HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión; fue turnado mediante el oficio No. D.G.P.L. 59-II-3-1159 de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo a los nombramientos que el ciudadano Presidente de la República expidió al C. LUIS FELIPE MANCERA DE ARRIGUNAGA como Procurador Fiscal de la Federación, enviado a esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción IV y XVI del artículo 89, fracción II del artículo 76 y fracción VII del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta Comisión, en términos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 89, fracciones IV y XVI de la propia Carta Magna y con fundamento en el artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de conformidad con el procedimiento para la ratificación de nombramientos de empleados superiores de Hacienda establecido en el Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores el 7 de diciembre de 2000 y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 del mismo mes y año, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con base en los siguientes:
I. ANTECEDENTES
Con fecha 13 de diciembre de 2004, a través del oficio No. SEL/300/5518/04 remitido por el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, se comunica las propuestas del C. Presidente de la República de acuerdo a los artículos 89 fracción IV y XVI, y 78 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la ratificación del C. Luis Felipe Mancera de Arrigunaga como Procurador Fiscal de la Federación.
El trámite que dictó la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente fue, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
II. CONSIDERANDOS.
1. Los nombramientos que realiza el Presidente de la República de empleados superiores de Hacienda, en uso de las atribuciones que le confieren las fracciones IV y XVI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben ser ratificados en los recesos legislativos por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en términos de lo dispuesto por el artículo 78, fracción VII de la propia Constitución.
2. El Punto de Acuerdo de la Cámara de Senadores, de fecha 7 de diciembre de 2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 del mismo mes y año, establece que para contar con mayores elementos que permitan evaluar si las personas nombradas por el titular del Ejecutivo Federal cumplen con el perfil adecuado para desempeñar cualquiera de los empleados superiores de Hacienda, sus expedientes serán revisados por la Comisión competente del Senado de la República o de la Comisión Permanente y además se les citará a una entrevista.
3. Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Comisión de Trabajo desea señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el C. Luis Felipe Mancera de Arrigunaga consta que nació en la Ciudad de México el 27 de junio de 1966. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
4. En su curriculum vitae se establece que C. Luis Felipe Mancera de Arrigunaga es Licenciado en Derecho con Mención Honorífica por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, según consta el título expedido el 6 de septiembre de 1991. Cuenta además con una Maestría en Derecho y Diplomacia por la Tufts University en 1994.
5. El C. Luis Felipe Mancera de Arrigunaga, se ha desempeñado como Titular de la Unidad de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Director Ejecutivo Jurídico Regulatorio de Avantel, S.A.; Consejero Jurídico Adjunto "C" de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; Asociado Extranjero de la firma Cleary Gottlieb Oteen & Hamilton; Subdirector Jurídico de Operaciones Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y colaborado en los Despachos de Santamarina y Steta, S.C. y Bremen, Quintana Obregón y Mancera, S.C.
6. Los integrantes de la Tercera Comisión quienes suscriben, invitaron al C. Luis Felipe Mancera de Arrigunaga, a una entrevista en donde se conversó sobre el estado actual de los asuntos relativos al puestos por el cual el C. Presidente de la República ha tenido a bien proponerlo, además de que presente su proyecto y programa de trabajo a realizar en caso, de ser ratificado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, dicha reunión tuvo su verificativo el día 28 de diciembre de 2004.
7. Con base en la documentación remitida por la Secretaría de Gobernación a través del oficio SEL/300/5518/04, firmada por Subsecretario de Enlace Legislativo y por la información adicional derivada de la comparecencia del C. Luis Felipe Mancera de Arrigunaga, ante los legisladores miembros de la Tercera Comisión que suscribe, se constató que el interesado cuenta con la capacidad profesional necesaria para desempeñar el cargo que se lo ha conferido respectivamente, por lo que los integrantes de esta Comisión coincidimos que es la persona idónea para desempeñarse como empleado superior de Hacienda en el cargo de Procurador Fiscal de la Federación.
En tal virtud, y por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Haciendo y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- En uso de las facultades que lo confiere la fracción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del C. LUIS FELIPE MANCERA DE ARRIGUNAGA, al cargo de Procurador Fiscal de la Federación.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a los veintinueve días del mes de diciembre de dos mil cuatro.
Tercera Comisión de Trabajo
Diputados: José Guadalupe Osuna Millán (rúbrica), Presidente; Víctor Manuel Alcárreca Sánchez (rúbrica), secretario; Javier Salinas Narváez (rúbrica en contra), secretario; María Sara Rocha Medina (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola, Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica p.a. del diputado José González Morfín, suplente), Leonardo Álvarez Romo, Joel Padilla Peña.
Senadores: Raymundo Gómez Flores, Martha
Sofía Tamayo Morales (rúbrica), Héctor Larios Córdova
(rúbrica), Jesús Galván Muñoz (rúbrica),
Armando Chavarría Barrera.
DE LA TERCERA COMISIÓN -DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS- DE LA COMISIÓN PERMANENTE, POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO DEL C. GERARDO RODRÍGUEZ REGORDOSA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión; fue turnado mediante el oficio No. D.G.P.L. 59-II-3-1159 de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República expidió al C. GERARDO RODRIGUEZ REGORDOSA como Titular de la Unidad de Crédito Público, enviado a esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción IV y XVI del artículo 89, fracción II del artículo 76 y fracción VII del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta Comisión, en términos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 89, fracciones IV y XVI de la propia Carta Magna y con fundamento en el artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de conformidad con el procedimiento para la ratificación de nombramientos de empleados superiores de Hacienda establecido en el Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores el 7 de diciembre de 2000 y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 del mismo mes y año, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con base en los siguientes:
I. ANTECEDENTES
Con fecha 13 de diciembre de 2004, a través del oficio No. SEL/300/5518/04 remitido por el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, se comunica las propuestas del C. Presidente de la República de acuerdo a los artículos 89 fracción IV y XVI, y 78 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la ratificación del C. Gerardo Rodríguez Regordosa como Titular de la Unidad de Crédito Público.
El trámite que dictó la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente fue, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
II. CONSIDERANDOS.
1. Los nombramientos que realiza el Presidente de la República de empleados superiores de Hacienda, en uso de las atribuciones que le confieren las fracciones IV y XVI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben ser ratificados en los recesos legislativos por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en términos de lo dispuesto por el artículo 78, fracción VII de la propia Constitución.
2. El Punto de Acuerdo de la Cámara de Senadores, de fecha 7 de diciembre de 2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 del mismo mes y año, establecen que para contar con mayores elementos que permitan evaluar si la personas nombradas por el titular de Ejecutivo Federal cumplen con el perfil adecuado para desempeñar cualquiera de los empleados superiores de Hacienda, sus expedientes serán revisados por la Comisión competente del Senado de la República o de la Comisión Permanente y además se les citará a una entrevista.
3. Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Comisión de Trabajo desea señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el C. Gerardo Rodríguez Regordosa consta que nació en la Ciudad de Puebla, 10 de julio de 1972. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
4. En su currículum vitae se establece que el C. Gerardo Rodríguez Regordosa es Licenciado en Economía por la Universidad de las Américas, según consta el título expedido el 14 de febrero de 1997. Cuenta además con una Maestría en Ingeniería Económica e Investigación de Operaciones por la Universidad de Stanford en 1999.
5. El C. Gerardo Rodríguez Regordosa, se ha desempeñado como Director General Adjunto de Crédito Interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Gerente de Planeación Financiera de CINTRA, S.A. de C.V.; Gerente de Evaluación Financiera de Edison Internacional y Subdirector de Crédito Externo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
6. Los integrantes de la Tercera Comisión quienes suscriben, invitaron al C. Gerardo Rodríguez Regordosa, a una entrevista en donde se conversó sobre el estado actual de los asuntos relativos al puesto por el cual el C. Presidente de la República ha tenido a bien proponerlo, además de que presente su proyecto y programa de trabajo a realizar en caso, de ser ratificados por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, dicha reunión tuvo su verificativo el día 28 de diciembre de 2004.
7. Con base en la documentación remitida por la Secretaría de Gobernación a través del oficio SEL/300/5518/04, firmada por Subsecretario de Enlace Legislativo y por la información adicional derivada de la comparecencia del C. Gerardo Rodríguez Regordosa, ante los legisladores miembros de la Tercera Comisión que suscribe, se constató que el interesado cuenta con la capacidad profesional necesaria para desempeñar el cargo que le han conferido, por lo que los integrantes de esta Comisión coincidimos que es la persona idónea para desempeñarse como empleado superior de Hacienda, como Titular de la Unidad de Crédito Público.
En tal virtud, y por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- En uso de las facultades que lo confiere la fracción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del C. GERARDO RODRIGUEZ REGORDOSA, como Titular de la Unidad de Crédito Público.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a los veintinueve días del mes de diciembre de dos mil cuatro.
Tercera Comisión de Trabajo
Diputados: José Guadalupe Osuna Millán (rúbrica), Presidente; Víctor Manuel Alcárreca Sánchez (rúbrica), secretario; Javier Salinas Narváez (rúbrica), secretario; María Sara Rocha Medina (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola, Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica p.a. del diputado José González Morfín, suplente), Leonardo Álvarez Romo, Joel Padilla Peña.
Senadores: Raymundo Gómez Flores, Martha
Sofía Tamayo Morales (rúbrica), Héctor Larios Córdova
(rúbrica), Jesús Galván Muñoz (rúbrica),
Armando Chavarría Barrera.
DE LA TERCERA COMISIÓN -DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS- DE LA COMISIÓN PERMANENTE, POR EL QUE SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO DEL C. CARLOS ENRIQUE ISOARD Y VIESCA COMO VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO PARA UN SEGUNDO Y ÚLTIMO PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2005 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión; fue turnado mediante el oficio No. D.G.P.L. 59-II-4-1050 de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo a los nombramientos que el ciudadano Presidente de la República hace en favor del C. CARLOS ENRIQUE ISOARD Y VIESCA como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para un segundo y último periodo comprendido del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2008.
Esta Comisión, en términos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 89, fracciones IV y XVI de la propia Carta Magna y con fundamento en el artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de conformidad con el procedimiento para la ratificación de nombramientos de empleados superiores de Hacienda establecido en los Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores el 7 de diciembre de 2000 y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 del mismo mes y año, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con base en los siguientes:
I. ANTECEDENTES
Con fecha 13 de diciembre de 2004, a través del oficio No. SEL/300/5077/04 remitido por el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, se comunica la designación propuesta por el C. Presidente de la República de acuerdo a los artículos 89 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 75 y 76 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, a favor del C. Carlos Enrique Isoard y Viesca, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (en lo sucesivo el IPAB).
El trámite que dictó la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente fue, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
II. CONSIDERANDOS
1. Los nombramientos que realiza el Presidente de la República de empleados superiores de Hacienda, en uso de las atribuciones que lo confieren las fracciones IV y XVI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben ser ratificados en los recesos legislativos por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en términos de lo dispuesto por el artículo 78, fracción VII de la propia Constitución.
2. Los Puntos de Acuerdo de la Cámara de Senadores, de fecha 7 de diciembre de 2000, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 12 del mismo mes y año, establecen que para contar con mayores elementos que permitan evaluar si las personas nombradas por el titular de Ejecutivo Federal cumplen con el perfil adecuado para desempeñar cualquiera de los empleados superiores de Hacienda, sus expedientes serán revisados por la Comisión competente del Senado de la República o de la Comisión Permanente y además se les citará a una entrevista.
3. Después de haber analizado la designación que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, este Comisión de Trabajo desea señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Carlos Enrique Isoard y Viesca consta que nació en la Ciudad de México el 3 de marzo de 1949. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
4. En su curriculum vitae se establece que Carlos Enrique Isoard y Viesca es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, según consta el título expedido el 24 de junio de 1974. Cuenta además con una Maestría en Economía por la Universidad de Chicago expedido en 1977.
5. Carlos Enrique Isoard y Viesca, se ha desempeñado como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario; desempeñó diversos cargos para el Banco de México entre los que destacan: Director General del Fondo para el Desarrollo Comercial, Subgerente de Programas en la Dirección de Crédito y Fomento, Subgerente de Investigación Económica, Subgerente de Flujos de Fondos, Jefe de las Oficinas de Investigación Bancaria, de Integración de Datos Bancarios y de Cuentas Financieras del Sistema Bancario.
Asimismo, ha participado en diversos órganos colegiados de bancos de desarrollo, fideicomisos de fomento económico y desempeñado diversas actividades como académico.
6. Los integrantes de la Tercera Comisión quienes suscriben, invitaron al C. Carlos Enrique Isoard y Viesca a una entrevista en donde se conversó sobre el estado actual de los asuntos relativos al cargo de Vocal de la Junta de Gobierno del IPAB por el cual, el C. Presidente de la República ha tenido a bien proponerlo, teniendo su verificativo de dicha reunión el día 28 de diciembre de 2004.
7. Así, con base en la documentación remitida por la Secretaría de Gobernación a través del oficio SEL/300/5518/04, firmado por Subsecretario de Enlace Legislativo y por la información adicional derivada de la comparecencia del C. Carlos Enrique Isoard y Viesca, ante los legisladores miembros de la Tercera Comisión que suscribe, se constató que el interesado reúne los requisitos establecidos en el artículo 78 y 79 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y acreditó que cuenta con la capacidad profesional necesaria para desempeñar el cargo que se le ha conferido, por lo que los integrantes de esta Comisión coincidimos que es la persona idónea para desempeñarse como Vocal de la Junta de Gobierno del IPAB.
En tal virtud, y por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano CARLOS ENRIQUE ISOARD Y VIESCA, como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para un segundo y último periodo que comprende del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2008.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a los veintinueve días del mes de diciembre de dos mil cuatro.
Tercera Comisión de Trabajo
Diputados: José Guadalupe Osuna Millán (rúbrica), Presidente; Víctor Manuel Alcárreca Sánchez (rúbrica), secretario; Javier Salinas Narváez (rúbrica en contra), secretario; María Sara Rocha Medina (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola, Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica p.a. del diputado José González Morfín, suplente), Leonardo Álvarez Romo, Joel Padilla Peña.
Senadores: Raymundo Gómez Flores, Martha
Sofía Tamayo Morales (rúbrica), Héctor Larios Córdova
(rúbrica), Jesús Galván Muñoz (rúbrica),
Armando Chavarría Barrera.
DE LA TERCERA COMISIÓN -DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS- DE LA COMISIÓN PERMANENTE, EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN DE LA SENADORA LYDIA MADERO GARCÍA PARA QUE LAS AUTORIDADES DE LAS SECRETARÍAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; DE LAS PROCURADURÍAS: GENERAL DE LA REPÚBLICA Y FEDERAL DEL CONSUMIDOR INFORMEN SOBRE LAS MEDIDAS TOMADAS PARA HACER VALER EL ESTADO DE DERECHO EN RELACIÓN CON EL CONTRABANDO, LA FALSIFICACIÓN DE MARCAS, EL ROBO DE MERCANCÍAS A COMERCIOS Y TRANSPORTES Y SU VENTA EN LA VÍA PÚBLICA
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del periodo ordinario de sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LIX Legislatura, fue turnada la propuesta con Punto de Acuerdo en relación con el contrabando, la falsificación de marcas, el robo de mercancía a comercios y transportes y el ambulantaje, presentado por la Senadora Lydia Madero García en la sesión del 22 de diciembre de 2004.
Los CC. Legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis en relación con los temas abordados en la propuesta con Punto de Acuerdo, a efecto de valorar su contenido y deliberar sobre el particular e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, someten a consideración de la Asamblea el siguiente:
DICTAMEN
I. Análisis de la propuesta
La propuesta de mérito destaca la relevancia que para la economía nacional tiene el periodo de diciembre, en el cual, los trabajadores asalariados disponen de una mayor cantidad de recursos que destinan al ahorro, al pago de compromisos o a la satisfacción de distintas necesidades, circunstancia que incentiva el consumo y en general a la economía.
Se expresa que el sector empresarial finca amplias expectativas en esta época del año, ya que de los buenos resultados que obtengan dependerá, en buena medida, la cantidad de empleos que mantendrán vigentes, la adquisición de maquinaria y bienes inmobiliarios, la contratación de nuevos servicios, en resumen, la expansión de sus negocios.
Sin embargo, se advierte en la propuesta, dichas expectativas económicas favorables para este ciclo, se limitan por el creciente aumento de la informalidad en todas sus manifestaciones; la proliferación del contrabando, la falsificación de marcas, el robo de mercancía a transportes y comercios, así como la distribución ilegal de estas mercancías en la calles de todo el país.
Por ello, se hace necesario que las autoridades cuya competencia es velar por el respeto al Estado de derecho y garantizar que la comercialización de bienes y servicios se desarrolle de conformidad con las disposiciones legales, redoblen sus esfuerzos en la presente época del año, en virtud de que el incremento del circulante incentiva el comercio en la vía pública de mercancía robada o internada al país de manera irregular y de productos falsificados.
Tal situación representa una competencia desleal para los empresarios legalmente establecidos que cumplen con sus obligaciones fiscales y contractuales, lo que se traduce en un riesgo considerable para el empleo formal de muchos trabajadores.
II. Consideraciones de la Comisión
La Comisión que dictamina coincide con los motivos expresados en la Propuesta con Punto de Acuerdo que se analiza, en virtud de que en un Estado de derecho es imprescindible dar cabal cumplimiento a las disposiciones de la Ley y combatir aquellas prácticas que ponen en riesgo a las empresas formalmente establecidas y los empleos de mexicanos que de ellas dependen.
En efecto, como consecuencia de la comercialización en la vía pública de productos introducidos ilegalmente al país, falsificados e, incluso, robados, se ha dificultado la operación de las industrias del ramo textil, vestido y accesorios, calzado, juguetes, videogramas y fonogramas, videojuegos, software, vinos y licores, libros, etcétera, empresas que registran pérdidas conjuntas estimadas de alrededor de 110 mil millones de pesos.
Es cierto que la economía no estructurada tiene un peso significativo en el Producto Interno Bruto Nacional, de alrededor del 12.5 por ciento, circunstancia que puede agravarse de persistir las actitudes permisivas e incluso negligentes, de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno cuando consienten la instalación de ambulantes en la vía pública.
Cabe señalar que el ambulantaje, no obstante que se considera una opción de subsistencia para muchas familias, también es cierto que, en ocasiones se convierte en el canal de salida de la mercancía producto del contrabando, la falsificación de marcas y del robo a comercios y transportes. De ahí la necesidad de que las autoridades federales, estatales y municipales se coordinen para combatir la red de ilícitos que están asociados a la venta de mercancía en la vía pública, en virtud de que, además de los perjuicios que genera al Estado de Derecho, pone en riesgo el desarrollo de las empresas legalmente establecidas, las que generan ingresos al país y cumplen con las prestaciones laborales de los trabajadores adscritos a las mismas.
Esta Comisión considera procedente la propuesta con Punto de Acuerdo que se dictamina, en razón de que, diciembre es un periodo de gran importancia para la economía nacional, por lo qué se considera necesario que las autoridades de todos los órdenes de gobierno, redoblen sus esfuerzos para combatir el contrabando, la falsificación de marcas, el robo de mercancía a comercios y transportes y, sobre todo, la venta de estos productos que se distribuyen en la vía pública para su comercialización y que representan una competencia desleal al comercio establecido.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión se permite someter a la consideración de la Comisión Permanente la aprobación del siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría Federal del Consumidor, informen a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, sobre las medidas que se han dispuesto durante el periodo de diciembre de 2004, para hacer valer el Estado de Derecho en relación con el contrabando, la falsificación de marcas, el robo de mercancía a comercios y transportes y su venta en la vía pública.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a los veintinueve días del mes de diciembre de dos mil cuatro.
Tercera Comisión de Trabajo
Diputados: José Guadalupe Osuna Millán (rúbrica), Presidente; Víctor Manuel Alcárreca Sánchez (rúbrica), secretario; Javier Salinas Narváez (rúbrica), secretario; María Sara Rocha Medina (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola, Martín Remigio Vidaña Pérez (rúbrica), José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica p.a. del diputado José González Morfín, suplente), Leonardo Álvarez Romo, Joel Padilla Peña.
Senadores: Raymundo Gómez Flores, Martha
Sofía Tamayo Morales (rúbrica), Héctor Larios Córdova
(rúbrica), Jesús Galván Muñoz (rúbrica),
Armando Chavarría Barrera.
Las y los legisladores suscritos, integrantes de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera.- La Minera San Xavier, en el municipio de Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, ha generado el rechazo de ejidatarios y pobladores de los municipios de Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez, así como de organizaciones, habitantes de la capital potosina y de amplios sectores de la sociedad mexicana, fundamentalmente por el inminente riesgo a la salud al que se exponen millón y medio de habitantes del Valle de San Luis, así como por los irreversibles daños al patrimonio histórico, ambiental y cultural de ese estado y de la nación.
Todo esto por el método de extracción que pretende llevar a cabo dicha minera, y el cual combina dos métodos: el primero, conocido como "tajo a cielo abierto" y en el que se utilizan al menos 25 toneladas de explosivos para desaparecer kilómetro y medio de montañas, entre ellas el emblemático Cerro de San Pedro y su Villa Histórica; el segundo, conocido como "lixiviación por montones", que implica la utilización diaria de 16 toneladas de cianuro combinadas con 32 millones de litros de agua (en pleno desierto) para separar metales justo en la zona de recarga del acuífero que surte agua potable a los habitantes de la capital potosina y a la cuenca lechera de Soledad de Graciano Sánchez.
Segunda.- El caso de Minera San Xavier ha sido materia de una reiterada discusión en el Poder Legislativo federal. En la pasada Comisión Permanente fueron presentados 3 puntos de acuerdo, incluso el Pleno de la Comisión Permanente se pronunció a favor de exhortar al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Alberto Cárdenas, a presentar un informe pormenorizado en función de las flagrantes violaciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Medio Ambiente que fueron documentadas ante este órgano legislativo. Durante el último periodo ordinario de sesiones el diputado Omar Ortega Álvarez presentó un punto de acuerdo relativo al tema en la Cámara de Diputados; a su vez, los senadores Jesús Ortega y la senadora Yolanda Eugenia González presentaron distintos puntos de acuerdo en la sesión ordinaria correspondiente al 30 de noviembre en el Senado de la República.
Tercero.- El 1 de septiembre de 2004 la Sala Superior del Tribunal de Justicia y Administrativa emitió la sentencia ejecutoria por la cual se cancela el permiso de operación que la autoridad ambiental otorgó a Minera San Xavier en 1999. Además el 1 de diciembre de 2004 el Tribunal Unitario Agrario emitió la sentencia ejecutoria por la cual se cancelan los contratos de arrendamiento que Minera San Xavier firmó con falsos ejidatarios del municipio de Cerro de San Pedro, SLP. Esto quiere decir que la base legal para fundamentar el establecimiento y operación de Minera San Xavier ha sido cancelada. Sin embargo Minera San Xavier continúa operando normalmente.
Cuarto.- Ante el empecinamiento de las autoridades estatales y federales por impulsar el proyecto, los opositores promovieron y obtuvieron a su favor diversos amparos y suspensiones, a efecto de que no se emitieran los permisos y licencias de construcción y funcionamiento, de consumo y uso de explosivos y de ocupación temporal, como consta en los juicios de amparo 564/2004, 909/2004 y 1934/2004 en el juzgado segundo de distrito en San Luis Potosí. No obstante, las autoridades e instituciones responsables distrito en San Luis Potosí. No obstante, las autoridades e instituciones responsables de emitir actos de autoridad no respetaron las suspensiones e incurrieron en desacato judicial.
Quinta.- No obstante, el pasado fin de semana la Secretaría de la Defensa Nacional determinó suspender el permiso de compra y consumo de explosivos otorgado a Minera San Xavier en un gesto que debe ser interpretado como la determinación de acatar y respetar la legalidad y mantenerse al margen de intereses económicos particulares.
Sexta.- Cabe decir que con la sentencia ejecutoría emitida el 1 de septiembre de 2004 por la Sala Superior del Tribunal de Justicia y Administrativo se anulan todas y cada una de las licencias y permisos emitidos por las autoridades, ya que son parte de la condicionante No. 10 del permiso de operación condicionada que la autoridad ambiental emitió a favor de la minera y que fue cancelada por el Tribunal.
Por todo lo anterior, someternos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, a que acate sin demora la ejecutoria dictada por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de fecha 1 de septiembre de 2004, que cancela el permiso de operación condicionada a Minera San Xavier, SA de CV.
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 29 días del mes de diciembre de 2004.
Diputados: Eliana García Laguna, Víctor Suárez Carrera, Jorge Martínez Ramos, Inti Muñoz Santini, Rosario Herrera Tapia, Jesús Ortega Martínez, Arturo Nahle García (rúbricas).
(Turnada a la Primera Comisión de Trabajo
de la Comisión Permanente. Diciembre 29 de 2004.)
El grupo parlamentario de Convergencia considera que, cuando se habla de la evolución democrática del pueblo de México no debemos olvidar esta fecha, del 28 de diciembre de 1997.
Fue cuando se promulgó la Ley que hizo posible la aprobación de dos conceptos políticos esenciales para ese avance: uno, definir a los partidos políticos mexicanos como entidades de interés público, y, dos, adoptar un sistema propiamente mixto, que permitió la ascensión de diputados de representación proporcional plurinominal en la Cámara de Diputados.
Todo lo cual dio paso a la promulgación del Código Federal de Instituciones, Partidos Políticos y Procedimientos Electorales (Cofippe). Base constitucional del posterior Instituto Federal Electoral (IFE) y la jerarquización jurídica del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, popularmente conocido como Trife.
Este fue uno de los avances que hicieron posible llegar en el Siglo XXI al éxito sociopolítico del llamado gobierno del cambio, que hoy tiene en sus manos la posibilidad todavía de una transición política sin crispaciones.
Los artífices de aquella avanzada de la democratización del pueblo mexicano fueron las distintas luchas que en condiciones de desequilibrio dieron personalidades y grupos de luchadores sindicalistas, y, los miembros de los partidos políticos que vivieron años de angustias, sacrificios en la clandestinidad, algunos de ellos y con registros condicionados otros, pero todos siempre perseguidos.
Hay que decirlo sin ambages, dieron frutos democrática y destacadamente los anarquistas, el magonismo, el Partido Antirreeleccionista, los miembros del Partido Comunista Mexicano, éstos desde 1919, el Partido de Acción Nacional, el Partido Popular y la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, entre otros. Reconocerlo es uno de los bastiones del pensamiento sociopolítico de este Siglo XXI. Todos ellos pioneros de una gesta social, que no culmina todavía.
La consolidación de las instituciones electorales hasta nuestros días, puede considerarse inmersa dentro de todas las luchas del pueblo de México por su emancipación. Por ello, para el grupo parlamentario de Convergencia traerlo hoy a la memoria de esta soberanía significa darle toda la valoración a nuestra memoria histórica, para que basados en esos hechos políticos no le redoblemos la carga a nuestro pueblo, y, avancemos más hacia su exigible consolidación y éxitos.
Quienes aún propugnan porque volvamos al pasado, y, neguemos el amplio significado histórico del 28 de diciembre de 1997, debiéramos recordar las palabras en la tribuna más alta de la Nación expresadas por el diputado plurinominal del PCM, Valentín Campa Salazar, quien durante su primera intervención hizo un reconocimiento implícito al talento creativo del ideólogo mexicano Jesús Reyes Heroles, diciendo:
"Para quienes no ven el significado de que un sindicalista como es mi caso, quien desde la prisión política siguió las luchas que afuera daba mi partido, el Comunista Mexicano, y, que mantuvimos en la lucha clandestina nuestra integridad ideológica, al llegar aquí no hemos claudicado ningún principio, y, por el contrario reconocemos que éste es un avance democrático por el que los comunistas hemos venido luchando".
Conceptos idénticos se encuentran en el Diario de los Debates, así como las sucesivas intervenciones que todos sus camaradas dieron a lo largo de históricos debates, donde gracias a ese triunfo civilizado de la democracia mexicana, pudimos estudiarlos hasta la fecha.
Los legisladores -ahora senadores y diputados- de confirmación plurinominal no somos ni de segunda ni de primera, constituimos con orgullo el conjunto de los resultados de las luchas democráticas de nuestro pueblo. Nos enorgullece.
Esa memoria histórica nos compromete a ejercer nuestra representación con mayor responsabilidad. Y mantener la vigilancia ideológica y partidaria que eleve más aún ese avances, dado y obtenido para bien de la Nación hace exactamente 27 años. Lapso que ha permitido el ejercicio plural de por lo menos 9 Legislaturas, cuyas participaciones y polémicas han enriquecido más y más el acervo de la cultura democrática y legislativa hasta nuestros días.
El grupo parlamentario de Convergencia rinde con estas breves palabras un sentido homenaje y reconocimiento a quienes desde el poder omnímodo y total tuvieron la visión de Estado para impulsar y permitir esos avances.
Dip. Luis Maldonado Venegas
A su segunda reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 5 de enero, a las 15 horas, en el salón C del edificio G (Los Cristales).
Orden del Día
2. Verificación y, en su caso, declaración del quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
5. Trámite de asuntos en cartera.
6. Asuntos generales.
7. Clausura de la reunión.