Los ciudadanos diputados al H. Congreso de la Unión que suscribimos la presente iniciativa, integrantes de la Comisión de Pesca, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIX-L, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, párrafo 2, fracción XXIII, y 45, párrafo 6, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta representación nacional, la presente iniciativa de decreto por el que se expide la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

México cuenta con una de las mayores riquezas naturales acuáticas y pesqueras. Con amplias extensiones de costa que dan a los océanos Atlántico y Pacífico, posee un litoral de aproximadamente once mil quinientos kilómetros; tres millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva; trescientos cincuenta y ocho mil kilómetros cuadrados de plataforma continental, y un número considerable de sistemas estuarinos.

El crecimiento poblacional y los modelos de desarrollo económico han propiciado una fuerte presión en la explotación de esta clase de recursos. La presión ejercida por la población hacia las zonas costeras, incide en la consecuente presión en los recursos pesqueros, constituyéndose fuentes de empleo formales e informales. Estos fenómenos se alejan de la sustentabilidad que debe propiciar el Estado y hace imperioso replantear la visión de la política pesquera para impulsar tanto la pesca como otras actividades alternativas, para que sean compatibles con el ambiente y respondan a las necesidades de los sectores que dependen.

En este sentido, la acuacultura ha cobrado una importancia particular, pues en los últimos años se ha convertido en una alternativa viable, para revertir los procesos de sobreexplotación pesquera. Es una actividad que ofrece desarrollo económico y progreso para las personas del medio rural; además se suma a incrementar la producción pesquera y la oferta de alimentos nutritivos y económicamente accesibles para la población, representando por ello un eficaz motor para la promoción del desarrollo regional y nacional. Por esta razón, la Iniciativa da un importante realce a las actividades acuícolas, denominándose por su orden como "Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables", con la connotación de fomento, regulación y administración correspondientes.

Desde el contexto de las políticas públicas, el impulso de la pesca y la acuacultura sustentables requiere la transformación de las formas actuales de administración de los recursos acuáticos. La pesca y, posteriormente la acuacultura, son actividades históricamente fomentadas, reguladas y controladas por la Federación, lo cual ha tenido razones constitucionalmente justificadas y reconocidas. Esta visión exclusivamente federal ha originado la expedición de leyes y la creación de autoridades, igualmente federales, sobre las cuales ha recaído la responsabilidad de propiciar el crecimiento y resolver la problemática de los sectores involucrados.

Si bien este esquema federal dio resultado durante largo tiempo, ahora el entorno político y económico de México, particularmente frente al exterior, requiere afrontarse con instrumentos que se construyan a partir de una transformación paulatina, pero profunda, de las formas de regular y administrar las actividades y los recursos de la acuacultura y de la pesca.

Al día de hoy, las Entidades Federativas no han tenido injerencia directa en las actividades pesqueras y acuícolas. La única posibilidad jurídicamente reconocida, para que los gobiernos locales puedan participar en estas materias es a través de la celebración de convenios o acuerdos de coordinación entre la Federación y los Estados -en los términos de la fracción VII del Artículo 116 constitucional- mediante los cuales los segundos asuman el ejercicio de ciertas funciones de la primera en dichas materias, cuando el desarrollo económico y social lo hagan necesario. Se advierte, pues, que la participación de las Entidades Federativas es muy limitada y dependiente de la política federal de pesca y acuacultura, sin ninguna libertad de acción que no se constriña a lo expresamente pactado en dichos convenios o acuerdos.

Por esta razón, se considera que la creciente capacidad política y administrativa de los gobiernos locales debe convertirse en una participación mucho más activa y responsable, que detone regionalmente la pesca y la acuacultura como actividades prioritarias del desarrollo social y económico de dichas entidades y, por ende, de los habitantes del país entero.

Esta nueva visión del federalismo parte del reconocimiento y respeto de la autonomía de las Entidades Federativas. A partir de ello, puede ser posible articular en forma coherente y armónica la soberanía de los estados y la libertad de los municipios, con las facultades propias del Gobierno Federal. Sin embargo, para que esto pueda suceder, fue necesario establecer las bases fundamentales para que los gobiernos de las entidades federativas puedan participar directa y activamente en la administración de las actividades y recursos acuícolas y pesqueros, mediante una reforma al Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En nuestro sistema jurídico, las facultades concurrentes implican que la Federación, las entidades federativas -incluyendo al Distrito Federal- y los Municipios, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general. Al expedir leyes generales o leyes marco, el Congreso de la Unión cumple con dos propósitos simultáneos:

En este sentido, se ha reglamentado la Constitución Política a través de leyes generales o leyes marco en ciertas materias, como son la educativa, la de salubridad general, asentamientos humanos, ambiental, la de protección civil, la deportiva y la turística.

Con base en esta vía legal, en el Congreso de la Unión se gestó y formuló una reforma constitucional, consistente en la adición de una nueva fracción XXIX-L al Artículo 73 Constitucional, que permite que la pesca y la acuacultura sean materia de una ley general, a efecto de que las entidades federativas tengan participación directa en la administración de la pesca y la acuacultura. Dicha reforma fue aprobada por el Constituyente Permanente, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2004.

De esta manera, a través de la reforma constitucional se otorgó al Congreso de la Unión, la facultad de expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias constitucionales, en las materias de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado.

Con base en la reforma en comento, el Congreso de la Unión ha quedado expresamente facultado para expedir una ley general en materia de pesca y acuacultura, que a la vez que realice una distribución de competencias entre la Federación y las Entidades Federativas en estas materias, determine el régimen jurídico federal en dichas materias y la base para que en el futuro los Congresos estatales expidan sus leyes locales. Con este fundamento la ley general y las leyes locales se apegan a la Ley Fundamental, teniendo como límites, la primera, ser emitida por el Congreso de la Unión, al amparo de un mandato constitucional expreso, y las segundas, ser expedidas observando con exactitud lo determinado por dicho Congreso en una ley general de acuacultura y pesca como la que se propone a través de la presente iniciativa.

Objeto y elementos de la iniciativa

Objeto de la iniciativa

La iniciativa tiene un objeto subdividido en dos ámbitos autónomos pero complementarios:

Uno de los elementos importantes e innovadores de esta Iniciativa, por su relevancia para la formulación y conducción de la política nacional de pesca y acuacultura, es el establecimiento de principios que deberán observarse en la elaboración de programas y en la regulación reglamentaria y administrativa de la ley que en su momento se expida. Entre los principios más relevantes se encuentran los siguientes:

La razón de ser de esta Iniciativa, es precisamente la distribución de competencias de la Federación y de las entidades federativas. El fortalecimiento del federalismo al que se ha aludido con insistencia, cobra vida en este ámbito, al determinarse de forma específica las atribuciones que corresponden al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, en las materias que nos ocupan.

En este sentido, en la Iniciativa se precisan las atribuciones exclusivas del Ejecutivo Federal y las que corresponden a las entidades federativas, tomando como base la naturaleza jurídica de las aguas en las que se realizan las actividades acuícolas y pesqueras, que no son otras que las aguas de jurisdicción federal, comprendidas en los párrafos quinto y octavo del Artículo 27 de nuestra Constitución Política.

Así, el Ejecutivo federal tendrá dos clases de atribuciones: 1) las generales, que ejercerá, algunas de manera exclusiva, respecto de todas las actividades y especies pesqueras y acuícolas en todo el territorio nacional, y 2) las específicas, que ejecutará en las aguas marinas, es decir, en los sistemas lagunarios y estuarinos, en el mar territorial y en la zona económica exclusiva.

Dentro de la primera clasificación se hallan las atribuciones de política, regulatorias, de apoyo y fomento a la pesca y la acuacultura, de representación nacional y las de inspección y vigilancia en materia federal. Tal es el caso de la formulación y conducción de la política nacional pesquera y acuícola; la expedición de normas oficiales mexicanas a que se sujetarán todas las actividades de pesca y acuacultura; la promoción y apoyo a la investigación científica y tecnológica; la representación de la nación mexicana en el aprovechamiento y expedición de permisos en aguas internacionales y en aguas de otros países, cuando la pesca se realice con embarcaciones de bandera mexicana y la formulación y ejercicio de la política federal de inspección y vigilancia, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas que celebren convenios para tal fin.

Además, se transfiere la administración de los recursos pesqueros y acuícolas a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal que se localicen en las aguas continentales de propiedad nacional a que se refiere el párrafo quinto del Artículo 27 constitucional, con excepción de aquellas que sirvan de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra, o cruce la línea divisoria de la República Mexicana, en cuyo caso podrán ser materia de convenios de coordinación entre el Ejecutivo Federal y los gobiernos locales.

Por su parte, los gobiernos de las Entidades Federativas tendrán atribuciones de administración pesquera y acuícola específicas, las cuales ejercerán dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales y conforme a lo que dispongan la Ley General y las leyes locales que se desarrollen con base en lo que establezca la primera.

En cuanto a las atribuciones de administración específicas, los gobiernos de las entidades federativas llevarán a cabo las siguientes atribuciones: conservar, regular y administrar todas las actividades y especies acuícolas y pesqueras; expedir autorizaciones conforme a lo que establezcan sus respectivas leyes locales; ordenarán, fomentarán y promoverán el desarrollo de la pesca y la acuacultura en la entidad; determinarán zonas de captura, cultivo y recolección; establecerán viveros, criaderos, reservas de especies acuáticas y épocas y zonas de veda; asesorarán a pescadores y acuacultores y participarán con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal, en la elaboración de normas oficiales mexicanas y planes de manejo relativos al aprovechamiento integral y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas.

De esta manera se avanza significativamente en el propósito fundamental de la ley: impulsar un verdadero crecimiento y desarrollo de las actividades acuícolas y pesqueras, como actividades productivas que son, partiendo de la base de la descentralización de funciones federales para beneficiar a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a la sociedad en general. Así se pretende dar forma, respecto de las actividades en cuestión, a la nueva visión del federalismo mexicano.

Otro de los atributos más importantes de esta Iniciativa, es la determinación de las facultades que corresponden a las dependencias del Ejecutivo Federal, en materia de pesca y acuacultura.

Las Secretarías competentes en estas materias son: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Partiendo de la base de que cada una de estas dependencias cuenta con un marco jurídico que determina sus atribuciones de manera general -en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal- y de forma específica -en las distintas leyes administrativas que rigen su actuación-, en la Iniciativa se plasman las atribuciones de cada Secretaría, que se relacionan con la pesca y la acuacultura.

La dependencia rectora en las materias de pesca y acuacultura, desde el aspecto productivo-sustentable, es la Sagarpa, la cual cuenta actualmente con facultades directas en dichas materias, tanto de fomento, regulación, administración y control de las actividades y especies acuícolas y pesqueras, mismas que ejerce a través de uno de sus órganos desconcentrados, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), con excepción de las relativas a sanidad acuícola, inocuidad y calidad de productos acuícolas y pesqueros, que corresponden al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

En materia de fortalecimiento de las labores de inspección y vigilancia, resulta relevante incorporar con claridad a la Semar, por su reconocida trayectoria como garante de la soberanía marítima del país y por su especial infraestructura para realizar la inspección y vigilancia en las zonas marítimas mexicanas. En este sentido, se establecen atribuciones a dicha autoridad para que, en coordinación con la Conapesca, pueda realizar vigilancia e inspecciones para velar por el cumplimiento de la ley -en materia de pesca- y sus disposiciones reglamentarias y administrativas, en las aguas estuarinas, el mar territorial y la zona económica exclusiva.

El fortalecimiento jurídico, administrativo y presupuestal de las instituciones ha resultado una medida eficiente para impulsar cambios significativos en la forma de administrar recursos y de fomentar y controlar actividades. Por esta razón, se propone la creación de la Conapesca como organismo descentralizado de la Sagarpa en las materias de pesca y acuacultura. Esta situación se refleja en la Iniciativa, estableciéndose que la Sagarpa ejercerá sus atribuciones de regulación, administración, control y fomento de las actividades pesqueras y acuícolas, a través de la Conapesca.

La estructura orgánica básica de la Conapesca se determina en la Iniciativa, para un mejor funcionamiento operativo y posterior asignación presupuestal. Otra parte fundamental en la nueva estructura de la Conapesca, es la participación de las dependencias públicas y los sectores productivos vinculados a la pesca y la acuacultura. Para darles cabida y garantizar su participación efectiva, se establecen los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura, los cuales se crearán a partir de la participación de los representantes de los sectores productivos organizados.

El documento que deberá reflejar el trabajo sólido y con fines de sustentabilidad de las actividades acuícolas y pesqueras, será la Carta Nacional Pesquera y de Acuacultura y la cual, a diferencia de la actual Carta Nacional Pesquera, contendrá lineamientos específicos para la acuacultura en todas sus modalidades, en un afán sólido y congruente de impulsar de manera importante esta actividad. La Carta tiene dos finalidades importantes:

En la Iniciativa se precisan los supuestos de actividades que requieren concesión o permiso; las reglas generales -a desarrollar reglamentariamente o a través de disposiciones administrativas- a las que deberán sujetarse los interesados para obtener unas u otros; criterios para determinar la procedencia de otorgar concesión o permiso en el caso de la pesca comercial y la vigencia de los mismos.

En la Iniciativa, la acuacultura tiene un capítulo específico. Esto obedece al impulso e importancia que se le debe brindar para su mejor desarrollo y crecimiento productivo, como actividad sustentable. De esta forma, se define dicha actividad y se establecen disposiciones generales aplicables a cada una de sus modalidades: comercial, de fomento, didáctica, introducción de especies vivas en aguas de jurisdicción federal y recolección de reproductores, larvas, postlarvas, crías, huevos, semillas o alevines.

Se establece la prohibición de operar barcos-fábrica o plantas flotantes. En virtud de que, por sus dimensiones y actividad de producción y procesamiento de productos pesqueros, resultan potencialmente depredadores de los recursos pesqueros.

En la Iniciativa se incluye una sección específica para la pesca deportivo-recreativa, en la que se establecen disposiciones generales respecto de los siguientes aspectos:

La pesca de auto consumo es una actividad de subsistencia alimenticia de muchas familias que se encuentran en las costas mexicanas o en los cuerpos de agua dulce interiores; sin embargo, requiere regularse de una forma moderada, para que dicha actividad también sea compatible con el ambiente y los ecosistemas en los que se encuentran los recursos aprovechables.

Así, este tipo de pesca no está sujeta a permiso ni a trámite alguno para realizarse lícitamente, pero se sujeta a la observancia y respeto de las normas oficiales mexicanas relativas a dicha actividad y de las vedas que determine la autoridad pesquera en disposiciones administrativas.

En la Iniciativa se plasma lo relativo a la legal procedencia de los productos acuícolas y pesqueros, que se acreditará, por lo que hace a la acuacultura, mediante los avisos de arribo, cosecha, producción y recolección, y en cuanto a la pesca, a través de la guía de pesca.

En la Iniciativa se define a la sanidad acuícola como el conjunto de prácticas y medidas establecidas en normas oficiales mexicanas, encaminadas a la prevención, diagnóstico y control de las plagas y enfermedades que afectan a las especies acuícolas. La autoridad competente será el Senasica, órgano desconcentrado de la Sagarpa.

En los términos que se proponen en la Iniciativa, la acreditación de la sanidad acuícola está supeditada a la obtención de un certificado de sanidad acuícola, que otorgará directamente el Senasica o bien laboratorios acreditados y aprobados en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y de la propia Iniciativa de Ley General, siempre que los interesados cumplan las condiciones que establezca esa misma autoridad administrativa en normas oficiales mexicanas.

Especial atención merece lo que en la Iniciativa se propone, en el sentido de que el Senasica podrá prohibir, en cualquier momento, la importación de especies acuáticas por razones sanitarias y de protección de la salud pública, para lo cual dicha autoridad deberá fundar y motivar su resolución basándose, entre otros aspectos, en elementos e información científica y técnica, considerando los compromisos establecidos en tratados y acuerdos internacionales sanitarios y comerciales de los que México sea parte. De esta forma, nuestro país podrá contar con los instrumentos y elementos necesarios para impedir la entrada de productos provenientes de otros países, que estén contaminados, y que puedan ser perjudiciales para la salud y el bienestar de la población.

Se establecen disposiciones para regular de mejor forma la actuación de la Conapesca en materia de inspección y vigilancia, partiendo de las bases fundamentales establecidas en el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de los actos de molestia que representan las visitas domiciliarias. Con ello se pretende, por un lado, garantizar el respeto a las garantías individuales de los gobernados inspeccionados, y por otro lado, fortalecer las capacidades institucionales y los actos que se emitan derivados de acciones de inspección y vigilancia.

Por último, para que los productos o bienes que se decomisen tengan un destino aprovechable, se establece en la Iniciativa que dichos productos o bienes puedan enajenarse conforme a las siguientes alternativas: remate en pública subasta; venta directa de productos pesqueros; donación a establecimientos de asistencia social o de rehabilitación, tratándose de productos de la pesca deportivo-recreativa o productos capturados en época de veda o en tallas menores a las autorizadas y destrucción de productos contaminados o en estado de descomposición. Los procedimientos de enajenación propuestos serán desarrollados en el reglamento respectivo, y la Conapesca se coordinará con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, debiéndose observar lo dispuesto en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Es conforme a todo lo expuesto que, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la aprobación de esa Representación Nacional la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se expide la:

Iniciativa de Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Título Primero
Disposiciones Generales

Capítulo I
Objeto y Finalidades

Artículo 1°.- La presente ley es reglamentaria de las disposiciones del artículo 73, fracción XXIX-L de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto garantizar el desarrollo sustentable e integral de la pesca y la acuacultura a través de la conservación, la preservación, el aprovechamiento, el repoblamiento, el cultivo, la transformación, la distribución y la comercialización de los recursos pesqueros y acuícolas, así como su adecuado fomento y administración , y establecer la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios en estas materias.

Artículo 2°.- Para cumplir su objeto, esta ley tiene como finalidades:

Capítulo II
Principios en Materia de Pesca y Acuacultura

Artículo 6°.- Para la formulación y conducción de la política nacional, los programas y la regulación en materia de pesca y acuacultura que deriven de esta ley, se deberán observar los siguientes principios:

Artículo 8°.- Para la ordenación y administración de pesquerías y cultivos, la autoridad competente en materia de pesca y acuacultura en los términos de esta ley, deberá expedir planes de manejo, atendiendo la situación particular de conservación, protección, aprovechamiento o repoblación que requieren los cultivos y las pesquerías. Los planes de manejo tendrán carácter nacional o regional y seguirán las siguientes orientaciones:

Título Segundo
Competencias y Coordinación en Materia de Pesca y Acuacultura

Capítulo I
De la Distribución de Competencias

Artículo 9º.- Corresponde a la Sagarpa el ejercicio de las siguientes facultades

I. Ejercer la vigilancia y realizar las inspecciones que se requieran en las aguas estuarinas, aguas interiores lacustres en sus partes navegables, mar territorial y la zona económica exclusiva, en coordinación con la Conapesca, para constatar el cumplimiento de las disposiciones en materia de pesca. En el caso de aguas interiores se realizará con base en convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales. En situación de emergencia, previa solicitud de los propios gobiernos.

Capítulo II
De la Coordinación

Artículo 15. Para la consecución de los objetivos de la política nacional de pesca y acuacultura, la Conapesca podrá celebrar convenios o acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con el objeto de que éstos, con la participación, en su caso, de sus municipios, asuman en el ámbito de su jurisdicción las siguientes funciones:

Las contribuciones que por el aprovechamiento de los recursos pesqueros se generen, así como los que se obtengan por el otorgamiento de concesiones o permisos y por cualquier otro concepto relacionado con esta actividad y cuya administración se efectúe por los gobiernos locales, ingresaran a sus haciendas públicas, con base en lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal y deberán aplicarse en programas relacionados con el sector pesquero.

En los convenios de coordinación que suscriban el Ejecutivo Federal, a través de la Conapesca, con los gobiernos de las entidades federativas, se establecerán las bases y modalidades para el ejercicio coordinado de atribuciones en las materias de fomento, investigación, capacitación, asistencia técnica, inspección y vigilancia y rehabilitación de los sistemas lagunarios costeros.

Capítulo III
De la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura

Artículo 16. La Conapesca es un organismo público descentralizado de la Sagarpa, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto será coordinar y ejecutar la política nacional de pesca y acuacultura. Su sede será la ciudad que determine el Titular de la Sagarpa.

Para cumplir con su objeto la Conapesca tendrá las siguientes atribuciones:

La Conapesca tendrá como órgano de gobierno a una Junta de Gobierno, que será la máxima autoridad del organismo y estará integrada por el titular de la Sagarpa; un representante de las siguientes Secretarías: de Hacienda y Crédito Público; de Marina, de Educación Pública, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Formaran parte de la Junta de Gobierno dos representantes del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura. El Presidente será suplido en sus ausencias por el Vicepresidente de la Junta de Gobierno.

La Junta de Gobierno tendrá las atribuciones que establecen la Ley Federal de las entidades paraestatales y las que se señalen en su Estatuto Orgánico.

Artículo 18. El director general de la Conapesca será designado por el Presidente de la República, a propuesta del titular de la Sagarpa por el órgano de gobierno.

El nombramiento del Director General de la Conapesca debe recaer en la persona que reúna los requisitos siguientes:

El Director General será el representante legal del organismo con todas las facultades de un apoderado general, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y estará facultado para otorgar poderes generales y especiales en términos de las disposiciones legales aplicables.

Artículo 20. La Conapesca contará con un Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura que será un órgano intersectorial de coordinación, consulta y concertación, presidido por el titular de la Sagarpa, que tendrá como objeto proponer las políticas, programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas, así como a incrementar la competitividad de los sectores productivos.

El Consejo estará conformado por representantes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relacionadas con las atribuciones de la Conapesca, representantes de las organizaciones sociales y de productores de los sectores pesquero y acuícola, así como a titulares de las dependencias competentes en estas materias de los gobiernos de las entidades federativas del país.

La Conapesca convocará a la integración de Consejos estatales de pesca y acuacultura en las entidades federativas del país.

Artículo 21. El patrimonio de la Conapesca se integrará por:

El Órgano de Vigilancia tendrá a su cargo las atribuciones que le confieren la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones aplicables.

Título Tercero
De la Investigación y Capacitación Pesquera y Acuícola

Capítulo I
De la Investigación Científica y Tecnológica

Artículo 23. La investigación científica y tecnológica en pesca y acuacultura, así como la capacitación en estas materias, tendrán como propósitos esenciales:

Capítulo II
Del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura

Artículo 24. Se crea el Inapesca como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El Inapesca será la entidad coordinadora y de orientación de la investigación científica y tecnológica en ciencias pesqueras y de acuacultura.

Para el cumplimiento de su objetivo el Inapesca contará con las atribuciones siguientes y las que se estipulen en su estatuto orgánico:

Artículo 25. El Inapesca será dirigido y administrado por un órgano de Gobierno y un Director General.

El Inapesca tendrá como órgano de gobierno a una Junta de Gobierno, que será la máxima autoridad del organismo y estará integrada por un Presidente que será el Titular de la Sagarpa; un Vicepresidente que será el Titular de la Conapesca; así como por un representante de las siguientes Secretarías: de Hacienda y Crédito Público, de Marina, de Educación Pública, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Formaran parte de la Junta de Gobierno dos representantes del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura. El Presidente será suplido en sus ausencias por el Vicepresidente de la Junta de Gobierno.

La Junta de Gobierno, a propuesta del Director General del Inapesca, podrá invitar como miembros de la propia Junta, a dos personas ajenas al Instituto con méritos, prestigio profesional y experiencia relacionada con las actividades sustantivas del Organismo. Estos durarán en su encargo dos años y podrán ser ratificados por una sola ocasión.

La Junta de Gobierno tendrá las atribuciones que establecen, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y las establecidas en su Estatuto Orgánico.

Artículo 26. El Director General del Inapesca será designado por el Presidente de la República, a propuesta del titular de la Sagarpa por el órgano de gobierno.

El nombramiento del Director General del Inapesca debe recaer en la persona que reúna los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano;

Artículo 27. El Director General del Inapesca tendrá, además de las facultades señaladas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las que le señale el Estatuto Orgánico.

El Director General será el representante legal del organismo con todas las facultades de un apoderado general, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y estará facultado para otorgar poderes generales y especiales en términos de las disposiciones legales aplicables.

Artículo 28. El patrimonio del Inapesca se integrará por:

El comité asesor técnico-científico se integrará, organizará y funcionará en los términos que señale el estatuto orgánico.

Artículo 30. El Órgano de Vigilancia del Inapesca estará integrado por un Comisario Público propietario y un suplente, designados por la Secretaria de la Función Pública, quienes asistirán con voz pero sin voto a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno.

El Órgano de Vigilancia tendrá a su cargo las atribuciones que le confieren la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones aplicables.

Capítulo III
De la Carta Nacional Pesquera y Acuícola

Artículo 31. La Carta Nacional Pesquera y de Acuacultura es la presentación cartográfica y escrita de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas, en aguas de jurisdicción federal. Su contenido tendrá carácter informativo para los sectores productivos y será vinculante para la Conapesca en la toma de decisiones de la autoridad pesquera en la adopción e implementación de instrumentos y medidas para el control del esfuerzo pesquero, en la resolución de solicitudes de concesiones y permisos para la realización de actividades pesqueras y acuícolas y en la implementación y ejecución de acciones y medidas relacionadas con dichos actos administrativos. Así como en la implementación y ejecución de acciones tendientes a la recuperación de alguna especie o ecosistema.

Artículo 32. La Carta Nacional Pesquera y Acuícola, contendrá:

Artículo 33. La Semarnat sancionará el proyecto de Carta Nacional Pesquera y Acuícola. Para tales efectos, dicha Secretaría contará con un plazo de treinta días contados a partir de que reciba el proyecto, enviado por el Inapesca, pudiendo emitir, en su caso, las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes, las cuales serán tomadas en cuenta por el Inapesca en la formulación del documento definitivo.

Si en el plazo señalado la Semarnat no realiza observaciones o recomendaciones al proyecto de Carta Nacional Pesquera y Acuícola o a sus actualizaciones, se entenderá que no existe objeción de su parte al contenido de dicho proyecto, y el Inapesca lo turnará a la Conapesca para su expedición.

Título Cuarto

Capítulo I
Instrumentos de la Política Pesquera y de Acuacultura

Artículo 34. Para los fines y objetivos de la presente ley, se entenderá como ordenamiento pesquero y acuícola, al instrumento cuyo objeto es regular e inducir el uso de la franja marina sujeta a aprovechamiento pesquero y acuícola, con el fin de lograr el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, basados en información histórica de niveles de extracción, vocación, usos y potencialidades de desarrollo de actividades.

Los programas de ordenamiento pesquero y acuícola deberán contener, al menos:

Artículo 37. El plan de manejo pesquero deberá incluir, al menos, la información siguiente:

Artículo 39. El plan de manejo de acuacultura deberá incluir, al menos, la información siguiente:

Basados en la capacidad de carga de los ecosistemas costeros, las condiciones socioeconómicas y los valores culturales aportados por la pesca artesanal en la región, las zonas de pesca artesanal, tendrán como objetivos:

Título Quinto
De las Concesiones y Permisos

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 41. Requieren concesión las siguientes actividades:

Para el otorgamiento de concesiones y permisos, la Conapesca basará sus decisiones en criterios de equidad social y productividad. Asimismo, se otorgarán preferentemente a los habitantes de las comunidades locales que utilicen artes de pesca menos impactantes con el medio ambiente.

Artículo 44. Cuando más de un particular solicite la concesión de un recurso pesquero por área, especie o grupo de especies para la acuacultura o la pesca comerciales, la Conapesca fundamentará la decisión conforme al procedimiento siguiente:

Para la pesca comercial el particular deberá entregar un informe al Inapesca cada siete años y con base en el dictamen emitido por el instituto se podrá prorrogar la concesión.

Para la acuacultura comercial el particular deberá entregar un informe al Inapesca, al menos, cada diez años y con base en el dictamen emitido por el instituto se podrá prorrogar la concesión.

Artículo 46. Los permisos tendrán la duración que determine el reglamento de esta ley, deberán estar acordes a los planes de manejo pesquero y de acuacultura sancionados; podrán ser prorrogados en los casos y condiciones que se establezcan en el reglamento de la presente ley y no podrán ser transferidos a terceros.

Artículo 47. Las concesiones no podrán ser transferidas a terceros.

Artículo 48. Las concesiones o permisos que expida la Conapesca se otorgarán por embarcación o unidad de esfuerzo pesquero, según se defina para cada especie, grupo de especies o zonas, en el reglamento de la presente ley y en las normas oficiales que deriven de la misma.

El concesionario o permisionario deberá tener siempre a bordo el documento que demuestre que la embarcación está autorizada para operar, la cual deberá tener matrícula y bandera mexicanas y/o estar registrada en el Registro Público Marítimo Nacional, en los términos de la Ley de Navegación.

Las embarcaciones pesqueras que establezca el reglamento de la presente ley deberán llevar un libro de registro que se denominará bitácora de pesca, que contendrá la información que se determine en el propio reglamento. Las demás obligaciones y derechos de los concesionarios y permisionarios, se fijarán tanto en las disposiciones reglamentarias que deriven de esta ley como en el título de concesión o permiso correspondiente.

Artículo 49. La captura incidental no podrá exceder del volumen que la Conapesca determine para cada pesquería, según las zonas, épocas y artes de pesca que correspondan. Los excedentes de los volúmenes de captura incidental que determine dicha autoridad en disposiciones reglamentarias, serán considerados como pesca realizada sin concesión o permiso.

La comercialización de la pesca incidental se sujetará a las normas oficiales que al efecto expida la Conapesca, salvo lo previsto en esta ley para la pesca deportivo-recreativa.

Artículo 50. El otorgamiento y la prórroga de una concesión o permiso quedarán sujetos a las modalidades que dicte el interés público, condicionado siempre a la disponibilidad y conservación del recurso de que se trate.

No se otorgará permiso o concesión para una pesquería ubicada bajo el estatus de sobreexplotación.

En el caso de pesquerías bajo estatus de recuperación, el Inapesca emitirá un dictamen técnico científico vinculante para sustentar los niveles de captura permisibles.

Artículo 51. La Conapesca, aplicando criterios de sustentabilidad, regulará el crecimiento ordenado de la acuacultura, atendiendo principalmente a las áreas o zonas con potencial para desarrollar esta actividad, mediante la expedición de concesiones y permisos por especie o grupos de especies. Tratándose del cultivo de especies genéticamente modificadas, se estará a lo dispuesto en la ley de la materia.

Las personas que realicen actividades de acuacultura, deberán presentar a la Conapesca los avisos de cosecha, producción y recolección, en la forma y términos que determine el reglamento de esta ley.

Artículo 52. La Conapesca podrá enviar opinión fundada a la Comisión Nacional del Agua para que en el otorgamiento de concesiones sobre aguas de jurisdicción federal, para construir, operar y explotar unidades de producción acuícola, se adjudiquen directamente a los propietarios de los terrenos que colinden con dichos cuerpos de agua, conforme a los procedimientos correspondientes.

Capítulo II
De la Pesca

Artículo 53. Se prohíbe la operación de barcos-fábrica y de plantas flotantes.

Artículo 54. El establecimiento y operación de artes de pesca fijas o cimentadas en aguas de jurisdicción federal, que no sean consideradas zonas de pesca artesanal en los términos de la presente ley, así como su cambio de localización o dimensiones, sólo podrá realizarse si se cuenta previamente con permiso de la Conapesca, sujetándose a las disposiciones en materia de impacto ambiental contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y aquellas que sean de la competencia de otras autoridades. Su temporalidad no podrá exceder a la señalada en el permiso correspondiente y el interesado deberá cumplir con los requisitos que establezcan el reglamento de esta ley y las normas oficiales.

Artículo 55. La Sagarpa, de conformidad con el interés público y de acuerdo con los tratados y acuerdos internacionales de los que México sea parte, determinará y en su caso, declarará si existen excedentes por especie; en tal circunstancia permitirá, con carácter de excepción, que embarcaciones extranjeras participen de dichos excedentes, en la zona económica exclusiva y mediante el cumplimiento de los requisitos y condiciones que para cada caso establezca la propia dependencia. En todo caso, se estará siempre a la más rigurosa reciprocidad.

La declaración de excedentes a que se refiere el párrafo anterior, se establecerá exclusivamente mediante Acuerdo del titular de la Conapesca, basado en un dictamen elaborado por el Inapesca y la opinión del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, el cual se publicará en el Diario Oficial de la Federación. Los permisos respectivos los expedirá la Conapesca, serán intransferibles y se sujetarán a la suscripción de convenios con los Estados que lo soliciten y, en el caso de personas físicas y morales de nacionalidad extranjera, previa solicitud y cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento de esta ley.

Los permisos se expedirán por embarcación, por temporada de pesca o por el tiempo que determine la Conapesca, que consignará en cada uno de ellos la vigencia, zona de captura, artes y equipos de pesca, recurso o recursos pesqueros permitidos y las condiciones de operación.

Las embarcaciones de bandera extranjera que participen de dichos excedentes, en la zona económica exclusiva deberán comprobar que la fabricación de su quilla se realizó en astilleros mexicanos.

Artículo 56. Los interesados en obtener permiso para pescar en alta mar o en aguas de jurisdicción extranjera, así como los interesados en descargar en puertos extranjeros, con embarcaciones de matrícula y bandera mexicanas, deberán cumplir para ello los requisitos que establezcan el reglamento de esta ley y los tratados o acuerdos internacionales de los que México sea parte, así como con los requisitos y permisos que para este efecto los países les requieran. Los permisos respectivos los expedirá la Conapesca únicamente a personas de nacionalidad mexicana.

Las cuotas que otorguen al país los gobiernos extranjeros, para el aprovechamiento o explotación de sus recursos pesqueros, serán administradas por la Conapesca.

En caso de que los propios gobiernos permitan a los particulares adquirir directamente licencias, permisos o sus equivalentes para pesca comercial, sus titulares, a solicitud de la Conapesca, comprobarán que las capturas realizadas se efectuaron al amparo de dichas licencias, permisos o equivalentes.

Los permisionarios a pescar en alta mar o en aguas de jurisdicción extranjera, con embarcaciones de matrícula y bandera mexicanas, están obligados a presentar el aviso de arribo, en los términos que establezca el reglamento de esta ley.

Artículo 57. La Conapesca podrá otorgar permisos para realizar la pesca de fomento a las personas que acrediten capacidad técnica y científica para tal fin, en los términos de la presente ley, de su reglamento y de las normas oficiales que al efecto se expidan.

La Conapesca podrá permitir la pesca de fomento, en el caso de científicos, técnicos e instituciones de investigación científica extranjeros, para lo cual hará del conocimiento de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Marina, las peticiones que reciba de extranjeros o de organismos internacionales, sin perjuicio de los demás requisitos que deban cumplirse en términos de la legislación aplicable.

No se otorgarán permisos de pesca de fomento para aquellas pesquerías que se encuentren bajo estatus de sobreexplotación.

Artículo 58. Las instituciones de enseñanza que desarrollen programas educativos de pesca deberán informar a la Conapesca, acerca del volumen y especies obtenidas, dentro del plazo que se determine en el permiso.

La captura producto de las actividades realizadas al amparo de estos permisos podrá comercializarse, siempre que el producto de su venta se aplique exclusivamente al desarrollo de las labores propias de la institución, en los términos que establezca el reglamento.

Artículo 59. Los permisos para la pesca deportivo-recreativa se expedirán a personas físicas nacionales o extranjeras y serán individuales, improrrogables e intransferibles. Requerirá permiso para efectuar este tipo de pesca la persona que la realice por sí y los prestadores de servicios a terceros para llevar a cabo dicha actividad.

Lo anterior es aplicable, sin perjuicio del pago de derechos que deba efectuarse por la utilización de embarcaciones en las que se realicen actividades de pesca deportivo-recreativa, de conformidad con lo dispuesto en la ley de la materia.

Artículo 60. Las especies denominadas marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial, salvo excepciones que la Conapesca determine, con base en un dictamen técnico emitido por el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura.

No podrán realizarse actividades de pesca distintas a las de investigación, sobre las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa en las áreas de reproducción que establezca la Conapesca mediante disposiciones reglamentarias.

Artículo 61. Las personas que practiquen la pesca deportivo-recreativa desde tierra no requerirán permiso, pero deberán utilizar las artes que autorice la Conapesca mediante disposiciones reglamentarias y respetar las tallas mínimas y límites de captura que determine dicha autoridad en las mismas disposiciones.

Artículo 62. La Conapesca, con base en el dictamen emitido por el Inapesca, establecerá las épocas, zonas y tallas mínimas de pesca, el número máximo de ejemplares susceptibles de captura por pescador y por día, así como las características particulares de las artes y métodos de pesca permitidos, en las disposiciones reglamentarias que deriven de esta ley. Lo anterior considerando, entre otros aspectos, las condiciones del recurso de que se trate y las características del lugar donde se pretenda desarrollar dicha actividad.

Artículo 63. Los prestadores de servicios o los titulares de los permisos de la pesca deportivo-recreativa, deberán entregar a la Conapesca la bitácora de pesca correspondiente, en los términos del reglamento de la presente ley.

Artículo 64. La pesca de auto consumo que efectúen los residentes en las riberas y en las costas no requiere concesión o permiso y será considerando las épocas, zonas y tallas mínimas de pesca, el número máximo de ejemplares susceptibles de captura por pescador, pero el interesado deberá observar y respetar las vedas y las normas oficiales que se expidan.

La pesca de autoconsumo sólo podrá efectuarse con artes y métodos de pesca permitidos y altamente selectivos. En los casos que se requiera, la Conapesca podrá proponer, en normas oficiales, las artes de pesca de consumo doméstico y sus especificaciones técnicas, considerando entre otros aspectos, las condiciones biológicas, tecnológicas y ambientales.

En las zonas donde exista concesión para la pesca o acuacultura comercial la autoridad deberá garantizar la coexistencia con la pesca de consumo doméstico, mediante el consenso entre los titulares de las concesiones y los habitantes locales, en la determinación de zonas susceptibles de extracción.

Capítulo III
De la Acuacultura

Artículo 65. La Conapesca promoverá la acuacultura de fomento y podrá permitirla a científicos, técnicos e instituciones de investigación científica y docencia.

La Conapesca podrá otorgar permiso de acuacultura de fomento a personas cuya actividad u objeto social sea la pesca o el cultivo, comercialización o transformación de productos acuícolas, debiendo cumplir con los mismos requisitos que se establecen para las instituciones de investigación. El permiso podrá comprender la comercialización de las cosechas que se obtengan, con los límites y condiciones que se establezcan en el reglamento de esta ley y en el propio permiso.

Artículo 66. Las personas físicas o morales que desarrollen programas de enseñanza en materia acuícola al amparo de un permiso, podrán comercializar la producción obtenida del programa de cultivo, siempre que el producto de su venta se aplique al desarrollo de las labores que efectúen.

Artículo 67. Respecto de la introducción de especies vivas en el cuerpo de agua de jurisdicción federal receptor, el Inapesca emitirá un dictamen que será vinculante para la Conapesca y de acuerdo a los resultados del periodo de cuarentena previo, resolverá sobre la procedencia de la misma, observando lo que dispongan las disposiciones reglamentarias que deriven de esta ley.

Será requisito para obtener el permiso de introducción de especies vivas en cuerpos de agua de jurisdicción federal, que el solicitante cuente con el certificado de sanidad acuícola que otorgue el Senasica, en los términos de esta ley. El interesado podrá iniciar el trámite para obtener dicho permiso ante la Conapesca, pero no le será otorgado hasta que acredite en el expediente respectivo haber obtenido el certificado del Senasica.

Artículo 68. La Conapesca podrá otorgar permisos para recolectar del medio natural reproductores, larvas, poslarvas, crías, huevos, semillas, alevines o en cualquier otro estadio, para destinarlas al abasto de las actividades acuícolas exclusivamente a:

Para otorgar los permisos para la recolección de especies en cualquier estadio, la Conapesca considerará el dictamen del Inapesca, en el que se determinará el número de ejemplares, zonas y épocas para su recolección. No se otorgará permiso cuando se determine que se pone en riesgo la conservación de la especie de que se trate.

Los permisionarios deberán presentar a la Conapesca el aviso de recolección correspondiente, con la información y requisitos que se establezcan en el reglamento.

Las personas que colecten en cualquiera de las fases de desarrollo organismos acuáticos vivos provenientes de poblaciones naturales con fines de acuacultura, deberán observar los lineamientos que en materia de recolección, aclimatación, manejo, transporte y siembra de los mismos se establezcan en normas oficiales.

Capítulo IV
De los Permisos para Descargar en Puertos Extranjeros y Transbordar Especies Capturadas por Embarcaciones Pesqueras de Bandera Mexicana

Artículo 70. El permiso para descargar en puertos extranjeros o transbordar especies capturadas por embarcaciones pesqueras de bandera mexicana, será otorgado por la Conapesca, siempre y cuando los interesados proporcionen, adjunto a la solicitud del permiso, la información que se determine en el reglamento de esta ley.

Salvo en los casos de emergencia, contingencias climáticas y averías en las embarcaciones.

Artículo 71. Se requiere permiso para la descarga en puertos mexicanos, que realicen embarcaciones pesqueras de bandera extranjera, de productos pesqueros vivos, frescos, enhielados o congelados provenientes de la pesca comercial. Para ello los interesados deberán adjuntar a su solicitud el título correspondiente al amparo del cual se realizó la actividad pesquera, expedido por la autoridad competente del país de origen, y cumplir con los demás requisitos que se establezcan en el reglamento de esta ley.

Capítulo V
De la Legal Procedencia

Artículo 72. La legal procedencia de los productos pesqueros y acuícolas, se acreditará con los avisos de arribo, de cosecha, de producción, de recolección, permiso de importación y con la guía de pesca, según corresponda, en los términos y con los requisitos que establezca esta ley y su reglamento. Para las especies obtenidas al amparo de permisos de pesca deportivo-recreativa, la legal procedencia se comprobará con el permiso respectivo.

Para la comercialización de los productos de la pesca y de la acuacultura, los comprobantes fiscales que emitan deberán incluir el número de permiso, autorización o concesión respectiva.

Artículo 73. El traslado por vía terrestre, marítima o aérea de productos pesqueros vivos, frescos, enhielados o congelados provenientes de la acuacultura o la pesca deberá realizarse al amparo de la guía de pesca, de conformidad con el formato que expida la Conapesca. Se exceptúan de esta obligación las personas que hayan obtenido especies al amparo de permisos de pesca deportivo-recreativa, cuyo traslado se amparará con el propio permiso y el que traslade productos cuyo destino sea el auto consumo directo del que los transporta.

Artículo 74. El trámite, los requisitos y la vigencia de los documentos para acreditar la legal procedencia de los productos pesqueros y acuícolas, se establecerán en el reglamento de esta ley.

La Conapesca podrá coordinarse con el Senasica, para la inspección y vigilancia en el traslado de productos pesqueros vivos, frescos, enhielados o congelados provenientes de la pesca o la acuacultura, que se realice por vía terrestre, marítima o aérea en cualquier parte del territorio nacional.

Capítulo VI
De la Extinción de las Concesiones y Permisos

Artículo 75.- Son causas de extinción de las concesiones y permisos: la caducidad, la revocación, la nulidad, la terminación del plazo y la declaratoria de rescate por causa de utilidad o interés público.

Artículo 76.- Son causas de caducidad:

Artículo 77.- La Conapesca procederá a la revocación de la concesión o permiso, cuando sus titulares:

Artículo 79.- Las concesiones o permisos a que se refiere esta ley, se extinguen por terminación del plazo para el que se hayan otorgado, sin necesidad de declaración expresa de la Conapesca al respecto.

Artículo 80.- Las concesiones para la pesca y la acuacultura comerciales, podrán rescatarse por causa de interés público. Son causas de rescate por interés público, cuando:

Título Sexto
De la Sanidad, Inocuidad y Calidad

Capítulo I
De la Sanidad de Especies Acuícolas

Artículo 81.- La sanidad de especies acuícolas es el conjunto de prácticas y medidas establecidas en normas oficiales, encaminados a la prevención, diagnóstico y control de las plagas y enfermedades que afectan a dichas especies. La Sagarpa ejercerá sus atribuciones y facultades en esta materia a través del Senasica, de conformidad con esta ley, sus disposiciones reglamentarias, las normas oficiales que de ella deriven y los demás ordenamientos que resulten aplicables.

Artículo 82.- Requerirán de certificado de sanidad acuícola, de manera previa a su realización, las siguientes actividades:

Artículo 83.- También requerirán certificado de sanidad acuícola:

Artículo 84.- Los certificados de sanidad acuícola podrán ser expedidos directamente por el Senasica o a través de laboratorios acreditados y aprobados en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y del reglamento de esta ley.

Los Comités de Sanidad acuícola serán órganos auxiliares para que el Senasica lleve a cabo la prevención, diagnóstico y control de enfermedades. La organización y funcionamiento de dichos Comités se determinará en el reglamento que al efecto se expida.

Los demás requisitos y previsiones para obtener el certificado de sanidad correspondiente se establecerán en las disposiciones reglamentarias y en las normas oficiales que deriven de esta ley. El Senasica expedirá el certificado, siempre que el interesado cumpla con dichos requisitos y previsiones.

En las concesiones para acuacultura comercial se establecerán las condiciones sanitarias que requiera la introducción de reproductores a instalaciones dedicadas a la producción de las primeras fases de desarrollo de cualquier organismo acuático.

Capítulo II
De las Medidas Sanitarias

Artículo 85.- Las medidas sanitarias tienen por objeto prevenir, controlar, combatir y erradicar enfermedades y plagas de las especies acuáticas vivas, con la finalidad de proteger su salud y la del hombre. Las medidas sanitarias serán establecidas Senasica. Corresponde a la Sagarpa con la opinión del Senasica la emisión de normas oficiales relativas a esta materia y cuando la situación lo amerite, podrán ser emergentes. Las normas oficiales podrán comprender alguna o algunas de las siguientes medidas:

Artículo 87.- La aplicación de las normas oficiales y de inspección y vigilancia a que se refiere este capítulo, corresponderá exclusivamente al Senasica en los términos de esta ley. El cumplimiento de dichas normas podrá ser evaluado por organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorios de pruebas aprobados por el propio Senasica, de conformidad con lo dispuesto en la ley Federal sobre Metrología y Normalización y el reglamento de esta ley.

Artículo 88.- Por razones sanitarias y de protección de la salud pública, el Senasica podrá proponer a la Sagarpa la prohibición de la importación de especies acuáticas. Para estos efectos, dicha autoridad deberá fundar y motivar su resolución basándose, entre otras cosas, en elementos e información científica y técnica.

Capítulo III
De la Inocuidad y Calidad de los Productos Acuícolas y Pesqueros

Artículo 89.- La inocuidad y la calidad de productos acuícolas y pesqueros en estado natural a que se refiere este capítulo comprende los productos de la pesca y de la actividad acuícola, hasta antes de su transformación.

El Senasica podrá proponer a la Sagarpa la inclusión en las normas oficiales, las medidas de inocuidad de dichos productos, desde su producción primaria, sin incluir su procesamiento y hasta su cortado, refrigerado y congelado, sin perjuicio de las atribuciones que les correspondan a las autoridades competentes en materia de salubridad general.

La inocuidad de los productos a que se refiere este Artículo se acreditará a través de certificado que expida el Senasica, de conformidad con lo que se establezca en las normas de la materia.

Artículo 90.- Los estándares de calidad de los productos pesqueros y acuícolas en estado natural serán determinados por el Senasica mediante normas oficiales mexicanas a efecto de crear las condiciones necesarias para inducir el ordenamiento de los mercados pesqueros y acuícolas.

La calidad de los productos a que se refiere este Artículo se acreditará a través del certificado que bajo su responsabilidad expida el Senasica, conforme lo que se establezca en las normas oficiales mexicanas; los certificados tendrán las características, vigencia, requisitos y formalidades que establezcan las disposiciones reglamentarias, los acuerdos y tratados internacionales en la materia de los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte.

Título Séptimo
De la Información sobre Pesca y Acuacultura

Capítulo I
Del Sistema Nacional de Información de Pesca y Acuacultura

Artículo 91.- La Conapesca desarrollará el Sistema Nacional de Información de Pesca y acuacultura que tendrá por objeto organizar, actualizar y difundir la información sobre actividades pesqueras y acuícolas, particularmente las que se desarrollan en el país. El sistema se integrará con la información siguiente:

Capítulo II
Del Registro Nacional de Pesca y Acuacultura

Artículo 92.- El Registro, que estará a cargo de la Conapesca, tendrá carácter público y tiene por objeto la inscripción y actualización obligatorias de la siguiente información relativa a las actividades pesqueras y acuícolas:

Título Octavo
Inspección y Vigilancia

Artículo 93.- Para verificar y comprobar el cumplimiento de esta ley, sus disposiciones reglamentarias y las normas oficiales que de ella deriven, la Conapesca podrá realizar los actos de inspección y vigilancia que considere necesarios, por conducto de personal debidamente autorizado.

Se podrán realizar estas tareas en los siguientes sitios:

Artículo 94.- En las labores de inspección y vigilancia del cumplimiento de esta ley y de las disposiciones que de ella deriven, la Conapesca podrá utilizar todos aquellos instrumentos que aporten los descubrimientos y avances científicos y tecnológicos, siempre que su utilización no se encuentre restringida o prohibida por la ley.

En la inspección y vigilancia de actividades pesqueras que se realicen en sistemas lagunarios, estuarinos, mar territorial y la zona económica exclusiva, la Conapesca podrá utilizar sistemas de localización y monitoreo satelital. Para estos efectos, dicha autoridad determinará, mediante disposiciones reglamentarias o en las concesiones y permisos, las embarcaciones que requieran el equipo especializado de monitoreo, para la operación de dichos sistemas.

Los elementos que arrojen los instrumentos a que se refiere este Artículo se considerarán como medios de prueba, y tendrán el valor probatorio que se determine en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 95.- El personal de la Conapesca debidamente autorizado para la realización de los actos a que se refiere la presente ley, podrá llevar a cabo visitas de inspección para lo cual deberá contar con el documento oficial que los acredite o autorice a practicar la inspección o verificación, así como la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por la autoridad competente de la Conapesca, en la que se precisará el lugar o la zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de la misma.

Artículo 96.- En toda visita de inspección se levantará acta, en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia, así como lo previsto en la ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Concluida la inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia para que en el mismo acto formule observaciones en relación con los hechos u omisiones asentados en el acta respectiva, y para que ofrezca las pruebas que considere convenientes o haga uso de ese derecho en el término de cinco días siguientes a la fecha en que la diligencia se hubiere practicado.

A continuación se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quien entregará copia del acta al interesado. Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos, se negaren a firmar el acta, o el interesado se negare a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte su validez y valor probatorio.

Artículo 97.- La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a permitir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección en los términos previstos en la orden escrita a que se hace referencia lo señalado en la presente ley, así como a proporcionar toda clase de información que conduzca a la verificación del cumplimiento de esta ley y demás disposiciones que de ella deriven. La información deberá mantenerse por la autoridad en absoluta reserva, si así lo solicita el interesado, salvo en caso de requerimiento judicial.

Artículo 98.- La autoridad competente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de inspección, cuando alguna persona obstaculice o se oponga a la práctica de la diligencia, con independencia de las sanciones a que haya lugar.

Artículo 99.- Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, requerirá al interesado, mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las medidas necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, así como con las concesiones y permisos respectivos, fundando y motivando el requerimiento, señalando el plazo que corresponda, y para que dentro del término de quince días exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes, en relación con la actuación de la autoridad.

Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado, o habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, sin que haya hecho uso de ese derecho, se pondrán a su disposición las actuaciones, para que en un plazo tres días hábiles presente por escrito sus alegatos.

Una vez recibidos los alegatos o transcurrido el término para presentarlos, la Conapesca procederá, dentro de los veinte días siguientes, a dictar por escrito la resolución respectiva, misma que se notificará al interesado, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.

En los casos en que proceda, la Conapesca hará del conocimiento del Ministerio Público Federal la realización de actos u omisiones constatados en el ejercicio de sus facultades que pudieran configurar uno o más delitos.

Artículo 100.- En materia de notificación de actos de inspección y vigilancia a que se refiere este Título, además de las formas comprendidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Conapesca podrá realizar notificaciones por estrados, las cuales se harán fijando durante quince días consecutivos el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad competente que efectúe la notificación y publicando el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al efecto establezca la propia Conapesca. Dicha autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del decimosexto día siguiente al primer día en que se hubiera fijado o publicado el documento.

Por lo que hace a los demás requisitos y formalidades que deben observarse en la realización de visitas de inspección y vigilancia, son aplicables supletoriamente a este capítulo las disposiciones del Capítulo Decimoprimero del Título Tercero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Respecto de los actos de verificación que realice el Senasica para la comprobación del cumplimiento de las disposiciones relativas a la sanidad de especies acuícolas, es aplicable de forma supletoria en lo que corresponda, lo dispuesto en la Ley Federal de Sanidad Animal.

Título Noveno
Infracciones, Sanciones y Responsabilidades

Capítulo I
De las Infracciones

Artículo 101.- Son infracciones a lo establecido en la presente ley, el reglamento y las normas oficiales que de ella deriven:

Artículo 102.- Las infracciones a los preceptos de esta ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que de ella deriven, señaladas en el artículo anterior, serán sancionadas administrativamente por la Conapesca con una o más de las siguientes sanciones salvo el arresto administrativo:

Artículo 104.- La amonestación se aplicara en todo caso a los infractores y servirá de apoyo para incrementar la multa a los reincidentes, esta sanción se aplicara principalmente a quienes:

1. Por primera vez realicen la pesca de autoconsumo, en temporada de veda o con artes de pesca no permitidas o tallas inferiores a las autorizadas o en contravención a las normas establecidas.

En caso de reincidencia se duplicará el monto establecido para cada una de las fracciones anteriores.

Artículo 106.- En materia de sanidad de especies acuícolas y de inocuidad y calidad de productos acuícolas y pesqueros, el Senasica, además de aplicar cualquiera de las sanciones a que se refieren las fracciones I, II y V del artículo 103, podrá suspender o revocar los certificados correspondientes.

En el caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa que corresponda.

Artículo 107.- La imposición de las sanciones de clausura temporal o definitiva, parcial o total de la instalación o instalaciones en las que se hayan cometido las infracciones, se aplicara cuando:

Artículo 108.- El decomiso de las embarcaciones, se realizará cuando se actualice el supuesto de las fracciones III, XI y XVII del artículo 102, así como cuando se incurra en reincidencia de la infracción establecida en los numerales I, XVIII, XIX y XX del mismo artículo, independientemente de la multa correspondiente.

Artículo 109.- El decomiso de los vehículos, se realizará cuando se actualice el supuesto de las fracciones XX y XXVIII del artículo 102, independientemente de la multa correspondiente.

Artículo 110.- El decomiso de artes de pesca y productos obtenidos de la pesca , se realizará cuando se actualice el supuesto de las fracciones I, XX, XVIII y XXVIII del artículo 102, independientemente de la multa correspondiente.

Artículo 111.- A los productos o bienes decomisados, se les dará el destino que disponga la Conapesca, conforme a las siguientes alternativas:

En caso de que los productos o bienes decomisados sean de los denominados como perecederos, estos deberán de ser donados, vendidos o rematados, antes de que se consideren no aptos para su consumo humano.

Artículo 112.- Los ingresos que se obtengan efectivamente de multas por infracciones a esta ley, así como los que se obtengan del remate en pública subasta o de la venta directa de los productos y bienes decomisados, se destinarán a un Fondo de inspección, vigilancia y restauración de ecosistemas costeros, que constituirá la Conapesca de conformidad con lo que se determine en el reglamento de esta ley y su distribución se hará en los términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Artículo 113.- En el caso de embarcaciones extranjeras detenidas por pescar ilegalmente en aguas de jurisdicción federal, deberán observarse las obligaciones internacionales contraídas por nuestro país, con base en la más estricta reciprocidad.

Artículo 114.- Son aplicables supletoriamente a este capítulo en cuanto a las sanciones administrativas, las disposiciones del Capítulo Único del Título Cuarto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con excepción del artículo 70-A de dicho ordenamiento.

Capítulo III
De las Responsabilidades

Artículo 115.- Las sanciones administrativas a que se refiere el Artículo anterior se aplicarán sin perjuicio, en su caso, de las penas que correspondan cuando los actos u omisiones constitutivos de infracciones sean también constitutivos de delito, en los términos de las disposiciones penales aplicables y sin perjuicio de la responsabilidad ambiental que pudiera resultar para lo cual será aplicable lo dispuesto por el artículo 203 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Son responsables solidarios de las sanciones a que haya lugar, aquellas personas físicas o morales que intervienen en la preparación o realización de las infracciones contenidas en el artículo 102 de la presente ley.

Artículo 116.- El incumplimiento por parte de los servidores públicos federales, estatales y municipales de las disposiciones contenidas en la presente ley, su reglamento y normas oficiales que de ella deriven, dará lugar a la responsabilidad en términos de lo establecido en el título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y las leyes estatales de responsabilidades de los servidores públicos.

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se aplicarán sin perjuicio de las sanciones de carácter penal o civil que en su caso lleguen a determinarse por la autoridad judicial.

Título Décimo
Del Recurso de Revisión

Artículo 117.- Las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos administrativos instaurados con motivo de la aplicación de esta ley, sus disposiciones reglamentarias y las normas oficiales que de ella deriven, podrán ser impugnadas por los afectados mediante el recurso de revisión, dentro de los quince días siguientes a la fecha de su notificación o ante las instancias jurisdiccionales competentes.

El recurso de revisión se interpondrá directamente ante la unidad administrativa que emitió la resolución impugnada, la que resolverá sobre su admisión y el otorgamiento o denegación de la suspensión del acto recurrido y turnará posteriormente el recurso a su superior jerárquico para su resolución definitiva.

Artículo 118.- Por lo que se refiere a los demás trámites relativos a la tramitación, sustanciación y resolución del recurso de revisión a que se refiere el artículo anterior, se estará a lo dispuesto en el Título Sexto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Transitorios

Artículo Primero. Se abroga la Ley de Pesca publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de junio de 1992.

Artículo Segundo. Esta ley entrará en vigor a los noventa días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Tercero. Los titulares de concesiones, permisos y autorizaciones otorgados con anterioridad a la expedición de esta ley, no serán afectados a su entrada en vigor en los derechos y obligaciones consignados en los mismos.

Artículo Cuarto. Las solicitudes de concesiones, permisos y autorizaciones cuya tramitación haya iniciado con anterioridad a la expedición de la presente ley, y que se encuentren pendientes de resolución, deberán ser resueltas conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas vigentes al momento en que aquellas fueron ingresadas.

Artículo Quinto. El reglamento de la presente ley deberá ser expedido por el Presidente de la República dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de este ordenamiento legal. Mientras se expide dicho reglamento, seguirá vigente el Reglamento de la Ley de Pesca publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 1999, en lo que no contravenga las disposiciones de esta ley.

Artículo Sexto. La Circular relativa a los procedimientos administrativos de inspección y calificación de infracciones en materia de pesca y acuacultura, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2003, continuará en vigor en lo que no se oponga a lo establecido en el Título noveno de esta ley.

Artículo Séptimo. Las relaciones laborales del Inapesca con sus empleados se regirán por lo dispuesto en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria.

Artículo Octavo. Los activos que se encuentren actualmente en el órgano desconcentrado denominado Conapesca pasarán a formar parte del órgano descentralizado denominado Conapesca.

Artículo Noveno. Los trabajadores que actualmente se encuentran adscritos al órgano desconcentrado denominado Conapesca se integrarán al órgano descentralizado denominado Conapesca, respetándose en todo momento sus derechos laborales.

Artículo Décimo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Diputados: Francisco Javier Obregón Espinoza (rúbrica), Presidente; Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Eugenio Mier y Concha Campos (rúbrica), Abraham Bagdadi Estrella, secretarios; José Irene Álvarez Ramos, Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (rúbrica), Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), Martín Carrillo Guzmán, Sofía Castro Ríos (rúbrica), Hidalgo Contreras Covarrubias, Josefina Cota Cota (rúbrica), Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica), José Lamberto Díaz Nieblas (rúbrica), Francisco Grajales Palacios, Enrique Guerrero Santana, María del Rosario Herrera Ascencio, Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Jesús Humberto Martínez de la Cruz, Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Salvador Sánchez Vázquez (rúbrica), Esteban Valenzuela García (rúbrica), Yolanda Valladares Valle (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), María Antonia García Sanjinés (rúbrica), Guillermo Zorrilla Fernández (rúbrica), José Evaristo Corrales Macías (rúbrica).