DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL
REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE
LA H. CAMARA DE DIPUTADOS, SE PUBLICA LA SIGUIENTE LISTA DE ASISTENCIA
DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL
ASISTENCIA DE LA SESION DE CONGRESO GENERAL DEL 15
DE MARZO DE 2004
PARLAMENTARIO |
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POR CEDULA |
COMISION |
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JUSTIFICADA |
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Listado de Asistencia día 15 de marzo de 2004 doc
Listado de Inasistencias día 15 de marzo
de 2004 doc
Nota: Las diferencias que
existen entre las listas de asistencia y el número de votos pueden
variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación.
Dentro de 6 días se publicarán las inasistencias
justificadas respecto a la presente lista.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FEDERAL Y AL EJECUTIVO DEL ESTADO DE PUEBLA A NO AVALAR LA QUINTA MODIFICACION DEL PROGRAMA SUBREGIONAL DE DESARROLLO URBANO DE LOS MUNICIPIOS DE CUAUTLACINGO, SAN ANDRES CHOLULA Y SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ROGELIO ALEJANDRO FLORES MEJIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 16 DE MARZO DE 2004
El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea punto de acuerdo, con las siguientes
Consideraciones
Mediante decreto presidencial de fecha 30 de abril de 1992, publicado el 4 de mayo del mismo año en el Diario Oficial de la Federación, se expropió en favor de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, ahora Secretaría de Desarrollo Social, una superficie de 1,081-51-55-38 (mil ochenta y un hectáreas, cincuenta y un áreas, cincuenta y cinco centiáreas y treinta y ocho decímetros cuadrados) de tierras de temporal de uso común, de una importante área al poniente de la ciudad de Puebla, pertenecientes a los municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, del estado de Puebla, argumentando motivos de utilidad pública.
Así se constituyó una reserva territorial para el ordenamiento urbano de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla, con los propósitos de ofrecer el suelo necesario que demandaba en su momento el crecimiento de la población y los de realizar acciones para el ordenamiento urbano y ecológico, así como la creación y ampliación de reservas territoriales y áreas para el desarrollo urbano, la vivienda, la industria y el turismo, atendiendo prioritariamente a los sectores con menos recursos de acuerdo con el cuadro socioeconómico realizado y con el espíritu mismo del programa de reservas.
Consecuentemente, el 28 de mayo de 1992, el gobierno del estado de Puebla depositó en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal el pago de las indemnizaciones correspondientes, y el 29 de mayo del mismo año se ejecutó el decreto de expropiación referido. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, hoy Sedesol, donó la superficie total expropiada al gobierno del estado de Puebla.
El 12 de junio de 1992, el Congreso de Puebla autorizó al gobernador de dicho estado a enajenar a título oneroso o gratuito las áreas destinadas a fines habitacionales, comerciales o de servicios. Tal hecho dio origen al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.
De entonces a la fecha, el gobierno del estado de Puebla ha emitido cuatro decretos de modificación de dicho programa, realizando con ello numerosos cambios de uso de suelo, ventas y donaciones de terrenos de la reserva territorial, que han carecido, en la mayoría de los casos, de transparencia en cuanto a los procedimientos de venta o donación. Tal hecho ha terminado por beneficiar a las personas y las empresas económicamente más poderosas de la región.
El gobierno del estado ha usado a su libre arbitrio las reservas territoriales expropiadas desde 1992 y, como consecuencia de lo anterior, ha creado un auténtico desorden.
El gobierno del estado ha emitido ya cuatro decretos que modifican el Programa Subregional de Desarrollo Urbano, con la finalidad de adecuar el tipo de uso de suelo a las edificaciones y los asentamientos que se han construido en esa importante zona de desarrollo en el estado de Puebla.
Pese al desorden y a las irregularidades de carácter legal que existen en la zona, conocida como Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, hoy se pretende realizar una quinta modificación al Programa Subregional de Desarrollo Urbano para que, a través de ésta, se cambie el tipo de uso de suelo y así se legalicen más de 68 hectáreas con edificaciones diversas que hoy se encuentran irregulares.
Es el caso de la donación por parte del gobierno del estado de Puebla de 25 de las 45.77 hectáreas de una zona de preservación ecológica denominada Parque Metropolitano al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde ya se encuentra edificado y en funcionamiento el inmueble de dicha universidad.
Es también el caso de la concesión por 99 años de 20 hectáreas del mencionado Parque Metropolitano al empresario Carlos Peralta para la construcción de una empresa, que consiste en un parque de diversiones denominado Valle Fantástico.
El tipo de uso de suelo en que se encuentran edificadas las instalaciones del Tecnológico de Monterrey campus Puebla y en el que se pretende construir el mencionado parque de diversiones corresponde a una reserva ecológica, con lo que se viola el marco jurídico y se pone de manifiesto la turbiedad y la ilegalidad en la administración de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl. Así como estos dos casos, persisten muchos más en tan importante zona de desarrollo en el estado de Puebla.
Considerando la irregularidad en el uso de suelo, el gobierno estatal ha solicitado a la Sedesol federal su aprobación para la quinta modificación del Programa Subregional de Desarrollo Urbano. De ser aprobada la modificación, oficialmente quitarán al estado de Puebla 45.77 hectáreas de la zona de preservación ecológica denominada Parque Metropolitano.
Compañeras y compañeros legisladores:
El propósito del punto de acuerdo que se somete a consideración de esta honorable soberanía es poner fin a la discrecionalidad y a las irregularidades que hay en la donación y venta de los predios que el gobierno del estado de Puebla ha hecho con la reserva territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl porque, con las cuatro modificaciones anteriores del Programa Subregional de Desarrollo Urbano, se evidencia el alejamiento del objeto para el cual fueron expropiadas -primero- y donadas -después- al gobierno estatal las más de 1,081 (mil ochenta y un) hectáreas.
De aprobarse la quinta enmienda, se acrecentarán el desorden y las irregularidades en la reserva territorial Atlizcáyotl-Quetzalcóatl.
De continuar esa política de "primero vender o transferir y después regularizar", se estará solapando una evidente violación a nuestro marco jurídico y una práctica constante y sistemática de corrupción que ha permanecido en el estado de Puebla desde hace ya tres administraciones gubernamentales.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Que la Cámara de Diputados exhorte al gobernador constitucional del estado de Puebla. C. licenciado Melquiades Morales Flores, y a la secretaria de Desarrollo Social, C. licenciada Josefina Vázquez Mota, a no avalar la quinta modificación del Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, del estado de Puebla, hasta que no se revisen puntualmente las operaciones correspondientes a dicho programa y se deslinden responsabilidades por las posibles irregularidades.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2004.
Dip. Rogelio Flores Mejía (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Desarrollo Social. Marzo
16 de 2004.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL SECRETARIO DE GOBERNACION Y AL GOBERNADOR DE PUEBLA A LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS Y LAS ACCIONES QUE SE DESPRENDEN DEL CONVENIO SUSCRITO EN MATERIA DE EVACUACION DE LAS LOCALIDADES CERCANAS AL VOLCAN POPOCATEPETL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ROGELIO ALEJANDRO FLORES MEJIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 16 DE MARZO DE 2004
El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
El Popocatépetl es un volcán poligenético o estratificado de corrientes de lava y brechas, arena y cenizas. Sus últimas corrientes están en el cuadrante noreste y tienen formas alargadas y abruptas, alcanzando una altura absoluta de 5,656 (cinco mil seis cientos cincuenta y seis) metros sobre el nivel del mar.
De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención y Desastres (Cenapred), sus últimas erupciones han sido de arenas y de piedras pómez incandescentes que eventualmente han puesto en riesgo a los pobladores de las comunidades aledañas al volcán. Por esta razón, desde el año de 1994, el Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación ha mantenido el estado de alerta amarilla.
En el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, se diseñó y desarrolló el Plan Operativo Volcán Popocatépetl, específicamente para la zona que comparten los estados de Puebla, Morelos, México, Tlaxcala y Distrito Federal, a efecto de proteger a la población, sus bienes y el entorno natural ante la posible ocurrencia de un fenómeno de tipo geológico debido a las actividades de este volcán.
Los especialistas en vulcanología han clasificado en tres las zonas de alto riesgo: la zona 1 la constituye la región más cercana al cráter, la cual abarca 15 kilómetros a la redonda; la zona 2 es de hasta 20 kilómetros a la redonda, y la zona tres abarca hasta 40 kilómetros a la redonda, siendo la zona 1 la que presenta mayor riesgo.
En la actualidad existen 10 rutas de evacuación para la zona 1 en caso de erupción del volcán Popocatépetl, la ruta nueve es considerada como una de las principales, debido a que abarca las poblaciones de Zacatempan, Cuilotepec, Tepanapa, Tochimizolco, Tecuanipan, Alpanocan y Cuahutomatitla. Dicha ruta prevé un desalojo aproximado de 6,300 personas hacia la zona de Izúcar de Matamoros, sin embargo, a pesar de ser una relevante vía de evacuación, posee un grave problema de planeación. El tiempo estimado para la evacuación de los pobladores de esta zona es de aproximadamente 40 minutos. Esto es así porque dicha ruta circula alrededor del volcán previo a la evacuación, es decir, esta ruta no cuenta con una apertura de brecha con revestimiento, por lo que los habitantes deben rodear una parte de las faldas del volcán para acceder a la salida hacia la zona de Izúcar de Matamoros.
Se ha demostrado que estas rutas de evacuación con que se cuentan en la actualidad no han sido suficientes para el desalojo eficiente y rápido de las zonas cercanas al volcán. Se estima que en caso de erupción se tendrían que evacuar 112,09 5 (ciento doce mil noventa y cinco) personas.
En el año 2000, el Secretario de Gobernación realizó una visita a las zonas cercanas al cráter del volcán Popocatépetl. En dicha visita se signó un convenio con el gobierno del estado de Puebla para ampliar y mejorar la infraestructura de las rutas de evacuación.
Pese a que uno de los puntos del convenio contempla específicamente la terminación de las obras correspondientes a las rutas alternas, la realidad es que dichas rutas prevalecen todavía inconclusas, y muchas de ellas permanecen en muy mal estado.
Esta falta de atención en la ampliación y culminación de las obras por parte del Gobierno del Estado de Puebla mantiene a los habitantes de las poblaciones aledañas al volcán en riesgo permanente.
De suceder una contingencia volcánica de mayores proporciones a las hasta ahora presentadas, el estado actual en el que se encuentran las rutas de evacuación, eventualmente dejaría en estado de indefensión a la mayoría de los pobladores de las zonas de riesgo. Hablamos de la pérdida de muchas vidas; hablamos de una verdadera catástrofe si es que no aplicamos con prontitud y decisión las políticas públicas de prevención que implican necesariamente la construcción y la ampliación de rutas de evacuación.
Compañeras y compañeros legisladores:
Si bien es cierto que la actividad política implica necesariamente el uso de la palabra y de la razón para organizar la convivencia social y dirimir los conflictos y diferencias en busca del bien común, el hacer Política, con mayúscula, implica sobre todo el respeto a la vida y a la dignidad de las personas, procurando en todo momento su seguridad y bienestar.
Bajo este tenor, se vuelve imperativa la aplicación de políticas públicas eficaces cuando lo que se encuentra en riesgo es precisamente la vida de nuestros representados, quienes confían en los acuerdos y convenios que realizan sus gobernantes.
Por ello, exhorto a esta honorable asamblea a la pronta dictaminación del presente punto de acuerdo, en virtud de que es impostergable la conclusión de las obras en proceso y la ampliación de las rutas integrales de evacuación adecuadas para salvaguardar la vida de las personas que habitan en estas comunidades, toda vez que el estado actual del volcán se encuentra en alerta y en riesgo permanente.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico.- Que la Cámara de Diputados exhorte al titular de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, y al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, así como a demás actores privados e institucionales involucrados en el Plan Operativo Volcán Popocatépetl, para que en el ámbito de su competencia, y de conformidad con las obligaciones pactadas en el convenio mencionado en este documento, se lleven a cabo las tareas necesarias para revisar y fortalecer las acciones preventivas de dicho plan, principalmente en materia de rutas de evaluación ubicadas en el tramo de Tochimilco, Tochimizolco, San Miguel Tecuanipan y Santa Cruz Cuahutomatitla, en el estado de Puebla.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 16 de marzo de 2004.
Dip. Rogelio Flores Mejía (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Marzo
16 de 2004.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL GOBIERNO FEDERAL BRINDE APOYO A LOS CENTROS DE EDUCACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FELIPE DE JESUS DIAZ GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESION DEL MARTES 16 DE MARZO DE 2004
El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter antes esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes
Considerandos
1.- En la última década la educación media superior y superior ha sido fundamental para el desarrollo integral de nuestro país, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, hace más de 30 años, creo la Dirección General Agropecuaria, la cual comenzó a dar impulso a la formación de técnicos profesionales capacitados en centros de educación tecnológica.
Sin embargo dicha dirección cuenta con varias limitantes, siendo la principal el centralismo exacerbado, que no ha permitido el desglose hacia las entidades federativas con mayor rezago social de nuestro país.
2.- En México se han implementado diversos programas educativos sin haber podido permear el problema real de este sector educativo, así el Programa Nacional para la Modernización Educativa, entre los años 1989 a 1994, ofreció un diagnóstico general de este ramo, destacando la falta de participación, la nula vinculación interna con los avances de los conocimientos y de la tecnología, y la poca participación y solidaridad de la sociedad, siendo únicamente de carácter evaluatorio dicho programa.
3.- En la administración pasada, en el Programa Nacional de Educación se impulsó la promoción de la igualdad de oportunidades de este ramo educativo y la equidad, logrando así en la década pasada el reconocimiento de parte de las autoridades educativas la capacitación e igualdad en el ramo de tecnología agropecuaria.
4.- En esta administración la educación tecnológica agropecuaria brinda la opción de cursar el nivel de educación media superior bivalente, que se caracteriza por contar con una estructura curricular integrada por un componente de formación profesional para ejercer una especialidad tecnológica y otro de carácter propedéutico que permite a los educandos continuar los estudios de tipo superior.
5.- Según datos de la propia Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, en el ciclo escolar 1999-2000 han egresado 25,288 alumnos de bachillerato, 1,611 de licenciatura y sólo el 15% se incorpora a los diferentes sectores productivos, es decir, el porcentaje de los egresados está muy por debajo en comparación de países como Brasil, España o Canadá, por ello es urgente que impulsemos un saneamiento de este sector tan importante para el sector primario de nuestro país.
En la República Mexicana existen 21 planteles de educación superior, 204 centros de bachillerato, 3 unidades de capacitación y desarrollo rural, 124 brigadas de educación para el desarrollo rural y más de 50 extensiones educativas de bachillerato no reconocidas oficialmente, dónde no todos han sido ubicados de manera estratégica, la mayoría necesita una reubicación debido a las condiciones de vida de los habitantes por cada uno de los estados, así como de un reordenamiento administrativo que se agrava día con día, lo anterior no contribuye al incremento de la calidad de este sector ni a la pertinencia de los servicios.
6.- A pesar de los esfuerzos que el Gobierno Federal ha realizado, aún no se han podido concretar los avances en materia de desarrollo científico y tecnológico en nuestro país; en la actualidad la Secretaría de Educación Tecnológica Agropecuaria trata de superar el rezago que el país acusa, sin embargo aún no se ha dotado de reconocimiento oficial e institucional ni de una clave presupuestal.
De igual forma es urgente el reordenamiento administrativo en la estructura de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria para poder contar con el personal especializado y capacitado en el ramo acorde con las necesidades requeridas en este ámbito.
Compañeras y compañeros, el desarrollo económico, político, cultural y social de un país depende de una educación integral que garantice un Estado de derecho y un crecimiento económico sostenido, promoviendo políticas educativas de calidad, programas específicos de compensación de desigualdades que permitan la permanencia y egresos de la población integrales, lo que se verá traducido en crecientes grados de equidad social.
La realidad económica que vive el sector primario de la economía en nuestro país, nos obliga a dotar de los instrumentos deberán traducirse en la realización de esfuerzos para dotar de nuevas y mejores instituciones de calidad, aumentando la competitividad que impera en otros países.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ustedes el siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorte al titular de la Secretaría de Educación Pública a efecto de realizar las acciones pertinentes que ayuden a mejorar las condiciones estructurales, administrativas y presupuestales de los centros de educación tecnológica agropecuaria, otorgándoles el reconocimiento formal e institucional ante las instancias pertinentes, a través de una clave presupuestal, con el objetivo de brindar mejores servicios y conocimientos de calidad acorde con las necesidades del país y en beneficio de la población.
Dado en el Palacio Legislativo, a 16 de marzo de 2004.
Dip. Jesús Díaz González (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones Unidas de Educación Pública
y Servicios Educativos, y de Agricultura y Ganadería. Marzo 16 de
2004.)
Los que suscribimos, diputados federales a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87, 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos respetuosamente de esta Presidencia que tenga a bien formular una excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos, a efecto de que se dictaminen en su conjunto y con la mayor brevedad las diversas iniciativas de reformas a los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la abolición de la pena de muerte, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ha presentado las siguientes iniciativas: de la diputada Silvia América López Escoffie, que reforma los artículos 14 y 22 de la Constitución, con fecha 26 de marzo de 2002; del diputado Tarcisio Navarrete Montes de Oca, que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha 28 de abril de 1997; del grupo legislativo del Partido Acción Nacional en el Congreso de Nuevo León, que reforma los artículos 14 y 22 de la Constitución, con fecha 28 de octubre de 1999; y del diputado Francisco Javier Valdez de Anda, con fecha 11 de diciembre de 2003. Todas las anteriores, sin que hasta el día de hoy se haya emitido el dictamen correspondiente.
No obstante, los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura insistimos en la importancia que reviste derogar de nuestra Constitución Política la pena de muerte, de los artículos 14 y 22, como se plantea en la iniciativa con fecha 26 de marzo de 2002.
Dicha iniciativa pretende, en su conjunto, que dentro de un contexto humanitario nuestro país responda a los más esenciales postulados de la civilización, respetando y haciendo respetar el inviolable derecho a la vida.
El artículo 22 de nuestra Constitución faculta
al legislador para reglamentar la pena de muerte y, aun cuando no se ha
dado, resulta riesgosa la simple posibilidad. Por su parte, el artículo
14 conserva la posibilidad de aplicar la pena de muerte en nuestro país,
irónicamente respetando las rigurosas formalidades esenciales del
procedimiento.
Consideraciones
La dignidad de los seres humanos implica también el reconocimiento del Estado de sus derechos naturales y constituye el objeto de los derechos humanos, la columna vertebral de nuestra civilización. El Estado no sólo está obligado a consagrarla sino, también, a crear condiciones para que tal dignidad sea efectiva, al tiempo de remover todos los obstáculos que puedan dificultar su pleno respeto. Ello incluye desde luego la repudiable pena de muerte.
Como sabemos, el artículo 22 de nuestra Constitución faculta al legislador para reglamentar la pena de muerte. No obstante, el artículo 18 del mismo ordenamiento señala que el sistema penal se organiza sobre las bases del trabajo, la capacitación para éste y la educación como medios para readaptación social del delincuente. Es decir, la doctrina penal lógica que inspira este numeral no es retribucionista, pero el artículo 22 lo contradice, dando a la pena en este último párrafo un carácter incluso de venganza pública.
Por su parte, el artículo 14 de la Carta Magna conserva la posibilidad de aplicar la pena de muerte en nuestro país al sentenciar en su segundo párrafo: "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al acto". De esa forma, lo anterior desprende la posibilidad del homicidio judicial, irónicamente respetando las rigurosas formalidades esenciales del procedimiento.
De todo lo anterior, resulta poco congruente con la tradición humanista que nos caracteriza como nación seguir conservando en la Constitución tan salvaje y primitivo castigo.
Esa práctica era severamente cuestionada por adelantados visionarios del humanismo, quienes señalaban lo que hoy algunos aún intentan denostar en función no de la razón sino del simple utilitarismo. Casos como el de Francisco Zarco, quien en la sesión del 25 de agosto de 1856 del Congreso Constituyente expresó que "la defensa de la pena de muerte como institución perpetua o transitoria sólo puede fundarse en la falsa idea de que la sociedad debe vengarse del delincuente. La venganza no debe entrar jamás en las instituciones sociales. La justicia debe tener por objeto la reparación del mal causado y la corrección y mejora del delincuente, y nada de esto se logra con ofrecer al pueblo espectáculos de sangre que sirven sólo para desmoralizarlo".
De esa forma, podemos afirmar que la pena capital posee como características esenciales el ser destructiva, en cuanto a eliminar de modo radical e inmediato la existencia humana, por lo que descarta la enmienda la reeducación o la readaptación social del sentenciado; irreparable, en cuanto a su aplicación, en el supuesto no extraño de ser injusta, impide toda posterior reparación; y rígida, toda vez que no puede ser graduada, condicionada ni dividida. Eso es precisamente lo que debemos evitar, debemos eliminar la simple posibilidad.
Si quisiéramos decir que con la pena de muerte se busca un fin retributivo, entonces sólo se podría condenar a dicha pena a quien ha privado de la vida a otro. Sin embargo, por esa vía sólo estaríamos institucionalizando la ley del talión. Y, peor aún, dadas las consecuencias irreparables del daño, la ejecución de presumiblemente culpables constituye no sólo el peor de los errores judicionales, sino el más aterrador de sus actos.
Luego entonces, hablar del derecho a la vida implica no sólo referirnos a un derecho humano o una garantía individual; entraña referirnos al derecho humano que es condición necesaria para que existan y se respeten los demás. Es, pues, el derecho humano por excelencia.
Debemos hacer conciencia de lo que representa el ser humano, debemos pasar de lo deseable a lo realizable. La pena de muerte es violatoria del más elemental de los derechos humanos: el derecho a la vida. Nuestro país debe dar el paso, como ya lo han hecho la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, en el sentido de la congruencia no sólo ideológica sino intelectual y legitimarse así de manera formal para poder alzar la voz y condenar a escala internacional el homicidio judicial.
Es preciso eliminar de nuestra Constitución cualquier posibilidad de que en nuestro país pudiese condenarse a alguien a la pena de muerte. Por lo anterior, hacemos un llamado urgente a todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso para hacer de los principales humanistas una realidad en nuestro marco jurídico, acercándolo a la modernidad. Ya no sólo en lo dicho sino en lo hecho.
Por lo anteriormente expuesto y fundado
A usted, C. Presidente de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva:
Unico. En los términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos para que presenten el dictamen respectivo y, de ser el caso, en su conjunto, a las iniciativas de reforma a los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señaladas anteriormente.
Dip. José Sigona Torres (rúbrica)
(Se excita a las Comisiones de Puntos Constitucionales,
y de Justicia y Derechos Humanos para que emitan el dictamen correspondiente.
Marzo 16 de 2004.)
A LA COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JOSE LUIS TREVIÑO RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, en mi calidad de diputado federal de la LIX Legislatura de este H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 21 fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a esta Presidencia, tenga a bien formular excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a efecto de que se dictamine a la brevedad para su presentación ante el Pleno de este órgano legislativo, el dictamen de la iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes
Antecedentes
En sesión del 3 de diciembre de 2002, el diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla presentó ante el Pleno iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reducir el número de legisladores, misma que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La iniciativa en comento pretende una nueva integración de la Cámara de Diputados, mediante la reducción del número de legisladores que la integran, proponiendo que de 500 diputados se reduzca el número a 400, eliminando la elección de 100 diputados electos por el sistema de representación proporcional, para quedar en 300 el número de diputados electos mediante el sistema de mayoría relativa y 100 más por el principio de representación proporcional.
Toda vez que aún no se emite el dictamen correspondiente de la iniciativa en comento, los diputados integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional insistimos y hacemos énfasis en la necesidad de impulsar y promover cambios que permitan un Congreso fortalecido, cualitativo y no cuantitativo; un Poder Legislativo crecido en resultados eficaces y profesionales, y no que sólo sea grande en número, siendo precisamente la intención de esta iniciativa, al proponer que se reduzca el número de diputados electos por el principio de representación proporcional que integran la Cámara de Diputados.
Consideraciones
Las diversas reformas constitucionales que se han hecho para modificar la integración del Congreso, han ido garantizando la participación y presencia de las distintas fuerzas políticas del país.
Se estableció un sistema electoral mixto en el entendido de garantizar la presencia de las minorías en el Congreso y además para que los ciudadanos y electorado pudieran participar y conocer a sus representantes.
Indiscutiblemente este sistema mixto que se adoptó en 1986 fue garante de la democracia en nuestro país, sin embargo algunas reformas posteriores que modificaron el número de integrantes de ambas Cámaras ya no pueden ser sostenidas.
Por ello, se hace necesaria una reforma en la que se fortalezca al Poder Legislativo, profesionalizando su labor y funciones, por lo que es importante reflexionar acerca del número de legisladores que integran la Cámara de Diputados, toda vez que se ha considerado que la integración actual ha provocado falta de organización, así como el entorpecimiento de acuerdos y consensos al interior no sólo de esta Cámara sino, incluso, entre los mismos grupos parlamentarios, lo que motiva el rezago y la lentitud del trabajo legislativo.
Tras la democracia alcanzada durante la última década, necesitamos mayores consensos, de una tribuna fortalecida en sus debates, de trabajos en comisión que sean de calidad y no de una Cámara llena de legisladores que aprovechen la magnitud en la integración de este órgano colegiado para cumplir y satisfacer intereses personales.
Es tiempo de que también el Congreso innove y reforme su estructura en pro de un México mejor. La situación democrática que está viviendo nuestro país nos los exige, y debemos ser responsables asumiendo los cambios necesarios para que esto sea así.
Por lo que se refiere a la integración de la Cámara de Diputados, no nos queda la menor duda de que es necesario que se conserve el mismo sistema mixto que actualmente contempla nuestra Constitución, en virtud de la necesidad de garantizar la presencia de las minorías en los órganos de representación política como la Cámara de Diputados, pero también estamos convencidos de que el número de legisladores electos por este sistema debe ser menor al de los electos por el principio de mayoría relativa, por lo que coincidimos plenamente con la propuesta que contiene la iniciativa en comento para reducir el número de diputados electos por el principio de representación proporcional.
Consideraciones de Derecho
1. Que desde el tres de diciembre del dos mil dos hasta la fecha ha transcurrido más del término establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Comisión competente presente el dictamen correspondiente a la iniciativa descrita.
2. En tal virtud, es procedente que el Presidente de la Cámara de Diputados, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Puntos Constitucionales, a fin de que emita en breve el dictamen correspondiente.
Por lo expuesto y fundado
A usted, Presidente de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, muy atentamente pido se sirva:
Unico.- En los términos de los antecedentes y consideraciones expuestos, así como de conformidad con los preceptos legales invocados, se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictamen que corresponda a la iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reducir el número de legisladores.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2004.
Dip. José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica)
(Se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales
para que emita el dictamen correspondiente. Marzo 16 de 2004.)
A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION, Y DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, A SOLICITUD DEL DIPUTADO ALEJANDRO GONZALEZ YAÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acude a esta tribuna para solicitar al Presidente de la Cámara que se excite a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Justicia y Derechos Humanos para que dictaminen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de la Ley de Instituciones de Crédito y del Código Penal Federal, que fue presentada en la sesión del 4 de noviembre de 2003 por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
El propósito de esta iniciativa se centra en tres aspectos:
Los servidores públicos estamos obligados a transmitir a la ciudadanía, que es la que finalmente paga nuestras percepciones, que deseamos transitar hacia una mayor credibilidad acerca de la obtención de nuestro patrimonio. La ciudadanía inmediatamente percibe cuando una persona tiene un nivel de vida y de gastos que no corresponden a sus ingresos lícitos y que difícilmente es justificable.
Segundo. Proponemos que se elimine el secreto bancario, en tratándose de las declaraciones patrimoniales. Nos queda claro que cuando un servidor público obtiene ingresos ilícitos o se depositan en una institución de crédito o bien se destinan a la adquisición de inmuebles, en las que en este último caso quedan constancias documentales en los libros del notario público ante quien se realiza la operación o en el Registro Público de la Propiedad. Sin embargo, el secreto bancario no debe ser un valladar para que pillos y rufianes disfrazados de servidores públicos, valiéndose del encargo, administren los recursos públicos a su conveniencia e intereses particulares.
Tercero. Proponemos que en el Código Penal Federal se adicione una fracción IV al artículo 247 para que sea punible la falsedad de declaraciones, en tratándose de lo relacionado con la situación patrimonial de los servidores públicos.
Nos queda claro que todos debemos dar un combate frontal a la corrupción, la que tiene en nuestros días gran capacidad de adaptación; cual si fuera hidra, se extiende sin límites hacia todos los ámbitos de la vida pública.
Durante muchos años, el dinero del pueblo se desviaba a través de mecanismos menos refinados, pero en los últimos años los métodos han cambiado, con el mismo efecto de erosionar las arcas públicas, los valores éticos y el tejido social.
Es hora de que, con medidas legislativas eficaces como las que proponemos, la sociedad sepa que sí nos importa combatir la corrupción y que los legisladores no somos cómplices de ella.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2004.
Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputados: Alejandro González Yánez, coordinador; Pedro Vázquez González, vicecoordinador; Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Joel Padilla Peña, Oscar González Yánez, Francisco A. Espinosa Ramos (rúbricas).
(Se excita a las Comisiones Unidas de Gobernación,
y de Justicia y Derechos Humanos para que emitan el dictamen correspondiente.
Marzo 16 de 2004.)
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS, DE TRABAJO 2003-2006
Presentación
El presente documento se integra de las siguientes partes: Justificación, en la que se analiza la situación nacional en cuanto a los avances en el campo de la legislación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas; Objetivos, en la que se señalan los compromisos de la Comisión de Asuntos Indígenas tanto en un plano general como específico; Actividades Básicas, donde se plantean las acciones a desarrollar en el ámbito legislativo; de política indígena de Estado; de desarrollo económico y social; de educación, cultura y comunicación; de estudios, consulta y participación indígena; de cuestiones estratégicas y coyunturales; de comparecencias, y de subcomisiones necesarias para el logro de los objetivos programáticos; una parte metodológica y otra en la que se definen las responsabilidades operativas de la Comisión, en relación con su organización interna.
Como todo ejercicio de planeación es una guía que plantea anticipadamente las actividades principales de la Comisión, pero remarca su carácter flexible a fin de adecuarse a los requerimientos y eventos políticos de su misma ejecución y al enriquecimiento que sobre el mismo haga el pleno o de forma particular alguno de los miembros de la Comisión.
Se reconoce como un documento resultado de un proceso de elaboración conjunta a partir de propuestas presentadas por los miembros de la Comisión y elaboradas en consultas internas partidarias; es un ejercicio de resolución colectiva.
I. Justificación
En los años setenta se empezó a gestar un cambio en la manera de concebir las políticas públicas en relación con los pueblos indígenas, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito del país.
Los intelectuales y organizaciones indígenas mexicanos comenzaron a señalar la necesidad de que los pueblos indígenas tuvieran participación en el diseño, ejecución y evaluación de los programas formulados para su beneficio, que en ellos se tomaran en cuenta sus características culturales y se empezó a plantear el reconocimiento de derechos específicos para acceder a una educación que respondiera a sus especificidades históricas, lingüísticas y culturales; asegurar la conservación y desarrollo de sus lenguas y cultura; así como el aprovechamiento prioritario en su beneficio de la explotación de los recursos de sus territorios.
En 1992, el Estado mexicano reconoció su carácter pluricultural y por primera vez adquieren presencia constitucional los grupos socioculturales históricos y originarios: los pueblos y comunidades indígenas.
El levantamiento zapatista y los esfuerzos por la paz en Chiapas, que culminó en la formulación de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, la elaboración de la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación, dan un nuevo panorama a la tarea legislativa nacional. En el año 2001 se dan las últimas reformas; se tienen avances pero los temas de reconocer a los indígenas como sujetos de derecho público, la libre determinación y autonomía causaron desacuerdos entre y al interior de las fracciones parlamentarias del PAN, PRI e incluso del PRD.
En diciembre de 2002, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Derechos Lingüísticos y la reforma a la fracción cuarta del artículo séptimo de la Ley General de Educación, que reconoce a las lenguas indígenas como lenguas nacionales y establece legalmente las condiciones para promover la pluralidad lingüística de la Nación mexicana a través de la educación. Asimismo, producto de un largo trabajo de análisis, consultas y negociación, se decreta la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de mayo de 2003.
Los avances legislativos y los esfuerzos de atención del Estado mexicano hacia los pueblos indígenas son sin embargo insuficientes ante la situación nacional e internacional. El Estado requiere redefinir sus funciones en el marco de la globalización que no reconoce fronteras y amenaza soberanías, eclipsando compromisos y nublando horizontes de desarrollo; que amplía los márgenes de desigualdad social y económica que se traduce en pobreza de millones de mexicanos, sobre todo de los indígenas que históricamente han sido desplazados de los beneficios del desarrollo nacional.
La desigualdad amenaza la estabilidad y la paz social de la nación. El compromiso del Estado, de buscar el beneficio de todos los mexicanos, de ensanchar el marco de respeto a los derechos colectivos e individuales, de combatir la pobreza y la desigualdad, hoy debe ser una tarea de la máxima prioridad nacional, ante un modelo de desarrollo económico y social que muestra claros signos de agotamiento como lo demuestra el saldo de pobreza, desempleo y de problemas de injusticia que vive gran parte de la población nacional.
Ante esta situación y con base en los avances de la legislación internacional en este mismo campo, en la nueva recomposición política de México por el triunfo del candidato del PAN a la Presidencia de la República, en las reiteradas demandas indígenas a través de sus diversas organizaciones, así como en la presencia cada vez más aceptada de la realidad indígena en la conciencia nacional.
La Comisión de Asuntos Indígenas de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados reconoce que el Estado mexicano necesita, en materia indígena, una reforma legal que sea parte de una reforma del Estado a partir de una nueva concepción de la Nación pluricultural mexicana, que responda a los reclamos de los indígenas mexicanos y respalde las transformaciones jurídicas, institucionales y programáticas que garanticen plenamente su autonomía y tiene en el artículo 2 de la Constitución Política la plataforma inicial para que durante esta nueva Legislatura se logre un desarrollo legislativo que haga efectivos los postulados del Estado Pluricultural de Derecho: el respeto y apoyo a las diferencias culturales y la solidaridad para igualar las condiciones de vida, justicia y desarrollo de manera digna y equilibrada de los pueblos y comunidades indígenas, así como la ampliación de los ámbitos de reconocimientos jurídicos en su beneficio.
Esta Comisión se compromete a hacer lo necesario para promover acciones legislativas que permitan revisar y modificar principios y políticas públicas, las instituciones, las leyes y las prácticas gubernamentales del Estado mexicano en relación con los indígenas del país; espera colaborar en la tarea que implica plantearse una modificación en la relación entre el Estado y la sociedad nacional con los pueblos y comunidades indígenas, a fin de hacer efectivo el reconocimiento constitucional de la pluriculturalidad, pretende trabajar a fin de avanzar hacia un Estado Pluricultural de Derecho con la definición de un presupuesto federal en materia indígena mas justo, equitativo y suficiente para atender los rezagos, las demandas y las necesidades de esta población en todos los ámbitos de su vida, especialmente los de salud, educación, suficiencia alimentaria, justicia y aprovechamiento equilibrado de sus recursos.
Para atender este compromiso nacional se ha formulado el presente Programa de Trabajo, con la participación de las distintas Fracciones Parlamentarias que integran la Comisión, a través de un método de participación que buscó y busca el consenso de sus integrantes, para proponerse un escenario de trabajo adecuado a los nuevos tiempos políticos.
En esta perspectiva el presente Programa de Trabajo se propone alcanzar los siguientes
II. Objetivos
1. Generales
1.2. Cumplir con el compromiso político nacional de representar los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y cuidar la atención de sus demandas, dentro de la instrumentación y ejercicio de las políticas públicas, a fin de coadyuvar en el esfuerzo de la Nación por superar la situación de desigualdad, exclusión y pobreza en la que viven los indígenas mexicanos.
2.2. Coadyuvar en la definición de una política indígena de Estado que asegure la participación y representación de los pueblos y comunidades indígenas en la instrumentación y desarrollo de las políticas públicas y dentro de las órdenes y los poderes del Estado mexicano.
2.3. Favorecer el desarrollo económico y social de los pueblos y comunidades indígenas de México por medio de la realización de estudios, del seguimiento de programas y de la evaluación de políticas públicas instrumentadas para su beneficio.
2.4. Promover la educación, el conocimiento y desarrollo de las culturas de los pueblos y comunidades indígenas, así como la adquisición de medios de comunicación y la realización de programas y proyectos, que favorezcan su desarrollo y su identidad como pueblos históricos y como mexicanos.
1. Tareas Legislativas
1.2. Legislar para que los pueblos indígenas alcancen representación política propia y efectiva ante los poderes y órdenes de gobierno.
1.3. Legislar, según la orientación y los consensos que se logren a través de una amplia consulta y análisis entre especialistas, con pueblos y comunidades indígenas, así como con sus organizaciones, lo relativo al reconocimiento de dichos pueblos y comunidades como sujetos de derecho público, autonomía y libre determinación, acceso a la jurisdicción del Estado, territorios y recursos naturales, reconstitución de los pueblos y consolidación del perfil pluricultural de México, y en su caso la reglamentación correspondiente.
1.4. Legislar para establecer un sistema nacional de consulta a los pueblos indígenas, para que participen y decidan en los asuntos que les impacten directamente.
1.5. Legislar sobre la protección de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, específicamente en materia de medicina tradicional, conocimientos herbolarios y terapéuticos, sobre biodiversidad, sobre riqueza genética, formas de producción, entre otros, con el fin de evitar la biopiratería y el saqueo.
1.6. Dar seguimiento al cumplimiento por parte de los gobiernos federal, estatal y municipales de las reformas del artículo 2º de la Constitución, con relación a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del país.
1.7. Elaborar un proyecto de ley para la atención de los desplazados indígenas internos del país.
1.8. Propiciar la legislación de los derechos indígenas en las entidades federativas que aún no tienen avances en la materia.
1.9. Reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para normar y establecer la responsabilidad de los diferentes órganos y dependencias del gobierno federal sobre el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, de forma transversal, integral y sustentable.
1.10. Legislar para establecer un sistema educativo y cultural que responda a la naturaleza del Estado pluricultural y pluriétnico que asume nuestra Constitución.
1.11. Actualizar los ordenamientos legales en lo relativo a la cuestión penal, a fin de que se considere en la impartición y administración de justicia los derechos y la idiosincrasia indígena, promoviendo una defensoría especializada.
1.12. Promover la observancia de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, particularmente la instalación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
1.13. Procurar el respeto y defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en la planeación y desarrollo de la acción institucional federal, estatal y municipal.
1.14. Legislar para reconocer a los pueblos indígenas sus formas de gobierno y de elección, en general reconocer sus sistemas jurídicos.
1.15. Legislar para fortalecer a los municipios indígenas.
1.16. Revisar y proponer la estructura presupuestal prevista en el proyecto de presupuesto 2004, relacionada con la atención de los pueblos y comunidades indígenas.
1.17. Atender los asuntos legislativos pendientes que dejó la anterior Comisión de Asuntos Indígenas de la LVIII Legislatura.
2.2. Conocer y valorar las propuestas programáticas y presupuestales previstas en el proyecto de presupuesto, relacionadas con la atención de los pueblos y comunidades indígenas.
2.3. Establecer un mecanismo ágil y eficiente de trabajo entre el Gobierno Federal y las comisiones legislativas correspondientes, en la formulación del Presupuesto federal en materia indígena para determinar un presupuesto creciente y etiquetado a las regiones, estados y en general a las comunidades indígenas del país.
2.4. Vincularse con el trabajo de la Comisión de Concordia y Pacificación para reactivar el diálogo entre el Gobierno Federal y el EZLN para buscar la paz en Chiapas.
2.5. Asegurar la representación y la participación indígena en el Consejo Consultivo de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
2.6. Participar conjuntamente con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en la formulación de las bases para una política indígena de Estado.
2.7. Propiciar una campaña nacional permanente y en el ámbito de cada entidad federativa en contra de la discriminación que sufren los pueblos indígenas, apoyar en este rubro los trabajos del Consejo Nacional contra la Discriminación; así como promover el conocimiento y revaloración de sus culturas, lenguas, concepciones del mundo y a la vida, medicina tradicional, entre otros.
2.8. Incorporar la cuestión indígena en la agenda de reforma del Estado, así como proponer una política de Estado orientada a la reconstitución de los pueblos y comunidades indígenas sobre la base de procesos diferenciados.
2.9. Promover el vínculo de las instituciones de los pueblos y comunidades indígenas con los órdenes de gobierno y los poderes del Estado mexicano.
2.10. Promover la participación de los pueblos y comunidades indígenas en el ejercicio y vigilancia de la aplicación del presupuesto asignado.
3.2. Evaluar las distintas estrategias, instrumentos, programas y acciones principales del Gobierno Federal, de los estatales y municipales para atender los rezagos sociales de los pueblos y comunidades indígenas.
3.3. Proponer y analizar, con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, diagnósticos y programas de desarrollo regional integral y sustentable, con el consenso de los pueblos y comunidades indígenas.
3.4. Coadyuvar con los pueblos y comunidades indígenas en el diseño y la presentación de planes y programas de desarrollo regional integral y sustentable, diferenciados y adecuados a sus potencialidades, que integren entre otros, procesos productivos, infraestructura, salud, medio ambiente, desarrollo económico y social, derechos humanos, cultura y educación, vivienda, tierras, territorio, recursos naturales, comunicación, justicia.
3.5. Propiciar la elaboración y la asignación de presupuesto a un programa integral y multidisciplinario de desarrollo de los niños, mujeres y jóvenes indígenas en su contexto familiar.
4.2. Promover que la educación intercultural bilingüe se amplíe a todos los niveles educativos, hasta lograr la creación de universidades interculturales indígenas con presupuesto federal.
4.3. Asignar un presupuesto para el funcionamiento del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
4.4. Promover que los pueblos indígenas tengan acceso, adquieran y operen sus propios medios de comunicación.
5.2. Promover el establecimiento y desarrollo de proyectos de investigación, a escalas nacional y estatal, sobre la interculturalidad.
5.3. Realización de foros, encuentros, talleres, seminarios para el estudio, discusión y análisis de la situación indígena en el país, el ejercicio de sus derechos, sus problemáticas más sentidas y la definición de sus demandas a escalas nacional, estatal y regional para conocer los puntos de vista de indígenas, investigadores y académicos en general, intelectuales, representantes de organizaciones sociales e indígenas.
5.4. Elaborar un programa de publicaciones de la Comisión de Asuntos Indígenas.
5.5. Proponer la incorporación de nuevos contenidos en los libros de texto gratuitos encaminados a la interculturalidad.
6.2. Dar seguimiento, coadyuvar y contribuir con el trabajo de la Cocopa.
6.3. Promover el establecimiento de mecanismos, instrumentos y programas de carácter nacional tendientes a buscar la conciliación y solución de conflictos agrarios, sociales, políticos, religiosos y de todo tipo de los pueblos y comunidades indígenas.
6.4. Conformar una agenda de riesgos sobre los conflictos más álgidos que viven los pueblos y comunidades indígenas para una intervención adecuada y estratégica que busque soluciones o se instauren los mecanismos para su atención.
7. Reuniones de Trabajo
7.3. Cuarta Visitaduría General de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
7.4. Titular del Plan Puebla-Panamá.
7.5. Coordinación General de Educación Intercultural
Bilingüe.
7.6. Dirección General de Educación Indígena.
7.7. Consejo Nacional de Fomento Educativo.
7.8. Coordinación Nacional para el Programa de
Desarrollo Humano Oportunidades.
7.9. Dirección General de Culturas Populares, dependiente
de del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
7.10. Todos los demás titulares de las dependencias
y de las entidades responsables de ejecutar programas y presupuestos dirigidos
a la población indígena.
Las subcomisiones que se propone crear en el ámbito interno esta Comisión, para su debido funcionamiento y el cumplimiento de las tareas que se compromete a realizar, serán coordinados por el Presidente y los secretarios, según la siguiente distribución de responsabilidades:
La Comisión de Asuntos Indígenas se propone trabajar siempre de manera conjunta entre todos sus miembros, tomar decisiones y acordar los asuntos relativos a este Programa de Trabajo por votación mayoritaria y que estén siempre representadas todas las fracciones parlamentarias que la forman.
Dip. Javier Manzano Salazar
Presidente
México, DF, marzo 16 de 2004.
La reciente reunión del Foro Parlamentario Mundial en el marco del Social Mundial (FSM) celebrado por cuarta ocasión, ahora en Mumbai, India, entre el 16 y el 21 de enero de 2004, fue un gran paso hacia el fortalecimiento constante de ese mecanismo. En cinco años se ha convertido en un actor importante en el escenario mundial.
Historia
Hay tres momentos de origen de esa experiencia. El primero fueron las protestas masivas durante la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Seattle, en noviembre de 1999. Un gran número de manifestantes, principalmente estadounidenses -una coalición sorpresiva de sindicalistas del AFL-CIO, militantes ambientalistas y anarquistas- logró echar a pique la reunión. Dos meses después, en enero de 2000, en Davos, un grupo de unos 50 intelectuales de todo el mundo intentaron una táctica diferente y organizaron un "Antidavos en Davos", buscando que se difundieran en la prensa mundial una serie de argumentaciones antineoliberales. En febrero de 2000, dos dirigentes brasileños de movimientos populares, Chico Whitaker y Oded Grajew, fueron a París a hablar con Bernard Cassen, director de Le Monde Diplomatique y presidente de Attac-France. Le sugirieron unir fuerzas para lanzar un encuentro mundial que combinara la protesta masiva y el análisis intelectual. Convinieron que esto ocurriera en Porto Alegre, Brasil, en 2001, al tiempo en que en Davos se realizaba la reunión del Foro Económico Mundial. Le llamaron a esto Foro Social Mundial, y Cassen declaró que el objetivo era "hundir Davos". Porto Alegre 2001 esperaba recibir a mil 500 participantes. Arribaron unos 10 mil. El grueso de ellos provenía de América Latina, Francia e Italia. Los principios básicos del FSM fueron que sería "un punto de reunión abierto" para "grupos y movimientos de la sociedad civil que se oponían al neoliberalismo y a la dominación del mundo por el capital o por cualquier forma de imperialismo". Su lema era "otro mundo es posible". Era un "proceso", no una organización. No tomaría posiciones, ni haría propuestas de acción, pero generaría posiciones y propuestas de algunos o todos los que tomaran parte en el FSM. Era "plural, diverso, no confesional, no gubernamental y no partidista", y actuaría de "modo descentralizado". En resumen, no habría jerarquías ni disciplina organizativa. La fórmula era original y muy diferente de los movimientos contra el sistema, incluidos el comunista o las internacionales. Y prendió fuego.
La segunda reunión en Porto Alegre atrajo a 40 mil participantes, incluyendo ahora a un enorme grupo de América del Norte. En esta ocasión, un grupo de parlamentarios de todo el mundo, especialmente latinoamericanos y europeos, que participaron como observadores del FSM, decidieron conformarse en una red solidaria al FSM y dialogante con el movimiento social participante en él, a fin de nutrirse de sus críticas, demandas y propuestas, para enriquecer las acciones legislativas en sus respectivos países. Surge así la Red Parlamentaria Mundial, que convoca a un Foro Parlamentario Mundial, a realizarse en el marco del tercer FSM, un año después.
La tercera edición del FSM, en 2003, juntó entre 70 mil y 80 mil personas. Estuvieron ahí toda suerte imaginable de movimientos, reformistas o revolucionarios, cada una de las variedades de personas oprimidas o marginadas, la vieja izquierda y la nueva, los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales (ONG) y, por primera vez, esta red parlamentaria, convocada en el Foro Parlamentario Mundial.
Desde el primer FSM se manifestaron algunos problemas, como fueron la tensión entre quienes insistían en mantener la fórmula de un foro abierto y aquellos que buscaban que el FSM se volviera un "movimiento de movimientos", tal vez, algún día, otra "internacional; la poca participación de Asia, Africa y Europa central y del este; los debates por la estructura interna y el financiamiento del FSM, qué tan independiente y democrática era su estructura. Los tres problemas se pusieron aprueba en la reunión de Mumbai, la primera en efectuarse fuera de Porto Alegre.
El concepto de foro abierto es considerado por sus fundadores originales como elemento clave para impulsar la fuerza del foro. Argumentan que cualquier desviación de esta fórmula llevará a exclusiones y lo convertirá en un movimiento sectario más. Para garantizar la apertura del FSM, los principios frenaban la "representación de partidos" y las "organizaciones militares". Algo difícil de lograr, pues tanto los partidos como los movimientos guerrilleros fueron de todos modos, mediante organizaciones asociadas, e incluso en el caso de los partidos a través de espacios paralelos y solidarios como el Foro Parlamentario Mundial. El asunto ha sido muy controvertido, pues muchos participantes no ven razón en bloquear a las estructuras partidistas (en tanto ninguna de ellas tenía una posición de control).
El Foro Social Mundial de Mumbai
Cuando el foro se fue de Brasil a India, es decir de un país donde casi todos los movimientos habían apoyado al Partido de los Trabajadores y como tal no necesitaban su presencia formal en el FSM, a un país donde los movimientos estaban repartidos en muchas organizaciones políticas y donde los partidos clave eran de masa, el comité organizador de India diluyó la reticencia contra los partidos. No obstante, la proscripción de la violencia condujo a divisiones entre los participantes de India. Un pequeño movimiento maoísta organizó un contra foro, denominado Resistencia Mumbai 2004, en terrenos cercanos a los del FSM. Los participantes de este espacio denunciaron al FSM como una combinación de trotskistas, socialdemócratas, organizaciones de masas reformistas y ONG financiados por trasnacionales, en suma, un "arrogante caballo del inmovilismo y la contrarrevolución".
En especial atacaron el concepto de foro abierto (es sólo un talk show, dijeron) y la consigna (no "otro mundo", sino el socialismo como objetivo), y el financiamiento del FSM (por el hecho de que algún dinero fluyó de la Fundación Ford). Pero Resistencia Mumbai fue en realidad un evento colateral, que estimuló buenas discusiones en el FSM pero que atrajo tan sólo dos por ciento de quienes asistieron al encuentro.
En cuanto a la acción del FSM, muchos resaltaron el hecho de que las manifestaciones mundiales contra la guerra de Irak, llevadas a cabo el 15 de febrero de 2003, las habían inspirado y organizado participantes del FSM. Así que, al final, todo mundo pareció concordar en que el FSM debía mantener su carácter abierto pero tal vez buscar la manera de aceptar e institucionalizar a los grupos que desearan participar en acciones comunes. Existe ya una asamblea de movimientos, que se reúne en los foros y que acuerda puntos y propone acciones concretas. El deseo de expandir el espectro geográfico del FSM fue uno de los objetivos perseguidos al cambiar de sede a Mumbai, y fue un éxito espectacular. En 2002, según el organizador principal en India, no había 200 personas que hubieran oído hablar del foro. Para 2004, cientos de organizaciones y más de 100 mil personas de India asistieron, procedentes de todos los grupos sociales imaginables, por lo menos 30 mil dalits (intocables) adivasis (pueblos tribales) y mujeres por todas partes. Es más, contradiciendo toda la cultura política de India, representaban un amplio espectro de puntos de vista políticos, trabajando juntos.
En cuanto al Foro Parlamentario Mundial, contó con la presencia de unos 150 parlamentarios de todos los continentes, pero especialmente de la India y Pakistán (de todas las tendencias políticas), así como de Europa (del Grupo de los Socialistas Europeos, de la Izquierda Unitaria y Verde Nórdica, así como de los Verdes, todos representados en el Parlamento Europeo) y de América Latina (participantes casi todos del Foro de Sao Paulo (izquierda latinoamericana). Sin embargo, hay que resaltar que el caso de México, se logró la participación de parlamentarios del PRD, PRI y PAN, tanto diputados como senadores, que lograron darle a la delegación mexicana un matiz plenamente plural y nacional.
En el Foro Parlamentario tuvo un momento cúspide cuando se logró la redacción y la firma de una declaración conjunta entre los parlamentarios de India y Pakistán a favor de la Paz y el diálogo entre ambos países para resolver sus añejas controversias. Un paso sin duda trascendental a favor de la estabilidad y la paz en la región.
La declaración final del Foro Parlamentario resaltó la solidaridad con los movimientos sociales participantes en el FSM, así como con muchos otros que, sin haber podido participar estaban representados en el mismo. De la misma manera, nos manifestamos preocupados por los grandes problemas sociales de nuestros pueblos como la pobreza, el hambre, la discriminación, la explotación y la exclusión, así como por el unilateralismo, el militarismo y los modelos económicos y comerciales injustos imperantes en la política internacional. Por supuesto los parlamentarios asumimos el compromiso de mantener el diálogo con los movimientos sociales y de construir con ellos alternativas nacionales y globales con el optimismo de la consigna del FSM: "otro mundo es posible".
Perspectivas
El FSM retornará a Porto Alegre en 2005, pero planea desplazarse a África en 2006. La estructura del FSM, que fue un punto debatido abiertamente, continúa en discusión. En 2002 se fundó un consejo internacional, en el que participan 150 miembros, todos nombrados. Es ampliamente representativo pero ciertamente no fueron elegidos ampliamente. Si fueran elegidos, el FSM se tornaría una estructura jerárquica. Pero, ¿es "democrática"? El consejo internacional es el que toma las decisiones reales, dónde serán las juntas, quién hablará en las plenarias (las "estrellas") y quién puede o no ser excluido de asistir.
Es cierto que la mayor parte de las sesiones se organiza de abajo para arriba. En Mumbai, hubo unos 50 o más "seminarios" simultáneos en todo momento, y para todo efecto, autónomos. En las sesiones para analizar la estructura del FSM, se pujó por mayor apertura en la toma de decisiones, buscando formas para que todos los participantes tuvieran algo qué ver en las decisiones. Y todo esto, sin convertir el foro en una estructura jerárquica. Cosa nada fácil pero al menos sujeta a debate abierto.
Tampoco debemos dejar de lado la evolución de los énfasis temáticos. En Seattle, la tendencia era frenar a la OMC. Después de Cancún-2003, dejó de considerarse esa organización como la amenaza principal. De hecho, aunque el FSM sigue luchando contra el neoliberalismo, el sentido es que el foro inaugura una diferencia real: que si Brasil o India impulsan ahora políticas diferentes, por ejemplo, se debe en gran medida a la presencia del FSM.
En cuanto al Foro Parlamentario Mundial, considero que es un espacio que hay que fortalecer y para ello hago una invitación a todos aquellos legisladores que sigan siendo optimistas y que crean que puede construirse un mundo y un país diferente, justo, democrático, solidario y libre a que se integren a esta Red Parlamentaria Mundial.
Declaración del Foro Parlamentario Mundial
Mumbai, India, 19 de enero de 2004.
1. Durante los últimos tres años, las reuniones periódicas del Fondo Parlamentario Mundial (FPM) se han celebrado en Porto Alegre, Brasil. En enero de 2004, simultáneamente con el Foro Social Mundial (FSM), se ha reunido por primera vez en Asia, concretamente en la ciudad de Mumbai (India), en un momento en el que estamos asistiendo al agravamiento de una crisis internacional. La celebración del IV Foro Parlamentario Mundial en este contexto resulta especialmente importante.
2. En la era de la globalización, la potestad de los parlamentarios y legisladores de pedir cuentas a los gobiernos y de legislar libremente se ha visto deliberadamente mermada. Reafirmamos la legitimidad de nuestra autoridad para exigir a las autoridades nacionales y mundiales que rindan cuentas de su gestión y trabajaremos para poner freno a la pérdida progresiva de nuestro poder legislativo en el marco de la soberanía parlamentaria.
3. Cuatro años después del fiasco de Seattle, el fracaso de la Quinta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), celebrada en Cancún, ha demostrado que el sistema de comercio actual no sólo está experimentando una crisis de legitimidad, sino que se está rompiendo en pedazos. En el marco del sistema de comercio actual, dominado por la OMC, la distancia que separa a los ricos de los pobres está aumentando de forma alarmante, por lo que el mito de que el libre comercio sin restricciones es la llave que permitirá alcanzar la prosperidad mundial ha quedado indudablemente desacreditado.
Ha llegado ya el momento de revisar las normas comerciales y fomentar un comercio justo, equitativo y sostenible que beneficie a todas las naciones y a todos los pueblos y sirva para apuntalar, en lugar de obstaculizar, el desarrollo social y sostenible.
La aparición de nuevas alianzas internacionales como, por ejemplo, el G20 y el G90 pone de manifiesto el hecho de que la necesidad de cambio es ahora más compartida que nunca.
Nos oponemos a la invitación de Suiza a celebrar una miniconferencia ministerial de la OMC de forma paralela al Foro Económico Mundial de Davos, en enero de 2005.
Los que hemos participado en el FPM estamos plenamente convencidos de que es posible y necesario optar por un paradigma económico y comercial alternativo, que beneficie a la mayoría de los pueblos de todo el mundo. Hacemos un llamamiento a los parlamentarios y legisladores para que inicien y apoyen un amplio debate en sus respectivos parlamentos sobre el desarrollo sostenible, la reorganización del sistema de comercio mundial, respetando y teniendo en cuenta las opiniones y reivindicaciones de los movimientos sociales y de la sociedad civil en general y cediendo a la ONU el control democrático de las instituciones financieras y económicas multilaterales.
4. Las áreas de libre comercio actuales y las que están en proyecto, que engloban economías muy diferentes entre sí, como ocurre en el caso de la ALCA, no han servido para conseguir una justa redistribución de la riqueza, crear más y mejores puestos de trabajo, aumentar los salarios ni alcanzar un desarrollo social y medioambiental sostenible. Por el contrario, combinadas con unas políticas irresponsables elaboradas por los gobiernos, dichas áreas han dado lugar a una concentración de las estructuras de producción en las manos de las multinacionales, la violación de los derechos humanos y de los trabajadores, un incremento del déficit fiscal y la privatización de bienes comunes, por ejemplo, el agua y la energía.
Levantar todas las barreras comerciales y acabar progresivamente con las preferencias comerciales entre socios desiguales no conduce automáticamente a un mayor bienestar para el conjunto de los pueblos. Es necesario prestar especial atención a la diversificación de la economía, el refuerzo de las infraestructuras que respeten el medio ambiente, la educación y los sistemas sanitarios y de transporte, sin los cuales ningún país puede beneficiarse de la mayor apertura de los mercados internacionales.
Es necesario respetar el derecho de cada país a desarrollar su propio potencial económico y político. Somos partidarios de dar prioridad a la integración regional siempre y cuando ésta venga avalada por consultas populares y el consenso social; se base en un proceso de toma de decisiones y de control democráticos y, finalmente, garantice el respeto a los derechos humanos y sociales recogidos en los pactos y acuerdos internacionales, el desarrollo sostenible y la diversidad cultural.
En nuestra calidad de parlamentarios y legisladores, estamos decididos a hacer nuestras estas reivindicaciones y convertirlas en propuestas legislativas para lograr una integración regional pacífica que respete los derechos sociales, el desarrollo de las zonas rurales, la protección y diversificación de las economías locales, la soberanía alimentaria y la diversidad cultural.
Asimismo, exigiremos la puesta en marcha de un sistema de tributación a escala mundial (tal como el "impuesto Tobin" para gravar las transacciones financieras internacionales, los beneficios empresariales...) que contribuirá al desarrollo de los países del tercer mundo.
5. Las negociaciones sobre el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) que se desarrollan en el seno de la OMC representan una amenaza para los servicios públicos en muchos países. Las peticiones de que se proceda a la apertura de los mercados para la privatización y comercialización de la educación, la sanidad pública, la cultura y el acceso al agua y la energía, en su mayoría procedentes de los países industrializados más importantes, no son más que un reflejo de los grandes intereses económicos de las grandes empresas. La privatización y la falta de regulación conducen a la aparición de monopolios privados que no dan respuesta a las necesidades de los pobres, sino que contribuyen a privarles aún más de productos y servicios básicos. La propia educación primaria, tan importante para la igualdad social y de género, se ve amenazada por las políticas actuales.
Pondremos en marcha iniciativas en nuestros respectivos parlamentos y asambleas legislativas para exigir a nuestros gobiernos que reconsideren y reviertan la marcha de las negociaciones sobre el GATS. De este modo, podrían aprobarse disposiciones que protegieran los servicios públicos y garantizaran el derecho de los gobiernos a regular e intervenir en ciertos sectores. Apoyamos las iniciativas emprendidas por distintas autoridades locales y gobiernos autónomos en todo el mundo para situarse deliberadamente fuera del ámbito de aplicación del GATS.
6. El agua y el acceso a la misma están adquiriendo actualmente una importancia creciente en la escena internacional. Por ello, es necesario dejar claro que el acceso al agua es un derecho fundamental, que no puede ponerse en peligro por motivos relacionados con la búsqueda de la rentabilidad económica. El agua no es sólo un producto básico; ante todo, es un elemento natural esencial e insustituible para la agricultura, las necesidades de la vida cotidiana y muchas otras actividades.
Tal y como se subrayó en la Declaración de Roma de diciembre de 2003, es urgente reconocer formalmente que, según la economía no basada en el mercado, el agua es un bien común que debe excluirse de la categoría "bienes y servicios de mercado".
La pobreza y la falta de acceso a los recursos hídricos provocan la muerte de millones de personas en los países en desarrollo. Actualmente, mientras 70 por ciento del agua del mundo se utiliza en actividades productivas, todavía son muchas las personas que no tienen acceso a agua potable que ofrezca las mínimas garantías sanitarias. El derecho a la salud es fundamental pero la globalización económica neoliberal y los planes de ajuste estructural están provocando un aumento de las emergencias sanitarias y dificultando el acceso a los medicamentos y a la atención sanitaria primaria, ya que conducen al desmantelamiento de las estructuras sanitarias públicas. Además, el acceso a los medicamentos se ve todavía más limitado por los obstáculos que representan los elevados precios y los derechos de patente de las empresas farmacéuticas.
Como parlamentarios y legisladores, apoyaremos las campañas internacionales puestas en marcha por los distintos movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil para salvaguardar el derecho universal de acceso al agua y garantizar el reconocimiento del derecho a la salud como un derecho humano fundamental.
7. Lucharemos en nuestros respectivos parlamentos y asambleas legislativas para la reforma agraria y conseguir que ésta se ponga en manos de los agricultores en todos aquellos países en que todavía no se haya completado este proceso.
8. La deuda externa, bajo este régimen del FMI y del Banco Mundial, ha sido una herramienta eficaz para impedir el desarrollo socioeconómico local. Mientras que James Baker ha venido insistiendo desde finales de la década de los ochenta en que Argentina debe pagar la deuda que contrajo durante una dictadura, ahora solicita al Club de París que cancele la deuda del Irak, porque fue contraída durante una dictadura. Este doble rasero es inaceptable y muestra que el sistema regulador de la deuda externa es fundamental para ejercer el dominio económico y político. La cuestión de la "deuda odiosa" (una herencia del apartheid y los regímenes dictatoriales) no es sino la punta del iceberg que representa el problema en su conjunto.
En nuestra calidad de parlamentarios y legisladores, nos comprometemos a actuar a favor de la cancelación de la deuda externa de los países en desarrollo, al tiempo que nos esforzaremos por crear procesos de arbitraje justos y transparentes que permitan a los ciudadanos afectados participar en la asignación de fondos al margen del circuito de la deuda.
9. La Guerra desencadenada por el gobierno de Bush en Irak representó uno de los acontecimientos más negros en la situación política internacional el pasado año. Muestra claramente las consecuencias de la doctrina de Bush conocida como "guerra preventiva" y del unilateralismo de Estados Unidos. Ha contribuido a empeorar la dinámica de la guerra que amenaza al mundo en la actualidad, creando nuevos obstáculos que impiden alcanzar los acuerdos políticos necesarios en muchas regiones, como en el caso de Palestina e Israel, de Mindanao en Filipinas o de la península coreana. La carrera armamentística y la proliferación de armas nucleares ha recibido un nuevo impulso. Es evidente que no apoyamos en su momento el régimen de Saddam Hussein; apoyamos la democracia, en todos los países. Nos oponemos enérgicamente a la intervención unilateral, militar y política de los Estados Unidos en Irak y otros países.
Manifestamos nuestra repulsa ante los intentos estadounidenses de socavar la legitimidad de los procesos políticos internacionales, especialmente el papel de las Naciones Unidas.
En nombre de la lucha contra el terrorismo, se está negando derechos humanos fundamentales, y algunos colectivos como los inmigrantes y las personas que solicitan asilo se encuentran en una situación más vulnerable que nunca antes. El gobierno estadounidense se está eximiendo a sí mismo de la obligación de cumplir con el derecho y los convenios internacionales, como demuestra claramente la escandalosa evolución de la situación de Guantánamo. Muchos de los violentos conflictos existentes en Africa se deben, en gran medida, al papel que desempeñan unas cuantas multinacionales occidentales deseosas de apoderarse de los recursos de este continente. El sector empresarial ha realizado algunos intentos para crear códigos de conducta con los que hacer frente a los problemas sociales, medioambientales y relacionados con los derechos humanos. Estas cuestiones, (el "Pacto Mundial" de la ONU, el Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible) se han utilizado para llevar a cabo un lavado verde de la responsabilidad social de las empresas multinacionales. Por ello, resulta urgente llevar a cabo una supervisión independiente de la "responsabilidad social de las transnacionales" y que las legislaciones nacionales no sean debilitadas.
La legislación antidroga y antiterrorista suele aplicarse en muchas ocasiones en contra de los movimientos sociales, como se puso dramáticamente de manifiesto en el caso de Bolivia y Colombia. En Colombia, los intereses económicos de las multinacionales han provocado un desplazamiento de hasta tres millones de campesinos, se ha asesinado a sindicalistas, se han exterminado comunidades indias y actualmente existe una evidente impunidad para las violaciones de los derechos humanos, mientras que la intervención de los Estados Unidos y la extensión de la guerra representan una amenaza para la sociedad civil y para los países vecinos como Ecuador, Venezuela y Brasil.
Una importante obligación de los parlamentarios y legisladores hoy día es luchar contra la doctrina de la "guerra preventiva" preconizada por Bush, fomentar la solidaridad con aquellos pueblos que viven en zonas de conflicto, defender los derechos humanos, defender el derecho de los pueblos a decidir sobre su propio futuro, a través de medios pacíficos y democráticos, y terminar con la carrera armamentística, incluyendo la prohibición universal de las armas nucleares. Como parlamentarios y legisladores, tenemos la obligación de trabajar como agentes de paz y de buscar el final de la violencia. Nos comprometemos a esforzarnos por crear un nuevo orden mundial basado en el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y los convenios internacionales. Apoyamos la reforma de la ONU, empezando por la reestructuración y ampliación del Consejo de Seguridad para aumentar la representación en el mismo de los países en desarrollo y reforzar la legitimidad y efectividad del funcionamiento de esta organización.
10. En nuestra calidad de parlamentarios y legisladores, nos comprometemos a trabajar activamente en una campaña para conseguir la ratificación internacional del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) y a instar a nuestros respectivos parlamentos nacionales a no firmar los acuerdos bilaterales de inmunidad con los Estados Unidos, aún a riesgo de perder las ayudas de este país.
11. El efecto combinado de la aplicación en todo el mundo de políticas económicas neoliberales y la dinámica de la guerra es muy importante. Esta situación provoca una erosión constante de los gobiernos democráticos y de los derechos sociales, así como procesos de rearme en varios países. Además, el efecto combinado de las dos variables anteriores favorece el auge de los fundamentalismos religiosos y de las ideologías sectarias, y del peligro de terrorismo, cuyo objetivo es acabar con la unidad de los pueblos. Igualmente, contribuye a multiplicar los obstáculos para que la igualdad de género y los derechos de las minorías puedan ser una realidad. Nos oponemos a todas las dictaduras.
Los parlamentarios y legisladores, reconocemos la importancia específica del auge actual de los movimientos contra la globalización empresarial y militar, de la lucha de los trabajadores para defender los derechos sociales y los servicios públicos, de las movilizaciones contra la guerra que se han producido en todo el mundo y, dentro de estas últimas, de los foros sociales. Están surgiendo nuevas relaciones de solidaridad, se están construyendo nuevas redes de convergencia internacional para llevar a cabo determinadas acciones comunes; en definitiva, se están colectivizando una serie de alternativas al orden económico y militar dominantes en la actualidad.
12. En el caso del sur de Asia, donde se reúne el IV FPM, los parlamentarios y legisladores reconocemos la enorme importancia de reforzar la unidad de los pueblos contra el proyecto actual de globalización empresarial encabezado por el triunvirato FMI-BM-OMC. Para seguir adelante con su proyecto, estas organizaciones llevan a cabo intentos detestables de estimular las diferencias étnicas, raciales, religiosas y otros factores heredados del pasado feudal, como las castas. Por ello:
Reconocemos la creciente fortaleza de los movimientos de las mujeres en su oposición a la discriminación por razones de género y su lucha por la igualdad de género; estos movimientos no sólo se enfrentan a los obstáculos que representan las políticas económicas neoliberales, sino también a otros derivados del "fundamentalismo" y del "revivalismo".
Queremos hacer extensivo nuestro apoyo a los movimientos de defensa de grupos sociales hasta ahora oprimidos para que puedan alcanzar la justicia social.
Queremos hacer extensivo nuestro apoyo a aquellas minorías étnicas y religiosas que reclaman un orden social justo e igualitario en el que puedan participar como socios, no como adversarios.
Por este mismo motivo, reconocemos la necesidad de oponernos no sólo a los gobiernos, sino también a las fuerzas del fundamentalismo, el oscurantismo y el sectarismo, que intentan quebrantar la unidad de los pueblos. Condenamos cualquier forma de terrorismo, tanto el individual como el de estado.
13. El Foro Parlamentario Mundial y la Red Parlamentaria Internacional (RPI), constituida tras el primer FPM celebrado en Porto Alegre en 2001 ya ha lanzado distintas campañas sobre cuestiones como el régimen tributario de las transacciones financieras; el GATS y la defensa de los servicios públicos; el desarrollo sostenible, durante la Conferencia de Johannesburgo (Río + 10); y, finalmente, la OMC, durante la Conferencia de Cancún. Estas campañas siguen en marcha. Durante 2004, los principales ejes de movilización serán éstos:
14. El 20 de marzo será un día de movilización internacional contra la guerra y la doctrina de Bush. Es una oportunidad excepcional para luchar por la paz en el mundo, hacer extensiva nuestra solidaridad a los pueblos en lucha (como el palestino), abordar el problema político que representan las zonas en conflicto (como el Irak, Palestina-Israel, el Pakistán, la India, Mindanao y la península coreana) e integrar de forma más adecuada en el seno del movimiento pacifista mundial la reivindicación de la prohibición universal y general del uso de armas nucleares.
15. La cuestión del desarrollo social y medioambiental se planteará específicamente en junio de 2004, con motivo de la reunión de la CNUCD en Sao Paulo, en la que se llevará a cabo un intento de restaurar el liderazgo de la OMC. Realizaremos un seguimiento detenido de toda futura negociación sobre la OMC para expresar la necesidad de lograr un comercio justo para todos.
16. Manifestamos nuestro más firme apoyo al proceso de transformación social en Venezuela y rechazamos cualquier tipo de injerencia extranjera.
17. La primera reunión del Polo latinoamericano de la Red Parlamentaria Internacional en Caracas, en noviembre de 2003, hizo pública una declaración clara en contra de las negociaciones actuales sobre el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que se están llevando a cabo sin contar con la participación de los parlamentos de los países afectados, violando sus constituciones e impidiendo a los ciudadanos intervenir y ejercer la soberanía popular. Apoyamos plenamente esta declaración y exigimos el fin de estas negociaciones. Compartimos la propuesta del Polo latinoamericano de la Red, de presentar las violaciones de derechos humanos de los emigrantes ante los organismos internacionales y de empezar a trabajar para garantizar la libre circulación de personas en todo el continente.
Apoyamos las iniciativas legislativas para el reconocimiento de todos los derechos humanos, sociales, cívicos y laborales de los trabajadores inmigrantes, especialmente en los Estados Unidos y en la Unión Europea. Desde hace décadas, Colombia ostenta un récord mundial dramático: es el país donde se produce el mayor número de violaciones de los derechos humanos. Desde el comienzo del mandato presidencial de Alvaro Uribe Vélez, la situación ha empeorado aún más. Instamos al gobierno a que ponga en práctica de inmediato la recomendación de las Naciones Unidas, especialmente en lo referente al desmantelamiento de los grupos paramilitares; restituya los derechos democráticos constitucionales revocando los decretos presidenciales; y proteja incondicionalmente a los activistas sociales, los defensores de los derechos humanos y a los parlamentarios de la oposición política, que actualmente están constantemente amenazados de muerte. También instamos al gobierno colombiano a que negocie un acuerdo humanitario para proteger de forma eficaz a la población civil de la violencia de la guerra, así como a reiniciar las negociaciones de paz. Este acuerdo sería el primer paso para conseguir la liberación de Ingrid Betancourt, candidata presidencial secuestrada hace casi dos años, y de todas las otras víctimas de secuestros existentes en el país.
18. El Foro Parlamentario Europeo se reunió por primera vez en noviembre de 2003, durante la celebración del Segundo Foro Social Europeo. El Polo europeo de la RPI apoyará las jornadas de movilización sindical de los días 2 y 3 de abril, y la jornada de movilización por una Europa social, que se celebrará el 9 de mayo, convocada por una coordinación de movimientos sociales coordinados.
19. El FPM valora positivamente la propuesta de creación de un Foro Parlamentario del Sur de Asia que se ocupará de liderar en esta región el proceso parlamentario de defensa de los ideales expuestos en la declaración final aprobada en el FPM de 2004.
20. El FPM y la RPI se movilizarán en defensa de los parlamentarios que se enfrentan a la represión y amenazas de muerte por su compromiso con unos ideales progresistas.
21. El FPM y la RPI defenderán también los movimientos sociales progresistas y las organizaciones de la sociedad civil y a los miembros de éstas, que son víctimas de la represión. Haremos campaña para la abolición de la pena de muerte en todo el mundo.
22. El FPM, la RPI y los miembros de ésta seguirán apoyando el proceso del FSM y las campañas de los distintos movimientos sociales y de los ciudadanos. Reforzarán sus vínculos con dichos movimientos y mantendrán un proceso de diálogo sobre la elaboración de alternativas al orden mundial actual. Trabajaremos en colaboración estrecha con los organizadores del próximo FSM para que su interacción con los movimientos sociales sea más activa.
23. La quinta reunión ordinaria del FPM se celebrará en el marco del próximo FSM (enero de 2005, en Porto Alegre).
Atentamente
Dip. Juan José García Ochoa (rúbrica)
DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, DE SU CUARTA SESION ORDINARIA, EFECTUADA EL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2003
Siendo las 13:10 horas, del miércoles 11 de febrero de 2004, contando con la presencia de la diputada Adriana González Carrillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores; diputado Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrante del grupo parlamentario del PAN; diputado Carlos Jiménez Macías, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrante del grupo parlamentario del PRI; diputado Jorge Martínez Ramos, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrante del grupo parlamentario del PRD; diputado Arturo Robles Aguilar, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrante del grupo parlamentario del PRI; diputado José Alberto Aguilar Iñárritu, del grupo parlamentario del PRI; diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, del grupo parlamentario del PRD; diputado Sami David David, del grupo parlamentario del PRI; diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, del grupo parlamentario del PAN; diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del PRD; diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN; diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del PRD; diputado Sergio Penagos García, del grupo parlamentario del PAN; diputado Fernando Alberto García Cuevas, del grupo parlamentario del PRI; diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del PRD; diputada Leticia Gutiérrez Corona, del grupo parlamentario del PRI; diputada Alejandra Méndez Salorio, del grupo parlamentario del PVEM; en consecuencia, dio inicio la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, desarrollándose de la siguiente manera:
III. Se llevó a cabo la presentación del plan de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, dentro de la cual, se circularon dos documentos que contenían las observaciones del grupo parlamentario del PRD y del diputado José Alberto Aguilar Iñárritu, del grupo parlamentario del PRI, respecto a dicho Plan de Trabajo. En tal virtud, se procedió a desahogar este punto del orden del día, haciendo uso de la palabra los siguientes CC. diputados: Adriana González Carrillo, Carlos Jiménez Macías, Arturo Robles Aguilar, Juan José García Ochoa, Sergio Penagos García, José Alberto Aguilar Iñárritu, Francisco Javier Saucedo Pérez, Jorge Martínez Ramos, Cristina Portillo Ayala.
En consecuencia, se sometió a consideración de los integrantes de la Comisión ahí presentes, que se elabore una agenda política que complemente el documento del plan de trabajo, donde se consideren las observaciones efectuadas por el grupo parlamentario del PRD y el diputado José Alberto Aguilar Iñárritu, del grupo parlamentario del PRI, por lo que los diputados ahí presentes tuvieron a bien aprobar la propuesta anteriormente mencionada.
IV. Se circuló y se dio lectura al documento que contiene una relación de diversos puntos de acuerdo turnados a esta Comisión, para proceder a su respectivo desahogo, de los cuales se resolvió lo siguiente:
Punto de acuerdo del Congreso del estado de Hidalgo
por el que se adhiere al acuerdo del Congreso del estado de Querétaro,
a favor de la protección de los derechos de los migrantes mexicanos.
Resolución: Aprobado.
Punto de acuerdo para que se dé a conocer
al Pleno de esta Honorable Cámara la conclusión de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago) de 31 de octubre del año en curso
sobre la causa de los migrantes mexicanos y sus familias.
Resolución: Aprobado. (Se procedió
hacer llegar las observaciones efectuadas a este punto de acuerdo a la
Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de
esta Cámara, en virtud de que el turno se dio en comisiones unidas).
Punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados
se pronuncie y exprese su firme y enérgico rechazo al trato que
se da a nuestros connacionales que son deportados en condiciones inhumanas,
violentando toda norma de ley, incluyendo varios tratados internacionales.
Resolución: Aprobado.
Punto de acuerdo para exhortar al Senado de la
República a concluir el trámite de ratificación del
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.
Resolución: Aprobado.
Punto de acuerdo para que se respalden las acciones
del Ejecutivo federal encaminadas a recomponer las relaciones México-Cuba
y para rechazar toda acción que ponga en riesgo la seguridad de
nuestra nación inmediata y nuestra integridad soberana.
Resolución: Aprobado.
V. Se acordó solicitar a la Junta de Coordinación Política de esta H. Cámara, se lleve a cabo una reunión con la Junta Directiva de esta Comisión, a efecto de exponerle al órgano de Gobierno en comento diversas inquietudes.
VI. La diputada Adriana González Carrillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, presentó a los integrantes de esta Comisión ahí presentes, un informe bimestral de actividades y viajes internacionales de la Comisión, haciendo uso de la palabra con respecto a este punto los siguientes CC. diputados: José Alberto Aguilar Iñárritu, Carlos Jiménez Macías, Juan José García Ochoa.
VII. En asuntos generales, se acordó se realicen los trámites necesarios, a efecto de que lleve a cabo un viaje de visita a diversos consulados de México en Estados Unidos de América, para conocer el funcionamiento y las condiciones de los mismos.
Se circuló el programa de la Reunión Interparlamentaria México-Brasil.
Agotados los asuntos del orden del día, siendo las 16:15 horas, se dio por clausurada la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2004.
Dip. Adriana González Carrillo (rúbrica)
Presidenta
Dip. Gustavo de Unanue Aguirre (rúbrica)
Secretario
Dip. Carlos Jiménez Macías (rúbrica)
Secretario
Dip. Jorge Martínez Ramos (rúbrica)
Secretario
Dip. Arturo Robles Aguilar (rúbrica)
Secretario
DE LA COMISION DE COMUNICACIONES, DE SU CUARTA REUNION ORDINARIA, LLEVADA A CABO EL LUNES 26 DE ENERO DE 2004
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las nueve horas con treinta minutos del día veintiséis de enero del dos mil cuatro, en el salón B del restaurante Los Cristales del Palacio Legislativo de San Lázaro, los diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones se reunieron, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria, para el desahogo de la siguiente propuesta de
Orden del Día
V. Informe sobre las actividades de la Mesa Directiva:
Presupuesto del subsector carretero para 2004.
Foro Legislativo en materia de Delitos Cibernéticos.
VI. Asuntos generales.
Diputados: Angel Heladio Aguirre Rivero, Presidente; Jesús Aguilar Bueno, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Federico Döring Casar, José Julián Sacramento Garza, Jorge Legorreta Ordorica, Jesús Porfirio González Schmal, secretarios; Sheyla Fabiola Aragón Cortés, Tatiana Clouthier Carrillo, Manuel Gómez Morín Martínez del Río, Rubén Alfredo Torres Zavala, Tomás Cruz Martínez, Pedro Avila Nevárez, Sergio Armando Chávez Dávalos, José Adolfo Murat Macías, Florentino Domínguez Ordóñez, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo.
Con la verificación del quórum legal, se desahoga el primer punto del orden del día.
Para desahogar el segundo punto del orden del día, el diputado secretario Rogelio Humberto Rueda Sánchez somete a la aprobación de los legisladores la propuesta del orden del día, misma que es aprobada por los CC. diputados presentes en la sesión.
Para el desahogo del tercer punto del orden del día, consistente en la lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior, se solicitó la dispensa de la lectura, en virtud de que la propuesta de acta fue circulada con anticipación, aprobándose por unanimidad toda vez que no hubo observaciones por parte de los cc. diputados presentes en la reunión.
Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, referente a la participación del licenciado Manuel Zubiría Maqueo, director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos, el Presidente de la Comisión de Comunicaciones, diputado Angel Heladio Aguirre Rivero, hizo uso de la palabra para destacar la presencia de algunos diputados locales y funcionarios del estado de Chiapas, así como del C. Presidente Municipal del puerto de Acapulco y de diversos empresarios de esa localidad, quienes acudieron a la reunión a plantear asuntos relacionados con las autopistas y carreteras en sus estados. Acto seguido, concedió la palabra al C. director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos.
En su intervención, el licenciado Manuel Zubiría informó que la red federal de carreteras comprende un total de 5,370 kilómetros de autopistas y 40 puentes, de los cuales 21 son internacionales. Para la adecuada preservación y mantenimiento de estas autopistas existen dos instituciones. Una de ellas es Capufe, que tiene asignados menos de mil kilómetros, y la otra es el Fideicomiso conformado para el rescate de las autopistas de cuota, el Farac, que fue donde se agruparon todas aquellas autopistas que tomó bajo su custodia el Gobierno Federal.
Al inicio de esta administración, continuó el licenciado Zubiría, el Gobierno Federal se encontró con que ambas dependencias adolecían de serios problemas financieros. En el caso específico del Farac, el monto total de sus ingresos era insuficiente para cubrir la carga financiera. Cuando el Gobierno Federal rescató las autopistas, tomó también compromisos financieros y de ahí procedió a liquidar a los diferentes acreedores que estas autopistas tenían; sin embargo, el monto de la carga de la deuda era superior a los ingresos de las mismas.
Con objeto de atenuar esta situación, se hizo un traspaso de activos entre las dos dependencias, iniciándose esta operación con la autopista de México-Cuernavaca, sin que el ingreso fuera suficiente para restablecer el equilibrio del Farac, por lo que en el año 2002 se hizo el traspaso de las autopistas de México-Querétaro, de Querétaro-Irapuato y de México-Puebla al Fideicomiso de Rescate. Esto propició que se le restaran recursos a Capufe para dárselos al Farac.
La fórmula que se estableció fue destinar a la SHCP 70 centavos de cada peso que se recibe en las autopistas Farac, con el objeto de hacer frente a los compromisos financieros del Fideicomiso, mientras que el 30% restante se destina a Capufe con objeto de que el organismo se encargue de la conservación, operación y mantenimiento de las autopistas.
Al día de hoy, Capufe solamente tiene en su presupuesto aproximadamente 900 kilómetros de autopistas. El resto, 4,400 kilómetros, están dentro del fideicomiso de rescate carretero. Este aspecto es muy importante porque muchas veces, cuando se habla de presupuestos, de Capufe o del Farac, no se tiene el concepto correcto.
Por otro lado, las limitantes financieras que tenía Capufe, más su condición de estar sujeto al presupuesto federal, originaron que gradualmente a lo largo de los años Capufe perdiera su capacidad financiera necesaria para poder mantener razonablemente las autopistas del país. Esto tuvo consecuencias muy severas.
Al inicio de esta administración, continuó el licenciado Zubiría, se encontró con que varios programas que se pretendieron ejecutar en administraciones anteriores se habían quedado inconclusos, destacando el problema de la modernización de las casetas, en donde quienes viajan -por ejemplo por la autopista de Puebla- por años observaron las plazas de cobro en estado semiderruido y caótico, tanto para el funcionario o empleado de Capufe como para el usuario de la autopista.
Para poder rehabilitar esas plazas de cobro, hubo necesidad de hacer muchas negociaciones con proveedores y contratistas, mismas que habían quedado inconclusas.
Si alguna crítica se puede hacer del pasado fue el cambio constante de administraciones. En una administración hubo cuatro direcciones diferentes. El que llega quiere poner su programa y no acaba de empezarlo cuando ya lo quitaron. Esa falta de continuidad en la estrategia administrativa tuvo consecuencias en la eficiencia del organismo. Capufe y el Farac cuentan con 9,100 empleados entre trabajadores y funcionarios.
Este año 2004, se tiene un presupuesto de ingresos superior a 17 mil millones de pesos, de los cuales aproximadamente 14 -15 mil millones, son del Farac, y el resto es de Capufe. De los 17 mil millones, 14 mil millones aproximadamente se van al servicio de la deuda. Toda la parte financiera del Fideicomiso es manejada por la Secretaría de Hacienda. En ese contexto, Capufe no tiene ninguna injerencia y eso incluye la correcta administración de los pasivos, la renovación o renegociación de los mismos, la negociación de tasas de interés, etc., Todo ése dinero está manejado en un fideicomiso a través de Banobras, en donde Capufe no tienen presencia, sino que el control lo lleva fundamentalmente la Secretaría de Hacienda. Esto se enfatiza porque hay situaciones en que muchas de las preguntas que se tendrán que contestar, no son cosa nuestra.
Por otra parte, se tienen dos presupuestos. Parte está incorporado dentro del Presupuesto Federal; pero este año Capufe dejó de ser un organismo de control directo y pasó a ser organismo de control indirecto, es decir el presupuesto que se aprobó está incluido dentro del aprobado para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
En el caso particular de Capufe, su presupuesto es de 2 mil 200 millones. Tiene una reducción contra el presupuesto del año anterior, pero esta reducción es producto de eficiencias que se han venido obteniendo y de los traspasos que se han venido haciendo al Farac.
En la parte administrativa se observan grandes carencias, que han venido solventándose con la incorporación de tecnologías modernas. Se tenía una capacidad de sistemas de información verdaderamente rudimentaria; gran parte de los controles se hacía manualmente. Se logró superar esa etapa y eso permite tener fuertes ahorros administrativos y la instrucción que se tiene, tanto del señor Secretario de Comunicaciones como del señor Presidente, es que todos esos ahorros se destinen a obras de mantenimiento.
El año pasado se inició la rehabilitación de la autopista México-Cuernavaca, en la cual se han levantado 46 centímetros de carpeta base y sub-base, sobre todo en los carriles de alta y media velocidad, que ya eran ya muy antiguos. Es una autopista que tiene 50 años, y se ha venido haciendo gradualmente la rehabilitación.
Asimismo, se logró la rehabilitación del libramiento de la ciudad de Cuernavaca, y se inició este año la rehabilitación integral de la autopista entre Cuernavaca y Acapulco.
Esta es una autopista rescatada, que lamentablemente cuando fue construida sufrió modificaciones no consideradas en el proyecto original de trazo, lo que originó dos serios problemas en la autopista. El primero es que cruza por partes muy altas de una montaña que geológicamente es muy joven y que es sujeta a actividad sísmica constante. El resultado de esto, por la altura y por la edad de la montaña, es que constantemente se hacen formaciones llamadas vados. Por el otro lado, se modificó el trazo de la autopista con la vieja idea de que la autopista cruzara por las ciudades, supuestamente para darles vida y entonces cruza por Chilpancingo, y es un problema ya muy serio ése pequeño tramo de Chilpancingo, que no lo administra el Gobierno Federal, sino que es administrado municipalmente, pero también genera muchos problemas, conflictos de índole no sólo de construcción, sino de índole social.
En el año se abrirán 7 frentes de obra en esa autopista. Es una de las autopistas que requieren urgentemente de un trabajo integral, aclarando que siempre se formarán los vados, pero lo que se tendrá que hacer en su momento es arreglar la autopista y tener un programa correcto del relleno de los vados o de su mantenimiento, y no dejar que se caiga la autopista, que implica casi la necesidad de levantarla y volverla a hacer.
Aunado a ese problema, también se tiene el problema en la misma autopista de los famosos taludes. Por un lado, debe considerarse que por ahorrarse en su momento el costo que eso implicaba, muchos de los taludes quedaron demasiados verticales en casi un ángulo recto, lo que origina que con cualquier problemita, con un poco de agua que caiga, haya constantes caídas.
Toda obra en Capufe debe tener un proyecto ejecutivo, debe tener una justificación económico-social y debe de contar con el aval de la Dirección de Servicios Técnicos de la SCT, con objeto de asegurar no sólo una continuidad en la obra, sino de procurar hacer más homogéneo los tratamientos que se le den a las autopistas y a los puentes.
En el caso de la México-Puebla, se tienen otros problemas además del de la caseta. Se tiene el enorme problema que representa el crecimiento casi sin freno de la mancha urbana.
Lo primero que se hizo en el pasado fue recorrer la caseta. Ahora lo que se hizo fue ampliar las casetas, con el objeto de procurar darle mayor fluidez al tráfico vehicular. Sin embargo, se sigue teniendo ese crecimiento de la mancha urbana que origina no sólo problemas de infraestructura, sino también de seguridad.
La México-Puebla es una autopista que ya no tiene en sus extremos dónde crecer, entonces lo más que se va a poder hacer, sobre todo en la salida entre Iztapalapa y Chalco, es usar todo el derecho de vía para ampliarla, pero no se van a evitar los cuellos de botella.
Otro problema es la estructura de los puentes. Los puentes envejecen y hay necesidad de estarlos renovando, de darles más rejuvenecimiento en sus estructuras y en los casos que se requiere, en sus tirantes.
Lamentablemente, éstas son obras muy costosas y por muchos años se descuidaron. Entonces, se tiene todo un programa para que a lo largo de los próximos 3 años, se puedan rehabilitar las estructuras más antiguas.
Otras obras importantes que ya iniciaron, que están en proceso de construcción y que en algunos casos tuvieron varios años de atraso, están en el norte del país.
Se está rehabilitando integralmente la autopista de Monterrey a Laredo; se empieza a trabajar en sentido opuesto los primeros 50 kilómetros en cada acceso; viniendo de Laredo los primeros 50 kilómetros se están levantando y se están reconvirtiendo a concreto hidráulico. Y saliendo de Monterrey, en el otro cuerpo, se están trabajando los 50 kilómetros con asfaltos modificados. La razón por la que no se hace toda de concreto es el peso de los camiones. Lamentablemente en México los pesos de los camiones de carga exceden por mucho los estándares de resistencia de cualquier autopista.
Entre otras obras además de éstas, también se puede mencionar por ejemplo la autopista que va de la Carbonera a Puerto México. Ahí en Saltillo, hay un punto negro, muy conocido, que por más señalización que se pone, constantemente presenta accidentes y esto se debe a que la pendiente de la autopista es muy pronunciada y normalmente los carros se van; al camión se lo lleva la carga. Esa sola obra cuesta 300 millones de pesos.
También se ha iniciado la rehabilitación entre Hermosillo y Magdalena de Quino, así como la de León-Lagos-Aguascalientes; se empezó asimismo la rehabilitación de la Córdoba-Veracruz y luego una autopista que está construida sobre pantanos, que va desde un lugar que se llama La Tinaja en Veracruz, a Cosoleacaque, que sufrió muchos daños en la última temporada de lluvias y necesita de su rehabilitación integral.
Como estándares, Capufe se ha propuesto usar materiales más resistentes, que cuestan un poco más pero duran mucho más. Se tiene como política que los concursos no sólo sean públicos y transparentes sino, además, que estén avalados en todo momento por diferentes cámaras y colegios de ingeniería. También se ha logrado poco a poco mayor participación de las empresas locales en la construcción de estas obras.
Las prioridades se han asignado en dos sentidos: aquellas autopistas que tienen más desgaste por su aforo, destacando obviamente las que convergen en la Ciudad de México, y aquellas autopistas que están más deterioradas.
Capufe tiene operación en 27 entidades, y hay cinco estados en donde no se tiene presencia. De esas 27 entidades, hay algunas en las que se tiene poca presencia, ya sea porque esos estados cuentan con autopistas estatales o privadas. Por ejemplo Chihuahua, donde se registra poca presencia. Hay otros lugares en donde la presencia de Capufe es intensa y resulta muy irritante para los habitantes de esa entidad que no se atiendan con tiempo los desperfectos de las autopistas. Ese ejemplo lo tenemos en Veracruz, donde la gran mayoría de las autopistas son manejadas por Capufe.
Al término de su intervención, el director general de Capufe agradeció la atención de los diputados presentes.
El diputado Presidente, Angel Heladio Aguirre Rivero, agradeció la información aportada por el director de Caminos y Puentes Federales e invitó a los diputados presentes a formular comentarios, sugerencias o preguntas al licenciado Zubiría Maqueo.
Al hacer uso de la palabra, la diputada Tatiana Clouthier preguntó al director general de Capufe la razón de que costaran tanto las cuotas en las autopistas. En relación con el costo del peaje de puentes que deben pagar los usuarios frecuentes, preguntó si hay alguna posibilidad de poner cuotas mensuales con un costo menor, como sucede en otras partes o en otro tipo de transportes o en otro tipo de situaciones.
Al respecto, el licenciado Zubiría Maqueo contestó que aunque en su intervención no había tocado el tema de las tarifas, éstas no las fija Capufe. Esto es muy importante: las tarifas las fija la Secretaría de Hacienda, y Capufe tiene la obligación de hacer lo que Hacienda dice, aunque no dejó de concederle razón a lo expuesto por la diputada Clouthier.
El director general de Capufe agregó que se ha venido procurando de forma gradual acercarse a los estándares internacionales en el establecimiento de cuotas. El estándar internacional es un cobro de 1.10 pesos por kilómetro aproximadamente. Pero también señaló que hay autopistas que son más elásticas, es decir que la respuesta de los usuarios a la tarifa que se cobra se acentúa, señalando que daría dos ejemplos, y que trataría de empezar a tocar uno de los puntos sobre los cuales se advertía interés, que es el de la Autopista del Sol.
Al referirse a esta autopista, comentó que cuando entró a Capufe, había una petición muy concreta, no sólo del gobierno de Guerrero, sino de diferentes asociaciones para que se reconsideraran las tarifas. Lo primero que se logró, siendo algo inaudito, fue que Hacienda permitiera reducir 55 pesos el costo de una caseta, concretamente en la de Paso Morelos, bajándose de 155 a 100 pesos. Posteriormente, durante el año de 2003 no se aumentó el costo de la caseta, contra el resto de las autopistas que tuvieron un promedio ponderado de incremento de 3.5%.
El diputado Presidente, Angel Heladio Aguirre Rivero, al hacer uso de la palabra, coincidió con lo expuesto por la diputada Tatiana Clouthier y además comentó al director general de Capufe que, en su opinión, en esa institución han tomado la ruta equivocada, señalando que el aumento de tarifas no es el camino propicio para incrementar los ingresos de la institución, observándose por ejemplo en la Autopista del Sol que en la medida en que se sigan dando este tipo de incrementos, que por cierto no tienen ninguna justificación, no se traduce en mayores ingresos para Capufe, ya que aun cuando se ha planteado que se encuentran trabajando en siete frentes, todavía no se observan las mejoras, siendo contradictorio que se incrementan las tarifas de una autopista que en muchos de sus tramos se encuentra dañada, destrozada, e insegura.
Asimismo, el diputado Presidente, Angel Heladio Aguirre Rivero, planteó a los diputados asistentes que conjuntamente con la Comisión de Hacienda, se solicite la comparecencia del secretario de Hacienda, licenciado Francisco Gil Díaz, ya que se ha tratado de establecer contacto con el Subsecretario de Hacienda responsable del Farac, es decir del Fideicomiso de Rescate a las Autopistas y no se ha obtenido respuesta por parte de este funcionario. Se puede solicitar, señaló, que el Secretario de Hacienda acuda a informar la razón de que 70 centavos de cada peso cobrado en las autopistas del Farac se queden en la Secretaría de Hacienda y sólo 30 centavos se le otorgan a Caminos y Puentes Federales de Ingresos.
A continuación, el diputado Presidente, Angel Aguirre Rivero, concedió el uso de la palabra al diputado secretario Jesús Porfirio González Schmal, quien mencionó tener la impresión, por lo escuchado, de una especie de resignación de Capufe frente a problemas que manifiesta no son de su área, no son de su competencia, escuchándose el juicio resignado de que si Hacienda le maneja el presupuesto, pues Capufe no tiene más que atenerse a lo que esa institución señale, debiéndose asumir, por el contrario, una posición que denominó proactiva, recomendando mantener una posición más agresiva frente a las disposiciones que condicionan a Capufe y que limitan los resultados a favor de la población.
A continuación, el diputado secretario José Julián Sacramento Garza, en el uso de la palabra, señaló que tenía claro que la obligación de Capufe es administrar, diseñar y aplicar las tarifas, es construir y explotar los ramos carreteros y elaborar los convenios con quienes se dedican a realizar la obra carretera, preguntando la causa de que en los comprobantes expedidos por Capufe en el estado de Tamaulipas se haya permitido la impresión fotográfica de uno de los precandidatos a la gubernatura de ese estado, indicando que no es correcto aprovechar ese mecanismo de promoción en un medio que es responsabilidad de Capufe.
Además, el diputado Sacramento Garza preguntó sobre la manera en que los legisladores podrían apoyar para que los recursos que Capufe recibe, después de otorgarle su participación a los estados y municipios, se reinviertan en obras carreteras.
Posteriormente, el diputado Jesús Aguilar Bueno, al hacer uso de la palabra, comentó que Chihuahua es el estado más grande de la República y tiene un sistema de autopistas que cruzan todo el estado, mientras que la actual administración ha puesto particular interés en ampliarlas, pero que coincidía plenamente con la inquietud que ha planteado la diputada Tatiana Clouthier. Recomendó revisar con mucho cuidado los costos de las tarifas, señalando que los usuarios cuestionan el pagar más cuando por los medios de comunicación se enteran de los escándalos de corrupción existentes en Capufe y preguntando al director general de Capufe sobre los resultados de la investigación sobre ese particular.
Acto seguido, hizo uso de la palabra el diputado Federico Döring Casar, quien señaló que la reunión se estaba llevando a cabo en un contexto en el cual el gasto programable del PEF del 2004 es 4.4% menor que el del 2003, mientras que el gasto de capital del Gobierno Federal cayó 18 puntos en el tema específico que nos ocupa, señalando reconocer que si no hubiese sido por el decidido impulso que esta Comisión le dio al asunto de las carreteras, el gasto de capital en infraestructura carretera hubiera descendido 50.8%.
Respecto de la propuesta de convocar al secretario de Hacienda, el diputado Federico Döring comentó que su propuesta consistía en que primero se requiriera la información al director de Capufe, y cuando se tuviera una propuesta que se pudiera debatir y que se haya consensuado entre las comisiones de Hacienda y de Comunicaciones, se podría discutir ante la dependencia del Ejecutivo.
A continuación, se dio la intervención del diputado Pedro Avila Nevárez, quien preguntó al director general de Capufe si la autopista Durango-Mazatlán que actualmente se está construyendo, va a estar bajo la jurisdicción de esa institución, para en ese caso solicitarle no se vaya a establecer una cuota alta, porque el pueblo no la podría pagar.
Continuando con la reunión, el diputado Presidente, Angel Heladio Aguirre Rivero, concedió el uso de la palabra al diputado Tomás Cruz Martínez, quien manifestó compartir las palabras de preocupación de varios de los compañeros diputados, pero de manera especial los comentarios del diputado Federico Döring, señalando que en la reunión se había reconocido la existencia de problemas con las autopistas que dependen de Capufe, problemas con autopistas que dependen de los gobiernos de los estados, problemas con carreteras libres de peaje, que son federales o estatales, pero lo que prevalece, señaló, es el reconocimiento implícito de que no se ve que haya armonía y que haya políticas de Estado en el tema de las carreteras.
Agregó el diputado Cruz Martínez que el tema de las tarifas, no sólo es un asunto que tenga que ver con el financiamiento, mantenimiento o la construcción de las carreteras, también es un asunto importante para el desarrollo de un estado, como lo ejemplifica la presencia de la delegación de compañeros de Guerrero.
El diputado Presidente, Angel Aguirre Rivero, agradeció las intervenciones de los diputados y manifestó que la presidencia de la Comisión recogía puntualmente la propuesta formulada por el diputado secretario Federico Döring Casar, a la cual ha sumado el diputado Tomás Cruz Martínez, Agregando que sería importante celebrar en los próximos días una reunión de trabajo en donde puedan concurrir no solamente Capufe, sino también la Secretaría de Hacienda, Banobras y todas aquellas instituciones que se considere que tengas temas sobre los cuales podrían informar para conocer la situación de las carreteras y en particular de las autopistas. A continuación, solicitó autorización a los diputados presentes para otorgar el uso de la palabra al Presidente Municipal de Acapulco, licenciado Alberto López Rosas y a los empresarios del Grupo Acapulco y de la Cámara de Comercio de Acapulco, lo que fue autorizado.
Al hacer uso de la palabra el presidente municipal de Acapulco expresó a los presentes y en particular al director general de Capufe que debe dejarse de ver a las autopistas como una acción recaudatoria y considerarlas como el mejor instrumento de desarrollo social y sobre todo de desarrollo económico. Señaló asimismo que en el pago de la autopista rescatada, como es la Autopista del Sol, hay un doble pago, porque primero se rescata con el impuesto de todos los mexicanos y después se nos aplica una tarifa que supera a otras tarifas de autopistas nacionales, estableciendo además que lo que se desea es que se fije una tarifa que permita seguir promoviendo a Acapulco como destino de playa. Agregó que el puerto ha vivido crisis severas. Cuando el país entra en crisis económica en los destinos turísticos el efecto se concentra mucho más, porque naturalmente que el vacacionar puede resultar superfluo y eso se deja para mejores oportunidades.
El presidente municipal de Acapulco manifestó que al construir las autopistas no se debería aislar a los pueblos, indicando que en Guerrero se tienen poblaciones que a raíz de la construcción de esas autopistas mantienen una salida incómoda, por lo que se deberían establecer acuerdos para que esos pueblos puedan recuperar sus salidas cómodas.
Por último, el licenciado López Rosas manifestó su confianza en tener un mayor acercamiento con Capufe y con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que verdaderamente se haga un replanteamiento en relación con el tratamiento que en materia tarifaria y en materia de impuestos se está imponiendo al destino de playa de Acapulco.
El diputado Presidente, Angel Aguirre Rivero, concedió el uso de la palabra al profesor Celso Sánchez, presidente de Grupo ACA, quien hizo referencia a las tarifas vigentes en la Autopista del Sol y solicitó que se elimine la caseta de La Venta, porque cuando se va de México hacia Acapulco, se pagan diferentes casetas, como la de Paso Morelos y de Chilpancingo, pero que al final, por salir de la autopista hay que pagar otra caseta. Entonces el tramo de Chilpancingo a Acapulco realmente cuesta 1.95 el kilómetro, que está fuera de todo promedio de acuerdo a lo que se está escuchando. Si la media internacional es de 1.10 y las condiciones socioeconómicas de Guerrero y de México están muy por debajo del poder adquisitivo de la comunidad europea y de los países del primer mundo, pues no se le hace un favor a ese destino turístico.
De igual manera, el presidente de Grupo ACA señaló que la Autopista del Sol no tiene los servicios que se plantearon cuando se construyó, como son tiendas, gasolinerías, talleres y restaurantes, indicando que los servicios sanitarios de las plazas de cobro están en condiciones higiénicas deplorables. Por último, enfatizó que la Autopista del Sol es un detonante de la economía, es un detonante del turismo y Acapulco es el centro de la economía de Guerrero.
El diputado Presidente, Angel Aguirre Rivero, otorgó el uso de la palabra al licenciado Alejandro Martínez Sydney, Presidente de la Cámara de Comercio de Acapulco, quien expresó que el rescate carretero atendió las necesidades de los inversionistas de la iniciativa privada cuando se dio una devaluación terrible para el país. Señaló que el gobierno de Guerrero aportó a la autopista también su parte de inversión, y que los guerrerenses aún continúan endeudados por la Autopista del Sol, sin que ello sea justo, ya que el rescate carretero otorgó la administración de esa autopista al Gobierno Federal, por lo que la deuda del estado proveniente de la aportación a la autopista se debería de condonar.
Finalmente comentó que se han recibido quejas en relación con los altos costos que tienen las tiendas concesionadas en la Autopista del Sol. Los turistas no tienen tiempo de seguir un trámite legal ante Profeco, porque van a divertirse, sin embargo han dejado muchas inquietudes en los comercios establecidos en el puerto de Acapulco.
El diputado Presidente, Angel Aguirre Rivero, agradeció la participación del presidente municipal y los empresarios de Acapulco, recordando a los diputados que al día siguiente, 27 de enero, la Comisión de Comunicaciones celebraría el Foro Internacional Legislativo en materia de Delitos Cibernéticos, evento al que asistiría el Fiscal Especial de Delitos Informáticos de la Organización de Estados Americanos, a las 9:00 horas, en el Salón Verde de la H. Cámara de Diputados.
Al conceder la palabra al director general de Capufe, y solicitarle sus comentarios finales, el diputado Presidente, Angel Aguirre Rivero, también informó a los diputados que el Secretario Técnico de la Comisión les daría posteriormente la fecha de reunión con el resto de las dependencias involucradas con el asunto de las autopistas.
El director general de Capufe, licenciado Manuel Zubiría Maqueo, procedió a dar respuesta a las preguntas y comentarios que previamente le habían formulado los diputados y los invitados del estado de Guerrero.
Inició su intervención informando a los presentes que durante su administración se había logrado subir el presupuesto de Capufe de 468 millones de pesos a 2 mil 500, lo que se había conseguido a base de luchas, de esfuerzos, de convencimientos de que se pueden hacer las cosas y afortunadamente se ha encontrado eco en las diferentes dependencias como la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero que de ninguna manera se quiere dar la imagen de que Capufe sea una dependencia ni resignada ni mucho menos dispuesta a acatar por acatar.
Respecto de los programas de construcción y mantenimiento de las carreteras y autopistas comentó que los tiempos que marca la ley no son los más adecuados. Por ejemplo, la Ley de Obra Pública contiene mucha rigidez en cuanto al otorgamiento de los contratos y en cuanto a los tiempos de ejecución, porque una licitación comprende por lo menos 45 días para darse el fallo, y otros 30 o 45 días para la firma de contratos, obtención de la fianza y otorgamiento del anticipo, por lo que se promedian como tres meses, más el tiempo que le lleva al contratista trasladar sus equipos y montar las plantas que requiere, que es otro mes y medio, por lo que se lleva de cuatro meses y medio a seis meses arrancar la construcción.
A continuación, el licenciado Zubiría Maqueo comentó que Capufe había logrado por primera vez en muchos años, el oficio de "secas", es decir, licitar en el 2003 obra que estaba sujeta al presupuesto de 2004, agregando que en Acapulco aún no se veía la obra, pero que se daría en cuatro meses, señalando a continuación, con el debido respeto, que era muy fácil venir a llorar, que Acapulco requería mucho más que el descenso de tarifas, que era algo que ya se había realizado y que la demanda de la autopista no había compensado el descenso en los ingresos, porque uno de los problemas de Acapulco es la delincuencia, se siente uno inseguro, comparado con otros destinos turísticos, por lo que se requiere trabajar en muchas más cosas en lugar de venir a decir que el problema es la caseta de La Venta y que ése no es el problema, que no hay que engañarse sino dar un buen servicio.
Las expresiones del director general de Capufe motivaron protestas entre los asistentes, motivando que el diputado Presidente, Angel Aguirre Rivero, interviniera para exigir en su carácter de Presidente de la Comisión, que ofreciera una disculpa a los asistentes, manifestando que las expresiones que se han utilizado no son las más apropiadas y señalando que no se puede permitir que se efectúe esa valoración sobre el Puerto de Acapulco, por lo que se le solicitó ajustarse y apegarse exclusivamente a dar respuesta a los planteamientos que la representación le ha formulado.
Ante ello, el licenciado Manuel Zubiría Maqueo expresó en primer lugar una disculpa a todos los guerrerenses invitados de la Cámara, así como a los señores diputados, agregando que si en algo había ofendido a los presentes, en realidad lo que había pretendido era señalar que quizá el costo de la autopista pueda ser uno de los factores que afectan al Puerto de Acapulco, pero no el único factor.
Después de presentar sus disculpas el licenciado Zubiría Maqueo se refirió al combate a la corrupción dentro de Capufe e informó que se había logrado capturar a una banda que sustraía dinero de las casetas de cobro. Informó asimismo que los precios en las concesionarias de las autopistas no dependen de Capufe y que la forma de presionar para que bajen es alentar la competencia comercial. Asimismo, mencionó que la autopista Durango-Mazatlán está en construcción, y que se espera que con los recursos que se le habían asignado para 2004 se terminara su construcción. Respecto de la autopista entre Maravatío y el estado de México, señaló que pertenece a Banobras, que la propiedad y el mantenimiento están a cargo de Banobras, mientras que Capufe solamente opera la caseta.
En relación con la autopista Toluca-Chamapa, informó que ahí se daba una convivencia entre un concesionario privado del grupo Inbursa y el Farac, que el concesionario maneja el tramo de Chamapa-La Venta, y el tramo de Chamapa-Lechería, sería el tramo correspondiente al Farac y a Capufe, y que efectivamente ahí se tienen que usar boletos de ambas instituciones y se tienen que contabilizar todos los días el número de vehículos y hacer la liquidación correspondiente.
El licenciado Manuel Zubiría Maqueo, director de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, terminó su intervención agradeciendo la atención de los presentes.
El diputado Presidente, Angel Heladio Aguirre Rivero, dio por terminada la cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Comunicaciones, siendo las doce horas del 26 de enero de 2004 en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Mesa Directiva de la Comisión de Comunicaciones
Diputados: Angel Heladio Aguirre Rivero, Presidente;
Jesús Aguilar Bueno, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Federico
Döring Casar, José Julián Sacramento Garza, Sergio Augusto
Magaña Martínez, Jorge Legorreta Ordorica, Jesús Porfirio
González Schmal, secretarios (rúbricas).
Lista de asistencia a la reunión ordinaria a celebrarse el día 3 de marzo de 2004, a las 9:00 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
(Se pospone para el día miércoles 10 de marzo de 2004, 5:00 p.m.)
Partido Nombre
PRD Dip. Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica)
Presidente
PRI Dip. Roberto Javier Vega y Galina
Secretario
PRI Dip. Concepción Olivia Castañeda Ortiz
(rúbrica)
Secretaria
PAN Dip. Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica)
Secretario
PAN Dip. Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica)
Secretario
PRI Dip. José Mario Wong Pérez (rúbrica)
PRI Dip. Graciela Larios Rivas
PRI Dip. Marco Antonio García Ayala (rúbrica)
PRI Dip. Jaime Fernández Saracho
PRI Dip. David Hernández Pérez (rúbrica)
PRI Dip. Armando Neyra Chávez (rúbrica)
PRI Dip. Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica)
PRI Dip. Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica)
PRI Dip. Oscar Martín Ramos Salinas
PRI Dip. Pablo Anaya Rivera
PRI Dip. Martín Carrillo Guzmán
PAN Dip. Roberto Colín Gamboa (rúbrica)
PAN Dip. Israel Raymundo Gallardo Sevilla
PAN Dip. Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica)
PAN Dip. Miguel Angel Llera Bello
PAN Dip. Juan Francisco Molinar Horcasitas
PAN Dip. Carlos Tiscareño Rodríguez
PAN Dip. Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica)
PRD Dip. Agustín Rodríguez Fuentes
PRD Dip. Pablo Franco Hernández
PRD Dip. Francisco Javier Carrillo Soberón
PRD Dip. Rocío Sánchez Pérez
PRD Dip. Emilio Serrano Jiménez
PVEM Dip. Félix Adrián Fuentes Villalobos
PT Dip. Francisco Amadeo Espinosa Ramos
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1º de marzo del 2004.
Dip. Agustín Miguel Alonso Raya
Presidente de la Comisión de Seguridad Social
Presente
Sirva la presente para saludarlo y al mismo tiempo informar a usted, que debido a cuestiones de salud, me será imposible asistir a la reunión de la Comisión que dignamente preside, misma que se llevará a cabo el próximo 3 de marzo, por lo que le pido acepte mis disculpas y de ser posible, me sea justificada la inasistencia. Asimismo hago de su conocimiento que a fin de estar al día con los trabajos que se realizan en la Comisión, el Lic. Alejandro Mora Amador, asistirá en mi representación,
Segura de contar con su valioso apoyo y comprensión se despide,
Atentamente
Dip. Fed. Graciela Larios Rivas (rúbrica)
Palacio Legislativo, a 27 de febrero de 2004.
Dip. A. Miguel Alonso Raya
Presidente de la Comisión de Seguridad Social
Presente
Por medio de la presente, informo que no podré asistir a la Comisión de Seguridad Social, que se llevará a cabo el día 03 de marzo del presente año, a las 9:00 hrs., en el salón C del Restaurante Los Cristales, ya que en la fecha antes mencionada estaré fuera del país.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Dip. Pablo Franco Hernández (rúbrica)
Palacio Legislativo, México, DF, a 2 de marzo de 2004.
Dip. Agustín Miguel Alonso Raya
Presidente de la Comisión de Seguridad Social
Presente
Por medio del presente me dirijo a usted, para comunicarle que no podré asistir a la reunión de la Comisión de Seguridad Social del miércoles 3 de marzo del presente, a las 9.00 a.m. por tener reunión urgente de trabajo, mismo día y hora, con militantes de mi partido de las organizaciones de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lo que hago de su conocimiento.
Aprovecho para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Francisco Amadeo Espinosa Ramos
Diputado Federal
Lista de asistencia a la reunión ordinaria a celebrarse el día 10 de marzo de 2004, a las 17:00 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
(Por falta de quórum, se pospone para el día martes 16 de marzo de 2004)
Partido Nombre
PRD Dip. Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica)
Presidente
PAN Dip. Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica)
Secretario
PAN Dip. Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica)
Secretario
PRI Dip. Roberto Javier Vega y Galina
Secretario
PRI Dip. Concepción Olivia Castañeda Ortiz
(rúbrica)
Secretaria
PRI Dip. José Mario Wong Pérez
PRI Dip. Graciela Larios Rivas (rúbrica)
PRI Dip. Marco Antonio García Ayala (rúbrica)
PRI Dip. Jaime Fernández Saracho (justificación)
PRI Dip. David Hernández Pérez
PRI Dip. Armando Neyra Chávez
PRI Dip. Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica)
PRI Dip. Rogelio Rodríguez Javier
PRI Dip. Oscar Martín Ramos Salinas (rúbrica)
PRI Dip. Pablo Anaya Rivera
PRI Dip. Martín Carrillo Guzmán
PAN Dip. Roberto Colín Gamboa (rúbrica)
PAN Dip. Israel Raymundo Gallardo Sevilla
PAN Dip. Gisela Juliana Lara Saldaña (justificación)
PAN Dip. Miguel Angel Llera Bello
PAN Dip. Juan Francisco Molinar Horcasitas
PAN Dip. Carlos Tiscareño Rodríguez (justificación)
PAN Dip. Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica)
PRD Dip. Agustín Rodríguez Fuentes
PRD Dip. Pablo Franco Hernández
PRD Dip. Francisco Javier Carrillo Soberón
PRD Dip. Rocío Sánchez Pérez
PRD Dip. Emilio Serrano Jiménez (rúbrica)
PVEM Dip. Félix Adrián Fuentes Villalobos
PT Dip. Francisco Amadeo Espinosa Ramos
Palacio Legislativo, a 10 de marzo del 2004.
Dip. Fed. Miguel Alonso Raya
Presidente de la Comisión de Seguridad Social
Presente
Por medio de la presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su conocimiento que por cuestiones de agenda en mi distrito electoral, me fue imposible asistir a la reunión ordinaria de trabajo de la Comisión que usted dignamente preside.
Es por ello, que de no existir impedimento legal alguno, le pido tenga a bien justificar la falta correspondiente.
Sin más por el momento, agradezco de antemano sus finas atenciones que tenga a la presente y me permito reiterarle las más sinceras de mis consideraciones.
Atentamente
Dip. Carlos Noel Tiscareño Rodríguez (rubrica)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo del 2004.
Dip. Agustín Miguel Alonso Raya
Presidente de la Comisión de Seguridad Social
Presente
Por instrucciones del Dip. Juan Molinar, Subcoordinador de Política Económica, sirva el presente para comunicarle que debido a otra reunión de trabajo agendada, el Dip. Molinar Horcasitas no podrá acudir a la reunión de Comisión que se celebrará el día de hoy, por lo que solicita se disculpe su asistencia.
Agradeciendo su atención y sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un afectuoso saludo.
Atentamente
Lic. Aileen Fernández Villaseñor (rúbrica)
Secretaria Técnica
Subcoordinación de Política Económica
Grupo Parlamentario del PAN
México, DF, 10 de marzo de 2004.
Dip. Miguel Agustín Alonso Raya
Presidente de la Comisión de Seguridad Social
Presente
Por este medio me permito distraer su atención, para que de no existir inconveniente alguno se justifique la inasistencia del Dip. Jaime Fernández Saracho, a la reunión ordinaria del día de hoy, de la Comisión que tan dignamente preside usted, ya que por causas de fuerza mayor el vuelo en el que estaba programado el C. diputado se pospuso, siendo este el motivo por el cual llegaría retrasado a dicha reunión y en su representación se presentó su asesor, el C. Lic. Francisco González Ocampo.
Sin otro particular y agradeciendo de antemano su comprensión, reciba un cordial saludo.
Atentamente
CP Jesús Domínguez Uribe (rúbrica)
Secretario Técnico
Coordinación de la Diputación Federal por
el Estado de Durango
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2004.
Dip. Fed. Agustín Miguel Alonso Raya
Presidente de la Comisión de Seguridad Social
Presente
Por instrucción de la Dra. Gisela Lara Saldaña,le informo que debido a una reunión previamente agendada en el estado de Tamaulipas, no pudo asistir a la reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Social; misma que tuvo verificativo el pasado miércoles 10 de marzo de los corrientes, a las 17:00 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Por lo anterior le solicito tenga a bien justificar su inasistencia.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Lic. Edgar Eduardo Gastélum Armenta
Asistente
Dip. Miguel Alonso Raya
Presidente de la Comisión de Seguridad Social
Presente
Por medio de este conducto me permito hacer de su conocimiento, que el día de hoy miércoles 10 de marzo, los diputados priístas integrantes de la Comisión Permanente, fuimos convocados a una reunión para analizar los trabajos finales de dicha Comisión, por lo que no podré asistir la reunión de la Comisión de Seguridad Social que usted Preside.
Agradezco la atención.
Atentamente
Dip. David Hernández Pérez (rúbrica)
Al desayuno de trabajo con el embajador de México ante la Unión Europea, don Porfirio Muñoz Ledo, que se efectuará el miércoles 17 de marzo, a las 8 horas, en el salón de protocolo de la Comisión, edificio D, planta baja.
Atentamente
Dip. Adriana González Carrillo
Presidenta
DE LA COMISION DE DESARROLLO RURAL
A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el miércoles 17 de marzo, a las 9 horas, en las oficinas de la Comisión.
Orden del Día
DE LA COMISION DE PESCA
A su reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 17 de marzo, a las 9 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Francisco Javier Obregón Espinoza
Presidente
DE LA COMISION DE TRANSPORTES
A su sesión ordinaria de trabajo, correspondiente al mes de marzo, que se llevará a cabo el miércoles 17, a las 11 horas, en el salón C del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
A su quinta sesión ordinaria, que tendrá lugar el miércoles 17 de marzo, a las 12 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación
de proyectos de dictamen de los siguientes:
5.1 Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría
de Desarrollo Social a garantizar la incorporación de las personas
con capacidades diferentes a los programas sociales, estableciendo cambios
a las reglas de operación programática que sean pertinentes,
en particular a los programas Oportunidades y Hábitat.
5.2 Punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría
de Desarrollo Social, a lograr niveles suficientes de bienestar con equidad
en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, utilizando políticas
y aciones de ordenación territorial y de desarrollo urbano y vivienda,
para mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas.
6. Asuntos generales.
DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y GANADERIA
A su reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 17 de marzo, a las 14 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Cruz López Aguilar
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la décima reunión de su Mesa Directiva, que tendrá lugar el miércoles 17 de marzo, a las 19 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS
Al ciclo de mesas redondas Reformas urgentes al marco jurídico del Congreso mexicano, que se llevará a cabo en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México los miércoles 17, 24 y 31 de marzo, en el Salón de Protocolo del Palacio Legislativo.
Miércoles 17 de marzo de 2004
Ceremonia de apertura
Mesa 1. Proceso Legislativo.
Miércoles 17 de marzo de 2004, a las 12:00
horas
Moderador: Diputado Raúl José Mejía
González.
Ponentes:
Mesa 2. El Futuro de la Función Parlamentaria.
Estatuto de los Legisladores.
Miércoles 24 de marzo de 2004, a las 10:00
horas
Moderador: Diputado Pedro Vázquez González.
Ponentes:
Mesa 3. Administración Interna.
Miércoles 31 de marzo de 2004, a las 10:00
horas
Moderador: Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez.
Ponentes:
Atentamente
Dip. Iván García Solís
Presidente
DE LA COMISION DE ASUNTOS INDIGENAS
A su reunión de trabajo con la maestra Silvia Schmelkes del Valle, coordinadora de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública, que se llevará a cabo el jueves 18 de marzo, a las 9 horas, en los salones C y D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Javier Manzano Salazar
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la séptima reunión de trabajo de la Segunda Subcomisión, "Medicina Preventiva y Bioética", que se efectuará el martes 23 de marzo, a las 15:30 horas, en el salón A del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE MARINA
A su reunión de trabajo, que tendrá lugar el miércoles 24 de marzo, a las 9 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Sebastián Calderón Centeno
Presidente
DE LA COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL
A su reunión de trabajo con el Senado de la República y FIAN Internacional, que se realizará el miércoles 24 de marzo, a las 9:30 horas, en el salón D del restaurante Los Cristales.
Atentamente
Dip. Francisco J. Saucedo Pérez
Presidente
DE LA COMISION DE SALUD
A la reunión de trabajo de la Tercera Subcomisión, "Asistencia Médica", que tendrá verificativo el miércoles 24 de marzo, a las 12 horas, en el salón F del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE SALUD
A su octava reunión plenaria, que se realizará el miércoles 24 de marzo, a las 14 horas, en el salón E del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL
A su tercera reunión plenaria, que se llevará a cabo el jueves 25 de marzo, a las 13 horas, en el salón B del restaurante Los Cristales.
Orden del Día
DE LA COMISION DE SALUD
Al foro La fibrosis quística, diagnóstico y tratamiento en México, que se efectuará el miércoles 14 de abril, de las 9:30 a las 13 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).
Atentamente
Dip. José Angel Córdova Villalobos
Presidente