Jesús Aguilar Bueno y Martha Laguette Lardizabal, diputados federales a la LIX Legislatura, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con el carácter de urgente resolución, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Presidente de la República para que gire sus instrucciones al secretario de Comunicaciones y Transportes a efecto de que se adopten las medidas urgentes necesarias para regularizar o, en su caso, prohibir e impedir la prestación del servicio de transporte de personas por los llamados autobuses "piratas" que salen de Ciudad Juárez, Chihuahua, al interior de la República, conforme a los siguientes
Antecedentes
1. Desde hace varios años se ha venido detectando que autobuses sin identificación comercial o con razones sociales relacionadas con servicios turísticos, prestan irregularmente el servicio de pasajeros de Ciudad Juárez a diversos puntos del interior de la República.
Se trata de unidades viejas que parecen no cumplir los requerimientos técnicos y mecánicos para la prestación de dicho servicio; no cuentan con la presentación, comodidad y, mucho menos, los requerimientos de seguridad para prestar este tipo de servicios. Sin embargo, prestan el servicio a un precio económico y accesible a ciertos sectores de la población de escasos recursos.
2. Según se tiene conocimiento, el "modus operando" de estos autobuses es el siguiente: un grupo de tres o más personas se distribuyen en las inmediaciones del parque del Monumento a Juárez, principalmente en las avenidas Lerdo y Vicente Guerrero, ofrecen el servicio de transporte a las personas que circulan por dichas arterias; los destinos son variables; los precios son económicos; levantan una lista de pasajeros y una vez que completan el número de personas interesadas y dispuestas a realizar el viaje, se inicia este desde las inmediaciones al Monumento a Benito Juárez.
3. El pasado domingo 5 de diciembre de 2004, uno de estos autobuses piratas, identificado con la razón social "Avituris", tuvo un accidente en el kilómetro 170 del tramo de la carretera de Ciudad Jiménez, Chihuahua, a Gómez Palacio, Durango, al estrellarse con otro vehículo, un trailer de carga. Independientemente de quien resulte responsable del accidente, en el que fallecieron 12 personas y resultaron 17 personas lesionadas, todos ellos pasajeros del autobús identificado con la razón social "Avituris" y con destino a la ciudad de Torreón, Coahuila.
4. No se ha podido determinar sí los pasajeros víctimas del fatal accidente o de las lesiones, estaban protegidos por algún seguro o sí se ha identificado a alguna persona que asuma la responsabilidad correspondiente. El caso es que, hasta el momento, el gobernador del estado de Chihuahua, Lic. José Reyes Baeza Terrazas, giró instrucciones para se brindara de manera desinteresada todo el apoyo a las víctimas y sea esta instancia quien asuma los gastos que se han generado por la atención de los lesionados y la inhumación de los fallecidos.
Consideraciones
I. Corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el otorgar los permisos de transporte público federal, en los términos de la Ley de Vías General de Comunicación.
II. Es urgente que se realicen las investigaciones necesarias para dilucidar las condiciones en que se está prestando el servicio de transporte de personas descrito en los antecedentes de esta proposición, para deslindar responsabilidades y proteger a las víctimas del accidente referido, pero principalmente para que se regularice o prohíba la prestación de ese servicio en los términos que corresponda conforme a los hechos y al derecho aplicable.
El propósito es que se evite que unidades viejas, obsoletas, sin cumplir con los requerimientos técnicos y mecánicos, presten un servicio que esta especialmente regulado por una ley de carácter federal.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58,59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente resolución, por las características y circunstancias en las que se presenta el problema, los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero. Exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que instruya al secretario de Comunicaciones y Transportes a que realice las investigaciones y gestiones necesarias para determinar las condiciones y circunstancias en que acaecieron los hechos relacionados con el accidente carretero consistente en el "encontronazo" de un autobús de pasajeros identificado con la razón social "Avituris", contra un vehículo de carga, en el kilómetro 170 del tramo de la carretera Ciudad Jiménez, Chihuahua, a Gómez Palacio, Durango, para determinar los hechos, deslindar responsabilidades y prestar el auxilio y apoyo a las víctimas, personas fallecidas y lesionadas, así como a sus familiares.
Segundo. Igualmente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes adoptará las medidas para regularizar o prohibir, en su caso, la prestación del servicio de pasajeros por autobuses piratas desde Ciudad Juárez, Chihuahua, al interior del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, diciembre 9 de 2004.
Dip. Jesús Aguilar Bueno (rúbrica)
Dip. Martha Laguette Lardizabal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS LOCALES Y A DIVERSOS GOBERNADORES A CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES, SUSCRITO POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL
Honorable Asamblea:
Los que suscribimos integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, sometemos a la consideración del Pleno de la Quincuagésima Novena Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, de conformidad a lo establecido por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante las siguientes:
Consideraciones
Con fecha veintinueve de diciembre del dos mil, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, teniendo por objeto principal fortalecer el esquema financiero de las sociedades de ahorro y préstamo para apoyar a los ahorradores de las sociedades de las cuales ya se hayan comprobado su insolvencia y hayan sido objeto de los trabajos de auditoría contable.
De igual forma, establece dicha ley que el Comité Técnico se encuentra integrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Secretaría de Gobernación; la Secretaría de la Función Pública; un representante de la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros y dos representantes de la Comisión Consultiva, quienes serán los representantes de los gobiernos de las entidades federativas con mayor número de ahorradores afectados.
Asimismo, la ley de referencia, establece que la Federación aportará al Fideicomiso Pago un peso con setenta y cinco centavos por cada peso que aporten los gobiernos de los estados, para lo cual, el Fideicomiso Pago y los estados debían suscribir convenios de colaboración específicos, en los que se contemplaban pagos a los ahorradores por un monto de hasta ciento noventa mil pesos.
Ahora bien, con fecha treinta de diciembre del dos mil dos, se reformó y adicionó la ley en cuestión ampliándose el monto de pago a los ahorradores con depósitos superiores a ciento noventa mil pesos, sin que a la fecha diversos estados hayan suscrito los nuevos convenios de colaboración.
En consecuencia, el comisionado del Fideicomiso Pago informó que la problemática responde a la carencia de recursos para hacer frente a las solicitudes presentadas y que el Fideicomiso Pago cuenta con la voluntad y los recursos suficientes, siempre y cuando suscriban los convenios de coordinación aprobados por el Comité Técnico para efecto de que se aporten los recursos de los estados a dicho fideicomiso.
Por lo anterior, el pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social tuvo a bien emitir un acuerdo por el cual constituyó un grupo de trabajo plural a fin de que solicitaran información a las Mesas Directivas de los H. Congresos de los estados y representantes de los gobiernos de las entidades federativas para allegarse de los elementos necesarios y determinar conforme a derecho.
Ahora bien, de acuerdo a los informes que rindieron los grupos de trabajo se desprendió que en la reunión que tuvieron con los ahorradores defraudados de las 6 entidades federativas no han recibido el pago de sus ahorros, en virtud de que los gobiernos no habían firmado los convenios que señala dicha ley.
Asimismo, se desprendió de dichos informes que los diputados locales estaban estudiando la posibilidad de ajustar sus presupuestos de egresos, para el año dos mil cinco con la finalidad de resolver este grave problema social.
Por todo ello, esta H. Cámara de Diputados considera grave el problema que les aqueja a los ahorradores de las entidades federativas, en primer lugar, porque los H. Congresos de dichas entidades federativas, no han concluido el ajuste del presupuesto de egresos para hacer frente al pago de los ahorradores y en segundo lugar, porque los gobiernos de los estados no han formalizado los convenios aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso Pago, prolongando innecesariamente la solución definitiva del problema.
Por lo anteriormente expuesto, los suscritos ponemos a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:
Primero: Se exhorta a los H. Congresos de los estados de Oaxaca, Durango, Michoacán, Querétaro, Guanajuato y Morelos, a efecto de que revisen, ajusten e incluyan una partida especialmente etiquetada en el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio relativo al dos mil cinco, con el objeto de liberar recursos suficientes para el pago de quince mil ahorradores defraudados de las diez cajas de ahorro auditadas por los gobiernos de dichas entidades federativas.
Segundo: Se exhorta a los titulares de los gobiernos de Durango, Michoacán, Querétaro, Oaxaca, Guanajuato y Morelos, para efecto de que suscriban respectivamente los convenios autorizados por el Comité Técnico que establece la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos a los siete días del mes de diciembre del año dos mil cuatro.
Dip. Francisco J. Saucedo Pérez (rúbrica)
Presidente
Dip. Francisco Luis Monárrez Rincón (rúbrica)
Secretario
Dip. José Juan Barcenas González (rúbrica)
Secretario
Dip. Belizario Iram Herrera Solís (rúbrica)
Secretario
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS LOCALES A INTEGRAR EN SUS RESPECTIVOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UNA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS, ENCARGADA DE ATENDER LOS ASPECTOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON EL AGUA EN SUS ÁMBITOS DE COMPETENCIA, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSA HILDA VALENZUELA RODELO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, Rosa Hilda Valenzuela Rodelo, diputada federal por el estado de Sinaloa, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento Interior para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las Legislaturas de las entidades federativas del país a que integren en sus órganos de gobierno una Comisión de Recursos Hidráulicos que se encargue de atender los aspectos normativos relacionados con el agua, en sus respectivos ámbitos de competencia; de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
El agua es elemento imprescindible para la vida en todas sus formas y manifestaciones. La supervivencia de todas las especies animales y vegetales del planeta, y la posibilidad de desarrollo de todas las actividades sociales y productivas del hombre y con ello el avance del progreso humano, dependen en lo esencial, de que haya agua disponible en cantidades aceptables y de buena calidad. De ahí el gran valor que se le concede en todas las organizaciones sociales del mundo.
En nuestro país, como lo señala el artículo 14 bis 5, fracción I, de la Ley de Aguas Nacionales, el agua es "un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad y calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y la Sociedad, así como prioridad y asunto de seguridad nacional".
No obstante, el agua se encuentra irregularmente distribuida en el planeta y en particular a nivel nacional.
Para nosotros en México, es un hecho que los lugares geográficos donde hay una mayor concentración de población y de la actividad económica no coinciden con aquellos donde la precipitación pluvial y la disponibilidad que agua es más abundante, generando escasez y con ello la necesidad de recurrir a fuentes subterráneas de agua para cubrir las necesidades de consumo de la población, pero sobre todo, de hacer un mejor uso, más racional y eficiente del agua disponible.
Veamos algunas cifras1 que ilustran los problemas del agua en el territorio nacional:
La precipitación media en el país alcanza un volumen anual de 1,519 Km3, de los cuales se pierden y se consumen por evapotranspiración unos 1,106 Km3. El resto, más los aportes de agua que provienen de Estados Unidos y Guatemala, resulta en una disponibilidad media anual de 463 Km3. De ese total disponible, 410 Km3 corresponden a escurrimiento virgen y 53 Km3 a recarga natural de acuíferos. De los escurrimientos y de los acuíferos, se extraen los 79.4 Km3 que constituyen el uso consuntivo anual del país. Según estas cuentas, unos 300 Km3 de agua se depositan anualmente en el mar con poco beneficio para el país.
No obstante, la disponibilidad del agua en el territorio nacional presenta problemas originados por la distribución geográfica de la población y de sus actividades económicas. Cerca del 80% de la población y una proporción más alta de la producción se ubican en las Zonas Norte y Centro del país, donde predominan climas que van de los secos a los sub húmedos, con predominancia de los semi secos; con lluvias de verano concentradas en un 67% en tres meses del año.
La presencia de cadenas montañosas mejora esa situación, gracias al papel que juegan los bosques en la captura del agua que se escurre o se infiltra, con dirección a las partes bajas de las cuencas. Sin embargo, también es en estas zonas donde se presentan algunos de los más graves problemas de escasez y contaminación de aguas; donde la deforestación disminuye continuamente la captura de agua, y es en ellas donde se agudizan los problemas de gestión y contaminación del agua.
La disponibilidad de agua por habitante al año se estima que ha variado de 31 mil metros cúbicos en 1910, promedio nacional, a 4,841 metros cúbicos en 2002, y es previsible que en el año 2020 se reduzca a sólo 3,750 metros cúbicos, quedando por debajo de la media mundial de 4,500 metros cúbicos por persona.
En la actualidad la media nacional de disponibilidad de agua es de 4,547 metros cúbicos que no estaría mal si estuviera distribuida de manera regular en el territorio nacional, pero no es así. En las regiones Golfo-Centro y Frontera Sur del país, que son las menos pobladas, llegan a registrarse disponibilidades de hasta 24,600 metros cúbicos por persona al año, mientras que en el Valle de México la disponibilidad apenas alcanza los 182 metros cúbicos por persona y en las zonas áridas y semi áridas del norte de México la disponibilidad es mucho menor.
En la zona sur del país los problemas del agua no son de escasez, sino de abasto local y en ocasiones de exceso, que provoca avenidas de ríos e inundaciones. En ella los climas son cálidos, sub húmedos y húmedos, que se presentan con abundantes lluvias. En razón de ello, el 72% del agua de los ríos se concentra en el sur y sureste del país, donde sólo habita el 23 % de la población.
En cuanto a los usos del agua, algunas de las cifras más conocidas señalan que el volumen total consumido por los diferentes usos asciende a unos 79.4 Km3, de los cuales, el 76% se destina a la agricultura, el 17% es absorbido por el uso público y consumo humano, y el 5% por el uso industrial.
Pero en esta distribución se observan los siguientes problemas de gestión del recurso hídrico de mayor relevancia:
- Anualmente se pierden 10 mil hectáreas de las mejores tierras de cultivo en zonas de riego, a causa de la acumulación de sales. A la fecha se registra una pérdida acumulada de 425 mil hectáreas, que han dejado de ser útiles para la producción.
- En las redes municipales de agua potable se fuga entre el 30 y 50%, por deficiencias en la distribución.
- El 78% de las aguas residuales municipales y 85% de las industriales se vierten a los cuerpos de agua sin recibir tratamiento alguno.
- Aún carecen de agua potable 12 millones de mexicanos; de donde resulta que sólo 88% de la población cuenta con agua entubada, pero tampoco la tienen en sus manantiales, bosques y terrenos, porque éstos se han venido deteriorando. También 24 millones de habitantes carecen de alcantarillado.
- De los 649 acuíferos del país que proporcionan el 36% del líquido empleado en los distintos usos consultivos, 96 están sobreexplotados. Sus extracciones exceden a la recarga en un 30% en promedio, lo que significa una agotamiento anual de 4700 hm3, equivalente al 29% del consumo anual de aguas subterráneas por la agricultura.
- En 18 acuíferos se ha producido intrusión de agua de mar, que en distintas partes es causantes de la salinización de los suelos.
La descentralización de la gestión del agua. Bases jurídicas.
Así lo ha asumido la Comisión Nacional del Agua que el transcurso de su operación ha instrumentado distintas formas de gestión del agua, siempre tratando de acercarse a los problemas del agua a nivel local, desde sus antiguas residencias de distrito, hasta las actuales gerencias de operación a nivel estatal y regionales, y los consejos de cuenca aún en formación. Este proceso de descentralización de las acciones, los recursos y las decisiones ha tenido su fundamento en las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, reglamentaria del artículo 27 Constitucional, de donde destacamos lo siguiente en relación con la descentralización de la gestión del agua:
Artículo 5º. Para el cumplimiento y aplicación de esta ley, el Ejecutivo Federal:
II. Fomentará la participación de los usuarios del agua y de los particulares en la realización y administración de las obras y servicios hidráulicos, y
III. Favorecerá la descentralización de la gestión de los recursos hídricos conforme al marco jurídico vigente.
II. La descentralización y mejoramiento de la gestión de los recursos hídricos por cuenca hidrológica, a través de Organismos de Cuenca de índole gubernamental y de Consejos de Cuenca de composición mixta, con participación de los tres órganos del gobierno, de los usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad en la toma de decisiones y asunción de compromisos;
III. La descentralización y mejoramiento de la gestión de los recursos hídricos con la participación de los estados, el Distrito Federal y los municipios,
La fracción 13 del mismo artículo precisa que "el Ejecutivo Federal promoverá que los estados, el Distrito Federal y los municipios a través de sus órganos competentes y arreglos institucionales que éstos determinen, se hagan responsables de la gestión de las aguas nacionales en la cantidad y calidad que tienen asignadas, concesionadas o bajo su administración y custodia, y de la prestación de los servicios hidráulicos; el Ejecutivo Federal brindará facilidades y apoyo para la creación o mejoramiento de órganos estatales competentes que posibiliten la instrumentación del dispuesto en la presente fracción".
Las legislaturas locales en la atención de los problemas del agua.
De lo hasta aquí expuesto resulta evidente que, por un lado, hay necesidad de dar a la problemática del agua una atención y enfoque locales, dadas las características particulares que asume a ese!nivel; pero además, es también contundente el papel cada vez más importante que por ley compete desempeñar a los ejecutivos estatales y municipales, en un proceso de participación social más amplio donde habrán de comprometerse mayormente las organizaciones de la sociedad civil, en esos ámbitos de acción.
Por su parte, los poderes legislativos de cada entidad federativa también se verán crecientemente involucrados en los aspectos del agua en sus respectivos estados. En la medida en que continúen consolidándose esos procesos de descentralización que marca la Ley de Aguas Nacionales y que el Ejecutivo Federal viene instrumentando principalmente con la creación de los Consejos de Cuenca y los Organismos de Cuenca, las legislaturas locales tendrán mayor responsabilidad, aun sin que se cambie el carácter federal que tiene la gestión del agua.
Por nuestra parte, es importante promover desde esta Cámara de Diputados que las entidades federativas del país eleven al máximo nivel de su legislación, el uso y aprovechamiento sustentable del agua, consignando que éste es un recurso prioritario para su desarrollo, así como a la cuenca hidrológica como la unidad básica para la gestión de los recursos hídricos. Ello ameritará una mayor capacidad de análisis de la problemática local del agua y atención técnica directa al tema que, desde nuestro punto de vista, debe ser resuelta formalmente fortaleciendo los órganos de gobierno de las legislaturas locales.
De acuerdo con el trabajo de los órganos legislativos en nuestro orden jurídico, es en las comisiones donde se realiza una labor más profunda de análisis y discusión de los temas e iniciativas vinculados con la materia propia de la Comisión respectiva. En consecuencia, la creación de Comisiones de Recursos Hidráulicos en cada legislatura estatal permitirá la atención directa y especializada del tema agua en cada Congreso, como lo exigen las necesidades actuales del sector.
Adicionalmente, la estructura en nuestro sistema jurídico de facultades, y en el caso que nos ocupa el relativo a las facultades en materia de agua, hace conveniente que en cada Congreso estatal se establezcan comisiones de recursos hidráulicos equivalentes a las que existen actualmente en la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, las cuales posibilitarán el estudio y presentación de propuestas que mejoren la regulación jurídica del agua.
Sin duda, creemos que el aporte de los legisladores locales en el tema hidráulico es fundamental para construir la legislación en materia de aguas que demanda nuestro régimen federal.
De acuerdo con la información con que se cuenta, sólo en una entidad y en el Distrito Federal se cuenta hasta el día de hoy con una Comisión de Recursos Hidráulicos, por lo que consideramos conveniente que esta Cámara de Diputados se dirija a cada una de las legislaturas estatales, de manera atenta y respetuosa, para exhortarlas a que integren en sus respectivos órganos de gobierno, una comisión de recursos hidráulicos que se encargue de atender los aspectos normativos relacionados con el agua en sus ámbitos de competencia.
En razón de lo anterior, me permito someter a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, la siguiente:
Proposición con Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las legislaturas locales que aún no tienen una Comisión de Recursos Hidráulicos en sus respectivos órdenes de gobierno, a que a la brevedad posible integren dichas Comisiones, en virtud de la creciente importancia que ha venido cobrado la gestión descentralizada del recurso agua, las peculiaridades que adquiere el problema del agua a nivel local, y el papel cada vez más determinante que habrán de desempeñar los ejecutivos estatales y municipales, y la sociedad civil en las distintas entidades federativas del país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 9 de diciembre de 2002.
Notas:
1 Los datos son tomados de distintos documentos oficiales
de CNA y Semarnat.
Dip. Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES A RESGUARDAR Y PROTEGER A LOS MIGRANTES MEXICANOS EN SU TRÁNSITO POR NUESTRO PAÍS, EN EL PERIODO VACACIONAL DE INVIERNO, DE LOS ABUSOS, LAS EXTORSIONES Y LOS CHANTAJES DE QUE SON OBJETO POR AUTORIDADES POLICIACAS O HACENDARIAS Y DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO ÁVILA NEVÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
De conformidad con los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Pedro Ávila Nevárez, presento a esta H. Soberanía el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con el objeto de exhortar a las autoridades federales, estatales y municipales, a resguardar y proteger a los migrantes mexicanos en su tránsito por nuestro país en el periodo de vacaciones de invierno, de los abusos, extorsiones y chantajes de que son objeto por autoridades policíacas, hacendarías y de cualquier índole.
Cada ciclo de vacaciones que se presentan durante el año, somos testigos de una serie de vejaciones, maltrato y de abusos de un sin número de autoridades federales, estatales y municipales a los migrantes mexicanos que transitan por las carreteras nacionales, a quienes se les arrebatan los recursos que han logrado con el sudor de su trabajo y que traen para aliviar en lo posible el hambre, la miseria y la marginación de sus familiares que los esperan ansiosos en sus regiones de origen.
Cada año, el Ejecutivo federal anuncia con estridentes discursos el éxito del programa "Paisano", que solo ha traído tristezas, corajes y frustraciones a los miles de mexicanos que radican el extranjero y vienen de visita a nuestro país. Ver las fotos que no dejan de aparecer en la prensa nacional, donde un Presidente, vulnerado e incapaz, pero sonriente del deber no cumplido, informa del trato que se les dará a los migrantes que se atreven a visitar nuestra provincia.
Se le prepara el escenario de una forma teatral y mentirosa, se pintan y arreglan los lugares que horas antes, y después, permanecen sucios, ineficientes, incómodos y sobre todo indignos, donde se formarán largas filas y se perderá más de 4 horas en trámites para poder pasar sus automóviles y camionetas llenas de regalos o pertenencias que sin duda servirán de consuelo al familiar que espera con ansia la llegada de su ser querido.
Se les entregan catálogos, folletos de que hacer durante su estancia en México, folletos que les instruye la forma de presentar sus quejas y a quien recurrir en caso de vejación o abuso de autoridad, sin embargo kilómetros más adelante serán solo eso, folletos, ya que estos ladrones uniformados no solo los robarán sino que se burlarán de ellos y de sus folletos, al cínicamente expresar que ellos son la Ley y que sus folletos de nada les servirán.
No solo se debe proteger sino también resguardar a los migrantes mexicanos que nos visitan, ya que son ellos quienes a pesar de su sacrificio al abandonar su tierra, mantienen su nacionalismo y compromiso con sus familiares, vecinos y oriundos de sus regiones. Son ellos los que gustosos presumirán de su esfuerzo, esfuerzo que significa un mejor mañana para sus hijos y que tienen el derecho a recibir un trato digno y ejemplar como se merecen estos "héroes" según lo dicho por el Presidente.
Basta ya de mentiras, de no hacer nada y aparentar hacer, basta de secretarios que pretenden la Presidencia de la OEA, basta de funcionarios de pacotilla que solo merman las arcas nacionales en beneficio propio, basta de esos niños bien vestidos que solo miran de reojo al jornalero mexicano que regresa a su país, basta pues de mentir al pueblo y exijamos lo imposible.
Por lo anterior presento a esta H. Soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo.
Único.-Se exija a las autoridades federales, estatales y municipales a resguardar y proteger al migrante mexicano de los abusos, extorsiones y vejaciones de que son objeto, y se castigue de manera ejemplar a quienes realizan estos actos.
Se establezca en esta H. Cámara de Diputados un servicio de atención las 24 horas del día, durante el mes de diciembre hasta el 15 de enero del 2005, a través del servicio 01 800. Se publique en todos los medios escritos este servicio.
Dip. Pedro Ávila Nevárez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO A LA CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LOS CONTENIDOS CULTURALES Y LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS DE LA UNESCO, SUSCRITO POR LOS DIPUTADOS INTI MUÑOZ SANTINI, RAFAEL FLORES MENDOZA Y RAFAEL CANDELAS SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, integrantes de las comisiones de Educación y Cultura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Actualmente la UNESCO se encuentra en el proceso de desarrollar una Convención Internacional sobre la Protección de la Diversidad de los Contenidos Culturales y las Expresiones Artísticas.
Esta convención tiene como objetivo central el restablecimiento de la primacía de la cultura por encima de las dinámicas comerciales; y ha recogido adecuadamente los planteamientos de instancias internacionales como la Red Internacional para la Diversidad Cultural, como son: contrarrestar la influencia negativa de los actores transnacionales dominantes, tanto de la industria del entretenimiento como comerciales de cualquier otra índole; garantizar que la diversidad cultural sea preservada ante los retos que representan los veloces cambios en la tecnología, la convergencia, la erosión de las distinciones entre el contenido y el soporte y la creciente concentración de propiedad en la producción y distribución de contenidos culturales; preservar el derecho soberano de los Estados partes para emprender las acciones que consideren apropiadas para preservar, promover e incrementar la diversidad cultural; los bienes y servicios culturales no deben ser considerados como simples mercancías con valor económico; las medidas para promover la diversidad cultural no deben violar los principios no deben violar los principios de derechos establecidos en el ámbito internacional; la necesidad de un mayor equilibrio en el intercambio internacional de productos y servicios culturales; la necesidad de garantizar que la sociedad civil esté plenamente implicada en el proceso de promover y preservar la diversidad cultural.
La primacía cultural de las naciones esta siendo amenazada por la negociación de acuerdos sobre comercio de servicios en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y en los ámbitos regional y bilateral. Estos acuerdos subordinan directa o indirectamente las políticas culturales a las reglas del comercio, de tal suerte que el derecho de los gobiernos de adoptar o mantener políticas para la defensa y promoción del medio cultural y de la diversidad cultural se ve restringido.
Como parte del proceso desarrollado por la UNESCO en torno a la citada Convención, su director general recibió el mandato de consultar sobre la Convención con la Organización Mundial de Comercio, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Particularmente la OMC informará a la UNESCO sobre su postura oficial en los próximos días. Adicionalmente los gobiernos de los países que participan en este concurso de naciones, enviarán sus respuestas a la UNESCO. La preocupación central de esta consulta estriba en la posibilidad de que las competencias de los ministros de cultura respecto a la Convención y en general respecto de las políticas culturales sean socavadas por las discusiones de tipo comercial en el seno de la OMC. Como lo ha señalado la Red Internacional para la Diversidad Cultural, organismo integrado por representantes de 71 países: Es de la mayor importancia que la postura adoptada por los ministros de comercio y por los representantes en Ginebra ante la OMC sea determinada por consideraciones del orden de las políticas culturales y que los gobiernos tomen posturas coherentes entre sí en sus discusiones, tanto en la UNESCO como en la OMC.
Por las razones antes expuestas presento el siguiente
Punto de acuerdo de urgente u obvia resolución
Único: Exhortamos, de manera respetuosa, a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Economía y a las autoridades culturales del país, que nos representan en las instancias internacionales, a que en las negociaciones en el marco del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios de la Organización Mundial de Comercio presenten una postura firme de apoyo a la Convención sobre la protección de la diversidad de los contenidos culturales y las expresiones artísticas, que ha sido establecida en el marco de la UNESCO; y de cada uno de sus contenidos y objetivos centrales, los cuales deben ser a favor del restablecimiento de la primacía de la cultura por encima de las dinámicas comerciales.
De la misma manera, conminamos al gobierno federal para que las instituciones culturales mexicanas, dependientes de la SRE y de Conaculta, elaboren un documento en el que se exprese la posición de México acerca de los resolutivos y sobre la convención citada.
Diputados: Inti Muñoz Santini (rúbrica),
Rafael Flores Mendoza (rúbrica), Rafael Candelas Salinas.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SAGARPA A CREAR EL CENTRO DE APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO PARA PRODUCIR MÁS CON MENOS AGUA, ANTE TODO EN CUENCAS O ACUÍFEROS SOBREEXPLOTADOS, A CARGO DEL DIPUTADO QUINTÍN VÁZQUEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Proposición con punto de acuerdo que tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para crear el Centro de Apoyo Técnico y Financiero con el fin de producir más con menos agua, sobre todo en cuencas o acuíferos sobre explotados.
Las funciones de este Centro, serán las de asesorar o emitir guías sobre las técnicas de cultivo y riego, así como las condiciones del mercado para la comercialización de sus productos y presentación además de pronósticos climatológicos regionales.
Antecedentes
El mercado globalizado exige al campo mexicano de una mejor asesoría técnica y financiera para la planeación agrícola.
La grave sobre explotación de las cuencas y acuíferos nos deja en una gran desventaja, en un mundo donde la producción juega un papel preponderante, basado en los costos y utilidades de los productos del campo.
Si consideramos la reglamentación existente de los sistemas de riego en México, encontraremos grandes avances de respuesta organizada de la sociedad motivada por el aumento de usuarios en la operación de la infraestructura hidroagrícola.
Es importante mencionar el riesgo de las acciones que se puedan tomar dado el compromiso de no afectar la habitabilidad de las futuras generaciones.
Los conocedores del ramo han establecido diversos mecanismos que definen diferentes tecnologías que permitan impulsar la reorganización y la instauración de estrategias que incentiven mejoras continuas en la operación de los sistemas de riego.
Me permitiré hacer algunos comentarios y haré algunas citas relacionadas con la posibilidad de instrumentar conceptos del desarrollo sustentable en la operación de sistemas de riego.
Es importante hacer sentir la diferencia entre algunas medidas que tienen impacto en toda una cuenca hidrológica y aquellas que solo hacen un sistema de riego particular.
Otro factor que debe considerarse lo representan las condiciones bajo las cuales pueden operar exitosamente los mercados y bancos de agua.
La propuesta se basa en un sistema de reorganización del diseño, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de riego, basado en incentivar las prácticas eficientes y en tasar las ineficientes sin afectar los presupuestos programados.
Se cita parte de la ponencia titulada "Avances en Reglamentación Sistemas de Riego" y presntada por su editor Ing. Jaime Collado, en un simposium, celebrado en la Ciudad de Chihuahua, Chih.
Mediante optimización clásica se obtiene un precio teórico que corresponde al valor del producto marginal del agua para un cierto cultivo que deja de establecerse; los resultados se aplican bajo ciertas hipótesis de dos distritos de riego, obteniéndose que si existirán beneficios derivados de las transacciones de agua. El análisis excluye la reventa de agua fuera del distrito de riego y para usos distintos que el agrícola.
Como contrapartida al marco teórico sobre la operación de un mercado de agua simple, es decir, el que se lleva a cabo en un sistema de riego aislado, se presentan las experiencias del funcionamiento de un banco de agua en un sistema interconectado de dos distritos de riego. El banco de agua opera, conserva y administra pozos profundos y plantas de bombeo oficiales con la aportación económica de los usuarios. La principal ventaja de este banco de agua es que al participar todos los usuarios con una cuota por hectárea o por millar de metros cúbicos se reducen los costos de operación y mantenimiento y se asegura una mejor explotación de los recursos hídricos subterráneos"
Técnicos especialistas han definido algunos criterios que creemos es necesario tomar en consideración:
Se propone la organización de las unidades de riego con un esquema similar al de los distritos de riego, con la constitución de cada unidad en una asociación civil y la integración de un grupo de asociaciones en una sociedad de responsabilidad limitada.
Adoptar el esquema organizativo de la primera y propone una adaptación del reglamento de los distritos de riego para elaborar los correspondientes a las unidades de riego.
Será necesario compartir las líneas de organización y reglamentación de las dos contribuciones anteriores, pero enfatizando la necesidad de continuar con una alta productividad e incluso promover la agricultura de tipo empresarial.
En fin son bastantes los criterios a discutir, pero se hace esencialmente necesario establecer las consideraciones de esta propuesta para encontrar nuevos mecanismos de operación en materia hidroagrícola.
En tal virtud y con fundamento en el artículo 58 Y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo:
Unico.- Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para crear el Centro de Apoyo Técnico y Financiero con el fin de producir más con menos agua, sobre todo en cuencas o acuíferos sobre explotados.
Las funciones de este Centro, serán las de asesorar o emitir guías sobre las técnicas de cultivo y riego, así como las condiciones del mercado para la comercialización de sus productos y presentación además de pronósticos climatológicos regionales.
Dip. Quintín Vázquez García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS ÓRGANOS EJECUTIVO Y LEGISLATIVO DEL DISTRITO FEDERAL A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE DECLARAR ÁREA DE VALOR AMBIENTAL DE LA CIUDAD EL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGÓN E INVERTIR LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE REHABILITACIÓN DEL MISMO BOSQUE, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Antecedentes
El Bosque de San Juan de Aragón se sitúa al norte del Distrito Federal en la delegación Gustavo A. Madero; limita al norte por las avenidas Cuatrocientos doce y Quinientos diez, al poniente por la avenida José Loreto Fabela y avenida Quinientos ocho, al sur-oriente por la avenida Seiscientos ocho. Está a una altitud promedio de dos mil doscientos cuarenta metros sobre el nivel del mar y cuenta con una extensión territorial de ciento sesenta y dos hectáreas (de las cuales, setenta por ciento son áreas verdes).
El veintidós de febrero de mil novecientos sesenta y dos se publicó en el Diario Oficial el decreto por el cual se expropiaron ochocientas ochenta y cinco hectáreas al ejido de San Juan de Aragón a favor del Departamento del Distrito Federal, mismas que se destinarían a la construcción de aproximadamente nueve mil novecientas treinta y siete viviendas económicas en siete unidades habitacionales, así como un campo deportivo, conformado por áreas verdes, lagos artificiales y un zoológico que abastecieran de zonas de esparcimiento a las colonias ya establecidas y a los habitantes de las unidades habitacionales en construcción.
Posteriormente se consideró la extensión territorial del Bosque para crear un parque de diversiones que, según decreto de mil novecientos sesenta y tres emitido por el Departamento del Distrito Federal, fue de doscientas setenta y ocho hectáreas, que al incluir la superficie del zoológico la extensión del Bosque daba un total aproximado de doscientas noventa hectáreas.
Bajo este marco, el Presidente Adolfo López Mateos inauguró el veinte de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro el Bosque y el Zoológico de San Juan de Aragón, bajo la premisa de que la zona noreste de la Ciudad de México requería de una área verde que tuviera la función de mejorar el ambiente al consagrarse como un "pulmón" y el de fungir como una zona recreativa orientada a la población de bajos recursos que se localizaba en las zonas aledañas.
En mil novecientos sesenta y cinco se llevó a cabo la construcción de cabañas en las cuales se podían realizar días de campo.
El veintiocho de enero de mil novecientos setenta y dos fue inaugurado por el jefe del Departamento del Distrito Federal, Lic. Octavio Sentíes Gómez y Mario Moreno "Cantinflas" un teatro al aire libre en el cual se ofrecían obras de teatro, eventos musicales, entre otros.
El veintitrés de diciembre del mismo año fue inaugurado el Centro de Convivencia Infantil (CCI) "Sara Pérez de Madero", cuyo objetivo principal era el desarrollo de diferentes aptitudes en el infante, así como la oportunidad de brindarles un servicio de calidad a los niños que vivían en la zona noreste de la ciudad de México. A la par del CCI, se construyeron instalaciones dedicadas a las actividades recreativas y deportivas, como fue el caso del Acuario, Delfinario y Balneario Público inaugurado en noviembre de 1974.
El dieciocho de agosto de mil novecientos setenta y tres se abrió un lienzo charro "Carlos Rincón Gallardo", fundado por Javier Maicot y Adolfo Desentis como parte de una concesión a particulares, situado en la parte oriental del Bosque.
Sin embargo, hoy en día este importante pulmón del norte de la ciudad, se encuentra absolutamente deteriorado, su condición es distante de la magnanimidad que guardó décadas atrás. El bosque ha sido abandonado por las autoridades, quienes no han tenido la capacidad de atender las necesidades del parque y, de continuar este ritmo de deterioro, cada vez será más difícil, más tardada y más costosa su recuperación.
Enuncio algunos ejemplos del lamentable estado que guarda este bosque:
- La vigilancia es inexistente. Las casetas de vigilancia no funcionan y éstas se encuentran tomadas por la delincuencia;
- La ciclopista sencillamente ya no existe. No son mas que zonas encharcadas o perdidas sobre tierra;
- El equipamiento está deshecho. Las bancas no son mas que unos tubos clavados que sujetan un pedazo de madera echado a perder;
- El área de mesas y bancas, que hasta hace algunos años era utilizado para que los niños dibujaran y realizaran juegos de mesa, hoy está lleno de basura, sin pasto alrededor, grafiteado y con un gran charco. Es pues una zona abandonada;
- En lo que corresponde a las áreas verdes, éstas se encuentran llenas de basura, inundadas en varias partes debido a que la red de riego carece de mantenimiento, provocando un gran desperdicio de agua y generando lodo en varias zonas;
- Han sido talados una buena cantidad de árboles debido -según información de la página de Internet de la secretaría- al alto nivel de mortandad de los árboles de eucalipto en el bosque y que constituían ya un riesgo; esto no tendría ningún inconveniente si no es porque, evidentemente, no se han sembrado nuevos, por lo que el bosque cuenta hoy con muchos menos árboles que hasta hace algunos años. Al mismo tiempo, hay otros árboles que se encuentran muy inclinados y que con una fuerte lluvia o viento podrían derribarse, por lo que constituyen también un riesgo para los usuarios;
- El lago del bosque está muy sucio y evidentemente fuera de control. Hay zonas en las que el lago ha inundado áreas peatonales y esto podría provocar, a mediano plazo, grietas en muchas zonas del bosque.
El Bosque de Aragón requiere urgentemente de atención gubernamental para su rescate, no solo por la cantidad de usuarios que a diario recibe, sino por la necesidad de conservar áreas verdes para el beneficio del medio ambiente y de la calidad de vida de los habitantes de esta zona de la ciudad.
Es por demás preocupante que ésta, como muchas otras áreas verdes de la ciudad, continúe sin el mantenimiento adecuado porque este gobierno del DF no se ha caracterizado por invertir en el mejoramiento del medio ambiente; y si hoy, que la inversión para el rescate del Bosque de Aragón no significa un gasto excesivo para el GDF, no están dispuestos a mejorar las condiciones del bosque, tal vez mañana, que el deterioro sea mucho mayor, será imposible que lo realicen.
Indudablemente urge un programa integral de rescate del Bosque de Aragón para que esta importante área verde siga siendo un lugar para el sano esparcimiento y ya no mas una deprimente área apoderada por la delincuencia.
Por otra parte, el dos de diciembre de dos mil tres, fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el "Decreto por el que se declara como área de valor ambiental del Distrito Federal al bosque de Chapultepec" con el objeto de establecer un régimen tendiente a la conservación, restauración y rehabilitación de los recursos naturales que proporcionan servicios ambientales al área metropolitana de la Ciudad de México, entre los que destacan la regulación de la temperatura y de la humedad, el control del ruido, la recarga de mantos acuíferos, la captura de los contaminantes atmosféricos y la conservación de valores escénicos y paisajísticos; aunado a la preservación del valor histórico, cultural, turístico y recreativo de la zona.
Este Decreto, ha traído como consecuencia la aplicación de un plan integral para el rescate del bosque, el cual se enfoca al análisis de áreas y usos del suelo actual, número de visitantes y polos de atracción, concentración - dispersión, comercio informal, estacionamientos, evolución y paisaje, referencias históricas y un análisis ambiental completo. El plan maestro ha sido basado en las siguientes líneas de acción: vialidad y estacionamientos, acciones prioritarias por zonas, nueva estructura peatonal, mejoramiento integral de servicios, infraestructura, mobiliario urbano y señalización.
En gran medida, el éxito de este plan ha sido el involucrar a los ciudadanos en el rescate del bosque, quienes han aportado recursos materiales y financieros para éxito de este plan. Hoy Chapultepec se encuentra cerrado, y abrirá sus puertas hasta 2005, pero para entonces será un lugar en mejores condiciones.
Si el decreto en comento ha sido parte sustancial para el mejoramiento del Bosque de Chapultepec, bien debe valorarse la posibilidad de hacer lo propio con el Bosque de San Juan de Aragón, además de destinarle los recursos que sean necesarios -tanto públicos como privados- para llevar a buen puerto su rescate.
Los órganos ejecutivo y legislativo del Distrito Federal, deben velar por el mejoramiento en la calidad de vida de sus ciudadanos; por eso deben priorizar en la aplicación de medidas, en el Bosque de San Juan de Aragón, tendientes a la conservación de sus ecosistemas, restauración ecológica, mantenimiento de áreas verdes, espacios abiertos e infraestructura y actividades de recreación y esparcimiento.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita al jefe de Gobierno del Distrito Federal publicar en la Gaceta Oficial un decreto por el que se declare como área de valor ambiental del Distrito Federal al Bosque de San Juan de Aragón.
Segundo. Se solicita a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal contemple en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal del año 2005 los recursos necesarios para la ejecución de un programa integral de rescate y rehabilitación del Bosque de San Juan de Aragón.
Finalmente, y con fundamento en lo establecido en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta soberanía sea puesto a discusión inmediatamente esta proposición con punto de acuerdo por considerarse de urgente resolución.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los nueve días del mes de diciembre de dos mil cuatro.
Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO PRESENTE UN INFORME RESPECTO A LOS RESULTADOS DE SU PROGRAMA DE TRABAJO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ANGÉLICA DÍAZ DEL CAMPO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, Angélica Díaz del Campo, diputada federal en la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta soberanía la proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Investigación sobre el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario presente un informe sobre los resultados obtenidos derivado de su programa de trabajo en razón de los siguientes:
Antecedentes
1. Que con fecha de 18 de marzo de 2004 el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política para constituir la Comisión de Investigación sobre el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
2. Que el 22 de abril del 2004 quedó formalmente instalada y en funciones la Comisión.
Consideraciones
1. La proposición tiene por objeto exhortar respetuosamente a la Comisión de Investigación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a rendir un informe sobre los resultados obtenidos a fin de dar cumplimiento con el programa de trabajo aprobado el 22 de abril del 2004.
2. El informe anual 2003 del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario refiere diversas averiguaciones previas, denuncias penales por faltantes de capital, por lo que es de carácter urgente que el Presidente de la Comisión Investigadora dé a conocer las conclusiones de dicha Comisión, así como los resultados a la fecha de este Instituto, respecto de la administración de pasivos y refinanciamiento, apoyos y saneamiento de instituciones financieras y desincorporación y recuperación de activos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado atentamente pido se sirva:
Único. Se solicite a la Comisión de Investigación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario que emita un informe respecto de los trabajos realizados, en virtud de que han trascurrido ocho meses desde su constitución y tomando en cuenta que uno de sus objetivos es investigar e informar periódicamente al Pleno de la Cámara de Diputados sobre el avance de su programa de trabajo para dar cumplimiento a las funciones que le fueron encomendadas.
Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del mes de diciembre de 2004.
Dip. Angélica Díaz del Campo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A INTERVENIR ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA QUE DETENGA LA OBRA DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, A CARGO DEL DIPUTADO BELIZARIO IRAM HERRERA SOLÍS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal Belizario Iram Herrera Solís, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento Interior, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación intervenga ante el Gobierno del estado de Chiapas, para que detenga la obra del Centro de Readaptación Social en la ciudad de Motozintla de Mendoza en Chiapas, bajo las consideraciones siguientes
Consideraciones
Un Gobierno emanado de un proceso democrático busca la gobernabilidad con sus gobernados a través de la comunicación y de los consensos con la ciudadanía y no con la imposición, la paz social se construye y se alcanza por medio de acciones de buen gobierno y sobre todo escuchando al pueblo, es el caso que con mucho respeto expongo a ésta soberanía.
La ciudad de Motozintla de Mendoza con 30 mil habitantes, enclavada en la Sierra Madre del Sur, tiene una topografía accidentada por su propia naturaleza, ciudad construida entre cerros, su zona urbana ha padecido en la temporada de lluvias por las escurrideras que buscan su cauce, es el caso del lugar en donde están construyendo éste Cereso, en el lecho del cauce de un río seco que en 1998 fue la principal vertiente que dejará a la ciudad dividida, dejando a los pobladores en estado de emergencia, con padecimientos de penuria, que a la fecha muchos de ellos no se reponen de éste fenómeno.
Esta situación de la obra del Cereso, que lejos de beneficiar a la comunidad la tiene en constante zozobra sobre todo a los avecindados, en virtud de que cuando se le preguntó al actual presidente municipal si habían las condiciones para el desarrollo de la obra, su respuesta fue en el sentido de existir éstas, mentira plena, primero, porque existía como lo sigue existiendo colonia de pobladores de escasos recursos económicos, si esa era la condición estuvo en lo cierto; pero también esos ciudadanos tienen derechos que hoy se encuentran vulnerados, porque nunca se les hizo caso en sus comunicaciones enviadas a las distintas instancias de gobierno expresando su inconformidad, sin que a la fecha exista autoridad que se haga responsable de los daños ocasionados y los que se les ocasionen en lo futuro por las inclemencias de las lluvias o de las molestias, animadversiones que generan ese tipo de dependencias sobre todo cuando están vecinas o sea dentro de la sociedad urbana como es el caso.
Recordemos que el supuesto beneficio, podría convertirse en el futuro en caos fatal por las condiciones del terreno en el que se construye, aunado al menosprecio por parte de las autoridades hacia la sociedad vecina como tercera perjudicada, la que padece y ha padecido problemas sociales en los recientes años, precisamente por falta de vías de comunicación con sus autoridades.
El barrio avasallado por la obra, es de gente humilde que mereció haber sido escuchada para llevar a cabo ésta construcción, pero que nunca se les tomo en cuenta, es por ello, que solicito a ésta honorable asamblea su consideración para con la comunidad más desposeída de la cabecera municipal referida, desprovista y sin la oportunidad de ser escuchada por las autoridades implicadas en el asunto de la ciudad de Motozintla, quien en lugar de causarles un beneficio les construye un perjuicio a futuro, no solo por su situación de indigencia sino por una situación de constante pendiente por las lluvias o por lo que se genere o desprenda de las actuaciones de éste tipo de dependencias de corrección.
Lo que se debería de tomar en cuenta para la construcción de un Centro de Readaptación Social, es sobre todo que ésta obra se encuentre aislada de la zona urbana, para generar un clima de seguridad para la readaptación y desde luego evitar el involucramiento de los avecindados en esquemas que generan un clima más que de respeto un clima de constante zozobra por situaciones obvias de permanencia o de complicidades que a su vez construyen escenarios de poca certidumbre de paz social en aspectos de constante tensión social.
Si la necesidad de la obra en comento es apremiante, sería necesario ubicar un terreno que diera certidumbre, generara un estado de paz a la población, permitiera la existencia de condiciones sobre todo de seguridad y de bienestar a la sociedad; de estas consideraciones, emerge la necesidad de la ciudadanía perjudicada con ésta obra, para que se le requiera a la dependencia señalada para su intervención, por lo que someto a la deliberación de esta Honorable Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que intervenga ante el Gobierno del estado de Chiapas, para que suspenda la construcción del Centro de Readaptación Social en la ciudad de Motozintla de Mendoza en Chiapas, en los terrenos del río seco de ésta ciudad.
Dip. Belizario Iram Herrera Solís (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN A REFORZAR, A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y DE LA COORDINACIÓN INTERSECRETARIAL QUE VIGILA EL PROGRAMA PAISANO, LA SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE DICHO PROGRAMA EN LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ JULIÁN SACRAMENTO GARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Julián Sacramento Garza en mi calidad de diputado federal en la LIX Legislatura, en nombre de los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo carácter de urgente y obvia resolución, para exhortar al Instituto Nacional de Migración para que a través de la Coordinación Intersecretarial que vigila el Programa Paisano, incremente la vigilancia del funcionamiento del programa en estas fiestas de fin de año, a partir de las siguientes
Consideraciones
La migración es uno de los grandes fenómenos globales de nuestros tiempos. Hoy en día, ningún país o región del mundo queda exenta a la dinámica de las migraciones o a mantenerse alejado de sus efectos.
La migración propicia que México sea un país especial, principalmente porqué reúne las tres características que definen este fenómeno: origen, tránsito y destino de los migrantes.
Entre los meses de noviembre a enero de cada año, el Instituto Nacional de Migración estima que llegan a nuestro país cerca de un millón de connacionales provenientes de los Estados Unidos, para disfrutar con sus familiares las fiestas decembrinas. Se calcula que en esta época del año, los paisanos dejan una derrama económica de alrededor de 2 mil 500 millones de dólares. Contribuyendo en cierta forma al desarrollo económico de su región de origen.
Así por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración estima que ingresaron al país más de 2 millones 800 mil connacionales, de los cuales un millón lo hizo en los meses de octubre a diciembre de 2003, cuando tradicionalmente se reúnen con sus familiares. Y en consideración a ello, al largo tramo que recorren, así como la afluencia durante estas épocas, es que el Programa Paisano debe reforzarse.
Como sabemos, el objetivo del Programa es garantizar a los connacionales que radican en los Estados Unidos que ingresan, transitan y regresan del país, lo realicen con absoluta garantía de sus derechos fundamentales, y que se superen las practicas viciadas de corrupción y maltrato hacia ellos que desafortunadamente aún no se han podido erradicar en México. No obstante, la extorsión y chantaje hacia nuestros connacionales que ingresan a México por nefastos servidores públicos, no siempre se encuentra exento.
Sabemos y reconocemos el esfuerzo y logros alcanzados a este respecto por el gobierno federal, lo que ha provocado una disminución respecto a las quejas y denuncias presentadas por los paisanos.
En el operativo de invierno del Programa Paisano 2003-2004 se efectuó la instalación de 113 módulos de orientación y recepción de quejas y denuncias a lo largo del territorio nacional, y permitió atender a más de 327 mil paisanos en puentes y aeropuertos internacionales, casetas de peaje y centrales de autobuses, ubicados en 91 ciudades de 29 entidades federativas. Así, la atención y cobertura a favor de nuestros paisanos fue mayor con respecto al operativo 2002-2003.
Por otro lado, según encuesta realizada por el Colegio de la Frontera Norte sobre satisfacción del servicio otorgado por el Programa Paisano, el 99.5% de los connacionales entrevistados declaró estar satisfecho de la atención que recibió, 1.5% más que en el 2002. El 96.7% opinó que la información proporcionada con anterioridad, agilizó su ingreso al país.
Lo anterior sin embargo, no debe significar un desistimiento o falta de atención, pues sabemos que las extorsiones por parte de algún servidor público aún se siguen presentando, además, del hecho que las circunstancias se modifican año tras año.
Como legisladores federales, en cumplimiento de nuestra misión y función, debemos generar confianza entre los paisanos que regresan año con año a nuestro país, para que lo sigan haciendo posteriormente, con la plena confianza que serán bien tratados y sus derechos fundamentales están protegidos.
Sigamos promoviendo el regreso de nuestros paisanos no solamente en esta época, si no durante todo el año.
Con base en las consideraciones expuestas, los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que a través del Instituto Nacional de Migración y la Coordinación Intersecretarial que vigila al Programa Paisano, se refuerce la vigilancia del funcionamiento de dicho Programa en estas fiestas de fin de año.
Palacio Legislativo, 9 de diciembre de 2004.
Dip. José Julián Sacramento Garza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CREAR UN GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE DAR SEGUIMIENTO A LAS IMPORTACIONES DE LECHE CONTAMINADA, A CARGO DE LA DIPUTADA ANA LILIA GUILLÉN QUIROZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Consideraciones
La importación y consumo de leche contaminada en México ha motivado, en distintos momentos, la intervención del Congreso. En las investigaciones realizas por esta Cámara de Diputados, se han encontrado casos de negligencia y corrupción por parte de las autoridades sanitarias y aduanales. Esto ocurrió con el asunto de la leche contaminada con cesio radiactivo, importada de Irlanda, que en 1986 y 1987 la Conasupo distribuyó con autorización de la Secretaría de Salud. Como se recordará durante aquellos años se importaron 28 mil toneladas métricas de leche en polvo irlandesa, de las cuales fueron comercializadas 11 mil. La presión social, las denuncias de los grupos ambientalistas y la intervención de la Cámara de Diputados propició que la Secretaría de Salud ordenara entonces la devolución de la leche contaminada que aún no había sido introducida al mercado.
A pesar de las denuncias hechas y de las recomendaciones emitidas por las comisiones de investigación creadas por esta Soberanía, el fenómeno de corrupción y de la irresponsabilidad de las autoridades involucradas se ha mantenido. El cambio de gobierno no significó un cambio en estas prácticas recurrentes que ponen en peligro la salud de la población entera.
Así, hace unos días nos enteramos que la empresa Milky Way Traders, ubicada en El Paso, Texas, está exportando a México leche contaminada con todo y moscas como alimentos para niños, no obstante que el producto no es adecuado para consumo humano, tal y como lo informó el procurador texano; explicando que la compañía sólo tiene autorización para exportar el lácteo para uso animal. Incluso señaló que esta compañía ha sido sancionada por violar la ley.
Frente a esta situación nosotros nos preguntarnos ¿Qué empresas la están comercializando en nuestro país y hasta donde están involucradas nuestras autoridades? ¿Qué han hecho al respecto Secretaría de Salud y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación? ¿Existe una vigilancia adecuada en las aduanas para impedir la introducción ilegal de leche contaminada?
La situación es más alarmante, por cuanto los medios de comunicación informaron que el lácteo contaminado fue repartido ya a catorce empresas de los estados de México, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas, así como la ciudad de México, las cuales la han utilizado para elaborar yogurt, queso, y otros productos que se están comercializando a lo largo del territorio nacional. Asimismo, que un cargamento de 30 toneladas de leche contaminada fue destinado para el consumo de los niños y al parecer fue ingresado ilegalmente en un vagón de ferrocarril a nuestro país.
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta Soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados acuerda crear un Grupo de Trabajo formado por integrantes de las comisiones de Salud, Medio Ambiente, y Recursos Naturales y Población, Frontera y Asuntos Migratorios el cual dará seguimiento a las importaciones realizadas por empresas mexicanas de leche contaminada, comercializada por la compañía Milky Way Traders, así como la distribución de los productos elaborado por dichas empresas en el mercado mexicano.
El Grupo de Trabajo podrá solicitar a las autoridades competentes los resultados de la evaluación sanitaria, los nombres de las empresas compradoras del lácteo referido y entrevistarse con la Procuraduría de Justicia de Texas a efecto de solicitarle información de las empresas que compraban la leche contaminada.
Este Grupo de Trabajo presentará al pleno de Cámara de Diputados el resultado de sus indagaciones.
Segundo. La Cámara de Diputados acuerda citar a comparecer en el pleno a los secretarios de Salud, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Hacienda y Crédito Público, para que informen sobre las medidas tomadas respecto de la introducción de leche contaminada en nuestro país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dos nueve del mes de diciembre del año dos mil cuatro.
Dip. Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A PROPONER, CON FUNDAMENTO EN EL TÍTULO TERCERO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, UN MECANISMO DE COORDINACIÓN CON EL CONGRESO DE CHIAPAS PARA VERIFICAR LA APLICACIÓN CORRECTA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR LOS MUNICIPIOS DE TUXTLA GUTIÉRREZ, TAPILULA, IXTAPA, CHIAPA DE CORZO Y PALENQUE, A CARGO DEL DIPUTADO ROBERTO AQUILES AGUILAR HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
María Elena Orantes López, Roberto Aquiles Aguilar Hernández y Jorge Baldemar Utrilla Robles, diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a presentar proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Pese al avance democrático, la apertura de la información y la mayor transparencia en el ejercicio de la función pública, en el país siguen presentándose irregularidades y casos de corrupción que, en muchas ocasiones, no son debidamente investigados y sancionados.
Uno de los mecanismos que permiten el desarrollo de la democracia es la rendición de cuentas y ésta se traduce en la obligación que tienen los que ejercen el poder público de responsabilizarse de su labor, de cometerse a evaluaciones de su desempeño y de dar a conocer los resultados de esa evaluación.
Una sociedad será más democrática en la medida en que se evite el conflicto entre la búsqueda del interés personal y el interés colectivo.
Además, la rendición de cuentas y el combate de la corrupción se han convertido en los signos de los últimos años. Desde muchos ámbitos de la vida nacional se demanda día con día su ejercicio y pleno respeto.
Por lo mismo, como legisladores de la República tenemos la obligación de exigir a las autoridades sujeción irrestricta a esa demanda.
En este sentido, a los legisladores chiapanecos, nos interesa conocer a fondo el estado que guarda, el uso de recursos públicos federales en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapilula, Ixtapa, Chiapa de Corzo y Palenque.
No es concebible, pues, la constitución de un estado democrático de derecho, si no descansa en la existencia de controles, de forma tal que el equilibrio de poderes que caracterizan al Estado democrático se asienten, no sólo en una compleja trama de limitaciones que singulariza a dicha forma política, sino en la existencia de diversos controles a través de los cuales esas limitaciones se hacen efectivas.
En ese sentido, limitación y control se presentan como dos términos inseparables en cuanto que el segundo garantiza la actualidad del primero. Por consiguiente, cuando nos referimos al poder limitado hablamos, también de poder controlado.
El Congreso, concebido como la encarnación de la soberanía nacional, encauzamiento de la voz popular y sustento del sistema democrático, ocupa un espacio central en el sistema político constitucional, sistema que lo individualiza como el único órgano representativo de la voluntad nacional, y que como tal, a él se deposita la facultad supervisora de la política gubernamental, tal y como hasta ahora lo ha venido haciendo uno de sus órganos en esta Cámara de Diputados, me refiero a la Auditoría Superior de la Federación.
Pero la fiscalización de la política gubernamental, alcanza otras esferas, sin limitarse específicamente a las de carácter federal. Así, también están supeditados a la fiscalización los Estados y municipios cuando estos ejerzan recursos federales autorizados por esta soberanía, cuya ejecución o participación requerirán ser aclarados para que a la Nación no se le prive del Derecho de conocer el adecuado o inadecuado funcionamiento de las políticas públicas.
La inspección y vigilancia, en este sentido, deben ser consideradas una práctica sana para evaluar los alcances obtenidos. De no hacerlo, podríamos perder de vista lo que se ha hecho e incluso incurrir en retrocesos graves, en detrimento de las condiciones sociales de los ciudadanos de nuestro país.
La veracidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos justifican la investigación y la rendición de cuentas que la sociedad demanda.
Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General; y 33, 35, 66 y demás relativos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, los al calce firmantes, diputados federales del honorable Congreso de la Unión, se permiten presentar ante este honorable Pleno la siguiente proposición de
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, para que con fundamento en el Título Tercero de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, proponemos un mecanismo de coordinación con el Congreso de Chiapas para verificar la aplicación correcta de los recursos recibidos por los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapilula, Ixtapa, Chiapa de Corzo y Palenque.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de diciembre de 2004.
Dip. Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL INFORMAR A ESTE CUERPO LEGISLATIVO SOBRE LAS RAZONES POR LAS CUALES LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DESVIÓ RECURSOS PÚBLICOS PARA LA DONACIÓN DE CONDONES DE LA MARCA SEGURETEC QUE FUERON REETIQUETADOS Y DISTRIBUIDOS CON FINES ELECTORALES POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Antecedentes
El quince de noviembre del año en curso los medios de comunicación dieron a conocer a la opinión pública que militantes del Partido de la Revolución Democrática distribuían preservativos de los denominados condones marca Seguretec a personas en distintas partes del Distrito Federal. Estos preservativos, tenían por un lado una calcomanía en la que aparece una fotografía de Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal, con el dedo pulgar levantado, en señal de aprobación y con la leyenda en la parte superior "protégete contra la reforma al 122", y en la parte inferior "contra el desafuero, haz valer tu decisión este 5 de diciembre"; y por el otro lado del preservativo aparece una leyenda impresa desde la fábrica que dice: "propiedad SSP del DF, prohibida su venta".
El dieciséis de noviembre del año en curso, el Secretario de Seguridad Pública ante diversos medios de comunicación reconoció que la dependencia a su cargo distribuyó entre los policías preservativos (condones) como parte de una campaña de prevención contra el VIH-sida, señalando además que estos preservativos son una aportación de la Secretaría de Salud.
Al respecto, la Secretaría de Salud del Distrito Federal los días dieciséis y diecisiete de noviembre de dos mil cuatro, ante diversos medios de comunicación, señaló como justificación a estos hechos que la diversidad política es un derecho similar al de la diversidad sexual y en todos los casos la prevención es la misma, aclarando que los condones que reparten militantes del Partido de la Revolución Democrática fueron donados por la Dirección General de Servicios de Salud Pública local.
Asimismo, la Coordinadora del Programa de Prevención del VIH-Sida de la Ciudad de México, Carmen Soler, reconoció ante los medios de comunicación que los cincuenta mil condones que reparten en las calles militantes del PRD sí le fueron entregados a dicho instituto político por la Secretaría de Salud del Distrito Federal.
Pero es un hecho, público y conocido, que en las diferentes clínicas y centros de salud de la Ciudad de México existe desabasto de preservativos, pues la demanda es mayor a la cantidad que tienen en existencia para los usuarios de los servicios de salud.
Por eso resulta fundamental que estos hechos sean investigados por la Contraloría General del Distrito Federal y en el caso se deslinden las responsabilidades que correspondan.
Considerandos
Primero. Que la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal norma su actuación de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 13 Apartado B de la Ley General de Salud, el cual dispone que corresponde a los Gobiernos de las Entidades Federativas en materia de salubridad general como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales formular y desarrollar programas locales de salud en el marco de los Sistemas Estatales de Salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, así como vigilar en la esfera de su competencia el cumplimiento de esta ley y demás disposiciones aplicables.
Segundo. Que la Ley de Salud para el Distrito Federal, en su Artículo 6, señala como algunas de las atribuciones del Gobierno del Distrito Federal en materia de salud, fracción I, planear, organizar, operar, supervisar y evaluar de la manera prescrita en la Ley General; B) la prestación de los servicios de salud, sexual y reproductiva; J) la presentación de los servicios de educación para la salud; N) la presentación de los servicios de prevención y control de las enfermedades trasmisibles a las que se refiere la Ley General y de acuerdo con las disposiciones de la misma. Fracción II, programar, organizar y desarrollar el Sistema de Salud del Distrito Federal procurando su participación programática en el Sistema Nacional de Salud, coadyuvando a su consolidación y funcionamiento. Fracción V, formular y desarrollar el programa local de salud en el marco del Sistema de Salud del Distrito Federal y de acuerdo a los principios y objetivos al Plan Nacional de Desarrollo y del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal. Fracción VI, vigilar el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables.
Tercero. Que después de la revisión del marco jurídico que rige al Distrito Federal, se concluye que no existe disposición alguna que confiera a la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal la facultad de realizar donaciones con fines políticos y personales.
Cuarto. Que independientemente de las sanciones de índole administrativo y penal que este hecho pudiese implicar para los servidores públicos involucrados, la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal debió satisfacer los supuestos del artículo 504 del Código Financiero del Distrito Federal, el cual señala: "Las dependencias, delegaciones, órganos desconcentrados y entidades, podrán otorgar donativos y ayudas para beneficio social, siempre que cuenten con suficiencia presupuestal y se cumplan con las disposiciones legales aplicables. Los donativos deberán ser autorizados por el titular de la dependencia, delegación y órgano desconcentrado. Tratándose de entidades, la autorización la otorgará su órgano de gobierno, la facultad para otorgar la autorización será indelegable. Las dependencias, delegaciones, órganos desconcentrados y entidades, deberán informar a la contraloría en el ámbito de su respectiva competencias el monto global y los beneficios de los donativos otorgados".
Quinto. Que de una revisión de la apertura programática del gasto que ejerce la Secretaría de Salud, se advierte que en ningún caso está previsto que se puedan producir y elaborar condones o cualquier otro bien o servicio que al mismo tiempo pueda ser utilizado con fines políticos y personales o de promoción de la imagen personal de un servidor público de la administración pública local.
Sexto. Que no se tiene conocimiento a través de qué programa se dispuso de los recursos públicos, ya que en su caso estos debieron de cargarse al programa 35, si se hubiese adquirido en el año 2003 y al programa 15 de servicios de salud, probablemente en las actividades 11, 12 o 13. Sin embargo, en ningún caso se aprobó que la ejecución de este programa permita el uso de recursos públicos para promover la imagen personal del Jefe de Gobierno.
Séptimo. Que el Gobierno del Distrito Federal debe informar:
2. La unidad o unidades administrativas o ejecutoras de gasto que dispusieron de los recursos para la adquisición de los cincuenta mil condones que la Secretaría de Salud donó al Partido de la Revolución Democrática;
3. A qué programa y actividad institucional se registraron las erogaciones para la adquisición de los cincuenta mil condones que le fueron donados al Partido de la Revolución Democrática; y
4. Las empresas que se contrataron para la adquisición de los preservativos, los montos asignados y pagados por lo mismos.
Noveno. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 47 fracciones I, II, III y XXII de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, tienen la obligación de: a) Cumplir con máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause suspensión o deficiencia en el servicio o implique abuso de ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. b) Ejecutar legalmente los plantes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir las leyes y otras normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos. c) Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público.
Décimo. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 12 fracciones I, VI y XII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la actuación gubernativa del Distrito Federal se debe basar en los principios de legalidad, honradez, eficiencia y eficacia en el desempeño, cargo o comisión del servicio público y en la administración de los recursos económicos que se disponga el Gobierno del Distrito Federal, así como la juridicidad de los actos de gobierno en la programación de su gasto y control de su ejercicio.
Undécimo. Que a la luz del artículo 273 fracciones I y II del Código Penal para el Distrito Federal, el empleo de recursos públicos para un objeto distinto al que están destinados representa la comisión del delito de peculado. En el presente cargo imputable a los servidores públicos que autorizaron la entrega de los cincuenta mil condones al Partido de la Revolución Democrática.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al jefe de Gobierno del Distrito Federal informe a este órgano legislativo las razones por las cuales la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal desvió recursos públicos para la donación de condones de la marca Seguretec, que fueron reetiquetados y distribuidos por el Partido de la Revolución Democrática con fines electorales.
Finalmente, y con fundamento en lo establecido en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta soberanía sea puesta a discusión inmediatamente esta proposición con punto de acuerdo por considerarse de urgente resolución.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los nueve días del mes de diciembre de dos mil cuatro.
Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE FORMULA UN EXTRAÑAMIENTO A LOS SECRETARIOS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ENERGÍA, ASÍ COMO AL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX, CON MOTIVO DE LAS RECIENTES DECISIONES EN MATERIA DE PRECIOS DEL PETRÓLEO, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSA MARÍA AVILÉS NÁJERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En los días recientes los mercados internacionales del crudo han mostrado una gran volatilidad, misma que ha sido utilizada por el Ejecutivo Federal para denostar las decisiones de la Cámara de Diputados en la materia.
De esta forma, desde el Poder Ejecutivo se insiste en montar una campaña de ataques al Legislativo, al señalar que esta Soberanía actuó irresponsablemente al elaborar el paquete económico con base en un precio promedio de la mezcla mexicana de exportación de 27 dólares para el año 2005. Al Presidente de la República se le olvida que apenas el pasado 18 de noviembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló en un comunicado de prensa que "la parte del presupuesto concerniente a los ingresos sometida por el Ejecutivo fue objeto de modificaciones que son congruentes con las metas de estabilidad económica que Congreso y Ejecutivo nos hemos propuesto".
Ahora bien, es necesario subrayar que la reciente disminución del precio de la mezcla mexicana de petróleo obedece a factores coyunturales y no a que se hayan revertido las tendencias estructurales de mediano y largo plazo del mercado petrolero internacional. Cabe recordar que el uso del petróleo se ha centrado en sectores donde es difícilmente sustituible (como el transporte) y que la formación del precio incluye consideraciones de estabilidad financiera e incluso seguros de cobertura. Apuntalado en esos dos elementos, el precio del petróleo siguió una tendencia alcista desde 1999 que llegó a su máximo el pasado mes de octubre impulsada por el conflicto en Medio Oriente, la situación política de Nigeria, los problemas fiscales de la firma rusa Yukos, el dinamismo de las economías de China y la India, la inestabilidad en Venezuela e incluso los huracanes en el Golfo de México. A partir de entonces, la recuperación de la producción en esas mismas regiones y la falta de disciplina de los miembros de la OPEP con relación a las cuotas de producción, han propiciado una baja en los precios internacionales. Al mismo tiempo, el frío de esta época del año ha sido menos intenso de lo esperado y los inventarios estadounidenses experimentaron un alza repentina.
Pero lo más preocupante, es que el propio gobierno de México ha contribuido a alentar la disminución de los precios del petróleo al anunciar de manera precipitada y unilateral, el pasado 4 de noviembre, una baja promedio de tres dólares por barril de la mezcla de exportación a Estados Unidos para el mes de diciembre, decisión que fue extendida hasta el mes de enero. Sobra decir que esta medida impactará negativamente en los ingresos petroleros, con una pérdida de más de mil millones de dólares en recursos para el país. El Ejecutivo federal y en particular los secretarios de Hacienda y Energía, así como el propio Director General de Pemex, deben asumir su responsabilidad al haber adoptado esta decisión que, al conjugarse con un descenso del precio promedio global del crudo, ha dado como resultado que la mezcla mexicana sufra una gran disminución y, sobre todo, profundice su diferencial frente a los crudos marcadores.
No obstante las desafortunadas declaraciones de pánico e irritación que se escuchan el ámbito del Gobierno Federal, lo cierto es que los datos fundamentales del mercado petrolero persisten: A escala mundial, las reservas continúan bajas, el ritmo de crecimiento de la demanda permanece por encima de lo estimado a inicios de este año y casi seguramente la OPEP tomará cartas en el asunto de la indisciplina de sus miembros en la reunión que sostendrá mañana. Es por ello que, revistas especializadas como Oil and Gas Journal han señalado que el precio internacional del petróleo en dólares se recuperará y, si bien podrán ocurrir nuevos altibajos, el promedio de 2005 será superior al registrado en 2004. Por consiguiente, el cálculo para la mezcla mexicana de exportación se encontrará en los niveles aprobados en la Ley de Ingresos, por arriba de 27 dólares el barril.
Sin embargo, el daño patrimonial causado a la nación por las decisiones tomadas en materia de precios del petróleo está hecho, por lo que someto a la consideración de este honorable Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Dirigir un extrañamiento a los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Energía, así como al Director General de Petróleos Mexicanos, por la disminución unilateral de tres dólares en el precio del petróleo que se exporta a Estados Unidos de América.
Segundo.- Exhortar a los mismos funcionarios a revisar esta medida que atenta contra el adecuado aprovechamiento del que es el principal recurso no renovable con que cuenta nuestro país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2004
Dip. Rosa María Avilés Nájera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA QUE, EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA UNAM, REALICE UN ESTUDIO, PREVIO AL DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE LEY FEDERAL DE JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS, SOBRE LAS REPERCUSIONES QUE LA INSTALACIÓN DE CASINOS TENDRÍA ENTRE LA SOCIEDAD MEXICANA, A CARGO DE LA DIPUTADA NANCY CÁRDENAS SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 25 de agosto, en la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión se presentó un Punto de Acuerdo, que convocaba a diversas comisiones de la Cámara de Diputados, para que se analizará y en su caso, considerará la opinión de personalidades y organizaciones, con presencia en la vida política, económica, social y cultural del país, previo al dictamen de la iniciativa de la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos y en particular sobre el tema de casinos.
Lo anterior derivado a que el 19 de agosto, 45 personalidades y 7 organizaciones, que participan en la vida política, económica, social y cultural del país, publicaron un Comunicado dirigido a los Legisladores y a la opinión pública con el título "Casinos ¿Oportunidad o Error?, donde se manifiesta la preocupación porque se está discutiendo en la Cámara de Diputados un Anteproyecto de Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos que busca legislar sobre casas de apuestas, así como autorizar casinos en nuestro país.
Asimismo el 25 de noviembre del 2004 se edita una segunda publicación en el mismo sentido pero ahora respaldado por 71 de personalidades y 14 asociaciones, donde destacan que a nivel internacional algunos países donde anteriormente se había considerado al juego como una estrategia económica ahora se esta dando marcha atrás, tal es el caso de Turquía.
A su vez, en dicho comunicado se establece que existen graves consecuencias secundarias a partir del inicio de actividades de los casinos en otros países y expresan la necesidad de contar con mayor y más sólida información para la realidad mexicana.
Por lo tanto antes de tomar una decisión tan importante, es necesario que los legisladores contemos con los elementos suficientes y por ello el estudio que se solicita a la Junta de Coordinación Política de está H. Cámara de Diputados, debe analizar el impacto económico y social que significaría la instalación de casinos en México y en particular sobre los aspectos de seguridad pública, lavado de dinero y narcotráfico y sobre los regímenes fiscal y jurídico.
Punto de Acuerdo
Único.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, que en el marco del Convenio establecido con la Universidad Nacional Autónoma de México, se promueva la realización de un estudio, sobre los diversos impactos que tendría la instalación de los casinos en México, previo al dictamen de la Iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos.
Este estudio deberá considerar entre otros aspectos, un análisis sobre el impacto económico y social que causaría a la población mexicana la instalación de los casinos en nuestro país, así como contemplar aspectos en materia de seguridad pública, lavado de dinero y narcotráfico y en los regímenes fiscal y jurídico.
Dip. Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT A MANTENER UNA ESTRICTA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LOS BOSQUES DEL PAÍS EN LA RECTA FINAL DEL AÑO, A CARGO DE LA DIPUTADA LORENA TORRES RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos, somete a consideración de este Honorable Pleno una propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat a mantener una estricta inspección y vigilancia en los bosques de nuestro país en esta recta final del año. En virtud del interés que representan los árboles de navidad naturales en esta temporada para aquellos grupos de personas que trafican con este recurso natural para su venta, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Diversos tipos de bosques cubren más de 55 millones de hectáreas en México lo que equivale al 28% del total del territorio nacional. Estos Bosques tienen un alto valor debido a que producen un amplio rango de beneficios para la sociedad y son determinantes en el bienestar de las comunidades rurales en México.
Los bosques son comunidades interrelacionadas de organismos, desde bacterias microscópicas hasta grandes plantas y animales.
Los bosques no son sólo refugio y origen de miles de especies, sino que también soportan importantes actividades económicas de las comunidades humanas que viven dentro y alrededor de ellos.
El hombre depende de los bosques para la obtención de productos maderables y no maderables, tales como plantas comestibles, medicinales, fibras resinas, etc. Sin embargo, los beneficios más grandes que recibimos de los bosques son lo servicios ambientales, tales como la producción de agua, la captura de carbono, la regulación del clima y el mantenimiento de la biodervisidad, servicios aun inapreciados que contribuyen a mantener condiciones de vida favorables para todos.
La superficie de México está cubierta por diferentes tipos de bosques, entre los más diversos del mundo, como los de pino, encino, tropicales secos y húmedos y los bosques mesófilos de montaña o nublados, que en su mayoría se distribuyen a lo largo de la pendiente del Pacífico.
De los diferentes bosques mexicanos, los de pino encino son los más abundantes, cubriendo 16% del territorio nacional.
Por otro lado, México no es solamente origen del 50% de las especies de pino existentes en el mundo, sino que contiene la extraordinaria cantidad de 135 especies de encino (comparado con las 87 especies encontradas en los Estados Unidos y Canadá juntos).
El 80% del área cubierta por los bosques en México pertenece y es manejada principalmente por comunidades rurales, en su mayoría indígena, el 15% es propiedad privada y el 5% restante pertenece al Gobierno Federal de los cuales menos del 4% son considerados áreas protegidas.
Casi 21 millones de hectáreas de bosques mexicanos tienen potencial para la producción de madera. Siete millones de hectáreas cuentan con cuentan con programas de aprovechamiento aprobadas por la Semarnat, el Ministerio de Medio Ambiente Mexicano. Sin embargo, solamente 144,000 hectáreas han sido internacionalmente certificadas por su buen manejo.
Sin embargo, los bosques no sólo son propulsores importantes de la actividad económica de mercados nacionales e internacionales. Estos ecosistemas son especialmente críticos para el bienestar del sector rural del país. Para ellos, los bosques constituyen la fuente principal de sus ingresos económicos, proveyendo productos de subsistencia como leña, materiales para construcción y medicinas. Algunos de estos productos no maderables son comercializados, pero no han sido incluidos dentro de las estadísticas económicas.
Los bosques mexicanos se pierden actualmente a un ritmo alarmante. Cada año por tala y quema ilegal entre se pierden entre 300,000 a 600,000 hectáreas de árboles. La reforestación anual no supera las 120,000 hectáreas.
En este marco, la Secretaría de Medio Ambiente identificó 382 lugares de deforestación crítica por cambio de uso del suelo, tala ilegal y saqueo de flora y fauna. En algunas zonas, los taladores están claramente coluditos con el crimen organizado y el narcotráfico.
México, no puede soportar más la destrucción de su ambiente, especialmente la de sus bosques que amenaza el desarrollo y la supervivencia del país.
Así, de acuerdo con los razonamientos anteriores y sabedores que la destrucción de nuestros bosques es un Asunto de Seguridad Nacional, somete a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta a la Semarnat a mantener una estricta inspección y vigilancia en los bosques de nuestro país en esta recta final del año. En virtud del interés que representan los árboles de navidad naturales en esta temporada para aquellos grupos de personas que trafican con este recurso natural para su venta. De igual manera los que se importen, a fin de evitar el ingreso de plagas a nuestro país, mismas que pueden causar graves daños a nuestras masas forestales.
Dado en el Palacio legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, al día de su presentación.
Dip. Lorena Torres Ramos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A ACTUALIZAR, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES, EL REGLAMENTO DE ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA MEDIANTE UN PROCESO EN EL QUE SE RESPETE EL DERECHO DE LA SOCIEDAD A EXPRESARSE Y PARTICIPAR, A CARGO DEL DIPUTADO GUILLERMO TAMBORREL SUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, Guillermo Tamborrel Suárez, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en uso de las facultades que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.
El objetivo ultimo y trascendente del proceso educativo es la formación integral de cada persona para desplegar de la manera más amplia posible sus valores, capacidades, talentos y habilidades.
Proceso que para alcanzar plenamente su propósito, sobretodo cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, implica la tarea conjunta solidaria y subsidiaria del; educando, sus maestros y sus padres o tutores. De ahí que sea conveniente establecer clara y puntualmente las facultades y responsabilidades de todos los involucrados. Proceso que además y dada la naturaleza del ser humano no tiene fin y al que sin discriminaciones de cualquier índole todas y todos tenemos derecho.
Sin minimizar la responsabilidad del Estado de atender el derecho de todo individuo a la educación, tenemos que la participación de la sociedad en el México de hoy es indispensable. Hoy sería irresponsable por parte de padres o tutores el delegar de manera exclusiva la educación de sus hijos o tutelados al Estado. Las razones de ello son muchas y muy importantes, por el momento baste señalar que el Estado nunca podrá suplir a los padres o tutores en la formación integral de nuestros hijos.
Circunstancia que de alguna manera ya fue recogida por Legisladores anteriores cuando establecieron en la Ley General de Educación un Capitulo, el VII, referente a la Participación Social en la Educación. Participación que además nos permitirá además construir un cimiento más sólido sobre el cual edificar la sana relación que debe existir entre los integrantes de una sociedad, en este caso entre el padre de familia y su comunidad.
Participación social que entre sus objetivos están los fomentar el que los padres o tutores se involucren responsablemente en el proceso educativo formal de sus hijos o tutelados y se fortalezca la relación entre ellos. Participación que también debe perseguir, entre otros, el objetivo de inculcar en padres y educandos el sentido de propiedad y de respeto para con la escuela en su contexto más amplio.
Participación que por lo tanto debe ser, tiene que ser; solidaria y subsidiaria para alcanzar sus objetivos. Razones por las cuales tiene que estar claramente regulada. El no tener una regulación contundente y quizá hasta excesivamente clara y puntual inhibe la participación de los padres de familia o tutores en las actividades escolares e inclusive en la relación educando-maestro-padre de familia que es tan necesaria. Asimismo abre la posibilidad a la presencia de injusticias y lo que también es muy grave; abre la posibilidad a que se presenten casos de fraude y engaño por parte de las mesas directivas en perjuicio de la comunidad escolar y de la reputación de los maestros directores de las escuelas. Posibilidad real que lamentablemente ya ha sido documentada en múltiples ocasiones como ocurrió en Tamaulipas, Guanajuato o Sinaloa.
Por ello la participación social en la educación tiene que ser motivada y apoyada desde diversas perspectivas; la jurídica entre ellas. Es importante que nuestra normatividad educativa si responda a la realidad del país.
Por ello nos parece importante que el reglamento de asociaciones de padres de familia y que fue publicado hace más de 24 años, el 31 de Marzo de 1980, sea actualizado. Actualización que deberá contemplar, entre otros aspectos, lo relativo a; como, cuando y con quien se deberán conformar las asociaciones, sus facultades y sus responsabilidades y entre las que deberán incluirse la transparencia en el manejo de los recursos, los procesos de compras y contrataciones y desde luego las acciones y los procedimientos para la rendición de cuentas pública y periódica.
Por lo anterior ponemos a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Se invita a la Secretaria de Educación Pública a que en el marco de sus atribuciones y responsabilidades, actualice el Reglamente de Asociaciones de Padres de Familia mediante un proceso en el que se respete el derecho de la sociedad a expresarse y participar.
Dip. Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y AL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ A TOMAR DE MANERA COORDINADA LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN DICHA LOCALIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR MANUEL ALCÉRRECA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Diputado Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, a nombre de los diputados firmantes integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, solicitamos se ponga a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con apoyo en los siguientes
Antecedentes
El manejo y disposición adecuada de residuos sólidos municipales es uno de los retos más importantes que enfrentan los gobiernos de casi todo el país. Este problema de carácter nacional es quizá el que mayor malestar social ocasiona debido a que su inadecuado manejo es causa primordial del deterioro de los recursos naturales, del incremento de la contaminación ambiental y en consecuencia de la salud de los seres que en su entorno habitan.
La experiencia ha mostrado que para alcanzar el manejo adecuado de dichos desechos, es necesaria la participación conjunta de los tres órdenes de gobierno, de los grupos industriales, de los prestadores de servicio, de los comerciantes y de la sociedad en general, de tal forma que los diversos actores cuenten con la información que les permita conocer y entender los problemas desde su generación hasta su disposición final.
El propio desarrollo de las ciudades y el incremento en la demanda de servicios de recolección, tratamiento y disposición de residuos obligan a contar con sitios adecuados que no impacten al ambiente y que permitan su confinamiento confiable.
El ejemplo particular que nos trae hoy a tribuna es el caso del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, donde se ubica la Ciudad de Cancún, que juega un papel de vital importancia debido al gran número de visitantes y turistas que recibe diariamente y que es el generador mayoritario en Quintana Roo del ingreso de divisas que por turismo aporta dicho Estado al país (más de 4,000 millones de dólares este año) y que representa el 40 por ciento del total a nivel nacional.
El Municipio de Benito Juárez tiene una extensión de 1,664 km2, lo que constituye el 3.27 por ciento del Estado. Este Municipio ocupa una parte de la planicie de la Península de Yucatán en el litoral sobre el Caribe, y presenta clima cálido subhúmedo, con lluvias en verano y la mayor parte del sitio se encuentra cubierto por selva mediana subperenifolia.
La actividad principal del Municipio la representa el turismo debido a sus bellas playas y arrecifes que han dado lugar al surgimiento de hoteles, restaurantes, centros comerciales, discotecas, agencias de viajes, arrendamiento de automóviles, visitas a sitios arqueológicos, deportes acuáticos, transportes turísticos y de los servicios relacionados, que se traducen en más de 2.5 millones de visitantes por año cuya presencia se suma a los casi 700,000 habitantes del lugar.
La disposición de residuos sólidos se ha venido realizando desde hace diez años por medio de una concesionaria que construyo un relleno sanitario en el Municipio vecino de Isla Mujeres, después de un convenio entre ambos ayuntamientos. La ubicación del sitio, cuya decisión aun persiste, dio lugar a un deterioro de su área de influencia, habiéndolo advertido desde hace 3 años con la necesidad de su reubicación.
La oposición a principios de este año por el Ayuntamiento de Isla Mujeres de continuar recibiendo los desechos en el lugar y los adeudos en que ha incurrido Benito Juárez a la concesionaria, dieron lugar a que se suspendiera el tratamiento apropiado en el relleno sanitario, a su clausura y finalmente a la aparición de tres tiraderos a cielo abierto en Cancún con las consecuencias esperadas.
En la actualidad como medida temporal y para ganar tiempo mientras se implementa una solución a mayor plazo, se ha construido una micro celda en el interior del relleno sanitario original y establecido un nuevo convenio con Isla mujeres el cual vencerá el 31 de diciembre, con la amenaza de cancelar el recinto a continuación.
Tales circunstancias han generado un desorden y disminución en las actividades de recolección de basura originando un caos que las autoridades de Benito Juárez no ha podido resolver, en una Ciudad como Cancún que genera 800 toneladas diarias de basura. A la fecha todos los intentos de resolver el problema de fondo han sido infructuosos y cada vez mas se complican por la situación financiera del Municipio de Benito Juárez y la falta de coordinación entre los tres ordenes de gobierno para resolver el problema cuya implantación se estima requiere al menos de 6 meses para llevarse a cabo.
Consideremos que la preocupación cada día es mayor debido al riesgo latente que la inadecuada disposición genera y de la necesidad de evitar una contingencia ambiental que provocaría contaminación de mantos freáticos y de la zona del litoral que seguramente causaría inevitable deterioro a la actividad turística.
Conociendo el potencial que representa esta región en lo económico para el país, mismo que debe materializarse de manera sustentable, es importante implementar las acciones necesarias que permitan tener en la región la infraestructura requerida para disponer adecuadamente de los residuos sólidos municipales, ya que de no tomarse medidas pertinentes se estaría en la posibilidad de afectar el desarrollo de la región, la calidad de la vida humana, así como el deterioro de los ecosistemas.
Por lo anteriormente expuesto, como integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, someto a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al gobierno del estado de Quintana Roo y al municipio de Benito Juárez a que, en coordinación, tomen las medidas pertinentes para solucionar la problemática de disposición final de residuos sólidos en dicho municipio.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede
de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
de los Estados Unidos Mexicanos, el día 9 de diciembre de
2004.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA QUE SE AMPLÍE EL TURNO DE LAS INICIATIVAS RELATIVAS AL CONTRABANDO TÉCNICO, Y SE EXHORTA A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS A DICTAMINARLAS, A CARGO DEL DIPUTADO LÁZARO ARIAS MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Lázaro Arias Martínez integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Solicitar se amplíe el turno a las Comisiones de Agricultura, y de Economía, y para exhortar a éstas y las Comisiones de Hacienda y Crédito Publico, y de Justicia y Derechos Humanos a que, unidas, procedan a dictaminar de inmediato las iniciativas relativas a contrabando técnico presentadas por los diputados y senadores que se mencionan, con la finalidad de que se proponga al pleno de esta Cámara, con el carácter de urgente resolución, el dictamen final que las mismas aprueben.
Consideraciones
Es bien sabido que desde hace mucho tiempo, pero acentuado gravemente en la actualidad, se ha practicado el contrabando (técnico, bronco o documentado) de mercancías en general y especialmente los productos agropecuarios y sus subproductos o derivados, con lo cual, además de la lesión a las finanzas públicas, al constituir una forma de evasión fiscal, se afecta de forma sensible a la economía nacional en cuanto que, quienes lo practican y quienes lo permiten, fomentan y aprovechan una competencia desleal en contra de los agricultores, de los industriales y de los trabajadores en general.
De tal suerte que, escudados en la triangulación, en el reetiquetado, en la simulación, en la impunidad, en el contubernio, en la corrupción, y demás prácticas evasivas, burlan o engañan los controles aduaneros y a los juzgadores, evaden al fisco, dañan a la planta laboral, a la industria y al campo nacionales, así como, en gran medida, ponen en riesgo la salud de nuestra población al introducirse a México productos para el consumo humano (frijol, arroz, maíz, azúcar, frutas y verduras, carnes de res, de cerdo, de pollo y ahora también de pavo, entre otros), que no cumplen con las especificaciones sanitarias internacionales y nacionales.
Esta práctica, escudada en lagunas legales y prácticas legaloides, se protege a través de juicios de amparo, incluso por empresas carentes de personalidad jurídica y recurriendo a argucias, sorprendiendo a los juzgadores para lograr sus objetivos, mientras tanto se genera incertidumbre en la actividad productiva y se pone en riesgo la salud de los mexicanos.
Ante esta situación, con fecha 14 de Octubre del 2003, la Diputada Socorro Díaz Palacios, sometió a consideración de esta Soberanía su Iniciativa para reformar y adicionar disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para combatir el contrabando, la cual fue turnada para su dictamen a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y Derechos Humanos.
A su vez, la compañera diputada Nora Elena Yu Hernández, confirmando la preocupación sobre este asunto, el día 27 de Abril del año en curso, presentó a esta Asamblea su Iniciativa para reformar los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, con intención de acotar los beneficios derivados de la suspensión provisional que en muchos de los casos obtienen las empresas que actúan con dolo, mala fe y carentes de toda ética en perjuicio de la Nación mexicana, misma que se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Y la también compañera diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, el 14 de octubre de este año, presentó a este Pleno su Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo a la fracción II del Artículo 124 de la Ley de Amparo, y adiciona la fracción XIII al Artículo 2, la fracción XII al Artículo 177 y la fracción XI al Artículo 178 de la Ley Aduanera, la que fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos y de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara.
Por otra parte, en la colegisladora, la Senadora Dulce María Sauri Riancho y el Senador Fauzi Hamdan Amad, el día 9 de Diciembre del 2003, sometieron a la consideración del Senado su Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley de Amparo y el Código Fiscal de la Federación, en relación con la importación irregular de productos agroalimentarios, la que fue aprobada, respecto del artículo 135 de la Ley de Amparo para garantizar el interés fiscal, y enviada a esta Cámara para ser turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en fecha 16 de marzo del año actual.
Igualmente, el entonces senador Fidel Herrera Beltrán, el 3 de marzo de este año, elevó a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso su iniciativa que adiciona el inciso c) al articulo 5° y un tercer párrafo al Artículo 135 de la Ley de Amparo, con la finalidad de proteger los derechos de terceros, principalmente en el caso de importación de granos básicos, bienes agroindustriales o agroalimentarios, para salvaguardar el interés público y proteger los sectores estratégicos de la economía nacional, turnada a Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.
No obstante la urgencia de resolver la situación descrita, las iniciativas mencionadas, amén de otras propuestas con punto de acuerdo sobre el tema, no han sido dictaminadas, y se continúa con las prácticas de contrabando y lesionando a la economía nacional, a la planta productiva, al campo y a los obreros mexicanos. Es urgente que los Diputados legislemos y concretemos todas aquellas propuestas sobre actos que terminan afectando el interés público y el de nuestra nación.
Por ello, con fundamento en los Artículos 55, Fracción II, 56, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo se someta a la consideración de esta Soberanía como de urgente y obvia resolución, la siguiente:
Proposición con Punto de Acuerdo
Primero.- Que se amplíe el turno de las iniciativas relativas al contrabando técnico, a las Comisiones de Agricultura, y de Economía, así como para exhortar a éstas y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y Derechos Humanos para que, unidas, procedan a dictaminar de inmediato las iniciativas presentadas por los diputados y senadores que se relacionan.
Segundo.- Que se exhorte a todas las comisiones citadas para que se reúnan de inmediato a dictaminar dichas iniciativas, con el propósito de que formulen un dictamen único con la finalidad que se proponga al Pleno de esta Cámara, con el carácter de urgente resolución para su votación en el presente periodo ordinario.
Cámara de Diputados, a 9 de diciembre de 2004.
Dip. Lázaro Arias Martínez (rúbrica)