• Con punto de acuerdo, con objeto de que esta Cámara de Diputados tome en cuenta el punto de acuerdo de la Sexagésima Legislatura del Congreso del estado de Chihuahua en torno a las posibles reformas a la Ley del ISSSTE que actualmente promueve el Ejecutivo federal, suscrito por los diputados Omar Bazán Flores, Jesús Aguilar Bueno y Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del PRI.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación aplicar auditorías a la administración municipal del ayuntamiento de Motozintla de Mendoza, Chiapas, presidida por el C. Óscar René González Galindo, sobre los recursos federales de los diferentes ramos 28, 33, 39 y demás aportaciones federales para entidades federativas y municipios, a cargo del diputado Belizario Iram Herrera Solís, del grupo parlamentario del PRI.

 
• Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Salud una prórroga, de hasta cinco años y por única vez, de la entrada en vigor del inciso 4.3 de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA1-1993, a fin de realizar una reconversión productiva de los artesanos dedicados a la fabricación de alfarería y artesanía que utilizan como materia prima esencial el monóxido de plomo, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del grupo parlamentario del PRI.

 
• Con punto de acuerdo, sobre la muerte de Yasser Arafat, Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del PRD.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a imponer, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al aeropuerto internacional de la Ciudad de México el nombre de "Benito Juárez", a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez.

 
• Con punto de acuerdo, relativo al memorial de particulares formulado por ahorradores defraudados de los estados de Guanajuato, Oaxaca, Querétaro, Michoacán, Durango y Morelos, suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios y de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

 
• Con punto de acuerdo, en torno al decomiso de carne con hueso importada de Estados Unidos de América en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a cargo del diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del PRI.

 
• Con punto de acuerdo, para contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 la elaboración de los estudios de factibilidad técnica y financiera, así como el proyecto de ejecución para los sistemas ferroviarios que integran el Ferrocarril Suburbano para la Zona Metropolitana del Valle de México, a cargo de la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del PAN.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se saluda el triunfo electoral del candidato de la coalición Frente Amplio Nueva Mayoría de Uruguay, señor Tabaré Vásquez, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del PRD.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a sumarse, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el organismo público descentralizado Servicio Postal Mexicano, a los festejos del bicentenario del natalicio de Benito Juárez, mediante la emisión de un timbre postal conmemorativo del bicentenario del natalicio del licenciado Benito Juárez García, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a conservar su estructura orgánica la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica, así como a revisar los nuevos planes y programas de estudio de bachillerato tecnológico que se implantaron a partir del ciclo escolar 2004-2005, a cargo del diputado José Guzmán Santos, del grupo parlamentario del PRI.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a implantar, en coordinación con el gobierno del estado de Veracruz y los municipios de Tierra Blanca, Ignacio de la Llave, Tlalixcoyan, Acula y Santiago Ixmatlahuacan, un programa integral de saneamiento del sistema lagunar de la cuenca baja del Papaloapan, en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Francisco Javier Lara Arano, del grupo parlamentario del PAN.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir de inmediato, a través de la Secretaría de Economía, la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-011-SCFI-2004, que establece la verificación completa de los dispensarios de las estaciones de servicio de combustibles líquidos, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del PRD.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer, a través de las Secretarías de Energía, de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, una política de precios en materia de precursores petroquímicos e insumos energéticos que permita hacer competitiva la industria química nacional y preserve y genere empleos y desarrolle las cadenas productivas en que incide directamente, a cargo del diputado Humberto Cervantes Vega, del grupo parlamentario del PRI.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada y de la Dirección de la Agencia Federal de Investigación a actuar con energía y estricto apego a derecho en las investigaciones que se están llevando en torno a los hechos de persecución contra el gremio de comunicadores, periodistas y la sociedad sinaloense en general, a cargo del diputado Bernardo Vega Carlos, del grupo parlamentario del PRI.

 
• Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Desarrollo Social realice el estudio y rescate de los programas y mecanismos orientados a impulsar el desarrollo comunitario del país contenidos en el acervo de tecnologías apropiadas que fue legado por la desaparecida Universidad del Tercer Mundo, y presente a la aprobación del Pleno un programa con el fin de que se puedan brindar instrumentos que apoyen el desarrollo de las comunidades marginadas del país, a cargo de la diputada Martha Laguette Lardizábal, del grupo parlamentario del PRI.

 
• Con punto de acuerdo, para crear una comisión especial de la frontera sur, a cargo del diputado Carlos Osvaldo Pano Becerra, del grupo parlamentario del PRI.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a practicar una revisión al funcionamiento, procedimientos y resultados del Comité de Donaciones del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), del ejercicio fiscal 2002 a la fecha, a cargo del diputado Gonzalo Rodríguez Anaya, del grupo parlamentario del PRI.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cerrar la frontera a los autos de procedencia extranjera internados en el país de forma ilegal, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del PRI.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las Secretarías de Gobernación, y de Seguridad Pública que, en el ámbito de sus atribuciones, procedan a cambiar el nombre del Centro de Readaptación Social número 2 "Puente Grande" por otro que no degrade, aún más, la conciencia social y el orgullo de la identidad de quienes viven en la citada población, a cargo del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del PRI.

 
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal a enviar una nota diplomática de condena al gobierno del estado de Arizona, Estados Unidos de América, por la aprobación y aplicación de la Ley 200, a cargo del diputado Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del PRI.

Los suscritos diputados de la LIX Legislatura Omar Bazán Flores, Jesús Aguilar Bueno y Jorge de J. Castillo Cabrera, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con el objeto de que esta H. Cámara de Diputados tome en cuenta el punto de acuerdo de la Sexagésima Legislatura del Congreso del estado de Chihuahua aprobado por unanimidad el acuerdo 475/02 I.P.O en torno a las posibles reformas a la Ley del ISSSTE que actualmente promueve el Ejecutivo federal, hacemos esta solicitud conforme a la siguientes

Consideraciones

La iniciativa de referencia fue presentada el 21 de octubre del año en curso, en la cual se manifiesta que "conforme a lo dispuesto por el artículo 123 Constitucional, la seguridad social es un derecho de los trabajadores y una obligación del patrón". Con base en esto, agregan que "los trabajadores de la educación federalizados desde el año de 1959 cuentan, como parte de este derecho, con el servicio de asistencia médica social otorgado por el ISSSTE".

Con tal antecedente, cobra importancia en este gremio sindical "el hecho de que el pasado 24 y 25 de agosto en curso en reunión con la Conago se comentó el proyecto de reforma tendiente a modificar el sistema actual de pensiones y jubilaciones de todos los derechohabientes de esta institución".

Asimismo Conago agrega que es necesario que esta Cámara de Diputados atienda la petición de los derechohabientes escuchando los argumentos que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a través de sus dirigentes, tiene con respecto a las propuestas de reformas a la Ley del ISSSTE, en beneficio de ambas partes.

Por otro lado, se menciona también, que la reforma a la multicitada Ley, se realiza sin consenso y sin la participación incluyente de los directamente afectados por ella, como son los agremiados al referido sindicato, se estaría en un futuro no muy lejano, generando un problema de índole social y laboral en detrimento no solo de los derechohabientes del ISSSTE sino de la sociedad en general.

En el mismo orden de ideas, también se hace mención que con fecha 20 de diciembre del 2002, la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del estado de Chihuahua aprobó por unanimidad el acuerdo 475/02 I.P.O en el cual dicha Legislatura realiza los siguientes planteamientos:

Exhorta al honorable Congreso de la Unión a no privatizar el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) procurando en todo momento que éste conserve su carácter social, implementando las medidas económicas y financieras pertinentes para rescatarlo de la grave situación económica en la que se encuentra, a fin de estar en condiciones de atender adecuadamente su pasivo contingente.

Dado que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha iniciado las platicas tendientes de dicha reforma, consideran los iniciadores de vital importancia el que esta Cámara continúe con la atención al reclamo social y se luche con los medios a nuestro alcance por proteger los derechos adquiridos por la clase trabajadora, así pues pronunciando nuestra adhesión total del acuerdo 475/02 I.P.O, como parte en la búsqueda de los caminos adecuados para no detener el avance social y económico del país.

Punto de Acuerdo

Que esta H. Cámara de Diputados tome en cuenta el punto de acuerdo de la Sexagésima Legislatura del Congreso del estado de Chihuahua aprobado por unanimidad el acuerdo 475/02 I.P.O en torno a las posibles reformas a la Ley del ISSSTE que actualmente promueve el Ejecutivo federal.

Diputados: Omar Bazán Flores, Jesús Aguilar Bueno, Jorge de J. Castillo Cabrera (rúbricas).
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN APLICAR AUDITORÍAS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, CHIAPAS, PRESIDIDA POR EL C. ÓSCAR RENÉ GONZÁLEZ GALINDO, SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES DE LOS DIFERENTES RAMOS 28, 33, 39 Y DEMÁS APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, A CARGO DEL DIPUTADO BELIZARIO IRAM HERRERA SOLÍS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado federal Belizario Iram Herrera Solís, integrante del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento Interior, someto a la consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, aplicar auditoría a la administración municipal del ayuntamiento de Motozintla de Mendoza en Chiapas, presidida por el C. Óscar René González Galindo, sobre los recursos federales de los diferentes Ramos 28, 33, 39, y demás aportaciones federales para entidades federativas y municipios, bajo las consideraciones siguientes:

Consideraciones

Toda representación social emanada de la soberanía popular a través del sufragio en una elección constitucional como fue el caso del presidente municipal de Motozintla de Mendoza en Chiapas, se encuentra regida por la normatividad expresa en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, misma que dispone como deben estar constituidos los municipios, sobre todo los cabildos municipales y cuales son sus atribuciones como tales.

Motozintla, enclavada en la Sierra Madre del Sur, con 60 mil habitantes, 48 ejidos, 167 comunidades, bastión de productores de café de alta calidad en un 60%, productores de maíz en un 20%, y el otro 20% de personas con actividades propias de una ciudad urbana, misma que reclama precisamente lo que he venido a plantearles, como, una administración municipal que desde su inicio le faltó cumplir informando con claridad al pueblo, merezca la confianza de la ciudadanía del municipio que administra, siendo que ésta representación tuvo de todo menos de administrar, y se diga que ha cumplido a cabalidad sobre todo con las Aportaciones Federales otorgadas en apoyo a los Municipios.

Cabe señalar, que en cada uno de sus informes tocante a rubros de apoyo a las comunidades en el renglón de obras, siempre ha señalado un sinnúmero de ellas, obras que precisamente no existen, y algunas otras en pésimas condiciones por la aplicación de materiales de mala calidad, y por no cumplir con las especificaciones que establece la Ley de Obras Públicas, en la construcción de escuelas; salones de actos, agencias municipales, con fisuras en los muros, pisos y lozas, es así en la comunidad de Llano Grande del Ejido Berriozabal.

En la construcción de sistemas de agua potable, colocación de tuberías de PVC y fierro galvanizado de muy mala calidad, atraques y muros que presentan fisuras con filtraciones de agua actualmente en los ductos de conducción, caso evidente el de la localidad Peña Blanca, existiendo demanda interpuesta de pagos no efectuados a los habitantes de la localidad ante la Controlaría del estado.

Construcción de caminos rurales, con pendientes fuera de especificaciones, con subidas (cuestas) muy pronunciadas, que ocasionan que los vehículos transiten en constante peligro de volcarse, por el tan empinado de los caminos, es el caso evidente que se observa en los caminos El Remate - Delicias, Tuixcum - Calera, Sinaltepec - Maíz Blanco, Milenio - Zaragoza, barrio Unión Progreso Ejido Carrizal y muchos otros que se podrían referir, pero que en los hechos con una inspección técnica ocular, saldrían mencionados como mal construidos otros más.

Pavimentación de calles, éstas obras son ejecutadas fabricando el concreto con demasiada ligereza, 13 latas de arena y una bolsa de cemento, combinación pobre que da como resultado que la duración de la obra sea pésima, incluso inservible, apareciendo a los pocos días con grietas y asentamiento, por no cumplir con las especificaciones de obra, es el caso de los tramos de concreto armado en el ejido Bremen, en la cabecera municipal (milenio 1), entre otros lugares.

Decimos más de obras, la que se encuentra tirada desde hace más de un año, respecto a la construcción del drenaje y pavimentación de la calle principal, acceso a la ciudad de Motozintla, calzada Las Canoas, esta obra presenta mala calidad en la construcción de los pozos de visita, así como del relleno efectuado, aún inconclusa; vía destruida, unos dicen en reparación, otros dicen en remodelación, y según versiones de las autoridades municipales, director de Obras Públicas y del presidente municipal se les acabó el presupuesto para la terminación, se les fue el tiempo y destruyeron lo que medio servia en la cabecera municipal.

En la actualidad el reclamo de la población es generalizado, es por ello, que se plantea a esta honorable asamblea la solicitud de revisar con puntualidad sobre los recursos que aquí el Pleno destina para el fortalecimiento de los municipios en cada uno de los rubros federales, es el caso del municipio referido de Motozintla de Mendoza en Chiapas.

Es de puntualizar, que no basta presumir de correcto en el quehacer político administrativo, sino .actuarse, vivirse y parecerlo, éste es su caso, no cumple, ni siquiera con el prurito de congruencia, dice, pero no hace, actúa de una forma y vive de otra, la población cansada reclama claridad y transparencia de la administración municipal, porque éste municipio como muchos otros de la zona tienen muchas carencias y sus habitantes sobre todo los de escasos recursos ya se cansaron de que usen el nombre de sus comunidades, barrios y colonias para encubrir presupuestos no aplicados y mucho menos justificados documentalmente por un cabildo endeble, falto de capacidad, de experiencia para poder aplicar justicia, equidad, claridad y sobre todo transparencia de su actuar como autoridad.

Pero lo que es notorio y evidente es el avance en su patrimonio familiar, del que ningún presidente puede hacer gala por el ingreso en cuanto al sueldo que recibe, de ahí que para la población de esta zona exista presunción de enriquecimiento inexplicable, por lo que solicitan una amplia y urgente investigación no solo del C. Óscar González Galindo, presidente municipal, sino del C. Arnulfo Morales Sánchez, director de Obras Públicas municipales, del C. Eduardo Liy Mayorga, tesorero municipal, quienes de todos es sabido (como secreto a voces), que han especulado con los diezmos otorgados por los contratistas, así como de la sobrevaluación de las obras, generando un clima de evidente corrupción, haciendo ostentación de contar con distintas propiedades personales, como ranchos, casas habitación, vehículos de prestigiadas marcas costosas; como otros inmuebles, los dos primeros; presidente municipal y director de obras, con constructoras en propiedad de prestanombres con dudosa reputación, por lo que se indica la posibilidad de que bien valdría la pena la investigación de la relación del Ejecutivo municipal con el C. Isaac Gallero de la ciudad de Huixtla, Chiapas. Así también, la investigación a las empresas GEDGAM Constructora y el C. Héctor Silva Camacho, por facturación al actual ayuntamiento, entre otras.

Por lo expuesto, y en mi calidad de diputado federal de esta LIX Legislatura, presento a la consideración de ustedes, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico.- Esta honorable Cámara de Diputados, solicita al secretario de la Función Pública Federal y al auditor superior de la Federación, la revisión exhaustiva de los recursos federales que se destinan sobre todo en los Ramos 28, 33, 39 y demás aportaciones federales derivadas por otros programas al municipio de Motozintla de Mendoza en Chiapas, la aplicación de una auditoría a la administración municipal del ayuntamiento referido, presidida por el C. Óscar René González Galindo.

Palacio Legislativo a 23 de noviembre 2004.

Dip. Belizario Iram Herrera Solís (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE SALUD UNA PRÓRROGA, DE HASTA CINCO AÑOS Y POR ÚNICA VEZ, DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL INCISO 4.3 DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SSA1-1993, A FIN DE REALIZAR UNA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE LOS ARTESANOS DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE ALFARERÍA Y ARTESANÍA QUE UTILIZAN COMO MATERIA PRIMA ESENCIAL EL MONÓXIDO DE PLOMO, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO ALBERTO JIMÉNEZ MERINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 de su Reglamento, me permito someter a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución; con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En la modificación realizada a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA1-1993 en su inciso 4.3 se establece, a la letra, que "Se prohíbe usar y comercializar esmaltes y colorantes nacionales e importados con monóxido de plomo (litargirio), óxido rojo de plomo (minio) y del carbonato básico de plomo (alcayalde) en la fabricación de alfarería vidriada, cerámica vidriada y porcelana que sirva para contener y procesar alimentos y bebidas". El espíritu de esta modificación tiende a la salvaguarda de la salud de todos los mexicanos. sin embargo, lejos de una visión integral de la problemática se ha dejado de lado las implicaciones económicas y las opiniones de los productores de alfarería y cerámica.

Se dejó de lado la necesidad de una reconversión productiva, lo cual, debido al tono tajante del inciso 4.3 de la Norma, deja a la deriva a un gran número de familias que sustentan su economía en la producción de utensilios cuya principal materia prima es el monóxido de plomo (Litargirio), mejor conocido por los productores como Greta. Dicho producto es usado para vitrificar diversos utensilios mediante la cocción a una temperatura de 800° C, lo cual fija permanentemente la sustancia al barro. Haciéndolo suficientemente resistente para la preparación, cocción y servicio de alimentos y bebidas para la alimentación humana. Los utensilios fabricados de esta manera han sido usados desde hace más de un siglo.

Por otro lado, en el municipio de Zautla, en el estado de Puebla, gran parte de la población tiene como principal fuente de trabajo la producción de alfarería en la que la Greta es de uso normal. El 90% de la economía de esta región esta basada en la alfarería y los efectos dañinos a la salud, utilizados como argumentos para la modificación de la norma, no se han presentado en todo el tiempo que se ha trabajado dicha sustancia.

Cabe señalar que la voz de los alfareros de Zautla no fue escuchada en la discusión sobre las modificaciones, aun cuando fue importante la participación de instituciones gubernamentales, de la iniciativa privada y de las instituciones especializadas en el tema, la integralidad que debe guardar una Norma, donde se observen todas las implicaciones sociales y económicas, no se presentó, pues debió haber sido incluido el sentir de los productores, quienes verán su fuente de trabajo seriamente lesionada o, en el peor de los casos, desaparecida.

Sin dudar de la sapiencia de los participantes en la modificación, y sabiendo bien que la intención es para el beneficio de la población, aquí se hace hincapié en la falta de miras sobre una modificación que tienda hacia la conversión productiva integral.

El que la norma entre en vigor afectará profundamente a más de mil 250 unidades productivas y, debido a que la estructura de estas unidades es familiar, por ende, afectará a mil 250 familias, pues el cambio de producto para el esmalte de los utensilios exige el cambio de todo el proceso productivo, pues los hornos, en su mayoría, funcionan con una tecnología muy antigua, sin necesidad de actualización. Por lo que prohibir el uso de la Greta obligará a la construcción de nuevos hornos, con nueva tecnología cuyo combustible puede ser el gas u otros hidrocarburos para cocer la alfarería a temperaturas entre 900° y 110° C, rango en el que se cuecen los barnices o esmaltes sin plomo.

Esto sugiere un duro impacto económico, el cual no se contempló en la modificación de la Norma, pues son, como se mencionó, son mil 250 unidades productivas las afectadas, de las cuales el 50% se encuentran en San Miguel Tenextatiloyan, municipio de Zautla, Puebla.

Definitivamente, los productores no están en condiciones de absorber el costo que la conversión productiva exige de entrar en vigor la nueva Norma. Tanto por el corto plazo que tuvieron para realizarlo como por los costos económicos. El costo se estima en 35 mil pesos por unidad productiva: un horno a gas de 1.5 m3 de capacidad, que sería el horno promedio requerido, aproximadamente a 25 mil pesos, sumándose el costo de un tanque con capacidad de 500 kg a 5 mil pesos y la instalación de un ventilador, líneas de conducción y quemadores, con un costo de 5 mil pesos: en suma 35 mil pesos, que multiplicados por mil 250 representan la necesidad de una inversión por 43 millones 750 mil pesos.

De tal manera que de entrar en vigor el inciso 4.3 de la Norma modificada, el escenario de los productores alfareros sería profundamente adverso. No sólo sería preciso el nuevo equipamiento, sino también la capacitación, pues el proceso productivo actual es centenario. Cambiar de tajo toda una concepción sobre el trabajo realizado de una misma manera por tres generaciones supone, asimismo, una inversión importante.

Además, la posibilidad de llevar el desempleo a una región donde la alfarería, mediante los talleres familiares, ha mantenido un sano ambiente laboral es seriamente latente con la entrada en vigor de la nueva Norma y va en contra de las necesidades más apremiantes de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto me permito poner a su consideración de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Uno.-. Solicitar a la Secretaría de Salud una prorroga de hasta cinco años y por única vez de la entrada en vigor del inciso 4.3 de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA1-1993 a fin de realizar una reconversión productiva de los artesanos dedicados a la fabricación de alfarería y artesanía que utilizan como materia prima esencial el monóxido de plomo (litargirio) mejor conocido como Greta.

Dos.- Toda vez que la modificación a la Norma busca resolver un problema de salud pública y que repercute en la necesidad del fomento productivo, se exhorta a la Secretaría de Economía, a la Financiera Rural y a Fidecomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA), así como a la demás dependencias que destinan apoyos a esta rama productiva a dar la máxima prioridad y facilidades para resolver este proceso de reconversión productiva con el fin de lograrla en los menores plazos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2004.

Dip. F. Alberto Jiménez Merino (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA MUERTE DE YASSER ARAFAT, PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD NACIONAL PALESTINA, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE MARTÍNEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados expresa al pueblo y a la Autoridad Nacional Palestina su más sentido pésame por la irreparable pérdida del Presidente Yasser Arafat.

Segundo. La Cámara de Diputados hace votos porque se alcance una paz justa y duradera, con fronteras seguras y reconocidas, entre el Estado de Israel y el Estado palestino.

Tercero. La Cámara de Diputados hace un llamado al gobierno israelí para que retire sus tropas de los territorios ocupados y permita que el pueblo palestino ejerza su derecho a expresarse soberanamente en el marco de un proceso electoral democrático.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2004.

Dip. Jorge Martínez Ramos (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A IMPONER A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL NOMBRE DE "BENITO JUÁREZ", A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ, SUSCRITO POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ

Quien suscribe, diputado federal por el estado de Oaxaca, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, y Presidente en turno de la Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez, ocurre a presentar la siguiente proposición de punto de acuerdo que exhorta atentamente al Poder Ejecutivo a que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, imponga al aeropuerto internacional de la Ciudad de México el nombre de "Benito Juárez", en tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera.- Que en virtud de que el 21 de marzo de 2006 se cumplen doscientos años del natalicio del licenciado Benito Juárez García, quien fuera Presidente de México y reconocido internacionalmente como "Benemérito de las Américas", la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo al Pleno de la Cámara en el sentido de establecer la Comisión Especial para la Conmemoración del Bicentenario del Natalicio del Presidente Benito Juárez, mismo que fue aprobado, por lo que dicha Comisión quedó debidamente instalada el 29 de junio de 2004.

Se estableció que la Comisión tendría una presidencia rotativa en orden creciente a partir de la fecha de su instalación, correspondiendo al suscrito asumir la presidencia durante el primer periodo. Se señaló que el objeto de la Comisión sería organizar, impulsar, coadyuvar y dar seguimiento, en el ámbito de la competencia del Poder Legislativo federal, a las actividades conmemorativas, de divulgación y de edición que se realicen en honor a Benito Juárez dentro del territorio nacional y en el ámbito internacional.

En tal sentido la Comisión elaboró y aprobó un programa específico de actividades, el cual fue presentado oportunamente a la Junta de Coordinación Política para su conocimiento y en el cual se propuso, entre otras actividades, elaborar una proposición de punto de acuerdo que exhorta atentamente al Poder Ejecutivo a que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, imponga al aeropuerto internacional de la Ciudad de México el nombre de "Benito Juárez".

Segunda.- Consumada la independencia nacional, ya las fuerzas opositoras a nuestra autonomía, acaudilladas por Agustín de Iturbide incluían en el Plan de Iguala el establecimiento de un gobierno monárquico y la exigencia de que el clero secular y regular conservara todos sus fueros y propiedades, lo que significaba el mantenimiento de la vieja estructura económica y política de la Nueva España.

Cerrado el capítulo del pretendido imperio de Agustín de Iturbide se abre un debate entre aquellos que deseaban organizar al Estado nacional, de acuerdo con los principios de la democracia representativa como única autoridad de la nación, otorgando iguales derechos a los ciudadanos, sin fueros ni privilegios para nadie y por otra parte, la fracción conservadora que habiendo luchado hasta el último momento por evitar la independencia de México quería hacer del Estado un poder subordinado en la práctica al poder eclesiástico, por completo un Estado-Iglesia diametralmente opuesto a las ideas renovadoras de la época.

Más de 30 años duró la lucha entre liberales y conservadores, periodo durante el cual se fraguó el espíritu de toda una generación que tendrá uno de sus momentos culminantes en la movilización vigorosa iniciada en Ayutla en 1854 y que derrotara a la fracción conservadora al convocar al Congreso que dio vida a la Carta Magna de 1857.

De ese grupo de liberales entre los que se encontraban personajes de la talla de Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, Ignacio Manuel Altamirano, Sebastián Lerdo de Tejada y Manuel Doblado, entre muchos más, descolló la figura de Benito Juárez, a quien se deben muchas de las aportaciones que le dieron forma a nuestra estructura jurídica y política como nación independiente y a la configuración de un estado orientado al servicio de las grandes mayorías nacionales.

Las Leyes de Reforma, la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos y la Ley del Matrimonio Civil, fueron tres de las disposiciones esenciales impulsadas por Juárez para acabar con el poder político de la Iglesia y para hacer posible el desarrollo de las fuerzas productivas y favorecer la implantación de una educación que permitiera que el pueblo alcanzara sus metas y su desarrollo integral.

Ante la intervención extranjera llena de avaricia, Juárez nunca perdió de vista su convicción de luchar por la restauración de la República y nada le impidió llevar a cuestas el peso de la institución presidencial por los caminos de México, de tal suerte que llegó a declarar que estaba dispuesto a "subir a la cumbre del cerro más inaccesible, más alto, más árido y allí moriré de sed envuelto en la bandera de la República".

Esta tenaz perseverancia en los principios, hizo que cuando el 15 de mayo de 1867, el triunfo de la República significara el mantenimiento de nuestra soberanía, la supremacía de los principios de no intervención en nuestros asuntos internos y la consolidación de nuestra independencia nacional.

Así, el sacrificio que Juárez y los liberales realizaron padeciendo pobreza, la cárcel, la persecución, el destierro, la calumnia y la infamia, demostró que además de heroicos en el hacer, eran también iluminados en el pensar y perfilaron una luminosa lección histórica que muchos mexicanos de las siguientes generaciones han tomado como referente y como fuerza que ha guiado sus actos.

Tercera.- Es compromiso de los tres Poderes de la Unión, realizar las acciones encaminadas a impulsar la cultura cívica de todos los sectores sociales, por ello la conmemoración de este bicentenario además se ser un acto de justicia con la figura de uno de nuestros mayores próceres históricos, pretende reafirmar y dar vigencia a la figura y los principios sustanciales de nuestra vida republicana, así como a principios enarbolados por el grupo de liberales del que formaba parte Juárez y que son el sustento de buena parte de las garantías individuales.

Por lo antes expuesto y considerando que aunque el aeropuerto internacional de la Ciudad de México nunca tuvo de manera oficial el nombre de Benito Juárez, ha sido conocido popularmente con ese nombre, por lo que en un afán rendir un homenaje a este insigne personaje se propone la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta atentamente al Poder Ejecutivo a que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, imponga al aeropuerto internacional de la Ciudad de México el nombre de "Benito Juárez".

Transitorio

Primero.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
el 23 de noviembre de 2004.

Por la Comisión

Diputados: Jesús Martínez Álvarez (Convergencia) Presidente; Jacobo Sánchez López (PRI), Huberto Aldaz Hernández (PAN), José Luis Naranjo y Quintana (PRD), Javier Orozco Gómez (PVEM), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT).
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL MEMORIAL DE PARTICULARES FORMULADO POR AHORRADORES DEFRAUDADOS DE LOS ESTADOS DE GUANAJUATO, OAXACA, QUERÉTARO, MICHOACÁN, DURANGO Y MORELOS, SUSCRITO POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS Y DE LA COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL

Honorable Asamblea:

El Pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1 y 2, fracción XIV; 45, numeral 6, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual, esta Comisión señala los siguientes:

Antecedentes

PRIMERO.- Mediante escrito de fecha nueve de julio del dos mil cuatro, recibido en la honorable Cámara de Diputado el doce del mimo mes y año, suscrito por el licenciado José Luis Sánchez Martínez, secretario general del Consejo Nacional de Ahorradores; Natalia García de Jiménez; Noé Alejandrino Cruz Quiroz; Jesús Miguel Acosta Castañeda; Sergio Díaz Calderón; José Luis Caltzontzion Alejo y la licenciada Thelma Pérez Rosas Arzate, representantes de los ahorradores defraudados de los estados de Michoacán, Oaxaca, Durango, Querétaro, Guanajuato y Morelos, respectivamente, quienes señalaron que a raíz que se generó el problema de los ahorradores defraudados en veintiséis estados de la República, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de diciembre del dos mil, la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago), con el objeto de fortalecer el esquema financiero de las sociedades de ahorro y préstamo y apoyar a los ahorradores de las sociedades de las cuales se hayan comprobado su insolvencia y hayan sido objeto de los trabajos de auditoría contable.

Asimismo, manifestaron que los titulares de los veintiséis estados de la República suscribieron los primeros convenios de colaboración con el Fideicomiso Pago, según lo establecido por la ley que creó dicho fideicomiso, pagando en el año dos mil uno y dos mil dos aproximadamente a unos ciento cuarenta mil ahorradores defraudados en esta primera fase, dejando fuera a más de cien mil ahorradores por no cumplir con los requisitos señalados en la ley en cuestión, motivo por el cual se le hizo reformas para efecto de que se incluyera a los ahorradores defraudados que no se les había pagado.

Por lo anterior, los promoventes solicitan a la Honorable Cámara de Diputados el siguiente memorial de particulares:

TERCERO.- Con fecha dieciséis de julio del dos mil cuatro, mediante oficio número CFCyES/160704-369, el diputado Presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social licenciado Francisco Javier Saucedo Pérez, solicitó al licenciado Guillermo Barnes García, comisionado del Fideicomiso Pago, informara a dicha Comisión, el monto que habrán de aportar los Gobiernos de los estados de Michoacán, Oaxaca, Durango, Querétaro, Guanajuato y Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal 2004; cuantas sociedades de ahorro han sido auditadas en dichos estados y si fuera el caso, cuantas de ellas faltan por auditar; el número de ahorradores que se les ha pagado y cuantos de ellos faltan por cubrir, de éstos últimos, el motivo por el cual no se les ha pagado e informe la situación actual y los problemas que se hayan suscitado en las entidades federativas en cuestión.

CUARTO.- El día veintiséis de julio del dos mil cuatro, se recibió en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social el oficio con fecha veintisiete del mes y año en curso, suscrito por el licenciado Guillermo Barnes García, comisionado del Fideicomiso Pago, por medio del cual informó lo siguiente:

De igual forma, mediante oficio número CFCyES/030804-404, de fecha tres de agosto del dos mil cuatro, el diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, Presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, solicitó a los presidentes de las mesas directivas de los honorables Congresos de los estados de Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Michoacán y Durango, respectivamente, para efecto de atender al Grupo de Trabajo e informaran si se contempló en el presupuesto de egresos del dos mil cuatro, el pago a ahorradores defraudados de dichas entidades federativas, según lo establecido por la Ley que Crea el Fideicomiso Pago.

SÉPTIMO.- El día veintiséis de agosto del dos mil cuatro, el diputado Belizario Iram Herrera Solís, rindió su informe al pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social relativo a las reuniones de trabajo que tuvo con distintos actores sociales e instituciones en el estado de Guanajuato, misma que se llevó a cabo el veintidós y veintitrés de agosto del dos mil cuatro, en el que informó, en primer lugar, que el veintidós del mes y año en curso, se reunió con ahorradores defraudados, quienes manifestaron principalmente que a raíz del problema, muchos de los ahorradores tuvieron diversas enfermedades; otros, que limitan su alimentación de costumbre; otros más por su edad tuvieron que jubilarse y los recursos que obtuvieron por las pensiones que otorga la ley correspondiente, las habían ahorrado en las cajas populares, sin que tuvieran recursos para sostenerse; que el Gobernador del estado ve con desprecio a los ahorradores y que en lugar de buscar la solución al problema les cierran las puertas, sin que a la fecha haya suscrito el convenio autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso Pago, entre otros reclamos.

Asimismo, el Grupo de Trabajo informó que a las diez horas del día veintitrés de agosto del año en curso, el diputado Belizario Iram Herrera Solís y los asesores de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, se presentaron en las instalaciones del honorable Congreso del estado de Guanajuato, con los diputados Antonino Lemus López, Francisco José Duran Villalpando, José Luis Nieto Montoya, Verónica Chávez de la Peña y Fernando Ugalde de la Peña, integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, no estando presente el licenciado Luis Ernesto Ayala secretario de Desarrollo Económico y Sustentable en representación del Gobierno de dicha entidad federativa, reunión en la que se expuso a los diputados locales, entre otras cuestiones, su sensibilidad para que, en forma conjunta y coordinada, se busque la forma de ajustar el presupuesto de egresos correspondiente al dos mil cinco.

OCTAVO.- Con fecha treinta de agosto del dos mil cuatro, el diputado Rodolfo Esquivel Landa, informó al Pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social respecto a la visita de trabajo correspondiente al estado de Morelos, quien señaló que se reunió con los ahorradores defraudados el veintiséis de agosto del dos mil cuatro y le manifestaron, entre otras cosas, que rebasan la edad de cincuenta años y que solicitan sea atendida la problemática que les aqueja por el Gobernador del estado y su Congreso local, toda vez que se trata de un asunto de carácter social y no político.

De igual forma, el diputado señaló en su informe, que a las catorce horas del treinta de agosto, el representante de los ahorradores defraudados y los asesores de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, se presentaron en las instalaciones del honorable Congreso del estado de Morelos, con la finalidad de llevar a cabo una reunión de trabajo en la que estuvieron presentes los diputados Rodolfo Becerril Straffon y Gustavo Rebolledo Hernández, integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y Fomento Cooperativo. En dicha reunión, se informó que los diputados locales están en la mejor disposición de atender las peticiones de los ahorradores defraudados del estado de Morelos y que estudiarán la posibilidad de emitir un punto de acuerdo para efecto de que sea aprobada una partida especial en el presupuesto de egresos del dos mil cinco asimismo, en dicho informe se señaló el reclamo de los ahorradores defraudados.

Por último, el diputado federal informó que, siendo las doce horas del día veintisiete de agosto del dos mil cuatro, los ahorradores y el grupo de trabajo se trasladaron a las oficinas del ingeniero Germán Castañón Galavís, subsecretario de Gobierno del estado, siendo atendidos por el licenciado Rafael Martínez Flores, director general de Gobierno; en dicha reunión se trató principalmente que el Gobierno del estado de Morelos había suscrito el primer convenio de coordinación autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso Pago, quedando pendiente de suscribir el segundo convenio de coordinación y que el Gobierno del estado no cuenta con antecedente alguno respecto al Fideicomiso Pago, motivo por el cual, los asesores de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social se comprometieron a ponerlos en contacto con el licenciado Guillermo Barnes García, comisionado del Fideicomiso Pago, para efecto de que éste proporcione la documentación e información necesaria y el Gobernador del estado esté en condiciones de firmar el segundo convenio de coordinación.

NOVENO.- Mediante escrito recibido el treinta de agosto del dos mil cuatro, en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, los diputados federales Irene Herminia Blanco Becerra, Cruz López Aguilar, Israel Tentory García y Gerardo Ulloa Pérez, informaron al Pleno de dicha Comisión que tuvieron una reunión de trabajo en el honorable Congreso del estado de Michoacán a las diecinueve horas del día veintiséis de agosto del dos mil cuatro, en la que estuvieron presentes los diputados locales Selene Lucía Vázquez Alatorre, Sandra Luz Valencia, David Morales Morales, el licenciado René Marroquín, asesor jurídico del honorable Congreso estatal y el contador público Ramiro Lemus, en representación del licenciado Carlos del Villar, director de la Secretaría de Planeación y Desarrollo de dicha entidad federativa, misma en la que se señaló que el honorable Congreso y el Gobierno del estado están en la mejor disposición de buscar los mecanismos necesarios para que a la brevedad, se cumpla con la segunda etapa para el pago a ahorradores y que en la última sesión plenaria del honorable Congreso local se implementen los mecanismos para aportar el capital que le corresponde al gobierno estatal, para estar en posibilidades de suscribir el convenio correspondiente con el fideicomiso pago.

Asimismo, señalaron los diputados federales en dicho informe, que el día veintisiete de agosto del año en curso, a las diez horas sostuvieron una reunión con los ahorradores defraudados del estado de Michoacán, en donde manifestaron los problemas que les aquejan a dichos ahorradores.

Por último, los diputados federales informaron que a las doce horas de día señalado en el párrafo anterior, tuvieron una reunión con el licenciado Leopoldo Enrique Bautista Villegas, secretario general de Gobierno del estado de Michoacán, en donde se hizo patente la necesidad de que el Gobierno y el Congreso del estado busquen los mecanismos necesarios para resolver, dentro de sus posibilidades y a la brevedad el problema que les aqueja a los ahorradores del estado, ya que si no se atiende con prontitud, esto generaría un detrimento cada vez mayor a los ahorradores defraudados, dejando patente que es interés primordial de la honorable Cámara de Diputados coadyuvar para solucionar de la mejor manera el asunto.

DÉCIMO.- Mediante escrito de fecha trece de septiembre del dos mil cuatro, suscrito por los diputados federales Alfredo Rodríguez y Pacheco, Gerardo Ulloa Pérez y José Alfonso Muñoz Muñoz, por el cual informaron al Pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, respecto a la visita de trabajo correspondiente al estado de Querétaro, señalando entre otras cosas, que a las once horas del día tres de septiembre del dos mil cuatro, los diputados federales se presentaron en las instalaciones del honorable Congreso del estado de Querétaro, entre quienes estuvieron presentes los diputados locales Miguel Calzada Mercado, María Cristina Morales Domínguez y Rubén Salas González, integrantes de la Comisión de Fomento Industrial, Comercial y Cooperativismo; el licenciado Mario Moisés Quillo Jiménez y Alejandra Rosas, representantes del Gobierno de dicha entidad federativa y el diputado federal Guillermo Tamborrel Suárez, por invitación del diputado federal Alfredo Rodríguez y Pacheco, en virtud de ser diputado por el estado de Querétaro.

Al respecto, en dicha reunión se informó que los diputados federales solicitaron al honorable Congreso del estado de Querétaro y al Gobierno de dicha entidad federativa, que exista disposición para ayudar a resolver los problemas que les aquejan a los ahorradores defraudados e informen si el Congreso del estado aprobó una partida en el presupuesto de egresos correspondiente al dos mil cuatro para ejecutar el pago a dicho ahorradores; de igual forma, se señaló en el informe, que los representantes del Gobierno del estado de Querétaro, manifestaron que se debería ajustar el presupuesto de egresos correspondiente al año dos mil cinco, por lo que se deberán recuperar recursos para hacer frente al problema de mérito.

Asimismo, en el informe anteriormente indicado, se señaló que se llegó a diversos acuerdos en los que se destaca que los diputados locales se comprometieron a reunirse en un plazo de quince días con los representantes del Ejecutivo a fin de buscar alternativas de solución al problema de los ahorradores.

DÉCIMO PRIMERO.- Con fecha veinte de octubre del dos mil cuatro, el diputado Luis Andrés Esteva Melchor, informó al Pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social respecto a la visita de trabajo correspondiente al estado de Oaxaca, quien señaló que se reunió a las diez horas del quince de octubre del dos mil cuatro en las instalaciones del honorable Congreso del estado de Oaxaca, entre quienes estuvieron presentes el diputado local Gabriel Cruz García, Presidente de la Comisión de Fomento Comercial, Industrial y Artesanal en representación del Presidente de dicho honorable Congreso del estado y seis ahorradores defraudados de dicha entidad federativa.

Sobre el particular, en el informe de referencia, señaló el diputado federal que entendía que a mediados del mes de noviembre concluía el periodo de ejercicio del honorable Congreso del estado de Oaxaca y del Gobierno de la entidad federativa, empero que los diputados locales se sensibilizarán en hacer del conocimiento a los diputados entrantes el problema que les aqueja a los ahorradores defraudados para efecto de que autoricen los recursos en el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio dos mil cinco para que el Gobernador en turno esté en posibilidades de suscribir el convenio respectivo, por lo que el diputado local Gabriel Cruz García, manifestó que los diputados entienden la problemática de los ahorradores defraudados y que la harán del conocimiento de los Diputados entrantes para que atiendan dicho problema.

DÉCIMO SEGUNDO.- Mediante escrito de fecha nueve de noviembre del dos mil cuatro, suscrito por los diputados federales Alfredo Rodríguez y Pacheco y Valentín González Bautista, por el cual informaron al Pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, respecto a la visita de trabajo correspondiente al estado de Durango, señalando entre otras cosas, que a las diez horas del día ocho de noviembre del dos mil cuatro, se presentaron en las instalaciones del honorable Congreso del estado de Durango, previa reunión que se había solicitado, entre quienes estuvieron presentes los diputados locales José Ricardo López Pescador, Arturo Yáñez Cuellar, José Teodoro Ortiz Parra, José Antonio Ramírez Guzmán, Héctor Carlos Quiñónez Avalos y Rodolfo Guerrero García y representantes de los ahorradores defraudados de dicha entidad federativa, quienes en la reunión con los diputados locales señalaron que se encuentran en la mejor disposición de atender el problema que les aqueja a los ahorradores defraudados en el estado y que tendrían una próxima reunión en el honorable Congreso del estado con los ahorradores defraudados, el once de noviembre del dos mil cuatro, para efecto de allegarse de mayor información.

Por último, en el informe de referencia, se señaló que a las quince horas del día ocho de noviembre del dos mil cuatro, se trasladaron los diputados federales, locales y los ahorradores defraudados a la oficina del licenciado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, secretario general de Gobierno, a quien se le solicitó incluyera una partida especialmente etiquetada en el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio dos mil cinco, para resolver el problema de los ahorradores defraudados y esté en posibilidades el Gobernador de suscribir el convenio respectivo.

Consideraciones

PRIMERO.- La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social concluyó que del análisis realizado a la petición formulada por los ahorradores defraudados en los estados de Oaxaca, Durango, Michoacán, Querétaro, Guanajuato y Morelos, el problema principalmente estriba en que no se les ha pagado a los ahorradores que se encuentran contemplados en las reformas a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago).

De igual forma, del informe que rindió el Lic. Guillermo Barnes García, comisionado del Fideicomiso Pago, informó mediante oficio de fecha veintiséis de julio del dos mil cuatro a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de esta honorable Cámara de Diputados, que en los estados de Michoacán, Oaxaca, Durango, Querétaro, Guanajuato y Morelos la problemática similar corresponde a la carencia de recursos en dichas entidades federativas para hacer el pago respectivo a quince mil ahorradores defraudados de diez sociedades cooperativas auditadas por dichos problemas y que el Fideicomiso Pago cuenta con la voluntad y los recursos suficientes para hacer frente al problema, siempre y cuando suscriban los Convenios de Coordinación aprobados por el Comité Técnico para efecto de que se aporten los recursos de los estados a dicho Fideicomiso.

SEGUNDO.- De acuerdo a los informes de fechas veintiséis y treinta de agosto, trece de septiembre, veinte de octubre y nueve de noviembre, todos correspondientes al año dos mil cuatro, se desprenden que efectivamente a la fecha los ahorradores defraudados de los estados de Oaxaca, Durango, Michoacán, Querétaro, Guanajuato y Morelos, no han recibido el pago de sus ahorros, en virtud de que los gobernadores de dichas entidades federativas no han firmado los convenios que señala la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, generando con esto, que por la falta de recursos tuvieran enfermedades sin poderlas solventar; otros, tuvieron que sacar a sus hijos de escuelas particulares para inscribirlos en escuelas oficiales; entre otros problemas análogos.

Asimismo, se desprende de los informes que rindieron los grupos de trabajo, que los honorables Congresos de los estados de Oaxaca, Durango, Michoacán, Querétaro, Guanajuato y Morelos, están en la mejor disposición de apoyar a los ahorradores defraudados de dichas entidades federativas y que estudiarían la posibilidad de ajustar el presupuesto de egresos correspondientes al ejercicio fiscal dos mil cinco, para hacer frente al problema que aqueja a los ahorradores defraudados de los estados indicaeos.

De igual forma, se desprende de dichos informes que los Gobiernos de los estados de Michoacán, Oaxaca, Durango, Querétaro, Guanajuato y Morelos tienen la mejor disposición de resolver el problema que les aquejan a los ahorradores defraudados de dichas entidades federativas; empero, que en los proyectos elaborados correspondientes a los presupuestos de egresos de los ejercicios de años anteriores, no se encuentra contemplado una partida especial para que los honorables Congresos los hayan aprobado.

Efectivamente, los honorables Congresos de los estados de Oaxaca, Durango, Querétaro, Michoacán, Guanajuato y Morelos están facultados para estudiar y discutir los proyectos de egresos de los Gobiernos y en su momento aprobar los presupuestos de egresos correspondientes a los ejercicios del año próximo futuro.

Por lo anteriormente señalado, la honorable Cámara de Diputados considera como grave el problema que aqueja a los ahorradores defraudados, en primer lugar, porque los honorables Congresos de los estados de Oaxaca, Durango, Querétaro, Michoacán, Guanajuato y Morelos, no han aprobado en los años próximos pasados los presupuestos de egresos para hacer frente al pago de los ahorradores y en segundo lugar, porque los Gobiernos de dichas entidades federativas no han formalizado los convenios establecidos por la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores ni han incluido en los proyectos de egresos una partida especialmente etiquetada en los presupuestos de egresos.

Motivo por el cual, la honorable Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura considera conveniente exhortar a los honorables Congresos de los estados de Oaxaca, Durango, Querétaro, Michoacán, Guanajuato y Morelos para que autoricen los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio dos mil cinco y los Gobiernos de dichas entidades federativas estén en condiciones de formalizar el convenio autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso Pago.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social pone a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo por obvia resolución:

PRIMERO: La honorable Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los honorables Congresos de los estados de Oaxaca, Durango, Michoacán, Querétaro, Guanajuato y Morelos, a efecto de que revisen, ajusten e incluyan una partida especialmente etiquetada en el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio relativo al dos mil cinco, con el objeto de liberar recursos suficientes para el pago de quince mil ahorradores defraudados de las diez cajas de ahorro auditadas por los Gobiernos de dichas entidades federativas.

SEGUNDO: La honorable Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Gobernadores de los estados de Oaxaca, Durango, Michoacán, Querétaro, Guanajuato y Morelos, para efecto de que formalicen respectivamente los convenios autorizados por el Comité Técnico y estén en posibilidades de cumplir con lo establecido por la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fideicomiso Pago).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos a los once días del mes de noviembre del año dos mil cuatro.

Diputados: Francisco Javier Saucedo Pérez (rúbrica), Presidente; José Juan Bárcenas González (rúbrica), Francisco Luis Monárrez Rincón, Belisario Iram Herrera Solís (rúbrica), secretarios; Huberto Aldaz Hernández (rúbrica), Gaspar Ávila Rodríguez, Irene Herminia Blanco Becerra (rúbrica), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Lino Celaya Luría (rúbrica), Felipe de Jesús Díaz González, Luis Andrés Esteva Melchor (rúbrica), David Ferreyra Martínez (rúbrica), Manuel Gómez Morín Martínez del Río (rúbrica), Valentín González Bautista (rúbrica), José Julio González Garza (rúbrica), César Amín González Orantes, Manuel González Reyes (rúbrica), Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica), Eviel Pérez Magaña (rúbrica), José Alfonso Muñoz Muñoz (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Javier Orozco Gómez, Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Alfredo Rodríguez y Pacheco (rúbrica), Israel Tentory García (rúbrica), Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica).
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, EN TORNO AL DECOMISO DE CARNE CON HUESO IMPORTADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, A CARGO DEL DIPUTADO GONZALO ALEMÁN MIGLIOLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado federal de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Honorable asamblea:

Vengo ante esta tribuna a denunciar un grave problema de salud pública.

La Comisión Especial de Ganadería que me honro en presidir, ha continuado dando seguimiento personal a las importaciones de productos cárnicos provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica y nuevamente se tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación, que el pasado día sábado 6 de noviembre, las autoridades aduaneras de Monterrey, Nuevo León realizaron embargo de una cantidad considerable de carne con hueso, misma que está prohibida, por el riesgo que representa al continuar vigente el peligro de la vaca loca.

Con esto seguimos constatando que existe ineficiencia en el trabajo desempeñado y presumimos se esté incurriendo en actos de corrupción, por parte de funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Sagarpa, ya que estos hechos se repiten constantemente, poniendo en grave riesgo la salud de los mexicanos.

Por lo anterior, este cuerpo legislativo insiste en denunciar este tipo de irregularidades y solicitar la actuación inmediata de los funcionarios competentes, en los términos de la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento que rigen a nuestra Cámara.

Por lo que pido a la Presidencia otorgue a esta proposición el carácter de urgente y obvia resolución.

Acudiendo al apoyo de todos mis compañeros legisladores para asumir el compromiso por la defensa y protección de la salud de las familias de los mexicanos, aprobando los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero.- Esta Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a que investigue los hechos anteriormente expuestos y en caso de existir la posibilidad de que se haya incurrido en la comisión de delitos del orden federal se consigne a los responsables.

Segundo.- Se solicita al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de esta honorable Cámara de Diputados, para que conforme a sus facultades lleve a cabo la evaluación detallada del desempeño del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, de la Sagarpa y emita el dictamen correspondiente.

Palacio Legislativo a 23 de noviembre de 2004.

Dip. Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CONTEMPLAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005 LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA, ASÍ COMO EL PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LOS SISTEMAS FERROVIARIOS QUE INTEGRAN EL FERROCARRIL SUBURBANO PARA LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA SHEYLA FABIOLA ARAGÓN CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Proposición con punto de acuerdo que suscribe la diputada federal del estado de México por la quinta circunscripción, Sheyla Fabiola Aragón Cortés, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, la elaboración de los estudios de factibilidad técnica y financiera, y proyecto de ejecución para los sistemas ferroviarios que integran el Ferrocarril Suburbano para la Zona Metropolitana del Valle de México:

Exposición de Motivos

I. La creación de un proyecto para brindar el servicio público de transporte de pasajeros, requiere una inversión de gran magnitud que comienza con la elaboración de los estudios de factibilidad técnica y financiera e incluye la elección del medio de transporte más eficiente conforme a las necesidades demográficas de las zonas contempladas, y así concluir posteriormente con el proyecto ejecutivo que se traduce en la construcción de la infraestructura y el funcionamiento del medio de transporte elegido; etapas previas no menos costosas pero necesarias para una planeación efectiva propia de los grandes proyectos.

II. La elaboración pronta de los estudios previos, obedece al tiempo de ejecución de dicho proyecto cuyo riesgo de demora para ser finalizado y puesto en operación es elevado, no coincidiendo así con la demanda urgente de transporte para los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México ubicada dentro del estado de México.

III. La Zona Metropolitana del Valle de México cuenta con una población que rebasa los 18 millones de habitantes, de los cuales casi el 50% viven en el Distrito Federal y el resto en los 28 municipios conurbanos del estado de México, sin embargo el transporte masivo existente se encuentra en 93.25% en la capital y solo un 6.75% en el estado de México.

III. El transporte colectivo más eficiente es el ferroviario. Como ejemplo está la red del Sistema de Transporte Colectivo "Metro" en el área metropolitana del Valle de México. Transportó durante 2003 un promedio diario de 4,236,672 pasajeros, lo que representa un 20% del total de pasajeros que utilizan el servicio público de transporte en toda el área.

Las dos únicas rutas del Sistema que llegan a la zona oriente del área metropolitana en el estado de México son:

El proyecto consiste en conformar tres sistemas distintos, cada uno con una línea troncal y líneas secundarias de menor densidad que actúen como ramales, aprovechando los 240 kilómetros de derecho de vías federales existentes en la Zona Metropolitana del Valle de México y la infraestructura ferroviaria asociada y que son las siguientes:

V. En apoyo al proyecto del Ferrocarril Suburbano, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes firmó convenio con el Gobierno del estado de México el 4 de diciembre de 2003, además, se han integrado cuatro grupos de trabajo con dicho gobierno en apoyo al desarrollo de las actividades del proyecto y se han verificado reuniones con los presidentes municipales de Tlalnepantla, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli y de Tultitlán, en las que se han acordado dar seguimiento en forma permanente a los temas críticos del proyecto.

VI. Con ello se cumple con la primera etapa del Sistema 1 del Ferrocarril Suburbano del Valle de México, estando pendientes por falta de recursos los estudios correspondientes al Sistema 2 y al Sistema 3 que cubrirían el resto de las zonas demográficas más sensibles del estado de México, por ello, la urgencia del desarrollo simultáneo de estos proyectos, además de ofrecer al mismo tiempo el servicio público de transporte ferroviario a los habitantes de estas zonas.

VII. Los beneficios del proyecto al usuario es la oferta inicial de 320 mil pasajeros al día, tarifas equivalentes a las que ofrece el autotransporte, ahorro de tiempo por pasajero y mayor seguridad.

En protección al ambiente se reducen el tráfico de transporte público automotor y los congestionamientos, causantes a su vez de la emisión de contaminantes, como consecuencia, la circulación será más fluida, una desconcentración de zonas habitacionales, y un impulso al transporte eléctrico masivo.

VIII. El monto estimado para el diseño de los proyectos deberá ser asignado como parte de los fondos para proyectos especiales del Ramo Administrativo correspondiente al sector de Comunicaciones y Transportes, pues es la autoridad responsable de ejecutar los estudios necesarios.

IX. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara es competente para elaborar y conocer de las modificaciones propuestas por los diputados de este órgano legislativo al Presupuesto de Egresos de la Federación para cumplir con lo dispuesto por la fracción cuarta del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a esta H. Asamblea:

Unico.- A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara de Diputados para que se asignen recursos suficientes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, destinados a elaborar los estudios de factibilidad técnica y financiera y los proyectos ejecutivos para desarrollar los sistemas ferroviarios 2 y 3 del Ferrocarril Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2004.

Dip. Sheyla Fabiola Aragón Cortés (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SALUDA EL TRIUNFO ELECTORAL DEL CANDIDATO DE LA COALICIÓN FRENTE AMPLIO NUEVA MAYORÍA DE URUGUAY, SEÑOR TABARÉ VÁSQUEZ, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE MARTÍNEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los abajo firmantes, diputados federales integrantes de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten presentar proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión saluda el triunfo de Tabaré Vásquez en las recientes elecciones de la República de Uruguay y hace votos para que esta decisión del pueblo uruguayo, legitimada en las urnas, contribuya al progreso y la paz social de aquel país hermano, así como al mejor entendimiento de los pueblos del continente americano.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2004.

Dip. Jorge Martínez Ramos (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A SUMARSE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIO POSTAL MEXICANO, A LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ, MEDIANTE LA EMISIÓN DE UN TIMBRE POSTAL CONMEMORATIVO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ, SUSCRITO POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ

Quien suscribe, diputado federal por el estado de Oaxaca, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, y Presidente en turno de la Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez, ocurre a presentar la siguiente proposición de punto de acuerdo que exhorta atentamente al Poder Ejecutivo a que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el organismo público descentralizado Servicio Postal Mexicano, se sume a los festejos del bicentenario del natalicio de Benito Juárez, mediante la emisión de un timbre postal conmemorativo del bicentenario del natalicio del licenciado Benito Juárez García.

Consideraciones

Primera.- Que en virtud de que el 21 de marzo de 2006 se cumplen doscientos años del natalicio del licenciado Benito Juárez García, quien fuera Presidente de México y reconocido internacionalmente como "Benemérito de las Américas" la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo al Pleno de la Cámara en el sentido de establecer la Comisión Especial para la Conmemoración del Bicentenario del Natalicio del Presidente Benito Juárez, mismo que fue aprobado, por lo que dicha Comisión quedó debidamente instalada el 29 de junio de 2004.

Se estableció que la Comisión tendría una presidencia rotativa en orden creciente a partir de la fecha de su instalación, correspondiendo al suscrito asumir la presidencia durante el primer periodo. Se señaló que el objeto de la Comisión sería organizar, impulsar, coadyuvar y dar seguimiento en el ámbito de la competencia del Poder Legislativo federal a las actividades conmemorativas, de divulgación y de edición que se realicen en honor a Benito Juárez dentro del territorio nacional y en el ámbito internacional.

En tal sentido la Comisión elaboró y aprobó un programa específico de actividades, el cual fue presentado oportunamente a la Junta de Coordinación Política para su conocimiento y en el cual se propuso entre otras actividades elaborar una proposición de punto de acuerdo que exhorta atentamente al Poder Ejecutivo a que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el organismo público descentralizado Servicio Postal Mexicano, se sume a los festejos del bicentenario del natalicio de Benito Juárez, mediante la emisión de un timbre postal conmemorativo del bicentenario del natalicio del licenciado Benito Juárez García.

Segunda.- Consumada la independencia nacional, ya las fuerzas opositoras a muestra autonomía, acaudilladas por Agustín de Iturbide incluían en el Plan de Iguala el establecimiento de un gobierno monárquico y la exigencia de que el clero secular y regular conservara todos sus fueros y propiedades, lo que significaba el mantenimiento de la vieja estructura económica y política de la Nueva España.

Cerrado el capítulo del pretendido imperio de Agustín de Iturbide se abre un debate entre aquellos que deseaban organizar al Estado nacional, de acuerdo con los principios de la democracia representativa como única autoridad de la nación, otorgando iguales derechos a los ciudadanos, sin fueros ni privilegios para nadie y por otra parte, la fracción conservadora que habiendo luchado hasta el último momento por evitar la Independencia de México quería hacer del Estado un poder subordinado en la práctica al poder eclesiástico, por completo un Estado-Iglesia diametralmente opuesto a las ideas renovadoras de la época.

Más de 30 años duró la lucha entre liberales y conservadores, periodo durante el cual se fraguó el espíritu de toda una generación que tendrá uno de sus momentos culminantes en la movilización vigorosa iniciada en Ayutla en 1854 y que derrotara a. la fracción conservadora al convocar al Congreso que dio vida a la Carta Magna de 1857.

De ese grupo de liberales entre los que se encontraban personajes de la talla de Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, Ignacio Manuel Altamirano, Sebastián Lerdo de Tejada y Manuel Doblado, entre muchos más, descolló la figura de Benito Juárez, a quien se deben muchas de las aportaciones que le dieron forma a nuestra estructura jurídica y política como nación independiente y a la configuración de un Estado orientado al servicio de las grandes mayorías nacionales.

Las Leyes de Reforma, la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos y la Ley del Matrimonio Civil, fueron tres de las disposiciones esenciales impulsadas por Juárez para acabar con el poder político de la Iglesia y para hacer posible el desarrollo de las fuerzas productivas y favorecer la implantación de una educación que permitiera que el pueblo alcanzara sus metas y su desarrollo integral.

Ante la intervención extranjera llena de avaricia, Juárez nunca perdió de vista su convicción de luchar por la restauración de la República y nada le impidió llevar a cuestas el peso de la institución presidencial por los caminos de México, de tal suerte que llegó a declarar que estaba dispuesto a "subir a la cumbre del cerro más inaccesible, más alto, más árido y allí moriré de sed envuelto en la bandera de la República".

Esta tenaz perseverancia en los principios, hizo que cuando el 15 de mayo de 1867, el triunfo de la República significara el mantenimiento de nuestra soberanía, la supremacía de los principios de no intervención en nuestros asuntos internos y la consolidación de nuestra independencia nacional.

Así, el sacrificio que Juárez y los liberales realizaron padeciendo pobreza., la cárcel, la persecución, el destierro, la calumnia y la infamia, demostró que además de heroicos en el hacer, eran también iluminados en el pensar y perfilaron una luminosa lección histórica que muchos mexicanos de las siguientes generaciones han tomado como referente y como fuerza que ha guiado sus actos.

Tercera.- Es compromiso de los tres Poderes de la Unión realizar las acciones encaminadas a impulsar la cultura, cívica de todos los sectores sociales, por ello la conmemoración de este bicentenario además se ser un acto de justicia con la figura de uno de nuestros mayores próceres históricos, pretende reafirmar y dar vigencia a la figura y los principios sustanciales de nuestra vida republicana, así como a principios enarbolados por el grupo de liberales del que formaba parte Juárez y que son el sustento de buena parte de las garantías individuales.

Por lo antes expuesto y en un afán de rendir un homenaje a este insigne personaje, se pone a consideración de esta representación, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta atentamente al Poder Ejecutivo a que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el organismo público descentralizado Servicio Postal Mexicano, se sume a los festejos del bicentenario del natalicio de Benito Juárez, mediante la emisión de un timbre postal conmemorativo del bicentenario del natalicio del licenciado Benito Juárez García.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 23 de noviembre de 2004.

Por la Comisión

Diputados: Jesús Martínez Álvarez (Convergencia), Presidente; Jacobo Sánchez López (PRI); Huberto Aldaz Hernández (PAN); José Luis Naranjo y Quintana (PRD); Javier Orozco Gómez (PVEM); Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT).
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A CONSERVAR EN SU ESTRUCTURA ORGÁNICA LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA, ASÍ COMO A REVISAR LOS NUEVOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO QUE SE IMPLANTARON A PARTIR DEL CICLO ESCOLAR 2004-2005, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ GUZMÁN SANTOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado José Guzmán Santos, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional someto a la consideración de los integrantes de esta Asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes:

Antecedentes

1. El decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2004 dispone en el articulo 30, fracción I, inciso c) que, como parte de las medidas de austeridad a las que el Ejecutivo federal estará obligado, las dependencias y entidades deberán ajustar su estructura a tres subsecretarias o niveles salariales equivalentes, como máximo, salvo en los casos de excepción que se justifiquen ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, y se sometan a la opinión de la Cámara, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

2. Con fecha 9 de septiembre de 2004, la Secretaría de Educación Pública presentó ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el anteproyecto de Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, así como un addendum al mismo, el pasado 5 de octubre.

3. Entre las principales propuestas contenidas en el documento anteriormente referido, se encuentra la desaparición de la Subsecretaría de Planeación y Coordinación así como la Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal; y se propone la sustitución de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas por una nueva Subsecretaría denominada Educación Media Superior, quedando la Secretaría de Educación Pública integrada con tres subsecretarias.

4. Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública, mediante el acuerdo número 345 por el que se determina el Plan de Estudios del Bachillerato Tecnológico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto del presente año, implantó a partir del ciclo escolar 2004 - 2005, dicho plan de estudios en el que se disminuyen los contenidos y las asignaturas de formación científica, desaparecen algunas humanísticas, y quedan sin definirse las especialidades y los programas de las actividades tecnológicas.

Consideraciones

La educación tecnológica tiene como finalidad posibilitar en los alumnos el aprendizaje del conocimiento tecnológico para su comprensión y práctica del saber - hacer humano. Conocimiento tecnológico que esté relacionado con la lógica de los objetos y procesos técnicos, su estructura y funcionamiento; los procesos presente en su elaboración; las necesidades a las que da respuesta; y, su impacto en el medio natural y social. Al mismo tiempo, también es importante que los alumnos comprendan las dimensiones científicas y técnicas de los productos de la tecnología, así como las fuerzas sociales, opciones políticas y condicionantes culturales que se encuentran en ellos.

En todos los países desarrollados y los países con economías en desarrollo, la educación tecnológica es un tema de la mayor relevancia en sus sistemas educativos nacionales, ya que en la mayoría de los casos ésta es abordada desde los primeros grados de la educación básica como plataforma entre otros objetivos, para la preparación futura de aquellos recursos humanos que habrán de aportar al desarrollo tecnológico del país.

En una visión integral, se debe considerar que los sistemas de formación, cuyo eje es la educación tecnológica en todos sus niveles y modalidades, en la mayoría de esos países muestran marcadas iniciativas para hacer avanzar sus esquemas de educación y formación con base en las nuevas exigencias del cambio; en mucho de ellos se asiste a un proceso de recomposición de las estrategias educativas como criterio de reforma.

La sola posibilidad de lograr que un buen número de alumnos de secundaria se incorporen al bachillerato tecnológico y de ahí a una educación superior tecnológica, puede significar importantes avances en la conformación de una masa crítica de científicos y tecnólogos que tanto requiere el país para lograr un desarrollo socialmente más justo y equitativo, pero también sustentable en beneficio de las generaciones futuras.

En esta visión, México ha venido construyendo y consolidando su Sistema Nacional Tecnológico a partir de la creación y articulación de distintos niveles educativos, desde secundaria hasta superior, pasando por la formación para el trabajo como una opción para la incorporación inmediata al mudo laboral.

Con el objeto de darle mayos viabilidad y articulación a este proceso se creo en 1958 dentro de la estructura orgánico-funcional de la Secretaría de Educación Pública, la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica (SEIT) y como soporte académico y optativo al Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica (Cosnet).

En la actualidad, el Sistema Nacional de Educación Tecnológica tiene registrado a más de dos mil planteles en sus diferentes niveles educativos en el territorio nacional, que atiende aproximadamente a dos millones de alumnos en las modalidades educativas de capacitación, secundaria técnica, licenciaturas, especialización, maestría y doctorado, con una plantilla docente de más de cien mil profesores.

La existencia de una vía tecnológica y de una unidad orgánica en la Secretaría de Educación Pública responsable de una correcta evolución y desarrollo, le da al Sistema Educativo Nacional una ventaja estratégica que sería de trascendental importancia en la construcción de los sistemas de educación y formación permanente que demandan las sociedades del conocimiento del siglo XXI.

Se requiere pues, de una instancia formal que organice, impulse, coordine y regule las tareas educativas referentes a la formación profesional, la investigación y la difusión de la cultura tecnológica de todos lo tipos y niveles que conforman el Sistema Nacional de Educación Tecnológica, a efecto de garantizar la relevancia y pertinencia de desarrollo tecnológico que requiere el país en lo general y de sus diversas regiones en lo particular.

En tal sentido resulta contradictorio que en un proceso de reestructuración de la Secretaría de Educación Pública, se opte por la desaparición de esta instancia y con ello la desarticulación y fragmentación del propio sistema Nacional de Educación Tecnológica, con los siguientes efectos previsibles:

Sería lamentable y un error histórico, desarticular todos los esfuerzos realizados para consolidar un Sistema Nacional de Educación Tecnológica, en virtud de las necesidades actuales y futuras de la globalización económica mundial, en la que el conocimiento científico y tecnológico y la formación de recursos humanos altamente especializados son estrategias nodales para la competencia mundial.

No se trata de defender a ultranza ninguna posición de pertenencia a un grupo por digna y destacada que haya sido su trayectoria, sino por el contrario, se trata de defender un proyecto de país que el futuro inmediato habrá de marcar la diferencia entre la pobreza generalizada y la oportunidad de lograr un desarrollo justo, equitativo y menos dependiente en el concierto mundial.

En cualquier proceso de reorganización de las estructuras administrativas de gobierno, si bien es cierto que deben prevalecer criterios de eficiencia y eficacia no deben demeritarse los avances logrados, como es el caso de la reestructuración de la Secretaría de Educación Pública, en la cual no se ha reflexionado lo negativo que puede traer consigo la desarticulación del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, mediante la desaparición de la SEIT.

Por otra parte, el plan de estudios del Bachillerato Tecnológico, modificado mediante Acuerdo 345 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto pasado, reduce el número de horas - clase en materias científicas, fusiona y desaparece algunas de las asignaturas humanísticas y deja indefinido el contenido de las áreas tecnológicas. Este hecho, aunado a la propuesta de desaparición de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica, limita las capacidades y aptitudes de los estudiantes egresados de otros sistemas de educación media superior.

Por lo anterior expuesto, el suscrito diputado José Guzmán Santos integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a la consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero: Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que mantenga la articulación tecnológica del país conservando dentro de su estructura orgánica la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica.

Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a revisar los nuevos planes y programas de estudio del Bachillerato Tecnológico que se implantaron a partir del ciclo escolar 2004 - 2005, mediante el Acuerdo numero 345, de manera que permita conservar la formación integral de los estudiantes de Bachillerato, en una proposición adecuada de conocimientos científicos, humanísticos, propedéuticos y tecnológicos.

Dip. José Guzmán Santos (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT A IMPLANTAR, EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y LOS MUNICIPIOS DE TIERRA BLANCA, IGNACIO DE LA LLAVE, TLALIXCOYAN, ACULA Y SANTIAGO IXMATLAHUACAN, UN PROGRAMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO DEL SISTEMA LAGUNAR DE LA CUENCA BAJA DEL PAPALOAPAN, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER LARA ARANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Francisco Javier Lara Arano, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ocurro a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con el Gobierno del estado de Veracruz y los municipios de Tierra Blanca, Ignacio de la Llave, Tlalixcoyan, Acula y Santiago Ixmatlahuacan a implementar un programa integral de saneamiento del sistema lagunar de la cuenca baja del Papaloapan, en el estado de Veracruz. Lo anterior se solicita en fundamento a los siguientes

Antecedentes

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que corresponde al Estado y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos y los humedales costeros, como acción fundamental para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico.

Asimismo, señala esta misma Ley que la preservación y el aprovechamiento sustentable del agua, así como de los ecosistemas acuáticos es responsabilidad de sus usuarios, así como de quienes realizan obras o actividades que afectan dichos recursos.

En tal virtud, resulta una obligación y necesidad para los miembros de este honorable Congreso, como representantes de la sociedad y partes de la misma, revisar el deterioro ambiental que sufre el complejo lagunar situado entre los municipios de Tierra Blanca, Ignacio de la Llave, Tlalixcoyan, Acula y Santiago Ixmatlahuacan en el estado de Veracruz y promover la instrumentación de acciones pertinentes tanto el ámbito federal, estatal y municipal.

El Sistema Lagunar de la Cuenca Baja del Papaloapan, se nutre por los ríos Estanzuela, Moreno, Hondo y el Salvaje, que son tributarios del río Papaloapan, mismo que está conformado por las lagunas María Lizamba, La Piedra, Las Charcas y La Miel.

Esta región conforma un ecosistema con características de humedal, que tiene una alta diversidad biológica, encontrándose diversas especies de peces, reptiles, tortugas acuáticas y aves. Desafortunadamente, el complejo lagunar compartido por los municipios en mención, presenta un deterioro ambiental que se ha traducido tanto en la reducción del espejo de agua, así como en la calidad del agua que ha venido afectando la actividad pesquera, por la contaminación proveniente de las aguas residuales de las diversas actividades industriales y de las aguas domésticas que descargan directamente en los ríos Estanzuela, Moreno, Hondo y el Salvaje.

Consideremos que en los márgenes del río Blanco se asienta la principal zona industrial de la región, además de estar en las cercanías de las ciudades de Orizaba y Córdoba, lo que lo torna como el principal colector de aguas residuales industriales y domésticas.

Los principales contaminantes lo representan las descargas de cuatro ingenios azucareros y las actividades industrial y agrícola del distrito de riego 82 formado por aproximadamente 14,000 has., donde la mayor parte esta destinada al cultivo de la caña de azúcar y al arroz.

Ante esta situación, existe una alta probabilidad de que se estén violando los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales vertidas a aguas y bienes nacionales que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996.

Cabe señalar que esta Norma establece que la vigilancia del cumplimiento de la misma corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, y a la Secretaría de Marina en el ámbito de sus respectivas atribuciones, cuyo personal realizará los trabajos de inspección y vigilancia que sean necesarios.

El propio Instituto Mexicano de Tecnología del Agua ha identificado con grave deterioro a las lagunas de Las Charcas, La Piedra y Maria Lizamba, donde se ve reducido el espejo de agua y se encuentra infestado por malezas acuáticas favoreciendo la eutrofización. Entre las especies que invaden las lagunas se encuentran el lirio acuático, la lechuga de agua, la lenteja de agua, el tule, platanillo y varias especies de esta misma familia de plantas acuáticas.

De igual forma han evidenciado que el agua del sistema lagunar presenta visibilidad nula, olor fuerte a azufre y mortandad recurrente de especies acuáticas como mojarra blanca y negra, róbalo y chucumite.

Por lo anteriormente expuesto, como integrante del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a su consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con el Gobierno del estado de Veracruz y los municipios de Tierra Blanca, Ignacio de la Llave, Tlalixcoyan, Acula y Santiago Ixmatlahuacan a implementar un programa integral de saneamiento del Sistema Lagunar de la Cuenca Baja del Papaloapan, en el estado de Veracruz.

Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con el Gobierno del estado de Veracruz y los municipios de Tierra Blanca, Ignacio de la Llave, Tlalixcoyan, Acula y Santiago Ixmatlahuacan a implementar un programa de control y monitoreo permanente de malezas acuáticas en el Sistema Lagunar de la Cuenca Baja del Papaloapan, en el estado de Veracruz.

Tercero: Se solita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua a verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, en el Sistema Lagunar de la Cuenca Baja del Papaloapan, en el estado de Veracruz, de conformidad a lo dispuesto por la fracción 9.1 de dicha norma.

Cuarto: Se pide a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informe a esta soberanía sobre los resultados alcanzados por la aplicación de las medidas de saneamiento antes mencionadas, así como respecto a los resultados del programa de control y monitoreo de malezas acuáticas en el Sistema Lagunar de la Cuenca Baja del Papaloapan, en el estado de Veracruz y los niveles de contaminantes de las descargas residuales vertidas en dicho sistema.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, el día 23 de noviembre de 2004.

Dip. Francisco Javier Lara Arano (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR DE INMEDIATO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, LA NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM-EM-011-SCFI-2004, QUE ESTABLECE LA VERIFICACIÓN COMPLETA DE LOS DISPENSARIOS DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE MARTÍNEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los legisladores abajo firmantes, integrantes de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan que se turne a las Comisiones de Economía, y de Energía esta propuesta con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Desde hace varios años ha sido común y generalizada la percepción entre los consumidores de que las estaciones de servicio (gasolinerías) alteran discrecionalmente sus instrumentos de medición para entregar un volumen de combustible menor del que pagan los propios consumidores.

2. Recientes estudios estadísticos de la Secretaría de Seguridad Pública, realizados utilizando el operativo denominado "consumidor simulado", demostraron científicamente que nueve de cada diez estaciones de servicio despachan gasolina Magna por debajo de la tolerancia establecida en la Norma Oficial Mexicana vigente (NOM-005-SCFI-1994.) El promedio faltante de combustible que arrojó este estudio es del orden de 5% sobre el total cobrado (se despacha un litro de menos por cada 20 vendidos), cuando la tolerancia máxima es de 0.5%; es decir, 100 mililitros por cada 20 litros cobrados. Es decir, diez veces por arriba de la tolerancia legal.

3. Es importante mencionar que tanto la Ley Federal de Protección al Consumidor como la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establecen como principio general que el despacho o entrega de cualquier producto debe ser exacto; cuando se ofrecen litros o kilogramos de cualquier producto, deben despacharse completos. Sin embargo, según la propia Ley sobre Metrología, las normas oficiales (NOM) pueden establecer, por errores inherentes a la operación fundadas en cuestiones técnicamente justificadas (la pérdida de producto en el llenado, la evaporación del combustible o la descalibración ligera del equipo), mayores tolerancias. Rebasarlas implica, en todos los casos, una irregularidad.

4. Existen casos más graves que otros, ya que en ocasiones el despacho irregular se realiza dolosamente por parte del particular (gasolinero), cuando instala dispositivos que surten menos combustible del que se paga. Estos llamados "diablitos" son tan sofisticados, que incluso se diseñan para alterar las instrucciones contenidas en los programas de computación que controlan los dispensarios y pueden modificar a voluntad el volumen de producto que se entrega en cada venta.

5. Todo lo anterior representa un impacto de alrededor de 5% de combustible cobrado no surtido al consumidor. Si consideramos que actualmente se expenden diariamente 110 millones de litros de gasolina y 50 millones de litros de diesel (según los datos suministrados oficialmente por Pemex Refinación), equivalentes a una facturación anual entre 325,000 y 400,000 millones de pesos, el 5% que se omite de entregar importa una cantidad que oscila de los 16,250 a los 20,000 millones de pesos anuales.

6. Además del impacto social mencionado, el impacto a las finanzas públicas derivado de una enorme evasión fiscal por el no cobro de los impuestos directos e indirectos respectivos (que ascienden a casi 40% del precio final del combustible), puede llegar a que el Gobierno Federal deje de percibir una cantidad que va de los 6,500 a los 8,000 millones de pesos al año.

7. Los avances tecnológicos hacen incierta y prácticamente inútil la NOM-005-SCFI-1994, ya que verifica la parte mecánica de los dispensarios sin atender el sistema de medición en su conjunto, que ahora cuenta con distintos componentes electrónicos.

8. Se ha publicado recientemente en los medios de comunicación que existe en la Dirección General de Normas un proyecto de NOM de emergencia (NOM-EM-011-SCFI-2004) que dotaría a la autoridad de eficiencia y certeza en la verificación, ya que incluye un método para la verificación electrónica. Por ello se considera que esta H. soberanía debe instar a las autoridades administrativas del Ejecutivo federal para que aceleren el proceso de emisión respectivo que nos permita dar los primeros pasos para corregir las irregularidades referidas.

Por todo lo anteriormente expuesto, los diputados suscritos someten a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a preparar y emitir de inmediato, a través de la Secretaría de Economía, la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-011-SCFI-2004, que permita a las autoridades la realización de verificaciones mecánicas y electrónicas de los dispensarios (instrumentos de medición) que se utilizan para el despacho de combustibles líquidos en las estaciones de servicio (gasolinerías).

Segundo. Se exhorta a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para que, previo el cumplimiento de las formalidades establecidas en el decreto presidencial que establece la moratoria regulatoria, libere el estudio de la norma oficial de emergencia referida a la brevedad, a fin de que su emisión se realice lo antes posible.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintitrés días de noviembre de 2004.

Dip. Jorge Martínez Ramos (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER, A TRAVÉS DE LAS SECRETARÍAS DE ENERGÍA, DE ECONOMÍA, Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, UNA POLÍTICA DE PRECIOS EN MATERIA DE PRECURSORES PETROQUÍMICOS E INSUMOS ENERGÉTICOS QUE PERMITA HACER COMPETITIVA LA INDUSTRIA QUÍMICA NACIONAL Y PRESERVE Y GENERE EMPLEOS Y DESARROLLE LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN QUE INCIDE DIRECTAMENTE, A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO CERVANTES VEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Humberto Cervantes Vega, en representación de la Diputación Federal por Nuevo León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los dispuesto por los artículos 23, numeral 1, inciso f), 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a las Comisiones de Energía, Economía y de Hacienda y Crédito Público, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I.- Situación de la Industria Química.

La Industria Química es una de las más globalizada de todos los sectores industriales del mundo, con intercambios comerciales por 1.5 billones de dólares anuales;

Las industrias química y petroquímica nacionales elaboran una extensa variedad de productos, los cuales son empleados en más de 40 sectores industriales;

Sesenta y tres mil ochocientas familias, aproximadamente, dependen de la Industria Química en virtud de los empleos que generan en 471 plantas productivas, cuyo efecto multiplicador en las cadenas productivas hace que esta industria apoye cerca de 492,000 empleos;

Durante el período 1995-2003, la Industria Química ha sufrido un grave retroceso. La producción nacional disminuyó 20.6% al producir únicamente 17.7 millones de toneladas durante 2003, al tiempo que la producción de petroquímicos en Pemex disminuyó 56% en ese mismo lapso;

Las importaciones de productos químicos se han duplicado y cubren hoy en día un poco más de la mitad del consumo nacional, lo que ha generado durante 2003, un déficit comercial de 6,000 millones de dólares (mdd), como resultado de importaciones por 10,800 mdd y exportaciones por 4,800 mdd;

La inversión en la Industria Química ha venido disminuyendo de 977 mdd en 1996, a 811 mdd en 2002, lo que representa un retroceso del 17%;

Como consecuencia de lo anterior, se calcula que en el período 1995-2003 se han perdido cerca del 50% de los empleos directos, que por su efecto multiplicador en las cadenas productivas, se estima ha afectado a 800,000 familias mexicanas.

II.- Problemática de la Industria Química.

La situación crítica por la que atraviesa la Industria Química Nacional obedece, fundamentalmente, a la fijación de una política de precios de los precursores petroquímicos y energéticos inadecuada, en base a los precios del gas natural en la costa del Golfo de los Estados Unidos de América, que son los más elevados del mundo;

El etano es el principal insumo petroquímico para la Industria a nivel mundial. La mezcla del etano, junto con el metano, propano, butano, etcétera, componen el gas natural;

Este hidrocarburo se utiliza para la elaboración de etileno y posteriormente una gran cantidad de derivados que son utilizados más adelante en los procesos productivos para la elaboración de bolsas y empaques, poliéster, anticongelantes, tuberías, resinas, pinturas, entre muchos otros productos de consumo industrial y general;

En México más del 70% de la industria petroquímica está anclada a este importante insumo, al cual se le da un precio como energético y no como insumo petroquímico, como sí se le da en el resto del mundo;

Así se asigna el costo más alto al principal insumo que la industria utiliza, al ser considerado como energético, con las consecuentes repercusiones en productividad y competitividad, considerando que Pemex es el único proveedor.

III.- Planteamiento Específico.

La propuesta descansa en la reformulación de una política de precios que tiene como eje el insumo Etano. No se trata de planteamientos que giren sobre la necesidad de concretar reformas jurídicas en materia de gas natural sino de uno de sus componentes;

Por lo anterior, es urgente que el Ejecutivo federal, por conducto de las Secretarías de Energía, de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus correspondientes competencias, determinen, globalmente, un precio competitivo para el etano, en función del porcentaje de éste que sea estimado como insumo petroquímico, individualmente considerado y no referenciado al precio de gas natural;

La determinación de un precio competitivo para el etano, no representaría ninguna afectación para el erario público ya que actualmente Pemex Gas Petroquímica Básica (PGPB) es el único productor y Pemex Petroquímica (PPQ) es el único consumidor;

En cambio, contar con un esquema adecuado de precios para el etano permitiría a la Industria Química Nacional:

Con base en lo anteriormente expuesto se estima importante que el Ejecutivo federal, por conducto de las secretarías señaladas, establezca una política de precios en materia de precursores petroquímicos e insumos energéticos, que permita hacer competitiva a la Industria Química Nacional y preserve y genere empleos y desarrolle las cadenas productivas en que incide directamente, por lo que los diputados federales por Nuevo León del grupo Parlamentario del PRI someten a la consideración de la Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de las Secretarías de Energía, de Economía, y de Hacienda y Crédito Público en el ámbito de sus respectivas competencias, establezca una política de precios adecuada en materia de precursores petroquímicos e insumos energéticos que utiliza la Industria Química Nacional.

Segundo.- Se exhorta al Ejecutivo federal para que por conducto de las Secretarías de Energía, de Economía y de Hacienda y Crédito Público, fijen un precio competitivo en términos globales para el etano, en función del porcentaje de éste que sea estimado como insumo petroquímico, individualmente considerado y no referenciado al precio del gas natural y que permita hacer competitiva a la Industria Química Nacional y preserve y genere empleos y desarrolle las cadenas productivas en que incide directamente.

Tercero.- El Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Gobernación, en los términos de lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, deberá comunicar a esta Cámara de Diputados las acciones que realicen las secretarías de despacho, señaladas en este punto de acuerdo, en el proceso de atención de sus contenidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de noviembre de 2004.

Diputados: Humberto Cervantes Vega, María de Jesús Aguirre Maldonado, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, Cristina Díaz Salazar, Alfonso González Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Héctor Gutiérrez de la Garza, Margarita Martínez López, Alfonso Rodríguez Ochoa, Carlos Míreles Morales, Juan Carlos Pérez Góngora, Mayela Quiroga Tamez, Alfonso Rodríguez Ochoa, Adrián Villagómez García (rúbricas).
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DE LA SUBPROCURADURÍA DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN A ACTUAR CON ENERGÍA Y ESTRICTO APEGO A DERECHO EN LAS INVESTIGACIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO EN TORNO A LOS HECHOS DE PERSECUCIÓN CONTRA EL GREMIO DE COMUNICADORES, PERIODISTAS Y LA SOCIEDAD SINALOENSE EN GENERAL, A CARGO DEL DIPUTADO BERNARDO VEGA CARLOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los que suscriben, diputados federales del Partido Revolucionario Institucional por el estado de Sinaloa integrantes de la LIX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes:

Antecedentes

El pasado 16 de octubre el periodista gráfico del diario El Debate, Martín Urista Morales, se encontraba realizando su labor al cubrir las acciones de los miembros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), quienes se encontraban extrayendo maletas del domicilio ubicado en la avenida Álamos numero 1921, en la colonia La Campiña, de la ciudad de Culiacán, mismo inmueble que había sido cateado dos días antes.

Al percatarse de la presencia del periodista estos elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) lo agredieron brutalmente, despojándolo de su cámara fotográfica digital y su radio comunicador, dañando el equipo fotográfico y apoderándose de la tarjeta de memoria que contenía el material captado.

El periodista Martín Urista Morales, interpuso denuncia penal por los hechos aquí planteados ante la mesa tercera del Ministerio Público Federal en Culiacán, asignándosele el numero 584/04.

Por su parte la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) interpuso ante la Procuraduría General de la República la denuncia 293/2004, por agresiones y amenazas en contra del periodista, ya que alegan que ellos fueron los agredidos, situación que suena ilógica ya que el periodista solo portaba su radio comunicador y su cámara fotográfica, en cambio los elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada estaban fuertemente armados, esta denuncia deja ver que es una estrategia intimidatoria.

Cabe mencionar que Urista Morales, acudió también ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se realizo la denuncia 268/2004 y después de revisar los hechos se sumaron al gremio de periodistas organizados, con el fin de suscribir públicamente su rechazo a la represión y a la pretensión de limitar la labor periodística y el derecho a informar.

Los diputados federales de la Coordinación de Sinaloa nos unimos al sector periodístico y expresamos ante esta honorable soberanía nuestro repudio a las acciones realizadas por elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) en contra del periodista gráfico de El Debate, Martín Urista Morales, igualmente expresamos que lamentablemente este hecho de violencia por parte de las corporaciones policíacas, se esta haciendo de uso común en el estado de Sinaloa, como lo podemos constatar por las notas periodísticas dadas a conocer por diversos medios de comunicación.

Como ejemplo de lo anterior, podemos tomar en cuenta el siguiente caso donde nuevamente se hace evidente la situación de inseguridad jurídica a la que están expuestos los sinaloenses debido al clima de persecución y atropello generado por algunos integrantes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) y de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI); es el caso de la familia López, residentes de la ciudad de Navolato, quienes el viernes 15 de octubre fueron agredidos en su domicilio por un grupo de encapuchados fuertemente armados, introduciéndose por la fuerza, dañando puertas, destruyendo cerraduras y aterrorizando a los miembros de la familia presentes entre los cuales se encontraban dos niños de cinco y seis años de edad, estos encapuchados resultaron ser elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) los cuales exigían a la familia les entregaran armas, dinero, joyas y droga, se les tuvo que comprobar que estaban equivocados ya que la casa en la que se realizaría el operativo es la ubicada en Rosales, número 51, y la casa de la familia López tiene el número 66, la Agencia Federal de Investigaciones no ha resarcido los daños materiales causados a la familia López, pero lo mas grave es la afectación psicológica a los miembros de esta familia.

Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a consideración del pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicita del titular de la Procuraduría General de la República, del titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada y del titular de la Dirección de la Agencia Federal de Investigaciones, actúen con energía y estricto apego a derecho en las investigaciones que se están llevando en torno a los hechos que se mencionaron en los antecedentes de este punto de acuerdo.

Segundo.- Se demanda la reparación de los daños de las víctimas de los atropellos antes mencionados, en los términos de ley.

Tercero.- Se abstengan de generar sin razón alguna y al margen de la ley un clima de persecución contra el gremio de comunicadores, periodistas y la sociedad en general.

Cuarto.- Se agilice la denuncia número 584/04, presentada por el reportero gráfico de El Debate, Martín Urista Morales, ante la mesa tercera de la Procuraduría General de la República en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Palacio Legislativo, a 23 de noviembre de 2004.

Diputados: Oscar Félix Ochoa, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Armando Leyson Castro, Esteban Valenzuela García, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, Bernardo Vega Carlos, Alfredo Villegas Arreola, Guadalupe de Jesús Vizcarra Calderón (rúbricas).
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL REALICE EL ESTUDIO Y RESCATE DE LOS PROGRAMAS Y MECANISMOS ORIENTADOS A IMPULSAR EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL PAÍS CONTENIDOS EN EL ACERVO DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS QUE FUE LEGADO POR LA DESAPARECIDA UNIVERSIDAD DEL TERCER MUNDO, Y PRESENTE A LA APROBACIÓN DEL PLENO UN PROGRAMA CON EL FIN DE QUE SE PUEDAN BRINDAR INSTRUMENTOS QUE APOYEN EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES MARGINADAS DEL PAÍS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA LAGUETTE LARDIZÁBAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La suscrita, diputada Martha Laguette Lardizábal, miembro del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta honorable asamblea, una proposición con punto de acuerdo con el fin de que esta soberanía instruya a la Comisión de Desarrollo Social para que realice el estudio y rescate de aquellos programas y mecanismos orientados a impulsar el desarrollo comunitario del país, contenidos dentro del acervo de tecnologías apropiadas que fue legado por la desaparecida Universidad del Tercer Mundo y presente a aprobación del Pleno un programa con el fin de que, con los resultados que arrojen los estudios citados, se puedan brindar instrumentos que apoyen el desarrollo de las comunidades marginadas del país, lo anterior, con fundamento en las siguientes

Consideraciones

Un profundo desequilibrio social y de clases, como el que existe en estos momentos en México y en otros países, ha sido el producto de las equivocadas políticas económicas que se han aplicado durante las últimas décadas, que únicamente han propiciado la concentración del gran capital en unas cuantas manos, contrastando con el empobrecimiento creciente del resto de la población, sobre todo en lo que a indígenas y campesinos se refiere.

En el actual esquema de crecimiento económico, las expectativas de las diversas clases sociales son muy contrastantes:

Es a todas luces observable que únicamente las empresas, grupos y personas vinculados al sector maquilador y al de exportación, así como a la influencia económica que éste ejerce, tienen posibilidades de un crecimiento real en términos de ingreso, consumo y calidad de vida; ello significa que los favorecidos son las clases alta y media alta.

Por su parte, las denominadas clases medias, entre las cuales podemos incluir a los micro y pequeños empresarios, así como a las clases trabajadoras de diverso orden, por regla general carecen de oportunidades para incrementar su ingreso, consumo y, por lo tanto, su calidad de vida.

Por lo que mira a las clases pobres y francamente marginales, entre las que destacan de manera toral nuestros indígenas y campesinos, cabe señalar que el esquema descrito prácticamente les niega todo tipo de oportunidades, sobre todo a la inmensa mayoría de la población del campo y de la sierra; pues como sucede particularmente en el caso del estado de Chihuahua, la agricultura, la ganadería, la fruticultura, la actividad forestal y la minería, se deterioran cada vez más, por razones de orden diverso y algunas relacionadas con la crisis mundial.

No se trata de decir que las clases sociales menos favorecidas estén al margen de los apoyos; debemos reconocer que la Federación y los estados realizan un gran esfuerzo para dotar a estos ciudadanos de infraestructura urbana, servicios y otro tipo de apoyos generalmente relacionados con la asistencia social; simplemente queremos resaltar que en términos de desarrollo económico, es decir, de inversión, empleo, producción, consumo y bienestar social, se encuentran muy lejanos del estándar justo y deseable.

El proceso de desarrollo urbano y del campo, no pueden darse al margen de un sólido proceso de desarrollo económico en términos de más inversión y más empleo, entre otros factores no menos importantes.

Primeramente, es necesario distinguir con precisión el significado de los vocablos desarrollo y crecimiento económico:

Este enorme desafío, únicamente será superable con una gran voluntad política del gobierno y de la propia sociedad; con decisiones orientadas a lograr el mejoramiento de los sectores sociales más vulnerables, mismos que representan la mayoría de la población.

Actualmente existe consenso entre los especialistas, en el sentido de que los factores cruciales del desarrollo representan un binomio: la constante innovación tecnológica, aparejada a una cada vez más exigente capacitación de la fuerza de trabajo.

En la economía global, ganará quien resulte más exitoso en la lucha por la productividad, esto es, quien sea capaz de hacer más y mejores cosas con lo que tiene, de aprovechar mejor sus recursos, de transformarlos a menor costo y con mayor calidad.

Lo anterior significa que debemos considerar dicho binomio como el factor clave del modelo económico que propongamos a los mexicanos.

La historia nos demuestra que los países ricos o de primer mundo, en oposición a los pobres o subdesarrollados, son los que han sido capaces de avanzar históricamente en el campo del desarrollo científico y tecnológico, es decir, de ponerse a la vanguardia de dicho proceso; los Estados Unidos, los países de Europa Occidental y Japón, son un claro ejemplo.

Desafortunadamente, no todos los países han arribado al cambio tecnológico deseable, como lo acredita la historia.

Esta situación debe cambiar radicalmente, pues como estoy segura, todos los aquí presentes aspiramos a que en México se dé un proceso de verdadero desarrollo económico con justicia social, que brinde oportunidades a la mayoría de los mexicanos.

Para ello es necesario cobrar conciencia de que en el mundo existen diversos tipos de tecnologías, de acuerdo con sus finalidades políticas y socioeconómicas, y la que debemos aspirar a desarrollar, para lograr nuestro objetivo, se reviste de las siguientes peculiaridades:

Por otro lado, es necesario impulsar esta filosofía y velar por que sean las propias comunidades las que asuman la responsabilidad de sus propios cambios, dejando de lado la pasividad, para convertirse en los actores principales de su propio proceso de desarrollo, ya que el cambio tecnológico es el principal agente del cambio económico y sociocultural.

Desarrollo comunitario, en suma, significa arraigo productivo de la gente en sus lugares de origen o residencia, satisfacción de las necesidades básicas, independencia para la toma de decisiones, vida digna, libre y decorosa.

Existen antecedentes en nuestro país, de esfuerzos realizados para lograr la conjunción del binomio descrito en este documento, y me refiero a la Universidad del Tercer Mundo, que fue concebida y operada durante el inicio de la década de los setentas, de la cual, aún existen documentos de capital importancia para el desarrollo comunitario, bajo esta filosofía. Este aspecto es crucial, porque prácticamente todas las experiencias tecnológicas de los diversos países tercermundistas se encuentran documentadas en fascículos, cuyo diseño permite la capacitación y aplicación inmediatas, pero que, desafortunadamente, por cuestiones políticas y de diversa índole, fueron dejadas de lado.

Por lo anterior, propongo a esta soberanía instruya a la Comisión de Desarrollo Social para que se dedique al rescate y estudio de aquellos programas y mecanismos orientados a impulsar el desarrollo comunitario del país, contenidos dentro del acervo de tecnologías apropiadas, que fue legado por la desaparecida Universidad del Tercer Mundo, y elabore un programa a fin de que, con los resultados que arrojen los citados estudios, se puedan brindar armas efectivas a los miembros de las comunidades marginadas, que incluya capacitación en el uso y aplicación de las diversas tecnologías apropiadas, de acuerdo con sus necesidades y prioridades, bajo la premisa de que deben ser las propias comunidades las que decidan los pasos a seguir.

Para efectos de lo anterior, la Comisión de Desarrollo Social, en el ámbito de sus facultades, en los términos del numeral 4 del artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrará una Subcomisión de integración plural e interdisciplinaria que, en coordinación con las instancias competentes del Poder Ejecutivo Federal, realice las gestiones de rescate, los estudios y la elaboración del proyecto de programa a que se refiere el párrafo anterior.

En mérito de lo expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea, los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, instruye a la Comisión de Desarrollo Social a que se aplique al estudio y rescate de aquellos programas y mecanismos contenidos dentro del acervo de tecnologías apropiadas que fue legado por la desaparecida Universidad del Tercer Mundo, a fin de impulsar el desarrollo comunitario, en función de las exigencias básicas de las clases sociales marginales y presente a aprobación del Pleno, un programa con el fin de que, con los resultados que arrojen los estudios citados, se puedan brindar instrumentos que apoyen el desarrollo de las comunidades marginadas del país.

Segundo.- La Comisión de Desarrollo Social, en el ámbito de sus facultades, en los términos del numeral 4 del artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrará una Subcomisión de integración plural e interdisciplinaria que, en coordinación con las instancias competentes del Poder Ejecutivo Federal, realice las gestiones de rescate, los estudios y la elaboración del proyecto de programa a que se refiere el párrafo anterior.

Tercero.- La Subcomisión a que hacen referencia los acuerdos anteriores deberá ser plural, integrada con representantes de todos los partidos, y en lo posible, interdisciplinaria, en cuanto al perfil académico, científico y tecnológico.

Cuarto.- La Subcomisión de mérito gestionará, con fundamento en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, el acceso al acervo de tecnologías apropiadas que transmitió la Universidad del Tercer Mundo a dicha dependencia y elaborará un proyecto de programa, a consideración de la Comisión de Desarrollo Social con el fin de que, con los resultados que arrojen los citados estudios, se puedan brindar instrumentos efectivos a los miembros de las comunidades marginadas, que incluyan capacitación en el uso y aplicación de las diversas tecnologías apropiadas, de acuerdo con sus necesidades y prioridades, bajo la premisa de que deben ser las propias comunidades las que decidan los pasos a seguir.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2004.

Dip. Martha Laguette Lardizábal (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CREAR UNA COMISIÓN ESPECIAL DE LA FRONTERA SUR, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS OSVALDO PANO BECERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado federal Lic. Carlos Osvaldo Pano Becerra, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En la LVII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, el 30 de septiembre de 1997, presentaron al Pleno la propuesta para la integración de las comisiones ordinarias, especiales y comités, siendo aprobado, lo que dio origen a la Comisión Especial de Asuntos de la Frontera Sur; y

El pasado 30 de septiembre de 2003, fue turnado a la Junta de Coordinación Política de esta H. Cámara de Diputados, un punto de acuerdo en el que se solicitó la conformación de una comisión especial para asuntos de la frontera sur.

Con fundamento en la legislación vigente, de acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 39, numeral 1, 42, 44, numeral 4 y 45, numeral 6, inciso a); así como los artículos 71, 78 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y lo referente al Acuerdo Parlamentario Relativo a la Organización y Reuniones de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados en sus artículos 2º y 12 al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Frontera Sur es una región geopolítica estratégica y prioritaria, es una de las áreas de nuestro territorio que cuenta con grandes recursos naturales y que ha hecho el mayor aporte al desarrollo y crecimiento del país; asimismo cuenta con una contrastante carencia de recursos económicos, de protección social, alimentación, educación, y vivienda, que acusa los daños de la pobreza y el subdesarrollo, incubados en una historia de lejanía y olvido. En esta zona se han gestado grandes problemas sociales dentro de los que sobresalen el conflicto armado de la década pasada, los enfrentamientos religiosos y el nacimiento de guerrillas tanto de nuestro territorio como de los países de los que somos circunvecinos, como la Mara Salvatrucha, cuyo cónclave es esa zona y el EZLN.

Diversos estudios nos arrojan cifras alarmantes, en torno a la problemática de la Frontera como el desempleo, la prostitución infantil, el tráfico de personas, tráfico de menores, el narcotráfico, drogadicción, contrabando, tráfico de vehículos robados y los asesinatos; como claro ejemplo muy lamentable tenemos el registro de 145 mujeres asesinadas en Tapachula, de enero a mayo de este año.

Es sabido por todos, que miles de personas de otros países de América Latina y de otras partes del mundo, utilizan a México como trampolín para buscar una nueva vida en el rico país del norte.

Continuamente escuchamos en los medios de comunicación que autoridades migratorias descubren a migrantes indocumentados escondidos en camiones, en trenes, etcétera; lo que provoca que la Frontera Sur enfrenta escasez, pobreza y marginación, con un grave problema de migrantes y transmigrantes que fomenta la drogadicción, la delincuencia, la portación de armas de fuego, el robo en todas sus modalidades, la trata de blancas y hasta el esclavismo.

Es evidente la gran disparidad entre el México del norte y del sur, por lo que lo prioritario es aplicar una estrategia que nos permita ser corresponsales con la Frontera Sur, con el desarrollo regional y la recuperación de empleos; llevar a nivel nacional el tema de la Frontera Sur y atender el problema migratorio desde su disminución, hasta dar el mismo trato que pedimos en la Frontera Norte de respetar los derechos humanos y ser consistentes con nuestras políticas migratorias hacia nuestros hermanos centroamericanos.

Es necesario voltear los ojos hacia esa región y valorar sus enormes aportaciones al crecimiento nacional, como son el petróleo, gas natural, energía hidroeléctrica y el turismo.

Es ineludible evitar que esa asimetría social continúe acrecentándose y siga siendo la zona de arraigada pobreza, rezagos sociales, de desigualdad y generadora de conflictos sociopolíticos, donde existen altos índices de analfabetismo, desnutrición y falta de oportunidades para acceder a los mínimos de bienestar.

Son cuatro las entidades que conforman esta frontera: Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, que abarcan una superficie de 84 mil 511.14 kilómetros, que corresponde a 22 municipios fronterizos, que junto con dos pueblos centroamericanos, Guatemala y Belice, forman una franja fronteriza de mil 138 kilómetros. No sólo compartimos límites internacionales sino también cultura, historia, problemática y movilidad migratoria.

Tenemos que ser congruentes y solidarios con nuestros compatriotas de esa zona, donde todavía encontramos poblaciones indígenas y etnias con predominio mayense, no sigamos fomentando la lejanía institucional que constituye un saldo desfavorable a su desarrollo político, económico, social y cultural.

Por ello se plantea que esta Comisión Especial esté integrada de diputados de los diferentes grupos parlamentarios, originarios de los estados que integran la frontera. Para su funcionamiento no solicitará recursos económicos, ni instalaciones especiales, hará gala de ingenio y creatividad, de la coordinación de planes y programas interinstitucionales y de los instrumentos de gestión social con que cuenten cada uno de sus integrantes, para operar en beneficio de la frontera sur sin menoscabar el presupuesto de esta Cámara, porque su objetivo primordial será buscar el desarrollo sustentable de la región a través del fortalecimiento al Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos de los migrantes y connacionales, el impulso al federalismo y a la descentralización, la igualdad, la pluralidad y la equidad entre sus habitantes.

Esta Comisión tendrá entre sus funciones primordiales exigir al Gobierno Federal se cuente con su decidido apoyo a través de acciones que contribuyan a su crecimiento integral, un modelo de desarrollo equitativo y moderno que conceda a esta zona los mismos beneficios sostenido e igualitario al resto del país.

También promoverá la investigación, debate y difusión de leyes, acuerdos, decretos y ordenamientos que regulen la actividad fronteriza y el fomento al desarrollo regional, así como la aplicación de políticas públicas e impulsará que cuente con una política fiscal diferenciada que apoye el crecimiento de las inversiones productivas, la generación de empleos, el proceso de industrialización de la riqueza agropecuaria, agrícola, minera y turística.

A través de esta Comisión, se reforzarán las relaciones políticas con las naciones centroamericanas que beneficien a la zona fronteriza, fortalezcan sus vínculos y contribuyan a una agenda de asuntos regionales, que impulse una política de desarrollo integral de los estados del sur del país; se dé continuidad y seguimiento a las gestiones planteadas por los ciudadanos, haciendo de esta Comisión la coadyuvante para el desarrollo, la oportunidad y el progreso.

En virtud de las consideraciones expuestas y con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo para que se integre una Comisión Especial de la Frontera Sur

Primero. Que el Pleno de la Cámara de Diputados apruebe la integración de esta nueva Comisión Especial de la Frontera Sur.

Segundo. Que entre las actividades a realizar de esta Comisión, estará la de coadyuvar y dar seguimiento en el ámbito del Poder Legislativo a los proyectos y programas federales y locales, así como trabajos legislativos relacionados con la frontera sur.

Tercero. La Comisión estará integrada por 30 diputados y diputadas pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, privilegiando a los que sean de los estados que conforman la Frontera Sur, y concluirá una vez que haya terminado la LIX Legislatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2004.

Dip. Carlos Osvaldo Pano Becerra (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, A PRACTICAR UNA REVISIÓN AL FUNCIONAMIENTO, PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS DEL COMITÉ DE DONACIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE), DEL EJERCICIO FISCAL 2002 A LA FECHA, A CARGO DEL DIPUTADO GONZALO RODRÍGUEZ ANAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito diputado federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Gonzalo Rodríguez Anaya, integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 19 de diciembre de 2002, se público en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, expidió la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Con este ordenamiento se busca regular la administración y destino de diversos bienes asegurados, decomisados, embargados, o que por algún otro medio establecido en la propia ley, pasen a ser propiedad del Gobierno Federal.

Esta ley establece las atribuciones del SAE, que es el organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, denominado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

También define la estructura y facultades de su administración, que está a cargo de un director general y una junta de gobierno, integrada casi en su totalidad por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o sea son juez y parte.

La esencia jurídica de este ordenamiento tiene por intención únicamente que se administren y enajenen los bienes mencionados con criterios de transparencia.

Destinar los bienes en cuestión al lugar correcto, no debe quedar solamente en manos de un grupo de funcionarios federales, que si bien actúan al amparo de una ley, lo hacen privilegiando los intereses del Gobierno Federal, haciendo y deshaciendo a su conveniencia, fortaleciendo únicamente a algunos grupos sociales o políticos.

El Congreso de la Unión debe privilegiar la transparencia y debe procurar credibilidad a las instituciones públicas.

De hecho los informes que debe presentar la Dirección General del SAE, según lo establece la ley, no permiten al Congreso de la Unión, o a nuestros representados directamente, conocer con precisión sobre la imparcialidad de la distribución de los bienes.

Esta Legislatura, que ha impuesto su sello de trascendencia impulsando la democracia, la transparencia y la equidad, debe trabajar y dar resultados para que esos bienes, como son enseres domésticos, juguetes, vehículos de transporte que pueden ser utilizados como ambulancias o patrullas, equipo y herramientas de trabajo, útiles a las comunidades más pobres del territorio nacional, que sirvan a las presidencias municipales con menor recurso, y apoyen a las gentes que más lo necesitan.

Compañeros legisladores, no debemos permitir que el SAE, sea juez y parte en la administración y definición del destino de los bienes que hoy nos ocupan.

Por lo anteriormente expuesto presento a esta honorable soberanía, para su aprobación el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero: Que esta honorable Cámara de Diputados, por medio de la Auditoría Superior de la Federación, practique una auditoría al funcionamiento, procedimientos y resultados del Comité de Donaciones del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), del ejercicio 2002 a la fecha.

Segundo: Que se establezcan las medidas jurídicas y normativas para que se evite la discrecionalidad en los procesos de donación del SAE, mediante la participación de las honorables Cámaras de Diputados y Senadores, en su Junta de Gobierno a fin de equilibrar su composición y dar con ello transparencia y credibilidad a este organismo descentralizado.

Tercero: Que esta soberanía supervise la redacción y actualización del reglamento interior del SAE, principalmente en lo referente en los bienes entregados para su administración.

Cuarto: Para apoyar a las comunidades y grupos sociales de escasos recursos ubicados en su distrito electoral, los senadores, diputados federales y locales, electos por vía uninominal, podrán hacer gestiones para solicitar las donaciones que administra el SAE.

Dip. Gonzalo Rodríguez Anaya (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A CERRAR LA FRONTERA A LOS AUTOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA INTERNADOS EN EL PAÍS DE FORMA ILEGAL, A CARGO DEL DIPUTADO OMAR BAZÁN FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito diputado, de la LIX legislatura por la segunda circunscripción Omar Bazán Flores, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición como punto de acuerdo con el objeto exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que cierre la frontera a los autos de precedencia extranjera internados al país de forma ilegal. Hace esta solicitud conforme a las siguientes

Consideraciones

El estado de Chihuahua es una entidad federativa colindante con el vecino país de Estados Unidos, en la que las oportunidades de visitar dicho país es de gran facilidad para los habitantes de esta entidad federativa.

Las fronteras de nuestro país están supervisadas por autoridades aduanales, policías fiscales en las garitas hacendarías fronterizas, quien cada una se encarga de sus funciones y es allí en donde las autoridades aduanales a su libre albedrío dan apertura a territorio nacional a autos de procedencia extranjera introducidos al país de forma ilegal, lo que hace que células de contrabandistas hagan de ello un negocio lucrativo, siendo esto que se estima que a diario son mas de 300 los automóviles que ingresan, lo que va de la mano la inseguridad de los chihuahuenses y del territorio nacional, ya que estos vehículos no cuentan con la documentación en regla y es da gran utilidad para los delincuentes cometer sus fechorías en dichos vehículos y por ende no existe rastro ni registro de los automotores por lo que no es fácil dar con los comisionistas del delito. Además los propietarios de estos en ocasiones por cuestiones de delitos culposos no cuentan con lo recursos para poder resarcir los daños a particulares o bien daños al estado por accidentes y por su misma condición las aseguradoras no realizan contratos con estos por no ser autos legales.

Aunado a esto, dichos vehículos que son comprados por mexicanos de buena fe y con el esfuerzo del producto de su trabajo adquieren los vehículos "chocolates", con el pasar del tiempo van encontrando averías por su mal estado y en territorio nacional no existen las refacciones necesarias para su reparación y es en donde se convierten en chatarra.

Asimismo las entidades federativas en la misma situación del estado de chihuahua aquejan este padecer y es así como el territorio nacional sufre de esta falta por parte de las autoridades hacendarías y por esto someto el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- Exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico a que cierre el paso a automóviles extranjeros introducidos ilegalmente a territorio nacional por autoridades aduanales en las garitas del estado de Chihuahua.

Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN, Y DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, PROCEDAN A CAMBIAR EL NOMBRE DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 2 "PUENTE GRANDE" POR OTRO QUE NO DEGRADE, AÚN MÁS, LA CONCIENCIA SOCIAL Y EL ORGULLO DE LA IDENTIDAD DE QUIENES VIVEN EN LA CITADA POBLACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente propuesta de punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los centros federales de readaptación social se crean a partir de las acciones del Programa Nacional de Prevención del Delito 1985-1988, siendo los factores que determinaron su desarrollo, el incremento de los delitos del fuero federal y la aparición de bandas organizadas dedicadas al narcotráfico y crimen organizado, teniendo como objetivo hacer cumplir las penas privativas de libertad a internos considerados de alta peligrosidad, en un régimen de máxima seguridad y estricto apego a la legislación aplicable, así como brindar reclusión preventiva con las mismas características a personas sujetas a procesos judiciales acusadas de delitos considerados graves y con un alto perfil criminológico.

Sobre el particular, es necesario recordar que, toda sociedad necesita contar con este tipo de centros de readaptación social a fin de que los considerados como probables responsables y los plenamente responsables cumplan a plenitud lo dispuesto por las autoridades penales; pero, también es menester salvaguardar y dignificar el buen nombre del lugar de pertenencia y origen de los habitantes en donde en forma subsiguiente se ha instalado un centro penitenciario.

Por lo tanto, resulta imperativo dignificar el nombre que como tal tiene definido de manera histórica la población de Puente Grande, rescatando el valor de la población al dominante sentir de su gente, rescatando la conciencia social y el sentido de pertenencia.

Se debe resaltar que es demanda de los pobladores de Puente Grande, que se cambie el nombre del Centro Penitenciario, por encontrarse permanentemente agredidos en su dignidad social y familiar, al ser relacionado de manera inmediata su origen con el centro penitenciario y en muchos de los casos, es motivo de sorna e inclusive de señalamientos de ser internos del mismo centro.

No resulta vano señalar que el conjunto de disposiciones jurídicas existentes y de aplicación necesaria al ramo de la seguridad publica y la readaptación social, acusen una ausencia en los procesos de asignación de la denominación que públicamente deberán ostentar, excepción del numero que les corresponde, dejando dicha posibilidad a criterios puramente discrecionales o como es común, a referencias geográficas que por razón del nombre del municipio a donde se encuentran ubicados les resulte con mayor facilidad adoptar para tales complejos ese nombre.

Situación que no es determinante y ejemplo de esto es que La Secretaria de Gobernación emitió un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de Noviembre del 2000 por el que se autoriza que el Centro Federal de Readaptación Social No 1 conocido como Almoloya de Juárez, lleve el nombre de Centro Federal de Readaptación Social No. 1 La Palma.

En tales consideraciones, no estimo lejana la posibilidad de que por las razones antes expuestas, las secretarías relacionadas con el tema emitan el acuerdo autorizando que el Centro Federal de Readaptación Social No. 2 conocido como Puente Grande, sea denominado de una forma distinta.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el presente

Punto de Acuerdo Económico

Único: Solicítese a las Secretarías de Gobernación y Seguridad Pública para que en el ámbito de sus atribuciones procedan a cambiar el nombre del Centro Federal de Readaptación Social No. 2 "Puente Grande", por otro que no degrade, aun más, la conciencia social y el orgullo de la identidad de quienes viven en la citada población.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados.- Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2004.

Dip. Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A ENVIAR UNA NOTA DIPLOMÁTICA DE CONDENA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE ARIZONA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, POR LA APROBACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY 200, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS JIMÉNEZ MACÍAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Quien suscribe, diputado Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Desde la década de 1950 el gobierno de los Estados Unidos ha llevada a cabo diversas acciones para desalentar el paso de los migrantes ilegales a su territorio así lo muestra la Ley 187; la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA por sus siglas en inglés) de 1996, que aumentó la vigilancia fronteriza; volvió inaceptables como inmigrantes autorizados por periodos de tres a diez años a aquellos que sean detectados como migrantes ilegales.

Legislaciones como la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante junto con la "Ley Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva"; y la "Ley de Conciliación de la Responsabilidad Personal y las Oportunidades de Trabajo" son controles establecidos por las autoridades norteamericanas para reducir el ingreso de inmigrantes en momentos en los que su economía se encuentra en proceso de reajuste, y sobre todo para tratar de impedir el ingreso de terroristas. La dureza de esas medidas viola los derechos humanos de nuestros migrantes ante la falta de determinación de nuestro gobierno de presionar por el respeto de nuestros paisanos, impulsados a emigrar por la falta de empleo, de apoyos al campo y de un salario que permita el desarrollo humano y de todas las capacidades.

Otras medidas para disuadir el ingreso de migrantes ilegales, y de controlar a la misma, son las operaciones puestas en marcha entre 1993 y 1997 como la Operación Guardián, en el área de San Diego, California; la Operación Interferencia en Nogales, Arizona; la Operación Portero en El Paso Texas; la Operación Salva-guardia y Río Grande en la frontera con Texas, mismas que arrojaron consecuencias tales como:

El aumento de muertes en la frontera Mexicana.

Obligar el paso de los inmigrantes irregulares hacia regiones con una topología y un clima hostiles.

El tráfico indiscriminado y criminal de inmigrantes.

Aumento de la inseguridad y la violencia en la zona fronteriza; por citar algunas.

El Proyecto Fronterizo de la California Rural Legal Assistance Foundation por su parte maneja datos que incluyen a inmigrantes de todas las nacionalidades que han muerto en la frontera de nuestro país entre 1996-2002, facilitando datos como el que las muertes se quintuplicaron a consecuencia de las medidas militares tomadas por el gobierno americano, aunque entre el 2000 y 2002 disminuyeron.

Asimismo, el incremento del presupuesto de la Inmigration and Naturalization Service el cual se ha multiplicado por 3 entre 1993 y 2001, para alcanzar los 4.3 billones de dólares.

Ejecución de detenciones y deportaciones masivas como las realizadas en meses pasados en distintas ciudades de la Unión Americana.

Ante este escenario, el objetivo central de las autoridades del gobierno norteamericano a través de los citados mecanismos de control, es impedir el paso de ilegales hacia su país, suponiendo que a mayor vigilancia bajarán los porcentajes de ilegales a su territorio.

Los datos muestran que los cruces hacia territorio norteamericano han bajado, específicamente entre el periodo fiscal 2000-2002; las detenciones de mexicanos y centroamericanos han disminuido en 43.4%.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión condena la aprobación de la llamada Ley 200.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Exhorta al Gobierno federal envíe una nota diplomática de protesta por la entrada en vigor de la Ley 200.

Tercero. Que la Junta de Coordinación Política convoque a la colegisladora a conformar un grupo de legisladores mexicanos para que asistan a reunión urgente con sus homólogos federales y locales de Arizona para tratar el tema.

Cuarto. Que a través de la Secretaría de Relaciones, se solicite de manera urgente una reunión con la gobernadora Janet Napolitano para tratar la no aplicación de esta ley que vulnera los derechos humanos de migrantes.

Quinto. Que la Cámara de Diputados realice un enérgico pronunciamiento en contra de este tipo de acciones y enmiendas ante el gobierno del estado de Arizona, Estados Unidos de América, que lesionan los derechos humanos de los migrantes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2004.

Dip. Carlos Jiménez Macías (rúbrica)