidades de su crecimiento económico (el 9.1% el pasado año), ha puesto en un brete al sector siderometalúrgico, que tiene que lidiar con el incremento derivado de los precios en el mercado internacional. Basta con señalar que la producción mundial de acero en el pasado año alcanzó la cifra de 962,5 millones de toneladas, de las cuales 201,1 fueron producidas por el país asiático, por lo que también controla el mercado de las materia primas para la producción del metal.
Además de ser el principal productor de acero, China es el mayor consumidor, absorbiendo casi un tercio de la producción mundial, para sostener sus acelerados niveles de producción, de tal suerte que se han disparado los precios del acero y de las materias primas necesarias para su producción hasta en un 100%. Así, se puede señalar que la chatarra, generada por el fierro esponja y mineral de hierro, se encuentran escasas ante el fuerte crecimiento de su demanda, además de que sus precios han aumentado un 30%. Por lo que respecta al coque, existe una oferta limitada por falta de inversiones, cierres no programados, e imposición de aranceles a su exportación en China. En materia de energéticos, se prevé que los precios de gas natural y energía eléctrica se mantendrán altos en 2004 y 2005.
Asimismo, existe un incremento del 362% de 1999 a 2004, en las tarifas de renta de navíos, debido a la insuficiencia de buques y los altos precios del combustible. Continuara la alta volatilidad y los precios elevados hasta 2007.
La situación mencionada anteriormente, ha ocasionado un incremento en los precios de los productos terminados. Como ejemplos podemos mencionar que de 1999 a la fecha, han aumentando los precios de: la lámina caliente en un 115%, el de la lamina galvanizada en un 62%, la lámina fía en un 76%, la varilla en un 87%, el alambrón bajo carbón en un 71% y el acero estructural en un 65%.
En el mercado global, los precios del acero continúan subiendo. En Europa el precio de la chatarra para acerías eléctricas está subiendo un 20% al mes desde el pasado verano, ahora se paga la tonelada a 220 euros, lo que representa 70 euros más que hace tres meses; en Estados Unidos la tonelada de acero se paga a 360 dólares frente a los 300 del pasado mes de noviembre; y, en México el precio del acero se ha incrementado en más del 50% en los últimos seis meses, durante marzo el precio del acero fue de 6 mil 300 pesos por tonelada, frente a los 4 mil 100 de octubre de 2003, lo que representa un incremento de 54%.
La demanda china de acero ocasionó que los embarques de este material, que anteriormente llegaban al puerto de Veracruz, desviaran su dirección hacia el país asiático, por lo que ahora resulta más difícil importar acero, lo que aunado al incremento de los costos de transporte de materias primas, provocaron la escasez en nuestro país, por lo que las empresas mexicanas productoras de acero han redoblado su producción, pero ante la escasez y la demanda del metal, éste incrementó su valor.
El alza vertiginosa que registran los precios de acero, ha repercutido en México impactando la estructura de costos de la industria de la construcción, que dependiendo del tipo de obra, pueden elevarse hasta en 40 % lo que afectaría tanto obras públicas como civiles.
De acuerdo a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. "El impacto es diferente según el tipo de obra, puede ser desde 5 por ciento en el caso de las carreteras hasta 40 por ciento en el caso de las plataformas petroleras".
La Cámara en turno, señala que para las obras civiles, el sector más afectado será el de los constructores y desarrolladores de vivienda, que compran grandes cantidades de productos de acero como vigas y varillas, pues los constructores que hayan acordado contratos con anterioridad y que no tenían contemplados aumentos de esta magnitud se verán perjudicados al tener que asumir los costos, que los llevará a reducir su plantilla laboral; y en los casos en que no existía un contrato anterior, los costos tendrán que ser asumidos por el comprador final.
Si bien la industria de la construcción consume alrededor de 60 por ciento de la producción nacional de acero, lo que la convierte en el mayor consumidor, también advertimos que otras industrias que dependen de productos del acero, como la automotriz o la de electrodomésticos, también enfrentan presiones de costos.
La industria automotriz es perjudicada, porque el acero es un elemento básico para su producción, además de que el aumento en valor de los metales planos la impactan fuertemente, pues la tonelada de lámina caliente supera ya los 600 dólares, registrando una alza de 115% de 1999, al primer bimestre de este año. La lámina fría se ubica alrededor de 700 dólares la tonelada, equivalente a un aumento de 76%. La lámina galvanizada brincó de 400 a más de 700 dólares, es decir 62% más.
Asimismo, el incremento en la varilla, el alambrón y el acero estructural que surten al ramo de la construcción, afectan a la industria del transporte, pues aquella es una de las que mayor demanda genera de transportes terrestres. Por lo que la Confederación Nacional de Transportistas de México, aseveró que el aumento del acero ha provocado que los remolques y tractocamiones se coticen 15% más caros en los dos primeros meses de 2004.
Por lo anteriormente descrito someto a la consideración de este pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta a la Secretaría de Economía, para que en coordinación con la industria del acero, establezcan los mecanismos necesarios para incrementar la competitividad de la industria siderúrgica y propiciar que el consumo de las materias primas para el sector se de en nuestro país.
Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Economía a impulsar y promover las acciones necesarias que apoyen a los productores mexicanos de acero y a la cadena productiva que tiene relación con el ramo, para fomentar el consumo de productos fabricados en nuestro país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2004.
Dip. Rogelio Alejandro Flores Mejía (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA UNA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE VIGILAR QUE NO SE DESVÍEN RECURSOS FEDERALES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSARIO HERRERA ASCENCIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Las y los suscritos diputadas y diputados federales integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional, del Partido Convergencia y del Partido del Trabajo, sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el que se solicita la constitución inmediata de una comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos federales durante el proceso electoral del estado de Guerrero, bajo las siguientes:
Consideraciones
La celebración de comicios, en sí misma, no garantiza que los propósitos de la democracia se cumplan. Ello depende del tipo de elecciones, de sus reglas y de las condiciones en que se celebren.
En los regímenes democráticos, las elecciones tienen como función promover una sucesión del poder de manera pacífica y ordenada. Es decir, las elecciones democráticas y transparentes permiten mantener, al menos de manera más clara y más continua, la estabilidad política y la paz social. Sin embargo, para que eso sea más probable, se necesita que en efecto se contienda con reglas definidas, transparentes y equitativas.
Las oportunidades formales de triunfo deben ser iguales para todos los contendientes, de modo que sean sus propios méritos políticos los que decidan el veredicto, evitando posibles ventajas de que pueda gozar un partido, típicamente el partido en el gobierno.
Los partidos de oposición siempre hemos luchado por el respeto pleno a la voluntad ciudadana y por crear condiciones de equidad en las elecciones. También hemos asumido nuestra responsabilidad de ejercer un estricto control sobre la forma en que son utilizados los recursos de los mexicanos. No podemos permitir que partidos políticos se beneficien electoralmente, distrayendo recursos públicos de los fines y objetivos que a través de sus normas, esta Cámara ha determinado.
Consideramos, que las funciones públicas no pueden estar al servicio de partidos políticos que aprovechando su posición, alteran la voluntad de los electores. Si en verdad aspiramos a construir un Estado plenamente democrático, debemos comenzar por impedir que los recursos del pueblo mexicano se distraigan de su verdadero destino.
Esta Legislatura ha iniciado un proceso inédito en la historia parlamentaria mexicana. Por primera vez, la Cámara de Diputados ha enfrentado su responsabilidad constitucional de garantizar que los recursos federales se dirijan a los fines que ella misma establece, a través de las normas que crea. Así, se ha dejado en claro que la función de la Cámara de Diputados no se agota en determinar la forma en la que se ejercerá el gasto público, sino que sus alcances se extienden a la fiscalización integral de su ejercicio, y al establecimiento de responsabilidades a los servidores públicos que hagan uso indebido de los recursos de los mexicanos, a través de las facultades que la Constitución General otorga a esta Soberanía.
Para garantizar el funcionamiento imparcial y apartidista de las instituciones; pero sobre todo, para dar certeza a los mexicanos que los recursos federales no son utilizados para fines electorales, esta Soberanía ha contribuido aprobando la creación de comisiones especiales encargadas de vigilar que no se desvíen recursos federales en los procesos electorales, recabando todos los elementos probatorios que permitan a esta Cámara de Diputados, proceder conforme a sus atribuciones constitucionales y legales.
En consecuencia, la creación y el trabajo de las comisiones especiales constituyen una aportación de la Cámara de Diputados al fortalecimiento de nuestra democracia, garantizando condiciones equitativas de competencia electoral, al contribuir, dentro las facultades y atribuciones que la ley le concede, al ejercicio del sufragio en forma libre y consciente, para que la atención a las carencias del pueblo no sea un medio para condicionar la participación cívica a favor de un partido.
Por lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracciones V y VIII, 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 42 y 46 de la Ley Orgánica del Congreso General, así como en el artículo 58, 59, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- El Pleno de la H. Cámara de Diputados acuerda la constitución inmediata de una comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos federales durante el proceso electoral del estado de Guerrero.
Segundo.- Para efectos de este acuerdo, el proceso electoral del estado de Guerrero comprende todos los actos relativos a la preparación de la elección, la jornada electoral del 6 de febrero del año 2006, sus resultados y declaraciones de validez de la elección de dicha entidad.
Tercero.- La Comisión Especial estará integrada por 10 diputados, de los cuales tres serán designados por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; dos por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; dos por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; uno por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, uno por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y uno por el grupo parlamentario del Partido Convergencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2004.
Dip. Rosario Herrera Ascencio (Rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INTEGRAR UNA COMISIÓN QUE INVESTIGUE Y, EN SU CASO, SANCIONE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE LOS HECHOS OCURRIDOS EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC, DISTRITO FEDERAL, Y SE ACUERDA LA COMPARECENCIA ANTE COMISIONES DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL Y DEL COMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA, A CARGO DEL DIPUTADO HELIODORO DÍAZ ESCÁRRAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad contenida en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo siguiente.
Consideraciones
A través de la radio y la televisión nos enteramos, en el mismo momento en que ocurrían los hechos, de los actos de barbarie cometidos la noche del 23 de noviembre por habitantes de San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac.
El crimen alevoso contra tres agentes de la Policía Federal Preventiva nos conmovió a todos. Los homicidios -totalmente injustificados- y su expresión violenta a la máxima potencia, en plena capital de la República, nos dejó atónitos.
El corazón de la República fue herido por la sinrazón, la brutalidad y la profunda pérdida de valores de sus ciudadanos, así como por la incapacidad, la negligencia y la ilegalidad de las autoridades, tanto federales como locales, que pudiendo evitar la tragedia, no lo hicieron.
La turba, seguramente azuzada por la delincuencia organizada, que ha sentado sus reales en la capital mexicana, tuvo la complicidad, por omisión y por desprecio a la ley, de los gobiernos del cambio y de la esperanza.
La muerte de los policías Víctor Mireles Barrera y Cristóbal Bonilla Colín, así como las lesiones de Edgar Moreno Nolasco, sin duda, son también responsabilidad directa e inexcusable de los secretarios de Seguridad Pública del Gobierno Federal, de su homólogo en el Distrito Federal, del comisionado de la Policía Federal Preventiva, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, del jefe delegacional en Tláhuac y de otras autoridades, como la Procuraduría General de la República, que han permitido que el narcotráfico y el crimen les rebasen.
Ante los abominables hechos, surgen la preguntas obvias: ¿quién ordenó a los agentes masacrados que realizaran una actividad que, conforme al artículo 4 la Ley de la Policía Federal Preventiva, no les competía? ¿Quién se hará responsable de haber mandado al matadero, sin ningún apoyo logístico, sin prever vías de retirada, sin coordinación operativa interinstitucional a tres modestos servidores públicos? ¿Cuál es la capacidad de reacción de los cuerpos policiales, en pleno Distrito Federal, para acudir en auxilio de sus compañeros caídos? ¿por qué no se rescató a los linchados cuando desde su detención por civiles hasta su muerte transcurrieron al menos dos horas?
La incompetencia, la incapacidad, la torpeza de las autoridades de seguridad pública es indignante, ofensiva y oprobiosa.
Los helicópteros, propios o conseguidos por amistades, pueden usarse para trasladar políticos a actos partidistas, pero están inútiles para ser usados en casos como el que ahora lamentamos.
Los teléfonos celulares, sirven para mantener a los señores jefes, los mandos superiores, al tanto de la evolución de actos en el Congreso y para dar instrucciones a quienes los realizan, pero no sirven para localizar a la autoridad más inmediata y cercana para que proteja a policías que bajo órdenes cumplen una misión, sea esta acorde o no con sus funciones.
Ni el crimen debe quedar impune, pues no vivimos en Fuenteovejuna, ni quienes desde la administración pública son responsables deben quedar sin sanción.
Debe, aunque sea después del niño ahogado, restituirse el Estado de derecho perdido.
No bastará con indemnizar a los familiares de los policías victimados o rendir honores a los caídos. Se imponen acciones de gobierno ejemplares, sin precedente, enérgicas y contundentes.
En principio, tiene que erradicarse, extirparse de tajo, el narcomenudeo en Tláhuac. La sociedad precisa de recuperar para sí ese territorio. Los narcotraficantes deberán entender que sus acciones incalificables generarán reacciones radicales, dentro de la ley, de la autoridad, por mediocre y timorata que esta sea.
Tiene, de la misma manera, que detenerse y procesarse a los autores materiales de los hechos, sin importar que sean muchos, que sean pobres, que no estén educados o que pertenezcan a alguna organización política.
Tiene que investigarse y sancionarse a los mandos corresponsables.
Tiene que corregirse, de una vez por todas, las ineficiencias e insuficiencias de una coordinación de instancias de seguridad pública, que simple y sencillamente no existe.
En razón a ello, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
Primero: la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que integre una comisión, conformada por la Secretaría de la Función Pública y especialistas en procuración de justicia y seguridad pública, que, sin la participación de las entidades federales involucradas en los acontecimientos ocurridos en San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac, Distrito Federal, el día 23 de noviembre de 2004, investigue -rigurosa, profunda y detalladamente- y, en su caso, sancione a quienes resulten responsables de haber ordenado a los agredidos la realización de tareas que no eran de su competencia y de la respuesta tardía al llamado de auxilio de sus elementos.
Segundo: la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, considera necesaria la comparecencia de los ciudadanos secretario de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo Federal y comisionado de la Policía Federal Preventiva, ante comisiones, a fin de que expliquen detalladamente los fundamentos legales en que se apoyaron para ordenar a los policías agredidos la ejecución de tareas que conforme a la Ley de la Policía Federal Preventiva no eran de su competencia, así como las funciones que realiza la llamada área de inteligencia de la corporación indicada.
Por su naturaleza, solicito se tramite la presente proposición como de urgente u obvia resolución.
Palacio legislativo, a 24 de noviembre de 2004.
Dip. Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A MODIFICAR EL RANGO DE LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS RELACIONADOS CON LOS HOMICIDIOS DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA, A CARGO DE LA DIPUTADA BLANCA GÁMEZ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los que suscriben, diputadas y diputados del Partido de Acción Nacional en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos, sometemos a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Según el Diagnóstico sobre la situación de Derechos Humanos en México, Problemática y Recomendación de Grupos en Situación de Discriminación del año 2003, proporcionado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la serie de homicidios y desapariciones forzadas que han ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, por lo menos desde el año 1993, ha sido considerada como un caso paradigmático de discriminación contra las mujeres. Esta situación ha creado un clima endémico de inseguridad, que subvierte del Estado de Derecho, y en la práctica, inhibe el ejercicio de la gran mayoría de los derechos humanos y libertades de las mujeres en esa región.
Es menester señalar que hasta hoy no existen cifras concluyentes respecto de las mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez. Los organismos que se han pronunciado en este tema manejan cifras, que si bien han sido producto de la misma fuente, la Procuraduría General del Estado de Chihuahua, éstas no son coincidentes:
Procuraduría del Estado de Chihuahua en el periodo 1993-2002 reportó: 268 homicidios de mujeres y 257 mujeres declaradas como desaparecidas.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el 2003 recibió la información de: 285 casos de homicidios y 257 denuncias de mujeres desaparecidas.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua, en el 2004 informó que son: 295 casos de homicidios y que quedan vigentes 34 casos de mujeres desaparecidas.
Ninguna cifra hasta la fecha es exacta, ya que como vemos diversos organismos informan diferentes cantidades de mujeres.
Después de 11 años de impunidad y dado que el problema de violaciones graves a los derecho humanos de las mujeres ha trascendido del ámbito del estado de Chihuahua a tener repercusiones para el Estado Mexicano, la Procuraduría General de la República (PGR) a través del acuerdo número A/003/04 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua, cuya titular es la Lic. María López Urbina. Sin embargo, al crear esta fiscalía adscribió a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad.
Lo anterior con fundamento en el artículo 13 párrafo segundo de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el cual establece que el Procurador podrá crear fiscalías especiales para la investigación y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten.
Es menester recordar que el jueves 3 de Junio de 2004, el Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, señaló sobre los crímenes contra mujeres, que: "?es un asunto prioritario, es un asunto de Estado y su esclarecimiento un compromiso asumido ante la sociedad por su gobierno, y, por supuesto, es un profundo compromiso de la PGR".
Sin embargo, en los hechos este compromiso no se ha visto reflejado; la Fiscalía Especial cuenta hasta hoy con pocas posibilidades de realizar las investigaciones con autonomía, pues es subalterna de las Subprocuraduría de Derechos Humanos y está se encarga de organizar, coordinar, dirigir, y evaluar a la Fiscalía Especial. Al considerar, tal como lo señaló el propio Procurador, que lo homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, son asuntos de seguridad nacional y de Estado, requieren de acciones concretas, rápidas y sin intermediación. Por ello consideramos que la fiscalía especial en comento debe contar con mayor independencia y autonomía dentro de las facultades que se le confirieron para el mejor desempeño de su trabajo.
Asimismo, es de resaltar que la otra Fiscalía Especial creada por acuerdo del Procurador, Fiscalía Especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, depende directamente del Procurador General de la República, mientras que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos. Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el municipio de Juárez que se encuentra adscrita a una Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad.
Al revisar la motivación que da origen a la creación de ambas Fiscalías, son semejantes: dar cumplimiento a una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, combate a la impunidad, cumplir las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos y dar respuesta a las demandas de esclarecimiento de hechos y de justicia. Ambas Fiscalías están encargadas de investigar hechos, que son de distinta naturaleza, pero que requieren ser resueltos con una visión de Estado. Es por ello, que considero, que no existe motivación para que la Fiscalía a cargo de la Lic. María López Urbina no pueda depender directamente del Procurador General de la República.
Cabe mencionar que el gobierno mexicano no ha seguido las recomendaciones que sobre le caso Juárez han hecho organizaciones e instituciones internacionales, por ejemplo el alto comisionado de Naciones Unidas para la protección de los Derechos Humanos propuso realizar todos los cambios necesarios para adoptar una legislación general sobre todas las formas de violencia contra las mujeres, la comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó instaurar de una vez el multimencionado Registro Nacional de Personas Desaparecidas, Amnistía Internacional puso énfasis en brindar reparación y apoyo a las víctimas y a sus familiares, por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras cosas, plantea que el gobierno federal debe resolver con urgencia el asunto de la jurisdicción competente para las investigaciones a fin de hacerlas rápidas y eficaces y exista una plena cooperación de cualquier otra instancia.
Es necesario por tanto que se modifique su carácter dentro del reglamento interno de la procuraduría para contribuir a que cumpla con mayor eficacia la misión que se le ha encomendado y se logren los objetivos de justicia que demandan cientos de familias que han padecido la pérdida de sus mujeres.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente proposición con.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Procurador General de la República para que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento Interior, sea modificada la organización de la Procuraduría a su cargo, a efecto de que la fiscal especial para la atención de delitos relacionados con los homicidios de mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua, deje de estar adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, con el objeto de que la fiscalía especial a la que en primer instancia se hace referencia, tenga el mismo rango que las demás fiscalías especiales.
Dip. Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A RECLASIFICAR, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, LA TARIFA POR TEMPERATURA AMBIENTAL DE LA 1B DE 28º CENTÍGRADOS A LA DE 1C DE 30º CENTÍGRADOS PARA EL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS BLACKALLER AYALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 55 fracción II y 58 fracciones I, II y III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículos 34 incisos a) y b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este H. Congreso de la Unión, la siguiente resolución con punto de acuerdo.
Antecedentes
La población que esta radicada en el municipio de Cihuatlán, apenas llega a los 40 mil habitantes, geográficamente se encuentra localizado en el sur del estado de Jalisco haciendo límite con el estado de Colima, la actividad económica que desarrolla la población es eminentemente agrícola y por estar aquí los destinos turísticos de Barra de Navidad y Melaque, podríamos decir que también tiene un impacto positivo la actividad turística.
Sin embargo en esta proposición con punto de acuerdo, queremos lograr el beneficio exclusivamente para la población con el consumo de energía eléctrica para casa-habitación, si llegamos a hacer conciencia en las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad y de la propia Secretaría de Hacienda quienes son las responsables de reorientar la tabulación, sin duda que la economía sería de grandes proporciones.
El municipio de Cihuatlán, siempre se había considerado como una población de temperatura media, por estas razones el municipio esta considerado en el rango de pago de tarifa eléctrica la que se conoce como 1B de 28° centígrados, según estudios que se hacen periódicamente a nivel nacional por instituciones serias y reconocidas como La Comisión Nacional del Agua o como la propia Semarnat, reportan que en los últimos 5 años se han incrementado notablemente los promedios de las temperaturas, hasta alcanzar la justificación plena para lograr un cambio en la tarifa eléctrica.
Compañeros legisladores, el exhorto que estoy presentando, es porque hasta el día de hoy, existen diversos intentos por modificar esta tarifa, sin haber logrado siquiera que las autoridades nos contesten con razones justas lo que procede. La población del municipio de Cihuatlán se está viendo afectada por el cobro de las altas tarifas en el consumo de energía eléctrica.
Por lo anteriormente expuesto exhorto a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de sus funciones, de sus facultades y atribuciones puedan hacer la reclasificación de la tarifa por temperatura ambiental de la 1B de 28° C a la de 1C de 30° C para el municipio de Cihuatlán, Jalisco.
Dip. Carlos Blackaller Ayala (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ QUE AGILICE LOS TRÁMITES DEL DERECHO DE VÍA PARA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA CARRETERA ÁVILA CAMACHO-TIHUATLÁN, LOCALIZADA EN LOS LÍMITES DE LOS ESTADOS DE VERACRUZ Y DE PUEBLA, A CARGO DEL DIPUTADO RÓMULO CÁRDENAS VÉLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
De conformidad con lo establecido tanto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 58 y 59 de su Reglamento para el Gobierno Interior, el suscrito, Diputado Federal Rómulo Cárdenas Vélez del Partido Acción Nacional, presenta al pleno de la Honorable Cámara de Diputados, el siguiente punto de acuerdo, para solicitar al gobernador constitucional del estado de Veracruz, que agilice los trámites del derecho de vía, para la culminación de la obra carretera Ávila Camacho-Tihuatlán, localizada en los límites de los estados de Veracruz y Puebla, de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
Los principios de doctrina de Acción Nacional señalan que el estado debe regirse bajo un esquema económico con rostro humano, impulsado por una economía eficiente y equitativa en la distribución de oportunidades y beneficios.
En este sentido, las políticas públicas deben promover el desarrollo integral y el equilibrio de las regiones del país. Asimismo, reconocemos que este desarrollo debe sostenerse con el mayor grado de inversión posible, privilegiando la infraestructura y bienes de capital.
Dentro de este desarrollo regional, no puede separarse el impulso que podamos dar tanto el Poder Legislativo, como el Ejecutivo, en materia de infraestructura carretera, ya que éstas son uno de los principales instrumentos para acercar a las comunidades del país y permitir el intercambio comercial y traslado efectivo de objetos y personas.
Bajo estos argumentos, es que hago uso de esta alta tribuna, para manifestar mi preocupación y la de mi partido, acerca de la obra carretera Ávila Camacho-Tihuatlán, localizada en los límites de los estados de Veracruz y Puebla.
De acuerdo con el Foncar, se tienen asignados 1,050 millones de pesos para esta obra, de los cuales, se contempla una asignación de 50 millones para inversión en derecho de vía para el tramo correspondiente al estado de Veracruz.
En el presente año, se programó una inversión de 373.8 millones de pesos, enfocados a la realización de 17.1 kilómetros. Sin embargo, al mes de octubre, sólo se han ejercido 28 millones de pesos.
Actualmente se trabaja en dos tramos, el primero va del kilómetro 205+588 al kilómetro 215+000. En este tramo, el derecho de vía está liberado hasta el kilómetro 208+926. Para este tramo se contrataron recursos por 78.8 millones de pesos, pero sólo se han ejercido hasta la fecha 10 millones.
A pesar de que la obra se contrató desde el primero de enero, éstas iniciaron el primero de agosto por problemas en la liberación del derecho de vía.
Para el segundo tramo comprendido entre el kilómetro 215+000 al 225+988, se contrataron 91.7 millones de pesos, de los cuales hasta hoy se han ejercido apenas 28 millones. En este caso, el derecho de vía está liberado únicamente del kilómetro 224+040 al 225+988. Igualmente, las obras iniciaron hasta agosto, por no contar con el derecho de vía.
Derivado de lo anterior, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no puede realizar la obra correspondiente en aquellas partes del tramo carretero en donde no se cuenta con el derecho de vía, ya que es imposible quitar a los propietarios sin un convenio de por medio. Esta situación puede provocar que los recursos asignados para esta obra, tengan que reintegrarse a la Tesorería de la Federación, por no aplicarse en los tiempos establecidos, con lo que se cancelaría esta importante y necesaria obra para el estado de Veracruz.
Por estos motivos, se solicita atentamente a las autoridades del estado de Veracruz, que agilicen el trámite del derecho de vía, a fin de permitir la continuación de los trabajos de limpieza y despalme con máquinas a fin de concluir satisfactoriamente la construcción total del tramo.
Es inaceptable que este tipo de trámites interfieran de manera tan perjudicial para el desarrollo de esta importante obra, más aún cuando contamos con los recursos y la disposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Compañeras y compañeros Legisladores, los exhorto a sumarse a esta petición, para que las autoridades del Gobierno de Veracruz no se conviertan en un obstáculo en la culminación de este importante proyecto.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Se solicita atentamente al gobernador constitucional del estado de Veracruz que agilice los trámites del derecho de vía para la culminación de la obra carretera Ávila Camacho-Tihuatlán, localizada en los límites de los estados de Veracruz y Puebla.
Dip. Rómulo Cárdenas Vélez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INCLUIR, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO Y DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN LOS PROGRAMAS DE SUBSIDIOS LA REDUCCIÓN DE TARIFAS DE CONSUMO ELÉCTRICO EN LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE DRENES, CONCESIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, EN LA CIÉNAGA DE CHAPALA, MICHOACÁN, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL AMEZCUA ALEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dirige a esta soberanía, para presentar la siguiente propuesta con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El campo mexicano atraviesa desde hace mucho tiempo por una situación sumamente difícil, lo importante es identificar sus causas principales, tales como la falta de apoyos que puedan aplicarse de manera efectiva, así como la falta de subsidios directos a los productores para ser competitivos frenue a los productores norteamericanos.
Corresponde al Estado, el dominio directo de los recursos naturales; asimismo, está obligado a garantizar el desarrollo de las actividades agropecuarias en general, como lo establecen los artículos 25 y 27 constitucionales. También corresponde al Estado el otorgamiento de subsidios para actividades prioritarias en los términos del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aun cuando algunas actividades productivas, y en ciertas regiones, han registrado avances a partir de la firma de diversos tratados internacionales de comercio, una parte importante del sector agropecuario mexicano, continúa presentando numerosas deficiencias y requiere de alternativas generadoras de empleos e ingresos para la población rural.
La política de precios para los hidrocarburos y energéticos que rige en México se establece de acuerdo a una serie de disposiciones comerciales, la cual contempla aumentos mensuales de acuerdo a la inflación. Situación que le resta competitividad al sector agropecuario.
La electricidad resulta imprescindible para el desasolve en época de lluvias, en zonas del país donde la topografía del terreno tiende a provocar inundaciones, ocasionando perdidas que resultan irrecuperables para los productores agrícolas.
Actualmente, los distritos de riego de la ciénega de Chapala de Michoacán, tienen la necesidad de consumir grandes cantidades de energía, para bombear agua de los drenes y evitar así inundaciones en los cultivos, esto último debido a que una gran parte de la zona de riego está limitada por un bordo de contención que lo separa del lago de Chapala.
La capacidad instalada de las plantas de bombeo es de 108.6 m3/s, de los cuales 93.6 m3/s corresponden a extraer agua de los drenes y los restantes 15.0 m3/s para riego.
Los volúmenes de agua de drenaje que en promedio se han desalojado son de 41.4 millones de m3. En el año agrícola 2003-2004 se han bombeado 72.5 millones de m3, para lo cual han implicado un importe por consumo de energía eléctrica de 1,096,274 pesos.
Es de señalar que los equipos de bombeo pertenecen a la CNA y estos han sido concesionados a las asociaciones civiles de usuarios, por lo que los costos de operación y mantenimiento es con cargo a dichas asociaciones. Aun cuando el contrato en algunos casos está a nombre de la Comisión Nacional del Agua.
Por lo anteriormente expuesto, y como integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a su consideración la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Unico: Que esta honorable asamblea legislativa envíe atento exhorto al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Federal de Electricidad, incluyan en los programas de subsidios la reducción de tarifas de consumo eléctrico en los equipos de bombeo de drenes, concesionados por la Comisión Nacional del Agua, en la ciénega de Chapala, en Michoacán, igualándola a la tarifa nocturna 9-N establecida en el acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 8 de agosto de 2003.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil cuatro.
Dip. Miguel Amezcua Alejo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA A EMITIR DE INMEDIATO, A TRAVÉS DEL ÓRGANO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, LAS RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES PARA CUMPLIMENTAR LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 56, 70 Y 90 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, CON OBJETO DE ADECUAR LAS PENAS DE LOS SENTENCIADOS Y DE QUE ÉSTOS GOCEN DE LOS BENEFICIOS QUE LA LEY LES OTORGA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MARIO WONG PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del PRI en la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Como se menciona en la exposición de motivos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos del 24 de diciembre de 1998, las reformas básicamente son incrementar las penas a los delitos de portación y posesión de armas de fuego, reservadas para el uso exclusivo del ejército; sosteniendo como el argumento principal, los niveles alarmantes de inseguridad en el país, considerando que los altos índices de criminalidad eran consecuencia de la proliferación de armas de fuego, así como su posesión, acopio y tráfico.
Posteriormente, mediante decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2003, se reformaron algunos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego para reducir los mínimos de la punibilidad, con la que se sanciona respectivamente, a los que sin el permiso correspondiente porten y posean un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Mexicana, con la finalidad de que la autoridad jurisdiccional, con un criterio más amplio, a la luz de los hechos que dieron origen al delito, determinen si ha lugar o no la sustitución de la pena privativa de la libertad corporal.
La reforma aludida se justificó considerando que las penas rigurosas desmotivan la comisión de delitos, sentenciando que los delincuentes que poseen, portan y acopian armas con el propósito de llevar a cabo actividades ilícitas. Pero a pesar de ello, se coincide en que también es cierto que un gran número de mexicanos poseen y en algunos casos portan armas no con el afán de cometer un crimen, sino como protección personal y la de su familia.
Con la reforma, no se pretendió dejar al margen de la ley a quienes posean o porten armas de manera irregular, es decir, sin el permiso correspondiente, sino reconsiderar algunos casos específicos en los que, dada la tradición que existe en nuestro país a su utilización y las condiciones prevalecientes de inseguridad pública que día a día se han ido acrecentando, la ley establece sanciones en extremo severas.
Por lo anterior, las peticiones a los organismos protectores de los derechos humanos de ciudadanos afectados para que se revisen casos en los que se han visto involucrados padres de familia, campesinos, comerciantes y personas sin antecedentes penales, pone en tela de juicio la certeza jurídica que la ley debe garantizar a los ciudadanos, máxime que en su aplicación, había afectado a personas involucradas en estos ilícitos por circunstancias distintas a pretender causar daño a terceros y han sido privadas de su libertad corporal por poseer o portar un arma de uso exclusivo de Ejército, Fuerza Aérea o Armada de México.
El criterio de las y los legisladores fue: sin vulnerar la finalidad disuasiva de las penas en materia de delitos por posesión o portación de armas, la disminución de la punibilidad por lo que respecta a los mínimos, lo que repercute en un mayor respeto a las garantías humanas ya que estos delitos son de mero resultado formal y de peligro, no de daño, por lo que se estimó que no se pone en riego la seguridad pública y se beneficiarían a muchos ciudadanos que se ubiquen en estos supuestos.
En razón de lo anterior y toda vez que es menester dar cumplimiento a la ley de manera oportuna, hago uso de la máxima tribuna nacional, para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública, para que a través del órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, realice de manera inmediata, las acciones correspondientes en aras de cumplimentar lo mandatado por la ley, a efecto de hacer la adecuación de las penas de los sentenciados conforme a esta reforma.
A un año de haber entrado en vigor dicha disposición, se encuentran todavía en las cárceles del país un gran número de sentenciados por los delitos en comento, que no han podido obtener su libertad, en virtud de que el órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, no ha emitido las resoluciones haciendo la adecuación de las penas, lo que además impide obtener los beneficios señalados en los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal, referente a la substitución de las penas y a la condena condicional.
Compañeras y compañeros legisladores:
En virtud de lo expuesto y toda vez que es necesario cumplimentar cabalmente el mandato de la ley, así como objetivar los principios de la procuración e impartición de justicia, someto a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública para que a través del órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, emita las resoluciones correspondientes de manera inmediata, en aras de cumplimentar lo mandatado en el artículo 56 del Código Penal Federal, en relación a lo establecido por la Ley de Armas de Fuego y Explosivos en su artículo 83, a efecto de hacer la adecuación de las penas de los sentenciados y puedan además gozar de los beneficios que señalan los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2004.
Dip. José Mario Wong Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO A INICIAR UNA REVISIÓN DE LAS TARIFAS DOMÉSTICAS DEL SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ESTADO DE JALISCO, A FIN DE HOMOLOGARLAS Y BENEFICIAR A LA CIUDADANÍA, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE LEONEL SANDOVAL FIGUEROA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, interesado en beneficiar a la ciudadanía que recibe el servicio de suministro y venta de energía eléctrica en el estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base a los siguientes:
Considerandos
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Economía y de Energía, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, modificar el costo eléctrico de acuerdo a las regiones y tarifas del servicio domestico.
La gravedad de los altos costos de las tarifas eléctricas, ha sido objeto de diversas inconformidades; en la actualidad están mermando la economía de la ciudadanía del estado de Jalisco, sobresale la situación de las diferentes tarifas eléctricas por lo que es de gran importancia obtener una homologación del costo kilowatts en base a la tarifa más baja en el mercado.
La mayor parte de la población es de escasos recursos; no tiene los suficientes medios económicos para satisfacer las más elementales necesidades; como lo son la alimentación, el vestido y la vivienda; si a esto le agregamos los gastos de los servicios domésticos, como el suministro de luz, entenderemos que los salarios no cubren los consumos referidos.
Sabemos que hay factores de ajuste mensual a las tarifas de energía eléctrica de acuerdo al servicio domestico para localidades con temperaturas mínimas en verano que se clasifican de la 1 a la 1F y de las cuales se desprende una diferencia entre la tarifa 1 y la 1F de casi 1000 Kwh. mensuales en la temporada de verano; para esto hay que comprender que para la Comisión Federal de Electricidad, la temporada de verano comprende los seis meses más cálidos del año; lo cual implica un costo extra para la ciudadanía durante medio año.
Luego entonces lo que debemos comprender es que en dicho ciclo de verano impuesto por las referidas Secretarías y la Comisión, es que el consumo extra que se realiza en los hogares es simplemente por la época de calor.
Por lo tanto los sistemas de refrigeración trabajan en demasía con relación a otras épocas del año, por otro lado se observa que en la temporada de altas temperaturas es habitual el uso de los sistemas de ventilación que se tienen en todos los poblados, por lo que dichos consumos no deben ser considerados como un lujo como se quiere hacer creer que al verse obligada la ciudadanía a consumir más kilowatts no es por diversión o capricho de la comunidad sino por una necesidad; es necesario realizar un estudio de las tarifas que imperan en el estado de Jalisco a fin de no seguir afectando el bolsillo de las familias.
Es importante señalar el aspecto que se refiere a la salud ya que hay muchas causas de deshidratación y/o enfermedades gastrointestinales que tienen que ver con la temporada de verano, ya que las temperaturas pueden llegar alcanzar más de 40º centígrados, todo esto ha provocado un desajuste en la economía social y lejos de que los apoyen con programas para el bienestar de la población y evitar problemas de salud; se ha encontrado la forma de mermar la economía familiar con la aplicación de dichas tarifas, es por ello que busco que éstas sean homologadas a la tarifa más baja de consumo doméstico, en bien de la población, lo cual se refleja en la economía y en el poder adquisitivo del país.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Que se exhorte a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Economía a que den inicio a una profunda revisión de las tarifas domésticas para suministro y venta de energía eléctrica del estado de Jalisco; para que, en beneficio de la ciudadanía se homologuen las tarifas con base a la tarifa más baja.
Segundo.- Se mantenga informada a esta honorable Cámara sobre lo referente al punto anterior.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a
los 30 días del mes de noviembre de 2004. Dip. Jorge Leonel Sandoval
Figueroa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE CREAR UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA PLANTA NUCLEOELÉCTRICA DE LAGUNA VERDE, VERACRUZ, A CARGO DEL DIPUTADO GUSTAVO MORENO RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Gustavo Moreno Ramos, a nombre propio y en representación de las distintas fracciones parlamentarias en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el numeral 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Exposición de Motivos
La Comisión Federal de Electricidad es una empresa paraestatal descentralizada de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios cuyos objetivos están contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo y su fin fundamental es garantizar a todos los mexicanos la adecuada utilización de los recursos del Estado en las áreas estratégicas y propias, proporcionándoles el beneficio a que se refieren los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enmarcados también en el Plan Nacional de Desarrollo.
El párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución General de la República otorga a esta Cámara, como integrantes del Congreso de la Unión, la facultad de que a pedido de una cuarta parte de sus miembros, pueda integrar comisiones para investigar el funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, debiéndose poner en conocimiento del Ejecutivo federal los resultados de sus investigaciones.
En términos de lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones de Investigación se constituyen con carácter transitorio, y funcionan en los términos constitucionales y legales.
La Comisión Federal de Electricidad cuenta con la central núcleo eléctrica Laguna Verde, localizada sobre la costa del golfo de México, en el municipio de Alto Lucero, estado de Veracruz, a 70 kilómetros al noroeste de la ciudad de Veracruz, la central Laguna Verde está integrada por dos unidades, cada una con una capacidad de 682 MWE; los reactores son tipo agua hirviente (BWR-5) y la contención tipo Mark II de ciclo directo. El sistema nuclear de suministro de vapor (NSSS) fue suministrado por General Electric, y el turbogenerador por Mitsubishi Heavy Industries.
Ambas unidades representan el 4% de la potencia real instalada del sistema eléctrico nacional y su contribución a la generación es de 8%; el transporte y almacenamiento de los residuos radioactivos implican riesgos potencialmente catastróficos para la vida humana y al ecosistema.
Desde el inicio de sus operaciones la sociedad civil y grupos ambientalistas han solicitado al Gobierno Federal una inspección técnica y administrativa independiente a Laguna Verde, para investigar una serie de irregularidades, como paros de emergencia, fugas radioactivas al ambiente, represión contra técnicos que denuncian fallas.
Por si fuera poco, la planta genera anualmente alrededor de 34 toneladas de desechos altamente radioactivos, que son almacenados dentro de la misma planta a escasos metros del mar con el consecuente peligro que ello implica, ya que no cuenta en sus programas preventivos de un panteón de deshechos radioactivos.
La historia de la planta núcleo eléctrica no resulta nada halagadora, sus constantes fallas y negligencias en cuanto a la operación y manejo de los desechos por su uso, nos manifiestan la imperiosa necesidad para realizar una investigación profunda y seria; he aquí una parte de estos casos:
El 27 de abril de 1987 el director de Construcción de la central nuclear de Laguna Verde, ingeniero Isidro Becerril Salinas, declara públicamente que no existe control de calidad en el proceso de edificación de la núcleo eléctrica, debido al contratismo existente.
El 22 de agosto de 1988 el especialista de la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos, JK Willmshulst, dirige un comunicado a la administración de Laguna Verde en el que llama la atención sobre posibles riesgos en la seguridad de la central nuclear.
El 2 de marzo de 1989 se registró la primera liberación inadvertida al ambiente de gases radiactivos por las descargas de las bombas mecánicas de vacío, la CFE reconoció la existencia de la fuga y la contaminación de personal.
El 8 de julio de 1989 ocurre un derrame de aproximadamente 20 mil litros de ácido sulfúrico que provoca daños irrecuperables a bombas, conductos, cables, cajas eléctricas, conectores, paredes y tanque.
En 1990 un estudio elaborado por investigadores de El Colegio de México señala las irregularidades e inoperancia del Plan de Emergencia Radiológica Externa (PERE) para caso de accidente en la núcleo eléctrica de Laguna Verde.
Los estudios evalúan diversos modelos de dispersión de las partículas radiactivas en caso de un accidente nuclear grave, de acuerdo a diversos escenarios a partir de la dirección de los vientos y sus consecuencias sobre poblaciones como la Ciudad de México y Puebla. El estudio advierte que el PERE no garantiza la seguridad y que el riesgo de un accidente grave es inaceptable.
El 19 de abril 1993 trabajadores de Laguna Verde declaran a los medios de comunicación que fueron arrojados millones de litros de agua contaminada a la laguna y al mar por la núcleo eléctrica.
El 27 de agosto de 1995 fue publicada, en el Diario de Xalapa, la denuncia de que en Laguna Verde se incineran desechos radioactivos, acto violatorio de las normas nacionales e internacionales.
El 12 de abril de 1999 grupos ambientalistas, ex trabajadores de Laguna Verde y especialistas en geología, solicitan al Congreso general, que se realice una auditoría técnica y administrativa independiente a la central nuclear de Laguna Verde.
El 15 de julio de ese año la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) encuentra graves irregularidades administrativas e inhabilita a 10 funcionarios de alto nivel de la central nuclear.
El 12 de octubre de 1999 el núcleo del reactor uno queda casi al descubierto luego de haber perdido el agua que lo rodeaba. Este evento podría haber causado la fusión del núcleo del reactor, generando un accidente de consecuencias similares o mayores al ocurrido en Chernobyl, Ucrania.
El 6 de enero de 2000 se dio a conocer el informe elaborado por el organismo internacional, World Association of Nuclear Operators (WANO) que califica la seguridad de Laguna Verde como "mala". El reporte de WANO reprueba el desempeño de los operadores y su preparación, así como la falta de una dirección adecuada de la central nuclear. WANO confirma las denuncias presentadas por agrupaciones ambientalistas, así como la necesidad de que se realice una auditoria independiente a la central nuclear.
Esta central, luego de 15 años de operación, y al 50% de su vida útil, podría constituirse en un peligro real para los habitantes de las localidades ubicadas en por lo menos un radio de 120 km, ya que en el proceso es necesario la utilización de uranio enriquecido, elemento químico de muy alta peligrosidad, cuyo manejo requiere del cumplimiento de un estricto protocolo de operación técnica, que debe ser evaluado no solo por los órganos competentes del Ejecutivo federal, sino por la propia sociedad, y organizaciones internacionales a fin de prevenir tragedias, como las suscitadas en otra partes del mundo.
Esta situación es reconocida en el ámbito internacional, ya que la Asamblea de las Naciones Unidas inició desde hace algunos años una estrategia integral conocida como Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, que implica la creación de una comisión que analice, investigue y revise su funcionamiento para la prevención de los desastres en los procesos nacionales de planeación del desarrollo.
No hay duda que los recursos naturales forman parte de la riqueza de una nación y que el medio ambiente sano debe ser una de las prioridades del gobierno para proporcionar la garantía establecida en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el Estado debe regular y fomentar su uso y aprovechamiento en un marco de racionalidad, que no altere el equilibrio de los ecosistemas ni deteriore el ambiente, poniendo en peligro la salud humana, fauna y las especies de flora.
Urge la necesidad de implementar una inspección en la zona de la central de Laguna Verde, ya que todo buen gobierno tiene la responsabilidad de dotar a la sociedad de instrumentos que hagan efectivas las garantías constitucionales de respecto a la vida humana, fauna, ecosistema y a la seguridad en su conjunto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Se integra una Comisión de Investigación del funcionamiento de la central núcleo eléctrica de Laguna Verde, con el objetivo de analizar y evaluar su debida operación y proponer las acciones preventivas y correctivas que en su caso proceda, verificando que la Comisión Federal de Electricidad garantice la seguridad y tranquilidad de los habitantes, así como también salvaguardando el entorno ecológico en un radio de al menos 120 kilómetros, a partir de la ubicación de la central Laguna Verde, por eventuales efectos de contaminación radioactiva.
Segundo.- Se exhorta al Gobierno Federal compense a los habitantes incluidos en esa zona de mediano y alto riesgo, estableciendo programas de tarifas preferenciales al consumo eléctrico doméstico incluyendo a la pequeña y mediana empresa e infraestructura agrícola.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 30 de noviembre de 2004.
Dip. Gustavo Moreno Ramos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A CREAR UN PROGRAMA FEDERAL DE APOYO A LA JUVENTUD, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL AMEZCUA ALEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El actual Plan Nacional de Desarrollo establece la necesidad de un modelo nacional de desarrollo en el que exista un verdadero impulso de la juventud nacional, también reconoce que la población juvenil ocupa un importante espacio dentro del desarrollo nacional, por lo que como estrategia es importante incorporar integralmente programas sociales hacia este sector, permitiendo que cuente con los canales adecuados para su mejor desarrollo social y económico.
La población joven en México se ha incrementado de manera significativa en los últimos años, y lo seguirá haciendo en el futuro próximo como consecuencia del efecto del alto crecimiento demográfico en el pasado.
Está expuesta a los efectos de las contradicciones y de la desigualdad social como el desempleo, el subempleo, la imposibilidad de continuar los estudios, la carencia de oportunidades, de capacitación, la desnutrición, las enfermedades y la migración forzosa.
Esa vulnerabilidad social puede generar expresiones y fenómenos sociológicos como la huida del núcleo familiar, la adopción de conductas nocivas para ellos y quienes los rodean, la apatía, la inactividad, la violencia, la criminalidad, el consumo de drogas, alcohol, tabaco, y la prostitución.
Es evidente que ha faltado una mayor coordinación entre las distintas dependencias que atienden directa o indirectamente al sector, impidiéndose con ello el mejor aprovechamiento de los recursos destinados.
La problemática y los nuevos perfiles de la juventud mexicana, demandan la creación y aplicación de programas sociales de promoción y apoyo a proyectos productivos para la generación y conservación de empleos, así como para la adquisición de maquinaria, equipo de trabajo, herramientas, adquisición de materias primas o materiales de trabajo.
Por lo anteriormente expuesto y considerando:
Que para cumplir los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo, la administración pública se organiza mediante programas de gobierno, los cuales surgen de acuerdo con requerimientos específicos de la población en busca de encontrar un mayor impulso al desarrollo social y humano de los mexicanos.
Que la creación de un fondo para jóvenes que apoye aquellos proyectos que presenten viabilidad financiera y que generen empleos o desarrollen la innovación de un producto, debe ser considerado por el Ejecutivo federal como un justo y claro estimulo a la juventud emprendedora en nuestro país.
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a crear un programa de apoyo social a la juventud, coordinado por el Instituto mexicano de la Juventud.
Segundo. El programa de apoyo a jóvenes estará incluido dentro de los programas sociales de gobierno y deberá considerarse dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 30 de noviembre de 2004.
Dip. Miguel Amezcua Alejo (rúbrica)
El que suscribe, diputado federal Norberto Enrique Corella Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo décimo quinto del Acuerdo parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicito a esta Presidencia, tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a efecto de que se elabore a la brevedad posible el dictamen correspondiente a la iniciativa presentada el 15 de abril de 2004, la cual reforma el artículo 88 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La facultad del Congreso de la Unión y de la Comisión Permanente en su caso, para permitir ausentarse del país al Presidente de la República responde a acontecimientos históricos que en su momento tuvieron su razón de ser, como lo es la atención y correcto despacho de una gestión de tan alta encomienda.
Sin embargo, es importante destacar el avance tecnológico que han tenido con el paso del tiempo, tanto el transporte como los sistemas de comunicación. Distancias que antes hubieren requerido mucho tiempo recorrer, hoy día representan unas cuantas horas, por lo que a la presencia física se refiere, y de manera inmediata si de comunicación hablamos, garantizándose con ello la gobernabilidad del país.
La administración eficiente de nuestro país, demanda una norma dinámica que permita al presidente ausentarse por tiempo determinado para poder atender con rapidez las tareas que requiere tal función.
Cabe indicar que la reforma propuesta el 15 de diciembre de 1965, por la que se extendió a la Comisión Permanente la facultad de otorgar el permiso al Presidente del República de ausentarse del territorio nacional, tuvo como principal motivación, proporcionar un mecanismo para los casos en que el Congreso se encontrara en receso, y no tuviera que esperar a la apertura del periodo para poder ser autorizada, buscando con ello dar solución a una necesidad de proporcionar dinamismo en este proceso de autorización.
Esta nueva propuesta sencillamente es el paso siguiente que complementa el ya dado en la reforma del 65. Y es que el contexto internacional se vuelve cada día más exigente, en cuanto al aprovechamiento del tiempo se refiere, por lo que capitalizar las relaciones económicas y políticas, es una tarea ineludible.
Por lo anteriormente expuesto, a usted C. Presidente de la H. Cámara de Diputados en turno, atentamente le pido
Único. Tenga por presentada esta solicitud de excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que sea elaborado y presentado su dictamen respecto de la iniciativa de reforma al artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada ante el Pleno de esta H. Cámara, el día 15 de abril de 2004.
Palacio Legislativo de San Lázaro, H. Cámara de Diputados a 30 de noviembre de 2004.
Dip. Norberto Enrique Corella Torres (rúbrica)
A LAS COMISIONES DE GOBERNACION, DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE TURISMO, A SOLICITUD DE LA DIPUTADA NANCY CÁRDENAS SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal Nancy Cárdenas Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por este conducto, respetuosamente, solicito a la Presidencia de la honorable Cámara de Diputados, tenga a bien formular excitativa a la Comisiones de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Turismo, a fin de que presenten, ante el pleno de esta soberanía, el dictamen correspondiente a la proposición con punto de acuerdo mediante el que se les solicitó que analizaran y consideraran las opiniones de organizaciones y personalidades en relación al tema de casinos, contemplado en la iniciativa sobre la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos, de conformidad con lo establecido en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de los siguientes:
Antecedentes
El 19 de agosto del 2004, 45 personalidades y 7 organizaciones que participan de manera activa en la vida política, económica, social y cultural del país, publicaron en varios medios periodísticos un comunicado dirigido a los legisladores y a la opinión pública con el título "Casinos ¿Oportunidad o Error?", donde se manifiesta la preocupación porque se está discutiendo en la Cámara de Diputados un anteproyecto de Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos que busca legislar sobre casas de apuestas, así como autorizar casinos en nuestro país.
Derivado de lo anterior, el pasado 25 de agosto, en sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el diputado Omar Ortega Álvarez presentó a mi nombre una proposición con punto de acuerdo, que convocaba a diversas comisiones de la Cámara de Diputados, para que se analizará y en su caso, considerará la opinión de personalidades y organizaciones, con presencia en la vida política, económica, social y cultural del país, previo al dictamen de la iniciativa de la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos y en particular sobre el tema de casinos.
Consideraciones
En la proposición formulada se retoman las principales motivaciones del desplegado suscrito por las señaladas personalidades y organizaciones del país, incorporando cuestionamientos como: ¿Realmente con la instalación de los casinos en México llegarían más turistas a México? ¿Serían más y mejor remunerados los empleos que se generarían que los que se perderían por legalizar el juego? ¿Habría un ingreso neto de divisas mayor por la inversión extranjera y por el gasto de turistas extranjeros que acudirían a los casinos? ¿Qué repercusión tendría para quienes actualmente no participan en juegos con apuestas? ¿Beneficiaría a la población o la perjudicaría? ¿Qué costos económicos y de repercusiones sociales tendrían los jugadores compulsivos mexicanos que se generarán por cada casino que se instale en el país? Entre otros.
Por lo anterior, se planteaban dos aspectos fundamentales 1) que a la fecha no se han realizado estudios calificados o integrales, ni hay respuestas serias y confiables a las incógnitas planteadas, por lo cual, se afirma, que no se deben autorizar casinos sin que se tengan esas respuestas y 2) que es necesario hacer un alto en el camino y pugnar por que se realice un estudio imparcial y a fondo como sustento para autorizar o no los casinos y casas de apuestas, haciendo la recomendación de que ésta investigación debe realizarla la UNAM por su carácter interdisciplinario y por su prestigio de ser la máxima casa de estudios del país, señalando que al estudio deben sumarse otras instituciones e investigadores de prestigio.
Cabe señalar, que la preocupación que manifiestan los firmantes del comunicado no es ajena a la polémica que desde 1995 ha desatado el tema de los casinos en la sociedad mexicana y en particular en la H. Cámara de Diputados, por lo que se requiere obtener información suficientemente amplia para la toma de una mejor decisión.
En razón de lo anterior y, en virtud de que ha transcurrido en exceso el término establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, habiéndose cumplido con lo preceptuado por el artículo 88 del propio Reglamento, considero oportuno que se proceda a enviar excitativa en los términos reglamentarios, a las Comisiones de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Turismo, con la finalidad de que presente el dictamen ante el pleno de esta H. Cámara de Diputados a la mayor brevedad.
A usted, C. Presidente de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, atentamente solicito instruya lo conducente a fin de que:
Único. En los términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a las Comisiones de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Turismo a fin de que turne a la brevedad, ante el pleno de la Cámara, el dictamen respectivo de la iniciativa mencionada.
Dip. Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica)