Proyecto de Acta

• De la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se someterá a consideración de la Asamblea el miércoles 29 de diciembre de 2004.

• Del diputado Jesús Vizcarra Calderón.

• Del Congreso de Jalisco.

• De la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

• De la Secretaría de Gobernación, diez con los que se solicita el permiso constitucional necesario para que ciudadanos puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

• Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Leonardo Álvarez Romo, del grupo parlamentario del PVEM.

• Que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado René Arce Islas, del grupo parlamentario del PRD.

• Que reforma los artículos 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado René Arce Islas, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, para que en beneficio del Sistema de Bibliotecas de la Cámara de Diputados se realice, por única vez, una donación pecuniaria y se obsequie un libro por parte de los diputados federales de la LIX Legislatura, suscrita por integrantes de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas.

• Con punto de acuerdo, para citar a comparecer a los titulares de la Coordinación General de Protección Civil, de la Dirección General del Centro Nacional de Prevención de Desastres y de la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, a fin de que expliquen qué programas y acciones tiene previsto el Gobierno Federal para situaciones de desastre, a cargo del senador Esteban Ángeles Cerón, del grupo parlamentario del PRI.

• Con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular de la Secretaría de la Función Pública a que realicen en conjunto las actividades necesarias para llevar a cabo las obras de la carretera Lagos de Moreno-San Luis Potosí, a cargo del diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del PAN.

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de Pemex y de la Profepa que remitan a la brevedad información suficiente que explique la magnitud y las causas del derrame de petróleo ocurrido el 23 de diciembre en el estado de Veracruz, a cargo del senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, para citar a comparecer al director de Pemex y al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por la catástrofe ambiental suscitada en Coatzacoalcos, Veracruz, a cargo del diputado Leonardo Álvarez Romo, del grupo parlamentario del PVEM.

• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a que, por conducto del Consejo de Salubridad General, ordene suspender la vigencia de los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas 6 de julio y 26 de octubre de 2004, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios.

• Con punto de acuerdo, para crear una Comisión Especial que vigile las próximas elecciones en el estado de Guerrero, a cargo del diputado Arturo Nahle García y suscrita por la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, para crear una Comisión Investigadora de Petróleos Mexicanos de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez y suscrita por el diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, para expresar condolencias a los gobiernos de Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, India, Malasia, Tailandia y las Islas Maldivas, así como a los familiares de las víctimas de los maremotos en la región asiática, a cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero y suscrita por diputados del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, para que comparezca el director general de Pemex, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez y suscrita por legisladores del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, para exhortar al procurador general de la República a que realice una investigación seria, imparcial y sin sesgos políticos en el caso Tláhuac, a cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, relativa a la Ley 200 aprobada en el estado de Arizona, Estados Unidos de América, a cargo del diputado Arturo Nahle García y suscrita por diputados del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, para solicitar que prevalezcan las garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurídica en la comunidad de Huautla de Jiménez, Oaxaca, a cargo del diputado Arturo Nahle García y suscrita por la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público, al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y al director liquidador de Banrural para que realicen la transferencia de derechos de las bodegas ubicadas en la Central de Abastos de la Ciudad de México, solicitada por la Unión Nacional para la Acción Indígena Urbano Campesina, a cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del PRD.

• Con punto de acuerdo, sobre los hechos ocurridos en Guadalajara, Jalisco en el marco de la cumbre celebrada el 28 de mayo de 2004, a cargo del diputado Arturo Nahle García y suscrita por el diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del PRD.

• Posicionamiento en relación con el terremoto y maremoto que azotaron amplias zonas del sudeste asiático y del Océano Índico el domingo 26 de diciembre de 2004, a cargo de senadores del grupo parlamentario del PRI.

• Posicionamiento en relación con los procesos judiciales que se siguen en el caso Tláhuac, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del PRD.

• Posicionamiento en relación con la decisión de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del PRD.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del diputado Jesús Vizcarra Calderón

Del Congreso del estado de Jalisco.

De la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en contestación a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Diez por los que solicitan el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos César Mayolo Mata Duarte, José Luis Torres Martínez, David Francisco Castro López, Alberto Castro Rosas, Luis Orozco Inclán y José Luis Sánchez Sánchez puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Leonardo Álvarez Romo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión

Que adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por el diputado René Arce Islas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado René Arce Islas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

De la Tercera Comisión, por el que se aprueba el nombramiento del maestro Luis Felipe Mancera de Arrigunaga, como procurador fiscal de la Federación.

De la Tercera Comisión, por el que se aprueba el nombramiento del maestro Gerardo Rodríguez Regordosa, como titular de la Unidad de Crédito Público.

De la Tercera Comisión, por el que se aprueba el nombramiento del licenciado Carlos Enrique Isoard y Viesca, como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

De la Tercera Comisión, en relación con la proposición de la senadora Lydia Madero García, para que las autoridades de las Secretarías de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público; de las Procuradurías: General de la República y Federal del Consumidor, informen sobre las medidas tomadas para hacer valer el Estado de derecho en relación con el contrabando, la falsificación de marcas, el robo de mercancías a comercios y transportes y su venta en la vía pública.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para que en beneficio del Sistema de Bibliotecas de la Cámara de Diputados, se realice, por única vez, una donación pecuniaria y se obsequie un libro por parte de los diputados federales de la LIX Legislatura, suscrita por integrantes de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para citar a comparecer a los titulares de la Coordinación General de Protección Civil, de la Dirección General del Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, a fin de que expliquen que programas y acciones tiene previsto el Gobierno Federal para situaciones de desastre, a cargo del senador Esteban Ángeles Cerón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular de la Secretaría de la Función Pública, a que realicen en conjunto las actividades necesarias para llevar a cabo las obras de la carretera Lagos de Moreno-San Luis Potosí, a cargo del diputado José Luis Treviño Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de Pemex y de la Profepa remitir a la brevedad información suficiente que explique la magnitud y las causas del derrame de petróleo ocurrido el 23 de diciembre en el estado de Veracruz, a cargo del senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para citar a comparecer al director de Pemex y al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por la catástrofe ambiental suscitada en Coatzacoalcos, Veracruz, a cargo del diputado Leonardo Álvarez Romo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a que, por conducto del Consejo de Salubridad General, ordene suspender la vigencia de los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas 6 de julio y 26 de octubre de 2004, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para crear una Comisión Especial que vigile las próximas elecciones en el estado de Guerrero, a cargo del diputado Arturo Nahle García y suscrita por la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para crear una Comisión Investigadora de Petróleos Mexicanos de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez y suscrita por el diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para expresar condolencias a los gobiernos de Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, India, Malasia, Tailandia y las Islas Maldivas, así como a los familiares de las víctimas de los maremotos en la región asiática, a cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero y suscrita por diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que comparezca el director general de Pemex, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez y suscrita por legisladores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al procurador general de la República a que realice una investigación seria, imparcial y sin sesgos políticos en el caso Tláhuac, a cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativa a la Ley 200 aprobada en el estado de Arizona, Estados Unidos de América, a cargo del diputado Arturo Nahle García y suscrita por diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar que prevalezcan las garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurídica en la comunidad de Huautla de Jiménez, Oaxaca, a cargo del diputado Arturo Nahle García y suscrita por la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público, al director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y al director liquidador de Banrural para que realicen la transferencia de derechos de las bodegas ubicadas en la Central de Abastos de la Ciudad de México, solicitada por la Unión Nacional para la Acción Indígena Urbano Campesina, a cargo de la diputada Lizbeth Rosas Montero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre los hechos ocurridos en Guadalajara, Jalisco en el marco de la cumbre celebrada el 28 de mayo de 2004, a cargo del diputado Arturo Nahle García y suscrita por el diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Agenda política

Posicionamiento en relación con el terremoto y maremoto que azotaron amplias zonas del sudeste asiático y del Océano Índico el domingo 26 de diciembre de 2004, a cargo de senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Posicionamiento en relación con los procesos judiciales que se siguen en el caso Tláhuac, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Posicionamiento en relación con la decisión de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CELEBRADA EL MIÉRCOLES VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL CUATRO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

En el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta legisladores, a las once horas con veintidós minutos del miércoles veintidós de diciembre dos mil cuatro, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día.

La Secretaría da lectura al acta de la Sesión de Instalación y la Asamblea la aprueba en votación económica.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica conmemorativa del nonagésimo aniversario de la promulgación de la Ley Agraria. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.

Comunicación del diputado Alfonso Juventino Nava Díaz con la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputado federal electo en el primer distrito del estado de San Luis Potosí. La Secretaría da lectura al punto de acuerdo por el que se concede la licencia solicitada y la Asamblea lo aprueba en votación económica. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Comunicación del diputado Homero Díaz Rodríguez con la que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputado federal electo en la segunda circunscripción plurinominal. La Secretaría da lectura al punto de acuerdo por el que se concede la licencia solicitada y la Asamblea lo aprueba en votación económica. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación comunica la clausura de su segundo periodo de sesiones de dos mil cuatro. De enterado.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura de la propuesta de acuerdo de la Mesa Directiva y de los representantes de los grupos parlamentarios, que establece los lineamientos para el funcionamiento de la Comisión Permanente durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Novena Legislatura y sin discusión lo aprueba de la misma manera.

El diputado Alejandro Ismael Murat Hinojosa, a nombre propio y de diversos diputados del Partido Revolucionario Institucional, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo dos - C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

Sendos oficios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, de la Procuraduría General de la República, del Banco de México y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con los que remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados en relación con: los homicidios de policías en el pueblo de San Juan Ixtayopan, Tláhuac; las medidas para detener el problema de inseguridad pública que representa la organización delictiva conocida como Mara Salvatrucha; las comisiones que cobran entidades financieras; y la evaluación del impacto ambiental de la construcción de la presa Cañón de Cabeza. Se turnan: a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para su conocimiento; a las comisiones de Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y al promovente, para su conocimiento; a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y al promovente, para su conocimiento; y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, respectivamente.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los legisladores:

La Secretaría da lectura a la propuesta de la Mesa Directiva para la integración de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente y la Asamblea la aprueba en votación económica.

Hablan sobre la presentación de la controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo Federal respecto al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, los diputados: Jorge Romero Romero, del Partido Revolucionario Institucional; Luis Maldonado Venegas, de Convergencia;

Presidencia del diputado Alfredo Villegas Arreola

Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo; Leonardo Álvarez Romo, del Partido Verde Ecologista de México;

Presidencia del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera

Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Democrática; y José Guadalupe Osuna Millán, del Partido Acción Nacional.

Rectifican hechos los legisladores: diputado Alejandro Ismael Murat Hinojosa, del Partido Revolucionario Institucional; senador Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional; diputado Javier Salinas Narváez, del Partido de la Revolución Democrática; y senador Jesús Galván Muñoz, del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelaciones del diputado Murat Hinojosa, del senador Carlos Chaurand Arzate, ambos del Partido Revolucionario Institucional, del diputado Arturo Nahle García, del Partido de la Revolución Democrática, y del diputado Jorge Romero Romero, del Partido Revolucionario Institucional.

Continúan rectificando hechos los senadores: Armando Chavarría Barrera, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Zermeño Infante y Gildardo Gómez Verónica, ambos del Partido Acción Nacional; y Carlos Chaurand Arzate, del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente informa de la recepción por escrito de los comentarios sobre el aniversario luctuoso del Generalísimo José María Morelos y Pavón, de los diputados Luis Maldonado Venegas, de Convergencia; y Leonardo Álvarez Romo, del Partido Verde Ecologista de México, e instruye la inserción íntegra de los textos en el Diario de los Debates y su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente levanta la de hoy a las catorce horas con treinta y cinco minutos, citando para la que tendrá lugar el miércoles veintinueve de diciembre de dos mil cuatro a las once horas.
 
 
 
 
 

Palacio Legislativo, a 28 de diciembre de 2004.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Mesa Directiva
De la Comisión Permanente
Del H. Congreso de la Unión
Presente

Con fundamento en el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por este medio me permito solicitar de la manera más atenta y respetuosa a esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, se otorgue al suscrito licencia por tiempo indefinido para apartarme de mi cargo como diputado federal, a partir del día 31 de diciembre del presente año.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano las finas atenciones que se sirva dar a la presente, quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente
Dip. Jesús Vizcarra Calderón (rúbrica)
 
 

DEL CONGRESO DE JALISCO

Honorable Congreso de la Unión

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Quincuagésima Séptima Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el acuerdo legislativo 685/04, en el que se ordena girarles atento oficio solicitándoles hagan una revisión exhaustiva a la Ley Federal de Derechos, con la finalidad de adecuar criterios para el cobro del uso del certificado zoosanitario, establecido en el artículo 86-A, fracción II, de la Ley antes mencionada, en particular a los transitorios que modifican y autorizan el incremento, conforme a los motivos antes expuestos; asimismo se solicita sea considerada la asignación del monto del derecho en forma proporcional de acuerdo a la cantidad de animales, productos y subproductos a movilizar.

Por instrucciones de la Directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales procedentes.

Sin otro particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mtro. Gabriel Gallo Álvarez (rúbrica)
Secretario General del Congreso del Estado

Exposición de Motivos

I.- El formato del certificado zoosanitario; es un documento de carácter federal, que se ha venido utilizando para regular la movilización legal sanitaria de los animales domésticos, productos y subproductos.

II.- En los últimos 8 años se ha venido modificando la función principal de este formato y se le ha agregado otra función, que es la de carácter recaudatorio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conjuntamente con la Sagarpa, gravaron el uso del certificado zoosanitario a través del pago de derechos que se establece en la Ley Federal de Derechos en su artículo 86-A, fracción II, que a la letra dice: "Por cada certificado zoosanitario para la movilización nacional de animales vivos, productos y subproductos animales, sujetos a regulación zoosanitaria..." cubrirán la cantidad de 30.00 pesos.

Mismos que se cubren utilizando el formato SAT No.- 5 con clave de pago de derechos 400055.

III.- Paulatinamente, el uso de este formato ha venido incrementando su costo en forma semestral hasta llegar hoy en día al valor de los 60.00 pesos. No existiendo ninguna disposición legal que le dé validez a dicho incremento, ya que la citada Ley Federal de Derechos, publicada en el diario Oficial de la Federación de fecha 31 de diciembre de 2003, establece su costo original de 30.00 pesos.

IV.- El costo de referencia establecido en la multicitada ley se ha venido incrementando en un porcentaje por instrucción de la Dirección de General de Salud Animal de la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y el Organismo Nacional de Certificación, AC, aplicándolo a tal grado que a partir del 31 de enero de 2004 el costo por el uso de este formato es de 60.00 pesos. Según oficio B00.02.03.03.02.006, expedido el 7 de enero de 2004 por la Sagarpa y circular No. 1 de fecha 14 de enero de 2004, expedida por el Organismo Nacional de Certificación Ganadera, AC.

V.- Existiendo entonces una incongruencia entre la cantidad establecida en la Ley Federal de Derechos y publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de diciembre de 2003.

Y lo que por medio de oficio expedido por la Sagarpa y el Organismo Nacional de Certificación Ganadera, AC, establecen un porcentaje en forma semestral a su libre arbitrio y que dicho cobro se aplica a las personas que tienen necesidad de utilizar dicho certificado zoosanitario en el formato SAT No. 5.

Esta Comisión, una vez analizado dicho acuerdo legislativo llego a las siguientes

Conclusiones

I.- Si bien es cierto el cobro que se señala es de 60 pesos por el pago de derechos del certificado zoosanitario para la movilización de animales vivos, productos y subproductos animales, esto se encuentra dentro del margen de la Ley Federal de Derechos, ya que la misma en su artículo 86-A, fracción II, a la letra reza:

"II.- Por cada certificado zoosanitario para la movilización nacional de animales vivos, productos y subproductos animales, sujetos a regulación zoosanitaria $30.00"

La confusión nace ya que al estipular tal cantidad la ley, no se puede cobrar otra tasa diferente a ésta, pero en sus transitorios la Ley Federal de Derechos a la letra señala:

Artículo Segundo

Durante el año 2003 se aplicarán en materia de derechos das siguientes disposiciones:

Lo anterior por ser favorable para la sanidad pecuaria del estado de Jalisco y extender el reclamo a las demás legislaturas de los estados.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con los artículos 150, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, resolvemos someter a la consideración de ustedes, ciudadanos diputados, el siguiente:

Acuerdo Legislativo

Primero: Se gire atento oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que, de ser posible, mantengan el pago de derechos por el uso del certificado zoosanitario para la movilización nacional de animales vivos, productos y subproductos animales, sujetos a regulación zoosanitaria, que actualmente es de $60.00 para los próximos dos años; es decir que no se aumente más.

Segundo: Se ordena girar atento oficio al Congreso de la Unión, para que hagan una revisión exhaustiva a la Ley Federal de Derechos con la finalidad de adecuar criterios para el cobro del uso del certificado zoosanitario establecido en el artículo 86-A, fracción II, de la ley antes mencionada, en particular a los transitorios que modifican y autorizan el incremento, conforme a los motivos antes expuestos, asimismo se solicita sea considerada la asignación del monto del derecho en forma proporcional de acuerdo a la cantidad de animales, productos y subproductos a movilizar.

Tercero.- Envíese atento oficio, acompañado de copia del presente acuerdo legislativo, a las Legislaturas de los estados y a la Asamblea del Distrito Federal, para que se sumen al reclamo general de los productores pecuarios del estado de Jalisco.

Salón de Sesiones del Congreso del Estado. Guadalajara, Jalisco, a 18 de noviembre de 2004.

Comisión de Ganadería:
Diputados: Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Félix Bañuelos Jiménez (rúbrica), Gabriel Guerra Béjar (rúbrica), Julián Orozco González (rúbrica), Felipe Reyes Rivas (rúbrica).
 
 
 

DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EN CONTESTACIÓN A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS

México, Distrito Federal, a 7 de diciembre de 2004.

Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Mesa Directiva de la
LIX Legislatura de la Cámara de Diputados
Presente

Me refiero a su atento oficio No. D.G.P.L. 59-II-4-960, de fecha 30 de noviembre de 2004, recibido el 2 de diciembre del año en curso, por el que tuvo a bien informar al ingeniero José Luis Luege Tamargo, procurador federal de Protección al Ambiente, sobre el punto de acuerdo aprobado en la sesión celebrada el mismo 30 de noviembre, que en su punto segundo a la letra dice:

"Segundo.- Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, verifiquen los vertimientos de aguas residuales desalojadas hacía el estero El Salado; y dé cumplimiento a lo establecido en la NOM-001-SEMARNAT-1996."

Sobre el particular, hago de su conocimiento que la verificación de las descargas de aguas residuales es atribución exclusiva de la Comisión Nacional del Agua (CNA), por lo cual la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no tiene facultades para inspección o verificar el cumplimiento de los límites máximos permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas en materia de agua, incluyendo los límites establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996.

No obstante lo anterior, esta Subprocuraduría, mediante oficio No. EOO.SII.- 300, de fecha 6 de diciembre de 2004, ha hecho llegar al licenciado Cristóbal Jaime Jáquez, director general de la CNA, copia del oficio enviado por usted, para los efectos a que haya lugar, a fin de atender el mencionado punto de acuerdo.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección
Ing. José Ramón Ardavín Ituarte (rúbrica)
Subprocurador
 
 
 
 
 

México, DF, a 30 de noviembre de 2004.

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores
Del H. Congreso de la Unión
Presentes

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Subteniente de Intendencia César Mayolo Mata Duarte pueda aceptar y usar la condecoración "O'Higgins", que le otorga el Ejército de la República de Chile.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 
 
 

México, DF, a 30 de noviembre de 2004.

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores
Del H. Congreso de la Unión
Presentes

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Capitán Segundo de Infantería DEM José Luis Torres Martínez pueda aceptar y usar la medalla "Minerva", que le otorga el Ejército de la República de Chile.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 
 

México, DF, a 30 de noviembre de 2004.

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores
Del H. Congreso de la Unión
Presentes

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador David Francisco Castro López pueda aceptar y usar el gafete y la medalla "Capitán General Gerardo Barrios", que le otorgan las Fuerzas Armadas de la República de El Salvador.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 
 

México, DF, a 30 de noviembre de 2004.

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores
Del H. Congreso de la Unión
Presentes

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Subteniente de Intendencia César Mayolo Mata Duarte pueda aceptar y usar el gafete y la medalla "Capitán General Gerardo Barrios", que le otorgan las fuerzas armadas de la República de El Salvador.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 
 

México, DF, a 30 de noviembre de 2004.

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores
Del H. Congreso de la Unión
Presentes

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Vicealmirante CG DEM Alberto Castro Rosas pueda aceptar y usar la condecoración de la "Legión al Mérito", en grado de Comandante, que le otorga los Gobiernos de los Estados Unidos de América.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; copias simples de su currículum vitae de su identificación oficial y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 
 
 

México, DF, a 30 de noviembre de 2004.

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores
Del H. Congreso de la Unión
Presentes

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Capitán de Navío CG DEM Luis Orozco Inclán pueda aceptar y usar la medalla "Coast Guard Commandation Medal", que le otorga la Guardia Costera de los Estados Unidos de América.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 
 
 

México, DF, a 30 de noviembre de 2004.

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores
Del H. Congreso de la Unión
Presentes

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Capitán de Navío CG DEM José Luis Sánchez Sánchez pueda aceptar y usar la "Medalla de la Defensa Nacional", que le otorga el Ministerio de Defensa de la República Francesa.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 
 
 
 

México, DF, a 30 de noviembre de 2004.

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores
Del H. Congreso de la Unión
Presentes

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Subteniente de Intendencia César Mayolo Mata Duarte, pueda aceptar y usar la condecoración "Medalla Académico del Ejército", en grado de "Al Mérito", que le otorga la Comandancia General del Ejército de la República del Perú.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 
 
 
 

México, DF, a 30 de noviembre de 2004.

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores
Del H. Congreso de la Unión
Presentes

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador David Francisco Castro López pueda aceptar y usar el "Brevete de Piloto Honorario", que le otorga la Comandancia General de la Fuerza Aérea de la República del Perú.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 
 
 
 

México, DF, a 30 de noviembre de 2004.

CC. Secretarios de la Cámara de Senadores
Del H. Congreso de la Unión
Presentes

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el C. Subteniente de Fuerza Aérea Piloto Aviador David Francisco Castro López pueda aceptar y usar la medalla "Teniente Carlos Meyer", que le otorga el Ministerio de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Sin más por el momento, les reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Lic. M. Humberto Aguilar Coronado (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 
 
 

El diputado Leonardo Alvarez Romo que firma al calce, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73 fracción XXIX-G y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Ante el nuevo panorama en nuestro país, donde la oportunidad de obtener información se ha convertido en un instrumento insustituible para el ciudadano ha efecto de evaluar el trabajo de sus gobernantes, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no puede sustraerse de esta garantía legal de todos los mexicanos.

En este sentido, existe la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, que sin lugar a dudas trascenderá como uno de las legislaciones mas importantes del sistema democrático de nuestro país, permitiendo que lo público sea público.

El acceso a la información gubernamental es una garantía constitucional del ciudadano, que brinda certidumbre y confianza a los actos de gobierno. El artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte final, establece la obligación del estado de garantizar el derecho a la información.

Lamentablemente esta garantía individual no había sido trabajada en leyes secundarias de forma ordenada, por lo que no se le daba al gobernado los instrumentos necesarios para evaluar la rendición de cuentas con objeto de fiscalizar los actos del gobierno. Estas lagunas han dificultado al ciudadano ejercer con plenitud la garantía constitucional del derecho a la información.

Caso concreto, es el Titulo V Participación Social e Información Ambiental, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su Capítulo II del Derecho a la Información Ambiental, donde la norma ha sido rebasada por las condiciones que imperan actualmente.

Los artículos que contiene dicho Capitulo, por una parte necesitan ser adecuados a las nuevas disposiciones jurídicas que existen actualmente, ya que el legislador no puede soslayar que la norma ambiental en materia de información necesita ser adecuada al contexto jurídico actual.

Por otra parte, el sendero jurídico marcado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer que la garantía constitucional del derecho a la información, tendría que ampliarse, en el sentido de que las autoridades estaban obligadas a no entregar al ciudadano información manipulada, incompleta o falsa, so pena de incurrir en violaciones a garantías individuales.

El presente decreto permitirá la entrega expedita y completa de la información ambiental y de esta manera ser congruente con los principios de transparencia que cualquier país democrático espera.

En el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos que esta ley forma parte de la reforma del estado, ya que le da herramientas al ciudadano para que participe en la evaluación y en la toma de decisiones que realiza el gobierno en materia ambiental. La realidad del país ya no permite acciones en la obscuridad, exige apertura y claridad, pero lo más importante instrumentos que realmente ayuden a rendición de cuentas y al combate a la corrupción.

Como se ha señalado en reiteradas ocasiones siempre que se pretende ampliar a la sociedad su acceso a la información se menciona que: "Un estado que genera un flujo confiable de información, genera una mayor certidumbre a las personas interesadas en invertir en el país y establece un estado real de derecho."

El pueblo de México esta cansado de mantenerse al margen de las grandes decisiones del país, esta ley le permitirá sancionar lo sancionable y confiar no mas a ciegas, si no con elementos objetivos que le permitan transformarse en un verdadero fiscalizador del trabajo gubernamental en materia ambiental.

Nosotros, el Partido Verde Ecologista de México, reiteramos nuestro concepto de que el pueblo de México, tiene el derecho inalienable y natural, a conocer qué tipo de medio ambiente es el que interactúa con él, y que este derecho esté garantizado por el Estado.

Es necesaria la construcción del marco regulatorio, un marco administrativo y de mecanismos de evaluación de riesgos, de toma de decisiones, de manejo de información y de participación, para las partes interesadas y para la sociedad civil. Sobre todo que proteja la salud humana, el medio ambiente (como está garantizado en nuestra Carta Magna, artículo 4°), la economía y la soberanía nacional y este decreto es un primer paso para concretar ese marco regulatorio en materia ambiental.

Por todo ello, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, respetuosamente sometemos a esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO mediante el cual se reforman los artículos 159 Bis, 159 Bis 1, 159 Bis 3, 159 Bis 4 y 159 Bis 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 159 Bis, 159 Bis 1, 159 Bis 3, 159 Bis 4 y 159 Bis 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; para quedar como sigue:

TITULO V
Participación Social e Información Ambiental

...

CAPITULO II
Derecho a la Información Ambiental

ARTICULO 159 Bis.- ...

...

La Secretaría reunirá informes y documentos relevantes que resulten de las actividades científicas, académicas, trabajos técnicos, auditorías ambientales o de cualquier otra índole en materia ambiental y de preservación de recursos naturales, realizados en el país por personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, los que serán remitidos al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, así como a la Unidad Administrativa de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

...

ARTICULO 159 Bis 1.- La Secretaría deberá publicar anualmente un informe detallado de la situación general existente en el país en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente.

ARTICULO 159 Bis 3.- ...

Para los efectos de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se considera información ambiental, cualquier información escrita, visual o en forma de base de datos, de que dispongan las autoridades ambientales en materia de agua, aire, suelo, flora, fauna y recursos naturales en general, así como sobre las actividades o medidas que afectan o puedan afectarlos, incluyendo los resultados de las inspecciones y verificaciones que realice la Secretaría y los de las auditorías ambientales efectuadas por los particulares en los términos de esta Ley.

...

ARTICULO 159 BIS 4.- ...

De la fracción I a la II ...

III.- Se trate de información aportada por terceros cuando los mismos no estén obligados por disposición legal a proporcionarla, salvo en los casos de manifestaciones de impacto ambiental, informes preventivos y denuncia popular, o

...

ARTICULO 159 BIS 5.- Las autoridades ambientales deberán resolver por escrito toda petición de información ambiental conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente decreto comenzará su vigencia 180 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 29 días del mes de diciembre del 2004

Dip. Leonardo Álvarez Romo
 
 
 
QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, SUSCRITA POR EL DIPUTADO RENÉ ARCE ISLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

De conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de un grupo de diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometemos a la consideración de este órgano legislativo la presente Iniciativa de adición de un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El uso de teléfonos celulares en la actualidad se ha extendido como parte de las necesidades inmediatas de la población, pasando en unos cuantos años de ser un servicio casi de lujo, a una cuestión básica en los procesos de comunicación que permiten el desarrollo de la industria, la producción y el comercio, así como las actividades públicas y privadas en general, lo que impulsa el desarrollo del país.

Las características de las empresas prestadoras de los servicios de telefonía celular, desde el punto de vista económico, reflejan una situación oligopólica, donde existen unos cuantos oferentes del servicio, limitándose la libre concurrencia que garantiza el artículo 28 constitucional, ya que estas empresas controlan los precios de mercado del servicio, lo que lo hace caro y de difícil acceso a ciertos sectores de la población mexicana.

Por otro lado, el "redondeo" en el cobro del uso del servicio de telefonía celular, genera grandes utilidades a las empresas que aplican ese esquema, el cual resulta injusto y al sumarse a la libre determinación de precios de mercado, genera ganancias millonarias a las empresas, a costa del pago de segundos de tiempo aire no consumidos por los clientes.

El artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, regula en forma permisiva la libertad de precios de mercado para la prestación del servicio público de telecomunicación vía celular, razón por la cual la presente iniciativa tiene como fin establecer la prohibición expresa del redondeo de segundos a minutos, en el consumo de tiempo aire de dicho servicio.

Con base en lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa de adición de un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para establecer la obligación de los concesionarios de telefonía celular, de no redondear los segundos de consumo de tiempo aire.

Artículo Único.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 60.- ...

Sólo podrán cobrarse a los usuarios de estos servicios, los segundos exactos de su consumo, quedando prohibida la práctica del redondeo de segundos a minutos exactos para su cobro.

Artículo Transitorio

Único.- La presente adición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dip. René Arce Islas (rúbrica)
 
 
 
 
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 24 Y 130 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO RENÉ ARCE ISLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

De conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de un grupo de diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometemos a la consideración de este órgano legislativo, la presente iniciativa de adición de un inciso d) a la fracción II del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Las asociaciones religiosas gozan actualmente de un reconocimiento jurídico que la Constitución y las leyes secundarias les negaron durante mucho tiempo.

El marco jurídico actual de las asociaciones religiosas, permite un mejor control del estado sobre este importante factor de formación de conciencia social.

Aunque en el estado mexicano existe un gran número de personas que profesan una religión en particular, ello no implica que deba darse un trato preferente a una sola asociación religiosa, dado que, desde la constitución de 1857 se estableció el laicismo como decisión política fundamental en nuestro país, y se abolió la existencia de una religión oficial, como se asentaba en el texto constitucional de 1824, primero de la vida independiente de nuestra nación.

Hoy, al celebrarse casi 200 años del natalicio del prócer Benito Juárez, quien impulsara el principio histórico de separación del estado y las iglesias, es importante redimensionar el valor de todas las asociaciones religiosas en forma similar, con el propósito de impedir la existencia en los hechos de una religión oficial o de estado, profesada por la clase política dominante o por un gran sector de la población, ya que ello atentaría contra los derechos de los creyentes que, en ejercicio de la libertad consagrada en el artículo 24 constitucional, profesan una fe distinta a la que promueve la iglesia católica mexicana.

Ya el artículo tercero de la vigente Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público dispone que el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa.

No obstante, es menester elevar este precepto a rango constitucional, a fin de garantizar a las asociaciones religiosas las acciones necesarias para la defensa de sus derechos frente a actos del estado que pudieran resultar discriminatorios o reducir su capacidad de interlocución como actores sociales formadores de conciencia.

Con base en lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa de reformas a los artículos 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la igualdad entre las asociaciones religiosas, presentada por el diputado René Árce Islas, a nombre de un grupo de diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Artículo Primero.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 24.- ...

El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa.

...

...

Artículo Segundo.- Se adiciona un segundo párrafo al inciso b) del artículo 130 constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 130.- ...

...

a)

b) ...

Ninguna asociación religiosa gozará de privilegio o trato preferencial dentro del estado mexicano. Las autoridades no podrán, bajo ninguna consideración, hacer distinciones entre las asociaciones religiosas.

c) a e)

Artículo Transitorio

Único.- La presente adición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez que se haya completado el procedimiento a que se refiere el artículo 135 constitucional.

Dip. René Arce Islas
 
 
 
 
 
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales integrantes de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas, de los grupos parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura ante esta honorable asamblea presentamos proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes

Considerandos

La H. Cámara de Diputados cuenta con una biblioteca que nos permite a los legisladores realizar nuestros trabajos y contar con la certeza jurídica de que estos se encuentran sustentados. Por lo que bajo este esquema no queremos que la tecnología nos deje atrás, las bibliotecas de la Cámara de Diputados corren el riesgo de ser obsoletas ante la falta de un presupuesto propio para satisfacer sus necesidades.

Es importante que en estos tiempos donde la tecnología avanza a pasos agigantados no se olvide la cultura y el fomento de la lectura, es por ello que debemos poner mayor atención en nuestras bibliotecas y aprovechar el acervo de las ciencias aplicadas para que destaquen sus servicios.

Por ello debemos tener un sistema de bibliotecas a la altura de los Parlamentos del mundo, que realmente sirvan de apoyo para los trabajos legislativos, que posean el material bibliográfico y técnico necesario para los fines trazados en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Si bien es cierto que contamos con los servicios de información bibliográfica y documental con un acervo de 119,600 títulos aproximadamente, correspondientes a 263,850 volúmenes de libros esto no es suficiente, ya que la fuente principal del enriquecimiento de los acervos es el cumplimiento del decreto del depósito legal del 23 de julio de 1991, ya que no cuenta con un presupuesto propio para satisfacer estos requerimientos y fortalecer la oportunidad de respuesta a las necesidades de los diputados para efectuar el trabajo legislativo, por ello debemos brindar el apoyo ya que actualmente se cuenta con un sistema electrónico para el servicio y clasificación de la bibliografía denominado Unicorn, adquirido por la LVIII Legislatura, pero no así el equipo de computo para su operación, por lo tanto es inoperante e inexistente.

Queremos puntualizar que es mucho lo que falta por hacer, que con el tiempo continuaremos con una biblioteca virtual, con todo un sistema cibernético de información que nos permita de mejor forma poder tener acceso a libros y leyes por medio de discos ópticos, o una red de intranet y modernizar nuestras bibliotecas para que compitan con las mejores del mundo.

Otro particular es la necesidad de obtener 100 sillas para la sala de lectura del recinto de trabajo que algún día acogió al antiguo convento de Santa Clara, el cual de algún modo debe continuar operando sin los insumos necesarios para satisfacer las afluencias, de la presente y las futuras generaciones de diputados federales.

Por ultimo señalaremos que la donación de libros es imperante para el incremento del patrimonio informativo en el ámbito de la actualidad y la vigencia, ya que a pesar de que las casas editoriales dan cumplimiento a lo ordenado en el decreto del depósito legal, no todas satisfacen su mandato, por lo que la gran mayoría de los materiales que se editan y nos donan no todos cubren las necesidades de los trabajos legislativos, lo cual coloca al Sistema de Bibliotecas de la Cámara de Diputados en el campo de la insuficiencia de las herramientas pertinentes y adecuadas para brindar al trabajo parlamentario eficiencia en la investigación, corriéndose el riesgo a corto plazo de convertir nuestros acervos en un almacén de libros cuya única utilidad sería la consulta histórica, académica y escolar, lo cual de ningún modo debe ocurrir.

Por todo lo anteriormente expuesto proponemos a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Los diputados de la LIX Legislatura aportarán la suma de $300.00, por cada uno y por única vez, para la compra de 100 sillas para la sala de lectura de la biblioteca de Tacuba y el equipo de cómputo necesario para el sistema Unicorn, y la donación de un libro para el incremento del acervo del Sistema de Bibliotecas.

Segundo.- Las donaciones y aportaciones serán recaudadas por la Secretaría General de la H. Cámara de Diputados, mediante los órganos administrativos competentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de diciembre de dos mil cuatro.

Diputados: Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Presidente; Carla Rochín Nieto (rúbrica), secretaria; Abdallán Guzmán Cruz (rúbrica), secretario.
 
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CITAR A COMPARECER A LOS TITULARES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES, A FIN DE QUE EXPLIQUEN QUÉ PROGRAMAS Y ACCIONES TIENE PREVISTO EL GOBIERNO FEDERAL PARA SITUACIONES DE DESASTRE, A CARGO DEL SENADOR ESTEBAN ÁNGELES CERÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Punto de Acuerdo

Primero. Se cita a comparecer a los titulares de la Coordinación General de Protección Civil, de la Dirección General del Centro Nacional de Prevención de Desastres, y de la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, a fin de que expliquen qué programas y acciones tiene previsto el Gobierno Federal ante situaciones de desastre dado el pronóstico de que la temperatura continuará descendiendo en los próximos días en diversas entidades de la República y que afectará principalmente a la población de las zonas marginadas, con el consecuente incremento de muertes a causa del frío, enfermedades respiratorias y del número de intoxicados por introducir anafres en los hogares.

Segundo. Para que expliquen los programas y acciones de protección civil previstas para el 2005.

Sen. Esteban Ángeles Cerón
 
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A QUE REALICEN EN CONJUNTO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE LA CARRETERA LAGOS DE MORENO-SAN LUIS POTOSÍ, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS TREVIÑO RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito diputado federal por el distrito 02 de Jalisco, con cabecera en Lagos de Moreno José Luis Treviño Rodríguez, integrante de la fracción parlamentaria de Acción Nacional en la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión en el ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II artículo 71 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, expone ante la Comisión Permanente de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular de la Secretaría de la Función Pública a que realicen en conjunto las actividades necesarias para llevar a la brevedad posible y con buen término las obras de la carretera Lagos de Moreno-San Luis Potosí en el tramo comprendido entre Lagos de Moreno y "Las Amarillas" y el nodo vial que está inconcluso en Lagos de Moreno, Jalisco

Antecedentes

Las comunicaciones y transportes son dos actividades importantes para el desarrollo social y económico de la entidad ya que su función primordial es la de facilitar la integración social y geográfica del territorio nacional con el traslado de bienes y personas a lo largo y ancho de nuestro país.

En el año del 2001, mes de octubre se firma el contrato de obra pública No. 1-N-CE-A-556-W-0-1, entre el Ejecutivo federal, representada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por la persona moral denominada Constructora Qhuazcani, SA de CV.

Con fecha 13 de julio del 2004 se inicia un procedimiento de terminación anticipada de contrato por no existir certeza de la fecha en que habrá los recursos fiscales para la continuación de los trabajos y al no ser posible la determinación de la temporalidad de la suspensión de los trabajos.

El procedimiento de conciliación inicia el 22 de septiembre del año en curso, mediante el expediente 08/2004 ante el órgano interno de control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Secretaría de la Función Pública.

El 29 de octubre de este año, se emitieron diversos pronunciamientos normativos por parte de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, y Servicios y Patrimonio Federal por su director general adjunto de Normatividad de Obras Públicas Lic. Marco Antonio Castro Rojas mediante el oficio No. UNAOPSPF/309/OP/0.365/2004, al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para determinar los lineamientos a seguir en el procedimiento de conciliación para una pronta y clara solución al problema suscitado entre la Constructora Qhuazcani, SA de CV y el Centro de la SCT Jalisco.

La conciliación de los intereses de las partes involucradas se fija el 24 de noviembre de este año mediante un acta de la audiencia de conciliación celebrada el 19 de noviembre del 2004 en la Ciudad de México, Distrito Federal, en las oficinas del Órgano de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dentro del mismo expediente de conciliación mencionado líneas arriba.

El día 25 de noviembre del presente año la Constructora Qhuazcani, SA de CV, presenta su inconformidad ante el director del Centro de la SCT Jalisco y con copia al Órgano Interno de Control por no haber sido recibidos para conciliar los intereses y solucionar el problema por parte de los servidores públicos del Centro de la SCT Jalisco y el día y la hora que se habían obligado a cumplir y se expresa en el acta señalada en el párrafo anterior.

Debido a lo anterior se encuentra demandada la SCT y otorgada una suspensión provisional a favor de la Constructora por parte de una Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que deja abierta la posibilidad de solución inmediata a el problema, pudiéndose prolongar por meses o años.

En los diversos medios de comunicación en el estado de Jalisco ambas partes han expresado sus puntos de vista, lo que lleva a la conclusión que no existe una solución pronta y expedita a este grave problema que padecen miles de habitantes en los municipios del norte del estado de Jalisco y cientos de miles de personas en tránsito diario por estas importantes vías de comunicación.

La relación entre el director de Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Jalisco, Ing. Guillermo E. Frank Escobar y la persona moral Constructora Qhuazcani, SA de CV, no es la más sana para llegar a establecer un vinculo de entendimiento y pronta solución, por lo que sugerimos, se designe a una persona con facultades otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para llevar a cabo las negociaciones que den solución al problema conforme a los lineamientos pronunciados por la Secretaría de la Función Pública ya citado con anterioridad el escrito párrafos arriba.

Por lo antes expuesto de frente ante esta honorable Comisión Permanente de Cámara de Diputados, me permito presentar la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Único.- Exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular de la Secretaría de la Función Pública a que realicen en conjunto las actividades necesarias para llevar a la brevedad posible y con buen término las obras de la carretera Lagos de Moreno - San Luis Potosí en el tramo comprendido entre Lagos de Moreno y "Las Amarillas" y el nodo vial que está inconcluso en Lagos de Moreno, Jalisco.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 29 de diciembre de 2004.

Dip. José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica)
 
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LOS TITULARES DE PEMEX Y DE LA PROFEPA QUE REMITAN A LA BREVEDAD INFORMACIÓN SUFICIENTE QUE EXPLIQUE LA MAGNITUD Y LAS CAUSAS DEL DERRAME DE PETRÓLEO OCURRIDO EL 23 DE DICIEMBRE EN EL ESTADO DE VERACRUZ, A CARGO DEL SENADOR CÉSAR RAÚL OJEDA ZUBIETA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, César Raúl Ojeda Zubieta, senador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al director general de Pemex y de la Profepa informen sobre la magnitud y las causas del derrame de petróleo el pasado 23 de diciembre, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 23 de diciembre Petróleos Mexicanos dio a conocer un accidente que destruyó su central de bombeo ubicada en la localidad Mazumiapan, municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz, que ocasionó heridas de gravedad entre trabajadores de la paraestatal y un importante derrame de petróleo crudo vertido al río Coatzacoalcos y hacia la margen costera de su desembocadura, dando lugar a lo que se ha calificado como un desastre ecológico.

Petróleos Mexicanos ha informado que el derrame fue de una magnitud de cinco mil barriles y que, hasta el día de ayer, se había logrado recuperar el 70%, sin embargo, resulta evidente que los daños sobre la flora y la fauna del lugar es prácticamente irreversible, tal y como ocurre en este tipo de accidentes.

Sabemos que Pemex se está esforzando por remediar los daños al medio ambiente y que se atenderá la demanda por daños causados a los pobladores de las zonas afectadas. El mismo gobierno del estado ha intervenido oportunamente en este asunto para garantizar que el interés de los veracruzanos sea debidamente atendido.

No obstante, llama la atención que una vez detectado el incendio en la central de bombeo de Mazumiapan y tras la maniobra reglamentaria de cerrado de válvulas ocurra un siniestro de magnitud similar o mayor a más de cien kilómetros de distancia, es decir en los ductos del municipio de Nanchital, que se localiza en proximidad del río Coatzacoalcos.

Se sabe que la industria petrolera es una actividad que entraña riesgos permanentes, sin embargo, los accidentes en ductos de Pemex, que han trascendido en los medios de comunicación, han venido aumentando en los últimos años, así como su magnitud.

Pudiera ser, y lo quiero advertir solo como una posibilidad, que diversas insuficiencias en las tareas de mantenimiento industrial que se deben realizar con toda precisión y puntualidad en la actividad petrolera pudieran estar en la base de los frecuentes accidentes de Pemex.

Desde sus orígenes, la actividad petrolera en el país se ha caracterizado por una extraordinaria subestimación del medio ambiente y del entorno cultural y humano. El propósito ha sido obtener el máximo beneficio económico posible a los menores costos. Ciertamente, en la medida que la sociedad ha ido cobrando conciencia de la importancia de la actividad petrolera pero también de su necesario desarrollo armónico con el resto de las actividades de los mexicanos esa conducta ha cambiado, pero aún falta mucho por hacer.

Por otra parte, durante los últimos años el presupuesto de Pemex se ha visto reducido, en términos reales, y seguramente los funcionarios responsables habrán tenido que realizar ajustes y reasignaciones para garantizar que la empresa siga funcionando de la manera más adecuada posible.

Es en este sentido que por la magnitud del accidente recientemente ocurrido en el estado de Veracruz me permito someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico. Se solicita a los titulares de Pemex y de la Profepa remitir a la brevedad ante esta soberanía la información suficiente que explique la magnitud y las causas del derrame de petróleo ocurrido el pasado 23 de diciembre en el estado de Veracruz.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el día 29 de diciembre de 2004.

Sen. César Raúl Ojeda Zubieta
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CITAR A COMPARECER AL DIRECTOR DE PEMEX Y AL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR LA CATÁSTROFE AMBIENTAL SUSCITADA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ, A CARGO DEL DIPUTADO LEONARDO ÁLVAREZ ROMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Leonardo Álvarez Romo, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Tercera Comisión de esta Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad, se reconoce universalmente la gravedad de la contaminación de los arroyos, ríos y lagos, e incluso de los mares, que cada día se ven amenazados debido a los grandes centros de población e industrias emplazadas en sus costas y al volumen, cada vez mayor, de transporte marítimo. Muchos contaminantes industriales son acarreados a grandes distancias por la atmósfera, lo que hace que las actividades tecnológicas del hombre tengan una repercusión directa en la totalidad de los océanos.

La contaminación por crudo, es una de las formas más graves de contaminación del agua. Los derrames de petróleo producen un fenómeno conocido como la "marea negra" cuando una película de hidrocarburo, cuya densidad es distinta a la del agua, se forma en la superficie del mar. Su efecto es letal para las especies que concurren al ecosistema marino, pero los perjuicios aumentan cuando el contaminante llega a la costa.

La gravedad de los incidentes de derrames petroleros genera preocupación en muchos niveles. Es objeto de revisión por parte de organismos intergubernamentales y demanda la existencia de estrategias de respuesta y acción de los gobiernos frente a estos desastres ecológicos ya que luego de una descarga o derrame de petróleo en un ambiente acuático, se producen cambios ecológicos y una contaminación de gran importancia para el ecosistema causando graves consecuencias para la fauna y flora del lugar así como para los seres humanos que habitan la zona.

Al derramarse petróleo en una zona acuática determinada se observa la formación de una delgada capa en la superficie, ocasionando disminución de la penetración de la luz hasta en un 90%, con lo cual disminuye drásticamente la tasa de fotosíntesis. Los efectos tóxicos de los hidrocarburos sobre los organismos vivos dependen de la concentración y el tiempo de exposición. Los componentes del petróleo de efectos más nocivos son los hidrocarburos aromáticos ya que algunos de ellos actúan como tóxicos agudos y otros tienen actividad carcinogénica.

Cuando el petróleo se derrama cerca de la costa o una mancha petrolífera deriva a la zona intermedia de las mareas y a las playas, se produce una mortalidad en gran escala de organismos marinos, algunos de ellos de valor comercial. La muerte de grandes cantidades de aves marinas constituye uno de los efectos primarios y más aparentes de los derrames de petróleo.

El petróleo en concentraciones bajas retarda la división celular y el crecimiento del plancton. En concentraciones superiores producen la muerte de gran cantidad de organismos, aves así como de larvas y huevos de peces. En los peces parecen tener efectos mecánicos, ya que al depositarse sobre las branquias, impide el intercambio gaseoso y los peces mueren por asfixia.

El 21 de diciembre del 2004 la explosión de un pozo y una planta de bombeo de Petróleos Mexicanos en el estado de Veracruz dejó cinco personas lesionadas y cuantiosos daños en el río Coatzacoalcos, el más grande del estado y que desemboca en el Golfo de México, así como el posterior derrame de crudo por la zona.

De acuerdo con fuentes de Protección Civil y de Seguridad Pública del estado, el primer percance se registró alrededor de las 10:50 horas en la estación de bombeo Masumiapan, que se ubica en el ejido Zapatero de la congregación El Platanal, municipio de Santiago Tuxtla. Diversas fallas en los sistemas de bombeo ocasionaron un incendio y una posterior explosión en la planta de Pemex.

Ante el percance, personal de la paraestatal cerró las válvulas que administraban el crudo al pozo y a la estación de bombeo, que sirve de enlace con oleoductos que van de Minatitlán a Nuevo Teapa y Poza Rica. Sin embargo, esta situación provocó que la presión rebasara los límites y reventara uno de los ductos, a la altura del municipio de Nanchital, a unos 120 kilómetros de donde ocurrió la explosión.

El percance obligó a la evacuación de al menos mil personas de cinco comunidades rurales, que fueron trasladadas a albergues.

El director de Protección Ambiental de Pemex Refinación, José Manuel Olivares Páez, informó en los primeros días después del incidente que, según la agencia EFE, el derrame del hidrocarburo se había extendido en un área de 3 kilómetros en el río Coatzacoalcos alcanzando al arroyo Tepeyac.

A partir de las primeras observaciones realizadas, se determinó que la contaminación podría afectar por lo menos cinco hectáreas, entre el área del percance y la ribera del río. Los especialistas detectaron que existe una mancha superficial del tramo de Nanchital a la playa de Coatzacoalcos, de aproximadamente 17 kilómetros, la cual estuvo siendo inspeccionada por la Comisión Nacional del Agua.

El reporte preliminar, señaló que la cantidad de crudo derramado se ha cuantificado entre cinco mil y diez mil barriles, equivalentes a un promedio entre los 750 mil litros y 1 millón 500 mil litros. La Comisión Nacional del Agua informó que ya trabaja en coordinación con Pemex en el saneamiento del río Coatzacoalcos y del arroyo Tepeyac. La Comisión participó en la colocación de trampas, para evitar que el petróleo derramado se extendiera. Detalló también que participa en la recolección del líquido en cuatro puntos distintos sobre la corriente del Coatzacoalcos.

A pesar de las acciones emprendidas, días después la paraestatal dio a conocer en un comunicado que debido al mal tiempo el combustible se esparció hasta el mar, alcanzado zonas importantes de las costas del Golfo de México. Al 25 de diciembre el derrame de petróleo en el río Coatzacoalcos, producía una enorme mancha negra que abarca 50 kilómetros, contaminando las playas de Coatzacoalcos y Congregación de Allende, por lo que autoridades navales han prohibido a la población nadar en esas aguas.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció el pasado 24 de diciembre una multa de 50 mil salarios mínimos (2 millones y medio de pesos) en contra de la paraestatal por el desastre ecológico provocado. El delegado estatal de la Profepa, Manuel Molina Martínez, anunció además que en los primeros días de enero presentarán una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la paraestatal por los daños ecológicos y económicos ya que el derrame paralizó la actividad pesquera a todo lo largo del litoral en perjuicio de más de 600 pescadores, quienes por su parte demandarán a Pemex el pago por las afectaciones causadas.

Se dice que dicha dependencia ya verifica que Pemex realice las medidas de urgente aplicación, entre ellas, el acordonamiento de las áreas afectadas por el derrame; la recuperación del crudo; el levantamiento del suelo impactado; la colocación de trampas; y la conducción de los materiales recuperados con crudo a instalaciones autorizadas para su tratamiento.

En la actualidad la contaminación producida por las actividades humanas en México está aumentando de manera considerable y este rápido aumento guarda relación con problemas y consecuencias de alcance nacional que deben ser evaluados, y dominados, si se quiere tener éxito en la lucha contra la contaminación.

Si no se lleva a cabo un programa de restauración de la zona, coordinado por las autoridades correspondientes con el que se exija y obligue a Petróleos Mexicanos a que restaure y compense el daño causado por el derrame, las consecuencias pueden ser mayores. Algunos investigadores señalan que las verdaderas consecuencias de este hecho podrán verse dentro de unos dos meses aproximadamente, además de reiterar que el daño, si es que llega a desaparecer, podrá resarcirse en por lo menos 6 meses. La población del Nanchital, el municipio más contaminado, sufre los estragos del derrame, y según declaraciones de la gente, no ha recibido ayuda alguna.

Es indispensable que se evalúe el problema en su conjunto, pensando no sólo en el momento actual, sino en la los posibles derrames futuros y sus consecuencias. Debemos evitar desastres ecológicos como éste. El ser humano debe de buscar las formas y la maquinaria más eficaz para explotar el entorno natural sin dañar los ecosistemas. Todo ello con el objetivo de que el desarrollo y el progreso sean armónicos y se utilicen, de manera racional, los "recursos y su ambiente". Cabe esperar que con un esfuerzo adecuado de la población y el gobierno mexicano, se tomen las medidas adecuadas para evitar la contaminación de los ríos y mares.

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México pone a consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio y Recursos Naturales para que realice un programa de restauración ecológica en el río Coatzacoalcos, sus rivieras y su zona marítimo terrestre, así como el arroyo Tepeyac, con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, en coordinación con Petróleos Mexicanos.

Segundo.- Se mandata a la Tercera Comisión de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para que requiera la presencia ante la citada Comisión; del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y del director de Petróleos Mexicanos; en términos de lo que establece el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Dado en el Salón Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 29 días del mes de diciembre del 2004.

Dip. Leonardo Álvarez Romo
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A QUE, POR CONDUCTO DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, ORDENE SUSPENDER LA VIGENCIA DE LOS ACUERDOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHAS 6 DE JULIO Y 26 DE OCTUBRE DE 2004, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER SALINAS NARVÁEZ Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Los suscritos, diputados Hugo Rodríguez Díaz y Pablo Anaya Rivera, Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Mora Ciprés, Horacio Duarte Olivares y Rafael García Tinajero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Jesús Porfirio González Schmall, del grupo parlamentario de Convergencia; Manuel Velasco Coello, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y Alejandro González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, todos ellos miembros de esta LIX Legislatura, en uso de las facultades y atribuciones señaladas en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los numerales 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables, acudimos ante esta asamblea a presentar esta propuesta con punto de acuerdo para lo cual hacemos de su conocimiento las siguientes

Consideraciones

1.- El problema del alcoholismo es un problema que debe ser analizado y, en su momento, atacado por todas las vías legales y científicas posibles, dado el grado de conflictos que provoca su existencia en nuestra sociedad.

2.- Los pasados 6 de julio y 26 de octubre, ambos del 2004, aparecieron publicados en el Diario Oficial de la Federación y suscritos por el secretario de Salud y presidente del Consejo de Salubridad General, doctor Julio José Frenk Mora y la secretaria de éste último órgano sanitario, Mercedes Juan, primero un acuerdo general y posteriormente una modificación a aquél acuerdo que tiene como supuesto propósito el atacar el alcoholismo.

3.- Sin embargo, respecto del contenido y proceso que llevaron a la publicación de estos acuerdos, han suscitado inconformidades entre miembros de la Industria Alcoholera que, como todos los miembros de cualquier industria mexicana, tienen el derecho y garantía de audiencia.

4.- Así mismo, al revisar la base 1ª de la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Federal, encontramos que nuestra Máxima Ley si bien señala que el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado y sus disposiciones generales serán obligatorias en el País, también encontramos que en la base 4ª de la misma fracción XVI del mencionado artículo 73 de nuestro Código Máximo indica que las medidas tomadas por el Consejo de Salubridad General contra el alcoholismo, serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan.

5.- En ese sentido, encontramos que el artículo 39, en su punto 2, inciso XXXII correlacionado con el punto 3, de la Ley Orgánica de este órgano soberano, le otorga competencia a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para conocer asuntos relacionados con la salud y específicamente con el alcoholismo.

6.- Sin embargo, no obstante que han transcurrido más de cinco meses entre el primer acuerdo y casi dos meses entre el segundo acuerdo tomado por el Consejo de Salubridad General ya citados, no se ha cumplimentado con la exigencia de la Constitución Federal que obliga a este órgano sanitario a remitir los acuerdos que tome encaminados contra el alcoholismo al Congreso de la Unión y para el caso específico, a la Cámara de Diputados que, como ya se dijo, tiene competencia en el caso.

7.- Luego, toda vez que el Consejo de Salubridad General depende directamente del Presidente de la República, conviene emitir un punto de acuerdo donde se exhorte al Ejecutivo federal, como responsable directo de aquél órgano sanitario, para que ordene a quien corresponda dicte nuevo acuerdo donde se suspenda la puesta en vigor de los acuerdos del 6 de julio y 26 de octubre citados a fin que sean enviados, con todos sus antecedentes, a esta Cámara de Diputados, como órgano del Congreso de la Unión con un organismo con competencia para conocer de este caso como lo es la Comisión de Salud, a fin que se cumplimente la orden dada por la Constitución Federal y el contenido de los acuerdos contra el alcoholismo sean revisados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como órgano competente para conocer de estos asuntos.

Con base en lo dispuesto por los anteriores argumentos y datos contenidos en esta Iniciativa, ponemos a consideración para la aprobación por esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con

Punto de Acuerdo

Único.- Esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión emite un exhorto al titular del Ejecutivo federal, licenciado Vicente Fox Quesada, a fin que por su conducto se ordene a quien corresponda como miembro del Consejo de Salubridad General ordene suspender la vigencia de los acuerdos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación con fechas martes 6 de julio y martes 26 de octubre, ambas del 2004 y esos acuerdos, con todos sus antecedentes, sean remitidos a la Cámara de Diputados como órgano del Congreso de la Unión para ser revisados de conformidad con lo dispuesto por la base 4ª de la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Federal.

Asimismo, solicito se transcriba íntegro el texto del anterior punto de acuerdo propuesto a esta honorable asamblea en el Diario de Debates.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México,
Distrito Federal, a 28 de diciembre de 2004.

Diputados: Hugo Rodríguez Díaz, Pablo Anaya Rivera, Francisco Mora Ciprés, Horacio Duarte Olivares, Rafael García Tinajero Pérez, Jesús Porfirio González Schmal, Manuel Velasco Coello, Alejandro González Yáñez.
 
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CREAR UNA COMISIÓN ESPECIAL QUE VIGILE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES EN EL ESTADO DE GUERRERO, A CARGO DEL DIPUTADO ARTURO NAHLE GARCÍA Y SUSCRITA POR LA DIPUTADA ROSARIO HERRERA ASCENCIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita, Rosario Herrera Ascencio, diputada federal por el estado de Guerrero del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta H. Comisión Permanente un punto de acuerdo, en razón de las siguientes

Consideraciones

Que en el estado de Guerrero se desarrolla el proceso electoral por el que se renovará el poder Ejecutivo de la entidad, el 6 de febrero del 2005.

La democracia debe privilegiar la competencia electoral, como sistema que define y expresa la voluntad de los ciudadanos, por ello el Partido de la Revolución Democrática considera que en las campañas políticas, además de apegarse estrictamente a la ley, debe privilegiarse la cultura política, en la que se destaque el comportamiento de los candidatos y de los electores, se subraye la importancia del contenido de las propuestas electorales y medios de comunicación que actúen con imparcialidad y objetividad para informar a los ciudadanos del desarrollo de las distintas campañas electorales.

Las reformas electorales que se han generado en los últimos años, permiten contar con disposiciones específicas que definen el marco de actuación de las autoridades electorales y las limitaciones que los Servidores Públicos de los órganos de gobierno federal, estatal y municipales deben observar durante el desarrollo de las campañas electorales de los candidatos que los partidos políticos y coaliciones han postulado.

Durante el desarrollo de las campañas electorales para la elección de gobernador en el estado de Guerrero se han detectado y denunciado que ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y las autoridades electorales de la entidad actos irregulares que afectan el desarrollo del proceso electoral en la entidad, creando un ambiente de desconfianza para los ciudadanos, partidos políticos y candidatos en el actual proceso electoral.

Se han denunciado hechos ilegales como el empleo de personal de las dependencias administrativas estatales y municipales para la organización de eventos, la utilización de recursos y programas gubernamentales de carácter social para actos de proselitismo electoral, también se han manipulado los contenidos de los programas informativos de radio y televisión local para favorecer a determinados candidatos y en caso más absurdo, se ha distribuido en diferentes partes del Estado propaganda apócrifa que vincula al candidato de la Coalición Guerrero Será Mejor, Zeferino Torreblanca, con las siglas del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Manifestamos nuestro respeto al EZLN como expresión política y reprobamos el uso mañoso que de sus siglas se hace en el estado de Guerrero, con la pretensión de descalificar una candidatura que representa una alternativa de gobierno democrático para el estado la entidad. No dudamos que ante la certeza de triunfo de Zeferino Torreblanca, se pretenda crear un ambiente de tensión para inhibir la participación de los ciudadanos en las urnas el próximo 6 de febrero. El Partido de la Revolución Democrática no apuesta a este escenario, porque confía en la libre decisión de los ciudadanos.

La transparencia en el uso de los recursos públicos en este proceso electoral podrá cimentar en todos los actores políticos la confianza necesaria a fin de construir un verdadero Estado de Derecho con el cual podamos consolidar la transición a la democracia que han impulsado miles de mexicanos.

En este sentido la Cámara de Diputados, al tener la facultad de vigilar e incluso investigar la malversación de fondos federales, puede crear una comisión especial que vigile la aplicación de recursos y programas federales -ya sea por las entidades administrativas de la federación o de los gobiernos estatal y municipales-en la organización y apoyo, en forma directa o indirecta, a campaña electorales.

En tal contexto, es ineludible el respeto a los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad, y que obliga a todos y particularmente a los órganos encargados de su aplicación, a salvaguardar el estricto cumplimiento de la ley, actuar en sentido contrario cancela la esencia de la democracia y genera un ambiente innecesario de confrontación.

En virtud de las consideraciones expuestas, solicito a esta H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, LIX Legislatura, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se aprueba crear una Comisión Especial de Observación Plural de Legisladores que acuda al Estado de Guerrero a observar y dar testimonio del desarrollo del proceso electoral que se celebrará el próximo 6 de febrero del 2005.

Segundo. Se exhorte al Ejecutivo Federal para que por su conducto haga del conocimiento el presente, a las Dependencias y Delegaciones del Gobierno Federal en nuestra Entidad Federativa; al Ejecutivo Estatal y a los gobiernos de los Ayuntamientos de la Entidad; para que en forma efectiva durante los treinta días previos a las elecciones y el día de la jornada electoral se suspenda la difusión, publicitación o realización de campañas dirigidas a la población, relativas a la ejecución de obra pública gubernamental realizada en el Estado de Guerrero; con el ánimo de no incidir en la decisión del voto ciudadano.

Tercero. Hágase del conocimiento a las autoridades electorales del Estado de Guerrero de la integración de la Comisión Especial, para el debido cumplimiento de sus actividades.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro; Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, LIX Legislatura, a 29 de diciembre de 2004.

Dip. Rosario Herrera Ascencio (rúbrica)
 
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CREAR UNA COMISIÓN INVESTIGADORA DE PETRÓLEOS MEXICANOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER SALINAS NARVÁEZ Y SUSCRITA POR EL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CARRILLO SOBERÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Las y los suscritos diputadas y diputados federales a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 93 del Código Político de 1917; 41, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por los artículos 58, 59, 89, 90 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que el pasado día 4 del mes de noviembre, Pemex anunció que había decidido "para el continente americano, recortar el factor de ajuste del crudo Maya en 3 dólares por barril y el del Istmo en 2.80 dólares por barril", así como "el crudo Maya destinado a la costa oeste de los Estados Unidos de Norteamérica, la reducción será de 2.50 dólares por barril". Estos descensos de precios entraron en vigor a partir del primero de diciembre.

Que en lo que va del presente año es la segunda ocasión en que se toman este tipo de medidas tan absurdas e inexplicables.

Que no dejamos de señalar que previamente, el día 3 de junio, Pemex emitió dos noticias. En la primera señalaba: "a partir de junio, el precio de venta al público de la gasolina Pemex Premium tuvo un incremento de 2.9 por ciento, al pasar de 7.04 pesos a 7.25 pesos por litro" en tanto que "el precio de la gasolina Pemex Magna aumentó 0.33 por ciento al ubicarse en 6.13 pesos por litro, lo que representó dos centavos más en comparación al precio de venta al público en el mes de mayo".

A través de la segunda noticia "Petróleos Mexicanos anuncia que a partir del primero de julio próximo se aplicarán las siguientes modificaciones para el continente americano, Pemex acordó que los factores de ajuste de las fórmulas de los precios de todos los crudos exportados a esa región se modifiquen a la baja. De este modo, la reducción aplicable al factor del Maya será de 25 centavos de dólar por barril, mientras que en el caso del Istmo y Olmeca, los factores de ajuste se verán disminuidos en 15 y 20 centavos, respectivamente. Por lo que respecta al crudo Maya destinado a la costa oeste de los Estados Unidos de América, la reducción será de 30 centavos de dólar por barril".

Así las decisiones tomadas por las autoridades del sector energético para los meses de junio-julio y de diciembre representan ya una política gubernamental, no asumida de perjudicar a las finanzas de Pemex, del país, así como de malbaratar y entregar nuestros energéticos.

Deseamos llamar la atención de que si, en condiciones de precios internacionales del crudo al alza, las autoridades financieras mexicanas y las de Pemex deciden consciente y deliberadamente en lugar de tomar esos altos precios crecientes del mercado, otorgar precios inferiores para los Estados Unidos implica que los enormes recursos económicos que dejará de percibir México representan un verdadero subsidio a la economía de Estados Unidos con el petróleo mexicano. Y en particular, a través del mayor precio que pagamos los mexicanos por la gasolina que consumimos.

Entre los meses de julio y noviembre Pemex ha dejado ya de percibir ingresos por 759 millones 330 mil pesos, y en el mes de diciembre perderá aproximadamente 1 mil 518 millones 660 mil pesos. Por efecto de estas dos medidas en el presente año Pemex, y México en su conjunto, perderá 2 mil 277 millones 990 mil pesos y cada mes que se mantenga la reducción de 3 dólares anunciada se perderán aproximadamente 1 mil 518 millones 660 mil pesos.

Los argumentos dados hasta ahora por los funcionarios públicos para justificar su decisión resultan inverosímiles y por lo mismo insostenibles.

En la proximidad del invierno la demanda de combustibles para calefacción se va a incrementar como efecto de una estacionalidad conocida; de acuerdo con analistas del sector energético, las reservas estratégicas de petróleo en Estados Unidos están en niveles bajos; y los problemas en Irak aún no están resueltos por lo que la oferta mundial de crudo no podría incrementarse en el corto plazo, entre otros factores que hacen improbable un descenso inmediato y generalizado de los precios internacionales del crudo que justificaran las medidas tomadas en México.

Es por las razones expuestas, que consideramos que el Pleno de esta soberanía debe aprobar la creación de una Comisión Investigadora de Petróleos Mexicanos encargada de dar seguimiento a las políticas públicas en materia de precios del petróleo.

Habrá que recordar que el Tribunal Pleno amplió los alcances del derecho a la información, que está estrechamente vinculado con el derecho a conocer la verdad, exige que las autoridades se abstengan de dar a la comunidad información manipulada, incompleta o falsa en relación a este tema, con la finalidad de enfrentar y descalificar al Legislativo, so pena de incurrir en violación grave a las garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional.

Que por lo anteriormente expuesto, y fundamentado sometemos al pleno de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Investigadora de Petróleos Mexicanos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la LIX Legislatura, encargada de dar seguimiento a las políticas públicas en materia de precios del petróleo.

Segundo. Que la Comisión Investigadora se reunirá y podrán solicitar toda la información pertinente a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Lic. Francisco Gil Díaz, y de Energía, Lic. Femando Elizondo Barragán, a fin de que expliquen la decisión de reducir el precio de exportación de la mezcla mexicana de petróleo crudo hacia los Estados Unidos de América.

Tercero. La Comisión Investigadora estará integrada por un número de diputados y diputadas, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, y funcionará por el término de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de diciembre de 2004.

Diputados:Francisco Javier Carrillo Soberón, Rosa María Avilés Nájera, Marcos Morales Torres, Emilio Serrano Jiménez, Gelacio Montiel Fuentes, Josefina Cota Cota, Arturo Nahle García, Guadalupe Morales Rubio, Irma Figueroa Romero, Horacio Duarte Olivares, Juan García Costilla, Gilberto Ensástiga Santiago, Ana Lilia Guillén Quiroz, Margarito Fierro Tanos, Reynaldo Francisco Valdés Manzo, Israel Tentory García, Daniel Ordoñez Hernández, Pascual Sigala Páez, Javier Manzano Salazar, Yadira Serrano Crespo, Gerardo Ulloa Pérez, Abraham Bagdadi Estrella, Emilio Zebadúa González, César Chávez Castillo, Angélica de la Peña Gómez, Alfonso Ramírez Cuéllar, Jorge Martínez Ramos, Horacio Martínez Meza, Dolores Padierna Luna, Susana Manzanares Córdova, Adrián Chávez Ruiz, José Luis Cabrera Padilla, Juan José García Ochoa, Julio Boltvinik Kalinka, Marcela González Salas, Carlos Silva Valdés, Héctor Miguel Bautista López, Javier Salinas Narváez, Pedro Vázquez González, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Oscar González Yáñez, Joel Padilla Peña, Alejandro González Yáñez, Sergio Posadas Lara, Pablo Franco Hernández, Angélica Díaz del Campo, Manuel Camacho Solís, Iván García Solís, María Marcela Lagarde y de los Ríos, René Arce Islas, Minerva Hernández Ramos, Inti Muñoz Santini, Eliana García Laguna, Jazmín Elena Zepeda Burgos, Rogelio Franco Castán, Isidoro Ruiz Argáiz, Miguel Alonso Raya, Bernardino Ramos Iturbide, Marbella Casanova Calam, Dolores Gutiérrez Zurita, Martha Lucía Mícher Camarena, Francisco Javier Saucedo Pérez, Elpidio Tovar de la Cruz, Clara M. Brugada Molina, Pablo Gómez Alvarez, Diana Bernal Ladrón de Guevara, Lizbeth E. Rosas Montero, Edgar Torres Baltazar, J. Miguel Luna Hernández, Juan Pérez Medina, Sergio Magaña Martínez, Luis Eduardo Espinoza Pérez, Rocío Sánchez Pérez, Tomás Cruz Martínez, Omar Ortega Alvarez, Marcelo Herrera Herbert, Víctor Suárez Carrera, Rafael Flores Mendoza, José Agustín Ortiz Pinchetti, Socorro Díaz Palacios, José Luis Medina Lizalde, Antonio Mejía Haro, Hugo Rodríguez Díaz, Miguelángel García-Domínguez, Rafael Candelas Salinas, Salvador Martínez Della Rocca, Francisco Javier Obregón Espinoza, Guillermo Huízar Carranza, Roberto Javier Vega y Galina, Mayela Quiroga Tamez, Humberto Cervantes Vega, Pablo Pavón Vinales, Juan Fernando Perdomo Bueno, Jesús González Schmal, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Angel Buendía Tirado, Nora Elena Yu Hernández, Pedro Avila Nevárez, Norma Elizabeth Sotelo Ochoa, María Hilaria Domínguez Arvizu, Raúl José Mejía González, Alfonso Nava Díaz, Nancy Cárdenas Sánchez, Rosario Herrera Ascencio, Francisco Chavarría Valdeolivar, Inelvo Moreno Alvarez, Concepción Castañeda Ortiz, Filemón Arcos Suárez, Juan Bustillos Montalvo, René Meza Cabrera, Francisco Alberto Jiménez Merino, Cruz López Aguilar, Luis Antonio Ramírez Pineda, Alfonso Rodríguez Ochoa, Juan Carlos Pérez Góngora, Adrián Fuentes Villalobos, Manuel Velasco Coello, Luis Antonio González Roldán, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Alejandro Agundis Arias, Jorge Legorreta Ordorica, María Avila Serna, Fernando Espino Arévalo, Víctor Manuel Alcerreca Sánchez, Rafael García Tinajero Pérez, Abdallán Guzmán Cruz, Enrique Torres Cuadros, Santiago Cortés Sandoval, Agustín Rodríguez Fuentes (rúbricas).
 
 
 
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXPRESAR CONDOLENCIAS A LOS GOBIERNOS DE BANGLADESH, SRI LANKA, INDONESIA, INDIA, MALASIA, TAILANDIA Y LAS ISLAS MALDIVAS, ASÍ COMO A LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE LOS MAREMOTOS EN LA REGIÓN ASIÁTICA, A CARGO DE LA DIPUTADA LIZBETH ROSAS MONTERO Y SUSCRITA POR DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los suscritos diputados federales, integrantes de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con base en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución con base en los siguientes:

Antecedentes

1.- Un sismo de 9 grados en la escala de Richter ocurrido el pasado 25 de diciembre en Indonesia, desató maremotos que azotaron las costas de varios países asiáticos dejando un saldo de decenas de miles de muertos y desparecidos, entre los que se cuentan una gran cantidad de niños y niñas.

2.- El horror desatado en las zonas afectadas y la gravedad de los daños humanos y materiales causados por el tsunami, fue posible en parte, por la ausencia de mecanismos de alerta que hubieran permitido en otras condiciones desarrollar acciones preventivas que salvaguardaran la vida de los habitantes y turistas que se encontraban en las zonas de la catástrofe.

3.- La comunidad internacional ha comprometido ayuda económica y envío de equipos de socorro para contribuir en las tareas de rescate, atención médica y reconstrucción de los poblados y en México, embajadas de los países afectados han solicitado formalmente nuestro auxilio.

4.- Las autoridades de los países afectados reportan que las mayores perdidas humanas y materiales se dieron en las zonas de mayor concentración de pobreza, dando cuenta nuevamente de la vergonzante relación entre pobreza y vulnerabilidad frente a desastres naturales. En otras palabras, cuando esto ocurre en los países ricos, los daños resultan notoriamente menores.

5.- Lo ocurrido en el continente asiático, hace patente la urgencia de reformar la concepción y el sistema de seguridad internacional, de manera que éste contemple de manera explicita la mayor vulnerabilidad y riesgo que en términos de seguridad viven los países y regiones más pobres del planeta frente a situaciones de catástrofe.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, expresa sus condolencias a las naciones afectadas por los maremotos en las costas de Asia y a las familias de quienes perdieron la vida en el siniestro o continúan desaparecidos.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a responder a la solicitud de auxilio expresada por las embajadas en México de los países afectados.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a contemplar en la iniciativa que prepara sobre reformas al Consejo de Seguridad de la ONU el tema de los fenómenos naturales en regiones pobres, como un tema neurálgico de seguridad internacional.

Diputados: Eliana García Laguna (rúbrica), Jorge Martínez Ramos (rúbrica), Arturo Nahle García (rúbrica).
 
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE COMPAREZCA EL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER SALINAS NARVAEZ Y SUSCRITA POR LEGISLADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD.

Los suscritos diputados federales integrantes del grupo parlamentario del PRD, con base en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución con base en los siguientes

Antecedentes

1.- El pasado 9 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo por el que se hizo un extrañamiento al C. Presidente de la República por el nombramiento del ingeniero Luis Ramírez Corzo al frente de Petróleos Mexicanos.

2.- En días posteriores, el Consejo de Administración de Pemex y el propio Presidente Fox, ratificaron, a pesar del cuestionamiento de la Cámara de Diputados, el nombramiento de Luis Ramírez Corzo como director general de Pemex.

3.- La controversia con respecto al nombramiento ha suspendido la atención a temas de la mayor trascendencia que no pueden permanecer en la indefinición; es por todos conocido que quedó pendiente para su discusión y diseño final de un nuevo régimen fiscal que convenga a la paraestatal. Asimismo la autonomía de gestión, la transparencia en la rendición de cuentas, la modernización laboral y en fin, todas aquellas acciones que harán de Pemex una empresa capaz de asumir a favor de México los retos que ofrece este nuevo siglo.

4.- Por otra parte, en las últimas semanas han ocurrido hechos de la mayor relevancia que involucran a la paraestatal y que hacen indispensable y urgente conocer, de primera mano, la versión directa de la Dirección General de Pemex en relación con estos:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos, Ing. Luis Ramírez Corzo ante la Tercera Comisión, para explicar a esta soberanía la responsabilidad de la paraestatal en el derrame de crudo ocurrido en el río Coatzacoalcos, así como las acciones de reparación en favor de la población afectada y el ecosistema dañado en la zona; para conocer la posición de la empresa en relación con la implementación del convenio firmado entre el ex director y el sindicato petrolero y para establecer una ruta de trabajo que permita atender los temas sustanciales con relación a la modernización de la paraestatal.

Dip. Eliana García Laguna (rúbrica)

Dip. Jorge Martínez Ramos (rúbrica)
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE REALICE UNA INVESTIGACIÓN SERIA, IMPARCIAL Y SIN SESGOS POLÍTICOS EN EL CASO TLÁHUAC, A CARGO DE LA DIPUTADA LIZBETH ROSAS MONTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, diputada federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, conforme a las siguientes

Consideraciones

Hace más de un mes se suscitaron hechos a todas luces reprobables y deleznables en San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac en el DF, desde el primer momento la Procuraduría General de la República atrajo el caso y es fecha en que aún no se tiene una investigación profesional, seria, pero sobre todo confiable; hasta ahora lo único que ha prevalecido en las instancias federales ha sido la venganza, la falta de objetividad y la creación de culpables; por no hablar de la detención de pobladores de San Juan Ixtayopan a todas luces violatorias de todas las normas y leyes, en la materia, mexicanas e internacionales. Ya que, por ejemplo, existen muchas inconsistencias en las acusaciones que hizo la PGR en contra de algunos detenidos, como el hecho de que no se especifique en la consignación el grado de participación de los mismos en los hechos.

A más de un mes, una vez más, este caso se ha utilizado políticamente para golpear al Gobierno de la Ciudad de México, esto quedó claramente manifestado en la autoritaria decisión del presidente Fox de destituir al secretario de Seguridad Pública del DF y de no tocar, ni tan siquiera con una llamada de atención a su amigo, Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad Pública Federal, aún cuando éste es el directamente responsable de la actividad que desarrollaban los tres elementos de la PFP en Tláhuac.

Pero este golpeteo político se está intensificando ahora, ante la noticia de que la jefa delegacional en Tláhuac y el subsecretario de Seguridad Pública del DF pasaron de testigos a indiciados sin que haya visos o luces de que los hechos se estén investigando de manera seria, apegada a la ley y con rectitud.

A 36 días de esos reprobables hechos sólo hay temor y enojo en una comunidad, en la cual por el simple hecho de vivir en ella se es culpable cuando menos de homicidio, situación que naturalmente ha provocado el anuncio de una movilización de protesta, en contra del desaseado proceso que esta realizando la PGR; del monumento a la Revolución al Zócalo, el próximo 14 de enero.

Al general Rafael Macedo de la Concha le estorba la autonomía que la ley otorga a la PGR, le queda grande la procuración de justicia y está a la expectativa de los deseos bizarros del jefe del Ejecutivo, el general no se aboca a una investigación seria recta y pulcra, sino que tal vez esta abonando para que en su momento a él se le apoye sin cortapisas para llegar al gobierno de algún estado; el general Macedo no ha entendido que no se trata de evadir responsabilidades sino de ser justos, no se trata de retorcer la ley, para sacar raja política, o afectar a los adversarios políticos, se trata de sacar a la luz la verdad.

Es por ello que subo a esta tribuna a conminar al general procurador a que hable y actúe con la verdad, a que explique a la sociedad mexicana lo que realmente sucedió en San Juan Ixtayopan aquél 23 de noviembre, que con base en esa verdad aclare el Sr. Macedo cual de las tres versiones es la oficial del gobierno foxista, ¿la verdad es en torno a que estaban investigando narcomenudeo o acaso era una investigación antiterrorista o tal vez la última versión sobre presunta actividad guerrillera? ¿Cual es la verdad Sr. Macedo?

Este tan solo es el cuestionamiento original del que se desprenden, con el correr de los días más dudas que respuestas, entre otras, destaco las siguientes:

¿Por qué si los elementos agredidos eran del área de investigación de terrorismo, se les encomendó una investigación sobre narcomenudeo?

¿Por qué se envió y se abandonó a su suerte a tres policías a Tláhuac?, ¿Por ineptitud del secretario de Seguridad Pública? O ¿Se actuaba de forma deliberada en contra de la propia ley orgánica de la PFP buscando generar un conflicto con fines inconfesables?

¿Cuántos elementos de la PFP se encontraban en San Juan Ixtayopan ese 23 de noviembre?, ¿Cuántos elementos del CISEN?, ¿Cuál es el verdadero origen del último video sobre el linchamiento difundido por los medios de comunicación?

¿Qué respuesta ha dado el amigo del Presidente Fox, secretario de Seguridad Pública sobre la colaboración entre la Federación y el Gobierno del DF para llevar a cabo el operativo del 23 de noviembre en San Juan Ixtayopan?

¿Tiene usted, como titular de la PGR, ese convenio de colaboración tal y como lo marca la ley que sienta las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública?, o ¿es acaso que, Ramón Martín Huerta nunca avisó al gobierno capitalino sobre la presencia de agentes encubiertos ni el motivo de la investigación?

Por lo antes expuesto y con fundamento en la normatividad mencionada, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, general Rafael Macedo de la Concha, a que en el marco de la constitución y las leyes mexicanas se apegue estrictamente a derecho en el caso de las investigaciones de lo sucedido en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, el 23 de noviembre de 2004. Y que entregue a esta soberanía en la medida y en los tiempos que la ley se lo permita, un informe detallado y completo de dicha investigación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de diciembre de 2004.

Dip. Lizbeth E. Rosas Montero (rúbrica)
 
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVA A LA LEY 200 APROBADA EN EL ESTADO DE ARIZONA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, A CARGO DEL DIPUTADO ARTURO NAHLE GARCÍA Y SUSCRITA POR DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los que suscriben, legisladores y legisladoras de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo conforme a las siguientes

Consideraciones

La Ley 200, "Protege Arizona", aprobada por mayoría de votantes en un estado que se ha hecho famoso por las brigadas caza migrantes, es una acción encaminada a impedir la eventualidad de avanzar ya no digamos en un acuerdo migratorio bilateral, sino ni siquiera la unilateral reforma migratoria que han planteado algunos legisladores estadounidenses que se encuentra en la agenda de discusión del Congreso de Estados Unidos.

Evidentemente significa un enorme obstáculo para el acuerdo migratorio bilateral, y una amenaza directa contra los mínimos derechos que tienen los indocumentados mexicanos no sólo en Arizona sino también en otros estados fronterizos.

La reelección del señor Bush, por cierto apoyada por algunos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya perfilaba, no sólo la continuidad de una política belicista a nivel mundial, sino el fortalecimiento en todo Estados Unidos del conservadurismo de ultraderecha que no respeta valores mínimos de la dignidad humana, aún cuando en declaraciones recientes, el señor Bush haya retomado su propuesta de trabajadores temporales que emitió el 7 de enero de este año.

Esta Ley, que además cultiva la delación y la denuncia como base de la lucha contra la seguridad fronteriza, tiene como objetivo declarado por sus promotores el de obligar al gobierno federal a que enfrente el problema de la migración ilegal masiva y endurezca sus leyes migratorias y es una propuesta discriminatoria y violatoria de la Convención Internacional de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias que México ha firmado y ratificado.

La entrada en vigor a partir de enero, abrirá la posibilidad de que otros estados en los que viven cientos de miles de indocumentados mexicanos, como California y Texas, puedan tomar medidas similares a través de leyes promovidas por los grupos xenofóbicos que cada día toman más fuerza, pues a partir del 11 de septiembre del 2001, la política de seguridad nacional de Estados Unidos ha significado la construcción del miedo y que en el caso de la frontera México - EUA se ha querido ligar al terrorismo con la migración de mexicanos.

Las autoridades federales de relaciones exteriores y de otras dependencias del gobierno federal han sido copartícipes de crear este clima adverso para la migración de mexicanos al dar apoyo y aval incondicional a programas como la repatriación voluntaria, las balas de goma, o a programas que se construyen desde la perspectiva estadounidense de su seguridad doméstica y que el gobierno federal acepta sin restricciones y defiende, como ha sido el Convenio de Fronteras Inteligentes que no separa la lucha en contra del terrorismo de lo que ha sido el fenómeno migratorio.

El gobierno mexicano debería realizar una acción de tanta contundencia como cuando decidió retirar a nuestra embajadora en Cuba por supuestas violaciones a nuestra soberanía. Aquí en este tema, se estén violando los derechos más elementales de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos, por lo que exigimos al gobierno mexicano que actúe con dignidad y firmeza y no sólo a través de declaraciones, sino que apoye con una sola acción de tanta contundencia como el agravio a los grupos de la comunidad mexicana y de derechos humanos que se oponen a la ley y con esto mandar un mensaje para que la apelación ante la Suprema Corte de esta decisión discriminatoria y racista pueda tener éxito.

Por lo antes expuesto, someternos a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que de conformidad con la facultad que le otorga la fracción II del artículo 89 constitucional, de inmediato retire al embajador de México en Estados Unidos de América, Carlos de Icaza González, como forma de protesta por la entrada en vigor de la Ley 200 aprobada en el estado de Arizona y de otras leyes discriminatorias y racistas que están a punto de ser aprobadas en el congreso estadounidense.

Diputados: Eliana García Laguna, Jorge Martínez Ramos, Inti Muñoz Santini, Arturo Nahle García (rúbricas).
 
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR QUE PREVALEZCAN LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA EN LA COMUNIDAD DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO ARTURO NAHLE GARCÍA Y SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIANA GARCÍA LAGUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Las y los suscritos legisladores en esta LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución al tenor de los siguientes:

Considerandos

El pasado 27 de julio en el contexto previo a las elecciones del estado de Oaxaca, fue privado de la vida mediante golpes con palos y tubos Serafín García Contreras en las inmediaciones del municipio de Huautla de Jiménez.

Relacionado con lo anterior fue detenido dentro de su domicilio, sin orden judicial de cateo ni orden de aprehensión, Agustín Sosa Ortega, bajo el cargo del homicidio de Serafín García Contreras.

Las evidencias fotográficas que anexamos a este Punto de Acuerdo muestran un conjunto de personas con vestimenta civil que con palos y tubos golpean al hoy occiso, pero en ninguna de las gráficas se aprecia la presencia de Agustín Sosa.

Cabe mencionar que los vecinos de la comunidad de Huautla de Jiménez han señalado la inocencia de Agustín Sosa Ortega y que en el pueblo se vive un clima de tensión y hostigamiento que les hace temer por su vida y su libertad por los hechos del pasado 27 de julio.

Es indispensable fortalecer el Estado de derecho en el país a partir de las acciones institucionales y apegadas a la ley de todos los poderes públicos constituidos; en ese sentido la prioridad del Estado es garantizar que los derechos y libertades constitucionales sean respetados y protegidos, en consecuencia la responsabilidad de ser garante de la protección de los derechos de las personas en el estado de Oaxaca le corresponde a las instancias del poder ejecutivo estatal, así como preservar la integridad de todas las personas, sus derechos y sus bienes en el marco de la Constitución de la entidad.

Es importante que a través de los conductos legales adecuados el gobernador del estado de Oaxaca sea el principal promotor, a través del Ministerio Público, de que las y los ciudadanos de la comunidad de Huautla de Jiménez cuenten con las garantías del debido proceso y se revise la averiguación previa que señala al señor Agustín Sosa Ortega y en caso de demostrarse que no se acredita su responsabilidad penal se promueva su libertad, y que a través del mismo Ministerio Público persiga y sancione a quienes cometieron el homicidio. Esta acción tendría la finalidad de generar un ambiente de distensión política y gobernabilidad a partir del respeto a la ley y a los derechos humanos.

El 1º de enero de 2005 se dará el cambio constitucional del Presidente Municipal electo por la comunidad de Huautla de Jiménez, por lo que sería oportuno que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus obligaciones contribuya con la comunidad para garantizar un cambio pacífico de poderes tal como lo establecen las normas de la entidad y que las libertades fundamentales y las garantías de seguridad jurídica que consagra la Constitución Federal en beneficio de todos los habitantes de la citada comunidad oaxaqueña sean preservadas para el fortalecimiento del Estado de derecho y la paz social en la entidad .

Esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión puede contribuir con sus buenos oficios a desactivar un conflicto que ya ha tenido saldos cruentos y sería importante prever las necesarias garantías para evitar el riesgo latente de una mayor violencia que vulneraría aún más la convivencia comunitaria futura.

En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este Honorable Pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta:

Primero.- Respetuosamente al gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, para que conforme a sus facultades constitucionales y legales garantice un cambio de poderes pacífico y ordenado en el municipio de Huautla de Jiménez el próximo 1º de enero y que institucionalmente provea lo necesario para que los derechos y libertades fundamentales de sus habitantes sean preservados para el fortalecimiento de la convivencia comunitaria y el Estado de derecho en la entidad.

Segundo.- Al gobernador del estado de Oaxaca para que a través de los conductos ministeriales adecuados considere los elementos testimoniales y periciales existentes a favor de Agustín Sosa Ortega y abran las averiguaciones previas hacia quienes realmente privaron de la vida a Serafín García Contreras.

Tercero.- A todos los actores políticos y sociales de Huautla de Jiménez a que contribuyan con sus actos a generar un ambiente de civilidad y estabilidad que garantice la salvaguarda y fortalecimiento del tejido social en esa comunidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de diciembre de 2004.

Dip. Eliana García Laguna (rúbrica)

Dip. Arturo Nahle García
 
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES Y AL DIRECTOR LIQUIDADOR DE BANRURAL PARA QUE REALICEN LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LA CENTRAL DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITADA POR LA UNIÓN NACIONAL PARA LA ACCIÓN INDÍGENA URBANO CAMPESINA, A CARGO DE LA DIPUTADA LIZBETH ROSAS MONTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita diputada federal en esta LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con fecha 5 de junio de 2003 la Unión Nacional para la Acción Indígena Urbano Campesina, AC, como actuales usuarios de las bodegas de la Central de Abastos de la Ciudad de México, solicitaron la transferencia de derechos de uso de dichas bodegas al gerente del Banco Nacional de Crédito Rural, SNC, por su siglas conocido como Banrural. Ello debido principalmente a la situación actual de la financiera mencionada que por decreto del 13 de diciembre de 2002 se ordena su disolución, y su liquidación a partir del 1º de julio de 2003.

Ante los diferentes escritos signados al director de dicha institución financiera, el Lic. Alfredo Gómez Aguirre, el 2 de octubre de 2003 las partes se reunieron y acordaron la transferencia y la respectiva tramitación del derecho de uso de las bodegas.

Sin embargo después de esta reunión, Banrural, o mejor dicho, su director así como los funcionarios el Lic. Adrián Fajardo Castellanos y la Lic. Maria Villafuerte García, han aplazado una y otra vez el acuerdo antes mencionado. Ya ha pasado más de un año, y esta institución lo único que ha hecho es incrementar el número de "requisitos" y no reconocer las propuestas para realizar la transferencia.

Pese a que cada que Banrural emite un nuevo requisito para que se pueda realizar la transferencia, la Unión Nacional para la Acción Indígena Urbano Campesina, AC, ha manifestado y ha hecho patente soluciones y propuestas, sin embargo, esto se ha vuelto una cadena de trámites y pretextos burocráticos pues ante cada propuesta que dicha organización campesina realiza, Banrural pone otra traba más para negar la transferencia de los bienes a los locatarios.

La Unión Nacional para la Acción Indígena Urbano Campesina, AC, haciendo un esfuerzo para solucionar esta gestión ha decidido aportar el 22% del monto global, esto es el valor en libros así como los adeudos por arrendamiento, mantenimiento y seguro. Para que Banrural realice la transferencia de derecho de uso de las bodegas de la Central de Abastos.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la normatividad mencionada, someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición

Puntos de Acuerdo

Primero.- Se hace un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al director general de Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y al director liquidador de Banrural para que den respuesta pronta, así como solución a este problema que aqueja a diversas organizaciones campesinas.

Segundo. Se exhorta al director liquidador de Banrural para que de manera inmediata realice la transferencia de derechos de las bodegas ubicadas en la Central de Abastos de la Ciudad de México, solicitada por la Unión Nacional para la Acción Indígena Urbano Campesina, AC.

Tercero. Y que esta institución financiera acepte el monto propuesto por dicha Asociación Civil, o en su defecto haga una propuesta seria y concreta para solucionar el problema mencionado.

Palacio Legislativo a 29 de diciembre de 2004.

Dip. Lizbeth E. Rosas Montero (rúbrica)
 
 
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EN GUADALAJARA, JALISCO, EN EL MARCO DE LA CUMBRE CELEBRADA EL 28 DE MAYO DE 2004, A CARGO DEL DIPUTADO ARTURO NAHLE GARCÍA Y SUSCRITA POR EL DIPUTADO INTI MUÑOZ SANTINI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Las y los suscritos diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como es del conocimiento de la opinión pública durante los días 28 y 29 de mayo de los corrientes en la ciudad de Guadalajara, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales del estado de Jalisco con la complicidad de funcionarios ministeriales, quienes utilizando como pretexto la acción de un grupo de provocadores reprimieron a jóvenes quienes se manifestaban pacíficamente en contra de la Cumbre.

La sociedad conoce el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en donde le solicita al Gobernador de Jalisco iniciar los procedimientos administrativos y penales de responsabilidad en contra de los servidores públicos de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, por las graves violaciones a los derechos, entre otras detenciones ilegales y tortura en que incurrieron. Hasta la fecha el Gobernador de Jalisco Francisco Ramírez Acuña no ha aceptado, ni mucho menos cumplido con lo propuesto por el ombudsman federal.

La injusta permanencia de los ocho jóvenes en el penal de Puente Grande constituye una manifestación de la bribona impunidad de Estado, personificada en funcionarios del poder ejecutivo local que no han sido sancionados por sus constatados excesos que contribuyen a la ausencia de credibilidad en las instituciones del maltrecho Estado de Derecho que padecemos donde hay gobiernos panistas, los cuales creen que con sólo retórica podrán encubrir el trágico y desolador panorama que sobre la vigencia de los derechos humanos existe en México.

Por otro lado el Poder Judicial del estado de Jalisco tendría el imperativo ético y jurídico de atender a las razones de los derechos vulnerados y constatados en este caso por los Informes del ombudsman federal, así como Amnistía Internacional, además es necesario subrayar que las declaraciones de los jóvenes detenidos arbitraria e ilegalmente fueron obtenidas mediante actos de incomunicación y tortura, por lo que hacemos un respetuoso exhorto al poder judicial del estado de Jalisco para que en el ámbito de sus facultades constitucionales considere los Informes citados y resuelva conforme al principio pro homine que permita el acceso a la justicia para las víctimas del delito y del abuso de poder en el presente caso.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta soberanía la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta

Primero.- Al Gobernador Constitucional del estado de Jalisco Francisco Ramírez Acuña para que con base en los Informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de Amnistía Internacional considere instruir al Procurador de Justicia de la entidad, el retiro de todos los cargos y la acusación existente en contra de los jóvenes que aún se encuentran injustamente en prisión con motivo de los hechos del 28 de mayo en la ciudad de Guadalajara.

Segundo.- Respetuosamente al poder judicial del estado de Jalisco para que en ejercicio de sus facultades constitucionales exclusivas considere los Informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de Amnistía Internacional para resolver lo conducente de conformidad con sus atribuciones jurisdiccionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de diciembre de 2004.

Dip. Arturo Nahle García (rúbrica)

Dip. Inti Muñoz Santini
 
 
 
 
 

El pasado 26 de diciembre, un desastre sin precedente azotó una amplia área geográfica del sudeste asiático.

Un terremoto de 8.9 grados en la escala Richter que afectó inicialmente la isla indonesia de Sumatra, provocó un maremoto que afectó a toda la región del Océano Índico provocando enormes daños e innumerables pérdidas humanas en la propia Indonesia, en India, Sri Lanka, las Islas Maldivas, Malasia, Tailandia y Bangladesh.

Signo de lo excepcional del fenómeno natural, el maremoto alcanzó las costas orientales de África.

Hasta el día de ayer, en Somalia, ya se habían encontrado los cadáveres de 40 pescadores y otros 60 se encontraban desaparecidos presumiéndose muertos. Al menos 10 personas habrían muerto en Tanzania y una en Kenya.

De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Geológicas de Estados Unidos, el terremoto de 8.9 grados tuvo su epicentro frente a la costa occidental del norte de Sumatra, a 40 kilómetros por debajo del fondo del mar.

Este terremoto fue el quinto más poderoso que se haya experimentado en el planeta desde 1900 y el más fuerte en los últimos 40 años desde que un sismo de 9.2 grados azotó la región de Alaska en 1964.

La fuerza del terremoto hizo que sus efectos se sintieran a una gran distancia, afectando edificios ubicados a cientos de kilómetros, desde Singapur hasta la ciudad de Chiang Mai, en el norte de Tailandia.

Pero su efecto más devastador fue, sin embargo, el maremoto que se extendió por toda la cuenca del Océano Índico arrasando la línea costera de siete países de Asia y tres de África, dejando al menos 55 mil muertos la mayoría de ellos en Indonesia y Sri Lanka, según estimaciones oficiales actualizadas al día de hoy.

Hasta ahora, la nación más afectada ha sido Indonesia que anunció que casi 28 mil de sus ciudadanos perecieron en Sumatra, epicentro del sismo que desencadenó las gigantescas olas que devoraron pueblos enteros en las costas sur y sureste de Asia.

El hecho de que el desastre afectara importantes centros turísticos, ha llevado la tragedia a muchas otras naciones.

Según cifras preeliminares, sólo en Tailandia, más de 700 extranjeros perecieron, entre ellos norteamericanos, ingleses, franceses, argentinos, chilenos, brasileños y aparentemente de manera lamentable, algunos mexicanos.

Se sabe que alrededor de 22 mexicanos se encontraban en la isla de Phuket y en la ciudad de Krabi en Tailandia.

Según reportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hasta el momento han sido localizadas 19 personas provenientes de diversos estados de la República, entre ellos Michoacán, Distrito Federal y Monterrey, permaneciendo desaparecidas al menos 3 personas.

Se presume que en los siete países afectados había un número mayor de mexicanos vacacionando, de los que hasta el momento no hay registro oficial.

Gobiernos extranjeros comenzaron ya a enviar aviones cargados de víveres, medicamentos y equipos de socorro.

El día de ayer estaba prevista una reunión en Ginebra entre los gobiernos donantes, los de los países afectados por el desastre y las organizaciones de socorro internacionales para definir las acciones má urgentes a tomar para la atención de las zonas dañadas.

A las muertes se ha sumado el problema de los desplazados por los daños. Al momento se han contabilizado ya un millón de personas desplazadas en Sri Lanka, otras 50 mil en Tailandia y 30 mil en India, según cifras preliminares de la Cruz Roja.

Según un vocero para asuntos humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas, el maremoto habría provocado miles de millones de dólares en daños y señaló que se estaba poniendo en marcha la mayor operación de ayuda humanitaria de la historia de las Naciones Unidas, para paliar los daños.

Frente a la dimensión del desastre, varios países han decretado el estado de emergencia para solicitar la ayuda internacional y aplicarla con eficacia.

En nuestro país, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha instrumentado un operativo especial para atender los eventuales casos de protección y asistencia consular a mexicanos que pudieron haber sido afectados por este desastre natural.

Las representaciones diplomáticas mexicanas se encuentran trabajando las 24 horas del día para atender los posibles requerimientos de mexicanos y lograr conformar una base de datos precisa.

La magnitud de la tragedia nos obliga a ser solidarios con las naciones afectadas pues compartimos la terrible realidad de los desastres naturales como una realidad constante y cotidiana.

Nos obliga a enviar nuestras condolencias a los gobiernos de las naciones que han sufrido pérdidas humanas y han visto desplazadas y damnificadas a poblaciones enteras.

Por ello, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, manifiesta sus mas sentidas condolencias a los gobiernos de Indonesia, India, Sri Lanka, Islas Maldivas, Malasia, Tailandia Bangladesh, Somalia, Kenia y Tanzania, así como a las familias de las personas que murieron en esta tragedia.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 29 días del mes de diciembre de 2004.
 
 
 
 

POSICIONAMIENTO EN RELACIÓN CON LOS PROCESOS JUDICIALES QUE SE SIGUEN EN EL CASO TLÁHUAC, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER SALINAS NARVÁEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Hace unos días nos hemos enterados de la determinación de la Procuraduría General de la República de convertir en responsables de los trágicos acontecimientos ocurridos en la delegación Tláhuac, hace poco más de un mes, a los principales funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Con esa decisión, una vez más se hace evidente que lo menos importante para el Gobierno Federal es el esclarecimiento de esos hechos y que lo principal es encontrar chivos expiatorios que sirvan para lavar las culpas propias frente a la opinión pública.

A un mes de lo ocurrido en Tláhuac, la única actitud manifiesta del Gobierno Federal es su sed de revancha pues pareciera que no le interesa la verdad ni la justicia, sino simple y llanamente quedar limpio de culpas responsabilizando para ello a las autoridades del Distrito Federal.

De qué otra manera puede interpretarse la dolosa actitud con la que se han ejercido las facultades presidenciales al remover al titular de la Secretaría de Seguridad Pública capitalino, pero dejando en su cargo al secretario de Seguridad Pública Federal.

De que otro modo puede interpretarse ese doble rasero con el que se mide la aplicación de la Ley, cuando se exhibe un video y se filtran conversaciones de radio con el único objetivo de responsabilizar por adelantado a las autoridades capitalinas y exculpar a las federales.

¿Ya se nos olvidó que fue justamente Ramón Martín Huerta quien dijo que los helicópteros no habían llegado a Tláhuac porque los podían derribar a pedradas? ¿Acaso no es el mismo que vino a la Cámara de Diputados a decirnos que los policías federales no eran rambos para hacer operaciones de rescate?

Hay todavía muchas preguntas en el aire sobre lo ocurrido aquella tarde del 23 de noviembre, pero pareciera que se quieren ocultar con acciones espectaculares como la aprehensión de diversos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

¿No se sabe aún con certeza lo que hacían en esa comunidad los servidores públicos acribillados? Tenemos versiones encontradas y contradictorias, versiones que han variado día con día, pero ninguna certeza de sobre si investigaban narcomenudeo, secuestro, guerrilla o terrorismo.

¿No se sabe tampoco por qué si se encontraban en una misión de riesgo, no había un grupo de apoyo y seguimiento que monitoreara sus acciones desde la propia PFP?

¿Se desconoce también por qué la PFP no informó a las autoridades capitalinas de sus investigaciones, cuando menos para que éstas tuvieran un conocimiento previo de que en el área había agentes operando?

Ahora se dice con la mayor tranquilidad del mundo que la culpa es de las autoridades locales, pero ¿No se sabe aún por qué hasta el poblado de Ixtayopan no llegó el grupo especial de reacción que tiene la AFI para los casos de toma de rehenes?

Se han minimizado y buscado ocultar los testimonios de los federales preventivos, compañeros de los asesinados, que protestaron porque estando preparados para intervenir, no los enviaron a Tláhuac.

¿Por qué si se conocieron ya las grabaciones radiofónicas entre los distintos mandos policíacos del DF, no se conoce el contenido de las llamadas telefónicas entre los funcionarios locales y federales? ¿Qué fue en realidad lo que se dijeron y por qué se está ocultando?

Ya vimos lo que en su propia cara y delante de las cámaras le dijo el subsecretario de Seguridad Pública capitalino al entonces comisionado de la PFP. ¿Pero qué fue lo que este ex funcionario habló con su jefe, qué le dijo a Ramón Martín Huerta y qué decisiones tomaron desde la Secretaria de Seguridad Pública Federal?

Señoras y señores legisladores:

Lo más grave en este caso es lo que está ocurriendo con las instituciones de la justicia, una vez más se está haciendo uso político de ellas para liquidar al adversario, es la misma película que hemos visto a lo largo del año que concluye con diferentes protagonistas.

Una investigación que está derivando en persecución política, como ocurrió con el caso del paraje El Encino, como se ha querido hacer con los llamados videoescándalos, porque la procuración de justicia se ha puesto al servicio de los intereses políticos.

Y eso es lo que los legisladores del Partido de la Revolución Democrática venimos a denunciar. Lo menos importante a estas alturas es el nombre de quienes sean encontrados culpables de omisión en los trágicos acontecimientos de Tláhuac.

Lo verdaderamente grave para el país sería que nos quedáramos callados frente a las intentonas golpistas, porque no se les puede llamar de otra manera, ensayadas contra del Gobierno del Distrito Federal.

Dip. Javier Salinas Narváez (rúbrica)
 
 
 

POSICIONAMIENTO EN RELACIÓN CON LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN DE RECESO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER SALINAS NARVÁEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La semana pasada, la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió dar entrada a la controversia constitucional presentada por el Presidente de la República para suspender diversas partidas aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005.

Esa determinación ha implicado el congelamiento de una serie de partidas específicas del Presupuesto de Egresos, por un monto de 4 mil 195 millones de pesos, que sin duda tendrá efectos muy negativos para las finanzas de estados, municipios y universidades del país.

Por la manera en que se generó, se trata de una decisión sin precedente, que compromete gravemente la relación entre los poderes de la Unión y la propia constitucionalidad del país.

Desde el Presidente de la Cámara de Diputados pasando por distintos juristas y constitucionalistas, abogados experimentados y conocedores del derecho mexicano, han expresado su extrañeza y preocupación porque la mencionada Comisión de Receso se ha tomado atribuciones que no le corresponden.

Atribuciones como la de dar entrada a la controversia constitucional y nombrar al ministro instructor que se hará cargo del dictamen del caso, que han violentado todo el procedimiento.

No se trata aquí de cuestionar la facultad del máximo tribunal del país para determinar la constitucionalidad de un decreto aprobado por la Cámara de Diputados, sino de denunciar la irregular admisión de la controversia que puede viciar de origen todo el proceso.

Vivimos un momento difícil en la vida del país, debido a la progresiva quiebra del orden legal, alentada desde el Poder Ejecutivo. Por ese motivo, es aún más indispensable que todo procedimiento jurídico, que todas las autoridades, se ciñan estrictamente a la legalidad.

El país no está para suspicacias, porque es mucho lo que se pone en riesgo, en este caso: nada menos que la certeza e imparcialidad en el actuar del máximo tribunal del país.

¿Qué mensaje recibirán el resto de las instancias jurisdiccionales, si desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se obvian trámites y se pretende violentar la legalidad? ¿Es eso lo que queremos para el país?

Lo más importante no es quien gane o pierde la controversia, que estamos seguros la razón corresponderá a la Cámara de Diputados. Lo más importante es que el procedimiento sea apegado a derecho y no se vulnere la legalidad.

Por esas razones, en el Partido de la Revolución Democrática, creemos que es necesario y urgente un pronunciamiento conjunto de la totalidad de los ministros de la Corte sobre la ilegalidad de origen que rodea a la admisión de la controversia.

Hacemos un llamado al Presidente de la Corte para que se pronuncie sobre las decisiones que ha tomado la Comisión de Receso y devuelva las cosas a un clima de certeza.

Queremos que se haga explicito si la mencionada Comisión de Receso actúo a la ligera, sino es que de mala fe, al admitir la controversia constitucional, al nombrar al ministro instructor, quien suspendió diversas partidas del Presupuesto de Egresos para 2005.

Señoras y señores legisladores, resulta muy preocupante para el país que los poderes federales estemos inmersos en este debate sólo porque al Presidente de la República no le gustó el Presupuesto.

Que grave que este 2004 termine en medio de una polémica que dividirá aún más los mexicanos, que contribuirá a enrarecer más el clima político y que no augura un 2005 donde prive el diálogo y la tolerancia.

Con conocimiento de causa o sin él, se le está haciendo un daño innecesario a las instituciones del país. Es la irresponsabilidad política llevada a su máxima expresión.

Lo que la Presidencia de la República quiere no es tanto que las partidas no se ejecuten, sino que los poderes Judicial y Legislativo de la Federación nos veamos enfrentados.

Se piensa equivocadamente que se puede construir el prestigio propio a costa del desprestigio ajeno, que los mexicanos volverán a creer en el país de la maravillas si miran en un pleito al Congreso y a la Suprema Corte de Justicia. Se equivocan quienes así piensan.

Los mexicanos no volverán a creer en el Gobierno del Cambio porque ya se les agotó la paciencia, porque después de cuatro años ya se dieron cuenta que lo que tienen enfrente es un montaje, un reality show que solo sirve para el entretenimiento masivo, no para atender los graves problemas nacionales.

Dip. Javier Salinas Narváez (rúbrica)