• De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 225 y 376 Bis de la Ley General de Salud.

 
• De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 165 Bis y 165 Ter al Código Federal de Procedimientos Penales.

 
• De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

 
• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos José Luis Cuevas y Novelo, Francisco Javier Montes Alvarado, Guillermo Galván Galván, y Julio Víctor Michaud de Nerare y Gaona para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a varios ciudadanos para prestar servicios a gobiernos extranjeros.

 
• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Felipe Camelo Schwarz y Pol Popovic Karic para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Guatemala en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas; y de Serbia y Montenegro en la ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el estado de Nuevo León, respectivamente.

 
• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar a la Semarnat a crear un fondo de protección del sistema de barrancas del poniente del Distrito Federal.

 
• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal que expida el decreto presidencial que contenga la declaratoria de área natural protegida, en la categoría de reserva de la biosfera, de la zona conocida como Ojos de Agua del río Talpa de Allende, Jalisco.

 
• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que declare como área natural protegida el parque ecológico estatal de Omiltemi, Guerrero.

 
• De la Comisión de Juventud y Deporte, con puntos de acuerdo para rendir un homenaje y entregar un reconocimiento a los atletas mexicanos Ana Gabriela Guevara Espinoza, Hugo Sánchez Márquez y Julio César Chávez González.

 
• De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo acerca de los avances y resultados de los programas de productividad y modernización de Luz y Fuerza del Centro y de la Comisión Federal de Electricidad.
• De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo para exhortar a Petróleos Mexicanos a tomar medidas para solucionar el riesgo que representa la venta, desaparición o subutilización de la terminal marítima de Ciudad Madero.

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a proceder de inmediato a la destitución del delegado de dicha dependencia en el estado de Baja California Sur, a investigar los presuntos actos de corrupción y negligencia cometidos por ese funcionario y a informar de los hechos a la Secretaría de la Función Pública, a cargo de la diputada Esthela Ponce Beltrán, del grupo parlamentario del PRI.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a suprimir del Catálogo de Profesiones y Oficios -a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos- la correspondiente al salario profesional de enfermero (a) con título, a cargo de la diputada Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del PRI.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal y al del estado de Chiapas a atender la situación de violencia que vive nuestro país debido al grupo Mara Salvatrucha, a cargo del diputado Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del PVEM.
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita la inmediata intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para impedir un nuevo fraude, en perjuicio de pequeños ahorradores, vía la operación de diversas cajas de ahorro, a cargo del diputado Manuel Pérez Cárdenas, del grupo parlamentario del PAN.

 
• Con punto de acuerdo, para que las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, y la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación investiguen y procedan en consecuencia en relación con la falta de cobro de multas económicas por concepto de sanciones a servidores públicos, y con el destino y la aplicación de mil cuatrocientos millones de pesos asignados a la Secretaría de la Función Pública, así como con el pago de 17 millones de pesos hecho por esta dependencia a una empresa de la que son socios mayoritarios los hijos del auditor superior de la Federación, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del grupo parlamentario del PRD.

 
• Con punto de acuerdo, para solicitar al Gobierno Federal que manifieste la preocupación por la aplicación de la Ley 200 al gobierno del estado de Arizona, Estados Unidos de América, a cargo del diputado Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del PRI.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas entidades a que liquiden de inmediato el adeudo de las cuotas y aportaciones que tienen con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Roberto Colín Gamboa, del grupo parlamentario del PAN.
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ratificar la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, a cargo del diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del PRD.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al procurador general de Justicia del Distrito Federal a informar sobre las investigaciones de los homicidios de mujeres en edad avanzada en la Ciudad de México, a cargo del diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del PAN.
• Con punto de acuerdo, relativo al nombramiento de Arturo Chávez Chávez como subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del PRD.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ordenar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, a través de diversas instituciones coordinadas por el INEGI, se lleve a cabo un censo nacional de sociedades cooperativas, a cargo del diputado Israel Tentory García, del grupo parlamentario del PRD.
• Con punto de acuerdo, relativo a la violencia sexual y tortura de que fueron objeto mujeres indígenas por parte de miembros de las Fuerzas Armadas en el estado de Guerrero, a cargo de la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del PRD.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer y último párrafo del artículo 225 y la fracción I del articulo 376 Bis, de la Ley General de Salud, presentada por la Diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el dictamen relativo a la Iniciativa antes mencionada, el cual se realiza bajo la siguiente:

METODOLOGÍA

I.- En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo en turno para la elaboración del dictamen respectivo, así como de los trabajos previos de la Comisión dictaminadora.

II.- En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO" se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III.- En el capítulo de "CONSIDERACIONES", La Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen.

I ANTECEDENTES

La diputada Federal María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario Del Partido Revolucionario Institucional, el día 29 de Abril del año 2004, durante el segundo periodo ordinario de sesiones, de la LIX Legislatura, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer y último párrafos del artículo 225 y la fracción I del artículo 376 Bis, de la Ley General de Salud.
 

II CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Avocada la Comisión al estudio de la misma, para su atención y respuesta, se desprende que, de la investigación realizada y en análisis a la legalidad para conocer y resolver del asunto planteado, resulta conveniente analizar lo que a continuación se señala;

F. La Comisión que dictamina considera que la modificación que procede realizar al primer párrafo del artículo 225 no estaría en el sentido de la propuesta de la iniciativa referida, sino de dejar perfectamente claro que la denominación genérica será obligatoria en el etiquetado y empaque de tal manera de que esta denominación siempre figure en esos elementos.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 225 Y 376 BIS, DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Único. Se reforma el artículo 225 en su primer y último párrafo y la fracción I del artículo 376 Bis, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 225. Los medicamentos, para su uso y comercialización, serán identificados por sus denominaciones genérica y distintiva. La identificación genérica será obligatoria en el etiquetado y empaque de los medicamentos.

En la denominación distintiva no podrá incluirse clara o veladamente la composición del medicamento o su acción terapéutica. Tampoco indicaciones en relación con enfermedades, síndromes, síntomas, ni aquéllas que recuerden datos anatómicos o fenómenos fisiológicos, excepto en vacunas y productos biológicos.

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma en la que las denominaciones señaladas deberán usarse.

Artículo 376 Bis. El registro sanitario a que se refiere el artículo anterior se sujetará a los siguientes requisitos:

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Diputados.

Así lo acordaron y firmaron los diputados integrantes de esta Comisión de Salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 29 de septiembre de 2004

Diputados: José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Rafael García Tinajero (rúbrica), Raúl Rogelio Chavarría Salas (rúbrica), María del Rocío Jaspeado V. (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Maki Esther Ortíz Domínguez (rúbrica), Francisco Rojas Toledo, José Luis Treviño Rodríguez, Jesús Aguilar Bueno, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), José García Ortiz, Isaías Soriano López, Rosa Hilada Valenzuela Rodelo (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, José Porfirio Alarcón Hernández, María Angélica Díaz del Campo (rúbrica), Julio Boltvinik Kalinka, Javier Manzano Salazar, Irma S. Figueroa Romero, José Luis Naranjo y Quintana, Raúl Piña Horta, María Angélica Ramírez Luna.
 
 
 

DE LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 165 BIS Y 165 TER AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen de la:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 165 BIS Y 165 TER AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

ANTECEDENTES

Primero.- En sesión celebrada por la H. Cámara de Diputados, con fecha 29 de abril de 2004, el Diputado Sergio Vázquez García, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentó al pleno de esta H. Cámara de Diputados, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 165 BIS Y 165 TER AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Segundo.- En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante Oficio número D.G.P.L. 59-II-3-653, ordenó que se turnara dicha Iniciativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su estudio y dictamen.

Tercero.- Los miembros integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la LIX Legislatura, procedieron al estudio de la Iniciativa aludida, habiendo efectuado múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en la Iniciativa que se discute.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- De la Iniciativa en estudio se desprenden los siguientes argumentos principales:

Por otra parte, también se cuenta con el Sistema Nacional de Seguridad Pública en donde se formaron una serie de bases de datos relacionados con el delito y la justicia. Estos sistemas de registro, entre otra información, proporcionan datos de los probables responsables de algún delito, indiciados, procesados y sentenciados de cada una de las entidades federativas.

Asimismo, se cuenta con el Archivo Nacional de Sentenciados, que contiene los registros e información de quienes han sido sentenciados por delitos federales en toda la República y de los sentenciados del fuero común en el Distrito Federal; y, además, con un Listado de Sistemas de Datos Personales y entre la base de datos más importante se encuentra: El Registro Nacional de Identificación, Registro Nacional de Procesados y Sentenciados y el Registro de Control de Expedientes.

En resumen, en este punto, el proyecto en análisis, hace referencia a los distintos Sistemas Registrales que tiene México, así como las Instituciones y Organizaciones gubernamentales que actualmente llevan a cabo el control y archivo de datos relativos a los sujetos que han sido procesados, sentenciados y liberados. Para concluir que, en cuanto a la protección del derecho de privacidad de los sentenciados y liberados, la ciencia Penológica no ha sido completamente eficaz y congruente.

TERCERA.- Asimismo, la Iniciativa refiere, que la protección de la privacidad es un derecho fundamental de las personas y, por ello, se debe de contar con un marco regulatorio que proteja el flujo de información y, en consecuencia, la privacidad del individuo. Es importante tomar en cuenta que existen dos principios fundamentales para el resguardo de la intimidad de cada sujeto: Por un lado, la protección a la privacidad y, por el otro, el libre flujo de información. La protección de la información personal contenida en la base de datos se relaciona con el derecho individual de respeto a la vida privada. Por otra parte, el libre flujo de información está claramente relacionado con los derechos individuales de libertad de expresión y libertad de prensa.

Aunado a lo anterior no se cuenta con una regulación eficaz en cuanto al derecho de privacidad y este derecho tiene suma importancia, pues se ve reflejado en la extracción y el manejo de archivos confidenciales que imposibilita que un ex convicto se desarrolle en un ámbito laboral, ya que cualquier entidad puede sustraer información penológica.

La ficha signalética empleada está integrada por datos que corresponden a la vida privada del individuo y, su incorrecta utilización administrativa y judicial, podrían llegar a vulnerar los derechos a la personalidad como lo son la honra y la fama pública. Por lo anterior, deben establecerse en la ley mecanismos que garanticen al ex indiciado su incorporación a la vida pública una vez que se ha liberado de la carga judicial.

Por ejemplo, existe discriminación laboral, cuando se exige la carta de no antecedentes penales para obtener un empleo.

CUARTA.- Por otra parte, y en apoyo a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia ha manifestado en tesis jurisprudencial, de fecha 11 de marzo de 1987:

"FICHA SIGNALETICA, CANCELACION DE LA, COMO EFECTO DEL AMPARO CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISION.

Tomando en consideración que conforme a lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, los efectos de las sentencias que conceden la protección federal consisten en que vuelvan las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificándose el acto reclamado y los subsecuentes derivados, en el caso de un auto de formal prisión, la autoridad responsable, al restituir al quejoso en el goce de sus garantías violadas, dictando el auto de libertad correspondiente, también debe ordenar la cancelación de la ficha signalética o identificación administrativa del procesado, por ser ésta una consecuencia directa de dicha determinación, según se desprende de lo estatuido en los artículos 161 y 165 del Código Federal de Procedimientos Penales".

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. Queja 5/87. Crescenciano Alvarez Valdez. 11 de marzo de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Ernesto Rosas Ruiz. Séptima Epoca, sexta parte: Volúmenes 217-228, pág. 697. Queja 3/87. Cesar Manuel Casalderrey Leal. 11 de agosto de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: José Antonio Hernández Martínez. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca. Volumen 217-228 Sexta Parte. Pág. 304. Tesis Aislada.

QUINTA.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora coincide con la propuesta de modificar el cuerpo normativo penal para regular la obligación de eliminar los registros administrativo judiciales para la identificación de aquellas personas cuyo proceso penal haya concluido con una sentencia absolutoria que haya causado estado, se haya dictado el sobreseimiento sobre la totalidad de los delitos a los que se refiere la causa, o bien, en el caso de reconocimiento de inocencia, contemplado en el artículo 96 del Código Penal Federal, toda vez que la utilización de ésta puede ser utilizada en perjuicio de la persona dañando su imagen, su reputación y, además, es utilizada como elemento de discriminación y podría violar su derecho constitucional a reintegrarse a la vida productiva en sociedad.

Así, después de estudiar detenidamente el proyecto contenido en la Iniciativa presentada, los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sometemos a la consideración de la Asamblea el siguiente:

DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 165 BIS Y 165 TER AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Artículo Único.- Se adicionan los artículos 165 Bis y 165 Ter al Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 165 Bis.- Se procederá a la cancelación del documento de identificación administrativa que establece el artículo 165 de la presente Ley, en los siguientes supuestos:

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputados: Rebeca Gódínez y Bravo, Presidenta (rúbrica); Leticia Gutiérrez Corona, secretaria (rúbrica); Fidel René Meza Cabrera, secretario (rúbrica); Miguel Ángel Llera Bello, secretario (rúbrica); Francisco Javier Valdéz de Anda, secretario (rúbrica); Gilberto Ensástiga Santiago, secretario; Félix Adrián Fuentes Villalobos, secretario (rúbrica); Kenny Denisse Arroyo González, Mario Carlos Culebro Velasco, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica), Bernardo Vega Carlos (rúbrica), Miguel Ángel Yunes Linares, Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre (rúbrica), Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (rúbrica), Ernesto Herrera Tovar (rúbrica), Sergio Penagos García (rúbrica), Leticia Socorro Userralde Gordillo (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo, Diana Rosalía Ladrón de Guevara, Angélica de la Peña Gómez, Juan García Costilla, Miguelángel García-Domínguez, Jaime Miguel Moreno Garavilla.
 
 

DE LA COMISION DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, le fue turnado para su análisis y dictamen la minuta con Proyecto de Decreto que Reforma Diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores enviada por el H. Senado de la República.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 fracciones a) y f), 73 fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, numeral 6 fracción f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 57, 60, 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión es competente para conocer del asunto en cuestión y por lo tanto, somete a consideración del Pleno de esta soberanía, el presente Dictamen con proyecto de Decreto que Reforma Diversos Artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I. En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el día 20 de Abril de 2004, los CC Secretarios de la Mesa Directiva, recibieron el expediente que contenía la Minuta Proyecto de Decreto que Reforma Diversos Artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores remitida por el H. Senado de la República.

II. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó para su análisis y dictamen la minuta de referencia a la Comisión de Atención a Grupos Vulenerables.

III. Con fecha 28 de Septiembre de 2004, los Diputados integrantes de esta Comisión se reunieron para analizar, discutir y aprobar el dictamen que hoy se presenta a esta soberanía.

CONSIDERACIONES

1.- Que actualmente nuestro país se encuentra experimentando un proceso de transición sociodemográfica como consecuencia de la inversión de la pirámide poblacional, lo cual trae consigo, un aumento en el número de personas adultas mayores por lo que su peso e importancia, es cada vez mayor.

2.- Que el proceso de transición sociodemográfica es irreversible y está llamando a imponer modificaciones de fondo en la elaboración de políticas públicas, legislación, diseño y operación de las instituciones, prioridades presupuéstales, conciencia social y normas de convivencia.

3.- Que los adultos mayores son fuente de sabiduría y experiencia y que han contribuido con su trabajo y aportaciones a la construcción de nuestro país. Pese a lo anterior, la mayoría no son valorados en su justa dimensión y son objeto en muchas ocasiones de discriminación, violencia, abusos, abandono entre otros.

4.- Que una de las acciones que se instrumentaron para cambiar tal situación, fue la aprobación de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, el 30 de abril de 2002 por la Cámara de Diputados y su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de ese mismo año. Se planteó como un ordenamiento que reconociera y otorgara una amplia gama de derechos, hiciera posible la suma de esfuerzos del poder legislativo, gobierno federal y sociedad civil además de crear el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, como el órgano rector de las políticas públicas dirigidas hacia ese sector.

5.- Que la proponente de la iniciativa de reformas a la Ley, objeto de este dictamen, la Senadora Emilia Patricia Bravo Martinez, afirmaba al momento de presentación de la misma, que: "una de las obligaciones de los legisladores, es velar porque todos y cada uno de los instrumentos jurídicos que norman la vida de los mexicanos, sean acordes a la realidad y se encuentren libres de errores en su estructura; las mejores leyes pueden resultar inútiles si no se hacen accesibles para lograr su conocimiento general y en consecuencia su eficaz aplicación; una ley accesible para todas y cada una de las personas a quienes va dirigida, tenderá a disminuir los comportamientos arbitrarios de las autoridades y de los miembros de la sociedad"

6.- Que en tal virtud, se proponía una reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en su aspecto estructural, ya que a las personas adultas mayores se les ha denominado en diversas formas, que van desde términos despectivos como viejos o senectos, hasta otros más técnicos como personas de la tercera edad, personas en edad senescente, adultos mayores, adultos en plenitud, gente grande o personas adultas mayores.

7.- Que si bien es cierto, la ley en cuestión presenta algunas fallas de técnica jurídica y legislativa como es el caso del artículo tercero, fracción primera de la Ley en cita, se señala que para los efectos de la propia Ley, "se entenderá por persona adulta mayor: aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional", sin hacer referencia alguna en este apartado de conceptos y definiciones, sí el término persona adulta mayor tendrá algún otro concepto que se utilizará como sinónimo; no obstante lo anterior, en diversos artículos de la Ley, se utilizan los conceptos de "adulto mayor" y "personas de la tercera edad", como sinónimos de personas adultas mayores, no es en sí, un cambio a la estructura de la Ley, ya que esta en sus partes y componentes permanece sin cambio, siendo lo único que se modifica, la denominación o terminología.

Sin embargo, es pertinente unificar la denominación con la que se va a ubicar socialmente a este grupo de personas, sobre todo para evitar que en ese mismo sector, se despierten dudas, cree confusiones y que provoquen una falta de certidumbre en la población en general y sobre todo de quienes tienen la obligación de aplicar Ley, coincidiendo en esto con la preocupación de la colegisladora.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente:

DECRETO

QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

ARTICULO ÚNICO.- Se reforman, los artículos 4, fracción II; 5, fracción IV, inciso b; 6, fracciones I y III; 10, primer párrafo y fracción XX; 15; 16, fracciones I y II; 17, primer párrafo y fracción VII; 18, primer párrafo y fracción IX; 19, primer párrafo; 20, fracción II; 28, fracciones I, III, VI, IX, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XX, XXIII, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 31, primer párrafo; 38, primero y segundo párrafos; 48; y la denominación del Capítulo III, del Título Quinto; todos ellos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 4.- ...

Artículo 5.- ...

Artículo 16.- ...

............

TITULO QUINTO
CAPITULO III DEL CONSEJO CIUDADANO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES.

Artículo 38.- El Instituto contará con un Consejo Ciudadano de personas adultas mayores, que tendrá por objeto conocer el seguimiento dado a los programas, opinar sobre los mismos, recabar las propuestas de la ciudadanía con relación a las personas adultas mayores y presentarlas al Consejo Directivo.

Este consejo se integrará con diez personas adultas mayores de sobresaliente trayectoria en el área en que desempeñen, de manera equitativa en cuanto a género, los cuales serán seleccionados por el Consejo Directivo a convocatoria formulada a las instituciones públicas o privadas.

.........

Artículo 48.- Las instituciones públicas y privadas, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención a las personas adultas mayores, deberán ajustar su funcionamiento a lo dispuesto por las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Técnicas y los reglamentos que se expidan para este efecto.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 15 de abril de 2004.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de Septiembre de Dos mil Cuatro.

Firman el presente dictamen

Por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables:

Diputados: Adriana González Furlong (rúbrica), Presidenta; Francisco Javier Bravo Carbajal (rúbrica), secretario; Laura Elena Martínez Rivera (rúbrica), secretaria; Homero Ríos Murrieta (rúbrica), secretario; Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), secretario; Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Gaspar Ávila Rodríguez (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica), Emilio Badillo Ramírez (rúbrica), Virginia Yleana Baeza Estrella (rúbrica), Abraham Bagdadi Estrella (rúbrica), Álvaro Burgos Barrera (rúbrica), Florencio Collazo Gómez (rúbrica), Santiago Cortés Sandoval (rúbrica), Ma. Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Manuel González Reyes (rúbrica), Ma. del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica), Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Ma. Isabel Maya Pineda (rúbrica), Alfonso Moreno Morán (rúbrica), Jose Luis Naranjo y Quintana (rúbrica), Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica), Evangelina Pérez Zaragoza (rúbrica), Mayela Quiroga Taméz (rúbrica), Martha Leticia Rivera Cisneros (rúbrica), Benjamín Sagahón Medina (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Norma Elizabeth Sotelo Ochoa (rúbrica), Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS JOSÉ LUIS CUEVAS Y NOVELO, FRANCISCO JAVIER MONTES ALVARADO, GUILLERMO GALVÁN GALVÁN, Y JULIO VÍCTOR MICHAUD DE NERARE Y GAONA PARA ACEPTAR Y USAR LAS CONDECORACIONES QUE LES CONFIEREN GOBIERNOS EXTRANJEROS

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con las Minutas Proyecto de Decreto que conceden permiso a los ciudadanos Maestro José Luis Cuevas y Novelo, Capitán de Fragata CG. DEM. Francisco Javier Montes Alvarado, General de División DEM Guillermo Galván Galván e Ingeniero Julio Víctor Michaud de Nerare y Gaona, para aceptar y usar las Condecoraciones que en diferentes grados les confieren el Gobierno de la República de El Salvador, la Armada de los Estados Unidos de América, la Junta Interamericana de Defensa, el Ejército de la República de Nicaragua y el Gobierno de la República Francesa, respectivamente.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la Fracción III, del Apartado C), del Artículo 37 Constitucional y el Artículo 60, Segundo Párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Maestro José Luis Cuevas y Novelo, para que pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional del Libertador de los Esclavos "José Simeón Cañas", en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República de El Salvador.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano Capitán de Fragata CG. DEM. Francisco Javier Montes Alvarado, para que pueda aceptar y usar la condecoración "Meritorious Service Medal" que le confiere la Armada de los Estados Unidos de América.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Capitán de Fragata CG. DEM. Francisco Javier Montes Alvarado para que pueda aceptar y usar la condecoración "Medalla Especial y la Cinta de la Junta Interamericana de Defensa" que le confiere la Junta Interamericana de Defensa.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso al ciudadano General de División DEM Guillermo Galván Galván, para que pueda aceptar y usar la Medalla Conmemorativa XXV Aniversario del Ejército de Nicaragua, que le ha conferido el Ejército de la República de Nicaragua.

ARTICULO QUINTO.- Se concede permiso al ciudadano Ingeniero Julio Víctor Michaud de Nerare y Gaona, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito Agrícola, en grado de Caballero, que le confiere el Gobierno de la República Francesa.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 12 de noviembre de 2004.

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López (rúbrica), José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo, Consuelo Muro Urista (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández, José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica).
 
 

DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A VARIOS CIUDADANOS PARA PRESTAR SERVICIOS A GOBIERNOS EXTRANJEROS

HONORABLE ASAMBLEA:

En oficio fechado el 6 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los Ciudadanos ISAURA FERNANDA REBECA ORTEGA NAREDO, FERMÍN AZPE LÓPEZ, GUILLERMO BERMUDEZ ROMO, RAÚL HERNÁNDEZ FLORES, ANGÉLICA DONAJI ATRISTAIN MICHEL, BÁRBARA ADRIANA SINGH URÍAS, MARÍA CRISTINA BUSTAMANTE MORENO, JACQUELINE SANTILLÁN RÍOS, CLAUDIA LIZETH BELMONTES, GREGORIO PAZ GONZÁLEZ, LUIS EDUARDO GAMEZ LEÓN, ÁLVARO FRANCISCO AGUILAR LEÓN Y VANESSA MORFÍN BEAS, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; y en las Embajadas de Canadá, de Australia y de los Estados Unidos de América, en México, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 9 de noviembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso a la Ciudadana Isaura Fernanda Rebeca Ortega Naredo, para prestar servicios como Operadora de Teléfono, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso al Ciudadano Fermín Azpe López, para prestar servicios como Mecánico Eléctrico de Mantenimiento, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso al Ciudadano Guillermo Bermudez Romo, para prestar servicios como Supervisor de Mantenimiento, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso al Ciudadano Raúl Hernández Flores, para prestar servicios como Asistente de Material y Audio Visual, en la Embajada de Canadá, en México.

ARTICULO QUINTO.- Se concede permiso a la Ciudadana Angélica Donaji Atristain Michel, para prestar servicios como Asistente del Área Cultural y de Relaciones Públicas, en la Embajada de Australia, en México.

ARTICULO SEXTO.- Se concede permiso a la Ciudadana Bárbara Adriana Singh Urías, para prestar servicios como Investigadora en la Oficina de Aplicación de las Leyes Aduaneras y de Inmigración, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México.

ARTICULO SEPTIMO.- Se concede permiso a la Ciudadana María Cristina Bustamante Moreno, para prestar servicios como Asistente Administrativa en la Oficina de Asuntos Públicos, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

ARTICULO OCTAVO.- Se concede permiso a la Ciudadana Jacqueline Santillán Ríos, para prestar servicios como Secretaria en la Sección Diplomática-Biblioteca Benjamín Franklin, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México.

ARTICULO NOVENO.- Se concede permiso a la Ciudadana Claudia Lizeth Belmontes, para prestar servicios como Auxiliar de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

ARTICULO DECIMO.- Se concede permiso al Ciudadano Gregorio Paz González, para prestar servicios como Operador Telefónico, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México.

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Se concede permiso al Ciudadano Luis Eduardo Gamez León, para prestar servicios como Asistente de Recursos Humanos en el Área de Recursos Humanos, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Se concede permiso al Ciudadano Álvaro Francisco Aguilar León, para prestar servicios como Asistente de Recursos Humanos en el Área de Recursos Humanos, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México.

ARTICULO DECIMO TERCERO.- Se concede permiso a la Ciudadana Vanessa Morfín Beas, para prestar servicios como Oficinista de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 10 de noviembre de 2004.

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández, José Sigona Torres, Sergio Vázquez García (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano.
 
 
 

DE LA COMISION DE GOBERNACION, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS FELIPE CAMELO SCHWARZ Y POL POPOVIC KARIC PARA ACEPTAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO DE CÓNSUL HONORARIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CON CIRCUNSCRIPCIÓN CONSULAR EN LOS ESTADOS DE COAHUILA, DURANGO, NUEVO LEÓN, SAN LUIS POTOSÍ Y TAMAULIPAS; Y DE SERBIA Y MONTENEGRO EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CON CIRCUNSCRIPCIÓN CONSULAR EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, RESPECTIVAMENTE

HONORABLE ASAMBLEA:

En oficios fechados el 5 y 11 de octubre del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Felipe Camelo Schwarz y Pol Popovic Karic, puedan aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Guatemala, en la Ciudad de Monterrey con circunscripción consular en los Estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, y de Serbia y Montenegro, en la Ciudad de Monterrey con circunscripción consular en el Estado de Nuevo León, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 9 de noviembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano FELIPE CAMELO SCHWARZ, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Guatemala en la Ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en los Estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano POL POPOVIC KARIC, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Serbia y Montenegro en la Ciudad de Monterrey, con circunscripción consular en el Estado de Nuevo León.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 10 de noviembre de 2004.

Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila, secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briceño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Patricia Garduño Morales (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Pablo Alejo López Núñez, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica), Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández, José Sigona Torres, Sergio Vázquez García (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano.
 
 

DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SEMARNAT A CREAR UN FONDO DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE BARRANCAS DEL PONIENTE DEL DISTRITO FEDERAL

Honorable Asamblea

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 numeral 1, 45 numeral 6 inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 60, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales presenta el dictamen de la proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar a la SEMARNAT a crear un fondo de protección del sistema de barrancas del poniente del Distrito Federal en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2004 a cargo del Diputado Víctor Suárez Carrera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. con base en los siguientes

ANTECEDENTES

1. - Con fecha 13 de marzo de 2001 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el acuerdo que creó el Consejo para el Desarrollo Sustentable del Suelo de Conservación, Zonas Rurales y Áreas Naturales Protegidas del Distrito Federal. Este consejo está integrado por el Jefe de Gobierno, el titular de la Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal y los titulares de las delegaciones del Distrito Federal. El consejo ha sesionado a partir de 3 de abril de 2001 realizando 17 reuniones.. Entre otras comisiones que lo integran, existe la Comisión de Barrancas.

2. - El 24 de marzo de 2001 se aprobó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la propuesta con Punto de Acuerdo para solicitar la identificación, señalización y publicación de las Áreas Naturales Protegidas, zonas con suelo de Conservación y zonas de barrancas del Distrito Federal. En él se solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, utilizando la información contenida en el Programa General de Desarrollo Urbano, así como los programas delegacionales y parciales de desarrollo urbano y el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, proceda a identificar, señalizar y publicar cada una de las áreas protegidas, áreas de valor ambiental, zonas con suelo de conservación, áreas verdes y zonas de barrancas que se encuentran el Distrito Federal.

3. - Se realizó por parte de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal un inventario de las áreas verdes, así como de las áreas de interés ambiental, que incluye las áreas de barrancas.

4. - La Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, a través de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADER) está llevando a cabo un Programa de Conservación y Manejo Sustentable de las Barrancas del Distrito Federal.

5. - Se realizó una entrevista del equipo técnico de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, con el Comisionado para Barrancas en el Distrito Federal, Biólogo Saúl Segura, con la finalidad de esclarecer el tema de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, ya que existe referencia en los medios electrónicos de una partida para barrancas, la cual, según explicó el Comisionado, se abrió durante el gobierno pasado, sin embargo, este ya no existe (Dirección Ejecutiva de Proyectos Especiales de CORENA), como tampoco un área especifica para barrancas, y con ello solo queda el nombre de la apertura programática o el concepto que está disponible en Internet, sin que contemple recursos presupuestarios para el programa de barrancas.

6. - Existen recursos destinados a actividades de reforestación y limpieza de barrancas en el programa de empleo temporal, cuyas reglas de operación, en sus objetivos específicos para el caso de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, establecen que: "la aplicación de tales recursos deben contribuir a aumentar la productividad de las regiones marginadas, conservando el capital natural y promoviendo el manejo sustentable de sus recursos naturales, a través de acciones para la construcción, rehabilitación y mejoramiento de infraestructura ambiental y del cuidado y rehabilitación de los recursos naturales", y sus lineamientos establecen los criterios ambientales para determinar los municipios en donde se podrán aplicar tales recursos, entre los que encontramos: Que se encuentren en regiones prioritarias para la conservación, tanto en la modalidad de Areas Naturales Protegidas, así como en las de conservación de la vida silvestre" y "?Que sean zonas con altas tasas de deterioro de los recursos naturales, principalmente por procesos de degradación de suelos, deforestación y pérdida o deterioro de mantos acuíferos?", por tal razón los lineamientos generales de cobertura excluyen al Distrito Federal, y en consecuencia, no aparecen las comunidades del D.F. que incluyen zonas de barrancas, dentro de los listados anexos del Acuerdo publicado en el DOF del 10 de octubre de 2003 por el que los integrantes del Comité Técnico del Programa Empleo Temporal (PET), modifican las Reglas de Operación publicadas el 16 de abril de 2003 y modificadas el 29 de julio del mismo año.

7.- En las zonas de barrancas del Distrito Federal, existe problemática ambiental debido a:

CONSIDERACIONES

I.- Que en las barrancas del Distrito Federal existe una zona federal que debe ser delimitada por la Comisión Nacional del Agua según el artículo 3° del Reglamento de Aguas Nacionales.

II.- Que en la exposición de motivos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental se menciona, que la Ley pretende establecer claramente los ámbitos de actuación de cada uno de los Órganos de Gobierno, y la propia Ley precisa las materias que corresponden al Gobierno Federal, para evitar se generen vacíos que impidan la oportuna atención de los problemas ambientales en el país, mencionando que el artículo 116 frac. VII permite transferir atribuciones en materia ambiental de la Federación al Gobierno del Distrito Federal.

III.- Que la concurrencia de los tres niveles de gobierno puede ser establecida mediante leyes emitidas por el Congreso de la Unión según el artículo 73 XXIX-G constitucional y para el caso de materia ambiental se encuentra el antecedente en el artículo 1° de la Ley General para el Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental, mientras que el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal faculta al Jefe de Gobierno para celebrar convenios de coordinación en materia ambiental

IV.- Que aún siendo la Asamblea Legislativa la entidad facultada para aprobar el presupuesto del Distrito Federal y legislar en materia del medio ambiente y protección ecológica en su territorio según el artículo 122 constitucional y el artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, existen zonas federales que requieren atención presupuestaria.

V.- Que la Ley Ambiental del Distrito Federal en su artículo 3° establece como de interés público la zona federal de las barrancas, además en su artículo 87 que son consideradas áreas verdes, y en su artículo 90 bis 1 y 90 bis-2, que las barrancas perturbadas son consideradas como áreas de interés ambiental; y que para decretar barrancas perturbadas, se requiere de un diagnóstico ecológico elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, el cual determine el deterioro ambiental y que las áreas de interés ambiental, deberán de estar decretadas por el ejecutivo del Distrito Federal mediante un diagnóstico.

VI.- Que es la Comisión Nacional del Agua, la encargada de delimitar la zona federal de las barrancas de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales en su artículo 3°(La Comisión Nacional de Aguas tiene la facultad sobre las cuencas y riberas de las aguas nacionales de acuerdo al artículo 27 constitucional y 3°de la Ley Nacional de Aguas fracciones I y III y artículo 3° fracción VIII y el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, artículo 3° fracción I).

VII.- Que corresponde al sistema de aguas del Distrito Federal, realizar las acciones necesarias que eviten el azolve de la red de alcantarillado así como también rescatar, sanear, proteger y construir las instalaciones para aprovechar las aguas de los manantiales y pluviales que circulan por barrancas y cauces naturales, según La ley de Aguas del Distrito Federal en su Artículo 16 fracción XXI.

VIII.- Que existe una instancia dentro del Consejo para el Desarrollo Sustentable del Suelo de Conservación, Zonas Rurales y Áreas Naturales Protegidas del Distrito Federal, que es la Comisión de Barrancas, que puede ser la encargada de coordinar los esfuerzos y recursos para la conservación y restauración de las barrancas del Distrito Federal.

IX.- Que existiendo una partida presupuestal del Distrito Federal, y que la misma no cuenta con recursos siendo conveniente asignarlos, y así concretar los esfuerzos de la Comisión de Barrancas del Consejo para el Desarrollo Sustentable del Suelo de Conservación, Zonas Rurales y Áreas Naturales Protegidas del Distrito Federal que incluyen zonas federales.

XI.- Que existe el antecedente de una partida dentro del programa de empleo temporal de presupuesto del año 2003 para las acciones denominadas" reforestación y limpieza y de barrancas" y que no están disponibles para de la zona de barrancas del Distrito Federal.

Tomando en cuenta los antecedentes y considerandos anteriores, y debido a la concurrencia de responsabilidades de diferentes instancias federales y locales, como son de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno del Distrito Federal, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y de los Gobiernos de las Delegaciones y del Distrito Federal, aunado a la existencia de una entidad que es la Comisión de Barrancas del Consejo para el Desarrollo Sustentable del Suelo de Conservación, Zonas Rurales y Áreas Naturales Protegidas del Distrito Federal, que puede coordinar los esfuerzos de dichas instancias, así mismo, la existencia del Programa de Conservación y Manejo Sustentable de las Barrancas del Distrito Federal, que debe ser el programa especial en el que se promuevan las acciones concretas requeridas para la restauración y conservación de dichas barrancas, esta Comisión ha ponderado cambiar la redacción del texto del Punto de Acuerdo en su párrafo primero, que dice "Exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en coordinación con el gobierno del Distrito Federal integre un Fondo para la Protección del Sistema de Barrancas del Poniente del Distrito Federal, que permita integrar una instancia de coordinación entre autoridades de los diversos niveles de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, a objeto de impulsar un programa especial que promueva acciones concretas para su restauración y conservación?" para adecuarlo.

Además, la coordinación de esfuerzos basados tanto en los convenios de transferencia de las Áreas Naturales Protegidas, como los Programas de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, los Programas Parciales de las Delegaciones del Distrito Federal y el Programa de Conservación y Manejo Sustentable de las Barrancas del Distrito Federal requiere que se tengan previstos los recursos presupuestados tanto por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como por esta Soberanía y estén considerados en el Programa Sectorial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y en las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y previniendo que su implementación requiere tiempo por la naturaleza misma de la problemática de coordinación como, ambiental, territorial y social, esta Comisión consideró cambiar la redacción del párrafo II del Punto de Acuerdo, que expresa "?Aprobar, por parte de esta honorable representación en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 la partida presupuestal que se requiera para la consecución del punto anterior." ya que esta Comisión considera que durante este año se logre consolidar la base presupuestaria federal requerida para la conservación de barrancas del Distrito Federal.

Por lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero: Exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, para que a través de la ORENADER estructure el área para la Comisión de Barrancas del Distrito Federal, que permita coordinar el Programa de Conservación y Manejo Sustentable de las Barrancas del Distrito Federal.

Segundo: Exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el próximo Presupuesto de Egresos del Distrito Federal sea considerada una partida presupuestaria para la Comisión de Barrancas del Distrito Federal, siendo que dichos recursos deben de estar debidamente etiquetados para su destino en áreas naturales protegidas.

Tercero: Exhortar a la Semarnat, para que dentro de los anexos del Programa de Empleo Temporal puedan ser consideradas las zonas del Distrito Federal que incluyen barrancas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 22 días del mes septiembre de dos mil cuatro.

Por la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán, Presidenta (rúbrica); Francisco J. Lara Arano, secretario (rúbrica); Roberto A. Aguilar Hernández, secretario; Carlos M. Rovirosa Ramírez, secretario (rúbrica); José Luis Cabrera Padilla, secretario (rúbrica); Irene H. Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl R. Chavarría Salas, Lorena Torres Ramos, Mario E. Dávila Aranda, Regina Vázquez Saut (rúbrica), María G. García Velasco (rúbrica), Guillermo E. Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica). Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales, Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), Roberto A. Marrufo Torres, Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), Humberto Filizola Haces (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Francisco A. Jiménez Merino (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez.
 
 
 

DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL QUE EXPIDA EL DECRETO PRESIDENCIAL QUE CONTENGA LA DECLARATORIA DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA, EN LA CATEGORÍA DE RESERVA DE LA BIOSFERA, DE LA ZONA CONOCIDA COMO OJOS DE AGUA DEL RÍO TALPA DE ALLENDE, JALISCO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal, expida el decreto presidencial que contenga la declaratoria del Área Natural Protegida, en la categoría de Reserva de la Biosfera de la zona conocida como "Ojos de Agua del Río Talpa de Allende", Jalisco, presentada por el Dip. Francisco Javier Bravo Carbajal, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los diversos artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 19 de noviembre de 2003, el Diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal, expida el decreto presidencial que contenga la declaratoria de Área Natural Protegida, en la categoría de Reserva de la Biosfera de la zona conocida como "Ojos de Agua del Río Talpa de Allende", Jalisco.

2.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha acordó turnar la proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa para su análisis y dictamen a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

3.- Tomando como base los elementos de información disponibles así como la propuesta multicitada, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

1.- El papel que desempeñan las áreas protegidas en el campo de la conservación es esencial, ya que constituyen una importante herramienta para contener la degradación de los recursos naturales. Actualmente resulta difícil que la fauna, flora y los valores estéticos conservados puedan ser valorados desde el punto de vista económico; sin embargo, tienen una inmensa importancia para mantener los procesos ecológicos y los sistemas vitales esenciales y en la mayoría de los casos, representan un estilo de utilización sostenida de las especies y los ecosistemas (Moore y Ormazábal, 1988; Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza, UICN, 1980).

2.- La protección de zonas naturales es trascendental, porque mantienen la estabilidad ambiental de la región que la rodea, reducen la intensidad de las perturbaciones y protegen el suelo de la erosión; salvaguardan la capacidad productiva de ecosistemas, proporcionando la continua disponibilidad del agua, para plantas y animales; proveen de oportunidades para la investigación y el monitoreo de la vida silvestre, de los ecosistemas y sus relaciones con el desarrollo humano; proporcionan oportunidades para la educación en conservación y ecología; ofrecen alternativas para el desarrollo rural complementario y el uso racional de tierras marginales; y proveen una base para la recreación y el turismo (MacKinnon y Mackinnon, 1986).

3.- El conocimiento actualizado que se tenga de las áreas protegidas existentes particularmente en el Estado de Jalisco, constituye una importante y valiosa herramienta que ayudará en la toma de decisiones para su adecuada administración y manejo.

4.- En los 80,137 kilómetros cuadrados de extensión que tiene el Estado de Jalisco (Tamayo, 1987), encontramos un total de 10 áreas silvestres protegidas, que cubren aproximadamente el 2.5% de esta superficie, bajo decreto federal se encuentran establecidas una Reserva de la Biosfera, un Parque Nacional, dos Zonas de Protección Forestal y de la Fauna y cuatro Zonas de Reserva y Sitios de Refugio. Junto con las antes mencionadas, existe una Zona de Protección de la Flora y Fauna Marina, establecida bajo acuerdo de la Secretaría de Industria y Comercio (Diario Oficial, 1975); además de una Estación de Biología, la cual no cuenta con decreto oficial. Esto significa que en la Entidad se tienen 6 diferentes categorías de áreas protegidas.

De acuerdo a las categorías reconocidas por la Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza (UICN), encontramos que en Jalisco sólo se tienen 4 diferentes. Esto debido a que las Zonas de Protección Forestal, las Zonas de Reserva y la Zona de Protección de la Flora y Fauna Marina correspondiente a una sola de las categorías de la UICN (MacKinnon y MacKinnon, 1986; Diario Oficial, 1988).

Por otro lado, existe un hábitat muy significativo en Jalisco, el cual no ha sido protegido. Este se encuentra en el Municipio de Talpa de Allende, y se conoce como Cañada Ojo de Agua del Cuervo la cual presenta un ecosistema frágil. Este es conocido como bosque mesófilo de montaña (Rzedowski 1978) y presenta vegetación con alta riqueza florística y endémica (especies únicas). La elevada humedad atmosférica en gran parte del año y la mezcla de elementos florísticos holárticos (procedentes del hemisferio norte) y neotropicales (procedentes de Sudamérica) contribuyen a su gran variedad. Entre las características de éste tipo de vegetación destacan las epífitas y los helechos, las orquídeas tienden a ser numerosas y árboles como los del género Carpinus ("mora blanca"), Ostrya ("mora roja"), Alnus ("aile"), Magnolia ("magnolia"), Quercus ("encino o roble"), Juglans ("nogal"), Tilia ("cirimbo), Cornus ("azulillo") y Acer ("arce o maple") son encontrados frecuentemente en esta vegetación.

5.- Se calcula que aproximadamente 2,500 especies de plantas vasculares habitan de manera exclusiva o preferente en los bosques mesófilos de montaña en México, lo cual representa el 10% de la riqueza de plantas del país. En éste contexto, el bosque mesófilo de montaña "Cañada Ojo de Agua del Cuervo" es mucho más diverso que cualquier otro en México (Rzedowski 1991).

6.- En el año 2000, Vazquez-García et al, describieron además Acer saccharum subsp. skutchii (o Acer skutchii, "arce o maple"), Abies guatemalensis subsp. jaliscana ("oyamel"), Podocarpus reichei, Cyatheacostaricencis ("helecho arborescente"), y Matudaea trinervia ("cuencudo o naranjillo"), así como muchas otras especies típicas de bosque mesófilo. La riqueza de especies es mayor a la que se conoce en otros bosques como los de la Sierra de Manantlán, Jalisco (Jardel et al. 1996). En esta cañada se encuentran la mayoría de los géneros que se conocen del bosque mesófilo en el occidente de México (Vázquez et al. 1995). El arbolado es de maduro a viejo crecimiento, es decir incluye arbolado de gran tamaño, condición muy raramente encontrada en la mayoría de los bosques del occidente de México.

7.- El 21% de las especies se encuentran en peligro de extinción (entre ellas el arce y el oyamel) y el 15% se encuentra en alguna categoría de protección según la norma oficial mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2001) (Vázquez et al. 2000). El 20% son endémicas del occidente de México. El arce se considera en peligro de extinción debido a su reducida distribución geográfica y baja densidad, resultado del cambio de uso de suelo en los sitios próximos donde él habita. Las especies amenazadas o en peligro de extinción presentes en el bosque mesófilo de montaña de la cañada Ojo de Agua del Cuervo son:

Acer skutchii Rehder (arce o maple)
Ilex dugesii Fernald
Cyathea costarricencis (Jun) Domin. (helecho arborescente)
Alchornea latifolia
Matudaea trinervial Lundell
Juglans major (Torr) Séller. (nogal)
Magnolia pacifica A. Vázquez (magnolia)
Abies guatemalensis var. jaliscana (oyamel)
Podocarpus reichei Buchl. Et. N. Gray
Meliosma nesites I. M. Johnston
Tilia mexicana Schl. (cirimbo).

7.- Cañada Ojo de Agua del Cuervo es altamente frágil y podría ser dañada de manera irreversible, ya que dos de sus especies dominantes (arce y podocarpo) presentan un establecimiento exitoso estrictamente bajo lugares donde prevalece la sombra y declina su sobrevivencia cuando entra más luz en el interior de bosque. Lo anterior quizá se deba a que la mayor radiación solar, eleva las temperaturas aumentando la evaporación que podría estar deshidratando y secando las plántulas. Mientras que otra de las especies (Abies guatemalensis subsp. jaliscana, "oyamel"), también dominante, solo puede germinar si el microclima es lo suficientemente frío. La deforestación de las áreas vecinas y el efecto de borde incrementarían la temperatura del suelo debido a la mayor irradiación impidiendo así la germinación de dicha especie. Los helechos arborescentes requieren de alta humedad relativa, la cual, en este caso, existe gracias a la presencia de un arroyo permanente de un metro de ancho, el cual puede ser fácilmente alterado por la actividad forestal en las zonas vecinas y causar con ello una mortalidad de numerosas poblaciones que requieren alta humedad y podría causar la extinción local de numerosas especies y empobreciendo así, de manera irreversible, esta importante comunidad.

8.- La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados, ha recibido denuncias por parte de las autoridades del Municipio de Talpa de Allende, quienes señalan serias irregularidades por malos manejos de sus recursos forestales. Mencionan que se otorgó un permiso forestal por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT, por volúmenes de 10 mil metros cúbicos de madera (extracción por año); con una vigencia de 10 años. Las autoridades municipales de Talpa, sugieren que esta tala ha impactado gravemente a esta área, la cual funge como zona de captación de agua. También se menciona que no se han realizado las brechas contra fuego, combatido los incendios, ni respetado las distancias de cortas junto a los arroyos; además de que se realizan brechas en pendientes muy pronunciadas entre otras irregularidades.

9.- En la investigación realizada, se obtuvo la Propuesta de Conservación que el cuerpo técnico de Talpa de Allende propone, en donde se menciona que para asegurar la protección y conservación del bosque mesófilo de montaña de Talpa de Allende, se propone la creación de una Reserva de la Biosfera de 22,280 hectáreas, con zona núcleo de 2,337 ha. Todo lo anterior para evitar los efectos de la fragmentación de los bosques y el efecto de borde, considerando, que la mayoría de las especies de árboles y su regeneración están relacionados a condiciones de humedad constante a lo largo del año, bajas temperaturas en el suelo y a condiciones de baja a mediana incidencia lumínica (Vargas, en preparación).

10.- La diversidad, relictualidad, endemicidad y unicidad de la flora de los bosques mesófilos de montaña en México, les confiere una prioridad alta para su conservación (SEMARNAT). En México el bosque mesófilo de montaña ocupa una reducida extensión, de solo 2% del territorio nacional.

Por todo lo anterior, se considera que la cañada Ojo de Agua del Cuervo de Talpa de Allende debe ser protegida ya que alberga el mejor relicto de Pleistoceno de bosque mesófilo del occidente de México; un bosque de alta riqueza florística y sofisticada integración biogeográfica y ecológica; con arbolado de maduro a viejo crecimiento, elevado número de especies amenazadas y que además se encuentra en el nacimiento del arroyo que sustenta esta diversidad biológica, siendo además una de las principales fuentes de abastecimiento de agua del pueblo de Talpa de Allende.

Consecuencia de su alta fragilidad a la actividad forestal y al efecto de borde se recomienda la protección inmediata de la zona anteriormente descrita.

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. Se aprueba la Proposición de Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, a llevar a cabo las mesas de trabajo, en términos del artículo 58, a fin de evaluar la viabilidad decretar a "Ojos de Agua del Río Talpa de Allende" en el Estado de Jalisco como Área Natural Protegida; así como su respectivo programa de manejo y la categoría para su declaración

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 22 días del mes de septiembre de dos mil cuatro.

Por la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán, Presidenta (rúbrica); Francisco J. Lara Arano, secretario (rúbrica); Roberto A. Aguilar Hernández, secretario; Carlos M. Rovirosa Ramírez, secretario (rúbrica); José Luis Cabrera Padilla, secretario (rúbrica); Irene H. Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl R. Chavarría Salas, Lorena Torres Ramos, Mario E. Dávila Aranda, Regina Vázquez Saut (rúbrica), María G. García Velasco (rúbrica), Guillermo E. Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica). Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales, Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), Humberto Filizola Haces (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Francisco A. Jiménez Merino (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez.
 
 
 

DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES QUE DECLARE COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA EL PARQUE ECOLÓGICO ESTATAL DE OMILTEMI, GUERRERO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su análisis y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que declare como Área Natural Protegida al Parque Ecológico Estatal de Omiltemi, Guerrero, presentada por el Diputado Mario Moreno Arcos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 2º de abril de 2004.

Esta Comisión, con fundamento en los artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos; somete a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 2 de abril de 2004, se recibió la proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que declare como Área Natural Protegida al Parque Ecológico Estatal de Omiltemi, Guerrero, presentada por el Diputado Mario Moreno Arcos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, misma que fue turnada a esta Comisión para su análisis y dictamen por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presentada en la misma fecha.

Segundo. Con fecha 22 de septiembre de 2004, esta Comisión dictaminadora se reunió en Pleno para resolver sobre las Proposiciones en comento, motivada por los siguientes:

CONSIDERANDOS

Primero. Que desde la administración gubernamental federal de 1976-1982 existe la firme intención de decretar la región de Omiltemi como una zona de protección forestal y refugio de fauna silvestre, sin embargo aún no se ha consolidado como tal.

Existen documentos que reconocen al "Parque Ecológico Estatal Omiltemi" como una cuenca hidrográfica y forestal, sin embargo esta denominación carece de sustento jurídico, ya que ni es lo uno ni es lo otro en términos de decreto.

Segundo. Que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señala en su artículo 45 que "el establecimiento de áreas naturales protegidas, tiene por objeto (entre otros):

Tercero. Que tal y como lo señala la exposición de motivos el llamado Parque Ecológico Estatal Omiltemi es considerado uno de los siete centros mundiales de diversidad y endemismo de flora existente en México. Cuenta con una superficie de 3,971 hectáreas, es un sector de parteaguas de la Sierra Madre del Sur, de alto endemismo y riqueza en todos los grupos y presencia de especies de distribución restringida. Esta zona se desarrolla a lo largo de casi 900 km paralela a la costa del Pacífico, posee una altitud promedio de 2,000 m. Sin embargo, cuenta con algunas elevaciones que sobrepasan los 3,000 m. Se localiza en la parte central del Estado de Guerrero, entre los paralelos 17°35?39?? y 17°30?23?? de latitud norte y 99°38?46?? y 99°44?09?? de longitud Oeste aproximadamente a 15 km. al Oeste de la Ciudad de Chilpancingo.

Posee gran potencial hídrico, ya que su zona de captación acuífera provee de agua potable a la Ciudad de Chilpancingo, dado que en esta zona existen gran cantidad de cuerpos de aguas temporales y permanentes. Anteriormente, el río Omiltemi era de cause permanente, pero ahora los demás ríos están entubados, por lo que este río sólo transporta agua durante los meses de mayor precipitación.

En esta región se concentra un bosque de coníferas, pino y encino, y un bosque mesófilo de montaña. Este es uno de sus principales atractivos y también la causa de que se lleve a cabo la tala de estos bosques.

Asimismo, el sustento científico elaborado por los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México Isolda Luna Vega y Jorge Llorente Bousquets, señalan que la diversidad meso y microclimática que genera la fisiografía en Omiltemi, permite el establecimiento de condiciones variadas que soportan numerosas asociaciones vegetales con más de 1200 especies de plantas, hongos, insectos y vertebrados. Las comunidades de bosque cubren casi toda la zona y van desde encinares caducifolios a los extraordinarios bosques de niebla, pasando por numerosas asociaciones de pinares.

La riqueza biótica de Omiltemi es de 205 especies de hongos macroscópicos, de los cuales el 73.2% son registros nuevos para el Estado y el 7.3% para el país; cuenta con 595 tipos de plantas vasculares pertenecientes a 112 familias y 330 géneros, se estima que es un 2.5% de la flora nacional. Tiene además 103 especies de orquídeas que representan el 30% de las registradas en el estado. Existen unas 161 especies de mariposas, insectos ectoparásitos de mamíferos como las 14 especies de pulgas y piojos, 39 especies de anfibios y reptiles, 130 especies de aves y 54 especies de mamíferos.

Cuarto. Que en función de l anterior, la importancia de la riqueza no sólo radica en el número de especies encontradas sino la mezcla interesante biogeográfica que constituye, por la historia de sus elementos y del área misma, así como las particularidades ecológicas que ahí imperan.

Podría esperarse que los elementos endémicos registrados a la Sierra Madre del Sur y encontrados en Omiltemi, también se hallasen en otras áreas equivalentes ecológicamente en dicha Sierra, pero no es así. Varias especies endémicas sólo se han localizado en Omiltemi y áreas circunvecinas, otras más se ha registrado en Omiltemi y en la Sierra Madre Oriental y otras del Sur mexicano y el Eje Neovolcánico.

La Sierra Madre del Sur es una unidad morfotectónica compleja y bastante antigua que puede garantizar una taxa muy diferenciada como lo muestra el caso de las orquídeas.

En todos los grupos se encuentran elementos de amplia distribución, que se caracterizan a menudo por su gran vagilidad y/o valencia ecológica; por ello se registran frecuentemente en los ambientes más perturbados del parque Omiltemi.

Quinto. Que con este sustento, la Comisión dictaminadora considera viable la solicitud realizada por el diputado, a través de la proposición con Punto de Acuerdo para que se estudie la posibilidad de declarar a Omiltemi como Área Natural Protegida bajo alguna de las categorías establecidas en el Título II de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

En consecuencia y con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos; la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, somete a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el presente

DICTAMEN

ÚNICO. Se aprueba la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que declare como área natural protegida al Parque Ecológico Estatal de Omiltemi, Guerrero, presentada por el Diputado Mario Moreno Arcos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 2 de abril de 2004, en los siguientes términos:

Por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán, Presidenta (rúbrica); Francisco J. Lara Arano, secretario (rúbrica); Roberto A. Aguilar Hernández, secretario; Carlos M. Rovirosa Ramírez, secretario (rúbrica); José Luis Cabrera Padilla, secretario (rúbrica); Irene H. Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl R. Chavarría Salas, Lorena Torres Ramos, Mario E. Dávila Aranda, Regina Vázquez Saut (rúbrica), María G. García Velasco (rúbrica), Guillermo E. Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica). Bernardo Loera Carrillo (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales, Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), Humberto Filizola Haces (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Francisco A. Jiménez Merino (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Páez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez.
 
 
 

DE LA COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA RENDIR UN HOMENAJE Y ENTREGAR UN RECONOCIMIENTO A LOS ATLETAS MEXICANOS ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, HUGO SÁNCHEZ MÁRQUEZ Y JULIO CÉSAR CHÁVEZ GONZÁLEZ

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Juventud y Deporte le fue turnado para su estudio y dictamen el proyecto de punto de acuerdo, presentado por el Diputado Pedro Ávila Nevarez integrante del Partido Revolucionario Institucional para rendir un homenaje y entregar un reconocimiento a los atletas mexicanos Ana Gabriela Guevara Espinoza, Hugo Sánchez Marquez y Julio Cesar Chavez González.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración, el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

Primero.- En sesión celebrada el día 28 de octubre del presente año se turnó el presente proyecto de punto de acuerdo para su estudio y dictamen.

Segundo.- Los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte procedieron al estudio del proyecto presentado, suscribiéndolo bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

Como resultado del estudio del proyecto de punto de acuerdo turnado a esta Comisión de Juventud y Deporte, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- La LIX Legislatura de la Cámara de diputados del Honorable Congreso de la Unión realizará a través de la Comisión de Juventud y Deporte un homenaje donde se hará entrega de un reconocimiento a cada uno de los los atletas Ana Gabriela Guevara Espinoza, Hugo Sánchez Marquez y Julio Cesar Chavez González.

Segundo.- Facúltese a la Comisión de Juventud y Deporte para la realización del homenaje y entrega, en nombre de la H. Cámara de Diputados, del reconocimiento a dichos atletas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2004.

Diputados: José Manuel Carrillo Rubio (rúbrica), Presidente; Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica), J. Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), secretarios; Jesús Zúñiga Romero (rúbrica), Isaías Soriano López, María Isabel Maya Pineda, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), José Alfonso Muñoz Muñoz (rúbrica), Sergio Chávez Dávalos (rúbrica), Armando Leyson Castro (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), Ángel Paulino Canul Pacab (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), José Francisco Landero Gutiérrez (rúbrica), Maximiliano Alexander Rábago, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Rodolfo Esquivel Landa (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Marko Antonio Cortés Mendoza, Marisol Urrea Camarena (rúbrica), Rogelio Franco Castán, Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica), Yadira Serrano Crespo, Reynaldo Francisco Valdés Manzo, Lizbeth Rosas Montero (rúbrica), Alejandra Méndez Salorio, Jorge Roberto Ruiz Esparza Oruña.
 
 
 

DE LA COMISION DE ENERGIA, CON PUNTOS DE ACUERDO ACERCA DE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE PRODUCTIVIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO Y DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39 y 45, párrafo sexto, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Energía pone a consideración de los miembros de esta H. Asamblea el dictamen sobre dos proposiciones con punto de acuerdo que le fueron turnadas en relación con las empresas paraestatales Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En las sesiones celebradas en esta Cámara de Diputados el 23 de marzo y el 5 de abril de 2004, los CC secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de dos puntos de acuerdo presentados por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México sobre las empresas públicas del sector eléctrico. En ambos casos, el C. Presidente de la Mesa Directiva acordó el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Energía"

2. Específicamente, en el punto de acuerdo del 23 de marzo, los diputados proponentes exhortan a la Secretaría de Energía, para que, con la Junta de Gobierno descrita en el artículo 4° del decreto por el cual se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, implemente un programa que establezca metas concretas de modernización, productividad y eficiencia en la esa empresa pública, con el fin de homologar indicadores de la industria eléctrica paraestatal.

3. Por su parte, en el punto de acuerdo del 5 abril, se plantea exhortar a la Secretaría de Energía, para que implemente un programa de mantenimiento y capacitación al interior de todo el sector eléctrico paraestatal, así como de modernización para todas las unidades de generación que sean sujetas a mejoras tecnológicas durante los períodos que estén fuera de operación, con la finalidad de aumentar su eficiencia y competitividad.

CONSIDERACIONES

Contar con empresas eléctricas de alto nivel con capacidad de abasto suficiente y con estándares de calidad y precios competitivos, constituyen los objetivos que plantea para el año 2006, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Al respecto, el plan establece el impulso a la capacitación y la modernización de las instalaciones eléctricas, como condiciones fundamentales para elevar la competitividad en este renglón fundamental de nuestra economía.

En consonancia con estos lineamientos, los programas anuales de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, prevén la ejecución de diversas acciones tendentes para aumentar la eficiencia del sector eléctrico paraestatal. Así, de acuerdo a la información disponible, estas empresas deben llevar a cabo numerosas obras y actividades relacionadas con:

Ante este panorama, es imprescindible que la Secretaría de Energía y las empresas públicas del sector eléctrico vigoricen y profundicen sus políticas y acciones en todos aquellos ámbitos que tienen que ver con el incremento de la competitividad del sector eléctrico nacional y, al mismo tiempo, precisen los mecanismos de evaluación para medir el alcance y las repercusiones de las tareas y medidas que apliquen en esta dirección.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Energía considera procedentes los puntos de acuerdo de las dos proposiciones en comento, y formula el presente dictamen bajo los términos del siguiente:

RESOLUTIVO

Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y a Luz y Fuerza del Centro a revisar el avance de sus políticas, estrategias y acciones para lograr los objetivos en materia de productividad establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 para el sector eléctrico nacional.

Segundo.- Se exhorta a las dependencias mencionadas a informar periódicamente a la Cámara de Diputados de las acciones emprendidas y de los resultados alcanzados en relación con el costo de la prestación de los servicios, las pérdidas de energía, los tiempos de interrupción por usuario y por sector de consumidores, con la modernización y rehabilitación de la infraestructura y de las instalaciones, con la homologación de los indicadores de eficiencia de la industria eléctrica, y con otros factores relevantes que permitan evaluar los avances en competitividad y productividad del sector.

Tercero.- Se exhorta a Luz y Fuerza del Centro a informar periódicamente a la Cámara de Diputados de las acciones emprendidas en relación con la homologación de los indicadores de productividad con los de la Comisión Federal de Electricidad y de los resultados alcanzados en este sentido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre de 2004.

Se adjuntan las firmas de los integrantes de la Comisión de Energía.

Diputados: Francisco Javier Salazar Díez de Sollano (rúbrica), Manuel Enrique Ovalle Araiza (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica), Carla Rochín Nieto (rúbrica), Hidalgo Contreras Covarrubias (rúbrica), Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), José Antonio de la Vega Asmitia (rúbrica), Manuel Ignacio López Villarreal, Miguel Angel Toscano Velasco (rúbrica), Ricardo Alegre Bojórquez, Jorge Martínez Ramos (rúbrica), Oscar Pimentel González (rúbrica), Narciso Agúndez Montaño, Rosa María Avilés Nájera, Yadira Serrano Crespo, José Adolfo Murat Macías, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Francisco Herrera León (rúbrica), Francisco José Rojas Gutiérrez, Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Guadalupe de Jesús Vizcarra Calderón (rúbrica), Raúl Pompa Victoria, Ricardo Rodríguez Rocha, Sergio Arturo Posadas Lara, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Oscar González Yáñez, Julio Horacio Lujambio Moreno.
 
 
 

DE LA COMISION DE ENERGIA, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR A PETRÓLEOS MEXICANOS A TOMAR MEDIDAS PARA SOLUCIONAR EL RIESGO QUE REPRESENTA LA VENTA, DESAPARICIÓN O SUBUTILIZACIÓN DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE CIUDAD MADERO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A PETRÓLEOS MEXICANOS TOMAR MEDIDAS PARA SOLUCIONAR EL RIESGO QUE REPRESENTA LA VENTA, DESAPARICIÓN O SUBUTILIZACIÓN DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE CIUDAD MADERO Y CON ELLO LA PERDIDA DE POTENCIAL DE MILES DE EMPLEOS EN ESE CENTRO DE TRABAJO.

Con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87 y 88 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Energía se abocó al estudio y análisis de la proposición con Punto de Acuerdo referida, bajo los siguientes:

I. ANTECEDENTES

En sesión celebrada por esta Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2003, el Diputado Sergio Arturo Posadas Lara, presentó ante esta soberanía la Proposición con Punto de Acuerdo para proteger, respaldar y conservar en forma funcional la Terminal Marítima de Ciudad Madero.

El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Energía".

A fin de tener elementos para analizar la proposición que se dictamina, la presidencia de la Comisión de Energía solicitó información de las condiciones actuales del dique seco e instalaciones ubicadas en la Terminal Marítima de Ciudad Madero.

En atención a esta solicitud, la subdirección de Almacenamiento y Distribución de PEMEX Refinación hizo entrega de un documento en el que se analiza el estado que guarda dicha terminal marítima.

En respuesta a este documento, los diputados Posadas Lara y Salazar Diez de Sollano, manifestaron en sendas cartas su desacuerdo con varios de los puntos contenidos en el mismo.

II. OBJETIVO Y CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La proposición que se dictamina consta de cuatro objetivos: primero, exhortar a la administración de PEMEX Refinación para que proteja, respalde y conserve en forma funcional a la Terminal Marítima de Ciudad Madero, y respete el derecho al trabajo de los que laboran en ese centro; segundo que PEMEX otorgue todos los recursos técnicos, herramientas y materiales de calidad para optimizar y reforzar el funcionamiento de este importante centro de trabajo y elevar su rentabilidad; tercero, que PEMEX brinde y oferte el servicio a los buques tanque de cualquier empresa y nacionalidad para su reparación en esta terminal marítima, propiedad de la Nación y, con ello, obtenga ingresos importantes para mejorar y consolidar las actuales finanzas de la empresa orgullo y propiedad de todos los mexicanos y cuarto, se exhorte a PEMEX a que, tratándose de la reparación de buques de la flota petrolera, sin excepción alguna sean primero turnada a la Terminal Marítima de Ciudad Madero para que se determine si es factible en ella su reparación.

El contenido de la Proposición refiere que la terminal marítima puede atender la reparación de embarcaciones con grandes dimensiones dado que la capacidad del dique seco es de 55 mil toneladas en peso muerto.

También, se afirma que la terminal cuenta con el personal especializado, para emprender la reparación de buques y resalta que todos los buques deben entrar a dique seco para cumplir con los requisitos de las sociedades clasificadoras, las cuales exigen mantenimiento en dique seco como mínimo cada cinco años.

Cabe mencionar que en el sistema de mantenimiento de reparación intermedia a los dos años y medio y la reparación de mantenimiento oficial cada cinco años, las secciones que se examinan en los buques por parte de estas sociedades clasificadoras, son: el casco, los tanques, el espesor de las placas estructurales -donde ya en seco se aprovecha para calibrar debajo de la línea de flotación-, los estados de los componentes, la bocina del eje de la cola y el funcionamiento de la pala y el timón.

La proposición en cuestión resalta que las autoridades de PEMEX encargadas de administrar la terminal marítima, consideran que su operación es poco rentable por lo que han planteado la posibilidad de cerrar las instalaciones.

Permitir el cierre de está terminal, provocaría que, en caso de emergencia, las embarcaciones quedarán en espera de su ingreso para su reparación en un lugar externo, ya sea en el extranjero o bien, en el único de dimensiones suficientes que existe en México, que es Talleres Navales del Golfo, lo cual ocasionaría una serie de agravantes como:

1. En el documento que hizo llegar a esta comisión la Subdirección de Almacenamiento y Distribución se concluye que para hacer competitiva la terminal marítima es necesario, de manera urgente, instrumentar las siguientes medidas:

De lo anterior podemos deducir que si bien la capacidad de reparación de buques está subutilizada, es factible en el corto plazo tener una buena operación y con ello la oportunidad de elevar la utilidad que se genere en dicha terminal marítima.

3. De permitir el trabajo de reparación en la terminal marítima, se tendría un ahorro sobre los altos costos que implican realizar el mismo en una terminal en el exterior. Dichos costos pueden ser reorientados para contribuir en la reorganización y mantenimiento de la terminal marítima y con ello garantizar el buen funcionamiento de ésta, para que a largo plazo constituya una importante plataforma de reparación y mantenimiento a los buques de otros países.

Por otra parte, esta Comisión de Energía coincide con las apreciaciones del diputado Posadas, que en su respuesta a Pemex Refinación señala

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Energía,

IV. RESUELVE

Es de aprobarse la Proposición con Punto de Acuerdo, en la que se resalta el objetivo fundamental de proteger, respaldar y conservar en forma funcional la Terminal Marítima de Ciudad Madero, en los siguientes términos:

Por la Comisión de Energía

Diputados: Francisco Xavier Salazar Díez de Sollano (rúbrica), Manuel Enrique Ovalle Araiza (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Óscar Pimentel González (rúbrica), Pablo Pavón Vinales (rúbrica), Cuauhtémoc Ochoa Fernández (rúbrica), Juan Fernando Perdomo Bueno (rúbrica), Carla Rochín Nieto (rúbrica), Hidalgo Contreras Covarrubias (rúbrica), Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (rúbrica), Manuel Ignacio López Villarreal, Miguel Ángel Toscano Velasco (rúbrica), Ricardo Alegre Bojórquez, Jorge Martínez Ramos (rúbrica), Narciso Agúndez Montaño, Rosa María Avilés Nájera, Yadira Serrano Crespo, José Adolfo Murat Macías, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Francisco Herrera León (rúbrica), Francisco José Rojas Gutiérrez, Humberto Cervantes Vega (rúbrica), Guadalupe de Jesús Vizcarra Calderón (rúbrica), Raúl Pompa Victoria, Ricardo Rodríguez Rocha, Sergio Arturo Posadas Lara, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Óscar González Yáñez, Julio Horacio Lujambio Moreno.
 
 

La suscrita, diputada federal de la Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, de manera inmediata, proceda a la destitución del delegado en el estado de Baja California Sur de dicha dependencia e investigue sobre presuntos de corrupción y negligencia, cometidos por dicho funcionario, así como para que se informe de los hechos a la Secretaría de la Función Pública.

El día de hoy, hago uso de esta tribuna para plantear un asunto concreto, que si bien, ocurrió en el estado de Baja California Sur, es de nuestra competencia no sólo porque hechos similares acontecen en el resto de la República, sino porque tienen relación directa con las acciones realizadas por el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado.

Les ruego, toda su atención y sensibilidad para atender este asunto, ya que por mi conducto hablan los surcalifornianos a esta soberanía.

En días pasados, una vez más los medios de comunicación locales nos informaron de un terrible accidente automovilístico, ocurrido el 26 de septiembre en el tramo carretero que va de Todos Santos a Cabo San Lucas, en donde la conductora falleció y su hijo está gravemente herido.

Un accidente al igual que muchos anteriores que tuvieron lugar en el mismo sitio, fue propiciado por la negligencia e irresponsabilidad de las autoridades responsable en el estado, dependientes de la SCT. Responsabilizo a la SCT, porque el tramo en donde ocurrió el siniestro se encontraba en reparación y no contaba con lo señalamientos y medidas de seguridad necesarias.

El exceso de grava suelta y la falta de señalamientos fueron la cusa detonante. Pero atrás de estas circunstancias se encuentran muchas otras que nos hacen llegar al fondo del asunto.

En realidad la reparación del tramo carretero señalado no tenía por que tener grava suelta ya que las normas de construcción contratadas de manera específica señalaban qué tipo de materiales y métodos se deberían utilizar, lo cual fue omitido. Como también se omitió poner las señales necesarias de precaución. Hechos que han sido constatados por diferentes ciudadanos ante un federatario público.

De ahí, la lista de anomalías continúa y de las cuales enlisto las siguientes:

Nosotros como máximo órgano de representación popular no podemos hacer caso omiso a esta denuncia ciudadana. En tal razón y por los elementos aquí expuestos, es que los invito a solidarizarse con las víctimas, con sus familiares y con la sociedad surcaliforniana, los exhorto a unirse a este punto de acuerdo para que sea votado de manera favorable, con el carácter de urgente.

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a que, de manera inmediata, proceda a la destitución del delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado de Baja California Sur y realice las diligencias necesarias en aras de investigar y, en su caso, sancionar las acciones irregulares y presuntos actos de corrupción y negligencia por parte de dicho funcionario.

Segundo.- Que esta Cámara haga del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública, los hechos expuestos y se adjunte el expediente que sustenta este punto de acuerdo, el cual hago entrega a esta Presidencia por conducto de la Secretaría.

Dado en el palacio legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2004.

Dip. Esthela Ponce Beltrán (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A SUPRIMIR DEL CATÁLOGO DE PROFESIONES Y OFICIOS -A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS- LA CORRESPONDIENTE AL SALARIO PROFESIONAL DE ENFERMERO (A) CON TÍTULO, A CARGO DE LA DIPUTADA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados firmantes, integrantes de la LIX Legislatura, exponemos respetuosamente la siguiente propuesta, a consideración de esta asamblea como un asunto de urgente y obvia resolución por las circunstancias que en el prevalecen:

Exposición de Motivos

La Reglamentación Jurídica del mundo del trabajo y todo lo relacionado con él, jamás se ha mantenido estática; desde sus orígenes, es y será el resultado de reivindicaciones y anhelos en la dinámica y la interacción de los factores de la producción, así como de la generación de los servicios socialmente útiles y necesarios, que presta, principalmente la clase trabajadora.

En México, desde el momento en que quedó consagrado el Derecho al Trabajo en la expresión de la Constitución Política de 1917, se han sucedido muchos esfuerzos y luchas de los trabajadores y trabajadoras de distintas generaciones para superar y perfeccionar las abstracciones de las relaciones jurídicas, pero sobre todo, para hacer avanzar el catálogo y la aplicación real de los derechos sociales de los trabajadores consagrados en el artículo 123 Constitucional, en su ley reglamentaria: la Ley Federal del Trabajo y en las instituciones laborales mexicanas creadas a partir del mismo.

De tal manera que los avances y realizaciones que a las relaciones laborales se han dado con el devenir del tiempo, conforme a nuevas realidades, necesidades y circunstancias, han sido sobre todo, para atender los imperativos de solución a las necesidades reales de la clase trabajadora mexicana.

En el siglo XX, entre los años 1962 y 1964 especialmente durante un periodo de intenso quehacer legislativo en materia laboral, fueron logradas entre otras importantes instituciones, la instauración de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos como el organismo constitucional encargado de apoyar y actualizar la figura del salario mínimo, según lo establecido en el artículo 123 constitucional y su correlativo, el 94, de la Ley Federal del Trabajo, en el que se le encomienda a esa Comisión Nacional que, en su carácter de órgano tripartito, lleve a cabo la fijación de los salarios mínimos generales y profesionales.

Hoy en día, muchos de los derechos laborales que son vistos como normales, se significan por ser "causas institucionalizadas" de las luchas de varias generaciones de la clase trabajadora mexicana, a veces no cabalmente valoradas.

Ya que no obstante lo logrado y avanzado en el terreno de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y trabajadoras, existen enormes como evidentes descontentos, uno de ellos se significa en el que mantiene el importante gremio de enfermeras y enfermeros, que en México representa a una comunidad laboral que congrega a cerca de 200,000 connacionales.

Porque a pesar de que en nuestro país la enfermería es concebida como una profesión con un alto sentido social y conciencia nacional que participa en la promoción de los cambios y las transformaciones requeridas por la sociedad, al contribuir en la solución de los problemas de salud que afectan a las grandes mayorías, dando reconocimiento a la importancia que la salud tiene para el avance social y como condición básica del proceso de desarrollo.

Y que desde el año de 1945, con el surgimiento de la Ley General de Profesiones, la enfermería quedó integrada a las 23 actividades profesionales que requieren Título y Cédula Profesional como medida de protección a la sociedad, tal y como lo requieren las doce profesiones que han sido motivo de atención especial a raíz de la firma de los tratados internacionales en los que se incluya la libre movilidad de estudiantes y profesionales entre las que se encuentran las de los médicos, odontólogos, ingenieros, arquitectos, abogados, contadores, actuarios, químicos, psicólogos, médicos veterinarios, trabajadoras sociales y los enfermeros con título, dando lugar a una situación paradójica en donde enfermería, es la única profesión que está incluida en el Catálogo de Oficios y Profesiones de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, al lado de otras ochenta y siete ocupaciones o actividades industriales, artesanales o de oficios como son la albañilería, el operador de buldózer, el carpintero, los yeseros, los mecánico, los vaqueros, entre otras igualmente importantes.

Situación que se ha mantenido porque la Comisión Nacional de Salarios Mínimos hacia el año de 1972 incluyó a la profesión de enfermería en la Tabla de Salarios Mínimos Generales y Profesionales mexicanos, no obstante que desde entonces un porcentaje equivalente al 86.1% laboraba bajo Contratos Colectivos de Trabajo en instituciones del sector público (IMSS, ISSSTE y SSA). Sin embargo, su incorporación, se debió a la búsqueda de "protección" laboral al mismo tiempo que se buscaba que los salarios fueran determinados por el grado de calificación. Dicha acción fue justificada en base al Convenio 26 de la OIT, que obliga a los países miembros a establecer o mantener métodos para la fijación de tasas mínima de los salarios de los trabajadores empleados en industrias en las que no existiera un régimen eficaz para la fijación de salarios.

Desde entonces, la Conasami cumplió con su cometido de otorgar protección laboral y salarial, a enfermeras y enfermeros que en su momento, no tenían ningún régimen de contratación colectiva laboral. Actualmente la enfermería tiene asignado el número 31 de la Tabla Salarios Mínimos Generales y Profesionales.

Sin embargo, en el México contemporáneo, las cosas han cambiado y particularmente lo han hecho en el campo de la enfermería profesional, considerando el hecho de que a partir del año de 1986 se constituyó el Sistema Nacional de Salud que ahora es el principal empleador de la fuerza laboral de enfermería, la que está constituida por 192,042 personas que trabajan actualmente en las instituciones públicas y privadas del Sector Salud mexicano.

Dando como resultado que a la fecha, sólo 4% del total de enfermeras y enfermeros que laboran carezcan de contratación colectiva. Tal es el caso de algunos sanatorios, dispensarios, orfanatos, casas de reposo y consultorios médicos privados que no rigen sus relaciones laborales por medio de la contratación colectiva del trabajo. Más aún, cuando en realidad y con predominancia quiénes laboran en ellos, son "auxiliares de enfermería" y no enfermeras o enfermeros titulados.

Es por ello que, con los razonamientos antes señalados y considerando:

Que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos integrada por los representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, es la encargada de fijar y revisar los salarios mínimos generales y profesionales, procurando asegurar la congruencia que le establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país, en un ambiente de respeto a la dignidad del trabajador y su familia.

Que con ese propósito realiza los trabajos encaminados a fijar los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre éstos y los atributos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al salario mínimo.

Que al establecer las bases y elementos para que la fijación de los salarios mínimos generales y profesionales se busca elevar el nivel de vida del trabajador y su familia, propiciando la equidad y la justicia entre los factores de la producción, propugnado por que se reconozca, valide y promueva el respeto a la dignidad del trabajador y de su familia.

Que por estar dentro de sus atribuciones el revisar el sistema de salarios mínimos profesionales para, por una parte, incluir aquellos oficios y profesiones que por sus características estén asociados de manera directa a sectores productivos en los cuales no predomine la contratación colectiva y, por otra, para actualizar, validar o excluir las profesiones y oficios que resulten obsoletos o no aplicables.

Que en estas fechas la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se encuentra en sesión permanente durante todo el mes de noviembre, previo a la fijación del salario mínimo que regirá a partir del día 1º de enero del año 2005.

Que por estar dentro del Catálogo vigente de Salarios Mínimos Profesionales, la enfermería clasificada con el número 31 en la categoría de "Enfermero (a) con título"; y que de seguir apareciendo en ese Catálogo de Profesiones y Oficios de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que entrarán en vigor a partir de enero del 2005, para la enfermería mexicana, su sola inclusión contrapondrá el mandato de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y otras leyes, porque para el gremio de la enfermería titulada, es una exigencia que el inicio del nuevo año signifique un avance en el proceso de recuperación, valoración y dignificación de su profesión y no en la continuidad de un mismo procedimiento de prácticas que obedecen a un esquema superado con efectos muy negativos que les afecta en lo económico, lo social, político y cultural.

Que por lo tanto es necesario asumir una nueva definición que ayude a solucionar cualquier desequilibrio estructural, así como de un factor institucional para evitar afectaciones y efectos muy negativos tanto en lo económico como en lo social y político para un gremio socialmente reconocido como lo es la enfermería.

Y considerando asimismo, que dentro de las facultades y atribuciones de esta Honorable Cámara de Diputados está el coadyuvar a la generación de diálogos francos, directos y transparentes que logren consensuar y concertar resultados convenientes para la sociedad mexicana en su conjunto.

Con base a los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos dar curso a la presente propuesta y ponerla a consideración del Pleno de manera inmediata como un asunto de urgente y de obvia resolución para aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se suprima del catálogo de profesiones y oficios de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos el correspondiente al número treinta y uno que clasifica a la categoría de salario profesional de "Enfermero (a) con Titulo".

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación, deberá comunicar a esta Cámara de Diputados las instrucciones y acciones que realice la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en el desahogo de sus contenidos.

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados, el día 23, de noviembre de 2004.

Diputados: Cristina Díaz Salazar, Armando Neyra Chávez, Víctor Félix Flores Morales, Enrique Burgos García, José Ángel Córdoba Villalobos, Miguel Alonso Raya (rúbricas).
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y AL DEL ESTADO DE CHIAPAS A ATENDER LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA QUE VIVE NUESTRO PAÍS DEBIDO AL GRUPO MARA SALVATRUCHA, A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL VELASCO COELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Manuel Velasco Coello, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Luis Antonio González Roldán, Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrirnos a presentar como de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

De todos son conocidos los actos violentos que realizaron en Tapachula, Chiapas, el 20 de noviembre, la pandilla conocida con el nombre de los Marasalvatruchas y que desgraciadamente ha sentado sus reales en nuestra frontera sur.

Ese día se festejaba el 94 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y muchos jóvenes que cursan secundaria o preparatoria participaban en el desfile cívico cuando ocurrió el asalto y agresión de los pandilleros. Los adolescentes y el público espectador, corrieron aterrorizados en busca de refugio, mientras las autoridades municipales no acertaban a comprender lo que estaba ocurriendo.

Esto quizá debamos tomarlo como una advertencia y como un acto de temeridad realizado por delincuentes profesionales e impunes. Tal vez quieran decirnos de lo que son capaces y que para otra ocasión la violencia será mayor y cruenta. Hoy lo hicieron con jóvenes de escuela, mañana pueden ser las mismas víctimas o encontrar a otras que igualmente representen valores humanos, de civilidad y trabajo para la sociedad.

Si con tanta impunidad y alevosía las Marasalvatruchas, en pleno día, dentro de una festividad cuya trascendencia presiden autoridades civiles y militares, son capaces de irrumpir y disolver un desfile, golpear, amenazar y realizar múltiples disparos, eso nos obliga a preguntar: ¿esta pandilla nos rebasó ya como sociedad y como gobierno?

Podríamos responder que no, por la estructura cívica y moral de la sociedad y por la solidez institucional de los órganos de gobierno. Sin pandilleros que vienen de áreas extrañas a nuestra patria para tratar de imponer sus vicios y la fuerza de un poder que sólo pueden esgrimir los delincuentes. Es el poder de la violencia que no se rige por ninguna ley y menos la respeta.

Podríamos estar ante un caso urgente de seguridad nacional que demanda la acción decidida de los tres niveles de gobierno para garantizar la paz y el respeto a los derechos de los ciudadanos.

Esos pandilleros proceden de Centroamérica y desde hace 35 años se han venido desarrollando y germinando como semillas del terror y de la muerte. Huyen de sus lugares de origen, de El Salvador, Honduras o Guatemala porque estos gobiernos decidieron combatirlos con la aprobación de severas leyes en contra de las pandillas. Huyen de la ley y se les hace cómodo refugiarse en México, cuando suponen que aquí encontrarán impunidad y el escondite adecuado a sus tropelías.

Se han asentado en la frontera sur y allí se están multiplicando como lo que son: marabuntas devastadoras. Todos los días atraviesan el río fronterizo con todas las estrategias a su alcance para engrosar la agrupación 13 o a la 18, ambas con idénticos perfiles de criminalidad. Por la primacía de poder, se destruyen entre ellos mismos.

Los gobiernos federal, estatal y municipal deben de concurrir sin demora para crear en Chiapas un cuerpo especial de seguridad que tenga como propósito esencial combatir a las Marasalvatruchas y exterminar todo vestigio que de ellos pudiera quedar. Debe haber una batida que primero ubique a los delincuentes para proceder luego a su detención, encarcelamiento o deportación. Ni uno solo de los integrantes de esas pandillas está exento de la comisión de delitos.

Se debe actuar con base en la deportación, que es a lo que estos criminales de verdad temen. Al ser deportados sea a El Salvador, a Honduras o Guatemala, saben que se encontrarán con el brazo férreo de leyes que han sido creadas para combatirlos y tratarlos con máxima energía. Ninguno de estos delincuentes quiere ser deportado, saben lo que les espera si caen dentro de esta modalidad.

Debemos luchar hoy más que nunca para que los Marasalvatruchas no erijan su imperio en nuestra zona fronteriza, menos en ciudades como Tapachula o Ciudad Hidalgo. Si advierten que la deportación es la opción principal de las autoridades mexicanas, ellos mismos van a desterrarse, eso no implica renunciar al proceso penal a que se haga acreedora la gravedad de sus crímenes. Pero se debe actuar ya, sin pérdida de tiempo.

No permitamos que estos facinerosos nos tomen la medida. Si bien hoy atentaron contra jóvenes inermes sin resultados de muerte, mañana la consecuencia puede ser impredecible.

Se calcula que hay más de tres mil delincuentes refugiados en diversos puntos de la frontera sur. Las fuerzas de seguridad de México tienen la suficiente capacidad de ubicarlos e identificarlos. Hay que arrancar esa raíz antes de su ramificación y le dé fuerza descomunal. En consecuencia:

Es imperativo crear un grupo especial de seguridad integrado por los tres niveles de gobierno, que tenga como fin inmediato combatir, detener, procesar, encarcelar y deportar a cuanto individuo se compruebe que forma parte de la banda criminal conocida como Marasalvatruchas.

El Partido Verde Ecologista de México expone al honorable Congreso de la Unión este punto de vista que pide que por la urgencia del caso, se convierta en punto de acuerdo de urgente resolución y se le dé a conocer a las autoridades correspondientes.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los al calce firmantes, diputados federales del honorable Congreso de la Unión, nos permitimos presentar ante este honorable Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta al Gobierno Federal y al gobierno del estado de Chiapas, para atender la situación de violencia que se suscita en nuestro país, debido al grupo denominado "Marasalvatrucha".

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 25 días del mes de noviembre de 2004.

Diputados: Manuel Velasco Coello, Coordinador; Jorge A. Kahwagi Macari, vicecoordinador; Luis Antonio González Roldán (rúbrica), vicecoordinador; Alejandro Agundis Arias, Francisco Xavier Alvarado Villazón, Leonardo Álvarez Romo, Jacqueline Argüelles Guzmán, María Ávila Serna, Fernando Espino Arévalo, Maximino Fernández Ávila, Félix Adrián Fuentes Villalobos, Jorge Legorreta Ordorica, Julio Horacio Lujambio Moreno, Alejandra Méndez Salorio, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Javier Orozco Gómez, Raúl Piña Horta.
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA INMEDIATA INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA IMPEDIR UN NUEVO FRAUDE, EN PERJUICIO DE PEQUEÑOS AHORRADORES, VÍA LA OPERACIÓN DE DIVERSAS CAJAS DE AHORRO, A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL PÉREZ CÁRDENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante ustedes la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, basado en las siguientes

Consideraciones

En el año 2000, decenas de miles de familias mexicanas, la mayor parte de ellas de escasos recursos y con pequeños ahorros en diversas cajas populares de ahorro y préstamo, fueron objeto de un gigantesco fraude que cimbró la estabilidad nacional y puso en entredicho la capacidad de nuestras instituciones para promover y proteger el ahorro popular.

Al primer gran fraude -que detonó la crisis, llamó la atención nacional y obligó al Gobierno Federal y de los estados a intervenir-, en sólo unos meses siguieron o se descubrieron otros, generando una verdadera crisis de alcance nacional que llevó a cientos de miles de personas a manifestarse públicamente y a reclamar la intervención gubernamental como única forma de solución. La toma de oficinas públicas y el bloqueo de carreteras en todo el país fue la vía mayormente seguida por las organizaciones de ahorradores afectados que se crearon, antes de pasar a una fase de lucha jurídica que dio lugar a cientos de miles de denuncias penales en el fuero común de prácticamente todas las entidades federativas.

Esta crisis fue producto de fraudes en las 25 cajas cooperativas de ahorro y préstamo creadas por el señor José Cirilo Ocampo Verdugo en igual número de entidades federativas, y en otras como la "Cooperativa El Sol", la SAP conocida como "El Arbolito", la de "El Vestido" y otras, que siguieron vías de solución específicas a cada tipo jurídico y caso de problema.

Aunque el principal reclamo de los ahorradores afectados por estos fraudes fue el de que las autoridades federales habrían sido omisas en su actuación -lo cual nunca se pudo comprobar-, el hecho es que la enorme presión social llevó a que el Gobierno Federal y los de los estados, así como el Congreso de la Unión y las Legislaturas locales intervinieran para hacer posible una solución que consistió en varios aspectos paralelos:

No obstante estar condenado y recluido en el Reclusorio Norte del Distrito Federal, se ha propalado que este señor ha reincidido y supuestamente ha creado, dirige y controla desde la cárcel a 18 nuevas "cooperativas inmobiliarias", desde las que públicamente y mediante inserciones de publicidad en diarios como el Reforma promueve el ahorro popular ofreciendo rendimientos garantizados del 45% anual en cuentas de inversión y de 25% en cuentas de ahorro, sin que al parecer ninguna autoridad intervenga, a pesar de que en esta ocasión un nuevo fraude tendría lugar en un ambiente legalmente regulado y supervisado.

Los diputados federales abajo firmantes, integrantes de los diversos grupos parlamentarios representados en la H. Cámara de Diputados, queremos advertir a las autoridades competentes del inminente riesgo de que se repita el gigantesco fraude del año 2000 en contra de pequeños ahorradores, cuando con recursos públicos aún se repara un daño causado por particulares a otros particulares y que esto podría estarse gestando por un reo sentenciado por haber cometido un delito similar y desde su reclusión en un penal del Distrito Federal.

El diario Reforma, en su edición del 11 de noviembre último, da cuenta de que Ocampo Verdugo ha organizado 18 nuevas cajas de ahorro y préstamo en Jalisco, Distrito Federal, Tlaxcala, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Querétaro, estado de México, Veracruz y Tabasco, en las que ofrece operaciones de ahorro, crédito e inversión para la adquisición de viviendas, con el pago de interés del 45% anual neto en inversiones, así como servicios de transferencia de dólares a EUA.

El que un nuevo fraude pudiere suceder sería costoso y, por supuesto, significaría un descuido verdaderamente imperdonable.

Por lo anterior, los firmantes nos permitimos proponer la adopción del siguiente

Punto de Acuerdo

Con el carácter de urgente y obvia resolución:

Dip. Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, Y LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN INVESTIGUEN Y PROCEDAN EN CONSECUENCIA EN RELACIÓN CON LA FALTA DE COBRO DE MULTAS ECONÓMICAS POR CONCEPTO DE SANCIONES A SERVIDORES PÚBLICOS, Y CON EL DESTINO Y LA APLICACIÓN DE MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO CON EL PAGO DE 17 MILLONES DE PESOS HECHO POR ESTA DEPENDENCIA A UNA EMPRESA DE LA QUE SON SOCIOS MAYORITARIOS LOS HIJOS DEL AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIO SERRANO JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, Emilio Serrano Jiménez, diputado federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a fin de que las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, así como la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación procedan legalmente en el marco de sus facultades de acuerdo a los siguientes

Considerandos

l.- Esta H. Cámara de Diputados se ha pronunciado repetida y mayoritariamente en contra de la impunidad y a favor de la transparencia, así como del buen manejo de los dineros públicos.

2.- Hace varios meses se entregó a ésta soberanía una amplia documentación conteniendo datos de 5,000 servidores públicos sancionados, por un monto cercano a los 13,800 millones de pesos y se solicitó a la Auditoría Superior de la Federación que procediera a realizar una auditoría a la Secretaría de la Función Pública, pero en un craso error se optó por auditar únicamente a la Secretaría de Hacienda. Siendo que en el caso existe omisión de ambas secretarías, como se desprende del oficio circular SP/100/005/98, firmado por el entonces secretario de Atención Ciudadana de la Secretaría de la Contraloría y actualmente comisionado ponente del Instituto Federal de Acceso a la Información, señor José Octavio López Presa.

3.- La Administradora Central de Control y Evaluación de la Fiscalización Nacional del Servicio de Administración Tributaria, el pasado 28 de abril reconoció por oficio que desde la creación de la Contraloría Federal en 1982 se tienen documentos de fincamiento de responsabilidades del orden de 11,600 créditos fiscales que suman 13,117 millones de pesos y que a la fecha sólo se han cobrado 5,111 créditos por sanciones económicas con valor de 3,995 millones de pesos.

Lo que significa que 6,489 créditos por concepto de funcionarios sancionados no han sido cobrados, y que representan un total de 9,122 millones de pesos.

4.-En agravación de lo anterior, la Secretaría de Hacienda reconoció que no cumple con su obligación de rendir informes semestrales a la Auditoría Superior de la Federación sobre los cobros de sanciones económicas, el monto recuperado y su destino; adicionalmente otra vez la Secretaría de Hacienda por conducto de la Tesorería de la Federación informó que no había recibido ningún pliego de fincamiento de responsabilidades por parte del auditor superior, a pesar de haberle sido entregada de 2000 a 2003 la cantidad de 3,600 millones de pesos por resarcimientos.

5.- La omisión en el cobro de este monto importantísimo de recursos por concepto de multas a los funcionaros públicos, además de fomentar la impunidad y la corrupción, arrebata a las finanzas públicas dineros indispensables para atender urgentes necesidades sociales como salud, alimentación, vivienda, educación y seguridad pública.

6.- Las anomalías de la Secretaría de la Función Pública no quedan limitadas a lo hasta aquí expresado, sino que no existe claridad sobre la aplicación que se da a los 1,400 millones de pesos que le han sido asignados anualmente, toda vez que las 240 contralorías de la Función Pública que operan en las dependencias no cubren su gasto a cuenta de este presupuesto, sino que son cubiertas con recursos de estas mismas dependencias, ¿qué destino, pues, reciben estos 1,400 millones de pesos?

7.- Por otro lado, es necesario que se investigue por qué la Secretaría de la Función Pública contrató servicios por un monto de 17 millones de pesos, entre los años 2000 y 2003, del despacho González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, SC, empresa de la cual son socios mayoritarios los hijos del auditor superior de la Federación.

Por las razones antes expuestas propongo a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Con el carácter de urgente y obvia resolución, en los siguientes términos:

Primero.- Que esta soberanía instruya a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para que, de acuerdo con sus facultades, investiguen y procedan conforme a derecho, por no haberse cobrado 9,122 millones de pesos en multas económicas por concepto de sanciones a servidores públicos; asimismo ambas Comisiones investiguen el destino y aplicación de los 1,400 millones de pesos asignados a la Secretaría de la Función Pública y el pago de 17 millones de pesos en beneficio del despacho González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, SC, empresa de la cual son socios mayoritarios los hijos del auditor superior de la Federación, por parte de la Secretaría de la Función Pública, en contravención de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Segundo.- En apoyo de las investigaciones solicitadas en el punto anterior, se llame a comparecer a los secretarios de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2004.

Dip. Emilio Serrano Jiménez (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL GOBIERNO FEDERAL QUE MANIFIESTE LA PREOCUPACIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY 200 AL GOBIERNO DEL ESTADO DE ARIZONA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Quien suscribe, diputado Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde la década de los 50 el gobierno de los Estados Unidos ha llevado a cabo diversas acciones para desalentar el paso de los migrantes ilegales a su territorio. Este proceso ha ido evolucionando paulatinamente hasta llegar a leyes como la Ley 187; la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA por sus siglas en inglés) de 1996, que aumentó la vigilancia fronteriza; volvió inaceptables como inmigrantes autorizados por periodos de tres a diez años a aquellos que sean detectados como migrantes ilegales.

Otras medidas para disuadir y controlar el mismo, son las operaciones puestas en marcha entre 1993 y 1997 como la Operación Guardián, en el área de San Diego, California; la Operación Interferencia en Nogales, Arizona; la Operación Portero en El Paso Texas; la Operación Salva-guardia y Río Grande en la Frontera con Texas, mismas que arrojaron consecuencias tales como:

Ante este escenario, el objetivo central de las autoridades del gobierno norteamericano a través de los citados mecanismos de control, es impedir el paso de ilegales hacia su país, sustentadas en la hipótesis de que entre más duras sean las medidas, menor será el grado de migración hacia esos estados y sus ciudades; aún, cuando éstas abiertamente violenten los derechos humanos de las personas.

La Ley para Proteger al Ciudadano y Contribuyente de Arizona, votada el primero de noviembre de este año, conocida también como Ley 200, surge originalmente por el grupo antiinmigrante Protect Arizona Now, encabezado por Kathy McKee, es apoyada por 30 diputados locales, pero no así por la gobernadora demócrata Janet Napolitano, y por 10 legisladores federales de este estado.

Esta ley busca evitar que inmigrantes sin estatus legal con permanencia en Estados Unidos, reciban servicios por parte de dependencias estatales. Esta polémica ley es comparada con la propuesta 187 de California, que en 1994, pretendía negar estos servicios a los migrantes.

La Ley 200 además, contempla exigir una prueba de identidad la cual consistiría en la presentación de un acta de nacimiento o de naturalización para obtener la tarjeta de registro de votante. También obligaría a partir de su aplicación a que todos los funcionarios públicos denuncien a los inmigrantes indocumentados ante las autoridades federales al momento de descubrirlos, so pena de cárcel a quien omita hacer esto.

La medida también dispone que todos los habitantes del Estado, deberán identificarse para acceder a servicios gubernamentales tales como salud, educación, auxilio de bomberos o policía e incluso el ingreso a una biblioteca pública. Niega también los servicios para los hijos de inmigrantes indocumentados para acceso a guarderías o vacunas.

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión condena la aprobación de la llamada Ley 200.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal, a que exprese su malestar en contra de la de la Ley 200.

Tercero. Que la Junta de Coordinación Política, designe un grupo de diputados federales y asimismo, se manifieste esta inquietud a su homologa en el Senado de la República y se participe de esta preocupación a las y los señores senadores para sumar esfuerzos y hacer lo conducente, a fin de reunirse de manera urgente con los legisladores federales y locales de Arizona y la Gobernadora Janet Napolitano, para tratar el tema y expresar la preocupación del Congreso Mexicano por la aplicación de la Ley 200.

Cuarto. Que la Cámara de Diputados, realice un enérgico pronunciamiento en contra de este tipo de acciones y enmiendas, ante los legisladores locales del gobierno del Estado de Arizona que apoyan la aplicación de esta ley, que lesiona los derechos humanos de los migrantes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2004.

Dip. Carlos Jiménez Macías (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS ENTIDADES A QUE LIQUIDEN DE INMEDIATO EL ADEUDO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES QUE TIENEN CON EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, A CARGO DEL DIPUTADO ROBERTO COLÍN GAMBOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Estamos unos días después de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2005 donde una de las principales preocupaciones es la asignación de recursos adicionales para las instituciones de Seguridad Social.

El cumplimiento con el pago de las pensiones y los recursos para la atención a la salud son los factores que más nos preocupan por la presión financiera que ejercen a las Instituciones y es la principal demanda de los diferentes grupos y sindicatos que se han manifestado ante esta Cámara de Diputados.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de acuerdo con el Diagnóstico elaborado al inicio de la presente administración, reflejó la realidad de las deficiencias que se convirtieron en un gran reclamo por parte de sus derechohabientes, sin embargo y de acuerdo con los informes presentados a esta soberanía, una vez que se conoció la realidad en que se recibía a la Institución, el Gobierno de la República puso especial énfasis en la problemática que estaba afectando su operación, puntualizando además las consecuencias de no atender con oportunidad la problemática estructural del ISSSTE.

Cabe señalar que dicha situación no se generó en un día, sino fue resultado de todo un proceso que estaba encaminado a terminar con el Instituto, sumado a un gran descuido administrativo, una nula previsión de recursos en los diferentes ramos de aseguramiento, una pésima organización y, sobre todo, a una deficiente orientación del gasto.

El pasado 27 de octubre, analizando los datos enviados por el Presidente de la República en su Cuarto Informe de Gobierno y, escuchando los planteamientos hechos por el director general del ISSSTE, los diputados de los diferentes partidos políticos representados en esta Cámara, coincidimos en que no obstante las restricciones presupuestales que ha tenido el Gobierno Federal, éste ha continuado proporcionando un gran apoyo financiero al ISSSTE, a efecto de compensar la insuficiencia de recursos en el Instituto, para enfrentar puntualmente el pago de la nómina de pensiones cubriendo este rubro tan sensible.

También coincidimos en el avance significativo que se ha tenido en materia de atención, aunado a un manejo eficiente de los recursos asignados, a la adecuada renovación y fortalecimiento de la infraestructura médica y a la capacidad de sus médicos y enfermeras, lo cual se ha traducido en buenos niveles de desempeño y mejores servicios.

El director del ISSSTE, en reunión con las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Seguridad Social de esta Cámara, comentó la necesidad de apoyar con recursos adicionales de alrededor de dos mil millones de pesos, para atender la problemática más urgente que aqueja a esa institución, para cumplir adecuadamente con sus programas de atención y cobertura para el año 2005.

Por otra parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, preocupada por "el gigantesco rezago que se tiene en la infraestructura hospitalaria, así como la insuficiencia de especialistas, médicos, enfermeras y demás personal en clínicas y hospitales", nos solicitó formalmente, entre otras cosas, la aplicación del artículo 177 de la Ley del ISSSTE.

Este artículo señala que si "los recursos del Instituto no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por la ley, el déficit que hubiese, será cubierto por las dependencias y entidades en la proporción que a cada una corresponda."

Lo anterior significa que para tener finanzas sanas en el ISSSTE, deben realizar mayores aportaciones tanto el gobierno federal, como las diferentes entidades e instituciones que han celebrado convenios con el Instituto para proporcionar seguridad social a sus trabajadores.

Hay un punto que se puede considerar inquietante e incluso delicado y que se convierte hoy en un factor que actúa en contra de la salud financiera del Instituto, dadas las condiciones insuficientes de recursos presupuestales, es el referente a los considerables adeudos de instituciones y dependencias que suman más de cuatro mil millones de pesos.

Si las entidades e instituciones no han hecho las aportaciones a que se refiere el artículo 177, porque el gasto total del ISSSTE ha sido cubierto hasta hoy con recursos federales, es preocupante que no se envíen los recursos de las cuotas y aportaciones que estas instancias deben cubrir puntualmente a la institución.

De acuerdo con información enviada por el Instituto, son 35 sus principales deudores, de ellos el Gobierno del Distrito Federal, que tiene a sus trabajadores afiliados al régimen del ISSSTE, persiste en el no pago, a pesar de ser el principal deudor, no obstante los esfuerzos que ha realizado el propio Instituto para el efecto, este adeudo, hoy en día, asciende a más de mil ciento dieciséis millones de pesos. Esta situación reviste especial importancia ante las innumerables carencias y la crítica situación económica por la que atraviesa la institución.

¿Qué hacen todas estas entidades, gobiernos y universidades con las cuotas y aportaciones que realizan sus trabajadores quincena tras quincena? Si el ISSSTE requiere aproximadamente dos mil trescientos millones de pesos para su operación normal en 2005 y el DF adeuda aproximadamente la mitad de esos recursos, el pago inmediato del adeudo contribuirá a tener una mejor atención a todos los derechohabientes del Instituto.

No podemos esperar a que esta deuda crezca y que ello contribuya a aumentar la escasez de recursos lo que se reflejaría en la atención que se presta a los mexicanos.

Confiamos en que las diversas instituciones que adeudan cuotas al Instituto y especialmente el Gobierno de la Ciudad de México, de manera responsable cumplan con las obligaciones que tienen para con sus trabajadores y por ende apoyen a una Institución que presta servicios a más de diez millones de mexicanos, por lo anterior, con fundamento en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente propuesta para ser considerada de urgente y obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta a las entidades que se enlistan a continuación, a que liquiden de inmediato el adeudo de las cuotas y aportaciones que tiene con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y que asciende a cuatro mil doscientos cinco millones, ciento noventa y ocho mil seiscientos pesos.

Entidades deudoras:

1. Gobierno del Distrito Federal
2. Servicios Educativos Integrados del estado de México
3. Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
4. Secretaría de Educación de Guerrero
5. Universidad Autónoma de Zacatecas
6. Universidad Autónoma de Guerrero
7. Secretaría de Educación de Durango
8. Universidad Juárez de Durango
9. Secretaría de Educación y Cultura del estado de Zacatecas
10. H. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila

11. Colegio de Bachilleres de Guerrero
12. H. Ayuntamiento de Cd. Lerdo, Durango
13. H. Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán
14. Instituto Nacional de Antropología e Historia
15. Instituto Hidalguense de Educación
16. Conalep, Representación Estatal Guerrero
17. Secretaría de Salud de Baja California Sur
18. Gobierno del Estado de Baja California
19. Instituto Nacional de Administración Pública
20. Patronato del Ahorro Nacional (Foráneo)

21. H. Ayuntamiento de Ciudad Acuña, Coahuila
22. Sistema Estatal de Telesecundaria, Quintana Roo
23. Secretaría de Educación, estado de Jalisco
24. Unidad de Servicios para la Educación Básica, Querétaro
25. H. Ayuntamiento de Monclava, Coahuila
26. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Zitácuaro, Michoacán.
27. H. A. Const. Mpo. De José Ma. Morelos y Pavón, Quintana Roo.
28. Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
29. Universidad Tecnológica de la Costa, Guerrero
30. Comisión Nacional de Agua Potable y Alcantarillado de Sonora

31. Junta de Agua Potable y Alcantarillado, Stgo. Papasquiaro, Durango.
32. Comisión Nacional de las zonas áridas, Tamaulipas
33. Aeropuertos y Servicios Auxiliares
34. Servicios de Educación del Estado de Chihuahua
35. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Apatzingán, Michoacán.

Señor Presidente, respetuosamente le reitero mi solicitud para que, el presente Punto de Acuerdo se considere de urgente u obvia resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2004.

Dip. Roberto Colín Gamboa (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RATIFICAR LA CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL, A CARGO DEL DIPUTADO INTI MUÑOZ SANTINI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, integrante de las Comisiones de educación y cultura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la actualidad la globalización impone condiciones y formatos a la cultura así como impone una nueva fisonomía económica y política a las naciones. La transformación del mundo en áreas hegemónicas ha impactado negativamente en un proceso de estandarización de la cultura en la que se impone el "modelo de lo fácil, lo rápido y sencillo".1

La vulnerabilidad en que se encuentra la diversidad cultural del mundo y sus expresiones locales, se puede apreciar en la medida en la que las culturas locales son desplazadas, paulatinamente, por las producciones culturales de los monopolios transnacionales. La historia misma de los pueblos se transforma según la versión que se ofrece desde los productos culturales de Disney, Time Warner o Wal Mart.

El reto al que nos enfrentamos como latinoamericanos no es de poca monta, está de por medio la identidad de nuestros países, nuestra viabilidad como naciones independientes y la riqueza de nuestras manifestaciones locales en el horizonte de la pluralidad cultural y el multiculturalismo.

Naciones como las latinoamericanas -y en especial México-, enfrentan esta situación inmersas en el debate económico que priva de recursos al Estado para poder defender el bien común en aras del seguimiento puntual de los dogmas económicos neoliberales. La sociedad abierta que se nos exige seamos, se retribuye con políticas restrictivas, proteccionistas y rabiosamente nacionalistas de las potencias económicas. Por ejemplo, los distribuidores estadounidenses exhiben en las salas de Estados Unidos un 98% cine nacional y dejan un porcentaje menor al cine extranjero. En periodos muy limitados; sin embargo, condicionan la exhibición del cine local latinoamericano aún en sus propios países. La sensación de que existe una cultura hegemónica es real y termina convirtiéndose en una especie de destino fatal si dejamos que nos impongan los modelos de simplificación y explotación cultural.

Desde este horizonte, el Parlamento Latinoamericano reunido en sesión especial en la Ciudad de México del 28 de febrero al 1 de marzo de 2002 en la "Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo" convocó a elaborar: "un balance crítico de las reformas económicas emprendidas por los países de América Latina ya que tanto el crecimiento como su impacto sobre el nivel de vida de la población han mostrado ser insuficientes, acentuándose los problemas de exclusión y marginalidad social en un buen número de países".

En esta misma sesión se elaboró un pronunciamiento a favor del cambio de rumbo en la región, previniéndose de las reformas económicas que han beneficiado la especulación financiera, en detrimento del desarrollo de las industrias nacionales y de mejorías en las condiciones de vida de los habitantes de la región, cito:

"Consciente de que en algunos casos se requiere cambiar el rumbo de las reformas económicas y que hay que superar la especulación financiera para que predomine una lógica productiva basada en el fortalecimiento de los mercados e industrias nacionales, en la integración económica de nuestros países y en el incremento del intercambio regional y subregional."

Recientemente, el mismo Parlamento Latinoamericano reunido en su Primera Conferencia Interparlamentaria de Cultura, en Sao Paulo Brasil, en octubre pasado, propuso la ratificación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en concordancia con los instrumentos internacionales existentes: la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención sobre las Medidas que deben adaptarse para Prohibir e Impedir la Exportación, la importación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Con esta convención se tienen las siguientes finalidades: la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial; el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos de que se trate; la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco; así como la cooperación y asistencia internacionales.

La propia Convención establece el concepto de Patrimonio Cultural Inmaterial como "los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana"

El diálogo entre las culturas se da a partir de su irreductibilidad y de los riesgos de su deterioro, por causa de la imposición de criterios eminentemente mercantiles que trastocan sus sentidos originales e integridad. Particularmente se identifica a las comunidades, sobre todo indígenas, que realizan una creación, salvaguardia y recreación permanente de la cultura, así como de la riqueza semiológica que identifica nuestras culturas en su riqueza multiétnica, plural y multicultural. Esta diversificación de la creatividad humana reposa en un horizonte simbólico inmaterial del que aún no se cuenta, cito:

La cultura debe ser considerada como un derecho fundamental de todos los seres humanos, tal y como lo establece la recomendación de la UNESCO, y de esta manera valorar el papel preponderante que juega en los procesos de desarrollo e integración de la sociedad mexicana, pues la globalización impone una serie de desafíos a nuestra diversidad cultural.

Ante la urgente necesidad de actualizar las estrategias públicas y las políticas culturales para garantizar la interacción entre la diversidad cultural, el diálogo intercultural y el desarrollo sustentable, proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Esta honorable Cámara de Diputados exhorta al jefe del Ejecutivo, como Jefe del Estado mexicano, a que se adhiera y suscriba con la mayor brevedad la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, de la UNESCO, y de esa manera pertenecer a la Asamblea General de los Estados parte.

Nota:
(1) Hans Peter Martín. Harald Schumann. La Trampa de la globalización, Madrid, Taurus, 1998, p24.

Dip. Inti Muñoz Santini (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL A INFORMAR SOBRE LAS INVESTIGACIONES DE LOS HOMICIDIOS DE MUJERES EN EDAD AVANZADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Los que suscriben, diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante este H. Pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo bajo los siguientes

Antecedentes

Consideraciones

El Poder Legislativo como órgano de representación popular tiene la facultad constitucional de vigilar el funcionamiento y desempeño del Poder Ejecutivo, por lo que la obligación de informar por parte del Ministerio Público, no es una opción sino una obligación, especialmente cuando hay un requerimiento por parte de este órgano legislativo.

Es una falta a las instituciones las declaraciones vertidas por el procurador al calificar de forma ofensiva y discriminatoria a algunos diputados con expresiones no propias de su investidura, lo que representa sin lugar a dudas una falta de sensibilidad política y respecto hacia esta institución.

No es el Procurador General de Justicia del Distrito Federal quien puede y debe determinar que asuntos de su competencia son de interés público, y por ello decidir si proporciona o no información a los representantes populares que se lo requieran.

La forma en como los diputados requieran la información para darla a conocer a la sociedad ante la cual son políticamente responsables, no debe ser calificada por el Procurador capitalino como carentes de toda seriedad, en virtud de que en ejercicio de sus funciones, están facultados para vigilar su desempeño.

La protección de la integridad física de los habitantes debe ser una misión primordial de cualquier Estado, misma que no se agota en la persecución del delito, la reparación del daño o el castigo, pues la ley establece que dicha función comprende la prevención del delito y es en ese sentido la exigencia que se le manifiesta al Procurador para que se conduzca con eficacia, en el cumplimiento de sus funciones.

Así, por los motivos anteriormente expuestos, solicitamos a esta H. asamblea:

Único.- Se exhorte al procurador general de Justicia del Distrito Federal para que informe a esta soberanía sobre las investigaciones de los homicidios de mujeres en edad avanzada que se han cometido en la Ciudad de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2004.
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL NOMBRAMIENTO DE ARTURO CHÁVEZ CHÁVEZ COMO SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA ELIANA GARCÍA LAGUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

En mi calidad de diputada federal y como integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado lunes 22 de noviembre nos enteramos de la designación de Arturo Chávez Chávez como subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación.

La decisión tomada por el secretario Santiago Creel establece un escenario preocupante y desolador de nuestro anémico estado de derecho y señala una luz roja de obstáculo a las investigaciones y esclarecimiento de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Arturo Chávez Chávez se desempeñó como subprocurador y procurador del entonces gobernador Francisco Barrio en el periodo más terrible de auge de los casos de feminicidios cometidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, desempeñando también en el mismo sexenio el cargo de delegado de la PGR en la entidad.

Arturo Chávez tenía la responsabilidad constitucional y legal de investigar, perseguir y consignar a los presuntos responsables de los hechos de feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez y no lo hizo de acuerdo con la recomendación 044/1998 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Por tanto, para nosotros la reciente designación constituye una verdadera estampa de impunidad al más alto nivel político. Con los antecedentes del señor Chávez, por lo menos existe sospecha y complicidad en los múltiples feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez. Además, él tenía la responsabilidad jurídica de brindar resultados a las víctimas y, por el contrario, entorpeció las investigaciones a través de sus funcionarios de enlace con la CNDH, lo cual lo hace una persona no confiable y totalmente inelegible por razones éticas, políticas y jurídicas para el cargo designado.

Por otro lado, la designación constituye una mala señal por parte de la Secretaría de Gobernación para poner un alto a la impunidad que ensombrece los casos de feminicidios en la frontera norte. Conviene recordar al respecto que el secretario de Gobernación es el responsable político de velar por el cumplimiento de las garantías y derechos humanos en el país, muy mal lo hace al designar a Arturo Chávez, quien tendría que estar sometido a los procedimientos de investigación que establece la ley por su conducta observada en el caso en cuestión.

Un elemental sentido de la responsabilidad del Ejecutivo federal por sancionar judicialmente a los responsables de las atrocidades contra las mujeres en Ciudad Juárez obligaría a la Secretaría de Gobernación a cerrar todos los espacios de impunidad y uno de ellos lo constituye el nombramiento de Arturo Chávez en la Secretaría de Gobernación, lo cual deja un sabor de cómplice impunidad de Estado.

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este honorable Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Dirigir un extrañamiento al Ejecutivo federal por la designación de Arturo Chávez Chávez como subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación y solicitarle que, en ejercicio de sus facultades, instruya al secretario de Gobernación para que designe en su lugar a una persona reconocida por su probidad, honorabilidad, respetuosa de la ley y de los derechos que las personas tienen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2004.

Dip. Eliana García Laguna (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ORDENAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO QUE, A TRAVÉS DE DIVERSAS INSTITUCIONES COORDINADAS POR EL INEGI, SE LLEVE A CABO UN CENSO NACIONAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, A CARGO DEL DIPUTADO ISRAEL TENTORY GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal a fin de que ordene a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a través de diversas instituciones coordinadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), se lleve a cabo un censo nacional especial de sociedades cooperativas, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 25 de nuestra Constitución señala en su primer párrafo que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que ésta sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

En el penúltimo párrafo de este mismo artículo se señala que "la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y expansión de la actividad económica del sector social: de ejidos, de organizaciones de trabajadores, cooperativas", entre otras más que ahí se señalan.

También la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en una de sus últimas recomendaciones, señala la importancia de que los gobiernos de los diferentes países fomenten el cooperativismo.

El cooperativismo es una forma de asociación que prácticamente funciona en los diferentes sectores de la actividad económica, teniendo la capacidad de producir bienes y servicios y generar empleos.

También el cooperativismo ha demostrado ser una de las formas de organización más eficientes para sortear las distintas crisis económicas por las que han pasado muchos países.

En nuestro país el inicio de la conformación de sociedades cooperativas se remonta al año de 1873 y desde entonces se han venido desarrollando en las más variadas ramas de la actividad económica y en prácticamente todos los estados de la República.

Particularmente en el sector de ahorro y crédito, para el año de 1970, las cajas populares cooperativas registran un significativo crecimiento, de tal forma que sus dirigentes tienen que contratar personal para poder atender a sus socios.

Ya en la década de los ochenta, éstas registran una diversificación e incursionan en la prestación de servicios financieros, entre otros. Con el inicio de las cajas populares, en la prestación de servicios de ahorro y préstamo se observa un importante crecimiento.

Esto debido, en buena parte, a que se tiene el conocimiento de que sólo el 33% de los mexicanos accede al crédito bancario y que la mayor parte, el 77% restante, ahorra y obtiene préstamos en las cajas populares y otras formas de auto financiamiento popular.

Lamentablemente, ante el vacío jurídico existente y la proliferación de cajas populares que fundamentalmente se dedicaban al ahorro y préstamo, se registra una especie de relajamiento en cuanto a la seriedad con que estas organizaciones se venían desempeñando hasta entonces, muchas de las nacientes seudocooperativas se vieron involucradas en cuantiosos fraudes en perjuicio de un importante número de ahorradores en todo el país.

Esto se suscitó entre los ochenta y los noventa, de tal manera que según el Bansefi (Banco Nacional de Servicios Financieros) para el año 2000 se tenía un padrón de 250,000 ahorradores defraudados en el país.

Entre 2001 y el 2002, según datos del mismo Bansefi, se habrían pagado 900 millones de pesos (mediante el Fideicomiso Pago) a un total de 119,000 ahorradores de 32 cajas populares, bajo un esquema en el que el fideicomiso aportaba 1.75 por cada peso que aportaban las entidades federativas del país.

Estos acontecimientos, por un lado, empañaron la verdadera misión de las cooperativas y, por otro, obligaron al Congreso a que autorizara al Ejecutivo para disponer de recursos presupuestales para solventar este problema, los cuales bien se pudieron haber empleado en programas de inversión o bienestar social que tanta falta hacen.

No obstante lo anterior, las cooperativas de ahorro y préstamo, a partir de finales del 2001 superaron la crisis de credibilidad y actualmente se calcula que existen alrededor de 700 de estas instituciones en las que se asocian cerca de 3 millones de mexicanos y que, en su conjunto, manejan un capital global de alrededor de 27,000 millones de pesos, siendo el sector del cooperativismo que presenta el ritmo más acelerado de crecimiento y expansión.

Con un ritmo más modesto y con serias dificultades para su posicionamiento en el mercado, se desarrollan igualmente las cooperativas de producción, consumo y servicios tanto en las zonas urbanas como rurales del país, constituyendo una alternativa de reinserción productiva de importantes sectores de la población.

Empero, al no existir un registro oficial de cooperativas, nadie sabe a ciencia cierta cuál es el número real de estas sociedades existentes en el país, su número efectivo de socios, las ramas de actividad en que se desenvuelven, la cantidad de empleos directos e indirectos que generan, así como sus aportaciones al Producto Interno Bruto del país y a la generación de divisas como producto de la exportación.

Ante la ausencia de estadísticas confiables, ha resultado imposible diseñar políticas públicas de fomento sustentadas en la acción social de las cooperativas y de igual modo los organismos de integración del movimiento cooperativo nacional (uniones, federaciones y confederaciones) no han logrado planificar su desarrollo a largo plazo y brindar sus servicios de representación gremial y asesoría técnica a las cooperativas de base que nacen, se desarrollan y mueren en el anonimato y aislamiento casi total.

Frente a esta problemática, surge la necesidad de contar con un padrón que nos permita conocer con la mayor precisión, el número de auténticas cooperativas que hay en el país, así como sus giros respectivos, la cantidad de sus socios y su debida constitución, entre otros aspectos importantes.

Para el cumplimiento de este mandato, sabemos que México cuenta con el INEGI, una seria y sólida institución cuya misión es la de recabar, procesar, generar y difundir la información estadística y geográfica básica, para la toma de decisiones tanto del sector público como del privado y social. Se trata de una institución que cuenta con suficiente experiencia y con el personal adecuadamente capacitado para diseñar los instrumentas que permitan captar la información requerida.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración de este honorable Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: El Pleno de la H. Cámara de Diputados de la LIX legislatura del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal, a fin de que ordene a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, a través de diversas instituciones, incluido el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), se lleve a cabo un censo nacional especial de sociedades cooperativas en el transcurso del año 2005.

Dip. Israel Tentory García (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA VIOLENCIA SEXUAL Y TORTURA DE QUE FUERON OBJETO MUJERES INDÍGENAS POR PARTE DE MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL ESTADO DE GUERRERO, A CARGO DE LA DIPUTADA ELIANA GARCÍA LAGUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita, diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante este Pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La realidad de algunas mujeres indígenas es ser víctimas de violencia sexual a manos de militares, pocas han sido las que se atreven a pedir justicia, enfrentándose a los obstáculos culturales, económicos y sociales. Las mujeres indígenas sufren discriminación tanto racial como de género, agravada por la pobreza.

En el reciente informe de Amnistía Internacional dado a conocer el pasado 23 de noviembre se documentan seis casos de mujeres indígenas tlapanecas del estado de Guerrero que han denunciado judicialmente las violaciones perpetradas por miembros del Ejército mexicano.

Inés Fernández Ortega, a los 27 años, Valentina Rosendo Cantú, a los 17 años, Victoriana Vázquez Sánchez, a los 50 años, Francisca Santos Pablo, a los 33, Delfina Flores Aguilar, a los 28 años, y Aurelia Méndez Ramírez, a los 31, vivieron cada una de ellas en distintos momentos una violación por parte de miembros del Ejército mexicano. Han sufrido con brutalidad la saña de militares que no defienden ni procuran el bienestar de la comunidad y sí abusan de los integrantes de ella.

La violación y el abuso sexual tienen efectos físicos, emocionales y psicológicos devastadores en las mujeres. La presencia militar afecta directamente a las mujeres y sus comunidades, les recuerda la impunidad que rodea los casos de violación y tortura.

Ninguna de las mujeres mencionadas ha salido intacta. Algunas han dejado su comunidad. Una de las mujeres tuvo que someterse a tratamiento médico por una infección de transmisión sexual que adquirió durante la violación. En algunos casos, el compañero ha sido incapaz de aceptar lo sucedido, y el estigma asociado a la violación ha intensificado fricciones en la familia.

Estos casos representan el clima general de impunidad que rodea las investigaciones llevadas a cabo por el sistema de justicia militar, ya que en ningún caso los responsables han sido llevados ante los tribunales. Es necesario contar con un proceso de investigación que garantice que las investigaciones sean transparentes e imparciales.

Por lo antes expuesto, someto a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La H. Cámara de Diputados exhorta al procurador de Justicia del estado de Guerrero a otorgar las garantías absolutas de protección efectivas a las víctimas.

Segundo. La H. Cámara de Diputados exhorta al procurador de Justicia Militar a trasladar los seis casos de mujeres víctimas de violencia sexual a manos de militares a las autoridades civiles para que se investigue exhaustiva, imparcial y efectivamente ante tribunales civiles para determinar la responsabilidad y proporcionar un resarcimiento adecuado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2004.

Dip. Eliana García Laguna (rúbrica)